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Res. 10466-2000 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/11/2000

Hydroelectric concessions require specific framework lawConcesiones hidroeléctricas requieren ley marco específica

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denies the amparo, but determines that MINAE lacks authority to grant new hydroelectric concessions without a framework law and that forced easements require a public interest declaration by a state entity.La Sala declara sin lugar el amparo, pero determina que el MINAE carece de competencia para otorgar nuevas concesiones hidroeléctricas sin una ley marco y que las servidumbres forzosas requieren declaratoria de interés público por un ente estatal.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber analyzes an amparo action against the Los Gemelos (San Luis I and II) hydroelectric project in the Chirripó River basin. The claimants allege violations of due process, the right to a healthy environment (Art. 50 of the Constitution), and private property rights. The Chamber finds that after the repeal of Law 258 (National Electricity Service) and in the absence of a new framework law regulating the exploitation of hydraulic forces by private parties, MINAE lacks the authority to grant such concessions. It declares that concessions for exploiting public waters for electric generation must be approved by the Legislative Assembly (Art. 121, subsection 14 of the Constitution). It also establishes that forced easements on private property for these projects require a prior declaration of public interest by a state entity. The Chamber denies the amparo, finding no flagrant violation of due process in the EIA approval, without prejudice to MINAE’s ongoing oversight and ability to require additional studies, and warns that these processes must be realigned with the law.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo contra el proyecto hidroeléctrico Los Gemelos (San Luis I y II) en la cuenca del Río Chirripó. Los recurrentes alegan violaciones al debido proceso, al derecho a un ambiente sano (art. 50 CP) y a la propiedad privada. La Sala determina que, tras la derogatoria de la Ley 258 (Servicio Nacional de Electricidad) y ante la ausencia de una nueva ley marco que regule la explotación de fuerzas hidráulicas por particulares, el MINAE carece de competencia para otorgar concesiones de este tipo. Declara que las concesiones para explotar aguas públicas con fines de generación eléctrica deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa (art. 121 inc. 14 CP). Además, establece que las servidumbres forzosas sobre propiedades privadas para estos proyectos requieren una declaratoria previa de interés público por un ente estatal. La Sala desestima el amparo por considerar que no hubo lesión flagrante al debido proceso en la aprobación del estudio de impacto ambiental, sin perjuicio de que el MINAE continúe fiscalizando y pueda exigir estudios adicionales, y advierte que estos procesos deben reencauzarse conforme a derecho.

Key excerptExtracto clave

The Chamber considers that upon the repeal of Law 258, everything relating to water concessions for energy exploitation was left without a framework law, precisely the scenario covered by subsection 14) of Article 121 of the Political Constitution. The framework law that this Chamber has indicated as possible in this matter must contain clear, specific regulations on the concession to be granted, given that it concerns the exploitation of national assets; it is no coincidence that the framer established that the law must address "conditions and stipulations," which are nothing other than a detailed regulatory framework due to the assets involved. It is important for the purposes of this judgment to indicate that the concept of a framework law is consistent with Constitutional Law. The jurisprudential development of this Chamber allows it to hold that the missing framework law could not be similar to Law No. 258 of August 18, 1941 and its amendments, nor to the current Water Law, since those "frameworks" would be insufficient to achieve adequate regulation of the rational exploitation of water resources. It is not enough to establish that a given basin has hydroelectric potential, as the repealed SNE Law required; it is necessary to plan the installation of this type of projects such that, among other aspects to consider, it does not prevent future generations—whose rights are protected by Constitutional Law—from enjoying water resources and other natural resources.La Sala estima que al derogarse la Ley 258, se dejó sin ley marco todo lo referente a las concesiones de agua para la explotación de energía, precisamente el supuesto del que se ocupa el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política. La ley marco que ha señalado esta Sala como posible en esta materia, debe tener regulaciones claras, concretas sobre la concesión a otorgar, pues se trata de la explotación de bienes de la Nación; no por casualidad el propio constituyente estableció que la ley debía ocuparse de "condiciones y estipulaciones", que no son otra cosa que un marco normativo detallado en razón del bien involucrado. Resulta importante, a los efectos de esta sentencia, indicar que el concepto de ley marco resulta acorde con el Derecho de la Constitución. El desarrollo jurisprudencial de esta Sala permite sostener que la ley marco que se echa de menos, no podría ser similar a la Ley No. 258 del 18 de agosto de 1941 y sus reformas, ni a la vigente Ley de Aguas, pues esos "marcos" resultarían insuficientes para lograr la adecuada regulación de la explotación racional del recurso hídrico. No basta con establecer que una determinada cuenca tiene potencial hidroeléctrico, como lo exigía la derogada Ley de SNE, es necesario planificar la instalación de este tipo de proyectos de manera que, entre otros aspectos a considerar, se tome en cuenta que no se impida a las futuras generaciones -cuyos derechos se encuentran tutelados por el Derecho de la Constitución- disfrutar del recurso hídrico y los demás recursos naturales.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La Ley de Aguas (artículo 176), a partir de la reforma al transitorio V de la Ley 7593 del 9 de agosto de 1996, ciertamente atribuyó competencia al MINAE para otorgar concesiones destinadas a aprovechar las aguas públicas en producción de energía eléctrica. Sin embargo, la sola asignación de competencia no puede asimilarse a una ley marco regulatoria del proceso de otorgamiento de la concesión..."

    "The Water Law (Article 176), following the amendment to Transitory V of Law 7593 of August 9, 1996, certainly granted MINAE authority to issue concessions for the use of public waters for electric energy production. However, the mere allocation of authority cannot be equated to a regulatory framework law for the concession granting process..."

    Considerando VI

  • "La Ley de Aguas (artículo 176), a partir de la reforma al transitorio V de la Ley 7593 del 9 de agosto de 1996, ciertamente atribuyó competencia al MINAE para otorgar concesiones destinadas a aprovechar las aguas públicas en producción de energía eléctrica. Sin embargo, la sola asignación de competencia no puede asimilarse a una ley marco regulatoria del proceso de otorgamiento de la concesión..."

    Considerando VI

  • "En conclusión, actualmente no existe una ley marco que regule lo relacionado con la explotación del recurso hídrico para producción de energía eléctrica, por lo que, para el otorgamiento de nuevas concesiones deben los interesados acudir a la Asamblea Legislativa."

    "In conclusion, there is currently no framework law regulating the exploitation of water resources for electric energy production; therefore, for the granting of new concessions, interested parties must turn to the Legislative Assembly."

    Considerando VI

  • "En conclusión, actualmente no existe una ley marco que regule lo relacionado con la explotación del recurso hídrico para producción de energía eléctrica, por lo que, para el otorgamiento de nuevas concesiones deben los interesados acudir a la Asamblea Legislativa."

    Considerando VI

  • "Para que Nombre6802 pueda solicitar que se imponga servidumbre forzosa a los accionantes -quienes no aceptan el gravamen- requerirá de un acto administrativo que declare al proyecto de interés público, que sólo puede realizar un ente público."

    "In order for Nombre6802 to request the imposition of a forced easement on the plaintiffs—who do not accept the encumbrance—an administrative act declaring the project of public interest is required, which can only be done by a public entity."

    Considerando IX

  • "Para que Nombre6802 pueda solicitar que se imponga servidumbre forzosa a los accionantes -quienes no aceptan el gravamen- requerirá de un acto administrativo que declare al proyecto de interés público, que sólo puede realizar un ente público."

    Considerando IX

  • "El daño que se puede causar al ambiente es siempre de difícil o imposible reparación y la aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere de la total certeza de mínima afectación de los recursos naturales, pues así lo impone por fuerza propia el artículo 50 de la Carta Política."

    "The damage that can be caused to the environment is always difficult or impossible to repair, and the approval of an environmental impact assessment requires total certainty of minimal impact on natural resources, as demanded by Article 50 of the Constitution."

    Considerando VII

  • "El daño que se puede causar al ambiente es siempre de difícil o imposible reparación y la aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere de la total certeza de mínima afectación de los recursos naturales, pues así lo impone por fuerza propia el artículo 50 de la Carta Política."

    Considerando VII

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Recourse of amparo filed by [Name443 001], ID number [value CED990]; [Name443 002], ID number [value CED991]; [Name443 003], ID number [value CED992]; [name 004] [value CED993] on their own behalf; against the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the MINISTRY OF PUBLIC SECURITY, GOVERNANCE AND POLICE. The company Producciones Antheus, S.A., represented by Name6801, General Attorney-in-Fact without limit of amount, intervenes in this matter.

Whereas:

1.- The petitioners state that "Producciones Nombre6802 S.A." has been promoting, since 1996, the approvals to carry out a highly complex hydroelectric project, called "los Gemelos" or "San Luis I and II", in the Chirripó or General River basin, in Rivas de Pérez Zeledón. They state that MINAE granted them the permits that allow them to build the project without having jurisdiction and without considering the damage that the work would cause to the environment, as it is an area devastated by Hurricane César, which led the local municipality to declare the sector as a "high-risk zone" in the local regulatory plan, a regulatory framework that has been disregarded by the interested company and by MINAE officials, in clear violation of the autonomy of the Local Government and the right to citizen participation in matters of their interest. They state that MINAE lacks jurisdiction to intervene in aspects related to water exploitation concessions for carrying out hydroelectric projects, which, without an adequate regulatory framework – which does not currently exist because the law creating the National Electricity Service was repealed –, is the exclusive domain of the Legislative Assembly, as established by Article 121 of the Constitution, a procedure that is missing in this case and which in no way validates MINAE's actions in this matter, even though its officials have based their actions on Directive 46-PE of November 6, 1998, which authorizes them to depart from the opinion of the Office of the Attorney General of the Republic number C-181-98 and C-221-98 of the Assembly of Attorneys, according to which "in the absence of legal provisions regulating the conditions, requirements, and specifications for granting the use of forces derived from public waters for electrical or hydroelectric development purposes, MINAE is legally unable to exercise the jurisdiction attributed by Article 178, subsection I, of the Water Law." The petitioners state that they timely appeared before the respondent authorities in clear opposition to the project's development and their petitions were not addressed (allegation of granting a concession without a hearing for the neighbors, without a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), of the concession lapsing due to non-use, among others), even hindering their access to essential evidence such as the EIA, all of which allows them to accuse an administrative process that violates the essential principles of due process. They maintain that the company has no property right over the lands that are necessary to implement the project, and because of this, it resorted to the Ministry of Governance and Public Security so that, in application of the provisions of the Water Law, forced water easements (servidumbres forzosas de aguas) be imposed on the properties of the first six petitioners; restrictions that are of such magnitude that they prevent them from exercising the attributes of ownership and nullify the essential content of the property right guaranteed to them by Article 45 of the Constitution. They request to be restored to the full enjoyment of their fundamental rights.

2.- Name6801, General Attorney-in-Fact without limit of amount of the company "Producciones Antheus, S.A.", intervenes in the process with the following statements: His represented company intends to develop the hydroelectric project "Los Gemelos", formerly called San Luis 1, which has no relation to any other in the area. His represented company acquired easement and lease rights over approximately 60 properties, as accredited by the registry studies attached. Of the total number of owners through whose properties the referred project must pass, six of them, precisely the petitioners, refused to negotiate with the company, so they were forced to request the Ministry of Governance, in application of Water Law No. 272, to impose a forced easement. The easement has not yet been imposed; this will become a reality at the moment his represented company deposits the corresponding compensation, as established by the Water Law. It is not true that the water concession held by the company is not in force. In relation to the regulatory plan, he states that the project is not located within the so-called high-risk zone, such that the declaration made by the local municipality cannot affect them. The recourse is reckless, as to date there is no pronouncement whatsoever from the Municipality of Pérez Zeledón that shows the falsity of the previous statement, that is, that the project is within the regulations of the regulatory plan. What does exist is the response to a technical consultation to INVU, according to which the project is located in a medium-risk zone. His represented company has not requested a land-use permit to date; consequently, there is no action by the company that allows one to think of a violation of the autonomy of the local municipality. Nor is it true that there are violations of due process in the administrative procedures in which the petitioners participate, as in all those processes there has been no final resolution, so the recourse of amparo being attempted is not admissible. Everything related to the nullity actions filed by the petitioners are matters of mere legality that this jurisdiction is not to resolve, and the procedure for imposing forced easements is in accordance with current legislation. He requests that the recourse be declared without merit, that its recklessness be established, and that the petitioners be ordered to pay the applicable legal costs.

3.- Elizabeth Odio Benito, Minister of Environment and Energy, reported that since 1994, the company has been processing before that Ministry the obtaining of the permits that would allow it to develop the hydroelectric project Los Gemelos or San Luis I and II in the locality of Rivas, Pérez Zeledón. That Ministry has had involvement in matters related to the water concession and the approval of the Environmental Impact Assessment (EIA). It is not true that the water concession obtained by the company is not in force; according to the accompanying certification, it is valid until February 19, 2016. The zone, according to what was indicated by INVU and the National Emergency Commission, is of medium risk, and therefore the project intended to be built is indeed permitted, and in any case, this must be duly ratified by the local Municipality, which is the competent authority regarding the planning of its territory. The zone that the petitioners state is a high-risk zone in the local regulatory plan is not the exact point where the Los Gemelos project is located. The Ministry acts in the exercise of its powers when determining whether the residual water flow is sufficient or not for the project; in the same vein, there are studies by the School of Geology of the University of Costa Rica. Nor has due process been violated in the administrative procedures in which the petitioners have intervened. All of the interested parties' petitions have been resolved and notified to María del Pilar Ureña. In relation to the EIA, it is true that when the petitioners appeared to study it, they were told that it was in the hands of the officials who were conducting the field verification and scientific studies in the area, who needed to take the documentary evidence, but this does not imply that they were denied the requested information. The Ministry has at all times ensured that the project complies with the law and guarantees the safety of the neighbors. It is true that conditions changed with Hurricane César, precisely for this reason the SETENA Monitoring Unit appeared at the site, and the visit gave rise to resolution 114-98 MINAE, which expanded the technical requirements for the company interested in the project, which was warned to submit six additional studies. Starting July 16, 1998, the company began submitting what was required, which concluded on February 4, 1999. The Technical Unit reviewed the studies and issued report UTE-087-99 on July 25, 1999, and the approval of the Plenary Commission is still pending. The administrative process is still in progress, and no final resolution has been issued in this matter. Efforts have been made to technically ensure the project and the environmental evaluation. The petitioners to date have not been able to prove a technical error by the Secretariat; their claims are, more than anything, a fierce struggle so that the project does not succeed. The group proves to be highly conservationist and seeks to protect the Chirripó River basin, without considering the goal of sustainable development and the socio-economic progress of the community. Everything related to the environmental aspect is for the Ministry to assess, which must make the corresponding final decision, in accordance with the provisions of the Organic Environmental Law, the Water Law, the Private Generation Law, and especially Transitional Provision V of Law 7593. Article 50 of the Constitution has not been compromised in the case under examination. The protection of the collective environmental good is sought, which is above any private for-profit activity. It is the State's obligation to protect it, and one of those ways is by issuing specific acts; therefore, the EIA is required, and additional requirements have been made, which will be complemented by what the local regulatory plan stipulates. There is no violation of due process if the petitioners' petitions have been resolved; by way of example, see folios 219, 252, 259, and 294. She requests that the recourse be declared without merit, that the suspension measure of the administrative acts be lifted so as not to cause damages that are difficult to repair, and that the petitioners be ordered to pay costs.

