Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Principles of environmental law derived from Article 50 of the ConstitutionPrincipios del derecho ambiental derivados del artículo 50 constitucional

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The court denies the appeal filed by the plaintiff company and fully upholds the resolution of the Environmental Administrative Tribunal, which included the cancellation of the mining concession due to serious environmental damage, including the diversion of the Virilla River bed and non-compliance with the environmental impact assessment.El tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa actora y confirma en todos sus extremos la resolución del Tribunal Ambiental Administrativo, que incluyó la cancelación de la concesión de explotación minera por graves daños ambientales, entre ellos el desvío del cauce del Río Virilla y el incumplimiento del estudio de impacto ambiental.

SummaryResumen

This document, a court ruling, provides an in-depth analysis of the guiding principles of Costa Rican environmental law in light of Article 50 of the Constitution. It elaborates on the Constitutional Chamber's jurisprudential doctrine regarding the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, enumerating principles such as state guardianship, rational use of resources, the precautionary principle, mandatory environmental impact assessments, the exceptional nature of the state of necessity, the irrelevance of lack of financial resources to justify state omissions, inter-institutional coordination, and citizen participation. In its operative part, the court upholds sanctions imposed by the Environmental Administrative Tribunal against a company for serious environmental damage, including the diversion of the Virilla River and non-compliance with the environmental impact study, holding that the sanctions were proportionate and in accordance with the law.Este documento, correspondiente a una sentencia judicial, analiza en profundidad los principios rectores del derecho ambiental costarricense a la luz del artículo 50 de la Constitución Política. Desarrolla la doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, enumerando principios como la tutela estatal, el uso racional de los recursos, el principio precautorio, la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental, la excepcionalidad del estado de necesidad, la irrelevancia de la falta de recursos económicos para justificar omisiones estatales, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. En su parte resolutiva, el tribunal confirma las sanciones impuestas por el Tribunal Ambiental Administrativo a una empresa por graves daños ambientales, incluyendo el desvío del cauce del Río Virilla y el incumplimiento del estudio de impacto ambiental, declarando que las sanciones fueron proporcionales y ajustadas a derecho.

Key excerptExtracto clave

III.- OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. CONSTITUTIONAL FOUNDATION AND JURISPRUDENTIAL DEVELOPMENT OF THIS RIGHT. Before analyzing the grievances presented by the plaintiff's representative, it is appropriate and convenient to refer to the jurisprudential development carried out by the Constitutional Chamber regarding Environmental Law, and above all, to the principles that have been established on this matter. Prior to the reform of Article 50 of the Political Constitution, the jurisprudence of our Constitutional Court recognized the protection and preservation of the environment as a fundamental right (ruling number 2233-93), deriving it from the provisions of Articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for "rational exploitation of the land") and 89 (protection of natural beauties), all of the Political Constitution.III.- DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE ESTE DERECHO. De previo al análisis de los agravios presentados por el representante de la actora, es oportuno y conveniente hacer referencia al desarrollo jurisprudencial realizado por la Sala Constitucional referente al Derecho Ambiental, y sobre todo, a los principios que sobre esta materia se han establedido. Previa a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional reconoció la protección y preservación del medio ambiente como un derecho fundamental (sentencia número 2233-93), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales."

    "Sustainable development is one of those general policies that the State dictates to broaden the possibilities for all to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth and natural systems."

    Considerando III, Desarrollo del principio de uso racional de los recursos

  • "El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales."

    Considerando III, Desarrollo del principio de uso racional de los recursos

  • "Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente."

    "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."

    Considerando III, Principio precautorio

  • "Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente."

    Considerando III, Principio precautorio

  • "Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos."

    "In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that legitimizes the subject to bring action transforms, by virtue of its incorporation into the list of human rights, into a true "reactional right," which, as its name indicates, empowers its holder to "react" against violations arising from illegitimate acts or omissions."

    Considerando III, Participación ciudadana y legitimación

  • "Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos."

    Considerando III, Participación ciudadana y legitimación

  • "Los actos efectuados por los recurrentes fueron atroses, desvastadores y violentos contra la naturaleza vegetal de nuestro país, y de permitir estas situaciones, sin tomar las medidas necesarias, acarrearían un país desforestado, sin recursos naturales y una desprotección al medio ambiente."

    "The acts carried out by the petitioners were atrocious, devastating and violent against the plant nature of our country, and allowing these situations, without taking the necessary measures, would lead to a deforested country, without natural resources and with a lack of protection for the environment."

    Considerando VII, Proporcionalidad de las sanciones

  • "Los actos efectuados por los recurrentes fueron atroses, desvastadores y violentos contra la naturaleza vegetal de nuestro país, y de permitir estas situaciones, sin tomar las medidas necesarias, acarrearían un país desforestado, sin recursos naturales y una desprotección al medio ambiente."

    Considerando VII, Proporcionalidad de las sanciones

Full documentDocumento completo

III. THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT

CONSTITUTIONAL BASIS AND JURISPRUDENTIAL DEVELOPMENT OF THIS RIGHT. Prior to the analysis of the grievances presented by the plaintiff's representative, it is timely and convenient to refer to the jurisprudential development carried out by the Constitutional Chamber regarding Environmental Law, and above all, to the principles that have been established on this matter. Prior to the reform of Article 50 of the Political Constitution, the jurisprudence of our Constitutional Court recognized the protection and preservation of the environment as a fundamental right (judgment number 2233-93), deriving it from the provisions of Articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for the "rational exploitation of the land"), and 89 (protection of natural beauties), all of the Political Constitution. Thus, in Judgment No. 6322/2003 of fourteen hours and fourteen minutes of July three, two thousand three, the Constitutional Chamber, in order to prevent the existence of the right to a healthy and ecologically balanced environment from being restricted to the semantic plane, has integrated a series of guiding principles that guarantee the effective protection of the environment, which are of mandatory observance, both for private individuals and State institutions—as indicated previously—in the use they make of natural resources, and which will be discussed below.

It is noted that this enumeration in no way constitutes a closed list (numerus clausus), since it is the very evolution of this right that will frame and define others; for the moment, from doctrine, current regulations, and constitutional jurisprudence, the following can be derived in relation to the substantive issue at hand: In said pronouncement, it stated: "...1.- of the protection of the environmental right by the State: Starting from the recent reform of constitutional article 50, to expressly enshrine the environmental right as a fundamental right, the obligation of the State to guarantee, defend, and protect this right is also established—in a conclusive manner—, whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is pursuant to this provision, in relation to articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the responsibility of the State to exercise a protective and governing function in this matter arises, as provided by the constitutional norm under discussion itself, a function that environmental regulations develop.

It is thus that the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, to guarantee is to ensure and protect the right against some risk or need, to defend is to forbid, prohibit, and impede all activity that threatens the right, and to preserve is an action directed at anticipatorily sheltering the right from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of doing and not doing; on one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other, it must undertake the task of dictating the measures that allow it to comply with constitutional requirements" (judgment number 9193-2000, of sixteen hours twenty-eight minutes of October seventeen, two thousand). In this vein, it must be considered that the regulations establish the Ministry of Environment and Energy as the governing body of the natural resources, energy, and mines sector, as provided in article 2 of the Organic Law of this ministry, number 7152, of June four, nineteen ninety: "The functions of the Ministry of Environment and Energy shall be the following: a) To formulate, plan, and execute the natural resource, energy, mining, and environmental protection policies of the Government of the Republic, as well as the direction, control, oversight, promotion, and development in the mentioned fields.

Likewise, to carry out and supervise investigations, technical explorations, and economic studies of the sector's resources. b) To foster the development of natural, energy, and mining resources. c) To promote and administer the legislation on the conservation and rational use of natural resources, in order to obtain their sustained development, and to ensure its compliance. ch) To dictate, through executive decree, mandatory norms and regulations relating to the rational use and protection of natural resources, energy, and mines. d) To promote scientific and technological research related to matters within its competence, in coordination with the Ministry of Science and Technology. e) To promote and administer legislation on exploration, exploitation, distribution, protection, management, and processing of natural resources related to its area of competence, and to ensure its compliance. f) To process and grant permits and concessions regarding the matters within its competence. g) To facilitate, in accordance with current legislation, the subscription of international treaties, conventions, and agreements, as well as to represent the Government of the Republic in acts within its competence, of a national and international nature.

All of the foregoing in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and Worship. h) To foster and develop environmental education programs at all educational levels and for the general public. i) To conduct inventories of the natural resources available in the country. j) To advise public and private institutions regarding environmental planning and the development of natural areas. k) Any other functions assigned by the legal system." However, in the opinion of this Chamber, this governing function in environmental matters includes not only the establishment of adequate regulations for the use of forest resources and natural resources, as also provided in article 56 of the Organic Law of the Environment, insofar as it confers upon the State the important function of exercising governance in environmental matters, consisting of maintaining a preponderant role in this area, for which, " [...] it shall dictate the general and particular measures related to the investigation, exploration, exploitation, and development of those resources, based on the provisions of the National Development Plan"; a function that is fully complied with—for example—regarding the definition of the guidelines, principles, criteria, and indicators for the establishment of forest management plans (planes de manejo forestal), established by the Ministry of Environment and Energy itself through Executive Decree number 27.388-MINAE, regulations that are of mandatory observance pursuant to the provisions of articles 20 of the Forest Law (Ley Forestal) 7575, 14 and 16 of the Regulation to the Forest Law, and 1 and 2 of Executive Decree number 27.388-MINAE; but also, and above all, that corresponding to the control and oversight aimed at verifying compliance with environmental regulations, firstly by the various administrative units, and secondly—and no less importantly—by the general citizenry, and above all, by the owners of properties that have an environmental impact, as provided in transcribed subsection a) of article 2 of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy.

In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State pursuant to the provisions of article 50 of the Constitution, insofar as it provides, in the part of interest, in the third paragraph: "The State shall guarantee, defend, and preserve this right"; which is consistent with the constitutional principle established in the second paragraph of article 9 of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of Government from delegating the exercise of the functions that are proper to them, especially when they are essential. In this regard, constitutional jurisprudence has considered that "Articles 9, 10, 121, 140, and 152 of the Constitution, among others, clearly assign specialized functions to different organs—Powers—of the Government, and have designed a complex system of checks and balances as a guarantee, the most important one, if you will, of liberty.

From this perspective, the separation of functions, reciprocal oversight, and self-limitation of those powers stands as a protective barrier for constitutional values, principles, and norms for the direct benefit of all the country's inhabitants" (Judgment number 4091-94, of fifteen hours twelve minutes of August nine, nineteen ninety-four). So that, by reason of the matter at hand—environmental protection—, and due to the implications of its lack of protection—contamination of the environment and health problems for the inhabitants—, for this Court it shall never be constitutional to delegate to private parties the functions of governance, control, and oversight of environmental matters, which are reserved exclusively to the State, under the charge of the various administrative units. 2.- Principle of the rational use of resources, so that the necessary balance exists between the country's development and the right to the environment: Based on the principle established in constitutional article 69 of the "rational use of natural resources," the Chamber—in its various resolutions—has established the constitutional parameters for their adequate use; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relationships (sustainable development), in order thereby to safeguard the heritage to which present and future generations have a right.

Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that through the production and use of technology, not only economic gains are obtained (freedom of enterprise) but above all a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing harm or damage: "This Chamber has also recognized that both the right to health and the right to a contamination-free environment, without which the former could not be realized, are fundamental rights, so that it is the State's obligation to provide for their protection, whether through general policies aimed at achieving that end or through concrete acts by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State dictates to expand the possibilities for everyone to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between this and natural systems.

Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, orientation of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that helps to meet the human needs of the present and the future" (judgment number 1763-94, of sixteen hours forty-five minutes of April thirteen, nineteen ninety-four). 3.- Principle of environmental quality: Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; just like health, food, work, housing, and education, among others. The right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution, guarantees the right of man to make use of the environment for his own development, which implies the correlative duty to protect and preserve the environment, through the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. The State also has the obligation to procure adequate protection for the environment; consequently, it must take the necessary measures to avoid contamination and, in general, the man-made alterations that constitute an injury to the environment.

In this regard, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights stipulates: "Article 11.- Right to a healthy environment.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment." In the same sense, the first principle of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, establishes: "Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations." 4.- Precautionary principle: One of the essential principles comprising environmental law is the "precautionary principle" (principio precautorio) or "principle of prudent avoidance," which is contained in Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states: "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities.

Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." (In the same sense, see article 11 of the Biodiversity Law). The term prevention derives from the Latin "praeventio," which alludes to the action and effect of preventing, to those preparations and dispositions made in advance to avoid a risk or execute a thing. Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event that a risk of serious or irreversible damage exists—or a doubt about it—, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed.

