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Res. 00469-2009 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 26/06/2009

Constitutionality review of Art. 7 of Possessory Information Law vs. Forestry LawConsulta de constitucionalidad sobre Art. 7 de Informaciones Posesorias frente a Ley Forestal

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OutcomeResultado

Judicial Constitutionality ConsultationConsulta Judicial de Constitucionalidad

The Agrarian Court refers a consultation to the Constitutional Chamber to determine whether the second paragraph of Article 7 of the Possessory Information Law, which allows titling forested areas outside protected areas, is unconstitutional because it conflicts with Articles 13 and 14 of the Forestry Law declaring forests as public domain of the State's Natural Patrimony, violating Article 50 of the Constitution.El Tribunal Agrario eleva consulta a la Sala Constitucional para que determine si el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que permite titular áreas boscosas fuera de áreas protegidas, es inconstitucional por contradecir los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal que declaran los bosques como bienes demaniales del Patrimonio Natural del Estado, vulnerando el artículo 50 constitucional.

SummaryResumen

Before ruling on an appeal, the Agrarian Court submits a judicial constitutionality consultation to the Constitutional Chamber. The underlying case involves possessory titling of a 20.8-hectare plot covered with primary forest outside protected areas. The lower court denied titling, holding such forests belong to the State's Natural Patrimony (public domain, unseizable and inalienable under Arts. 13-14 Forestry Law 7575 and Art. 11 Land and Colonization Law). The Agrarian Court detects potential unconstitutionality in the second paragraph of Art. 7 of the Possessory Information Law, which allows titling forested land outside protected areas, contradicting the forest demaniality regime and possibly violating the right to a healthy and ecologically balanced environment (Art. 50 Constitution). It stays proceedings and forwards the file for the Chamber to decide the constitutionality.El Tribunal Agrario, antes de resolver una apelación, eleva consulta judicial de constitucionalidad a la Sala Constitucional. El caso subyacente trata de la titulación posesoria de un terreno de 20.8 hectáreas cubierto de bosque primario fuera de áreas silvestres protegidas. El tribunal de instancia rechazó la titulación al considerar esos bosques parte del Patrimonio Natural del Estado (bienes demaniales, inembargables e inalienables según artículos 13 y 14 de Ley Forestal 7575 y 11 de Ley de Tierras y Colonización). El Tribunal Agrario identifica una posible inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que permite titular fincas con bosque fuera de áreas protegidas, lo que a su juicio contradice el régimen demanial forestal y podría vulnerar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art. 50 Constitución Política). Suspende el proceso y remite el expediente para que la Sala decida la constitucionalidad de las normas.

Key excerptExtracto clave

Based on all the foregoing, the Court is faced with the dilemma in this particular case of applying section 7 of the Possessory Information Law, which allows titling of forested areas, or the Forestry Law in sections 13, 14 and 15, and section 11 of the Land and Colonization Law, which declares them public domain as part of the national reserves that make up the State’s Natural Patrimony. A supervening unconstitutionality could potentially arise given the State's obligation to protect forest and environmental resources as provided by Article 50, embodied in third‑generation human rights; therefore the case is sent to the Constitutional Chamber for it to determine the constitutionality of the provisions set forth.Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal se encuentra ante la disyuntiva en este caso particular de aplicar el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de áreas boscosas o la Ley Forestal en sus ordinales 13, 14 y 15, y el ordinal 11 de la Ley de Tierras y Colonización que los declara demanio público al ser parte de las reservas nacionales que integran el Patrimonio Natural del Estado. Eventualmente podría darse una inconstitucionalidad sobrevenida ante la obligación del Estado en la tutela del recurso bosque y ambiente conforme lo prevé el artículo 50, contemplado en los derechos humanos de la tercera generación, por lo que se envía a la Sala Constitucional a fin de que se sirva determinar la constitucionalidad de las normas expuestas.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reinvindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria."

    "Forest lands and forests that make up the natural patrimony of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private parties shall not create any right in their favor and the State's action to recover these lands is imprescriptible. Consequently, they may not be registered in the Public Registry through possessory information."

    Considerando II (citando Arts. 13 y 14 Ley Forestal 7575)

  • "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reinvindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria."

    Considerando II (citando Arts. 13 y 14 Ley Forestal 7575)

  • "La normativa que regula el recurso 'Bosque', lo es la Ley Forestal y no la Ley de Informaciones Posesorias, la cual se convierte en una ley de carácter general que viene a regular la titulación de inmuebles sin inscribir. Desde esta perspectiva tenemos también que entra en juego el principio de especialidad de normas."

    "The legislation governing the 'Forest' resource is the Forestry Law, not the Possessory Information Law, which is a general law that regulates the titling of unregistered real estate. From this perspective, the principle of specificity of norms also comes into play."

    Considerando IV

  • "La normativa que regula el recurso 'Bosque', lo es la Ley Forestal y no la Ley de Informaciones Posesorias, la cual se convierte en una ley de carácter general que viene a regular la titulación de inmuebles sin inscribir. Desde esta perspectiva tenemos también que entra en juego el principio de especialidad de normas."

    Considerando IV

  • "Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado."

    "When possession of a public domain good is disputed, such discussion is only appropriate if the right was acquired before the good was declared public domain. Likewise, property rights in such cases may only be obtained if the claimant has proven decennial possession, exercised at least ten years before the effective date of the law declaring the object as State's Natural Patrimony."

    Considerando III

  • "Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado."