4.- Juan Rafael Lizano Sáenz, then Minister of Governance and Police, reported: On November 11, 1998, the company processed what it called "Proceedings for the Imposition of Forced Water Easement." It accredited having a concession for the use of waters from the Chirripó River and a contract for electrical cogeneration duly countersigned by ARESEP. It was also accredited that for energy generation, it is necessary to conduct the water through a pipeline installed underground, from Address493, Address494, to the locality of Miraflores, where the powerhouse is located; the water is then conducted to the Río El General in Pérez Zeledón. To carry out the project, it is necessary to trench a tunnel and install the pipes through the farms that are the property of the petitioners. This office, in compliance with the provisions of Articles 99 and following of Water Law No. 276, issued the following resolutions: 568-99 M.G., 569-99 M.G., 570-99 M.G., 571-99 M.G., 572-99 M.G., and 573-99 M.G., all dated November 16, 1998, in which it transferred the proceedings to the owners of the servient tenements, for a period of thirty days, so that they could make their appropriate statements. The petitioners appeared in the administrative procedure opposing the imposition of the easement, and alleged that the water concession granted to the interested company had a series of irregularities and that local regulations were not being complied with. Through resolutions 040-99 DMG, 047-99 DMG, 049-99 DMG, 050-99 DMG, 051-99 DMG, and 057-99 DMG, the oppositions of the petitioners were declared without merit, based on the provisions of Article 101, subsections 1) and 2) of the Water Law, which limits the opposition of owners to the scenarios indicated therein, with the arguments of the petitioners not being provided for in the legal norm. The petitioners alleged in the administrative venue the lapsing of the water easement concession due to non-use. Through resolutions Nos. 149-99 DMG, 169-99 DMG, 172-99 DMG, and 238-99 DMG, this office declared itself incompetent to resolve the lapse actions alleged by the petitioners. The interested parties were referred to the Ministry of Energy and Mines, since if that Ministry declares the lapse, this office would immediately proceed to archive the proceedings. Through resolutions 218-99 DMG, 219-DMG, 220-99 DMG, 223-99 DMG, 391-99 DMG, and 221-99 DMG, Engineer Fallas Cisneros was appointed, on behalf of the State, and entrusted with carrying out the appraisals established by Article 102 of the Water Law. The proceeding was carried out on May 21, and the appraisal is added to the case file. The company also presented its appraisal. The petitioners have the possibility of appointing an appraiser in accordance with the provisions of Article 102 of the Water Law, which they have not done. The filing of this action of amparo prevented them from continuing with the procedure of informing the interested parties of the appraisals. He adds that it is not true that the petitioners are being forcibly expropriated; only a legal easement is being imposed, which does not imply dispossession of property. The interested parties are compensated for the inconveniences that the trenching and burial of the pipes on their properties will cause them. It must be noted that Article 384 of the Civil Code establishes the obligation of private owners to bear the restrictions imposed on them by special laws when they refer to water matters, and in the case under examination, the Water Law has provided for the imposition of an easement to fulfill its purposes. The principles that make up due process have been respected in the procedure. He requests that the recourse be declared without merit and that he be excluded from any personal liability and as a public official.

5.- The legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Magistrate Sancho González; and,

Considering:

I.- Purpose of the amparo: The petitioners request that this venue protect their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and the full enjoyment of their private property, rights they believe are threatened by the advancement of the project being built by the firm "Producciones Antheus, S.A. (hereinafter Antheus) and which it wishes to execute in the area where they reside. The violations of Constitutional Law that are alleged are summarized as follows: A).- In relation to the first aspect, the petitioners argue that the National Electricity Service (SNE) granted a water concession to Antheus, even though it did not present, from the beginning of its application, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) required by Article 14, subsection e) of Law 7200 and Decree 20937-MIRENEM. They state that the EIA was presented in parts, phase I and II, and finally approved by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) without greater technical rigor, which, for the petitioners, prevented adequate control over the effects that the project will produce on their lives and on the environment of the area, since the fragmentation of the study conspires against the adequate weighing of its effects. They add that the edicts provided for by the Water Law – a hearing for the community in the area where the project will be carried out to allow them to oppose it – were published before the interested party presented the EIAs; for this, all possible time extensions were granted, even though the legal norm governing the matter establishes the EIA as a requirement for the admissibility of the application. When they learned of the company's intentions, they filed an opposition before MINAE, and their petitions were declared time-barred, having been filed after the publication of the edict, despite the fact that at that time the EIA had not been approved nor had the water concession been granted. They indicate that the SNE resolution, which finally granted the water concession, admits the fragmented presentation of the studies, which were completed during the administrative procedure. They add that before the SNE granted the water concession, they appeared before that body, which, without addressing their petitions, issued a resolution granting the concession for a period of twenty years. In the petitioners' view, the administrative procedure that allowed Nombre6802 to obtain the concession is openly harmful to the principles that make up due process, which affects their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, guaranteed to them by Article 50 of the Political Constitution and the international instruments signed by Costa Rica. B.- The second reason for the amparo is the threat that the actions promoted by Nombre6802 before the Ministry of Governance and Police represent for the private property of seven of the petitioners, based on the Water Law and which seek to impose legal easements, due to their refusal to negotiate such a possibility with the company holding the project concession, which lacks land in the area. The petitioners claim that the procedure used by Nombre6802 represents a serious limitation on their private property rights, not permitted by Article 45 of the Constitution, and they request it be declared so.

II.- Jurisdiction of the Chamber to resolve the purpose of the amparo: The Chamber considers that the aspects raised by the petitioners and that relate to the environment must be resolved by this court, since this is the avenue created by the Constitution for the protection of the fundamental rights alleged to be threatened; these rights, due to their special nature, require an expeditious protection that only the summary process of the amparo can guarantee. The issue raised, furthermore, due to the nature of the goods involved: the water resource and its use – public domain goods belonging to the Nation –, is of the greatest constitutional relevance, and the legality aspects related to this issue must necessarily be examined in the amparo, insofar as it has a direct relationship with the protections of the fundamental order, without it being admissible to classify the conflict raised as one of mere legality, as alleged by the firm Nombre6802.

III.- The facts of the specific case: From the study of the arguments of the intervening parties in this matter, the administrative files that have been reviewed, and the analysis of the evidence requested for a better resolution, this Chamber can consider the following facts of relevance for the resolution of this recourse as certain: 1) In November 1994, the company "Producciones Antheus, S.A." requested from the National Electricity Service a hydroelectric power concession to take 17,000 liters of water per second from the Chirripó River, which would allow them to obtain an eventual power of 23,348 Kw, intended to produce energy that would be sold to the Costa Rican Institute of Electricity (Expediente 910-H, file 1 of the SNE); 2) The Environmental Impact Assessment, Phase I of the San Luis I Hydroelectric Project (now Los Gemelos), was approved by the Board of Directors of the National Commission of Environmental Impact Studies in session 012 on July 19, 1995, and in resolution 029-96 of January 19, 1996, the EIA and its annex for PHASE II were approved (folio 210, folio 17 file 0033-95); 3).- The National Electricity Service, in resolution 151 at 12:40 p.m. on February 19, 1996, granted "without prejudice to any third party with better right to the firm Producciones Antheus, S.A., hydroelectric power concession No. 910-H subject to the following conditions: FIRST: The concession shall last 20 years starting from its granting, and the concessionaire firm must use the power solely for the granted purposes and in the granted quantity. SECOND: Water from the CHIRRIPO PACIFICO RIVER shall be granted, in different quantities according to each month: January, 6420 liters per second, where with a head of 140 meters a theoretical power of 8817.2 Kw is obtained; February, 4660 liters per second, where with a head of 140 meters a theoretical power of 6400.0 Kw is obtained; March, 3860 liters per second, where with a head of 140 meters a theoretical power of 5301.3 Kw is obtained; April, 4740 liters per second, where with a head of 140.00 meters a theoretical power of 6509.9 Kw is obtained; May, 11190 liters per second, where with a head of 140 meters a theoretical power of 15368.3 Kw is obtained; June, 16670 liters per second, where with a head of 140 meters a theoretical power of 22894.6 Kw is obtained; July, 13240 liters per second, where with a head of 140 meters a theoretical power of 18183.8 Kw is obtained; August, 16010 liters per second, where with a head of 140 meters a theoretical power of 21988.1 Kw is obtained; September, 17000 liters per second, where with a head of 140 meters a theoretical power of 23327.8 Kw is obtained; October, 17000 liters per second, where with a head of 140 meters a theoretical power of 23347.8 Kw is obtained; November, 17000 liters per second, where with a head of 140 meters a theoretical power of 23347.8 Kw is obtained; December, 10940 liters per second, where with a head of 140 meters a theoretical power of 15025.0 Kw is obtained; the produced energy is intended for SALE TO THE COSTA RICAN INSTITUTE OF ELECTRICITY, the energy shall be generated in Pérez Zeledón, San José. Once used, the water must be entirely returned to the channel of its origin. THIRD: The concessionaire must maintain in the source a minimum flow (CM) from the intake point to the discharge point, equivalent to 10% of the average annual flow. The minimum flow consists of an overflow flow at the intake site and the flow of the tributaries between the intake and the discharge. For the CHIRRIPO PACIFICO RIVER, there is no contribution flow; therefore, the concessionaire must allow a flow of 1400 liters per second to run at the intake. The concessionaire must install a calibration system to ensure that the indicated minimum flow continues through the sources. This system requires subsequent approval from the National Electricity Service. FOURTH: The concessionaire must pay the fees determined by this Service or the tax imposed by subsequent laws, for which purpose it must appear as soon as possible at the Accounting Office of this Service. FIFTH: The flora and fauna of the place must be protected, seeking their preservation for the sake of the conservation of the respective hydrographic basin. Damage caused to the flora or fauna through improper use of the water resource or manifest contamination shall result in the immediate caducity of the concession. SIXTH: Verification that a greater flow than granted is being diverted shall be grounds for declaring the caducity of the concession without entitlement to compensation of any kind. SEVENTH: The concessionaire must submit, within a period of six months, a single-line diagram of the step-up substation plant with all the technical characteristics of the components (turbines, generators, transformers, measurement, control, and protection systems, etc.); the name and geographic location of the substation or interconnection point with the S.N.I. network; the proposed metering point and the characteristics of the interconnection line. EIGHTH: The concessionaire must comply with all the conditions established in the Environmental Impact Assessment (EIA). NINTH: The concessionaire is advised that, according to information provided by the Costa Rican Institute of Electricity on November 6, 1995, the limit established in Law 7200 for the participation of private generators in the national electricity generation has been reached, and no available power exists, so it shall not be the responsibility of this Service if it cannot sign a contract with that Institute. TENTH: The concessionaire is advised that the non-use and non-exploitation of the waters for a period of three consecutive years, or three years within five, shall be grounds for the caducity of the concession, as established by Article 26, subsection I, of the Water Law. ELEVENTH: This right shall be extinguished without entitlement to compensation of any kind, if the waters are applied to uses other than those agreed upon; for contravening any of the current legal provisions, the conditions that this concession imposes, or for the transfer of the concession, in whole or in part, without the authorization of this Board. TWELFTH: This concession shall be extinguished upon the expiration of the term for which it was granted, and the extension of the right must be requested three months in advance, provided that the continuation of the use of the waters is desired. THIRTEENTH: Failure to comply with any of the above conditions shall be grounds for canceling this right. Notify and file, after annotation by the Accounting Department."; 4).- The National Environmental Technical Secretariat, in a resolution dated September 12, 1996, agreed to reject the EIA for the San Luis II Hydroelectric Project, phase II, (volume I file 033-95, folio 91); 5) In August 1997, Nombre6802 and ICE signed a contract for the "purchase and sale of electrical energy", countersigned by the Public Services Regulatory Authority in session number 041-97 held on September 2, 1997, and ratified on the 9th of the same month and year (folios 151 to 169 of file No. 1 administrative file); 6) At the request of the Committee for the Defense of the Rivers, the Environmental Monitoring and Supervision Unit of the Ministry of Environment and Energy appeared at the Chirripó Pacífico River on January 22 and 23, 1998, to assess the possible modification of the environmental conditions of the project area, due to the passage of Hurricane César, concluding that "Hurricane César affected the area where the P. H. San Luis I is proposed… (…).

(UMSA Report 020-98, folio 111 volume I file 0033-95); 7).- Based on that report, SETENA, in resolution 114-98 of March 13, 1998, ordered that the interested company be notified that it had to complete the following additional technical studies: a) Geophysical and geological study; b) study of water resource uses; c) study of community opinion regarding the project; d) project information program; e) comprehensive watershed study (estudio global de la cuenca); f) the modifications to the project that would allow evaluation of the current hydrogeological situation of the watershed; g) the environmental intervention (intervención ambiental) of the project; and h) the opinion of the neighbors who would be directly or indirectly affected by the project. (folio 117 No. 0033-95); 8) On June 9, 1998, the neighbors of Rivas and General Viejo de Pérez Zeledón filed a "Motion to Nullify (Incidente de Nulidad) against the water concession for the Hydroelectric Project called Los Gemelos (San Luis I and II)," on the grounds that due process was violated in the proceedings, because they were not given a hearing nor was the legal requirement for a prior environmental impact study (estudio previo de impacto ambiental) fulfilled (folio 147 file I); 9) MINAE, in resolution No. 719-98 at 10:00 a.m. on July 17, 1998, ordered that "the Motion to Nullify is granted. Resolution 151 of February 19, 1996 is voided, and it is ordered that the effects of the file be rolled back, with the respective edicts to be published again" (folios 147, 148); 10) By resolution R-813-MINAE at 8:15 a.m. on August 18, 1998, it was ordered that "The Ministry is declared incompetent to hear the present conflict. Resolution 719-98-MINAE is voided. The Department of Waters (Departamento de Aguas) is ordered to return this file to the Public Services Regulatory Authority (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), which are the competent bodies to address and resolve this matter. Notify." (folios 181, 182); 11) By resolution No. 859-98 of September 4, 1998, MINAE rejected the "Motion to Nullify the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental)" filed by the neighbors of the community of La Cuenca del Río Chirripó, Pacífico, on June 5 of the same year (folio 387 File II); 12) On December 1, 1998, the neighbors of La Cuenca del Río Chirripó filed with ARESEP a "Motion to Nullify (Recurso de Nulidad) against resolution 151-96 issued by the Board of Directors of the SNE, file 910-H, water concession for the Los Gemelos hydroelectric project" (folio 223 file I); 13) The Regulador General, in a resolution of December 3, 1998, ordered "1.- to summarily reject the nullity petition filed by María del Pilar Ureña Alvarez against resolution 151-96 issued by the Board of Directors of the SNE, concerning file No. 910-H (water concession for the Los Gemelos hydroelectric project); 2.- To forward the proceedings to MINAE for its responsibility, as a necessary measure to avoid delays for the interested party." (folios 220-221 file No. I); 14) In official communication of December 2, 1998, the Regulador General informed the interested neighbors that "this type of proceeding has been completely clarified in light of opinions 181-98 of August 28, 1998, and 221-98 of October 28, 1998, both from the Procuraduría General de la República, and the fifth article of the Minutes of session number 26 of the Government Council (Consejo de Gobierno), held on November 3, 1998, in which it resolved to dispense with the criteria of the State advisory body. Within this context and based on the legal norms themselves, there is no doubt regarding the standing of MINAE in the matter sub examine, which obviously implies its standing to hear the nullity petition referred to by the interested party, such that said Ministry cannot refuse its legal jurisdiction" (folio 267); 15) The additional studies required by MINAE were delivered by Nombre6802 between the months of July 1998 and February 1999 (sworn report of the Minister at folio 83 of the amparo); 16) In the month of November 1998, Nombre6802 filed before the Legal Department of the Ministry of Governance and Public Security (Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública) what it called a "Request for Forced Easement under the Water Law (Solicitud de Servidumbre Forzosa Ley de Aguas)," to impose on the property of the protected parties Nombre6803, Nombre6804, Nombre6805, Nombre6806, Nombre6807, Ciro González Hidalgo, José Marcelo Valverde Rodríguez (administrative files of the Ministry of Governance and Police); 17) The Ministry of Governance, in resolutions numbers 568-99 M.G., 569-99 M.G., 570-99 M.G., 571-99 M.G., 572-99 M.G., all of November 16, 1998, signed by the Deputy Director of Legal Advisory, and 573-99 M.G. of November 13, 1998, signed by the Minister of Governance and Police and Public Security, granted a thirty-day transfer to the owners of the servient estates (fundos sirvientes) so they could make their pertinent statements (idem); 18) The appellants opposed the proceedings for the imposition of a legal easement (servidumbre legal), on the grounds that the concession had been granted in violation of the principle of legality and without the interested company possessing lands in the area of interest; they pointed out that the owners of the lands that would be used for the project were not consulted either, and they alleged a variation in the current conditions of the land, without the interested company having been able to prove in the promoted proceedings that it obtained the corresponding permit from the local Municipality. They also indicated that, as the Procuraduría held in its corresponding opinions, this type of concession can only be granted by the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa) in the absence of a framework law (ley marco) regulating the matter. (documents in the administrative files); 19) By resolutions 040-99 DMG of January 6, 1999, 047-99 DMG, 049-99 DMG, 050-99 DMG, 051-99 DMG, these of January 22, 1999, and 057-99 DMG of January 25, 1999, all signed by the Minister of Governance and Public Security, the "oppositions of the appellants were declared without merit," on the grounds that, in accordance with the provisions of numeral 101, subsections 1) and 2) of the Water Law (Ley de Aguas), the opposition of the owners must be limited to the cases indicated therein, "the arguments of the protected parties not being provided for in the legal regulations" (administrative files); 20) MINAE, in resolution R-400-99 of March 11, 1999, ordered that "the motion for review is rejected and resolution 151-96 issued by the then Servicio Nacional de Electricidad is upheld. The administrative channel is deemed exhausted. NOTIFY." (Folios 293, 295); 21) That Nombre6804, Nombre6807, Nombre6806, Ciro González Hidalgo, Nombre6805, José Marcelo Valverde Rodríguez, María del Pilar Ureña Alvarez, in a writ filed before the Ministry of Governance and Public Security on March 15, 1999, alleged the expiration (caducidad) of the concession due to the non-use of the water easement (servidumbre de aguas) (idem); 22) By resolutions 149-99 DMG of March 25, 1999, 169-99 DMG of April 5, 1999, 172-99 DMG of April 6, 1999, 396-99 DMG of June 29, 1999, the Ministry of Governance and Police declared itself incompetent to resolve the expiration claims alleged by the appellants AND REFERRED THE INTERESTED PARTIES to MINAE; 23) By resolutions 218-99 of May 5, 1999 (case of José Marcelo Valverde Rodríguez), 219-DMG of May 5, 1999 (case of Ciro González Hidalgo), 220-99 DMG of May 5, 1999 (case of Nombre6806), 223-99 DMG of May 5, 1999 (case of Nombre6804), 391-99 DMG of June 23, 1999 (case of Nombre6805), 221-99 DMG of May 5, 1999 (case of Nombre6807), the Minister of Governance and Police appointed Engineer Fallas Cisneros as the State's expert. The inspection proceeding was carried out on May 21, 1999, and the elaborated appraisals are attached to the administrative file (see administrative files); 24) The Minister of Governance and Police reported that once the amparo action was resolved, the appraisals would be made known to the interested parties (report of the Minister in the amparo file); 25) Report UTE-087-99 of June 25, 1999, evaluated the results of the studies required of Nombre6802 and await the endorsement of the Plenary Commission (Comisión Plenaria) (Minister's report folio 85); 26) MINAE, by resolution R-102-99 at 9:00 a.m. on July 22, 1999, ordered that "Based on Article 41 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), to suspend the issuance of substantive resolutions on the expiration claim and motion for review filed by the Neighborhood Committee of La Cuenca del Río Chirripó Pacífico and the request for lack of standing of the representative of the Neighborhood Committee of La Cuenca del Río Chirripó Pacífico, filed by the project developer; until the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) does not …(Sic) …SECOND: Proceed to hold the public consultation on the technical studies submitted by the project developer" (last folios of File No. 3).