The foregoing is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment. 5.- of the completion of the environmental impact assessment prior to the commencement of works: It is based on the principle that environmental norms must have a technical basis, since their application must start from limits that determine the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subject. This is so because since environmental damages and contamination are assessable, such as the presence of toxic substances or external elements that cause negative characteristics in the environment, both for biological diversity—including flora and fauna—, as well as—and above all—for human life, which is reflected in human health or well-being—soil, habitat, air, water, etc.—, the impact of these elements requires scientific evaluation and treatment.

Therefore, this principle (of the prior completion of the environmental impact assessment) constitutes a corollary of the previous principle, and its realization is especially important for all " [...] human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste material, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created in this Law. Its prior approval, by this agency, shall be an indispensable requirement to commence the activities, works, or projects." (Article 17 of the Organic Law of the Environment, number 7554, of September eighteen, nineteen ninety-five). It is thus that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures in order to avoid its impact; and among the main measures provided by the legislator in this sense, are the Environmental Impact Assessments, which find their basis in the provisions of said article 17 of the Organic Law of the Environment.

To this effect, it is important to highlight that by virtue of a constitutional mandate—article 50—, and in the Law—article 17 of the Organic Law of the Environment—, it is established as a general principle that all human activity that modifies the surroundings shall require the environmental impact assessment, whence, it is the condition of the project or work that will determine in each case whether said technical study is required or not, and not the establishment of arbitrary conditions, whether administrative or regulatory (as indicated by this Court in judgment number 1220-2002, of fourteen hours forty-eight minutes of February six, two thousand two). It is pursuant to this provision that constitutional jurisprudence has recently required this prior technical study for carrying out any project where the environment may be affected, as a guarantee to make the right to the environment effective, and by way of example has required it in the following activities, noting that this in no way can imply a closed enumeration (numerus clausus): tree felling in a wildlife refuge (judgment number 1888-95, cited supra), location of a "waste transfer center" (judgment number 2671-95, of sixteen hours forty-five minutes of May twenty-four, nineteen ninety-five), decision to determine the closure or continued operation of the "Río Azul landfill site" (judgment number 1154-96, of sixteen hours of March six, nineteen ninety-six), the reduction of the size of a protected area (judgment number 7294-98, of sixteen hours fifteen minutes of October thirteen, nineteen ninety-eight), treatment of orange peels on plantations (judgment 1999-2219, of fifteen hours eighteen minutes of March twenty-four, nineteen ninety-nine), urban planning and approval of developments (judgments number 2001-3694, of sixteen hours twenty-six minutes of May fifteen, two thousand one, and number 2002-1220, of fourteen hours forty-eight minutes of February six, two thousand two), construction of hydroelectric plants (judgment number 2000-10466, of ten hours seventeen minutes of November twenty-four, two thousand), construction of dikes in rivers (judgment number 2001-6503, of nine hours twenty-six minutes of July six, two thousand one), construction and operation of manual sanitary landfills (judgments number 2002-5977 and 2002-6782), keeping a nursery and fern plantation (judgments number 2000-9735 and 2001-3840); whereby, it can well be said that the completion of this technical study constitutes a principle of constitutional order, and consequently, of mandatory observance, both for private individuals and, with greater reason, for State institutions; as that Court has previously considered: "III.- Obligation of State institutions to comply with environmental legislation in their ordinary activity: The third paragraph of Constitutional numeral 50 clearly indicates that the State must guarantee, defend, and preserve the right of all persons to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obliged to enforce—upon private individuals and other public entities—environmental legislation, but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those protective normative bodies.

State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation, without any justification existing to exempt them from compliance with environmental requirements such as, by way of example, the environmental impact assessment required by the Organic Law of the Environment for the activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment." (judgment number 2001-6503, cited supra). The legislator entrusted the "Secretaría Técnica Nacional Ambiental" with the assessments, to be carried out by "an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretaría… in accordance with the guides prepared by it. The cost of the environmental impact assessments shall be borne by the interested party." In article 19 of the Organic Law of the Environment, it was established that "the resolutions of the Secretaría Técnica Ambiental must be substantiated and reasoned," thereby incorporating into this matter the general principle of substantiation of administrative acts also developed by the General Law of Public Administration, which is in turn a guarantee that integrates substantive due process.

The approval of an environmental impact assessment requires, in accordance with the international commitments assumed by Costa Rica and entrusted to SETENA, a detailed analysis that includes, as required by article 24 of the Environmental Law, the technical criteria and the weighting percentages that make the approval of the study possible. Furthermore, it must respond to the norms, the planning objectives, and environmental priorities of the national State and the local government, as Principle 11 of the Rio Declaration sets forth. The damage that can be caused to the environment is always of difficult or impossible repair, and the approval of an environmental impact assessment requires total certainty of the minimal impact on natural resources, as Article 50 of the Political Charter imposes by its own force. In any case, it must be noted that the completion and approval of the environmental impact assessment does not in itself imply the start-up of the project in question, since it is only one of the requirements needed to conclude the authorization process (judgment number 5321-96, cited supra), which in some cases will be obtaining the health permit, the approval of the development plans by the respective municipality, the approval of the concession by the Instituto Costarricense de Electricidad, the granting of business licenses, etc. This is so because, in the case of the environment, one cannot speak of unmodifiable variables; quite the contrary, by its very nature, the environment is, in and of itself and to a greater degree through human intervention, changeable.

The approval of an environmental impact assessment on the terms indicated by the Organic Law of the Environment also does not imply an unmodifiable authorization to carry out a specific human project, given that through the oversight work under the Administration's charge, upon detecting damage to the environment, the permit must be revoked in order to guarantee the right established in numeral 50 of the Political Constitution. 6.- Only a declared state of necessity excepts compliance with environmental norms: The state of emergency is a source of Law, which entails, in some cases, a displacement, and in others, an increase in public competencies, precisely with the purpose of enabling it to confront the exceptional situation that arises ("urgent or unforeseen needs in cases of war, internal unrest, or public calamity"); so that the Executive Branch is empowered to except the normal procedures of its activities or proceedings, providing for such cases, exceptional, more expeditious and simplified procedures.

These are, by definition, transitory situations that are urgent, in which it becomes necessary to maintain the continuity of public services, so that the Administration is allowed to improvise an authority for the service of general interests that cannot be sacrificed to a legalistic scruple. Thus, the law of exception—formed by the set of norms dictated at the time of necessity—becomes unconstitutional in the case of normality, since it is an essentially temporary law, that is, solely and exclusively to solve the specific emergency being faced, given that " [...] an exceptional treatment is not admissible to carry out the ordinary activity of the administration, even if it is of an urgent nature; [...]" (judgment number 2001-6503, cited supra). In this sense, a distinction must be made between "mere urgency," a term that acts as a qualifier, and which in many cases is not even necessarily fundamental or imminent, insofar as " [...] it is nothing more [than] the prompt execution or remedy of a given situation, which has originated from the effects of how it has been managed itself, [...]" (Judgment number 3410-92, of fourteen hours forty-five minutes of November ten, nineteen ninety-two); thus it can well be understood as the need of the Administration to act in a given situation, and in the majority of cases, it is due to its inertia in finding a solution, in accordance with the instruments the legal system provides it; from the "state of necessity," understanding as such eventual situations—that is, not occurring within the framework of normality—, and of such magnitude that they can imminently affect life and property, public interest and order, or public security, such that they cannot be controlled, managed, or dominated based on the ordinary regulations available to the Government, and which make administrative intervention inevitable and undelayable, even outside the law.

For this reason, it is contrary to Constitutional Law, not only the regulation, but also the action of public institutions that dispense with the ordinary procedures and proceedings for the ordinary action of the Administration, and which in this case, refer to the dispensation of environmental regulations, such as—for example—the completion of the environmental impact assessment or the request for health permits. In situations of necessity that are foreseeable in the long, medium, or short term, the exception from compliance with environmental obligations cannot be sought, given that they become ordinary activity of the Administration (case of the construction of dikes in rivers to protect the population from floods (judgment number 2001-6503). In this regard, it must be clear that for the emergency measure to be considered of constitutional development, it must attend solely and exclusively to providing a solution to the emergency situation that motivates it, and have—furthermore—the common good as its purpose: that is, it must be just and also reasonable (proportionality in the strict sense). 7.- The lack of economic resources of public institutions is no excuse that justifies the omission to provide protection to the environmental right: Constitutional jurisprudence has been constant in the sense that the lack of budgets (economic resources, material resources, and/or qualified personnel) cannot constitute a limit between respect for and violation of fundamental rights, that is, it cannot be a reason for the Administration not to act and take concrete actions so that through its management it finds a solution to the environmental problems that private individuals require of it; reason for which, in the various amparo actions brought before this Chamber, in which the required institution has justified its inaction on this ground, the Chamber has compelled it to fulfill its constitutional obligations, to give effective content to the right to a healthy and ecologically balanced environment, contained in constitutional article 50, precisely in consideration of the value of the human person and the environment as such (natural resources, biodiversity, surroundings): " [...] this Court considers as insufficient the administrative action aimed at remedying the contamination problem that the petitioners so vehemently denounce.

The Ministry has said in a more or less express manner that the prolongation of the problem under examination is due to purely reasons of scarcity of human and material resources. However, that is not a valid excuse.

This Chamber has previously stated on other occasions that given the hierarchy and transcendence of the human and constitutional value at stake; that is, the health of individuals, as well as their right to a healthy environment, and ultimately, their right to breathe and live in an atmosphere within health standards; the mere excuse of a lack of material means by the State to confront the problems is not admissible, because [in] these cases the Administration has the obligation to give priority to the solutions and to carry out with its limited resources, whatever is necessary according to the legal system to implement them promptly.— " (Judgment number 0695-96, of fifteen hours forty-two minutes of February seventh, nineteen ninety-six). In the same vein, see judgments number 4504-93, of seventeen hours thirty-six minutes of September eighth, nineteen ninety-three; 3705-93, of fifteen hours of July thirtieth, nineteen ninety-three, number 7154-94, of sixteen hours forty-eight minutes of December second, nineteen ninety-four, number 0915-95, of sixteen hours six minutes of February fifteenth, number 4149-95, of nine hours thirty minutes of July twenty-eighth; both of nineteen ninety-five, number 0459-96, of fifteen hours nine minutes of January twenty-second, nineteen ninety-six, and number 0726-98, of twelve hours twenty-one hours of February sixth, nineteen ninety-eight. 8.- coordination among the various public agencies in order to guarantee the protection of the environment: On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that the protection of the environment is a task that falls to everyone equally, that is, that there is an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, that endanger the health of the administered.

In this task, by public institution, must be understood as including both the Central Administration –Ministries, such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministerio de Salud, which by reason of subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Instituto Costarricense de Turismo or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a task in which, of course, the municipalities have great responsibility, with respect to their territorial jurisdiction (a duty to which specific reference will be made in the next section).

In accordance with the foregoing, one might think that this multiple responsibility could cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of relationships and coordinated functioning among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. Previously –and quite clearly– this Chamber referred to the principle of coordination of public agencies with the municipalities in the achievement of common goals –which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones carry out in this important function–, for which reference is made to what was indicated on that occasion (judgment number 5445-99, of fourteen hours thirty minutes of July fourteenth, nineteen ninety-nine): "So that coordination is the ordering of the relations between these various independent activities, which takes charge of that concurrence on a single object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects.

As there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain conducts on the latter is not possible, with which arises the essential inter-institutional «concert», in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of the municipalities with the other public entities can only be carried out on a plane of equality, which results in agreed forms of coordination, with the exclusion of any imperative form to the detriment of their autonomy, that would allow subjecting the corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the «administrative supervision» (tutela administrativa) of the State, and specifically, in the function of controlling legality that corresponds to it, with powers of general surveillance over the entire sector).

The defined relationship of cooperation has been understood by the Constitutional Chamber, which has repeatedly pointed out that for the projects of the various public institutions to be carried out, it must be done with respect for the legal system: in the first place, the rules of constitutional rank, and afterward, those of legal and regulatory rank, in such a way that, for the Executive Branch or the other public entities to carry out projects of their own initiative in a specific locality, they must have the respective municipal permits and licenses, if applicable, as indicated in amparo judgment number 02231-96, transcribed, in what is relevant, in Considerando VIII of this judgment. This obligation of coordination between the State institutions and the municipalities is implicit in the Political Constitution itself; thus, for example, regarding municipal tax power, insofar as the initiative must come from the Councils themselves, both for its approval by the Legislative Assembly, and for the exemption of taxes, even in the case of the State's economic policy, as indicated in judgment number 2311-95, cited above; by which, it is being said that there must be due and mandatory coordination between the State and the local corporate entities, thus fulfilling what is ordered by this provision, without this implying an invasion of municipal autonomy.

