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Ley 7554 · 04/10/1995

Organic Environmental LawLey Orgánica del Ambiente

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OutcomeResultado

Active lawNorma vigente 13 amendments13 enmiendas

The law establishes the general framework for environmental management in Costa Rica, creating institutions, defining principles, and regulating multiple sectors to ensure a healthy environment and sustainable development.La ley establece el marco general para la gestión ambiental en Costa Rica, creando instituciones, definiendo principios y regulando múltiples sectores para garantizar un ambiente sano y el desarrollo sostenible.

SummaryResumen

The Organic Environmental Law establishes the general legal framework for environmental protection and conservation in Costa Rica. It enshrines key principles such as sustainable development, liability for environmental damage, and the right to a healthy environment. It creates critical bodies like the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) for environmental impact assessment, the Administrative Environmental Tribunal to sanction violations, and Regional Environmental Councils for citizen participation. The law regulates territorial planning, protected wild areas, biodiversity, forest resources, water, soil, air, pollution, and organic production. It defines economic instruments like the National Environmental Fund and compliance guarantees, setting up an integral system for the country's environmental management.La Ley Orgánica del Ambiente establece el marco legal general para la protección y conservación del ambiente en Costa Rica. Consagra principios esenciales como el desarrollo sostenible, la responsabilidad por daño ambiental y el derecho a un ambiente sano. Crea organismos clave como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para la evaluación de impacto ambiental, el Tribunal Ambiental Administrativo para sancionar infracciones, y los Consejos Regionales Ambientales para la participación ciudadana. Regula áreas como ordenamiento territorial, áreas silvestres protegidas, biodiversidad, recursos forestales, agua, suelo, aire, contaminación y producción orgánica. Define instrumentos económicos como el Fondo Nacional Ambiental y garantías de cumplimiento, estableciendo un sistema integral para la gestión ambiental del país.

Key excerptExtracto clave

Article 1.- Objectives. This law shall aim to provide Costa Ricans and the State with the necessary instruments to achieve a healthy and ecologically balanced environment. The State, through the application of this law, shall defend and preserve that right, seeking greater well-being for all inhabitants of the Nation. Environment is defined as the system constituted by the different natural elements that compose it and their interactions and interrelationships with human beings. Article 2.- Principles. The principles that inspire this law are the following: a) The environment is the common heritage of all inhabitants of the Nation, with the exceptions established by the Political Constitution, international agreements, and laws. The State and private individuals must participate in its conservation and sustainable use, which are of public utility and social interest. b) Everyone has the right to enjoy a healthy and ecologically sustainable environment for their development, as well as the duty to preserve it, according to Article 50 of our Political Constitution. c) The State shall ensure the rational use of environmental elements, in order to protect and improve the quality of life of the inhabitants of the national territory. Likewise, it is obliged to promote economic and environmentally sustainable development, understood as development that meets basic human needs without compromising the options of future generations. d) Whoever pollutes the environment or causes damage to it shall be responsible, as established by the laws of the Republic and current international agreements. e) Damage to the environment constitutes a crime of a social nature, as it affects the foundations of society's existence; economic, because it threatens the materials and resources essential for productive activities; cultural, as it endangers the way of life of communities; and ethical, because it threatens the very existence of present and future generations.Artículo 1.- Objetivos. La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. Se define como ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano. Artículo 2.- Principios Los principios que inspiran esta ley son los siguientes: a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social. b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política. c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras. d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política."

    "Everyone has the right to enjoy a healthy and ecologically sustainable environment for their development, as well as the duty to preserve it, according to Article 50 of our Political Constitution."

    Artículo 2, inciso b)

  • "Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política."

    Artículo 2, inciso b)

  • "El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras."

    "Damage to the environment constitutes a crime of a social nature, as it affects the foundations of society's existence; economic, because it threatens the materials and resources essential for productive activities; cultural, as it endangers the way of life of communities; and ethical, because it threatens the very existence of present and future generations."

    Artículo 2, inciso e)

  • "El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras."

    Artículo 2, inciso e)

  • "Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos."

    "Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to start activities, works, or projects."

    Artículo 17

  • "Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos."

    Artículo 17

  • "Se crea un Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Será un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la vía administrativa y sus resoluciones serán de acatamiento estricto y obligatorio."

    "An Administrative Environmental Tribunal is created, with headquarters in San José and jurisdiction over the entire national territory. It shall be a deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy, with exclusive competence and functional independence in the performance of its duties. Its rulings exhaust the administrative process and its decisions shall be strictly and obligatorily followed."

    Artículo 103

  • "Se crea un Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Será un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la vía administrativa y sus resoluciones serán de acatamiento estricto y obligatorio."

    Artículo 103

Full documentDocumento completo

Articles

Transitory provisions

in the entirety of the text - Full Text of Law 7554 Organic Environmental Law Full Text of act: 26C15 1 N° 7554 ORGANIC ENVIRONMENTAL LAW THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA

General Provisions

Implementing decrees

  • Executive Decree 25084 Environmental Administrative Tribunal Procedure Regulation Implementation · Express · Mar 15, 1996

CHAPTER I

1

This law shall seek to provide Costa Ricans and the State with the necessary instruments to achieve a healthy and ecologically balanced environment.

The State, through the application of this law, shall defend and preserve that right, in pursuit of greater well-being for all inhabitants of the Nation. Environment is defined as the system constituted by the different natural elements that comprise it and their interactions and interrelationships with human beings.

2
  • a)The environment is the common heritage of all the inhabitants of the Nation, with the exceptions established by the Political Constitution, international conventions, and laws. The State and private parties must participate in its conservation and sustainable use, which are of public utility and social interest.
  • b)Everyone has the right to enjoy a healthy and ecologically sustainable environment for their development, as well as the duty to conserve it, in accordance with Article 50 of our Political Constitution.
  • c)The State shall ensure the rational use of environmental elements, in order to protect and improve the quality of life of the inhabitants of the national territory. Likewise, it is obligated to foster economically and environmentally sustainable development, understood as development that satisfies basic human needs, without compromising the options of future generations.
  • d)Whoever pollutes the environment or causes it damage shall be responsible, as established by the laws of the Republic and the international conventions in force.
  • e)Damage to the environment constitutes a crime of a social nature, as it affects the foundations of society's existence; economic, because it harms the materials and resources indispensable for productive activities; cultural, insofar as it endangers the way of life of communities, and ethical, because it threatens the very existence of present and future generations.

The State shall promote, through its institutions, the implementation of an information system with environmental indicators, aimed at measuring the evolution and correlation with economic and social indicators for the country.

3

The Government shall establish a harmonious and interrelated set of objectives, oriented toward improving the environment and adequately managing natural resources.

Decisions and specific actions aimed at their fulfillment shall be incorporated into these objectives, with the support of norms, institutions, and procedures that allow for the functionality of those policies.

4

The purposes of this law are:

  • a)To foster and achieve harmony between human beings and their environment.
  • b)To satisfy basic human needs, without limiting the options of future generations.
  • c)To promote the efforts necessary to prevent and minimize the damages that may be caused to the environment.
  • d)To regulate human conduct, individual or collective, and public or private activity regarding the environment, as well as the relationships and actions arising from environmental use and conservation.
  • e)To establish the principles that guide the activities of the Public Administration in environmental matters, including coordination mechanisms for efficient and effective work.
5

To develop and apply the general principles of this law, the system shall have institutional and governmental bodies; also the competencies that other laws assign to the other State institutions.

Citizen Participation

CHAPTER II

6

The State and the municipalities shall encourage the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment.

7

The Regional Environmental Councils are created, attached to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía); as the highest decentralized regional instance, with participation of civil society, for the analysis, discussion, reporting, and control of activities, programs, and projects in environmental matters.

8

The functions of the Regional Environmental Councils are the following:

  • a)To promote, through activities, programs, and projects, greater citizen participation in the analysis and discussion of environmental policies affecting the region.
  • b)To analyze, discuss, and rule on the advisability and viability of the activities, programs, and projects in environmental matters promoted by the Ministry of Environment and Energy or any other State entity.
  • c)To address environmental complaints and manage, before the pertinent bodies, the respective actions.
  • d)To propose activities, programs, and projects that foster sustainable development and environmental conservation in the region.
  • e)To develop and implement educational activities, programs, and projects that foster the foundations of a new attitude towards environmental problems and lay the groundwork for consolidating an environmental culture.

(Note from Sinalevi: Through Article 12 of the Forestry Law (Ley Forestal) N° 7575 of February 13, 1996, the functions of the Regional Environmental Councils are established by providing the following: “ARTICLE 12.-Functions The Regional Environmental Councils, created by Law No. 7554, of October 4, 1995, shall meet at least once every two months and shall have, in addition, the following functions:

  • a)To hear about and analyze the forestry problems of the region where they are constituted and contribute to forestry control and protection.
  • b)To actively participate in the conception and formulation of regional policies for reforestation incentives.
  • c)To prevent and combat pests, diseases, and forest fires on lands of the State's natural heritage; furthermore, to collaborate in the prevention of pests, diseases, and forest fires in private plantations and forests.
  • d)To monitor the progress and fulfillment of regional forestry development policies and rule on them.
  • e)To recommend, to the State Forestry Administration, the order of priority of areas to be incentivized.
  • f)To authorize the cutting of trees indicated in Article 27 of this law.
  • g)Any other function specifically assigned to it by the State Forestry Administration”)
9

The Regional Environmental Councils shall be composed as follows:

  • a)One of the provincial governors serving the region, who shall preside over it.
  • b)One representative of the League of Municipalities.
  • c)One representative of the ecological organizations.
  • d)One representative from each of the environment-related Regional Councils operating in the region.
  • e)One representative of the student governments of secondary education centers located in the region.
  • f)One representative of the business chambers that operate or are represented in the region.
10

The Regional Environmental Councils shall meet, ordinarily, once a month and, extraordinarily, when convened. The members shall not receive any type of remuneration; their work on the Council shall be ad honórem, they shall hold their positions for two years and may be reelected.

(Note from Sinalevi See Article 12 of the Forestry Law (Ley Forestal) N° 7575 of February 13, 1996, regarding the sessions of the Regional Environmental Councils)

11

The members of this Council shall be chosen by the Ministry of Environment and Energy, from a list of three candidates submitted by the sectors mentioned in Article 9 of this law.

Environmental Education and Research

CHAPTER III

12

The State, the municipalities, and other institutions, public and private, shall encourage the permanent inclusion of the environmental variable in formal and non-formal educational processes of programs at all levels. The objective shall be to adopt an environmental culture to achieve sustainable development.

13

Environmental education shall relate environmental problems to local concerns and the national development policy; furthermore, it shall incorporate an interdisciplinary approach and cooperation as the main solution formulas, aimed at promoting conservation and sustainable use of natural resources.

14

The state bodies in charge of dictating environmental policies shall promote the creation of the necessary instruments so that the mass media, based on the social function they perform, favor the formation of an environmental culture towards the sustainable development of the inhabitants of the Nation.

15

The State and its institutions shall permanently promote the carrying out of studies and research on the environment. They shall take charge of disseminating them and shall support the appropriate development and application of modern and environmentally sound technologies.

16

Without prejudice to intellectual property rights and what the current legislation provides, researchers are obligated to deliver, to the National Council for Scientific and Technological Research (Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología), a copy of their final reports in environmental matters when their research:

  • a)Has been financed totally or partially by the State.
  • b)Is carried out on state lands or installations.
  • c)Is carried out through national or international institutions or organizations supported by the State.

Environmental Impact

CHAPTER IV

17

Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste materials shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) created in this law. Its prior approval, by this body, shall be an indispensable requisite to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).

17 bis
  • a)An Urban Tree Protection Plan, a technical instrument that must be submitted once the trees to be conserved on the property are defined, establishing the measures to conserve the permanence of existing trees, as well as the necessary requirements and specifications to mitigate the impacts derived from the construction works.
  • b)A Tree Planting Plan in Real Estate Development, in which the project design must be guided to contemplate adequate spaces for tree planting, both in public areas and within the interior of the development. For these purposes, the use of native or endemic species of the corresponding geographical zone shall be prioritized, produced in accordance with the best arboricultural practices, as established in the Public Management Plan for Urban Trees, considering their future growth in height, trunk diameter, crown diameter, and root system. Exotic species may be used only when there is a duly substantiated technical justification.

(Thus added by Article 26 of the Urban Trees Law, N° 10939 of April 30, 2026)

18

The approval of environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) must be processed before the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental); these assessments must be carried out by an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), in accordance with the guidelines prepared by it. The cost of the environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) shall be borne by the interested party.

19

The resolutions of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) must be well-founded and reasoned. They shall be binding both for private parties and for public entities and bodies.

20

The National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) shall establish instruments and means to monitor compliance with the resolutions of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). In cases of violation of their content, it may order the stoppage of works. The interested party, the author of the study, and those who approve it shall be, directly and jointly, responsible for the damages caused.

21

In all cases of activities, works, or projects subject to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), the evaluating body shall set the amount of the compliance guarantee for the environmental obligations that the interested party must render. This guarantee shall be up to one percent (1%) of the investment amount. When the activity does not require building infrastructure, the percentage shall be set on the value of the land involved in the project.