IV.- Nature of the legal right involved: From the patrimony of the Nation (public domain (demanio público)).- In the terms of our Political Constitution, the national patrimony is formed by the assets defined in constitutional Articles 6, 50, 89, and 121 subsection 14); these are the territorial waters, the coasts, the airspace, the continental shelf, the insular shelf, the natural resources and riches of the soil and subsoil water, the natural beauties, the right to a healthy and ecologically balanced environment, the historical and artistic heritage of the Nation, the forces obtainable from waters in the public domain within the national territory, coal deposits, oil sources or deposits, hydrocarbon substances, radioactive mineral deposits, wireless services—what is now known as the electromagnetic spectrum—, railways, docks, and airports that are in service. It is important to point out that these assets enjoy special protection, such that they are not susceptible to being appropriated by private individuals nor even by the Public Administration; nor to be destined for purposes other than those determined by their own essence and nature. Naturally, their protection—in the terms that may be necessary—and administration corresponds to the State on behalf of the Nation (volume III Minutes of the National Constituent Assembly No. 168, p. 468). The constitutional norm opted for legislative control in cases where it is possible to alienate those assets, or, alternatively, to incorporate new assets for public uses; however, some of these assets cannot be subject to declassification (desafectación) even by the legislator, given that due to their singular nature they have received a special constitutional classification that exempts them from being in the commerce of men. The assets of the Nation may be subject to rational exploitation by the State or by private individuals "in accordance with the law or through a special concession granted for a specific time and under the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly" (subsection 14 of Article 121 of the Political Constitution). The case law of this Chamber—ruling 06240-93—examined the possibility that the Legislative Assembly might resort to the technique commonly known as the issuance of a framework law (ley marco) to comply with the requirement of the constitutional norm. Regarding the matter of interest, this Chamber stated:

"In this case, the Legislative Assembly vests in the Public Administration the power to grant specific concessions, a power which, of course, does not include the power to entirely substitute the function of the former, as will be stated below. In this hypothesis, the delegate may be any entity in the public sphere—both the Executive Branch itself, the normal organ of administrative contracting (Article 140 subsection 14) of the Constitution), as well as any other decentralized entity of the Public Administration—but not, as is proposed in the bill, a mere deconcentrated organ within an Executive Ministry." In accordance with what has been set forth, the special nature of the national patrimony has as its particularity the necessary and indissoluble linkage to the public use of the assets that the concessionaire—whether public or private—destines or requires for its development and exploitation, such that these are understood definitively incorporated into the public domain (demanio público) and enjoy, for that reason, the characteristics inherent to this regime, of being unseizable, imprescriptible, and inalienable. Due to the implications of the exploitation of the Nation's assets by private individuals, the legislator must, in the absence of express authorization in each case, develop a framework law (ley marco) that provides the country's system with suitable guarantees regarding the reasonable exploitation of the asset in question. One must not lose sight of the fact that the special classification of the Nation's assets makes sense only insofar as the right of all inhabitants to a quality of life within a healthy and ecologically balanced environment is guaranteed. The exploitation of natural resources imposes, with constitutional rank, their rational use (adequate, planned), for the benefit of current and future inhabitants of the country (third-generation rights).

V.- Of other public domain assets (bienes demaniales) of the State.- The assets of the State are characterized by being its exclusive ownership and by having a special legal regime; they constitute the unity of the State and, together with its political, economic, and social organization, pursue the satisfaction—under conditions of equality—of general interests; their ultimate objective is to fully achieve the common good. This is the main reason to justify the existence of an impediment, at least in principle, to the free disposal of this category of assets. The special regime that shelters them, however, does not cover all public assets equally; the greater, lesser, or non-existent coverage will depend on the type of asset in question. It is for this reason that public law doctrine speaks of various types of assets belonging to the State. The Costa Rican legal tradition has structured its own regime based on these ideas, such that these assets, understood in the broadest sense of the concept, are classified as public domain assets by nature or by provision of law, the private assets of the State, real rights over third-party assets (easements (servidumbres)), economic or financial rights (such as State securities or bonds), and communal assets, among others. Public domain assets (bienes demaniales) or dominical assets, as they are also known, possess that character by virtue of a legal classification (afectación legal), which is what determines their subjection to a specific public purpose, insofar as it marks the destination of the asset to public use or service or to another determining finality that justifies its public domain status. In this way, classification is the linkage, whether by formal act or not, through which a public asset is integrated into the national patrimony by virtue of its destination and the corresponding legal provisions. This entails, as a logical consequence, that only by law may the special regime that regulates them be deprived or modified, by declassifying (desafectándolos) them, which means separating them from the public purpose to which they are linked. It requires an express and specific legislative act, such that no doubt remains regarding the will of the legislator to remove a specific, individualized asset from the public domain (demanio público), without generic declassification being possible, much less implicit; that is, in this matter there cannot exist an "open type of declassification," which the Administration, through its discretionary acts, may complete. It must also be noted that any declassification, as it stems from a legislative act, is subject to ordinary jurisdictional controls.

VI.- Of the regulations regarding water resources: The State exercises its full and exclusive dominion over the waters of its territory (Article 6 and subsection 14) of Art. 121 of the Political Constitution). The exploitation of waters involved in the hydrological cycle—Hydrology is the science that deals with terrestrial waters, their modes of appearance, circulation and distribution, their physicochemical properties, their interactions with the physical and biological environment, and their reactions to human action—requires, as has been stated, a framework law (ley marco) to regulate it or an express act of legislative authorization. For the exploitation of the resource in an energy production project (hydroelectric), first, a concession for the use of the public domain is required, and then, a concession for the operation of a public service. The first, because of what has been said regarding the special protection of the asset, not only because it is essential for life, but also in relation to the exploitation of its force, which is impossible without the adequate protection of the resource itself. The Water Law (Ley de Aguas) No. 276 of August 27, 1942—prior to the current Constitution, but in accordance with it—establishes the public domain status (demanialidad) of waters; in a similar vein, Law No. 258 of August 18, 1941—Law creating the Servicio Nacional de Electricidad (SNE)—states that the force obtainable from waters, electrical forces, and any other energy source are public domain property, thus completing the protective framework alluded to. The second concession arises by express provision of subsection 14) of Article 121 of the Political Constitution. This type of concession refers to the use of waters for energy production, and includes the transmission, transformation, and distribution of the energy obtained from the waters. Law 258 established that the competent authority to grant these concessions was the Servicio Nacional de Electricidad (Articles 6 and 34) and undertook to regulate in detail the circumstances under which it was possible to grant and operate the concession, the rights and obligations of the concessionaires, the object of the contract, and the term of the concession. These norms, moreover, were enriched by the integration of the provisions of the Water Law, which complemented those precepts in many fields, such as, for example, in orders of preference. All of these legal provisions are applicable to the legal operator, in a sort of integration of law, and "as long as they do not contradict the precepts of the referred to law number 258," since in case of conflict the one that specifically regulates the matter must prevail. Note that Article 17 of the Water Law reaffirms that for the use of public waters, "the authorization shall be granted by the Servicio Nacional de Electricidad—in accordance with law 258 of August 18, 1941." It should not go unnoticed that both normative bodies—the SNE Law No. 258 and the Water Law No. 276 (the latter reformed by laws Nos. 2332 of April 9, 1959, 5046 of August 16, 1972, and 5516 of May 2, 1974)—are prior to the current Political Constitution and to Decree Law number 449 of April 8, 1949, which entrusted ICE with "the rational development of the forces producing physical energy that the Nation possesses, especially hydraulic resources" (Article 1). Evidently, that asset was granted in concession to ICE under a state monopoly regime, with the purpose that its activity would allow "promoting the greatest well-being of the people of Costa Rica" (Article 1 of the Decree Law), guaranteeing it the enjoyment of the assets that are its own, based on the provision of "public service at cost" (Article 2 of Law number 2199 and Article 2 of number 3226, of October 25, 1963). Through Law 7200 of September 13, 1990, autonomous or parallel generation of electricity by rural electrification companies and cooperatives, which could be integrated into the national electrical system, was authorized. This law was reformed by No. 7508 of April 30, 1995. With the enactment of these two laws, the former competence of the SNE in this matter regains importance, to the point that Article 5 provided that the SNE would have the power to grant concessions intended to operate electrical plants of limited capacity, up to a maximum of twenty thousand kilowatts (20,000 Kw) and for a term not exceeding twenty years; it may extend, modify, or transfer those concessions, without requiring legislative authorization; but this requirement will be indispensable when the operation exceeds twenty thousand kilowatts or the acquirer has approved concessions that, added to the new one, exceed that amount. Law 7503 of August 9, 1996, "LAW OF THE PUBLIC SERVICES REGULATORY AUTHORITY (LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS)," transformed the SNE into an autonomous institution called the Public Services Regulatory Authority (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos). Article 68 of this Law ordered the repeal "of Law No. 258 of August 18, 1941, and its reforms, and Transitory Provision V, second paragraph, indicated that whenever the SNE is mentioned, including its relation to national waters, it should be read as the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía). ARESEP, according to its current law, has competence regarding the supply of electrical energy in the stages of generation, transmission, distribution, and commercialization" (Art. 5), that is, its law regulates everything related to the public service of electrical energy from any source. The Water Law (Article 176), as of the reform to Transitory Provision V of Law 7593 of August 9, 1996, certainly attributed competence to MINAE to grant concessions intended to use public waters for electrical energy production. However, the mere assignment of competence cannot be equated to a regulatory framework law (ley marco) for the process of granting the concession (requirements for the concessionaire, obligations, classifications, etc.), much less when assets that cannot be declassified (desafectados) even by ordinary law are at stake. A liberal interpretation of the regime governing this matter could lead to a "de facto" declassification of the Nation's assets, which is manifestly unsustainable. The Chamber considers that by repealing Law 258, everything related to water concessions for energy exploitation was left without a framework law (ley marco), precisely the case addressed by subsection 14) of Article 121 of the Political Constitution. The framework law that this Chamber has indicated as being possible in this matter must have clear, specific regulations regarding the concession to be granted, as it concerns the exploitation of the Nation's assets; it is not by chance that the constitutional framers themselves established that the law must address "conditions and stipulations," which are nothing other than a detailed normative framework due to the asset involved. It is important, for the purposes of this ruling, to indicate that the concept of a framework law (ley marco) is in accordance with the Law of the Constitution. The jurisprudential development of this Chamber permits holding that the framework law that is missed could not be similar to Law No. 258 of August 18, 1941, and its reforms, nor to the current Water Law, as those "frameworks" would be insufficient to achieve adequate regulation of the rational exploitation of water resources. It is not enough to establish that a specific watershed has hydroelectric potential, as required by the repealed SNE Law; it is necessary to plan the installation of this type of project in such a way that, among other aspects to consider, it is taken into account that future generations—whose rights are protected by the Law of the Constitution—are not prevented from enjoying the water resource and other natural resources, such as, for example, for the preservation of fauna, ecosystems, climate, guaranteeing navigation, and scenic and artistic enjoyment, among others. The Rio Declaration on Environment and Development of June 14, 1992, established as its third principle that "the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations"; the fourth principle provides that "In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it." In accordance with the foregoing, the repealed SNE Law and the old Water Law are far from being the model of a framework law (ley marco) that the Law of the Constitution currently requires. For the reasons stated, the Chamber deems inadmissible interpretations suggesting that the Water Law is the required framework law for the exploitation of the "force of waters" by private parties, as it has never been the regulatory normative framework for this matter; its content was limited to complementing certain provisions on the subject, at a historical moment, without it now being possible to give it, in the absence of adequate regulation, a function it does not have. Nor does this Chamber find that there is a genuine public interest in departing from the previous conclusion, since ICE retains the possibility of exploiting both the force of waters and other forms of energy generation to meet national demand, and in the same condition are—without this implying an evaluation of those contracts—those concessionaires opportunely authorized by the SNE to carry out that activity "in limited capacity." In any case, there still exists for the private party interested in this type of activity the possibility of petitioning the Legislative Assembly to request the concession of its interest, and it will be up to it to establish the timing of the regulation of the matter, without the legal operator or the Executive Branch being able to validly do so through its regulatory power. Finally, the Chamber does not enter into discussion of the thesis of the Minister of Environment and Energy, according to which that institution can handle extending concessions already authorized, since all of them have a maximum term established by the law that gave rise to the concession; determining whether or not they can be extended in time, without violating the principle of legality that the constitutional order develops, especially when the concessionaire has not managed to renew the contract with ICE, which has modified the method of selecting projects (see Regulation on the Procedure for Selecting Projects under the first chapter of Law 7200, published in La Gaceta 52 of March 14, 2000), is a matter pertinent to the declaration of which norm is applicable or whether a consolidated legal situation exists, which must be debated in the administrative venue, all without prejudice to the legality control that the ordinary judge must exercise. It must be kept in mind that the terms of those concessions—up to 25 years—are not short, and within those terms, the recovery of the investment and the obtaining of a reasonable profit must occur—through the energy sale tariff—without it being possible to recognize for private parties an indefinite right to the extension of the concession, given that the Constitution itself provided that the "special concession granted" is for a limited time. In conclusion, there currently exists no framework law (ley marco) regulating matters related to the exploitation of water resources for electrical energy production; therefore, for the granting of new concessions, interested parties must petition the Legislative Assembly. What the Ministry of Environment and Energy currently has, by express provision of law, is the function of control and oversight of concessions granted by the SNE, which implies, inclusively, and following the procedures established in the Water Law, the Environmental Law, and the General Law of Public Administration, the possibility of declaring the extinction, expiration (caducidad), or nullity of concessions; furthermore, of course, the power to intervene by dictating the adjustment measures that prove necessary in the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), so that the activity does not affect the environment in any way, which shall be of mandatory compliance by the concessionaires. In this regard, the content of Article 20 of the Organic Law of the Environment is illustrative, providing that "The Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) shall establish instruments and means to follow up on compliance with the resolutions of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). In cases of violation of its content, it may order the stoppage of works…" VII.- Environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) and their significance: It is worth recalling the text of Article 50 of the Political Constitution, which provides:

"The State shall seek the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.

Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimately entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the harm caused.