    Considerando III

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Sections

Procedural marks

VOTO N° 0469-F-09 VOTO N° 0469-F-09 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, at fourteen hours thirty minutes on the twenty-sixth of June, two thousand nine.- Judicial Consultation on Constitutionality filed by this Tribunal before the Sala Constitucional, within the possessory information proceeding (Proceso de Información Posesoria) brought by [Nombre1], whose personal details are known from the record, and processed before the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Attorney Jorge López Chaves acts as Special Judicial Counsel for the applicant for title. The Instituto de Desarrollo Agrario, represented by [Nombre2], and the State, represented by Deputy Attorney General Víctor Bulgarelli Céspedes, were made parties to the proceeding.- Opinion drafted by Judge Darcia Carranza; and,

WHEREAS:

I.This proceeding concerns the granting of title (titulación), through the procedure established in the Ley de Informaciones Posesorias, to a parcel of land located in [Dirección1] (Los Angeles), [Dirección2] (San Ramón), Province of Alajuela, measuring twenty hectares eight thousand nine hundred ninety-six square meters and ten square centimeters, which, as stated when the proceeding commenced in two thousand one, was covered by virgin forest and which, according to certificates in the record issued by the Oficina de Atención al Usuario del Sistema de Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Ministerio del Ambiente y Energía, now the Ministerio de Ambiente y Energía y Telecomunicaciones, lies entirely OUTSIDE ANY PROTECTED WILDLIFE AREA. The trial judge denied the application for title based on the same criteria established by this Tribunal in decision Nº 1021- F-05 at 16:15 hours on 7 de diciembre de 2005, which will be transcribed below, upon finding that the land was primary forest and that this type of real property constituted the State’s forest and natural patrimony (patrimonio forestal y natural del Estado), which cannot be privately appropriated because it is public-domain property (bienes demaniales), relying on Article 11 of the Ley de Tierras y Colonización, Articles 32 and 33 of Ley Forestal 4465 de 25 de noviembre de 1969, Ley Forestal Nº 7032 de 7 de abril de 1986, Ley Forestal Nº 7174 del 28 de junio de 1990, and Articles 13 and 14 of Ley Forestal Nº 7575 del 5 de febrero de 1996.

Pursuant to Article 102 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, this Tribunal considers that, before ruling on the Appeal (Folio 198) filed by the applicants for title against first-instance judgment Nº 23-2008, issued at nine hours sixteen minutes on dieciséis de junio del dos mil ocho (Folio 186), the Sala Constitucional must be consulted regarding the constitutionality of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias insofar as it permits title to be granted over property subject to the public domain (demanio público), such as the “Forests of the National Reserves,” which violates Article 50 of the Constitución Política concerning the right to a healthy and ecologically balanced environment.

II.It is important to recall the provisions of the Ley de Tierras y Colonización, number 2825 de catorce de octubre de 1961, Article 11 of which provides, insofar as relevant: “…Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves (reservas nacionales): a) All lands within the boundaries of the Republic that are not registered as private property or as property of the Municipalities or Autonomous Institutions; b) Those not protected by ten-year possession (posesión decenal);…”. In support of the foregoing, it is necessary to analyze what the first Ley Forestal, number 4465 de 25 de noviembre de 1969, stated regarding forest property (propiedad forestal). Articles 32 and 33 provided as follows: “Article 32.- The State forest patrimony (patrimonio forestal del Estado) consists of all forests and forest lands within the national reserves, areas declared inalienable, properties registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other agencies of the Public Administration….” “Article 33.- The forest lands and forests constituting the State forest patrimony, as specified in the preceding article, shall be immune from attachment and inalienable; possession thereof by private persons shall confer no right in their favor, and the State’s action to recover title (acción reivindicatoria) to such lands shall not be subject to any statute of limitations.

Consequently, they may not be registered in the Public Registry through possessory information proceedings; their invasion and occupation shall be punished in accordance with this law.” (emphasis added by the author). Based on the foregoing, the first forest law classified forested areas and lands suitable for forestry (terrenos de aptitud forestal) within the National Reserves as public-domain property by designating them as immune from attachment, inalienable, and not subject to prescription, and therefore not subject to private appropriation, as far back as nineteen sixty-nine. This is confirmed by Article 8 of the regulations to that law, which states: “National lands located within areas declared Forest Reserves are inalienable; that is, they may not leave State ownership, and possession thereof shall confer no right of any kind, pursuant to Articles 25, 49, and 57 of the Ley Forestal.”- Article 80 of the aforementioned repealed Ley Forestal stated: “The invasion and occupation of land in National Parks, Forest Reserves, and Protective Zones is prohibited.

This prohibition extends to National Reserves until their classification and transfer have been determined...” Article 6 of the same law provided: “Any person who: a-) Exploits a forest belonging to the State forest patrimony without the corresponding legal authorization... b-) Invades a National Park, Biological Reserve, Protective Zone, or Forest Reserve... shall be punished by imprisonment for six months to two years or a fine of fifteen to one hundred days. If the invasion occurs in National Reserves, it shall be subject to Article 227 of the Código Penal.-” As may be seen, acts of possession (actos posesorios) carried out in a forest belonging to the State forest patrimony are unlawful and therefore cannot confer any right of possession.-

