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Decreto 37045 · 22/02/2012

Regulation to the Law for the Protection of the Citizen against Excess Administrative Requirements and ProceduresReglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos

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OutcomeResultado

In forceNorma vigente 40 amendments40 enmiendas

SummaryResumen

This executive decree develops Law No. 8220, establishing the principles, institutional system, and procedures for the simplification of procedures and regulatory improvement in Costa Rican Public Administration. It defines its scope to include all centralized and decentralized administration, except for defense and national security. It regulates the prior control of new regulations through a cost-benefit evaluation form administered by the Regulatory Improvement Directorate of MEIC. For central administration, the criterion is binding; for decentralized, it is a recommendation. It creates the figures of the Procedural Simplification Officer, the Regulatory Improvement Commissions, the 'Trámites Costa Rica' Digital System, and the National Catalog of Procedures. It details citizen rights and inter-institutional coordination obligations, prohibits the requirement of unpublished requirements, and regulates positive administrative silence for permits, licenses, and authorizations. It includes a disciplinary liability regime for officials and a citizen complaint procedure. The norm aims to reduce costs, eliminate duplications, and guarantee agile responses to individuals' dealings.Este decreto ejecutivo desarrolla la Ley Nº 8220, estableciendo los principios, el sistema institucional y los procedimientos para la simplificación de trámites y mejora regulatoria en la Administración Pública costarricense. Define el ámbito de aplicación a toda la administración central y descentralizada, con excepción de defensa y seguridad nacional. Regula el control previo de nuevas regulaciones mediante un formulario de evaluación costo-beneficio administrado por la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC. Para la administración central, el criterio es vinculante; para la descentralizada, una recomendación. Crea las figuras del Oficial de Simplificación de Trámites, las Comisiones de Mejora Regulatoria, el Sistema Digital Trámites Costa Rica y el Catálogo Nacional de Trámites. Detalla los derechos ciudadanos y obligaciones de coordinación interinstitucional, prohíbe la exigencia de requisitos no publicados y regula el silencio administrativo positivo para permisos, licencias y autorizaciones. Incluye un régimen de responsabilidad disciplinaria para funcionarios y un procedimiento de denuncia ciudadana. La norma busca reducir costos, eliminar duplicidades y garantizar respuestas ágiles a las gestiones de los particulares.

Key excerptExtracto clave

Article 42.- Application of positive silence. In accordance with the provisions of Article 7 of Law 8220, the silence of the Administration shall be deemed positive in the case of permits, authorizations, and licenses. When it comes to applications for the granting of permits, licenses or authorizations, after the resolution period granted to the Public Administration by the legal system has expired without a pronouncement, they shall be considered approved. Article 43.- Positive silence and its effects. The Public Administration, within the following three business days after receipt of the sworn statement, must issue a document stating that the period for the application of positive silence has elapsed and the application was not resolved in time. If the Public Administration does not issue this document within the indicated period, the application of positive silence shall be deemed accepted and the citizen may continue with the procedures to obtain the corresponding permit, license or authorization.Artículo 42º.-Aplicación del silencio positivo. En concordancia con lo establecido por el artículo 7 de la Ley 8220 se entenderá por positivo el silencio de la Administración en el caso de permisos, autorizaciones, y licencias. Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración Pública, sin que ésta se haya pronunciado, se tendrán por aprobadas. Artículo 43º.-Silencio positivo y sus efectos. La Administración Pública, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la declaración jurada, deberá emitir un documento donde conste que transcurrió el plazo para la aplicación del silencio positivo y la solicitud no fue resuelta en tiempo. Si la Administración Pública no emite este documento dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la aplicación del silencio positivo y el ciudadano podrá continuar con los trámites para obtener el permiso, la licencia o la autorización, correspondientes.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los principios contemplados en la Ley Nº 8220 conforme a los cuales los órganos de la Administración Pública se relacionan con el administrado en el ejercicio de su derecho de petición, información o cualquier trámite administrativo que los particulares gestionen para la obtención de un permiso, licencia o autorización."

    "This Regulation aims to develop the principles set forth in Law No. 8220 according to which Public Administration bodies relate to the administered in the exercise of their right to petition, information, or any administrative procedure that individuals undertake to obtain a permit, license, or authorization."

    Artículo 1

  • "El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los principios contemplados en la Ley Nº 8220 conforme a los cuales los órganos de la Administración Pública se relacionan con el administrado en el ejercicio de su derecho de petición, información o cualquier trámite administrativo que los particulares gestionen para la obtención de un permiso, licencia o autorización."

    Artículo 1

  • "Los criterios vinculantes que emita la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en aplicación de lo dispuesto en la Ley 8220, deberán circunscribirse a la simplificación de trámites. Se prohíbe el ejercicio de esta potestad para interferir o modificar las competencias de otros órganos de la Administración Pública."

    "The binding criteria issued by the Regulatory Improvement Directorate of the Ministry of Economy, Industry and Commerce (MEIC), in application of the provisions of Law 8220, must be limited to the simplification of procedures. The exercise of this power to interfere with or modify the competencies of other Public Administration bodies is prohibited."

    Artículo 1

  • "Los criterios vinculantes que emita la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en aplicación de lo dispuesto en la Ley 8220, deberán circunscribirse a la simplificación de trámites. Se prohíbe el ejercicio de esta potestad para interferir o modificar las competencias de otros órganos de la Administración Pública."

    Artículo 1

  • "La propuesta de regulación Junto con la Evaluación Costo Beneficio, únicamente podrán avanzar a la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, si cuenta con un informe positivo vinculante de la Dirección de Mejora Regulatoria."

    "The regulatory proposal together with the Cost-Benefit Evaluation may only proceed to the Directorate of Laws and Decrees of the Presidency of the Republic if it has a positive binding report from the Regulatory Improvement Directorate."

    Artículo 12 bis

  • "La propuesta de regulación Junto con la Evaluación Costo Beneficio, únicamente podrán avanzar a la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, si cuenta con un informe positivo vinculante de la Dirección de Mejora Regulatoria."

    Artículo 12 bis

  • "Los actos administrativos producidos por silencio positivo se podrán hacer valer ante la Administración Pública. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo legal en que debe dictarse y notificarse el acto administrativo expreso, siempre y cuando el interesado cumpla con el procedimiento establecido en el artículo 7º de la Ley 8220 y las disposiciones de este reglamento."

    "Administrative acts produced by positive silence may be enforced before the Public Administration. They take effect from the expiration of the maximum legal period in which the express administrative act must be issued and notified, provided that the interested party complies with the procedure established in Article 7 of Law 8220 and the provisions of this regulation."

    Artículo 43

  • "Los actos administrativos producidos por silencio positivo se podrán hacer valer ante la Administración Pública. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo legal en que debe dictarse y notificarse el acto administrativo expreso, siempre y cuando el interesado cumpla con el procedimiento establecido en el artículo 7º de la Ley 8220 y las disposiciones de este reglamento."

    Artículo 43

Full documentDocumento completo

Articles

the entire text - Complete Text of Regulation 37045 Regulation to the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Procedures Complete Text record: E2D72 No. 37045- MP-MEIC Regulation to the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Procedures THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC THE MINISTER OF THE PRESIDENCY, AND THE MINISTER OF ECONOMY, INDUSTRY AND TRADE Using the powers conferred by subsections 3) and 18) of article 140 and article 146 of the Political Constitution of November 7, 1949; subsection 2.b) of article 28 and subsequent and related articles of the General Law of Public Administration, Law No. 6227 of May 2, 1978; article 5 of the Organic Law of the Ministry of Economy, Industry and Trade, Law No. 6054 of June 14, 1977, and its amendments, and subsection c) of article 5 of the Regulation to the Organic Law of the Ministry of Economy, Industry and Trade, Executive Decree No. 32475-MEIC of May 18, 2005, the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Procedures, Law No. 8220 of March 4, 2002, and articles 3 and 4 of the Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer, Law No. 7472 of December 20, 1994.

I. - That the simplification of administrative procedures (trámites administrativos) and regulatory improvement (mejora regulatoria) are intended to rationalize the processing carried out by individuals before the Public Administration; to improve their efficacy, relevance, and usefulness, in order to achieve greater speed and functionality in processing, reducing operational costs.

II. - That the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Procedures, Law No. 8220, orders the simplification of procedures and requirements established by the Public Administration for citizens, avoiding duplication and expeditiously guaranteeing the right of petition (derecho de petición) and free access to public departments, undeniably contributing to the process of reinforcing the principle of legal certainty of the Costa Rican democratic system.

III. - That the Law "Amendment to Law No. 8220, Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Procedures," Law No. 8990, establishes important reforms to said law, which make a comprehensive reform of the Regulation to the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Procedures, Executive Decree 32565-MEIC, necessary.

IV. - That articles 11 and 13 of Law 8220 and its amendment establish the governing authority on Simplification of Procedures matters for the Ministry of Economy, Industry and Trade, through the Regulatory Improvement Directorate (Dirección de Mejora Regulatoria). Furthermore, said Directorate is empowered to issue binding opinions on simplification of procedures matters.

V. - That article 12 of Law 8220 and its amendment establishes the obligation to conduct a cost-benefit evaluation (Evaluación Costo-Beneficio) before issuing any new regulation or reforming existing ones, when they establish procedures, requirements, and processes that the administered party must fulfill before the Administration. In this regard, it is necessary to incorporate the Cost-Benefit Evaluation into the regulation to Law 8220 and to repeal Executive Decree 32689-MP-MEIC, Methodology and procedure for the Cost-Benefit Evaluation of August 9, 2005.

VI. - That subsection 6) of article 20 of Law 7472, Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer, establishes the obligation to implement a Catalog with all the procedures of the Public Administration, which will be administered by the Regulatory Improvement Directorate of the Ministry of Economy, Industry and Trade.

VII. - That article 12 of Law 8220 and its amendments establishes, for the effective fulfillment of the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Procedures and its amendments, the need to regulate and provide the Law with a series of principles that allow the uniform application of its provisions. Therefore, THEY DECREE:

REGULATION TO THE LAW FOR THE PROTECTION OF CITIZENS FROM THE EXCESS OF ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS AND PROCEDURES

GENERAL PROVISIONS

Implementing decrees

  • Executive Decree 44487 Lineamientos para la implementación del proyecto de fortalecimiento de las capacidades en ciberseguridad del país Aprobación de Reglamento · Express · May 2, 2024

Considering:

CHAPTER I

1

This Regulation is intended to develop the principles set forth in Law No. 8220 according to which the bodies of the Public Administration interact with the administered party in the exercise of their right of petition, information, or any administrative procedure that individuals manage for the obtaining of a permit (permiso), license (licencia), or authorization (autorización).

The scope of application of this Regulation covers the entire Public Administration, centralized and decentralized, including autonomous and semi-autonomous institutions, bodies with instrumental legal personality, non-state public entities, municipalities, and public companies. Excluded from its application are procedures and processes in matters of state defense and national security.

The binding opinions issued by the Regulatory Improvement Directorate of the Ministry of Economy, Industry and Trade (MEIC), in application of the provisions of Law 8220, must be limited to the simplification of procedures. The exercise of this power to interfere with or modify the competencies of other bodies of the Public Administration is prohibited.

2
  • 1)Public Administration (Administración Pública): It is constituted by the State and other public entities, each with legal personality and capacity under public and private law.
  • 2)Central Administration (Administración Central): It shall be constituted by the State, understood as the Executive Branch and its attached bodies.
  • 3)Decentralized Administration (Administración Descentralizada): It is comprised of the entities belonging to the Public Administration that have definitive and exclusive competence in the matters indicated by Law.
  • 4)Authorization (Autorización): It is an enabling act (acto de habilitación). Through this act, the administered party manages a petition before the Public Administration, which is discretionary regarding motive and content. In this sense, the administration makes an assessment of the individual's request and weighs it against the general interest.
  • 5)Right of petition (Derecho de petición): It is defined as that right that guarantees the citizen their right to address a public official or the Public Administration, in order to request information or carry out proceedings of their interest, as well as the guarantee of obtaining a prompt response from the Public Administration.
  • 6)Public official responsible for the procedure (Funcionario público responsable del trámite): This shall be understood as the holder of the administrative act as well as that official who performs the necessary steps for the processing of said act. The Public Administration must determine the responsibility of each of them within the disciplinary procedure.
  • 7)Cost-Benefit Evaluation (Evaluación Costo-Beneficio): The Cost-Benefit Evaluation is a public policy tool whose purpose is to guarantee that the benefits of regulations that include procedures, requirements, or processes for the administered party are greater than their costs. This evaluation allows for the systematic analysis of the different potential impacts of regulations on a country's economy, fostering that these are more transparent, efficient, and effective.
  • 8)Positive Binding Report (Informe Positivo Vinculante): A legal-economic report with no observations, of mandatory compliance.
  • 9)Negative Binding Report (Informe Negativo Vinculante): A legal-economic report with observations, of mandatory compliance.
  • 10)Positive Recommendation Report (Informe Positivo de Recomendación): A legal-economic report with no observations.
  • 11)Negative Recommendation Report (Informe Negativo de Recomendación): A legal-economic report with observations.
  • 12)Case file (Expediente): Documentary dossier of all the successive and chronological actions presented in the processing of the respective administrative procedure.
  • 13)Law 8220: Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Procedures, Law No. 8220, and its amendment, Law "Amendment to Law No. 8220, Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Procedures," Law No. 8990.
  • 14)Law 7472: Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer.
  • 15)License (Licencia): It is an enabling act for actions of the administered party for reasons of public order. Through this act, the administered party manages a petition before the Administration which, unlike the authorization, has regulated content and motives. In this administrative act, the administration makes an assessment of all elements of the individual's request and weighs it against the general interest; from this analysis, the administration grants rights to the individual.
  • 16)MEIC: Ministry of Economy, Industry and Trade.
  • 17)Citizen Information Office (Oficina de Información al Ciudadano): Service Platform, Service Comptroller's Office, or, failing that, the office or person designated to provide information to the citizen within each public body or entity.
  • 18)Institutional profile (Perfil institucional): It is the personalized access that each Public Administration institution has to the registration system in the National Catalog of Procedures (Catálogo Nacional de Trámites), through which it can manage the information on its institution's procedures in said Catalog.
  • 19)Permit (Permiso): It is an act that authorizes a person to exercise a right under specific conditions and without which they could not state, do, or refrain from doing something. The permit does not authorize or delegate anything; rather, it tolerates or allows a specific and particular action by a natural or legal person.
  • 20)Presumption of Good Faith (Presunción de Buena fe): It is the principle by which the administration presumes that the act or legal fact performed by an administered party is true, lawful, and just.
  • 21)Procedure (Procedimiento): It consists of the series of interrelated actions or steps, included or processed according to the prescribed order and form, whether by the legislator or by the Administration, and that are required to achieve or realize a final legal effect.
  • 22)Requirement (Requisito): A quality, circumstance, condition, or obligation that must be fulfilled by the administered party and that is indispensable for resolving an administrative act or for the conservation of the same and its legal effects. It may be associated with a procedure or be an operational requirement.
  • 23)Operational requirement (Requisito operativo): It is that requirement which, without being associated with a procedure, is indispensable for exercising an activity or maintaining a legal condition previously granted by the Administration.
  • 24)Responsibility of the official (Responsabilidad del funcionario): It is when the public official has acted with intent or gross negligence in the performance of their duties or on the occasion thereof, even if they have only used the means and opportunities afforded by their position.
  • 25)Positive silence (Silencio positivo): A legal institution that allows the existence of a favorable legal act to be established, by reason of the inaction of the Public Administration itself. Positive silence, according to article 330 and subsequent articles of the General Law of Public Administration, is understood when it is expressly established or when it concerns authorizations or approvals that must be granted in the exercise of oversight and guardianship functions. Silence shall also be understood as positive when it concerns requests for permits, licenses, and authorizations.
  • 26)System for the Simplification of Procedures and Regulatory Improvement (Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria): These are the organic and functional components that perform functions of institutional management, monitoring, and sanctioning for non-compliance with the procedures carried out by citizens before the Public Administration.
  • 27)Procedure (Trámite): Any action carried out by the administered party before the administration, by reason of a regulation that establishes it, in order to obtain a right, eliminate a restriction, consolidate a legal situation, or obtain a permit or subsidy.
  • 28)Unnecessary procedure (Trámite innecesario): Any action that the administered party must carry out before the administration that does not have the purpose of obtaining a right, eliminating a restriction, consolidating a legal situation, or obtaining a permit or subsidy.

(As amended by article 1 of Executive Decree No. 39726 of May 24, 2016)

3

All steps, actions, or proceedings that the Administration imposes on individuals shall be developed in accordance with the following principles: Principle of Clear and Objective Rules, institutional and inter-institutional cooperation, presumption of good faith, transparency, procedural economy, legality, publicity, speed, efficiency, and efficacy of administrative activity.

4

Administrative procedures must be structured in such a way that they are clear, simple, agile, rational, and easily understandable for individuals, in order to improve their relations with the Public Administration, making its activity effective and efficient.

5

Through the permanent review of the procedure processes executed by the Public Administration, the excess documentation and requirements that have no legal basis and do not have the respective technical studies justifying them shall be eliminated. Said processes must obey clear, simple rules that are easy for the citizen to fulfill.

(Note from Sinalevi: Through article 2 of Executive Decree No. 45173 of August 18, 2025, "Elimination of the requirement to present a photocopy of the identity card in all procedures and formalities before Central Government entities," it was agreed to abolish the requirement to present a copy of the identity card to carry out a formality or a procedure before the Central Government Administration, provided the formality is carried out in person. In its place, this requirement is replaced by the presentation of the identity card, in accordance with Law No. 3504.)

6

Each office belonging to a body of the Public Administration must coordinate internally, in order to prevent the administered party from having to go to more than one office to request a procedure or requirement.

The entities and bodies of the Public Administration must act in a coordinated manner among themselves, exchanging the information necessary for resolving the procedures submitted to their instances.

In order to comply with the principles of institutional and inter-institutional coordination, the Administration must create databases and lists, to which the offices of the same institution and other institutions may have access; agreements must also be implemented at the inter-institutional level for these purposes. In cases where the Administration does not have defined databases or digital forms, other alternative means must be implemented so that other offices or institutions can access the information, with the required security.

Public entities or bodies responsible for the collection of sums of money or the control of legal obligations that administered parties must satisfy or comply with must remit or make available to the rest of the Public Administration, monthly or when requested, the lists or databases containing the names of delinquent natural or legal persons.

The required assistance and cooperation may only be denied when the entity from which the information is requested has an cooperation shall be communicated with reasons to the requesting public entity or body.

Communication between administrative bodies shall always be carried out directly, without unnecessary delays, by any means that ensures proof of its receipt.

For these purposes, the requested entity or body shall have a period of 3 calendar days to remit the information to the requesting body, unless a longer period is technically justified to remit the information, in which case the extension of the period must be duly motivated and may only be considered for a period equal to the one cited. The extension of the period is considered an exceptional measure that does not empower entities or public bodies to extend the period without justification.

The inoperability of the system or the refusal of the institution to provide the required collaboration does not imply the obligation of the citizen to provide the information.

7

The Public Administration must exchange information, selectively and with strict adherence to the criterion of relevance, subject to the following conditions:

a- That the information communicated or transferred is necessary for the exercise of the competencies of the transferee Administration.

b- That the information had been provided to the transferor Administration for the exercise of its own competencies.

c- That the competencies pursue the same purpose or are complementary.

In all other cases, for an entity, body, or official of the Public Administration to be able to remit information about the administered party to another entity, body, or official, the former must have the consent of the administered party.

8

Citizens, in their relations with the Public Administration, have the following rights:

  • a)To know, at any time, the status of the processing of their steps or petitions.
  • b)To identify the public official or officials responsible for the procedure within the Public Administration who process their petition.
  • c)To refuse to present documents not required by regulatory provision, or that are already in the possession of the acting administration, whether they refer to the same procedure or to others within the same entity. The different entities or bodies of the Public Administration that, by law, are charged with hearing a procedure or requirement whose purpose is common, complementary, or identical, must reach an agreement to establish a single or shared procedure, clearly defining institutional competencies when these are not defined in the rest of the legal system.
  • d)To have access to the requirements necessary for carrying out the procedure by written and digital means.
  • e)To obtain guidance and information about the regulatory or technical requirements that current provisions impose on actions or formalities.
  • f)To demand accountability from the Public Administration and from the public official responsible for the procedure, when applicable in accordance with the current legal system.
  • g)To exercise their right of petition in a swift manner and without limitations.
  • h)To receive responses to their formalities before the Public Administration within the period established by the legal system.

(Note from Sinalevi: Through article 2 of Executive Decree No. 45173 of August 18, 2025, "Elimination of the requirement to present a photocopy of the identity card in all procedures and formalities before Central Government entities," it was agreed to abolish the requirement to present a copy of the identity card to carry out a formality or a procedure before the Central Government Administration, provided the formality is carried out in person. In its place, this requirement is replaced by the presentation of the identity card, in accordance with Law No. 3504.)

SYSTEM FOR THE SIMPLIFICATION OF PROCEDURES AND REGULATORY IMPROVEMENT

CHAPTER II

9

For its adequate functioning, the System for the Simplification of Procedures and Regulatory Improvement shall have the following bodies: The Ministry of Economy, Industry and Trade (MEIC), governing body on matters of simplification of procedures and regulatory improvement; the bodies and entities set forth in article 1 of Law 8220, which shall have a Simplification of Procedures Officer (Oficial de Simplificación de Trámites) and the Citizen Information Offices. Likewise, it shall have the following instruments: the National Catalog of Procedures and the Regulatory Improvement Plan (Plan de Mejora Regulatoria).

(Note from Sinalevi: Through article 2 of Executive Decree No. 45173 of August 18, 2025, "Elimination of the requirement to present a photocopy of the identity card in all procedures and formalities before Central Government entities," it was agreed to abolish the requirement to present a copy of the identity card to carry out a formality or a procedure before the Central Government Administration, provided the formality is carried out in person. In its place, this requirement is replaced by the presentation of the identity card, in accordance with Law No. 3504.)

GOVERNING AUTHORITY OF THE SYSTEM FOR THE SIMPLIFICATION OF PROCEDURES AND REGULATORY IMPROVEMENT

SECTION I

10

The Ministry of Economy, Industry and Trade (MEIC), through the Regulatory Improvement Directorate, shall be the governing body on matters of simplification of procedures and regulatory improvement and, as such, must ensure compliance with Law 8220 and this regulation.

The bodies and entities set forth in article 1 of Law 8220 shall also be responsible for ensuring its compliance and for monitoring the regulatory improvement programs that are established.

11

The opinion issued by the Ministry of Economy, Industry and Trade through the Regulatory Improvement Directorate, regarding existing procedures covered by Law 8220 and this regulation, as well as regarding the issuance of new regulations or amendments to existing ones that contain procedures required of citizens, shall be binding for the Central Public Administration.

When the Decentralized Administration (autonomous, semi-autonomous entities, or those with university autonomy) issues new regulations or amendments to existing ones that contain procedures required of citizens, they shall consult the governing body on the conformity of these with the principles and objectives of the improvement and simplification of procedures and with Law No. 8220 and its regulation. The opinion rendered by the governing body in these cases shall be of a recommendatory nature.

The opinions issued by the Regulatory Improvement Directorate must be limited to the simplification of procedures. The exercise of this power to interfere with or modify the competencies of other bodies of the Public Administration is prohibited. In the event that it rules on aspects other than simplification, the party consulting may disregard those points.

12

In accordance with article 13, first paragraph of Law 8220, all regulations that establish or modify procedures, requirements, and processes that the administered party must obtain from the Central Administration shall have a prior review control by the Regulatory Improvement Directorate of the Ministry of Economy, Industry and Trade. The opinion rendered by the governing body in these cases shall be binding.