The guarantee must be of two types:

  • a)Compliance during the design and execution of the project.
  • b)Operation for the period, which can range from five to ten years, depending on the project's impact and the risk to the surrounding population.

The compliance guarantee shall remain in force during the execution or operation of the work, activity, or project and shall be reviewed annually to adjust it to the requirements of environmental protection.

22

Individuals or legal entities, public or private, shall have the right to be heard by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), at any stage of the assessment process and in the operational phase of the work or project. The observations of interested parties shall be included in the file and evaluated for the final report.

Within five working days following receipt of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) shall send an extract of it to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. Likewise, it shall give wide dissemination, through mass media, to the list of studies submitted for its consideration.

23

The information contained in the file of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) shall be of a public nature and shall be available to be consulted by any person or organization.

Notwithstanding, interested parties may request that information included in the study be kept confidential, if its publication would affect industrial property rights.

24

The technical criteria and the weighting percentages for analyzing environmental impact studies by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), must be public knowledge.

Protection and improvement of the environment in human settlements

CHAPTER V

25

The competent authority shall adopt the necessary measures so that public health programs directed at the population coincide with those directed at the human environment, in order to achieve better integral health.

26

The competent authority shall give priority to actions aimed at the protection and improvement of the human environment. For this purpose, a) It shall promote permanent scientific research in matters of environmental epidemiology.

  • b)It shall ensure the control, prevention, and dissemination of physical, chemical, biological, and social factors that affect the physical, psychic, and social well-being of the population and the environmental balance.
  • c)It shall promote the establishment of communal and recreational green areas, necessary for the healthy and spiritual enjoyment of residents in human settlements.
27

To protect and improve the human environment, the following fundamental aspects shall be considered:

  • a)Buildings.
  • b)Work centers.
  • c)Toxic or hazardous substances and waste in general.
  • d)Products and materials that come into direct contact with the human body.
  • e)Fauna harmful to humans.
  • f)Activities or social factors inadequate for human development.

Territorial Planning

CHAPTER VI

28

It is the function of the State, the municipalities, and other public entities, to define and execute national territorial planning policies, aimed at regulating and promoting human settlements and the economic and social activities of the population, as well as physical-spatial development, in order to achieve harmony between the greater well-being of the population, the use of natural resources, and environmental conservation.

29

For territorial planning in matters of sustainable development, the following purposes shall be considered:

  • a)To optimally locate, within the national territory, productive activities, human settlements, public and recreational use zones, communication and transportation networks, wilderness areas, and other vital infrastructure works, such as energy units and irrigation and drainage districts.
  • b)To serve as a guide for the sustainable use of the elements of the environment.
  • c)To balance the sustainable development of the different zones of the country.
  • d)To promote the active participation of inhabitants and organized society in the elaboration and application of territorial planning plans and city regulatory plans, to achieve the sustainable use of natural resources.
30

For the planning of the national territory, the following criteria, among others, shall be considered:

  • a)Respect for the cultural, historical, and social characteristics of the human populations involved and their current distribution over the territory.
  • b)Population and resource projections.
  • c)The characteristics of each ecosystem.
  • d)Natural resources, renewable and non-renewable, the predominant economic activities, the land use capacity, and the zoning by agricultural products and activities, based on ecological and productive considerations.
  • e)The effect of human activities and natural phenomena on the environment.
  • f)The equilibrium that must necessarily exist between human settlements and their environmental conditions.
  • g)The diversity of the landscape.
  • h)The existing infrastructure.
31

For the provisions of the preceding Article 29, the development and reorganization of cities shall be promoted, through the intensive use of urban space, in order to liberate and conserve resources for other uses or for future residential expansion.

Protected Wilderness Areas

CHAPTER VII

32

The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), may establish protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), in any of the management categories that are established and in those indicated below:

  • a)Forest reserves.
  • b)Protective zones.
  • c)National parks.
  • d)Biological reserves.
  • e)National wildlife refuges.
  • f)Wetlands.
  • g)Natural monuments.

These management categories and those created in the future shall be administered by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), except for those established in Article 33 of this law. The municipalities must collaborate in the preservation of these areas.

33

Natural monuments are created as areas that contain one or several natural elements of national importance. They shall consist of natural places or objects that, due to their unique or exceptional character, their scenic beauty, or their scientific value, it is resolved to incorporate them into a protection regime. Natural monuments shall be created by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) and administered by the respective municipalities.

34

In protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) owned by the State, it corresponds to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), to adopt adequate measures to prevent or eliminate, as soon as possible, the use or occupation in the entire area and to enforce respect for the ecological, geomorphological, and aesthetic characteristics that have determined its establishment.

35

The creation, conservation, administration, development, and surveillance of protected areas shall have the following objectives:

  • a)To conserve representative natural environments of the different biogeographical regions and the most fragile ecosystems, to ensure the equilibrium and continuity of evolutionary and ecological processes.
  • b)To safeguard the genetic diversity of wild species on which evolutionary continuity depends, particularly endemic, threatened, or endangered species.
  • c)To ensure the sustainable use of ecosystems and their elements, encouraging the active participation of neighboring communities.
  • d)To promote scientific research, the study of ecosystems and their equilibrium, as well as the knowledge and technologies that allow for the sustainable use of the country's natural resources and their conservation.
  • e)To protect and improve aquifer zones and hydrographic basins, to reduce and avoid the negative impact that their poor management can cause.
  • f)To protect the natural and landscape environments of historical and architectural sites and centers, of national monuments, of archaeological sites, and of places of historical and artistic interest, important for the culture and national identity.
36

To create protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) owned by the State, whatever the management category established, the following must be previously fulfilled:

  • a)Preliminary physiogeographic, biodiversity, and socioeconomic studies that justify it.
  • b)Definition of objectives and location of the area.
  • c)Technical feasibility and land tenure study.
  • d)Minimum financing to acquire the area, protect it, and manage it.
  • e)Preparation of maps/plans.
  • f)Issuance of the respective law or decree.
37

When establishing protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), whatever their management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), is empowered to include, within their limits, the private properties or parts of private properties necessary to fulfill the objectives indicated in this law and to implement them in accordance with the respective management plan or to create legal easements (servidumbres) for ecological protection and compliance with this law.

In the case of national parks, biological reserves, or state national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, upon prior compensation. In the cases of forest reserves, protective zones, mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or their parts may also be purchased or submitted to the forestry regime. This subjection shall be registered in the Public Property Registry, as an affectation on the property, which shall be maintained for the time established in the management plan.

The private properties affected according to the provisions of this article, by being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be comprised within the state protected areas only from the moment they have been legally paid for or Regime. In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, and in the event that payment or expropriation has not been carried out and while it is being carried out, the areas shall be subject to an environmental planning plan that includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and subsequently, to the management, recovery, and replenishment plan for the resources.

(Thus reformed the previous paragraph by Article 72, subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal), N° 7575 of February 13, 1996, which in turn was reformed by Article 114 of the Biodiversity Law, N° 7788 of April 30, 1998) The Executive Branch is empowered so that, through the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), it may carry out the expropriations contemplated in this article, in accordance with the provisions of the Expropriations Law No. 7495, of May 3, 1995.

38

The surface area of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), natural heritage of the State, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after carrying out the technical studies that justify this measure.

Marine, Coastal, and Wetland Resources

CHAPTER VIII

39

Marine and coastal resources are understood to be the sea waters, the beaches, the strand flats and the littoral fringe, the bays, the coastal lagoons, the mangroves, the coral reefs, the seagrasses, that is, marine phanerogam meadows, the estuaries, the scenic beauties, and the natural resources, living or non-living, contained in the waters of the territorial and patrimonial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone, the continental shelf, and its insular base.

40

Wetlands (humedales) are ecosystems dependent on aquatic regimes, natural or artificial, permanent or temporary, lentic or lotic, fresh, brackish, or saltwater, including marine extensions up to the posterior limit of marine phanerogams or coral reefs or, in their absence, up to six meters deep at low tide.

41

Wetlands (humedales) and their conservation are declared of public interest, for being of multiple use, whether or not they are protected by the laws that govern this matter.

42

The Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), in coordination with the competent institutions, may delimit protection zones for certain marine, coastal, and wetland areas, which shall be subject to planning and management plans, in order to prevent and combat the contamination or degradation of these ecosystems.

43

The works or infrastructure shall be built in such a way that they do not damage the ecosystems cited in Articles 51 and 52 of this law. If possible damage exists, an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) must be carried out.

44

To carry out activities that affect any of the ecosystems cited in Articles 51 and 52 of this law or threaten life within a habitat of that nature, the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) shall require from the interested party an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).

45

Activities aimed at interrupting the natural cycles of wetland ecosystems are prohibited, such as the construction of dikes that prevent the flow of marine or continental waters, drainage, desiccation (desecamiento), fill (relleno), or any other alteration that causes the deterioration and elimination of such ecosystems.

Biological Diversity

CHAPTER IX

46

The State shall exercise sovereignty over biological diversity, as part of its natural heritage. Activities aimed at conserving, improving, and, to the extent possible, recovering the biological diversity of the national territory are of public interest; as are those aimed at ensuring its sustainable use. To carry them out, the parameters defined by the Executive Branch shall be taken into account, as well as the following criteria:

  • a)The protection and conservation of natural ecosystems, species diversity, genetic diversity in the national territory, and the monitoring of breeding areas.
  • b)The management of biological diversity integrated into the planning of any activity related to the elements of the environment.
  • c)The protection and development of reproductive techniques for endemic, endangered, or threatened species, to recover their population stability.
  • d)The use of research and monitoring to define strategies and programs for the protection and management of habitats or species.
  • e)The promotion of the strengthening and fostering of biological stations for the study, recovery, and repopulation of wild species of flora and fauna.
  • f)The controlled reproduction of wild species for scientific, social, and economic purposes.
47

Research, exploitation, and commercialization of biological diversity must be recognized as activities of public interest. The exploitation and commercialization of wild flora and fauna as public domain assets shall be regulated by the State.

Forest Resource

CHAPTER X

48

It is the obligation of the State to conserve, protect, and manage the forest resource. For these purposes, the law that is issued must regulate matters relating to the production, use, industrialization, and promotion of these resources, guaranteeing their sustainable use, as well as the generation of employment and the improvement of the standard of living for social groups directly related to silvicultural activities.

Air

CHAPTER XI

49

Air is a common heritage and must be used without harming the general interest of the Nation's inhabitants. To that end, a) Air quality, throughout the national territory, must satisfy at least the permissible pollution levels set by the corresponding regulations.

  • b)Direct or indirect, visible or invisible emissions of atmospheric pollutants, particularly greenhouse gases and those affecting the ozone layer, must be reduced and controlled to ensure good air quality.

Water

CHAPTER XII

50

Water is of public domain; its conservation and sustainable use are of social interest.

51

For the conservation and sustainable use of water, the following criteria, among others, must be applied:

  • a)Protect, conserve, and, to the extent possible, recover aquatic ecosystems and the elements involved in the hydrological cycle.
  • b)Protect the ecosystems that regulate the hydrological regime.
  • c)Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of hydrographic basins.
52

The criteria mentioned in the previous article must be applied:

  • a)In the preparation and execution of any management plan for water resources.
  • b)In the granting of concessions and permits to use any component of the hydrological regime.
  • c)In the granting of authorizations for the diversion, interbasin transfer, or modification of channels.
  • d)In the operation and administration of potable water systems, and the collection, evacuation, and final disposal of residual or waste waters serving population centers and industrial sites.
52 bis

Protection zones are protected wildland areas, whose main objectives are the regulation of the hydrological regime and the protection of soil and hydrographic basins, as well as the preservation of aquifer recharge areas and water sources, and the need to ensure the population's water supply for present and future generations.

(Thus added by Article 3 of the Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado, No. 9590 of July 3, 2018)

Soil

CHAPTER XIII

53

To protect and use the soil, the following criteria, among others, shall be considered:

  • a)The adequate relationship between the potential use and the economic capacity of the soil and subsoil.
  • b)The control of practices that favor erosion and other forms of degradation.
  • c)Soil and water conservation practices or works that prevent soil deterioration.
54

The criteria for protecting and using the soil shall be considered:

  • a)In the determination of uses, reserves, and designations of soil.
  • b)In support services, of a credit, technical, or research nature, granted by the Public Administration to activities linked to soil use.
  • c)In plans, programs, and projects for soil conservation and use.
  • d)In the granting, modification, suspension, or revocation of permits, concessions, or any other type of authorization for the use of soil and subsoil.
55

The State shall promote the execution of soil restoration plans in the national territory.

Energy Resources

CHAPTER XIV

56

Energy resources constitute essential factors for the sustainable development of the country. The State shall maintain a preponderant role and shall dictate general and particular measures related to the research, exploration, exploitation, and development of these resources, based on the provisions of the National Development Plan.

57

The use of energy resources must be carried out in a rational and efficient manner, in such a way that the environment is conserved and protected.

58

To foster sustainable economic development, the competent authority shall evaluate and promote the exploration and exploitation of alternative, renewable, and environmentally sound energy sources.

