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OJ-102-2025 · 25/06/2025
OutcomeResultado
The Attorney General's Office finds that the bill, by reversing the ban on open-pit metallic mining in Cutris, lacks technical justification and fails to address environmental risks and regulatory contradictions, thus recommending corrections and compliance with the principles of non-regression, prevention, and objectivization of environmental protection.La Procuraduría considera que el proyecto de ley, al revertir la prohibición de minería metálica a cielo abierto en Cutris, adolece de falta de justificación técnica y omite abordar riesgos ambientales y contradicciones normativas, por lo que recomienda corregir imprecisiones y cumplir con los principios de no regresión, prevención y objetivación de la tutela ambiental.
SummaryResumen
Legal Opinion PGR-OJ-102-2025 analyzes bill No. 24.717, which seeks to authorize the exploration and exploitation of open-pit metallic mining exclusively in the district of Cutris, San Carlos, Alajuela, thereby reversing the national ban set forth in Article 8 bis of the Mining Code. The Attorney General's Office notes that although the timeliness and advisability of the bill fall within the discretionary authority of the legislature, the initiative has serious technical and legal shortcomings. It lacks scientific studies demonstrating the environmental viability of the activity in accordance with the principle of objectivization of environmental protection, and fails to show how risks from mercury and cyanide contamination—prohibited by the Minamata Convention—would be overcome. It also fails to assess the cumulative impact of multiple concessions in an ecologically sensitive area, does not resolve the contradiction with the ban on land-use change in forested areas under Article 19 of the Forestry Law, and shifts to the State the obligation to repair damage caused by illegal mining. The PGR recommends correcting regulatory imprecisions and conditions the constitutionality of any regression in environmental protection on a rigorous technical justification grounded in the principles of non-regression, prevention, and reasonableness.La Opinión Jurídica PGR-OJ-102-2025 analiza el proyecto de ley N.º 24.717 que busca autorizar la exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto exclusivamente en el distrito de Cutris, San Carlos, Alajuela, revirtiendo así la prohibición nacional establecida en el artículo 8 bis del Código de Minería. La Procuraduría señala que, aunque la oportunidad y conveniencia del proyecto son competencia discrecional del legislador, la iniciativa presenta serias deficiencias técnicas y legales. Carece de estudios científicos que justifiquen la viabilidad ambiental de la actividad conforme al principio de objetivación de la tutela ambiental, y no demuestra cómo se superarían los riesgos de contaminación por mercurio y cianuro prohibidos por el Convenio de Minamata. Además, omite evaluar el impacto acumulado de múltiples concesiones en una zona ecológicamente sensible, no resuelve la contradicción con la prohibición de cambio de uso del suelo en áreas boscosas del artículo 19 de la Ley Forestal, y traslada al Estado la obligación de reparar daños causados por minería ilegal. La PGR recomienda corregir imprecisiones normativas y condiciona la constitucionalidad de cualquier regresión en la protección ambiental a una justificación técnica rigurosa basada en los principios de no regresión, prevención y razonabilidad.
Key excerptExtracto clave
Regarding Article 1 of the Bill, it proposes excluding from mining exploration and exploitation in the District of Cutris areas that form part of the State's Natural Heritage or include wetlands, where it is prohibited to carry out activities “aimed at interrupting the natural cycles of wetland ecosystems, such as the construction of dikes that prevent the flow of marine or continental waters, drainage, desiccation, filling, or any other alteration that causes the deterioration and elimination of such ecosystems” (Organic Environmental Law, Articles 40, 41, and 45) and “discharging wastewater, blackwater, waste, or any polluting substance” (Wildlife Conservation Law, Article 28). The Attorney General's Office has maintained that when a bill seeks a reduction in environmental protection—such as moving from a regime of absolute prohibition of open-pit mining to one permitting its exploitation, in this case in the district of Cutris—it must be borne in mind that constitutional case law has accepted the reduction of environmental protection provided that the principles of prevention, non-regression, and objectivization of environmental protection are respected. Therefore, technical studies must be available to justify the initiative and withstand any constitutional challenge before the Constitutional Chamber, a matter for that Branch of Government to assess.En relación con el artículo 1° del Proyecto, se propone excluir de la exploración y explotación minera en el Distrito de Cutris las áreas que formen parte del Patrimonio Natural del Estado o comprendan humedales, en los que está prohibido realizar actividades “orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas”. (Ley Orgánica del Ambiente, artículos 40, 41 y 45) y “arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante”. (Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículo 28). La Procuraduría ha sostenido que cuando un proyecto de ley pretende una disminución de la tutela ambiental, como es pasar de un régimen de prohibición absoluta de minería a cielo abierto, a uno permisivo de su explotación, en este caso en el distrito de Cutris, se debe tener presente que la jurisprudencia constitucional ha aceptado la reducción de la protección ambiental siempre que se respeten los principios preventivo, de no regresión y de objetivación de la tutela ambiental, por lo que se ha de contar con estudios técnicos que justifiquen la iniciativa y puedan superar la eventual discusión de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, a valorar por ese Poder de la República.