For this control, the Regulatory Improvement Directorate shall make available to the institutions that make up the Central Administration the Cost-Benefit Evaluation Form (Formulario de Evaluación Costo Beneficio), which is regulated in articles 56 to 60 of this regulation; this form is constituted by two duly identified sections: Section I called "Prior Control for Regulatory Improvement" (Control Previo de Mejora Regulatoria) and Section II called "Regulatory Impact Statement" (Manifestación de Impacto Regulatorio). Section I shall be made up of a list of questions that will determine if the entire form must be filled out or if, on the contrary, it will suffice to fill out only Section 1.

When the proposing institution determines that the regulation does not establish or modify procedures, requirements, or processes that the administered party must fulfill before the Central Administration, it shall not carry out this prior control and shall so indicate in the recital section of the proposed regulation.

The MEIC shall implement the prior control procedure in a digital manner, when it has the economic resources for its development.

(As amended by article 1 of Executive Decree No. 39726 of May 24, 2016)

12 bis

The institution proposing the regulation must complete, as a first step, Section I called Prior Control for Regulatory Improvement, which makes up the Cost-Benefit Evaluation Form.

In cases where the answers provided in this section are all negative, Section II of said Form shall not be filled out. In this case, the body proposing the regulation must indicate in the "Recital" (Considerativa) part of the proposal that it proceeded to fill out the Cost-Benefit Evaluation Form in Section I called Prior Control for Regulatory Improvement, the result of which was negative and that the proposal contains no procedures or requirements.

Likewise, it must remit the proposed regulation to the Directorate of Laws and Decrees of the Presidency of the Republic together with the documents that must be provided for the signing procedure of the President of the Republic. Under this circumstance, none of the indicated documentation shall be remitted to the Regulatory Improvement Directorate of the MEIC.

The Directorate of Laws and Decrees shall receive the proposed regulation together with the Cost-Benefit Evaluation Form filled out in its Section I and the other documents it stipulates, and shall verify compliance with what is indicated in the preceding paragraph. In cases where the Directorate of Laws and Decrees considers that the proposed regulation does contain procedures or requirements that imply a cost to the administered party, said Directorate shall, exceptionally, immediately, and duly justified, issue a consultation via email to the Regulatory Improvement Directorate, which shall rule on said consultation within a period of 1 business day, in order to determine whether or not the proposal must fill out Section II of the Cost-Benefit Evaluation Form.

In cases where an affirmative answer is provided to one of the questions in Section I, it will proceed such that Section II, called the Regulatory Impact Statement, must be filled out completely. Under this circumstance and through the digital system that the MEIC provides, the institution proposing the regulation shall digitally fill out the Cost-Benefit Evaluation Form and attach the proposed regulation along with any other documentation (tables, diagrams, graphs, charts, etc.) as input, to support the information provided in said form.

The regulatory proposal must be sent in .doc., .docx, or any other format compatible with Office 2000.

On the business day following the processing of the cited documents, the Regulatory Improvement Directorate shall place them under public consultation in the digital system, which shall be available to the public on the web page www.meic.go.cr, for a period of 10 business days, in order to receive comments in accordance with the provisions of article 361 of the General Law of Public Administration.

The Regulatory Improvement Directorate shall have a period of 15 business days to analyze the proposed regulation and the Cost-Benefit Evaluation Form, together with the observations submitted; this period shall begin to run in parallel with the public consultation period indicated in the preceding paragraph.

If the proposed regulation and/or the Cost-Benefit Evaluation Form comply with the principles of Regulatory Improvement and Simplification of Procedures established in Law No. 8220, its amendment, and its regulation, the Regulatory Improvement Directorate shall issue a positive binding report.

In this case, the body proposing the regulation must indicate in the "Recital" part of the proposal that it complies with the principles of Regulatory Improvement in accordance with the report issued by the Regulatory Improvement Directorate, and the reference report number must be indicated.

Said report shall be notified on the business day following the expiration of the 15-business-day period, along with the proposed regulation, to the proposing entity, which must remit them to the Directorate of Laws and Decrees of the Presidency of the Republic, which shall take them into consideration for the signature of the President of the Republic and the corresponding publication in the Official Gazette La Gaceta.

If the analysis of the proposed regulation and the Cost-Benefit Evaluation Form reveals objections contrary to Law Nº 8220 and its regulations, the Dirección de Mejora Regulatoria shall issue, on the business day following the expiration of the 15-business-day period, a binding negative report. Said report must be notified to the institution proposing the regulation, which must correct the proposal and/or the Cost-Benefit Evaluation. Once the observations have been corrected, the proposal and/or the Cost-Benefit Evaluation must be resubmitted for a second prior review (control previo) by the Dirección de Mejora Regulatoria. For this and subsequent reviews, the Dirección de Mejora Regulatoria shall have the previously indicated 15-business-day period.

The regulatory proposal, together with the Cost-Benefit Evaluation, may only proceed to the Dirección de Leyes y Decretos of the Presidency of the Republic if it has a binding positive report from the Dirección de Mejora Regulatoria, which will lead the latter to review the cited documents as many times as necessary, until a positive opinion is achieved.

If, upon the second or subsequent analysis of the regulatory proposal, the Dirección de Mejora Regulatoria verifies that it has undergone substantial changes, the proposing entity of the regulation shall be informed that it must restart the procedure established in this article.

In all cases, the Cost-Benefit Evaluation Form must be digitally signed by the Oficial de Simplificación de Trámites.

(Thus added by Article 4 of Decreto Ejecutivo N° 38898 of November 20, 2014) (Thus amended by Article 1 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

13

In accordance with Article 13, second paragraph of Law 8220, all regulatory proposals that establish or modify procedures (trámites), requirements, and processes that the administered party must obtain from the Decentralized Administration shall conduct a consultation with the Dirección de Mejora Regulatoria of the Ministerio de Economía, Industria y Comercio as the Governing Body in matters of Regulatory Improvement and Simplification of Procedures (Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites), in order to guarantee compliance with the principles and objectives of Law Nº 8220 and its regulations. The opinion issued by the governing body for these cases shall be in the nature of a recommendation.

For said review, the Dirección de Mejora Regulatoria shall make available to the institutions that comprise the Decentralized Administration the Cost-Benefit Evaluation Form, which is regulated in Articles 56 through 60 of this regulation; which is constituted by two duly identified sections: Section I called "Prior Review for Regulatory Improvement (Control Previo de Mejora Regulatoria)" and Section II called "Regulatory Impact Statement (Manifestación de Impacto Regulatorio)". Section I will be composed of a list of questions that will define whether the entire form must be filled out or if, on the contrary, it will only be sufficient to fill out Section I. When the proposing institution determines that the regulation does not establish or modify procedures (trámites), requirements, and processes that the administered party must fulfill before the Decentralized Administration, it shall not carry out this prior review and must so indicate in the recital (considerativa) part of the proposed regulation.

The MEIC will implement the prior review procedure digitally when it has the financial resources for its development.

(Thus amended by Article 1 of Decreto Ejecutivo N° 39726 of May 24, 2016)

13 bis

The institution proposing the regulation must complete, as a first step, Section I called Prior Review for Regulatory Improvement (Control Previo de Mejora Regulatoria), which forms part of the Cost-Benefit Evaluation Form.

In cases where all the responses provided are negative, Section II of said Form shall not need to be filled out. In this latter case, the proposing body of the regulation must indicate in the "Recital (Considerativa)" part of the proposal that it proceeded to fill out the Cost-Benefit Evaluation Form in Section I called Prior Review for Regulatory Improvement, and that the result was negative and it does not contain procedures (trámites) or requirements. This proposal may be issued and published by the decentralized administration at any time and shall not need to be sent to the Dirección de Mejora Regulatoria.

In cases where an affirmative response is provided to one of the questions in Section I, this will require the complete filling out of Section II called Regulatory Impact Statement (Manifestación de Impacto Regulatorio). Under this circumstance and through the digital system that the MEIC provides, the institution proposing the regulation shall digitally fill out the Cost-Benefit Evaluation Form and attach the regulatory proposal together with any other documentation (charts, diagrams, graphics, tables, etc.) as input to support the information provided in said Form.

On the business day following the processing of the cited documents, the Dirección de Mejora Regulatoria shall place them in public consultation on the digital system provided by the MEIC, which will be available to the public on the website www.meic.go.cr, for a period of 10 business days, in order to receive comments in accordance with the provisions of Article 361 of the Ley General de la Administración Pública.

The Dirección de Mejora Regulatoria shall have a period of 15 business days to analyze the regulatory proposal and the Cost-Benefit Evaluation Form, together with the observations presented; said period shall begin to run concurrently with the public consultation period indicated in the preceding paragraph.

If the proposal and the Cost-Benefit Evaluation Form comply with the principles of Regulatory Improvement and Simplification of Procedures established in Law Nº 8220, its amendment and regulations, the Dirección de Mejora Regulatoria shall issue a positive recommending report upon expiration of the 15-business-day period. In this case, the proposing body of the regulation must indicate in the "Recital (Considerativa)" part of the proposal that it complies with the principles of Regulatory Improvement according to the report issued by the Dirección de Mejora Regulatoria, and the reference report number must be indicated. However, if the analysis of the regulatory proposal and the Cost-Benefit Evaluation Form reveals objections contrary to Law Nº 8220 and this regulation, the Dirección de Mejora Regulatoria shall issue a negative recommending report. Said report must be notified to the institution proposing the regulation, which may accept or reject the report.

If the institution accepts the issued report, it shall correct the observations and resubmit the regulatory proposal, together with the Cost-Benefit Evaluation Form, to the Dirección de Mejora Regulatoria for a second review. For this and subsequent reviews, the Dirección de Mejora Regulatoria shall have the previously indicated 15-business-day period.

If, upon the second or subsequent analysis of the regulatory proposal, the Dirección de Mejora Regulatoria verifies that it has undergone substantial changes, the proposing entity of the regulation shall be informed that it must restart the procedure established in this article.

The regulatory proposal must be sent in .doc, .docx, or any other format compatible with Office 2000, and the Cost-Benefit Form shall be digitally signed by the Oficial de Simplificación de Trámites.

(Thus added by Article 5 of Decreto Ejecutivo N° 38898 of November 20, 2014) (Thus amended by Article 1 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

OFICIAL DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

SECTION II

14

All heads of the Public Administration must designate an Oficial de Simplificación de Trámites to act as the institutional liaison to direct and coordinate the efforts of Regulatory Improvement and Simplification of Procedures (Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites) within each institution.

In the case of the Central Administration, the Vice Minister of each Ministry shall be designated as the Oficial de Simplificación de Trámites; in cases where there is more than one, the head shall designate one of them, taking into consideration the one who has under their responsibility the areas that carry out the procedures (trámites). In the case of the Decentralized Administration, the Manager, Sub-Manager, or Executive Directors shall be appointed, and in the Municipalities, the Mayor or Vice Mayor, as appropriate.

These appointments shall be communicated to the Minister of MEIC, so that the Dirección de Mejora Regulatoria of said ministry can coordinate the actions entrusted in this regulation.

(Thus amended by Article 1 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

15

The Oficial de Simplificación de Trámites shall have the following obligations:

  • a)Coordinate the formulation and implementation of the Program and Plan for Regulatory Improvement and Simplification of Procedures (Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites) within the annual plan presented by the institution they represent.
  • b)Establish the priority procedures (trámites) to be considered in the formulation of the Plan for Regulatory Improvement and Simplification of Procedures within the annual plan.
  • c)Ensure compliance with the Regulatory Improvement plans and programs developed within their institutions.
  • d)Jointly ensure, with the Legal Department, Unit, or Responsible Dependence of their institution, that: i. The institution conducts the Cost-Benefit Analysis of the regulations it is going to issue or modify. ii. The institution's procedures (trámites) comply with the provisions of Law Nº 8220, its amendment, and this Regulation, and take corrective measures and, if necessary, initiate administrative processes for officials who fail to comply with what is stipulated in said legislation.
  • e)Implement in their institutions the criteria or recommendations issued by the Ministerio de Economía, Industria y Comercio through the Dirección de Mejora Regulatoria.
  • f)Create and maintain an updated database containing all those procedures (trámites) that their institution has resolved through the figure of positive silence (silencio positivo). Said database shall be public.
  • g)Make available to the MEIC information on the application of positive silence cases presented to their institution.
  • h)Keep the Sistema Digital Trámites Costa Rica updated.
  • i)Serve as the official communication channel in matters of Simplification of Procedures (Simplificación de Trámites), both internally and externally for the institution.
  • j)Ensure that Regulatory Improvement and Simplification of Procedures that involve process redesign and administrative reorganization are executed in accordance with the guidelines issued for such purposes by the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
  • k)Sign and send the Cost-Benefit Evaluation Forms to the Dirección de Mejora Regulatoria of the Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
  • l)Ensure constant training for officials in matters of Regulatory Improvement and Simplification of Procedures.
  • m)Make the preliminary and final Regulatory Improvement Plan and their respective progress reports available to citizens through the Sistema Digital Trámites Costa Rica.

(Thus amended by Article 1 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

OFICINAS DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO

SECTION III

16

All bodies and entities that make up the Public Administration must have an office responsible for explaining to the user the requirements and procedure for granting requests for permits, licenses, or authorizations. In the first instance, the Contralorías de Servicios, the Unidades de Plataforma de Servicios, the department, or the person designated for this purpose will assume this task. In the event that such bodies are not available, or if the institution considers it convenient for the citizen, the institution must create an Oficina de Información al Ciudadano to assume these tasks.

Said office or unit must provide the information requested by the user in the format established in Anexo N° 1 of this regulation, in order to standardize the information provided to the citizen.

(Thus amended by Article 1 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

17

The Oficina de Información al Ciudadano is an instance of the Public Administration directed at the citizen, in which the services of each institution are concentrated and their differentiated and personalized deployment is permitted. Said office must have the following characteristics:

  • a)Computer equipment that allows access to the Sistema Digital Trámites Costa Rica.
  • b)Personnel trained in citizen service who provide information on all procedures (trámites), requirements, and processes offered and guide users in the use of the Sistema Digital Trámites Costa Rica.

(Thus amended by Article 1 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

18

It is the responsibility of the Head of the institution, in coordination with the Institutional Regulatory Improvement Commissions, led by the Oficial de Simplificación de Trámites, the Legal Departments, the Contralorías de Servicios, or whoever assumes the tasks of the Oficinas de Información al Ciudadano, to keep the information provided to the citizen in the Sistema Digital Trámites Costa Rica updated.

It is the responsibility of the Head of the institution, together with the Oficial de Simplificación de Trámites and the respective Legal Department, to ensure that the Information Offices or the body holding that task keep the information in the Sistema Digital Trámites Costa Rica updated.

The Oficial de Simplificación de Trámites shall follow up on the updating process and notify the Dirección de Mejora Regulatoria of the changes generated in the Catálogo Nacional de Trámites. Likewise, they must ensure constant training for the officials in charge of the citizen information office.

(Thus amended by Article 1 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

Sistema Digital Trámites Costa Rica (Thus modified in its denomination by Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

Section IV

19

The Sistema Digital Trámites Costa Rica is created, which will be constituted by the Catálogo Nacional de Trámites as an instrument that will be constituted by all the procedures (trámites), requirements, and processes offered by each entity or body of the Public Administration that citizens must carry out; the Regulatory Improvement Plans, an instrument duly prioritized and scheduled on the dates established by the MEIC, which include the objectives, goals, indicators, activities, execution times, responsible parties, and actions for evaluation and follow-up of the procedures to be improved; and Citizen Participation, which includes the possibility of incorporating citizen opinion into the continuous improvement process of the procedures, services, and processes that citizens carry out in the institutions that make up the Public Administration.

The Sistema Digital Trámites Costa Rica will be located and available for both the Public Administration and the citizen on the web pages www.meic.go.cr and www.tramitescr.meic.go.cr; likewise, on the web page of each entity or body that makes up the Public Administration, for which the link to the Sistema Digital Trámites Costa Rica must be indicated.

As part of a continuous improvement process, all entities and bodies of the Public Administration must keep the Catálogo Nacional de Trámites updated and annually formulate a Regulatory Improvement Plan. In the second half of the month of October, the Preliminary Regulatory Improvement Plan must be published, which will be in Public Consultation during the month of November, so that the definitive Regulatory Improvement Plan is published in the first ten days of the month of December. The fundamental input for preparing said Plan is the Catálogo Nacional de Trámites, in the development of which the Public Administration must conduct an evaluation of the inventory of procedures obtained, in order to define which procedures should be eliminated or modified and formulate the adjustments in that plan.

The Regulatory Improvement Plan will be linked to the institutional operational plans and the annual budgetary goals of each institution. Likewise, if applicable, a Regulatory Improvement program or subprogram must be created, the task of which will be to introduce and prioritize the Regulatory Improvement objectives that, through directives, the Presidency of the Republic defines as relevant for the country, according to the cost reduction goals defined by it. In these cases, the necessary resources must be provided for the fulfillment of the functions.

(Thus amended by Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017) (Nota de Sinalevi: By Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 45173 of August 18, 2025, "Elimination of the requirement to present a photocopy of the identity card in all procedures (trámites) and formalities before Central Government entities," it was agreed to derogate the requirement to present a copy of the identity card to carry out a formality or procedure (trámite) before the Central Government Administration, provided the formality is carried out in person. Instead, such requirement is replaced by the presentation of the identity card, in accordance with Law Nº 3504.)

20

The MEIC will provide each entity or body of the Public Administration with an institutional profile, which will be under their entire responsibility. Likewise, the Heads, Legal Departments, Institutional Regulatory Improvement Commissions, and the Oficiales de Simplificación de Trámites shall ensure that the information in their institutional profile is kept updated and in accordance with the principles established in Law Nº 8220 and this regulation.

(Thus amended by Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

21

The Regulatory Improvement Plans of the institutions covered by Law Nº 8220 must be included in the Sistema Digital Trámites Costa Rica, so that they are available to the citizen, from their formulation for public consultation until their conclusion, in order to render accounts. Likewise, the Sistema Digital Trámites Costa Rica must include the respective progress on the goals set out in the Regulatory Improvement Plans every three months, in the first ten days of the month of March, June, September, December, and a final report in the first fifteen days of the month of January of each year. The foregoing, without prejudice to the information requested by the MEIC in matters of Regulatory Improvement.

(Thus amended by Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

REGULATORY IMPROVEMENT PLANS

SECTION V

22

The Decentralized Administration must approve or submit for approval to their respective Juntas or Directing Councils, or to the Hierarchical Body that directs them, the Programs and Plans for Regulatory Improvement.

(Thus amended by Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

23

All bodies and entities contemplated in Article 1 of Law Nº 8220 must appoint an Institutional Regulatory Improvement Commission, which will assist in the preparation and follow-up of the Regulatory Improvement Plan and the Cartas de Compromiso con la Ciudadanía, as well as in keeping the Catálogo Nacional de Trámites updated.

This Commission will be composed of a representative from the following Departments or Directorates: Legal Department, Contraloría de Servicios or Oficina de Información al Ciudadano, Institutional Planning, and the Oficial de Simplificación de Trámites; and others that the Head considers pertinent related to the procedure, once the procedures included in the Regulatory Improvement Plan are selected. However, institutions may apply some general guidelines regarding the operation of this Commission, in order to opt for the modernization of administrative management and for a substantial improvement that entails the simplification of procedures (trámites), processes, and proceedings.

These appointments shall be communicated to the Minister of MEIC, so that the Dirección de Mejora Regulatoria of said ministry can coordinate the actions entrusted in this regulation. The functions they perform shall be:

  • a)Review and update the current regulatory inventory through the Catálogo Nacional de Trámites.
  • b)Coordinate institutionally and inter-institutionally the lines of action for the preparation of regulatory reform proposals, such as the consolidation of the Regulatory Improvement Plan.
  • c)Develop, implement, and follow up on the Regulatory Improvement Plan.
  • d)Follow up on the attention provided to the administered parties through the Information Offices, Contralorías de Servicios, and especially the responsibilities derived from the Cartas de Compromiso.
  • e)Provide information to the administered parties on the types of procedures (trámites), requirements, and processes of the institution.
  • f)Promote transparency and accountability in the institution.
  • g)Train the institution's officials on the subjects that this Commission is responsible for overseeing; in addition, other aspects inherent to Law 8220 and its regulations.
  • h)Any other function determined by the Oficial de Simplificación de Trámites in this matter.

(Thus amended by Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

24

The entities and bodies of the Public Administration must have their institutional profile operating in the Sistema Digital Trámites Costa Rica once it becomes operational.

(Thus amended by Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

25

The Directorates, Coordinations, or Heads that make up the bodies of the Public Administration are obliged to:

  • a)Fully comply with the Regulatory Improvement Programs and Plans of their institution, within the institutional operational plans and annual budgetary goals.
  • b)Submit to the Oficial de Simplificación de Trámites the documentation and information they request for the proper performance of their functions.
  • c)Comply with the provisions of the Oficial de Simplificación de Trámites, referring to implementing the recommendations on Regulatory Improvement and Simplification of Procedures (Simplificación de Trámites) issued by the Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

(Thus amended by Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

PUBLICITY OF ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS AND PROCEDURES

CHAPTER III

26

For any procedure (trámite) or petition addressed to the Public Administration, the interested party must only present the information, documents, and normative, economic, and technical requirements previously indicated in the relevant laws, executive decrees, and regulations, which must be duly published in the Diario Oficial La Gaceta, either in its physical version or digital version, and duly registered in the Catálogo Nacional de Trámites, in accordance with Section IV of Chapter II of this regulation and subsection 6) of Article 20 of Law 7472.

(Thus amended by Article 1 of Decreto Ejecutivo N° 38898 of November 20, 2014) (Nota de Sinalevi: By Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 45173 of August 18, 2025, "Elimination of the requirement to present a photocopy of the identity card in all procedures (trámites) and formalities before Central Government entities," it was agreed to derogate the requirement to present a copy of the identity card to carry out a formality or procedure (trámite) before the Central Government Administration, provided the formality is carried out in person. Instead, such requirement is replaced by the presentation of the identity card, in accordance with Law Nº 3504.)

27

In accordance with the provisions set forth in Articles 4 and 5 of the Law, the bodies and entities of the Administration must offer citizens complete, timely, and truthful information regarding the procedures (trámites) carried out. For such purposes, the Oficial de Simplificación de Trámites, in coordination with the administrative offices, after the procedures have been duly published in the Diario Oficial, must register them in the Catálogo Nacional de Trámites and keep them updated.

For the citizen's ease, the Administration shall make available to them, at the site where the procedure is carried out, a terminal where they can consult said Catalog or, failing that, will have the procedures to be regulated printed and in a visible place, according to the established format.

28

Citizens shall present the information requested by the Public Administration on official forms when they exist, and shall provide only the requirements that are duly published in the Diario Oficial and the Catálogo Nacional de Trámites, according to the provisions of the previous Article 26.

(Nota de Sinalevi: By Article 2 of Decreto Ejecutivo N° 45173 of August 18, 2025, "Elimination of the requirement to present a photocopy of the identity card in all procedures (trámites) and formalities before Central Government entities," it was agreed to derogate the requirement to present a copy of the identity card to carry out a formality or procedure (trámite) before the Central Government Administration, provided the formality is carried out in person. Instead, such requirement is replaced by the presentation of the identity card, in accordance with Law Nº 3504.)

29

For their part, the bodies and entities of the Public Administration subject to the application of this regulation may not require additional documents from citizens beyond those expressly stated in a law, executive decree, or regulation for a specific procedure (trámite).

The citizen must present the information required by the Public Administration for the resolution of their procedure only once. The Administration may not request that they renew or resubmit it if the generating event for the document has not changed, except in cases where, at the time of initiating the procedure, any of the documents is expired and its update is necessary for the resolution of the procedure.

In exceptional cases and when the normative provisions so establish, the entity or body of the Public Administration has the power to request expansions or additional clarifications of the documents already provided in the application by the citizen. Said request shall be made in writing, with stated reasons, and only once.

Notwithstanding the foregoing, such power must be used restrictively, exceptionally, and when the additional document is essential for the resolution of the procedure.

30

The presentation of certified copies or photocopies of documents that the Administration bodies have in their possession, or to which they have the possibility of accessing, shall not be required, by virtue of the principles of institutional or inter-institutional coordination that must prevail among the bodies of the Public Administration. For this purpose, the Public Administration must proceed in accordance with Article 6 of this Regulation.