The law in question, 4465, regulated, throughout its provisions and in addition to the matters stated above, the harvesting and use of all forests in the country, both private and State-owned; therefore, the State forest estate (patrimonio forestal del Estado) includes the entire national territory (Articles 4 and 32 through 42), which in turn may be subdivided into three areas: A) the area covered by the forestry regime (régimen forestal) (Articles l, 2, 7, 47 through 54, and 66 through 81); B) forest harvesting (aprovechamientos forestales) on privately owned land (Articles 43 through 46, 60 through 65, and 82 through 91); and C) national reserves (reservas nacionales) (Articles 32 et seq.). The forestry regime—for its part, consisting of the body of legal, economic, and technical provisions intended to give effect to the conservation, protection, and rational harvesting of forests and forestlands (terrenos forestales) (Article 7)—also has three subareas: A) protected zones (zonas protectoras); B) national parks, forest reserves, and biological reserves; and C) forests and forestlands. assigns to the Land and Colonies Section of the Rural Credit, Lands and Colonies Department of Banco de Costa Rica; it was subsequently transferred to Instituto de Tierras y Colonización, and when Ley Forestal Nº 4465 entered into force, the administration of the State forest estate was entrusted to Dirección General Forestal, created within Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Today, Dirección General Forestal forms part of Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (Articles 9 through 16). All lands regarded as national reserves are immediately dedicated to the purposes of forestry regulations (Article 32). On those lands, the State may create—by law or Decreto Ejecutivo—forest reserves, protected zones, national parks, wildlife refuges, and biological reserves, thereby constituting the forest estate (Article 35). Legislative authorization is required for them to be settled or conveyed (Article 40), and even if they are possessed by third parties, those parties acquire no rights, and the State’s right to recover possession (reivindicar) is not subject to a limitation period (imprescriptible) (Article 33). National reserves are governed by detailed regulations in the Chapter entitled “Harvesting of Forest Resources on State-Owned Land and Land Belonging to Other Public Administrative Bodies.” Such harvesting in national reserves may be carried out only under concessions (concesiones) granted by Dirección General Forestal (Articles 55 and 56).

Tender proceedings (licitaciones) shall be conducted in accordance with technical forest management plans (planes técnicos de manejo forestal), subject to the tender specifications (cartel) prepared by Dirección General Forestal (Article 55(a)), and concessionaires shall provide sufficient security (Article 56). No person may obtain concessions over the forest estate in quantities exceeding the raw-material requirements that the person demonstrates. Authorizations obtained directly or through intermediaries in violation of the foregoing are null and void (Article 59). Diametrically opposed to the status of national reserves is that of private property, referred to in the law under the heading “Harvesting of Forest Resources on Privately Owned Land.” For reasons of social interest, such lands form part of the State forest estate. This is so because private parties—operating under any system, whether an agricultural or livestock enterprise, for subdivision (parcelación) or settlement (colonización), and whether Costa Rican or foreign—whose work plans include forest exploitation or the removal of forest, in any form, must necessarily obtain the express approval of Dirección General Forestal, under the terms of the Ley Forestal and its regulations (Article 60).

Accordingly, the State forest estate applies to all property throughout the nation on which natural forest resources exist. To exploit their own timber resources, private parties must prepare technical forestry plans, and Dirección General Forestal shall grant them long-term concessions (Article 6l). The foregoing entails voluntary submission to the forestry regime. This is a legal presumption (presunción legal), since it is the only alternative available to a private party, who is prohibited from felling trees or harvesting or exploiting forest products on that party’s own property without prior authorization from Dirección General Forestal (Articles 63 and 65). For these purposes, the State provides a series of incentives for the management and regulation of privately owned forests and forestlands, particularly through Certificados de Abono Forestal (Articles 82 through 86) and other tax incentives (Article 87).

Because Dirección General Forestal must have trained personnel and forest rangers and maintains relations with the authorities, it shall provide owners with all necessary assistance to keep their lands free from encroachments and occupants (Article 67). There are also forests and lands suitable for forestry (terrenos de aptitud forestal). Whether State-owned or held in private ownership, they are subject to the purposes of the Law. They are deemed to serve a public purpose (utilidad pública) and are therefore subject to expropriation, except for those voluntarily submitted to the forestry regime on which afforestation, reforestation, and natural-forest management projects are carried out efficiently (Articles 1 and 4). Forests are “all plant associations composed predominantly of trees and other woody vegetation” (Article 6). Lands suitable for forestry shall be those so declared by Dirección General Forestal in accordance with the official land-classification methodology (Article 5).

Within this framework, the forest management plan establishes the technical standards governing activities carried out in a forest or on lands suitable for forestry, for the purpose of conserving, developing, and improving the tree vegetation existing or intended to be established there. It is based on the principle of rational use of renewable natural resources (Article 8). The forests and lands suitable for forestry that make up both public and private forest areas are subject to the respective management plan. The objective is to permit their conservation and development in accordance with economic and silvicultural principles (Articles 47 and 48).

Subsequently, the next Ley Forestal, No. 7032 of 7 de abril de 1986, included provisions concerning the State forest estate and established the same rules as the law transcribed above, under the same article numbers. That later legislation was declared unconstitutional, thereby restoring the validity of Ley 4465, mentioned above. In mil novecientos noventa, a new Ley Forestal was enacted as No. 7174 del 28 de junio de 1990, which once again enshrined the public-domain status (demanialidad) of forested lands and forestlands within the national reserves. The law in question remained in force until cinco de febrero de 1996, the date on which the current Ley Forestal número 7575 was enacted. This legislation once again establishes the public-domain status of forested areas and lands suitable for forestry within the national reserves, stating, insofar as relevant here, in Article 13: “… The State natural estate (Patrimonio natural del Estado) shall consist of the forests and forestlands of the national reserves …”.

Likewise, Article 14 of that body of law states: “…The forestlands and forests constituting the State natural estate, as specified in the preceding article, shall be immune from attachment (inembargables) and inalienable (inalienables); their possession by private parties shall create no rights in their favor, and the State’s action to recover such lands (acción reinvindicatoria) shall not be subject to a limitation period. Consequently, they may not be recorded in the Public Registry through possessory information proceedings (información posesoria), and both their invasion and occupation shall be punished in accordance with this law…”. Furthermore, Article 58 of the current Ley Forestal also defines as a criminal offense the invasion of forest areas or lands subject to the forestry regime, regardless of the area occupied. The law itself subjects them to that regime by classifying the areas of the national reserves as part of the State Natural Estate, as stated above.

