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Res. 01539-2015 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 19/11/2015
OutcomeResultado
The court fully or partially granted the appeals, vacated the entire judgment and trial because of reasoning and timing defects, and ordered a new trial subject to the prohibition against worsening the appellant’s position.El Tribunal acogió total o parcialmente las apelaciones, anuló íntegramente la sentencia y el debate por deficiencias de motivación y plazos, y ordenó un nuevo juicio con límites derivados de la prohibición de reforma en perjuicio.
SummaryResumen
The Criminal Judgment Appeals Court fully granted the appeals filed by the Public Prosecutor’s Office and the Attorney General’s Office and partially granted those filed by the sole convicted defendant and his counsel in a prevarication case concerning an executive decree declaring a mining project to be in the national interest. The court rejected the constitutional res judicata objection and nullified the entire judgment—which had convicted one defendant and acquitted the others—as well as the preceding trial, due to inadequate reasoning and failure to comply with the statutory deadlines for deliberation and issuance of judgment in complex proceedings. It further held that the trial court needed to determine whether mineral extraction qualified as an infrastructure project capable of justifying forest clearing under Article 19 of the Forestry Law; a national-interest declaration alone was insufficient. The case was remanded for a new trial before a differently composed panel, without prejudging criminal liability and subject to the prohibition against worsening the appellant’s position.El Tribunal de Apelación acogió totalmente los recursos del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, y parcialmente los del único imputado condenado y su defensor, en una causa por supuesto prevaricato relacionado con un decreto ejecutivo de conveniencia nacional para un proyecto minero. La Cámara rechazó la excepción de cosa juzgada constitucional y anuló integralmente la sentencia —que había condenado a un acusado y absuelto a los demás— y el debate precedente, por deficiencias de motivación y por haberse excedido los plazos legales de deliberación y emisión del fallo en un asunto de tramitación compleja. También señaló que debía analizarse si la extracción minera constituía un proyecto de infraestructura capaz de justificar la corta de bosque conforme al artículo 19 de la Ley Forestal; la sola declaración de conveniencia nacional no bastaba. Ordenó un juicio de reenvío ante una integración distinta, sin prejuzgar sobre responsabilidad y con respeto de la prohibición de reforma en perjuicio.
Key excerptExtracto clave
In addition to all the foregoing, it must be noted that the Court and the parties failed to analyze an issue that could be decisive for the National-Interest Decree: section 3(m) of the Forestry Law defines national-interest activities as those “...carried out by centralized State agencies, autonomous institutions, or private enterprise, whose social benefits exceed their socio-environmental costs. The balance shall be determined using the appropriate instruments.” It does so within the framework of section 19(b) of the same statute, which provides: “ARTICLE 19.—Authorized activities. On forest-covered land, neither land-use change nor the establishment of forest plantations shall be permitted. Nevertheless, the State Forestry Administration may grant permits in those areas for the following purposes: (...) (b) To carry out public or private infrastructure projects of national interest (...) In such cases, forest cutting shall be limited, proportionate, and reasonable for the purposes stated above. A preliminary screening questionnaire must first be completed before the State Forestry Administration to determine whether an environmental impact assessment may be required, as established by the regulations to this Law” (emphasis not in the original). Therefore, it was not enough that the activities were of national interest; under a systematic interpretation of both provisions, they also had to constitute infrastructure projects. Following the restrictive grammatical interpretation required by Article 2 of the Code of Criminal Procedure, and the first definition in the Dictionary of the Royal Spanish Academy, that term means an “Underground work or structure serving as a supporting base for another.” It was therefore imperative to determine whether the works planned by the company—the extraction of materials—could be regarded as “infrastructure” for purposes of authorizing tree cutting; that is, whether other works were to be built upon them. This issue was raised in the Ombudsperson’s submission in Constitutional Chamber Judgment No. 2010-14009 (section VI of the background) but was not addressed by the constitutional justices at that time. For all these reasons, the appeals filed by the accused and his defense counsel must be partially granted—because, as explained above, certain matters are conclusively resolved here through rejection of the alleged defects in the accusation and the constitutional res judicata claim—and the resulting course of action is to nullify the conviction entered in these proceedings and order a retrial before a newly composed trial court.A todo lo expuesto, hay que agregar que, el Tribunal y las partes, omitieron analizar un tema que podría ser trascendental para el Decreto de Conveniencia Nacional y es que el numeral 3 inciso m de la Ley Forestal define las actividades de conveniencia nacional como las "...realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socio-ambientales. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados" lo hace en el marco de lo establecido en el numeral 19.b de esa misma normativa, que señala: "ARTICULO 19.- Actividades autorizadas. En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines: (...) b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional (...) En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley" (el destacado no es del original). Ergo, no bastaba que se tratara de actividades de conveniencia nacional sino que estas debían consistir, interpretando sistemáticamente ambas normas, en proyectos de infraestructura. Este término, siguiendo la interpretación restrictiva que es la gramatical (artículo 2 del Código Procesal Penal) y, según el Diccionario de la Real Academia Española, primera acepción, significa "Obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación a otra" (se suplen las negritas) de modo que era imperativo analizar si las obras que planeaba hacer la empresa (extracción de materiales) pueden considerarse “infraestructura” a los fines de autorizar la corta de árboles, es decir si, sobre ellas, se iban a construir otras, tema expuesto así en la contestación efectuada por la Defensoría de los Habitantes en el voto número 2010-14009 de la Sala Constitucional (acápite VI del resultando) y que no fue abordado por los magistrados constitucionales en aquel momento. Por todo lo expuesto, se deben acoger parcialmente (porque, como se dijo atrás, hay temas que quedan zanjados, al rechazarse, desde esta sede, como los supuestos errores de la acusación y la cosa juzgada constitucional) las impugnaciones del encartado y de su defensor y lo que procede, producto de lo anterior, es anular la sentencia condenatoria dictada en autos y ordenar el juicio de reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia.
Pull quotesCitas destacadas
"Es decir, la parte dispositiva se emitió excediéndose el tiempo previsto para la deliberación."
"That is, the operative portion was issued after the legally prescribed deliberation period had expired."
Considerando VII
"Es decir, la parte dispositiva se emitió excediéndose el tiempo previsto para la deliberación."
Considerando VII
"Desde esta perspectiva, entonces, al haberse prolongado el tiempo tanto de la deliberación como aquel para dictar sentencia por más del previsto legislativamente, procedería, también por esta razón (que, se insiste no es la única ni la principal) decretar la nulidad de lo resuelto y el debate que le precedió."
"From this perspective, because both the deliberation period and the time for issuing judgment exceeded the statutory limits, this reason as well—though it is neither the sole nor the principal reason—would warrant nullifying the decision and the trial that preceded it."
Considerando VII
"Desde esta perspectiva, entonces, al haberse prolongado el tiempo tanto de la deliberación como aquel para dictar sentencia por más del previsto legislativamente, procedería, también por esta razón (que, se insiste no es la única ni la principal) decretar la nulidad de lo resuelto y el debate que le precedió."
Considerando VII
"En consecuencia, se rechaza la excepción de cosa juzgada constitucional y se anula integralmente la sentencia y el debate que le precedió, ordenándose el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia para que resuelva lo que en Derecho proceda."
"Consequently, the constitutional res judicata objection is rejected, the judgment and the trial that preceded it are nullified in their entirety, and the case is remanded to a newly composed trial court for resolution according to law."
Por tanto
"En consecuencia, se rechaza la excepción de cosa juzgada constitucional y se anula integralmente la sentencia y el debate que le precedió, ordenándose el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia para que resuelva lo que en Derecho proceda."
Por tanto
"En el juicio de reenvío y en el eventual caso de una sentencia condenatoria por tal hecho (aspecto sobre el que esta Cámara no prejuzga), deberá respetarse, a favor de dicho imputado, el principio de prohibición de reforma en perjuicio."
"At the retrial, should a conviction eventually be entered for that act—an issue on which this Court expresses no view—the prohibition against reformatio in peius must be respected in favor of that defendant."
Considerando VII
"En el juicio de reenvío y en el eventual caso de una sentencia condenatoria por tal hecho (aspecto sobre el que esta Cámara no prejuzga), deberá respetarse, a favor de dicho imputado, el principio de prohibición de reforma en perjuicio."
Considerando VII
Full documentDocumento completo
Decision: 2015-01539 Decision: 2015-01539 Case file: 08-000011-033-PE (7) CRIMINAL JUDGMENT APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eight twenty in the morning on diecinueve de noviembre de dos mil quince.
APPEALS (RECURSOS DE APELACIÓN) filed in the present proceedings brought against [Nombre01 001], [...]; against [Nombre 002] [...]; against [Nombre 003] [...]; against [Nombre 004], [...]; against [Nombre01 005], [...]; against [Nombre 006], [...]; against Nombre01, of legal age, Costa Rican, holder of identity card number CED01, born in San José, married to Nombre02, son of Nombre03 and Nombre04, residing at Dirección01 , industrial engineer; for the offense of MALFEASANCE IN OFFICE (PREVARICATO), to the detriment of THE DUTIES OF PUBLIC OFFICE. Judges Rosaura Chinchilla Calderón and Lilliana García Vargas and Judge Joe Campos Bonilla participated in deciding the appeal. The following appeared before this Court: Laureano Castro Sancho, Attorney-at-Law, as counsel for Nombre01; Daniela Salas Peña, Attorney-at-Law, as counsel for [Nombre 005]; Guillermo Méndez Morales, Attorney-at-Law and public defender for [Nombre01 006]; José Miguel Villalobos, Attorney-at-Law, as counsel for [Nombre01 002], [Nombre01 001], and [Nombre01 003]; Mayra Centeno Mejía, Attorney-at-Law, as counsel for [Nombre01 004]; the accused persons on their own behalf; Luis Diego Hernández Araya and Natalia Rojas Méndez, Attorneys-at-Law, as prosecutors for the Ministerio Público; and, on behalf of the Procuraduría General de la República, Dr. Magda Inés Rojas and Attorneys-at-Law Miguel Cortés Chaves and Ronald Víquez Solís; and, FINDINGS OF FACT (RESULTANDO):
I.By Judgment Nº 32-2015, issued at ten o’clock on veintiocho de enero de dos mil quince, the Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, ruled: “THEREFORE (POR TANTO): Pursuant to Articles 39, 41, 140, and 146 of the Constitución Política; Articles 1, 9, 37 to 41, 180 to 184, 324 to 367, and 376 to 379 of the Código Procesal Penal; Articles 1, 57, 58, 59 to 63, 71, 74, 357, and 365 of the Código Penal; Articles 3 and 84 of the Código de Minería; Articles 164, 187, 188, 189, and 361 of the Ley General de la Administración Pública; Articles 6, 17, and 22 of the Ley Orgánica del Ambiente; Articles 3 subsection m, 19, and 34 of the Ley Forestal; and Article 2 of the Reglamento a la Ley Forestal, it is unanimously declared that Nombre01 is criminally responsible as the perpetrator of ONE offense of MALFEASANCE IN OFFICE arising from Decreto Ejecutivo 34801-MINAS, to the detriment of THE DUTIES OF PUBLIC OFFICE, and is therefore sentenced to THREE YEARS’ IMPRISONMENT, which sentence shall be served, with credit for time spent in pretrial detention (prisión preventiva), at the place and in the manner established by the applicable prison regulations.
Nombre01 is also subject to DISQUALIFICATION (INHABILITACIÓN) from holding public office for THREE YEARS. Nombre01, [Nombre01 005], [Nombre01 006], [Nombre01 001], [Nombre01 002], [Nombre01 003], and [Nombre05 004] are acquitted of all punishment and liability for an offense of malfeasance in office. Because Nombre01 qualifies for it, he is granted the benefit of a SUSPENDED SENTENCE (EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA) for a period of FIVE years, during which time he must not commit an intentional offense punishable by imprisonment for more than six months; if he does so, the benefit granted herein shall be revoked and he shall be required to serve the sentence imposed. Once the judgment becomes final, it shall be entered in the Registro Judicial de Delincuentes, and notice shall be given to the Instituto Nacional de Criminología and the Juzgado de Ejecución Penal. Notice shall be given by reading.
Nombre06. Mercedes Muñoz Campos. Sergio Quesada Carranza. Judges” (sic, electronic case file, pp. 5070-5349). The full reading of that document took place on 25 de febrero de 2014 (page 5328 of the digital case file), and in pleadings dated 04 and 05 de marzo de 2015, respectively, Attorneys-at-Law Ronald Víquez and Laureano Castro, in that order, acting as Procurador de la Ética Pública and defense counsel for Nombre01, filed motions to supplement and clarify the judgment (solicitudes de adición y aclaración). Those motions were decided by a ruling issued at thirteen hours and five minutes on 19 de marzo de 2015 (pages 5345 to 5348 of the digital case file), as follows: “THEREFORE (POR TANTO): Accordingly, pursuant to the provisions of Articles 15 and 147 of the Código Procesal Penal, the judgment issued at ten o’clock on veintiocho de enero del año dos mil quince is supplemented so that, on pages 182, 190, and 217 of the judgment in question, the word ‘peculado’ shall be replaced with ‘prevaricato.’ The defense’s motion to clarify and supplement filed on behalf of the accused Nombre01 is denied.
Notice shall be given. Nombre06. Mercedes Muñoz Campos. Sergio Quesada Carranza.” This supplementary ruling was served on the parties, as recorded on pages 5350 to 5390 of the digital case file, on 19, 20, 23, and 24 de marzo de 2015, the latter being the date on which several parties to the proceedings were served by fax and email or others were deemed served after five unsuccessful delivery attempts.
II.Against that judgment, appeals were filed by Laureano Castro Sancho, Attorney-at-Law, as counsel for Nombre01; by that accused person on his own behalf; by Luis Diego Hernández Araya and Natalia Rojas Méndez, Attorneys-at-Law, as prosecutors for the Ministerio Público; and by Ronald Víquez, Attorney-at-Law, on behalf of the Procuraduría General de la República. Those appeals are now before this Court.
III.After the requested oral hearing was held and the corresponding deliberation conducted pursuant to Article 465 of the Código Procesal Penal (as amended by Laws Nº 8837 and Nº 9021 and following the numbering indicated in the Fe de Erratas adopted by resolution of the legislative directorate published in La Gaceta Nº 51 of 12 de marzo de 2012, which is the numbering used in this text), the Court considered the issues raised in the challenges (impugnaciones).
Judge Chinchilla Calderón drafts the opinion; and, CONSIDERING (CONSIDERANDO):
I.Admissibility of the challenges: (1) In order to decide the admissibility of the various appeals filed, three procedural issues should be taken into account, some of which arose in the case law and relate to admissibility: (a) as stated in the ruling issued at 9:00 a.m. on 02 de febrero de 2012 by the Criminal Court of this Circuit, the present matter was declared, during the preparatory phase, to be subject to complex proceedings (tramitación compleja). One of the legal consequences thereof is that, pursuant to Article 378(e) of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), the time limits for filing appeals are doubled; that is, the applicable period is deemed to be thirty business days; (b) in the present matter, both counsel for one of the defendants and the Procuraduría General de la República filed motions to supplement or clarify the judgment (gestiones de adición o aclaración de la sentencia).
This is important because it changes the date on which the period for filing a challenge begins to run, and there are two positions in this regard: (b.1) the position adopted by appellate judges Porras Villalta and Badilla Rojas and Judge Montero Mena in decisions Nos. 2015-604 and 2015-719, which state, in summary, that under the new regulation of this procedural mechanism, the filing of a motion to supplement or clarify has an interruptive effect, but the period for filing a challenge begins to run immediately, without awaiting the issuance of the supplemental rulings, because the legislature did not grant such rulings any effect—such as a suspensive effect—of the kind they previously had; (b.2) the position adopted in decisions Nos. 842-2013 (Arce Víquez, Zúñiga Morales and Omar Vargas); 1694-2013 (Chinchilla Calderón, García Vargas and Campos Bonilla); and, by majority, decision No. 1328-2015 (Judge Jiménez Fernández, Judge Mena Artavia, and the dissenting opinion of Judge Montero Mena, who follows the previous position), which not only points out the absurd result produced by the statutory amendment through its conferral of an interruptive rather than a suspensive effect—as it had previously had—on a motion to supplement, but also concludes, through a systematic and restrictive interpretation of that provision so as not to limit the right of appeal, that the period for filing a challenge cannot begin to run until the supplemental ruling has been issued, insofar as that ruling may expand upon or add grounds for appeal and no separate challenge against it is provided for, with the result that this new issue would be excluded from appellate review.
Accordingly, we adhere to the arguments previously advanced on this matter, namely: “...this Court interprets the period for filing a challenge as beginning to run in its entirety on the day following notification of the supplemental ruling to all parties (or on the day thereafter, depending on whether electronic means are used for such notification and in accordance with the provisions governing such matters under the Ley de Notificaciones, which is specific legislation enacted after the Code of Criminal Procedure on this issue). This clarification is necessary because it is well known that Article 147 of the Code of Criminal Procedure was amended by Law No. 9021 of 03 de enero de 2012. Before that law, the Article in question provided: ‘ARTICLE 147.- Clarification and supplementation. At any time, the court may clarify any obscure, ambiguous, or contradictory terms in which its rulings are drafted, or may supplement their content if it has omitted to decide any disputed issue, provided that such actions do not entail modifying the decision rendered.
Within three days following notification, the parties and the Ministerio Público may request clarification or supplementation of the rulings. The request shall suspend the period for filing any applicable appeals’ (emphasis added). According to the general legal doctrine governing this issue, a motion to supplement or clarify has a suspensive effect on the appeal period. In other words, the time that elapsed between notification of the ruling and the filing of the motion remains accrued, but does not begin to run again until the supplemental ruling is served, because the legal nature of the procedural remedy of clarification (remedio procesal de la aclaración) prevents any substantive modification of the original decision. Legal doctrine is therefore unanimous in attributing a suspensive effect to such a motion and in stating that the remaining appeal period resumes when the supplemental ruling is issued: ‘It is an interlocutory ruling (a judgment or order, depending on the country) that becomes inseparably integrated with the clarified judgment (as expanded or corrected).
This is essential and, consequently, the latter judgment cannot independently produce any procedural effect (...) This leads to another important consequence: the period for filing other appeals (appeals, extraordinary remedies, etc.) begins to run upon notification of the second judgment, that is, the judgment deciding the motion for clarification (expansion or correction), even when the motion is denied’ Nombre07. Judicial appeals and other means of challenge in Ibero-America. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, pp. 80-81. ‘...the corresponding ruling forms an indivisible whole with the clarified ruling. Consequently, the clarifying ruling cannot produce autonomous procedural effects, such as, for example, its separate enforcement (...) Whatever the outcome of the motion (sic) for clarification, its filing has a suspensive effect on the period for filing appeals’ (See Nombre08. Appeals in criminal proceedings.
Nombre09 , Buenos Aires, 1998, pp. 53-54). Nevertheless, in Costa Rica, the aforementioned law amended the final paragraph of that Article to provide, insofar as relevant: ‘With respect to rulings issued in writing, the parties and the Ministerio Público may request clarification or supplementation of the rulings within three days following notification thereof. The request shall interrupt the period (sic) for filing any applicable appeals’ (emphasis added). In other words, the suspensive effect of the motion was replaced by an interruptive effect. As is generally understood, interruption means that the previously elapsed period is erased and that a new period begins to be calculated as of the specific act. If the provision were interpreted literally, the mere filing of the motion to supplement or clarify would therefore cause the period for challenging the prior ruling to begin to run, which is nonsensical because that ruling is not yet complete or integrated with the supplemental ruling, which, although it may deny the motion, may also clarify or supplement it with respect to nonessential matters, as occurred in this case, where, although the award of costs in a specified amount was upheld, the manner in which that amount was to be divided was established.
In other words, if we adhered to the literal wording of the provision, we would create the legal absurdity of causing the parties’ challenge period to begin to run anew, erasing the time previously accrued, even though they do not yet know how the Court will rule on their motion. Clearly, that amendment, aside from being unrelated to the purposes for which the law was enacted—to correct deficiencies omitted when the Law Creating the Appeal from a Criminal Judgment was enacted—was unnecessary and ran counter to the manner in which general procedural doctrine in comparative law indicates that this mechanism should be regulated. The arguments advanced to justify it were equally incorrect, as it was stated: ‘The word “suspend” was replaced with the word “interrupt.” This is because of the implications of both concepts for limitation periods’ (see legislative file 18024), which was duly criticized by national legal scholarship: ‘With that justification, the legislators commit a fundamental error, since a request for supplementation or clarification has no relationship whatsoever with limitation periods; rather, it is connected to the time limits governing the right of appeal’ (LLOBET RODRÍGUEZ, Javier.
Annotated criminal proceedings. Editorial Jurídica Continental. San José, 5th edition, 2012, p. 304). For the foregoing reasons, this Chamber considers that the provision in question must be interpreted as meaning that this interruptive effect—which entails calculating the appeal period anew from the beginning—must operate only from the time the supplemental ruling is served on all parties (or from the following day, depending on whether the matter is governed by the Ley de Notificaciones when electronic means are used for service). From this perspective, therefore, the appeal was timely filed and must be heard, because it was submitted within fifteen business days calculated from notification of the supplemental ruling.” It is true that, under a strictly literal interpretation of Article 147 of the Code of Criminal Procedure, “interrupt” means immediately beginning a new calculation and that there is no provision establishing that this calculation begins when the supplemental ruling is issued or that the period remains interrupted until the request has been decided (as interpreted in the first of the decisions cited above, which stated: “When the third paragraph of Article 147 states that a request for clarification and supplementation shall interrupt the period for filing any applicable appeals (...), it is evident that the interruption continues throughout the time required to process that request, that is, until this Court of Appeal has decided all requests filed by the parties.
And the period for filing an appeal in cassation (recurso de casación)—which is common to all parties, rather than individual—shall begin to run again in its entirety on the day following the last service effected (Article 167 of the Code of Criminal Procedure) in respect of the corresponding ruling. It is evident that the appeal period could not begin to run before the requests for supplementation and clarification are decided—as the Fiscalía suggests—because this would place at a disadvantage all parties awaiting the disposition of the pending requests, which may even determine whether any of them decides to file an appeal in cassation”). However, higher-order principles require a logical interpretation because, otherwise, the supplemental ruling might render an already-filed appeal unnecessary or might introduce new matters, without the possibility of separately challenging it, since no provision authorizes such a challenge.
For all the foregoing reasons, this panel maintains that position. (c) Finally, another relevant procedural issue is how to calculate time limits when notice has been given by electronic means (fax or email), because in this matter the supplemental ruling was served by such means and there are two positions: (c.1) the position maintained by the Sala Tercera, which states that Articles 160 and 167 of the Code of Criminal Procedure apply, under which time limits run from the date of service on the interested party if the period is individual or, if common to all parties, from the last service effected on the parties; and (c.2) the position maintained by this Chamber and other appellate courts, which considers that the Ley de Notificaciones applies—because it is specific to service of process and was enacted later, thereby tacitly repealing the Code of Criminal Procedure in that respect—meaning that time limits begin to run on the second day following service. As is apparent from the foregoing, the second position is applied here, in adherence to the later-enacted specific law and to the protection of the human right of appeal.
(2) All of the foregoing is relevant to this case because the time limits for challenging the decision (impugnar)—thirty days because the proceedings are complex—would not begin to run until the second day after the date on which the supplementary decision (resolución complementaria) was served on the last party (which excludes other possible interpretations, such as calculating them from the day on which the requests for clarification were filed or from the day following service of the supplementary decision). Accordingly, if the supplementary decision, that is, the decision ruling on the request for supplementation and clarification (adición y aclaración), was served on the last party on 24 de marzo de 2015, the time limit for challenging the decision began to run on 26 de marzo and would expire (excluding weekends, Holy Week holidays, civic holidays, and administrative holidays) on 14 de mayo of the current year.
Since the appeals (recursos) were filed on 14, 16 and 21 de abril (respectively, the appeal of the Prosecutor’s Office, that of the Attorney General’s Office, and, on the last date, those of the accused and his defense counsel), all were timely filed, and it must be so declared. In any event, even under the narrowest interpretation, namely, that the mere filing of the application has an interruptive effect, all the challenges were filed within the thirty-day period, which expired on 21 de abril, calculated from the last request for supplementation filed on 05 de abril. (3) In their responses to the appeals filed by the prosecuting parties, some defense counsel have requested—as may be noted at the outset—that the appeals be declared inadmissible (inadmisibilidad), because they believe that those challenges are not adequately substantiated or lack what they consider to be the requirements for consideration.
Nevertheless, it must be stated that our current legislation, which was amended to comply with the convicted person’s right to appeal (derecho al recurso) (provided for in Article 8 of the American Convention on Human Rights, following the case of Nombre10 v. Costa Rica), follows the system of bilateral availability of appeals (bilateralidad de los recursos); that is, the principles applicable to an appeal by a convicted person are the same, in number and requirements, for the other parties to the proceedings to whom the law guarantees the right to challenge a decision, namely, the Public Prosecutor’s Office, civil plaintiffs (actores civiles), and the private complainant (parte querellante). Based on this premise, no admissibility requirements may be assessed other than those established by law, which require that the challenge be filed in writing, on time, and with some statement of grounds (fundamentación), without the law permitting a preliminary assessment, for admissibility purposes, of the quality or quantity of those grounds or the manner in which they must be presented.
Indeed, the purpose of the aforementioned amendment was to remove formalities from ordinary challenges (impugnaciones ordinarias) in order to make the right to challenge accessible, and, under the principle of equality, this applies to all parties to the proceedings. It must therefore be concluded that if this or any other Court were to impose admissibility requirements other than those mentioned (which are provided for in Articles 458 and 460 of the Code of Criminal Procedure), it would be interpreting the law to the detriment of the rights of the parties to the proceedings and in violation of Article 2 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, no admissibility review other than the one described above is permissible, and all the challenges satisfy those requirements. (4) Furthermore, defense counsel for the accused have objected to this Court conducting a “comprehensive review” (revisión integral) of the judgment, as requested by the prosecuting parties, arguing that such a review is not possible because it must be confined to the alleged errors (agravios) raised.
This argument is likewise without merit, as may be stated from the outset, because Articles 459 and 462 of the Code of Criminal Procedure authorize this Chamber, even on its own motion (de oficio), to declare the existence of any defect it identifies in the judgment, provided that the defect affects due process (debido proceso). Moreover, since ruling number 1739-92 of the Constitutional Chamber, it has been clear that all matters relating to the statement of reasons for the judgment (fundamentación de la sentencia) form part of that principle; therefore, because the law establishes no limits on the review of the decision, such limits likewise cannot be created through interpretation, as is being sought here.
II.General Clarifications: The trial in this matter involved two indictments: one filed by the Public Prosecutor’s Office and the other by the Attorney General’s Office. Both alleged the commission of the offense of malfeasance in office (prevaricato) by different persons, based on various acts and with differing forms of participation. Only one person, now-former Minister Nombre01, was charged with two separate acts (which the Trial Court implicitly treated as a concurrence of separate offenses (concurso material), because, without providing any reasoning in this regard, it acquitted him of one and convicted him of the other). For ease of understanding, the proceedings, presented in strictly chronological order according to the alleged acts, may be summarized as follows:
Accordingly, in order to address the various appeals, the Court will begin with those concerning the acquittals—which involve most of the persons and acts and concern the earliest events—and conclude with the conviction of the only person found criminally liable. Furthermore, what follows presents a summary of the parties’ arguments, both in filing their appeals and in responding to the challenges. These sections are not intended to reproduce their exact words or phrases and reflect the meaning that this Chamber attributes to their statements. It must also be noted that, although some submissions—both challenges and oppositions to appeals—are extremely lengthy, after meticulous review by this Court they have been set forth in only a few pages compared with those used in the submissions themselves, because they employ devices such as constant repetition, verbatim copying, transcriptions, and the like.
These are not only unnecessary for the intended purposes but also appear designed to persuade the reader through constant repetition rather than through the strength of the argument presented—often repeating material literally by exact duplication—as though assuming that the reader was unable to understand it the first time. Nevertheless, although the summary is rigorous, it omits none of the matters raised, and all arguments will be considered. In addition, for purposes of presentation, one complete section or “recital” (considerando) will be used to describe the appeals and one or more others to resolve them, always proceeding from common issues.
