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Ley 2825 · 14/10/1961
OutcomeResultado
The Land and Colonization Law establishes the legal framework for land distribution, protection of national reserves, resolution of squatter conflicts, and promotion of the social function of property, including provisions on natural resource conservation and penalties for non-compliance.La Ley de Tierras y Colonización establece el marco jurídico para la distribución de tierras, la protección de reservas nacionales, la resolución de conflictos de posesión precaria y la promoción de la función social de la propiedad, incluyendo disposiciones sobre conservación de recursos naturales y sanciones por incumplimiento.
SummaryResumen
The Land and Colonization Law (Law 2825) creates the Institute of Land and Colonization (ITCO, later transformed into INDER) as an autonomous entity tasked with promoting a fair distribution of land, improving the social condition of the peasantry, and contributing to the Nation’s socio-economic development. The law establishes a rural property tenure system, defines inalienable national reserves (maritime-terrestrial zones, riverbanks, volcanic and forested areas), and prohibits private appropriation of such lands without authorization. It regulates land parceling, colonization, and agricultural credit, and creates a dispute-resolution procedure between owners and squatters, requiring mandatory Institute intervention before judicial recourse. It also provides for expropriation of latifundia or uneconomic minifundia, and dedicates provisions to the conservation of renewable natural resources, requiring that land grants respect soil use capacity and sanctioning non-compliance with conservation rules by revoking the parcel.La Ley de Tierras y Colonización (Ley 2825) crea el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO, transformado posteriormente en INDER) como ente autónomo encargado de promover una justa distribución de la tierra, elevar la condición social del campesino y contribuir al desarrollo económico-social de la Nación. La ley establece un régimen de posesión de la propiedad rural, define las reservas nacionales inalienables (zonas marítimo-terrestres, márgenes de ríos, áreas volcánicas y boscosas) y prohíbe la apropiación privada de esos terrenos sin autorización. Regula la parcelación, colonización y crédito agrario, y crea un procedimiento de solución de conflictos entre propietarios y poseedores en precario, con intervención obligatoria del Instituto antes de acudir a la vía judicial. También contempla expropiaciones por latifundio o minifundio antieconómico, y dedica disposiciones a la conservación de recursos naturales renovables, exigiendo que las adjudicaciones respeten la capacidad de uso del suelo y sancionando el incumplimiento de normas de conservación con la revocatoria de la parcela.
Key excerptExtracto clave
Article 7.- As long as the State, by its own will or at the indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Land and Colonization, for reasons of national convenience, has not determined the lands that must remain under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession, except those that are under private domain with legitimate title: [...] b) Those included in a maritime-terrestrial zone two hundred meters wide along the coasts of both seas, from the ordinary high tide, as well as those included in a zone fifty meters wide along both banks of navigable rivers; [...] e) A zone of two kilometers radius, centered on the crater or main summit, around the volcanoes [...] the páramos of the Talamanca Mountain Range from 3,000 meters of altitude and toward the summit; [...] The Institute shall eventually create other forest reserves that shall also serve as wildlife sanctuaries or refuges, in which hunting in any form shall be prohibited; [...] Article 8.- Except for the cases provided in this law, it is forbidden for private individuals to enclose with fences, lanes or any other means, the lands declared national reserves; to tear down forests, establish constructions and crops, or extract from them firewood, timber, vines, palm or other products for exploitation. Any act of this kind, if the legal formalities have not been previously completed and the corresponding authorization obtained, shall be considered, as the case may be, as usurpation of public domain or as poaching, and the authorities must order the destruction and removal of the fences and prevent the use of those lands, without right to indemnity or claims for the value of improvements, and without prejudice to other liabilities that may be applicable to those who incur such infractions.Artículo 7º.- Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes: [...] b) Los comprendidos en una zona marítimo-terrestre de doscientos metros de ancho a lo largo de las costas de ambos mares, desde la pleamar ordinaria, así como los comprendidos en una zona de cincuenta metros de ancho a lo largo de ambas márgenes de los ríos navegables; [...] e) Una zona de dos kilómetros de radio, con centro en el cráter, o cima principal alrededor de los volcanes [...] los páramos de la Cordillera de Talamanca a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; [...] Oportunamente creará el Instituto otras reservas forestales que servirán, además, de santuario o refugio de la vida animal silvestre y en los cuales será prohibida la cacería en cualquiera de sus formas; [...] Artículo 8º.- Exceptuados los casos previstos en esta ley, es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles o cualquier otra forma, los terrenos declarados reservas nacionales; derribar montes, establecer construcciones y cultivos, o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma u otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese género, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente, será considerado, según el caso, como usurpación de domino público o como merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas.
Pull quotesCitas destacadas
"La propiedad de la tierra se debe promover para el aumento gradual de su productividad y para una justa distribución de su producto, elevando la condición social del campesino."
"Land ownership must be promoted for the gradual increase of its productivity and for a just distribution of its product, raising the social condition of the peasant."
Artículo 1
"La propiedad de la tierra se debe promover para el aumento gradual de su productividad y para una justa distribución de su producto, elevando la condición social del campesino."
Artículo 1
"Se considerarán inalienables [...] los páramos de la Cordillera de Talamanca a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; [...] Oportunamente creará el Instituto otras reservas forestales que servirán, además, de santuario o refugio de la vida animal silvestre y en los cuales será prohibida la cacería en cualquiera de sus formas."
"Shall be considered inalienable [...] the páramos of the Talamanca Mountain Range from 3,000 meters of altitude and toward the summit; [...] The Institute shall eventually create other forest reserves that shall also serve as wildlife sanctuaries or refuges, in which hunting in any form shall be prohibited."
Artículo 7, inciso e)
"Se considerarán inalienables [...] los páramos de la Cordillera de Talamanca a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; [...] Oportunamente creará el Instituto otras reservas forestales que servirán, además, de santuario o refugio de la vida animal silvestre y en los cuales será prohibida la cacería en cualquiera de sus formas."
Artículo 7, inciso e)
"Es prohibido a los particulares encerrar con cercas [...] los terrenos declarados reservas nacionales; derribar montes, establecer construcciones y cultivos, o extraer de ellos leña, madera [...] con fines de explotación. Todo acto de ese género [...] será considerado [...] como usurpación de dominio público o como merodeo."
"It is forbidden for private individuals to enclose with fences [...] lands declared national reserves; to tear down forests, establish constructions and crops, or extract from them firewood, timber [...] for exploitation. Any act of this kind [...] shall be considered [...] as usurpation of public domain or as poaching."
Artículo 8
"Es prohibido a los particulares encerrar con cercas [...] los terrenos declarados reservas nacionales; derribar montes, establecer construcciones y cultivos, o extraer de ellos leña, madera [...] con fines de explotación. Todo acto de ese género [...] será considerado [...] como usurpación de dominio público o como merodeo."
Artículo 8
"Toda adjudicación de terrenos deberá limitarse a que la utilización del terreno adjudicado no pueda ir en contra de la capacidad de uso del terreno. El incumplimiento de esta disposición acarreará la revocatoria de la adjudicación."
"Every land grant must be limited so that the use of the granted land cannot go against the land use capacity. Non-compliance with this provision shall result in revocation of the grant."
Artículo 69
"Toda adjudicación de terrenos deberá limitarse a que la utilización del terreno adjudicado no pueda ir en contra de la capacidad de uso del terreno. El incumplimiento de esta disposición acarreará la revocatoria de la adjudicación."
Artículo 69
Full documentDocumento completo
Land and Colonization Law (ITCO INDER) Land and Colonization Law
(Note from Sinalevi: In accordance with Article 80 of Law No. 9036 of May 11, 2012, which Transforms the Agrarian Development Institute (IDA) into the Rural Development Institute (INDER) and Creates the Technical Secretariat for Rural Development, it was indicated that this regulation remains in force to the extent it does not contravene said law. In case of doubt between the two, the principles of Law No. 2825 shall prevail. Expressly, Chapter VI of Law No. 2825, Regulation of Conflicts between Owners and Precarious Possessors, and its related regulations, shall remain fully in force.)
(*) The following corresponds to the text published in Supplement No. 90 to La Gaceta No. 278 of December 8, 1962, ordered by virtue of the provisions of Transitional Provision II of Law 3042 of October 4, 1962.
Purposes, Regime of Possession of Rural Real Property
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Lands in the hands of such interests must return to the State in the manner determined by the Constitution and the law;
The State, by all means at its disposal, shall stimulate the formation of agricultural cooperatives to combine the dignity of the small property with the efficiency of the large enterprise; and
(NOTE: Article 9 of Law No. 3478 of December 23, 1964, provides that as long as the Land and Colonization Institute owns more than 50% of the capital contributed to the agricultural production cooperative to be organized in the Bataán colony, the appointment and removal of the manager of that cooperative shall correspond to the Institute's Board of Directors, which may also provide that the cooperative's Board of Directors have a majority of directors appointed by the Institute. It adds that the provisions of this article shall also apply to any other cooperative sponsored by the Institute in the future).
To that end, it shall propose the pertinent legal measures to the Legislative Assembly.
Likewise, the Institute shall study the possibility of substituting, in accordance with the principles and norms of this law, through legislative means, indirect forms of land exploitation.
Agricultural Property of the State
CHAPTER II
The Institute shall opportunely create other forest reserves that shall also serve as a sanctuary or refuge for wild animal life and in which hunting in any form shall be prohibited; f) Those comprised within a zone 2,000 meters wide along the borders with Nicaragua and with Panama; g) The lands indispensable for the utilization of hydraulic forces; h) The lands that flood during the rainy season or as a consequence of river overflow and that retain water during the summer, usable as a watering place (abrevadero), when such lands constitute the only water resource of the place usable as a watering place (abrevadero) for the livestock of local residents. If, for this use, it is necessary to establish easements (servidumbres) on private properties, the Institute shall equitably compensate the owners thereof; and i) All those lands that have been declared non-denounceable or inalienable by previous legal provisions.
Any act of this kind, if the legal procedures have not been previously completed and the corresponding authorization obtained, shall be considered, as the case may be, as usurpation of public domain or as trespassing, and the authorities must order the destruction and removal of the fences and prevent the use of these lands, without entitlement to compensation or claims for the value of improvements (mejoras) and without prejudice to other liabilities that may apply to those who incur such offenses.
Among the rivers that flow into Lake Nicaragua, those that can be navigated by regular coastal vessels between lake ports and river ports shall be considered navigable. For the purposes of this law, the navigability of a river may be extended by improvements introduced by man, such as dredging, locks, dams, and similar works.
The National Geographic Institute (IGN), after investigations to determine the length of navigation and its upstream limit, shall present a report to the Executive Branch so that the corresponding decree may be issued.
(Repealed by Article 1 of Law No. 5385 of October 30, 1973).
Both the Executive Branch and the Managers of the Autonomous Institutions and Municipal Presidents are especially authorized to make these transfers.
The cited entities, with the exception of the Land and Colonization Institute itself, may not alienate, encumber, or lease the allocated lands.
Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, the Executive Branch may require the Institute to transfer ownership of those lands that are indispensable for the construction of works or the installation of public services other than those contemplated in this law, as well as those that are included in contracts signed by said Branch and ratified by the Legislative Assembly.
(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969)
Land and Colonization Institute Patrimony, Administration, Duties, and Powers (*) NOTE: This chapter was tacitly reformed by the Law for the Transformation of ITCO into the Rural Development Institute (INDER)(), No. 6735 of March 29, 1982, with the exception of subsections d) and f) of Article 41, which remain in force in accordance with Laws No. 7018 of December 20, 1985 (Article 14, subsection 22) and No. 7174 of June 28, 1990 (Article 87, subsection b).
() (Its name modified by Article 14 of Law No. 9036 of May 11, 2012, "Transforms the Agrarian Development Institute (IDA) into the Rural Development Institute (INDER) and Creates the Technical Secretariat for Rural Development")
Previously, this Chapter had been tacitly reformed in everything related to the composition of the Board of Directors as well as the appointments of manager and auditor, by Laws Nos. 4646 of October 20, 1970 (Articles 5, 6, and 7) and 5507 of April 19, 1974 (Articles 3 and 6).
CHAPTER III (*)
Its functioning shall adhere exclusively to the norms of Article 188 of the Political Constitution, those of this law, its reforms, related laws, and internal regulations.
Its legal domicile shall be the city of San José, without prejudice to its ability to establish offices in other places in the country.
In cases where there is more than one possible offer capable of fulfilling the objectives pursued for a specific purpose, the public bidding (licitación) procedure shall be followed. The purchases, sales, and leases of lands shall be considered ordinary traffic operations of the Institute, for the purposes of Article 110 of the Law of the Financial Administration of the Republic.