Pollution

CHAPTER XV

59

Pollution is understood as any alteration or modification of the environment that may harm human health, threaten natural resources, or affect the general environment of the Nation. The discharge and emission of pollutants shall obligatorily comply with the technical regulations issued. The State shall adopt the necessary measures to prevent or correct environmental pollution.

60

To prevent and control environmental pollution, the State, municipalities, and other public institutions shall give priority, among others, to the establishment and operation of adequate services in fundamental areas for environmental health, such as:

  • a)The supply of water for human consumption.
  • b)The sanitary disposal of excreta, sewage, and stormwater.
  • c)The collection and management of waste.
  • d)The control of atmospheric pollution.
  • e)The control of noise pollution.
  • f)The control of chemical and radioactive substances.

These services shall be provided in the manner determined by specific laws and regulations, seeking the participation of the population and its organizations.

61

The competent authority shall dictate the necessary preventive and corrective measures when environmental pollution contingencies and others not covered by this law occur.

62

Atmospheric pollution is considered to be the presence in the atmosphere, in concentrations exceeding the established permissible levels, of solid particles, dust, smoke, vapor, gases, foul odors, radiation, noise, imperceptible acoustic waves, and other polluting agents that the Executive Branch defines as such in the regulation.

63

To avoid and control atmospheric deterioration, the Executive Branch, after consultation with representative organizations of the productive sector, shall issue the corresponding technical standards and shall require the installation and operation of adequate systems and equipment to prevent, reduce, and control emissions that exceed permissible limits.

64

To avoid water pollution, the competent authority shall regulate and control that management and use do not alter the quality and quantity of this resource, according to the limits set in the corresponding regulations.

65

Wastewater of any origin must receive treatment before being discharged into rivers, lakes, seas, and other bodies of water; furthermore, it must achieve the quality established for the receiving body, according to its current and potential use and for its future use in other activities.

66

In any management and use of water likely to produce pollution, the responsibility for the treatment of the discharges shall fall upon whoever produces the pollution. The competent authority shall determine the appropriate technology and establish the necessary timelines for its application.

67

Individuals or legal entities, public or private, shall be obliged to adopt adequate measures to prevent or minimize pollution or the sanitary deterioration of hydrographic basins, according to the classification of current and potential water use.

68

It is the obligation of individuals or legal entities, public or private, to prevent soil pollution through accumulation, storage, collection, transport, or inadequate final disposal of waste and toxic or hazardous substances of any nature.

69

In the management and use of soils, the disposal of residues that constitute a source of pollution must be controlled. Productive activities shall avoid discharges, deposits, or infiltration of polluting substances or materials into the soil.

When the disposal of polluting residues cannot be avoided, the necessary corrective measures determined by the competent authority must be followed. When applicable, the State, municipalities, and private enterprise shall promote the recovery and adequate treatment of waste to obtain other products or by-products.

70

8839 of June 24, 2010)

71

Visual pollution shall be considered to be those actions, works, or installations that exceed, to the temporary or permanent detriment of the landscape, the maximum limits admissible by the technical standards established or to be issued in the future.

The Executive Branch shall dictate the appropriate measures and promote their execution through organizations, public entities, and municipalities, to prevent this type of pollution.

72

The competent authority shall promote the participation of public and private sectors in landscape conservation. When carrying out a project requires affecting the landscape, the resulting landscape must be of at least equal quality to the previous one.

Ecological Production

CHAPTER XVI

73

Organic agricultural activity shall be understood as that which employs methods and systems compatible with ecological protection and improvement, without using inputs or products of chemical synthesis. Ecological or biological agriculture is synonymous with organic agricultural activity.

The State shall promote organic agricultural activity, under equal conditions as conventional agriculture and agroindustry. The Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) shall be the governing body for policies for this sector. Through the respective directorate, it shall supervise and control compliance with the established rules and procedures for the sector. Likewise, it shall include the registration and control of product certification agencies; all under the terms set forth in the special law.

Scientific research and technology transfer shall be promoted so that this sector can develop through private means. This option shall contribute to sustainable development, to halt the consequences of the misuse of agrochemicals, environmental pollution, and the deterioration of ecological resources.

(Thus reformed by Article 37 of the Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, No. 8591 of June 28, 2007)

74

To classify a product as organic, if the purpose is export, it must have third-party certification, granted by the MAG or by a national or international agency accredited before the Costa Rican State.

If the organic product is only for local consumption, a participatory certification shall suffice, which is verified by the relationship of trust between producers and consumers.

The State, through the MAG, shall offer the inspection service free of charge, as support for the certification prerequisites. Any person or group of micro, small, and medium organic producers may request this support if, as determined by the competent body, they conform to the provisions of the Ley para el desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria orgánica, regardless of whether their objective is to produce for the national market or to export their production.

To guarantee the organic condition of agricultural production on farms or the elaboration of goods and products in industrial plants, the backing of a certification system, duly recognized in accordance with the provisions of the Law indicated in the preceding paragraph, shall be required. In the processing or elaboration of organic goods, both raw materials and additives and secondary components must be equally certified.

(Thus reformed by Article 37 of the Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, No. 8591 of June 28, 2007)

75

To classify an agricultural product or a plot as organic, products of chemical synthesis must not have been applied to it for at least three years.

If an agricultural product or a plot that is not organic is intended to be dedicated to this type of production, it may only be classified as a product in transition for the following three years, provided it meets the requirements established by law and regulations and follows the standards issued by national and international organic production organizations. After this period, the interested party may take steps before the corresponding authority to certify that the production is organic.

If the person producing organic products demonstrates that no agrochemicals have been applied in the three prior years, the production may be certified as organic immediately, without having to be declared "in transition" beforehand.

A period of less than three years may be decreed, according to the technical specifications that differentiate short-cycle and annual crops, the different residual effects of the chemical synthesis product that may have been applied before starting organic production, or the particular agroecological conditions. In these cases, the technical criteria must take into consideration the standards issued by international organizations related to organic agricultural activity.

(Thus reformed by Article 37 of the Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, No. 8591 of June 28, 2007)

76

8591 of June 28, 2007. However, Article 37 of the same law had reformed it. The modification of said text indicated that it should read as follows:

"Article 76.- National Commission for Organic Agricultural Activity. The National Commission for Organic Agricultural Activity is created, as an advisory body to the MAG. It shall be composed of the following honorary members:

  • a)A representative of the MAG, who shall preside over it.
  • b)A representative of the state universities, with experience in technology transfer for organic agricultural activity and linked to it.
  • c)Three representatives of the organizations of organic producers of Costa Rica, with the requirements to qualify as such, in accordance with the regulations of this Law and its Regulations.
  • d)A representative of non-governmental organizations that develop projects or programs to promote organic agricultural activity.
  • e)A representative of the organic certification agencies accredited before the corresponding instance of the MAG")

Administrative Organization

CHAPTER XVII

77

The National Environmental Council is created as a deliberative and consultative body, with advisory functions to the President of the Republic on environmental matters.

78

The functions of the National Environmental Council shall be the following:

  • a)To analyze, prepare, and recommend general policies for the sustainable use of natural resources and the environment in general, as well as government actions related to these fields.
  • b)To recommend environmental policies within development planning processes, in order to ensure the conservation of the global environment.
  • c)To promote the development of systems and means that guarantee the conservation of the elements of the environment, to integrate them into the sustainable development process, with the organized participation of communities.
  • d)To recommend and promote development policies in accordance with the principles established in this law, to incorporate the environmental variable into the socioeconomic development process in the short, medium, and long term.
  • e)To propose and promote policies for the development of scientific and technological research, oriented toward the sustainable use of environmental elements.
  • f)To review and approve the reports and the annual work program of the Council's Executive Secretariat.
  • g)To promote pertinent legal reforms in environmental matters.
  • h)To prepare the annual report on the state of the Costa Rican environment.
  • i)To issue its regulations.
  • j)To carry out the tasks necessary for the better fulfillment of its purposes.
79

The National Environmental Council shall be composed of:

  • a)The President of the Republic or, in his/her representation, the Minister of the Presidency, who shall preside over it.
  • b)The Minister of National Planning and Economic Policy.
  • c)The Minister of Environment and Energy.
  • d)The Minister of Health.
  • e)The Minister of Agriculture and Livestock.
  • f)The Minister of Public Education.
  • g)The Ministry of Science, Technology and Telecommunications(*).

(*)(The denomination of the preceding subsection was modified by Article 11 of the Ley "Traslado del sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, No. 9046 of June 25, 2012)

To fulfill its purposes, the Council may convene the participation of any other minister, advisor, presidential counselor, or head of decentralized entities or public companies.

80

The Council shall meet ordinarily once a month and, extraordinarily, when the President convenes it. Minutes shall be taken of the matters dealt with in each session.

81

The Executive Secretariat of the Council shall correspond to the Minister of Environment and Energy, who shall set the agendas, follow up on the agreements adopted by the Council, and evaluate them permanently. Likewise, he/she shall support the other members in the preparation of presentations and technical materials supporting the matters to be discussed.

82

The Executive Secretariat of the Council shall have the following functions:

  • a)To ensure the execution and fulfillment of the general policies and other agreements adopted by the Council in the fulfillment of its functions.
  • b)To coordinate actions aimed at the formulation and execution of programs that, in environmental matters, are developed by the entities and bodies of the State.
  • c)To inform the Council on the progress of actions in environmental matters, developed by the entities and bodies of the State.
  • d)To prepare the reports and the annual work program of the Executive Secretariat and submit them in a timely manner for the Council's review and approval.
  • e)To prepare and keep the Council's minutes.
  • f)Any other necessary functions assigned by the Council, in accordance with the law.
83

The National Environmental Technical Secretariat is created, as a body of maximum deconcentration of the Ministry of Environment and Energy, whose fundamental purpose shall be, among others, to harmonize environmental impact with productive processes.

84

The functions of the National Environmental Technical Secretariat are the following:

  • a)To analyze environmental impact assessments and resolve them within the deadlines set by the General Law of Public Administration.
  • b)To recommend the necessary actions to minimize the impact on the environment, as well as those technically appropriate to recover it.
  • c)To address and investigate complaints submitted to it regarding environmental degradation or damage.
  • d)To carry out the corresponding field inspections before issuing its decisions.
  • e)To approve and present activity reports to the Minister of Environment and Energy, in his/her capacity as Executive Secretary of the Council.
  • f)To prepare guides for activities, works, and projects subject to environmental impact assessment, as well as manage their provision and dissemination.
  • g)To recommend to the Council, through the Minister of Environment and Energy, policies and draft laws on the environment arising from the sectors of government activity.
  • h)To set the amounts of guarantees to fulfill environmental obligations, which the interested parties must deposit, with the due periodicity and the amount of the transactions.

To provide these guarantees, the provisions of the Administrative Contracting regulations shall apply.

  • i)To carry out monitoring tasks and ensure the execution of resolutions.
  • j)To establish trusts, as stipulated in subsection d) of Article 93 of this law.
  • k)Any other functions necessary to fulfill its purposes.
85

The National Environmental Technical Secretariat shall be composed of the following members:

  • a)A representative of the Minister of Environment and Energy, who shall be the Secretary General.
  • b)A representative of the Ministry of Health, with a specialty in sanitary engineering.
  • c)A representative of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, with a specialty in hydrology.
  • d)A representative of the Ministry of Agriculture and Livestock, with a specialty in agronomy.
  • e)A representative of the Ministry of Public Works and Transport, with a specialty in civil engineering.
  • f)A representative of the Costa Rican Electricity Institute, with a specialty in energy development.
  • g)A representative of the state universities, with a specialty in biology.

The institutions listed in this article are authorized to permanently assign their representative to the National Environmental Technical Secretariat. When required, this Secretariat may request technical aid from other State institutions.

Resolutions shall be adopted by a simple majority of its members.

86

The National Environmental Technical Secretariat must respond to the needs of efficiency and effectiveness in the analysis of environmental impact assessments, in accordance with specific, viable, and functional standards for environmental conservation oriented toward sustainable development.

87

The remedy of reconsideration against the final decisions of the National Environmental Technical Secretariat shall be available, as well as appeal before the Minister of Environment and Energy, in accordance with the provisions of the General Law of Public Administration.

88

The members of the National Environmental Technical Secretariat shall be full-time officials, with exclusive dedication and a prohibition against exercising their personal, professional, or private activities. They shall be appointed for six years and must be divided into two groups so that half of its members are elected at mid-term. Their deliberations and resolutions shall be adopted in plenary session, in accordance with the internal operating regulations that the Executive Branch shall issue within three months from the entry into force of this law. Their removal may only be agreed upon when there is a serious fault or non-compliance with the provisions of this or other laws.

89

The members of the National Environmental Technical Secretariat must carry out inspections to verify compliance with legal and regulatory provisions on the matter, as well as with the resolutions issued by this Secretariat. These inspections must be carried out periodically or when the competent authorities deem it appropriate. Minutes shall be taken of all inspections.

90

The members of the National Environmental Technical Secretariat shall be subject to the same obligations and shall enjoy the same labor rights as the institution to which they belong.