Appeals Filed by the Prosecuting Parties Against the Acquittals
III.Description of the appeals: (A) Attorney Luis Diego Hernández Araya and Attorney Natalia Rojas Méndez, acting as prosecutors for the Ministerio Público, from folio 5391 through folio 5411 of the virtual case file, filed an appeal (submitted on 14 de abril de 2015 and consisting of 21 pages) against the acquittal, on the ground that the conduct did not constitute an offense (atipicidad), entered in favor of Nombre01, [Nombre05 006], [Nombre05 005], [Nombre05 001], [Nombre01 002], [Nombre05 003], and [Nombre05 004]. As their first issue, they allege erroneous legal reasoning, which resulted in those acts being deemed not to constitute an offense. (i) Regarding the acquittal of Nombre01 of the offense of malfeasance in office (prevaricato) committed through resolution R-217-2008-MINAE of 21 de abril de 2008, pursuant to which what they consider to have been an unlawful conversion of the mining concession instrument was carried out, they quote excerpts from the trial judgment in which the judges stated that, although the matter had been heard in constitutional and administrative litigation proceedings, this did not affect the conclusions in this case, because illegality and criminal unlawfulness stand in a genus-to-species relationship, such that everything criminally unlawful is illegal, but not everything illegal is criminal, and that the administrative litigation jurisdiction had determined that the conversion was illegal, but that finding did not establish that the conduct was criminal.
The judges stated that the decision to carry out the conversion fell within the possible interpretations of the law, even though that interpretation ultimately did not prevail in the ordinary courts with the force of substantive res judicata (cosa juzgada material). The appellants state that the defendant Nombre01 knew that the Sala Constitucional, through decision number 13414-2004 of 26 de noviembre de 2004, had annulled the mining concession and that, despite this, he authorized, at the administrative level and on his own initiative, the conversion of an administrative act (acto administrativo), when in fact sections 187, 188, and 189 of the Ley General de la Administración Pública (which they quote) exclude that mechanism. They state that an administrative act may be converted into another act provided that it satisfies the requirements of the latter, but that this was not what occurred in this matter, because the mining concession granted to Empresa Infinito through resolution R-578-2001 MINAE of 17 de diciembre de 2001 was declared void as unconstitutional through decision number 13414-2004 of 26 de noviembre de 2004 because there was no environmental impact study (estudio de impacto ambiental).
This meant that the act ceased to exist within the Legal System (Ordenamiento Jurídico) and, accordingly, a nonexistent act could not be converted into another, because the original act no longer existed and conversion applies when there is a valid act. They complain that the documentary evidence relating to that act was not assessed together with the testimonial evidence presented at trial, which, contrary to the judges’ conclusion, was neither scant nor cursory, and they assert that this defendant, relying on the recommendation prepared by the defendant [Nombre05 006], converted a void concession instrument into a valid one in order to benefit Industrias Infinito S.A. They argue that proof of the subjective element of the offense (elemento subjetivo del tipo penal) lies in the circumstantial evidence showing that he removed every legal and administrative obstacle preventing that company from operating.
By way of summary, they state that this defendant, through resolution R-122-2007 of 03 de marzo de 2008, declared resolution R-613-2007 of 31 de octubre de 2007 ineffective; the latter had granted the motion for reconsideration (recurso de reposición) against the act granting the mining concession, a motion filed by Doctor Nombre13 and signed, by delegation, by officer Nombre14 (as he testified at trial), pursuant to a decree authorized by Nombre01 himself. They contend that it is untrue that the decision characterized as constituting malfeasance in office fell within the bounds of administrative discretion or the permissible scope of statutory interpretation, and they request proper consideration of administrative resolutions R-122-2007 of 03 de marzo de 2008, which declared resolution 613-2007 of 31 de octubre de 2007 ineffective; resolution R-217-2008; R-578-2001, which granted the mining concession; and decision number 13414-2004 of the Sala Constitucional.
They argue that this evidence leads to the conclusion that the only option available to the accused was to deny the application for validation (convalidación) filed by Industrias Infinito on 10 de octubre de 2005. This was not done because moratorium decree N° 30477-2002 MINAE of 05 de junio de 2002 was in force, prohibiting open-pit gold mining in Costa Rica for an indefinite period and providing that only rights acquired before publication of that decree would be respected—rights that the company did not possess because of the annulment ordered by the constitutional decision. This meant that the company could not continue operating, and therefore, knowingly and in order to favor it, the resolution constituting malfeasance in office was issued. (ii) Regarding the acquittal of [Nombre05 006] and [Nombre05 005], who were accused as accomplices (cómplices) to that offense, they contend that the trial court’s reasoning was erroneous because it failed to consider that the recommendation made by the former—that the conversion be carried out—was intended to assist Nombre01 Mora, without any need for him to have requested that act or for there to have been communication between them, since that recommendation was essential to him.
They state that she lacked legal authority to prepare it because that task fell to Director de Geología y Minas José Francisco Castro. Regarding the latter, they state that her assistance consisted of asserting, through official letter SG-ASA-259-2008, that the environmental cost-benefit analysis showed that the social benefits outweighed the environmental costs, an essential requirement for declaring the Proyecto Minero Crucitas to be of national benefit and in the public interest, pursuant to section 3(m) of the Ley Forestal. However, conducting that analysis was not within her authority, but rather within that of the Poder Ejecutivo. Thus, Nombre01 obtained fictitious support for declaring the Project to be of National Benefit and in the Public Interest and for promulgating decree 34801-MINAE. With respect to both defendants, the appellants state that the Court found that their conduct did not constitute an offense because neither had issued an administrative resolution: one had given an approval and the other had prepared an official letter.
The Court also found no causal relationship between the unlawful act and the assistance or cooperation because the principal perpetrator had committed no unlawful act. The appellants contend, however, that this reasoning was erroneous because the former defendant admitted in her statement that she had prepared that recommendation to resolve Industrias Infinito’s situation. (iii) Regarding the acquittal of the defendants who were members of the Comisión Plenaria ([Nombre05 001], [Nombre05 002], [Nombre05 003], and [Nombre05 004]), the appellants contend that the trial court erred in finding that their conduct—approving substantial modifications to Proyecto Nombre12 through resolution 170-2008-SETENA without requiring a new environmental impact study as prescribed by section 17 of the Ley Orgánica del Ambiente and section 3 of the Código de Minería—did not constitute an offense. They quote established fact 11 of the judgment and contend that the Court’s reasoning was fallacious when it stated that, although the decision was illegal, it was not criminally unlawful, and that the judges later contradicted themselves by stating that the decision was not contrary to law because it was based on a different legal interpretation falling within the bounds of discretion.
They state that the same excerpts from the decision of the Tribunal Contencioso-Administrativo quoted in the trial judgment to support that determination also serve to challenge its reasoning. They assert that the decision was clearly illegal because it disregarded a major requirement, namely the environmental impact study. They contend that the judicial decision disregarded the res judicata effect (cosa juzgada) of the final judgment of the Tribunal Contencioso-Administrativo because the trial judges stated that the administrative decision adopted by the defendants was not illegal, although a final judgment had already ruled otherwise. They request that the ruling be vacated and the case remanded for retrial (reenvío). As the second ground of appeal, they allege the erroneous application and interpretation of a legal provision concerning the purported failure of the charging document (acusación) to meet the applicable requirements.
(i) Regarding the acquittal of Nombre01 of the offense of malfeasance in office committed through resolution R-217-2008-MINAE of 21 de abril de 2008, the conclusion was that the act attributed to him, concerning approval of the unlawful conversion of the mining concession instrument, did not constitute an offense because the charging document failed to describe the objective element of the offense (elemento objetivo del tipo) that had been violated. They quote a paragraph from the challenged judgment stating that the prosecuting authority merely cited statutory provisions without explaining which portions of them encompassed the offense or how the alleged violation of law occurred, and that in many cases those provisions contained several paragraphs or subsections, with the result that the charge was unclear and the principle of congruence between the charge and the judgment (correlación entre la acusación y la sentencia) was violated.
They criticize the judicial decision because they contend that copying, in whole or in part, the provisions alleged to have been violated is not essential and that the prosecution’s charging document did satisfy the requirements of section 303 of the Código Procesal Penal, as shown by the fact that it was admitted by the judge at the intermediate stage (etapa intermedia), and that it contained a simple statement or brief explanation of the provisions violated, together with citations to all of them, which, in their view, was sufficient. (ii) Regarding the acquittal of the members of the Comisión Plenaria ([Nombre05 001], [Nombre05 002], [Nombre05 003], and [Nombre05 004]), they note that the challenged judgment found it proven that the Commission had unlawfully dispensed with the environmental impact study, but acquitted them on the ground that the alleged act should have identified the legislation establishing that requirement.
They state that this defect did not exist because facts 15, 16, and 17 adequately set out the charges; section 303 of the Código Procesal Penal does not require a partial or verbatim transcription of the violated provision; and what they were accused of was approving a new environmental feasibility determination (viabilidad ambiental) without requiring the environmental impact study. They request that the judgment be vacated and the case remanded. As the third section of the appeal, they express disagreement with the acquittal entered in favor of the members of the Comisión Plenaria—the defendants surnamed [Nombre05 001], [Nombre05 002], [Nombre05 003], and [Nombre05 004]—because the judgment failed to assess the evidence correctly, particularly resolution 170-2008-SETENA, which should have been weighed together with the other evidence presented at trial. Had this been done, they contend, the conclusion would have been that the defendants committed the offense of malfeasance in office as part of a preconceived plan involving officials from other institutions.
They recount that conversion instrument R-217-2008-MINAE required approval of the project’s environmental feasibility, which the defendants had granted through resolution 170-2008, because the initial environmental feasibility determination 3638-2005-Nombre11 concerned a project whose dimensions were not profitable for the company. Consequently, although the company had possessed that environmental feasibility determination for two years, all the acts occurred only around the dates of the charged offenses, and with extraordinary speed: the modifications were submitted on 06 de diciembre de 2007, decided on 25 de enero de 2008, and the conversion took place on 21 de abril de 2008, on dates when the proceedings were resumed after having been stayed for one year and five months.
They state that the Court did not analyze that succession of acts, nor did it consider that, through resolutions R-217-2008-MINAE and 170-2008-SETENA, the defendants managed to evade what had been established by the Constitutional Chamber and section 3 of the Mining Code, which provided that environmental viability (viabilidad ambiental) had to be obtained first and the concession sought thereafter, since the conversion unlawfully revived a void mining concession that predated the environmental viability unlawfully granted through resolution number 170-2008-SETENA, which they regard as constituting breach of official duty (prevaricato). They indicate that, because of the changes, this was a new project, an issue not analyzed by the Court, since its useful life increased from 6 to 9 years; it involved the use of explosives; the new project would penetrate a lower aquifer (acuífero); exploitation would shift from surface material (saprolitized rock) to hard rock, making it necessary to create an artificial lake in an open pit; and both the amount of material to be extracted and the amount of cyanide to be used would double, since production would increase to 6 785 tons per day, generating 22 288 725 tons of material over nine years, whereas total production under the previous project would have been 4000 tons per day, for a total of 8 760 000.
Increasing the project’s useful life would expand the exploited area from 126 hectares to more than 200 hectares, and the new area would therefore entail forest land-use change (cambio de uso del suelo), making a National Convenience decree necessary. They state that, had the circumstantial evidence been properly weighed, the conclusion would have been that resolution 170-2008 was an accommodating decision forming part of a complex act. They add that the trial judges likewise failed to analyze whether that decision was adequately supported, since all they did was transcribe, at pages 114 to 116 of the judgment, the recitals and operative portion of the challenged decision, which in no way substitutes for the necessary analysis that should have been conducted. They request that the ruling be annulled. (B) For his part, attorney Ronald Víquez, representing the Office of the Attorney General of the Republic, filed a 68-page brief on April 16, 2015, at pages 5412 through 5479 of the electronic case file, appealing the acquittal of [Nombre05 001], [Nombre05 002], [Nombre05 003], [Nombre05 004], and Nombre01 on one count of breach of official duty, and argues as his first ground of challenge that the decision to acquit the members of the Plenary Commission was erroneous.
He transcribes allegations 17 through 21, 26, 28-29, and 32 through 34 of the private complaint, as well as facts 1 through 6, 11, and 12 found proven in the judgment, and recounts that the SETENA Plenary Commission, through Article 22 of ordinary session 68-2005-SETENA, resolution 3638-2005-SETENA, approved an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) and its annexes for the Crucitas Mining Project, setting a two-year term of validity, even though executive decree 30477 of June 05, 2002, which declared a nationwide moratorium on open-pit gold-mining activity, was in effect. Subsequently, although that environmental viability had expired, the defendants, as members of that Commission, approved on January 25, 2008, the changes to the environmental viability requested by the representatives of Industrias Infinito, without requiring a new environmental impact study, even though there had been substantial changes from the original project.
Furthermore, as found proven in fact 11 of the judgment, they disregarded the statutory obligation to hold a public hearing, as required by Articles 6 and 22 of the Ley Orgánica del Ambiente. Despite all this, they were acquitted, although the decision was acknowledged to have been unlawful but not criminal, because the Court found that the regulations did not address how to proceed when modifications were submitted that the Court itself characterized as substantial. He contends that there was (i) an erroneous assessment of the evidence and that the legal reasoning was inadequate, because the judges relied on the fact that Articles 3 of the Mining Code and 17 of the Ley Orgánica del Ambiente did not clearly and precisely refer to the obligation to act in that manner. He transcribes the excerpt from the judgment stating as much and argues that requiring an express provision in the statute for this offense to occur entails a crude disregard of the principle of comprehensive or systematic interpretation, by excluding the remaining regulations, the principles comprising the legal system, applicable environmental law, and section 50 of the Constitution, which elevates environmental protection to constitutional rank, as well as the decisions of the Constitutional Chamber, numbers 9193-2000 and 6322-03, which he partially transcribes and which set forth the binding principles governing this matter.
He identifies the functions assigned by law to the Ministry of Environment and Energy as the entity responsible for the management and sustainable use of the country’s natural resources and, in particular, transcribes section 2 of the law governing that entity. He describes the bodies comprising that Ministry (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Dirección de Geología y Minas, and Secretaría Técnica Ambiental) and states that the latter is a body with maximum administrative autonomy (desconcentración máxima), explaining its functions under section 84 of the governing law. He comments on Article 86 of those regulations and concludes that, pursuant to Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, Nombre11 must have an environmental impact study when development projects harm the environment. He transcribes section 17 of those regulations and discusses Constitutional Chamber decisions numbers 5321-96 and 6322-03 (reproducing the relevant portions), which describe the requirement to have an environmental impact study pursuant to the international instruments signed by the country.
He adds that Ley de Biodiversidad N° 7788 includes within its scope activities affecting ecosystems and that, accordingly, Articles 3, 5, and 11, which he transcribes, provide, among other things, for the in dubio pro natura principle. He states that Constitutional Chamber decision number 2001-6503 requires environmental impact studies under those provisions. In view of the foregoing, he concludes that the officials of the Secretaría Técnica Ambiental, including its highest-ranking authorities, were required to direct their work toward protecting the environment and minimizing the harm that proposed projects might cause it, pursuant to section 11 of the Ley Orgánica del Ambiente. He adds that, in resolution R-217-2008-MINAE, the Executive Branch made the mining concession granted to Industrias Infinito conditional upon compliance with the technical conditions established by geologist Nombre15 through memoranda DGM-DC-320-2001 of March 14, 2001 (in which the geologist stated that the exploitation of saprolite could in itself constitute a single project) and DGM-DC-2084-2001 of November 26, 2001 (which stated that the maximum extraction elevation was 75 meters above sea level, because there were two aquifers, the upper one containing potable water).
Those were the technical conditions and legal restrictions applicable both to the company and to the State that gave rise to the 2001 mining concession under resolution 578-2001-MINAE, which the Constitutional Chamber annulled through decision 2004-13414 of November 27, 2004, upon finding that it infringed the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, the entire procedure had to be commenced anew; however, because a decree imposing an indefinite moratorium on open-pit mining activity throughout the national territory had been issued in the interim, that course was unavailable. Thus, in 2008, the SETENA Plenary Commission, effectively creating an individual exception to the rule, granted environmental viability subject to the same technical limitations contained in those memoranda from geologist Nombre15, but with a two-year term of validity. Once that environmental viability had expired, the Project’s proponents submitted substantial modifications, and the Commission, in keeping with the precautionary principles, the public interest, and institutional objectives, should therefore have conducted a thorough study of the modifications, particularly because those changes violated or disregarded the Administration’s own restrictions and decisions (exploitation of saprolite only, to avoid damaging the aquifer).
He asserts that the Plenary Commission had no discretion to decide whether to omit an assessment of the modifications’ impact on the environment, as the trial court understood it did. He adds that the initial 2005 environmental-viability resolution had a two-year term for extraction to begin (clause eight). He transcribes the description of the project contained in the challenged administrative decision and notes that it was a large-scale project, the largest in all of Central America, such that any modification required studies of its impact on the environment and neighboring communities. He identifies the following modifications to the proposed project: lowering the elevation from 75 to 40 meters above sea level, which would affect the existing aquifer; shifting gold extraction from the surface layer of saprolite, at approximately 10 meters, to hard rock, requiring the use of explosives and work at depths of 67 meters; increasing the number of tailings ponds (lagunas de relaves) from one to two; and extending the operating period to nine years, with the intention of exploiting not nine tons of material per day, but twenty-two.
He concludes that, in a category A megaproject (High Potential Environmental Impact) such as Crucitas, any modification entailed substantial changes, especially when the review of the submitted documentation revealed serious inconsistencies, such as the fact that more material would be extracted and a larger investment made, yet gold extraction—and therefore profit—would be lower. Nevertheless, none of this was sufficient for an environmental assessment study (estudio de evaluación ambiental) to be requested, even though this was ultimately Nombre11’s responsibility through a reasoned resolution under Article 19 of the Ley Orgánica del Ambiente. Furthermore, the Manual de Instrumentos Técnicos para el Proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual EIA Decreto ejecutivo 32966 of February 20, 2006, in force on the date of the events), referred in section 11 to the type of assessment that had to be performed by a complete consulting team, including an explanation of the technical criteria for the values assigned and the need for an environmental impact study (annex 1 section 5-7-3; annex 2.4.2, 4.4, 4.5, which are transcribed).
Despite all this, the decision approving the project modifications lacked a statement of reasons and any weighing of the relevant factors, since the defendants acted accommodatingly and failed to comply with the legal framework when issuing resolution 170-2008, as acknowledged both by the Contentious-Administrative Court in decision 4399-2010 of December 14, 2010, and by the First Chamber in decision 1469-F-S1-2011, which held that both lacked adequate grounds and a lawful basis. He adds that, through the decision alleged to constitute breach of official duty, the acquitted defendants disregarded the restrictions imposed since 2001 (when environmental viability would have been denied because the project entailed land-use change contrary to section 19 of the Ley Forestal, since forest clearing would extend over 192 hectares) and approved, as mere modifications, new projects disguised as such.
He transcribes part of recital II of resolution 170-2008, which was characterized as criminal, and notes that the impact on the aquifer was deliberately omitted; that although the extraction area was reduced, it was located in primary forest; and that the amount of material to be extracted was doubled, among other matters.
none of which can be considered subject to subjective interpretations, as the sentencing court asserted. He adds that the accused [Nombre05 005] acknowledged that they were two different projects, and did so when she informed Nombre01 of the appeal against the environmental viability (viabilidad ambiental) granted in 2005 (referring to official letter 129-2002-Nombre11 dated 09 de abril de 2008, appearing in volume IX of the SETENA administrative proceeding (expediente administrativo)). He adds that the argument that it was the same activity is fallacious because, following that logic, a permit to build one hotel could be used to build four, making the justification egregious. He states that circumstantial evidence (indicios) concerning the intent to obtain the unlawful result should have been assessed, such as: (a) the fact that the decision adopted by the accused stated that, on 30 de agosto, officials from the entity had inspected the project area, yet, as of that date, the Developer had not submitted the modification request to SETENA, since that application was filed on 06 de diciembre de 2007, that is, three months after the purported inspection, which shows that it was conducted to verify modifications that had not yet been requested; (b) the speed with which the SETENA authorities acted, because Industrias Infinito submitted the modification request on 06 de diciembre de 2007 and, by 04 de febrero de 2008, approximately one month later (including the year-end government shutdown), Nombre11 had already endorsed the modifications, whereas granting the environmental viability took years, appeals, and objections; (c) as of that date, the environmental viability granted in 2005 had been appealed and the appeal had not been decided; and (d) in an effort to lend legitimacy to the decision, the resolution stated that the geologist Nombre02 had participated, which was false, as she herself testified at trial.
He transcribes part of the testimonial evidence received (Luis Fernando González López, agricultural engineer; Nombre16 , environmental attorney; Nombre17 , geologist and former secretary of Nombre11, who recommended denying the environmental viability in 2002 because of the project’s technical inconsistencies; Nombre18 ; and the geologist Nombre02) and concludes with a statement contained in judgment 4399-2003 of the Administrative Litigation Court, according to which: “...there do not appear to be any valid justifications from a legal standpoint, or under ordinary logic and reasonableness, for the Administration’s failure to request the aforementioned environmental assessment instrument (instrumento de evaluación ambiental).” He states that, had the evidence, the circumstantial evidence derived from it, and the aforementioned legal framework been analyzed, the conclusion would have been that the accused committed the offense of malfeasance in office (prevaricato), and that absolving them of it entails undermining the duties of public office and causing harm to the appellant, in his capacity as a representative of society.
He therefore requests that this Court find the accused [Nombre05 001] (representative of AyA), [Nombre05 003] (representative of MINAE), [Nombre01 004] (representative of MAG), and [Nombre05 002] (representative of Ministerio de Salud) liable or, alternatively, vacate the ruling.
The second section alleges an erroneous assessment of the evidence regarding the failure to declare, on the authority’s own motion (de oficio), the expiration (caducidad) of the environmental viability. Although the lower court found it proven that the accused, as members of the SETENA Plenary Commission (Comisión Plenaria), through Article 5 of ordinary session 12-2008-SETENA, considered and gave final approval, unlawfully, to the modifications submitted in connection with the environmental viability for the Proyecto Crucitas, it held that this was not criminal conduct. The appellant disagrees, stating that the accused knew that, at that time—that is, in febrero de 2008—the prior environmental viability granted to the project through resolution 3638 of diciembre de 2005 had expired, and that Article 46 of the Reglamento sobre Procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MIEC (which he transcribes), was therefore being violated.
That provision establishes a two-year validity period for environmental viability granted to a project and expressly provides that, if that period elapses without activities having commenced, the developer may apply to SETENA for confirmation of its continued validity (convalidación de su vigencia), provided that the application is made before expiration, which did not occur here. Nevertheless, the lower-court judges stated that expiration had not been declared, either on the authority’s own motion or at a party’s request, when the application was made, and that it was not until several years later that the administrative-litigation judges issued such a declaration. He considers that the lower court’s statement reveals an erroneous evidentiary and legal assessment because the very allegation is that the accused were required to declare the expiration, since they were the members of the Plenary Commission and that mechanism could and should have been applied on the authority’s own motion, as indicated by the decisions cited by the lower-court judges, the cited regulation, and the legal scholarship or opinions of the Procuraduría that he transcribes, all pursuant to the principle of administrative self-enforcement (principio de autotutela) embodied in section 146 of the Ley General de la Administración Pública.
Nevertheless, they intentionally failed to do so and, through resolution 170-2008, approved the modifications even though the decree imposing a moratorium on open-pit mining throughout the national territory was in force and prohibited the granting of new concessions, which is what this actually was because it entailed a material modification (modificación sustancial). Indeed, he considers the omission so intentional that, in clause eight of resolution 3638-2005-SETENA, which is alleged to constitute malfeasance in office, the accused themselves stated that the environmental viability was valid for two years for extraction to begin, failing which the legislation then in force would apply. He therefore requests that this Court find the accused criminally liable or, alternatively, vacate the ruling in whole or in part.
As a third issue, he alleges an erroneous determination of the facts because the accused’s obligation to provide public notice (publicitar) of the modifications submitted for the Proyecto Minero Nombre12, which they failed to fulfill, was not weighed. According to the appellant, they disregarded their own limitations and sought to give their actions an appearance of legality, continuing a plan intended to favor Industrias Infinito at any environmental cost. Thus, he states that they not only failed to fulfill their duty to require a new environmental impact study (estudio de impacto ambiental), failed to assess the modifications in accordance with the law, and failed to declare the expiration of the environmental viability previously granted to the cited company, but also failed to publicize the material modifications to the Project that the developer sought to have authorized. In support, he transcribes section 9.7 of the Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de evaluación del impacto ambiental 32966 de 2006; the guiding principles on environmental matters described in Sala Constitucional decisions numbers 2001-10466, 3705-93, and 8319-2000; the Convención de Río—to which our country is a signatory—principle 10; sections 6 and 23 of the Ley Orgánica del Ambiente; and articles 35 through 40 of the Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental N° 25705-MINAE.
Such notice was necessary so that the public would learn of the potential impacts. He transcribes part of the challenged judgment in which the Trial Court acknowledged this but, at the same time, disagreed with final decision 4399-2010 issued by the Administrative Litigation Court (which he also partially transcribes), stating that it did not involve manifest irrationality or absolute and evident nullity (nulidad absoluta y evidente), but instead reflected a difference of opinion. He believes that the actions of the accused satisfied both the objective and subjective elements of the offense of malfeasance in office because requirements were intentionally circumvented in order to issue resolution 170-2008, which unlawfully authorized the Proyecto Minero Crucitas. Even under a conservative view, these would have to be considered material modifications—when in fact it was a new undertaking—that endangered state interests through the use of explosives, which entailed transportation and storage in population centers; impacts on the aquifer (manto acuífero); clearing of primary forest (tala de bosque primario); an increase from 9 to 22 tons of material extracted daily; the creation of a second tailings pond (laguna de relaves); and other effects. He requests that they be convicted by this Court or, alternatively, that the ruling be vacated.
As a fourth issue, concerning the acquittal of Nombre01 of the offense of malfeasance in office for issuing resolution 217-2008 MINAE, he alleges an erroneous assessment of the evidence and inadequate reasoning (falta de fundamentación). He transcribes allegations 23, 24, 31, and 35 through 41 of the private criminal complaint (querella) and states that the Trial Court erred by finding that the decision adopted by Nombre01 to convert an act that no longer existed was unlawful but did not meet the statutory elements of an offense (atípica), because it did not result from a decision contrary to law or based on a false fact. He believes that this conclusion stems from contradictory reasoning and an improper assessment of the evidence because the mechanism used—conversion (conversión)—could not be applied to a legal act previously annulled by the Sala Constitucional in 2004. He states that validation (convalidación), curing (saneamiento), and conversion are mechanisms designed to allow the Public Administration to preserve administrative acts (actos administrativos) suffering from some defect “...of relative absolute nullity” (sic, p. 53 of his appeal), but those acts must satisfy certain requirements, including remaining in force within the legal system.
That was not true of resolution R-578-2001-MINAE because, although the Executive Branch had granted Industrias Infinito the mining concession in 2001, that act was annulled by a final decision of the Sala Constitucional. Moreover, by that date, decree 30477-MINAE dated 05 de junio de 2002, ordering an indefinite nationwide moratorium on that activity, was already in force. He states that, by converting a concession that had already been annulled, the accused Nombre01 violated sections 3 and 83 of the Código de Minería, 6, 17, and 22 of the Ley Orgánica del Ambiente, and 187 through 189 of the Ley General de la Administración Pública, which he transcribes, emphasizing Article 188.2 of the latter statute, as well as the explanations of these provisions given by the Costa Rican author Nombre19 . That author states that conversion may not be applied to the omission of advisory opinions (dictámenes) or to omissions that result in absolute nullity (nulidad absoluta), and that section 189 provides that an invalid act, whether affected by relative or absolute nullity, may be converted into another act, provided that the first satisfies all the formal and substantive requirements that would be required of the act into which it is converted.