31

Under no circumstances may public entities, bodies, or officials reject the applications submitted by citizens at the outset (ad portas). Nevertheless, the Public Administration may inform the citizen about possible non-compliances in their application, at the time of assessing the admissibility of the procedure according to a checklist of documents to be presented by the applicant.

32

The Public Administration shall keep and respect the strict order of processing for matters of the same nature in accordance with their date of entry. Alteration of the order may only be made when there is a duly justified cause of which a record must remain in the case file.

For the traceability and control of documents when presented for the first time to any public entity or body, a numbered and paginated case file shall be created. In the case of physical documents, a control sheet must be included with the full name of the responsible official or officials, the date of entry to each assigned department, and the updated processing status.

33

The Administration may not allege delay in the processing of a matter due to loss or misplacement of information that one or several of its own offices issue or possess, or that has been previously submitted by the citizen.

Exceptionally, the Public Administration may request from the citizen a copy of the receipt provided by the Public Administration for the information misplaced or lost by it, provided it is indispensable for the resolution of the interested party's procedure and this cannot be obtained through the inter-institutional communication channels with other Administration bodies or entities. In any case, the Administration may not transfer to the interested party the expenses involved in the replacement of documents.

In cases of loss or misplacement of information, the Public Administration shall be obligated to provide the citizen with a document that certifies the fact so that this serves as a support for their procedure; likewise, the Public Administration shall proceed to initiate an investigation to establish the corresponding disciplinary responsibilities against the official or officials responsible for the processing, in accordance with Article 10 of the Ley 8220.

34

The Public Administration may not question or review final permits or authorizations issued by other entities or bodies, except for matters relating to the regime of nullities. It may only request from the citizen a certified copy of the final resolution of a specific procedure issued by the entity that performed the act, indicating that it is final.

In cases where the Public Administration requests requirements or information that is still in the process of being heard or resolved by another administrative entity or body, the most the citizen must present is a certification that the procedure is in progress. Said certification shall have the sole purpose of making the acting administration aware of such a situation. Under no circumstances does the previous certification make up for a requirement expressly mandated by law, decree, or regulation.

For cases where several institutions participate simultaneously in the resolution of the same permit, license, or authorization procedure, such that they may access the same information, each must decide according to its own jurisdiction.

35

The public officials responsible for the procedure shall be directly responsible for its processing and shall adopt ex officio, if it is within their jurisdiction, or shall advise the Official for Simplification of Procedures and Regulatory Improvement (Oficial de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria), about the need to take the necessary and timely measures according to the law and this regulation, to resolve obstacles that prevent, hinder, or delay the full exercise of the rights of interested parties or the respect for their legitimate interests, making the necessary arrangements to avoid and eliminate all obstacles in the processing. The public officials responsible for the procedure shall answer for their acts or omissions in accordance with Article 10 of Ley Nº 8220.

36

Public officials have the obligation to respond to telephone consultations made by individuals regarding general information about matters within their jurisdiction. Likewise, there shall be an obligation to respond to telephone consultations made by interested parties to learn the status of their processes, without going into the details of the process or the final resolution.

In cases where the Public Administration has technological means that allow the citizen to handle consultations online, said information must be kept updated and available to the citizen.

37

All actions of administrative bodies and entities that are subject to appeal by the interested party, and those that have a direct impact on any procedure, must be notified to the administered party.

In this matter, the applicable provisions of the General Public Administration Law (Ley General de Administración Pública) shall apply where appropriate, and failing that, those of the Judicial Notifications Law (Ley de Notificaciones Judiciales), Ley 8687 of December 4, 2008, shall apply.

(Thus amended by Article 1 of executive decree N° 38898 of November 20, 2014)

DEADLINE FOR RESOLUTION AND POSITIVE SILENCE

CHAPTER IV

38

The Public Administration must review the documents provided by the citizen, for the purpose of determining whether the application was submitted in a complete form, or whether, on the contrary, it is incomplete and needs to be clarified or completed. For these purposes, requirement checklists may be used to determine that the application is complete, as established in Article 27 of this Regulation.

39

The resolution period for the Public Administration shall begin on the day after the application was submitted. Once this period has begun, the Public Administration shall have a period of 3 business days, except in cases where a different period is set by regulatory provision; to warn the citizen in writing and only once, in accordance with Article 29 of this regulation, of the requirements that must be completed according to the instruction sheets, manuals, forms, and other corresponding documents duly published in the Official Gazette and in the National Catalog of Procedures (Catálogo Nacional de Trámites). In this case, the warning suspends the Public Administration's resolution period and grants the citizen a period of ten business days; unless a different one is set by law for its fulfillment.

(Thus amended by Article 1 of executive decree N° 38898 of November 20, 2014)

40

In the absence of a legal deadline to resolve the petition, procedure, or application of the administered party, it shall be understood that the administrative entity or body must resolve it, taking into account the nature of the application, that is, whether the application concerns the exercise of the right of petition, or, on the contrary, the right of access to administrative justice, according to the following rules:

  • a)When the administered party's application is pure and simple and consists of a mere right to be informed or to obtain a certification or record, the Administration is faced with the exercise of the so-called right of petition. In this case, the entity has a period of ten business days from the date the application was submitted at the administrative office.
  • b)In the case of administrative claims and procedures that must conclude with a final decision act, that is, applications for permits, licenses, and authorizations or approvals that must be agreed upon in the exercise of Administration oversight and guardianship functions, or, due to the degree of complexity of the application made, opinions, expert assessments, and similar technical reports are required; the competent administrative office shall resolve the application within a period of one month, counted from the day the administered party submitted or completed the application, as the case may be.
41

The deadlines established in legal and regulatory provisions, as well as that indicated in subsection b) of the previous article, may only be suspended due to force majeure, ex officio or at the request of a party, in accordance with Articles 259 and 263 of the General Public Administration Law (Ley General Administración Pública). Such action must be duly justified for reasons of legality, suitability, and opportunity.

42

In accordance with the provisions of Article 7 of the Ley 8220, the silence of the Administration shall be understood as positive in the case of permits, authorizations, and licenses.

In the case of applications for the granting of permits, licenses, or authorizations, once the resolution period granted to the Public Administration by the legal system has expired without it having issued a ruling, they shall be deemed approved.

For the application of positive silence, it shall be sufficient for the administered party to submit to the office responsible for the procedure of the Public Administration a duly authenticated sworn statement, which must contain the information and format established in Anexo 2 of this regulation. This must state:

  • a)That they complied with all the necessary requirements for granting the permit, license, or authorization procedure, and b) That the Public Administration did not resolve within the corresponding period.

The requirements indicated in subsection a) shall only be those expressly stipulated in laws, executive decrees, or regulations, in accordance with the provisions of Article 4 of the Ley 8220 and Article 26 of this regulation.

43

The Public Administration, within the three business days following the receipt of the sworn statement, must issue a document stating that the period for the application of positive silence has elapsed and the application was not resolved in time. If the Public Administration does not issue this document within the stated period, the application of positive silence shall be deemed accepted and the citizen may continue with the procedures to obtain the corresponding permit, license, or authorization.

If the administrative body verifies that the application for a permit, license, or authorization was not submitted in complete form, and having warned the administered party of this, the latter does not correct the defects, under no circumstances may it be declared that the period has elapsed and that the application was approved by positive silence.

Administrative acts produced by positive silence may be asserted before the Public Administration. They take effect from the expiration of the maximum legal period in which the express administrative act must be issued and notified, provided that the interested party complies with the procedure established in Article 7 of the Ley 8220 and the provisions of this regulation.

No institution may disregard or reject the application of positive silence, which operates by operation of law.

When appropriate, the Public Administration shall apply the nullity procedure in the administrative venue regulated in Article 173 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) or shall initiate a judicial process of challenge (lesividad) to demonstrate that the corresponding requirements were not met.

44

In compliance with this procedure, the administrative unit or the official responsible for the procedure must coordinate internally to inform the Official for Simplification of Procedures (Oficial de Simplificación de Trámites), in accordance with Article 11 of Ley Nº 8220, of the cases in which the administered party requested the application of positive silence.

(Thus amended by Article 1 of executive decree N° 40387 of February 27, 2017)

45

Exceptions. Applications, permits, and authorizations that are so established by constitutional or legal provision are excepted from the application of positive silence.

LIABILITY

CHAPTER V

46

The Public Administration, as well as the public officials in charge of the procedure and hierarchical superiors, are liable for non-compliance with the provisions and principles contained in the Ley 8220 and in this Regulation.

The liability of the Public Administration shall be governed by the provisions of Article 190 and subsequent articles of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública); the civil and administrative liability of the public official, by its Article 199 and subsequent articles, and 358 and subsequent articles; the criminal liability of the public official, as ordered by criminal legislation.

47

The following shall be considered serious offenses attributable to the official responsible for the procedure and hierarchical superiors:

  • a)Not accepting the single submission of documents or demanding more requirements than those established in the law, executive decrees, or regulations in accordance with the Ley 8220.
  • b)Not respecting jurisdictions.
  • c)Not publicizing the procedures or not abiding by the law.
  • d)Not informing interested parties clearly and completely about the procedure.
  • e)Not resolving or qualifying those petitions, procedures, applications, and other documents within the period established for each of those procedures in the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) or in a special law.
  • f)Not complying with the positive silence procedure.
  • g)Not complying with the institutional and inter-institutional coordination procedure.
  • h)Disrespecting the single administrative instance procedure.
  • i)Rejecting documents validly issued by other State bodies, entities, or institutions in the exercise of their own jurisdiction.

In application of subsection i) above, when an official considers that any document issued by another institution may have defects capable of producing a nullity, they shall communicate this to the Institution that issued it, and shall have a peremptory period of eight business days to verify the defects; once this period has elapsed without a response, they shall be obligated to accept the validity of the document, provided that it is not annulled in accordance with the provisions of Chapter VI, Title VI, Book I of the General Public Administration Law N.º 6227 of May 2, 1978, and its amendments.

  • j)Not performing the cost-benefit evaluation of the regulation, when applicable.
  • k)Not abiding by the binding criteria issued by the Ministry of Economy, Industry and Commerce (Ministerio de Economía, Industria y Comercio), through the Directorate of Regulatory Improvement (Dirección de Mejora Regulatoria), in compliance with the obligations established in the Ley 8220 and the principles of regulatory improvement.
48

When declaring the personal liability of the public official in an administrative venue, the following sanctions shall be imposed, in order, according to the seriousness of the act and without prejudice to the corresponding civil and criminal liability:

  • a)Suspension without pay or remuneration of any kind or form from three to eight days, for the first non-compliance.
  • b)Suspension without pay or remuneration of any kind or form from eight days to one month, for the second non-compliance.
  • c)Dismissal without employer liability, for cases of three or more non-compliances.
49

For purposes of personal liability of the public official, the ordinary administrative procedure provided in the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) shall be applied.

State institutions in which the disciplinary regime is regulated by a specific law or regulation shall adhere to that specific regulation for the processing of the procedure and the application of the corresponding sanctions.

50

The liability of the Administration or the public official may not be demanded when the requests for authorizations, licenses, or permits and any petition directed by the administered party are not legitimate or are contrary to public order.

51

The public servant who has acted with fraud or gross fault in the exercise of their functions and in the processing of the Administered party's petition shall be personally liable to third parties.

52

When the damage has been caused by the Administration and the culpable servant, or by several culpable servants, the liabilities must be distributed among them, according to the degree of participation of each.

COMPLAINT PROCEDURE

CHAPTER VI

53

Any natural or legal person may file complaints before the corresponding bodies or institutions, regarding the services provided by the administrative entity or body and regarding the actions of officials in the exercise of their functions, when it is deemed that they directly or indirectly affect the services provided and there is also a breach of the provisions of the Law and this Regulation.

The provisions of this chapter are without prejudice to the complaint provided for in Article 358 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública).

54

Complaints may be submitted in written or verbal form to the person indicated in the following article. From what is stated by the administered party, the official receiving the complaint shall draw up a record to be signed, together with the alleged offended person, which shall contain:

  • a)Full name of the complainant, identity card number, and address for notifications.
  • b)Full name of the denounced official and office, department, or workplace.
  • c)Detail of the denounced acts or omissions, indicating the persons and bodies involved.
  • d)Specific reference or receipt when the complaint refers to services for which a receipt or similar documents are issued.
  • e)Signature of the complainant and the person receiving the complaint.

For these purposes, the person filing the complaint or the official receiving it must complete the form in Anexo 3.

55

The complaint may be filed before the Citizen Information Office (Oficina de Información al Ciudadano) or the internal unit that has assumed these tasks, of the public entity or body, or, before the hierarchical superior, or whoever they expressly designate, a designation that must be visible at the place where the procedure is carried out. In both cases, the official processing the complaint must forward it within the non-extendable period of three calendar days to the hierarchical superior or to the body competent to resolve the final act, who in turn shall proceed to assess whether there is merit to order a preliminary investigation and, if applicable, the opening of a procedure and the forming of a Directing Body (Órgano Director) responsible for verifying the actual truth of the facts.

The foregoing does not limit the citizen's right to appeal to the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes) or to the corresponding jurisdictional bodies, in order to assert their rights.

OF THE COST BENEFIT ANALYSIS PROCEDURE

CHAPTER VII

56

This form is contained in Anexo N° 4 of this regulation.

(Thus amended by Article 1 of executive decree N° 38898 of November 20, 2014)

57

(Thus amended by Article 1 of executive decree N° 38898 of November 20, 2014)

58

In this case, said Section must be attached, duly signed by the Official for Simplification of Procedures (Oficial de Simplificación de Trámites), to the regulatory proposal.

(Thus amended by Article 1 of executive decree N° 38898 of November 20, 2014)

59

In the case of decentralized entities, they shall follow the procedure described in Article 13 bis of this regulation.

(Thus amended by Article 1 of executive decree N° 38898 of November 20, 2014)

60

(Thus amended by Article 1 of executive decree N° 38898 of November 20, 2014)

60

The Cost Benefit Evaluation for Technical Regulations is composed of a Form divided into six duly identified sections: Section I called Prior Control of Technical Regulations (Control Previo de Reglamentos Técnico), which shall consist of a list of questions that will define whether the entire form must be filled out or whether, on the contrary, it will only be sufficient to fill out Section 1; Section 2 called Definition of the Problem, General Objectives, and Legality and Technical-Scientific Analyses (Definición del Problema, Los Objetivos Generales, y Los Análisis de Legalidad y Técnico-Científico); Section 3 called Analysis of Administrative Burdens: Procedures, Requirements and Procedures (Análisis de Cargas Administrativas: Trámites, Requisitos y Procedimientos); Section 4 called Analysis of Impact on Competition (Análisis Impacto en la Competencia); Section 5 called Risk Analysis (Análisis de Riegos); Section 6 called Cost Analysis (Análisis de Costos); Section 7 Public Participation (Participación Ciudadana); Section 8 Decision for Issuing a Technical Regulation (Decisión para la Emisión de un Reglamento Técnico).

The purpose of the aforementioned form is to ensure that the benefits of regulations on Technical Regulations are greater than their costs. This form is contained in Anexo N°5 of this regulation.

The central government entities and bodies must send the regulatory proposal, the Cost Benefit for Technical Regulations, the public consultation notice, and the Positive Technical Endorsement Criterion of the Technical Regulation Body (Criterio Técnico Positivo de Aval del Órgano de Reglamentación Técnica) to the Digital Prior Control System, by its acronym SICOPRE, link http://controlprevio.meic.go.cr/sicopre11g/listarFormRespuestaExterno.html of the Directorate of Regulatory Improvement (Dirección de Mejora Regulatoria) of the Ministry of Economy, Industry and Commerce (Ministerio de Economía, Industria y Comercio), for regulatory control.

Together with the documents mentioned in the previous paragraph, a series of documents (charts, diagrams, graphs, tables, etc.) and any other input that supports the information provided in the form may be annexed to SICOPRE.

(Thus added by Article 1 of executive decree N° 40923 of November 13, 2017)

ELECTRONIC MEANS

CHAPTER VIII

61

The Public Administration shall progressively manage the development of the electronic case file. In this case, it must create mechanisms that ensure the identification of each procedure and the integrity of the document, allowing the visualization of chronologically ordered storage with identification of the responsible official or officials, the date of entry to each assigned department, and the updated processing status. In addition, the administered party will be assigned a code for access to the tracking of the electronic case file or its report, which will provide access to the digital system logbook, allowing the same information to be viewed as in the case of a physical case file and any other information the institution wishes to make available to the administered party for the sake of greater transparency.

(Thus amended by Article 3 of executive decree N° 40387 of February 27, 2017)

62

In cases where the Public Administration has technological means that allow the citizen to handle consultations online, said information must be kept updated and available to the citizen and in the format established in Anexo 1 of this Regulation, through the website of the respective Administration, so as to guarantee public access, with the exceptions provided by law.

Except in cases of act of God or force majeure, the availability of information must be guaranteed 24 hours a day.

(Thus amended by Article 3 of executive decree N° 40387 of February 27, 2017)

FINAL PROVISIONS

CHAPTER IX

63

The General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) and other positive law provisions shall be applied supplementarily in cases where there is no express provision in Ley Nº 8220, its amendment, and this Regulation.

(Thus amended by Article 4 of executive decree N° 40387 of February 27, 2017)

64

Amend Article 8 of Executive Decree Nº 37899-MEIC of July 8, 2013, called "Regulation for the Law on Promotion and Effective Defense of the Consumer" (Reglamento a la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor), so that it reads as follows:

8

Every application for permits, licenses, and authorizations submitted to the Public Administration, related to the fulfillment of procedures and requirements necessary for the access of goods to the national market or with trade regulations, must be resolved by the corresponding Public Administration body or entity in accordance with the resolution period granted by the legal system. This period shall be counted from the submission of the complete application regarding the fulfillment of its essential formalities, these being understood as those whose defect or omission would be cause for absolute nullity.

Once the deadline has elapsed without an express resolution having been issued, the procedure shall be deemed approved. To exercise the corresponding rights, it shall be sufficient for the interested party to comply with the provisions of the Law for the Protection of the Citizen from the Excess of Administrative Requirements and Procedures (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), Ley Nº 8220, its amendment, and its Regulation.

Public offices may not reject or disregard the legal validity of the right thus accredited. If the tacit approval referred to in this article implies defects of relative or absolute nullity, it must be proceeded as provided in the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública).

When procedures, requirements, or regulations are authorized by positive administrative silence, it shall be the responsibility of the CMR, in accordance with its powers conferred in the final paragraph of Article 3 of Ley Nº 7472, to randomly review some cases, in order to demand an explanation of the reasons that motivated such silence from the officials responsible for processing and resolving said cases. If a serious fault by the official is determined, it shall proceed as established in the LGAP.

(Thus amended by Article 4 of executive decree N° 40387 of February 27, 2017)

65

Derogate Executive Decree 32565-MEIC, Regulation for the Law for the Protection of the Citizen from the Excess of Administrative Requirements and Procedures of April 28, 2005, Executive Decree 32689-MP-MEIC, Methodology and procedure for the Cost-Benefit Evaluation of August 9, 2005, Executive Decree 33678-MP-MEIC, Regulation on the programs for Regulatory Improvement and Simplification of Procedures within the Public Administration of February 15, 2007, and Executive Decree 35358-MP-MEIC, Regulation on the Catalog of Procedures and Service Platforms of June 23, 2006.

(Thus amended by Article 4 of executive decree N° 40387 of February 27, 2017)

66

It shall take effect upon its publication in the Official Gazette (Diario Oficial).

(Thus amended by Article 4 of executive decree N° 40387 of February 27, 2017)

67

The Administration's failure to process an authorization, license, or permit application may be reported under the terms of Chapter VI of these Regulations. To facilitate this action, the Digital Government Secretariat shall advise and support the Public Administration, in cases where this option is not available, in the development of online systems for filing these complaints, safeguarding aspects such as the identification mechanisms that will be accepted; the structuring of the complaint to guarantee the sequence, completeness, and inalterability of the information; and backup systems guaranteeing their security, preservation, and confidentiality, in accordance with the scope of the Law of Certificates, Digital Signatures, and Electronic Documents and its regulations.

FINAL PROVISIONS

CHAPTER IX

68

The General Law of Public Administration and other positive law rules shall be applied on a supplementary basis in cases where there is no express rule in Law No. 8220, its amendment, and these Regulations.

(Sinalevi Note: By means of article 4 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017, chapter IX of these regulations and articles 63 through 66 are ordered to be amended. However, the amendment does not indicate anything regarding the repeal of this article, so it remains with its full text and may be consulted in its current version in article 63)

69

Article 8 of Decreto Ejecutivo 36234, Regulations to the Law for the Promotion and Effective Defense of the Consumer, is amended to read as follows:

8

Every application for permits, licenses, and authorizations submitted to the Public Administration, related to fulfilling formalities (trámites) and requirements necessary for the access of goods to the national market or with trade regulations, must be resolved by the corresponding body or entity of the Public Administration in accordance with the resolution deadline granted by the legal system. Said deadline shall be counted from the submission of the complete application regarding the fulfillment of its essential formalities, the latter being understood as those whose defect or omission would be grounds for absolute nullity.

Once the deadline has elapsed without an express resolution having been issued, the procedure (gestión) shall be understood as approved. To exercise the corresponding rights, the interested party need only comply with the provisions of the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Formalities, Law No. 8220, its amendment, and its Regulations.

Public offices may not reject or disregard the legal validity of the right thus accredited. If the tacit approval referred to in this article entails defects of relative or absolute nullity, the procedure must proceed according to the provisions of the General Law of Public Administration.

When formalities, requirements, or regulations are authorized through positive administrative silence, the CMR shall be responsible, in accordance with its powers granted in the final paragraph of article 3 of Law No. 7472, for randomly reviewing some cases to demand an explanation of the reasons that motivated that silence from the officials responsible for processing and resolving those cases. If a serious fault by the official is determined, the procedure shall proceed according to the provisions of the LGAP.

(Sinalevi Note: By means of article 4 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017, chapter IX of these regulations and articles 63 through 66 are ordered to be amended. However, the amendment does not indicate anything regarding the repeal of this article, so it remains with its full text and may be consulted in its current version in article 64)

70

Decreto Ejecutivo 32565-MEIC, Regulations to the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Formalities of April 28, 2005, Decreto Ejecutivo 32689-MP-MEIC, Methodology and procedure for the Cost-Benefit evaluation of August 9, 2005, Decreto Ejecutivo 33678-MP-MEIC, Regulations on Regulatory Improvement and Simplification of Formalities Programs within the Public Administration, of February 15, 2007, and Decreto Ejecutivo 35358-MP-MEIC, Regulations on the Catalog of Formalities and Service Platforms, of June 23, 2006, are hereby repealed.

(Sinalevi Note: By means of article 4 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017, chapter IX of these regulations and articles 63 through 66 are ordered to be amended. However, the amendment does not indicate anything regarding the repeal of this article, so it remains with its full text and may be consulted in its current version in article 65)

71

It is effective as of its publication in the Official Gazette.

(Sinalevi Note: By means of article 4 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017, chapter IX of these regulations and articles 63 through 66 are ordered to be amended. However, the amendment does not indicate anything regarding the repeal of this article, so it remains with its full text and may be consulted in its current version in article 66) Given at the Presidency of the Republic.—San José, on the 22nd day of February, two thousand twelve.

Transitional Provision I.—The digital prior-control system to implement articles 12, 12 bis, 13, and 13 bis of these Regulations shall begin operating as of May 9, 2016.

(As amended by article 1 of Decreto Ejecutivo N° 39617 of March 17, 2016) (As amended by article 1 of Decreto Ejecutivo N° 40387 of February 27, 2017)

Affidavit on the fulfillment of the requirements for formalities (trámites) for the Application of Positive Silence (Silencio Positivo) I ____________________________________________, in my capacity as petitioner for the procedure (trámite) of ____________________________________, declare under oath the following:

FIRST: That on the ______ day of _____ 20___ I submitted the application for the: (permit, license or authorization) called:_______________________________________, before the (Office/Unit/Region): _____________________________________ of the Institution____________________________________________________; as recorded in the receipt document for my application.