In cases of justified absence, the Minister may delegate to a representative of the same Ministry, at his choice, who must be sworn in at the same time as the incumbent.
Excepted from this provision is any relationship that may exist with the Minister of Agriculture and Livestock, when his appointment is subsequent to that of his relative who is a member of the Board of Directors.
Their appointments must be made within the four months following the eighth of May, when the President of the Republic takes office.
However, a person shall cease to be a member if:
(NOTE: in accordance with Law No. 7514 of June 6, 1995, which reformed Article 16 of the Political Constitution, Costa Rican citizenship is not lost and is irrevocable)
In all cases indicated, the Board of Directors shall report to the Government Council, so that it may determine whether a declaration of separation is warranted. When a vacancy occurs, the appointment of the substitute shall be made within one month, and the appointed person shall serve for the remainder of the legal term.
Exempt from this liability are the members absent from the sessions in which such resolutions were voted, as well as those who have stated their contrary vote in a reasoned manner in the respective minutes.
Each member of the Board of Directors, the General Manager, and the Deputy Manager shall post a bond (rendirán caución) for twenty thousand colones (¢ 20,000.00). This bond may be in the form of a mortgage, through state securities, fidelity policies from the National Insurance Institute, or cash deposits.
For the qualification of the guarantee and the granting of deeds, where appropriate, the provisions of the Fiscal Code shall be followed.
The Minister serving on the Board may not be elected to these positions.
When both are absent from a session, the Board of Directors shall designate one of its members as President ad-hoc.
It may not, however, hold more than ten remunerated sessions per month, including ordinary and extraordinary sessions. The members of the Board of Directors shall receive fixed per diem allowances (dietas), the amount of which shall be determined in the Institute's annual budgets, but in no case may they exceed one hundred fifty colones (¢ 150.00) per session.
Once any excess is verified, the following shall be done:
(Thus added by Article 1 of Law No. 5110 of November 10, 1972).
This prohibition shall apply to the General Manager, the Auditors, and those other officials and employees determined by the Board of Directors.
The General Manager shall be in charge of the administration of the Institute in accordance with the law, the regulations, and the instructions given by the Board of Directors.
The Deputy Manager shall act under the hierarchical authority of the General Manager and shall replace him during his temporary absences. His functions shall be those assigned to him by the Board of Directors and the General Manager.
The officials cited in the first paragraph of this article shall be appointed to their positions for terms of two years, may be reelected, and shall be responsible for their actions before the Board of Directors.
Their removal may only be agreed upon by the same number of votes required for their appointment.
Appointments may not be made of persons related by consanguinity up to the third degree or by affinity up to the second degree, both inclusive, to himself, to the Assistant Manager (Subgerente), or to the Auditor. It shall not be a cause for removal of an employee that, subsequent to his appointment, persons having the indicated relationship with him are appointed to the mentioned positions, or that they become relatives by affinity of any of them; i) To authorize with his signature the securities and documents determined by the laws, the regulations of the Institute, and the resolutions of the Board of Directors. Checks must, in addition, be countersigned by the Auditor; j) To resolve all matters not reserved for the decision of the Board of Directors; k) To attend all sessions of the Board of Directors, in which he shall not have a vote.
The Assistant Manager (Subgerente) and the Auditor may attend the sessions with the same limitation regarding the vote. However, these officials and the Manager may not attend sessions when the matter concerns the appointment of the Manager, Assistant Manager (Subgerente), or Auditor.
When they deem it necessary, the aforementioned officials shall have the right to have their opinions on the matters discussed recorded in the respective minutes; l) To oversee the proper development of the policy set by the Board of Directors, the execution of the work plans, and the implementation of the ordinary and extraordinary budgets; m) To decide, in cases of urgency, any matter within the competence of the Board of Directors, or to suspend the execution of resolutions adopted by the board; in both cases, he shall call an extraordinary session in order to report on the actions taken by the Management; n) To delegate his powers to other officials of the Institute, except when his personal intervention is legally mandatory; o) To prepare and submit, no later than the last day of February, a report on the work and operations carried out during the preceding year; and p) To exercise such other functions and powers as may correspond to him, in accordance with the law, the regulations, and the provisions of the Board of Directors.
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The Audit Department (Auditoría) shall function under the immediate authority and direction of an Auditor, who must be a Certified Public Accountant (Contador Público Autorizado).
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To prove the authority of any of these three officials and of those others acting by delegation from them, the citation of the publication in "La Gaceta" of their appointment, acceptance, and sworn oath shall be sufficient.
( Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
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2466 of November 9, 1959:
For this purpose, the Executive Branch is empowered to transfer to the Institute, at its request, through the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), the lands deemed necessary for the purposes of this law, within a period of six months that shall be counted, in each case, from the date on which the corresponding transfer is requested by the Executive Branch; b) The additional contributions assigned to said Institute in the ordinary and extraordinary budgets of the Republic; c) The sums collected from the sale and lease of lands and forests; d) REPEALED by subsection r) of Article 31 of Law No. 8114, Law of Tax Simplification and Efficiency (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias) of July 4, 2001. e) The proceeds of its net earnings; and f) That which corresponds to the Institute from the cigarette tax, pursuant to Law No. 3021 of August 21, 1962 (Increase of taxes on gasoline imports and on the consumption of beer, soft drinks, and cigarettes).
Any individual or legal entity possessing uncultivated land (terrenos incultos) in excess of one hundred hectares, subject to the payment of the tax created by this article, must annually declare the amount of land they own that is in such condition. The Office of Direct Taxation (Tributación Directa), starting with the thirty-second (32nd) declaration, corresponding to the payment period for income tax (impuesto sobre la renta), from October 1, 1961, to September 30, 1962, shall include in the declaration forms a new section specifically intended for the collection purposes of this tax. Based on such declarations, the Office of Direct Taxation (Tributación Directa) must issue the corresponding receipts, which it shall make collectible through the Banco Cajero del Estado, with all the formalities and requirements that are customary for other taxes in favor of the State. The Banco Cajero del Estado shall set aside the proceeds of this tax in a special account and shall transfer it directly each month to the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización).
The Institute and the Office of Direct Taxation (Tributación Directa) shall have the authority to verify, through their officials, the accuracy of the declarations made by the persons subject to payment, and to formulate them in the section referred to in the preceding paragraph.
The landowner shall be obligated to supply the information deemed necessary by the Institute for purposes of the aforementioned verification. In the event that false declarations or declarations not conforming to reality are proven, the declarant must pay double the tax to which they are legally obligated.
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The Board of Directors of the Institute shall classify as a forestry industry (industria forestal) those companies that request it, upon evidence of the exploitation programs they are carrying out or propose to undertake, which are considered suitable for the country or a region thereof, in view of their technical-economic importance, and the improvements made or to be made to the land with stable mechanical installations, such as sawmills, buildings, or similar facilities, that they have or will establish. The applicants must likewise demonstrate a genuine interest in the conservation and rational, adequate technical exploitation of forests, to extract their timber by means of periodic yields, preserving or replacing them, partially or complementarily, with agricultural or livestock operations of true economic importance.
The Institute may review, when it deems appropriate, the classification it has made, within the terms of this article, in order to cancel it if the reasons that originally justified it have ceased to exist.
The Institute shall establish in the regulation to this law the requirements that a company must meet to be considered a forestry industry (industria forestal).
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For that purpose, it shall preferentially develop its programs of land parceling, colonization, and organization of cooperatives in those areas where there are nuclei of precarious possessors (poseedores en precario) and that are deemed suitable for that objective, as well as on State lands, in national reserves, or on other properties that public entities transfer to it for that purpose.
In the case of the Maritime Mile (Milla Marítima), the leases in effect on the date of enactment of this law and the rights acquired therein by good-faith possessors shall be respected, without prejudice to the provisions of this law.
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The Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) may contract with the Geographic Institute of Costa Rica (Instituto Geográfico de Costa Rica) for the execution of the cartographic and derivative works under its responsibility in connection with the purposes of this law.
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This center shall coordinate the activities and draw upon the experiences of public and private agencies engaged in tasks related to regional geographic research.
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Land Parceling (Parcelación de Tierras)
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CHAPTER IV
The Institute may carry out parceling of its lands to fulfill, among others, the following immediate purposes:
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The same study shall be conducted regarding lands that the Institute takes on lease or under administration for the same purposes.
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The expert appraisers appointed for that purpose shall take into account, in addition to other elements contributing to a fair valuation, the following factors:
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In the case of properties acquired by the aforementioned Institutions as or in payment of credits in their favor, the sale price for the Institute shall be determined by the value of the respective debt, plus costs. If the Institute does not decide to purchase within the following ninety days, the offering entity may sell in accordance with its powers, but the Institute shall retain preference to make the acquisition under equal circumstances.
To be registered with the Property Registry (Registro de la Propiedad), a deed transferring ownership under the conditions expressed in this article must be accompanied by certification from the Institute that the requirements established in the preceding paragraphs have been fulfilled.
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The applications may be filed at any agency of that Institution.
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In no case shall the cost of works intended for public services in agricultural centers, such as highways, penetration roads, and others of a general nature, be charged to the lot holders, except when said works have been constructed by the Institute.
In consideration of the social function of land ownership, when dealing with lots (parcelas) granted for consideration that are very costly because they are located in regions where the commercial value of the land is very high, the sale price thereof may be lower, according to the agro-economic study carried out by the Institute.
The interest charged may not exceed a percentage that covers administrative expenses.
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Said installments shall begin to be paid five years after the allottee (adjudicatario) has received his lot (parcela).
The Institute shall endeavor to ensure that the annual amortization installment is not greater than five percent of the production of the lot (parcela), estimated according to the averages in each zone. When a year's harvest is poor for reasons beyond the control of the allottee (adjudicatario), the Institute must make the necessary term adjustments.
(NOTE: In relation to this provision, Article 8 of Law No. 3478 of December 23, 1964, provides that when allocating lots (parcelas), whether in Bataán or any other parceling and colonization plan, the Board of Directors of the Institute of Lands and Colonization may determine, in each case, the form of payment, taking into account the productivity of the land and the economic capacity of the settler (colono) or lot holder (parcelero)).
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The applicant must undertake to work the lot (parcela) personally and with his descendants, up to the second degree of consanguinity, who live with him, provided they are physically capable of doing so.
He must declare, under oath, that he lacks land or that what he owns is insufficient.
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Under equal conditions, preference shall be given to heads of families who have more children or more dependents.
Persons over eighteen years of age shall be considered capable for the purposes of endowment and administration of lots (parcelas) and the granting of credits.
Special priority shall be given to lessees, sharecroppers (aparceros), settlers (colonos), occupants, and agricultural workers in general who have been evicted from the lands that are to be allocated, or who are pending eviction.
Also, special priority shall be given, within the preceding classification, to all groups of farmers who organize themselves into cooperatives.
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Within the limits and conditions set by this law, the lot (parcela) may be larger or smaller, depending on the number of children and dependents under the care of the allottee (adjudicatario).
The acquirers must undertake to follow the instructions given to them by the Institute for its exploitation.
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If the occupant has cultivated the minimum area indicated by the Institute and fulfilled all other obligations to the satisfaction thereof, he shall be entitled to be granted a property title, guaranteeing payment with a mortgage on his lot (parcela).
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In the event of a resolution to that effect, which shall require four affirmative votes of the Board of Directors, the lot (parcela) shall revert to the ownership of the Institute with all its appurtenances, with the Institute recognizing to the lot holder (parcelero) the value of the necessary or useful improvements he may have made at his own expense.
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Nor may he, without such authorization and during the same term, encumber the crops, seeds, animals, implements, tools, or equipment necessary for the exploitation of the lot (parcela), unless all his obligations to the Institute have been canceled. Authorizing any encumbrance on the immovable property requires four affirmative votes of the Board of Directors. Any contract entered into without complying with the preceding provisions shall be absolutely null and void.
Once fifteen years have elapsed and the right of ownership has been acquired, any disposition of a lot (parcela) that, in the judgment of the Institute, may lead to excessive concentration or subdivision (subdivisión) of property shall give the Institute the right to acquire the lot(s) (parcela[s]) offered for sale at the price set by appraisers appointed by the parties, or by a third party in case of disagreement. This third appraiser shall be appointed by the other two experts. The Public Registry (Registro Público) shall take note of the limitations referred to in this article.