For example, following the passage quoted from Nombre19 , a permanent appointment made without a competitive process is void, but it may be converted into an interim appointment, which does not require that process. He states that this was not true of mining concession 578-2001 because that decision had been annulled by the Sala Constitucional for failure to satisfy the requirement of an environmental impact study; the decision had therefore ceased to exist, and something nonexistent cannot be converted. Furthermore, resolution 217-2008-MINAE, which ordered the conversion of resolution 578-2001-MINAE, lacked a required element—an environmental impact study—and thus not all the formal and substantive elements of the first act were present, as required by the cited legislation. He states that a distinction must be drawn between an invalid legal act that is void under either absolute or relative nullity and a legal act annulled by a judicial decision, because in the latter case it ceases to have legal effect and the Administration cannot convert it.
For that reason, the Contentious-Administrative Court, in recital XIV (considerando XIV) of judgment 4399-2010, stated that the concept of conversion (conversión) had been “...distorted and used as a fraudulent mechanism to circumvent the application of the moratorium decree,” and that the project for which the concession was granted did not undergo a new environmental impact study (estudio de impacto ambiental, EIA) following the modification made by the company, nor was a public hearing (audiencia pública) held; all of these matters should have been analyzed jointly, but were not. It refers to Vice Minister Jorge Rodríguez’s statement that he received instructions from Nombre01 that he had to get the Minero Crucitas project under way, which could not be regarded as an isolated act but should have been analyzed as a whole and, because this was not done, the statement of reasons (motivación) was compromised.
It sets out the following chronological sequence as indicia (indicios) that were not assessed: (i) December 2001, the Executive Branch issued resolution R-578-2001-MINAE, granting the mining concession (concesión minera) to Industrias Infinito subject to SETENA’s approval of the EIA; (ii) 17 de diciembre de 2001, Nombre13 filed a motion for reconsideration (recurso de reposición) against the resolution granting the mining concession, which challenge remained pending decision; (iii) 5 de junio de 2002, executive decree 30477 was issued, declaring a moratorium on open-pit gold mining throughout the national territory; (iv) el 26 de noviembre de 2004, the Constitutional Chamber, through vote number 13414-2004, annulled resolution 578-2001 because the mining concession had been granted without Industrias Infinito having submitted the environmental impact study, as a result of which the company lost any vested rights (derechos adquiridos) derived from the concession granted in 2001; (v) el 10 de octubre de 2005, Industrias Infinito requested that the Minister of the Environment, who at that time was Nombre20 , reinstate the mining concession; (vi) el 30 de mayo de 2007, Industrias Infinito submitted to the National Mining Registry of MINAE’s Directorate of Geology and Mines a request for validation (convalidación) of resolution R-578-2001 MINAE, which had been annulled by the Constitutional Chamber; (vii) two years and eight months after the mining concession had been annulled by the Constitutional Chamber, and while the moratorium decree remained in force, el 21 de noviembre de 2007, Nombre01, in his capacity as Minister of the Environment, filed with the Constitutional Chamber a request for supplementation and clarification (solicitud de adición y aclaración) of vote number 13414 (which annulled the mining concession granted by resolution 578-2001-MINAE); that request was declared untimely by resolution 2008-878, which added that a similar application by the company had previously been decided, but that the question of whether the defect had already been cured by obtaining the study had to be resolved through administrative and judicial proceedings, since “...subsequent compliance with the requirements whose omission led to the granting of the application for amparo relief (recurso de amparo) (...) does not invalidate the judgment”; (viii) the Director of the Mining Registry, [Nombre05 006], learned of the failure to decide Nombre13’s motion, which constituted an administrative obstacle, and therefore referred it to Nombre01’s office for resolution; (ix) el 31 de octubre de 2007, through resolution R-613-2007-MINAE, the Office of the Minister of Environment and Energy, acting by delegation through Chief Administrative Officer Nombre14 , granted the motion for reconsideration on the ground that the Constitutional Chamber had annulled resolution R-578-2001; (x) upon learning of the foregoing, Nombre01 annulled resolution R-613-2007 and issued resolution R-122-2008, declaring that doctor Nombre21’s motion no longer presented a current interest; (xi) through resolution R-217-2008, Nombre01 ordered conversion of the act (conversión del acto)—although the company had requested validation—concerning the concession granted through resolution R-578-2001 MINAE, knowing that it had already been annulled by the Constitutional Chamber through vote number 13414-2004 and administratively through resolution R-613-2007-MINAE, and that the mining moratorium decree remained in force.
The appellant distinguishes between a defect of absolute nullity (vicio de nulidad absoluta) and a declaration of absolute nullity (declaración de nulidad absoluta), which prevents final resolutions from being set aside. The appellant transcribes sections 166, 167, 169 and 172 of the Ley General de la Administración Pública; cites Nombre19 regarding those provisions; adds that the defendant’s knowledge that he was acting unlawfully is demonstrated by his prior actions (having annulled the act by which another person granted the reconsideration sought by Nombre13; having requested clarification and supplementation from the Constitutional Chamber, etc.); and states that the trial court based its acquittal on the statements of three witnesses, including one who was initially charged in this case and is not a specialist in Administrative Law, and another who, according to the Public Prosecution Service, will be charged with the offense of perjury, because [Nombre05 006] and Nombre22 were subordinates of the defendant and plainly intended to continue assisting him, while clear testimony such as that of Nombre20 (former Minister of the Environment), from which excerpts are quoted, was disregarded.
The appellant states that, although Nombre01’s resolution constituted official misconduct (prevaricato), what it ultimately revived was decision R-578-2001—that is, the decision authorizing exploitation solely of saprolite or the surface layer—and therefore the modifications approved by the Plenary Commission of Nombre11 lacked, and still lack, legal basis, while the defendant consistently acted to benefit the company and secure approval of the mining project, as the Court expressly acknowledged. The appellant transcribes excerpts from the statement of Nombre16 , who said, in summary, that all the appeals were decided within only a few months, from December to February, and that all were denied; from those of Nombre17 and Nombre18 ; and from the ruling of the Contentious-Administrative Court stating that conversion of the act was impossible, that the nullity decreed by the constitutional body was relative, and that the conversion mechanism used—which entailed issuing an act different from, rather than identical to, the annulled act—was fraudulent because it circumvented the application of the moratorium decree, which was in force and binding in the case, and because that mechanism was contrary to the precautionary principle (principio precautorio) of environmental law.
Relying on quotations from Nombre23 , the appellant requests that the acquittal of this defendant, “who flagrantly and manifestly violated the duty of probity (deber de probidad),” be reversed and that he be convicted or, alternatively, that the decision be annulled. (C) Responses to those appeals: Licenciada Daniela Salas Peña, acting public defender for Nombre24, opposed the second ground of the prosecution’s appeal in a written submission and requested that the decision be upheld because it was consistent with law, but did not provide reasons for her position. Licenciado Edgardo García Vargas, counsel for [Nombre05 003], submitted written opposition, without supporting reasons, to the appeals filed by the prosecution and the Office of the Attorney General. Three briefs, all signed by defendant Nombre01 and his private defense counsel—two dated 7 de julio (one comprising 33 folios and the other 47 folios), and the third dated 17 de agosto (comprising 174 folios)—requested dismissal of the appeals filed by the Public Prosecution Service and the Office of the Attorney General.
Regarding the prosecution’s appeal, they requested its dismissal because they considered that no prosecutable offense had occurred; the alleged acts had always been noncriminal, and the Prosecutor had continually violated the principle of objectivity, for which reason they requested that this Court admonish that official, as she merely appealed for the sake of appealing. They state that resolution R-217-2008- MINAE, dated 21 de abril de 2008, which accepted the conversion of an administrative act (acto administrativo) and granted a mining concession to Industrias Infinito S.A., was issued in accordance with the legal system. They describe how significant administrative acts concerning the matter had been adopted since 1991 and 1993, without any involvement by Nombre01 at that time. Subsequently, in Constitutional Chamber votes numbers 1998-5315, 2002-78882, 2002-7888, 2004-13414, 2006-14421, 2007-7973, 2010-6922, and 2010-14009, everything done by the Administration was upheld, which would mean that the Justices of the Constitutional Chamber had also committed official misconduct.
They explain that the challenged resolution was prepared by the Ministry’s Directorate of Legal Counsel on the basis of the recommendation of the Directorate of Geology and Mines; accordingly, the actions of the then Minister had been validated by the competent departments, and he acted in fulfillment of a legal duty and within the powers of his office. They request examination of the reverse side of each folio of the challenged decree to verify that it bears the stamps and signatures of the persons responsible for each technical department, including the Directorate of Legal Counsel. They transcribe the statements of Nombre22 and [Nombre05 006] to conclude that the Minister did not participate or have prior knowledge and acted in the belief that everything was legally and technically proper. They add that the Trial Court’s decision confirmed that, under the principles of legality and administrative discretion (discrecionalidad administrativa), that decision was neither contrary to law nor based on false facts; instead, conversion of the act was a possible and reasonable interpretation, given that the judgments of the Constitutional Chamber issued in the administrative case file, although annulling the concession, stated that they did so without prejudice to the environmental impact study.
Accordingly, those departments interpreted that completion of that study cured the defect in the concession. They state that the project’s environmental viability (viabilidad ambiental) had been analyzed by Nombre11 through resolution 3638-2005 Nombre11 and 170-2008 Nombre11; that nonexistent acts (actos inexistentes) are not regulated under Costa Rican Administrative Law or Criminal Procedure Law; and that it was therefore reasonable to interpret, on the basis of Constitutional Chamber resolution number 13414-2004, that only the final act granting the concession was annulled, while the administrative proceeding, including the acts comprising it, remained “alive” pending attainment of environmental viability. That was what was accomplished through conversion resolution 217-2008-MINAE, which the Constitutional Chamber itself upheld in votes numbers 2010-6922 and 2010-14009. They explain that Nombre22 clearly stated that resolution 613-2007, signed by the Ministry’s Chief Administrative Officer, was vacated because he was not the Executive Branch and could not replace it by delegation, as this was prohibited by the Constitution and the Ley General de Administración Pública; resolution 122-2008 was therefore issued, in which the defendant’s only involvement was signing the decree, without taking any further action.
They state that Constitutional Chamber vote number 7882-2002 established that the mining moratorium decree did not apply to Industrias Infinito because it held vested rights, as witness Montero and defendant Nombre25 also stated. They mention that, even if the Prosecution were correct regarding the effect that annulment of concession-granting resolution R-578-2001 had on Industrias Infinito’s vested rights—which protected it from the moratorium imposed on mining activity—it was the Constitutional Chamber itself that issued the resolution containing the phrase “without prejudice to what may be decided in the environmental impact study,” and that, following administrative resolution 13414-2004, the Constitutional Chamber issued votes numbers 2006-14421, 2007-7973, 2010-6922 and 2010-14009, approving all actions taken by the Administration with respect to this project, exactly as the Trial Court ruled, and its decision should therefore be affirmed.
They allege that no evidence was submitted to establish criminal intent (dolo) and that the issuance of the challenged decision falls within the scope of Article 189 of the Ley General de la Administración Pública, without the Minister having participated at any stage other than signing that decision, as was proven. Referring to the testimony of Nombre22, they state that mining concession (concesión minera) R-578-2001-MINAE did not cease to exist within the legal system as a result of the nullity (nulidad) declared by the Sala Constitucional, to the extent that said Chamber continued to rule on matters related to that project. They point out that no evidence was submitted that Nombre01 acted to benefit the company and that the appellants fail to recognize that strict liability (responsabilidad objetiva) is prohibited under Criminal Law (Derecho Penal), and that, in this case, criminal intent was not established, as the Trial Court stated.
They request that the prosecution’s appeal (recurso fiscal) be declared inadmissible (inadmisible) because its first argument is unfounded, incoherent, and unintelligible; as to the second, they contend that the Trial Court was clear that the indictments (acusaciones) were disastrously drafted, a failing attributable solely to the prosecutors, who negligently failed to correct defects identified at other stages. They state that convicting on the basis of that indictment would have violated the principle of congruence (correlación), because it never specified which statement had been disregarded, and the mere citation of articles was insufficient; they therefore request that the acquittal (sentencia absolutoria) be upheld. In responding to the appeal filed by the Procuraduría General de la República, they state that there is no evidence whatsoever that Nombre01 granted a concession through decision R-217-2008-MINAE because the authority that grants it is the Poder Ejecutivo; the minister alone cannot do so, and the procedure is subject to the body of legality (bloque de legalidad).
It was prepared by the Departamento Legal del Ministerio, since the heads of agencies neither carry out nor recommend conversions of administrative acts (conversiones de actos administrativos), as doing so requires extensive legal and technical knowledge across many different disciplines. It was therefore technically, legally, and materially impossible for the head of that ministry to have done so in this case. They further state that the recommendation signed by engineer Francisco Castro was followed, as shown by a document introduced at trial, and that the regulatory procedure was observed, since a protocol requiring signatures and stamps on the front of each page of that decision was followed by the various departments involved, which thereby gave their technical approval. They partially transcribe Nombre22’s testimony to indicate that, when that decision was adopted, several alternatives were available, such as validation of the act (convalidación del acto); however, because that legal mechanism retroactively extended the effects to the initial event, conversion (conversión) was chosen because it better protected the Administration’s interests by taking effect at the time of the decision.
They reiterate that, as the Trial Court stated, a person who issues an administrative act (acto administrativo) by applying a possible and reasonable interpretation of the rule does not commit malfeasance in office (prevaricato), even if that act is ultimately annulled because the interpretation was incorrect. They insist that an attempt is being made to impose strict liability and that the witnesses’ testimony—particularly that of Jorge Rodríguez—was distorted: what Nombre01 said was that Mining had to be “set in motion,” in accordance with the Plan Nacional de Desarrollo, and not that this particular project had to be set in motion, as the Trial Court interpreted it and as the Procurador does. In their view, this is sufficient to render the argument inadmissible because it is based on a false assertion. They refer to the various “interconnected acts” (“actos concatenados”) mentioned by the procurador, stating, first, that what Minister Nombre01 requested was not an addendum (adición), but a clarification (aclaración), and that this fell within the scope of his authority, even if it was untimely, since the other minister also requested one concerning a phrase in the constitutional ruling; in any event, the Dirección Jurídica drafted the document signed by the minister.
The other element is the declaration of nullity of an act signed by the Oficial Mayor; however, the decision annulling that act provided extensive reasons for proceeding in that manner, beginning with the official’s lack of jurisdiction (competencia). They insist that the accused (encartado) neither prepared nor produced that documentation and that he acted within the framework of a regulated procedure. They recall that the Procuraduría itself endorsed all actions taken by the Administration in the administrative judicial proceeding (proceso contencioso), and that the judgments of the Sala Constitucional have res judicata effect (cosa juzgada), with one of those judgments also having examined these issues. In the final portion of their brief, they assert that the Procuraduría’s request for the Court to conduct a comprehensive review sua sponte (de oficio) is invalid because the Court may not assume the role of the appealing parties; although such review is permitted, it may be conducted only on the basis of the claims raised.
They request that the appeal be denied because they contend that Criminal Law does not operate on the basis of assumptions or falsehoods invoked by the parties to the proceedings. Subsequently, at folios 346 to 519 of the case file created before this Court, defendant Nombre01 and his defense counsel reiterated their opposition to the appeals filed, in terms very similar to those already stated, as they also did at the oral hearing; therefore, to avoid repetition, a summary is omitted.
IV.The challenges (impugnaciones) brought by the prosecutors must be sustained. Just as written submissions by some appellants exceeding 500 folios do not demonstrate the depth of their arguments but merely their repetition, the fact that the challenged judgment consists of approximately 258 folios does not mean that it is duly reasoned. Article 142 of the Código Procesal Penal establishes that a mere description of the facts, a recitation of the evidence, the transcription of doctrinal or case-law citations, or the mention of the parties’ requests does not substitute for a statement of reasons (motivación). In the present case, this Chamber is particularly struck by the fact that, of the 73 pages devoted to the issue of the acquittals (absolutorias), in Considerando III, a substantial portion (30 pages) consists merely of transcriptions of the charges brought (which was also unnecessary, since they had already been set forth in the recitals or could have been summarized in a few lines for the intended explanatory purposes), which the judges reproduce not once but twice (to explain the decision concerning the members of the Plenary Commission and concerning Nombre01 Mora), disregarding the fact that a judgment constitutes a logically and legally coherent whole and that, therefore, a cross-reference from one section to another is sufficient.
Another substantial number of folios consists of copies of judicial decisions addressing such matters as how abstract statutory applicability (tipicidad abstracta) is established, or what it entails; the elements of the criminal offense of malfeasance (prevaricato); copies of the parties’ filings; transcriptions of administrative decisions; or a summary (of the summary already included in Considerando II under Summary of Evidence) of the witnesses’ testimony, all of which occupies approximately another 26 pages. In other words, the actual analysis of the reasons for acquitting these persons amounts, in the best-case scenario, to some 17 pages. This is stated not because the number of pages devoted to an issue is, in itself, considered important, since a decision may be correctly and fully reasoned in only a few folios, but because, in this case, it reveals a dispersal of the central issues amid the torrent of words used, which seriously impaired the completeness of the reasoning and therefore renders the judgment null and void.
(A) Specifically, the members of the Plenary Commission ([Nombre05 003], [Nombre05 004], [Nombre05 001] and [Nombre05 002]) were acquitted because their conduct was deemed not to constitute a criminal offense (atípica), since the charging instruments did not transcribe the statutory provisions violated or state the conduct attributed to them or, when they did the former, the provision contained different factual predicates (that is, because the charging frameworks were deficient or imprecise, which, if established, notwithstanding the subsequent defects in the reasoning, would mean that the matter must be decided at this stage, since remand would serve no purpose); and because, as to the merits, the decision fell within the permissible scope of discretion or interpretation, an issue involving three aspects: (i) none of the provisions cited in the charging instruments expressly required that, following a substantial modification to a mining project, a new environmental impact study (estudio de impacto ambiental) necessarily be conducted, and experts had conflicting opinions on that issue, meaning that the interpretation adopted was not manifestly criminal but one of several possible interpretations, and that discretion excluded the offense in question.
(ii) Furthermore, there was no provision establishing the omitted public hearing (audiencia pública) as a mandatory requirement, because sections 6 and 22 of the Ley Orgánica del Ambiente were deemed not to expressly contain such a requirement, while section 95 of the Ley de Biodiversidad made it discretionary; and (iii) although the environmental viability (viabilidad ambiental) had expired when the conversion was approved, this had not yet been formally declared, but was declared some time later in the contentious-administrative proceedings (sede contencioso-administrativa). In short, they were exonerated from criminal liability because the decision alleged to be criminal was based on permissible interpretations of the law. Those twenty-two lines, diluted throughout the number of pages mentioned above, are insufficient to support the decision to acquit these persons. First, although Article 303 subsection b) of the Código Procesal Penal requires the charging instrument to provide a precise and detailed description of the alleged act, it does not follow that, with respect to the offense at issue, there is an additional, unwritten requirement that statutory provisions be transcribed.
To hold otherwise would create requirements and sanctions through interpretation, to the detriment of the parties’ rights and in clear violation of the principle of procedural legality (principio de legalidad procesal), which requires a restrictive interpretation of anything that curtails the exercise of a power or right conferred on the parties to the proceedings (Article 2 of the cited code). It is evident that, in the case of this offense, the charges must state factual elements encompassing the objective elements of the offense or, in practical terms, must identify the official’s act that violated the law and explain why the provision is considered to have been violated, without any need to transcribe it or explain the reasons for that violation, since that is not the purpose of the facts alleged in the charging instrument, but rather of its supporting grounds (Article 303 subsection c of the Código Procesal Penal).
If this is not stated, or if the law does not contain the prerequisites that the interpreter infers it contains, the analysis cannot proceed to a subsequent stage. But that is not necessarily what occurred in the present case. It should be noted that, with respect to these persons, the prosecution’s charging instrument mentions them in facts 15 to 18, while the Procuraduría’s private prosecution (querella) does so in facts 17, 33 and 34. The former states that the defendants approved the modifications to Proyecto Minero Crucitas without requiring a new environmental impact study, to the detriment of Article 3 of the Código de Minería and Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente; without holding the public hearing provided for in sections 6 and 22 of the Ley Orgánica del Ambiente; and despite the expiration of the initial environmental viability because two years had elapsed (without identifying the legal basis).
Thus, that charging instrument satisfies the legal requirements for an adequate accusation, irrespective of whether the conduct fulfills the statutory elements of the offense, which will be addressed below. As for the private prosecution, the factual allegation (imputación fáctica) is identical in substance (with logical variations in wording that do not affect that substance), but, with respect to expiration, it adds the provision establishing the two-year period, namely Article 46 of the Reglamento sobre Procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental. Therefore, the judges’ first argument is incorrect and must be declared as such, because the charging instruments did comply with the law. It bears emphasizing that this must be made explicit because, had that been the situation, there would obviously be no point in continuing to analyze the other issues. The second argument used by the trial court (Tribunal a quo) concerns both the fact that the cited provisions did not expressly contemplate the conduct described in the charging instrument and the conclusion that, as a result, the decision was adopted within the officials’ scope of discretion because they selected one of several possible interpretations of the provision.
It is true that, under the provision governing malfeasance in force at the time and the doctrine underlying it, the offense is not established merely because errors of interpretation were made or because the decision was reversed or annulled by another body (as occurred in this case when it was annulled by a final judgment of the contentious-administrative courts); rather, those errors or interpretations must be egregious or wholly unreasonable:
“…the offense of malfeasance provides for and punishes a judicial or administrative official who issues decisions contrary to the law or bases them on false facts (…) yet, at the same time, legal hermeneutics and the indeterminacy of the language embodied in the law not only authorize but require the judge and/or official to interpret the law in pursuit of the correct application of the law; therefore, when analyzing and examining the offense of malfeasance, it must always be borne in mind that it is not error but abuse of the law that is defined as a criminal offense, since, of course, errare humanum est, and the legal system could not, on the one hand, require the interpreter precisely to give meaning to the law and, on the other, punish the interpreter for having done so (…) Legal scholarship and case law unanimously require an evident, unequivocal, and malicious conflict between the decision and a clear and defined provision of the Constitution or the law; under no circumstances may the offense arise from the application or interpretation, undertaken with a proper purpose, of texts that are not explicit, with the intention of applying them justly to a particular case in light of equity and justice; the objective element is insufficient, as malice is required.
An error in the characterization of the facts and in the application of legal provisions is insufficient; conclusive proof of intentional violations or deliberate breaches of the law is required.” (Nombre26 . El delito de prevaricato en el derecho penal costarricense . Revista de Ciencias Jurídicas, UCR, 2007, págs. 133. En: http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/9766/9212).
“... legal scholarship and case law agree that anything falling within the bounds of the ‘interpretation of the law’ lies outside the offense of malfeasance, thereby excluding the possibility of malfeasance based on some unsuspected legal provision [...], that is: ‘when the law is unclear, when it permits differing interpretations—except in an evident case of malice—the judge would not commit malfeasance by applying it’ (Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolution issued at 10:30 hours on 10 de diciembre de 1948) [...] The offense of malfeasance would require that the present decision exhibit an absolute conflict and contradiction between what is decided and what the law declares, or that the decision be based on false facts, such as facts that do not exist or do not appear in the record, which is not the case here...” (Sala Tercera, V-183-F issued at 11:20 hours on 24 de marzo de 1995) However, in this case, the Court’s error consisted in separating the three elements raised by the public and private prosecutions and analyzing them solely as elements of the charge (imputación), when they also had to be considered both in that capacity and as circumstantial evidence (indicios).
It should be noted that legal scholarship (e.g., LAJE ANAYA, Justo. Comentarios al Código Penal, Parte Especial, Volumen III. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1981, p. 167) has consistently and unequivocally characterized malfeasance in office (prevaricato) as an offense having an essentially subjective basis; therefore, all those elements described in the charging instruments were intended not only to establish the objective element of the offense, but also its subjective element. Put another way, neither prosecutor was arguing—at least, neither has ever made any argument to that effect—that there were three offenses of malfeasance in office, one for each of the legal violations described in the charging instruments (lack of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental); failure to convene a public hearing (audiencia pública); and approval of the amendments despite the expiration (caducidad) having taken effect).
Rather, they sought to describe a situation involving successive violations of rules of varying rank—from regulations to statutes and constitutional principles—in order to substantiate the overall unlawfulness alleged. In short, the prosecutors argued that the defendants acted outside the law in granting that approval, as circumstantially demonstrated by those three aspects. Accordingly, those aspects may also have circumstantial evidentiary value and, to that extent, could not be disaggregated as the judges did. It is true that, in many instances, the provisions cited by the prosecutors did not expressly require a new environmental impact assessment or the convening of a new hearing. Nevertheless, it cannot be disregarded that the ruling of the Sala Constitucional that annulled the concession—namely, number 2004-13414—had expressly stated, regarding the hearing, that it was necessary and had even prescribed the form it was to take: it had to be broad, comprehensive, and truthful for the affected communities and had to occur before approval of the environmental impact assessment.
No hearing whatsoever was held thereafter, which constituted noncompliance with the ruling of the Sala Constitucional—although that was neither an offense charged nor could it be treated as one, since there is no record that the decision was personally served on every member of the aforementioned Commission—and a violation of article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, compliance with which is so vigorously pursued in certain cases and which should also have been respected in this one. If that had been the entire situation, however, the Trial Court would have been correct, because many of the circumstances would have involved one of several possible interpretations of the provision or the need to construe the provisions together. The serious error in this decision arose when the judges, addressing expiration, stated the following on pages 180-181 of the judgment: “The third and final unlawful act alleged by both prosecuting parties is that the perpetrators unlawfully proceeded to approve those amendments, knowing that the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the project in diciembre del dos mil cinco had expired by the time of the events, namely enero del dos mil ocho, thereby violating article 46 of the Reglamento sobre Procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental Decreto 31849, which establishes a two-year period of validity.
That provision does indeed state that the environmental viability shall remain valid for a maximum of two years before the activity, work, or project begins and that, if that period elapses without the activities having commenced, the developer may apply to Nombre11 for validation of its continued validity (convalidación de su vigencia), in accordance with the procedure established in the relevant Manual. With respect to this final point or alleged unlawful act, it must be borne in mind that expiration, as established by our domestic case law (regarding expiration, consideration was given to the rulings of the Sala Primera de Casación Penal de la Corte Suprema, No. 37 de las 14:45 horas del 28 de mayo de 1997; as well as No. 709 de las 11:45 horas del 22 de octubre del 2003; and No. 760 de las 9:20 horas del 13 de noviembre del 2003), may be declared ex officio (de oficio) or at the request of a party.
At the time the perpetrators issued the decision, expiration had not been declared in either manner; rather, it was years later that the administrative judicial body, through the ruling cited above, proceeded to declare it, and that pronouncement generally, and on that specific issue, did not become final until several years later, with the ruling issued by the Sala Primera de Casación in noviembre el dos mil uno (…). Indeed, note that articles 66 and 67, read in conjunction with article 97(h), all of the Código de Minería or Ley No. 6797, as briefly noted by defense counsel when specifically addressing expiration of exploration permits, establish an entire due process (debido proceso)—which entails the interested party’s right of defense—that must be followed before such a declaration may be made. This entails not only a study of the particular case by the Dirección de Geología y Minas, but also granting the developer a period of no more than three months to fulfill its obligations, failing which the permit shall be revoked, as well as other requirements that must be reviewed before such a crucial decision is made.
If the perpetrators were required, even ex officio, to follow the aforementioned process until expiration might ultimately be declared and they failed to do so, this amounted at most to an irregularity—something unlawful from an administrative standpoint, as declared in the aforementioned judicial proceeding—but not necessarily to something unlawful in the criminal sphere, that is, criminal conduct and therefore conduct—in this case, a decision—constituting an offense. The situation would probably have been very different if, despite the existence of a duly issued and final declaration of expiration—following the due process described above—and despite all four perpetrators being fully aware of it, they had decided to continue the proceeding and ultimately conclude it by approving, in dos mil ocho, the amendments or changes to the environmental viability granted to the project in question since dos mil cinco” (emphasis added).