91

The National Environmental Technical Secretariat shall have a technical-administrative unit, and the institutions represented in the Secretariat must contribute human and logistical resources for its normal operation. To this end, they must make the corresponding budgetary reservations.

Financing

CHAPTER XVIII

92

To fulfill the purposes of this law, the Executive Branch shall include, in the National Budget of the Republic, the budgetary reserves required for the operation of the National Environmental Technical Secretariat.

93

To achieve the purposes of this law and finance the development of the programs of the National Environmental Technical Secretariat, the National Environmental Fund is created, whose resources shall be constituted by:

  • a)Legacies and donations.
  • b)Contributions from national and international organizations, private or public, in accordance with the respective agreements.
  • c)Executed performance guarantees, received based on the provisions of this law.
  • d)Funds placed in trust, coming from international loan agreements to finance activities or projects related to the environment.
  • e)Income from the sale of environmental impact assessment guides, publications, and other documents necessary to fulfill the purposes of this law.
94

The resources of the Fund may be used to contract personal services on a temporary basis, and non-personal services; acquire materials, supplies, machinery, equipment, vehicles, spare parts and accessories; purchase real estate and pay for constructions, additions, improvements, current capital transfers and global allocations and, in general, to develop the programs of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental); as well as to cover the costs incurred by the competent authority when carrying out the works or activities referred to in Article 97 of this law.

95

The sums collected shall be remitted to the single treasury of the State. The Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), through the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), must annually submit to the Ministry of Finance the preliminary budget draft for these resources, to comply with the programming of capital current expenditures and objectives set forth in this law.

On a quarterly basis, the Ministry of Finance shall make the transfers or disbursements of the entirety of the resources collected to the National Environmental Fund (Fondo Nacional Ambiental).

In the event of non-compliance with the provisions of the preceding paragraph, the Ministry of Environment and Energy, through the National Environmental Technical Secretariat, shall require the National Treasurer or, failing that, their superior, to comply with this provision. If they fail to proceed, they shall be personally liable and the provisions of Article 330 of the Penal Code shall apply to them.

The income that, according to the provisions of this law, forms part of the National Environmental Fund, shall be deposited in an equity fund of the National Banking System.

To fulfill the functions indicated in this law, said Ministry, through the National Environmental Technical Secretariat, may enter into the administration contracts it requires.

96

The resources not used in the current period shall constitute a surplus of the Fund and may be used, through a budget modification, in accordance with the objectives set forth in this law.

97

State institutions and municipalities are authorized to include, in their budgets, the annual items they deem appropriate for the purpose of contributing to the programs and projects of the National Environmental Technical Secretariat.

Sanctions

CHAPTER XIX

98

Environmental damage or pollution can be produced by acts of commission or omission and are imputable to all natural or legal persons who carry them out.

99

In the event of a violation of environmental protection regulations or harmful conduct to the environment clearly established in this law, the Public Administration shall apply the following protective measures and sanctions:

  • a)Warning through notification that a claim exists.
  • b)Reprimand according to the seriousness of the violative facts and once they have been proven.
  • c)Execution of the performance bond (garantía de cumplimiento), granted in the environmental impact assessment.
  • d)Partial or total restrictions, or an order for the immediate cessation of the acts originating the complaint.
  • e)Total or partial, temporary or permanent closure of the acts or facts that provoke the complaint.
  • f)Partial, total, permanent or temporary cancellation of the permits, licenses, premises or enterprises that provoke the complaint, the polluting or destructive act or fact.
  • g)Imposition of compensatory or stabilizing obligations for the environment or biological diversity.
  • h)Modification or demolition of constructions or works that damage the environment.
  • i)Alternatives for compensation of the sanction, such as attending official educational courses on environmental matters; in addition, working on community works in the area of the environment.

These sanctions may be imposed on private individuals or public officials, for actions or omissions in violation of the rules of this law, of other provisions for the protection of the environment or biological diversity.

100

Criminal legislation, the Penal Code, and special laws shall establish the corresponding criminal offenses to protect the environment and biological diversity.

101

Without prejudice to liabilities of another nature that may result for them as participants in any of their forms, the perpetrators of infractions to this law or to those that regulate the protection of the environment and biological diversity, whether natural or legal persons, shall be civilly and jointly and severally liable for the damages caused. Jointly and severally, the holders of the enterprises or activities where the damages are caused, whether by action or omission, shall also be liable.

Equal liability shall correspond to professionals and public officials who endorse an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) contrary to the legal provisions or the prevailing technical standards or fail to provide due follow-up to the process, causing damage to the environment or biological diversity.

The Environmental Comptroller

CHAPTER XX

102

The position of Environmental Comptroller is created, assigned to the office of the Minister of Environment and Energy, who shall appoint them. Their task shall be to monitor the correct application of the objectives of this law and of those that, by their nature, correspond to them.

They shall be obliged to report any violation of this law and related ones, before the Environmental and Maritime-Terrestrial Zone Prosecutor's Office (Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre), as well as before the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público).

Administrative Environmental Tribunal

CHAPTER XXI

103

An Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) is created, with headquarters in San José and jurisdiction throughout the national territory.

It shall be a deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy, with exclusive competence and functional independence in the performance of its duties. Its rulings exhaust the administrative route and its resolutions shall be strictly and obligatorily complied with.

104

The Administrative Environmental Tribunal shall be composed of three full members and three alternate members, all appointed by the National Environmental Council (Consejo Nacional Ambiental), for a term of six years. They shall be sworn in by the president of this Council.

Said judges shall process the case files assigned to them as appropriate on a single-judge basis.

(Thus amended by the sole article of Law No. 10021 of September 24, 2021)

105

To be a member of the Administrative Environmental Tribunal, it is required to be a legal professional, duly incorporated into the bar association, with experience in environmental matters.

The members must work full time and be persons who, by reason of their background, professional degrees and recognized competence in the matter, are a guarantee of impartiality and sound judgment in the performance of their duties.

Annually, this Tribunal shall elect from its midst a president, a vice-president and a secretary. The internal regulations shall regulate their replacement by the alternate members.

(Thus amended by the article of Law No. 10021 of September 24, 2021)

106

The Administrative Environmental Tribunal must perform its functions subject to the principles of orality, official initiative, celerity and immediacy of evidence. It must adjust its actions to the procedure and the operating rules established in this code and, supplementarily, to the General Law of Public Administration, Book Two, Chapter "On Ordinary Procedure."

107

The complaint must contain:

  • a)The full name and identification document number of the complainant.
  • b)The full name, identification document number and address of the person denounced, if known.
  • c)The exact address of where the events against the environment occurred.
  • d)The detailed description of the facts or acts committed against the environment.
  • e)The evidence supporting the conduct against the environment, or an indication of it, if any exists.
  • f)The email address, fax number or, failing that, the exact address to receive future notifications for the complainant. In case of non-compliance with this requirement, automatic notification shall apply, in accordance with Article 11 of Law No. 8667, Judicial Notifications, December 4, 2008.

In the event of non-compliance with subsections e) and d), compliance shall be summoned only once, under penalty of archiving the case file.

(Thus amended by the sole article of Law No. 9684 of May 13, 2019)

108

Upon receiving the complaint, the Tribunal shall identify the complainant and shall always hear the person who may be affected by the outcome of the complaint, unless the seriousness of the reported fact warrants taking immediate measures. Subsequently, it may notify the result.

The Administrative Environmental Tribunal shall gather the necessary evidence to ascertain the real truth of the reported facts.

This investigative stage, corresponding to the request for reports and inspections, shall be in charge of the processing lawyer.

The parties or their representatives and their lawyers shall have access to the proceedings related to the complaint processed before the Administrative Environmental Tribunal, including the records containing the investigation of the infractions. They may consult them with no further requirement than justification of their identity or legal standing.

(Thus amended by the sole article of Law No. 9684 of May 13, 2019)

109

The Administrative Environmental Tribunal may request reports and advice from any public national body or entity, international organizations, non-governmental organizations, natural or legal persons, or non-state public entities, when the case raised in the complaint so warrants. It may also request reports, collaboration and advice from bodies and dependencies of the Ministry of Environment and Energy (MINAE).

(Thus amended by the sole article of Law No. 9684 of May 13, 2019)

110

Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal must expedite the procedure and the processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation.

The ruling must be issued within a term not exceeding thirty days; in special cases, the term may be extended for up to thirty more days.

The obligation of the administration to provide a prompt and complete response is established.

111

The Administrative Environmental Tribunal shall be competent to:

  • a)Hear and resolve, in administrative venue, ex officio or at the request of a party, the established complaints referring to active and omissive behaviors against all persons, public or private, for violations of the legislation protecting the environment and natural resources that may generate environmental damage.
  • b)Establish, through the administrative route, the compensations that may arise in relation to environmental damages produced by violations of the legislation protecting the environment and natural resources.
  • c)The resolutions of the Administrative Environmental Tribunal shall be unappealable and shall exhaust the administrative route.
  • d)Establish fines, in administrative venue, for infractions to the Law for the Comprehensive Management of Waste and any other law that so establishes.

Infractions of environmental legislation that are not within the competence of the Administrative Environmental Tribunal shall be heard by:

  • 1)The Ministry of Environment and Energy (Minae) and the Environmental Comptrollership (Contraloría Ambiental), through the Integrated System for Processing and Addressing Environmental Complaints (Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales, Sitada).
  • 2)The National Environmental Technical Secretariat, when there is an open administrative case file for the activity, work or project in question.
  • 3)In the municipality of the respective jurisdiction, when dealing with matters related to construction permits.

(Thus amended by the sole article of Law No. 10021 of September 24, 2021)

112

The procedure before the Administrative Environmental Tribunal shall not be subject to any formality. The complaint may be submitted by any means of communication, even orally. When it is not in writing, it must be ratified within the following eight calendar days.

Once the complaint is submitted to an authority other than the Administrative Environmental Tribunal, said authority must forward it to the Tribunal for its attention and processing within a term not exceeding three days.

Final Provisions

CHAPTER XXII

113

The National Banking System may open an environmental credit portfolio aimed at financing the costs of pollution reduction in production processes, through credits at a preferential interest rate to be determined by the Central Bank of Costa Rica.

When production processes involve land use, for financing, the National Banking System must require a management and land use plan in accordance with use capacity.

114

The annual "GUAYACAN" prize is created, which shall consist of a gold medal with an engraved guayacán tree, as a symbol of the persistent struggle for environmental improvement. It shall be awarded once a year by the President of the Republic to the person, natural or legal, national or foreign, who demonstrates having effectively contributed to the improvement of the national environment.

115

The following provisions are added:

  • a)Article 48 bis to the Organic Law of the Ministry of Health, No. 5412, of November 8, 1973, which shall constitute Section III, to be called "On Environmental Health Services" and shall be in Book II. The text shall read:

"Article 48 bis.- Natural or legal persons, private or public, that require permits or authorizations from the Ministry of Health relating to the control of physical, chemical, biological and social factors that affect the human environment, shall contribute economically through payment for the service, in accordance with the rules dictated by that Ministry and with the limitations established in the Law of the Financial Administration of the Republic." b) Article 70 bis to the Urban Planning Law, No. 4240, of November 15, 1968, whose text shall read:

"Article 70 bis.- Natural or legal persons, private or public, that require permits or authorizations from the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), relating to the approval of preliminary projects, construction permits, land uses and segregations, as well as any others within its competence, shall contribute economically through payment for the service, according to the rules dictated by the Board of Directors of that Institute and with the limitations stipulated in the Law of the Financial Administration of the Republic."

116

The Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, created by Law No. 7152, shall henceforth be called the Ministry of Environment and Energy.

117

The Executive Branch shall regulate the provisions contained in this law within a period of three months, counted from the effective date of this law.

118

It takes effect upon its publication.

Transitory Provisions

I
II
III

23783-MIRENEM, of October 28, 1994, shall become the National Environmental Technical Secretariat created by Article 83 of this law.

IV

All may be re-elected and after re-election, shall be appointed for terms of six years.

Enacted at the Presidency of the Republic.-San José, on the fourth day of the month of October, nineteen hundred and ninety-five.

Artículos

Transitorios

en la totalidad del texto - Texto Completo Norma 7554 Ley Orgánica del Ambiente Texto Completo acta: 26C15 1 N° 7554 LEY ORGANICA DEL AMBIENTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Decretos que afectan

  • Decreto Ejecutivo 25084 Reglamento de Procedimientos Tribunal Ambiental Administrativo MINAE Reglamentación · Expreso · 15/03/1996

CAPITULO I

Disposiciones Generales

1

La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. Se define como ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano.

2
  • a)El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social.
  • b)Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política.
  • c)El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.
  • d)Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes.
  • e)El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras.

El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en práctica de un sistema de información con indicadores ambientales, destinados a medir la evolución y la correlación con los indicadores económicos y sociales para el país.

3

El Gobierno fijará un conjunto armónico e interrelacionado de objetivos, orientados a mejorar el ambiente y manejar adecuadamente los recursos naturales.

A estos objetivos deberán incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas a su cumplimiento, con el respaldo de normas, instituciones y procedimientos que permitan lograr la funcionalidad de esas políticas.