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(Thus amended the preceding paragraph by Article 341, subsection 2) of the Agrarian Procedural Code (Código Procesal Agrario), No. 9609 of September 27, 2018) 1) That before having canceled his obligations to the Institute, the lot holder (parcelero) may not transfer ownership of his property, encumber, lease, subdivide it, nor encumber the crops, seeds, animals, implements, tools, or equipment necessary for the exploitation of the lot (parcela), without authorization from the Institute; 2) That after having completed his obligations to the Institute, any disposition of a lot (parcela) that, in the judgment of that Institution, may lead to excessive concentration or subdivision (subdivisión) of property shall give the Institute the right to reacquire the lot(s) (parcela[s]) offered for sale, at the price set by appraisers appointed in accordance with the provisions of this law; 3) That the lots (parcelas), crops, seeds, animals, implements, tools, and equipment necessary for the exploitation of the lots (parcelas) may not be subject to judicial, preventive, or enforcement measures by third parties or creditors before the lot holders (parceleras) have canceled their obligations to the Institute, unless such creditors are so because they have supplied credits duly authorized by the Institute.
(Thus amended the preceding subsection by Article 341, subsection 2) of the Agrarian Procedural Code (Código Procesal Agrario), No. 9609 of September 27, 2018) 4) That the Institute must, in accordance with the procedure stipulated in the Chapter on Land Courts (Tribunales de Tierras), revoke or extinguish the allocation for the following reasons:
With the exception of case b) and before the revocation or extinction of the right, a warning must be issued that has not been heeded by the allottee (adjudicatario).
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If there is no capable heir under the terms of this law and its regulations, or if the presumed awardee cannot guarantee payment of the inheritance share that, by reason of the parcel, might correspond to the other heirs, the Institute may judicially award itself the parcel, depositing to the order of the succession the value of the property as determined by the estate's appraiser, with deduction of the debts that the deceased had with the Institute.
The Institute of Rural Development (*) must consider the guidelines defined by the Law on Soil Management, Conservation, and Recovery, to assess the acquisition and awarding of lands. It is its obligation to have land-use capability studies before acquiring land for titling purposes.
(*) (Name amended by Article 14 of Law No. 9036 of May 11, 2012, "Transforming the Institute of Agrarian Development (IDA) into the Institute of Rural Development (INDER) and Creating the Technical Secretariat for Rural Development")
Every land award shall be limited so that the use of the awarded land cannot go against the land's use capability. Failure to comply with this provision shall result in the revocation of the award.
(Thus added these two final paragraphs by Article 64 of the Law on Use and Conservation of Soils No. 7779 of April 30, 1998)
These sources must be classified by the Institute, shall belong to the State, and shall always be destined for the free service of the livestock of the local peasants. If for this purpose it is necessary to expropriate properties or establish easements (servidumbres) over private properties, the Institute shall compensate them equitably, in accordance with the law.
It shall not be declared that the extensive areas where these communities live in isolation belong exclusively to them, but an effort shall be made to bring all these communities together, forming a single agrarian center, in the zone that the Institute deems appropriate and for which the necessary land area shall be used.
If necessary, due to excess population or different customs, it may form several agrarian centers, but trying to keep them close to one another.
Colonization
CHAPTER V
The different colonization modalities indicated may be subject to transfer or combination and shall constitute phases of a process aimed at ensuring the greater economic independence of the rural worker, within a spirit of cooperation between the State and the worker, and among those workers themselves, all in accordance with the economic and social needs and possibilities of the country and each zone.
The details of the different colonization modalities shall be provided for in the regulation of this law, where the integration of consultative commissions that study aspects of the colonization plan to be developed, or of the lands selected for such purpose, may be completed.
The centers, units, or colonies shall be governed by regulations that the Institute shall issue.
The Institute shall not give its approval for the founding of a colony until it has studies on hand that determine the probability of success.
The administrator or director shall preferably be an Agricultural Engineer.
Notwithstanding this, the Institute shall seek, within its powers or through agreements with the colonists, to adapt them to the norms of this law.
Likewise, the Institute is charged with monitoring compliance with contracts with the State through which colonies of a semi-official or private nature have been established. When, in its judgment, there has been non-compliance on the part of the concessionaires, it shall recommend the rescission or resolution of the contract, as appropriate, if an understanding with the colonists or their legal representatives is not possible.
The State organisms charged by laws or contracts with authorizing the registration of colony parcels must first hear from the Institute for thirty days.
The Institute shall review such contracts and request their adaptation to the general principles of this law. It shall pay with bonds any damages that such review may cause.
The cited colonization companies are obligated to request instructors from the Institute to provide them with agricultural cooperativism courses.
Regulation of Conflicts between Owners and Precarious Possessors
CHAPTER VI
For the purposes of this law, a precarious possessor (poseedor en precario) shall be understood as anyone who, out of necessity, performs stable and effective acts of possession, as owner, in a peaceful, public, and uninterrupted manner, for more than one year, and with the purpose of putting it into production conditions for their subsistence or that of their family, on a property duly registered in the name of a third party in the Public Registry.
Precarious possessors who have ten-year possession under the conditions stated in the preceding paragraph may register their right in accordance with the provisions of this law and through the possessory information (información posesoria) procedure; but once involved in the resolution of a conflict arising from the precarious possession of lands, they shall be subject to the provisions of the final paragraph of Article 101 of this law; those who do not have ten-year possession shall claim their rights in accordance with the provisions of this Chapter.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
88 of July 14, 1942; and with the aim of providing greater credit facilities, in accordance with the spirit and letter of this law, to those who have legally validated their possession, and in accordance with the intent of Law No. 1921 of August 5, 1955, Article 14 of the Ley de Informaciones Posesorias, No. 139 of July 14, 1941, is amended to read as follows:
Possessory information and measurement corrections, as a means of acquiring ownership, are definitively consolidated after three years, counted from the day of registration of the respective title in the Public Registry, since the negative prescription of the action of a third party whom this may affect is limited to that period.
However, possessory information and measurement corrections are considered consolidated after three years, counted from the day of registration of the respective title in the Public Registry, solely for the purpose of requesting and obtaining loans from the organisms of the National Banking System and other Autonomous Institutions of the State.
Without prejudice to the rights of the Banks and other institutions as mortgage creditors, in cases where actions for recovery (acciones reivindicatorias) succeed against titles arising from possessory information or measurement corrections, the claimants must take charge of paying, under the same terms and conditions, the credits that may have been obtained by the title holders through a mortgage on the recovered properties, and the claimants shall be subrogated to the rights of the mortgage creditors to exercise them against the defeated title holders. However, the latter shall not reimburse those sums that they demonstrate having invested in stable improvements on the mortgaged properties. In each of these cases, the creditor Institution must send to the authority hearing the matter a copy of the documents in its possession regarding how the loan was invested, if required to do so.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
(NOTE: Article 14 of the Ley de Informaciones Posesorias to which this article refers - subsequently amended - is the current Article 16 of the same law).
Prior to the initiation of any judicial action in which a problem of precarious possession of lands may be involved, the owners must present their claim before the Institute, in accordance with the procedures mentioned in this Chapter. After three months have elapsed from the receipt of the respective petition without the Institute having declared the existence of a land possession conflict, or one year from that declaration without the conflict having been resolved, the administrative procedure shall be deemed exhausted, and the claimants may turn to the Courts. Notwithstanding the foregoing, any interested party may request the Judge or Mayor (Alcalde) of the Jurisdiction where the property is situated to carry out an ocular inspection, with notice to the parties, to verify any facts or signs that might change or disappear over time. While the matter is before the Institute, the prescription period shall not run for any of the parties.
Once the conflict has been resolved by the Institute, with the conformity of whoever is the owner, or expropriation has been ordered by the Executive Branch, the former shall lack any judicial action, whether agrarian or criminal, against the persons possessing in such capacity. Otherwise, whoever the occupants are shall be exposed to the common legal sanctions that may apply.
(Thus amended the preceding paragraph by Article 341, subsection 2) of the Código Procesal Agrario, No. 9609 of September 27, 2018) The writings presented by the parties before the Institute, in proceedings for the resolution of conflicts of precarious possession of lands and others related to agrarian matters, shall be exempt from authentication and from the use of fiscal stamps.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
Once the Institute intervenes in the resolution of the conflict arising between the owner of a property and the persons who are precarious possessors, it may request the competent agrarian court to order the annotation of the conflict in the margin of the property's entry in the Public Registry, so that this annotation affects third parties who wish to acquire, mortgage, lease, or enter into any contract concerning the annotated property.
The annotation shall be made by means of an order that the agrarian court shall issue in favor of the Institute, and whoever acquires the property thus annotated shall take the file processed in the Institute in the state it is in.
(Thus amended the preceding paragraph by Article 341, subsection 2) of the Código Procesal Agrario, No. 9609 of September 27, 2018)
88 of July 14, 1942.
The Institute may, when it deems advisable, obtain on its own account, totally or partially, the information referred to in the preceding paragraph; it may likewise conduct any investigations it deems necessary to corroborate or expand the data provided to it.
Persons appointed by the Institute to perform these functions or any others related to this law shall have free access to the affected properties, neighboring ones, or others if necessary to fulfill their commission.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
If it concerns appraising parcels located on lands acquired under the protection of Law No. 88 of July 14, 1942, the appraiser shall take into account, for the purposes of the appraisal, only the acquisition price, plus the value of the useful improvements that the owner may have introduced to the property.
Those parcels possessed continuously, publicly, and peacefully for more than ten years shall fall under this case, whether the possession was exercised directly by the occupant or by their transferors. That is, for the purposes of the positive prescription dealt with in this article, the translative title of ownership required by the Civil Code shall not be necessary.
In the event that it is necessary to expropriate the occupied property, in accordance with the provisions of Articles 105 and 152 of this law, the possessors who find themselves in the situation contemplated in the first paragraph of this article may demonstrate their ten-year possession in the same expropriation proceedings and through the procedure of incidental petitions.
Once said possession is declared by the Courts, the respective parcels shall not be taken into account for the purposes of the corresponding compensation, and the Institute shall award them in accordance with the principles established in the Chapter on subdivision as far as applicable, charging the possessor only the costs demanded by the proceeding, award, and titling.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
The appraisal performed by Tributación Directa must be delivered to the Institute no later than twenty business days after the case has been submitted to its consideration, and the Institute shall immediately submit it to the knowledge of the parties.
If the owner or the occupants do not agree with the appraisal performed by the corps of experts of Tributación Directa, they may appeal it before the Tribunal Fiscal Administrativo, within a term of fifteen business days from the respective notification.
The Tribunal Fiscal Administrativo must deliver its report to the Institute no later than ten business days after the matter has been submitted to its consideration. What is resolved in this case by the Tribunal does not exhaust the administrative route.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
If the occupants refuse to accept the price definitively set in accordance with Articles 99 and following of this law, which has been accepted by the owner, they shall be subject to the common legal provisions.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
When a property is expropriated, as indicated in the preceding paragraph, the appraisal performed in accordance with Articles 103 and 104 of this law shall substitute, for all legal purposes, the one required by Article 2 of Law No. 1371(*) of November 10, 1951.
In any expropriation carried out under the protection of this law, it shall be the owner's responsibility to cover, on their own account, the costs demanded by the appointment of the corresponding valuation expert, but the Judge, when setting the corresponding fees, shall not adhere to the rate indicated in Article 4 of Law No. 1371(*).
The Institute shall maintain a registry of this class of documents, which shall have public faith.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
(*) The cited Law No. 1371 was repealed by Article 64 of the Law on
88 of July 14, 1942, and whose proceedings have not reached a final judgment, that is, the resolution that would have set the amount to be paid as compensation to the owner, shall be subject to the procedures outlined in this law.
88 of July 14, 1942, a final judgment exists that set the sum to compensate the owner of lands occupied by precarious possessors, the State shall pay the current owners of the rights to be applied to national vacant lands (baldíos nacionales) the applied amount, with bonds, in the manner indicated in the following articles.
The Ministry of Economy and Finance shall request its legal opinion from the Procuraduría General de la República regarding each claim that is presented. The Procuraduría, prior to issuing its opinion, shall study the file that gave rise to the rights, and shall advise the Ministry on what it deems most convenient for the interests of the State, or shall proceed to initiate the pertinent judicial actions to verify the legitimacy of the original cause of those rights.
88 of July 14, 1942, or through abuses committed under its protection.
The Registry shall register that part of the national reserves individually.
The remainder shall continue as a national reserve, without the State thereby acquiring any obligation to compensate for improvements or for any other cause.
The occupied lands shall continue as national reserves, without the State thereby acquiring any obligation to compensate for improvements or for any other cause.
Furthermore, the Institute shall have priority in the event of a sale.