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"La Procuraduría ha sostenido que cuando un proyecto de ley pretende una disminución de la tutela ambiental, como es pasar de un régimen de prohibición absoluta de minería a cielo abierto, a uno permisivo de su explotación, en este caso en el distrito de Cutris, se debe tener presente que la jurisprudencia constitucional ha aceptado la reducción de la protección ambiental siempre que se respeten los principios preventivo, de no regresión y de objetivación de la tutela ambiental."
"The Attorney General's Office has maintained that when a bill seeks a reduction in environmental protection—such as moving from a regime of absolute prohibition of open-pit mining to one permitting its exploitation, in this case in the district of Cutris—it must be borne in mind that constitutional case law has accepted the reduction of environmental protection provided that the principles of prevention, non-regression, and objectivization of environmental protection are respected."
III. SOBRE EL PROYECTO DE LEY
"La Procuraduría ha sostenido que cuando un proyecto de ley pretende una disminución de la tutela ambiental, como es pasar de un régimen de prohibición absoluta de minería a cielo abierto, a uno permisivo de su explotación, en este caso en el distrito de Cutris, se debe tener presente que la jurisprudencia constitucional ha aceptado la reducción de la protección ambiental siempre que se respeten los principios preventivo, de no regresión y de objetivación de la tutela ambiental."
III. SOBRE EL PROYECTO DE LEY
"El principio de no regresión 'no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección'."
"The principle of non-regression 'does not entail absolute irreversibility, for all States undergo national circumstances—economic, political, social, or natural—that negatively impact achievements made thus far and force a downward reassessment of the level of protection. In such cases, Constitutional Law and the principles under review require that the reduction in levels of protection be justified in light of constitutional standards of reasonableness and proportionality.'"
III. SOBRE EL PROYECTO DE LEY
"El principio de no regresión 'no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección'."
III. SOBRE EL PROYECTO DE LEY
"La minería a cielo abierto implica la remoción de cobertura vegetal, discordante con el artículo 19 de la Ley Forestal, que prohíbe cambios de uso de suelo en áreas boscosas. Esto no se resuelve con la reforma propuesta."
"Open-pit mining entails the removal of vegetative cover, at odds with Article 19 of the Forestry Law, which prohibits land-use changes in forested areas. This is not resolved by the proposed reform."
III. SOBRE EL PROYECTO DE LEY
"La minería a cielo abierto implica la remoción de cobertura vegetal, discordante con el artículo 19 de la Ley Forestal, que prohíbe cambios de uso de suelo en áreas boscosas. Esto no se resuelve con la reforma propuesta."
III. SOBRE EL PROYECTO DE LEY
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Legal Opinion: 102 - J of 06/25/2025 June 25, 2025 PGR-OJ-102-2025 Lady Licda. Ana Julia Araya Alfaro Area Chief Legislative Committees Area II [email protected] Maureen Chacón Segura Legislative Committees Area [email protected] Dear Ladies:
With the approval of the Attorney General of the Republic, we respond to your Official Letter AL-CE23118-0098-2025, transmitted by email, in which, with instructions from the Special Commission of the Province of Alajuela, you consult us on the project entitled "Law to regulate the exploration and exploitation of sustainable open-pit metallic mining in the district of Cutris de San Carlos, province of Alajuela, and partial reform to the Mining Code, Law No. 6797 of October 4, 1982, legislative file No. 24.717.