4

Son fines de la presente ley:

  • a)Fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y su medio.
  • b)Satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones de las generaciones futuras.
  • c)Promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que pueden causarse al ambiente.
  • d)Regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad pública o privada respecto del ambiente, así como las relaciones y las acciones que surjan del aprovechamiento y la conservación ambiental.
  • e)Establecer los principios que orienten las actividades de la Administración Pública en materia ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación para una labor eficiente y eficaz.
5

Para desarrollar y aplicar los principios generales de esta ley, el sistema contará con los organismos institucionales y gubernamentales; también con las competencias que otras leyes asignen a las demás instituciones del Estado.

Participación Ciudadana

CAPITULO II

6

El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.

7

Se crean los Consejos Regionales Ambientales, adscritos al Ministerio del Ambiente y Energía; como máxima instancia regional desconcentrada, con participación de la sociedad civil, para el análisis, la discusión, la denuncia y el control de las actividades, los programas y los proyectos en materia ambiental.

8

Las funciones de los Consejos Regionales Ambientales, son las siguientes:

  • a)Promover, mediante actividades, programas y proyectos, la mayor participación ciudadana en el análisis y la discusión de las políticas ambientales que afecten la región.
  • b)Analizar, discutir y pronunciarse sobre la conveniencia y la viabilidad de las actividades, los programas y los proyectos que en materia ambiental, promueva el Ministerio del Ambiente y Energía o cualquier otro ente del Estado.
  • c)Atender denuncias en materia ambiental y gestionar, ante los órganos pertinentes, las acciones respectivas.
  • d)Proponer actividades, programas y proyectos que fomenten el desarrollo sostenible y la conservación del ambiente en la región.
  • e)Desarrollar y poner en práctica actividades, programas y proyectos de educación, que fomenten las bases de una nueva actitud hacia los problemas del ambiente y sienten los fundamentos para consolidar una cultura ambiental.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 12 de la Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996, se establecen las funciones de los Consejos Regionales Ambientales al disponer lo siguiente: “ARTICULO 12.-Funciones Los Consejos Regionales Ambientales, creados por Ley No. 7554, del 4 de octubre de 1995, se reunirán por lo menos una vez cada dos meses y tendrán, además, las siguientes funciones:

  • a)Conocer y analizar los problemas forestales de la región donde están constituidos y coadyuvar al control y la protección forestales.
  • b)Participar activamente en la concepción y formulación de las políticas regionales de incentivo a la reforestación.
  • c)Prevenir y combatir plagas, enfermedades e incendios forestales en los terrenos del patrimonio natural del Estado; además, colaborar en la prevención de plagas, enfermedades e incendios forestales en plantaciones y bosques privados.
  • d)Dar seguimiento al avance y cumplimiento de las políticas regionales de desarrollo forestal y pronunciarse sobre ellos.
  • e)Recomendar, a la Administración Forestal del Estado el orden de prioridad de las áreas por incentivar.
  • f)Autorizar la corta de árboles indicada en el artículo 27 de esta ley.
  • g)Cualquier otra función que le asigne específicamente la Administración Forestal del Estado”)
9

Los Consejos Regionales Ambientales, estarán integrados de la siguiente manera:

  • a)Uno de los gobernadores provinciales que atienden la región, quien lo presidirá.
  • b)Un representante de la Liga de Municipalidades.
  • c)Un representante de las organizaciones ecológicas.
  • d)Un representante de cada uno de los Consejos Regionales relacionados con el ambiente que operen en la región.
  • e)Un representante de los gobiernos estudiantiles de centros de enseñanza secundaria ubicados en la región.
  • f)Un representante de las cámaras empresariales que operen o estén representadas en la región.
10

Los Consejos Regionales Ambientales se reunirán, en forma ordinaria, una vez al mes y, en forma extraordinaria, cuando sean convocados. Los miembros no percibirán ningún tipo de remuneración, su labor en el Consejo será ad honórem, durarán en sus cargos dos años y podrán ser reelegidos.

(Nota de Sinalevi Ver artículo 12 de la Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996, en relación a las sesiones de los Consejos Regionales Ambientales)

11

Los miembros de este Consejo serán escogidos por el Ministerio del Ambiente y Energía, de una terna que presentarán los sectores mencionados en el artículo 9 de esta ley.

Educación e Investigación Ambiental

CAPITULO III

12

El Estado, las municipalidades y las demás instituciones, públicas y privadas, fomentarán la inclusión permanente de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, de los programas de todos los niveles. El objeto será adoptar una cultura ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible.

13

La educación ambiental relacionará los problemas del ambiente con las preocupaciones locales y la política nacional de desarrollo; además, incorporará el enfoque interdisciplinario y la cooperación como principales fórmulas de solución, destinadas a promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.

14

Los organismos estatales encargados de dictar las políticas ambientales promoverán la creación de los instrumentos necesarios para que los medios de comunicación colectiva, con base en la función social que ejercen, favorezcan la formación de una cultura ambiental hacia el desarrollo sostenible de los habitantes de la Nación.

15

El Estado y sus instituciones promoverán permanentemente la realización de estudios e investigaciones sobre el ambiente. Se ocuparán de divulgarlos y apoyarán el desarrollo y la aplicación apropiados de tecnologías modernas y ambientalmente sanas.

16

Sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y lo que disponga la legislación vigente, los investigadores quedan obligados a entregar, al Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología, una copia de sus informes finales en materia ambiental cuando sus investigaciones:

  • a)Hayan sido financiadas total o parcialmente por el Estado.
  • b)Se realicen en terrenos o instalaciones estatales.
  • c)Se lleven a cabo mediante instituciones u organizaciones nacionales e internacionales apoyadas por el Estado.

Impacto Ambiental

CAPITULO IV

17

Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.

17 bis
  • a)Un Plan de Protección del Árbol Urbano, instrumento técnico que debe presentarse una vez definidos los árboles a conservar en la propiedad, se establezcan las medidas para conservar la permanencia de los árboles existentes, así como los requisitos y las especificaciones necesarios para mitigar los impactos derivados de las obras constructivas.
  • b)Un Plan de Arborización en Desarrollo Inmobiliario, en el cual se deberá orientar que el diseño del proyecto contemple espacios adecuados para la plantación de árboles, tanto en las áreas públicas como en el interior del desarrollo. Para tales efectos, se priorizará el uso de especies nativas o endémicas de la zona geográfica correspondiente, producidas conforme a las mejores prácticas de la arboricultura, según lo establecido en el Plan de Gestión Público en el Arbolado Urbano, considerando su crecimiento futuro en altura, diámetro de tronco, diámetro de copa y sistema radicular. Podrán utilizarse especies exóticas únicamente cuando exista una justificación técnica debidamente fundamentada.

(Así adicionado por el artículo 26 de la Ley de arbolado urbano, N° 10939 del 30 de abril de 2026)

18

La aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental, deberá gestionarse ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; estas evaluaciones deberán ser realizadas por un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de conformidad con las guías elaboradas por ella. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del interesado.

19

Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares, como para los entes y organismos públicos.

20

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen.

21

En todos los casos de actividades, obras o proyectos sujetos a la evaluación de impacto ambiental, el organismo evaluador fijará el monto de la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales que deberá rendir el interesado. Esta garantía será hasta del uno por ciento (1%) del monto de la inversión. Cuando la actividad no requiera construir infraestructura, el porcentaje se fijará sobre el valor del terreno involucrado en el proyecto.

La garantía debe ser de dos tipos:

  • a)De cumplimiento durante el diseño y la ejecución del proyecto.
  • b)De funcionamiento para el período, que puede oscilar de cinco a diez años, dependiendo de impacto del proyecto y del riesgo de la población de sus alrededores.

La garantía de cumplimiento se mantendrá vigente durante la ejecución o la operación de la obra, la actividad o el proyecto y se revisará anualmente para ajustarla a los requerimientos de la protección ambiental.

22

Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración.

23

La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización.

No obstante, los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva información integrada al estudio, si de publicarse afectare derechos de propiedad industrial.

24

Protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos

CAPITULO V

25

La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que los programas de salud pública dirigidos a la población coincidan con los dirigidos al ambiente humano, a fin de lograr una mejor salud integral.

26

La autoridad competente otorgará prioridad a las acciones tendientes a la protección y el mejoramiento del ambiente humano. Para ello, a) Promoverá la investigación científica permanente en materia de epidemiología ambiental.

  • b)Velará por el control, la prevención y la difusión de los factores físicos, químicos, biológicos y sociales que afecten el bienestar físico, psíquico y social de la población y el equilibrio ambiental.
  • c)Propiciará el establecimiento de áreas verdes comunales y de recreación, necesarias para el disfrute sano y espiritual de los residentes en los asentamientos humanos.
27

Para proteger y mejorar el ambiente humano, se considerarán los siguientes aspectos fundamentales:

  • a)Edificaciones.
  • b)Centros de trabajo.
  • c)Sustancias tóxicas o peligrosas y desechos en general.
  • d)Productos y materias que entren en contacto directo con el cuerpo humano.
  • e)Fauna nociva para el hombre.
  • f)Actividades o factores sociales inadecuados para el desenvolvimiento humano.

Ordenamiento Territorial

CAPITULO VI

28

Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.

29

Para el ordenamiento territorial en materia de desarrollo sostenible, se considerarán los siguientes fines:

  • a)Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades productivas, los asentamientos humanos, las zonas de uso público y recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y otras obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas y distritos de riego y avenamiento.
  • b)Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente.
  • c)Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país.
  • d)Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada, en la elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las ciudades, para lograr el uso sostenible de los recursos naturales.
30

Para el ordenamiento del territorio nacional, se considerarán, entre otros, los siguientes criterios:

  • a)El respeto por las características culturales, históricas y sociales de las poblaciones humanas involucradas y su distribución actual sobre el territorio.
  • b)Las proyecciones de población y recursos.
  • c)Las características de cada ecosistema.
  • d)Los recursos naturales, renovables y no renovables, las actividades económicas predominantes, la capacidad de uso de los suelos y la zonificación por productos y actividades agropecuarias, en razón de consideraciones ecológicas y productivas.
  • e)El efecto de las actividades humanas y los fenómenos naturales sobre el ambiente.
  • f)El equilibrio que necesariamente debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales.
  • g)La diversidad del paisaje.
  • h)La infraestructura existente.
31

Para lo dispuesto en el artículo 29 anterior, se promoverá el desarrollo y el reordenamiento de las ciudades, mediante el uso intensivo del espacio urbano, con el fin de liberar y conservar recursos para otros usos o para la expansión residencial futura.

Áreas silvestres protegidas

CAPITULO VII

32

El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación:

  • a)Reservas forestales.
  • b)Zonas protectoras.
  • c)Parques nacionales.
  • d)Reservas biológicas.
  • e)Refugios nacionales de vida silvestre.
  • f)Humedales.
  • g)Monumentos naturales.

Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas.

33

Se crean los monumentos naturales como áreas que contengan uno o varios elementos naturales de importancia nacional. Consistirán en lugares u objetos naturales que, por su carácter único o excepcional, su belleza escénica, o su valor científico, se resuelva incorporarlos a un régimen de protección. Los monumentos naturales serán creados por el Ministerio del Ambiente y Energía y administrados por las municipalidades respectivas.

34

En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento.

35

La creación, la conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia de las áreas protegidas, tendrán como objetivos:

  • a)Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.
  • b)Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
  • c)Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa participación de las comunidades vecinas.
  • d)Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos naturales del país y su conservación.
  • e)Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo.
  • f)Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la identidad nacional.
36

Para crear áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente con lo siguiente:

  • a)Estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos, que la justifiquen.
  • b)Definición de objetivos y ubicación del área.
  • c)Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra.
  • d)Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla.
  • e)Confección de planos.
  • f)Emisión de la ley o el decreto respectivo.
37

Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley.

Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo.

Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998) Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, realice las expropiaciones, contempladas en este artículo, de conformidad con lo establecido en la Ley de expropiaciones No. 7495, del 3 de mayo de 1995.

38

La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida.

Recursos marinos, costeros y humedales

CAPITULO VIII

39

Se entiende por recursos marinos y costeros, las aguas del mar, las playas, los playones y la franja del litoral, las bahías, las lagunas costeras, los manglares, los arrecifes de coral, los pastos marinos, es decir praderas de fanerógamas marinas, los estuarios, las bellezas escénicas y los recursos naturales, vivos o no, contenidos en las aguasdel mar territorial y patrimonial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y su zócalo insular.

40

Los humedales son los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja.

41

Se declaran de interés público los humedales y su conservación, por ser de uso múltiple, estén o no estén protegidos por las leyes que rijan esta materia.

42

El Ministerio del Ambiente y Energía, en coordinación con las instituciones competentes, podrá delimitar zonas de protección de determinadas áreas marinas, costeras y humedales, las cuales se sujetarán a planes de ordenamiento y manejo, a fin de prevenir y combatir la contaminación o la degradación de estos ecosistemas.

43

Las obras o la infraestructura se construirán de manera que no dañen los ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de esta ley. De existir posible daño, deberá realizarse una evaluación de impacto ambiental.