Likewise, the Chamber considers that in matters of urban planning, that same relationship of coordination must occur, even though it has been defined –by constitutional provision– that urban planning is the competence of local governments, it should be ordered in accordance with the general directives and guidelines of the Plan Nacional de Urbanismo prepared by the Executive Branch (at the proposal of the Dirección de Urbanismo of the INVU and the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) and integrated into the Plan Nacional de Desarrollo referred to in the Ley de Planificación Nacional, on the understanding that this Plan must be approved by an ordinary law." In this way, the protection, implementation, and development of environmental matters is of the greatest interest to the Nation, such that all public agencies, including the municipalities, are under the obligation to "coordinate their duties," in order to make environmental law effective and to guarantee the citizen true coverage of the right to the environment.

Precisely, article 3 of the Ley Orgánica del Ambiente recognizes this principle by providing: " Article 3. Joint participation to fulfill objectives The Government shall set a harmonious and interrelated set of objectives, aimed at improving the environment and properly managing natural resources. Specific decisions and actions aimed at their fulfillment shall be incorporated into these objectives, with the support of norms, institutions, and procedures that allow the functionality of these policies to be achieved." In application of the foregoing, it is that in judgment number 1888-95, cited above, upon the Chamber hearing of the infractions of environmental law regulations and the damages caused in the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, it considered " [...] but it considers however that there has indeed been negligence on the part of the State as a whole, because despite the time elapsed, the underlying problem of this amparo has not been resolved.

From the reports sent to this Chamber by the other entities sued in this matter, it can be concluded that there is no coordination among them to carry out the protection and control of such a rich and varied area, with the responsibility –which must be shared– of each of them for an integrated management of said environment, so much so that within the Refugio de Gandoca-Manzanillo, for those who wish to carry out activities or projects, the treatment of water and solid waste forms part of the requirements to be considered, which evidently must be controlled by the Ministerio de Salud." Within this same approach, in judgment number 2002-4830, of sixteen hours of May twenty-first, two thousand two, the Chamber ordered the coordination of the municipality of the respective canton with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to find a solution to the problem of the lack of planning regarding the treatment of blackwater or wastewater (aguas negras o residuales) in that locality: In the same vein, see judgments number 4480-94, of ten hours fifty-one minutes of August nineteenth, nineteen ninety-four, number 2671-95, of sixteen hours forty-five minutes of May twenty-fourth, nineteen ninety-five; 1499-96, of nine hours of March twenty-ninth, nineteen ninety-six; 1360-97, of fifteen hours eighteen minutes of March fifth, nineteen ninety-seven; 1886-95, of nine hours twelve minutes of April seventh, nineteen ninety-five, and 2863-97, of fifteen hours forty-five minutes of May twenty-second, nineteen ninety-seven.

The duty of coordination among the various public agencies was recognized in the Stockholm Declaration on the Human Environment, in its principle number 13 –but from the perspective of the interrelation of disciplines, in order to give greater exclusivity and stability to the environmental legal system–, in which it was determined: "In order to achieve a more rational management of resources and to improve environmental conditions, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve the human environment for the benefit of their population." 9.- injury to this environmental right occurs both by action and by omission: Omissions of the duty to protect the environment and to comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage may be caused to the environment and natural resources, at times with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans (planes reguladores), or constructions without the approval of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or the lack of control and oversight in the execution of the management plans (planes de manejo) of the protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministerio del Ambiente y Energía, or allowing the operation of businesses without the health permits regarding the treatment of blackwater or wastewater (Acueductos y Alcantarillados and Ministerio de Salud), or failing to verify sonic controls in bars, karaokes and discotheques (municipalities and Ministerio de Salud), etc. In this sense, constitutional jurisprudence has been clear and emphatic in pointing out that this omission in the duty of care and protection of the environment constitutes a violation of the obligation enshrined in article 50 of the Political Constitution.

(In relation to this topic, among others see judgments number 1888-95, cited above, and 2000-5798, of sixteen hours sixteen minutes of July eleventh, two thousand). 10.- positive silence does not operate in matters of natural resource use: The institute of positive silence (silencio positivo) that applies in matters of permits and authorizations before the Public Administration is governed by the rules contained in articles 330 and 331 of the Ley General de la Administración Pública. However, these rules are not applicable in matters of permits for the use of natural resources (forestry, mining, marine, waters of the Nation, forces derived from water resources, etc.) according to constitutional jurisprudence (judgments number 6836-93, of eight hours fifty-four minutes of December twenty-fourth, nineteen ninety-three and number 1730-94, of fifteen hours six minutes of April thirteenth, nineteen ninety-four), precisely by virtue of the superior value (public interest) of environmental protection, and precisely because of the conceptualization of environmental law as a fundamental right: "[...] so it cannot be understood that positive silence operates simply by the lapse of the period within which the Administration should have ruled on the forestry exploitation permit, without having done so, because this would imply putting the country's forestry heritage (patrimonio forestal) in imminent danger by allowing, through this means, its irrational and indiscriminate exploitation" (judgment number 6836-93, cited above).

Recently, this principle was incorporated into the first paragraph of article 4 of the Ley Forestal, number 7575, of February thirteenth, nineteen ninety-six, which in what is relevant textually provides: "In matters of natural resources, the positive silence contemplated in articles 330 and 331 of the Ley General de la Administración Pública shall not operate." 11.- citizen participation in environmental matters: Citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information regarding environmental projects, or those that may cause injury to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making in these matters. For this reason, the Costa Rican State must not only invite citizen participation, but must promote it and respect it when it occurs (Judgments number 2001-10466, cited above). In this way, it is of great importance that the information held on this matter in public offices be made available to interested parties, for instance, the information relating to the environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) under the charge of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or that required for the approval of the regulatory plans (planes reguladores) of the respective municipalities.

It was the Rio Convention which in principle 10 elevated this participation to the rank of a principle in environmental matters, by stating "Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided." From this principle, the importance given at the international level to environmental issues is clearly evident, and in general, above all, to the participation of civil society in decisions of great transcendence for the community.

As Costa Rica is a signatory State, this instrument certainly obligates and conditions it, because that is the consequence of its signing, as this Court considered, in judgment number 8319-2000, of ten hours eighteen minutes of September eighth, two thousand: "Thus, its purpose is that governmental decisions be the consequence of a discussion that is not restricted to small official nuclei or biased interests, but that other opinions are taken into consideration, with the necessary openness to create an expanded debate, without ceasing to comply, of course, with the requirements established by the corresponding legislation. It is not a matter of a de-constitutionalization of the principle of legality of the Public Administration, though it is, of course, a form of more democratic government, which expands the forums for debate on issues such as environmental protection, and which by virtue of that, are open to citizen intervention and opinion.

We are, then, before an option already widely accepted in the evolution of the concept of democracy, and this amparo offers a magnificent opportunity to give it clear and effective validity, so that it does not remain mere discourse. For that very reason, the environmental issue is a topic that the Chamber has already recognized as one of those that grant individuals a special standing (legitimación especial), and which is recognized as a «reactional right» (derecho reaccional) (vid. judgment 2233-93 and 3705-93 of this Chamber). «In environmental law, the procedural prerequisite of standing tends to extend and broaden in a dimension such that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being necessary to understand that in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from titles of property, concrete rights or actions that they could exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern treatise writers call the diffuse interest (interés difuso), through which the original standing of the legitimate interested party or even of the simple interested party, is diffused among all the members of a certain category of persons who thus become equally affected by the illegal acts that harm them.

In the case of the protection of the environment, the typically diffuse interest that legitimizes the subject to bring action, is transformed, by virtue of its incorporation into the list of the rights of the human person, becoming a true "reactional right," which, as its name indicates, empowers its holder to "react" against the violation originating from illegitimate acts or omissions.» (vid. judgment 3705-93) It is for this reason that by Law 7412 of June 03, 1994, the Legislative Assembly reformed article 50 of the Political Constitution, guaranteeing every person the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this matter, then, standing exists to denounce acts that infringe that right and to claim reparation for the damage caused, through effective access to judicial and administrative proceedings. In this manner, when the Political Constitution mentions that the Government of the Republic is popular, representative, alternative, and responsible, we must be clear that citizen participation would not be limited to the mere exercise of the right to vote, or to the aspiration to attain a public office by popular election, but, also and in this new vision, to offering people the real opportunity to contribute to the making of the State's political decisions, especially when these have national transcendence, or eventually could affect the fundamental rights of certain sectors of the population.

From Articles 1 and 50 of the Constitution, then, the consideration that citizens deserve in a democratic state is rescued, in which they can at least have access to information on the environment held by public authorities, as the petitioners point out. The commented precept, then, incorporates the cited principle through access to the information held and its dissemination, so that decision-making is not confined to a limited group of interests. Certainly, in the matter we now analyze, our legal system already provides that individuals can request SETENA to hold public hearings, in order to take into account the positions formulated by the communities interested in the decision-making that affects the environment, which has been incorporated in the Ley Orgánica del Ambiente and its Regulations, as reported by the respondent authority." Precisely, the Ley Orgánica del Ambiente recognizes this principle in articles 6 and 23, which textually provide in what is relevant: " Article 6.

Participation of the inhabitants The State and the municipalities shall foster the active and organized participation of the inhabitants of the Republic, in the making of decisions and actions aimed at protecting and improving the environment." " Article 23. Publicity of information The information contained in the file of the environmental impact assessment shall be of a public nature and shall be available to be consulted by any person or organization." Likewise, in the Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, this principle is also incorporated, being provided in Chapter IV, which regulates matters relating to the public hearing provided for within the environmental impact assessment procedure (articles 35 to 40), in which the active participation of both civil society and the municipalities is foreseen –in their condition as an entity " [...] constituted by the group of resident neighbors of a single canton, who promote and administer their own interests through the municipal government" (article 1 of the Código Municipal).

A similar norm exists in the Ley de Planificación Urbana, regarding the approval by the municipalities of the regulatory plans (planes reguladores), by obligating it to "1) Convene a public hearing by means of the Diario Oficial and the additional dissemination necessary with the indication of location, date and time to be informed of the project and of the verbal or written observations that the neighbors or interested parties may wish to formulate. The notice shall be made not less than fifteen business days in advance" (article 17 of the Ley de Planificación Urbana). This principle of citizen participation in environmental matters arises and is justified precisely from the application of the positivization of the democratic principle –enshrined in article 1 of the Political Constitution–. It is important to highlight that this participation can be achieved individually, through associative groups of a private nature, as well as through local governments, who, by their assigned competence in article 169 of the Constitution, are recognized as having full competence to promote it in matters that in some way may affect the community of their jurisdiction, and rather, if they do not do so, they would be failing to fulfill one of the duties that the constitution-maker assigned to them, and which has been developed in ordinary legislation "The municipalities shall foster the active, conscious and democratic participation of the people in the decision-making of the local government.

Public institutions shall be obligated to collaborate so that these decisions are duly fulfilled" (article 5 of the Código Municipal). It is clear that citizen and municipal participation is of transcendental importance in order to promote awareness of environmental problems and to contribute to the decision-making of the institutions responsible for the preservation, surveillance, and protection of the environment and natural resources. This principle had already been recognized in a dissenting opinion (voto salvado) of Magistrates Piza, Solano and Arguedas in judgment number 4423-93, cited above, not only as a right of participation, but a duty of the community and municipality in decision-making and discussions on the location of a sanitary landfill in Esparza. In this same sense, in judgment number 10466-2000, of ten hours seventeen minutes of November twenty-fourth, two thousand, the Chamber indicated that in no way " [...] can the human being –who will receive the effects of governmental decisions on environmental matters– be excluded from their participation in the decision of matters linked to this subject." Previously, this Court recognized the importance of the participation of local governments in these types of processes (environmental impact assessments) under the following considerations: " [...] it is clear to the Chamber that in the procedures for the environmental impact assessment and declaration of environmental viability (viabilidad ambiental) of projects in which the exploitation of natural resources is intended, the participation of the municipalities must be active; however, in no way can the substitution of the directing body of the same –in this case the Secretaría Técnica Nacional Ambiental– by the municipalities be intended.

In this specific case, that participation translates into the participation of local governments in the entire procedure, and that is why their actions have full place in said procedures, but as one more party, which is why all actions taken within that procedure are notified to them. In any case, the procedure provided for in articles 35 to 40 of the Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Decreto Ejecutivo number 25.705-MINAE, provides not only for the participation of civil society, but above all, of the municipalities, with which it will coordinate the holding of the public hearing (article 36), but as a collaborator of this entity with the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, without in any way being able to claim decision-making power. Moreover, municipal competences regarding the preservation and protection of the environment cannot be seen as limited to the organization of the public hearing –which by legal provision corresponds to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental–, but rather goes much further, such as the raising of awareness among municipal residents about citizen participation, the filing of complaints –with technical evidence– before administrative entities and the courts of justice, the proper management of garbage and industrial waste, the control and oversight to ensure that environmental laws are complied with, and the promotion of the pertinent legal resources, such as the request for suspension of the administrative acts that they deem harmful to the environment, but not through constitutional channels, but in the contentious-administrative and civil jurisdiction of the Treasury (jurisdicción contenciosa-administrativa y civil de Hacienda), among other duties" (judgment number 2001-5737, of fourteen hours forty-one minutes of June twenty-seventh, two thousand one).