I.- SCOPE OF THIS PRONOUNCEMENT Since the exercise of the legislative function is non-delegable to the Attorney General's Office through a binding opinion, the criterion regarding the consulted project is provided as a legal opinion, non-binding, in an effort to collaborate with that Branch of the Republic in the performance of its functions.
It is reiterated that the response period established in article 157 of the Internal Rules of Order, Direction and Discipline of the Legislative Assembly is applicable to the mandatory consultations that, according to the Political Constitution, must be formulated to certain state organs or entities, and not to consultations.
II.- PURPOSE OF THE LEGAL PROPOSAL Bill No. 16717, under legislative file No. 24.717 and titled "Partial Reform to the Mining Code, Law No. 6797 of October 4, 1982, to Regulate the Exploration and Exploitation of Metallic Mining in the District of Cutris de San Carlos", has the purpose of authorizing, in a geographically delimited manner, the exploration and exploitation of open-pit (a cielo abierto) metallic mining in the district of Cutris, canton of San Carlos, province of Alajuela.
The statement of motives of the project bases this proposal on the need to recover state control over an area affected by illegal mining exploitation; therefore, the project seeks to organize mining activity, mitigate environmental damage, guarantee citizen security, and capture economic benefits for the State, in accordance with the absolute, inalienable, and imprescriptible dominion of mineral resources recognized in article 1 of the Mining Code.
In this sense, the proponents maintain that the reform is an imperative for the Costa Rican State to retake control of the zone, ensuring that the economic benefits derived from the mining resource, which is the property of the Nation, are duly utilized by the country and not illicitly extracted.
However, the initiative poses an exception to article 8 bis of said code, added by Law No. 8904 of 2010, which prohibits open-pit metallic mining in the national territory; that is, it does not seek to regulate a permitted activity, but to reverse, for a specific geographic area, a general prohibition.
III.- ON THE BILL The bill authorizing open-pit mining, an activity with high environmental impact, mentions the need for environmental recovery, but does not include specific diagnostics or scientific evidence demonstrating that open-pit mining is viable without causing serious damage, violating the principle of objetivization of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) (Constitutional Chamber, vote 13837-2020).
By Law 8904/2010, Costa Rica was declared a country free of open-pit metallic mining, adding article 8 bis to the Mining Code, Law 6797/1982, and establishing that "no permits or concessions for exploration and exploitation activities of open-pit metallic mining in the national territory will be granted," except exploration permits for scientific and research purposes. It also added subsection k to article 103 of that Code and includes, among the factors that deteriorate the environment, the "use of leaching (lixiviación) techniques with cyanide and mercury in mining and the inappropriate use of hazardous substances, in accordance with the provisions established by the World Health Organization." In relation to article 1 of the Project, it is proposed to exclude from mining exploration and exploitation in the District of Cutris the areas that form part of the State's Natural Heritage or comprise wetlands, in which it is prohibited to carry out activities "aimed at interrupting the natural cycles of wetland ecosystems, such as the construction of dikes that prevent the flow of marine or continental waters, drainage, drying, filling, or any other alteration that causes the deterioration and elimination of such ecosystems" (Organic Environmental Law, articles 40, 41, and 45) and "discharging graywater, blackwater, waste, or any contaminating substance" (Wildlife Conservation Law, article 28).
The Project, article 2, although it prohibits the use of any open leaching method to recover gold or any other metal, may employ "closed-cycle methods or any other technology approved by the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy," without specifying the expressions "closed-cycle methods" and "any approved technology," in order to provide certainty about the practices authorized in the first case and, in the second, the guiding technical criteria for approval that prevent environmental contamination. This vagueness contravenes the principle of objetivization of environmental protection and the Minamata Convention, which requires precise regulations to prevent mercury contamination.
In Legal Opinion PGR-OJ-128-2022, it was stated that the constitutional legitimacy of a bill regarding the authorization of cyanide use in mineral processing plants will depend on whether or not there is technical justification supporting that it will not generate impacts on the environment or health.
Costa Rica is a party to the Minamata Convention on Mercury, approved by Law 9391/2017, to protect human health and the environment from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds. In its recitals, it recognizes that "mercury is a chemical of global concern due to its long-range atmospheric transport, its persistence in the environment after its anthropogenic introduction, its capacity for bioaccumulation in ecosystems, and its significant adverse effects on human health and the environment" (On this Convention: Constitutional Chamber, resolutions 23789-2020 and 20047-2021).