III.Accordingly, based on the foregoing analysis of the applicable legislation, it is clear that there is a special regime applicable to forest resources, which gave rise to forest property upon the law’s entry into force. From the foregoing, there can be no doubt that national reserves are subject by law to this forest-property regime, because they belong to the State and, as analyzed above, forested lands and lands suited for forestry have not ceased to be designated as public-domain property under the various forestry laws that have remained in force over time and through the present day. When possession of public-domain property (bien demanial) is disputed, such a dispute may arise only where the right was acquired before the property was declared to be within the public domain. Likewise, in such cases, the right of ownership may be obtained only where the holder has demonstrated ten-year possession (posesión decenal), exercised beginning at least ten years before the effective date of the law declaring the property to be part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado).

It is important to note that the Sala Constitucional has emphatically required judges to determine the point at which property became subject to the public domain (demanio público).- In this regard, in Voto N° 4587 of 15:45 on August 5, 1997, in which it analyzed the constitutionality of the cited Article 7, the Sala Constitucional held that, in order to obtain title to lands located in the protected zones identified therein, the interested party was required to demonstrate possession for ten years before the respective Decree entered into force. In essence, the Sala stated on that occasion: “… given the nature of the property to which title is sought (public property), the period of possession sufficient for acquisitive prescription (usucapión) must run before the property becomes subject to the public domain. In other words, the declaration of a protected wildlife area (área silvestre protegida) prevents possession occurring after such designation from being counted and precludes satisfaction of the requirements for acquisitive prescription if the right had not been acquired by that time—that is, if the ten years of possession sufficient for acquisitive prescription under the conditions established by law had not elapsed… it is important to summarize the basic principles applied in legal scholarship and case law concerning these matters, which require the judge—with respect to the challenged provision—to determine in each case the specific type of possessory act exercised on the property—which becomes part of the protected wildlife area—to which title is sought.

This is intended to provide the judge with broader criteria—not limited to the effective date of the law or executive decree defining the boundaries of a particular protected wildlife area—for determining more precisely when such property became inalienable and not subject to prescription, for purposes of determining whether possession for purposes of acquisitive prescription (posesión ad usucapionem) was exercised over it during the ten years before it acquired that status. This broader perspective favors the protection of the Nation’s environmental heritage and means that, when title is sought—through the possessory-information proceeding (procedimiento de informaciones posesorias)—to land located within a protected wildlife area, the dispute is not reduced to merely calculating how long the claimant has occupied the property in relation to the date on which it was declared a protected wildlife area, because, on the one hand, in order to establish possession for purposes of acquisitive prescription during the period established in Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the elements contemplated by each specific type of possession must be considered; and, on the other hand, consideration must be given to the possible existence of earlier provisions that declared such lands inalienable even before they were specifically designated as part of the public domain….”

IV.Furthermore, Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias provides, insofar as relevant: “Article 7.- When the property addressed by the possessory-information proceeding is located within a protected wildlife area, regardless of its management category, the applicant for title (titulante) must demonstrate that the applicant holds the legal rights arising from ten-year possession, exercised beginning at least ten years before the effective date of the law or decree creating that protected wildlife area. Properties located outside such areas that contain forests may be titled only if the petitioner (promoviente) demonstrates that the petitioner holds the legal rights arising from ten-year possession, exercised for at least ten years, and has protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly bounded and enclosed by fences or cleared boundary paths….” The foregoing provision permits the titling of forested areas located outside protected wildlife areas, which conflicts with the previously cited legislation.

In other words, mutually contradictory provisions exist: on the one hand, the Ley Forestal, which declares the State Natural Heritage to be part of the public domain, including the forests and lands suited for forestry within the National Reserves; and, on the other hand, the Ley de Informaciones Posesorias, which would permit title to be granted to property that remains subject to the public domain. It should also be noted that the legislation governing the “Forest” resource is the Ley Forestal, not the Ley de Informaciones Posesorias, which is a general law governing the titling of unregistered real property. From this perspective, the principle that specific provisions prevail over general provisions (principio de especialidad de normas) also comes into play.

V.Recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment marks a milestone in the country’s environmental history. It contains guidelines of the highest axiological significance, whose development is not exclusively national. On the contrary, it forms part of a universal movement whose result has been to establish the right to a healthy and ecologically balanced environment as a true human right. It is classified among the so-called third-generation rights: a step beyond the classic civil or political human rights (first-generation rights) and economic, social, and cultural rights (second-generation rights). This has provided a basis for formulating a new legal classification: Environmental Law (Derecho Ecológico). Today, it has a clearly defined subject matter in natural resources, and a body of sources characterized by coherence and completeness. To mention only two foundational documents promoted by the United Nations in which Costa Rica participated, emphasis must be placed on the “Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment,” held in Stockholm in June l972, and the “Declaration on the Right to Development,” adopted by the General Assembly in its Resolution 41-128 of December 4, l986.

The former, beginning from the premise that “man is both creature and moulder of his environment, which gives him physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, social and spiritual growth,” establishes, among others, the following fundamental principles: “The natural resources of the Earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management…. The capacity of the Earth to produce vital renewable resources must be maintained and, wherever practicable, restored or improved…. Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its habitat, which are now gravely imperiled by a combination of adverse factors. Nature conservation, including wildlife, must therefore receive importance in planning for economic development….

The non-renewable resources of the Earth must be employed in such a way as to guard against the danger of their future exhaustion and to ensure that benefits from such employment are shared by all mankind…. Resources should be made available to preserve and improve the environment, taking into account the circumstances…. In order to achieve a more rational management of resources and thus improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve the human environment for the benefit of their population…. All countries, big or small, must address international issues concerning the protection and improvement of the environment in a cooperative spirit and on an equal footing….” The “Declaration on the Right to Development,” for its part, proclaims: “The human right to development also implies the full realization of the right of peoples to self-determination, which includes, subject to the relevant provisions of both International Covenants on Human Rights, the exercise of their inalienable right to full sovereignty over all their natural wealth and resources….”