44

Para realizar actividades que afecten cualquiera de los ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de esta ley o amenacen la vida dentro de un hábitat de esa naturaleza, el Ministerio del Ambiente y Energía exigirá al interesado una evaluación de impacto ambiental.

45

Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diqueque eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas.

Diversidad biológica

CAPITULO IX

46

El Estado ejercerá la soberanía sobre la diversidad biológica, como parte de su patrimonio natural. Son de interés público las actividades destinadas a conservar, mejorar y, en lo posible, a recuperar la diversidad biológica del territorio nacional; también las dirigidas a asegurar su uso sostenible. Para ejecutarlas, se tomarán en cuenta los parámetros definidos por el Poder Ejecutivo, así como los siguientes criterios:

  • a)La protección y la conservación de los ecosistemas naturales, la diversidad de las especies, la diversidad genética en el territorio nacional y la vigilancia de las zonas de reproducción.
  • b)El manejo de la diversidad biológica integrado a la planificación de cualquier actividad relativa a los elementos del ambiente.
  • c)La protección y el desarrollo de técnicas reproductoras de especies endémicas, en peligro o en vías de extinción, para recuperar su estabilidad poblacional.
  • d)El uso de la investigación y la monitoria para definir estrategias y programas de protección y manejo de los hábitat o las especies.
  • e)La promoción del fortalecimiento y el fomento de estaciones biológicas para el estudio, la recuperación y el repoblamiento de especies silvestres de flora y fauna.
  • f)La reproducción controlada de especies silvestres con fines científicos, sociales y económicos.
47

La investigación, la explotación y la comercialización de la diversidad biológica deberán reconocerse como actividades de interés público. La explotación y la comercialización de la flora y la fauna silvestres como bienes de dominio público, serán reguladas por el Estado.

Recurso forestal

CAPITULO X

48

Es obligación del Estado conservar, proteger y administrar el recurso forestal. Para esos efectos, la ley que se emita deberá regular lo relativo a la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de estos recursos, garantizando su uso sostenible, así como la generación de empleo y el mejoramiento del nivel de vida de los grupos sociales directamente relacionados con las actividades silviculturales.

Aire

CAPITULO XI

49

El aire es patrimonio común y debe utilizarse sin lesionar el interés general de los habitantes de la Nación. Para tal fin, a) La calidad del aire, en todo el territorio nacional, debe satisfacer, por lo menos, los niveles permisibles de contaminación fijados por las normas correspondientes.

  • b)Las emisiones directas o indirectas, visibles o invisibles, de contaminantes atmosféricos, parti-cularmente los gases de efecto invernadero y los que afecten la capa de ozono, deben reducirse y controlarse, de manera que se asegure la buena calidad del aire.

Agua

CAPITULO XII

50

El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social.

51

Para la conservación y el uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios:

  • a)Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico.
  • b)Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico.
  • c)Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas.
52

Los criterios mencionados en el artículo anterior, deben aplicarse:

  • a)En la elaboración y la ejecución de cualquier ordenamiento del recurso hídrico.
  • b)En el otorgamiento de concesiones y permisos para aprovechar cualquier componente del régimen hídrico.
  • c)En el otorgamiento de autorizaciones para la desviación, el trasvase o la modificación de cauces.
  • d)En la operación y la administración de los sistemas de agua potable, la recolección, la evacuación y la disposición final de aguas residuales o de desecho, que sirvan a centros de población e industriales.
52 bis

Las zonas protectoras son áreas silvestres protegidas, cuyos objetivos principales son la regulación del régimen hidrológico y la protección del suelo y las cuencas hidrográficas, así como la preservación de las áreas de recarga acuífera y las fuentes de agua y la necesidad de asegurar el abastecimiento poblacional de agua para las actuales y futuras generaciones.

(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado, N° 9590 del 3 de julio de 2018)

Suelo

CAPITULO XIII

53

Para proteger y aprovechar el suelo, se considerarán, entre otros, los siguientes criterios:

  • a)La relación adecuada entre el uso potencial y la capacidad económica del suelo y el subsuelo.
  • b)El control de prácticas que favorezcan la erosión y otras formas de degradación.
  • c)Las prácticas u obras de conservación de suelos y aguas que prevengan el deterioro del suelo.
54

Los criterios para proteger y aprovechar el suelo se considerarán:

  • a)En la determinación de usos, reservas y destinos del suelo.
  • b)En los servicios de apoyo, de naturaleza crediticia, técnica o investigativa, que otorgue la Administración Pública a las actividades ligadas al uso del suelo.
  • c)En los planes, los programas y los proyectos de conservación y uso de los suelos.
  • d)En el otorgamiento, la modificación, la suspensión o la revocación de permisos, concesiones o cualquier otro tipo de autorización sobre el aprovechamiento del suelo y del subsuelo.
55

El Estado deberá fomentar la ejecución de planes de restauración de suelos en el territorio nacional.

Recursos energéticos

CAPITULO XIV

56

Los recursos energéticos constituyen factores esenciales para el desarrollo sostenible del país. El Estado mantendrá un papel preponderante y dictará las medidas generales y particulares, relacionadas con la investigación, la exploración, la explotación y el desarrollo de esos recursos, con base en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.

57

El aprovechamiento de los recursos energéticos deberá realizarse en forma racional y eficiente, de tal forma que se conserve y proteja el ambiente.

58

Para propiciar un desarrollo económico sostenible, la autoridad competente evaluará y promoverá la exploración y la explotación de fuentes alternas de energía, renovables y ambientalmente sanas.

Contaminación

CAPITULO XV

59

Se entiende por contaminación toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación. La descarga y la emisión de contaminantes, se ajustará, obligatoriamente, a las regulaciones técnicas que se emitan. El Estado adoptará las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental.

60

Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como:

  • a)El abastecimiento de agua para consumo humano.
  • b)La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales.
  • c)La recolección y el manejo de desechos.
  • d)El control de contaminación atmosférica.
  • e)El control de la contaminación sónica.
  • f)El control de sustancias químicas y radiactivas.

Estos servicios se prestarán en la forma que las leyes y los reglamentos específicos lo determinen, procurando la participación de la población y sus organizaciones.

61

La autoridad competente dictará las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando sucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén contempladas en esta ley.

62

Se considera contaminación de la atmósfera la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento.

63

Para evitar y controlar el deterioro atmosférico, el Poder Ejecutivo, previa consulta con los organismos representativos del sector productivo, emitirá las normas técnicas correspondientes y exigirá la instalación y operación de sistemas y equipos adecuados para prevenir, disminuir y controlar las emisiones que sobrepasen los límites permisibles.

64

Para evitar la contaminación del agua, la autoridad competente regulará y controlará que el manejo y el aprovechamiento no alteren la calidad y la cantidad de este recurso, según los límites fijados en las normas correspondientes.

65

Las aguas residuales de cualquier origen deberán recibir tratamiento antes de ser descargadas en ríos, lagos, mares y demás cuerpos de agua; además, deberán alcanzar la calidad establecida para el cuerpo receptor, según su uso actual y potencial y para su utilización futura en otras actividades.

66

En cualquier manejo y aprovechamiento de agua susceptibles de producir contaminación, la responsabilidad del tratamiento de los vertidos corresponderá a quien produzca la contaminación. La autoridad competente determinará la tecnología adecuada y establecerá los plazos necesarios para aplicarla.

67

Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, estarán obligadas a adoptar las medidas adecuadas para impedir o minimizar la contaminación o el deterioro sanitario de las cuencas hidrográficas, según la clasificación de uso actual y potencial de las aguas.

68

Es obligación de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, evitar la contaminación del suelo por acumulación, almacenamiento, recolección, transporte o disposición final inadecuada de desechos y sustancias tóxicas o peligrosas de cualquier naturaleza.

69

En el manejo y aprovechamiento de los suelos, debe controlarse la disposición de los residuos que constituyan fuente de contaminación. Las actividades productivas evitarán descargas, depósitos o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en el suelo.

Cuando no se pueda evitar la disposición de residuos contaminantes deberán acatarse las medidas correctivas necesarias que determine la autoridad competente. Cuando corresponda, el Estado, las municipalidades y la empresa privada promoverán la recuperación y el tratamiento adecuado de los desechos para obtener otros productos o subproductos.

70
71

Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro.

El Poder Ejecutivo dictará las medidas adecuadas y promoverá su ejecución mediante los organismos, los entes públicos y las municipalidades, para prevenir este tipo de contaminación.

72

La autoridad competente promoverá que los sectores públicos y privados participen en la conservación del paisaje. Cuando para realizar una obra se necesite afectarlo, el paisaje resultante deberá ser, por lo menos, de calidad igual que el anterior.

Producción Ecológica

CAPITULO XVI

73

Se entenderá por actividad agropecuaria orgánica, la que emplee métodos y sistemas compatibles con la protección y el mejoramiento ecológico, sin emplear insumos ni productos de síntesis química. La agricultura ecológica o biológica es sinónimo de actividad agropecuaria orgánica.

El Estado promoverá la actividad agropecuaria orgánica, en igualdad de condiciones que la agricultura y la agroindustria convencional. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) será el ente rector de las políticas para este sector. Por medio de la dirección respectiva, supervisará y controlará el cumplimiento de las normas y los procedimientos establecidos para el sector. Asimismo, incluirá la inscripción y el control de las agencias de certificación de productos; todo bajo los términos señalados en la ley especial.

Se impulsarán la investigación científica y la transferencia de tecnología, para que este sector pueda desarrollarse por la vía privada. Esta opción contribuirá al desarrollo sostenible, para detener las consecuencias del mal uso de los agroquímicos, la contaminación ambiental y el deterioro de los recursos ecológicos.

(Así reformado mediante el artículo 37 de la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, N° 8591 del 28 de junio del 2007)

74

Para calificar un producto como orgánico, si la finalidad es la exportación, deberá tener una certificación de tercera parte, otorgada por el MAG o por una agencia nacional o internacional acreditada ante el Estado costarricense.

En caso de que el producto orgánico sea solo para el consumo local, bastará una certificación participativa, que se comprueba por la relación de confianza entre las personas productoras y las consumidoras.

El Estado, por medio del MAG, ofrecerá gratuitamente el servicio de inspección, como apoyo a los requisitos previos de certificación. Podrá solicitar este apoyo cualquier persona o grupo de personas micro, pequeñas y medianas productoras orgánicas que, según lo determine el órgano competente, se ajusten para ello a lo dispuesto en la Ley para el desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria orgánica, sin importar si su objetivo es producir para el mercado nacional o para exportar su producción.

Para garantizar la condición orgánica de la producción agropecuaria en fincas o la elaboración de bienes y productos en plantas industriales, se requerirá el respaldo de un sistema de certificación, debidamente reconocido de acuerdo con lo establecido en la Ley indicada en el párrafo anterior. En el procesamiento o la elaboración de bienes orgánicos, tanto las materias primas como los aditivos y componentes secundarios, deberán estar igualmente certificados.

(Así reformado mediante el artículo 37 de la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, N° 8591 del 28 de junio del 2007)

75

Para calificar como orgánico un producto agrícola o una parcela, no se le deben haber aplicado productos de síntesis química por lo menos durante tres años.

Si se pretende que un producto agrícola o una parcela que no sean orgánicos sean dedicados a este tipo de producción, podrá calificarse solo como producto en transición durante los siguientes tres años, siempre y cuando cumpla los requisitos dispuestos por la ley y los reglamentos y se sigan las normas dictadas por los organismos nacionales e internacionales de producción orgánica. Pasado este período, la parte interesada podrá efectuar gestiones ante la autoridad correspondiente, para que certifique que la producción es orgánica.

Si la persona que produce productos orgánicos demuestra que no se han aplicado agroquímicos en los tres años previos, la producción podrá certificarse como orgánica en forma inmediata, sin tener que ser declarada antes "en transición".

Podrá decretarse un período inferior a tres años, según las especificaciones técnicas que diferencian los cultivos de ciclo corto y anuales, los distintos efectos residuales del producto de síntesis química que se haya aplicado antes de iniciar la producción orgánica, o bien, las condiciones agroecológicas particulares. En estos casos, los criterios técnicos deberán tomar en consideración las normas dictadas por los organismos internacionales relacionados con la producción agropecuaria orgánica.

(Así reformado mediante el artículo 37 de la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, N° 8591 del 28 de junio del 2007)

76

No obstante; el artículo 37 de la misma ley lo había reformado. La modificación de dicho texto indicaba que se leyera de la siguiente manera:

"Artículo 76.-"Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica. Créase la Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica, como órgano asesor del MAG. Estará integrada por los siguientes miembros honorarios:

  • a)Un representante del MAG, quien la presidirá.
  • b)Un representante de las universidades estatales, con experiencia en la transferencia de tecnología para la actividad agropecuaria orgánica y vinculado con ella.
  • c)Tres representantes de las organizaciones de productores orgánicos de Costa Rica, con los requisitos para calificar como tales, de acuerdo con la normativa de la presente Ley y su Reglamento.
  • d)Un representante de las organizaciones no gubernamentales que desarrollen proyectos o programas para fomentar la actividad agropecuaria orgánica.
  • e)Un representante de las agencias de certificación orgánica acreditadas ante la instancia correspondiente del MAG")

Organización administrativa

CAPITULO XVII

77

Se crea el Consejo Nacional Ambiental como órgano deliberativo y de consulta, con funciones de asesoramiento al Presidente de la República en materia ambiental.