In this sense, it is essential that the hearing be held in a place where the neighbors can attend, and preferably at the location of the events, since otherwise, the holding of the hearing ordered by the Administration would not achieve its purpose, where obviously the lack of resources cannot constitute an obstacle to bringing to the file all the evidentiary elements that the Administration requires to make a decision in matters of such fundamental importance, since it will necessarily have implications for the environment and the community. Likewise, the importance of the participation of the municipalities in the preparation of environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) has been recognized in the Ley Orgánica Ambiental itself in the second paragraph of article 22, which provides: "Within the five business days following the receipt of an environmental impact assessment, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental shall send an extract thereof to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out.

Likewise, it shall give wide dissemination, through the mass media, to the list of studies submitted for its consideration" With which it is highlighted that community participation in decision-making in environmental matters forms part of the procedure to which the State must subject itself, and at the same time is a component of the fundamental right of every person, under the terms provided for in article 50 of the Political Constitution.

For this reason, constitutional jurisprudence has repeatedly held that the right to be heard is part of substantive due process and is a form of expression of participatory democracy (in this sense, among others, see the dissenting vote of Justices Piza, Solano, and Arguedas in Judgment No. 4423-93, at twelve o'clock on September seventh, nineteen ninety-three; 2331-96, at fourteen hours thirty-three minutes on May fourteenth, nineteen ninety-six; 3521-95, at seventeen hours three minutes on July tenth, nineteen ninety-six; 6640-00, at nine hours sixteen minutes on July twenty-eighth, two thousand; and 10466-2000, at ten hours sixteen minutes on November twenty-fourth, two thousand). On the subject of information in environmental matters, it has been stated: "In the area of the environment, we must transfer this concept of the right to information to a new perspective that every individual or community has to request information and to be informed by any state entity—[information] that cannot be obstructed by state institutions regarding any project that may affect the enjoyment of their right to a healthy and ecologically balanced environment.

It is, then, this guarantee that will allow any individual or community, by making use of diffuse interests of access to participation, to participate in the decision-making processes that affect that right, because the opposite would be illusory and the constitutional norm would be superfluous [...]" (Judgment No. 2331-96, cited above). In this special matter, every person must have adequate information about materials and activities or projects that may imply a danger or threat to communities (right to health), and to the conservation and preservation of the environment (right to a healthy and ecologically balanced environment), as well as for the effective opportunity to participate in the processes of adopting such decisions; since, in the case of the right to the environment, standing belongs to the human being as such, because the injury to this fundamental right is suffered by both the community—as a whole—and the individual in particular.

Therefore, the Administration must facilitate and promote public awareness and participation by making information available to all, not only to members of the community but also to the citizenry in general, insofar as in environmental matters the existence of a true diffuse interest has been considered (as was noted earlier in this judgment)." (Judgment of the Constitutional Chamber No. 6322/2003 at 14:14 hours on July 3, 2003) [...] V. THE LACK OR ABSENCE OF EVIDENTIARY MEANS IN THE ISSUANCE OF THE CHALLENGED RESOLUTIONS. The representative of the plaintiffs indicates that there are no sufficient and convincing evidentiary means that have demonstrated that a deviation of the Río Virilla actually occurred and, consequently, that environmental damage was caused. The appellant is also incorrect on this point, because it has been demonstrated through the ample evidence produced both in the administrative and judicial channels that there was indeed a deviation of the channel of the Río Virilla, causing damage to the environment, which corresponds to a right that is protected at the constitutional level so that all citizens may enjoy a healthy environment, in accordance with the Pro Natura principle.

(see Judgment of the Constitutional Chamber No. 3705-93 at 15:00 hours on July 30, 1993). In the case file, there are several evidentiary means that effectively determine that there was a deviation of the channel of the Río Virilla and the causing of environmental damage. In nineteen ninety-three, an official of the Rural Guard of Moravia conducted an inspection through which it was corroborated that a lagoon had been built, as well as the transit of tractors over the channel of the Río Virilla and the diversion of the original channel for the use of the waters in the quarry. The next visit was carried out on July 27, 1994, by geologist Sirzabel Ruiz of Control Minero of MINAE, and it established the extraction of material from the river and the practice of excavations on the northwest bank of the river outside the area of the granted concession, as well as the existence of a dam in the river.

Three years later, during the week of April 8 to 10, 1997, the same official, together with environmental technician José Ambrosio Obando, inspected and observed the deviation to which the river channel had been subjected, which initially ran parallel to the left bank upstream, such deviation being about fifty meters, as well as the construction of a stone dike to confirm the new river channel, so that at that time the river ran parallel to the right bank upstream as a consequence of the deviation of its channel; and, on the other hand, at that time, the environmental recovery (recuperación ambiental) work established in the environmental impact assessment to which the plaintiffs were obligated had not begun. Later, on February 11, 1998, officials from the Secretaría Técnica Ambiental and the Dirección de Geología y Minas inspected the exploitation concession for the quarry, detecting that the river channel had been diverted by more than thirty meters in order to enable exploitation areas, building a plain where the river had a canyon for a channel, breaking the armor layer of the riverbed bottom, thereby lowering the river level, all this to enable exploitation areas, causing serious damage to the surroundings and changing the dynamics of the channel, and the use of dynamite in the riverbed, which promotes possible natural disasters downstream, the extraction of material from the river channel with heavy machinery without authorization, and finally that the logbook of the Colegio de Geólogos is not up to date.

On February 24 of that same month, José Ambrosio and César Laurito, the latter from the Departamento de Planificación y Desarrollo of MINAE, inspected the concession from the plaintiffs' file (File No. 1741), Tajo Zurquí, where they determined that the exploitation fronts are located within the widened channel of the river, that the northeastern extreme was being exploited by a loader and two dump trucks, that the channel at that same (northwestern) extreme was widened approximately sixty meters with a depth of five meters, evidencing the exploitation of the river's armor layer, to leave a uniform riverbed so that machinery can reach the exploitation areas, and one of the most important aspects is that it is determined that the northeastern zone of the concession, where the river channel was widened, corresponds to the right bank downstream, causing the river not to follow its natural course and causing part of its flow to be diverted to the water pumps, forming a waterfall in front of the exploitation when the waters overflow, that the western exploitation front was also lowered and widened by approximately one hundred meters, and the channel was culverted at this point so that machinery could exit to the highway, and as a conclusion of said inspection, it is established that the schedule set forth in the environmental impact assessment, such as environmental recovery activities, has not been complied with.

Given the foregoing, the grievance expressed by the appellant regarding an absence of evidentiary means is also not admissible, because it has been demonstrated through the ample evidence presented that the channel of the Río Virilla was indeed diverted, and serious damage was caused to the environment. Moreover, from the testimonial evidence produced in the proceeding, Mr. Emilio Garro Rojas, in his deposition, indicated: "The conditioning included a slight diversion of the channel of the Río Virilla at the northwest vertex of the concession property. What was done was to deepen a channel...". VI. VIOLATION OF DUE PROCESS AND THE PRECAUTIONARY AND SANCTIONING PRINCIPLES AND THE REPARATION OF ENVIRONMENTAL DAMAGE. The first of the principles that the appellant claims has been violated, that of due process, the Constitutional Chamber already stated in that regard that in the case under study, such a violation of due process did not occur, because the Tribunal Ambiental acted in accordance with the legal system, and additionally, by supplementing Resolution No. 246-99-TAA, it corrected the material error it incurred in the final resolution, and therefore, the grievance requested regarding the violation of due process must be rejected.

(See Judgment No. 6942-1999 at 16:45 hours on September 7, 1999). It should be noted that the Tribunal Administrativo Ambiental, upon the complaint filed, initiated the administrative proceeding against the plaintiff under the protection of the legal system, in which it fully respected said constitutional principle of due process, granting the respective hearing, the possibility for the party to exercise its right of defense, the adversarial principle when producing the existing evidentiary means, and culminating with the final resolution, and for which this jurisdiction is reviewing the legality of that resolution and the actions taken in the administrative phase. Given this situation, and based on the foregoing, together with the aforementioned resolution of the Constitutional Chamber, this grievance lacks merit. Regarding what was stated in the sense that the trial judge confused the precautionary and sanctioning principles, the appeal on this point is also not admissible for the reasons that will be stated below.

In accordance with the precautionary principle (principio precautorio) as an unequivocal manifestation of the obligation imposed on the State to effectively protect, guarantee, and preserve the environment, the higher entity has the duty to seek adequate protection for the environment; consequently, it must take the necessary measures to avoid contamination and, in general, the alterations produced by man that constitute an injury to the environment. In this regard, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights stipulates: "Article 11.- Right to a healthy environment and to have basic public services. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment." In the same sense, Principle 1 of the Stockholm Declaration on the Human Environment establishes: "Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations." In order to prevent the existence of the right to a healthy and ecologically balanced environment from being restricted to the semantic plane of legal reality, environmental law has integrated a series of guiding principles that guarantee the effective protection of such right, already set forth in Considering III of this judgment, and one of them is the so-called "precautionary principle" (principio precautorio), or "principle of prudent avoidance," which is contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states: "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities.

Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." In the same sense, Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) can be seen. The term prevention derives from the Latin "praeventio," which alludes to the action and effect of preventing, to those preparations and arrangements made in advance to avoid a risk or execute something. Prevention, therefore, seeks to anticipate negative effects and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. In this way, should there be a risk of serious or irreversible damage—or a doubt in that regard—a precautionary measure must be adopted, including postponing the activity in question.

The foregoing is because, in environmental matters, ex post facto coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, the repression may have moral significance, but it can hardly compensate for the damage caused to the environment. Well, in the case under study, the Tribunal Ambiental, based on this constitutional principle, issued Resolution No. 92-98 at ten o'clock on April twenty-ninth, nineteen ninety-eight, in which it decided to impose, as precautionary measures to avoid greater injury to the environment: The total suspension of the material extraction activities that the plaintiff was carrying out, ordering the plaintiffs to remove the machinery that was in the river. Consequently, such measures were issued in accordance with said principle. On the other hand, in the resolution issued at the end of the administrative proceeding conducted by the Tribunal Ambiental against the plaintiffs, it issues, in the final resolution, several sanctions for having verified that indeed the acts attributed to the plaintiffs were true and extremely serious, for which they became liable for the sanctions imposed.

The severity to the environment was of such magnitude that the administrative body, given the atrocities committed by the plaintiffs, decided to cancel the concession they had been holding, a sanction that, according to the foregoing, was necessary by virtue of the repeated occasions on which the investigated acts were committed, because as was demonstrated, it was not a single time, but several in which they diverted the river channel without any control and failed to comply with the requirements set forth in the environmental impact assessment, repeated conduct causing continuous damage to the environment. Consequently, it is not true that the trial judge confused the two aforementioned principles, as the plaintiffs' representative states. Both the precautionary measures and the sanctions issued in the final act, after the administrative proceeding had already taken place, were issued under the protection of the sanctioning and precautionary principles (principios sancionador y precautorio) that govern this matter.

Given this situation, the appellant is incorrect on this point of their grievances, and therefore they are rejected. VII. DISPROPORTIONALITY AND IRRATIONALITY IN THE SANCTIONS IMPOSED BY THE ADMINISTRATIVE BODY. The plaintiff states that four sanctions were imposed on them, and one of them is the most drastic, which is the cancellation of the concession they held for the exploitation of the open-pit mine (tajo) of the Río Virilla, for which they allege disproportionality and unreasonableness at the time of imposing said sanctions, because, according to their claim, the acts attributed to them are not of such severity as to warrant the closure of the open-pit mine. The exploitation of the various natural resources must respond to principles of reasonableness and proportionality, which do not endanger the extinction of the various animal and plant species. The Constitutional Chamber, in Judgment No. 3208-97 at thirteen hours thirty-nine minutes on June sixth, nineteen ninety-seven, stated in this regard: "...The private exploitation of timber resources is possible, insofar as it is carried out through a management plan (plan de aprovechamiento o manejo), which must be approved by the Dirección General Forestal and which must contain, at a minimum, the individual's actions to recover or replace the resource being exploited (Article 49 of the Forestry Law (Ley Forestal)), as well as the other measures indicated by law, so that exploitation and use are done in a reasonable and balanced manner in order to protect the natural environment and the State's resources in general...".

Well, in the same sense, the sanctions imposed on those who violate the norms regulating environmental protection must be reasonable and proportional in relation to the damage they have caused to that healthy and ecologically balanced environment. In the case file, the ecological disaster caused by the actors has been demonstrated, not only in the deviation of the Río Virilla but also in its surroundings and in the non-compliance with the environmental impact assessment they were obligated to fulfill. From the aforementioned evidence, it was proven that the plaintiffs diverted the channel of the Río Virilla several times for their own benefit without having the permits from MINAE, and on the other hand, they used the waters of that natural resource for their exploitation work. Additionally, they extracted material from the channel and adapted it in order to allow the transit of the heavy machinery used to transport the extracted material to the Braulio Carrillo highway (see the testimony of Mr.