VI.It is important to mention Voto Nº 16975-2008 of 14:53 on November 12, 2008, issued by the Sala Constitucional, which refers to the State Natural Heritage and its designation as part of the public domain: “… IV.- The Sala considers that the challenged decree is unconstitutional in its entirety because it violates Article 50 of the Constitución Política, which recognizes the right to a healthy and ecologically balanced environment. Indeed, as emphasized in the report of the Procuraduría General de la República, the State Natural Heritage is public-domain property whose conservation and administration are entrusted by law to the Ministerio del Ambiente y Energía through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a and 13 pfo.2°, and 14; Ley Orgánica del Ambiente, Article 32, pfo. 2°). It consists of two important components: a) Protected Wildlife Areas, regardless of their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protected zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° subsection i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, Article 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 et seq. and 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, Article 3° subsections d and f, in conjunction with Ley Orgánica del MINAE N° 7152 and its Regulations; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, Article 82, subsection a). b) The other forests and forest lands or lands suited for forestry belonging to the State and public institutions (Article 13 of the Ley Forestal), which are immediately designated by law.

With respect to the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), Ley 6043 itself (Article 73) excludes Protected Wildlife Areas from its scope and subjects them to their own legislation. The remaining forested areas and lands suited for forestry along the coasts are also administered by the Ministerio del Ambiente and governed by their specific legislation (Ley Forestal, Article 13 and related provisions).” In this decision, the Sala Cosntitucional recognizes the public-domain status of forests because they belong to the State Natural Heritage.

VII.Consequently, forestry regulations establish, for all cases and throughout the national territory—and not merely for some—a special legal regime applicable to all forest resources (recursos forestales), from which forest ownership (propiedad forestal) arises. National reserves (reservas nacionales) are subject by operation of law to that regime because, as they belong to the State, the legislative intent requires no additional condition; expropriation is appropriate only when private property is designated to establish national parks, forest or biological reserves, forests, or forest lands. Based on all the foregoing, in this particular case the Court faces the choice of applying section 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which permits the granting of title (titulación) to forested areas, or sections 13, 14, and 15 of the Ley Forestal and section 11 of the Ley de Tierras y Colonización, which declare them to be part of the public domain (demanio público) because they form part of the national reserves comprising the Patrimonio Natural del Estado.

A supervening unconstitutionality (inconstitucionalidad sobrevenida) could potentially arise in light of the State’s obligation to protect forest resources and the environment, as provided in Article 50, encompassed within third-generation human rights; the matter is therefore referred to the Sala Constitucional so that it may determine the constitutionality of the aforementioned provisions. The parties shall be summoned for a period of three days, upon the expiration of which these proceedings shall be stayed and the case file referred to the Chamber for such decision as it deems appropriate. The parties shall designate a means for receiving service of notices (notificaciones), with the warning that failure to comply will result in automatic service.-

POR TANTO:

A judicial consultation on constitutionality (consulta judicial de constitucionalidad) is hereby submitted to the Sala Constitucional regarding the second paragraph of section 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which permits the granting of title to areas covered by forests, or sections 13, 14, and 15 of the Ley Forestal and section 11 of the Ley de Tierras y Colonización, which declare them to be part of the public domain because they form part of the national reserves comprising the Patrimonio Natural del Estado. A supervening unconstitutionality could potentially arise in light of the State’s obligation to protect forest resources and the environment, as provided in Article 50, encompassed within third-generation human rights; the matter is therefore referred to the Sala Constitucional so that it may determine the constitutionality of the aforementioned provisions. The parties shall be summoned for a period of three days, upon the expiration of which these proceedings shall be stayed and the case file referred to the Chamber for such decision as it deems appropriate. The parties shall designate a means for receiving service of notices, with the warning that failure to comply will result in automatic service.- ANTONIO DARCIA CARRANZA ENRIQUE ULATE CHACÓN JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING TITLEHOLDER: [Nombre1] C.B.M

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VOTO N° 0469-F-09 VOTO N° 0469-F-09 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del veintiséis de junio del dos mil nueve.- Consulta Judicial de Constitucionalidad planteada por este Tribunal ante la Sala Constitucional, dentro del Proceso de Información Posesoria planteada por [Nombre1] , de calidades conocidas en autos, tramitado en el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Actúan como Apoderada Especial Judicial del titulante, el licenciado Jorge López Chaves. En el proceso se tuvo como parte al Instituto de Desarrollo Agrario, representado por [Nombre2] y al Estado representado por el Procurador Adjunto Licenciado Víctor Bulgarelli Céspedes.- Redacta el juez Darcia Carranza; y,

CONSIDERANDO:

I.Este proceso trata de la titulación mediante el trámite establecido en la Ley de Informaciones Posesorias de un terreno localizado en [Dirección1] (Los Angeles), [Dirección2] (San Ramón) de la Provincia de Alajuela, con una extensión de veinte hectáreas ocho mil novecientos noventa y seis metros con diez cuadrados, el cual se indicó, cuando inicia el trámite en el año dos mil uno, se encontraba cubierto de montaña virgen y según certificaciones constantes en autos de la Oficina de Atención al Usuario del Sistema de Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Ministerio del Ambiente y Energía, actual Ministerio de Ambiente y Energía y Telecomunicaciones, se encuentra en su totalidad FUERA DE CUALQUIER AREA SILVESTRE PROTEGIDA. La juzgadora de instancia rechazó la titulación con base en los mismos criterios establecidos por este Tribunal en el voto Nº 1021- F-05 de las 16:15 horas del 7 de diciembre de 2005, que en adelante se transcribirá, al estimar, tratarse de un bosque primario y considerarse este tipo de inmuebles, como patrimonio forestal y natural del Estado, que no es susceptible de apropiación particular al ser bienes demaniales, basándose en el artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización, 32 y 33 de la Ley Forestal 4465 de 25 de noviembre de 1969, Ley Forestal Nº 7032 de 7 de abril de 1986, Ley Forestal Nº 7174 del 28 de junio de 1990 y artículos 13 y 14 de la Ley Forestal Nº 7575 del 5 de febrero de 1996 .