As is apparent from that excerpt—which addresses the issue most broadly and thoroughly—the lower court did not consider that, if expiration must be declared ex officio by statutory mandate and, in this case, the period for imposing that sanction had apparently elapsed—since no exhaustive analysis was conducted in that regard either—the defendants, who were members of the Comisión Plenaria, were required, before deciding the merits of the application by approving the amendments to the Proyecto Minero Crucitas, to declare that expiration. This is because the sanction is not discretionary but mandatory under the principle of administrative self-enforcement (autotutela) established in article 146 of the Ley General de la Administración Pública. By failing to do so, they would have disregarded the statutory provision requiring it—article 66 of the Ley General de la Administración Pública—provided that they acted willfully (dolosamente), which additionally required a thorough and meticulous analysis of the circumstantial evidence.
Of course, a proceeding had to be followed before expiration could be declared, as the court below assumed at the defense’s request. What was alleged against the defendants, however, was that they failed to initiate that proceeding ex officio and pursue it until expiration was declared, and instead approved the amendments to the Proyecto Minero Crucitas. The judgment did not address this issue and misunderstood the scope of the legal doctrine of expiration (instituto de la caducidad), since, by its nature, expiration did not need to have been declared in a final decision; it was enough that the statutory period had elapsed, which required every public official to ensure that the relevant rules were applied. It is true that the charging instruments specified a regulatory provision rather than a statutory one—article 46 of the Reglamento sobre Procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental, decreto N° 31849—and that the definition of the criminal offense (tipo penal) requires a violation of the law.
Nevertheless, it cannot be disregarded that the former provision merely establishes the period, while the statute makes it mandatory to declare expiration ex officio when it occurs—the cited article 66 of the Ley General de la Administración Pública. Moreover, an adequate charging instrument does not require the verbatim quotation or even the identification of the violated provision. To safeguard the right of defense and the requirement of congruence (correlación), it need only specify the conduct alleged to be unlawful—failure to declare expiration ex officio—which was done here. The fact that the conduct must necessarily have a statutory basis is a matter of argument or proof that must be examined in the judgment; omission of that reference from the factual allegations does not impair either the requirements governing the charging instrument or the right of defense, because the individuals know precisely why they are being charged and can direct their strategy toward rebutting the allegation.
Nor is that requirement relaxed in cases involving blank criminal statutes (tipos penales en blanco), such as negligent bodily injury (lesiones culposas)—for example, arising from traffic regulations—where it is sufficient to describe the duty of care (deber de cuidado) alleged to have been breached, without needing to identify the provision containing it. Such a provision must, of course, exist and be addressed in the arguments, but that need not be included in the concise description contained in the prosecution’s charging document. Once this premise was established, the remaining elements—to which the Court devoted its efforts in justifying why they were not, in themselves, elements of the offense—became less significant and needed to be analyzed only as circumstantial evidence, in context rather than in isolation, to determine whether the failure to declare expiration ex officio and the approval of the act could be deemed willful, as required by the subjective element of this offense.
In other words, the lower court was required to weigh the circumstantial evidence identified in the charging instrument and derived from other evidence to determine whether the defendants’ conduct in omitting that declaration of expiration and instead approving substantial amendments to the project was merely negligent (culposa) or was willful (dolosa). For that purpose, it was necessary to consider, for example—the following not being exhaustive and being offered solely to demonstrate the deficiencies in the statement of reasons—(i) whether any procedures remained pending in the processing of the original Project. Defendant [Nombre05 006] stated as much in her trial testimony, referring to the soil study (estudio de suelos), or INTA, as still pending. For its part, ruling number 2004-13414 of the Sala Constitucional states, in summarizing the response of the then Minister responsible for the sector and in proven facts k and m, that, according to the recommendation to grant the concession and decision number 578-MINAE del 17 de diciembre de 2001, the concession was conditioned both on approval of the environmental impact assessment—which that ruling held had to be obtained beforehand—and on approval by the Departamento de Suelos y Evaluación de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería—which could not be granted because the environmental impact assessment was required.
Furthermore, that same constitutional ruling established that the proceeding had to observe the precautionary principle (principio precautorio) and the principle of publicity (principio de publicidad). Regarding the latter, it stated: “…the appellant is correct in alleging that the communities that could be affected by the granting of the challenged exploitation concession were not consulted.
It is clear that the missing hearing must, in any event, be held before the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) is approved by the Ministry of Environment and Energy. For this purpose, the Administration must provide the communities that will be affected by mineral exploration and mining operations in the area with broad, complete, and truthful information concerning its activities,” and it reiterated this when, several years later, the company’s representative requested clarification of that decision, and voto 2006-14421 stated: “…the applicant’s interpretation that the obligation to conduct an environmental impact study before granting the mining concession is excluded is wholly contrary to the principles governing environmental law, particularly in dubio pro natura and the precautionary principle, as well as the environmental public interest. Likewise, the corresponding public hearing (audiencia pública) must be held under the terms set forth in the judgment challenged here”; accordingly, it was necessary to determine whether the actions taken were consistent with that ruling; (ii) whether, during the project proceedings, arguments or motions had been submitted alerting the officials of the Plenary Commission to the need for studies additional to those already available or to the violation of the cited rules (whether motions for annulment had been filed; whether other experts from previous administrations had rejected the project and the arguments issued; whether warnings had been submitted by university professors or Non-Governmental Organizations that had entered an appearance in the case file, the parties’ arguments regarding these matters, etc.—aspects mentioned by the witnesses Nombre17 and Nombre27); (iii) whether false information was inserted into the documents (for example, the witness Nombre16 mentioned an inspection conducted before the submission of the Project expansion—that is, before it was requested—and the statement that a professional, the geologist Nombre28, participated in the session, although she stated in the administrative and criminal proceedings that she had not participated in the meetings); (iv) the manner in which the decision was voted upon (according to Nombre17 , formerly secretary-general of Nombre11, decisions were customarily made by consensus and with all representatives of the various sectors present, out of respect for each person’s area of expertise; in this case, however, the decision was made while two of them were absent on vacation, one of whom had expertise critical to the type of project under consideration—geology—and the other of whom represented institutions independent of the government, such as ICE and CONARE: see the testimony of Nombre29 ); (v) the length of the proceedings (small projects took up to six months, whereas this one was decided in two months, including the year-end holiday period: testimony of Nombre18 ); (vi) the sociohistorical or political context in which the Administration’s actions occurred (immediately after the referendum approval of the FTA with the United States, which was strongly supported by the government, whose response to the result was triumphalist: see the testimony of Nombre16 ); (vii) the preparation of a summary table setting out the project’s positive aspects while omitting the negative ones, about which little or nothing was said (testimony of Nombre29 and Nombre17); (viii) the fact that the speed imposed on the proceedings coincided with the President’s desire to announce, upon the arrival of Canadian investors, that the project had been approved, which indicates pressure from the highest levels; (ix) evidence that actions, even delegated ones, that hindered the ultimate determination were changed (such as the annulment of the act signed by Nombre14—in which he granted a pending motion filed by then former deputy Nombre21 —and its replacement with a ruling reaching the opposite conclusion, as it declared the motion moot, although on the same grounds, according to Nombre22.
It should be noted that both opinions were prepared in her office, since Nombre14 merely signed the act and, according to that declarant, everything had to receive her approval under the directive implemented by Nombre01, such that if the same act emerged from the same office but was decided differently, this reveals a superior order to correct not merely its form but the substance or opinion originally expressed and, in both cases, endorsed by the same head of that office. This element provides additional considerations concerning Montero’s credibility and the plausibility of the former minister’s statement that he merely signed what was submitted to him with the approval of the head of his legal department); (x) the fact that the composition of the decision-making bodies whose members had previously raised objections was changed, or that individuals changed their opinions after receiving a promotion, as in the case of [Nombre05 005] (see the testimony of Nombre18 and Nombre27).
Accordingly, had the Court analyzed these indicia (indicios) drawn from the testimonial and documentary evidence in light of the alleged fact that the project modifications were approved in violation of the law because the expiration (caducidad) that should have been declared ex officio was not declared and, instead, the project was approved despite so many calls for caution or warnings, it would probably have reached a different decision. This Chamber does not prejudge that decision, but merely identifies the extensive deficiencies and superficiality of the “analysis” performed by the a quo, which inexorably require that the appeals be granted. Although not all the arguments advanced by the appellants have been accepted in either appeal, and although, in the private prosecutor’s appeal, this Chamber does not endorse the request that a decision on the merits be adopted at this level, the appeals must be granted insofar as the basic relief sought is to set aside the acquittals.
It should be clarified that, in principle, no statutory provision prevents this Chamber, after analyzing the evidence, from replacing the decision with another by conducting a new assessment of the material, ex novo but based on the evidence already presented. However, doing so could entail violating the rights of those who might be adversely affected by that decision, because the ruling issued here could be challenged only through a cassation appeal (casación), and it is well known that the Third Chamber of the Supreme Court of Justice has taken a highly restrictive position, irrespective of the provisions currently in force, regarding the admissibility of that avenue of review, which it characterizes as “extraordinary.” This would violate the right to appeal established in the Convention and contravene the ruling of the Inter-American Court of Human Rights in the case of Nombre10 against our country.
Therefore, granting the appeals has the effect of vacating the ruling concerning these defendants and remanding the case to a newly constituted trial court for a decision in accordance with law, without this Chamber prejudging the content of the final decision, while nevertheless requiring that all the issues discussed above be addressed. (B) The persons accused as accomplices ([Nombre05 006] and [Nombre05 005]), for their part, were acquitted because the first merely issued a “simple approval of a recommendation” and the other issued an official communication, neither of which constituted an administrative decision; the requirements of the objective elements of the offense (tipo objetivo) were therefore not satisfied. Additionally, regarding [Nombre05 005], the judges found that the official communication she signed, which was addressed to another official and was used by the Minister to issue the National Convenience Decree (Decreto de Conveniencia Nacional), stating that the cost-benefit analysis had been completed, was used unlawfully and that it was the Executive Branch’s responsibility to identify the appropriate instrument for certifying that fact.
This ruling, too, is inadequately reasoned because of its brevity. First, it must be determined whether participation in the strict sense—understood as complicity and instigation—is possible in the offense of prevarication (prevaricato), which is a special offense requiring a particular status and a formal offense consummated upon the signing of the decision; if the answer is negative, any further analysis would be pointless. In this regard, it has been stated: “…in collegiate bodies, the offense permits co-perpetration but not participation—complicity and/or instigation—in the strict sense, since it is an offense consummated instantaneously and is also among the so-called special offenses requiring a particular status; consequently, only the official—the judge or public official—who, by virtue of his or her official duties, participates in issuing the unlawful decision or the decision based on false facts, and who does so at the very moment of signing that decision, can commit the offense as such…” (Nombre26 .
El delito de prevaricato en el derecho penal costarricense. Revista de Ciencias Jurídicas, UCR, 2007, págs. 133. Versión digital en: http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/9766/9212). Nevertheless, this Chamber disagrees with that author’s position. Special offenses requiring a particular status, which establish special requirements for perpetration, may be committed as a perpetrator only by persons possessing the status described in the definition of the offense (judge, administrative official). The principle of legality and the specific nature of the objective definition of the offense preclude applying the general rules of co-perpetration to such offenses—under which only the allocation of functions and the prior plan are considered in attributing one person’s act to another—because if one of the persons involved, the extraneus, does not possess the status required by the definition of the offense (public official, judge), that person cannot be held liable as a PERPETRATOR (cf., among others, Nombre30 .
Autor y cómplice en derecho penal. Editorial B de F, Montevideo, Buenos Aires, 2006, p. 224; Nombre31 . “El ocaso del dominio del hecho: una contribución a la normativización de los conceptos jurídicos”. En: AAVV. Conferencias sobre temas penales. Rubinzal-Culzoni editores, Buenos Aires, pp. 87- 120; Nombre32, Nombre33. Autoría y dominio del hecho en derecho penal. Traducción de la sexta edición alemana por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano. Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 386 ss., 482 ss.; Nombre34, Nombre03; Nombre35 y Nombre36. Derecho penal, parte general. Tomo 2. Traducido por Nombre37 , Nombre04, Buenos Aires, 1995, pp. 394-395; Nombre38. Derecho penal fundamental, volumen II. Editorial Temis, Colombia, 1998, p. 418). This is so under “sound” legal doctrine and by application of the principle of legality, although our courts have ruled otherwise: see votos números 565-F-1994 and 232-2008 (among others) of the Third Chamber and 6859-98, 4373-2000, 1053-2001 and 957-2005 (among others) of the Constitutional Chamber.
However, it does not follow from our legislation (artículo 47 del Código Penal) that participation in the strict sense is unavailable for this type of offense. Nor is such participation rejected by foreign or national legal scholarship, except for the author cited above, or by our case law. On the contrary, these are the legal concepts that should be used to address cases involving an “extraneus co-perpetrator” who lacks the status required of the perpetrator in special offenses requiring a particular status, as mandated by numeral 49 del Código Penal, which provides for the doctrine of communicability of circumstances (comunicabilidad de las circunstancias) (to the same effect: Nombre39. El delito de peculado. Editorial Juritexto, San José, 1ª edición, 2000, pp. 98-111; Nombre39. Autoría y participación en el derecho penal. Editorial Jurídica Continental, San José, 1ª edición, 2006, pp. 109-117; Nombre39.
La participación criminal en el derecho penal costarricense. Editorial Juritexto, San José, 1ª edición, 1993, pp. 60-68 y Nombre39. La autoría mediata. Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Litografía e imprenta Lil S.A., San José, 1987, pp. 22-27).
Having said the foregoing, the review of what was decided on this issue may continue, adding that the most egregious defect observed is that the trial court, when analyzing the issue of objective statutory elements (tipicidad objetiva) in aiding and abetting (complicidad), completely lost sight of the fact that this is an expansive mechanism that is satisfied by any “aid or assistance” and, therefore, the requirement that an “administrative decision” be issued must be considered in relation to the conduct of the principal, not that of the accomplice or person accused of having assisted the principal (for whom it is sufficient to provide any aid or assistance intended to enable the principal to engage in that conduct), because otherwise, if both were required to issue unlawful decisions, both would be principals, and the concept of aiding and abetting would become entirely meaningless or would acquire characteristics for this offense that differ from those applicable to all other offenses, which is not provided for.
In other words, the act that had to be assessed to determine whether it was an “administrative decision” was the act committed by the principal whom this person is said to have assisted, and not the act performed by the accomplice, since, as to the latter, it was sufficient to determine whether the accomplice provided any assistance for that purpose. (b.1) Accordingly, with respect to the act in which [Nombre05 006] is alleged to have assisted, the principal was Nombre01, when he issued the National Convenience Decree. It was this final act that had to be considered for purposes of the statutory definition of the offense (tipo penal), and it was clearly an administrative decision, to such an extent that the judges, contradictorily if one wishes (and without prejudice to what will be stated below), convicted the accused, Nombre01, as a principal on that basis. The assistance provided by an accomplice need not consist of issuing another administrative decision (because, in that event, the accomplice could be the principal of a separate offense of the same nature); rather, aiding and abetting is, by definition, any form of assistance.
Therefore, from the standpoint of the objective statutory elements of aiding and abetting, the judges had to determine whether [Nombre05 006] actually assisted Nombre01 and, from the subjective standpoint, whether the required dual intent (doble dolo) was established in relation to that assistance (that is, the intent to knowingly and willingly perform the specific act—in this case, issuing the endorsement of the recommendation prepared by the Director of Geology and Mines through memorandum DGM-RNM 284-2008 for the conversion—on the authority’s own initiative (de oficio)—of the mining concession—and the intent that this be done so that the principal could commit the unlawful act of malfeasance in office (prevaricato)). The court below (a quo) erroneously interpreted the scope of the objective statutory elements of this aiding and abetting and, for that reason, failed to conduct the subjective analysis.
That serious error prevents this Chamber from upholding the decision; the prosecution’s appeal (the only appeal filed concerning her) must therefore be granted, the judgment vacated in this respect (without this Court being able, for the reasons stated above regarding other persons, to modify the decision so as to guarantee all parties the right to appeal it), and the case remanded (reenvío). On remand, [Nombre05 006]’s arguments must be weighed to determine whether to rule out negligent conduct (comisión culposa), which is not criminalized (atípica), or the alleged mistake of fact as to an element of the offense (error de tipo) or mistake of law (error de prohibición), as well as the significance of the fact that what she did was endorse an action taken by another person (who does not appear to have been charged). (b.2) The situation is similar with the act alleged against [Nombre05 005], because it was intended to facilitate the principals’ final decision approving the conversion.
As stated, the court erroneously found that her conduct did not constitute an offense because she issued no decision, but she was not required to do so, since the requirement that an administrative decision be issued applied to the principals; as to her, it was necessary only to prove that she knowingly assisted the principal in achieving that purpose. Therefore, the grounds relied upon by the judges were erroneous and, when coupled with the fact that the evidence does, prima facie, contain some elements supporting a determination that she may have acted intentionally, the need for the ordered vacatur follows. Although this Chamber does not prejudge what the court below must decide, it does determine that the statement of reasons must be complete, which requires consideration of the circumstantial evidence (elementos indiciarios) derived from the evidence. In this regard, without being exhaustive, relevant elements that should have been weighed have been identified, including that (i) this defendant changed her initial position opposing the project and became its advocate after being promoted to Secretary General of Nombre11 (see testimony of Nombre27); (ii) although the matter was outside her authority, she issued the requested memorandum, offering interpretations that had not been requested but without strictly answering what had been asked (see the document underlying the charge); (iii) although it was neither customary nor necessary for her to do so, she requested the case’s administrative file when it was in another department (see testimony of Nombre40 ); and (iv) in her capacity as Secretary of Nombre11, she was aware of the remainder of the proceedings (and of the evidence mentioned above).
Accordingly, the prosecution’s appeal (the only appeal challenging this decision) must be granted, the judgment vacated insofar as it concerns her, and the case remanded to a newly constituted trial court. (C) Regarding the acquittal of Nombre01 in connection with Resolution R-217-2008-MINAE of 21 de abril de 2008 approving the conversion of the Crucitas mining concession, the decision was based both on a formal consideration (because the charging instrument did not reproduce the articles or their content) and on a substantive one, insofar as, when articles were cited, they did not contain an express prohibition, and the act was therefore deemed a possible interpretation of the rule. The judges stated that they decided the matter in this manner because the witnesses themselves differed in their positions on the issue. As to the first issue, reference must be made to the foregoing discussion (point A of this same recital (considerando)), since this is not a legal requirement and, in these charging instruments, facts 22 to 27 of the prosecution’s charging instrument and 40-41 of the private criminal complaint (querella) clearly specified the conduct attributed to him (in summary, without the need for lengthy transcriptions, that because the Constitutional Chamber had annulled the concession, any vested right was lost, and the use of conversion, on the authority’s own initiative and in contravention of the legal provisions governing it, such as section 189 of the Ley General de la Administración Pública, was intended to circumvent the national moratorium decree).
Therefore, that was not a valid basis for acquittal. As to the other arguments, the error in the challenged decision lies in the fact that it is not for witnesses to determine whether an interpretation is possible, but for the court, which knows the law. The judges cited the decision of the Administrative-Litigation Court, which, in turn, gave three reasons for finding that act unlawful. In that regard, it was stated: “…what judgment No. 4399-2010 of the Administrative-Litigation Court, Fourth Section, indicated, since it formed the basis for the pleadings of both prosecuting parties, as it decided, on its own initiative, to order that the decision be immediately communicated to the Public Prosecution Service so that it could investigate whether any criminal liability existed. As relevant here, with respect to Resolution No. R-217-2008-MINAE, the judgment states verbatim in its section or chapter XIV, entitled ‘ON THE IMPROPRIETY OF CONVERTING THE OPERATING-CONCESSION ACT,’ that: ‘…the Court finds that there are three grounds on which it was legally improper to apply the doctrine of conversion of an administrative act (conversión del acto administrativo) to the operating concession that had been annulled by the Constitutional Chamber in the year 2004.’ First, conversion mechanisms are designed to allow the Administration to preserve administrative acts that, although affected by a defect rendering them relatively or absolutely void, remain in force within the legal system.
However, that was not the situation of Resolution No. R-578-2001-MINAE, ‘because that administrative act had been annulled by the Constitutional Chamber through a final and conclusive decision and, consequently, from that moment onward, the act had been removed from the legal system; in other words, it was no longer in force.’ It was not legally feasible to apply conversion to an administrative act that had been annulled by a decision of a Court of the Republic, irrespective of the fact that, in the Por Tanto of its decision, the Chamber inserted the phrase: ‘all without prejudice to what is determined by the environmental impact study (estudio de impacto ambiental),’ since that phrase does not constitute express authorization for the Administration to apply conversion of the act at a later time,... the conversion used by the Administration to revive the concession act constituted a fraudulent mechanism to circumvent application of the moratorium decree because, when Resolution No. R-217-2008-MINAE was issued (abril del año 2008), that Decree was in force and binding in the specific case.
As a second ground for finding conversion of the act improper, the implementation of that legal doctrine was contrary to the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters, for the following reasons: ‘Lastly, and for the sake of completeness, the Court finds that, in light of its nature, it was improper to apply the doctrine of conversion in this case. It is essential to recall that this doctrine entails the issuance of an act distinct from the absolutely void act (which did not occur in this case), and its purpose is not to cure the act’s invalidity, but to mitigate its effects.’ Accordingly, for all these reasons and pursuant to sections 158 and 166 of the Ley General de Administración Pública, because it is inconsistent with the legal system, Resolution No. R-217-2008-MINAE is vitiated by absolute nullity (nulidad absoluta), and it is so declared.” For the trial court, the three issues raised by the administrative-litigation judges (whether the act had been removed from the legal system by the Constitutional Chamber’s decision, whether the precautionary principle had been violated, and whether conversion was permissible) were debatable, to such an extent that the various professionals or experts who appeared at one trial or the other held differing views.
However, although that may be so with respect to the first two grounds (more so the first than the second, because the former issue was marked by the ambiguous phrase used by the Constitutional Chamber, mentioned only in the operative portion of judgment number 2004-13414, which stated “…Resolution R-578-2001 MINAE, of nine hours on diecisiete de diciembre de dos mil uno, Nombre41 Nombre05 and the Minister of Environment and Energy, which grants the mining operating concession to Industrias Infinito Sociedad Anónima, is annulled, all without prejudice to what is determined by the environmental impact study.” And it is said that this is less so with respect to the precautionary-principle argument because that decision clearly stipulated the obligation to consider that principle, which derives from the Constitution itself), the same is not true with respect to the nature of conversion.
This mechanism (instituto) is provided for in section 189.1 of the General Law of Public Administration, which states: “An invalid administrative act (acto inválido), whether absolutely or relatively void, may be converted into a different valid act by an express declaration of the Administration, provided that the former meets all the formal and substantive requirements of the latter.” In simple terms, this means that an absolutely void act (acto absolutamente nulo)—although conversion may also apply to relative defects—need not lose all its effects; rather, while it cannot produce the effects for which it was annulled, it may be converted into an effective act of a different nature. To convert is to change, and something cannot be converted into itself; in other words, conversion requires modification. Conversion of an administrative act (conversión del acto administrativo) operates when a void act does not produce effects as that act but may produce them as a different act for which it does meet all the requirements.
For example, conversion could have occurred if, after the mining concession had been declared void, the act had been converted into a different one whose requirements had been satisfied (for the use of certain forest areas for which permits had indeed been approved), but that is not what happened. No such change in nature occurred in this case, and the violation of the law is evident, even though some persons, owing to their lack of knowledge of the governing law, may disagree. In this regard, one of the principal proponents of Costa Rican Administrative Law, widely recognized beyond our borders, Mr. Nombre19 , explains in the annotated and cross-referenced General Law of Public Administration cited by Procuraduría General Nombre05 in its pleading: “This is somewhat unusual, but it is simply the following: suppose that an official in the Civil Service is improperly Nombre05 without observing the procedures established by the Service; legal scholarship calls ‘conversion’ the phenomenon whereby the Administration that issued that act, even if absolutely void because the selection procedure was entirely disregarded, may convert the appointment of a permanent officeholder, which is absolutely void, into the appointment of an interim officeholder, because an interim appointment requires neither a competition nor a selection process.
Thus, whenever an absolutely void act contains all the formal and substantive elements of another act that does not require the elements of the act originally intended, the latter may be converted into the former—in the case of appointing a permanent officeholder through a selection procedure, into the appointment of an interim officeholder, which requires no selection procedure.” Thus, if there was a void act, declared as such by the Constitutional Chamber because it lacked environmental viability (viabilidad ambiental), regardless of the fact that the cited ruling stated “without prejudice to the environmental viability study,” there was a declared nullity that, as the government attorney correctly notes, could not be cured, since section 172 of the General Law of Public Administration provides: “An absolutely void act may not be brought into conformity with the law through either cure (saneamiento) or validation (convalidación).” On this point, Nombre19 (Treatise on Administrative Law, Volume 2, p. 574) clearly states: “The LGAP draws a clear distinction between judicial annulment and a judicial declaration of nullity.
The latter, as stated, introduces only one legal innovation into the legal system: the creation of res judicata concerning the existence of that nullity as a fact, which thereby becomes legally indisputable and certain for every legal purpose and for every person and Court, given the erga omnes effect of the corresponding judgment.” Although the cited author wrote before constitutional jurisdiction was established in Costa Rica and therefore did not analyze the effects of those judicial decisions, the same principle applies by parity of reasoning. Likewise, section 187 of the General Law of Public Administration provided: “1. An act that is relatively void due to a defect in its form, content, or jurisdiction may be validated by means of a new act identifying the defect and its correction. 2. Validation shall have retroactive effect as of the date of the validated act,” and Article 188 of that law adds: “1.
When the defect in a relatively void act consists of the absence of an essential formality, such as mandatory authorization, a proposal or request from another body, or a petition or claim by the administered party (administrado), these may be supplied after the act, accompanied by a statement of agreement with all its terms. 2. The foregoing may not be applied to the omission of advisory opinions or to cases in which the omissions identified above result in absolute nullity because they prevent fulfillment of the purpose of the final act” (emphasis supplied). For this reason, the validation requested by the company was improper, and the fact that a different legal mechanism was sought ex officio is also an indication that must be weighed at the appropriate time. If one further considers that a mining moratorium decree was then in force, providing: “Transitory Provision I: ‘.... All proceedings relating to the exploration and open-pit mining of gold that are pending before the Directorate of Geology and Mines and the National Environmental Technical Secretariat as of the date of publication of this executive decree shall be suspended.
Every vested right acquired before publication of this decree shall be respected,’” which made it necessary to ask whether an approved and annulled concession constitutes a vested right, it may be concluded that the improper application of this mechanism, distorting its legal nature, was intended to circumvent a legal obstacle. This demonstrates, once again, an intention to favor the company, which must also be assessed. Within this legal framework, the trial court’s decision to leave this matter to the official’s discretion, on the ground that the witnesses were divided in their views regarding what should have been done, is as erroneous as disregarding witness credibility merely because groups containing equal numbers of witnesses make conflicting statements. In such cases, what matters is not the number of witnesses but their credibility or legal soundness, and here that credibility depends on whether the witness—and the Court—understands the essence of the mechanism governed by administrative law.
It is the quality, not the quantity, of the testimony that matters, and in this case that quality should have been measured against the Court’s legal judgment, without any such further analysis having been conducted. All of this requires that the appeals be granted and that this acquittal likewise be annulled, with the case remanded to a newly constituted trial body; for the reasons already stated, this Chamber may not issue the ruling on the merits requested by the appellants. It may be stated at the outset that res judicata, as invoked, has not arisen with respect to any of the matters referred to above, as will be addressed in greater depth in another section of this judgment.