Emilio Garro Rojas, on folios 142 to 144 of the case file). Given this situation and by virtue of the offenses committed by the plaintiffs, not only against the environment, by diverting the channel of the Río Virilla without any existing permit or authorization, and extracting natural material from it for their benefit, this entails the sovereign power of the State to impose the corresponding sanctions, which in the case at hand, since their actions were so serious, were neither disproportionate nor irrational. The mere verification of the diversion of the river channel and the failure to comply with the environmental recovery ordered in the environmental impact assessment, as has been demonstrated in the file, make the cancellation of the concession for the exploitation of the open-pit mine (tajo) appropriate, because with such actions, the environment was seriously harmed by the poor use of natural resources by the appellants, endangering the fundamental right of all citizens to have a healthy and protected environment.

The acts carried out by the appellants were atrocious, devastating, and violent against the plant nature of our country, and allowing these situations without taking the necessary measures would lead to a deforested country, without natural resources, and with a lack of environmental protection. Furthermore, even to date, they intend to deny the devastation caused, which reduces the probabilities of protecting, in the future, the public interest injured here, as they are not yet aware of their acts. Consequently, the Tribunal Ambiental, under the protection of the law, imposed the sanctions it deemed opportune and which this Tribunal endorses in protection of the principles governing Environmental Law, as already set forth in Considering IV of this judgment. Given this situation, the principles of proportionality and reasonableness have not been violated when sanctioning the actors. VIII.

CONCLUSION. From all the foregoing, the irregularities committed by the appellants in the use and enjoyment of the assets given in concession have been demonstrated, and therefore their improper exploitation not in conformity with the regulations governing environmental matters. Consequently, based on what has been stated in the preceding considerings, the sanctions imposed are in accordance with the legal system regulating the matter, and therefore, the appealed resolution must be confirmed on all its points."

"III.- DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE ESTE DERECHO. De previo al análisis de los agravios presentados por el representante de la actora, es oportuno y conveniente hacer referencia al desarrollo jurisprudencial realizado por la Sala Constitucional referente al Derecho Ambiental, y sobre todo, a los principios que sobre esta materia se han establedido. Previa a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional reconoció la protección y preservación del medio ambiente como un derecho fundamental (sentencia número 2233-93), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política.

Así en la Sentencia No 6322/2003 de las catorce horas con catorce mintuos del tres de julio del año dos mil tres, la Sala Constitucional, a fin de evitar que la existencia del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado esté restringida al plano semántico, ha integrado una serie de principios rectores que garantizan la tutela efectiva del ambiente, los cuáles son de acatamiento obligatorio, tanto para los particulares como las instituciones del Estado -según se indicó anteriormente- en el aprovechamiento que hagan de los recursos naturales, y que se comentarán a continuación. Se hace la advertencia, de que esta enumeración, en modo alguno, constituye un listado cerrado (numerus clausus), por cuanto es la misma evolución de este derecho lo que enmarcará y definirá otros; por el momento, de la doctrina, normativa vigente y jurisprudencia constitucional se pueden derivar los siguientes, en relación con el tema de fondo que nos ocupa: En dicho pronunciamiento expresó: "...1.- de la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: A partir de la reciente reforma del artículo 50 constitucional, para consagrar expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se establece también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales.

Es al tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la normativa ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. " Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales" (sentencia número 9193-2000, de las dieciséis horas veintiocho minutos del diecisiete de octubre del dos mil).

En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía en el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de este ministerio, número 7152, de cuatro de junio de mil novecientos noventa: "Serán funciones del Ministerio del Ministerio del Ambiente y Energía, las siguientes: a) Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo, realizar y supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios económicos de los recursos del sector. b) Fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros. c) Promover y administrar la legislación sobre conservación y uso racional de los recursos naturales, a efecto de obtener un desarrollo sostenido de ellos, y velar por su cumplimiento. ch) Dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones, con carácter obligatorio, relativas al uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y las minas. d) Promover la investigación científica y tecnológica relacionada con las materias de su competencia, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. e) Promover y administrar la legislación sobre exploración, explotación, distribución, protección, manejo y procesamiento de los recursos naturales relacionados con el área de su competencia, y velar por su cumplimiento. f) Tramitar y otorgar los permisos y concesiones referentes a la materia de su competencia. g) Propiciar, conforme con la legislación vigente, la suscripción de tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como representar al Gobierno de la República en los actos de su competencia, de carácter nacional e internacional.

Todo lo anterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. h) Fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos los niveles educativos y hacia el público en general. i) Realizar inventarios de los recursos naturales con que cuenta el país. j) Asesorar a instituciones públicas y privadas en relación con la planificación ambiental y el desarrollo de áreas naturales. k) Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico." Sin embargo, a criterio de esta Sala, esta función de rectoría en la materia ambiental comprende no sólo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ambiente, en tanto le confiere al Estado la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia, para lo cual, " [...] dictará las medidas generales y particulares, relacionadas con la investigación, la exploración, la explotación y el desarrollo de esos recursos, con base en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo"; función a la que se da cabal cumplimiento -por ejemplo- en lo que respecta a la definición de los lineamientos, principios, criterios e indicadores para el establecimiento de los planes de manejo forestal, establecidos por el propio Ministerio del Ambiente y Energía mediante Decreto Ejecutivo número 27.388-MINAE, regulaciones que son de acatamiento obligatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley Forestal 7575, 14 y 16 del Reglamento a la Ley Forestal y 1° y 2 del Decreto Ejecutivo número 27.388-MINAE; sino también, y sobre todo, lo correspondiente al control y fiscalización tendente a verificar el cumplimiento del ordenamiento ambiental, en primer lugar por las diversas dependencias administrativas, y en segundo -y no por ello menos importante-, por la ciudadanía en general, y por sobre todo, por los propietarios de inmuebles que tienen una afectación ambiental, según lo dispuesto en el transcrito inciso a) del artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía.

En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: " El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha considerado que "Los artículos 9, 10, 121, 140 y 152 de la Constitución, entre otros, claramente asignan funciones especializadas a diferentes órganos -Poderes- del Gobierno, y han diseñado un complejo sistema de frenos y contrapesos como una garantía, la más importante, si se quiere de la libertad.

Desde esta perspectiva, la separación de funciones, la fiscalización recíproca y la autolimitación de esos poderes, se yergue como un valladar de protección de los valores, principios y normas constitucionales en beneficio directo de todos los habitantes del país " (Sentencia número 4091-94, de las quince horas doce minutos del nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro). De manera que en razón de la materia de que se trata -la protección ambiental-, y por las implicaciones que tiene su desprotección –contaminación del medio ambiente y problemas en la salud de los habitantes-, es que para este Tribunal nunca será constitucional la delegación que se haga a particulares de las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, las cuáles se reservan en exclusiva al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. 2.- Principio del uso racional de los recursos, a fin de que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente: Con fundamento en el principio establecido en el artículo 69 constitucional del "uso racional de los recursos naturales", es que la Sala -en sus diversas resoluciones- ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras.

Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio: "Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales.

Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro" (sentencia número 1763-94, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro). 3.- Principio de la calidad ambiental: La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda y la educación, entre otros. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, garantiza el derecho del hombre a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, lo que implica el correlativo deber de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo.

El Estado también tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, debe tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación y, en general, las alteraciones producidas por el hombre que constituyan una lesión al medio. Al respecto, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos estipula: " Artículo 11.- Derecho a un medio ambiente sano.- Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente". En igual sentido, el principio primero de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano establece: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras". 4.- Principio precautorio: Uno de los principios esenciales que componen el derecho ambiental es el "principio precautorio" o "principio de la evitación prudente", el cual está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica: " Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.

Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". (En igual sentido ver artículo 11 de la Ley de Biodiversidad). El término prevención deriva del latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate.

Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. 5.- de la realización del estudio de impacto ambiental previo a la iniciación de obras: Se parte del principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de límites que determinen las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, como la presencia de sustancias tóxicas o elementos externos que provoquen en el ambiente características negativas, tanto para la diversidad biológica -comprendiendo a la flora y la fauna-, como -y sobre todo- para la vida humana, que se ve reflejada en la salud o bienestar del hombre -suelo, hábitat, aire, agua, etc.-, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico.

Por ello, este principio (de la realización previa del estudio de impacto ambiental) se constituye en corolario del principio anterior, y teniendo especial importancia su realización para todas las " [...] actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos , requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta Ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos." (Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco). Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran los Estudios de Impacto Ambiental, los que encuentran fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 17 de la Ley Orgánica dl Ambiente.

A este efecto, es importante resaltar en virtud de mandato constitucional –artículo 50-, y en la Ley –artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente-, se establece como principio general, que toda actividad humana de modificación del entorno requerirá el estudio de impacto ambiental, de donde, será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del referido estudio técnico, y no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias (según lo indicado por este Tribunal, en sentencia número 1220-2002, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos). Es al tenor de esta disposición que la jurisprudencia constitucional recientemente ha exigido este estudio técnico previo a la realización de cualquier proyecto en que se pueda afectar el medio ambiente, como una garantía para hacer efectivo el derecho del medio ambiente, y a modo de ejemplo lo ha exigido en las siguientes actividades, haciéndose la advertencia de que en modo alguno puede implicar una enumeración cerrada (numerus clausus): tala de árboles en un refugio de vida silvestre (sentencia número 1888-95, supra citada), ubicación de un "centro de transferencia de basura" (sentencia número 2671-95, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco), decisión para determinar el cierre o continuación de funcionamiento del "botadero de basura Río Azul" (sentencia número 1154-96, de las dieciséis horas del seis de marzo de mil novecientos noventa y seis), la reducción de la cabida de una zona protegida (sentencia número 7294-98, de las dieciséis horas quince minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho), tratamiento de cáscaras de naranja en plantaciones (sentencia 1999-2219, de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve), planeamiento urbano y aprobación de urbanizaciones (sentencias número 2001-3694, de las dieciséis horas veintiséis minutos del quince de mayo del dos mil uno, y número 2002-1220, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos), construcción de plantas hidroeléctricas (sentencia número 2000-10466, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro minutos del dos mil), construcción de diques en ríos (sentencia número 2001-6503, de las nueve horas veintiséis minutos del seis de julio del dos mil uno), construcción y operación de rellenos sanitarios manuales (sentencias número 2002-5977 y 2002-6782) tenencia de un viveros y plantación de helechos (sentencias número 2000-9735 y 2001-3840); con lo cual, bien se puede decir, que la realización de este estudio técnico se constituye en un principio de orden constitucional, y en consecuencia, de acatamiento obligatorio, tanto para los particulares, y con mayor razón, para las instituciones del Estado; según lo ha considerado con anterioridad ese Tribunal: " III.- Obligación de las instituciones del Estado de cumplir con la legislación ambiental en su actividad ordinaria: El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir –a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares.

Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente." (sentencia número 2001-6503, supra citada). El legislador encomendó a la "Secretaría Técnica Nacional Ambiental", las evaluaciones a cargo de "un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría… de conformidad con las guías elaboradas por ella. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del interesado". En el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente se estableció que "las resoluciones de la Secretaría Técnica Ambiental deberán ser fundamentadas y razonadas", con lo que se recoge en esta materia el principio general de fundamentación de los actos administrativos desarrollado también por la Ley General de la Administración Pública, que es a su vez una garantía que integra el debido proceso sustantivo.

La aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica y encomendados a SETENA, un análisis pormenorizado que incluya, como lo exige el artículo 24 de la Ley del Ambiente, los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación que hacen posible la aprobación del estudio. Además, debe responder a las normas, los objetivos de ordenación y prioridades ambientales del Estado nacional y del gobierno local, tal como lo recoge el principio 11 de la Declaración de Río. El daño que se puede causar al ambiente es siempre de difícil o imposible reparación y la aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere de la total certeza de mínima afectación de los recursos naturales, pues así lo impone por fuerza propia el artículo 50 de la Carta Política. En todo caso, debe hacerse la advertencia que la realización y aprobación del estudio de impacto ambiental no implica en sí misma la puesta en funcionamiento del proyecto en cuestión, por cuanto es tan sólo uno de los requisitos exigidos para culminar el proceso de autorización (sentencia número 5321-96, supra citada), que en algunos casos será la obtención del permiso de salud, la aprobación de los planos de la urbanización por la municipalidad respectiva, el visto bueno de la concesión por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, el otorgamiento de las licencias comerciales, etc. Ello es así debido a que, tratándose del ambiente no se puede hablar de variables inmodificables; todo lo contrario, por su propia naturaleza el ambiente es, por sí mismo y con mayor grado por intervención del ser humano, cambiante.