SECOND: That the application indicated in the previous article fully complies with all the requirements demanded by the (decree/ regulation or law) No. _______, published in La Gaceta No. ___________; since, in accordance with article 4 of the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Formalities, Law No. 8220, these are the only requirements I must fulfill; the same being as follows:

1- ____________________________________________________________________ 2- ____________________________________________________________________ 3- ____________________________________________________________________ 4- ____________________________________________________________________ THIRD: That on the past _____ of ____ 20_____ the legal deadline for the institution to resolve the aforementioned application elapsed. In this regard, and in compliance with the provisions of articles 7 of Law 8220 and 42 of the regulations to said Law, I request that the appropriate action be taken so that Positive Silence (Silencio Positivo) is applied.

FOURTH: That I am aware of the legal consequences with which the crimes of false testimony and perjury are punished, in cases of not telling the truth, the foregoing in accordance with the provisions of the current Penal Code.

FIFTH: I designate the following email address for receiving notifications: ________________________________________________________________________ Signature ID No.

Authenticated

Complaint for non-compliance with the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Formalities, No. 8220 I, _(first name and both surnames)__, identity card number ____________________, hereby file a formal complaint against the official _(first name and surnames of the official)____________________________________________________, who works at (Office/Unit/Region) __________________________ of the institution (Name of the institution)______________________________________________________.

The complaint is due to the fact that the indicated official, as the person responsible for the formality (trámite) of: (permit, license or authorization): (Name of the Formality)___, which I submitted, breached article 10 of the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Administrative Requirements and Formalities, Law No. 8220, in the following manner:

□ Not accepting the single submission of documents or demanding more requirements than those established in the law, executive decrees, or regulations as established by law.

□ Not respecting competencies.

□ Not publicizing formalities (trámites) or adhering to the law.

□ Not informing interested persons clearly and completely about the formality (trámite).

□ Not resolving or evaluating those requests, procedures (gestiones), applications, and other documents within the established deadline for each of those formalities (trámites) in the General Law of Public Administration or in a special law.

□ Failing to comply with the positive silence procedure.

□ Failing to comply with the institutional and inter-institutional coordination procedure.

□ Disrespecting the procedure before a single administrative instance.

□ Rejecting documents validly issued by other organs, entities, or institutions of the State in the exercise of their own competence.

□ Not carrying out the cost-benefit evaluation of the regulation, when applicable.

□ Not abiding by the binding criteria issued by the Ministry of Economy, Industry and Commerce, through the Directorate of Regulatory Improvement, in compliance with the obligations established in this law and the principles of regulatory improvement.

Details: (Detail of the reported acts or omissions, indicating the persons and bodies involved in the complaint - additional sheets may be added/enabled) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ A receipt or reference for the service provided before the cited Department is attached.

A place is designated for receiving notifications at:___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ _________ Signature of the complainant _________________________________ Signature of the official receiving the complaint

SECTION 1: PRIOR CONTROL OF REGULATORY IMPROVEMENT
Institution: Click here to enter textRegulation Title: Click here to enter text
Contact Point: Name: Click here to enter text Phone: Click here to enter text Email: Click here to enter textDate of receipt: Click here to enter a date
1.- DESCRIPTION OF THE REGULATION
1. Briefly explain what the proposed regulation consists of. Click here to enter text
SECTION 2: REGULATORY IMPACT STATEMENT
I.- DEFINITION OF THE PROBLEM AND GENERAL OBJECTIVES OF THE REGULATION
Identify and describe the problem or situation that the regulation proposal aims to resolve. Click here to enter text
Describe the general objectives of the regulation. Click here to enter text
Cite the legal basis that grants you the authority to issue the proposed regulation. Indicate if there are other regulations in force on the matter that are insufficient to address the identified problem, or that generate duplications or contradictions. (In this latter case, you must make an express amendment that repeals the non-applicable legislation.) Click here to enter text
II. ALTERNATIVES CONSIDERED TO THE REGULATION
Identify and compare all the regulatory and non-regulatory alternatives that were evaluated which could resolve the problem, including the option of not issuing the regulation. For each of the alternatives considered, describe their costs and benefits qualitatively.
SelectionClear description of the alternatives, as well as their costs and benefits
Do not issue regulation Regulatory: Government Regulation Performance-Based Regulation Co-Regulation Non-Regulatory: Market Instruments Quasi-regulation Self-Regulation Information Campaigns.Click here to enter text
Justify the reasons why the proposed regulation is considered the best option to address the identified problem over the alternatives mentioned in the previous question. Click here to enter text
III. IMPACT OF THE REGULATION Does the proposed regulation create or modify formalities (trámites) that involve new requirements for the regulated parties?
SelectName of the formality (trámite) Click here to enter textResolution deadline (working or calendar days) Click here to enter text
CREATES MODIFIES N/AValidity of the formality (trámite) Click here to enter textPositive Silence Applies Yes No
Requirements it Creates or modifies Click here to enter textLegal basis (Art. of law, decree, or regulation) Click here to enter textJustification of why it is ESSENTIAL to resolve the administrative act and to fulfill the objectives of the regulation (technical-scientific basis, if applicable) Click here to enter text

¿ Does the proposed regulation request requirements that are obtained in another office within the same institution or in another institution?

(*) (*)(Thus added by means of Errata published in La Gaceta No. 114 of June 14, 2016, page No. 52)

SelectRequirementJustification of why COORDINATION does not apply
Establishes deadline Increases deadline N/AClick here to enter textClick here to enter text

10. Does the proposed regulation reduce the validity period of a formality (trámite)? (Example: permit, license, or authorization)

SelectName of the Formality (Trámite) Click here to enter textChange in validity Click here to enter textJustification (legal and/or technical) Click here to enter text
Yes NO

11. Does the regulation proposal establish or increase fees, tariffs, or charges for services?

SelectAmount Click here to enter textJustification and setting parameters (attach calculations for setting) Click here to enter textLegal basis Click here to enter textAdjustment mechanism Click here to enter text
Fee Tariff Charge for Services N/A

12. Does the regulation proposal regulate or restrict any activity that was not previously regulated? Explain the additional conditions established and justify why.

Click here to enter text 13. Provide the quantitative estimate of the costs and benefits that the regulation entails for each individual or group of individuals.

Remember to include in the costs box: the estimated number of formalities (trámites) expected to be granted in a year; as well as the costs incurred by users, and in the benefits box: the number of agents who benefit and the economic amount of that benefit; a time range must be specified within which the benefits of the regulatory or non-regulatory measure are

COSTSGroups or industries impacted by the regulation Click here to enter text
Describe and estimate the costs Click here to enter text
BENEFITSGroups or industries benefitted by the regulation Click here to enter text
Describe and estimate the benefits Click here to enter text

14. Justify that the benefits of the regulation outweigh its costs.

Click here to enter text

IV. COMPLIANCE AND APPLICATION OF THE PROPOSAL

15. Describe the form and/or mechanisms through which the regulation will be implemented (include public monetary and in-kind resources).

Click here to enter text 16. Describe the monitoring and verification schemes that will ensure compliance with the regulation.

Click here to enter text

V. EVALUATION OF THE PROPOSAL

17. Describe the form and means through which the achievement of the regulation's objectives will be evaluated. Also mention the indicators and goals that will be used to evaluate the success of the regulation.

Click here to enter text

VI. CITIZEN PARTICIPATION

18. Were the interested parties and/or groups consulted for the drafting of the regulation?

SelectGroup consulted Click here to enter textComments received during public consultation Click here to enter textComments included in the regulation Click here to enter text
Inter-institutional consultation. Formation of a working group/technical committee for the joint drafting of the preliminary draft. Circulation of the draft to interested groups or persons and receipt of comments. Presentation of the proposal at a conference (by invitation and closed). Presentation of the proposal at a conference open to the public. Consultation with international bodies or authorities. Others.

VII.- ANNEXES 19. Attach the regulation proposal and the documents consulted or prepared for designing the regulation.

Click here to enter text VII.- RESULT OF THE COST-BENEFIT EVALUATION I, Click here to enter text, in my capacity as Click here to enter text, certify that based on the cost-benefit evaluation and the analysis of the information detailed therein, the regulation proposal should be issued because the benefits it generates are greater than the costs of applying it.

Signature of the Formality Simplification Officer ______________________________ Seal: Date:

(As amended by article 1 of Decreto Ejecutivo N° 39726 of May 24, 2016)

SECTION 1: PRIOR CONTROL OF TECHNICAL REGULATIONS
Institution:Title of the regulation:
Proposing Institutional Department: Name of the responsible technician: Phone: Email:Date:
2. IndicateRegulatory Actions of Prior ControlSelect
which of the following(yes/no)
regulatory actionsa.Contains or modifies the technical specifications of a product or the related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, the observance of which is mandatory.YES
of Prior Control
apply(ies) to the
proposed
regulation.b.Includes or modifies prescriptions concerning terminology, symbols, packaging, marking, or labeling applicable to the same, or deals exclusively with them.YES
c.Establishes or modifies definitions, classifications, formulas, criteria, characterizations, or any other term of a technical nature that, by itself or jointly with another regulation, affects the rights, obligations, services, or procedures of the regulated parties.YES
d.Creates or modifies conformity assessment procedures?YES
e.Creates or modifies formalities (trámites) that the regulated parties must fulfill.YES
f.Creates or modifies requirements or obligations for the regulated parties, or makes existing requirements or obligations stricter.YES
g.Establishes or increases the resolution deadline for a formality (trámite).YES
h.Regulates an activity that was not previously regulated or makes the regulation more restrictive.YES
i.Makes the fulfillment of a formality (trámite) or requirement more complex.YES

A. Legality Analysis.

8. Briefly describe the conclusions of the legality analysis carried out for the issuance of the Technical Regulation.

Click here to enter text 8.1 Please indicate whether the draft Technical Regulation derives from or is based on one or more international standard(s) or a current national technical standard. If yes, indicate the name of the standard, the issuing body, date of issuance, and the articles or sections considered in the Regulation, in whole or in part.

Click here to enter text 8.2 Cite the legal basis that grants you the authority to issue the proposed regulation.

Click here to enter text 8.3 Indicate if there are other regulations in force on the matter that are insufficient to address the identified problem, or that generate duplications or contradictions. In this latter case, indicate whether, derived from the issuance of the RT, any legislation related to the matter must be repealed or abolished.

Click here to enter text B. Technical-Scientific Analysis.

9. Determine the technical and scientific basis of the matter to be regulated to justify the technical regulation; for this purpose, cite the scientific or technical documents that support the proposed Technical Regulation and, if possible, attach the cited studies.

Click here to enter text 10. Does the proposed regulation create or modify formalities (trámites) or procedures for the regulated parties?

Yes / No 11. If affirmative, identify all the formalities (trámites) or procedures that are created or modified in the Technical Regulation proposal. For each formality (trámite) or procedure, indicate the following:

SelectName of the formality (trámite) Click here to enter textResolution deadline (working or calendar days) Click here to enter text
CreatesValidity of the formality (trámite)Positive Silence Applies No
Requirements it creates or modifiesLegal basis (Art. of law, decree, or regulation)Justification of why it is ESSENTIAL to resolve the administrative act and to fulfill the objectives of the regulation (technical-scientific basis, if applicable)
Click here to enter textClick here to enter textClick here to enter text
Click here to enter textClick here to enter textClick here to enter text
Click here to enter textClick here to enter textClick here to enter text

12. Does the proposed regulation request requirements that are obtained in another office within the same institution or in another institution?

SelectRequirementJustification of why INSTITUTIONAL OR INTERINSTITUTIONAL COORDINATION does not apply
Creates

13. Does the proposed regulation create new requirements or obligations for the regulated parties, or make existing ones stricter? (Example: establishes inspections that did not previously exist)

SelectApplicable ArticleJustification
Creates Requirement
SelectApplicable ArticleJustification
Creates Requirement

14. Does the proposed regulation establish or increase the resolution deadline for a formality (trámite)?

SelectName of the Formality (Trámite)Deadline or change in deadline (in working or calendar days)Justification of the resolution deadline (legal and/or technical)
N/A

15. Does the proposed regulation reduce the validity of a formality (trámite)? (Example: permit, license, or authorization)

SelectName of the Formality (Trámite)Change in ValidityJustification (legal and/or technical)
No

17. Indicate if the Technical Regulation proposal carries out one or more of the following situations. Bearing in mind that all Technical Regulations limit free competition in markets. If affirmative, justify your answer and indicate in which provision of the Technical Regulation it is determined.

17.1 Does it establish procedures for obtaining licenses, permits, or authorizations as a requirement to commence operations, or to initiate any additional activity? Yes () No ( ) 17.2 Does it establish technical, administrative, or economic-type requirements for agents to participate in the market(s)? Yes ( ) No ( ) 17.3 Does it establish conditions or delineate geographic areas or zones for offering goods? Yes ( ) No ( ) 17.4 Does it establish rules or regulations on quality for products? Yes ( ) No ( ) 17.5 Does it determine the mandatory use of any particular standard, model, platform, or technology, or of any product protected by intellectual property rights? Yes ( ) No ( ) 17.6 Does it establish or substantially influence the determination of maximum or minimum prices, tariffs, or in general, any other price control mechanism and/or quantities of goods? Yes ( ) No ( ) 17.7 Does it modify or diminish the information so that consumers can make an informed consumption decision? Yes ( ) No ( ) 17.8 Does it create preferential schemes in Government procurement to promote or benefit certain agents? Yes ( ) No ( ) If affirmative, indicate whether the implementation of the Technical Regulation affects the Micro, Small, and Medium-Sized Enterprise (MIPYMES) sector. Justify your answer, quantifying the impact on the sector (Indicate the number of affected MIPYMES).

18. Given that risk mitigation represents the benefits (Cost-Benefit Matrix for Technical Regulations), mention the manner in which the regulatory actions included in the Technical Regulation mitigate the risks, evidencing the degree of reduction or elimination of the same (amount, units, or percentage), and include the conclusions of said analysis.

Click here to enter text

19. Once the risk analysis is completed, estimate the quantification of the benefits generated by the application of the Technical Regulation (mention the assumptions and other elements considered to monetarily determine the benefits included in the Cost-Benefit Matrix for Technical Regulations).

Click here to enter text 20. From the information included in the Cost-Benefit Matrix for Technical Regulations, indicate the assumptions and calculations made to determine each of the direct financial costs (such as fees, tariffs, or charges for formalities (trámites)) generated by the RT, and justify their inclusion.

Click here to enter text 21. From the information included in the Cost-Benefit Matrix for Technical Regulations, indicate the assumptions and calculations made to determine each of the regulatory costs generated by the Technical Regulation.

21.1. Indirect costs (compliance costs for the regulated parties) 21.2. Indirect costs (costs of technical specifications for the regulated parties) 21.3. Indirect costs (costs of the Conformity Assessment Procedure) 21.4. Indirect costs (administrative burdens for carrying out formalities (trámites)) 21.5. Opportunity costs.

22. Identify and quantify the costs that the Administration will incur for the implementation of the Technical Regulation (include public monetary and in-kind resources).

Click here to enter text 23. Indicate the proportion of direct and indirect financial costs with respect to the total costs of the regulation.

Click here to enter text 24. Considering the information included in the "Cost-Benefit Matrix for Technical Regulations," indicate and demonstrate whether the gross benefits are greater than the costs generated by the Technical Regulation to determine its viability.

Click here to enter text 25. In accordance with Decreto Ejecutivo Nº37662-MEIC-H-MICIT, Procedure for the demonstration of the conformity assessment of Technical Regulations, indicate which of the following methods is established in the Draft Technical Regulation to assess conformity with the same:

  • a)Model 1: Type examination.
  • b)Model 2: Type examination followed by verification through testing of samples withdrawn from the market.
  • c)Model 3: Type examination followed by verification through testing of samples withdrawn at the manufacturer's facilities d) Model 4: Type test followed by verification through testing of samples withdrawn from the market and at the manufacturer's facilities.
  • e)Model 5: Type test, assessment and approval, through audits of the manufacturer's quality management system and testing on samples withdrawn from the market and at the manufacturer's facilities.
  • f)Model 6: Assessment and approval of the manufacturer's quality management system g) Model 7: Batch test.
  • h)Model 8: 100% test.
  • i)Model 9: Specific systems or schemes established in the respective technical regulation (reglamento técnico).

26. If model 9 was chosen, please duly justify and remember that this must be stated in the Costa Rican Technical Regulation (Reglamento Técnico Costarricense):

Click here to enter text 27.2 What will be the procedure to follow to assess conformity (conformidad) with the Technical Regulation? Will it be ex officio or by request of a party?

Click here to enter text 27.3 How long after its publication in the Official Gazette (Diario Oficial) will the Technical Regulation enter into force?

Click here to enter text 28. Indicate the indicators with which the administration will monitor compliance with the provisions contained in the technical regulation; for each indicator you design, indicate whether the institution already has prior records, or whether new administrative records must be generated to obtain the indicators. If prior records already exist, indicate the precise data held for the indicator at the time the regulatory proposal is analyzed.

Click here to enter text | Compliance Indicators | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Indicator Name | Description | Mathematical formula | Does it have administrative records? Y/N, indicate the area that maintains them | Initial status (if applicable) | 29. Describe the form and means through which the achievement of the regulation's objectives will be evaluated. Indicate whether the RT has a regulatory review clause and/or a regulatory validity clause, and describe what they consist of. If the Technical Regulation does not have these clauses, justify why it is not considered appropriate to include them.

Click here to enter text 30. Indicate the indicators with which the institution will evaluate the performance of the provisions contained in the technical regulation; for each indicator you design, indicate whether the institution already has prior records, or whether new administrative records must be generated to obtain the indicators. If prior records already exist, indicate the precise data held for the indicator at the time the regulatory proposal is analyzed. In this case, indicate the goals that will be used to assess the success of the regulation. (Ex-post Evaluation) | RT Performance Evaluation Indicators | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Indicator Name | Description | Mathematical formula | Does it have administrative records? Y/N, indicate the area that maintains them | Initial status (if applicable) | Goal | RT Objective with which it is related (see question 7) |

31. Indicate whether a Technical Committee (Comité Técnico) was formed:

31.1 If your answer is no, justify:

Click here to enter text 31.2 Was consensus reached on the Project?

Click here to enter text 31.3 What were the Technical Committee's main contributions to the development of the Costa Rican Technical Regulation?

Click here to enter text 31.4 Was any other type of prior consultation carried out? If so, indicate which one, who participated, and what elements were modified or added to the Costa Rican Technical Regulation?

Click here to enter text 32. Indicate the final result of the Cost-Benefit evaluation (To obtain the final result, it must be taken into account that the costs considered are associated with the risks to be mitigated by the regulatory actions and the technical specifications included in the Technical Regulation; for example, the mitigation of a risk may generate a financial cost, a compliance cost, and a technical specification cost, therefore these three costs must be reflected and the risk recorded with its value for each cost).

Excel Worksheet Cost-Benefit Matrix for Technical Regulations Sheet No. 1. Risk Analysis | Identification and behavior of Risks prior to the implementation of the Technical Regulation (RT) | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No. | Identify and describe the risk(s) to be mitigated | Identify the geographical area of the risk | Identify the population, group or industry potentially affected | Identify the number of events per unit of time that have occurred 1 | Probability of occurrence | Magnitude of the damage and possibilities of recovery (either for objects or subjects) 2 | Risk impact | Level of Risk without regulation | 1 Must include in the Form the statistical data, scientific studies, global alerts, news that allowed you to select the suggested parameters.

2 The selected option must be justified in the Form, indicating the population and area affected, for example: Fluoride in toothpastes, in children under 5 years old or iodized salt and water in the Agua Caliente area of Cartago.

| Risk Management with the implementation of the RT | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Indicate the Legitimate Objective sought to be guaranteed | Indicate the regulatory action within the Technical Regulation with which the risk will be mitigated | Indicate the article number containing the provision | Indicate the expected level of reduction or elimination of the risk with the application of the RT | Justify how the regulatory action mitigates the risk and indicate the amount, units or percentage reduction thereof | Sheet No. 2. Benefits | Quantification of the benefits generated by the Technical Regulation upon mitigating the risks | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Indicate the benefits generated by the proposed regulation (potential incidents sought to be reduced or eliminated) | Indicate the number of potential incidents expected to be reduced with the issuance of the Technical Regulation (number of incidents without regulation - number of incidents with regulation) | Indicate the current unit cost of addressing the potential incident | Total benefit generated by risk mitigation with the RT | Net Present Value (NPV)1 | | 1 If the regulator wishes to evaluate the Technical Regulation over a determined period of time | Total regulatory benefits | | | | | (for example 5 years) they may use the net present value (NPV) technique as an analysis method for both benefits and costs. | | | | | | Sheet No. 3. Regulatory Costs | Analysis of costs with the implementation of the Technical Regulation | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Regulatory action within the Technical Regulation that generates the cost | Type of cost | Description of cost | Identify the number of regulated subjects that must comply with the provision | Indicate the unit cost of complying with the provision | Total costs (Column D * Column E) | Net Present Value (NPV) | | | Total regulatory costs | | | | | | Sheet No. 4. Cost-Benefit Analysis (Thus added by Article 1 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 40923 of November 13, 2017) Go to beginning of document

Annex No. 2

Annex No. 3

Annex 4 called "Cost Benefit Evaluation"

ANNEX 5 Cost Benefit for Technical Regulations

SECTION 5: RISK ANALYSIS.

SECTION 6: COST-BENEFIT ANALYSIS.

SECTION 7: CITIZEN PARTICIPATION.

Artículos

Transitorios

en la totalidad del texto - Usted está en la última versión de la norma - Texto Completo Norma 37045 Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Texto Completo acta: E2D72 No. 37045- MP-MEIC Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO En uso de las facultades conferidas en los incisos 3) y 18) del artículo 140 y el artículo 146 de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; inciso 2.b) del artículo 28 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; artículo 5º de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ley Nº 6054 del 14 de junio de 1977 y sus reformas, y el inciso c) del artículo 5º del Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Decreto Nº 32475-MEIC del 18 de mayo de 2005, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley Nº 8220 del 4 de marzo de 2002 y los artículos 3º y 4º de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994.

I. - Que la simplificación de los trámites administrativos y la mejora regulatoria tienen por objeto racionalizar las tramitaciones que realizan los particulares ante la Administración Pública; mejorar su eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, reduciendo los gastos operativos.

II. -Que la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley Nº 8220, ordena simplificar los trámites y requisitos establecidos por la Administración Pública frente a los ciudadanos, evitando duplicidades y garantizando en forma expedita el derecho de petición y el libre acceso a los departamentos públicos, contribuyendo de forma innegable en el proceso de reforzamiento del principio de seguridad jurídica del sistema democrático costarricense.

III. -Que la Ley "Modificación de la Ley Nº 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos", Ley N° 8990 establece importantes reformas a dicha ley, que hacen necesaria una reforma integral al Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo 32565-MEIC.

IV. -Que los artículos 11 y 13 de la Ley 8220 y su reforma establecen la rectoría en los temas de Simplificación de Trámites al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través de la Dirección de Mejora Regulatoria. Además se faculta a esa Dirección para emitir criterio vinculante en temas de simplificación de trámites.

V. -Que el artículo 12 de la Ley 8220 y su reforma establece la obligatoriedad de realizar una evaluación costo-beneficio antes de emitir cualquier nueva regulación o reformar las existentes, cuando establezcan trámites, requisitos y procedimientos que deba cumplir el administrado ante la Administración. En este sentido, se hace necesario incorporar la Evaluación Costo-Beneficio al reglamento a la ley 8220 y derogar el decreto ejecutivo 32689-MP-MEIC, Metodología y procedimiento para la evaluación Costo-Beneficio del 9 de agosto del 2005.