Appeals in favor of Nombre01 regarding the conviction
V.Description of the appeals (apelaciones): (A) Attorney Laureano Castro Sancho, acting as defense counsel (defensor) for defendant (encartado) Nombre01, in a 116-page brief appearing from page 5827 onward of the digital case file (expediente digital) and filed on 21 de abril de 2015, alleges, as his first argument, the violation of constitutional judgments having the authority of res judicata (cosa juzgada) and the universally binding effect, erga omnes, of the decisions of the Sala Constitucional. He states that said Chamber, through decision number 6922-2010 of 16 de abril de 2010 (which he submits and partially transcribes), determined, in nearly three hundred pages, that all actions taken by the Executive Branch concerning the drafting and signing of executive decree N° 34801-MINAET on national interest (conveniencia nacional) had complied with the legal system, a point on which both the technical and personal defense of the defendant insisted throughout the trial (debate), without success.
He adds that, in that constitutional decision, the Chamber extensively analyzed not only the drafting and signing of that decree but also matters relating to the cost-benefit studies, and that the Administration’s actions in this matter were consistent with what was stated therein. Furthermore, the Chamber’s ruling is consistent with the testimony of attorney Nombre22 (Director of the Ministry’s Legal Advisory Directorate or Legal Department) and prosecution witness Engineer Jorge Rodríguez Quirós (Vice Minister of the Environment), who referred to the cost-benefit studies that served as the basis for the national-interest decree. He states that this decision is binding pursuant to Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and Article 8 of the Ley Orgánica del Poder Judicial (which he reproduces), as well as decisions numbers 1185-95, 15957-06, 233-95, 1934-92, 7062-95, 240-I-95, 4962-95, and 12825-2014—in which the constitutional body, acting as a nonhierarchical superior (jerarca impropio), vacated a decision of the Tribunal Contencioso that was contrary to its binding case law—of the Sala Constitucional, and decision 339-2005 of the Sala Primera (which establish the binding nature of constitutional rulings, including their reasoning sections (considerandos), and their effect as substantive res judicata (cosa juzgada material)); he argues that the same administrative conduct and events cannot be regarded as constitutionally valid yet criminally unlawful.
In this case, he argues, the Sala Constitucional endorsed, validated, and approved the entire procedure and processing given to the Crucitas mining project, including national-interest decree 34801-MINAET; he therefore once again raises the substantive-res-judicata defense (excepción de cosa juzgada material), a principle he contends was violated by the challenged criminal judgment. He describes the judgments of the Sala Constitucional issued in relation to the Nombre12 mining project (which began in 1991 with the processing of the application for a mining exploration permit submitted to the Dirección de Geología y Minas), namely: N° 1998-05315 of 22 de julio de 1998, N° 2002-07882 of 20 de agosto del 2002, N° 2002-07888 of 20 de agosto del 2002, N° 2004-13414 of 23 de noviembre del 2004, N° 2006-014421 of 27 de setiembre del 2006, N° 2010-006922 of 16 de abril del 2010, and N° 2010-014009 of 24 de agosto del 2010, some of which predated Nombre01’s appointment as Minister of Environment and Energy on 08 de mayo de 2006.
Furthermore, before issuing decision number 2010-006922 of 16 de abril de 2010, the Sala Constitucional conducted a site visit or judicial inspection (Inspección Judicial) at the Mina Crucitas site in San Carlos on 12 de setiembre del 2009 and scheduled a “hearing” (“vista”) for 12, 13, and 17 de noviembre del 2009, with the participation of all parties, who were able to explain their claims and submit new evidence in support of their statements. He asserts that, regarding the decree declaring national interest, actions that the Sala Constitucional itself endorsed and found to be within the applicable legal standards cannot be deemed criminal, because the ruling was not limited to an analysis of Article 50 of the Constitution; rather, that provision has statutory implementation that was assessed by the constitutional body, which “…reached the conclusion that neither that decree nor that grant violated any legal provision applicable to the matter and, moreover, that those acts were based on sound technical criteria.
How, then, could criminal proceedings find that the officials who participated in processing and signing the aforementioned decrees engaged in the offense of breach of official duty (prevaricato)?” He contends that, because the technical and legal grounds were exhaustively analyzed, it was not possible to claim, as the lower court ruled, that the Chamber’s decision was confined to fundamental-rights matters and therefore did not constitute res judicata. This was the position adopted by the Procuraduría General de la República itself in the administrative litigation proceedings (proceso contencioso). He cites excerpts from texts by Nombre42 . He examines the effects that an application for constitutional relief (amparo) has under the law, citing Article 11 of the Constitution and Article 29 of the Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. He considers both charging instruments (acusaciones) to have been ineptly drafted and disputes their assertion that the decree declaring national interest lacked the requirements for its promulgation, particularly the cost-benefit analysis.
To refute that assertion, he cites the findings (resultandos) and reasoning sections (CIII, CIV, CXIII a CVI, CXIII, CXIV, CXV, XXIII) of the constitutional decision, in which that body concluded that “…the project will generate social benefits that greatly exceed the socio-environmental costs…” (Considerando XCVIII). He therefore contends that the criminal conviction for this act was contrary not only to the cited legal provisions and decisions but also to the documentary and testimonial evidence. He transcribes other portions of the constitutional judgment and states that the Chamber concluded that the required legal and environmental requirements, including the cost-benefit balance, had been satisfied; in those proceedings, it conducted a legality review of the decree, which gave rise to substantive res judicata and rendered its ruling binding. He asks: “Could there have been intentional conduct (conducta dolosa) (which, under the law, must be manifestly unlawful and egregious) by former minister and current accused (imputado) Nombre01, when the Decreto No. 34801-MINAET' that he signed was prepared by the attorney responsible for preparing all decrees and decisions of the Legal Advisory Directorate (formerly the Legal Department) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (and who currently holds the position of Director of that Directorate), was previously reviewed and approved by the Vice Minister of the Environment (responsible within the Ministry for the Environment and Mining sectors, Engineer Jorge Rodríguez Quirós), and by the Director of the Ministry’s Legal Advisory Directorate (formerly the Legal Department), Attorney Nombre22 , and was subsequently certified as complying with legal and technical regulations (signatures and seals of the Vice Minister of Environment and Mining and the Director of the Ministry’s Legal Advisory Directorate), all of which was later reviewed and approved by Sala IV of the Corte Suprema de Justicia through Resolución No. 6922-2010?
The answer is no, unless the trial court—as occurred in the judgment issued—engages in and relies upon serious and monumental distortions that completely destroy adequate reasoning (debida fundamentación)....” He states that no MINAET official was charged or convicted for preparing and drafting the decree. He requests that the res judicata defense be granted, the judgment of conviction vacated, and the accused acquitted. As a second argument, he asserts the failure to establish and give reasons for the subjective element (tipo subjetivo), or criminal intent (dolo), required for the offense of breach of official duty. After citing various constitutional and criminal provisions concerning adjudication and the content and forms of criminal intent, and after transcribing the facts charged by the Ministerio Público and facts numbers 31 and 46 of the private complaint (querella), he states that both accusers based the charge on the contention that the decision was contrary to law, whereas the Court held that the offense was breach of official duty, not because decisions contrary to law had been issued, but because the decision was based on false facts (he transcribes proven fact 14), a matter not encompassed by the charge; this altered the alleged factual framework and impaired the right of defense.
He contends that the criminal intent required for the offense of breach of official duty was not proven. In support, he transcribes a portion of the lower-court judgment (page 249) concerning the offense’s subjective element and states that its reasoning on this point was cursory and conflated with objective statutory classification (tipicidad objetiva), without explaining or demonstrating such knowledge and intent, because the judges merely stated that “…within the realm of subjective statutory classification (tipicidad subjetiva), his conduct coincides with the commission of the objective elements of the offense, which results in the promulgation of an administrative decision by a public official based on false facts or circumstances, with knowledge thereof and directing his will toward achieving those unlawful ends.” This, he states, would be sufficient to vacate the judgment; however, he seeks an acquittal at this stage, without any remand, because the charged conduct complies with the law and lacks the substantive prerequisites necessary to constitute the offense of breach of official duty.
He recounts that the Court was intent on convicting but, upon determining that the facts had not been properly described, that evidence was lacking, and that it was compelled to acquit all defendants on the first count, it proceeded to grossly modify the factual framework and convict the defendant, no longer merely through the media but judicially as well. He asserts that criminal intent was neither described nor proven in the charged facts or in the facts found. He analyzes the objective elements of the offense of breach of official duty, cites commentary by Nombre43 in that regard, and notes that “…with respect to culpability (culpabilidad) for that unlawful act, it is an intentional offense whose cognitive component necessarily and specifically requires awareness of the contradiction between what was invoked and what was decided; as to volition, the offense is consummated by intending to decide on the basis of that contradiction” (sic).
He notes that most legal scholarship considers that the offense is committed with direct intent (dolo directo) and does not permit attempt. He argues that, in this case, the same reasons given for the acquittal on the first offense applied here because: (i) the decision was based on plausible legal interpretations: he cites the various types thereof (grammatical, historical, teleological, systematic, and logical) and explains how a conclusion drawn through any of those methods is acceptable, since the contrary position would lead to the conclusion that whenever a superior court reverses a lower court’s decision, the latter would have committed breach of official duty, which he considers absurd and which has also been recognized by decisions number 115-2005 and number 485-2005 of the Sala Tercera, which he also transcribes; (ii) not everything unlawful is criminal, as the lower court, adopting the defense’s position and relying on cited case law, stated on pages 153 a 157 of the appealed judgment (which are transcribed), because these are distinct legal spheres and criminal liability requires specific elements; and (iii) the law and a legal duty were being fulfilled, because the binding ruling of the Sala Constitucional in decision number 6922-2010 was being followed; in his view, that decision excludes objective statutory classification because it declares that everything complied with the legal system, eliminates formal unlawfulness (antijuridicidad formal) because the defendant acted in fulfillment of a duty, and indicates the absence of culpability because the requirement that different conduct could reasonably have been demanded (exigibilidad de otra conducta) was not met and there was an unavoidable mistake of law (error de prohibición invencible).
He insists, repeatedly citing excerpts from case law, on the substantive res judicata (cosa juzgada material) effect and binding force of the Constitutional Court’s ruling, which was dismissed cursorily and without supporting reasons because only the temporal aspect of that decision was assessed, rather than the proceeding itself. He emphasizes that Nombre44’s 2006-2010 government plan reaffirmed his interest in mining, and that this was taken into consideration by Nombre44’s voters, who brought him to power through their votes. The appointment of Nombre01 was a political act, and he was required to fulfill what had been promised to the public in the government plan, which included the issuance of decrees. By the time that official assumed the position, Proyecto Nombre12 had been undergoing administrative processing for more than fifteen years and had been the subject of extensive legal and constitutional challenges that had been resolved, confirming its legality; by the time Nombre01 was to take office, the project was ready to begin operating and all relevant applications had been resolved.
He therefore considers that Nombre01 was required to sign the public-interest decree (decreto de conveniencia), which had been prepared by the Technical and Legal Departments and which also required the approval of the highest state authority in order to be valid, since it could not take effect without that signature: “In summary, signing the Decree was a political mandate (a government plan approved by Costa Rican citizens through their votes), a legal mandate (as established in all related environmental rules), a constitutional mandate (because the Minister is required to sign it jointly with Nombre41 Nombre05), and a juridical mandate (the erga omnes binding force of the Constitutional Chamber).” He asserts that, if the minister was required to sign the decree, how could doing so simultaneously constitute a criminal offense? If he failed to comply with the Constitutional Chamber’s ruling, he could commit the offense of disobedience to authority, and if he failed to resolve the pending administrative applications, he could incur a breach of official duties (incumplimiento de deberes); (iv) it was a jointly managed decision, that is, the product of intervention by various technical and legal offices and agencies.
He concludes that there could have been no intentional conduct by the former minister because he signed a decree prepared by the attorney responsible for drafting all decrees and decisions of the Legal Advisory Directorate, who still holds that position; it was previously reviewed and approved by the Vice Minister of the Environment (the engineer Jorge Rodríguez Quirós, who was responsible within the Ministry for the Environment and Mining sectors) and by the Director of the Ministry’s Legal Advisory Directorate (formerly the Legal Department), attorney Nombre22 ; and it was then certified as compliant with legal and technical regulations (through the signatures and seals of the Vice Minister of the Environment and Mining and the Director of the Ministry’s Legal Advisory Directorate), all of which was subsequently reviewed and approved by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice through decision number 6922-2010; (v) there was a mistake of law (error de derecho) because, in that context, the defendant (encartado) is not an attorney and acted on the basis of the principle of trust (principio de confianza).
He raises the following questions: “...how can the conduct constituting malfeasance (prevaricato) be criminally attributed if the accused relied on the work of his offices as to its legality? From what can his intent be inferred? On what basis could different conduct be required of him?” He maintains that the Court provided no reasoning on those points and merely stated that Nombre01 acted intentionally; and (vi) there was a failure of attribution affecting intent because, in order to commit the offense, the normative elements of the offense (elementos normativos del tipo) must be known. The judgment itself acknowledged that the prosecution generally had not been properly framed by the prosecuting authority, which prevented a conviction for one act and affected the right of defense as to the other. He transcribes excerpts from the acquittal (pages 176, 217) to assert that the judges, acting in a populist and highly inquisitorial manner upon realizing that the same outcome would occur with the other act, proceeded to create their own accusatory and evidentiary case; for all these reasons, he requests more than reversal—he requests acquittal.
He adds that intent was not proven and that the testimony of the head of the legal department, attorney Nombre22 , was deemed not credible on the grounds that she contradicted herself, but without those contradictions being explained, even though she was responsible for issuing the decree. He reiterates that Nombre01 was not an attorney but a politician, which is relevant to both authorship and intent, because he relied on the head of his Legal Department, a person with extensive experience in the subject matter, the procedure, and the Crucitas project. He states that, ultimately, the defendant was convicted on the basis of an intentional omission, for which he transcribes excerpts from the judgment, particularly page 230, to argue that this also altered the charged act, which had been its inconsistency with the law, so as to find instead that the decision was based on a false fact and that this occurred not through an action but through an omission.
He notes that, as a matter of legal doctrine, malfeasance by omission cannot be established, but that, in any event, the basis for doing so is likewise absent. He cites page 232 of the judgment to indicate that the judges’ assertion that there had been no cost-benefit assessment (balance costo-beneficio) is untrue, because the Constitutional Chamber, in ruling number 6922-2010, sections XCIV, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, VCVIII (which he transcribes), confirmed the existence of that assessment, as reflected in decree 34801-MINAET, section VII. He concludes that the decree alleged to constitute malfeasance was based on true rather than false facts, and that its arguments and procedures were endorsed by the Constitutional Chamber through binding case law that has res judicata effect in this matter; accordingly, the offense of malfeasance could never have been established. On that basis, he requests that the defendant be acquitted of all punishment and liability for this offense or, solely in the alternative, that the judgment be vacated and the case remanded.
The third section of the appeal alleges a lack of congruence between the indictment and the judgment (falta de correlación entre la acusación y la sentencia). He cites legal provisions, doctrine, and the ruling in Nombre45 v. Guatemala (judgment of 20 de junio de 2005, paragraph 65) of the Inter-American Court of Human Rights concerning the scope of this principle as it relates to the facts, rather than to their legal characterization; he emphasizes that the maxims “ne procedat iudex ex officio” and “nemo iudex sine actore” have constitutional status and are connected to the right of defense, guaranteed by international human-rights instruments (Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights; 14.1 and .3 of the International Covenant on Civil and Political Rights; and 8 of the American Convention on Human Rights); he highlights their importance in an adversarial system and states that a conviction based on facts different from those charged places judges perilously close to committing malfeasance, since they know the law.
He explains that, in this specific case, the accusers (fact 31 of the public prosecutor’s indictment and fact 46 of the private complaint (querella)) based their case on the assertion that the defendant, through his administrative decisions and decrees, violated the law; however, the Court convicted him of one of the acts—and acquitted him with certainty of the other, based on defects in the same indictment—because he had based those decisions on false facts (he transcribes proven fact 14), which, because it had not been charged, the Court was precluded from considering. He reproduces each indictment and the judgment’s ruling in a comparative table of their contents and states that the defendant never had an opportunity to defend himself against what the judges ultimately decided; he therefore requests an acquittal and closure of the case file or, in the alternative, that the judgment be vacated and the case remanded.
(B) For his part, the defendant Nombre01, acting personally and with the legal representation of his private defense counsel, appealed the judgment of conviction in a 655-page brief, digitized beginning at folio 5480 of the electronic case file and filed on 21 de abril de 2015, setting forth sixteen sections, some designated as addressing “the merits” (although they insist on the erroneous determination of the facts, the failure to properly assess the evidence, or the failure to state reasons—issues that concern formal or procedural matters) and others as addressing “form.” They all share the distinctive feature of repeatedly presenting the same issues, sometimes through extremely lengthy—and unnecessary—transcriptions of various procedural documents or verbatim copies of the same argument. Thus, as their first argument (pages 2 to 41), they state that the proven facts in the judgment of conviction do not constitute the offense of malfeasance and that the substantive provisions governing that offense were therefore violated, because the facts numbered 12 and 13 contain no accusation against Nombre01 and, although fact 14 does, the charged facts alleged that the defendant acted as the “Executive Branch,” which entails joint action by the Minister and the President, but never referred to him solely in his capacity as minister.
They therefore contend that fact No. 31 of the public prosecutor’s indictment does not state, as was ultimately found, that Nombre01 issued Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET through the unlawful use of official letter number SG-ASA-259-2008 prepared by [Nombre05 005], without the decision explaining why that use was unlawful or which provision was violated. Indeed, that fact identifies another defendant as an accomplice even though she was acquitted of that act, and it uses the verb “prepare” in reference to the decree, which likewise did not appear in the prosecutor’s charging document. They add that charged fact No. 31 never alleged that Nombre01, in his capacity as Minister, was fully aware that “...the issuance of the decree was preceded by the preparation of an appropriate technical study providing an assessment of the social benefits against the ecological burdens resulting from clear-cutting (tala rasa),” as stated in proven fact No. 14 of the judgment; moreover, Ley Forestal, Article 3, subsection m, does not use the terminology emphasized above in bold.
They stress that charged fact 30 refers to terms different from those set forth in the proven fact and attributes intent, participation, and preparation to the alleged accomplice rather than to this defendant, which prevented the Court from altering those events so as to attribute them to him. They likewise consider it serious that, on page 241 of the judgment, Nombre01 is accused of concealing certain “expert assessments (pericias)” that the cited provision of Ley Forestal does not require and that, moreover, were not alleged in the indictment, meaning that such concealment would not constitute the offense of malfeasance. Finally, they contend that the violation of congruence was so extensive that there was no charge alleging that issuance of the national public-interest decree was based on false facts—only that it was contrary to the law, without specifying what each violation consisted of—as the Court ultimately found.
All of this violated the right of defense because, during the adversarial proceedings (which were suspended for one week without any justification, something he considers a violation of the principles of continuity and concentration), no one asked about false facts or the concealment of expert assessments. They consider that none of the established facts can be derived from fact 46 of the private complaint either, which they regard as poorly drafted because the documentary evidence (official letter DAJ 1570-2008) and testimonial evidence (the engineer Jorge Rodríguez Quirós, attorney Nombre22 , the engineer Nombre46 , and the engineer Alberto Alfonso Delgado Artavia, which are transcribed with reference to the time sequences beginning on page.
From page 8 of the appeal through page 16), it can be inferred that said decree was drafted and prepared by the Ministry’s Legal Advisory Directorate (also called the Legal Department), with the support of the Ministry’s technical units (the Vice Ministry of Environment and Mining and Área de Conservación Arenal Huetar Norte -ACAHN-), and that, since 2002, four years before the defendant joined that Ministry, it was known that the project entailed a land-use change (cambio de uso del suelo); therefore, that decision was not made by the defendant. They consider the principle of congruence (principio de correlación) to have been violated and add that Article 3, subsection m, of the Ley Forestal does not require “objective technical studies” such as those the Court found lacking, but only “appropriate instruments.” However, that article omits key aspects, such as what those “appropriate instruments” are, what their characteristics, content, and methodology are, who determines whether they are “appropriate” or “proper,” and who or which unit of the Ministry or the State must prepare, assess, or validate them.
All of this therefore falls within the discretion afforded to the Administration, and no distinction may be made where the law makes none. On this issue, they emphasize that “...it was the discretion permitted by the legal provisions (Article 3, subsection m, of the Ley Forestal) that allowed the use of the cost-benefit analysis instruments prepared within the Nombre11 case file (which is a unit of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications pursuant to the Ley Orgánica del Ambiente) for the purposes of decrees of national interest (decretos de conveniencia nacional), as had been done for years at the Ministry for all decrees of national interest concerning projects that, by their very nature, required a land-use change, including the Crucitas mining project.” They further consider that the judgment was contradictory because, on the one hand, it states that there was an “absence of the study” (although the law does not mention that term) and, on the other, indicates that there were “improper and inappropriate studies.” According to the appellants, the evidence was improperly assessed; the judgment was contradictory and lacked reasoning (because the assertions were not drawn from the evidence admitted into the record but were conclusions derived from personal conviction); congruence was violated; and there was no criminal intent (dolo), which had to be both proven and substantiated, although neither was done.
Instead, the defendant was held strictly liable, which is prohibited under Criminal Law, even though both he and Nombre41 Nombre05 assumed that everything complied with the law and were merely fulfilling a legal duty in the exercise of their functions and powers. All of this should result in the defendant’s acquittal, without a new remand to the trial court, and an award of costs against the Procuraduría General de la República, as the State’s representative. They show the contradiction by stating that “...while the judgment states, on the one hand, that ‘Said study (which the legal provisions DO NOT require) was not conducted, and the technical content of the decree was based on a false premise’ (page 70), that ‘the absence of the technical cost-benefit study (which the legal provisions DO NOT require)’ (page 235), and that ‘said study (which the legal provisions DO NOT require) never existed’ (page 2555), on the other hand, it states that ‘conclusions from improper and inappropriate studies were included in the decree’ (page 197) and that ‘conclusions from improper and inappropriate studies were intentionally inserted into the content of the decree.’ Here, the Court accepts that studies did exist and completely contradicts itself when it states elsewhere in the judgment that there were no studies” (p. 34).
They add that nonexistent rules concerning requirements were applied, the legal provisions were misrepresented, and incorrect terminology was used (e.g., environmental damage instead of environmental costs), although the difference between the two is that the latter are foreseeable and measures exist to mitigate them. They reiterate that environmental feasibility (viabilidad ambiental) had been granted by Resolution 3638-2005-Nombre11 and 170-2008-Nombre06, the latter of which evaluated the project changes. They cite various decisions of the Sala Constitucional, emphasizing their binding erga omnes effect, which held that there was no environmental damage and that, in any event, the decree contained calculations and projections, and there could be no false facts regarding future matters. They also state that those decisions endorsed the studies conducted as appropriate and mention that misuse of administrative discretion was not charged.
As their second argument (pp. 42 to 61), they again allege a violation of substantive law because the defendant was convicted of basing his decision on false facts, such as that the benefits would exceed the adverse effects, although no legal provision requires this, because the law refers only to “appropriate instruments,” which allows for discretion, and Article 3, subsection m, of the Ley Forestal does not specify that any particular instrument, much less expert reports, must be used. They again discuss facts 30 and 31 of the prosecution’s accusation and fact 45 of the private accusation, concluding that the conduct alleged therein was attributed not to Nombre01—but to the Executive Branch, which encompasses more than the Minister—and that, furthermore, no reference was made to “false facts” and the allegation was imprecise. Moreover, regarding those charged facts, the defendant had no control over the act (dominio del hecho), because it was attributed to a person who was acquitted.
In any event, they state that the falsity of the fact must be encompassed by criminal intent and there was no evidence that the defendant knew of such circumstances. They reproduce and discuss various portions of the accusations and the judgment to note that the concept of “offsetting” (compensación), which the Court considers criminal, has always been used and derives from decree 32966-MINAE (EIA) 9.7, 11.1 to 11.4 (which they reproduce) and from decision number 6922-2010 of the Sala Constitucional (from which they copy excerpts), which they again state is binding. Citing legal scholarship, they repeat that facts can only be past or present, not future events or value judgments, and that a fact is, by definition, something true, such that there can be no false facts, which is a terminological contradiction. Accordingly, the Court misapplied this element, which forms part of the objective elements of the offense (tipo objetivo), by treating a projection—which concerned the future—as such a fact, all of which affects the legal classification of the conduct (subsunción típica).
As their third argument, also entitled erroneous application of substantive law (pp. 61 et seq.), they state that “...the judgment’s assertion that the balancing had to be conducted between the ‘social benefits’ and the ‘environmental damage’ is false. The legal provisions (Articulo 3, subsection m, of the Ley Forestal, No. 7575) state very clearly that this comparison must be made between the ‘social benefits’ and the ‘socio-environmental costs.’” They refer to facts 30 and 31 of the accusation and fact 46 of the private accusation, from which the established liability was derived, asserting that the attribution is neither clear nor detailed and is not directed against this defendant; that it did not establish that the signing of the decree was based on false facts; and they repeat the previously mentioned references concerning perpetration, participation, future events (decisions of the Sala Constitucional and opinions of the Procuraduría), “appropriate instruments,” objective elements of the offense, and criminal intent.
They further contend that, if there was an acquittal on the charge of complicity, it was not possible to maintain that the defendant participated in this act as a principal, because he did not have control over the act. They state that there was no evidence, much less any accusation, in this regard, and that Article 6 of the Código de Minería declares mining activity to be of public utility, while Article 2 of the Reglamento a la Ley Forestal defines “activities of national interest” (actividades de conveniencia nacional) as those connected with projects of public interest and expressly mentions mining activity. This legal framework was taken into account when issuing the decree in question, but was not analyzed in the judgment, resulting in the misapplication of the substantive law governing the offense of knowingly issuing an unlawful decision (prevaricato); they therefore request an acquittal.
As another argument (pp. 80 et seq.), they state that the Court characterized the decree as constituting prevaricato because it considered that the study addressing whether the social benefits would exceed the environmental damage did not exist. However, this was a legal requirement invented by the Court, because the applicable provisions do not refer to it. They reproduce part of the accusation to reiterate that false facts were not contained in the accusations and conclude by stating that “...an activity carried out by a private company ‘whose social benefits exceed the socio-environmental costs’ is a normative element of the offense (elemento normativo del tipo) under Article 357 C.P., which the actor must apprehend through an assessment but cannot apprehend through the senses. Appropriate instruments must be used to better apprehend that normative element of the offense. If the actor did not apply the criteria prescribed by law to determine whether the social benefits exceeded the environmental costs—even if he intentionally failed to do so—the decision is not based on false facts but on value judgments, which may perhaps be incorrect.” They consider that the concept of “false facts” was misapplied because the judgment treated mere “value judgments” (or expert opinions, whose Nombre05 they cite) issued within the scope of administrative discretion as such facts, even though they were endorsed by the Sala Constitucional and the Procuraduría General de la República.
This violated substantive law, the principle of legality, and the prohibition against analogy, because that decree contained no facts, much less false ones; they therefore request an acquittal or partial annulment. They state that the Court’s confusion was based on the supposed need for a new study, although the Administration could rely on the study already conducted by SETENA. They explain that the concept of “appropriate instruments” is undefined and that “...Lic. Nombre22 also testified (see pp. 134 to 141 of the judgment) that, in the Ministry’s Legal Department, later called the Legal Advisory Directorate, the attorneys handling the matter believed and interpreted that the balancing requirement for the declaration of national interest (declaratoria de conveniencia) could validly be satisfied through the instruments and assessments performed by Nombre11 in granting environmental feasibility.” They conclude that “...the intellectual reasoning (motivación intelectiva) of the judgment, when the judges attempt to justify their finding that the decree contains false facts, is based on two aspects: the unlawful use of Official Letter SG-ASA-259 (which, according to both accusations, was never prepared by Dr. Nombre01), and the offsetting section included in the text.
However, their argument collapses when those two premises are examined closely and it is established that both refer to assessments based on assumptions rather than to facts as such.” They further state that, if the interpretation of the content of those “instruments” was erroneous, the consequence was the annulment of the administrative act because of its invalidity, but not a criminal offense. They request that the decision be annulled. As their first procedural ground (pp. 111 et seq.), they allege a lack of congruence between the accusation and the judgment because neither accusation nor any of the investigations was based on an offense of prevaricato predicated on false facts. The Court therefore breached its duty of impartiality by introducing new facts when it convicted on that basis, thereby violating the right of defense. They dispute that this defendant drafted or issued the decree, because he is not the “Executive Branch,” much less that the decree contained falsehoods, and reiterate what was previously stated concerning the “appropriate instrument” referred to in the applicable provisions.