La aprobación de un estudio de impacto ambiental en los términos que lo señala la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco supone una autorización inmodificable para realizar un determinado proyecto humano, toda vez que a través de la labor de fiscalización a cargo de la Administración, al detectarse un daño al ambiente, el permiso debe de revocarse, a fin de garantizar el derecho establecido en el numeral 50 de la Constitución Política. 6.- sólo el estado de necesidad declarado excepciona el cumplimiento de las normas ambientales: El estado de emergencia es fuente de Derecho, que conlleva, en algunos casos, un desplazamiento, y en otros un acrecentamiento de competencias públicas, precisamente con la finalidad de que pueda hacerle frente a la situación excepcional que se presente ("necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública"); de manera que se faculta al Poder Ejecutivo excepcionar los normales procedimientos de sus actividades o trámites, previéndose para tales casos, procedimientos excepcionales, más expeditos y simplificados.

Se trata, por definición, de situaciones transitorias y que son urgentes en las que se hace necesario mantener la continuidad de los servicios públicos, de manera que se permite a la Administración improvisar una autoridad para el servicio de los intereses generales que no pueden ser sacrificados a un prurito legalista. De esta suerte, el derecho de excepción -formado por el conjunto de normas dictadas en el momento de necesidad-, deviene en inconstitucional en caso de normalidad, por cuanto se trata de un derecho esencialmente temporal, esto es, única y exclusivamente para solucionar la emergencia concreta que se enfrenta, toda vez que " [...] no es admisible un tratamiento de excepción para realizar actividad ordinaria de la administración, aunque ésta sea de carácter urgente; [...] " (sentencia número 2001-6503, supra citada). En este sentido debe hacerse la distinción entre la "mera urgencia", término que actúa a modo de calificativo, y que en muchos casos ni siquiera es necesariamente fundamental o inminente, en tanto " [...] no es otra cosa más [que] la pronta ejecución o remedio de una situación dada, que se ha originado en los efectos de cómo ha sido manejada ella misma, [...]" (Sentencia número 3410-92, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos); por lo que bien se le puede entender como la necesidad de actuar de la Administración en determinada situación, y en la mayoría de los casos, se debe a la inercia de ésta para encontrarle solución, conforme a los instrumentos que el ordenamiento jurídico le dota; del "estado de necesidad", entendiendo por tal las situaciones eventuales esto es- no dadas en el marco de la normalidad, y de tal magnitud que pueden afectar, de manera inminente la vida y la propiedad, el interés y el orden públicos, o la seguridad públicas, de manera que no pueden ser controladas, manejadas o dominadas a partir de la normativa ordinaria de que dispone el Gobierno, y que hacen inevitable e inaplazable la intervención administrativa, incluso, con al margen de la ley.

Por ello, es que es contraria al Derecho de la Constitucional, no sólo la normativa, sino la actuación de las instituciones públicas que dispensen los trámites y procedimientos ordinarios para la actuación ordinaria de la Administración, y que en este caso, se refieren a la dispensa de la normativa ambiental, como lo son -por ejemplo- la realización del estudio de impacto ambiental o la solicitud de los permisos de salud. Ante situaciones de necesidad, pero que son previsibles a largo, mediano o corto plazo, no puede pretenderse la excepción del cumplimiento de las obligaciones ambientales, toda vez que se convierten en actividad ordinaria de la Administración (caso de la construcción de diques en los ríos para proteger a la población de inundaciones (sentencia número 2001-6503). Al respecto, debe tenerse claro, que para que se entienda de desarrollo constitucional la medida de emergencia, ésta debe atender única y exclusivamente a darle solución a la situación de emergencia que la motiva, y tener -además- como propósito el bien común: esto es, debe ser justa y además razonable (proporcionalidad en sentido estricto). 7.- la falta de recursos económicos de las instituciones públicas no es excusa que justifique la omisión de dar protección al derecho ambiental: La jurisprudencia constitucional ha sido constante en el sentido de que la falta de presupuestos (recursos económicos, materiales y/o personal calificado) no puede constituirse en un límite entre el respeto y la violación de los derechos fundamentales, es decir, no puede ser motivo para que la Administración no actúe y tome acciones concretas a fin de que a través de su gestión encuentre solución a los problemas que los particulares les requieran en materia ambiental; motivo por el cual, en las diversas acciones de amparo que se promueven ante esta Sala, en que la institución requerida se ha justificado su inacción en esta causal, la Sala le ha compelido al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, para darle efectivo contenido al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50 constitucional, precisamente en atención al valor de la persona humana y al ambiente como tal (recursos naturales, biodiversidad, entorno): " [...] este Tribunal estima como insuficiente la actuación administrativa tendente a remediar el problema de la contaminación, que con vehemencia acusan las interesadas.

El Ministerio ha dicho en forma más o menos expresa, que la prolongación del problema que se examina, se debe a razones puramente de escasez de recursos humanos y materiales. Sin embargo, esa no es excusa válida. Ya en otras ocasiones esta Sala ha dicho que dada la jerarquía y trascendencia del valor humano y constitucional en juego; sea, la salud de las personas, así como su derecho a un ambiente sano, y en último caso, a su derecho de respirar y vivir en una atmósfera dentro de las normas de salud; la simple excusa de falta de medios materiales para enfrentar los problemas por parte del Estado, no es admisible, porque [en] estos casos la Administración tiene la obligación de dar prioridad a las soluciones y realizar con sus recursos limitados, lo que conforme al ordenamiento jurídico sea necesario para llevarlas a cabo con prontitud.- " (Sentencia número 0695-96, de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y seis).

En idéntico sentido, se pueden consultar las sentencias número 4504-93, de las diecisiete horas treinta y seis minutos del ocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres; 3705-93, de las quince horas del treinta de mayo de mil novecientos noventa y tres, número 7154-94, de las dieciséis horas cuarenta y ocho minutos del dos de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, número 0915-95, de las dieciséis horas seis minutos del quince de febrero, número 4149-95, de las nueve horas treinta minutos del veintiocho de julio; ambas de mil novecientos noventa y cinco, número 0459-96, de las quince horas nueve minutos del veintidós de enero de mil novecientos noventa y seis, y número 0726-98, de las doce horas veintiún horas del seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 8.- coordinación entre las diversas dependencias públicas a fin de garantizar la protección del medio ambiente: En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados.

En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del medio ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial (cometido al que se hará referencia en específico en el próximo apartado).

Al tenor de lo anterior, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad podría causar un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones y funcionamiento coordinado entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Ya con anterioridad –y en forma bastante clara- esta Sala se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve): "De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes.

Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).

La relación de cooperación definida ha sido comprendida por la Sala Constitucional, que en forma reiterada ha señalado que para que puedan llevarse a cabo los proyectos de las distintas instituciones públicas, debe hacerse con respeto del ordenamiento jurídico: en primer lugar, las normas de rango constitucional, y después, las de rango legal y reglamentarias, de manera tal que, para que el Poder Ejecutivo o los otros entes públicos lleven a cabo proyectos de su iniciativa en una determinada localidad, deben contar con los respectivos permisos y licencias municipales, si es del caso, como lo indicó en sentencia de amparo número 02231-96, transcrita, en lo que interesa, en el Considerando VIII de esta sentencia. Esta obligación de coordinación entre las instituciones del Estado y las municipalidades está implícita en la propia Constitución Política; así por ejemplo, en lo que se refiere a la potestad tributaria municipal, en tanto que, la iniciativa debe ser de los propios Concejos, tanto para su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, como para la exención de los tributos, aún tratándose de la política económica del Estado, como se indicó en sentencia número 2311-95, supra citada; con lo cual, se está diciendo que debe existir una debida y obligada coordinación entre el Estado y los entes corporativos locales, cumpliéndose así lo ordenado por esta disposición, sin que ello implique una invasión a la autonomía municipal.

Igualmente, estima la Sala que en materia de planificación urbana se debe dar esa misma relación de coordinación, aún cuando se ha definido -por disposición constitucional- que la planificación urbana es competencia de los gobiernos locales, la misma debería ordenarse de conformidad con las directrices y lineamientos generales del Plan Nacional de Urbanismo elaborado por el Poder Ejecutivo (a propuesta de la Dirección de Urbanismo del INVU y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) e integrado en el Plan Nacional de Desarrollo a que alude la Ley de Planificación Nacional, en el entendido de que ese Plan debe ser aprobado por una ley ordinaria." De esta suerte, la protección, implementación y desarrollo de la materia ambiental resulta del mayor interés para la Nación, es que todas las dependencias públicas, incluidas las municipalidades, se encuentran en la obligación de "coordinar sus cometidos", a fin de hacer efectivo el derecho ambiental y garantizarle al ciudadano una verdadera cobertura al derecho al ambiente.

Precisamente, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ambiente reconoce este principio al disponer: " Artículo 3. Participación conjunta para cumplir objetivos El Gobierno fijará un conjunto armónico e interrelacionado de objetivos, orientados a mejorar el ambiente y manejar adecuadamente los recursos naturales. A estos objetivos deberán incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas a su cumplimiento, con el respaldo de normas, instituciones y procedimientos que permitan lograr la funcionalidad de esas políticas." En aplicación de lo anterior, es que en sentencia número 1888-95, supra citada, al conocer la Sala de las infracciones a la normativa al derecho ambiental y los daños causados en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, consideró " [...] pero considera sin embargo que sí ha existido una negligencia por parte del Estado en su conjunto, pues a pesar del tiempo transcurrido no se ha solucionado el problema base de este amparo.

De los informes remitidos a esta Sala por parte de las otras entidades recurridas en este asunto, se llega ala conclusión que no existe una coordinación entre ellas para llevar a cabo la protección y control de una zona tan rica y variada con la responsabilidad -la cual debe ser compartida- de cada una de ellas un manejo integral de dicho ambiente, tan es así que dentro del Refugio de Gandoca-Manzanillo los que deseen realizar actividades o proyectos; el tratamiento de aguas y desechos sólidos forman parte de los requisitos a considerar, lo que es evidente que debe ser controlado por el Ministerio de Salud." Dentro de este mismo planteamiento, en sentencia número 2002-4830, de las dieciséis horas del veintiuno de mayo del dos mil dos, la Sala ordenó la coordinación de la municipalidad del cantón respectivo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para hallar solución al problema de la falta de planeamiento en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales en esa localidad: En idéntico sentido, ver sentencias número 4480-94, de las diez horas cincuenta y un minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, número 2671-95, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco; 1499-96, de las nueve horas del veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis; 1360-97, de las quince horas dieciocho minutos del cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete; 1886-95, de las nueve horas doce minutos del siete de abril de mil novecientos noventa y cinco, y 2863-97, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y siete.

El deber de coordinación entre las diversas dependencias públicas fue reconocido en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, en su principio número 13 -pero desde la perspectiva de la interrelación de las disciplinas, a fin de dar mayor exclusividad y estabilidad al ordenamiento jurídico ambiental-, en que se determinó: "A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población." 9.- la lesión a este derecho ambiental se da tanto por acción como por omisión: Las omisiones al deber de protección del medio ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al medio ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discotheques (municipalidades y Ministerio de Salud), etc. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sido clara y contundente en señalar que esa omisión en el deber de cuidado y protección del medio ambiente, constituye una violación de la obligación consagrada en el artículo 50 de la Constitución Política.

(En relación a este tema, entre otras ver sentencias número 1888-95, supra citada, y 2000-5798, de las dieciséis horas dieciséis minutos del once de julio del dos mil). 10.- no opera silencio positivo en materia de utilización de recursos naturales: El instituto del silencio positivo que se aplica en materia de permisos y autorizaciones frente a la Administración Pública se rige conforme a las reglas contenidas en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, estas reglas no son de aplicación en materia de permisos de aprovechamiento de los recursos naturales (forestales, mineros, marinos, aguas de la Nación, fuerzas que derivan de los recursos hídricos, etc.) según la jurisprudencia constitucional (sentencias número 6836-93, de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres y número 1730-94, de las quince horas seis minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro), precisamente en virtud del valor superior (interés público) de la tutela del ambiente, y precisamente por la conceptualización del derecho ambiental como un derecho fundamental: "[...] de modo que no puede entenderse que el silencio positivo opere simplemente por el transcurso del plazo dentro del cual la Administración debió pronunciarse sobre el permiso de explotación forestal, sin que lo hiciera, pues ello implicaría poner en inminente peligro el patrimonio forestal del país al permitirse, por esa vía, su explotación irracional e indiscriminada" (sentencia número 6836-93, supra citada).

Recientemente, este principio fue recogido en el párrafo primero del artículo 4 de la Ley Forestal, número 7575, de trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, que en lo que interesa dispone textualmente: "En materia de recursos naturales no operará el silencio positivo, contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública." 11.- participación ciudadana en los asuntos ambientales: La participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (Sentencias número 2001-10466, supra citada).

De esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a disposición de los interesados de la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, caso de la relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la requerida para la aprobación de los planes reguladores de las respectivas municipalidades, por ejemplo. Fue la Convención de Río la que en el principio 10 elevó esta participación a rango de principio en materia ambiental, al señalar "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." De este principio, se evidencia claramente la importancia que a nivel internacional se da a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad. Al ser Costa Rica un Estado signatario, este instrumento ciertamente la obliga y condiciona, pues esa es la consecuencia de su suscripción, según con consideró este Tribunal, en sentencia número 8319-2000, de las diez horas dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil: "Así, su propósito es que las decisiones gubernamentales sean consecuencia de una discusión que no se constriña a pequeños núcleos oficiales o de intereses parcializados, sino que sean tomadas en consideración otras opiniones, con la apertura necesaria para crear el debate ampliado, aunque sin dejar de cumplirse, claro, los requisitos que establece la legislación correspondiente.

No se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno más democrático, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección al medio ambiente, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso. Por eso mismo es que la cuestión ambiental es un tema que ya la Sala ha reconocido como aquellos que otorgan a los particulares una legitimación especial, y de la que se reconoce como un «derecho reaccional» (vid. sentencia 2233-93 y 3705-93 de esta Sala). «En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran.

Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.» (vid. sentencia 3705-93) Es por ello, que por Ley 7412 del 03 de junio de 1994, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 50 de la Constitución Política, garantizando a toda persona el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esta materia, entonces, existe la legitimación para denunciar actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado, a través del acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. De esta manera, cuando la Constitución Política hace mención de que el Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, hemos de tener claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero ejercicio del derecho al voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público de elección popular, sino, además y en esta nueva visión, a la de que a las personas se les ofrezca la oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas del Estado, especialmente cuando éstas tengan trascendencia nacional, o eventualmente pudieren afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población.

De los artículos 1 y 50 Constitucionales se rescata pues, la consideración que los ciudadanos merecen en un estado democrático, en el cual puedan al menos tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, tal y como lo señalan los recurrentes. El precepto comentado, entonces, recoge el principio citado a través del acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella, para que la toma de decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de intereses. Ciertamente, que en la materia que ahora analizamos, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé que los particulares pueden solicitar a la SETENA llevar a cabo audiencias públicas, para efecto de que se tomen en cuenta las posiciones formuladas por las comunidades interesadas en la toma de decisiones que afectan el ambiente, lo que ha sido recogido en la Ley Orgánica del Ambiente y de su Reglamento, como informó la autoridad recurrida." Precisamente, la Ley Orgánica del Ambiente reconoce este principio en los artículos 6 y 23, que textualmente disponen en lo que interesa: " Artículo 6.

Participación de los habitantes El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente." " Artículo 23. Publicidad de la información La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización." Asimismo, en el Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, también se recoge este principio, al disponerse en el Capítulo IV, en el que se regula lo relativo a la audiencia pública prevista dentro del procedimiento del estudio de impacto ambiental (artículos 35 a 40), en el que se tiene prevista la participación activa, tanto de la sociedad civil como de las municipalidades -en su condición de ente " [...] constituido por el conjunto de vecinos residentes de un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal" (artículo 1° del Código Municipal).

Norma similar tiene la Ley de Planificación Urbana, en lo relativo a la aprobación por las municipalidades de los planes reguladores, al obligarlo a "1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y la divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer el proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles" (artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana). Este principio de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, nace y se justifica precisamente de la aplicación de la positivación del principio democrático -consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política-. Es importante resaltar que esta participación se puede lograr en forma individual, a través de grupos asociativos de orden particular, así como también a través de los gobiernos locales, a quienes, por su competencia asignada en el artículo 169 de la Constitución, se les reconoce plena competencia para promoverla en los asuntos que de algún modo puedan afectar la comunidad de su jurisdicción, y más bien, si no lo hace, estaría incumpliendo uno de sus cometidos que el constituyente le asignó, y que ha sido desarrollada en la legislación ordinaria "Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las tomas de decisiones del gobierno local.

Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente" (artículo 5 del Código Municipal). Queda claro que la participación ciudadana y de las municipalidades es de trascendental importancia a fin de promover la conciencia en los problemas ambientales y para coadyuvar en la toma de decisiones de las instituciones encargadas de la preservación, vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Este principio ya había sido reconocido en voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas en sentencia número 4423-93, supra citada, no sólo como un derecho de participación, sino un deber de la comunidad y municipalidad en la toma de decisiones y discusiones sobre la ubicación de un relleno sanitario en Esparza. En este mismo sentido, en sentencia número 10466-2000, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil, la Sala señaló que en modo alguno " [...] puede excluirse al ser humano que recibirá los efectos de las decisiones gubernamentales en materia ambiental-, de su participación en la decisión de asuntos vinculados con esta materia." Con anterioridad, este Tribunal, reconoció la importancia de la participación de los gobiernos locales en este tipo de procesos (estudios de impacto ambiental) bajo las siguientes consideraciones: " [...] queda claro para la Sala que en los procedimientos de estudio de impacto ambiental y declaratoria de viabilidad ambiental de los proyectos en los que se pretenda explotar recursos naturales, la participación de las municipalidades debe ser activa; sin embargo, en modo alguno puede pretenderse la sustitución del órgano director de los mismos -en este caso la Secretaría Técnica Nacional Ambiental- por las municipalidades.

En el caso concreto, esa participación se traduce en la participación de los gobiernos locales en todo el procedimiento, y por ello es que en dicho procedimientos tienen plena cabida sus gestiones, pero como una parte más, motivo por el cual se le notifican todas las gestiones que se realicen dentro de ese procedimiento. En todo caso, el procedimiento previsto en los artículos 35 a 40 del Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Decreto Ejecutivo número 25.705-MINAE, prevé no sólo la participación de la sociedad civil, sino sobre todo, de las municipalidades, con las cuales coordinará la celebración de la audiencia pública (artículo 36), pero a modo de colaborador de esta entidad con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sin que en modo alguno pueda pretender la toma de decisiones. Por lo demás, las competencias municipales en lo que respecta a la preservación y protección del medio ambiente no pueden verse limitadas a la organización de la audiencia pública -que por disposición legal le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-, sino que va mucho más allá, como lo es la concientización de los munícipes en la participación ciudadana, la denuncia -con pruebas técnicas- ante entidades administrativas y los tribunales de justicia, el manejo adecuado de la basura y de los desechos industriales, el control y fiscalización para que las leyes ambientales se cumplan, y la promoción de los recursos legales pertinentes, como lo sería la solicitud de suspensión de los actos administrativos que estimen nocivos para el ambiente, pero no en la vía constitucional, sino en la jurisdicción contenciosa-administrativa y civil de Hacienda, entre otros cometidos" (sentencia número 2001-5737, de las catorce horas cuarenta y un minutos del veintisiete de junio del dos mil uno).

En este sentido, resulta indispensable que la audiencia se lleve a cabo en el lugar donde los vecinos puedan asistir, y con preferencia en el lugar de los hechos, ya que lo contrario, la celebración de la audiencia ordenada por la Administración no lograría cumplir su finalidad, donde obviamente la falta de los recursos no puede constituirse en un obstáculo para hacer llegar al expediente todos los elementos probatorios que la Administración requiere para tomar una decisión en asuntos de tan fundamental importancia, ya que necesariamente tendrá implicaciones sobre el medio ambiente y la comunidad. Asimismo, la importancia de la participación de las municipalidades en la elaboración de los estudios de impacto ambiental ha sido reconocida en la propia Ley Orgánica Ambiental en el párrafo segundo del artículo 22, que prevé: "Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto.

Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración" Con lo que se resalta que la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el Estado, y a la vez es integrante del derecho fundamental de toda persona, en los términos previstos en el artículo 50 de la Constitución Política. Por ello, reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de audiencia hace parte del debido proceso sustantivo y que es una forma de expresión de la democracia participativa (en este sentido, entre otras ver voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas de la sentencia número 4423-93, de las doce horas del siete de setiembre de mil novecientos noventa y tres; 2331-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis; 3521-95, de las diecisiete horas tres minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y seis; 6640-00, de las nueve horas dieciséis minutos del veintiocho de julio del dos mil; y 10466-2000, de las diez horas dieciséis minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil).

Sobre el tema de información en materia de ambiente, se ha indicado "En materia del medio ambiente debemos trasladar este concepto sobre el derecho de información a una nueva perspectiva que tiene todo individuo o colectividad de solicitar información y de ser informado por cualquier ente estatal [información] que no puede ser obstruida por las instituciones estatales referentes a cualquier proyecto que pueda afectar el goce de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es entonces esta, la garantía que permitirá participar a cualquier individuo o colectividad, haciendo uso de los intereses difusos del acceso a la participación, dentro de los procesos de toma de decisiones que afecten ese derecho, pues lo contrario sería ilusorio y la norma constitucional resultaría superflua [...]" (sentencia número 2331-96, supra citada). En esta especial materia, toda persona debe tener adecuada información sobre los materiales y las actividades o proyectos que pueden implicar un peligro o amenaza para las comunidades (derecho a la salud), y para la conservación y preservación del medio ambiente (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), así como para la efectiva oportunidad de participar en los procesos de adopción de tales decisiones; toda vez que tratándose del derecho al ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a este derecho fundamental la sufre tanto la comunidad –como un todo-, como el individuo en particular.

Por ello, la Administración debe facilitar y fomentar la sensibilidad y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos, no sólo de los miembros de la comunidad, sino también de la ciudadanía en general, en tanto en materia ambiental se ha considerado la existencia de un verdadero interés difuso (según se había anotado anteriormente en esta sentencia)".( Sentencia de la Sala Constitucional No 6322/2003 de las 14:14 horas del 3 de julio del año 2003) [...] V.- LA FALTA O AUSENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS EN EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS. Indica el apoderado de los actores, que no existen medios probatorios suficientes y convincentes que hayan demostrado que efectivamente se dio una desviación del Río Virilla y consecuentemente se haya causado un daño ambiental. Tampoco lleva razón el recurrrente sobre este extremo, pues ha quedado demostrado con la basta prueba evacuada tanto en vía administrativa como en la vía judicial, que efectivamente hubo una desviación del cauce del Río Virilla, ocasionando un daño al medio ambiente, el cual corresponde a un derecho que se encuentra protegido a nivel constitucional con el fin de que todos los ciudadanos podamos disfrutar de un medio sano, de acuerdo con el principio Pro Natura.

( ver Sentencia de la Sala Constitucional No 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993). En autos, constan varios medios probatorios que determinan efectivamente, que hubo una desviación del cauce del Río Virilla y la provocación de un daño al ambiente. En mil novecientos noventa y tres, un funcionario de la Guardia Rural de Moravia, realizó una inspección a través de la cual se corroboró que se había construido una laguna, así como el tránsito de tractores sobre el cauce del río Virilla y la desviación del cauce original para el aprovechamiento de las aguas en la cantera. La siguiente visita, fue realizada el día 27 de julio de 1994, por la geóloga Sirzabel Ruiz de Control Minero del MINAE, y en ella se establece la extracción de material del río y la práctica de excavaciones de la ladera noroeste del río fuera del área de la concesión otorgada, así como la existencia de una represa en el río.

Tres años después, en la semana del 8 al 10 de abril de 1997, la misma funcionaria, junto con el técnico ambiental José Ambrosio Obando, inspecciona y observa la desviación a que ha sido objeto el cauce del río, el cual inicialmente, corría paralelo a la margen izquierda aguas arriba, tal desviación como de cincuenta metros, así como la construcción de un dique de piedras para confirmar el nuevo cauce del río, de forma tal que para ese momento el río corría paralelo a la margen derecha aguas arriba, consecuencia de la desviación de su cauce; y por otra parte, para ese momento no se había iniciado las labores de recuperación ambiental establecidas en al estudio de impacto ambiental al que estaban obligados los actores. Posteriomente el 11 de febrero de 1998, funcionarios de la Secretaría Técnica Ambiental, y la Dirección de Geología y Minas, inspeccionan la concesión de explotación de la cantera, detectándose que se ha desviado el cauce del río en más de treinta metros con el fin de habilitar áreas de explotación, construyéndose una llanura donde el río tenía un cañón por cauce, se rompe la coraza del fondo del lecho, con lo cual se bajó el nivel del río, esto para habilitar áreas de explotación, provocando graves daños al entorno y variando la dinámica del cauce y la utilización de dinamita en el hecho del río, lo que propicia posibles desastres naturales, aguas abajo, la extracción de material del cauce del río con maquinaria pesada, sin autorización, y finalmente que la bitácora del Colegio de Geólogos no está al día.