VI. - Que el inciso 6) del artículo 20 de la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece la obligación de implementar un Catálogo con todos los trámites de la Administración Pública, el cual será administrado por la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

VII. -Que el artículo 12 de la Ley 8220 y sus reformas establece, para el cumplimiento efectivo de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y sus reformas, la necesidad de reglamentar y dotar a la Ley de una serie de principios que permitan la aplicación uniforme de sus disposiciones. Por tanto,

REGLAMENTO A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Decretos que afectan

  • Decreto Ejecutivo 44487 Lineamientos para la implementación del proyecto de fortalecimiento de las capacidades en ciberseguridad del país Aprobación de Reglamento · Expreso · 02/05/2024

Considerando:

DECRETAN:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1

El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los principios contemplados en la Ley Nº 8220 conforme a los cuales los órganos de la Administración Pública se relacionan con el administrado en el ejercicio de su derecho de petición, información o cualquier trámite administrativo que los particulares gestionen para la obtención de un permiso, licencia o autorización.

El presente Reglamento tiene como ámbito de aplicación a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas. Se exceptúa de su aplicación los trámites y procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional.

Los criterios vinculantes que emita la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en aplicación de lo dispuesto en la Ley 8220, deberán circunscribirse a la simplificación de trámites. Se prohíbe el ejercicio de esta potestad para interferir o modificar las competencias de otros órganos de la Administración Pública.

2
  • 1)Administración Pública: Está constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.
  • 2)Administración Central: Estará constituida por el Estado, entendido este como el Poder Ejecutivo y sus órganos adscritos.
  • 3)Administración Descentralizada: Está conformada por las entidades pertenecientes a la Administración Pública que tienen competencia en forma definitiva y exclusiva en las materias señaladas por Ley.
  • 4)Autorización: Es un acto de habilitación. Mediante este acto el administrado gestiona una petición a la Administración Pública, la cual es discrecional en cuanto a motivo y contenido. En este sentido, la administración realiza una apreciación de la solicitud del particular y la sopesa con el interés general.
  • 5)Derecho de petición: Se define como aquel derecho que garantiza al ciudadano su derecho para dirigirse a un funcionario público o a la Administración Pública, con el fin de solicitar información o realizar gestiones de su interés, así como la garantía de obtener pronta respuesta por parte de la Administración Pública.
  • 6)Funcionario público responsable del trámite: Se entenderá por este al titular del acto administrativo así como aquel funcionario que realice las gestiones necesarias para la tramitación de dicho acto. La Administración Pública deberá determinar la responsabilidad de cada uno de ellos dentro del procedimiento disciplinario.
  • 7)Evaluación Costo-Beneficio: La Evaluación Costo- Beneficio es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones que incluyen trámites, requisitos o procedimientos para el administrado, sean superiores a sus costos. Esta evaluación permite analizar sistemáticamente los distintos impactos potenciales de las regulaciones en la economía de un país, fomentando que éstas sean más transparentes, eficientes y eficaces.
  • 8)Informe Positivo Vinculante: Informe jurídico-económico sin observaciones de acatamiento obligatorio.
  • 9)Informe Negativo Vinculante: Informe jurídico-económico con observaciones de acatamiento obligatorio.
  • 10)Informe Positivo de Recomendación: Informe jurídico económico sin observaciones.
  • 11)Informe Negativo de Recomendación: Informe jurídico económico con observaciones.
  • 12)Expediente: Legajo documental de todas las actuaciones sucesivas y cronológicas que se presenten en la tramitación del respectivo procedimiento administrativo.
  • 13)Ley 8220: Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley Nº 8220 y su reforma Ley "Modificación de la Ley Nº 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos", Ley Nº 8990.
  • 14)Ley 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
  • 15)Licencia: Es un acto de habilitación de actos del administrado por razones de orden público. Mediante este acto el administrado gestiona una petición a la Administración la cual, a diferencia de la autorización, tiene el contenido y los motivos reglados. En este acto administrativo la administración realiza una apreciación de todos los elementos de la solicitud del particular y la sopesa con el interés general; de dicho análisis la administración le concede, al particular, derechos.
  • 16)MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
  • 17)Oficina de Información al Ciudadano: Plataforma de Servicios, Contraloría de Servicio, o en su defecto la oficina o persona designada para brindar información al ciudadano dentro de cada órgano o ente público.
  • 18)Perfil institucional: Es el acceso personalizado que tiene cada institución de la Administración Pública al sistema de registro en el Catálogo Nacional de Trámites, con el cual, puede administrar la información de los trámites de su institución en dicho Catálogo.
  • 19)Permiso: Es un acto que autoriza a una persona, el ejercicio de un derecho, en condiciones determinadas y sin cuyo título no se podría decir, hacer o dejar de hacer una cosa. Con el permiso no se autoriza ni se delega nada sino que se tolera o permite realizar algo determinado y especifico a una persona física o jurídica.
  • 20)Presunción de Buena fe: Es el principio mediante el cual la administración presume que el acto o hecho jurídico realizado por un administrado es verdadero, lícito y justo.
  • 21)Procedimiento: Se compone de la serie de actuaciones o diligencias relacionadas entre sí, comprendidas o tramitadas según el orden y la forma prescritos, ya sea por el legislador o por la Administración y que se requieren para concretar o alcanzar un efecto jurídico final.
  • 22)Requisito: Cualidad, circunstancia, condición u obligación que debe cumplir el administrado y que resulta indispensable para resolver un acto administrativo o la conservación del mismo y de sus efectos jurídicos. Puede estar asociado a un trámite o ser un requisito operativo.
  • 23)Requisito operativo: Es aquel requisito que sin estar asociado a un trámite resulta indispensable para poder ejercer una actividad o mantener una condición jurídica otorgada previamente por la Administración.
  • 24)Responsabilidad del funcionario: Es cuando el funcionario público haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo.
  • 25)Silencio positivo: instituto jurídico que permite establecer la existencia de un acto jurídico estimatorio, en razón de la inercia de la misma Administración Pública. El silencio positivo, de acuerdo al artículo 330 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, se entenderá cuando así se establezca expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones.
  • 26)Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria: Son los componentes orgánicos y funcionales que ejercen funciones de gestión institucional, seguimiento y sanción por incumplimientos de los procesos de trámites que realizan los ciudadanos ante la Administración Pública.
  • 27)Trámite: cualquier gestión que realice el administrado ante la administración, en razón de una norma que lo establezca a fin obtener un derecho, eliminar una restricción, consolidar una situación jurídica u obtener un permiso o subsidio.
  • 28)Trámite innecesario: cualquier gestión que deba realizar el administrado, ante la administración, que no tenga como fin obtener un derecho, eliminar una restricción, consolidar una situación jurídica u obtener un permiso o subsidio.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 39726 del 24 de mayo del 2016)

3

Todas las diligencias, actuaciones o gestiones que la Administración imponga a los particulares, se desarrollarán con arreglo a los siguientes principios: Principio de Reglas Claras y Objetivas, de cooperación institucional e interinstitucional, de presunción de buena fe, de transparencia, de economía procesal, de legalidad, de publicidad, de celeridad, de eficiencia y de eficacia de la actividad administrativa.

4

Los trámites administrativos deben estructurarse de manera tal que sean claros, sencillos, ágiles, racionales y de fácil entendimiento para los particulares, a fin de mejorar las relaciones de estos con la Administración Pública, haciendo eficaz y eficiente su actividad.

5

Mediante la revisión permanente de los procesos de trámites que ejecuta la Administración Pública, se eliminarán los excesos de documentación y requisitos que no tengan fundamento legal y no cuenten con los respectivos estudios técnicos que los justifiquen. Dichos procesos deberán obedecer a reglas claras y sencillas de fácil cumplimiento por el ciudadano.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 45173 del 18 de agosto de 2025, "Eliminación del requisito de presentar fotocopia de la cédula de identidad en todos los trámites y gestiones ante las entidades del Gobierno Central", se acordó derogar el requisito de presentar la copia de la cédula de identidad para realizar una gestión o un trámite ante la Administración del Gobierno Central, siempre que la gestión se realice de manera presencial. En su lugar, tal requisito se sustituye por la presentación de la cédula de identidad, de conformidad con la Ley Nº 3504.)

6

Cada oficina perteneciente a un órgano de la Administración Pública, deberá coordinar internamente, a fin de evitar que el administrado tenga que acudir a más de una oficina para la solicitud de un trámite o requisito.

Los entes y órganos de la Administración Pública deberán actuar entre sí de manera coordinada, intercambiando la información necesaria para la resolución de los trámites planteados ante sus instancias.

Con el fin de dar cumplimiento a los principios de coordinación institucional e interinstitucional, la Administración deberá crear bases de datos y listados, a los que las oficinas de la misma institución y las demás instituciones puedan tener acceso; debiendo además implementarse convenios a nivel interinstitucionales para estos efectos. En los casos en que la Administración no cuente con bases de datos o formas digitales definidas, se deberán implementar otros medios alternativos, a fin de que otras oficinas o instituciones puedan tener acceso a la información, con la seguridad requerida.

Las entidades u órganos públicos que tengan a su cargo la recaudación de sumas de dinero o el control de obligaciones legales que deban satisfacer o cumplir los administrados deberán remitir o poner a disposición del resto de la Administración Pública, mensualmente o cuando le sea requerido, los listados o bases de datos donde se consignen las personas físicas o jurídicas morosas.

La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el ente al cual se le solicita la información, tenga un impedimento legal expreso para otorgarla. La negativa a prestar la asistencia o cooperación se comunicará motivadamente a la entidad u órgano público solicitante.

La comunicación entre los órganos administrativos se efectuará siempre de forma directa, sin dilaciones innecesarias, por cualquier medio que asegure la constancia de su recepción.

Para tales efectos, el ente u órgano requerido contará con un plazo de 3 días naturales para remitir la información al órgano solicitante, salvo que técnicamente se justifique un plazo mayor para remitir la información, en cuyo caso la extensión del plazo debe estar debidamente motivada y sólo podrá considerarse por un plazo igual al citado. La ampliación del plazo se considera una medida excepcional que no faculta a las entidades u órganos públicos a extender el plazo sin motivación.

La inoperancia del sistema o negativa de la institución de prestar la colaboración requerida, no implica la obligatoriedad del ciudadano de proveer la información.

7

La Administración Pública deberá intercambiar información, de forma selectiva y con estricto apego al criterio de pertinencia, sujetándose a las siguientes condiciones:

a- Que la información comunicada o cedida sea necesaria para el ejercicio de competencias de la Administración cesionaria.

b- Que la información hubiese sido suministrada a la Administración cedente para el ejercicio de sus propias competencias.

c- Que las competencias persigan la misma finalidad o sean complementarias.

En los demás casos, para que una entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública pueda remitir información del administrado a otra entidad, órgano o funcionario, la primera deberá contar con el consentimiento del administrado.

8

Los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública, tienen los siguientes derechos:

  • a)Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de las gestiones o peticiones.
  • b)Identificar al funcionario o funcionarios públicos responsables del trámite de la Administración Pública que tramitan su petición.
  • c)Negarse a presentar documentos no exigidos por disposición normativa, o que ya se encuentre en poder de la administración actuante, sea que refieren a un mismo trámite o para otros dentro de la misma entidad. Las diferentes entidades u órganos de la Administración Pública que por ley, están encargados de conocer sobre un trámite o requisito cuyo fin es común, complementario o idéntico, deberán llegar a un acuerdo para establecer un trámite único o compartido, delimitando claramente las competencias institucionales cuando éstas no estén definidas en el resto del ordenamiento.
  • d)Tener acceso a los requisitos necesarios para la realización del trámite por medios escritos y digitales.
  • e)Obtener orientación e información acerca de los requisitos normativos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las actuaciones o gestiones.
  • f)Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del funcionario público responsable del trámite, cuando corresponda de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
  • g)Ejercitar su derecho de petición de forma ágil y sin limitaciones.
  • h)Tener respuestas a sus gestiones ante la Administración Pública en el plazo establecido por el ordenamiento jurídico.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 45173 del 18 de agosto de 2025, "Eliminación del requisito de presentar fotocopia de la cédula de identidad en todos los trámites y gestiones ante las entidades del Gobierno Central", se acordó derogar el requisito de presentar la copia de la cédula de identidad para realizar una gestión o un trámite ante la Administración del Gobierno Central, siempre que la gestión se realice de manera presencial. En su lugar, tal requisito se sustituye por la presentación de la cédula de identidad, de conformidad con la Ley Nº 3504.)

SISTEMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO II

9

Para su adecuado funcionamiento, el Sistema de Simplificación de Trámites y de Mejora Regulatoria contará con las siguientes instancias: El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), órgano rector en materia de simplificación de trámites y mejora regulatoria; los órganos y las entidades contemplados en el artículo 1 de la ley 8220, quienes contarán con un Oficial de Simplificación de Trámites y las Oficinas de Información al Ciudadano. Asimismo, contará con los siguientes instrumentos: el Catálogo Nacional de Trámites y el Plan de Mejora Regulatoria.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 45173 del 18 de agosto de 2025, "Eliminación del requisito de presentar fotocopia de la cédula de identidad en todos los trámites y gestiones ante las entidades del Gobierno Central", se acordó derogar el requisito de presentar la copia de la cédula de identidad para realizar una gestión o un trámite ante la Administración del Gobierno Central, siempre que la gestión se realice de manera presencial. En su lugar, tal requisito se sustituye por la presentación de la cédula de identidad, de conformidad con la Ley Nº 3504.)

RECTORÍA DEL SISTEMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA MEJORA REGULATORIA

SECCIÓN I

10

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, será el órgano rector en materia de simplificación de trámites y mejora regulatoria y, como tal, deberá velar por el cumplimiento de la ley 8220 y de este reglamento.

Los órganos y las entidades contemplados en el artículo 1 de la ley 8220 serán también responsables de velar por su cumplimiento y por el seguimiento de los programas de mejora regulatoria que se establezcan.

11

El criterio que emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, sobre los trámites existentes cubiertos por la ley 8220 y de este reglamento, así como sobre la emisión de nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites requeridos a los ciudadanos, tendrá carácter vinculante para la Administración Pública Central.

Cuando la Administración descentralizada (entes autónomos, semiautónomos o con autonomía universitaria), emitan nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites requeridos a los ciudadanos, consultarán al órgano rector la conformidad de éstas con los principios y objetivos de la mejora y simplificación de los trámites y a la Ley N° 8220 y su reglamento. El criterio que vierta el órgano rector para estos casos será con carácter de recomendación.

Los criterios que emita la Dirección de Mejora Regulatoria deberán circunscribirse a la simplificación de trámites. Se prohíbe el ejercicio de esta potestad para interferir o modificar las competencias de otros órganos de la Administración Pública. En caso de que se pronuncie en aspectos distintos a los de simplificación, el consultante podrá hacer caso omiso a esos extremos.

12

De conformidad con el artículo 13 párrafo primero de la Ley 8220, todas las regulaciones que, establezcan o modifiquen trámites, requisitos y procedimientos que el administrado tenga que obtener de la Administración Central, tendrán un control previo de revisión por la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El criterio que vierta el órgano rector para estos casos tendrá carácter vinculante.

Para dicho control, la Dirección de Mejora Regulatoria pondrá a disposición de las instituciones que conforman la Administración Central, el Formulario de Evaluación Costo Beneficio, que se regula en los artículos del 56 al 60 del presente reglamento; el cual está constituido por dos secciones debidamente identificadas: la Sección I denominada "Control Previo de Mejora Regulatoria" y la Sección JI denominada "Manifestación de Impacto Regulatorio ". La Sección I estará conformada por una lista de preguntas que van a definir si se debe de llenar la totalidad del formulario o si por el contario solo bastará llenar la Sección 1 Cuando la institución proponente determine que la regulación no establece ni modifica trámites, requisitos o procedimientos, que el administrado deba cumplir ante la Administración Central, no deberá realizar este control previo y así deberá indicarlo en la parte considerativa de la regulación propuesta.

El MEIC implementará el procedimiento de control previo de manera digital, cuando cuente con los recursos económicos para su elaboración.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 39726 del 24 de mayo del 2016)

12 bis

La institución proponente de la regulación deberá completar, como primer paso, la Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria, que conforma el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio.

En los casos en que las respuestas que se brinden en dicha sección, sean todas negativas, no se deberá llenar la Sección D de dicho Formulario. En este caso, el órgano proponente de la regulación, deberá indicar en la parte "Considerativa" de la propuesta, que procedió a llenar el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio en la Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria, siendo que el mismo dio resultado negativo y que la propuesta no contiene trámites ni requisitos.

Asimismo, deberá remitir la propuesta de regulación a la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República junto con los documentos que se deban aportar para el trámite de firma del Presidente de la República. En esta circunstancia, no se deberá de remitir ninguna de la documentación indicada a la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC La Dirección de Leyes y Decretos, recibirá la propuesta de regulación junto con el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio lleno en su Sección I y los demás documentos que ésta estipule y verificará el cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior. En los casos en los que la Dirección de Leyes y Decretos considere que la propuesta de regulación sí contiene trámites o requisitos, que impliquen un costo al administrado, dicha Dirección emitirá de manera excepcional, inmediata y debidamente justificada, una consulta mediante correo electrónico a la Dirección de Mejora Regulatoria, quien se pronunciará en el plazo de 1 día hábil sobre dicha consulta, a efectos de determinar si la propuesta debe o no llenar la sección II del Formulario de Evaluación Costo-Beneficio.

En los casos en que se brinde una respuesta afirmativa a una de las preguntas de la Sección I, dará paso a que se deba llenar de manera completa la Sección II denominada Manifestación de Impacto Regulatorio. Bajo esta circunstancia y mediante el sistema digital que el MEIC disponga, la institución proponente de la regulación llenará de manera digital el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio y adjuntará la propuesta de regulación junto con cualquier otra documentación ( cuadros, diagramas, gráficos, tablas, etc.) como insumo, que respalde la información brindada en dicho formulario.

La propuesta regulatoria deberá enviarse en formato .doc., .docx o cualquier otro que sea compatible con Office 2000.

Al día hábil siguiente de tramitados los citados documentos, la Dirección de Mejora Regulatoria los pondrá en consulta pública en el sistema digital, el cual estará a disposición del público en la página web www.meic.go.cr, por un plazo de 10 días hábiles, a fin de recibir comentarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Ad ministración Pública.

La Dirección de Mejora Regulatoria, contará con un plazo de 15 días hábiles para analizar la propuesta de regulación y el Formulario Evaluación Costo-Beneficio, junto con las observaciones presentadas; dicho plazo empezará a correr de manera paralela al plazo de la consulta pública indicado en el párrafo anterior.

Si la propuesta de regulación y/o el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio, cumplen con los principios de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites establecidos en la Ley Nº 8220, su reforma y su reglamento, la Dirección de Mejora Regulatoria emitirá un informe positivo vinculante.

En este caso, el órgano proponente de la regulación, deberá indicar en la parte "Considerativa" de la propuesta, que la misma cumple con los principios de Mejora Regulatoria de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Mejora Regulatoria, siendo que se deberá indicar el número de informe de referencia.

Dicho informe se notificará el día hábil siguiente de vencido el plazo de los 15 días hábiles, junto con la propuesta de regulación al ente proponente, la cual deberá de remitirlos a la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, quien los tomará en consideración para la rúbrica del (la) Presidente(a) de la República y la correspondiente publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Si del análisis de la propuesta de regulación y del Formulario de Evaluación Costo-Beneficio, se desprendieran objeciones contrarias a la Ley Nº 8220 y su reglamento, la Dirección de Mejora Regulatoria emitirá el día hábil siguiente de vencido el plazo de los 15 días hábiles, un informe negativo vinculante. Dicho informe se deberá de notificar a la institución proponente de la regulación, la cual deberá subsanar la propuesta y/o la Evaluación Costo- Beneficio. Una vez subsanadas las observaciones, se deberá de remitir nuevamente la propuesta y/o la Evaluación Costo Beneficio a una segunda revisión de control previo, a la Dirección de Mejora Regulatoria. Para ésta y subsiguientes revisiones, la Dirección de Mejora Regulatoria contará con el plazo de 15 días hábiles, antes indicado.

La propuesta de regulación Junto con la Evaluación Costo Beneficio, únicamente podrán avanzar a la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, si cuenta con un triforme positivo vinculante de la Dirección de Mejora Regulatoria, lo que llevará a ésta última a revisar los citados documentos cuantas veces sean necesarias, hasta lograr un criterio positivo.

Si del análisis por segunda o más veces de la propuesta de regulación, la Dirección de Mejora Regulatoria constata que la misma ha sufrido cambios sustanciales, se le informará a la entidad proponente de la regulación, que deberá iniciar nuevamente el procedimiento establecido en el presente artículo.

En todos los casos, el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio deberá de ser firmado digitalmente por el Oficial de Simplificación de Trámites.

(Así adicionado por el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 38898 del 20 de noviembre de 2014) (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

13

De conformidad con el artículo 13 párrafo segundo de la Ley 8220, todas las propuestas de regulaciones, que establezcan o modifiquen trámites, requisitos y procedimientos que el administrado tenga que obtener de la Administración descentralizada, realizarán una consulta a la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio como Órgano Rector en materia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios y objetivos de la Ley Nº 8220 y su reglamento. El criterio que vierta el órgano rector para estos casos será con carácter de recomendación.

Para dicho control, la Dirección de Mejora Regulatoria pondrá a disposición de las instituciones que conforman la Administración Descentralizada, el Formulario de Evaluación Costo Beneficio, que se regula en los artículos del 56 al 60 del presente reglamento; el cual está constituido por dos secciones debidamente identificadas: la Sección I denominada "Control Previo de Mejora Regulatoria" y la Sección JI denominada "Manifestación de Impacto Regulatorio ". La Sección I estará conformada por una lista de preguntas que van a definir si se debe de llenar la totalidad del formulario o si por el contario solo bastará llenar la Sección 1 Cuando la institución proponente determine que la regulación no establece ni modifica trámites, requisitos y procedimientos que el administrado tenga que cumplir ante la Administración Descentralizada, no deberá realizar este control previo y así deberá indicarlo en la parte considerativa de la regulación propuesta.

El MEIC implementará el procedimiento de control previo de manera digital cuando cuente con los recursos económicos para su elaboración.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 39726 del 24 de mayo del 2016)

13 bis

La institución proponente de la regulación deberá completar, como primer paso, la Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria, que conforma el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio.

En los casos en que las respuestas que se brinden sean todas negativas, no se deberá llenar la Sección II de dicho Formulario. En este último caso, el órgano proponente de la regulación, deberá indicar en la parte "Considerativa" de la propuesta, que procedió a llenar el Formulario de Evaluación CostoBeneficio en la Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria, siendo que el mismo dio resultado negativo y que no contiene trámites ni requisitos. Esta propuesta podrá ser emitida y publicada por la administración descentralizada en cualquier momento y no deberá enviarse a la Dirección de Mejora Regulatoria.

En los casos en que se brinde una respuesta afirmativa a una de las preguntas de la Sección I, dará paso a que se deba llenar de manera completa la Sección II denominada Manifestación de Impacto Regulatorio. Bajo esta circunstancia y mediante el sistema digital que el MEIC disponga, la institución proponente de la regulación llenará de manera digital el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio y adjuntará la propuesta de regulación junto con cualquier otra documentación (cuadros, diagramas, gráficos, tablas, etc.) como insumo, que respalde la información brindada en dicho Formulario.

Al día hábil siguiente de tramitados los citados documentos, la Dirección de Mejora Regulatoria los pondrá en consulta pública en el sistema digital que el MEIC disponga, et cual estará a disposición del público en la página web www.meic.go.cr, por un plazo de 10 días hábiles, a fin de recibir comentarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública.

La Dirección de Mejora Regulatoria, contará con un plazo de 15 días hábiles para analizar la propuesta de regulación y el Formulario Evaluación Costo-Beneficio, junto con las observaciones presentadas; dicho plazo empezará a correr de manera par alela al plazo de la consulta pública indicado en el párrafo anterior.