Nor was there any evidence—as they contend—that he knew the document contained “false facts” or that, knowing that no appropriate technical study existed, he approved the document, since the “...legal provisions cited in both charging instruments as having been violated do not exist, nor do they mention the concept of ‘ecological charges’ or that of an ‘appropriate technical study,’ which the judgment uses in its reasoning. What the Ley Forestal (No. 7575), in Article 3, subsection m), refers to is ‘socio-environmental costs’ (rather than ‘ecological charges,’ as stated in the criminal judgment) and ‘appropriate instruments’ (rather than an ‘appropriate technical study,’ as stated in the criminal judgment). These are two very different things. Consequently, a person cannot be charged with an offense and a criminal judgment entered for the offense of breach of official duty (prevaricato) on the basis of legal provisions and/or requirements that do not exist in the legal framework.” They request that the judgment, as well as both procedural instruments (the indictment and the private complaint (querella)), be declared null and void because they fail to satisfy the detailed requirements applicable to charges and because, although these defects were timely brought to the accusers’ attention, they were not cured and are absolute defects; therefore, the accusers’ omission validated the proceedings as conducted, and the instruments lose their legal effect, since otherwise the proceedings would be remanded to stages that have already been foreclosed in order to correct those errors.
They emphasize that: “Under the General Public Administration Act (Ley General de Administración Pública, LGAP), if the head of an institution signs a document on the basis of legal and technical recommendations and with a certification or opinion attesting to technical and legal compliance, that official is relieved of liability. This excludes the subjective element of the offense. Otherwise, the Public Administration could not function. If the official follows the legal and technical recommendations and certifications, the official is relieved of liability; and if the official does not do so (for example, does not sign a resolution or decree prepared by the Ministry’s technical and legal bodies and processed under the body of applicable law (bloque de legalidad)), liability of various kinds may be attributed to the official, provided that the official does not have a legal justification permitting the official not to sign the administrative act in question” (pág. 134); they cite section 192.2 of that legislation and state that this is what the accused (encartado) did, based on the testimonial and documentary evidence received.
In another section, they refer to the judgment’s lack of reasoning, because the Minister is credited with drafting the decree without any indication of the basis for that conclusion, when the evidence instead shows that he did not draft it. They cite official letter DAJ 1570-2008 and the testimony of Nombre46 and Nombre22 . They further emphasize that the promotion of mining activity was included in the Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, in which this accused did not participate, and that, as a prior legal requirement, this called for a declaration of national interest (declaratoria de conveniencia nacional); the judgment assumes, without evidence, that the Administración Nombre44 intended to favor this mining project. All witnesses, including those called by the Ministerio Público, emphatically stated that the decree had been prepared by the technical departments and that the Minister did not participate in the preparatory meetings, all of which renders the reasoning neither logical, complete, nor lawful.
They insist that the use of concepts such as “false facts” and “appropriate instruments” is improper and point to the exercise of administrative discretion (discrecionalidad administrativa) in determining them. They recount that the credibility of Nombre22, the accusing party’s “star” witness, was limited because of inconsistencies in her testimony, but the nature of those inconsistencies was not stated; it was this witness who testified that Nombre01 had no attorneys in his office and relied on the Legal Department of MINAET, which meant that he could not draft or prepare a decree because he was not an attorney. That witness clarified that the procedure was regulated and complex and that many people participated during the 17 years of processing (only the final two of which occurred under the Administración Nombre44), but the judges reproached this without understanding the procedure, stating that the Minister was not an automaton required to sign, while failing to weigh the fact that all the experts were within the Ministry and that there was nothing suggesting that the actions taken were unlawful; accordingly, there was no basis for departing from the technical opinions.
They complain that the reasoning omits the following matters: “Nor does the Court state whether the procedure carried out at the Presidencia Nombre05 by Nombre41 Nombre05, without any participation by former Minister Nombre01, was an unlawful or illicit procedure, or which legal provision was violated. Nor does the Court state that, once former Minister Nombre01 signed the decree, the decree was returned to the Legal Advisory Directorate and that it was this Directorate that sent the decree to the Presidencia Nombre05 so that the formal procedure for signature by the President could continue. Nor does the Court mention the testimony given at trial by witness Nombre47 concerning the type of general review conducted by the Laws and Decrees Directorate of the Presidencia de la República, the fact that no Act, Decree, Regulation, or procedure required such review before the President’s signature, and that it was not binding upon Nombre41 (...) It is therefore surprising: how could the Court fail to state that the Minister did not participate in the signature procedure carried out by Nombre41 Nombre05 at the Presidencia de la República; that all documentary and testimonial evidence shows that the Ministry’s Legal Advisory Directorate (Legal Department) was the office that forwarded the decree after it had been signed by former Minister Nombre01, as required by the procedure; that no Act, Decree, Regulation, or procedure required Nombre41 to obtain review by the Laws and Decrees Directorate before the President’s signature; that such review was not mandatory for Nombre41; and that in Nombre41’s Office ‘there are always advisers who review their decrees’?” They criticize the conclusion, contrary to binding decisions of the Sala Constitucional (such as decision number 6922-2010), that the instruments contained in the case file were inadequate for approving the decree.
They add that “...it was the discretion allowed by the legal framework (Article 3, subsection m, of the Ley Forestal) that permitted the use of the cost-benefit analysis instruments contained in the Nombre11 case file (which is a department of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones pursuant to the Ley Orgánica del Ambiente); for purposes of decrees declaring national interest, this was how matters had been handled for years at the Ministry for every national-interest decree and every project” (pág. 175). They state that the Court apparently attributed negligent conduct or strict liability (responsabilidad objetiva) to the accused, even though this offense requires intent (dolo), and that the lack of reasoning extended to its failure to refute the accused’s arguments concerning the oversight system he had implemented in his office because he lacked technical expertise concerning the six areas comprising the Ministry and therefore required approvals (vistos buenos) from the senior officials; that occurred in this case, in which the document bore the signatures of the Vice Minister and the Director of the legal division, which inspired confidence.
They assert that it is false that the accused stated that mining was of paramount importance and that this project had to be approved by any means necessary; they point out the judgment’s contradiction because, on the one hand, it states that the accused prepared the decree and, on the other, it finds that he acted not personally but through delegation to the Vice Minister; in any event, he acted on the basis of the provisions governing his duties, not because he had ordered the Vice Minister to do anything improper, as the judgment falsely states. They request that the ruling be declared partially null and void. In another section, they refer to defects in the indictment and the private complaint (págs. 191 y ss.), which were timely alleged and never corrected by the accusers, resulting in a partial acquittal; strangely, however, although the same defect existed with respect to these facts, that analysis was omitted and the charges were instead altered to refer to “false facts” not contained in those instruments.
They add that: “None of the allegations in the prosecution’s indictment—and specifically allegation No. 31—specifies how Article 3, subsection m), Article 19, subsection b), and Article 34 of the Ley Forestal were violated, or how section 361 of the Ley General de la Administración Pública was violated; nor does it specify what constituted the drafting of an executive decree declaring national interest based on false facts and used by Minister Nombre01 when ‘preparing and issuing’ Executive Decree N. 34801-Minaet, as the a quo court deemed proven in finding No. 14 of the judgment (pág. 69); nor does either charging instrument describe the manner, time, place, and means by which former Minister Nombre01 ‘prepared’ Decree No. 34801-MINAET, particularly when the evidence received in the adversarial proceeding itself proves that the Decree was prepared and drafted by MINAET’s technical departments (Vice Ministries and technical departments) and legal department (Legal Advisory Directorates) (...) it is never alleged clearly, precisely, and with detailed circumstances, as required by section 303, subsection b), of the C.p.p., what the violation of each of the provisions identified in the charging instrument consisted of, so that it could be determined in what situation, normative component, or particular aspect of that legislation Dr. Nombre01 intentionally violated the law when issuing the Decree declaring national interest; still less does the charging instrument state, as required for a proper criminal accusation, that Nombre08.
Nombre01, in his capacity as the Minister who signed the aforementioned Decree, had drafted it (pág.224 del fallo) on the basis of false facts.” In support of their position, they cite legal scholarship and characterize it as strange that the same Court accepted that the indictment was improper because it contained an absolute defect and acquitted on other allegations, but did not do so on these allegations. They state that the judgment erroneously identifies the prosecution’s indictment as the charging instrument from which it derived that conclusion, when it was based on an inference drawn from the two lines of allegation 46 of the private complaint (pág. 224 renglones 14 y 15 y pág. 29 de la sentencia), and they ask: “Looking at the wording of section 46 of the Private Complaint (...) how does the issuance of the aforementioned Executive Decree No.34801-MINAET violate the law with respect to the procedure, the grounds, and the supporting reasons?
In what respect or respects, for what reasons, or under what circumstances were the provisions of Article 3, subsection m, of the Ley Forestal (Ley 7575), Article 2 of the Regulations to Ley 7575 concerning the requirements for a declaration of national interest, and also section 6,6 of the Código de Minería—which, incidentally, does not exist under the designation 6.6.(?) cited by the Procurador in his charging instrument—flagrantly disregarded? It is clear that the accusation neither states nor alleges this clearly, precisely, and with detailed circumstances, and therefore the trial court should not have supplied it on its own, thereby causing a serious imbalance in the participation of the parties to the proceedings and correcting such a grave irregularity in order to enter a judgment of conviction against Minister Dr. Nombre01. Likewise, when allegation No. 46 of the Private Complaint charges that the legally established time periods were not afforded to organizations representing interests, whether general or corporate in nature, we ask—as we argued in asserting a serious grievance at the beginning of the trial and later during the closing-argument stage—which organizations representing interests was Procurador Ronald Víquez referring to?
What are their names, and where are they located?” “To which statutory time limits was the public prosecutor referring in his ill-fated and deficient accusation?” Moreover, the accusation likewise fails to state clearly and circumstantially the alleged commission of the offense of malfeasance (prevaricato), provided for and punishable under section 357 of the Criminal Code (C.p.), with respect to the issuance of a decision—in this case, an Executive Decree—based on false facts.” They state that, in its judgment, the trial court used concepts and methods not specified in the legislation itself, thereby creating an absolute defect that may be declared sua sponte; and because the prosecutors showed no interest in correcting it in a timely manner, despite their arguments, a judgment of acquittal rather than a remand (reenvío) must be issued. As an additional argument, they allege that the judgment lacked reasoning (fundamentación) concerning the determination of his criminal participation and criminal design, and that strict liability was applied, because the evidence relating to these issues was not identified.
Furthermore, the court below relied on sections 146 of the Political Constitution and 28 of the Ley General de la Administración Pública to assert that the minister was responsible for preparing decrees, but in doing so it misinterpreted those provisions and disregarded the legal framework, because the constitutional provision prevails over the statutory provision and, consequently, the minister’s sole obligation is to sign the decree so that, together with the presidential signature, it becomes valid; preparation, however, falls to the ministries’ specialized technical bodies, to which that task is delegated because of the complexity of ministerial functions. This is common knowledge, particularly in that Ministry, which encompasses six very different and complex sectors: environment, energy, mining, environmental quality management, water resources, and telecommunications, for which there are four deputy ministers.
They cite Article 8. 2 of the Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (decreto ejecutivo 33151-MP del 08 de mayo de 2006 published in La Gaceta N° 95 del 18 de ese mes y año), which gives the deputy minister the status of hierarchical superior over all Ministry personnel, as well as, to the same effect, the Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo contained in decreto 34582-MP-PLAN (La Gaceta 126 del 01 de julio de 2008, Article 15) and sections 47.4 and 48.d of the Ley General de la Administración Pública. All of this leads the appellants to conclude that decrees and decisions originate in the competent departments and are subsequently forwarded to the Legal Directorate. In the case of Nombre12, the application for the national-interest decree originated in Área de Conservación Huetar Norte (ACAHN), following the company’s application for land-use change (cambio de uso de suelo), and the decree was signed once the corresponding technical studies were available and had been endorsed by the deputy minister and the Legal Advisory Directorate, demonstrating that the court’s assertion was false.
They state that promoting the mining industry formed part of the National Development Plan created by each administration and, in this case, by the Nombre44 administration; this was not a criminal offense, but rather the result of the Government Program on which they won the election. Nevertheless, there is no evidence that he intended to promote this particular mining project, as was asserted. On pages 214 and 215, they reproduce part of the questioning conducted by Judge Nombre06 on this issue to point out that the answers given by engineer Nombre15 were taken out of context, and that from them arose the unexpressed notion that the government gave priority to this particular project (page 225 of the judgment), although the entire decision cites no evidence establishing Nombre01’s liability. They consider the remainder of the reasoning in the challenged decision anomalous, incomplete, or distorted.
They insist that the legislation does not refer to environmental favors or benefits, appropriate instrumental measurements, comparative equations, or appropriate studies, as mentioned in the judgment, but rather to appropriate instruments, which may be quantitative or qualitative, a balance, socio-environmental costs, and a matrix; they cite Article 3(m) of the Ley Forestal. They recall that the company applied for land-use change for non-forested and reforested areas, as engineer Nombre46 stated, not for 192 hectares of natural forest cover (cobertura boscosa), as the judges concluded without any evidence; these are not the same, and those dimensions correspond to the property’s total area but encompass only 12.391 trees. They recount that the matter of compensation, misinterpreted by the court, appears in sections 9.7 and 11.1 to 11.4 of decreto 32966-MINAE: “…as of the date Decreto No. 34801-MINAE was signed on 13 de octubre del 2008, Nombre11 had already granted the Nombre12 mining project environmental feasibility (viabilidad ambiental) (Resolución No. 3638-2005-Nombre11 del 12 de diciembre de 2005 and Resolución No. 170-2008-Nombre11 del 4 de febrero de 2008, decisions that formed part of the evidence in the Criminal Trial).
Environmental feasibility includes social and economic feasibility pursuant to Article 145 of the ‘Manual de Instrumentos Técnicos para la Evaluación de Impacto Ambiental’ (Decreto Ejecutivo No. 32966-MINAE (published in La Gaceta No. 85 del 4 de mayo del 2006): ‘“14.5 Economic Adjustment for Social and Environmental Externalities and Final Cost-Benefit Analysis.” In accordance with the legislation in force, the preceding acts cited by the decree in question (mining concession and environmental feasibility) were based on studies that were SUBMITTED by the Company to Dirección de Geología y Minas and Nombre11 (in accordance with the legislation in force) and that were VERIFIED, VALIDATED, ENDORSED, and APPROVED in their entirety by these two departments’” (p. 234). They argue that the Ministry is a single entity and that the document was prepared by Nombre11 and could be used by the entity’s other departments.
They also consider it contradictory that, although Nombre22 , director of the legal division, had been found not credible, beginning on page 232 of the judgment her testimony was accepted in support of that portion of the decision. They therefore question how the Minister could have prepared a decree when he was not a lawyer and had no lawyer under his supervision. They contend that, because this was a regulated procedure (trámite reglado), the trial court’s assertion, made “mockingly,” that the minister was an automaton is invalid; rather, as part of the procedure, he was required to sign because there was no reason to depart from its contents, which the various technical departments had technically certified as compliant with the applicable rules. The trial court therefore failed to understand the Minister’s role within a regulated procedure, in which the preparation of documents falls to various technical entities (Article 16.1 of the Ley General de la Administración Pública).
Regarding the irregular procedure to which the court referred because the decree arrived already signed by the minister, even though that was not the usual procedure, the appellants state that the judges failed to specify what the Minister knew, did, or failed to do in that connection, and to what extent such conduct was or was not contrary to law. They contend that this faulty reasoning was probably the result of a lack of continuity, because the trial was supposed to begin on 05 de enero but, for no stated reason, did not resume until 12 de ese mes. All of this resulted in a judgment that appears to attribute both strict liability and negligence, neither of which is consistent with the nature of the offense at issue. They further state that Minister Nombre01 devised a system to ensure that documents arrived with the approval of the technical entities: he required the signature of the head of the relevant body and, relying on the principle of legitimate reliance (principio de confianza), endorsed the actions taken, thereby exceeding previous controls that did not require that signature.
Citing various provisions, they state that the legal advisory offices of each ministry serve as guarantors of the legality of the actions taken and that, administratively, the deputy minister is the highest-ranking authority. This reveals another contradiction: the established facts (page 69) and page 224 state that the minister prepared and drafted the decree, whereas page 239 later states that he acted through others under delegated authority. Furthermore, it was falsely stated that the defendant said the mining project was crucial and that Nombre12 had to be approved at any cost, which cannot be inferred from the audio recording. They add that the cost-benefit analysis should not include environmental damage, as the court erroneously stated, but environmental costs, which are different concepts; there could be no environmental damage because environmental feasibility had already been granted, which is presumed to preclude such damage.
In this regard, they cite Article 3 of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), including its definition of damage and its exclusion following those studies, because damage refers to something that was not anticipated, planned, or controlled. Thus, once environmental feasibility has been granted, there are only environmental costs, not damage. They contend that the court faulted the defendant for knowing that no technical study existed, yet cited provisions under which such a “technical study” is neither legally required nor contemplated, because the rules refer only to “appropriate instruments,” which is also a different concept. Article 14.5 of that regulation further indicates that, if environmental feasibility is granted, it is because the socio-environmental benefits exceed the environmental costs. Moreover, the discretion introduced by section 3(m) of the Ley Forestal allows that instrument to be treated as an “appropriate instrument,” which is what had traditionally been used in all national-interest decrees, for which Nombre11’s opinion was assessed for that purpose.
They request that the judgment be vacated. Another section alleges a lack of legal reasoning because the court failed to support with evidence its assertion that the decision was based on false facts—an allegation that had not been charged—and failed to consider that the defendant had rejected the remaining charges and that the Director of the Ministry’s Legal Advisory Office, an institution charged with safeguarding legality, testified that the procedures and documentation had indeed been completed, as confirmed by the Sala Constitucional and the Procuraduría General Nombre05 in the administrative litigation. In light of all this, there was no way to know that the Minister was acting “willfully” (dolosamente), nor did the court explain this, because there is no mention of any written note or oral statement indicating that he was acting improperly. On the contrary, from the beginning of his tenure he devised a procedure or protocol to heighten the discharge of his supervisory duty by requiring the signatures of the heads of the relevant bodies on every document sent to his office, certifying that everything complied with the technical criteria.
This is established by the documents admitted as evidence to facilitate adjudication (prueba para mejor resolver), notwithstanding the prosecutors’ opposition—whom he accuses of having forgotten their duty of objectivity—namely, memorándum N° DM-106-2008 del 25 de mayo del 2006 and memorándum DM-0175-2006 del 6 de junio del 2006. Furthermore, the testimonial evidence (Jorge Rodríguez and Nombre22 ) indicates that the decree was prepared and drafted without Nombre01’s involvement and that the lawyers in the Legal Directorate, who were experts in the subject matter, verified compliance with all requirements. Nombre01 therefore signed the decree both in fulfillment of a legal duty arising from a regulated act (acto reglado) and with full awareness that everything complied with the law, because it arrived with the endorsement of the deputy minister and the Director of the Legal Division and because, after 17 years of proceedings, there had been constitutional decisions identifying only the absence of an environmental impact study, which had already been submitted.
They insist that the issue of false facts, which the judgment does not specify, was not charged, and that ignorance or confusion regarding technical terms was the common denominator throughout the judgment (for example, when it states that ministers issue decrees, although this falls within the authority of the Executive Branch, composed of the minister and Nombre41 Nombre05). To that end, they draw the terminological distinctions already mentioned, which lead them to argue that the judgment is contradictory because “...By acquitting the members of the Nombre11 Plenary Commission with certainty in this same criminal judgment, the same Criminal Court is stating that everything done was lawful and that no unlawful act occurred; it therefore accepts, directly or indirectly, however one wishes to view it, that said balance was properly conducted using the ‘appropriate instruments.’ Consequently, the assessments conducted by Nombre11 for the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) included the tree cutting required by the land-use change (cambio de uso de suelo).
The foregoing was an integral part of the Environmental Impact Study approved by SETENA, on the basis of which Nombre11 granted environmental viability (which includes social viability), since, by its very nature, that project could not be carried out without a land-use change. Otherwise, the Nombre12 mining project could not have been carried out” (page 279). They further contend that even ruling number 6922-2010 of the Constitutional Chamber established that there had been no environmental damage, something the judgment failed to weigh, and that this was so because a prior environmental impact study had been conducted. They reiterate that there could not have been any false facts because the “appropriate instrument” (which was not a study, expert examination, or environmental balance) contained projections, which are not facts; and, in any event, the defense invoked Article 25 of the Criminal Code concerning performance of a legal duty (cumplimiento de un deber legal), because if the minister had not signed the decree, with no indication in the record of any reason for refusing to do so, he would have committed a breach of duty (incumplimiento de deberes).
The Court rejected this argument, asserting that signing it was a discretionary act, but without explaining why, even though there was a petition that had to be decided within a reasonable period and no grounds had been identified for refusing to issue the act in the terms in which it arose. They add that “...what is indeed more serious and highly reprehensible is when a court of the Republic, which under the procedural rules in force does draft its own judgments (something that Ministers of State in any Government Ministry do not do), includes in its legal reasoning—as occurs in this case, according to pages 252-253—a partial passage from another judgment wholly unrelated to the facts discussed here, and even more seriously when it is addressing the defendant’s culpability, an analysis of unlawfulness (antijuridicidad), and impairment of the legally protected interest (bien jurídico), only then to conclude, on the basis of what was erroneously and falsely inserted into the judgment—by its own hand, which makes it even more serious—that my client is criminally responsible as the perpetrator of the offense attributed to him.
This is entirely unfounded and entails the total or partial nullity of the judgment rendered, which we expressly request be declared and that the matter be referred to the court with jurisdiction for new proceedings.” (p. 328). As another argument, they allege incomplete or absent reasoning because the judgment states that the charged facts were proven, when that is not so: there was an acquittal as to some, others do not implicate the accused, and in still other instances the charge was altered. The judgment therefore appears to have been drafted in several separate parts that were subsequently pasted together without any connection whatsoever, to the point that the deputy minister’s testimony was distorted: the judgment states that he said the Crucitas project had to be set in motion, whereas what he said, according to the quoted transcript, was that mining activity had to be set in motion, not any particular project, and that this resulted from the National Development Plan.
Another appellate argument alleges violation of the principle of legality (principio de legalidad) and full justice, because findings of fact were constructed without support or by misrepresenting the evidence. They discuss finding of fact 12 concerning, among other matters, the clearing of 192 hectares of forest, which is not true based on the very content of the decree; they distinguish a forest plantation (plantación forestal) from a forest (bosque); they distinguish the decree of national convenience (decreto de conveniencia nacional) from the administrative decision authorizing a land-use change and state that the former is one additional requirement for the latter (Article 33 of the Ley Forestal). According to the appellants, neither the Public Prosecutor’s Office, the Office of the Attorney General, nor the Criminal Court conducted an on-site inspection, as Nombre48 and Nombre49 did.
The results of that inspection were set forth in Considerando XLIV of Constitutional Court judgment number 6922-2010, which rules out the presence of primary forest (bosque primario) in the area. The Court probably omitted this because it was distracted by the constant adjournments, including during the week following the resumption in January, and the fact that one party was on vacation outside the country was no excuse. In another section, they allege a lack of reasoning for finding of fact 134, reiterating earlier arguments. An additional issue they mention is that neither the conduct constituting the charged offense nor the evidence supporting it was described, which renders the decision null and void for violation of the right of defense (derecho de defensa), since the only finding of fact containing any allegation, number 14, is based on premises that do not reflect reality (that the Minister prepared the decree) and arise from strict or negligent liability, even though the offense requires intent.
They interpret Article 146 of the Constitution as stating that the minister must sign the decree, not prepare it, as the Court understood, because this is a regulated procedure (procedimiento reglado). Thus, the evidence received established that the request for a decree of national convenience was submitted by Área de Conservación Huetar Norte in response to a land-use-change petition filed by Industrias Infinito S.A., and that this had previously been endorsed, approved, and certified by the Ministry’s technical and legal departments. They again point to the lack of congruence between the charge and the judgment (falta de correlación) and add: “The criminal judgment (…) contains the following errors in ‘Finding of Fact’ 14: It does not state how SETENA Memorandum No. SG-ASA-259-2008 was used. It does not state why the Criminal Court considers that ‘use’ unlawful or which legal provision was violated.
The ‘unlawful use’ of Memorandum No. SG-ASA-259-2008 was not a charged fact. The ‘unlawful use’ of Memorandum No. SG-ASA-259-2008 was not discussed at the Criminal Trial. Memorandum No. SG-ASA-259-2008 does not appear in the text of Decreto No. 34801-MINAET. All of the foregoing flagrantly violates the rights to a personal and technical defense (…) The question of what constitutes the ‘appropriate instruments’ is subject to legal interpretation, as demonstrated by the fact that two of the country’s highest courts have adopted opposing interpretations (…), the Constitutional Chamber (judgment No. 6922-2010) and the Administrative Litigation Court, each undertaking a significant interpretation of the law to justify its position (…) In the case of the Crucitas Mining Project, Nombre11 granted environmental viability through the following two decisions: Decision No. 3638-2005-Nombre11 of December 12, 2005, which granted environmental viability to the Crucitas mining project. ii.
Decision No. 170-2008-Nombre11 of February 4, 2008, which assessed changes to the project and granted the corresponding environmental viability for the project modifications submitted by Industrias Infinito. Through these two SETENA decisions, which preceded the issuance of the Decree of National Convenience (Decreto No. 34801-MINAET of October 13, 2008), the Nombre12 mining project already had ENVIRONMENTAL VIABILITY, which also includes the balance between ‘social benefits’ and ‘socio-environmental costs’ by virtue of Nombre11’s mandatory application of Article 14.5 of the ‘Manual of Technical Instruments for Assessment...’” (pages 464 et seq.). They explain why the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters was not violated and contend that the Criminal Court that rendered the challenged judgment did not review the environmental regulations in force when the cited decree of national convenience was signed (pages 503-504), whereas the Constitutional Chamber did.
They maintain that the decision was based on administrative discretion (discrecionalidad administrativa) and on the different possible interpretations that had been endorsed by bodies such as the Office of the Attorney General (memorandum of October 20, 2009, signed by Nombre50 and Castro; memorandum of March 05, 2010, signed by Castro; memorandum of August 23, 2010, signed by Castro; and memorandum of January 18, 2011, signed by Castro and Nombre51, excerpts from which they quote) and by the Constitutional Chamber, and that legal scholarship is clear that there can be no offense of breach of official duty (prevaricato) when different interpretations of the same legal provision exist. In another section, they express disagreement with the assessment of the evidence and the legal reasoning, again based on finding of fact 14 and the statement that the accused prepared the decree. They indicate that the law does not require a “study” or expert opinions; nor does it require the assessment of “ecological encumbrances,” encumbrance, harm, environmental harm, or environmental benefits, but instead refers to “appropriate instruments” (which the regulations do not define or characterize) and “socio-environmental costs”; thus, nonexistent requirements were applied.
They insist that the decree was not based on false facts, which were not charged and are not facts (but rather estimates, assessments, or future projections), and that this change in terminology affected the reasoning. They likewise insist that the legal interpretation adopted by the Administration formed part of its administrative discretion and coincided with that of the Constitutional Chamber and the Office of the Attorney General: “For years (including long before former minister Nombre01 took office as Minister), the Administration considered that the ‘appropriate instrument’ used in the Nombre11 case file to determine that the balance between ‘social benefits’ and ‘socio-environmental’ costs was also an ‘appropriate instrument’ for purposes of the cost-benefit analysis for all decrees of national convenience (including Decreto No. 34801-MINAET), just as it had done in the past for the cost-benefit analyses of all projects declared to be of national convenience for purposes of land-use change, such as the projects or activities expressly listed in Article 2 of the Regulations to the Ley Forestal (Decreto 25721-MINAE, La Gaceta N° 16, January 23, 1997), which expressly lists ‘mining activities’” (page 574); and, in this case, the appropriate instruments and the balance were verified and confirmed by the deputy minister and the Director of MINAET’s Legal Department.