Upon hearing the action of unconstitutionality against that article 8 bis, the Constitutional Chamber in judgment 1594-2013, resolved: "The reason why the Legislator prohibits open-pit metallic mining is because there are technical reasons and information that show that this activity represents a risk to health and the environment, just as there are also technical reasons to maintain that this activity could be developed without affecting health and the environment. In any case, it corresponds to the legislator, within the framework of the Constitution, to promote, through legislation, an environmental policy and policy for the use of natural resources and the State. The challenged regulation responds to a protection of the environment and the configuration of a development model that the legislator deems more compatible with the environment, within the framework of the Constitution. (...) Consequently, the Chamber considers that, as these are the State's own assets, dedicated to the public domain, the legislator can validly opt for the prohibition of exploitation, especially if, as in the present case, the measure responds to a policy in accordance with the development and protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, contained in article 50 of the Constitution. Law 8904 is based on a constitutional public interest: the protection of the right to health and a healthy and ecologically balanced environment of the inhabitants." The Attorney General's Office has maintained that when a bill seeks a reduction in environmental protection (tutela ambiental), such as moving from a regime of absolute prohibition of open-pit mining to one that permits its exploitation, in this case in the district of Cutris, it must be kept in mind that constitutional jurisprudence has accepted the reduction of environmental protection provided that the principles of prevention, non-regression (no regresión), and objetivization of environmental protection are respected. Therefore, technical studies must be available that justify the initiative and can overcome any eventual discussion of constitutionality before the Constitutional Chamber, to be assessed by that Branch of the Republic. (Legal Opinions OJ-131-2020 and PGR-OJ-128-2022. In a similar sense: Legal Opinions PGR-OJ-097-2022 and PGR-OJ-089-2024).
The preventive principle "demands that, when there is certainty of possible damages to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon the fulfillment of certain requirements. In general, this principle applies when there are risks clearly defined and identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle indicates that, when there is a danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of cost-effective measures to prevent the degradation of the environment." (Constitutional Chamber, judgments 24807-2021, 17109-2023, and 13229-2024).
"In accordance with the principle of non-regression (principio de no regresividad), the regulations and jurisprudence on environmental matters should not be revised if this means retreating in relation to the level of protection already achieved in the matter. With this, the suppression of protectionist regulations or the reduction of their requirements for interests contrary to it that do not prove to be legally superior to the environmental public interest is avoided, since in most cases, these regressions in environmental protection result in irreversible or difficult-to-repair environmental damages. Thus, the already achieved environmental protection standards should not be affected, nor should current regulations be repealed or modified if this produces a decrease, impairment, or any other form of negative impact on the current level of environmental protection. In this matter, the path is forward, never backward." Regression in environmental protection violates the content of article 50 of the Constitution. (Constitutional Chamber, judgments 18836-2014 and 5616-2015).
However, the Chamber has recognized that such a criterion is not absolute. The principle of non-regression "does not imply absolute irreversibility because all States live through national situations, of an economic, political, social nature or due to natural causes, that negatively impact the achievements made up to that point and force a downward reassessment of the new level of protection. In those cases, the Right to the Constitution and the principles under examination oblige justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, for the reduction of protection levels." (Constitutional Chamber, judgments 17109-2023, 3227-2024, 3959-2024, 4807-2024, 10951-2024, and 13229-2024. The emphasis is not from the original). The principle of reasonableness, as a parameter of constitutionality, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that the rules dictated in this matter "be duly motivated by serious technical studies, even if no other legal regulation expressly established it." (Constitutional Chamber, judgments 13837-2020, 634-2021, 12817-2023, 17109-2023, and 3227-2024).
The principle of the objetivization of environmental protection (principio de la objetivación de la tutela ambiental) or the principle of linkage to science and technology (Ley 6227/1978, articles 16 and 160), "translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and general provisions – both legal and regulatory – from which the requirement of 'linkage to science and technology' is derived" (Constitutional Chamber, resolutions 21308-2020, 634-2021, 17783-2021, 12509-2022, 11233-2023, 16088-2023, 28275-2023, 3227-2024, 4807-2024, 6184-2024, 10951-2024, 24147-2024, 13229-2024, and 15693-2024). "It is understood that the requirement of 'linkage to science and technology' conditions the discretion not only of the Administration but also of the legislator himself." (Constitutional Chamber, judgments 13836-2020, 13837-2020, and 21308-2020). "It is evident that the principles of objetivization of environmental protection or linkage to science and technology, as well as the prohibition of arbitrariness, are mandatory observance for the Legislative Assembly in the processing of bills, since otherwise the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality would be violated." (Constitutional Chamber, judgments 13837-2020, 21308-2020, and 634-2021).