88 of July 14, 1942, and as a consequence of a final judgment issued in a land exchange based on the same law, has been the awardee of a parcel they consider not to have been located or demarcated on the ground, may request the Institute to order the respective survey and demarcation, proving by means of a certification from the Court and the local political authority their status as an occupant and their effective possession of the lot awarded in the exchange. The Institute shall examine the application and evidence presented, as well as any others it deems pertinent, and if they are satisfactory, it shall order the requested survey and demarcation, charging the cost of the work to the owner or to whomever it corresponds. If, on the contrary, it results that in the exchange there was an error of fact or law, or a violation of laws or of officials' duties, the Institute shall bring the case to the attention of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) to study the case and, if deemed appropriate, to bring the pertinent actions in accordance with the law.
88 of July 14, 1942, shall give the right to uphold the exception of adverse possession (prescripción positiva) in favor of the awardee sued in accordance with Article 123, and for the latter to avail themselves of the respective law to register their right.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
88 shall declare the dismissal on their own motion in those that were abandoned for more than six months before Law No. 1294 of June 1, 1951, came into force.
In the said plan, the occupied parcels and the remainder of the property shall be demarcated. The engineer responsible for carrying out the measurement shall state in their report whether both the owner and the occupants agree on the extent of the occupied lands. If the owner claims that the remainder of the property has a larger area than indicated in the Registry, this circumstance must be recorded at the owner's expense.
But if the occupied lands or the property where they are located adjoin national reserves or lands returned to the State by land exchange or any other causes, the measurement of the remainder, together with that of the occupied portions, may not exceed that indicated by the Registry, unless the division between the property and said State lands, indicated in the original Registry inscriptions, is a natural boundary, such as a river, confluence of rivers, streams, hills, knolls, etc. The rectification or registration of the remainder shall be made without prejudice to third parties with a better right.
The cost of the measurement shall be charged by the Institute proportionally to each of the interested parties. However, in very special cases, the Institute may agree to cover the total or partial payment of it on its own account.
The Institute shall be a party in any possessory information proceeding processed before the Courts, as well as in proceedings where rights over unregistered lands are discussed. If a precarious possession of lands problem appears to be involved in a judicial matter related to rural lands, the Judge or Mayor (Alcalde), on their own motion or at the request of a party or of the Institute, may have the Institute as a party in the matter.
The decision on this particular point shall be appealable with single effect (apelable en un solo efecto).
In urgent cases, the Institute may present its pleadings before any Court of the Republic, with a request, which the Court may not disregard, that the Court transmit them telegraphically, indicating in general terms the content of the document, to the office where the trial is being heard, without prejudice to the original being sent by normal means to be incorporated into the case file. The Court a quo shall act upon viewing the telegraphic message.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
However, when for any reason a parcel that is already under exploitation is adjudicated, the Institute is authorized to modify the form of payment established in Article 59 of this law, taking into consideration the productivity of the land and the farmer's payment capacity.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
The rules of this chapter shall not be applied to the precarious occupant (precarista) who has previously been one and who is in possession of their previous parcel or if it is proven that they transferred it. Anyone in such condition may not, for any reason, be recognized as a precarious possessor (poseedor en precario).
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
Agrarian Credit
CHAPTER VII
The Institute is obligated to carry out the necessary studies of the Costa Rican soil, dividing the country into production zones. The results of this research shall be communicated to the National Banking System (Sistema Bancario Nacional) for the purposes of better orientation and planning of rural credit.
Community enterprises of peasant self-management (empresas comunitarias de autogestión campesina), agricultural and livestock, formed by small producers that, by meeting the minimum organizational requirements according to the respective regulations, have been recognized by the Institute and are duly registered in the Registry that the Institution shall keep for this purpose, shall also have the character of subjects entitled to credit and technical assistance from the State. Said enterprises shall have legal personality and may enter into all kinds of contracts and acts necessary for the fulfillment of their purposes, with the legal and regulatory conditions and limitations applicable to them.
(Thus added by Article 1 of Law No. 5496 of March 30, 1974).
(Thus amended by Article 3 of Law No. 5496 of March 30, 1974).
Those who organize into cooperatives shall have priority.
It is also authorized to agree on loans with a second mortgage guarantee, and provided the Institute holds the first mortgage, up to 75% of the difference between the market value (valor venal) of the property and the amount owed to the Institute. The same may be done on properties already free and clear in the hands of the awardees, and the terms may extend up to 25 years.
Likewise, the Institute may guarantee, before third parties, the credit obligations contracted by those farmers.
Acquisition and Expropriation of Lands(*) (*) On expropriations, see note to
CHAPTER VIII
The expropriation shall be carried out progressively, according to the economic conditions of the Institute, and in the zones it determines.
The expropriation of the uneconomical minifundio shall also be in order if its owner cannot have their parcel completed in the respective zone and refuses to sell it to the Institute.
Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the Institute may not expropriate a minifundio owner as long as it is not in a condition to deliver an economically exploitable parcel to them and to provide them with adequate economic and technical assistance.
If said arrangement is not achieved within a period of sixty days, counted from the first notification, it shall request the expropriation without the need for a prior declaration of public utility, as this is implied.
In the corresponding expropriation proceeding, they must always be paid for the improvements and works they have.
In the absence of an agreement between the parties, payment shall be made at the price that, within the expressed limit, is set by the Administrative Tax Tribunal (Tribunal Fiscal Administrativo), upon a prior report from an expert who shall be chosen preferably from the body of experts of the Direct Taxation Office (Tributación Directa).
The Administrative Tax Tribunal (Tribunal Fiscal Administrativo) shall not take into account, when setting this price, the improvements on the property that were not made by the owner.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).
NOTE: This article was authentically interpreted by Article 2 of Laws No. 5052 of August 17, 1972, and No. 5540 of July 8, 1974. However, said interpretation was declared unconstitutional by Resolution of the Plenary Court of November 30, 1976, published in Judicial Bulletin No. 55 of March 19, 1977.
1371 of November 10, 1951(*), and shall pay the value of such properties in cash or in State bonds, according to its own discretion.
(*) The cited Law No. 1371 was derogated by Article 64 of the Expropriations Law No. 7495 of May 3, 1995, which currently regulates everything related to said matter, and to which the expropriation procedures contained in this law must conform, as pertinent.
Rural Housing
CHAPTER IX
The Institute must coordinate its policy in that regard with the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).
Rural housing planning must aim to avoid the dispersion of the countryside's inhabitants, seeking their concentration in populated centers for the better provision of public services.
In second place, it shall accept the requests in the same sense presented by small and medium proprietors and colonists.
To comply with this provision, the State may collaborate with the technical and credit assistance it deems appropriate.
The awardee may not alienate or encumber the dwellings without the prior consent of the Institute, which shall have the preferential right of acquisition under equal circumstances.
Contracts for the Lease of Lands and Forestry Operations of the National Reserves and State Farms
CHAPTER X
(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).
(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).
(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).
(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).
(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).
(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).
(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).
(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).
(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).
Final Provisions
CHAPTER XI
The Municipalities, or private entities created for this purpose, may participate in the execution and financing of these plans, subject to the provisions of the Institute, which may extend the benefits of this law to them.
139 of July 14, 1941, cannot be registered, as well as those other lands presumed to have been irregularly acquired by private individuals, when it considers that such lands are suitable for its subdivision (parcelación) or colonization plans.
The parcel holders or colonists shall enjoy, during the first five years, counting from the date of adjudication (adjudicación), an exemption from any payment of national and municipal taxes attributable to such lands. If after that term the parcels have not been registered, the adjudicatees (adjudicatorios) shall pay to the Institute the equivalent of the cited taxes, and the Public Registry (Registro Público) shall register as a property title a duly authenticated certification, issued by the Institute, stating the adjudication contract.
( NOTE: Subsection b) of Article 7 of Law No. 5060 of August 22, 1972 provides, in relation to this article, that for the construction of public roads the State shall have the right to use, without any compensation, up to twelve percent (12%) of the area of lands hereafter granted by the State or the Municipalities by way of concession, exchange of public lands (terrenos baldíos), grants of grace (aplicaciones de gracia), agricultural colonies, adjudication of lots on public lands, and all those other rights or concessions granted by the State for any other cause on national public lands (baldíos nacionales). The subsection continues by stating that this reservation shall be applied at any time to roads of any nature with a width no greater than twenty meters, or to the use of hydroelectric power or for the passage of telegraph or telephone lines, for the construction of bridges or use of water courses necessary for supplying towns, watering livestock, or irrigation, or for any other purpose of public utility.
Finally, it adds that such restrictions and charges shall be attached to the registration of the affected property (finca), and the official responsible for granting the deed or signing the registrable order is obligated to record them. It also warns that the Public Registry shall not register the title if these restrictions and charges are not stated therein.)
(Thus amended the preceding paragraph by Article 341, subsection 2) of the Agrarian Procedural Code (Código Procesal Agrario), No. 9609 of September 27, 2018)
In all cases, the buyer shall contribute a minimum of 25%, as well as any difference that may arise between the appraisal made by the Banking Institution and the purchase price.
The properties for whose purchase these loans are made must meet the conditions established by this law for the fulfillment of its subdivision and colonization purposes, and the buyers must meet the requirements demanded by the same law for aspiring colonists.
( The Constitutional Chamber (Sala Constitucional), by means of resolution No. 2063 of February 14, 2007, established that this article is not unconstitutional, as long as ".it is interpreted that the power to issue executive regulations lies solely with the Executive Branch. .")
Each bond issuance made by the Executive Branch in accordance with this power must have the ratification of the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa).
2466 of November 9, 1959, are repealed; as well as Laws No. 13 of January 6, 1939 (General Law on Public Lands - Ley General sobre Terrenos Baldíos); No. 88 of July 14, 1942 (Regulation of the Adjudication of Public Lands - Reglamentación de la Adjudicación de Terrenos Baldíos), except for the case provided in Transitory Article 16 of this law; and No. 1294 of June 1, 1951 (Law of Squatters - Ley de Parásitos), and, as far as denouncements (denuncios) are concerned, numbers 19 of November 12, 1942 (Denouncement of Lands in the Atlantic Maritime Mile - Denuncio de Terrenos en la Milla Marítima del Atlántico) and 201 of August 21, 1943 (Reform to the Law of Denouncement of Lands in the Atlantic Maritime Mile - Reforma a la Ley de Denuncio de Terrenos en la Milla Marítima del Atlántico), as well as any other legal provision that opposes the execution of this law.
Transitory.- At the request of the Institute, the Courts, in a considered resolution, may suspend the proceedings already initiated against any person who has been declared by the cited body as a precarious possessor (poseedora en precario) of lands. Such suspension may be decreed at any phase or stage of the trial in question, and for the time that is prudentially necessary for the Institute to achieve a satisfactory solution to the conflict, and it may be extended, following the same indicated procedure.
Once the conflict is resolved in the manner indicated in the third paragraph of Article 94 of this present Law of Lands and Colonization, the Institute shall inform the courts so that the latter may declare the civil actions lapsed and both the criminal actions and the penalties that may have been imposed against the precarious possessors, in that capacity, extinguished.
In the contrary case, the owners may again approach the ordinary courts, for which no term shall run against them during the suspension of the proceedings.)
(Thus added by Law No. 3336 of July 31, 1964).
TRANSITORY PROVISIONS
Denouncement applications that have not reached the stage of a certificate of possession shall be considered as not filed, and the Judge shall archive the respective case file.
Likewise, the Judge shall declare, ex officio, the lapsing of those denouncement applications that fall under the case of Article 35 of the General Law on Public Lands (Ley General de Terrenos Baldíos), No. 13 of January 10, 1939.
The renewals of said contracts or concessions shall be subject to the criteria of the Institute, and to the new rules it establishes.
Said agencies shall transfer to the Institute, when it so requests, the archives, equipment, and work materials.
Article 15 of Law No. 139 of July 14, 1941 is amended in the sense that the prescriptive period (prescripción) shall be three years instead of ten.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 3218 of October 19, 1963).
(Repealed by Article 2 of Law No. 5257 of July 31, 1973).
The provisions of this transitory article shall be applicable only to those parcels possessed by the current occupant, or by those who preceded them in the occupation, for a period of no less than 10 years, with the tacit or express consent of the State, and which have also been subjected to agricultural or livestock exploitation in a proportion of no less than two-thirds of their total area.
The registration procedures shall be published by means of edicts in the Official Gazette (Diario Oficial), granting interested parties a period of thirty days from the first publication to file oppositions. In addition to the report and the other requirements referred to in this and the preceding transitory article, the presentation of a cadastral plan (plano catastrado) of the land is indispensable, indicating the type of crops or types of exploitation to which it is subjected and the area of each one.
Excepted from the preceding prohibition are operations carried out with the National Banking System, with the National Production Council (Consejo Nacional de Producción), with cooperatives of which the occupant is a member, and with any other credit institutions of the State. In the event of a public auction due to such operations, the restrictions referred to in the preceding paragraph shall be eliminated de facto.