They question how he could have inserted false facts into the decree if he was not the person who prepared it, and they consider it contradictory that the judgment stated that there were no cost-benefit studies (page 235 of the judgment) but later said that there were inadmissible or inappropriate studies (pages 197 and 255), when the law does not require “studies” but “appropriate instruments.” They request that the decision be declared null and void because it is grossly unfounded, without prejudice to ordering the case closed because there is no offense to prosecute.
In another ground, they allege violation of constitutional judgments having the force of res judicata (cosa juzgada) and the erga omnes binding force (vinculatoriedad erga omnes) of the judgments of the Constitutional Chamber, reiterating the arguments made on this issue and raising the res judicata defense because: “…in particular, Resolution No 2010-006922 of April 16, 2010, which approved as lawful everything done with respect to the Crucitas project, no other judicial or administrative body may or should consider those same administrative actions to constitute a criminal offense when the Constitutional Chamber specifically endorsed them as valid and lawful; moreover, the Constitutional Chamber’s characterization of such conduct is binding on the criminal courts, where conduct and acts that, according to a binding decision of the Constitutional Chamber, were carried out within the applicable constitutional and legal parameters cannot be deemed criminal.
Thus, the same conduct and administrative acts performed by the Administration cannot be lawful for the Constitutional Chamber and unlawful for other authorities or criminal courts” (p. 600 of the appeal). They cite statutes, decisions of the Constitutional Chamber and the First Chamber, and a text by Nombre42 to conclude that what the Constitutional Chamber decided in its holding (ratio decidendi) or incidental observations (obiter dicta) cannot be disregarded. They state on p. 633: “In short, whenever the Constitutional Chamber rules on the merits of an appeal and, in its judgment, grants or denies it, the content of that decision—that is, both its recitals (Considerandos) and its operative provisions (Por Tanto)—is binding erga omnes. In the case of the Nombre12 Project, the Chamber exhaustively analyzed the constitutional and legal validity of the decree declaring the project to be in the national interest (declaratoria de conveniencia nacional), which formed part of the regulated procedure established by Ley Forestal No. 7575 (Article 3, subsection m) and its Regulations (Article 2, Decreto No. 25721, published in La Gaceta No. 16 of January 23, 1997).
To that end, Chamber IV exhaustively analyzed the content of the technical and legal opinions supporting the challenged decree, including the appropriate instruments used to determine the cost-benefit balance and the content of all studies conducted within the case file (expediente) of Nombre11 and the Directorate of Geology and Mines, which, curiously and inexplicably, the a quo court (a quo) found had not been conducted…” They conclude by asking, at folios 649-650 of their appeal: “Can there have been intentional conduct (actuación dolosa)—which, according to the law, must be manifestly unlawful and blatant—by the former minister and current defendant, Nombre01, when Decreto No. 34801-MINAET, which he signed, was prepared by the attorney responsible for drafting all decrees and decisions of the Directorate of Legal Counsel (formerly the Legal Department) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (and who currently holds the position of Director of that Directorate); was reviewed and approved in advance by the Vice Minister of Environment (responsible within the Ministry for the Environment and Mining sectors), Engineer Jorge Rodríguez Quirós, and by the Director of the Ministry’s Directorate of Legal Counsel (formerly the Legal Department), Attorney Nombre22; and was then certified as complying with the legal and technical regulations (signatures and seals of the Vice Minister of Environment and Mining and the Director of the Ministry’s Directorate of Legal Counsel), all of which was subsequently reviewed and approved by Chamber IV of the Supreme Court of Justice through Resolution No. 6922-2010?
The answer is no, unless the trial court—as occurred in the judgment issued—engages in and relies upon serious and monumental distortions that completely destroy the requirement of clear, complete, logical, express, and lawful reasoning. Or were the Justices of Chamber IV mistaken? Or were the technical teams (of the Vice Ministry of Environment and Mining) and legal teams (of the Directorate of Legal Counsel) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications mistaken, when, incidentally, they were fully acquitted in this criminal proceeding, as was to be expected because it was evident from the outset that they had not committed a criminal offense either in their various administrative actions taken in the case file for the mining concession (concesión minera) of the Crucitas mining project?” In their final argument, they complain that the Court failed to rule on the private prosecutor’s legal costs (costas), since Nombre01 was partially acquitted, an issue raised through a motion for supplementation and clarification (gestión de adición y aclaración).
They state that because no valid accusation (acusación) had been filed, there was no evident good faith and, therefore, the private prosecutor should have been ordered to pay costs, particularly because the acquittal was based on the conduct’s failure to constitute a statutory offense (atipicidad): “In short, Procuraduría General Nombre05 improperly, egregiously, and unlawfully subjected my client, Dr. Nombre01, with respect to the first alleged ‘offense’ attributed to him, to a lengthy, exhausting, highly publicized, costly, and unnecessary criminal proceeding, even causing needless expenditure by the Public Treasury and forcing the defendant to incur procedural and personal expenses, given that the State Attorney never had a plausible basis for litigating that issue. The State must therefore answer for the unjustified action brought against Don Nombre01, which even placed him—through the Private Prosecuting State Attorney—in an extremely serious position affecting his personal liberty, when, during closing arguments, the participating State Attorney requested a sentence of 6 years’ imprisonment for an act that, as this very trial court states, never constituted a criminal offense and consequently” (p. 654).
They cite decisions number 662-2007 of the Third Chamber and number 73-95 of the First Chamber and request partial annulment of the ruling because it failed to award both categories of costs. (C) Responses to the appeals: In a written submission, attorney Miguel Cortés Cháves, State Attorney for Ethics, opposed the appeals filed by the accused and his defense counsel and stated that the former’s voluminous appeal, exceeding 600 pages and containing 16 grounds, was repetitive and confusing and referred to matters that had already been addressed exhaustively at the preliminary hearing and trial stages, both through claims of defective procedural acts (actividades procesales defectuosas) and through motions for reconsideration (recursos de revocatoria) and appeals (apelación); he therefore requested that these arguments be rejected. Regarding defense counsel’s first argument, he stated that the Procuraduría’s private criminal complaint (querella) attributed the conduct to him personally and not in his capacity as the “Executive Branch,” and that Osorio’s Diccionario de Ciencias Jurídicas states that a “false fact” is one contrary to the truth.
Therefore, the decree’s use of document SG-ASA-259-2008, which did not address all the economic and social variables of the area, was sufficient to establish the offense, since the conclusions set forth in the decree could not be reached. Regarding the second argument—that there were no false facts because the document referred to projections—he considers that it should be rejected because the offense of breach of official duty (prevaricato), according to the cited text by Nombre52 (Delitos Funcionales), is established both when the evidentiary basis is false and when, although the evidence is true, the conclusions contained in the decision cannot be drawn from it. He considers that Nombre01 knew that official communication SG-ASA-259-2008 was neither a suitable instrument nor technically supported for use as the basis of the decree declaring the project to be in the national interest. In the third section, he cites what legal scholarship describes as environmental costs (costos medio-ambientales), which make it possible to measure environmental harm (daño medio ambiental), and requests rejection of the argument because it is based on a false conceptual distinction.
With respect to the fourth issue, he cites Articles 3, subsection m, and 34 of Ley Forestal and considers irrational the contention that no legal provision requires a study to determine that the social benefits outweigh the environmental harm before a project may be declared to be in the national interest. As for the witness Nombre22, who defended the theory of public-official discretion (discrecionalidad del funcionario público), he recalls that she is being investigated for perjury (falso testimonio). Regarding the fifth section, he states that the charged offense makes no distinction in punishment between factual and legal breach of official duty (prevaricato de hecho and prevaricato de derecho), and that neither form must be specified in the legal classification (calificación jurídica); the omission is therefore immaterial. He considers that the judgment was not contradictory in stating that the decree was based on false facts or on inappropriate studies, because the false evidentiary basis arose from the fact that the decision could not be derived from the instruments used.
He cites Article 213 of Ley General de la Administración Publica and decision number 3895 of the Second Chamber to argue that the interpretation that the head of an agency is bound by the actions of subordinates is subjective, because greater authority entails greater duties (Article 41, subsection e), of Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito). He states that, by signing the decree, the accused endorsed the actions taken, acknowledged that he knew of them, and assumed their consequences, because that decree cleared the way for authorization of the tree-cutting permit (permiso de corta de árboles) and land-use change (cambio de uso de suelo). Regarding the sixth ground, he considers that the judgment’s error in referring to the prosecution’s indictment (acusación fiscal) rather than the Procuraduría’s private criminal complaint does not affect the reasoning underlying the conviction, and that Jorge Rodríguez’s testimony establishes that the accused was aware of this project.
As for the seventh argument, he considers that the accusations did contain a detailed account of the alleged facts (relación circunstanciada de los hechos atribuidos) and were examined both by the judge at the intermediate stage and by the trial judge. Regarding the eighth argument, he states that accepting the appellant’s theory would lead to the absurd conclusion that the highest official of a Ministry bears no responsibility because that official is a nonthinking being who signs whatever subordinates send him. He reiterates this in response to the ninth grievance, asking what purpose the rules on responsibility would then serve. He partially transcribes the testimony of Nombre20, Nombre46, Nombre53, and Jorge Rodríguez concerning the pressure and unusual procedures associated with this decree. Regarding the tenth grievance, he considers the appellants’ assertion that the decree did not itself authorize the land-use change or tree felling (tala de árboles) on private property to be correct.
He clarifies, however, that it was an indispensable requirement for those applications because, otherwise, under Articles 33 and 34 of Ley Forestal, it would have been impossible to approve the harvesting (aprovechamiento) of 12.391 trees distributed across 191.77 hectares of forest-covered land and the cutting of trees on 4.17 hectares of planted areas. Regarding the eleventh argument, he rejects the reference to administrative discretion (discrecionalidad de la Administración), an issue analyzed by the Administrative Litigation Court and the First Chamber, for which purpose he quotes at length from decision number 4399-2010 of the former. Regarding the twelfth and thirteenth arguments, he requests their rejection, contending that they concern immaterial errors in the judgment involving confusion among the charging instruments (piezas acusatorias), and he considers that the witness statements are selectively transcribed.
Regarding the fourteenth section, concerning the res judicata effect of the Constitutional Chamber’s decision, he states that the decision was issued within the constitutional body’s jurisdiction but that its analysis differs from the review of the lawfulness of the Administration’s actions, which led to criminal liability. He states that these are different spheres of authority, involve distinct protected legal interests (bienes jurídicos tutelados), and lack identity of subject, object, and cause.
Finally, regarding the fifteenth argument, concerning the failure to rule on the award of costs (condena en costas) associated with the acquittal (absolutoria), counsel maintains that it should be rejected both because an acquittal and a conviction (condena) were issued in a divided manner based on the same charge (acusación), and because the acquittal is being challenged. Counsel requests that the appeals (recursos) be denied and that the conviction (condenatoria) remain undisturbed. These arguments were reiterated by the parties, albeit in summarized form, during the oral hearing.
VI.The challenges raised by the accused and his defense counsel must be partially granted: The arguments of these appellants, arranged logically and summarized rather than in the manner presented in the appeals, concern the following subject areas: (i) infringement of the principles of continuity and concentration (principios de continuidad y concentración), because the trial (debate) did not begin during the first working week of 2015, but one week later; (ii) the indictments (acusaciones) did not meet the legal requirements, and therefore their nullity is requested; (iii) there was no congruence between the indictments and the judgment (correlación entre acusaciones y sentencia); (iv) there was constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) regarding the proceedings followed; (v) the judgment incorrectly assessed the evidence and contains insufficient reasoning; (vi) the accused was punished on the basis of strict liability (responsabilidad objetiva) or negligent conduct (conducta culposa), even though the offense requires intent; (vii) no consideration was given to the fact that he acted in performance of a legal duty; (viii) the mistake of law (error de prohibición) was not weighed; (ix) the issue of costs was not properly reasoned.
For ease of presentation, these matters will be addressed, insofar as necessary, in that order (which is not the order in which they were presented), although it should be noted at the outset that the judgment is terse in its analysis of many issues and reflects careless drafting, to the point that, for example, in the acquittals analyzed above, it refers to “embezzlement” as the criminal offense when the offense at issue was official misconduct through issuance of an unlawful decision (prevaricato) (an error corrected by order of 19 de marzo de 2015, pursuant to requests by one of the parties), while in this conviction the following paragraph was inserted: Furthermore, now within the sphere of subjective elements of the offense (tipicidad subjetiva), his conduct converges with the commission of the objective elements of the offense (tipo objetivo): first, stealing the victim’s property by using a sharp weapon; second, bringing his weapon to the scene to facilitate his purpose, with knowledge and directing his will toward achieving those unlawful ends.
Following that analysis of the criminal conduct from the standpoint of the elements of the offense (tipicidad), an analysis is undertaken of the unlawfulness (antijuridicidad) and culpability (culpabilidad) of the accused, with a view to concluding with the imposition of the sentence determined for this case. As to unlawfulness, the conduct engaged in by the accused Nombre54 , from the standpoint of formal unlawfulness (antijuridicidad formal), is not supported by any ground or governmental authorization; that is, it is not covered by any legal or supralegal justification (causa de justificación). Furthermore, from the standpoint of substantive unlawfulness (antijuridicidad material), the victim’s legally protected interest (bien jurídico) in his property was affected, because his belongings were unjustifiably attacked, causing damage or injury to the body of assets comprising his estate and unlawfully diminishing it.
With respect to culpability, the defendant is a person capable of culpability. He is a person who understands the nature of his actions and can govern himself in accordance with that understanding, given the characteristics he displayed during the trial and throughout the proceedings. Nor was there any circumstance placing him in a situation in which different conduct could not reasonably be required (inexigibilidad de otra conducta)” (pp. 252-253 of the digital judgment). Note, therefore, that not only is the terminology of the legal concept under analysis confused, but also, as a result of the careless and mechanical use of prewritten forms or templates, matters entirely unrelated to this case are mentioned (robbery, weapons, and defendants who have not been defendants in this case), which supports the contention that the ruling does indeed lack adequate reasoning and, for numerous reasons, must be vacated.
Regarding (i) the first issue raised by the appellants, although they refer only tangentially, amid other arguments, to the infringement of the principles of continuity and concentration by the Court, this issue, because it concerns the ordinary conduct of the oral trial, must be addressed first, since, if substantiated, it would make consideration of the remaining arguments unnecessary. The argument is based on the assertion that the trial should have resumed during the first working week of 2015, but the Court, without justification, resumed it during the second. A review of the digital case file beginning at folio 4976 (in the sequence recording the entire case file) shows that, in this matter, which was designated a complex proceeding (tramitación compleja), the trial began on lunes 27 de octubre de 2014, when it was first adjourned due to the death of the father-in-law of counsel for one of the accused, and continued on 28, 29, 30 y 31 de octubre; lunes 3 (although the judgment states 2, which was a Sunday, and does not list the 3rd), 5, 6, 7, lunes 10, 11, 13, lunes 17 de noviembre (when it was stated that proceedings would continue on the 18th; although there is no record for that latter date, there is a DVD from which it may be inferred that, on that date, a public defender reported the death of his wife’s unborn child, for which reason he took leave, and consequently the Court did not sit either that day or on the 19th, as the judgment erroneously states), viernes 21, martes 25, 26 y 28 de noviembre (when the prosecution’s closing arguments began); lunes 1 de diciembre (when proceedings were adjourned until further notice because of a health problem affecting one of the defense attorneys), lunes 8, 9 (when it was stated that proceedings would continue on the 10th, although no record exists, but the session does appear in the recording), 11 (when proceedings had to be adjourned because one of the judges was the only person able to attend another scheduled trial or continuation thereof), viernes 12, lunes 15 de diciembre (when one judge went on medical leave and the continuation was scheduled for jueves 18 de ese mes; there is no record, but there is a recording).
The trial resumed on 12, 13 y 14 de enero, when it was closed and the reading of the operative portion of the judgment was scheduled for 28 de enero de 2015. Moreover, according to the records contained in the case file, on none of the occasions when an adjournment occurred were there express objections or appeals filed. Because not all the records are complete or, at least, digitized in order in the virtual case file (and because the judgment’s statement of procedural history provides scant and, in some instances, incorrect information regarding the dates on which the Court sat), the recordings were consulted, showing that on 18 de diciembre, that is, the day before the collective closure, it was stated that Judge Mercedes Muñoz was on medical leave that afternoon and the following day and that proceedings would therefore continue on 12 de enero de 2015, without anyone expressing an objection (see file 08-11-33-PE 72 dated 18/12/2014).
In response, the appellant states that one of the parties’ attorneys was on vacation. In any event, none of the adjournments exceeded twenty business days, which was the maximum permissible period given the complex nature of the proceedings in this case, pursuant to Article 336, Article 378(c), and the second paragraph of Article 167 of the Código Procesal Penal. It should be noted that although twenty-four days elapsed from 20 de diciembre to 12 de enero, these were calendar days, because from sábado 20 de diciembre de 2014 through domingo 04 de enero de 2015 the Poder Judicial was in recess due to days off, public holidays, or collective vacation, and those days were therefore not business days. Thus, the trial was adjourned for seven business days (19 de diciembre de 2014; del 05 al 09 y el 13 de enero de 2015), and consequently there was no breach of continuity; the appellant’s argument is therefore unfounded.
(ii) With respect to the requirements governing the indictments filed concerning this specific aspect of the conviction, it is clear that, notwithstanding what has already been stated, this issue must be analyzed because, if the alleged failure to charge (falta de imputación) existed, a remand would serve no purpose and, in the interest of procedural economy (economía procesal), the matter would have to be decided by this Court. That error, however, did not occur. As stated in Considerando II, point 5 of this ruling, the facts relating to this conviction were described in sections 30 (which provides context and refers to them indirectly) and 31 of the prosecution’s indictment and in sections 45-46 of the private prosecution (querella). In the prosecution’s indictment, the act attributed to this official was described as follows: “31. Thus, the defendant Nombre01, in his capacity as Ministro de Ambiente Energía y Telecomunicaciones and acting as the Poder Ejecutivo, even though the project did not meet the legal conditions necessary to be declared nationally beneficial (conveniencia nacional), with the assistance provided by the accomplice [Nombre05 005] through her execution of official letter number SG-ASA-259-2008, issued Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, dated 3 de octubre del año 2008 and published in La Gaceta Nº 201 of 17 de octubre del 2008, thereby declaring Proyecto Minero Crucitas nationally beneficial, in violation of Article 3(m), Article 19(b), and Article 34 of the Ley Forestal, as well as Article 361 of the Ley General de la Administración Pública.” The complaint filed by the Procuraduría, for its part, added the following: “45.- As a result of the request made by the Director del Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, the accused [Nombre05 005], acting in her capacity as Secretaria General de la SETENA, for the purpose of favoring the interests of the company Minera industrias Infinito S.A. and assisting her co-defendant Nombre01, with full knowledge that Decretos de Conveniencia Nacional fall within the exclusive authority of the Poder Ejecutivo pursuant to the exception established in Article 19(m) and Article 34 of the Ley Forestal, assumed powers that did not belong to her and issued official letter SGASA-259-2008 dated 10 de octubre de 2008, addressed to Mr.
Nombre55, in which she asserted that the balance obtained by means of the appropriate instruments established that the socioeconomic benefits outweighed the environmental costs. The accused Nombre56 made this assertion without any basis whatsoever, since there is no evidence that the instruments referenced in that official letter were applied for purposes of issuing the decree declaring the project nationally beneficial. 46.- Thus, with the assistance of the accused [Nombre05 005] through her execution of official letter SG-ASA-259-2008, the then Ministro de Ambiente and now defendant, Nombre01, unlawfully issued, jointly with Nombre41 Nombre05 for the date, Nombre44, Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, published in La Gaceta N° 201 of 17 de octubre del 2008, declaring Proyecto Minero Crucitas to be in the public interest and nationally beneficial. This Decree violates the legal framework governing the matter with respect to procedure, grounds, and reasoning, because it grossly disregarded the rules established in Article 3(m) of the Ley Forestal and Article 2 of the Reglamento a la Ley 7575 concerning the requirements for a declaration of national benefit, as well as provision 6. 6 of the Código de Minería concerning a declaration of public utility (declaratoria de utilidad pública).
The procedural violations include—among other matters—the failure to grant representative entities of general or corporate interests the periods established by law for those civil society organizations to state their positions regarding the project; as to the reasoning, the declaration lacks a technical basis, because no analysis of the social and economic variables in the project area was conducted” (emphasis added). In other words, both indictments clearly establish that the accused Nombre01 committed the offense attributed to him both because he violated the law, specifically the cited articles, and because the Decreto de Conveniencia Nacional was issued without an analysis of the social and economic variables. Accordingly, the indictment adequately sets forth the charge, and this claim must therefore be rejected.
(iii) With respect to the lack of congruence between the charges and the judgment (falta de correlación entre acusaciones y sentencia), this issue evidently relates only to the conviction analyzed here and is closely connected to what was stated above, which made it necessary to transcribe the charges there. The principal criticism in this regard is that, whereas the accusation was based on the assertion that a decision had been rendered contrary to law, the conviction was based on the finding that the challenged administrative decision had been made on the basis of false facts, on the one hand, and, on the other, that whereas the accusations referred to an action, the judgment referred to an omission. These arguments are likewise untenable. It should be noted that the above transcription of the contents of the charging documents (piezas acusatorias) shows that, although they never used the phrase “based on false facts,” which the proven facts supporting the conviction did use (for example, number 14), it was clearly stated, at least in the private prosecution (querella) filed by the Procuraduría General de la República, that the decree lacked technical support because no analysis of the social and economic variables had been conducted.
It is true that the Ley Forestal refers to “appropriate instruments” and not to expert assessments, analyses, studies, etc.; however, according to the ordinary meaning of the language, the allegation—which is what must be analyzed at this point—did assert that, regardless of the Nombre05 given to it, no such instrument existed. Furthermore, in both accusations, when that event was placed in context and the accomplice was attributed the intentional act of creating an inaccurate document to assist the principal offender in issuing the challenged decision, it was established that the principal offender knew of and sought that action (because otherwise complicity could not have been alleged). Thus, apart from terminological issues—which could have been corrected through better drafting of those procedural documents and which must indeed be analyzed for other purposes—it is clear that there was an allegation and that the “false facts” referred to in the proven facts—and which are challenged as the basis for the “omissions”—were encompassed within the charging frameworks.
Accordingly, the alleged defect is not present. (iv) Regarding the issue of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional)—which must also be analyzed independently of what has been or may be stated concerning other defects in the judgment, because the disposition of this issue may or may not make remand unnecessary—it should be noted that res judicata requires identity of parties, subject matter, and cause or, in the words of the body formerly known as the Tribunal de Casación Penal de San José, in decision decision 104-F-1999 (Nombre57, Cruz Castro and Nombre07 Rojas): “...the identity of proceedings required to invoke lis pendens (litis pendentia) or res judicata is determined by three elements: (i) identity of person (eadem persona), (ii) identity of facts or subject matter of the proceeding (eadem re), and (iii) identity of claim (eadem causa petendi); it is precisely the latter that marks the distinction among the various forms of liability.
Thus, a criminal claim seeking the imposition of a penalty differs from an employment claim seeking the imposition of a disciplinary sanction, from a civil claim seeking an award of damages, or from a family-law claim seeking dissolution of the marital bond on the ground of cruelty, etc.” (Similarly, LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Proceso penal comentado, Editorial Dominza, fifth edition, San José, pp. 68-69). The appellant’s arguments center on the assertion that the Sala Constitucional, through decision number 6922-2010 of 16 de abril de 2010, determined, in nearly three hundred pages, that everything done by the Poder Ejecutivo in preparing and signing executive decree N° 34801-MINAET declaring national convenience had complied with the legal system. Although, as the appellants repeatedly point out, constitutional case law is binding erga omnes (article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional), except upon the constitutional court itself, its rulings cannot be transposed generally or abstractly without carefully analyzing their scope, for several reasons.
First, as a matter of principle, there can be no res judicata between proceedings of a different nature—constitutional, administrative litigation, and criminal proceedings, for example—because the cause of action differs in each of them: constitutional proceedings seek to identify violations of constitutional rights; administrative litigation seeks to identify breaches of legality and abuses of the Public Administration’s discretionary powers; and criminal proceedings seek to determine the commission of offenses. This also means that the parties are not the same: in the constitutional proceedings, there were third parties such as environmental organizations and individuals challenging acts of state bodies and institutions; in the administrative litigation, there is a party adverse to the State as a whole; and in the criminal proceedings, it is the State against the officials. All of this was correctly addressed in the trial judgment.
Moreover, the different nature of these proceedings results in different forms of procedure: some are summary proceedings—the constitutional proceeding—based on reports submitted under oath by officials, while others are full or exhaustive proceedings that go beyond those formalities to determine whether the reports submitted under oath were true, whether details were omitted, and what the historical facts were. Thus, the ruling in the amparo proceeding cannot be said to have created constitutional res judicata that must be respected in this criminal proceeding, for the simple reason that the former concerned the violation of a constitutional right to the environment, whereas the latter concerns the criminal liability of the officials who performed the acts. Nor is there res judicata between the constitutional decision and the administrative-court decision, because there is no identity of parties and cause.
It must be borne in mind that reasoning similar to this formed the basis of two constitutional challenges (acciones de inconstitucionalidad) filed by some of the defendants in this case. The Sala Constitucional summarily dismissed those applications, also through binding case law. Thus, in decision number 2013-13807 of 16 de octubre de 2013 (constitutional challenge 13-8178-007-CO filed by the defendant Nombre01, challenging the case law of the Sala Primera and the Tribunal Contencioso Administrativo insofar as it contradicted that of the Sala Constitucional concerning the judgments in the Nombre12 case), the majority of the justices (Nombre42, Rueda, Pacheco and Hernández) held that the challenge was inadmissible because it failed to meet the applicable requirements. Two others (Cruz and Nombre58), in addition to the foregoing, rejected it for other reasons, including that the binding force referred to in sections 13 and 88 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional applies only to judgments granting relief, as established in the following decisions: “No unlawful situation violating or threatening the applicant’s right to physical integrity has been established in the present case; accordingly, the proper course is to deny the application, without prejudice to reaching a different conclusion on another occasion on the basis of other evidence, given that judgments of the Sala Constitucional denying relief do not have the force of either formal or substantive res judicata.
Consequently, the application for amparo must be denied as to this issue.” (Judgments of the Sala Constitucional 2011-005711 at 14:38 hrs. on 10 de mayo de 2011; 2011-002761 at 9:28 hrs. on 4 de marzo de 2011; 2011-001913 at 15:02 hrs. on 15 de febrero de 2011; 2011-000736 at 10:20 hrs. on 21 de enero de 2011; 2010-021100 at 15:46 hrs. on 21 de diciembre de 2010; 2010-20740 at 15:47 hrs. on 14 de diciembre de 2010; 2009-010600 at 9:10 hrs. on 03 de julio de 2009). Legal scholarship has expressed the same view: “In the case of an amparo application, it may be said that our legislation does not confer the status of substantive res judicata upon judgments denying relief, because they do not prevent the matter from being heard in another jurisdiction (...). Judgments denying relief in amparo proceedings produce only preclusive effects, because they prevent the same matter from being heard again in the constitutional jurisdiction (...)” (Nombre59, Nombre60.
Pp. 267 and 268). Furthermore, that opinion by Justices Nombre58 and Cruz specifically added, with respect to the issue before us: “A criminal offense lies outside the effects of a constitutional amparo. It is not encompassed by the effects of any possible res judicata. The applicant’s arguments fail to recognize that the accusation is not based on judicial decisions but concerns events that occurred before the jurisdictional decisions were issued. A criminal charge is based on facts having nothing to do with the discussion of constitutional issues; they are facts that allegedly occurred before the judgments were issued. They are independent facts that do not depend on the disposition of the amparo proceeding. It is legally inconsistent to seek to exclude a criminal offense by treating the disposition of an amparo application that was denied because no constitutional violation of the environment was found as a justification or as grounds for finding the conduct legally atypical (atipicidad).