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, considera este Tribunal, previo a resolver el Recurso de Apelación (Folio 198) interpuesto por los titulantes contra la sentencia de primera instancia Nº 23-2008, dictada a las nueve horas con dieciséis minutos del dieciséis de junio del dos mil ocho (Folio 186), ha de consultarse a la Sala Constitucional la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, en cuanto permite la titulación de bienes afectos al demanio público como lo son los "Bosques de las Reservas Nacionales", lo cual atenta contra el artículo 50 de la Constitución Política sobre el derecho a un ambiente sano y ecolicamente equilibrado.

II.Es importante traer a colación lo estipulado por la Ley de Tierras y Colonización, número 2825 de catorce de octubre de 1961, la cual en su artículo 11, en lo que nos interesa estipula “…Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal;…”. En refuerzo de lo anterior se hace necesario analizar lo dicho por la primera Ley Forestal, la número 4465 de 25 de noviembre de 1969, acerca de la propiedad forestal. Ésta establecía en sus artículos 32 y 33 lo siguiente:” Artículo 32.- El patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública….” “Artículo 33.- Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible.

En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria; su invasión y ocupación serán sancionadas conforme con lo dispuesto en esta ley.”(lo resaltado es del redactor). Partiendo de lo transcrito, la primera ley forestal, catalogaba como bienes demaniales las áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal dentro de las Reservas Nacionales, al calificarlas de inembargables, inalienables e imprescriptibles, no sujetas a apropiación particular, ésto desde mil novecientos sesenta y nueve.. Este aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos Nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalienables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley Forestal derogada indicaba: "Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras.

Esta prohibición se extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia..." El artículo 6 de esta misma ley disponía: " Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin autorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biológica, Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal.-" Como puede observarse los actos posesorios realizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir ningún derecho de posesión.-

La ley en mención 4465, se puede señalar regulaba en todo su contenido adeemás de lo dicho anteriormente el aprovechamiento y utilización de todos los bosques del país tanto privados como estatales por lo que el patrimonio forestal del Estado incluye a todo el territorio nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede subdividir en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal (artículos l, 2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 65, 82 al 91); y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes). Por su parte el régimen forestal -constituido por el conjunto de disposiciones de carácter jurídico, económico y técnico, encargado de darle un contenido a la conservación, protección y racional aprovechamiento de los bosques y terrenos forestales (artículo 7)- tiene también tres subáreas: A) zonas protectoras, B) parques nacionales, reservas forestales y biológicas y C) bosques y terrenos forestales. da a la Sección de Tierras y Colonias, del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco de Costa Rica, luego pasó al Instituto de Tierras y Colonización, y al entrar en vigencia la Ley Forestal Nº 4465 se concedió la administración del patrimonio forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Hoy la Dirección General Forestal forma parte del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (artículos 9 al 16). Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal (artículo 32). Sobre ellas puede el Estado crear -por Ley o por Decreto Ejecutivo- reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal (artículo 35). Para poder ser colonizadas o enajenadas se requiere autorización legislativa (artículo 40), y aún cuando fueren poseídas por terceros éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar (artículo 33). Tienen las reservas nacionales una detallada regulación dentro del Capítulo "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos del Estado y demás organismos de la administración pública".

Estos aprovechamientos en las reservas nacionales solo podrán practicarse por concesión otorgadas por la Dirección General Forestal (artículo 55 y 56). Las licitaciones se tramitarán de acuerdo a planes técnicos de manejo forestal, sujetos al cartel confeccionado por la Dirección (artículo 55 inciso a), otorgando garantía suficiente los concesionarios (artículo 56). Ninguna persona puede obtener concesiones del patrimonio forestal en cantidades superiores a las necesidades de materia prima que demuestre requerir. Son nulas las autorizaciones que se obtengan directamente o por medio de personas interpuestas, en contra de lo indicado (artículo 59). En una posición diametralmente opuesta a la de las reservas nacionales se encuentra la de la propiedad privada, denominada en la ley como "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada". Estas tierras, por intereses de orden social, forman parte del patrimonio forestal del Estado.

Esto es así porque los privados - funcionando bajo cualquier sistema (empresa agrícola o ganadera, para parcelación o colonización, tratándose de nacionales o extranjeros)- si dentro de sus planes de trabajo está la explotación forestal o la eliminación del bosque, en cualquier forma, deberán necesariamente obtener aprobación expresa de la Dirección General Forestal, en los términos de la Ley Forestal y del reglamento a la misma (artículo 60). Por ello el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales. Para poder explotar sus propios recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales, y la dirección les otorgará concesiones a largo plazo (artículo 6l). Lo anterior implica un sometimiento voluntario al régimen forestal. Esta es una presunción legal pues resulta ser la única alternativa del privado quien se encuentra impedido para talar árboles, aprovechar o explotar los productos forestales, dentro de su mismo bien, si previamente no hay autorización de la Dirección General Forestal (artículo 63 y 65).