The timeliness and advisability of a bill such as the one consulted falls within the scope of the legislator's discretion. It also escapes our consultative competence to determine whether the environmental guarantees regulated by a bill of this type are sufficient or not to achieve a balance between mining exploitation and environmental protection. (Legal Opinion OJ-131-2020).
Continuing with the analysis of article 2 of the Project, it is recommended not to eliminate the requirement of prior approval (visto bueno) from the MAG for mining exploration permits in areas of agricultural suitability. This may conflict with the public interest encompassed by "state and private action for the management, conservation, and recovery of soils." (Law 7779, article 3).
The project, in its numeral 3, limits the expansion of concessions to 50% of the original area in certain cases. Although it establishes an expansion limit, it does not address the cumulative impact of multiple concessions in an ecologically sensitive area like Cutris, which forms part of a biological corridor and in accordance with the provisions of the Biodiversity Law, which requires protecting ecosystem connectivity (Art. 11).
Articles 5 through 7 regulate the pre-selection of national and international bidders, requiring experience, financial capacity, and environmental certifications. The pre-selection requirements prioritize economic aspects over environmental ones, which contradicts the principle of objetivization of environmental protection.
The Project does not justify the reason why the Governing Council, a non-technical body, will resolve the public mining auctions to grant exploitation concessions in Cutris and select the highest bid (articles 8 and 12), nor the disparity of procedures and requirements that would occur with that type of acts in the rest of the country, including the pre-selection of eventual concessionaires from the exploitation process and the annual royalty (royalty) payment to be made by the concessionaire to the State in the areas of the district of Cutris (addition to article 31 of the Mining Code). It is advisable to evaluate its appropriateness.
In its article 13, the project reforms numeral 8 bis of the Mining Code to exempt Cutris from the prohibition on open-pit mining, modifies article 26 of said Code to clarify that the exploration permit does not guarantee the concession, and adjusts other related articles. Open-pit mining involves the removal of plant cover (cobertura vegetal), discordant with article 19 of the Forestry Law, which prohibits land-use changes (cambios de uso de suelo) in forested areas. This is not resolved with the proposed reform.
In relation to the reforms to the articles of the Mining Code, the following changes are suggested:
In the case of article 14, the project adds provisions on the royalty (minimum 5% of gross sales) and regulates the public auction for Cutris. It is proposed to weigh the determination of the royalty as a decisive factor reinforcing economic primacy over environmental primacy, as well as the issue of environmental liability, since oversight mechanisms or financial guarantees to ensure compliance are not detailed, which weakens environmental protection.
The Project also does not explain the concurrence of essential requirements to hold the Central Administration (MINAE) responsible for recovering the zones affected by illegal mining (article 16), transferring to the State the obligation to repair environmental damages caused by third parties. In accordance with its recitals, "the environmental damage caused by artisanal mining excavations" is "on private farms located in the District of Cutris"; there are "nearly 24 farms affected by informal mining in the zone." IV.- CONCLUSION In the terms set forth, the consultation is hereby satisfied, and it is urged that the observations made be considered. The approval or not of a Bill, it is known, is the exclusive competence of that Branch of the Republic.
Sincerely,
Yannia Salas V. José J. Barahona V. Prosecutor Advisory Prosecutor JJBV/YSV/jqr
Opinión Jurídica : 102 - J del 25/06/2025 25 de junio de 2025 PGR-OJ-102-2025 Señora Licda. Ana Julia Araya Alfaro Jefa de Área Área de Comisiones Legislativas II [email protected] Maureen Chacón Segura Área de Comisiones Legislativas [email protected] Estimadas señoras:
Con aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta a su Oficio AL- CE23118-0098-2025, transmitido por correo electrónico, en el que, con instrucciones de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, nos consulta el proyecto denominado “Ley para regular la San Carlos, provincia de Alajuela, y reforma parcial al Código de Minería, Ley N° 6797 del 4 de octubre de 1982, expediente N° 24.717.