The prices to be paid by the adjudicatees for such services may not be higher than those that the adjudicatees demonstrate they are capable of obtaining through direct personal contracts with professionals in the respective field.
Lands that the State has adjudicated in property to private individuals by virtue of laws or contracts prior to the enactment of this law may be alienated, encumbered, and leased when ten years have elapsed since the date of the adjudication, or sooner if those laws or contracts allow it, or if the Institute authorizes such transactions.
The provisions of this article should not be understood as diminishing other limitations on property imposed by this law.
The National Banking System shall endeavor to give such credits priority over any other mortgage credits, with the exception of short-term production credits.
88 of July 14, 1942, there is a final judgment (sentencia firme) that adjudicates to the possessors the lands that correspond to them, the Civil Treasury Judge (Juez Civil de Hacienda) (must be understood as the Administrative and Civil Treasury Court - Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda - according to the Administrative Contentious Jurisdiction Law - Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa - No. 3667 of March 12, 1966) who heard the case file for the exchange of those lands shall issue the writ of execution (ejecutoria) and the addenda thereto that may be necessary, so that the Public Registry registers the respective lots in the name of those possessors. Likewise, the Judge is empowered to issue the necessary resolutions so that said registration is made in the Registry, consequently making therein the legal warnings and also the pertinent clarifications or rectifications.
Ley de Tierras y Colonización (ITCO INDER) Ley de Tierras y Colonización
(Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 80° de la ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, se indicó que se mantiene vigente la presente norma, en lo que no contraviene esta ley. En caso de duda entre ambas prevalecerán los principios de la Ley N.º 2825. Expresamente, se mantendrá la vigencia en todos sus extremos, el capítulo Vl de la Ley Nº 2825, Regulación de Conflictos entre Propietarios y Poseedores en Precario, y su normativa conexa)
(*) El siguiente corresponde al texto publicado en el Alcance Nº 90 a La Gaceta Nº 278 de 8 de diciembre de 1962, ordenado en virtud de lo dispuesto por el Transitorio II de la Ley 3042 de 4 de octubre de 1962.
Finalidades, Régimen de Posesión de la Propiedad Rural Inmueble
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
2.- Contribuir al florecimiento de las virtudes republicanas, privadas y públicas, vinculando al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra;
Las tierras en manos de esos intereses deben volver al Estado en la forma que determinan la Constitución y la ley;
El Estado, por todos los medios a su alcance, estimulará la formación de cooperativas agrícolas para combinar la dignidad de la pequeña propiedad con la eficiencia de la gran empresa; y
1. El derecho de todo individuo o grupo de individuos que formen una cooperativa, aptos para trabajos agrícolas o pecuarios y que carezcan de tierra o la posean en cantidades insuficientes, a ser dotados en propiedad de tierras económicamente explotables, preferentemente en las zonas en donde trabajen o habiten, y cuando las circunstancias lo aconsejen, en zonas debidamente seleccionadas; y 2. El derecho de los agricultores al crédito bancario para una racional explotación de la tierra.
(NOTA: El artículo 9º de la ley Nº 3478 de 23 de diciembre de 1964 dispone que mientras el Instituto de Tierras y Colonización sea dueño de más del 50% del capital aportado en la cooperativa de producción agropecuaria que habrá de organizarse en la colonia de Bataán, el nombramiento y remoción del gerente de esa cooperativa corresponderá a la Junta Directiva del Instituto, la cual podrá disponer también que en la Junta Directiva de la cooperativa haya mayoría de directores nombrados por el Instituto. Añade que lo dispuesto en este artículo regirá también para cualquier otra cooperativa que auspicie el Instituto en el futuro).
Para ese efecto, propondrá a la Asamblea Legislativa las medidas legales pertinentes.
Asimismo, el Instituto estudiará la posibilidad de sustituir, conforme a los principios y normas de esta ley, por la vía legislativa, las formas indirectas de explotación de la tierra.
Propiedad Agrícola del Estado
CAPITULO II
Oportunamente creará el Instituto otras reservas forestales que servirán, además, de santuario o refugio de la vida animal silvestre y en los cuales será prohibida la cacería en cualquiera de sus formas; f) Los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá; g) Los terrenos indispensables para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas; h) Los terrenos que se anegan durante la estación lluviosa o como consecuencia del desbordamiento de los ríos y que conservan agua durante el verano, aprovechable como abrevadero, cuando tales terrenos constituyan el único recurso hídrigo del lugar, utilizable como abrevadero para el ganado de los vecinos del lugar. Si para ese uso fuere necesario establecer servidumbres sobre predios de particulares, el Instituto compensará a éstos equitativamente; e i) Todos aquellos terrenos que hubieren sido declarados indenunciables o inalienables por disposiciones legales anteriores.
Todo acto de ese género, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente, será considerado, según el caso, como usurpación de domino público o como merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas.
Entre los ríos que desembocan al Lago de Nicaragua se considerarán navegables los que pueden ser surcados por las embarcaciones regulares de cabotaje entre los puertos de lago y los de río. Para los efectos de esta ley, la navegabilidad de un río puede extenderse por mejoras introducidas por el hombre, como dragados, exclusas, embalses y obras similares.
El Instituto Geográfico Nacional, después de investigaciones para determinar la longitud de la navegación y su límite aguas arriba, presentará un informe al Poder Ejecutivo para que se emita el correspondiente decreto.
(Derogado por el artículo 1º de la ley Nº 5385 del 30 de octubre de 1973).
Quedan afectados a los fines de la presente ley:
Quedan especialmente autorizados para hacer estos traspasos, tanto el Poder Ejecutivo como los Gerentes de las Instituciones Autónomas y los Presidentes Municipales.
Las citadas entidades, con excepción del propio Instituto de Tierras y Colonización, no podrán enajenar, gravar ni arrendar las tierras afectadas.
A pesar de lo dicho en los párrafos anteriores, el Poder Ejecutivo podrá requerir del Instituto que le traspase la propiedad de aquellas tierras que fueren indispensables para la construcción de obras o la instalación de servicios públicos distintos de los contemplados en esta ley, así como de aquellas que fueren comprendidas en contratos suscritos por dicho Poder y ratificados por la Asamblea Legislativa.
(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 del 25 de noviembre de 1969)
Instituto de Tierras y Colonización Patrimonio, Administración, Deberes y Atribuciones (*) NOTA: Este capítulo fue reformado tácitamente por la Ley de Transformación del ITCO en Instituto de Desarrollo Rural (INDER)(), Nº 6735 de 29 de marzo de 1982, con excepción de los incisos d) y f) del artículo 41 que continúan vigentes, de conformidad con las leyes Nº 7018 de 20 de diciembre de 1985 (artículo 14, inciso 22) y Nº 7174 de 28 de junio de 1990 (artículo 87, inciso b).
() (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")
Anteriormente, este Capítulo había sido reformado tácitamente en todo lo relativo a integración de la Junta Directiva así como a nombramientos de gerente y auditor, por las leyes Nos. 4646 de 20 de octubre de 1970 (artículos 5, 6 y 7) y 5507 de 19 de abril de 1974 (artículos 3 y 6).
CAPITULO III (*)
Su funcionamiento se ceñirá exclusivamente a las normas del artículo 188 de la Constitución Política, las de esta ley, sus reformas, leyes conexas y reglamentos internos.
Su domicilio legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que pueda establecer dependencias en otros lugares del país.
En los casos en que haya más de una posibilidad de oferta capaz de llenar lo objetivos perseguidos para determinado fin, se seguirá el trámite de licitación. Las compras, ventas y arrendamiento de tierras se considerarán operaciones de tráfico ordinario del Instituto, para los efectos del artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera de la República.
En casos de ausencia justificada, el Ministro podrá delegar en un personero del mismo Ministerio, a escogencia suya, quien debe juramentarse en el mismo acto en que lo haga el titular.
Se exceptúa de esta disposición el parentesco que pudiere existir con el Ministro de Agricultura y Ganadería, cuando el nombramiento de éste fuere posterior al de su pariente integrante de la Junta Directiva.
Sus nombramientos deberán hacerse dentro de los cuatro meses siguientes al ocho de mayo, en que toma posesión el Presidente de la República.
No obstante dejará de ser miembro:
(NOTA: de acuerdo con la ley No. 7514 de 6 de junio de 1995, que reformó el artículo 16 de la Constitución Política, la ciudadanía costarricense no se pierde y es irrenunciable)
En todos los casos señalados, la Junta Directiva dará cuenta al Consejo de Gobierno, para que éste determine si procede declarar la separación. Cuando ocurriere una vacante, el nombramiento del sustituto se hará dentro del término de un mes y la persona nombrada lo será por el resto del período legal.
Quedan exentos de esta responsabilidad los miembros ausentes de las sesiones en que se hubieren votado tales resoluciones, así como los que hubieren hecho constar en el acta respectiva, en forma razonada, su voto contrario.
Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, el Gerente y el Subgerente, rendirán caución por veinte mil colones (¢ 20,000.00). Esta caución puede ser hipotecaria, mediante valores del Estado pólizas de fidelidad del Instituto Nacional de Seguros o depósitos en efectivo.
Para la calificación de la garantía y el otorgamiento de escrituras en su caso, se seguirán las prescripciones del Código Fiscal.
El Ministro integrante de la Junta no podrá ser electo estos cargos.
Cuando en alguna sesión estuvieren ambos ausentes, la Junta Directiva designará a uno de sus miembros como Presidente ad-hoc.
No podrá, sin embargo, celebrar más de diez sesiones remuneradas al mes, incluyendo ordinarias y extraordinarias. Los miembros de la Junta Directiva devengarán dietas fijas, cuyo monto se determinará en los presupuestos anuales del Instituto, pero en todo caso no podrán ser superiores a ciento cincuenta colones (¢ 150.00) por sesión.
Comprobado cualquier exceso se procederá de la siguiente manera:
( Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 5110 del 10 de noviembre 1972 ).
Esta prohibición será aplicable a los Gerentes, Auditores y a aquellos otros funcionarios y empleados que determine la Junta Directiva.
El Gerente General tendrá a su cargo la administración del Instituto de acuerdo con la ley, los reglamentos y las instrucciones que le imparta la Junta Directiva.
El Subgerente actuará bajo la autoridad jerárquica del Gerente y lo reemplazará en sus ausencias temporales. Sus funciones serán las que la Junta Directiva y el Gerente lo señalen.
Los funcionarios citados en el párrafo primero de este artículo serán nombrados en sus cargos por períodos de dos años, podrán ser reelectos, y serán responsables por su actuación ante la Junta directiva.
Su remoción sólo podrá acordarse por el mismo número de votos necesarios para su nombramiento.
No podrá nombrar a quienes estuvieren ligados por parentesco de consanguinidad hasta tercer grado o de afinidad hasta segundo, ambos inclusive, con él mismo, con el Subgerente o con el Auditor. No será causal de remoción de un empleado el que con posterioridad a su designación se nombre en los cargos mencionados a personas que tengan con él el parentesco indicado, o que llegaren a ser parientes por afinidad de alguno de ellos; i) Autorizar con su firma, los valores y documentos que determinen las leyes, los reglamentos del Instituto y los acuerdos de la Junta Directiva. Los cheques deberán ser, además, refrendados por el Auditor; j) Resolver todos los asuntos que no estuvieren reservados a la decisión de la Junta Directiva; k) Asistir a todas las sesiones de la Junta Directiva, en las cuales no tendrá voto.
El Subgerente y el Auditor podrán asistir a las sesiones con la misma limitación en cuanto al voto. No obstante, estos funcionarios y el Gerente no podrán asistir a sesiones cuando se trate del nombramiento de Gerente, Subgerente o Auditor.
Cuando lo consideren necesario, los funcionarios antes indicados tendrán derecho de hacer constar en las actas respectivas sus opiniones sobre los asuntos que se discutan; l) Vigilar el correcto desarrollo de la política señalada por la Junta Directiva, la realización de los planes de trabajo y la ejecución de los presupuestos ordinarios y extraordinarios; m) Decidir, en caso de urgencia, cualquier asunto de competencia de la Junta Directiva, o suspender la ejecución de las resoluciones tomadas por aquélla; en ambos casos convocará a sesión extraordinaria, a efecto de dar cuenta de lo actuado por la Gerencia; n) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del Instituto, salvo cuando su intervención personal fuere legalmente obligatoria; o) Elaborar y presentar, a más tardar el último día de febrero, un informe de las labores y operaciones realizadas durante el año anterior; y p) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le corresponda, de conformidad con la ley, los reglamentos y las disposiciones de la Junta Directiva.
La Auditoría funcionará bajo la autoridad y dirección inmediata de un Auditor, quien deberá ser Contador Público Autorizado.