The State shall guarantee, defend, and preserve that right." The Law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." The Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment -held in Stockholm from June 15 to 16, 1972- basis of the Rio Declaration on Environment and Development -to which Costa Rica sent its delegates (document A/CONF.151/INF/2/Add.2) established some essential principles as follows:

" Principle 2.- The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate." " Principle 17.- Appropriate national institutions must be entrusted with the task of planning, managing or controlling the environmental resources of States with a view to enhancing environmental quality (...) An environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) must be undertaken as a national instrument in respect of any activity likely to produce a significant adverse impact on the environment and which is subject to the decision of a competent national authority." " Principle 21.- States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction." The Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) in its Articles 17 and following regulates matters concerning environmental impact assessments, required for all human activities that "alter or destroy the environment…". The legislator entrusted the "Secretaría Técnica Nacional Ambiental" (SETENA) with the assessments, to be carried out by "an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretaría… in accordance with the guidelines prepared by it. The cost of the environmental impact assessments shall be borne by the interested party." Article 19 of the Organic Environmental Law established that "the resolutions of the Secretaría Técnica Ambiental must be substantiated and reasoned," thereby incorporating in this matter the general principle of substantiation of administrative acts also developed by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which is in turn a guarantee that integrates substantive due process (debido proceso sustantivo). The approval of an environmental impact assessment requires, in accordance with the international commitments acquired by Costa Rica and entrusted to SETENA, a detailed analysis that includes, as required by Article 24 of the Environmental Law (Ley del Ambiente), the technical criteria and weighting percentages that make the approval of the study possible. Furthermore, it must respond to the norms, management objectives, and environmental priorities of the national State and the local government, as set forth in Principle 11 of the Rio Declaration. The damage that can be caused to the environment is always difficult or impossible to repair, and the approval of an environmental impact assessment requires absolute certainty of minimal impact on natural resources, as necessarily imposed by Article 50 of the Constitution (Carta Política). The initial approval of the environmental study does not eliminate the possibility that the competent authority may follow up on the authorized activity, establish subsequent prohibitions, or require additional studies, should environmental conditions change. This is because, when dealing with the environment, one cannot speak of unmodifiable variables; quite the contrary, by its very nature the environment is, by itself and to an even greater degree due to human intervention, changing. The approval of an environmental impact assessment under the terms indicated by the Organic Environmental Law also does not constitute an unmodifiable authorization to carry out a specific human project. MINAE, within its retained oversight functions over hydroelectric projects, may, if the circumstances of the specific case so require, prevent the continuation of the project or the exploitation of the water resource, without prejudice, of course, to the rights of the concessionaire to obtain the corresponding compensation if the legal requirements for it are met, a discussion that must be brought before the ordinary jurisdiction.

VIII.- Community intervention in environmental matters: The human being—who will receive the effects of governmental decisions on environmental matters—cannot be excluded from participation in deciding issues related to this subject. This Chamber has repeatedly held that the right to a hearing (derecho de audiencia) is part of substantive due process and is a form of expression of participatory democracy (Article 1 of the Constitution). The 1942 Water Law (Ley de Aguas) contemplates this participation, stating in its Article 179 that "Once the application is received, the Servicio Nacional de Electricidad shall publish in the Official Gazette, on three consecutive occasions, an edict making the application known to the public, so that opponents who consider themselves harmed may present their objections within a period of one month counted from the date of publication of the first edict." The Rio Convention elevates this participation to the status of a principle in environmental matters by stating that "Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided." The Organic Environmental Law, No. 7554 of October 4, 1995, also incorporated the cited principles, by guaranteeing the participation of inhabitants in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment. In relation to environmental impact assessments, Article 23 expressly states that "the information contained in the environmental impact assessment file shall be public and shall be available for consultation by any person or organization." Within this same vein, the second paragraph of Article 22 of the same law provided that:

"Within the five business days following the receipt of an environmental impact assessment, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental shall send an extract thereof to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. Likewise, it shall give broad dissemination, through mass media, of the list of studies submitted for its consideration." The Organic Environmental Law of October 4, 1995, in its Transitory Provision I, stated that "Environmental impact assessments that are in process upon the publication of this Organic Environmental Law shall continue their processing in accordance with these provisions." Consequently, the principle of community participation in environmental decision-making forms part of the procedure to which the State must adhere; but it is, at the same time, an integral part of the fundamental right of every person under the terms guaranteed in Article 50 of the Constitution.

IX).- The environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA). (Case of the company *Producciones Antheus, S.A.*: In the case under review, Technical Report No. UTE-002-96 of January 4, 1995, reads in pertinent part:

"CONSIDERING THAT The requirements made in accordance with the resolution adopted in Minute 038 of the Technical Unit have been met.

THEREFORE

it is recommended to approve the EIA and the annex for Phase II of P.H. San Luis I." Resolution No. 029-96 SETENA of January 19, 1996, in its recital section, stated:

"CONSIDERING FIRST: That Technical Report UTE-002 of January 4, 1996, indicates that:

The requirements made in accordance with the resolution adopted in Minute 038 of the Technical Unit have been met.

Furthermore, a person responsible (professional) must be appointed for the environmental follow-up (seguimiento ambiental) of the project, whose name must be communicated to SETENA within a period no longer than one month from the notification of the approval. This person must submit semi-annual environmental follow-up reports to the Secretaría starting from the approval of the EIA and shall be responsible for recording the environmental follow-up and monitoring notes of the project in the project logbook or field book.

THEREFORE

THE SECRETARY GENERAL

RESOLVES

FIRST: To communicate that in Session No. 004 of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, held on January 15, 1996, it was agreed: ARTICLE 9. Report UTE-002-96 is read, regarding the annex to the San Luis I Hydroelectric Project, Phase II. The Secretaría Técnica agrees: To endorse the recommendation of the Technical Unit, approving the EIA and its Phase II annex.

SECOND: Against this resolution and in accordance with Articles 342 and following of the General Law of Public Administration and Article 87 of the Organic Environmental Law, the corresponding ordinary remedies may be filed within the legal term.- NOTIFY.-" On March 5, 1998, the monitoring unit of the Secretaría Técnica Nacional conducted "an environmental inspection to attend to the request of Mrs. María del Pilar Ureña, of the Committee for the Defense of the Rivers (*Comité de Defensa de Los Ríos*) (Rivas de Pérez Zeledón)." The report prepared at that opportunity, UMSA 020-98, states in pertinent part:

"CONSIDERING THAT:

"Hurricane César affected the area where P.H. San Luis I is proposed.

There is a very significant concern on the part of the residents of the communities of Rivas, Guadalupe, and others, regarding the allocation of the water resource, for present and future supply, irrigation, and recreation for the communities adjacent to the project.

There is opposition from the community to the development of this project.

Therefore, it is recommended:

To ask the project development company to carry out a hydrogeological study along the tunnel area to allow for early identification of groundwater supply problems.

To ask the company to carry out a study of the uses of the water resource in the short, medium, and long term (supply, irrigation, recreation, etc.).

To ask the project development company to carry out a public opinion study of the communities that will be directly or indirectly affected by the construction of P.H. San Luis I, identifying the points of conflict and what the solutions proposed by the Company would be.

That the company develop an information program about the hydroelectric project within the affected communities and organized groups in the region." The company was ordered to comply with these requirements, and as of this date, there is no record of an express pronouncement on this point; the respondent Minister reported that she is awaiting the final resolution of this amparo appeal. It is recorded in the evidence provided by the Secretaría Técnica Ambiental that this body, in a publication in the newspaper *La República* of August 21, 1999, convened the residents to a public hearing for "the discussion of the annexes to the environmental impact assessment of the San Luis I Hydroelectric Project, administrative file No. 33-95, known as Los Gemelos, in the Chirripó River Basin." For the holding of this hearing, "ten o'clock in the morning on September 6, 1999, was set, at the headquarters of the Ministry of Environment and Energy, Dirección 495, San José. The technical studies are made available to the public at the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in Sabanilla de Montes de Oca..." (folio 336); although apparently, said activity, if held, does not empower the principle of democratic participation, the facts on record in the file lead this Chamber to the opposite conclusion. This is because the Costa Rican State must not only invite participation, but must also promote it and respect it when it occurs. Making a study located in a public office available to interested parties and promoting community participation and intervention, in this case, occurred in the context defined in the Organic Environmental Law. Indeed, based on proven facts 6 and 7 of Considering III of this judgment, this Chamber finds proven the intense participation of the residents of the concerned communities, so that the changes suffered in the region due to the effects of Hurricane César would be assessed, which has motivated an intense debate within the administrative venue on environmental protection, on the use of the public domain assets involved, on the rights of the company derived from the concession, and in conclusion, and in relation to the environmental issue, the following must be stated: 1).- This Chamber considers that the approvals of the environmental impact assessments by the Secretaría Nacional Ambiental—which have been transcribed in part—have the required substantiation and do not omit the technical criteria and weighting percentages that were used to analyze and approve that type of study, a procedure mandated by Article 23 of the Organic Environmental Law; 2).- There is no lack of motivation of the administrative act approving the environmental impact assessment, and the intervention of the residents interested in protecting the basin is not affected, as they have had significant participation in the process; the correction of the analyzed factors and the corresponding weightings, if in some way it has limited their decision-making intervention in the process, because the scientific basis of their preparation is not shared, this is not contrary to the very spirit of the law and the system of participatory democracy that protects us, but rather leads to a matter that pertains more to the proper functioning of the administration or the application of the legal regime, and not to the protection of fundamental rights. Within this same line of reasoning, this Chamber notes that it is also incorrect that the local Municipality was not granted an audience, which, in defense of general interests, is legally entitled to intervene in matters of this nature, as expressly established in Article 22 of that same law, because its participation in the resulting conflict of interests is recorded in the file; 3).- The noted circumstances, together with the fact that the conditions of the area where the project will be carried out may have changed radically due to the effects of Hurricane César—which the local Municipality incorporated into a regulatory plan—and for which the Secretaría Técnica Nacional Ambiental ordered the company, requesting a series of additional studies that have already been completed—and which have not yet been assessed by the competent body—, oblige this Chamber to dismiss the appeal, warning that in doing so, no prejudgment is made on the final results of those weightings that are still pending resolution. This Chamber considers that the approval process for the environmental impact assessment did not flagrantly injure, as alleged, the principle of constitutional legality—lack of substantiation of the resolution that has a direct impact on the environment—; nor the democratic principle, reflected in the broad participation of the community where the project will be developed and of the local government on its behalf, which should be characteristic of a participatory democracy. Consequently, the declaration without merit of the appeal on this point is required. It is reiterated, insistently, that because the administration ordered the interested company to present a series of additional studies and there is no administrative pronouncement on them, the manner in which this amparo is resolved does not imply that the administrative process must be brought back to the assessment phase of the environmental impact assessment, but rather that the normal application of the established legal procedure must continue. Naturally, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental must issue a new, joint pronouncement on all the environmental impact assessments, which it must do following the provisions of Articles 18 and following of the Organic Environmental Law, and this includes, of course, the assessment of all the evidence in the file, which must be expressed in a duly substantiated and weighted resolution, the sending of an extract to the local Municipality, and the disclosure, in the area where the project will be carried out, of the project's environmental impact assessment.

IX.- On the imposition of legal easements (servidumbres legales): Certainly, the production of electrical energy to meet the population's needs is of public interest. When, in order to develop an energy production project, it is indispensable to occupy land belonging to private individuals not involved in the project, it is a requirement to obtain, previously, the declaration of public interest, in order to manage the imposition of easements (servidumbres), or the expropriation of the land, as appropriate; if this does not occur, there is a risk of producing violations of Article 45 of the Constitution, which protects property rights. This is so because these projects are built for the benefit of the general community, and under this condition, the law—be it the General Expropriation Law (*Ley General de Expropiaciones*) or the ICE Expropriation Law (*Ley de Expropiaciones del ICE*), among others—confers competence to exercise the expropriation power upon public entities. It must be noted that neither a generic declaration of public interest, nor the inclusion in the energy supply contract of a collaboration clause, can be understood as a substitute means for the specific declaration that the expropriating entity must make in each case. In all cases, specific administrative acts must be issued, which, as such, shall be subject to the corresponding judicial controls. It is important to remember that expropriation is only possible insofar as it is based on administrative action aimed at satisfying the general interest and is only permissible when the public interest so demands; only under these circumstances can private property be subjected to the State's power of imperium and be destined to serve superior interests, of course, through the mandatory transfer of the property right itself upon prior payment of full and just compensation. Forced sale or the imposition of an easement (servidumbre) is inadmissible in our constitutional regime without a previously declared general utility; the contrary would imply favoring, exclusively, the economic activity of a private individual, which is not even possible for the construction of an ordinary aqueduct, insofar as the Water Law indicates as a possible opposition to this type of easement "..not being the owner of the land on which one intends to use it for a private interest purpose" (Article 101-1 of the Water Law). In accordance with the foregoing, for Nombre6802 to request the imposition of a forced easement (servidumbre forzosa) on the plaintiffs -who do not accept the encumbrance- it will require an administrative act declaring the project of public interest, which can only be carried out by a public entity. In the case before us, this Chamber has not observed in the file that this procedure has been carried out; its implementation will depend, ultimately, on the intervention of a public entity with the competence to do so. In summary: if Nombre6802, in generating electrical energy for sale to ICE, under the terms permitted by the contract signed between both parties and the Electrical Generation Law (*Ley de Generación Eléctrica*), carries out, from its point of view, a private, commercial activity, in which, naturally, it acts in the interest of a public entity that seeks to fulfill the equally public purposes entrusted to it, and consequently, must impose forced easements on the protected parties, these are only constitutionally admissible if a public entity with the competence to do so resorts to its normative framework for the implementation of the project, which implies, of course, the registration of the easements in the name of the public entity (the State), even if the payment must be made in the name of the former, the interested private party. Equally, all constructions carried out to harness those forces and connect to the national electricity system are affected by the public service, due to the special nature of the good involved (Subsection 14, Article 121 of the Constitution).

Therefore:

The appeal is declared without merit R. E. Piza E. President Luis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G.

Adrián Vargas B. José Luis Molina Q.

Susana Castro A. Gilbert Armijo S. ES/mm/00 Classification prepared by the Constitutional Chamber (*SALA CONSTITUCIONAL*) of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution in an onerous manner is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 06:06:08.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Desarrollo sostenible Subtemas:

NO APLICA.

"Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro." Sentencia: 1763-94, 10466-00, 5790-05, 1092-11 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 029- Recurso de amparo Subtemas:

NO APLICA.

ARTICULO 29 DE LA LEY DE JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL “La Sala estima que los aspectos que plantean los recurrentes y que se relacionan con el medio ambiente deben ser resueltos por este tribunal, ya que es esta la vía creada por la Constitución para la tutela de los derechos fundamentales que se alegan amenazados; estos derechos, por su especialidad, requieren de una tutela expedita que sólo puede garantizar el proceso sumario del amparo. El tema que se plantea, además, por la naturaleza de los bienes que están involucrados: el recurso hídrico y su aprovechamiento -bienes demaniales y de la Nación-, es de la mayor relevancia constitucional y los aspectos de legalidad relacionados con este tema deben, necesariamente, ser examinados en el amparo, en tanto tiene relación directa con las tutelas del orden fundamental, sin que sea admisible calificar el conflicto planteado de mera legalidad” Sentencia 0010466-2000 OCC05/20 ... Ver más Res: 2000-10466 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil.- Recurso de amparo interpuesto por [Nombre443 001], cédula [valor CED990]; [Nombre443 002], cédula [valor CED991]; [Nombre443 003], cédula [valor CED992]; [nombre 004] [valor CED993] a favor de ellos mismos; contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, GOBERNACIÓN Y POLICÍA. Interviene en este asunto la empresa Producciones Antheus, S.A. representada por Nombre6801, Apoderado Generalísimo sin límite de suma.