Para estos efectos el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular, especialmente a través de los Certificados de Abono Forestal (artículos 82 al 86) y otros incentivos fiscales (artículo 87). Como la Dirección General Forestal debe contar con personal capacitado, guardabosques, y mantiene relaciones con las autoridades, ésta le brindará a los propietarios toda la colaboración necesaria para mantenerlos libres de invasiones y ocupantes (artículo 67).Existen también los bosques y los terrenos de aptitud forestal. Sean estatales o estén reducidos a dominio particular, están sometidos a los fines de la Ley. Son de utilidad pública y por tanto susceptibles de expropiación, salvo aquellos sometidos voluntariamente al régimen forestal, en los cuales se desarrollen eficientemente proyectos de forestación, reforestación y manejo de bosques naturales (artículos 1 y 4).

Son bosques "todas las asociaciones vegetales compuestas, predominantemente de árboles y de otra vegetación leñosa" (artículo 6). Los terrenos de aptitud forestal serán los declarados así por la Dirección General Forestal de acuerdo a la metodología oficial para la clasificación de tierras (artículo 5). Dentro de este marco, el plan de manejo forestal establece las normas técnicas para regular las acciones ejecutadas en un bosque o en terrenos de aptitud forestal, con el fin de conservar, desarrollar y mejorar la vegetación arbórea que en él exista o se pretenda establecer. Tiene su fundamento en el principio de uso racional de los recursos naturales renovables (artículo 8). Los bosques y terrenos de aptitud forestal que constituyan tanto las áreas forestales públicas como las privadas, están sometidos al respectivo plan de manejo. Se procura permitir su conservación y fomento, con arreglo a los principios económicos y silvícolas (artículos 47 y 48).

Posteriormente la Ley Forestal siguiente, la número 7032 de 7 de abril de 1986, contemplaba normativa respecto al patrimonio forestal del Estado y establecía lo mismo que la anteriormente transcrita en los mismos numerales. Ésta última normativa fue declarada inconstitucional, volviendo a restablecer la vigencia de la Ley 4465, ya mencionada. Para el año de mil novecientos noventa se promulga una nueva Ley Forestal, bajo el número 7174 del 28 de junio de 1990, la cual vuelve a consagrar la demanialidad de los terrenos con bosques y terrenos forestales de las Reservas Nacionales. La ley en mención estuvo vigente hasta el cinco de febrero de 1996, fecha de promulgación de la actual Ley Forestal número 7575. Esta norma contempla nuevamente la demanialidad de las áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de las reservas nacionales al decir en lo que nos interesa en su artículo 13: “… El Patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales …”.

Así mismo el numeral 14 de dicho cuerpo normativo indica “…Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reinvindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley…”.Por otra parte el numeral 58 de la actual Ley Forestal también regula como delito la invasión de áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal cualquiera que sea el área ocupada. Tal sometimiento lo hace la misma norma al catalogar las áreas de la reservas nacionales como parte del Patrimonio Natural del Estado, según se indicó anteriormente.

III.Consecuentemente con el análisis normativo anterior, es claro, existe un régimen especial aplicable a los recursos forestales, génesis de la propiedad forestal, con la vigencia de la ley. De lo expuesto no queda la menor duda las reservas nacionales están sometidas de derecho a este régimen de propiedad forestal, pues pertenecen al Estado y conforme a lo analizado los terrenos boscosos y terrenos de aptitud forestal no han salido de la afectación de bienes de dominio público dado a través de las diferentes leyes forestales que han estado vigentes a través del tiempo hasta la actualidad. Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado.

Es importante mencionar la Sala Constitucional ha sido vehemente en cuanto a que se analice por parte de los juzgadores a partir de cuándo se afecta un bien al demanio público.- En ese sentido, la Sala Constitucional en Voto N° 4587 de las 15:45 horas del 5 de agosto de 1997, en el cual analizó la constitucionalidad del artículo 7 citado, dispuso para poder titular los terrenos ubicados en las zonas protegidas que ahí se señalan, debía el interesado demostrar la posesión diez años antes de la vigencia del Decreto respectivo. Básicamente dijo la Sala en esa oportunidad: "… dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley… resulta importante sintetizar los elementos básicos que a nivel de doctrina y jurisprudencia se manejan con estos temas, y que obligan al juez – en relación con la norma impugnada- a determinar en cada caso el tipo específico de acto posesorio que se ha ejercido en el fundo – que entra a formar parte del área silvestre protegida- que se pretende titular.

Lo anterior con el objeto de que el juez tenga un criterio más amplio – que no se limite a la fecha de entrada en vigencia de la ley o el decreto ejecutivo que defina los límites de un área silvestre determinada- para establecer con mayor precisión el momento en que dichos bienes se convirtieron en inalienables e imprescriptibles, a los efectos de determinar si sobre ellos se ejerció la posesión ad usucapionem durante diez años anteriores a que adquirieron esa condición. Esta perspectiva de mayor amplitud favorece la protección del patrimonio ambiental de la Nación, determina que cuando se pretenda titular – mediante el procedimiento de informaciones posesorias- un terreno ubicado dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se reduzca al simple cálculo del tiempo que tiene de haber ingresado a un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la declaratoria de área silvestre protegida, ya que -por un lado deberá contemplarse a los efectos de acreditar la posesión ad usucapionem durante el plazo establecido en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, los elementos que cada tipo específico de posesión contempla, y –por otro lado- la posible existencia de normas que de antaño declaraban inalienables esos terrenos, aún antes de su afectación específica al dominio público… ".

IV.Por otra parte tenemos lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias el cual dispone en lo que interesa: " Artículo 7°.- Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promoviente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios...". La norma anterior permite la titulación de áreas boscosas, fuera de áreas silvestres protegidas, lo cual contraviene lo dispuesto en la normativa anteriormente citada.