Para demostrar la personería de cualquiera de esos tres funcionarios y la de aquellos otros que actúen por delegación de ellos, será suficiente la cita de publicación en "La Gaceta", de su nombramiento, aceptación y juramentación.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 del 31 de julio de 1964 ).
Para este efecto, se faculta al Poder Ejecutivo para traspasar al Instituto, a solicitud de éste, por medio de la Procuraduría General de la República, las tierras que se consideren necesarias para los fines de esta ley, dentro de un término de seis meses que se contará, en cada caso, desde la fecha en que se pida el traspaso correspondiente por el Poder Ejecutivo; b) Los aportes adicionales que se asignen a dicho Instituto en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; c) Las sumas que se recauden por concepto de venta y arrendamiento de tierras y bosques; d) DEROGADO por el inciso r) del artículo 31 de la ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias de 4 de julio del 2001. e) El producto de sus utilidades netas ; y f) Lo que corresponda por el impuesto de los cigarrillos al Instituto, según la ley Nº 3021 de 21 de agosto de 1962 (Aumento de los impuestos sobre importación de gasolina y sobre el consumo de cerveza, refrescos y cigarrillos).
Toda persona física o jurídica poseedora de terrenos incultos en exceso de cien hectáreas, sujeta al pago del impuesto creado por este artículo, deberá declarar anualmente la cantidad de tierras de su propiedad que esté en esas condiciones. La Tributación Directa, a partir de la declaración número treinta y dos (32), correspondiente al período de pago del impuesto sobre la renta, del 1º de octubre de 1961 al 30 de setiembre de 1962, incluirá en las fórmulas de declaración, un nuevo cuadro destinado específicamente a los fines de recaudación de este impuesto. Basada en tales declaraciones, la Tributación Directa deberá emitir los recibos correspondientes, que pondrá al cobro por medio del Banco Cajero del Estado, con todas las formalidades y requisitos que son de uso en los demás tributos a favor del Estado. El Banco Cajero del Estado apartará en cuenta especial el producto de este impuesto y lo girará directamente cada mes a favor del Instituto de Tierras y Colonización.
El Instituto y la Tributación Directa tendrán facultades para verificar por medio de sus funcionarios la exactitud de las declaraciones hechas por las personas sujetas al pago, y formularios en el cuadro a que se refiere el párrafo anterior.
El propietario estará obligado a suministrar la información necesaria a juicio del Instituto, para efectos de la verificación mencionada. En caso de comprobarse declaraciones falsas o que no se ajusten a la realidad, el declarante deberá pagar el doble del impuesto a que legalmente está obligado.
La Junta Directiva del Instituto calificará como industria forestal a las empresas que lo soliciten, ante la evidencia de los programas de explotación que estén llevando a cabo o que se propongan realizar, que se consideren convenientes para el país o para una zona suya, con vista de su importancia técnico-económico, las mejoras hechas o por hacer en el terreno de las instalaciones mecánicas estables, como aserraderos, edificaciones o similares, que tengan o vayan a establecerse. Los solicitantes deberán igualmente evidenciar un interés real en la conservación y explotación técnica racional y adecuada de los bosques, para extraerles sus maderas, por medio de rendimientos periódicos, que los preservan o los sustituyen, en forma parcial o complementaria, con explotaciones de carácter agrícola o ganadero de verdadera importancia económica.
El Instituto podrá revisar cuando lo crea conveniente la calificación que hubiere hecho, dentro de los términos de este artículo, para cancelarla si hubieren dejado de existir las razones que originalmente las justificaron.
El Instituto establecerá en el reglamento de esta ley los requisitos que debe llenar una empresa para ser considerada industria forestal.
Para ese fin, desarrollará preferentemente sus programas de parcelación, colonización y organización de cooperativas en aquellas zonas donde existen núcleos de poseedores en precario y que se consideren aptas para ese objeto, así como en las tierras del Estado, en las reservas nacionales o en otras propiedades que entidades públicas le traspasen con ese propósito.
En el caso de la Milla Marítima se respetarán los arriendos vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley y los derechos adquiridos en la misma por los poseedores de buena fe, sin prejuicio de lo que establece esta ley.
El Instituto de Tierras y Colonización podrá contratar con el Instituto Geográfico de Costa Rica la ejecución de los trabajos de cartografía y derivados, que estén a su cargo en relación con los fines de esta ley.
Este centro coordinará las actividades y aprovechará las experiencias de los organismos públicos y privados que se ocupen en tareas relacionadas con la investigación geográfica regional.
Parcelación de Tierras
CAPITULO IV
El Instituto podrá efectuar la parcelación de sus tierras para llenar, entre otros, los siguientes fines inmediatos:
Igual estudio deberá hacerse respecto de las tierras que el Instituto tome en arrendamiento o administración con los mismos fines.
Los peritos nombrados al efecto tomarán en cuenta, además de otros elementos que contribuyan a una tasación justa, los siguientes factores:
En caso de bienes adquiridos por las citadas Instituciones en o por pago de créditos a su favor, el precio de venta para el Instituto estará determinado por el valor de la deuda respectiva, más las costas. Si el Instituto no resolviere su compra dentro de los noventa días siguientes, la entidad oferente podrá vender de acuerdo con sus facultades, pero el Instituto conservará preferencia para hacer la adquisición en igualdad de circunstancias.
Para ser inscrita en el Registro de la Propiedad una escritura traslativa de dominio de las condiciones expresadas en el presente artículo, es indispensable presentar constancia del Instituto de haber llenado los requisitos establecidos en los párrafos anteriores.
Las solicitudes podrán ser presentadas en cualquier agencia de esa Institución.
En ningún caso se cargará a los parceleros el costo de las obras destinadas a los servicios públicos en los centros agrarios, tales como carreteras, caminos de penetración, y otros de carácter general, excepto cuando dichas obras han sido construidas por el Instituto.
En atención a la función social de la propiedad de la tierra, cuando se trate de parcelas otorgadas a título oneroso que resulten muy costosas por estar ubicadas en regiones en donde el valor comercial de la tierra sea muy alto, el precio de venta de aquéllas podrá ser menor, según el estudio agro-económico que haga el Instituto.
Los intereses que se cobren no podrán ser superiores a un tanto por ciento que cubra los gastos de administración.
Dichas cuotas se comenzarán a pagar cinco años después de haber recibido el adjudicatario su parcela.
El Instituto hará lo posible porque la cuota anual de amortización no sea mayor del cinco por ciento de la producción de la parcela, estimada según los promedios en cada zona. Cuando la cosecha de un año fuere mala por razones ajenas a la voluntad del adjudicatario, el Instituto deberá hacer las adecuaciones de plazo necesarias.
(NOTA: En relación al presente numeral, el artículo 8º de la ley Nº 3478 de 23 de diciembre de 1964 dispone que al adjudicar parcelas, sea en Bataán o en cualquier otro plan de parcelación y colonización, la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización podrá fijar, en cada caso, la forma de pago, habida cuenta de la productividad de la tierra y de la capacidad económica del colono o parcelero).
El solicitante debe comprometerse a trabajar la parcela personalmente y con sus descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad, y que vivan con él, siempre que estén en condiciones físicas de hacerlo.
Debe declarar, bajo la fe del juramento, que carece de tierras o que son insuficientes las que posea.
En igualdad de condiciones, se preferirá a los padres de familia que tengan más hijos o más personas a su cargo.
Los mayores de dieciocho años se considerarán personas capaces a los efectos de la dotación y administración de parcelas y de concesiones de créditos.
Tendrán prelación especial los arrendatarios, aparceros, colonos, ocupantes y trabajadores agrícolas en general que hubieren sido desalojados de las tierras que van a ser objeto de dotación, o que estuvieren pendientes de desalojo.
También tendrán prelación especial, dentro de la clasificación anterior, todos los grupos de agricultores que se organicen en cooperativas.
Dentro de los límites y condiciones fijados por esta ley, la parcela puede ser mayor o menor, según el número de hijos y de personas que estén a cargo del adjudicatario.
Los adquirentes deberán comprometerse a cumplir las instrucciones que les imparta el Instituto para su explotación.
Si el ocupante ha cultivado el mínimo señalado por el Instituto y cumplido a satisfacción de éste todas las demás obligaciones, tendrá derecho a que se le otorgue título de propiedad, garantizando el pago con hipoteca de su parcela.
En el caso de dictarse una resolución en tal sentido, que requerirá cuatro votos conformes de la Junta Directiva, la parcela volverá al dominio del Instituto con toda su dotación, reconociéndole éste al parcelero el valor de las mejoras necesarias o útiles que hubiere hecho de su peculio.
Tampoco podrá, sin esa autorización y durante el mismo término, gravar las cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la explotación de la parcela, a menos que todas sus obligaciones con el Instituto estuvieren canceladas. Para autorizar el gravamen del inmueble se requieren cuatro votos conformes de la Junta Directiva. Será absolutamente nulo cualquier contrato que se celebre sin que se cumplan las disposiciones anteriores.
Transcurridos los quince años y adquirido el derecho de propiedad, cualquier enajenación de parcela que, a juicio del Instituto, pueda producir la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, dará derecho a éste para adquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta por el precio que fijen los peritos nombrados por las partes, o por un tercero, en caso de discordia. Este tercer perito será nombrado por los otros dos expertos. El Registro Público tomará nota de las limitaciones a que se refiere este artículo.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 341 inciso 2) del Código Procesal Agrario, N° 9609 del 27 de setiembre de 2018) 1) Que antes de haber cancelado sus obligaciones con el Instituto, el parcelero no podrá traspasar el dominio de su predio, gravarlo, arrendarlo, subdividirlo, ni gravar las cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la explotación de la parcela, sin autorización del Instituto; 2) Que después de haberterminado sus obligaciones con el Instituto, cualquier enajenación de parcela que, a juicio de esa Institución, pueda producir la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, dará derecho al Instituto para readquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta, por el precio que fijen los peritos nombrados de conformidad con las disposiciones de esta ley; 3) Que las parcelas, cosechas, semillas, animales, enseres, útiles y equipo necesario para la por personas terceras o acreedoras, antes de que las parceleras hayan cancelado sus obligaciones con el Instituto, salvo que tales acreedoras lo sean por haber suplido créditos debidamente autorizados por este.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 341 inciso 2) del Código Procesal Agrario, N° 9609 del 27 de setiembre de 2018) 4) Que el Instituto deberá, de conformidad con el procedimiento estipulado en el Capítulo de Tribunales de Tierras, revocar o extinguir la adjudicación por los siguientes motivos:
Con excepción del caso b) y antes de la revocatoria o extinción del derecho, debe proceder una amonestación que no haya sido atendida por el adjudicatario.
Si no hubiere heredero capaz en los términos de esta ley y sus reglamentos, o si el presunto adjudicatario no pudiere garantizar el pago del haber sucesorio que por razón de la parcela pudiere corresponder a los otros herederos, el Instituto podrá adjudicarse judicialmente la parcela, depositando a la orden de la sucesión el valor del inmueble dado por el perito de la mortual, con deducción de las deudas que el causante tuviera con el Instituto.
El Instituto de Desarrollo Rural (*) deberá considerar las directrices definidas por la Ley de Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos, para valorar la adquisición y adjudicación de terrenos. Es obligación suya disponer de estudios de capacidad de uso de la tierra, antes de adquirirla, para fines de titulación.
(*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")
Toda adjudicación de terrenos deberá limitarse a que la utilización del terreno adjudicado no pueda ir en contra de la capacidad de uso del terreno. El incumplimiento de esta disposición acarreará la revocatoria de la adjudicación.
(Así adicionados estos dos párrafos finales por el artículo 64 de la Ley de Uso y Conservación de Suelos No.7779 de 30 de abril de 1998)
Esta fuentes deberán ser clasificadas por el Instituto, pertenecerán al Estado, y se destinarán siempre al servicio gratuito del ganado de los campesinos del lugar. Si para ello fuere necesario expropiar propiedades o establecer servidumbres sobre predios de particulares, el Instituto indemnizará a éstos equitativamente, conforme a la ley.
No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades viven aisladamente, pertenecen exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a todas estas comunidades, formando un solo centro agrario,en la zona que el Instituto considere adecuada y para lo cual se hará uso del área de terreno que sea necesaria.
De ser necesario, por el exceso de población o por las diferentes costumbres, podrá formar varios centros agrarios, pero tratando de que estén cerca unos de otros.
Colonización
CAPITULO V
Los detalles en las distintas modalidades de colonización serán previstos en la reglamentación de esta ley, donde se podrá completar la integración de comisiones consultivas que estudien los aspectos del plan de colonización de desarrollar, o de las tierras seleccionadas para tal finalidad.