Si la propuesta y el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio cumplen con los principios de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites establecidos en la Ley Nº 8220, su reforma y reglamento, la Dirección de Mejora Regulatoria emitirá un informe positivo recomendador vencido el plazo de los 15 días hábiles. En este caso, el órgano proponente de la regulación, deberá indicar en la parte "Considerativa" de la propuesta, que la misma cumple con los principios de Mejora Regulatoria de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Mejora Regulatoria, siendo que se deberá indicar el número de informe de referencia. Sin embargo, si del análisis de la propuesta de regulación y el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio, se desprendieran objeciones contrarias a la Ley Nº 8220 y este reglamento; la Dirección de Mejora Regulatoria emitirá un informe negativo recomendador. Dicho informe se deberá de notificar a la institución proponente de la regulación, la cual podrá acoger o rechazar el informe.

Si la institución acoge el informe vertido, subsanará las observaciones y remitirá nuevamente a la Dirección de Mejora Regulatoria la propuesta de regulación, junto con el Formulario Costo-Beneficio de la regulación, para una segunda revisión. Para ésta y las subsiguientes revisiones, la Dirección de Mejora Regulatoria contará con el plazo de 15 días hábiles, antes indicado.

Si del análisis por segunda o más veces de la propuesta de regulación, la Dirección de Mejora Regulatoria constata que la misma ha sufrido cambios sustancial es, se le informará a la entidad proponente de la regulación, que deberá iniciar nuevamente el procedimiento establecido en el presente artículo.

La propuesta regulatoria deberá enviarse en formato .doc., .docx o cualquier otro que sea compatible con Office 2000 y el Formulario Costo Beneficio será firmado digitalmente por el Oficial de Simplificación de Trámites.

(Así adicionado por el artículo 5° del decreto ejecutivo N° 38898 del 20 de noviembre de 2014) (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

OFICIAL DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

SECCIÓN II

14

Todos los jerarcas de la Administración Pública deberán designar un Oficial de Simplificación de Trámites, que actúe como enlace institucional para dirigir y coordinar los esfuerzos de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites a lo interno de cada institución.

En el caso de la Administración Central se deberá designar como Oficial de Simplificación de Trámites al Viceministro de cada Ministerio, en los casos en que haya más de uno, el jerarca designará a uno de ellos, tomando en consideración aquel que tenga bajo su responsabilidad las áreas que realizan los trámites. En el caso de la Administración Descentralizada se deberán nombrar al Gerente, Subgerente o Directores Ejecutivos, y en las Municipalidades al Alcalde o Vice Alcalde según corresponda.

Estos nombramientos se comunicarán al Ministro (a) del MEIC, a efecto de que la Dirección de Mejora Regulatoria de dicho ministerio coordine las acciones encomendadas en este reglamento.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

15

El Oficial de Simplificación de Trámites tendrá las siguientes obligaciones:

  • a)Coordinar la formulación e implementación del Programa y Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites dentro del plan anual presentado por la institución que representa.
  • b)Establecer los trámites prioritarios para ser considerados en la formulación del Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites dentro del plan anual.
  • e)Velar por el cumplimiento de los planes y programas de Mejora Regulatoria que se elaboren en sus instituciones.
  • d)Velar conjuntamente con el Departamento Legal, Unidad o Dependencia Encargada de su institución, para que:

i. La institución realice el Análisis Costo-Beneficio de las regulaciones que vaya a emitir o modificar.

ii. Los trámites de la institución cumplan con lo establecido por la Ley N º 8220, su reforma y este Reglamento, y tomar las medidas correctivas y, de ser necesario, se abran los procesos administrativos para los funcionarios que incumplan con lo estipulado en dicha legislación.

  • e)Implementar en sus instituciones los criterios o recomendaciones emitidas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria.
  • f)Crear y mantener actualizada una base de datos que contenga todos aquellos trámites que su institución haya resuelto por medio de la figura del silencio positivo. Dicha base de datos será de carácter público.
  • g)Poner a disposición del MEIC la información sobre la aplicación de los casos de silencio positivo que le sean presentados a su institución.
  • h)Mantener actualizado el Sistema Digital Trámites Costa Rica.
  • i)Fungir como canal oficial de comunicación en materia de Simplificación de Trámites, tanto a lo interno como a lo externo de la institución.
  • J)Velar porque la Mejora Regulatoria y la Simplificación .de Trámites que conlleve el rediseño de procesos y reorganización administrativa, se ejecuten de acuerdo con los lineamientos que para tales efectos emite el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
  • k)Firmar y enviar los Formularios de Evaluación Costo-Beneficio a la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
  • l)Velar por la capacitación constante de los funcionarios, en materia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.
  • m)Poner a disposición de los ciudadanos el Plan de Mejora Regulatoria preliminar, definitivo y sus respectivos avances a través del Sistema Digital Trámites Costa Rica".

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

OFICINAS DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO

SECCIÓN III

16

Todos los órganos y entes que conforman la Administración Pública deberán contar con una oficina encargada de explicarle al usuario los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de solicitudes de permisos, licencias o autorizaciones. En primera instancia asumirán esta tarea las Contralorías de Servicios, las Unidades de Plataforma de Servicios, el departamento o persona designados para este fin. En caso de no contar con tales instancias, o por considerarlo conveniente para el ciudadano, la institución deberá crear una Oficina de Información al Ciudadano para que asuma estas tareas.

Dicha oficina o unidad, deberá brindar la información solicitada por el usuario en el formato establecido en el Anexo N' 1 de este reglamento, a efecto de estandarizar la información que se le suministre al ciudadano".

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

17

La Oficina de Información al Ciudadano es una instancia de la Administración Pública dirigida al ciudadano, en la que se concentra y se permite el despliegue diferenciado y personalizado de los servicios de cada institución. Dicha oficina debe contar con las siguientes características:

  • a)Equipo informático que permita el acceso al Sistema Digital Trámites Costa Rica.
  • b)Personal capacitado en la atención al ciudadano que brinde información de todos los trámites, requisitos y procedimientos que son ofrecidos y oriente en el uso del Sistema Digital Trámites Costa Rica.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

18

Es responsabilidad del Jerarca de la institución, en coordinación con las Comisiones de Mejora Regulatoria Institucionales, lideradas por el Oficial de Simplificación de Trámites, los Departamentos Legales, las Contralorías de Servicios o quien asuma las tareas de las Oficinas de Información al Ciudadano, el mantener actualizada la información del Sistema Digital Trámites Costa Rica que se le brinda al ciudadano.

Es responsabilidad del Jerarca de la institución junto con el Oficial de Simplificación de Trámites y el Departamento Legal respectivo, velar porque las Oficinas de Información o la instancia que ostenta esa tarea mantengan actualizada la información del Sistema Digital Trámites Costa Rica.

El oficial de simplificación de trámites dará seguimiento al proceso de actualización y notificará a la Dirección de Mejora Regulatoria de los cambios que se generen al Catálogo Nacional de Trámites. Asimismo, deberá velar por la capacitación constante de los funcionarios que estén a cargo de la oficina de información al ciudadano.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

Sistema Digital Trámites Costa Rica (Así modificada su denominación por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

Sección IV

19

Créase el Sistema Digital Trámites Costa Rica, el cual estará constituido por, el Catálogo Nacional de Trámites como un instrumento que estará constituido por todos los trámites, requisitos y procedimientos, ofrecidos por cada ente u órgano de la Administración Pública, que deban realizar los ciudadanos; los Planes de Mejora Regulatoria, instrumento debidamente priorizado y calendarizado en las fechas establecidas por el MEIC, los cuales incluyen los objetivos, metas, indicadores, actividades, tiempos de ejecución, responsables y acciones de evaluación y seguimiento de los trámites a mejorar, y la Participación Ciudadana, que comprende la posibilidad de incorporar la opinión ciudadana al proceso de mejora continua de los trámites, servicios y procedimientos que realizan los ciudadanos en las instituciones que conforman Administración Pública.

El Sistema Digital Trámites Costa Rica estará ubicado y disponible tanto para la Administración Pública como para el ciudadano, en la página web www. meic. go. cr y www.tramitescr.meic.go.cr; asimismo; en la página web de cada ente u órgano que conforma la Administración Pública, para lo cual se deberá indicar el link al Sistema Digital Trámites Costa Rica.

Como parte de un proceso de mejora continua, todos los entes y órganos de la Administración Pública, deberán mantener actualizado el Catálogo Nacional de Trámites y formular anualmente un Plan de Mejora Regulatoria. En la segunda quincena del mes de octubre se deberá publicar el Plan de Mejora Regulatoria Preliminar, el cual estará en Consulta Pública durante el mes de noviembre, a fin de que se publique el Plan de Mejora regulatoria definitivo en los primeros diez días del mes de diciembre. El insumo fundamental para elaborar dicho Plan, es el Catálogo Nacional de Trámites, en cuya elaboración la Administración Pública deberá realizar una evaluación del inventario de trámites obtenidos, a fin de definir cuáles trámites deben ser eliminados o modificados y formular los ajustes en ese plan.

El Plan de Mejora Regulatoria estará ligado a los planes operativos institucionales y las metas presupuestarias anuales de cada institución. Así mismo, .de ser procedente deberá crearse un programa o subprograma de Mejora Regulatoria, cuya tarea será introducir y priorizar los objetivos de Mejora Regulatoria que mediante directrices defina la Presidencia de la República como relevantes para el país, de acuerdo con las metas de reducción de costos que defina ésta. En estos casos deberá procurarse brindar los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones.

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017) (Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 45173 del 18 de agosto de 2025, "Eliminación del requisito de presentar fotocopia de la cédula de identidad en todos los trámites y gestiones ante las entidades del Gobierno Central", se acordó derogar el requisito de presentar la copia de la cédula de identidad para realizar una gestión o un trámite ante la Administración del Gobierno Central, siempre que la gestión se realice de manera presencial. En su lugar, tal requisito se sustituye por la presentación de la cédula de identidad, de conformidad con la Ley Nº 3504.)

20

El MEIC le facilitará a cada ente u órgano de la Administración Pública un perfil institucional, el cual estará bajo entera responsabilidad de éstos. Asimismo, los Jerarcas, Departamentos Legales, Comisiones de Mejora Regulatoria Institucional y los Oficiales de Simplificación de Trámites velarán por que la información de su perfil institucional se mantenga actualizada y conforme a los principios establecidos en la Ley Nº 8220 y este reglamento.

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

21

Los Planes de Mejora Regulatoria de las instituciones cubiertas por la Ley Nº 8220, deberán incluirse en el Sistema Digital Trámites Costa Rica, a fin de que estén a disposición del ciudadano, desde su formulación para consulta pública hasta su conclusión a fin de rendir cuentas. De igual manera, en el Sistema Digital Trámites Costa Rica se deberán incluir los avances respectivos de las metas planteadas en los Planes de Mejora Regulatoria cada tres meses, en los primeros diez días del mes de marzo, junio, setiembre, diciembre y un informe final en los primeros quince días del mes de enero de cada año. Lo anterior, sin detrimento de la información que sea solicitada por el MEIC en materia de Mejora Regulatoria.

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

PLANES DE MEJORA REGULATORIA

SECCIÓN V

22

La Administración Descentralizada deberá aprobar o someter a aprobación de sus respectivas Juntas o Consejos Directivos, o al Órgano Jerárquico que las dirija, los Programas y Planes de Mejora Regulatoria.

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

23

Todas los órganos y las entidades contemplados en el artículo 1 de la Ley Nº 8220 deberán nombrar una Comisión de Mejora Regulatoria Institucional, la cual coadyuvará en la elaboración y seguimiento del Plan de Mejora Regulatoria y las Cartas de Compromiso con la Ciudadanía, así como en mantener actualizado el Catálogo Nacional de Trámites.

Esta Comisión estará integrada por un representante de los siguientes Departamentos o Direcciones: Departamento Legal, Contraloría de Servicios u Oficina de Información al Ciudadano, Planificación Institucional y el Oficial de Simplificación de Trámites; y otros que el Jerarca considere pertinentes relacionados con el trámite, una vez seleccionados los trámites que se incluyan en el Plan de Mejora Regulatoria. Sin embargo, las instituciones podrían aplicar algunas pautas generales en torno a la operatividad de esta Comisión, con el fin de optar por la modernización de la gestión administrativa y por una mejora sustancial, que conlleve la simplificación de trámites, procesos y procedimientos.

Estos nombramientos se comunicarán al Ministro del MEIC, a efecto de que la Dirección de Mejora Regulatoria de dicho ministerio coordine las acciones encomendadas en este reglamento. Las funciones que desempeñen serán:

  • a)Revisar y actualizar el inventario regulatorio vigente mediante el Catálogo Nacional de Trámites.
  • b)Coordinar de manera institucional e interinstitucional las líneas de acción para la elaboración de propuestas de reforma regulatoria, como lo es la consolidación del Plan de Mejora Regulatoria.
  • c)Elaborar, implementar y dar seguimiento al Plan de Mejora Regulatoria.
  • d)Dar seguimiento a la atención que se brinde. a los administrados por medio de las Oficinas de Información, Contralorías de Servicios y especialmente a las responsabilidades que devienen de las Cartas de Compromiso.
  • e)Brindar información a los administrados sobre los tipos de trámites, requisitos y procedimientos de la institución.
  • j)Impulsar la transparencia y rendición de cuentas en la institución.
  • g)Capacitar a los funcionarios de la institución sobre los ternas que corresponde tutelar a esa Comisión; además, de otros aspectos inherentes a la Ley 8220 y reglamento.
  • h)Cualquier otra función que determine el Oficial de Simplificación de Trámites en esta materia.

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

24

Los entes y órganos de la Administración Pública deberán tener funcionando su perfil institucional en el Sistema Digital Trámites Costa Rica, una vez que el mismo entre en funcionamiento.

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

25

Las Direcciones, Coordinaciones o Jefaturas que integran los órganos de la Administración Pública están obligadas a:

  • a)Cumplir a cabalidad con los Programas y Planes de Mejora Regulatoria de su institución, dentro de los planes operativos institucionales y metas presupuestarias anuales.
  • b)Remitir al Oficial de Simplificación de Trámites la documentación e información necesaria que éste solicite, para el buen desempeño de sus funciones.
  • c)Acatar las disposiciones del Oficial de Simplificación de Trámites, referidas a implementar las recomendaciones en materia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites que emita el Ministerio de Economía Industria y Comercio.

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

PUBLICIDAD DE LOS REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO III

26

Para cualquier trámite o petición dirigida a la Administración Pública, el interesado únicamente deberá presentar la información, documentos y requisitos normativos, económicos y técnicos previamente señalados en las leyes, decretos ejecutivos, reglamentos de que se trate, los cuales deberán estar debidamente publicados en el Diario Oficial La Gaceta, ya sea en su versión física o bien en su versión digital, y debidamente registrados en el Catálogo Nacional de Trámites, de conformidad con la Sección IV del Capítulo II de este reglamento y el inciso 6) del artículo 20 de la Ley 7472.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 38898 del 20 de noviembre de 2014) (Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 45173 del 18 de agosto de 2025, "Eliminación del requisito de presentar fotocopia de la cédula de identidad en todos los trámites y gestiones ante las entidades del Gobierno Central", se acordó derogar el requisito de presentar la copia de la cédula de identidad para realizar una gestión o un trámite ante la Administración del Gobierno Central, siempre que la gestión se realice de manera presencial. En su lugar, tal requisito se sustituye por la presentación de la cédula de identidad, de conformidad con la Ley Nº 3504.)

27

De conformidad con las disposiciones visibles en los artículos 4º y 5º de la Ley, los órganos y entidades de la Administración deben ofrecer a los ciudadanos información completa, oportuna y veraz en relación con los trámites que se realicen. Para tales efectos, el oficial de simplificación de trámites en coordinación con las oficinas administrativas, luego de que los trámites hayan sido debidamente publicados en el Diario Oficial, deberán inscribirlos en el Catálogo Nacional de Trámites, y mantenerlos actualizados.

Para facilidad del ciudadano, la Administración pondrá a disposición de éste, en el sitio en que se realiza el trámite, una terminal donde pueda consultar dicho Catálogo o en su defecto tendrá impreso y en un lugar visible, los trámites a regular según el formato establecido.

28

Los ciudadanos presentarán la información solicitada por la Administración Pública, en formularios oficiales cuando así los haya, y aportarán únicamente los requisitos que estén debidamente publicados en el Diario Oficial y el Catálogo Nacional de Trámites, según las disposiciones del artículo 26 anterior.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 45173 del 18 de agosto de 2025, "Eliminación del requisito de presentar fotocopia de la cédula de identidad en todos los trámites y gestiones ante las entidades del Gobierno Central", se acordó derogar el requisito de presentar la copia de la cédula de identidad para realizar una gestión o un trámite ante la Administración del Gobierno Central, siempre que la gestión se realice de manera presencial. En su lugar, tal requisito se sustituye por la presentación de la cédula de identidad, de conformidad con la Ley Nº 3504.)

29

Por su parte, los órganos y entes de la Administración Pública sujetos a la aplicación del presente reglamento, no podrán exigir a los ciudadanos documentos adicionales a los que se encuentran expresamente señalados en una ley, decreto ejecutivo o un reglamento para un trámite determinado.

El ciudadano deberá presentar una sola vez, la información que requiera la Administración Pública para la resolución de su trámite. La Administración no podrá solicitar que los renueve o presente de nuevo si el hecho generador del documento no ha cambiado, salvo los casos en que, al momento de iniciar el trámite, alguno de los documentos se encuentre vencido y sea necesaria su actualización para la resolución del trámite.

En casos de excepción y cuando las disposiciones normativas así lo establezcan, la entidad u órgano de la Administración Pública tiene la facultad de requerir ampliaciones o aclaraciones adicionales de los documentos ya aportados en la solicitud por el ciudadano. Dicho requerimiento se hará por escrito, de manera motivada y por una única vez.

No obstante lo anterior, tal facultad debe utilizarse restrictivamente, de forma excepcional y cuando el documento adicional sea imprescindible para la resolución del trámite.

30

No se exigirá la presentación de copias certificadas o fotocopias de documentos que los órganos de la Administración tengan en su poder, o a los que tenga la posibilidad de acceder, en virtud de los principios de coordinación institucional o interinstitucional que debe imperar entre los órganos de la Administración Pública. Para tal fin, la Administración Pública deberá de proceder conforme al artículo 6 de este Reglamento.

31

En ningún caso las entidades, órganos o funcionarios públicos podrán rechazar ad portas las solicitudes presentadas por los ciudadanos. No obstante, la Administración Pública podrá informar al ciudadano sobre posibles incumplimientos en su solicitud, en el momento de valorar la admisibilidad del trámite conforme a una lista de chequeo de documentos a presentar por el tramitante.

32

La Administración Pública guardará y respetará el orden riguroso de tramitación en los asuntos de la misma naturaleza de conformidad con su fecha de ingreso. La alteración del orden sólo podrá realizarse cuando exista causa debidamente motivada de la cual debe quedar constancia en el expediente.

Para la rastreabilidad y el control de los documentos al presentarse por primera vez ante cualquier entidad u órgano público, se creará un expediente numerado y foliado. En el caso de documentos físicos se deberá incluir una hoja de control con el nombre completo del funcionario o funcionarios responsables, la fecha de ingreso a cada departamento asignado y el estado de trámite actualizado.

33

La Administración no podrá alegar atraso en el trámite de un asunto por pérdida o extravío de la información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean, o que haya sido previamente presentada por el ciudadano.

Excepcionalmente, podrá la Administración Pública solicitar al ciudadano la copia del recibido por parte de la Administración Pública de la información extraviada o perdida por ésta, siempre y cuando sea indispensable para la resolución de la gestión del interesado y ésta no se pueda obtener por los canales de comunicación interinstitucional con otros órganos o entidades de la Administración. En todo caso la Administración no podrá trasladar al interesado los gastos que implique la reposición de documentos.

En los casos de pérdida o extravío de la información, la Administración Pública estará en la obligación de entregar al ciudadano un documento que acredite el hecho a fin que este tenga un respaldo para su gestión; asimismo la Administración Pública procederá a iniciar una investigación para sentar las responsabilidades disciplinarias correspondientes contra el o los funcionarios responsables del trámite, lo anterior de conformidad con el artículo 10 de la Ley 8220.

34

La Administración Pública no podrá cuestionar ni revisar los permisos o las autorizaciones firmes emitidos por otras entidades u órganos, salvo lo relativo al régimen de nulidades. Únicamente podrá solicitarle al ciudadano, copia certificada de la resolución final de un determinado trámite dada por el ente que emitió el acto y en la que se indique que la misma se encuentra firme.

En los casos en que la Administración Pública solicite requisitos o información que aún se encuentre en proceso de conocimiento o resolución por otra entidad u órgano administrativo, a lo sumo el ciudadano deberá presentar una certificación de que el trámite está en proceso. Dicha certificación tendrá como único fin poner en conocimiento a la administración actuante de tal situación. Bajo ninguna circunstancia la certificación anterior suple el requisito expresamente exigido por ley, decreto o reglamento.

Para los casos en que concurran varias instituciones de manera simultánea para la resolución de un mismo trámite de permiso, licencia o autorización, de manera que puedan acceder a la misma información, cada una deberá resolver en función de su competencia.

35

Los funcionarios públicos responsables del trámite serán responsables directos de su tramitación y adoptarán de oficio, si está dentro de sus competencias, o advertirá al Oficial de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria, sobre la necesidad de tomar las medidas necesarias y oportunas con arreglo a la ley y a este reglamento, para resolver los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto de sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar todos los obstáculos en la tramitación. Los funcionarios públicos responsables del trámite responderán por sus actos u omisiones de conformidad con el numeral 10 de la Ley Nº 8220.

36

Los funcionarios públicos tienen la obligación de atender las consultas telefónicas que formulen los particulares sobre información general acerca de los asuntos de su competencia. Igualmente, existirá obligación de atender las consultas telefónicas que realicen los interesados para conocer el estado de sus tramitaciones, sin entrar en los detalles del proceso o de la resolución final.

En los casos en que la Administración Pública cuente con medios tecnológicos que le permita al ciudadano gestionar consultas en línea, dicha información deberá encontrarse actualizada y disponible al ciudadano.

37

Todas aquellas actuaciones de los órganos y entidades administrativas que sean susceptibles de ser recurridas por el interesado y aquellas que incidan en forma directa en cualquier trámite, deberán ser notificadas al administrado.

En esta materia se aplicarán en lo conducente las disposiciones de la Ley General de Administración Pública, y en su defecto, se aplicarán, las de la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley 8687 del 4 de diciembre de 2008.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 38898 del 20 de noviembre de 2014)

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y SILENCIO POSITIVO

CAPÍTULO IV

38

La Administración Pública debe revisar los documentos aportados por el ciudadano, con el propósito de determinar si la solicitud se presentó en forma completa, o si por el contrario, ésta es omisa y resulta necesario que sea aclarada o completada. Para estos efectos se podrán utilizar listas de chequeo de requisitos para determinar que la solicitud se encuentra completa, según lo establecido en el artículo 27 de este Reglamento.