Resultando:

1.- Indican los recurrentes que "Producciones Nombre6802 S.A." promueve desde el año 1996, las aprobaciones para realizar un proyecto hidroeléctrico de gran complejidad, denominado "los Gemelos" o "San Luis I y II", en la cuenca del Río Chirripó o General, en Rivas de Pérez Zeledón. Nombre774 que el MINAE le otorgó los permisos que le permiten construir el proyecto sin tener competencia y sin considerar el daño que la obra causaría al medio ambiente, pues es una zona desbastada por el Huracán César, lo que llevó a la municipalidad local a declarar el sector como "zona de alto riesgo" en el plan regulador local, marco normativo que ha sido desatendido por la empresa interesada y por los funcionarios del Minae, en clara transgresión a la autonomía del Gobierno Local y al derecho de participación ciudadana en los asuntos de su interés. Nombre772 que el Minae carece de competencia para intervenir en aspectos relacionados con concesiones de explotación de agua para la realización de proyectos hidroeléctricos, lo que sin un marco normativo adecuado -que no existe actualmente por haber sido derogada la ley de creación del Servicio Nacional de Electricidad-, es resorte exclusivo de la Asamblea Legislativa, tal y como lo dispone el numeral 121 de la Carta Política, procedimiento que se echa de menos en el caso y que de ninguna manera convalida las actuaciones del MINAE en esta materia, aun cuando sus funcionarios hayan fundamentado sus actuaciones en la directriz 46-PE del 6 de noviembre de 1998, que los autoriza a separarse del dictamen de la Procuraduría General de la República número C-181-98 y el C-221-98 de la Asamblea de Procuradores, según el cual "en ausencia de disposiciones de rango legal que regulen las condiciones, requisitos y especificaciones para conceder el aprovechamiento de las fuerzas derivadas de las aguas públicas para fines de desarrollo eléctrico o hidroeléctrico, el MINAE se encuentra imposibilitado jurídicamente para ejercitar la competencia atribuida por el artículo 178, inciso I, de la Ley de Aguas". Nombre772 los recurrentes que oportunamente se apersonaron ante las autoridades accionadas en clara oposición al desarrollo del proyecto y sus gestiones no fueron atendidas (alegato de otorgamiento de concesión sin audiencia a los vecinos, sin estudio previo de impacto ambiental, de caducidad de la concesión por el no uso, entre otros) dificultándoseles, inclusive, el acceso a prueba esencial como el estudio de impacto ambiental, todo lo cual permite acusar un proceso administrativo que transgrede los principios esenciales del debido proceso. Sostienen que la empresa no tiene derecho de propiedad sobre los terrenos que resultan necesarios para poner en práctica el proyecto y debido a ello, recurrió al Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública para que en aplicación de las disposiciones de la Ley de Aguas, se impongan servidumbres forzosas de aguas sobre las propiedades de los primeros seis recurrentes; restricciones que son de tal magnitud que les impiden ejercer los atributos propios del dominio y hacen nugatorio el contenido esencial del derecho de propiedad que les garantiza el numeral 45 constitucional. Piden se les restituya en el pleno goce de sus derechos fundamentales.

2.- Nombre6801, Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la sociedad "Producciones Antheus, S.A." interviene en el proceso con las siguientes manifestaciones: Su representada pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico "Los Gemelos", antes denominado San Luis 1, que no tiene relación con ningún otro de la zona. Su representada adquirió derechos de servidumbre y arrendamiento sobre aproximadamente 60 inmuebles, tal y como lo acreditan los estudios registrales que se acompañan. Del total de propietarios por cuyos inmuebles debe pasar el referido proyecto, seis de ellos, precisamente los recurrentes, se negaron a negociar con la empresa, por lo que se vieron obligados a solicitar al Ministerio de Gobernación que en aplicación de la Ley de Aguas N°. 272 imponga servidumbre forzosa. La servidumbre aún no ha sido impuesta; ello será una realidad en el momento en que su representada haga el depósito de la indemnización que corresponde, tal y como lo establece la ley de aguas. No es cierto que la concesión de aguas que tiene la empresa no esté vigente. En relación con el plan regulador, Nombre774 que el proyecto no se encuentra dentro de la denominada zona de alto riesgo, de manera tal que la declaratoria que hizo la municipalidad local no puede afectárles. El recurso es temerario, pues a la fecha no existe pronunciamiento alguno por parte del Municipalidad de Pérez Zeledón que muestre la falsedad de la afirmación anterior, es decir, que el proyecto está dentro de las regulaciones del plan regulador. Lo que sí existe, es la respuesta de una consulta técnica al INVU, según la cual, el proyecto se ubica en una zona de mediano riesgo. Su representada no ha solicitado a la fecha permiso de uso de suelo; consiguientemente, no existe actuación de la empresa que permita pensar en una vulneración a la autonomía de la municipalidad local. Tampoco es cierto que los procedimientos administrativos en los que intervienen los amparados existan vulneraciones al debido proceso, pues en todos esos procesos no ha existido resolución final, por lo que no cabe el recurso de amparo que se intenta. Todo lo relacionado con las gestiones de nulidad incoadas por los recurrentes, son aspectos de mera legalidad que no corresponde resolver a esta jurisdicción y el procedimiento de imposición de servidumbres forzosas se encuentra apegado a la legislación vigente. Pide se declare sin lugar el recurso, se establezca su temeridad y se condene a los recurrentes al pago de los extremos legales procedentes.

3.- Elizabeth Odio Benito, Ministra de Ambiente y Energía, informó que la empresa desde el año de 1994, tramita ante ese Ministerio la obtención de los permisos que le permitirían desarrollar el proyecto hidroeléctrico Los Gemelos o San Luis I y II en la localidad de Rivas, Pérez Zeledón. Ese Ministerio ha tenido intervención en lo relacionado con la concesión de aguas y con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. No es cierto que la concesión de aguas que obtuvo la empresa, no esté vigente; de acuerdo con la certificación que se acompaña, lo está hasta el 19 de febrero del año 2016. La zona, de acuerdo con lo señalado por el INVU y la Comisión Nacional de Emergencias es de mediano riesgo, y por ello sí resulta permitido el proyecto que se intenta construir y en todo caso, ello debe ser oportunamente ratificado por la Municipalidad local, que es la competente en materia de planificación de su territorio. La zona que los recurrentes Nombre774 como de alto riesgo en el plan regulador local, no es el punto exacto donde se ubica el proyecto los Gemelos. El Ministerio actúa en el ejercicio de sus competencias al determinar si el caudal de agua residual es suficiente o no para el proyecto; en el mismo sentido existen estudios de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica. Tampoco se ha vulnerado en debido proceso en los procedimientos administrativos en que los amparados han intervenido. Todas las gestiones de los interesados han sido resueltas y notificadas a María del Pilar Ureña. En relación con el estudio de impacto ambiental, es cierto que cuando los recurrentes se apersonaron a estudiarlo, se les indicó que estaba en manos de los funcionarios que realizaban la comprobación de campo y estudios científicos en la zona, quienes ocupaban llevar la prueba documental, pero no implica que se les ha negado la información solicitada. El Ministerio en todo momento ha velado porque el proyecto cumpla con la ley y se garantice la seguridad de los vecinos. Es cierto que las condiciones variaron con el Huracán César, precisamente por ello la unidad de Monitoreo del Setena se apersonó al sitio y la visita originó la resolución 114-98 MINAE que amplió los requerimientos técnicos a la empresa interesada en el proyecto, a la que se le previno presentar seis estudios adicionales. A partir del 16 de julio de 1998, la empresa inició la presentación de lo prevenido, lo que terminó el 4 de febrero de 1999. La Unidad Técnica revisó los estudios y rindió informe UTE-087-99, el 25 de julio de 1999, y aún falta el aval de la Comisión Plenaria. El proceso administrativo aún se encuentra en trámite y no se ha dictado resolución final en ese asunto. Se ha procurado asegurar técnicamente el proyecto y la evaluación ambiental. Los recurrentes a la fecha no han podido acreditar un error técnico de la Secretaria, sus alegatos son, más que nada, una férrea lucha para que el proyecto no prospere; la agrupación denota ser altamente conservacionista y busca proteger la cuenca del Río Chirripó, sin entrar a considerar el fin del desarrollo sostenible y el avance económico-social de la comunidad. Todo lo relacionado con el aspecto ambiental compete valorarlo al Ministerio quien deberá tomar la decisión final correspondiente, al tenor de lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente, de Aguas, de Generación Privada y en especial del transitorio V de la Ley 7593. El artículo 50 constitucional no se ha comprometido en el caso bajo examen. Se busca la protección del bien colectivo ambiente, que está por encima de cualquier actividad lucrativa particular. Es obligación del Estado su protección y una de esas formas es con el dictado de actos concretos, por ello se exige el estudio de impacto ambiental y se han hecho requerimientos adicionales, que serán complementados por lo que disponga el plan regulador local. No hay vulneración al debido proceso si a los recurrentes se les han resuelto sus gestiones; a manera de ejemplo véase los folios 219, 252, 259 y 294. Solicita se declare sin lugar el recurso, se levante la medida de suspensión de los actos administrativos a efecto de no causar daños de difícil reparación y se condene a los recurrentes al pago de las costas.

4.- Juan Rafael Lizano Sáenz, entonces Ministro de Gobernación y Policía informó: el 11 de noviembre de 1998 la empresa gestionó lo que llamó "Diligencias de Interposición de Servidumbre Forzosa de Aguas". Acreditó tener una concesión para el aprovechamiento de aguas del Río Chirripó y un contrato para la cogeneración eléctrica debidamente refrendado por la ARESEP. También se acreditó que para la generación de energía, es necesario conducir el agua mediante una tubería instalada dentro de la tierra, desde el Dirección493, Dirección494, hasta la localidad de Miraflores, donde se ubica la casa de máquinas; luego el agua se conduce hasta el Río El General en Pérez Zeledón. Para poder realizar el proyecto es necesario zanjear un tunel e instalar los tubos por las fincas que son propiedad de los recurrentes. Ese despacho, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99 y siguientes de la Ley 276 de Aguas, dictó las siguientes resoluciones: 568-99 M.G, 569-99 M. G, 570-99 M.G., 571-99 M.G., 572-99 M.G. y 573-99 M.G., todas del 16 de noviembre de 1998, en las cuales dio traslado a los propietarios de los fundos sirvientes, por un plazo de treinta días, para que hicieran sus oportunas manifestaciones. Los recurrentes se apersonaron al procedimiento administrativo oponiéndose a la imposición de la servidumbre, y alegaron que la concesión de aguas otorgada a la empresa interesada tenía una serie de irregularidades y que no se cumple con la reglamentación local. Mediante resoluciones 040-99 DMG, 047-99 DMG, 049-99 DMG, 050-99 DMG, 051-99 DMG, 057-99 DMG se declararon sin lugar las oposiciones de los recurrentes, ello con fundamento en lo dispuesto por el numeral 101 inciso 1) y 2) de la Ley de Aguas, que limita la oposición de los propietarios a los supuestos allí indicados, resultando no previstos en la normativa legal los argumentos de los amparados. Que los amparados alegaron en sede administrativa la caducidad de la concesión de servidumbre de aguas por el no uso. Mediante resoluciones Nos. 149-99 DMG, 169-99 DMG, 172-99 DMG, 238-99 DMG ese despacho se declaró incompetente para resolver sobre las gestiones de caducidad alegadas por los recurrentes. A los interesados se les remitió al Ministerio de Energía y Minas, pues si ese Ministerio declara la caducidad ese despacho procedería de inmediato al archivo de las diligencias. Mediante resoluciones 218-99 DMG, 219-DMG, 220-99 DMG, 223-99 DMG, 391-99 DMG, 221-99 DMG, se nombró, en representación del Estado, al Ingeniero Fallas Cisneros al que se encomendó la realización de los peritajes que establece el numeral 102 de la Ley de Aguas. La diligencia se realizó el 21 de mayo y agregada a los autos se encuentra el avalúo. La empresa también presentó su peritaje. Los recurrentes tienen la posiblidad de nombrar perito al tenor de lo establecido en el numeral 102 de la Ley de Aguas, lo que no han hecho. La interposición de la presente acción de amparo les impidió continuar con el trámite de poner en conocimiento de los interesados los avalúos. Agrega que no es cierto que se esté expropiando forzosamente a los amparados; únicamente se impone servidumbre legal, que no implica despojo de la propiedad. A los interesados se les indemnizan las molestias que les causará el zanjeo y el enterramiento de los tubos en sus propiedades. Téngase en cuenta que el numeral 384 del Código Civil establece la obligación de los propietarios privados de soportar las restricciones que se les imponga por leyes especiales cuando se refieran al ramo de aguas, y en el caso bajo examen la Ley de Aguas ha previsto la imposición de servidumbre para cumplir con sus fines. En el procedimiento se han respetado los principios que integran el debido proceso. Pide se declare sin lugar el recurso y se le excluya de cualquier responsabilidad en lo personal y como funcionario público.

5.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Sancho González; y,

Considerando:

I.- Objeto del amparo: Los recurrentes solicitan que en esta sede se tutele su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y al pleno disfrute de su propiedad privada, derechos que estiman comprometidos por el avance del proyecto que construye la firma "Producciones Antheus, S.A. (en adelante Antheus) y que desea ejecutar en la zona donde residen. Los quebrantos al Derecho de la Constitución que se alegan se resumen de la siguiente manera: A).- En relación con el primer aspecto, los recurrentes argumentan que el Servicio Nacional de Electricidad (SNE), otorgó concesión de aguas a Antheus, a pesar de que no presentó desde el inició de su solicitud, el estudio de impacto ambiental a que la obliga el artículo 14 inciso e) de la Ley 7200 y el Decreto 20937-MIRENEM. Nombre774 que el estudio de impacto ambiental fue presentado en partes, fase I y II y finalmente aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) sin mayor rigor técnico, lo que para los recurrentes, impidió hacer un adecuado control sobre los efectos que producirá el proyecto sobre sus vidas y sobre el medio ambiente de la zona, pues la fragmentación del estudio conspira contra la adecuada ponderación de sus efectos. Agregan que los edictos que prevé la ley de aguas -una audiencia a la comunidad en la zona en que se realizará el proyecto para permitirles hacer oposiciones al mismo-, fueron publicados antes de que la interesada presentara los estudios de impacto ambiental; para ello se le otorgaron todas las extensiones de plazo posibles, a pesar de que la normativa legal que rige la materia, establece el estudio de impacto ambiental como requisito de admisibilidad de la solicitud. Cuando se enteraron de las pretensiones de la empresa, presentaron oposición ante el MINAE y sus gestiones fueron declaradas extemporáneas, por haber sido planteadas en fecha posterior a la publicación del edicto, a pesar de que a ese momento no se había aprobado el estudio de impacto ambiental ni otorgado la concesión de aguas. Indican que la resolución del SNE, que finalmente otorgó la concesión de aguas, admite la presentación fragmentada de los estudios, que se completaron en el trámite del procedimiento administrativo. Agregan que antes de que el SNE otorgara la concesión de aguas, se apersonaron ante ese órgano, el que, sin atender sus gestiones, dictó resolución otorgando la concesión por el plazo de veinte años. En criterio de los recurrentes el procedimiento administrativo que le permitió a Nombre6802 obtener la concesión, resulta abiertamente lesivo a los principios que integran el debido proceso, lo que incide en su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que les garantiza el artículo 50 de la Constitución Política y los instrumentos internacionales suscritos por Costa Rica. B.- El segundo motivo del amparo lo constituye la amenaza que para la propiedad privada de siete de los recurrentes, representan las gestiones que promueve Nombre6802 ante el Ministerio de Gobernación y Policía, con fundamento en la Ley de Aguas y que pretenden imponer servidumbres legales, por haberse negado a negociar tal posibilidad con la empresa concesionaria del proyecto, que carece de terrenos en la zona. Alegan los recurrentes que el procedimiento utilizado por Nombre6802, supone una grave limitación a sus derechos de propiedad privada, no permitido por el artículo 45 constitucional y así piden se declare.

II.- Competencia de la Sala para resolver sobre el objeto del amparo: La Sala estima que los aspectos que plantean los recurrentes y que se relacionan con el medio ambiente deben ser resueltos por este tribunal, ya que es esta la vía creada por la Constitución para la tutela de los derechos fundamentales que se alegan amenazados; estos derechos, por su especialidad, requieren de una tutela expedita que sólo puede garantizar el proceso sumario del amparo. El tema que se plantea, además, por la naturaleza de los bienes que están involucrados: el recurso hídrico y su aprovechamiento -bienes demaniales y de la Nación-, es de la mayor relevancia constitucional y los aspectos de legalidad relacionados con este tema deben, necesariamente, ser examinados en el amparo, en tanto tiene relación directa con las tutelas del orden fundamental, sin que sea admisible calificar el conflicto planteado de mera legalidad, como lo alega la firma Nombre6802.