I.- ALCANCE DE ESTE PRONUNCIAMIENTO Al ser el ejercicio de la función legislativa insustituible por la Procuraduría a través de un dictamen de acatamiento obligatorio, el criterio acerca del proyecto consultado lo es como opinión jurídica, no vinculante, en afán de colaborar con ese Poder de la República en el desempeño de sus funciones.
Se reitera que el plazo de contestación establecido en el artículo 157 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Disciplina de la Asamblea Legislativa es aplicable a las consultas preceptivas que, conforme a la Constitución Política, deben formularse a ciertos órganos o entidades estatales, y no a las consultas.
II.- OBJETO DE LA PROPUESTA LEGAL El Proyecto de Ley N.º 16717, bajo el expediente legislativo N.º 24.717 y titulado "Reforma Parcial al Código de Minería, Ley N.º 6797 del 4 de octubre de 1982, para Regular la Exploración y autorizar, de manera geográficamente delimitada, la exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.
La exposición de motivos del proyecto fundamenta esta propuesta en la necesidad de recuperar el control estatal sobre una zona afectada por la explotación minera ilegal, por lo que, el proyecto busca ordenar la actividad minera, mitigar el daño ambiental, garantizar la seguridad ciudadana y captar beneficios económicos para el Estado, conforme al dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de los recursos minerales reconocido en el artículo 1 del Código de Minería.
En este sentido, los proponentes sostienen que la reforma es un imperativo para que el Estado costarricense retome el control de la zona, asegure que los beneficios económicos derivados del recurso minero, que es propiedad de la Nación, sean debidamente aprovechados por el país y no sustraídos ilícitamente.
No obstante, la iniciativa plantea una excepción al artículo 8 bis de dicho código, adicionado por la Ley N.º 8904 de 2010, que prohíbe la minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional, es decir, no busca regular una actividad permitida, sino revertir, para un área geográfica específica, una prohibición general.
III.- SOBRE EL PROYECTO DE LEY El proyecto de autorización de minería a cielo abierto, una actividad de alto impacto ambiental, menciona la necesidad de recuperación ambiental, pero no incluye diagnósticos específicos ni evidencia científica que demuestre que la minería a cielo abierto es viable sin causar daños graves, incumpliendo el principio de objetivación de la tutela ambiental (Sala Constitucional, voto 13837-2020).
Por Ley 8904/2010 se declaró a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, adicionó el artículo 8 bis al Código de Minería, Ley 6797/1982 y estableció que “no se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional”, excepto permisos de exploración con fines científicos y de investigación. También adicionó un inciso k al artículo 103 de ese Código e incluye, entre los factores que deterioran el ambiente, la “utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio en minería y el uso inadecuado de sustancias peligrosas, de conformidad con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud”.
En relación con el artículo 1° del Proyecto, se propone excluir de la exploración y explotación minera en el Distrito de Cutris las áreas que formen parte del Patrimonio Natural del Estado o comprendan humedales, en los que está prohibido realizar actividades “orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas”. (Ley Orgánica del Ambiente, artículos 40, 41 y 45) y “arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante”. (Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículo 28).
El Proyecto, artículo 2°, si bien prohíbe el uso de cualquier método de lixiviación abierto para recuperar el oro o cualquier otro metal, se podrán emplear “métodos de ciclo cerrado o cualquier otra tecnología aprobada por el Ministerio de Salud y Ministerio del Ambiente y Energía, sin precisar las expresiones “métodos de ciclo cerrado” y “cualquier tecnología aprobada”, a fin de que haya certeza sobre las prácticas que se autorizan en el primer caso y, en el segundo, los criterios técnicos orientadores de la aprobación, que eviten la contaminación ambiental. Esta vaguedad contraviene el principio de objetivación de la tutela ambiental y el Convenio de Minamata, que exige regulaciones precisas para evitar la contaminación por mercurio.
En la Opinión Jurídica PGR-OJ-128-2022 se dijo que la legitimidad constitucional de un proyecto de ley acerca de la autorización del uso de cianuro en plantas de procesamiento de minerales dependerá de que haya o no una justificación técnica que respalde que ello no generará afectaciones al ambiente o a la salud.