39

El plazo de resolución para la Administración Pública comenzará a partir del día siguiente en que se presentó la solicitud. Iniciado este plazo la Administración Pública contará con un plazo de 3 días hábiles, salvo los casos en que por disposición normativa se fije otro distinto; a fin de que por escrito y por única vez le prevenga al ciudadano, de conformidad con el artículo 29 de este reglamento, los requisitos que se debe completar de acuerdo con los instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes debidamente publicados en el Diario Oficial y en Catálogo Nacional de Trámites. En este caso, la prevención suspende el plazo de resolución de la Administración Pública y otorga al ciudadano un plazo de diez días hábiles; salvo que por ley se fije otro distinto para su cumplimiento.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 38898 del 20 de noviembre de 2014)

40

Ante la carencia de un plazo legal para resolver la petición, gestión o solicitud del administrado, se entenderá que la entidad u órgano administrativo deberá resolver atendiendo la naturaleza de la solicitud, es decir, si la solicitud se trata del ejercicio del derecho de petición, o por el contrario del derecho de acceso a la justicia administrativa, conforme a las siguientes reglas:

  • a)Cuando la solicitud del administrado es pura y simple y consiste en un mero derecho a ser informado o la obtención de una certificación o constancia, la Administración se encuentra frente al ejercicio del llamado derecho de petición. En este caso, la entidad tiene el plazo de diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa.
  • b)En el caso de reclamos administrativos y trámites que deban concluir con un acto final de decisión, es decir, solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela de la Administración, o bien, por el grado de complejidad de la solicitud planteada, se requiera dictámenes, peritajes, e informes técnicos similares; la oficina administrativa competente resolverá la solicitud en el plazo de un mes, contado a partir del día en que el administrado presentó o completó la solicitud según sea el caso.
41

Los plazos establecidos en las normas legales y reglamentarias, así como el señalado en el inciso b) del artículo anterior, sólo podrán ser suspendidos por fuerza mayor, de oficio o a petición de parte, lo anterior de conformidad con el numeral 259 y 263 de la Ley General Administración Pública. Tal actuación debe estar debidamente motivada por razones de legalidad, conveniencia y oportunidad.

42

En concordancia con lo establecido por el artículo 7 de la Ley 8220 se entenderá por positivo el silencio de la Administración en el caso de permisos, autorizaciones, y licencias.

Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración Pública, sin que ésta se haya pronunciado, se tendrán por aprobadas.

Para la aplicación del silencio positivo bastará con que el administrado presente a la oficina encargada del trámite de la Administración Pública una declaración jurada debidamente autenticada, que deberá contener la información y el formato establecido en el Anexo 2 del presente reglamento. En esta se debe hacer constar:

  • a)Que cumplió con todos los requisitos necesarios para el otorgamiento del trámite de permiso, licencia o autorización, y b) Que la Administración Pública no resolvió dentro del plazo correspondiente.

Los requisitos indicados en el inciso a) serán únicamente los estipulados conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la ley 8220 y el artículo 26 del presente reglamento.

43

La Administración Pública, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la declaración jurada, deberá emitir un documento donde conste que transcurrió el plazo para la aplicación del silencio positivo y la solicitud no fue resuelta en tiempo. Si la Administración Pública no emite este documento dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la aplicación del silencio positivo y el ciudadano podrá continuar con los trámites para obtener el permiso, la licencia o la autorización, correspondientes.

Si el órgano administrativo constata que la solicitud de permiso, licencia o autorización no fue presentada en forma completa y habiéndolo advertido al administrado éste no corrige los defectos, bajo ninguna circunstancia podrá declararse que el plazo transcurrió y que la solicitud fue aprobada por silencio positivo.

Los actos administrativos producidos por silencio positivo se podrán hacer valer ante la Administración Pública. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo legal en que debe dictarse y notificarse el acto administrativo expreso, siempre y cuando el interesado cumpla con el procedimiento establecido en el artículo 7º de la Ley 8220 y las disposiciones de este reglamento.

Ninguna institución podrá desconocer o rechazar la aplicación del silencio positivo que opera de pleno derecho.

Cuando sea procedente, la Administración Pública aplicará el procedimiento de nulidad en sede administrativa regulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o iniciará un proceso judicial de lesividad para demostrar que los requisitos correspondientes no fueron cumplidos.

44

En el cumplimiento de este procedimiento, la unidad administrativa o el funcionario responsable del trámite, deberá coordinar a lo interno para informar al Oficial de Simplificación de Trámites, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Nº 8220, de los casos en que el administrado solicitó la aplicación del silencio positivo.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

45

Excepciones. Quedan exceptuados de la aplicación del silencio positivo las solicitudes, permisos y autorizaciones que por disposición constitucional o de ley así lo establezcan.

DE LA RESPONSABILIDAD

CAPÍTULO V

46

La Administración Pública como los funcionarios públicos encargados del trámite y los superiores jerárquicos, son responsables por el incumplimiento de las disposiciones y principios contenidos en la Ley 8220 y en el presente Reglamento.

La responsabilidad de la Administración Pública se regirá por lo establecido en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública; la responsabilidad civil y administrativa del funcionario público, por sus artículos 199 y siguientes, y 358 y siguientes; la responsabilidad penal del funcionario público, conforme lo ordena la legislación penal.

47

Serán consideradas faltas graves imputables al funcionario responsable del trámite y los superiores jerárquicos las siguientes:

  • a)No aceptar la presentación única de documentos o exigir más requisitos de los establecidos en la ley, decretos ejecutivos o reglamentos conforme lo establecido en la ley 8220.
  • b)No respetar las competencias c) No dar publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley.
  • d)No informar de forma clara y completa a las personas interesadas sobre el trámite.
  • e)No resolver ni calificar aquellas peticiones, gestiones, solicitudes y demás documentos, dentro del plazo establecido para cada uno de esos trámites en la Ley General de la Administración Pública o en ley especial.
  • f)Incumplir el procedimiento del silencio positivo.
  • g)Incumplir el procedimiento de coordinación institucional e interinstitucional h) Irrespetar el trámite ante única instancia administrativa.
  • i)Rechazar los documentos expedidos válidamente por otros órganos, entes o instituciones del Estado en el ejercicio de su propia competencia.

En aplicación del inciso i) anterior, cuando un funcionario considere que algún documento expedido por otra institución pueda presentar vicios susceptibles de producir una nulidad, así lo comunicará a la Institución que lo emitió, y contará con un plazo perentorio de ocho días hábiles para comprobar los vicios, transcurrido dicho plazo sin tener respuesta tendrá la obligación de aceptar la validez del documento, siempre y cuando éste no sea anulado de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, Título VI, Libro I de la Ley General de la Administración Pública N.º 6227 de 2 de mayo de 1978, y sus reformas.

  • j)No realizar la evaluación costo-beneficio de la regulación, cuando corresponda.
  • k)No acatar los criterios vinculantes realizados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través de la Dirección de Mejora Regulatoria, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 8220 y los principios de mejora regulatoria.
48

En la declaratoria de responsabilidad personal del funcionario público en sede administrativa se impondrán, en su orden, según la gravedad del hecho y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal correspondiente, las siguientes sanciones:

  • a)Suspensión sin goce de salario o remuneración de cualquier clase o forma de tres a ocho días, ante el primer incumplimiento.
  • b)Suspensión sin goce de salario o remuneración de cualquier clase o forma de ocho días a un mes, ante el segundo incumplimiento.
  • c)Despido sin responsabilidad patronal, para los casos de tres o más incumplimientos.
49

Para efectos de responsabilidad personal del funcionario público, se aplicará el procedimiento administrativo ordinario dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.

Las instituciones del Estado en las que el régimen disciplinario está regulado por ley o normativa especial, se ajustarán a dicha regulación específica para el trámite del procedimiento y la aplicación de las sanciones correspondientes.

50

No podrá exigirse la responsabilidad de la Administración ni del funcionario público cuando las solicitudes de autorizaciones, licencias o permisos y cualquier petición que el administrado dirija no sean legítimas o sean contrarias al orden público.

51

Será responsable personalmente ante terceros, el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones y en la tramitación de la petición del Administrado.

52

Cuando el daño haya sido producido por la Administración y el servidor culpable, o por varios servidores culpables, deberán distribuirse las responsabilidades entre ellos, de acuerdo con el grado de participación de cada uno.

TRÁMITE DE LA DENUNCIA

CAPÍTULO VI

53

Toda persona física o jurídica podrá interponer denuncias ante los órganos o instituciones correspondientes, respecto a los servicios prestados por la entidad u órgano administrativo y sobre las actuaciones de funcionarios en el ejercicio de sus funciones, cuando se estime que afecten directa o indirectamente los servicios prestados y además existe un incumplimiento de las disposiciones de la Ley y este Reglamento.

Lo dispuesto en este capítulo es sin perjuicio de la queja prevista en el artículo 358 de la Ley General de la Administración Pública.

54

Las denuncias podrán presentarse de forma escrita o verbal a la persona que se indica en el artículo siguiente. De lo manifestado por el administrado, el funcionario que recibe la denuncia levantará un acta que suscribirá, junto a la presunta persona ofendida y la cual contendrá:

  • a)Nombre completo de la persona denunciante, número de cédula de identidad y lugar para atender notificaciones.
  • b)Nombre completo del funcionario denunciado y oficina, departamento o lugar de trabajo.
  • c)Detalle de los hechos u omisiones denunciadas, con indicación de las personas y órganos involucrados.
  • d)Referencia específica o comprobante cuando la denuncia se refiere a servicios por los cuales se emite comprobante o documentos similares.
  • e)Firma de la persona denunciante y de quien recibe la denuncia.

Para tales efectos la persona que denuncia o el funcionario que recibe la denuncia deberán completar el formulario del Anexo 3.

55

La denuncia podrá ser presentada ante la Oficina de Información al Ciudadano o a la instancia interna que haya asumido estas tareas, de la entidad u órgano público, o bien, ante el superior jerárquico, o a quién él realiza el trámite. En ambos casos, el funcionario que tramita la denuncia debe remitirla en el plazo improrrogable de tres días naturales ante el superior jerárquico o al órgano competente para resolver el acto final, el que a su vez procederá a valorar si hay mérito para ordenar una investigación preliminar y de ser el caso la apertura de un procedimiento y conformar un Órgano Director encargado de verificar la verdad real de los hechos.

Lo anterior no limita el derecho del ciudadano de recurrir a la Defensoría de los Habitantes o a los órganos jurisdiccionales correspondientes, a fin de hacer valer sus derechos.

DEL PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

CAPÍTULO VII

56

Este formulario consta en el Anexo N° 4 de este reglamento.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 38898 del 20 de noviembre de 2014)

57

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 38898 del 20 de noviembre de 2014)

58

En este caso, dicha Sección deberá adjuntarse debidamente firmada por el oficial de Simplificación de Trámites, a la propuesta de regulación.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 38898 del 20 de noviembre de 2014)

59

En el caso de las entidades descentralizadas, las mismas seguirán el procedimiento que se describe en el artículo 13 bis de este reglamento.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 38898 del 20 de noviembre de 2014)

60

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 38898 del 20 de noviembre de 2014)

60

La Evaluación Costo Beneficio para Reglamentos Técnicos, se compone de un Formulario dividido en seis secciones debidamente identificadas: la Sección I denominada Control Previo de Reglamentos Técnico, la cual estará conformada por una lista de preguntas que van a definir si se debe de llenar la totalidad del formulario o si por el contario solo bastará llenar la Sección 1; la Sección 2 denominada Definición del Problema, Los Objetivos Generales, y Los Análisis de Legalidad y Técnico-Científico; la Sección 3 denominada Análisis de Cargas Administrativas: Trámites, Requisitos y Procedimientos; la Sección 4 denominada Análisis Impacto en la Competencia; Sección 5 denominada Análisis de Riegos; Sección 6 denominada Análisis de Costos; Sección 7 Participación Ciudadana; Sección 8 Decisión para la Emisión de un Reglamento Técnico.

El referido formulario tiene como finalidad garantizar que los beneficios de las regulaciones sobre Reglamentos Técnicos, sean superiores a sus costos. Este formulario consta en el Anexo N°5 de este reglamento.

Los entes y órganos de la administración central, deberán enviar al Sistema Digital de Control Previo, por sus siglas SICOPRE, enlace http://controlprevio.meic.go.cr/sicopre11g/listarFormRespuestaExterno.html de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la propuesta de regulación, el Costo Beneficio para Reglamentos Técnicos, el aviso de consulta pública y el Criterio Técnico Positivo de Aval del Órgano de Reglamentación Técnica, para control regulatorio.

Junto con los documentos mencionados en el párrafo anterior, se podrá anexar al SICOPRE una serie de documentos (cuadros, diagramas, gráficos, tablas, etc.) y cualquier otro insumo que respalde la información brindada en el formulario.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40923 del 13 de noviembre de 2017)

DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS

CAPÍTULO VIII

61

La Administración Pública deberá ir gestionando paulatinamente el desarrollo del identificación de cada gestión y la integridad del documento, que permita visualizar un almacenamiento ordenado cronológicamente con identificación del funcionario o funcionarios responsables, la fecha de ingreso a cada departamento asignado y el estado de trámite actualizado. Además, al administrado se le asignará un código para el acceso al seguimiento del expediente electrónico o su reporte, el cual dará acceso a la bitácora del sistema digital, que permitirá ver la misma información que en el caso del expediente físico y cualquier otra información que la institución quiera poner a disposición del administrado en aras de mayor transparencia.

(Así reformado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

62

En los casos en los que la Administración Pública cuente con medios tecnológicos que le permitan al ciudadano gestionar consultas en línea, dicha información deberá encontrarse actualizada, y disponible al ciudadano y en el formato establecido en el Anexo 1 de este Reglamento, a través del sitio web de la respectiva Administración, de modo que se garantice el acceso público, con las salvedades de ley.

Salvo caso fortuito o fuerza mayor, debe garantizarse la disponibilidad de la información las 24 horas del día.

(Así reformado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES FINALES

63

Se aplicará la Ley General de la Administración Pública y las demás normas del derecho positivo, de manera supletoria en los casos de ausencia de norma expresa de la Ley Nº 8220, su reforma y este Reglamento.

(Así reformado por el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

64

Refórmese el artículo 8 del Decreto Ejecutivo Nº 37899-MEIC del 08 de julio de 2013, denominado "Reglamento a la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor", para que se lea así:

8

Toda solicitud de permisos, licencias y autorizaciones presentadas ante la Administración Pública, relacionada con el cumplimiento de trámites y requisitos necesarios para el acceso de bienes al mercado nacional o con regulaciones al comercio, debe ser resuelta por el órgano o ente correspondiente de la Administración Pública conforme al plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico. Dicho plazo se contará a partir de la presentación de la solicitud completa en cuanto al cumplimiento de sus formalidades esenciales, entendidas éstas como aquellas cuyo defecto u omisión sería causa de nulidad absoluta.

Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución expresa, la _gestión se entenderá aprobada. Para ejercitar los derechos que corresponda, bastará con que el interesado cumpla con lo establecido en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley Nº 8220, su reforma y su Reglamento.

Las oficinas públicas no podrán rechazar o desconocer la validez legal del derecho así acreditado. Si la aprobación tácita a que se refiere. este artículo implica vicios de nulidad relativa o absoluta, se deberá proceder conforme a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.

Cuando los trámites, los requisitos o las regulaciones sean autorizados mediante silencio administrativo positivo, corresponderá a la CMR, de conformidad con sus facultades conferidas en el párrafo final del artículo 3 ° de la Ley Nº 7472, revisar en forma aleatoria algunos casos, para exigir una explicación sobre las razones que motivaron ese silencio, a los funcionarios responsables de tramitar y resolver dichos casos. De determinarse una falta grave del funcionario, se procederá conforme a lo establecido en la LGAP.

(Así reformado por el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

65

Deróguese el Decreto Ejecutivo 32565-MEIC, Reglamento a la Ley de protección al Ciudadano del Exceso de requisitos y Trámites Administrativos del 28 de abril del 2005, el Decreto ejecutivo 32689-MP-MEIC, Metodología y procedimiento para la evaluación Costo-Beneficio del 9 de agosto del 2005, Decreto Ejecutivo 33678-MP-MEIC, Reglamento sobre los programas de Mejora Regulatoria y Simplificación de trámites dentro de la Administración Pública, del 15 de febrero del 2007 y el Decreto Ejecutivo 35358-MP-MEIC, Reglamento sobre el Catálogo de Trámites y Plataformas de Servicios, del 23 de junio del 2006.

(Así reformado por el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

66

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

(Así reformado por el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

67

El incumplimiento de la Administración en la gestión del trámite de autorización, licencia o permiso, podrá ser denunciado en los términos del Capítulo VI de este Reglamento. A fin de facilitar esta acción, la Secretaría de Gobierno Digital, asesorará y apoyará a la Administración Pública, en los casos que no se cuente con esa opción, en el desarrollo de sistemas en línea para la presentación de estas denuncias, salvarguardando aspectos tales como los mecanismos de identificación que se aceptarán; la conformación de la denuncia que garantice la secuencia, completitud e inalterabilidad de la información; los sistemas de respaldo garantizando su seguridad, conservación y la confidencialidad y de conformidad con los alcances de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su reglamento.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES FINALES

68

Se aplicará la Ley General de la Administración Pública y las demás normas del derecho positivo, de manera supletoria en los casos de ausencia de norma expresa de la Ley Nº 8220, su reforma y este Reglamento.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017, se ordena reformar el capítulo IX del presente reglamento, y los artículos del 63 al 66. No obstante la reforma no indica nada sobre la derogación de este numeral por lo que el mismo se mantiene con su texto íntegro y podrá consultarse en su versión vigente en el artículo 63)

69

Refórmese el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 36234, Reglamento a la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, para que se lea así:

8

Toda solicitud de permisos, licencias y autorizaciones presentadas ante la Administración Pública, relacionada con el cumplimiento de trámites y requisitos necesarios para el acceso de bienes al mercado nacional o con regulaciones al comercio, debe ser resuelta por el órgano o ente correspondiente de la Administración Pública conforme al plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico. Dicho plazo se contará a partir de la presentación de la solicitud completa en cuanto al cumplimiento de sus formalidades esenciales, entendidas éstas como aquellas cuyo defecto u omisión sería causa de nulidad absoluta.

Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución expresa, la gestión se entenderá aprobada. Para ejercitar los derechos que corresponda, bastará con que el interesado cumpla con lo establecido en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley Nº 8220, su reforma y su Reglamento.

Las oficinas públicas no podrán rechazar o desconocer la validez legal del derecho así acreditado. Si la aprobación tácita a que se refiere este artículo implicara vicios de nulidad relativa o absoluta, se deberá proceder conforme a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.

Cuando los trámites, los requisitos o las regulaciones sean autorizados mediante silencio administrativo positivo, corresponderá a la CMR, de conformidad con sus facultades conferidas en el párrafo final del artículo 3º de la Ley Nº 7472, revisar en forma aleatoria algunos casos, para exigir una explicación sobre las razones que motivaron ese silencio, a los funcionarios responsables de tramitar y resolver dichos casos. De determinarse una falta grave del funcionario, se procederá conforme a lo establecido en la LGAP.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017, se ordena reformar el capítulo IX del presente reglamento, y los artículos del 63 al 66. No obstante la reforma no indica nada sobre la derogación de este numeral por lo que el mismo se mantiene con su texto íntegro y podrá consultarse en su versión vigente en el artículo 64)

70

Deróguese el Decreto Ejecutivo 32565-MEIC, Reglamento a la Ley de protección al Ciudadano del Exceso de requisitos y Trámites Administrativos del 28 de abril del 2005, el Decreto ejecutivo 32689-MP-MEIC, Metodología y procedimiento para la evaluación Costo-Beneficio del 9 de agosto del 2005, Decreto Ejecutivo 33678-MP-MEIC, Reglamento sobre los programas de Mejora Regulatoria y Simplificación de trámites dentro de la Administración Pública, del 15 de febrero del 2007 y el Decreto Ejecutivo 35358-MP-MEIC, Reglamento sobre el Catálogo de Trámites y Plataformas de Servicios, del 23 de junio del 2006.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017, se ordena reformar el capítulo IX del presente reglamento, y los artículos del 63 al 66. No obstante la reforma no indica nada sobre la derogación de este numeral por lo que el mismo se mantiene con su texto íntegro y podrá consultarse en su versión vigente en el artículo 65)

71

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017, se ordena reformar el capítulo IX del presente reglamento, y los artículos del 63 al 66. No obstante la reforma no indica nada sobre la derogación de este numeral por lo que el mismo se mantiene con su texto íntegro y podrá consultarse en su versión vigente en el artículo 66) Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los 22 días del mes de febrero de dos mil doce.

I

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 39617 del 17 de marzo de 2016) (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017)

Declaración Jurada sobre el cumplimiento de los requisitos de trámites para la Aplicación del Silencio Positivo Yo ____________________________________________en mi carácter de gestionante del trámite de ____________________________________, declaro bajo la fe de juramento lo siguiente:

PRIMERO: Que el día______ de _____de 20___gestioné la solicitud de: (permiso, licencia o autorización) denominado:_______________________________________, ante la (Dependencia/Unidad/Región): _____________________________________ de la Institución____________________________________________________;según consta en documento de recibo de mi solicitud.

SEGUNDO: Que la solicitud indicada en el artículo anterior, cumple a cabalidad con todos los requisitos requeridos por el (decreto/ reglamento o ley) Nº _______, publicado en La Gaceta No. ___________; ya que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley Nº 8220, son estos los únicos requisitos con los que debo cumplir; siendo los siguientes:

1- ____________________________________________________________________ 2- ____________________________________________________________________ 3- ____________________________________________________________________ 4- ____________________________________________________________________ TERCERO: Que el pasado _____de ____de 20_____se cumplió el plazo legal para que la institución resolviera la solicitud antes dicha. En este sentido y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 7 de la Ley 8220 y 42 del reglamento a dicha Ley, solicito se proceda conforme, para que se aplique el Silencio Positivo.

CUARTO: Que soy consciente de las consecuencia legales con que se castiga los delitos de falso testimonio y perjurio, en los casos de no decir la verdad, lo anterior de conformidad con las disposiciones del Código Penal vigente.

QUINTO: Señalo lugar para recibir notificaciones el siguiente correo electrónico: ________________________________________________________________________ Firma Cédula Nº Autentica

Denuncia por incumplimiento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220 Yo, _(nombre y ambos apellidos)__, cédula de identidad número ____________________, presento formal denuncia en contra del funcionario _(nombre y apellidos del funcionario)____________________________________________________,quien labora en (Dependencia/Unidad/Región) __________________________de la institución (Nombre de la institución)______________________________________________________.

La denuncia obedece a que el indicado funcionario, como responsable del trámite de: (permiso, licencia o autorización): (Nombre del Trámite)___, que presenté, incumplió el artículo 10 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley Nº 8220, en lo siguiente:

□ No aceptar la presentación única de documentos o exigir más requisitos de los establecidos en la ley, decretos ejecutivos o reglamentos conforme lo establecido en la ley.

□ No respetar las competencias.

□ No dar publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley.

□ No informar de forma clara y completa a las personas interesadas sobre el trámite.

□ No resolver ni calificar aquellas peticiones, gestiones, solicitudes y demás documentos, dentro del plazo establecido para cada uno de esos trámites en la Ley General de la Administración Pública o en ley especial.

□ Incumplir el procedimiento del silencio positivo.

□ Incumplir el procedimiento de coordinación institucional e interinstitucional.

□ Irrespetar el trámite ante única instancia administrativa.

□ Rechazar los documentos expedidos válidamente por otros órganos, entes o instituciones del Estado en el ejercicio de su propia competencia.

□ No realizar la evaluación costo-beneficio de la regulación, cuando corresponda.

□ No acatar los criterios vinculantes realizados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través de la Dirección de Mejora Regulatoria, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y los principios de mejora regulatoria.

Detalles: (Detalle de los hechos u omisiones denunciadas, con indicación de las personas y órganos involucrados en la queja -puede agregar/habilitar hojas adicionales) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Se adjunta comprobante o referencia del servicio efectuado ante el Departamento citado.