El día 24 de febrero de ese mismo mes, José Ambrosio y César Laurito, éste último del Departamento de Planificación y Desarrollo del MINAE, inspeccionan la concesión del expediente de los actores ( expediente No 1741), Tajo Zurquí, donde determinaron que los frentes de explotación se ubican dentro del cauce ampliado del río, que el extremo noreste estaba siendo explotado por un cargador y dos vagonetas, que el cauce en ese mismo extremo (noroeste), fue ampliado aproximadamente sesenta metros con una profundidad de cinco metros, evidenciándose la explotación de la coraza del río, para dejar un lecho del río uniforme a fin de que la maquinaria pueda llegar a las áreas de explotación, y uno de los aspectos más importantes es que se determina la zona noreste de la concesión donde el cauce del río fue ampliado corresponde a la margen derecha aguas abajo, haciendo que el río no siga su curso natural y provocando que parte de su caudal sea desviado a las bombas de agua, formando las aguas al rebalsarse una cascada frente a la explotación, que el frente de explotación oeste tambièn fue rebajado y ampliado en aproximadamente cien metros y el cauce fue alcantarillado en este punto para que la maquinaria pueda salir a la autopista, y como conclusión de dicha inspección se establece que no se ha cumplido el cronograma dispuesto en el estudio de impacto ambiental, como actividades de recuperación ambiental.

Ante lo expuesto, tampoco el agravio expresado por el recurrente de una ausencia de medios probatorios es de recibo, pues ha quedado demostrado con la basta prueba expuesta, que efectivamente se desvió el cauce del río Virilla, y se ocasionó un grave daño al ambiente. A mayor abundamiento, de la prueba testimonial evacuada en el proceso el señor Emilio Garro Rojas, en su deposición indicó: " El acondicionamiento incluía un ligero desvío del cauce del Río Virilla en el vértice Noroeste de la propiedad de la concesión. Lo que se hizo fue profundizar un canal...". VI.- VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DE LOS PRINCIPIOS PRECAUTORIO Y SANCIONATORIO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL. El primero de los principios, que indica el recurrente que se le ha vulnerado, sea del debido proceso, ya la Sala Constitucional manifestó al respecto que en el caso bajo estudio no se dio tal vulneración del debido proceso, pues el Tribunal Ambiental actuó conforme al ordenamiento jurídico, y además al adicionar la resolución No 246-99-TAA, enmendó el error material en que incurrió en la resolución final, y por lo tanto, el agravio solicitado en cuanto a la vulneración del debido proceso debe rechazarse.

( Ver Sentencia No 6942-1999 de las 16:45 horas del 7 de septiembre del año 1999). Cabe señalar que el Tribunal Administrativo Ambiental, ante la denuncia presentada, inició el procedimiento administrativo en contra de la actora amparado al ordenamiento jurídico, en el cual respetó a cabalidad con dicho principio constitucional del debido proceso, otorgando la respectiva audiencia, la posibilidad de que la parte ejerciera su derecho de defensa, al principio del contradictio a la hora de evacuar los medios probatorios existentes, y culminando con la resolución final, y por la cual se conoce en esta jurisdicción de la legalidad de esa resolución y lo actuado en la fase administrativa. Ante tal situación, y con base en lo expuesto, ahunado a la resolución antes citada de la Sala Constitucional, este agravio carece de fundamento. En cuanto a lo manifestado en el sentido que la jueza de instancia confundió los principios precautorio y sancionatorio, tampoco es de recibo el recurso sobre este punto por las razones que a continuación se dirán.

De acuerdo con el principio precautorio como manifiestación inequívoca de la obligación impuesta al Estado de proteger, garantizar y preservar de manera efectiva el ambiente, el ente mayor tiene el deber de procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, debe tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación y, en general las alteraciones producidas por el hombre que constituyan una lesión al medio. Al respecto el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos estipula: "Artículo 11.- Derecho a un medio ambiente saño y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente". En igual sentido, el principio primero de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano establece: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, igualdad, y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad de tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras".

A fin de evitar que la existencia del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica, el derecho ambiental ha integrado una serie de principios rectores que garantizan la tutela efectiva de tal derecho, expuestos ya en el considerando III de esta sentencia, y uno de ellos es el denominado "principio precautorio", o "principio de la evitación prudente", el cual está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica: "Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

En igual sentido se puede ver el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad. El término prevención deriva del latín "preaventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención por lo tanto, pretende anticiparse a los efectos negativos, y a asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso que exista un riesgo de daño grave o irreversible- o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensar los daños ocasionados al ambiente.

Pues bien, en el caso bajo estudio, el Tribunal Ambiental con base en este principio constitucional dictó la resolución No 92-98 de las diez horas del veintinueve de abril de 1998, en la cual decidió imponer como medidas precautorias para evitar una lesión mayor al medio ambiente: La paralización total de las actividades que ejecutaba la actora de extracción de materiales, ordenando a los accionantes el retiro de las maquinarias que se encontraban en el río. En consecuencia, tales medidas se dictaron conforme a dicho principio. Por otra parte, en la resolución que dicta al final del procedimiento administrativo que llevó el Tribunal Ambiental contra los actores, dicta en la resolución final varias sanciones por haber comprobado que efectivamente los hechos que se le habían imputado a los accionantes fueron ciertos y de suma gravedad por lo que se hicieron acreedores de las sanciones impuestas.

La gravedad al medio ambiente fue de tal magnitud, que el órgano administrativo ante las atrocidades cometidas por los actores, decidió cancelar la concesión que venían ostentando, sanción que de acuerdo con lo expuesto era necesario en virtud de las reiteradas ocasiones en que se cometieron los hechos investigados, pues como quedó demostrado no fue una única vez, sino varias en que sin control alguno desviaron el cauce del río y no cumplieron con los requisitos señalados en el estudio de impacto ambiental, conductas reiterativas ocasionando un daño continuo al medio ambiente. En consecuencia, no es cierto que la jueza de instancia haya confundido los dos principios antes señalados como lo manifiesta el representante de los actores. Tanto las medidas cautelares, como las sanciones dictadas en el acto final, cuando ya se llevó a cabo el procedimiento administrativo fueron dictadas amparadas a los principios sancionador y precautorio que rigen en esta materia.

Ante esta situación, no lleva razón el recurrente en este punto de sus agravios por lo que se rechazan los mismos. VII.- DESPROPORCIÓN E IRRACIONALIDAD EN LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO. Manifiesta la actora que se le impusieron las cuatro sanciones, y una de ellas es la más drástica, cual es la cancelación de la concesión que ostentaba de explotación del tajo del río Virilla, por lo que alega desproporción e irrazonabilidad a la hora de imponerle dichas sanciones, pues según su decir, los hechos que se le imputan no son de tal gravedad, que ameritaran la clausura del tajo. La explotación de los diversos recursos naturales debe responder a principios de razonabilidad y proporcionalidad, que no pongan en peligro la extinciòn de las diversas especies animales y vegetales. La Sala Constitucional en la Sentencia No 3208-97 de las trece horas treinta y nueve minutos del seis de junio de mil novecientos noventa y siete al respecto manifestó: "...La ejecute por medio de un plan de aprovechamiento o manejo, que debe ser aprobado por la Dirección General Forestal y que debe contener, como mínimo, las acciones del particular para recuperar o reponer el recurso que explota ( artículo 49 Forestal), así como las demás medidas que señala la ley, para que la efectos de proteger el medio ambiente natural y los recursos del Estado en general...".

Pues bien, en igual sentido las sanciones que se le impongan a quienes infringen las normas que regulan la protección del medio ambiente, deben ser razonables y proporcionales en relación con el daño que han ocasionado a ese ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En autos, ha quedado demostrado el desastre ecológico que ocasionaron los autores no solamente en la desviación del río Virilla, sino en el entorno del mismo y en el incumplimiento del estudio del impacto ambiental al cual se encontraban obligados a cumplir. De las pruebas antes mencionadas, quedó acreditado que fueron varias veces en que los actores desviaron el cauce del río Virilla para fines propios de aprovechamiento sin contar con los permisos del MINAE, y por otra utilizaron las aguas de ese recurso natural para sus labores de explotación. Además, extrajeron material del cauce y lo adecuaron a fin de poder transitar la maquinaria pesada que se utilizaba para transportar el material extraído hacia la carretera Braulio Carrillo, ( ver testimonio del señor Emilo Garro Rojas, que corre a folios 142 a 144 del expediente).

Ante esta situación y en virtud de las faltas cometidas por los accionantes, no solamente en contra del medio ambiente, al desviar el cauce del río Virilla sin que existiese permiso o autorización alguna, y que el extraer del mismo material natural para su beneficio, acarrea la potestad de imperio del Estado de imponer las sanciones correspondientes, que en el caso de marras al ser tan graves sus actuaciones, las mismas no fueron desproporcionadas ni tampoco irracionales. La sola comprobación del desvío del cauce del río y el incumplimiento de la recuperación ambiental ordenada en el estudio de impacto ambiental, como ha quedado demostrado en autos hacen oportuno la cancelación de la concesión de la explotación del tajo, pues con tales actuaciones el ambiente se vio seriamente perjudicado con la mala utilización de los recursos naturales por parte de los recurrentes, poniendo en peligro el derecho fundamental de todos los ciudadanos a tener un ambiente sano y protegido.

Los actos efectuados por los recurrentes fueron atroses, desvastadores y violentos contra la naturaleza vegetal de nuestro país, y de permitir estas situaciones, sin tomar las medidas necesarias, acarrearían un país desforestado, sin recursos naturales y una desprotección al medio ambiente. Más aún, incluso a la fecha pretenden desmentir los estragos causados, lo que disminuye las probabilidades de proteger a futuro el interés público aquí lesionado, al no estar aún concientizados de sus actos En consecuencia, el Tribunal Ambiental amparado a la ley, impuso las sanciones que consideró oportuno y las cuales este Tribunal avala en tutela de los principios que rigen el Derecho Ambiental, como ya se expuso en el considerando IV de esta sentencia. Ante esta situación no se han vulnerado los principios de proporcionalidad ni tampoco de irrazonabilidad a la hora de sancionar a los actores. VIII.- CONCLUSIÓN.- De todo lo anterior, han quedado demostradas las irregularidades cometidas por los recurrentes en el uso y disfrute de los bienes dados en concesión, y por ende su explotación indebida y no conforme con la normativa que regula la materia ambiental, por lo que con base en lo dicho en los considerandos anteriores, las sanciones impuestas se encuentran acorde con el ordenamiento jurídico que regula la materia y por lo tanto, se debe confirmar en todos sus extremos la resolución venida en alzada."

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

      Concept anchorsAnclajes conceptuales

        Spanish key termsTérminos clave en español

        This document cites

        • Constitución Política 0 (Asamblea Nacional Constituyente, 07/11/1949) Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment — Article 50 of the Political Constitution
        • Ley 6227 General Public Administration Law
        • Ley 7152 Organic Law of the Ministry of Environment and Energy
        • Ley 7554 Organic Environmental Law
        • Ley 7788 Biodiversity Law
        • Ley 7794 Municipal Code
        • Res. 07294-1998 Sala Constitucional Reduction of Tivives Protected Zone without technical studies
        • Res. 02233-1993 Sala Constitucional Protection of Forest Resources and Requirement of Management Plans for Permits in Reserves
        • Res. 03705-1993 Sala Constitucional Definition of the right to a healthy environment and closure of the dump in La Caraña creek
        • Res. 01763-1994 Sala Constitucional Annulment of IDA land allocations in Tivives Protected Zone
        • Res. 02219-1999 Sala Constitucional Orange waste deposit in Guanacaste Conservation Area violates right to a healthy environment
        • Res. 10466-2000 Sala Constitucional Hydroelectric concessions require specific framework law

        Este documento cita

        • Constitución Política 0 (Asamblea Nacional Constituyente, 07/11/1949) Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado — Artículo 50 de la Constitución Política
        • Ley 6227 Ley General de la Administración Pública
        • Ley 7152 Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía
        • Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente
        • Ley 7788 Ley de Biodiversidad
        • Ley 7794 Código Municipal
        • Res. 07294-1998 Sala Constitucional Reducción de la Zona Protectora Tivives sin estudios técnicos
        • Res. 02233-1993 Sala Constitucional Protección del recurso forestal y exigencia de planes de manejo para permisos en reservas
        • Res. 03705-1993 Sala Constitucional Definición del derecho al ambiente y cierre de botadero en quebrada La Caraña
        • Res. 01763-1994 Sala Constitucional Declaratoria de nulidad de adjudicaciones del IDA en la Zona Protectora Tivives
        • Res. 02219-1999 Sala Constitucional Depósito de desechos de naranja en el Área de Conservación Guanacaste viola el derecho al ambiente sano
        • Res. 10466-2000 Sala Constitucional Concesiones hidroeléctricas requieren ley marco específica

        News & Updates Noticias y Actualizaciones

        All articles → Todos los artículos →

        Weekly Dispatch Boletín Semanal

        Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

        ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

        One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

        Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
        Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

        Stay Informed Mantente Informado

        Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

        Email Updates Actualizaciones por Correo

        Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

        Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

        WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

        Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

        Join Channel Unirse al Canal
        Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
        🙏