Los centros, unidades o colonias se regirán por reglamentos que dictará el Instituto.
El Instituto no dará su aprobación para la fundación de una colonia, hasta no tener a mano estudios que determinen probabilidades de éxito.
El administrador o director será preferentemente un Ingeniero Agrónomo.
Ello, no obstante, el Instituto procurará, dentro de sus facultades o por medio de acuerdo con los colonos, adaptarlas a las normas de esta ley.
Asimismo, queda a cargo del Instituto, la vigilancia del cumplimiento de los contratos con el Estado mediante los cuales hayan sido establecidas colonias de carácter semi-oficial o particular. Cuando a su juicio hubiere incumplimiento de parte de los concesionarios, recomendará la rescisión o resolución del contrato, según corresponda, si no fuere posible un entendimiento con los colonos o con sus representantes legales.
Los organismos delEstado encargados por leyes o contratos de autorizar las inscripciones de parcelas de colonias, deberán oir previamente por treinta días al Instituto.
El Instituto revisará tales contratos y solicitará la adecuación de los mismos a los principios generales de la presente ley. Pagará con bonos los daños que pueda ocasionar tal revisión.
Las citadas empresas de colonización, están obligadas a solicitar al Instituto instructores para que les den cursos de cooperativismo agrario.
Regulación de Conflictos entre Propietarios y Poseedores en Precario
CAPITULO VI
Para los efectos de esta ley se entenderá que es poseedor en precario todo aquel que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público.
Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria; pero una vez involucrados en la resolución de un conflicto motivado por la posesión precaria de tierras, quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 101 de esta ley; los que no tuvieren la posesión decenal, reclamarán sus derechos conforme a las disposiciones de este Capítulo.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 del 31 de julio de 1964 ).
"Artículo 14.- Las informaciones posesorias y rectificaciones de medida, como medio de adquirir la propiedad, quedan definitivamente consolidadas por el transcurso de tres años, que se contarán a partir del día de la inscripción del respectivo título en el Registro Público, ya que se limita a ese plazo la prescripción negativa de la acción del tercero a quien esto pueda afectar.
Sin embargo, las informaciones posesorias y rectificaciones de medida, se consideran consolidadas después de tres años, contados a partir del día de inscripción del respectivo título en el Registro Público, únicamente para el efecto de solicitar y obtener préstamos de los organismos del Sistema Bancario Nacional y otras Instituciones Autónomas del Estado.
Sin perjuicio de los derechos de los Bancos y otras instituciones como acreedores hipotecarios, en los casos en que prosperen acciones reivindicatorias sobre los títulos emanados en informaciones posesorias o en rectificaciones de medida, los reivindicantes deberán hacerse cargo de pagar en los mismos términos y condiciones, los créditos que hubieren sido obtenidos por los titulantes en hipoteca sobre las propiedades reivindicadas, y los reivindicantes se subrogarán los derechos de los acreedores hipotecarios, para ejercitarlos en contra de los titulantes vencidos. No obstante, éstos no reembolsarán aquellas sumas que demuestren haber invertido en mejoras estables de las propiedades hipotecadas. En cada uno de estos casos, la Institución acreedora deberá enviar a la autoridad que conozca del asunto, copia de los documentos que obren en su poder acerca de la forma en que se invirtió el préstamo, si para ello fuere requerida.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 del 31 de julio de 1964 ).
( NOTA: El artículo 14 de la Ley de Informaciones Posesorias a que este artículo se refiere - modificado posteriormente - es el actual 16 de la misma ).
Previamente al establecimiento de una acción judicial cualquiera en que pueda estar comprendido un problema de posesión precaria de tierras, los propietarios deberán presentar su reclamo ante el Instituto, conforme a los procedimientos mencionados en este Capítulo. Transcurridos tres meses a partir del recibo de la gestión respectiva sin que el Instituto haya declarado la existencia de un conflicto de posesión de tierras, o un año desde esa declaratoria, sin que el conflicto haya sido solucionado, se tendrá por agotado el procedimiento administrativo, y los accionantes podrán dirigirse a los Tribunales. No obstante lo anterior, cualquiera de los interesados podrá solicitar al Juez o Alcalde de la Jurisdicción en que esté situada la finca, que lleve a cabo una inspección ocular, con citación de partes, para comprobar cualesquiera hechos o señales que pudieren variar o desaparecer con el tiempo. Mientras el asunto esté en el Instituto, no correrá el término de la prescripción para ninguna de las partes.
Solucionado el conflicto por el Instituto, con la conformidad de quien sea propietario, u ordenada la expropiación por el Poder Ejecutivo, aquel carecerá de toda acción judicial, sea agraria o penal, contra las personas poseedoras en calidad de tales. Caso contrario, quienes sean ocupantes quedarán (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 341 inciso 2) del Código Procesal Agrario, N° 9609 del 27 de setiembre de 2018) Los escritos presentados por las partes ante el Instituto, en diligencias de solución de conflictos de posesión precaria de tierras y otras relacionadas con cuestiones agrarias, estarán exentas de autenticación y del uso de especies fiscales.
(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964).
Una vez que el Instituto intervenga en la solución del conflicto suscitado entre la propietaria de un inmueble y las personas poseedoras en precario, podrá gestionar ante el juzgado agrario competente que ordene la anotación del conflicto al margen de la finca en el Registro Público, con el fin de que esa anotación afecte a terceras personas que quieran adquirir, hipotecar, arrendar o celebrar cualquier contratación sobre la finca anotada.
La anotación se hará por medio de mandamiento que el juzgado agrario expedirá a favor del Instituto, y quien adquiera la finca así anotada tomará el expediente tramitado en el Instituto en el estado en que se encuentre.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 341 inciso 2) del Código Procesal Agrario, N° 9609 del 27 de setiembre de 2018)
El Instituto podrá, cuando lo juzgue conveniente, obtener por su propia cuenta, total o parcialmente, la información a que el párrafo anterior se refiere; podrá, asimismo, hacer las investigaciones que considere necesarias para corroborar o ampliar los datos que le hayan sido suministrados.
Las personas encargadas por el Instituto para desempeñar estas funciones o cualesquiera otras relacionadas con esta ley, tendrán libre acceso a los terrenos afectados, vecinos u otros si fuere necesario para que llenen su cometido.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).
Si se tratare de valorar parcelas localizadas en terrenos adquiridos al amparo de la ley Nº 88 de 14 de julio de 1942, el perito tomará en cuenta, para los efectos de su avalúo, solamente el precio de adquisición, más el valor de las mejoras útiles que el propietario hubiere introducido a la finca.
Estarán en este caso aquéllas poseídas en forma continua, pública y pacífica por más de diez años, ya sea que la posesión haya sido ejercida directamente por el ocupante o por sus transmitentes. Es decir, que para los efectos de la prescripción positiva de que este artículo trata, no será necesario el título traslativo de dominio que exige el Código Civil.
Para el caso en que fuere necesario expropiar la finca ocupada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 152 de esta ley, los poseedores que se encontraren en la situación contemplada en el párrafo primero de este artículo, podrán demostrar en las mismas diligencias de expropiación y mediante el trámite de incidentes, la posesión decenal.
Declarada por los Tribunales dicha posesión, las parcelas respectivas no se tomarán en cuenta para los efectos de la indemnización correspondiente y el Instituto las adjudicará de acuerdo con los principios establecidos en el Capítulo de parcelaciones en lo que fuere procedente, cobrando al poseedor únicamente los gastos que demanden la medida, adjudicación y titulación.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).
El avalúo que efectúe la Tributación Directa deberá ser entregado al Instituto a más tardar veinte días hábiles después de haber sido enviado el caso a su consideración y el Instituto de inmediato, lo someterá a conocimiento de las partes.
Si el propietario o los ocupantes no estuvieren de acuerdo con el avalúo realizado por el cuerpo de peritos de la Tributación Directa, podrán recurrir del mismo, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro del término de quince días hábiles, a partir de la notificación respectiva.
El Tribunal Fiscal Administrativo deberá entregar su informe al Instituto a más tardar diez días hábiles después de haber sido sometido el negocio a su consideración. Lo resuelto en este caso por el Tribunal, no da por agotada la vía administrativa.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).
Si los ocupantes se negaren a aceptar el precio fijado en definitiva de conformidad con los artículos 99 y siguientes de esta ley, que haya sido aceptado por el propietario, quedarán sujetos a las disposiciones legales comunes.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).
adjudicaciones que considere necesarias para la resolución del conflicto, de acuerdo con los principios establecidos en el Capítulo de Parcelaciones en lo que fuere procedente.
Cuando se expropiare un inmueble, conforme está indicado en el párrafo anterior, el avalúo realizado de conformidad con los artículos 103 y 104 de esta ley, sustituirá para todos los efectos legales, el exigido en el artículo 2º de la ley Nº 1371(*) de 10 de noviembre de 1951.
En toda expropiación que se realice al amparo de esta ley, tocará al propietario cubrir de su cuenta los gastos que demande el nombramiento del perito valuador que le correponde, pero el Juez, al fijar los honorarios correspondientes, no se sujetará a la tarifa señalada en el artículo 4º de la ley Nº 1371(*).
El Instituto mantendrá un registro de esta clase de documentos, que tendrá fe pública.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).
(*) La Ley Nº 1371 de cita fue derogada por el artículo 64 de la Ley de pertinente, deben ajustarse los procedimientos expropiatorios prescritos en la presente ley.
El Ministerio de Economía y Hacienda pedirá su opinión legal a la Procuraduría General de la República respecto de cada reclamo que se presente. La Procuraduría, previamente a pronunciarse, hará un estudio del expediente que dio origen a los derechos, y aconsejará al Ministerio lo que considere más conveniente a los intereses del Estado, o procederá a establecer las acciones judiciales pertinentes para comprobar la legitimidad de la causa originaria de esos derechos.
El Registro inscribirá, individualizada, esa parte de las reservas nacionales.
El resto continuará como reserva nacional, sin que el Estado adquiera por ello obligación indemnizatoria por razón de mejoras o de cualquier otra causa.
Los terrenos ocupados continuarán como reservas nacionales, sin que el Estado adquiera por ello obligación indemnizatoria por razón de mejoras o de cualquier otra causa.
Además, el Instituto, en caso de venta, tendrá prioridad.
El Instituto examinará la solicitud y pruebas presentadas, así como cualesquiera otras que estimare oportunas, y siendo satisfactorias ordenará el levantamiento del plano y deslinde solicitado, con cobro del valor del trabajo al propietario o a quien corresponda. Si por el contrario, resultare que en el intercambio se procedió con error de hecho o de derecho, o con violación de las leyes o deberes de los funcionarios, el Instituto pondrá el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la República para que estudie el caso y para que, si lo estimare procedente, establezca las acciones pertinentes con arreglo a la ley.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).
En dicho plano se demarcarán las parcelas ocupadas y el resto de la finca. El ingeniero encargado de practicar la medida, hará constar en su informe si tanto el dueño como los ocupantes están de acuerdo en cuanto a la extensión de los terrenos ocupados. Si el dueño alegare que el resto de la finca tiene mayor cabida que la indicada en el Registro, deberá hacerse constar esa circunstancia a costa del propietario.
Mas si los terrenos ocupados o el inmueble donde se encuentran, colindan con reservas nacionales o terrenos devueltos al Estado por canje de tierras o cualesquiera otras causas, la medida del resto, junto con la de las porciones ocupadas, no podrán sobrepasar la que el Registro indicare, salvo que la división entre el inmueble y dichos terrenos del Estado, indicada en las inscripciones originales del Registro, fuere un lindero natural, tal como un río, confluencias de ríos, quebradas, cerros, lomas, etc. La rectificación o inscripción del resto se hará sin perjuicio de terceros de mejor derecho.
El valor de la medida lo cargará el Instituto proporcionalmente a cada uno de los interesados. Sin embargo, en casos muy especiales, el Instituto podrá acordar por su cuenta el pago total o parcial de ella.
El Instituto será parte en toda información posesoria que se tramite ante los Tribunales, así como en los expedientes en que se discutan derechos sobre terrenos no inscritos. Si en un negocio judicial relacionado con terrenos rurales apareciere implicado un problema de posesión precaria de tierras, el Juez o Alcalde, de oficio o a petición de parte o del Instituto, podrá tener a éste como parte en el asunto.
La resolución sobre este particular será apelable en un solo efecto.
En casos urgentes el Instituto podrá presentar sus gestiones ante cualquier Tribunal de la República, con ruego, que el Tribunal no podrá desatender, de que éste las trasmita telegráficamente, indicando en términos generales el contenido del escrito, a la oficina donde radique el juicio, sin perjuicio de que el original lo remita por las vías normales para ser incorporado al expediente. El Tribunal a quo actuará con vista del mensaje telegráfico.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).