Se fija lugar para atender notificaciones en:___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ _________ Firma de la persona denunciante _________________________________ Firma funcionario que recibe la denuncia

| SECCIÓN 1: CONTROL PREVI DE MEJORA REGULATORIA | | | --- | --- | | Institución: Haga clic aquí para escribir texto | Título de regulación: Haga clic aquí para escribir texto | | Punto de contacto: Nombre: Haga clic aquí para escribir texto Teléfono: Haga clic aquí para escribir texto Correo: Haga die aquí para escribir texto | Fecha de recepción: haga clic aquí para escribir una fecha | | 1.- DESCRIPCIÓN DE LA REGULACIÓN | | --- | | 1. Explique brevemente en qué consiste la regulación propuesta. Haga clic aqui para escribir texto | | SECCIÓN 2: MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO | | --- | | 1.- DEFNICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN | | Identifique y describa la problemática o situación que la propuesta de regulación pretende resolver Haga clic aquí para escribir texto | | Describa los objetivos generales de la regulación Haga clic aquí para escribir texto | | Cite el fundamento legal que le brinda la potestad para emitir la regulación propuesta. Señale si existen otras regulaciones vigentes sobre la materia que sean insuficientes para atender la problemática identificada, o que generen duplicidades o contradicciones. (En este último caso debe realizar una reforma expresa que derogue la legislación no aplicable) Haga clic aquí para escribir texto | | II. ALTERNATIVAS CONSEIDERADAS A LA REGULACIÓN | | | --- | --- | | Señale y compare todas las alternativas regulatorias y no regulatorias que fueron evaluadas con que se podría resolver la problemática, incluyendo la opción de no emitir la regulación. Para cada una de las alternativas consideradas describa sus costos y beneficios de forma cualitativa. | | | Selecciones | Descripción clara de las alternativas, así como sus costos y beneficios | | No emitir regulación Regulatorias: Regulación del Gobierno Regulación basada en Desempeño Co-Regulación No- Regulatorias: Instrumentos de mercado Cuasi-regulación Auto-Regulación Campañas | Haga clic aquí para escribir texto | | Información. | | | Justifique las razones por las que la regulación propuesta es considerada la mejor opción para atender la problemática señalada sobre las alternativas mencionadas en la pregunta anterior Haga clic aquí para escribir texto | | | III. IMPACTO DE LA REGULACIÓN ¿La regulación propuesta crea o modifica trámites que implican nuevos requisitos para los administrados? | | | | --- | --- | --- | | Seleccione | Nombre del trámite Haga clic aquí para escribir texto | Plazo de la resolución (días hábiles o naturales) Haga clic aquí para escribir texto | | CREA MODIFICA NA | Vigencia del trámite Haga clic aquí para escribir texto | Aplica Silencio Positivo Si No | | Requisitos que Crea o modifica Haga clic aquí para escribir texto | Fundamento legal (Art. De ley, decreto o reglamento) Haga clic aquí para escribir texto | Justificación de poqué resulta ESENCIAL para resolver el acto administrativo y para cumplir los objetivos de la regulación (fundamento técnico-científico si aplica) Haga clic aquí para escribir texto | ¿ La regulación propuesta solicita requisitos que se obtienen en otra dependencia de la misma institución o en otra institución?

(*) (*)(Así adicionado mediante Fe de Erratas publicada en La Gaceta N° 114 del 14 de junio del 2016, página N° 52) | Seleccione | Requisito | Justificación de por qué no aplica la COORDINACIÓN | | --- | --- | --- | | Establece plazo Aumenta plazo NA | Haga clic aquí para escribir texto | Haga clic aquí para escribir texto | 10. ¿La regulación propuesta reduce la vigencia de un trámite? (Ejemplo: permiso, licencia o autorización) | Seleccione | Nombre del Trámite Haga clic aquí para escribir texto | Cambio en la vigencia Haga clic aquí para escribir texto | Justificación (legal y/o técnica Haga clic aquí para escribir texto | | --- | --- | --- | --- | | Si NO | | | | 11. ¿La propuesta de regulación establece o aumenta cánones, tarifas o cobros por servicios?

| Seleccione | Monto Haga clic aquí para escribir texto | Justificación y parámetros de fijación (adjunte cálculos para fijación) Haga clic aquí para escribir texto | Fundamento legal Haga clic aquí para escribir texto | Mecanismo de ajuste Haga clic aquí para escribir texto | | --- | --- | --- | --- | --- | | Cánon Tarifa Cobro por Servicios NA | | | | | 12. ¿La propuesta de regulación regula o restringe alguna actividad que previamente no lo estaba? Explique las condiciones adicionales que se establecen y justifique por qué.

Haga clic aquí para escribir texto 13. Proporcione la estimación cuantitativa de los costos y beneficios que supone la regulación para· cada particular o grupo de particulares.

Recuerde incluir en la casilla de costos: el número estimado de trámites que se espera conceder en un año; así como los costos en que incurren los usuarios y en la casilla de beneficios: el número de agentes que se ven beneficiados y el monto económico de dicho beneficio; debe especificarse un rango de tiempo en el cuál se esperan los beneficios de la medida regulatoria o no regulatoria.

| COSTOS | Grupos o industrias a los que impacta la regulación Haga clic aquí para escribir texto | | --- | --- | | Describa y estime los costos Haga clic aquí para escribir texto | | | BENEFICIOS | Grupos o industrias a los que beneficia la regulación Haga clic aquí para escribir texto | | Describa y estime los beneficios Haga clic aquí para escribir texto | | 14. Justifique que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos.

Haga c:ic aquí para escribir texto

IV. CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA

15. Describa la forma y/o los mecanismos a través de los cuales se implementará la regulación (incluya recursos públicos monetarios y en especie).

Haga clic aquí para escribir texto 16. Describa los esquemas de monitoreo y verificación que asegurarán el cumplimiento de la regulación.

Haga clic aquí para escribir texto

V. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

17. Describa la forma y los medios a través de los cuales se evaluará el logro de los objetivos de la regulación. Mencione también los indicadores y metas que se utilizarán para evaluar el éxito de la regulación.

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VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

18. ¿Se consultó a las partes y/o grupos interesados para la elaboración de la regulación?

| Seleccione | Grupo consultado Haga clic aquí para escribir texto | Comentarios que dieron en la consulta pública Haga clic aquí para escribir texto | Comentarios que se incluyeron en la regulación Haga clic aquí para escribir texto | | --- | --- | --- | --- | | Consulta Interinstitucional. Formación de grupo de trabajo/comité técnico para la elaboración conjunta del anteproyecto. Circulación del borrador a grupos o personas interesadas y recepción de comentarios. Presentación de propuesta en conferencia por invitación e cerrado) Presentación de propuesta en conferencia abierta al público. Consulta con organismos o autoridades internacionales. Otros. | | | | VII.- ANEXOS 19. Anexe la propuesta de regulación y los documentos consultados o elaborados para diseñar la regulación.

Haga clic aquí para escribir texto VII.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO Yo Haga clic aquí para escribir texto, en calidad de Haga clic aquí para escribir texto, hago constar que con base en la evaluación costo-beneficio y el análisis de la información detallada en la misma, la propuesta do regulación debe emitirse por cuanto los beneficios que genera son mayores a los costos de aplicarla.

Firma del Oficial de Simplificación de trámite ____________________________ Sello: Fecha:

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 39726 del 24 de mayo del 2016)

| SECCIÓN 1: CONTROL PREVIO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS | | | --- | --- | | Institución: | Título de la regulación: | | Departamento Institucional proponente: Nombre del técnico responsable: Teléfono: Correo: | Fecha: | | 2. Indique | Acciones Regulatorias de Control Previo | Selec | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | cuál(es) de las siguientes | cione (si/n | | | | | acciones | o) | | | | | regulatorias de | a. | Contiene o modifica las características técnicas de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. | SI | | | Control Previo | | | | | | aplica(n) a la | | | | | | regulación | | | | | | propuesta. | | | | | | b. | Incluye o modifica prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a los mismos o trata exclusivamente de ellos. | SI | | | | c. | Establece o modifica definiciones, clasificaciones, fórmulas, criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de carácter técnico que, por sí misma o conjuntamente con otra regulación, afecte los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los administrados. | SI | | | | d. | Crea o modifica procedimientos de evaluación de la conformidad? | SI | | | | e. | Crea o modifica trámites que deben cumplir los administrados. | SI | | | | f. | Crea o modifica requisitos u obligaciones para los administrados, o hace más estrictos los requisitos u obligaciones existentes. | SI | | | | g. | Establece o aumentaAumenta el plazo de resolución de un trámite. | SI | | | | | h. Regula alguna actividad que previamente no lo estaba o hace más restrictiva la regulación. | SI | | | | | i. Hace más complejo el cumplimiento de un trámite o requisito. | SI | | | A. Análisis de legalidad.

8. Describa brevemente las conclusiones del análisis de legalidad realizado para la emisión del Reglamento Técnico.

Haga clic aquí para escribir texto 8.1 Favor de indicar si el proyecto de Reglamento Técnico deriva o tiene como base una o más norma(s) internacional(es) o una norma técnica nacional vigente. En caso afirmativo, indique el nombre de la norma, organismo que la emite, fecha de emisión, artículos o apartados que se consideran en el Reglamento, total o parcialmente.

Haga clic aquí para escribir texto 8.2 Cite el fundamento legal que le brinda la potestad para emitir la regulación propuesta.

Haga clic aquí para escribir texto 8.3 Señale si existen otras regulaciones vigentes sobre la materia que sean insuficientes para atender la problemática identificada, o que generen duplicidades o contradicciones. En este último caso indique si derivado de la emisión del RT deberá derogarse o abrogarse alguna legislación relacionada con la materia.

Haga clic aquí para escribir texto B. Análisis técnico-científico.

9. Determine el sustento técnico y científico de la materia que se pretende regular para justificar la reglamentación técnica, para tal efecto cite los documentos científicos o técnicos en los que se respalda la propuesta Reglamento Técnico y de ser posible adjunte los estudios citados.

Haga clic aquí para escribir texto 10. ¿La regulación propuesta crea o modifica trámites o procedimientos para los administrados?

Si / No 11. En caso de ser afirmativo, identifique todos los trámites o procedimientos que se crean o modifican en la propuesta de Reglamento Técnico. Señale para cada trámite o procedimiento lo siguiente:

| Seleccione | Nombre del trámite Haga clic aquí para escribir texto | Plazo de resolución (días hábiles o naturales) Haga clic aquí para escribir texto | | --- | --- | --- | | Crea | Vigencia del trámite | Aplica Silencio Positivo No | | Requisitos que crea o modifica | Fundamento legal (Art. de ley, decreto o reglamento) | Justificación de por qué resulta ESENCIAL para resolver el acto administrativo y para cumplir los objetivos de la regulación (fundamento técnico-científico si aplica) | | Haga clic aquí para escribir texto | Haga clic aquí para escribir texto | Haga clic aquí para escribir texto | | Haga clic aquí para escribir texto | Haga clic aquí para escribir texto | Haga clic aquí para escribir texto | | Haga clic aquí para escribir texto | Haga clic aquí para escribir texto | Haga clic aquí para escribir texto | 12. ¿La regulación propuesta solicita requisitos que se obtienen en otra dependencia de la misma institución o en otra institución?

| Seleccione | Requisito | Justificación de por qué no aplica la COORDINACIÓN INSTITUCIONAL O INTERINSTITUCIONAL | | --- | --- | --- | | Crea | | | 13. ¿La regulación propuesta crea nuevos requisitos u obligaciones para los administrados, o hace más estrictos los existentes? (Ejemplo: establece inspecciones que previamente no existían)

SeleccioneArtículo aplicableJustificación
Crea Requisito
SeleccioneArtículo aplicableJustificación
Crea Requisito

14. ¿La regulación propuesta establece o aumenta el plazo de resolución de un trámite?

| Seleccione | Nombre del Trámite | Plazo o cambio en el plazo (en días hábiles o naturales) | Justificación del plazo para resolver (legal y/o técnica) | | --- | --- | --- | --- | | NA | | | | 15. ¿La regulación propuesta reduce la vigencia de un trámite? (Ejemplo: permiso, licencia o autorización)

SeleccioneNombre del TrámiteCambio en la vigenciaJustificación (legal y/o técnica)
No

17. Indique si la propuesta de Reglamento Técnico, realiza una o más de las siguientes situaciones. Tomando en cuenta que todo Reglamento Técnico, limita la libre concurrencia en los mercados. En caso afirmativo justifique su respuesta e indique en qué disposición del Reglamento Técnico se determina.

17.1 ¿Establece procedimientos de obtención de licencias, permisos o autorizaciones como requisito para iniciar operaciones, o bien iniciar alguna actividad adicional? Sí () No ( ) 17.2 ¿Establece requisitos técnicos, administrativos o de tipo económico para que los agentes participen en el(los) mercado(s)? Sí ( ) No ( ) 17.3 ¿Establece condiciones o delimita áreas o zonas geográficas para ofrecer bienes? Sí ( ) No ( ) 17.4 ¿Establece normas o reglas de calidad para los productos? Sí ( ) No ( ) 17.5 ¿Determina el uso obligatorio de algún estándar, modelo, plataforma o tecnología en particular, o de algún producto protegido por derechos de propiedad intelectual? Sí ( ) No ( ) 17.6 ¿Establece o influye de manera substancial en la determinación de precios máximos, mínimos, tarifas o en general, cualquier otro mecanismo de control de precios y/o cantidades de bienes? Sí ( ) No ( ) 17.7 ¿Modifica o disminuye la información para que los consumidores puedan tomar una decisión de consumo informada? Sí ( ) No ( ) 17.8 ¿Crea esquemas preferenciales en las compras de Gobierno a efecto de promover o beneficiar a algunos agentes? Sí ( ) No ( ) En caso afirmativo, indique si la implementación de Reglamento Técnico afecta al sector de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES). Justifique su respuesta, cuantificando la afectación al sector (Indique la cantidad de MIPYMES afectadas)

18. Dado que la mitigación de los riesgos representa los beneficios (Matriz Costo Beneficio de Reglamentos Técnicos), mencione la forma en que las acciones regulatorias incluidas en el Reglamento Técnico mitigan los riesgos, evidenciando el grado de reducción o eliminación de los mismos (monto, unidades o porcentaje) e incluya las conclusiones de dicho análisis.

Haga clic aquí para escribir texto

19. Una vez realizado el análisis de riesgos, estime la cuantificación de los beneficios que genera la aplicación del Reglamento Técnico (mencione los supuestos y demás elementos considerados para determinar monetariamente los beneficios incluidos en la Matriz Costo Beneficio de Reglamentos Técnicos).

Haga clic aquí para escribir texto 20. De la información incluida en la Matriz Costo Beneficio de Reglamentos Técnicos, señale los supuestos y los cálculos realizados para determinar cada uno de los costos financieros directos (como cánones, tarifas o cobro por trámites) que genera el RT y justifique la incorporación de los mismos.

Haga clic aquí para escribir texto 21. De la información incluida en la Matriz Costo Beneficio de Reglamentos Técnicos, señale los supuestos y los cálculos realizados para determinar cada uno de los costos regulatorios que genera el Reglamento Técnico.

21.1. Costos indirectos (costos de cumplimiento para los administrados) 21.2. Costos indirectos (costos de especificaciones técnicas para los administrados) 21.3. Costos indirectos (costos del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad) 21.4. Costos indirectos (cargas administrativas por realizar trámites) 21.5. Costos de oportunidad.

22. Identifique y cuantifique los costos en que incurrirá la Administración para la implementación del Reglamento Técnico (incluya recursos públicos monetarios y en especie).

Haga clic aquí para escribir texto 23. Indique, la proporción de los costos financieros directos y de los indirectos con respecto a los costos totales de la regulación.

Haga clic aquí para escribir texto 24. Considerando la información incluida en la "Matriz Costo Beneficio de Reglamentos Técnicos" indique y demuestre si los beneficios brutos son mayores a los costos que genera el Reglamento Técnico para determinar su viabilidad.

Haga clic aquí para escribir texto 25. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº37662-MEIC-H-MICIT, Procedimiento para la demostración de la evaluación de la conformidad de los Reglamentos Técnicos, indique cuál de los siguientes métodos se establece en el Proyecto de Reglamento Técnico para evaluar la conformidad con el mismo:

  • a)Modelo 1: Ensayo de tipo.
  • b)Modelo 2: Ensayo de tipo seguido de verificación a través de ensayo de muestras retiradas en el comercio.
  • c)Modelo 3: Ensayo de tipo seguido de verificación a través de ensayo de muestras retiradas en las instalaciones del fabricante d) Modelo 4: Ensayo de tipo seguido de verificación a través de ensayo de muestras retiradas del comercio y en las instalaciones del fabricante.
  • e)Modelo 5: Ensayo de tipo, evaluación y aprobación, a través de auditorías del sistema de gestión de la calidad del fabricante y ensayo en muestras retiradas del comercio y en las instalaciones del fabricante.
  • f)Modelo 6: Evaluación y aprobación del sistema de gestión de la calidad del fabricante g) Modelo 7: Ensayo de lote.
  • h)Modelo 8: Ensayo 100%.
  • i)Modelo 9: Sistemas o esquemas específicos establecidos en el respectivo reglamento técnico.

26. De haber elegido, el modelo 9, favor justificar debidamente y recordar que así deberá constar en el Reglamento Técnico Costarricense:

Haga clic aquí para escribir texto 27.2 ¿Cuál será procedimiento a seguir para evaluar la conformidad con el Reglamento Técnico? ¿Será de oficio o a petición de parte?

Haga clic aquí para escribir texto 27.3 ¿Cuánto tiempo después de publicado en el Diario Oficial, el Reglamento Técnico entrará en vigencia?

Haga clic aquí para escribir texto 28. Señale los indicadores con los que la administración realizará el monitoreo del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el reglamento técnico; para cada indicador que diseñe, indique si la institución ya cuenta con registros previos, o bien si deberán generar nuevos registros administrativos para obtener los indicadores. En caso de que ya cuente con registros previos indique el dato preciso que se tiene del indicador al momento en que analiza la propuesta regulatoria.

Haga clic aquí para escribir texto | Indicadores de Cumplimiento | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Nombre del Indicador | Descripción | Fórmula matemática | ¿Cuenta con registros administrativos? S/N, indique el área que los lleva | Status inicial (en su caso) | 29. Describa la forma y los medios a través de los cuales se evaluará el logro de los objetivos de la regulación. Señale si el RT cuenta con una cláusula de revisión de regulación y/o una cláusula de vigencia de la regulación, y describa en qué consisten. En caso de qué el Reglamento Técnico no cuente con estas cláusulas, justifique por qué no se considera conveniente incluirlas.

Haga clic aquí para escribir texto 30. Señale los indicadores con los que institución hará la evaluación de desempeño de las disposiciones contenidas en el reglamento técnico; para cada indicador que diseñe, indique si la institución ya cuenta con registros previos, o bien si deberán generar nuevos registros administrativos para obtener los indicadores, en caso de que ya cuente con registros previos indique el dato preciso que se tiene del indicador al momento en que analiza la propuesta regulatoria. En este caso, señale las metas que se utilizarán para evaluar el éxito de la regulación. (Evaluación Ex post) | Indicadores de Evaluación del Desempeño del RT | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nombre del Indicador | Descripció n | Fórmula matemátic a | ¿Cuenta con registros administrat ivos? S/N, indique el área que los lleva | Status inicial (en su caso) | Meta | Objetivo del RT con el que se relaciona (ver pregunta 7) |

31. Señale si se conformó un Comité Técnico:

31.1 Si su respuesta es no, justifique:

Haga clic aquí para escribir texto 31.2 ¿Se logró consenso del Proyecto?

Haga clic aquí para escribir texto 31.3 ¿Cuáles fueron las principales aportaciones del Comité Técnico para el desarrollo de Reglamento Técnico Costarricense?

Haga clic aquí para escribir texto 31.4 ¿Se realizó algún otro tipo de consulta previa, de ser así, indique cual, quien participó y que elementos modificó o adicionó al Reglamento Técnico Costarricense?

Haga clic aquí para escribir texto 32. Indique el resultado final de la evaluación Costo Beneficio (Para obtener el resultado final, se debe tomar en cuenta que los costos considerados están asociados a los riesgos que se desean mitigar con las acciones regulatorias y las especificaciones técnicas que se incluyen en el Reglamento Técnico, a manera de ejemplo, la mitigación de un riesgo puede generar un costo financiero, un costo de cumplimiento y un costo de especificación técnica, por lo que se deben reflejar estos tres costos y registrar el riesgo con su valor para cada costo).

Hoja de trabajo en Excel Matriz Costo Beneficio para Reglamentos Técnicos Hoja Nº1. Análisis de Riesgos | Identificación y comportamiento de los Riesgos previo a la implementación del Reglamento Técnico ( RT ) | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No. | Identifique y describa el o los riesgos a mitigar | Identifique el área geográfica del riesgo | Identifique la población, grupo o industria potencialmente afectada | Identifique la cantidad de eventos por unidad de tiempo que se han presentado 1 | Probabilidad de ocurrencia | Magnitud del daño y posibilidades de recuperación (ya sea para objetos o sujetos) 2 | Impacto del riesgo | Nivel de Riesgo sin regulacion | 1 Debe incluir en el Formulario los datos estadísticos, estudios científicos, alertas mundiales, noticias, que le permitieron seleccionar los parámetros sugeridos.

2 Se debe justificar en el Formulario la opción seleccionada, indicando la población y área afectada, por ejemplo: El flúor en dentífricos, en menores de 5 años o la sal yodada y agua en la zona de Agua Caliente de Cartago.

| Administración de los Riesgos con la implementación del RT | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Señale el Objetivo legítimo que pretende garantizar | Indique la acción regulatoria dentro del Reglamento técnico con la que se mitigará el riesgo | Señale el numeral en el que se contiene la disposición | Indique el nivel esperado de reducción o eliminación del riesgo con la aplicación del RT | Justique cómo la accion regulatoria mitiga el riesgo e indique el monto, las unidades o el porcentaje de reducción del mismo | Hoja Nº2. Beneficios | Cuantificación de los beneficios que genera el Reglamento Técnico al mitigar los riesgos | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Indique los beneficios que genera la regulación propuesta (incidentes potenciales que se buscan reducir o eliminar) | Indique la cantidad de incidentes potenciales que se esperan reducir con la emisión del Reglamento Técnico (cantidad de incidentes sin regulación - cantidad de incidentes con regulación) | Señale el costo unitario actual de antender el incidente potencial | Beneficio total que genera la mitigacion del riesgo con el RT | Valor Presente Neto (VPN)1 | | 1 Si el regulador desea evaluar el Reglamento Técnico en un periodo de tiempo determinado | Beneficios regulatorios totales | | | | | (por ejemplo 5 años) puede utilizar como técnica de analisis el valor presente neto (VPN) tanto de los beneficios como de los costos. | | | | | Hoja Nº3. Costos Regulatorios | Análisis de los costos con la implementación del Reglamento Técnico | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Acción regulatoria dentro del Reglamento Técnico que genera el costo | Tipo de costo | Descripción del costo | Identifique el número de sujetos regulados que deberán cumplir con la disposición | Señale el costo unitario de cumplir con la disposición | Costos totales (Columna D* Columna E ) | Valor Presente Neto (VPN) | | | Costos regulatorios totales | | | | | | Hoja Nº4. Análisis Costo Beneficio (Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40923 del 13 de noviembre de 2017)

Anexo Nº 2

Anexo Nº 3

Anexo 4 denominado "Evaluación Costo Beneficio"

ANEXO 5 Costo Beneficio para Reglamentos Técnicos

SECCIÓN 5: ANÁLISIS DE RIESGOS.

SECCIÓN 6: ANÁLISIS COSTO BENEFICIO.

SECCIÓN 7: PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 8220 Art. 7
    • Ley 8220 Art. 13
    • Ley 7472 Art. 20
    • Ley 8990

    Spanish key termsTérminos clave en español

    Article 3

    Concordance
    37112 37112

    Article 6

    Concordance
    37112 37112

    Article 11

    Concordance
    37112 37112

    Article 12

    Article 13

    Article 16

    Concordance
    37112 37112

    Article 26

    Article 27

    Article 37

    Concordance
    Ley 8687 Judicial Notifications Law Dec 4, 2008

    Article 40

    Artículo 3

    Concordancia
    37112 37112

    Artículo 6

    Concordancia
    37112 37112

    Artículo 11

    Concordancia
    37112 37112

    Artículo 12

    Artículo 13

    Artículo 16

    Concordancia
    37112 37112

    Artículo 26

    Artículo 27

    Artículo 37

    Concordancia
    Ley 8687 Ley de Notificaciones Judiciales 04/12/2008

    Artículo 40

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