III.- Los hechos del caso concreto: Del estudio de los argumentos de las partes intervinientes en este asunto, de los expedientes administrativos que se han tenido a la vista y del análisis de la prueba solicitada para mejor resolver, permite a esta Sala tener por ciertos los siguientes hechos de relevancia para la resolución de este recurso: 1) En el mes de noviembre de 1994 la empresa "Producciones Antheus, S.A." solicitó al Servicio Nacional de Electricidad concesión de fuerza hidroeléctrica para tomar 17.000 litros de agua por segundo del Río Chirripó, lo que les permitiría obtener una eventual potencia de 23.348 Kw, destinados a producir energía que sería vendida al Instituto Costarricense de Electricidad (Expediente 910-H, legajo 1 del SNE); 2) El estudio de Impacto Ambiental, Fase I del proyecto Hidroeléctrico San Luis I (hoy Los Gemelos), fue aprobado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Estudios de Impacto Ambiental en sesión 012 del 19 de julio de 1995 y en resolución 029-96 del 19 de enero de 1996 se aprobó el estudio de impacto ambiental y su anexo de la FASE II (folio 210, folio 17 exp. 0033-95); 3).- El Servicio Nacional de Electricidad en resolución 151 de las 12:40 horas del 19 de febrero de 1996, otorgó "sin perjuicio de tercero de mejor derecho a la firma Producciones Antheus, S.A., la concesión de fuerza hidráulica No. 910-H quedando sujeta a las siguientes condiciones: PRIMERA: Durará la concesión 20 años contados a partir de su otorgamiento y deberá la firma concesionaria emplear la fuerza únicamente para los fines concedidos y en la cantidad otorgada. SEGUNDA: Se otorgará agua del RIO CHIRRIPO PACIFICO, en cantidades diferentes según cada mes: enero, 6420 litros por segundo, donde con una caída de 140 metros se obtiene una potencia teórica de 8817,2 Kw; Febrero, 4660 litros por segundo, donde con una caída de 140 metros se obtiene una potencia teórica de 6400,0 Kw; marzo, 3860 litros por segundo, donde con una caída de 140 metros se obtiene una potencia teórica de 5301,3 Kw; Abril, 4740 litros por segundo, donde con una caída de 140,00 metros se obtiene una potencia teórica de 6509,9 Kw; Mayo, 11190 litros por segundo, donde con una caída de 140 metros se obtiene una potencia teórica de 15368,3 Kw; Junio, 16670 litros por segundo, donde con una caída de 140 metros se obtiene una potencia teórica de 22894,6 Kw; Julio, 13240 litros por segundo, donde con una caída de 140 metros se obtiene una potencia teórica de 18183,8 Kw; Agosto, 16010 litros por segundo, donde con una caída de 140 metros se obtiene una potencia teórica de 21988,1 Kw; Setiembre, 17000 litros por segundo, donde con una caída de 140 metros se obtiene una potencia teórica de 23327,8 Kw; Octubre, 17000 litros por segundo, donde con una caída de 140 metros se obtiene una potencia teórica de 23347,8 Kw; Noviembre, 17000 litros por segundo, donde con una caída de 140 metros se obtiene una potencia teórica de 23347,8 Kw; Diciembre, 10940 litros por segundo, donde con una caída de 140 metros se obtiene una potencia teórica de 15025,0 Kw; destinando la energía producida a la VENTA AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, la energía se generará en Pérez Zeledón, San José. El agua una vez utilizada se debe descargar íntegramente al cauce de su procedencia. TERCERA: Deberá la concesionaria mantener en la fuente un caudal mínimo (CM) desde el punto de toma de desfogue, equivalente al 10% del caudal promedio anual. El caudal mínimo está conformado por un caudal de rebose en el sitio de toma y el caudal de los afluentes entre la toma y el desfogue. Para el RIO CHIRRIPO PACIFICO no hay caudal de aprote; por lo que la concesionaria deberá dejar discurrir en la toma un caudal de 1400 litros por segundo. Debe la concesionaria instalar un sistema de calibración para segurar que el caudal mínimo indicado continúe por las fuentes. Este sistema requiere de aprobación posterior del Servicio Nacional de Electricidad. CUARTA: Deberá la concesionaria pagar los cánones que determine este Servicio o el tributo que leyes posteriores impongan, para lo cual deberá presentarse a la mayor brevedad posible a la Oficina de Contabilidad de este Servicio. QUINTA: Deberá protegerse la flora y la fauna del lugar, procurando su preservación en aras de la conservación de la cuenca hidrográfica respectiva. El daño causado a la flora o la fauna, por uso indebido del recurso hídrico o por contaminación manifiesta, acarreará la caducidad inmediata de la concesión. SEXTA: la comprobación de que se está derivando mayor caudal que el otorgado será causal para declarar la caducidad de la concesión sin lugar a indemnización de ninguna especie. SETIMA: Debe la concesionaria presentar en un término de seis meses, un diagrama unifilar de la planta de subestación elevadora con todas las características técnicas de los componentes (turbinas, generadores, transformadores, sistemas de medición, control y protección, etc.); Nombre443 y ubicación geográfica de la subestación o punto de interconexión con la red del S.N.I.; punto de medición propuesto y las características de línea de interconexión. OCTAVA: Debe la concesionaria cumplir con todas las condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. NOVENA: Se indica a la concesionaria que de acuerdo con la información aportada por el Instituto Costarricense de Electricidad del 6 de noviembre de 1995, el tope establecido en la Ley 7200 como participación de los generadores privados en la generación eléctrica nacional ha sido completado, no existiendo potencia disponible, por lo que no será responsabilidad de este Servicio si no pudiere llegar a firmar contrato con ese Instituto. DECIMA: Se indica a la concesionaria que el no uso y aprovechamiento de las aguas por un período de tres años consecutivos o de tres dentro de cinco, será causal de caducidad de la concesión, conforme lo establece el artículo 26, inciso I, de la Ley de Aguas. UNDÉCIMA: Este derecho se extinguirá sin lugar a indemnización de ninguna especie, porque aplicare las aguas a usos distintos de los acordados; por contravenir cualesquiera de las disposiciones legales vigentes, las condiciones que esta concesión impone, o por el traspaso de la concesión, en todo o en parte, sin la autorización de esta Junta. DUODÉCIMA: Esta concesión se estinguirá al vencimiento del plazo por la que fue otorgada, debiendo solicitarse la prórroga del derecho, con tres meses de anticipación, siempre que se desee continuar con el aprovechamiento de las aguas. DECIMOTERCERA: El incumplimiento de cualesquiera de las anteriores condiciones, será motivo para cancelar este derecho. Notifíquese y archívese, previa anotación de la Contabilidad."; 4).- La Secretaría Técnica Nacional Ambiental en resolución del 12 de setiembre de 1996, acordó rechazar el estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico San Luis II, fase II, (tomo I exp. 033-95, folio 91); 5) En el mes de agosto de 1997 Nombre6802 y el ICE suscribieron contrato para "compra venta de energía eléctrica", refrendado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos en sesión número 041-97 celebrada el 2 de setiembre de 1997 y ratificada el 9 del mismo mes y año (folios 151 a 169 del legajo No. 1 expediente administrativo); 6) A solicitud del Comité de Defensa de Los Ríos, la Unidad de Monitoreo y Supervisión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía se apersonó al Río Chirripó Pacífico, los días 22 y 23 de enero de 1998 a valorar la posible modificación de las condiciones ambientales de la zona del proyecto, a raíz del paso del Huracán César, concluyendo en que "El Huracán César afectó la zona donde se propone el P. H. San Luis I.. (…). (Informe UMSA 020-98, folio 111 tomo I exp. 0033-95); 7).- Con fundamento en ese informe, la SETENA en resolución 114-98 del 13 de marzo de 1998 dispuso comunicar a la empresa interesada que debía cumplir con los siguientes estudios técnicos adicionales: a) Estudio geofísico y geológico; b) estudio de usos del recurso de agua; c) estudio de opinión de comunidades sobre el proyecto; d) programa de información del proyecto; e) estudio global de la cuenca; f) las modificaciones al proyecto que permitirán evaluar la situación hidrogeológica actual de la cuenca; g) la intervención ambiental del proyecto; y h) la opinión de los vecinos que directamente o indirectamente resultarán afectados con el proyecto". (folio 117 No. 0033-95); 8) El 09 de junio de 1998 los vecinos de Rivas y General Viejo de Pérez Zeledón interpusieron "Incidente de Nulidad contra la concesión de agua para el Proyecto Hidroeléctrico denominado Los Gemelos (San Luis I y II) en la consideración de que en el trámite se vulneró el debido proceso, pues no se les dio audiencia ni se cumplió con el requerimiento legal de un estudio previo de impacto ambiental (folio 147 legajo I); 9) El MINAE en resolución No. 719-98 de las 10:00 horas del 17 de julio de 1998 dispuso "se acoge el Incidente de Nulidad. Se deja sin efecto la resolución 151 del 19 de febrero de 1996 y se ordena retrotraer los efectos del expediente, debiéndose publicar nuevamente los edictos respectivos" (folios 147, 148); 10) Mediante resolución R-813-MINAE de las 8:15 horas del 18 de agosto de 1998 dispuso "Se declara la incompetencia del Ministerio para conocer del presente conflicto. Se deja sin efecto la resolución 719-98- MINAE. Se ordena al Departamento de Aguas devolver este expediente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos quienes son los competentes para atender y resolver este asunto. Notifíquese" (folios 181, 182); 11) Mediante resolución N°. 859-98 del 04 de setiembre de 1998 el MINAE rechazó el "Incidente de Nulidad del Estudio de Impacto Ambiental" interpuesto por los vecinos de la comunidad de La Cuenca del Río Chirripó, Pacífico, el día 5 de junio del mismo año (folio 387 Legajo II); 12) El 1° de Diciembre de 1998 los vecinos de La Cuenca del Río Chirripó interpusieron ante la ARESEP "Recurso de Nulidad contra la resolución 151-96 dictada por la Junta Directiva del SNE, expediente 910-H, concesión de agua proyecto hidroeléctrico Los Gemelos " (folio 223 legajo I); 13) El Regulador General en resolución del 03 de diciembre de 1998 dispuso "1.- "rechazar de plano la petición de nulidad interpuesta por María del Pilar Ureña Alvarez contra la resolución 151-96 dictada por la Junta Directiva del SNE, relativa al expediente No. 910-H (concesión de agua para el proyecto hidroeléctrico Los Gemelos); 2.- Remitir las actuaciones al MINAE para lo de su cargo, como medida necesaria a fin de evitar retrasos a la parte interesada. " (folios 220-221 legajo No. I); 14) En oficio del 2 de diciembre de 1998 el Regulador General informó a los vecinos interesados que "este tipo de trámites han quedado completamente aclarados a raíz de los dictámenes 181-98 del 28 de agosto de 1998 y 221-98 del 28 de octubre de 1998, ambos de la Procuraduría General de la República, y el artículo quinto del Acta de la sesión número 26 del Consejo de Gobierno, celebrada el 3 de noviembre de 1998, en la cual resolvió dispensarse de los criterios del órgano asesor del Estado. Dentro de este contexto y de las propias normas jurídicas no queda duda de la titularidad del MINAE en la materia subexamine, lo cual implica, obviamente, la de conocer la petición de nulidad a que se refiere la interesada, de manera tal que ese Ministerio no puede rehusar su competencia legal" (folio 267); 15) La entrega de los estudios adicionales requeridos por el MINAE la hizo Nombre6802 entre los meses de julio de 1998 y febrero de 1999 (informe bajo juramento de la Ministra a folio 83 del amparo); 16) En el mes de noviembre de 1998 Nombre6802 gestionó ante el Departamento Legal del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública lo que llamó "Solicitud de Servidumbre Forzosa Ley de Aguas", para imponer en la propiedad de los amparados Nombre6803, Nombre6804, Nombre6805, Nombre6806, Nombre6807, Ciro González Hidalgo, José Marcelo Valverde Rodríguez (expedientes administrativos del Ministerio de Gobernación y Policía); 17) El Ministerio de Gobernación en resoluciones números 568-99 M.G., 569-99 M. G., 570-99 M.G., 571-99 M.G., 572-99 M.G., todas del 16 de noviembre de 1998, suscritas por el Subdirector de la Asesoría Jurídica y la 573-99 M.G. del 13 de noviembre de 1998, suscrita por el Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública, dio traslado por treinta días a los propietarios de los fundos sirvientes, para que hicieran sus oportunas manifestaciones (idem); 18) Los recurrentes se opusieron a las diligencias de imposición de servidumbre legal, en la consideración de que la concesión había sido otorgada transgrediendo el principio de legalidad y sin que la sociedad interesada poseyera terrenos en la zona de interés; señalaron que tampoco se consultó a los propietarios de los terrenos que serían utilizados para realizar el proyecto y alegaron variación en las condiciones actuales del terreno, sin que la empresa interesada lograra acreditar en las diligencias promovidas que obtuvo el permiso correspondiente de la Municipalidad local. También indicaron que como lo sostuvo la Procuraduría en sus correspondientes dictámenes, este tipo de concesiones sólo puede ser otorgadas por la Asamblea Legislativa a falta de una ley marco que regule la materia. (documentos en los expediente administrativos); 19) Mediante resoluciones 040-99 DMG del 6 de enero de 1999, 047-99 DMG, 049-99 DMG, 050-99 DMG, 051-99 DMG, estas del 22 de enero de 1999 y 057-99 DMG del 25 de enero de 1999, todas suscritas por el Ministro de Gobernación y Seguridad Pública, se declararon "sin lugar las oposiciones de los recurrentes", en la consideración de que conforme a lo dispuesto por el numeral 101 incisos 1) y 2) de la Ley de Aguas, la oposición de los propietarios se debe limitar a los supuestos allí indicados, "resultando no previstos en la normativa legal los argumentos de los amparados" (expedientes administrativos); 20) El MINAE en resolución R-400-99 del 11 de marzo de 1999 dispuso "se rechaza el recurso de revisión y se mantiene la resolución 151-96 emitida por el entonces Servicio Nacional de Electricidad. Se tiene por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE." (Folios 293, 295); 21) Que Nombre6804, Nombre6807, Nombre6806, Ciro González Hidalgo, Nombre6805, José Marcelo Valverde Rodríguez, María del Pilar Ureña Alvarez en escrito presentado ante el Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública el 15 de marzo de 1999, alegaron la caducidad de la concesión por el no uso de la servidumbre de aguas (idem); 22) Mediante resoluciones 149-99 DMG del 25 de marzo de 1999, 169-99 DMG del 5 de abril de 1999, 172-99 DMG del 6 de abril de 1999, 396-99 DMG del 29 de junio de 1999, el Ministerio de Gobernación y Policía se declaró incompetente para resolver sobre las gestiones de caducidad alegadas por los recurrentes Y REMITIÓ A LOS INTERESADOS al MINAE; 23) Mediante resoluciones 218-99 del 5 de mayo de 1999 (caso José Marcelo Valverde Rodríguez), 219-DMG del 5 de mayo de 1999 (caso Ciro González Hidalgo), 220-99 DMG del 5 de mayo de 1999 (caso Nombre6806), 223-99 DMG de 5 de mayo de 1999 (caso Nombre6804), 391-99 DMG del 23 de junio de 1999 (caso de Nombre6805), 221-99 DMG del 5 de mayo de 1999 (caso de Nombre6807), el Ministro de Gobernación y Policía nombró como perito del Estado al Ingeniero Fallas Cisneros. La diligencia de inspección se realizó el 21 de mayo de 1999 y corren agregados al expediente administrativo, los avalúos elaborados (ver expedientes administrativos); 24) El Ministro de Gobernación y Policía informó que una vez resuelta la acción de amparo, se pondría en conocimiento de los interesados los avalúos (informe del Ministro expediente de amparo); 25) El informe UTE-087-99 del 25 de junio de 1999 valoró los resultados de los estudios prevenidos a Nombre6802 y esperan el aval de la Comisión Plenaria (informe Ministra folio 85); 26) El MINAE por resolución R-102-99 de las 9:00 horas del 22 de julio de 1999 dispuso "Con fundamento en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, suspender el dictado de las resoluciones de fondo sobre la gestión de caducidad y recurso de revisión interpuesto por el Comité de vecinos de La Cuenca del Río Chirripó Pacífico y solicitud de falta de legitimación de la representante del Comité de vecinos de La Cuenca del Río Chirripó Pacífico, gestionando por el proyectista; hasta tanto la Sala Constitucional no …(Sic) …SEGUNDO: Procédase a celebrar la consulta pública sobre los estudios técnicos presentados por el proyectista" (últimos folios legajo N.3).