Sin embargo, cuando por cualquier motivo se adjudicare una parcela que ya esté en explotación, se faculta al Instituto para modificar la forma de pago establecida en el artículo 59 de esta ley, tomando en consideración la productividad de la tierra y la capacidad de pago del agricultor.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 3336 de 31 de julio de 1964).
Las normas de este capítulo no serán aplicadas al precarista que lo hubiere sido anteriormente y que estuviere en posesión de su parcela anterior o se comprobare que la traspasó. Quien estuviere en tal condición no podrá, por ningún motivo ser reconocido como poseedor en precario.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).
Crédito Agrario
CAPITULO VII
El Instituto está obligado a hacer los estudios necesarios del suelo costarricense, dividiendo el país en zonas de producción. Los resultados de esta investigación serán comunicados al Sistema Bancario Nacional para efectos de la mayor orientación y planificación del crédito rural.
Tendrán igualmente carácter de sujetos con derecho al crédito y a la asistencia técnica del Estado, las empresas comunitarias de autogestión campesina agrícolas y pecuarias por pequeños productores que, por reunir los requisitos mínimos de organización conforme a los respectivos reglamentos, hayan sido reconocidos por el Instituto y se encuentren debidamente inscritos en el Registro que al efecto llevará esa Institución. Dichas empresas contarán con personalidad jurídica y podrán celebrar toda clase de contratos y actos necesarios para el cumplimiento de sus fines, con las condiciones y limitaciones legales y reglamentarias que les fueren aplicables.
(Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 5496 de 30 de marzo de 1974).
(Así reformado por el artículo 3º de la ley Nº 5496 de 30 de marzo de 1974).
Tendrán prelación los que se organicen en cooperativas.
También se le autoriza para acordar préstamos con garantía hipotecaria de segundo grado, y siempre que el Instituto tenga la primera hipoteca hasta del 75% de la diferencia entre el valor venal de la propiedad y lo adeudado al Instituto. Lo mismo se podrá hacer sobre las propiedades ya libres en poder de los adjudicatarios y los plazos podrán extenderse hasta 25 años.
Asimismo, el Instituto podrá garantizar, ante terceros, las obligaciones de crédito contraídas por esos agricultores.
Adquisición y Expropiación de Tierras(*) (*) Sobre expropiaciones, ver nota del artículo 152.
CAPITULO VIII
La expropiación se hará en forma progresiva, según las condiciones económicas del Instituto, y en las zonas que éste determine.
También procederá la expropiación del minifundio antieconómico a cuyo propietario no se le pueda completar su parcela en la respectiva zona, y se niegue a vendérsela al Instituto.
No obstante lo dicho en el párrafo anterior, el Instituto no podrá expropiar al minifundista mientras no esté en condiciones de entregarle una parcela económicamente explotable, y de prestarle la ayuda económica y técnica adecuadas.
También procederá la expropiación, sin tener en cuenta la prelación anterior, cuando no quedare otro recurso para resolver un problema agrario de evidente gravedad. Esta situación debe probarla previamente el Instituto.
No logrado dicho arreglo en un plazo de sesenta días, contados a partir de la primera notificación, solicitará la expropiación sin necesidad de previa declaratoria de utilidad pública, por sobreentenderse ésta.
En el juicio de expropiación que correspondiera, siempre se le han de pagar las mejoras y obras que tenga.
En caso de no haber acuerdo de partes, el pago se hará por el precio que, dentro del límite expresado, fije el Tribunal Fiscal Administrativo, previo informe de un perito que se escogerá de preferencia dentro del cuerpo de peritos de la Tributación Directa.
No tomará en cuenta el Tribunal Fiscal Administrativo para fijar ese precio las mejoras que tenga el inmueble no realizadas por el propietario.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).
NOTA: Este artículo fue interpretado auténticamente por el artículo 2º de las leyes números 5052 de 17 de agosto de 1972 y 5540 de 8 de julio de 1974. No obstante, dicha interpretación fue declarada inconstitucional por Resolución de Corte Plena de 30 de noviembre de 1976, publicada en el Boletín Judicial Nº 55 de 19 de marzo de 1977.
(*) La Ley Nº 1371 de cita fue derogada por el artículo 64 de la Ley de Expropiaciones Nº 7495 de 3 de mayo de 1995, la cual regula actualmente todo lo relativo a dicha materia, y a la que deben ajustarse, en lo pertinente, los procedimientos expropiatorios contenidos en la presente ley.
Vivienda Rural
CAPITULO IX
El Instituto deberá coordinar su política en ese sentido con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
La planificación de vivienda rural debe tender a evitar la dispersión de los habitantes del campo, procurando la concentración de los mismos en centros poblados, para la mejor prestación de los servicios públicos.
En segundo lugar acogerá las demandas en igual sentido que presenten los pequeños y medianos propietarios y colonos.
Para el cumplimiento de esta disposición, el Estado podrá colaborar con la ayuda técnica y crediticia que estimare conveniente.
El adjudicatario no podrá enajenar ni gravar las viviendas sin el previo consentimiento del Instituto, el que tendrá derecho preferente de adquisición en igualdad de circunstancias.
Contratos de Arrendamiento de Tierras y Explotaciones Forestales de las Reservas Nacionales y Fincas del Estado
CAPITULO X
(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).
(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).
(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).
(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).
(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).
(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).
(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).
(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).
(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).
CAPITULO XI
Disposiciones Finales
En la realización y financiación de estos planes podrán participar las Municipalidades, o las entidades particulares creadas al efecto, con sujeción a las disposiciones del Instituto, el cual podrá hacer extensivos a ellas los beneficios de la presente ley.
Los parceleros o colonos gozarán durante los cinco primeros años, a contar de la fecha de adjudicación, de exención de todo pago de impuestos nacionales y municipales imputables a dichas tierras. Si transcurrido ese término las parcelas no hubieren sido inscritas, los adjudicatorios pagarán al Instituto el equivalente de los impuestos citados, y el Registro Público inscribirá como título de propiedad una certificación debidamente autenticada, extendida por el Instituto, en que conste el contrato de adjudicación.
( NOTA: El inciso b) del artículo 7º de la ley Nº 5060 de 22 de agosto de 1972 dispone, en relación con el presente numeral, que para la construcción de caminos públicos el Estado tendrá derecho a utilizar, sin indemnización alguna hasta un doce por ciento (12%) del área de los terrenos que en adelante se otorguen por el Estado o las Municipalidades a título de concesión, canje de terrenos baldíos, aplicaciones de gracia, colonias agrícolas, adjudicación de lotes en terrenos baldíos y todos aquellos otros derechos o concesiones que otorgue el Estado por cualquier otra causa en los baldíos nacionales. Continúa diciendo el inciso que esta reserva se aplicará en cualquier momento a caminos de cualquier naturaleza con un ancho no mayor de veinte metros, o al aprovechamiento de fuerzas hidroeléctricas o para el paso de líneas telegráficas o telefónicas, para construcción de puentes o utilización de cursos de agua que fueren necesarios para el abastecimiento de poblaciones, abrevaderos de ganado o irrigación, o para cualquier otra finalidad de utilidad pública.
Por último, añade que tales restricciones y cargas irán aparejadas a la inscripción de la finca afectada, quedando obligado el funcionario a quien corresponde otorgar la escritura o suscribir el mandamiento inscribible a dejar constancia de las mismas. Advierte asímismo que el Registro Público no inscribirá el título si en éste no constan dichas restricciones y cargas).
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 341 inciso 2) del Código Procesal Agrario, N° 9609 del 27 de setiembre de 2018)
En todos los casos el comprador aportará como mínimo el 25%, así como también la diferencia que pudiera resultar entre el avalúo hecho por la Institución Bancaria y el precio de compra.
Las propiedades para cuya compra se hagan estos préstamos, habrán de reunir las condiciones establecidas por esta ley para el cumplimiento de sus fines de parcelación y colonización, y los compradores deberán llenar los requisitos exigidos por la misma a los aspirantes a colonos.
( La Sala Constitucional mediante resolución N° 2063 del 14 de febrero de 2007, estableció que este artículo no resulta inconstitucional, en tanto ".se interprete que la potestad de emitir reglamentos ejecutivos recae únicamente en el Poder Ejecutivo. .")
Cada una de las emisiones de bonos que haga el Poder Ejecutivo de acuerdo con esta facultad, deberá contar con la ratificación de la Asamblea Legislativa.
Transitorio.-A petición del Instituto, los Tribunales, en resolución considerada, podrán suspender los procedimientos establecidos ya contra cualquier persona que hubiere sido declarada por el citado organismo poseedora en precario de tierras. Dicha suspensión podrá decretarse en cualquier fase o estado del juicio de que se trate, y por el tiempo que sea prudencialmente necesario para que el Instituto logre una solución satisfactoria del conflicto, y podrá prorrogarse, siguiendo el mismo procedimiento que se ha indicado.
Solucionado el conflicto en la forma que indica el párrafo tercero del artículo 94 de la presente ley de Tierras y Colonización, el Instituto lo pondrá en conocimiento de los tribunales para que éste declare caducas las acciones civiles y extinguidas, tanto las penales como las penas que hubieren sido dictadas contra los poseedores en precario, en condición de tales.
Caso contrario, los propietarios podrán dirigirse de nuevo a los tribunales comunes, para lo cual no les correrá término alguno en su contra durante la suspensión de los procedimientos ).
( Así adicionado por ley Nº 3336 del 31 de julio de 1964 ).
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Las solicitudes de denuncios que no hubieren alcanzado cédula de posesión, se tendrán por no presentadas y el Juez archivará el expediente respectivo.
Igualmente, el Juez declarará de oficio la caducidad de aquellas solicitudes de denuncio que estuvieren en el caso del artículo 35 de la Ley General de Terrenos Baldíos, Nº 13 de 10 de enero de 1939.
Las renovaciones de dichos contratos o concesiones, quedarán sujetas al criterio del Instituto, y a las nuevas normas que éste establezca.
Dichas dependencias le traspasarán al Instituto, cuando éste se lo solicite, los archivos, equipo y materiales de trabajo.
Modificase el artículo 15 de la ley Nº 139 de 14 de julio de 1941 en el sentido de que la prescripción será de tres años en lugar de diez.
( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3218 del 19 de octubre de 1963).
(Derogado por el artículo 2º de la ley Nº 5257 del 31 de julio de 1973).
Las disposiciones de este transitorio serán aplicables únicamente a aquellas parcelas poseídas por el actual ocupante, o por quienes le hayan antecedido en la ocupación, durante un período no menor de 10 años, con el consentimiento tácito o expreso del Estado, y hayan sido además sometidas a total.
Las gestiones de inscripción serán publicadas por medio de edictos en el Diario Oficial, concediéndose a los interesados un plazo de treinta días a partir de la primera publicación, para oposiciones. Además del informe y los otros requisitos a que se refieren éste y el transitorio anterior, es indispensable la presentación de un plano catastrado del terreno, con indicación de la clase de cultivos o tipos de explotación a que está sometido y el área de cada uno de ellos.
Se exceptúan de la prohibición anterior las operaciones que se celebren con el Sistema Bancario Nacional, con el Consejo Nacional de Producción, con las cooperativas de que forme parte el ocupante y con cualesquiera otras instituciones de crédito del Estado. En caso de remate por razón de operaciones, las restricciones a que se refiere el párrafo anterior quedarán de hecho eliminadas.
Los precios a pagar por los adjudicatarios por tales servicios, no podrán ser superiores a los que los adjudicatarios demuestren estar en capacidad de obtener mediante contratos personales directos con profesionales del ramo respectivo.
Los terrenos que el Estado haya adjudicado en propiedad a particulares en virtud de leyes o contratos anteriores a la promulgación de esta ley, podrán ser enajenados, gravados y arrendados cuando hayan transcurrido diez años desde la fecha de la adjudicación, o antes si esas leyes o contratos lo permiten, o si el Instituto autoriza tales transacciones.
Las disposiciones de este artículo no deben entenderse en menoscabo de otras limitaciones a la propiedad, impuestas por esta ley.
A tales créditos el Sistema Bancario Nacional procurará dar prioridad sobre cualesquiera otros de carácter hipotecario, excepción hecha de los créditos de producción a corto plazo.
necesarios, para que el Registro Público inscriba a nombre de esos poseedores, los lotes respectivos. Asimismo queda facultado el Juez para dictar las resoluciones necesarias a fin de que se haga esa inscripción en el Registro, haciendo en consecuencia en ellas las advertencias legales y además las aclaraciones o rectificaciones del caso.
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