78

Serán funciones del Consejo Nacional Ambiental las siguientes:

  • a)Analizar, preparar y recomendar las políticas generales para el uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente en general, así como las acciones de gobierno relativas a esos campos.
  • b)Recomendar las políticas ambientales dentro de los procesos de planificación para el desarrollo, con el fin de asegurar la conservación del entorno global.
  • c)Promover el desarrollo de sistemas y medios que garanticen la conservación de los elementos del ambiente, para integrarlos al proceso de desarrollo sostenible, con la participación organizada de las comunidades.
  • d)Recomendar e impulsar políticas de desarrollo acordes con los principios establecidos en esta ley, para incorporar la variable ambiental en el proceso de desarrollo socioeconómico en corto, mediano y largo plazo.
  • e)Proponer y promover las políticas para el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas, orientadas al uso sostenible de los elementos ambientales.
  • f)Conocer y aprobar los informes y el programa anual de trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo.
  • g)Promover las reformas jurídicas pertinentes en materia ambiental.
  • h)Preparar el informe anual sobre el estado del ambiente costarricense.
  • i)Dictar su reglamento.
  • j)Las labores necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.
79

El Consejo Nacional Ambiental estará integrado por:

  • a)El Presidente de la República o, en su representación, el Ministro de la Presidencia, quien lo presidirá.
  • b)El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica.
  • c)El Ministro del Ambiente y Energía.
  • d)El Ministro de Salud.
  • e)El Ministro de Agricultura y Ganadería.
  • f)El Ministro de Educación Pública.
  • g)El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones(*).

(*)(Modificada la denominación del inciso anterior por el artículo 11 de la Ley "Traslado del sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, N° 9046 del 25 de junio de 2012)

Para cumplir con sus fines, el Consejo podrá convocar la participación de cualquier otro ministro, asesor, consejero presidencial o jerarca de entes descentralizados o empresas públicas.

80

El Consejo se reunirá ordinariamente una vez al mes y, extraordinariamente, cuando el Presidente lo convoque. Se levantará un acta de los asuntos tratados en cada sesión.

81

La Secretaría Ejecutiva del Consejo le corresponderá al Ministro del Ambiente y Energía, quien fijará las agendas, dará seguimiento a los acuerdos adoptados por el Consejo y los evaluará permanentemente. Asimismo, apoyará a los demás miembros en la preparación de ponencias y materiales técnicos que sustenten los asuntos por tratar.

82

La Secretaría Ejecutiva del Consejo tendrá las siguientes funciones:

  • a)Velar por la ejecución y el cumplimiento de las políticas generales y los demás acuerdos adoptados por el Consejo en el cumplimiento de sus funciones.
  • b)Coordinar las acciones tendientes a la formulación y ejecución de programas que, en materia ambiental, desarrollen los entes y los órganos del Estado.
  • c)Informar al Consejo sobre el avance de las acciones en materia ambiental, desarrolladas por los entes y órganos del Estado.
  • d)Elaborar los informes y el programa anual de trabajo de la Secretaría Ejecutiva y someterlos oportunamente al conocimiento y la aprobación del Consejo.
  • e)Confeccionar y llevar las actas del Consejo.
  • f)Cualesquiera otras necesarias asignadas por el Consejo, de conformidad con la ley.
83

Se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos.

84

Las funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son las siguientes:

  • a)Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública.
  • b)Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo.
  • c)Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental.
  • d)Realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos.
  • e)Aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo.
  • f)Elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación.
  • g)Recomendar, al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente y Energía, las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la actividad gubernamental.
  • h)Fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales, los cuales deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de los tratos.

Para rendir esas garantías, se estará a lo dispuesto en el reglamento de la Contratación Administrativa.

  • i)Realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones.
  • j)Establecer fideicomisos, según lo estipulado en el inciso d) del artículo 93 de esta ley.
  • k)Cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines.
85

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental estará integrada por los siguientes miembros:

  • a)Un representante del Ministro del Ambiente y Energía, quien será el Secretario General.
  • b)Un representante del Ministerio de Salud, con especialidad en ingeniería sanitaria.
  • c)Un representante del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con especialidad en hidrología.
  • d)Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con especialidad en agronomía.
  • e)Un representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con especialidad en ingeniería civil.
  • f)Un representante del Instituto Costarricense de Electricidad, con especialidad en desarrollo energético.
  • g)Un representante de las universidades estatales, con especialidad en biología.

Se autoriza a las instituciones enumeradas en este artículo, para que puedan destacar permanentemente a su representante en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Cuando lo requiera, esta Secretaría podrá solicitar ayuda técnica a otras instituciones del Estado.

Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de sus miembros.

86

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberá responder a las necesidades de eficiencia y eficacia en el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, de conformidad con las normas específicas, viables y funcionales para la conservación del ambiente orientada hacia el desarrollo sostenible.

87

Cabrá recurso de revocatoria contra los acuerdos firmes de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y de apelación ante el Ministro del Ambiente y Energía, de conformidad con lo establecido por la Ley General de la Administración Pública.

88

Los integrantes de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental serán funcionarios de tiempo completo, con dedicación exclusiva y prohibición para el ejercicio de sus actividades personales, profesionales o particulares. Serán nombrados por seis años y deberán dividirse en dos grupos para que la mitad de sus miembros se elija en el medio período. Sus deliberaciones y resoluciones se adoptarán en comisión plenaria, de conformidad con el reglamento de funcionamiento interno que el Poder Ejecutivo emitirá en el plazo de tres meses, contados a partir de la vigencia de esta ley. Su remoción sólo podrá ser acordada cuando exista falta grave o incumplimiento de lo que establecen esta u otras leyes.

89

Los miembros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la materia, así como de las resoluciones que dicte esta Secretaría. Estas inspecciones deberán efectuarse periódicamente o cuando las autoridades competentes lo consideren conveniente. De todas las inspecciones se levantará un acta.

90

Los miembros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental estarán sujetos a las mismas obligaciones y gozarán de los mismos derechos laborales que la institución a la cual pertenecen.

91

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental contará con una unidad técnica-administrativa y las instituciones representadas en la Secretaría deberán aportar recursos humanos y logísticos para su funcionamiento normal. Para ello, deberán efectuar las reservas presupuestarias correspondientes.

Financiamiento

CAPITULO XVIII

92

Para cumplir con los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo incluirá, en el Presupuesto Nacional de la República, las reservas presupuestarias requeridas para el funcionamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

93

Para alcanzar los fines de esta ley y financiar el desarrollo de los programas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se crea el Fondo Nacional Ambiental, cuyos recursos los constituirán:

  • a)Legados y donaciones.
  • b)Contribuciones de organismos nacionales e internacionales, privados o públicos, de acuerdo con los respectivos convenios.
  • c)Garantías de cumplimiento ejecutadas, que se perciban con base en lo establecido en esta ley.
  • d)Fondos puestos en fideicomiso, provenientes de convenios de préstamos internacionales para financiar actividades o proyectos relacionados con el ambiente.
  • e)Ingresos procedentes de la venta de guías de evaluación de impacto ambiental, publicaciones y demás documentos necesarios para cumplir con los fines de la presente ley.
94

Los recursos del Fondo podrán utilizarse para contratar servicios personales en forma temporal, y servicios no personales; adquirir materiales, suministros, maquinarias, equipo, vehículos, repuestos y accesorios; comprar inmuebles y pagar por construcciones, adiciones, mejoras, transferencias corrientes de capital y asignaciones globales y, en general, para desarrollar los programas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; así como para sufragar los costos en que incurra la autoridad competente al realizar las obras o las actividades a las que se refiere el artículo 97 de esta ley.

95

Las sumas recaudadas serán remitidas a la caja única del Estado. El Ministerio del Ambiente y Energía, por medio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, deberá presentar anualmente, al Ministerio de Hacienda, el anteproyecto de presupuesto de esos recursos, para cumplir con la programación de gastos corrientes de capital y objetivos fijados en esta ley.

En forma trimestral, el Ministerio de Hacienda realizará las transferencias o los desembolsos de la totalidad de los recursos recaudados al Fondo Nacional Ambiental.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, requerirá al Tesorero Nacional o, en su defecto, a su superior, para que cumpla con esta disposición. De no proceder, responderá personalmente y le será aplicable lo dispuesto en el artículo 330 del Código Penal.

Los ingresos que, según dispone esta ley, forman parte del Fondo Nacional Ambiental, serán depositados en un fondo patrimonial del Sistema Bancario Nacional.

Para cumplir con las funciones señaladas en esta ley, ese Ministerio, mediante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, podrá suscribir los contratos de administración que requiera.

96

Los recursos que no sean utilizados en el período vigente se constituirán en superávit del Fondo y podrán emplearse, mediante modificación presupuestaria, según los objetivos fijados en esta ley.

97

Se autoriza a las instituciones del Estado y a las municipalidades para incluir, en sus presupuestos, las partidas anuales que estimen convenientes con el propósito de contribuir a los programas y proyectos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Sanciones

CAPITULO XIX

98

El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que la realicen.

99

Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones:

  • a)Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo.
  • b)Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez comprobados.
  • c)Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto ambiental.
  • d)Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan la denuncia.
  • e)Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia.
  • f)Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo.
  • g)Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica.
  • h)Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente.
  • i)Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente.

Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones u omisiones violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica.

100

La legislación penal, el Código Penal y las leyes especiales establecerán las figuras delictivas correspondientes para proteger el ambiente y la diversidad biológica.

101

Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión.

Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los funcionarios públicos que suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un daño al ambiente o a la diversidad biológica.

El contralor ambiental

CAPITULO XX

102

Se crea el cargo de Contralor del Ambiente, adscrito al despacho del Ministro del Ambiente y Energía, quien lo nombrará. Su tarea será vigilar la aplicación correcta de los objetivos de esta ley y de las que, por su naturaleza, le correspondan.

Estará obligado a denunciar cualquier violación de esta ley y las conexas, ante la Procuraduría Ambiental y de la Zona marítimo terrestre, así como ante el Ministerio Público.

Tribunal ambiental administrativo

CAPITULO XXI

103

Se crea un Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en San José y competencia en todo el territorio nacional.

Será un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la vía administrativa y sus resoluciones serán de acatamiento estricto y obligatorio.

104

El Tribunal Ambiental Administrativo estará integrado por tres miembros propietarios y tres suplentes, todos de nombramiento del Consejo Nacional Ambiental, por un periodo de seis años. Serán juramentados por el presidente de este Consejo.

Dichos jueces tramitarán los expedientes que se les asigne según corresponda de manera unipersonal.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10021 del 24 de setiembre de 2021)

105

Para ser miembro del Tribunal Ambiental Administrativo se requiere ser una persona profesional en derecho, debidamente colegiada, con experiencia en materia ambiental.

Los miembros deben trabajar a tiempo completo y ser personas que, en razón de sus antecedentes, títulos profesionales y reconocida competencia en la materia, sean garantía de imparcialidad y acierto en el desempeño de sus funciones.

Anualmente, este Tribunal elegirá de su seno un presidente, un vicepresidente y un secretario. El reglamento interno regulara su reposición por parte de los suplentes.

(Así reformado por el artículo de la ley N° 10021 del 24 de setiembre de 2021)

106

El Tribunal Ambiental Administrativo deberá realizar sus funciones sujeto a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba. Deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidos en el presente código y, supletoriamente, a la Ley General de la Administración Pública, Libro Segundo, Capítulo "Del Procedimiento Ordinario".

107

La denuncia deberá contener:

  • a)El nombre completo y el número de documento de identificación del denunciante.
  • b)El nombre completo, el número de documento de identificación y la dirección del denunciado, si se conoce.
  • c)La dirección exacta de donde ocurrieron los hechos contra el ambiente.
  • d)La descripción detallada de los hechos o los actos cometidos contra el ambiente.
  • e)Las pruebas que fundamentan las conductas contra el ambiente, o indicación de ellas, si las hubiera.
  • f)El correo electrónico, el número de fax o, en su defecto, la dirección exacta para recibir futuras notificaciones del denunciante. En caso de no cumplirse con este requisito se aplicará la notificación automática, de conformidad con el artículo 11 de la Ley N.° 8667, Notificaciones Judiciales, 4 de diciembre de 2008.

Ante el incumplimiento de los incisos e) y d) se prevendrá por una única vez su cumplimiento, so pena de archivar el expediente.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9684 del 13 de mayo del 2019)

108

Al recibir la denuncia, el Tribunal identificará al denunciante y siempre oirá a la persona a quien pueda afectar el resultado de la denuncia, salvo si la gravedad del hecho denunciado amerita tomar medidas inmediatas. Posteriormente, podrá notificar el resultado.

El Tribunal Ambiental Administrativo recabará la prueba necesaria para averiguar la verdad real de los hechos denunciados.

Esta etapa de investigación, correspondiente a la solicitud de informes e inspecciones, estará a cargo del abogado tramitador.