IV.- Naturaleza del bien jurídico involucrado: Del patrimonio de la Nación (demanio público).- En los términos de nuestra Constitución Política, el patrimonio nacional se conforma por los bienes definidos en los artículos 6, 50, 89 y 121 inciso 14) constitucionales; son las aguas territoriales, las costas, el espacio aéreo, la plataforma continental, el zócalo insular, los recursos y riquezas naturales del agua del suelo y del subsuelo, las bellezas naturales, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el patrimonio histórico y artístico de la Nación, las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional, los yacimientos de carbón, las fuentes o yacimientos de petróleo, sustancias hidrocarburadas, depósitos de minerales radioactivos, servicios inalámbricos -lo que modernamente se conoce como espacio electromagnético-, ferrocarriles, muelles y aeropuertos que estén en servicio. Es importante señalar que estos bienes gozan de especial protección, de manera que no son susceptibles de ser apropiados por particulares y ni siquiera por la Administración Pública; ni ser destinados a fines distintos de los que determinan su propia esencia y naturaleza. Desde luego, su protección -en los términos que resulten necesarios- y administración corresponde al Estado en Nombre443 de la Nación (tomo III Actas de la Asamblea Nacional Constituyente No. 168, pág. 468). La norma constitucional optó por el control legislativo en los casos en que es posible enajenar esos bienes, o bien, incorporar nuevos bienes a usos públicos, sin embargo, algunos de estos bienes no pueden ser objeto de desafectación siquiera por el legislador, toda vez que por su singular naturaleza han recibido una especial afectación constitucional que los excepciona de poder estar en el comercio de los hombres. Los bienes de la Nación pueden ser objeto de explotación racional por el Estado o por los particulares "de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo determinado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa" (inc. 14 del artículo 121 de la Constitución Política). La jurisprudencia de esta Sala -sentencia 06240-93-, examinó la posibilidad de que la Asamblea Legislativa acuda a la técnica, comúnmente conocida como el dictado de una ley marco, para cumplir con la exigencia de la norma constitucional. En lo de interés esta Sala indicó:

"En este caso, la Asamblea Legislativa inviste en la Administración Pública la potestad de otorgar concesiones específicas, competencia que, claro está, no comprende la de sustituir del todo la función de la primera, como se dirá adelante. En esta hipótesis el delegado puede ser cualquier ente del ámbito público -tanto el propio Poder Ejecutivo, órgano normal de la contratación administrativa (artículo 140 inciso 14) Constitución), como cualquier otra entidad descentralizada de la Administración Pública- pero no como, se propone en el proyecto, un simple órgano desconcentrado dentro de una cartera del Ejecutivo." De acuerdo con lo que se ha venido exponiendo, la especial naturaleza del patrimonio nacional, tiene como particularidad la necesaria e indisoluble vinculación al uso público de los bienes que el concesionario -sea público o privado- destine o requiera para su desarrollo y explotación, de manera tal que éstos se entienden definitivamente incorporados al demanio público y gozan, por tal razón, de las características propias de este régimen, de ser inembargables, imprescriptibles e inalienables. Por las implicaciones que tiene la explotación de los bienes de la Nación por los particulares, el legislador debe, a falta de autorización expresa en cada caso, elaborar una ley marco que dote al sistema del país, de garantías idóneas sobre la explotación razonable del bien de que se trata. No debe perderse de vista que la especial afectación de los bienes de la Nación tiene sentido, únicamente, en tanto se garantice a todos los habitantes el derecho a una calidad de vida dentro de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La explotación de los recursos naturales impone, con rango constitucional, un uso racional de los mismos (adecuado, planificado), para beneficio de los actuales y de los futuros habitantes del país (derechos de la tercera generación).

V.-De otros bienes demaniales del Estado.- Los bienes del Estado se caracterizan por ser de su exclusiva titularidad y porque tienen un régimen jurídico especial; integran la unidad del Estado y junto con su organización política, económica y social, persiguen la satisfacción -en plano de igualdad- de los intereses generales; su objetivo final es alcanzar, plenamente, el bien común. Es ésta la principal razón para justificar la existencia de un impedimento, por lo menos en principio, para la libre disposición de esta categoría de bienes. El régimen especial que los cobija, sin embargo, no alcanza por igual a todos los bienes públicos; la mayor, menor o inexistente cobertura dependerá del tipo de bien de que se trate. Es por ello que la doctrina del Derecho público habla de diversos tipos de bienes que pertenecen al Estado. La tradición jurídica costarricense ha estructurado su propio régimen a partir de esas ideas, de manera que esos bienes, entendidos en el sentido más amplio del concepto, se clasifican en demaniales por naturaleza o por disposición de la ley, los bienes privados del Estado, los derechos reales sobre bienes ajenos (servidumbres), los derechos económicos o financieros (como lo valores o bonos del Estado) y los bienes comunales, entre otros. Los bienes demaniales o dominicales, como también se les conoce, tienen ese carácter en virtud de una afectación legal, que es la que determina su sujeción a un fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al uso o servicio público o a otra finalidad determinante que justifique su demanialidad. De esta suerte, la afectación es la vinculación, sea por acto formal o no, por el que un bien público se integra al patrimonio nacional en virtud de su destino y de las correspondientes previsiones legales. Ello conlleva, como lógica consecuencia, que solamente por ley se les pueda privar o modificar el régimen especial que los regula, desafectándolos, lo que significa separarlos del fin público al que están vinculados. Requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del demanio público un bien determinado e individualizado, sin que sea posible una desafectación genérica, y mucho menos implícita; es decir, en esta materia no puede existir un "tipo de desafectación abierto", que la Administración, mediante actos suyos discrecionales, complete. Debe asimismo hacerse la advertencia de que toda desafectación, como proviene de un acto legislativo, está sujeta a los controles jurisdiccionales corrientes.

VI.- De las regulaciones sobre el recurso hídrico: El Estado ejerce su dominio pleno y exclusivo sobre las aguas de su territorio (Artículo 6 e inc. 14) del Art. 121 Constitución Política). La explotación de las aguas que intervienen en el ciclo hidrológico -la Hidrología es la ciencia que trata las aguas terrestres, sus maneras de aparecer, su circulación y distribución, de sus propiedades físico-químicas, sus interacciones con el medio físico y biológico y sus reacciones a la acción del hombre-, requiere, como ha quedado dicho, de una ley marco que la regule o de un acto expreso de autorización legislativa. Para la explotación del recurso en un proyecto de producción de energía (hidroeléctrico) se requieren, primero, de una concesión de uso de dominio público, y luego, de una concesión de explotación de servicio público. La primera, por lo dicho sobre la especial protección del bien, no solo en razón de ser esencial para la vida, sino también en relación con la explotación de su fuerza, lo que resulta imposible sin la protección adecuada del recurso propiamente dicho. La Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942 -anterior a la actual Constitución, pero en concordancia con ella- establece la demanialidad de las aguas; en similar sentido la Ley No. 258 de 18 de agosto de 1941 -Ley de creación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE)- señala que la fuerza que pueda obtenerse de las aguas, las fuerzas eléctricas y cualquier otra fuente de energía son demaniales, quedando de esta manera completo el marco de protección a que se ha aludido. La segunda concesión, surge por disposición expresa del inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política. Esta modalidad de concesión está referida al aprovechamiento de las aguas para la producción de energía, e incluye la transmisión, transformación y distribución de la energía obtenida de las aguas. La Ley 258 estableció que la autoridad competente para otorgar estas concesiones era el Servicio Nacional de Electricidad (artículo 6 y 34) y se ocupó de regular en detalle los supuestos sobre los que era posible otorgar y explotar la concesión, los derechos y obligaciones de los concesionarios, el objeto del contrato y plazo de la concesión. Estas normas, además, resultaron enriquecidas por la integración de las disposiciones de la Ley de Aguas, que complementaron aquellos preceptos en muchos campos, como por ejemplo, en órdenes de preferencia. Todas estas disposiciones legales resultan aplicables para el operador jurídico, en una suerte de integración del derecho y "mientras no contradigan los preceptos de la referida ley número 258", pues en caso de antinomia debe prevalecer la que por especialidad regula la materia. Nótese que el Artículo 17 de la Ley de Aguas reafirma que para el aprovechamiento de aguas públicas "la autorización la concederá el Servicio Nacional de Electricidad -conforme con la ley 258 del 18 de agosto de 1941". No debe pasar inadvertido que ambos cuerpos normativos - Ley del SNE No. 258 y Ley de Aguas No. 276 (la última reformada por leyes Nos. 2332 del 9 de abril de 1959, 5046 del 16 de agosto de 1972 y 5516 del 2 de mayo de 1974) son anteriores a la Constitución Política vigente y al Decreto Ley número 449 de 8 de abril de 1949, que encomendó al ICE "el desarrollo racional de las fuerzas productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos" (artículo 1). Evidentemente, ese bien le fue dado en concesión al ICE en régimen de monopolio estatal, con la finalidad de que su actividad permitiera "promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica" (artículo 1° del Decreto Ley), al que le garantiza el disfrute de los bienes que le son propios, sobre la base de la prestación del "servicio público al costo" (artículo 2 de la Ley número 2199 y artículo 2 de la número 3226, de 25 de octubre de 1963). Mediante ley 7200 del 13 de setiembre de 1990 se autorizó la generación autónoma o paralela de electricidad por empresas y cooperativas de electrificación rural, que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional. Esta ley fue reformada por la No. 7508 del 30 de abril de 1995. Con la promulgación de estas dos leyes, retoma importancia la antigua competencia del SNE en esta materia, al punto que el artículo 5 dispuso que el SNE tendrá facultad para otorgar concesiones destinadas a explotar centrales eléctricas de capacidad limitada, hasta un máximo de veinte mil kilovatios (20.000 Kw) y por un plazo no mayor de veinte años; podrá prorrogar esas concesiones, modificarlas o traspasarlas, sin que se requiera autorización legislativa; pero este requisito será indispensable cuando la explotación sobrepase los veinte mil kilovatios o el adquirente tenga concesiones aprobadas que, sumadas a la nueva, excedan de esa cantidad. La ley 7503 del 9 de agosto de 1996 "LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS", transformó al SNE en una institución autónoma denominada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El artículo 68 de esta Ley dispuso la derogatoria "de la Ley No. 258 de 18 de agosto de 1941 y sus reformas, y el Transitorio V, párrafo segundo, señaló que siempre que se mencione el SNE, incluyendo su relación con las aguas nacionales, deberá leerse Ministerio de Ambiente y Energía. La ARESEP de acuerdo a su ley actual, tiene competencia en relación con el suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización" (art. 5), es decir, su ley regula todo lo relacionado con el servicio público de energía eléctrica por cualquier fuente. La Ley de Aguas (artículo 176), a partir de la reforma al transitorio V de la Ley 7593 del 9 de agosto de 1996, ciertamente atribuyó competencia al MINAE para otorgar concesiones destinadas a aprovechar las aguas públicas en producción de energía eléctrica. Sin embargo, la sola asignación de competencia no puede asimilarse a una ley marco regulatoria del proceso de otorgamiento de la concesión (requisitos para el concesionario, obligaciones, afectaciones, etc.) y menos aún, cuando están de por medio bienes que ni siquiera por ley ordinaria pueden ser desafectados. Una interpretación libre del régimen que regula esta materia, podría conducir a una desafectación "de hecho" de los bienes de la Nación, lo que a todas luces es insostenible. La Sala estima que al derogarse la Ley 258, se dejó sin ley marco todo lo referente a las concesiones de agua para la explotación de energía, precisamente el supuesto del que se ocupa el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política. La ley marco que ha señalado esta Sala como posible en esta materia, debe tener regulaciones claras, concretas sobre la concesión a otorgar, pues se trata de la explotación de bienes de la Nación; no por casualidad el propio constituyente estableció que la ley debía ocuparse de "condiciones y estipulaciones", que no son otra cosa que un marco normativo detallado en razón del bien involucrado. Resulta importante, a los efectos de esta sentencia, indicar que el concepto de ley marco resulta acorde con el Derecho de la Constitución. El desarrollo jurisprudencial de esta Sala permite sostener que la ley marco que se echa de menos, no podría ser similar a la Ley No. 258 del 18 de agosto de 1941 y sus reformas, ni a la vigente Ley de Aguas, pues esos "marcos" resultarían insuficientes para lograr la adecuada regulación de la explotación racional del recurso hídrico. No basta con establecer que una determinada cuenca tiene potencial hidroeléctrico, como lo exigía la derogada Ley de SNE, es necesario planificar la instalación de este tipo de proyectos de manera que, entre otros aspectos a considerar, se tome en cuenta que no se impida a las futuras generaciones -cuyos derechos se encuentran tutelados por el Derecho de la Constitución- disfrutar del recurso hídrico y los demás recursos naturales, como por ejemplo, para la preservación de la fauna, los ecosistemas, el clima, garantizar la navegación y el disfrute escénico y artístico entre otros. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 14 de junio de 1992 establecieron como principio tercero "el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras"; el cuarto principio dispone "A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada". De acuerdo con lo expuesto, la derogada Ley del SNE y la antigua Ley de Aguas, distan mucho de ser el modelo de ley marco que actualmente requiere el Derecho de la Constitución. Por lo expuesto, la Sala estima inadmisibles las interpretaciones que sugieren que la Ley de Aguas es la ley marco requerida para la explotación de la "fuerza de las aguas" por particulares, pues nunca ha sido el marco normativo regulatorio de esta materia; su contenido se limitó a complementar determinadas disposiciones sobre la materia, en un momento histórico, sin que pueda dársele ahora, en ausencia de una adecuada regulación, una función que no tiene. Tampoco encuentra esta Sala que exista un verdadero interés público en apartarse de la conclusión anterior, ya que el ICE conserva la posilibidad de explotar tanto la fuerza de las aguas como otras formas de generación de energía para satisfacer la demanda nacional y en igual condición se encuentran – sin que ello implique valoración de esos contratos- aquellos concesionarios oportunamente autorizados por el SNE para realizar esa actividad "en capacidad limitada". En todo caso, aún subsiste para el particular interesado en este tipo de actividad, la posibilidad de acudir a la Asamblea Legislativa a solicitar la concesión de su interés y corresponderá a ella establecer la oportunidad en la regulación de la materia, sin que ello pueda hacerlo válidamente el operador jurídico ni el Poder Ejecutivo a través de su potestad reglamentaria. Finalmente, la Sala no entra a discutir la tesis de la Ministra del Ambiente y Energía, según la cual esa institución puede ocuparse de prorrogar concesiones ya autorizadas, pues todas ellas tienen un plazo máximo establecido por la ley que dio nacimiento a la concesión; determinar si pueden o no es posible extenderlas en el tiempo, sin violentar el principio de legalidad que desarrolla el orden constitucional, en especial cuando el concesionario no ha conseguido renovar el contrato con el ICE, que ha modificado la forma de selección de los proyectos (ver Reglamento al Procedimiento de Selección de Proyectos al amparo del primer capítulo de la Ley 7200, publicado en La Gaceta 52 del 14 de marzo del 2000) es asunto que es atinente a la declaración de cuál es la norma aplicable o si existe una situación jurídica consolidada, que debe debatirse en sede administrativa, todo sin perjuicio del control de legalidad que debe ejercer el juez ordinario. Debe tenerse en cuenta que los plazos de esas concesiones -hasta 25 años- no son cortos y dentro de esos términos debe producirse –por medio de la tarifa de venta de energía- la recuperación de la inversión y la obtención de una ganancia razonable, sin que sea posible reconocer a los particulares un derecho indefinido a la prórroga de la concesión, en tanto la propia Constitución dispuso que la "concesión especial otorgada", lo sea por tiempo limitado. En conclusión, actualmente no existe una ley marco que regule lo relacionado con la explotación del recurso hídrico para producción de energía eléctrica, por lo que, para el otorgamiento de nuevas concesiones deben los interesados acudir a la Asamblea Legislativa. Lo que sí tiene actualmente el Ministerio de Ambiente y Energía, por disposición expresa de ley, es la función de control y fiscalización de las concesiones otorgadas por el SNE, lo que implica, inclusive, y siguiendo los procedimientos establecidos en la ley de Aguas, la Ley del Ambiente y la Ley General de la Administración Pública, la posibilidad de declarar la extinción, caducidad o nulidad de las concesiones; además, desde luego, la de intervenir dictando las medidas de ajuste que resulten necesarias en los estudios de impacto ambiental, para que la actividad no afecte de manera alguna el medio ambiente, lo que será de obligado acatamiento por parte de los concesionarios. En este sentido resulta ilustrativo el contenido del artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente que dispone que "La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación a su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras…" VII.- Los estudios de impacto ambiental y su trascendencia: Conviene recordar el texto del artículo 50 de la Constitución Política que dispone:

"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La Ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes".

La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano -celebrada en Estocolmo del 15 al 16 de junio de 1972- base de la declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo -a la que Costa Rica envió sus delegados (documento A/CONF.151/INF/2/Add.2) estableció algunos principios esenciales así:

" 2°.- Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga".