Costa Rica es parte en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, aprobado por Ley 9391/2017, para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. En su parte considerativa, reconoce que “el mercurio es un producto químico de preocupación mundial debido a su transporte a larga distancia en la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente tras su introducción antropógena, su capacidad de bioacumulación en los ecosistemas y sus importantes efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente” (Sobre ese Convenio: Sala Constitucional, resoluciones Sala Constitucional resoluciones 23789-2020 y 20047-2021).
Al conocer de la acción de inconstitucionalidad contra ese artículo 8 bis, la Sala Constitucional en la sentencia 1594-2013, resolvió: “La razón por la cual el Legislador prohíbe la minería metálica a cielo abierto, es porque hay razones técnicas e información que evidencian que esta actividad representa un riesgo para la salud y el medio ambiente, así como también hay razones técnicas para sostener que esta actividad se podría desarrollar sin afectar la salud y el medio ambiente. En todo caso, corresponde al legislador, dentro del marco de la Constitución impulsar, a través de la legislación, una política ambiental y de utilización de los recursos naturales y del Estado. La normativa impugnada responde a una protección del ambiente y a la configuración de un modelo de desarrollo que el legislador estima más compatible con el ambiente, dentro del marco de la Constitución. (…) En consecuencia, estima la Sala que, tratándose de los propios bienes del Estado, afectos al dominio público, el legislador puede optar válidamente por la prohibición de explotación, máxime si, como en el presente caso, la medida responde a una política acorde al desarrollo y protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50 constitucional. La Ley 8904 se funda en un interés público constitucional: la protección del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes”.
La Procuraduría ha sostenido que cuando un proyecto de ley pretende una disminución de la tutela ambiental, como es pasar de un régimen de prohibición absoluta de minería a cielo abierto, a uno permisivo de su explotación, en este caso en el distrito de Cutris, se debe tener presente que la jurisprudencia constitucional ha aceptado la reducción de la protección ambiental siempre que se respeten los principios preventivo, de no regresión y de objetivación de la tutela ambiental, por lo que se ha de contar con estudios técnicos que justifiquen la iniciativa y puedan superar la eventual discusión de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, a valorar por ese Poder de la República. (Opiniones Jurídicas OJ-131-2020 y PGR-OJ-128-2022. En similar sentido: Opiniones Jurídicas PGR-OJ-097-2022 y PGR-OJ-089-2024).
El principio preventivo “demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. (Sala Constitucional, sentencias 24807-2021, 17109-2023 y 13229-2024).
“De conformidad con el principio de no regresividad, la normativa y la jurisprudencia en materia ambiental, no debe ser revisada, si con ello se retrocede en relación con el nivel de protección que ya se había alcanzado en la materia. Con esto, se evita la supresión de la normativa proteccionista o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios a ella que no demuestren ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, pues en la mayoría de las veces, esas regresiones en la protección al ambiente, tienen como consecuencia daños ambientales irreversibles o de difícil reparación. De modo tal, que no se ha de afectar los estándares de protección ambiental ya alcanzados, ni derogar o modificar la normativa vigente si con ello se produce una disminución, menoscabo o cualquier otra forma de afectación negativa al nivel actual de protección del ambiente. En esta materia, el camino es hacia adelante, nunca hacia atrás”. La regresión en la protección en materia medio ambiental viola el contenido del artículo 50 constitucional. (Sala Constitucional, sentencias 18836-2014 y 5616-2015).
Sin embargo, la Sala ha reconocido que tal criterio no es absoluto. El principio de no regresión “no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección”. (Sala Constitucional, sentencias 17109-2023, 3227-2024, 3959-2024, 4807-2024, 10951-2024 y 13229-2024. El énfasis no es del original). El principio de razonabilidad, como parámetro de constitucionalidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente obliga a que las normas que de dicten en esta materia “estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aun cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera 3227-2024).
El principio de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica (Ley 6227/1978, artículos 16 y 160), “se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica" (Sala Constitucional, resoluciones 21308-2020, 634-2021, 17783-2021, 12509-2022, 11233-2023, 16088-2023, 28275-2023, 3227-2024, 4807-2024, 6184-2024, 10951-2024, 24147-2024, 13229-2024 y 15693-2024). “Se entiende que la exigencia de la “vinculación a la ciencia y a la técnica” condiciona la discrecionalidad no sólo de la Administración, sino del propio legislador”. (Sala Constitucional, sentencias 13836-2020, 13837-2020, y 21308-2020). “Resulta evidente que los principios de objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica, así como el de interdicción de la arbitrariedad, son de observancia obligatoria para la Asamblea Legislativa en la tramitación de los proyectos de ley, pues de lo contrario se violentaría el principio de la razonabilidad como parámetro de constitucionalidad”. (Sala Constitucional, sentencias 13837-2020, 21308-2020 y 634-2021).