Es decir se da la existencia de normas contradictorias entre sí, por un lado la Ley Forestal que declara el Patrimonio Natural del Estado como Demanio Público, entre los que se encuentran los bosques y terrenos de aptitud forestal de las Reservas Nacionales, y por el otro la Ley de Informaciones Posesorias, que estaría permitiendo la titulación de bienes que continúan estando afectos al demanio público. No está demás señalar, la normativa que regula el recurso "Bosque", lo es la Ley Forestal y no la Ley de Informaciones Posesorias, la cual se convierte en una ley de carácter general que viene a regular la titulación de inmuebles sin inscribir. Desde esta perspectiva tenemos también que entra en juego el principio de especialidad de normas.

V.El reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado marca un hito en la historia ecológica del país. Contiene lineamientos de altísimo contenido axiológico cuyo desarrollo no es exclusivamente nacional. Por el contrario, se trata de un movimiento de carácter universal cuyo resultado ha sido colocar al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un verdadero derecho humano. Se le ubica dentro de los denominados derechos de la tercera generación: un paso adelante de los derechos humanos clásicos, civiles o políticos (de la primera generación) y de los económicos, sociales y culturales (de la segunda generación). Ello ha dado base para formular una nueva clasificación jurídica: la del Derecho Ecológico. Hoy tiene un objeto muy definido en los recursos naturales, y su complejo de fuentes caracterizados por la organicidad y completez. Solo para mencionar dos documentos fundamentales impulsados por Naciones Unidas, en los cuales Costa Rica ha participado, deben recalcarse la "Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente", celebrada en Estocolmo en junio de l972, y la "Declaración sobre el Derecho al Desarrollo", aprobado por la Asamblea General en su resolución 41-128 del 4 de diciembre de l986.

La primera, partiendo de que "el hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual se da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente" establece como principios fundamentales -entre otros- los siguientes: "Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación y ordenación... . Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables... . El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su habitad, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos.

En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres... . Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse en forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo... . Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, teniendo en cuenta las circunstancias... . A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población... . Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio ...".

Por su parte en la "Declaración sobre el Derecho al Desarrollo" se proclama: "El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que inclusive, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales ...".

VI.Es importante hacer mención del Voto Nº 16975-2008 de las 14:53 horas del 12 de noviembre de 2008, dictado por la Sala Constitucional el cual hace referencia al Patrimonio Natural del Estado y su afectación al demanio público:"... IV.- La Sala considera que el decreto impugnado es inconstitucional en su totalidad, por vulnerar el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En efecto, como lo ha puesto de relieve el informe de la Procuraduría General de la República, el Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público cuya su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata.

Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración del Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes). En este voto la Sala Cosntitucional reconoce la demanialidad de los bosques pues estos pertenecen al Patrimonio Natural del Estado .

VII.En consecuencia, la normativa forestal establece, para todos los casos y en todo el territorio nacional -y no solo para unos-, un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales, de donde nace la propiedad forestal. Las reservas nacionales están sometidas de derecho al régimen, pues perteneciendo al Estado la voluntad legislativa no exige ningún otro requisito, y solo procede la expropiación cuando tratándose de bienes privados se afecten para conformar parques nacionales, reservas forestales o biológicas, bosques o terrenos forestales. Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal se encuentra ante la disyuntiva en este caso particular de aplicar el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de áreas boscosas o la Ley Forestal en sus ordinales 13, 14 y 15, y el ordinal 11 de la Ley de Tierras y Colonización que los declara demanio público al ser parte de las reservas nacionales que integran el Patrimonio Natural del Estado.

Eventualmente podría darse una inconstitucionalidad sobrevenida ante la obligación del Estado en la tutela del recurso bosque y ambiente conforme lo prevé el artículo 50, contemplado en los derechos humanos de la tercera generación, por lo que se envía a la Sala Constitucional a fin de que se sirva determinar la constitucionalidad de las normas expuestas. Ha de emplazarse a las partes por el plazo de tres días, vencidos los cuales se dispone la suspensión de este proceso y la remisión del expediente a la Sala para lo que a bien estime resolver. Deberán las partes señalar medio para atender notificaciones, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicar la notificación automática.-

POR TANTO:

Se dispone la consulta judicial de constitucionalidad para ante la Sala Constitucional, sobre el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de áreas cubiertas de bosques o la Ley Forestal en sus ordinales 13, 14 y 15, y el ordinal 11 de la Ley de Tierras y Colonización que los declara demanio público al ser parte de las reservas nacionales que integran el Patrimonio Natural del Estado. Eventualmente podría darse una inconstitucionalidad sobrevenida ante la obligación del Estado en la tutela del recurso bosque y ambiente conforme lo prevé el artículo 50, contemplado en los derechos humanos de la tercera generación, por lo que se envía a la Sala Constitucional a fin de que se sirva determinar la constitucionalidad de las normas expuestas. Ha de emplazarse a las partes por el plazo de tres días, vencidos los cuales se dispone la suspensión de este proceso y la remisión del expediente a la Sala para lo que a bien estime resolver. Deberán las partes señalar medio para atender notificaciones, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicar la notificación automática.- ANTONIO DARCIA CARRANZA ENRIQUE ULATE CHACÓN JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA INFORMACION POSESORIA TIT: [Nombre1] C.B.M

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7317 Wildlife Conservation Law
      • Ley 7554 Organic Environmental Law
      • Ley 6043 Maritime Terrestrial Zone Law
      • Ley 2825 Land and Colonization Law
      • Ley 4465 Forestry Law of 1969
      • Ley 7788 Biodiversity Law
      • Ley 7575 Forestry Law
      • Ley 6084 National Parks Service Law

      Este documento cita

      • Ley 7317 Ley de Conservación de la Vida Silvestre
      • Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente
      • Ley 6043 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre
      • Ley 2825 Ley de Tierras y Colonización
      • Ley 4465 Ley Forestal de 1969
      • Ley 7788 Ley de Biodiversidad
      • Ley 7575 Ley Forestal
      • Ley 6084 Ley del Servicio de Parques Nacionales

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