" 17°.- Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados con miras a mejorar la calidad del medio (...) Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente".

" 21°.- De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven dentro de sus jurisdicción o bajo su control no perjudiquen el medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional".

La Ley Orgánica del Ambiente en sus artículos 17 y siguientes regula lo referente a los estudios de impacto ambiental, requeridos en todas aquellas actividades humanas que "alteren o destruyan el ambiente…". El legislador encomendó a la "Secretaría Técnica Nacional Ambiental", las evaluaciones a cargo de "un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría… de conformidad con las guías elaboradas por ella. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del interesado". En el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente se estableció que "las resoluciones de la Secretaría Técnica Ambiental deberán ser fundamentadas y razonadas", con lo que se recoge en esta materia el principio general de fundamentación de los actos administrativos desarrollado también por la Ley General de la Administración Pública, que es a su vez una garantía que integra el debido proceso sustantivo. La aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica y encomendados a SETENA, un análisis pormenorizado que incluya, como lo exige el artículo 24 de la Ley del Ambiente, los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación que hacen posible la aprobación del estudio. Además, debe responder a las normas, los objetivos de ordenación y prioridades ambientales del Estado nacional y del gobierno local, tal como lo recoge el principio 11 de la Declaración de Río. El daño que se puede causar al ambiente es siempre de difícil o imposible reparación y la aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere de la total certeza de mínima afectación de los recursos naturales, pues así lo impone por fuerza propia el artículo 50 de la Carta Política. La aprobación inicial del estudio ambiental no elimina la posibilidad de que la autoridad competente dé seguimiento a la actividad autorizada, establezca prohibiciones posteriores o requiera estudios adicionales, en caso de que las condiciones ambientales varíen. Ello es así debido a que, tratándose del ambiente no se puede hablar de variables inmodificables; todo lo contrario, por su propia naturaleza el ambiente es, por sí mismo y con mayor grado por intervención del ser humano, cambiante. La aprobación de un estudio de impacto ambiental en los términos que lo señala la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco supone una autorización inmodificable para realizar un determinado proyecto humano. El MINAE, dentro de las funciones que conserva de fiscalización de los proyectos hidroeléctricos, puede, si las circuntancias del caso concreto lo requieren, impedir la continuación del proyecto o la explotación del recurso hídrico, ello desde luego, sin perjuicio de los derechos del concesionario a obtener la indemnización correspondiente si se dieran los supuestos legales para ello, lo que es discusión que debe radicarse en la jurisdicción ordinaria.

VIII.- La intervención de la comunidad en los asuntos ambientales: No puede excluirse al ser humano -que recibirá los efectos de las decisiones gubernamentales en materia ambiental-, de su participación en la decisión de asuntos vinculados con esta materia. Reiteradamente esta Sala ha sostenido que el derecho de audiencia hace parte del debido proceso sustantivo y que es una forma de expresión de la democracia participativa (artículo 1 de la Constitución Política). La Ley de Aguas de 1942 contempla esta participación, al indicar en su artículo 179 que "Recibida la solicitud, el Servicio Nacional de Electricidad publicará en el Diario Oficial, y por tres veces consecutivas, un edicto poniendo en conocimiento del público la solicitud, a fin de que los opositores que se consideran lesionados presenten sus objeciones durante el término de un mes que se contará desde la fecha de publicación del primer edicto". La Convención de Río eleva esa participación a rango de principio en materia ambiental al señalar que "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada información sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." La Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubre de 1995, también recogió los principios citados, al garantizar la participación de los habitantes en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente. En relación con los estudios de impacto ambiental el artículo 23 expresamente señala que " la información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización..". Dentro de esta misma tesitura el artículo 22, párrafo segundo de la misma ley dispuso que "Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración". La Ley Orgánica del Ambiente del 4 de octubre de 1995 en su disposición transitoria número I señaló que "Las evaluaciones de impacto ambiental que se encuentren en trámite al publicarse esta Ley Orgánica del Ambiente, continuarán su tramitación de acuerdo con las presentes disposiciones". Resulta, en consecuencia, que el principio de la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental, forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el Estado; pero es, a la vez, integrante del derecho fundamental de toda persona en los términos que se garantizan en el artículo 50 constitucional.

IX).- El estudio de impacto ambiental. (Caso de la empresa Producciones Antheus,S.A.: En el caso que se examina, el informe técnico No. UTE-002-96 del 04 de enero de 1995 se lee en lo que interesa:

"CONSIDERANDO QUE Se ha cumplido con lo solicitado de acuerdo a la resolución tomada en la minuta 038 de la Unidad Técnica .

POR TANTO

se recomienda aprobar el EIA y el anexo de la fase II, del P.H. San Luis I. " La resolución No. 029-96 SETENA del 19 de enero de 1996, en la parte considerativa señaló:

"CONSIDERANDO PRIMERO: Que el informe técnico UTE-002 del 4 de enero de 1996 indica que:

Se ha cumplido con lo solicitado de acuerdo a la resolución tomada en la minutoa 038 de la Unidad Técnica.

Además, deberá nombrarse un responsable (profesional) del seguimiento ambiental del proyecto, cuyo Nombre443 deberá ser comunicado a la SETENA en un plazo no mayor a un mes, a partir de la notificación de la aprobación. Este deberá presentar informes semestrales de seguimiento ambiental ante la Secretaría a partir de la aprobación del EIA y será el encargado de efectuar las anotaciones de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto en cuaderno o bitácora del mismo.

POR TANTO

EL SECRETARIO GENERAL

RESUELVE

PRIMERO: Comunicar que en la Sesión de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental No. 004, celebrada el día 15 de enero de 1996 se acordó: ARTÍCULO 9. Se lee Informe UTE-002-96, sobre el anexo al proyecto hidroeléctrico San Luis I, Fase II. La Secretaría Técnica acuerda: Avalar lo recomendado por la Unidad Técnica, aprobando el EIA y su anexo Fase II.

SEGUNDO: Contra esta resolución y de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley general de la Administración Pública y el artículo 87 de la Ley Orgánica del Ambiente, procede interponer dentro del plazo de ley los recursos ordinarios correspondientes.-NOTIFÍQUESE.-" El 5 de marzo de 1998, la unidad de monitoreo de la Secretaría Técnica Nacional realizó "una inspección ambiental para atender solicitud de la Sra. María del Pilar Ureña, del Comité de Defensa de Los Ríos (Rivas de Pérez Zeledón)". El informe, elaborado en esa oportunidad, el UMSA 020-98 señala en lo que interesa:

"CONSIDERANDO QUE:

"El Huracán César afectó la zona donde se propone el P.H. San Luis I.

Existe una preocupación muy grande por parte de los vecinos de las comunidades de Rivas, Guadalupe y otras, con respecto a la disposición del recurso agua, para abastecimiento, riego y recreación presentes y futuras de las comunidades aledañas al proyecto.

Existe oposición de la comunidad con respecto al desarrollo de este proyecto.

Por Tanto se recomienda:

Solicitar a la empresa desarrolladora del proyecto realizar un estudio hidrogeológico a lo largo del área del túnel que permita identificar a tiempo problemas de abastecimiento de aguas subterráneas.

Solicitar a la empresa realizar un estudio de los usos del recurso agua a corto, mediano y largo plazo (abastecimiento, riego, recreación, etc).

Solicitar a la empresa desarrolladora del proyecto un estudio de opinión de las comunidades que serán afectadas directamente o indirectamente con la construcción de P.H. San Luis I, identificando los puntos en conflicto y cuáles serían las soluciones propuestas por la Empresa.

Que la empresa desarrolle un programa de información del proyecto hidroeléctrico dentro de las comunidades afectadas y grupos organizados de la región. " A la empresa se le previno cumplir con esos requerimientos y a esta fecha, no consta que exista pronunciamiento expreso sobre este extremo; la Ministra accionada informó que se está a la espera de la resolución definitiva de este recurso de amparo. Consta en la prueba aportada por la Secretaría Técnica Ambiental que ese órgano en publicación del diario La República del 21 de agosto de 1999, convocó a los vecinos a una audiencia pública para "la discusión de los anexos al estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico San Luis I, expediente administrativo N. 33-95, conocido como Los Gemelos, en la Cuenca del Río Chirripó". Para la celebración de esa audiencia se fijaron "las diez horas del seis de setiembre de 1999, en la sede del Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección495, San José. Los estudios técnicos quedan a disposición del público en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en Sabanilla de Montes de Oca .."(folio 336); aunque en apariencia, esa actividad de haberse realizado, no potencia el principio de participación democrática, los hechos que constan en el expediente llevan a la Sala a la conclusión contraria. Ello porque el Estado costarricense no solo debe invitar a la participación, debe también promoverla y respetarla cuando se produzca. La puesta a disposición de los interesados de un estudio que se encuentra en una oficina pública y la promoción de la participación e intervención de la comunidad, en este caso se dieron en el contexto en que se define en la Ley Orgánica del Ambiente. En efecto, a partir de los hechos probados 6 y 7 del Considerando III de esta sentencia, la Sala tiene por comprobada la intensa participación de los vecinos de las comunidades interesadas, para que se valoraran los cambios sufridos en la región por los efectos del Huracán César, lo que ha motivado dentro de la sede administrativa un intenso debate sobre la protección del medio ambiente, sobre la utilización de los bienes demaniales involucrados, sobre los derechos de la empresa derivados de la concesión y en conclusión y en relación con el tema ambiental debe indicarse lo siguiente: 1).- La Sala estima que las aprobaciones de los estudios de impacto ambiental por parte de la Secretaría Nacional Ambiental -que en parte se han transcrito-, tienen la fundamentación que se requiere y no omiten incluir las criterios técnicos y los porcentajes de ponderación que se utilizaron para analizar y aprobar ese tipo de estudio, procedimiento al que obliga el artículo 23 de Ley Orgánica del Ambiente; 2).- No hay falta de motivación del acto administrativo de aprobación del estudio de impacto ambiental y no se afecta la intervención de los vecinos interesados en la protección de la cuenca, quienes han tenido una importante participación en el proceso; la corrección de los factores analizados y las ponderaciones correspondientes, si en alguna forma les ha limitado su intervención decisoria en el proceso, porque no se comparte la base científica de elaboración de los mismos, ello no resulta contrario al espíritu mismo de la ley y al sistema de democracia participativa que nos cobija, sino que desemboca en un asunto que compete más al funcionamiento correcto de la administración o de la aplicación del régimen legal y no de la protección de derechos fundamentales. Dentro de este mismo orden de ideas, la Sala advierte que tampoco es correcto que no se hubiera dado audiencia a la Municipalidad local, que en defensa de los interés generales está legitimada para intervenir en asunto de esta naturaleza, tal y como en forma expresa lo establece el artículo 22 de esa misma ley, porque en el expediente consta su participación en el conflicto de intereses surgido; 3).- Las circunstancias apuntadas, unidas al hecho de que las condiciones de la zona en que la se llevará a cabo el proyecto pudieran haber cambiado radicalmente, por los efectos del Huracán César -lo que la Municipalidad local recogió en un plan regulador- y por lo que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental previno a la empresa, pidiéndole una serie de estudios adicionales con los que ya cumplió– y que no han sido aún valorados por el órgano competente-, obligan a esta Sala a desestimar el recurso, advirtiendo que al hacerlo, no se prejuzga sobre los resultados finales de esas ponderaciones que aún penden de resolución. La Sala considera que el trámite de aprobación del estudio de impacto ambiental no lesionó de manera flagrante, como se alega, el principio de legalidad constitucional -falta de fundamentación de la resolución que tiene incidencia directa en el ambiente-; ni el principio democrático, reflejado en la amplia participación de la comunidad en la que se desarrollará el proyecto y del gobierno local en representación de aquella, lo que debe ser propio de una democracia participativa. Consiguientemente, se impone la declaración sin lugar el recurso en este extremo. Se reitera, insistentemente, que en virtud de que la administración previno a la empresa interesada la presentación de una serie de estudios adicionales y que no existe pronunciamiento administrativo sobre ellos, la forma como se resuelve este amparo, no implica que se deba retrotraer el proceso administrativo a la fase de valoración del estudio de impacto ambiental, sino continuarse con la aplicación normal del procedimiento legal establecido. Desde luego, que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberá pronunciarse nuevamente y de manera conjunta sobre todos los estudios de impacto ambiental, lo que deberá hacer siguiendo las disposiciones de los artículos 18 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente y ello incluye, desde luego, la valoración de toda la prueba del expediente, que deberá expresarse en una resolución debidamente fundamentada y ponderada, la remisión de un extracto a la Municipalidad local y la divulgación, en zona en que se realizará el proyecto, de la evaluación del impacto ambiental del proyecto.

IX.- De la imposición de servidumbres legales: Ciertamente resulta de interés público la producción de energía eléctrica para la satisfacción de las necesidades de la población. Cuando resulte indispensable para desarrollar un proyecto de producción de energía ocupar terrenos de particulares no involucrados en el proyecto, es requisito obtener, previamente, la declaratoria de interés público, para poder gestionar la imposición de servidumbres, o la expropiación de los terrenos en su caso; si así no ocurre, se corre el peligro de producir violaciones al artículo 45 de la Constitución Política, que protege el derecho de propiedad. Ello es así, debido a que estos proyectos se construyen para el beneficio de la comunidad en general, y en esta condición la ley -sea Ley General de Expropiaciones o Ley de Expropiaciones del ICE entre otras-, confiere competencia para ejercer la facultad expropiatoria a los entes públicos. Debe hacerse la advertencia de que ni una declaración genérica de interés público, ni la inclusión en el contrato de suministro de energía de una claúsula de colaboración, puede entenderse como medio sustitutivo de la declaración concreta que en cada caso deberá hacer el ente expropiante. En todos los casos deben dictarse actos administrativos específicos, que como tales, estarán sometido a los controles jurisdiccionales correspondientes. Es importante recordar que la expropiación únicamente es posible, en tanto tiene como fundamento la actuación administrativa que busca satisfacer el interés general y procede sólo cuando el interés público así lo exija; solo en estos supuestos es que la propiedad privada puede ser sometida al poder de imperio del Estado y ser destinada a servir a los intereses superiores, desde luego mediante la cesión imperativa del propio derecho de propiedad previo pago de la indemnización plena y justa. Es inadmisible en nuestro régimen constitucional la venta forzada o la imposición de servidumbre, cuando no media una utilidad general previamente declarada; lo contrario implicaría favorecer, únicamente, la actividad económica de un particular, lo que ni siquiera es posible para la construcción de un acueducto ordinario, en tanto la Ley de Aguas señala como oposición posible a este tipo de servidumbres el "..no ser dueño del terreno en que intente utilizarla para objeto de interés privado" (artículo 101-1 de la Ley de Aguas). De acuerdo con lo expuesto, para que Nombre6802 pueda solicitar que se imponga servidumbre forzosa a los accionantes -quienes no aceptan el gravamen- requerirá de un acto administrativo que declare al proyecto de interés público, que sólo puede realizar un ente público. En el caso que nos ocupa, la Sala no ha advertido en el expediente que ese procedimiento se haya realizado; su implementación dependerá, en última instancia, de la intervención de un ente público con competencia para hacerlo. En resumen: si Nombre6802, al generar energía eléctrica para vender al ICE, en los términos que se lo permite el contrato suscrito entre ambas partes, y la Ley de Generación Eléctrica, realiza, desde su punto de vista, una actividad privada, comercial, en la que, desde luego, actúa por interés de un ente público, que persigue cumplir con los fines igualmente públicos que se le han encomendado y consiguientemente, deba imponer servidumbres forzosas a los amparados, éstas solo son constitucionalmente admisibles si un ente público con competencia para ello, acude a su marco normativo para la implementación del proyecto, lo que supone, desde luego, las inscripciones registrales de las servidumbres a Nombre443 del ente público (Estado), aunque el pago deba realizarlo a Nombre443 de aquél, el particular interesado. De igual manera, todas las construcciones que se realicen para aprovechar esas fuerzas y conectarse con el sistema nacional de electricidad, quedan afectadas al servicio público, por lo especial del bien que está involucrado (Inciso 14 artículo 121 constitucional).

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso R. E. Piza E.

Luis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G.

Adrián Vargas B. José Luis Molina Q.

Susana Castro A. Gilbert Armijo S.

ES/mm/00 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 121 inc. 14
    • Ley de Aguas 276 Art. 176, 179
    • Ley Orgánica del Ambiente 7554 Arts. 17-24
    • Ley 258 (derogada)
    • Ley 7200 Art. 5

    Spanish key termsTérminos clave en español

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