La oportunidad y conveniencia de un proyecto de ley como el consultado se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador. También escapa de nuestra competencia consultiva determinar si las garantías ambientales que regule un proyecto de ley de ese género son suficientes o no para lograr el equilibrio entre la explotación minera y la protección ambiental. (Opinión Jurídica OJ-131-2020).
Siguiendo con el análisis del artículo 2 del Proyecto, se recomienda no eliminar el requisito de visto bueno previo del MAG para los permisos de exploración minera en áreas de aptitud agrícola. Puede reñir con el interés público que reviste “la acción estatal y privada para el manejo, la conservación y recuperación de suelos”. (Ley 7779, artículo 3°).
El proyecto en su numeral 3 limita la ampliación de concesiones al 50% del área original en ciertos casos. Aunque establece un límite de ampliación, no aborda el impacto acumulado de múltiples concesiones en una zona ecológicamente sensible como Cutris, que forma parte de un corredor biológico y de conformidad a lo prescrito por la Ley de Biodiversidad, que exige proteger la conectividad ecosistémica (Art. 11).
Los artículos del 5 al 7 regulan la preselección de oferentes nacionales e internacionales, exigiendo experiencia, capacidad financiera y certificaciones ambientales. Los requisitos de preselección priorizan aspectos económicos sobre los ambientales, lo que contradice el principio de objetivación de la tutela ambiental.
El Proyecto no justifica la razón por el que el Consejo de Gobierno, órgano no técnico, resolverá las subastas públicas mineras para otorgar concesiones de explotación en Cutris, y selecciona la oferta mayor (artículos 8 y 12), ni la disparidad de trámites y requisitos que se daría con ese tipo de actos en el resto del país, incluida la preselección de eventuales concesionarios del proceso de distrito de Cutris (adición al artículo 31 del Código de Minería). Se aconseja evaluar su conveniencia.
En su artículo 13, el proyecto reforma el numeral 8 bis del Código de Minería para exceptuar a Cutris de la prohibición de minería a cielo abierto, modifica el artículo 26 de dicho Código, para aclarar que el permiso de exploración no garantiza la concesión, y ajusta otros artículos relacionados. La minería a cielo abierto implica la remoción de cobertura vegetal, discordante con el artículo 19 de la Ley Forestal, que prohíbe cambios de uso de suelo en áreas boscosas. Esto no se resuelve con la reforma propuesta.
En relación con las reformas a los artículos del Código de Minería, se sugieren los siguientes cambios:
En el caso del artículo 14, el proyecto agrega disposiciones sobre la regalía (mínimo 5% de ventas brutas) y regula la subasta pública para Cutris. Se propone ponderar la determinación de la regalía como factor decisivo refuerza la primacía económica sobre la ambiental, así como el tema de la responsabilidad ambiental, ya que no se detallan mecanismos de fiscalización ni garantías financieras para asegurar el cumplimiento, lo que debilita la protección ambiental.
Tampoco se explica en el Proyecto la concurrencia de requisitos esenciales para responsabilizar a la Administración Central (MINAE) de recuperar las zonas afectadas por la minería ilegal (artículo 16), trasladando al Estado la obligación de reparar daños ambientales ocasionados por terceros. Acorde con su parte considerativa, “el daño ambiental provocado por las excavaciones artesanales mineras” está “en fincas privadas ubicadas en el Distrito de Cutris”; hay “cerca de 24 fincas afectadas por la minería informal en la zona”.
IV.- CONCLUSIÓN En los términos expuestos, se deja evacuada la consulta, se insta a considerar las observaciones hechas. La aprobación o no de un Proyecto de Ley, se sabe, es competencia exclusiva de ese Poder de la República.
Atentamente,
Yannia Salas V. José J. Barahona V.
Procuradora Procurador Asesor JJBV/YSV/jqr
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