Las partes o sus representantes y sus abogados tendrán acceso a las actuaciones relativas a la denuncia tramitada ante el Tribunal Ambiental Administrativo, inclusive a las actas donde consta la investigación de las infracciones. Podrán consultarlas sin más exigencia que la justificación de su identidad o personería.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9684 13 de mayo del 2019)

109

El Tribunal Ambiental Administrativo podrá solicitar informes y asesorarse por cualquier órgano o ente público nacional, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, personas físicas o jurídicas, o entes públicos no estatales, cuando el caso planteado en la denuncia así lo amerite. También podrá solicitar informes, colaboración y asesoramiento de órganos y dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9684 del 13 de mayo del 2019)

110

De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada.

El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más.

Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida.

111

El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para:

  • a)Conocer y resolver, en sede administrativa, de oficio o a instancia de parte las denuncias establecidas referentes a comportamientos activos y omisos contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales que puedan generar daño ambiental.
  • b)Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños ambientales producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.
  • c)Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y darán por agotada la vía administrativa.
  • d)Establecer las multas, en sede administrativa, por infracciones a la Ley para la Gestión Integral de Residuos y cualquier otra ley que así lo establezca.

Las infracciones a la legislación ambiental, que no sean competencia del Tribunal Ambiental Administrativo, serán de conocimiento de:

  • 1)El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Contraloría Ambiental, a través del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada).
  • 2)La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuando exista un expediente administrativo abierto para la actividad, obra o proyecto en cuestión.
  • 3)En la municipalidad de la jurisdicción respectiva, cuando se trate de asuntos relacionados con los permisos de construcción.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10021 del 24 de setiembre de 2021)

112

El trámite ante el Tribunal Ambiental Administrativo no estará sujeto a ninguna formalidad. La denuncia podrá presentarse por cualquier medio de comunicación, incluso oral. Cuando no sea escrita, deberá ratificarse durante los siguientes ocho días naturales.

Presentada la denuncia ante una autoridad que no sea el Tribunal Ambiental Administrativo, esta deberá remitírsela al Tribunal para su atención y trámite en un término no mayor de tres días.

CAPITULO XXII

Disposiciones finales

113

El Sistema Bancario Nacional podrá abrir una cartera crediticia ambiental destinada a financiar los costos de reducción de la contaminación en procesos productivos, mediante créditos a una tasa de interés preferencial que determinará el Banco Central de Costa Rica.

Cuando los procesos productivos impliquen el uso del suelo, para el financiamiento, el Sistema Bancario Nacional deberá exigir un plan de manejo y uso de las tierras de conformidad con capacidad de uso.

114

Se crea el premio anual "GUAYACAN", que consistirá en una medalla de oro con un guayacán grabado, como símbolo de la lucha persistente por el mejoramiento del medio. Será otorgado una vez al año por el Presidente de la República a la persona, física o jurídica, nacional o extranjera, que demuestre haber contribuido en forma efectiva al mejoramiento del ambiente nacional.

115

Se adicionan las siguientes disposiciones:

  • a)El artículo 48 bis a la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, No. 5412, del 8 de noviembre de 1973, el cual constituirá la Sección III, que se denominará "De los Servicios de Salud Ambiental" y estará en el Libro II. El texto dirá:

“Artículo 48 bis.- Las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que requieran permisos o autorizaciones del Ministerio de Salud relativos al control de los factores físicos, químicos, biológicos y sociales que afecten el ambiente humano, contribuirán económicamente con el pago del servicio, conforme a las normas que dicte ese Ministerio y con las limitaciones establecidas en la Ley de la Administración Financiera de la República." b) El artículo 70 bis a la Ley de Planificación Urbana, No. 4240, del 15 de noviembre de 1968, cuyo texto dirá:

"Artículo 70 bis.- Las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que requieran permisos o autorizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, relativos a la aprobación de anteproyectos, permisos de construcción, usos del suelo y segregaciones, así como cualesquiera otros de su competencia, contribuirán económicamente con el pago del servicio, según las normas que dicte la Junta Directiva de ese Instituto y con las limitaciones estipuladas en la Ley de la Administración Financiera de la República."

116

El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, creado por Ley No. 7152, se llamará en adelante Ministerio del Ambiente y Energía.

117

El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones contenidas en esta ley dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la vigencia de esta ley.

118

Rige a partir de su publicación.

Disposiciones Transitorias

I
II
III

23783- MIRENEM, del 28 de octubre de 1994, pasará a ser la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que se crea mediante el artículo 83 de esta ley.

IV

Todos podrán ser reelegidos y después de la reelección, serán nombrados por períodos de seis años.

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los cuatro días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
    • Landscape Protection — Visual ContaminationProtección del Paisaje — Contaminación Visual
    • Wildlife Conservation Law 7317Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317
    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano
    • Environmental Law 7554 — EIA, SETENA, and Public ParticipationLey Orgánica del Ambiente 7554 — EIA, SETENA y Participación Pública

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • OJ-038-2003 Admissibility of Legislative Consultation and Analysis of Water Law Reform Bill
      • OJ-021-2008 Draft Forestry Law — File No. 16169
      • C-138-2010 DGTCC's authority to issue precautionary measures in fuel matters
      • OJ-118-2004 Validity of the 1888 Decree Law LXV on the inalienable zone in the Zurquí and Concordia hills
      • OJ-047-2011 Whether to allow domestic fishing in national parks
      • OJ-044-2013 Regulation of graffiti and visual pollution in a legislative bill
      • C-253-2021 Overlap between protected wild areas and indigenous reserves
      • C-042-2022 Authority to revoke GMO permits — CONAGEBIO vs. SFE
      • OJ-204-2025 Condominium property reform — water self-supply via external wells
      • C-281-2018 SETENA's environmental oversight of pre-existing mining concessions and suspension of fees
      • OJ-013-2009 Constitutionality concerns in draft reform of the Environmental Organic Law
      • C-166-2016 Nature and hierarchy of SINAC councils

      Este documento cita

      • OJ-038-2003 Requisitos de admisibilidad de consultas ante la Procuraduría y análisis del Proyecto de Modificación a la Ley General de Agua Potable
      • OJ-021-2008 Proyecto de nueva Ley Forestal — expediente 16169
      • C-138-2010 Competencia de la DGTCC para dictar medidas cautelares en materia de combustibles
      • OJ-118-2004 Vigencia del Decreto Ley N° LXV de 1888 sobre zona inalienable en los Cerros Zurquí y Concordia
      • OJ-047-2011 Posibilidad de permitir pesca doméstica en parques nacionales
      • OJ-044-2013 Regulación de graffiti y contaminación visual en proyecto de ley
      • C-253-2021 Traslape de áreas silvestres protegidas y reservas indígenas
      • C-042-2022 Competencia para revocar permisos de OVM entre CONAGEBIO y el SFE
      • OJ-204-2025 Reforma a propiedad en condominio — autoabastecimiento de agua con pozos externos
      • C-281-2018 Control ambiental de SETENA sobre concesiones mineras previas y suspensión del canon
      • OJ-013-2009 Problemas de constitucionalidad en proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ambiente
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      Article 17

      Amendment
      Law 10939 Urban Tree Law Addition · Express · Apr 30, 2026

      Article 37

      Sala IV
      Res. 19076-2021 Sala Constitucional Executive Power’s authority to subject private lands to environmental management plans in protected areas Aug 25, 2021

      Article 52

      Amendment
      Law 9590 Law to Authorize Water Extraction for Human Consumption and Related Works in the State Natural Heritage Addition · Express · Jul 3, 2018

      Article 70

      Amendment
      Law 8839 Integrated Waste Management Law Repeal · Express · Jun 24, 2010

      Article 73

      Article 74

      Article 75

      Article 76

      Article 79

      Amendment
      Law 9046 Transfer of the Telecommunications Sector from MINAET to MICITT Modifica denominación · Expresa · Jun 25, 2012

      Article 104

      Amendment
      Law 10021 Amendment to the Environmental Administrative Tribunal Reforma total · Express · Sep 24, 2021
      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

      Article 105

      Amendment
      Law 10021 Amendment to the Environmental Administrative Tribunal Reforma total · Express · Sep 24, 2021
      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

      Article 107

      Amendment
      Law 9684 Reform of Articles 107-109 Environmental Organic Law Reforma total · Express · May 13, 2019

      Article 108

      Amendment
      Law 9684 Reform of Articles 107-109 Environmental Organic Law Reforma total · Express · May 13, 2019

      Article 109

      Amendment
      Law 9684 Reform of Articles 107-109 Environmental Organic Law Reforma total · Express · May 13, 2019

      Article 111

      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

      Article 1

      Article 2

      Affects
      23783 23783
      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

      Article 3

      Article 4

      Article 6

      Article 9

      Article 12

      Article 13

      Opinion
      20087-123 123

      Article 18

      Article 19

      Article 20

      Concordance
      0 0

      Article 21

      Article 22

      Concordance
      Decreto Ejecutivo 25705 SETENA Procedures Regulation Oct 8, 1996

      Article 23

      Article 26

      Opinion
      C-390-2007 Municipal demolition on private property Nov 6, 2007

      Article 27

      Concordance
      22 Regulation for Integrated Waste Management in the Canton of San Pablo de Heredia Jul 15, 2015

      Article 5

      Article 8

      Concordance
      Ley 7575 Forestry Law Feb 13, 1996

      Article 10

      Concordance
      Ley 7575 Forestry Law Feb 13, 1996

      Article 83

      Affects
      23783 23783

      Article 84

      Affects
      23783 23783

      Article 85

      Affects
      23783 23783

      Article 115

      Article 116

      Article 99

      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

      Article 103

      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

      Artículo 7

      Decreto
      Decreto Ejecutivo 26973 Reglamento Constitución Funcionamiento Consejos Regionales Ambientales Reglamentación · Expreso · 16/04/1998

      Artículo 78

      Decreto
      Decreto Ejecutivo 40952 Reglamento al inciso h) del artículo 78 de la Ley Orgánica del Ambiente para la Elaboración del Informe del Estado del Ambiente Reglamentación · Expreso · 22/02/2018

      Artículo 102

      Decreto
      Decreto Ejecutivo 25082 Regula Funciones del Contralor del Ambiente Reglamentación · Expreso · 15/03/1996

      Artículo 114

      Decreto
      Decreto Ejecutivo 25083 Regula Procedimientos para Otorgamiento y Entrega de Premios Guayacán Reglamentación · Expreso · 15/03/1996

      Artículo 17

      Modificación
      Ley 10939 Ley de arbolado urbano Adición · Expreso · 30/04/2026

      Artículo 37

      Sala IV
      Res. 19076-2021 Sala Constitucional Potestad del Poder Ejecutivo para someter tierras privadas a planes de manejo ambiental en áreas protegidas 25/08/2021

      Artículo 52

      Modificación
      Ley 9590 Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado Adición · Expreso · 03/07/2018

      Artículo 70

      Modificación
      Ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos Derogación · Expreso · 24/06/2010

      Artículo 73

      Artículo 74

      Artículo 75

      Artículo 76

      Artículo 79

      Modificación
      Ley 9046 Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología Modifica denominación · Expresa · 25/06/2012

      Artículo 104

      Modificación
      Ley 10021 Reforma Ley Orgánica del Ambiente Reforma total · Expreso · 24/09/2021
      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

      Artículo 105

      Modificación
      Ley 10021 Reforma Ley Orgánica del Ambiente Reforma total · Expreso · 24/09/2021
      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

      Artículo 107

      Modificación
      Ley 9684 Reforma Ley Orgánica del Ambiente Reforma total · Expreso · 13/05/2019

      Artículo 108

      Modificación
      Ley 9684 Reforma Ley Orgánica del Ambiente Reforma total · Expreso · 13/05/2019

      Artículo 109

      Modificación
      Ley 9684 Reforma Ley Orgánica del Ambiente Reforma total · Expreso · 13/05/2019

      Artículo 111

      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

      Artículo 1

      Artículo 2

      Afecta
      23783 23783
      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

      Artículo 3

      Artículo 4

      Artículo 6

      Artículo 9

      Artículo 12

      Artículo 13

      Dictamen
      20087-123 123

      Artículo 18

      Artículo 19

      Artículo 20

      Concordancia
      0 0

      Artículo 21

      Artículo 22

      Concordancia
      Decreto Ejecutivo 25705 Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 08/10/1996

      Artículo 23

      Artículo 26

      Dictamen
      C-390-2007 Ejecución de demolición municipal en propiedad privada 06/11/2007

      Artículo 27

      Concordancia
      22 Reglamento para la Gestión Integral de Residuos en el cantón de San Pablo de Heredia 15/07/2015

      Artículo 5

      Artículo 8

      Concordancia
      Ley 7575 Ley Forestal 13/02/1996

      Artículo 10

      Concordancia
      Ley 7575 Ley Forestal 13/02/1996

      Artículo 83

      Afecta
      23783 23783

      Artículo 84

      Afecta
      23783 23783

      Artículo 85

      Afecta
      23783 23783

      Artículo 115

      Artículo 116

      Artículo 99

      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

      Artículo 103

      Sala IV
      06-009493-0007-CO 06-009493-0007-CO

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