That decision has no bearing whatsoever on, nor does it constitute an adjudication of, the conduct described in the accusation, which the amparo applicant seeks to characterize as ‘nen bis in idem.’ The ruling in the amparo proceeding bears no relation to the possible commission of a criminal act, which constitutes the factual basis of an accusation. Discussion of possible environmental harm from a constitutional perspective does not in any way encompass facts that might be considered criminal, particularly where the offenses are connected with public office. Whether or not environmental harm occurred, there could still be breach of official duty through an unlawful decision (prevaricato) or failure to perform official duties (incumplimiento de deberes). Such conduct is not examined in an amparo proceeding, which is a summary procedure that neither determines nor defines anything concerning acts that may constitute a criminal offense.
The factual basis of an accusation concerning a criminal offense bears no relation to the discussion in an amparo proceeding of whether an activity harms the environment. Plainly, failure to discharge the duties of public office—which is the interest protected by offenses against the duties of public office—is not analyzed in an amparo proceeding, which is a summary adjudication of environmental harm. The accusation filed against the appellant has nothing to do with environmental matters. With or without environmental harm, there could be breach of official duty through an unlawful decision or failure to perform official duties. A constitutional amparo proceeding, with all its effects, never examines the elements of a criminal offense, which include objective and subjective components. For that reason, it cannot be accepted that an amparo proceeding, as the applicant contends, could—even if it granted relief—have the effect of substantive res judicata so as to bar the filing of a criminal accusation.
The facts constituting the criminal allegation against the amparo applicant were neither examined nor described in the environmental amparo proceedings decided by this Court. Accordingly, the appellant’s argument that res judicata, even arising from a judgment denying relief, excludes the facts constituting the allegation on which the accusation is based is inadmissible. The nature of criminal proceedings and the prerequisites for the State’s punitive authority cannot be nullified by an amparo judgment that, in its substantive and procedural content, bears no relation to the criminal prosecution faced by Mr. Nombre01.
Thus, I consider that this matter, which was summarily dismissed (rechazado de plano), should likewise have been dismissed, not only because the action failed to meet the admissibility requirements, but also for the reasons stated,” and only Nombre61 dissented and found it admissible, probably without considering that what was being challenged was not a line of case law, but rather specific decisions in a particular case, something that is barred in constitutional jurisdiction (articles 30(b) and 74 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). Furthermore, in decision number 2014-3841 (an action for unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) filed by [Nombre05 006] against the case law of the Sala Primera that affected her dismissal proceedings), the Sala Constitucional, this time unanimously, stated: “…it should be noted that judgments number 4399-2010 of Section IV of the Tribunal Contencioso Administrativo and number 001469-F-S1-2011 of the Sala Primera de Casación, to which the petitioner refers in this action, were issued in judicial proceedings that had already concluded, in which acts of a different nature from those examined and debated in the administrative proceeding brought against the petitioner were heard and adjudicated, and they are therefore unrelated.
In other words, the judicial proceedings in which the referenced judgments were issued challenged the permit granted by the State to a private company for mining operations, whereas the administrative proceeding conducted against the petitioner before the Servicio Civil seeks to punish her for alleged misconduct in the performance of her duties; these are proceedings of a different nature and are not binding upon one another.” Similarly, when ruling on the motion for supplementation and clarification (solicitud de adición y aclaración) filed by the company’s representatives against decision number 2004-13414 of that same Chamber, that constitutional body stated, this time through decision number 2006-14421, that: “…the amparo proceeding (proceso de amparo) is inherently summary in nature because its sole purpose is to provide timely protection against violations of, or imminent threats to, fundamental rights and freedoms; consequently, its processing is not compatible with the taking of slow and complex evidence or with the need first to examine—by way of a declaratory determination—whether rights of a subconstitutional rank cited by the parties as part of the factual basis of the amparo petition or the legally required report, as applicable, actually exist” (emphasis added).
In other words, that same binding constitutional case law has established, unanimously in most matters, that these are proceedings of a different nature and that, whereas broad evidentiary issues involving subconstitutional legality are examined in contentious-administrative proceedings (proceso contencioso-administrativo), the amparo proceeding addressed imminent threats through summary proceedings, which is why the outcomes did not coincide. Finally, as if this situation were not enough, it was the Sala Constitucional itself that, in decision number 2010-14009 concerning this same matter of the Nombre12 mining operations, stated: “…the aforementioned judgments of this Chamber, numbers 2004-9927 and 2005-5790, must be taken into consideration, insofar as it has repeatedly been established that assessing whether the studies were properly conducted or contain the necessary information falls outside the jurisdiction of this court, since those issues must inherently be resolved by the appropriate technical bodies (…) “V.- Regarding claims 1 (granting of the concession in violation of the executive decree that established the moratorium on open-pit mining), 3 (the conversion, through resolution n° R-217-2008-MINAE, of mining concession n° R-578-2001—MINAE, which had already been annulled), and 5 (violation of several international treaties).- In the petitioners’ view, the mining concession granted to Industrias Infinito through resolution n° R-217-2008-MINAE at 15 hours on 21 April 2008 violates fundamental rights for several reasons, three of which concern legality rather than constitutionality.
First, they argue that it was granted even though, at the time it was awarded, the executive decree establishing the moratorium on open-pit mining remained in force. In this regard, although this Chamber confirms that, as of 20 May 2008 (the date on which resolution R-217-2008-MINAE was issued), executive decree number 30477-MINAE (issued on 12 June 2002 and repealed on 04 June 2008) was still in force, and that said decree provided that vested rights (derechos adquiridos) would be respected, examining and assessing whether a mining concession violates an executive decree is a matter of legality, not constitutionality (…) Second, they argue that said concession of 21 April 2008 was ‘revived,’ even though the Sala Constitucional had already annulled it through decision 2004-13414 of 26 November 2004. In this regard, although this Chamber confirms that the aforementioned decision of this Constitutional Court annulled resolution number R-578-2001-MINAE, which granted the mining concession to the company in question, and that the respondents interpreted such nullity as relative nullity (nulidad relativa), such that the mechanism of ‘conversion of an administrative act’ (conversión del acto administrativo) established in article 164 of the Ley General de la Administración Pública applied, examining and assessing whether the respondents acted correctly in ‘converting’ the grant of the mining concession previously annulled by this Constitutional Court is a matter of legality, not constitutionality.
(…) Therefore, the petitioners must bring those claims before the contentious-administrative courts, which have jurisdiction to examine the legality of the grant of the concession in question in light of the arguments presented by the petitioners” (emphasis added). For all these reasons, it is clear that constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) does not apply and that, accordingly, the adjudication conducted—or, if defects in the reasoning exist, the adjudication that may ultimately be ordered—is consistent with the law. The other arguments raised by the petitioner (v, vi, and viii) will be addressed jointly in this section because they concern issues of reasoning: whether because it is alleged that the judgment assessed the evidence incorrectly and provides one-sided reasoning; because the defendant was convicted on the basis of arguments characteristic of strict liability (responsabilidad objetiva) or negligent conduct (conducta culposa), even though the criminal offense applied requires intent; or because mistake of law (error de prohibición) was not considered.
On these issues, the challengers are correct that the reasoning was indeed incomplete, incorrect, or insufficient. It should be noted that, although the trial judgment is relatively lengthy in the section concerning the conviction, length is not synonymous with reasoning, insofar as the judgment merely transcribed excerpts from the indictment, the challenged decree, various articles, the “Project Summary” submitted by Industrias Infinito, and, in recital IV, abstract or general matters concerning the offense at issue, including quotations from scholarly commentary and case law and, as previously noted, even copies of rulings unrelated to this case; yet it contains very little analysis of the specific facts submitted for its consideration. For example—and although these are not the only matters omitted or supported by insufficient reasoning, they are the most significant factors in this Chamber’s decision to uphold the claims and order a remand (reenvío)—no part of the judgment of conviction explains how it was concluded that Nombre01 knew and intended to issue an unlawful decision.
On this point, the judgment states in just a few lines: “Moreover, not only has the factual falsity been established, but it has also been established that the defendant Nombre01 knew of that fiction. Not only was a false fact used, but the irregularity was known and the executive decree was nevertheless issued. Following this analysis of criminality from the standpoint of the elements of the offense (tipicidad), the analysis of unlawfulness (antijuridicidad) proceeds…” (page 249 of the digital judgment). In other words, assertions were made without supporting them, after which the judgment moved on to another issue, revealing the use of a preconceived template that was applied to the particular case without adequate care. Later, when returning to the reasons why Nombre01 acted intentionally, the trial judges stated the following: “Note how the author of the decree disregards from the outset the technical elements that is (sic) necessary for the promulgation of the national-interest decree, since they intentionally omit matters relating to the technical instruments and disregard the obligation to possess ‘objective’ data establishing that the social benefits were or would be greater than the environmental benefits...
This entirely intentional omission (...) constitutes the basis for charging the accused with the offense of malfeasance in office (prevaricato), because he based a decision—in this case, an executive decree—on false facts, as will be discussed below (...) it is acknowledged that it was based on false facts, since preparing the document, in this case the decree, presupposed the existence of appropriate, objective, clear, and public studies reflecting the comparative equation between social benefits (...) It is here that one of the clearest and most compelling indicia of direct intent (dolo directo) on the part of the accused Nombre01 arises, because the text of the executive decree at issue cites the aforementioned provision but, astonishingly, excises the reference to the need to conduct appropriate instrumental measurements of costs and benefits and replaces that quantification with figures for potential investments and environmental compensation (...) It is therefore concluded that the drafting, processing, and entry into force of the National-Interest Executive Decree for the Crucitas case were based on false facts, because the results of the assessment comparing environmental costs and social costs were never available (...) since, as has been stated so many times, said decree was based on a false fact, namely, the existence of assessment or measurement instruments yielding a comparison between social and environmental considerations.” However, this determination that such instruments were unavailable failed to consider that the Sala Constitucional had stated otherwise, and it was important to assess that fact, not because it entailed res judicata, but because the trial judges’ conclusion that those instruments were lacking required more extensive justification when the Sala Constitucional, in its ruling on the amparo, decision number 2010-14009, expressly stated, among many other matters, the following: “CIII.- (...) the Chamber notes that the referenced decree does demonstrate that preliminary work was conducted, enabling the administration to determine that the socioeconomic benefits exceeded the potential environmental costs; in making that determination, the administration used the technical instruments established and available for that purpose, which were required, submitted, and assessed by the appropriate bodies within their respective areas of technical competence—Dirección de Geología y Minas and SETENA—so, because this is a technical determination, it concerns a matter of ordinary legality that has already been resolved by the competent entities in each case.” Again, the issue is not that the decision of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has the force of res judicata (cosa juzgada) and is binding on the criminal judges; rather, under the rules of logic, something cannot both be and not be at the same time.
Therefore, if the trial court considered the constitutional judges’ reasoning incorrect or based on false premises, it was required to refute it, which it did not do. It is true that the purpose of the amparo proceeding (amparo) was to determine whether there had been an infringement of every person’s right to a healthy environment, and therefore the defense was incorrect when it alleged res judicata. Nevertheless, even though that argument was not accepted, this does not mean that the judges could state, without further grounds, that the offense of issuing an unlawful decision (prevaricato) arose because the decree declaring national interest (conveniencia nacional) was based on false facts; that determination had to be adequately supported. This Chamber further observes that this argument was used both to explain why the conduct met the statutory definition of the offense, from the perspective of its normative elements, and in the analysis of criminal intent (dolo), which plainly confuses the two issues.
The judgment then states that the technical studies were never conducted and, although it did describe certain matters that might be regarded as circumstantial evidence (indicios), such as the determination that the declaration of national interest had followed an irregular procedure, the fact remains that an essential element relied upon for the conviction was not properly reasoned: namely, that sufficient technical instruments had been omitted to support the decision to declare the Crucitas mining project to be of national interest. Indeed, the judges appear to infer the accused’s criminal intent from their finding that there had been an “...expeditious governmental determination to approve the Crucitas project: and this fact likewise serves to establish the accused’s criminal intent, because the preliminary meetings, the drafting of the decree, the signature and publication process, and the preparation of resolution 244-208 reveal nothing other than a procedural pathology aimed at bringing the ‘Crucitas’ mining project to life.” The problem with this line of reasoning, which the judges used to explain why Nombre01 acted intentionally, is that it did not distinguish the respective authority and responsibilities of each person involved in the decision to issue that decree.
In other words, it is evident that he was not the only person who carried out this entire series of procedures. On the contrary, it is possible that, beginning with the person who was Nombre41 Nombre05, many other people participated in that process; it was therefore necessary to connect their participation to that of Nombre01. Thus, the finding that this defendant was the one who acted does not appear to be well founded, and consequently two core aspects of the conviction were left unsupported: that the decree was based on false facts and that the accused acted intentionally. Moreover, the trial judges’ reasoning was not entirely clear as to whether the accused’s liability arose because he failed to conduct those studies—if they were determined to be necessary—because he lacked the relevant instruments, or because, although he had them, they were inadequate, incorrect, or insufficient. This Chamber does not prejudge whether that was in fact the case; on the contrary, a series of circumstantial elements could validly support findings on these two essential elements.
What this Court observes is that the decision did not examine or connect these issues in sufficient depth and detail. With respect to this subjective element, the Court was therefore required to analyze the indicia drawn from the entire body of evidence that related not only to the changes in governmental policy during the period when Nombre01 was an official—which are mentioned in the judgment—but also, for example, to the fact that he revoked the decision that had granted the motion for reconsideration (recurso de reposición) filed by Nombre13—which was still pending when he arrived at the Ministry—and ruled on the application on the same grounds but reached the opposite result; the speed of the proceedings after his arrival and the fact that they all moved in the same direction; the arguments expressed by the accused in the various rulings of the Sala Constitucional, if admissible, which were likewise not weighed; the various warnings sent to the Ministry by different institutions that it was acting contrary to the legal order (Ordenamiento Jurídico), including NGOs, universities, and others; the personnel changes made at institutions called upon to address the matter, the positions held by those who were replaced, and the persons who made those changes; the manner in which votes were ordinarily cast within Nombre11, how matters related to this issue were decided, and how all of this was connected to the accused; the fact that this defendant was aware of everything that had occurred in the case; and so forth.
The mere assertion that he knew was therefore insufficient. The same scrutiny should have been applied to his position that he believed everything complied with the law because the actions had received the approvals of the various departments. That position amounts to technical arguments which, under the Theory of Crime (Teoría del Delito), require analysis of mistake of law (error de prohibición), both indirect and direct; yet the judgment says nothing about the latter, either to uphold or reject it. If the trial court’s position, which it suggests in certain passages, was that the defendant Nombre01 created an appearance of legality in order to take advantage of it, the court was required to set out all the indicia upon which it relied to support that conclusion. It should be noted that, in recital IV (considerando IV), before transcribing a different matter, it merely stated what was discussed above without explaining those assertions; under article 142 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), those assertions therefore lack a statement of reasons (motivación) and are merely formulaic phrases.
This defect is not cured by the fact that, after supposedly conducting the entire Theory of Crime analysis, the judgment adds another recital V (considerando V), entitled “Culpability and Applicable Penalty,” which demonstrates the careless manner in which the decision was drafted. That section, however, refers only to the penalty, although at one point it again inserts, without explanation, a statement that in any event concerned criminal intent rather than the culpability section in which it appeared, according to which “...this is why account is taken of the knowledge possessed by the accused Nombre01 and of his intent from the beginning of his tenure as Minister, since the instruction given was that the Nombre12 Mining Project had to begin its operations and commence extracting gold as soon as possible, and for that reason it received priority status under the administration of his Vice Minister Nombre15.” Yet the judgment also fails to state the source of this conclusion, compounded by the fact that, as argued in the appeals, that witness testified that mining activity in general—not the activity of this particular company—was of interest to the Nombre44 Administration.
The remainder, which was the judges’ inference, therefore required adequate support that was not provided. To all the foregoing it must be added that the Court and the parties failed to analyze an issue that could be crucial to the Decree of National Interest (Decreto de Conveniencia Nacional): section 3(m) of the Ley Forestal defines activities of national interest as those “...carried out by centralized State agencies, autonomous institutions, or private enterprise, whose social benefits exceed their socio-environmental costs. The balance must be determined using the appropriate instruments.” It does so within the framework established by section 19(b) of that same legislation, which provides: “ARTICLE 19.- Authorized activities. On forested land, land-use change (cambio de uso del suelo) and the establishment of forest plantations shall not be permitted. Nevertheless, the State Forestry Administration may grant permits in those areas for the following purposes: (...) b) To carry out public or private infrastructure projects of national interest (...) In such cases, forest cutting shall be limited, proportionate, and reasonable for the purposes stated above.
A preliminary screening questionnaire must first be completed before the State Forestry Administration to determine whether an environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental) may be required, as established by the regulations under this law” (emphasis not in the original). Ergo, it was not enough for the activities to be of national interest; under a systematic interpretation of both provisions, they also had to consist of infrastructure projects. Following the restrictive grammatical interpretation required by article 2 of the Código Procesal Penal, this term means, according to the first definition in the Diccionario de la Real Academia Española, an “Underground work or structure serving as a supporting base for another” (boldface added). It was therefore essential to analyze whether the work planned by the company—the extraction of materials—could be regarded as “infrastructure” for purposes of authorizing the cutting of trees; that is, whether other works were to be built upon it.
This issue was raised in those terms in the response submitted by the Defensoría de los Habitantes in ruling number 2010-14009 of the Sala Constitucional (section VI of the statement of background) and was not addressed by the constitutional justices at that time. For all the foregoing reasons, the challenges filed by the defendant and his defense counsel must be partially granted—because, as stated above, certain issues have been conclusively resolved through their rejection at this level, including the alleged errors in the indictment and constitutional res judicata—and the appropriate disposition is therefore to vacate the judgment of conviction entered in these proceedings and order a retrial before a newly constituted trial court. It should be noted that the judgment of conviction now being vacated was not appealed by the Public Prosecutor’s Office or the Procuraduría General Nombre05.
Accordingly, pursuant to section 447 of the Código Procesal Penal), the position of those appellants may not be made more onerous in the retrial hereby ordered, in the event of a conviction, as to which this Court expresses no prejudgment. Consequently, because it is unnecessary, no ruling need be issued on the remaining arguments that (vii) the court failed to consider that Nombre01 acted in the performance of a legal duty and (ix) the issue of costs was not properly reasoned—the latter issue also having become moot because other portions of this same decision have vacated the acquittals that gave rise to that complaint.
VII.- (A) Although it has not been alleged by anyone, nor is it the principal reason for the nullity (nulidad) of the judgment, it is appropriate to point out to the trial court (Tribunal de instancia) that, in matters involving complex proceedings (tramitación compleja), the legislation in force establishes different time limits for issuing both the operative part (parte dispositiva) and the judgment, depending on whether or not the trial (debate) exceeds thirty days (artículo 378 inciso d del Código Procesal Penal). That period must be calculated in business days and days of actual trial sessions (días hábiles y de sesión efectiva en el juicio) (artículos 167 párrafo segundo y 2 del Código Procesal Penal), without counting recesses between one session and another because, otherwise, the legislature would have referred to a period measured in months rather than days. In the present case, as indicated at the beginning of the preceding recital (considerando), the trial lasted twenty-nine business days (27 , 28, 29, 30 y 31 de octubre; 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 21, 25, 26 y 28 de noviembre; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 de diciembre de 2014 y 12, 13 y 14 de enero de 2015, en que se cerró), even counting days on which the parties merely appeared in the courtroom but no actual session was held, whether because the Court was not duly constituted due to a judge being on medical leave or participating in another trial, or because everyone appeared and requested that no session be held due to the death of family members.
Nevertheless, exactly ten business days elapsed between the close of the trial on 14 de enero and the issuance of the operative part of the judgment (el 28 de ese mes). That was the maximum deliberation period (tiempo de deliberación) when a trial exceeded thirty days (artículo 378 inciso d del Código Procesal Penal), which did not occur in this case, where the maximum deliberation period was therefore five business days. In other words, the operative part was issued after the prescribed deliberation period had expired. The same occurred between the date on which the operative part was issued and the date of the judgment, because the time limit applicable to trials exceeding 30 days was used even though this was not such a case. From this perspective, therefore, because both the deliberation period and the period for rendering judgment were extended beyond the periods prescribed by law, this would also warrant—on this ground as well (which, it bears repeating, is neither the sole nor the principal ground)—declaring the decision and the preceding trial null and void.
This is noted so that, in the future, the court a quo (Tribunal a quo) will exercise greater care in calculating the periods for deliberation and issuance of judgment in complex cases, based on the actual trial dates. (B) Finally, it should be noted that although the judgment has been vacated in its entirety, the conviction (decisión condenatoria) of the accused (encartado) Nombre01 was not appealed by the prosecuting parties; accordingly, at the retrial following remand (juicio de reenvío), should a conviction eventually be entered for that offense (an issue on which this Chamber expresses no prejudgment), the principle prohibiting reformation to the defendant’s detriment (principio de prohibición de reforma en perjuicio) must be observed in favor of that defendant (imputado). Likewise, as stated previously in considerando II, the acquittals (absolutoria) of [Nombre05 006] and [Nombre05 005] were appealed only by the Ministerio Público and not by the Procuraduría General Nombre05, which therefore acquiesced in the decision. Consequently, in the remanded proceedings ordered herein and pursuant to that same principle, that institution may not participate as a private prosecutor (querellante) against those accused persons.
POR TANTO:
The appeals filed are declared admissible. The appeals lodged by attorney Luis Diego Hernández Araya and attorney Natalia Rojas Méndez, as prosecutors for the Ministerio Público, and by attorney Ronald Víquez on behalf of the Procuraduría General Nombre05 are granted in full, and those filed by attorney Laureano Castro Sancho as defense counsel for Nombre01 and by that defendant personally are granted in part. Accordingly, the plea of constitutional res judicata (excepción de cosa juzgada constitucional) is denied, and the judgment and the preceding trial are vacated in their entirety. The case is remanded to a newly constituted trial court for such disposition as may be appropriate under the law, with the principle prohibiting reformation to the defendant’s detriment to be observed solely with respect to the acts for which Nombre01 was convicted in the judgment vacated herein, as well as the tacit abandonment of the criminal action (desistimiento tácito de la acción penal) by the Procuraduría General Nombre05 with respect to two defendants who were previously acquitted, because that entity did not appeal. Because it is unnecessary, no ruling is made regarding the failure to award costs (costas) in connection with the acquittals. The trial court shall take note of the matters stated in considerando VII. NOTICE SHALL BE GIVEN (NOTIFÍQUESE).
Rosaura Chinchilla Calderón Joe Campos Bonilla Lilliana García Vargas Judges Defendant: Nombre01 AND OTHERS Injured Party: DUTIES OF PUBLIC OFFICE Offense: MALFEASANCE IN OFFICE (PREVARICATO) RCHINCHIC 3
Resolución: 2015-01539 Resolución: 2015-01539 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las ocho horas con veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.
RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre01 001], [...]; contra [Nombre 002] [...]; contra [Nombre 003] [...]; contra [Nombre 004], [...]; contra [Nombre01 005], [...]; contra [Nombre 006], [...]; contra Nombre01, mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad número CED01, nacido en San José, casado con Nombre02, hijo de Nombre03 y de Nombre04, vive en Dirección01 , ingeniero industrial; por el delito de PREVARICATO en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Intervienen en la decisión del recurso, las juezas Rosaura Chinchilla Calderón, Lilliana García Vargas y el juez Joe Campos Bonilla. Se apersonaron en esta sede, el licenciado Laureano Castro Sancho como defensor de Nombre01; la licenciada Daniela Salas Peña como defensora de [Nombre 005]; el licenciado Guillermo Méndez Morales, defensor público de [Nombre01 006]; el licenciado José Miguel Villalobos como defensor de [Nombre01 002], [Nombre01 001] y [Nombre01 003]; la licenciada Mayra Centeno Mejía como defensora de [Nombre01 004]; los encartados e imputadas a título personal; el licenciado Luis Diego Hernández Araya y la licenciada Natalia Rojas Méndez, como fiscales del Ministerio Público y, por parte de la Procuraduría General de la República, la doctora Magda Inés Rojas y los licenciados Miguel Cortés Chaves y Ronald Víquez Solís y,
RESULTANDO:
I.Que mediante sentencia Nº 32-2015 de las diez horas del veintiocho de enero de dos mil quince, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con los artículos 39, 41, 140, 146 de La Constitución Política, artículos 1, 9, 37 a 41, 180 a 184, 324 a 367, 376 al 379 del Código Procesal Penal, 1, 57, 58, 59 a 63, 71, 74, 357, 365 del Código Penal, 3 y 84 del Código de Minería, 164, 187, 188, 189, 361 de la Ley General de la Administración Pública, 6, 17, 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, 3 inciso m, 19, 34 de la Ley Forestal, 2 del Reglamento a la Ley Forestal, por unanimidad, se declara a Nombre01 autor responsable de UN delito de PREVARICATO por el Decreto Ejecutivo 34801-MINAS, en perjuicio de la LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y en tal concepto se le impone la pena de TRES DE PRISIÓN, pena que deberán descontar, previo abono de la preventiva cumplida, en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios.
Se le impone a Nombre01 una INHABILITACIÓN de TRES AÑOS para el ejercicio de cargos públicos. Se absuelve de toda pena y responsabilidad a Nombre01, [Nombre01 005], [Nombre01 006], [Nombre01 001], [Nombre01 002], [Nombre01 003] y [Nombre05 004] de un delito de Prevaricato. Por calificar para ello a Nombre01 se le concede el beneficio de ejecución condicional de la pena por el plazo de CINCO años, lapso durante el cual no deberá cometer delito doloso sancionado con pena de prisión superior a seis meses pues, si así lo hace, se le revocará el beneficio aquí concedido y deberá descontar efectivamente la pena impuesta. Firme el fallo, inscríbase en el Registro Judicial de Delincuentes y comuníquese al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución Penal. Notifíquese mediante lectura. Nombre06. Mercedes Muñoz Campos. Sergio Quesada Carranza. Jueces" (sic, expediente virtual, págs. 5070-5349).
La lectura integral de ese documento se efectuó el 25 de febrero de 2014 (folio 5328 del expediente digital) y, por escritos del 04 y 05 de marzo de 2015, respectivamente, los licenciados Ronald Víquez y Laureano Castro, por su orden, Procurador de la Ética Pública y abogado defensor de Nombre01, formularon solicitudes de adición y aclaración, las que fueron resueltas por decisión de las trece horas con cinco minutos del 19 de marzo de 2015 (folios 5345 a 5348 del expediente digital) de la siguiente forma: "POR TANTO: Así pues de conformidad con lo establecido en los numerales 15 y 147 del Código Procesal Penal se adiciona la sentencia de las diez horas del veintiocho de enero del año dos mil quince, para que en las páginas 182, 190 y 217 del fallo en cuestión en lugar de la palabra “peculado” se lea “prevaricato”. Se rechaza la pretensión de aclaración y adición de la defensa del acusado Nombre01.
Notifíquese. Nombre06. Mercedes Muñoz Campos. Sergio Quesada Carranza." Esta decisión complementaria fue notificada a las partes, según consta en folios 5350 a 5390 del expediente digital, entre los días 19, 20, 23 y 24 de marzo de 2015, última fecha en que se notificó a varios sujetos procesales por medio de fax y correos electrónicos o se tuvo por notificados a otros, luego de los cinco intentos de envío fallidos.
II.Que contra esa sentencia, el licenciado Laureano Castro Sancho como defensor de Nombre01, este imputado a título personal; el licenciado Luis Diego Hernández Araya y la licenciada Natalia Rojas Méndez, como fiscales del Ministerio Público y el licenciado Ronald Víquez, por parte de la Procuraduría General de la República, interpusieron los recursos que aquí se conocen.
III.Que una vez celebrada la audiencia oral solicitada y verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal (reformado por leyes Nº 8837 y Nº 9021 y siguiendo la numeración indicada en la Fe de Erratas adoptada mediante acuerdo del directorio legislativo publicado en La Gaceta Nº 51 del 12 de marzo de 2012, que es la que se usará en este texto), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en las impugnaciones.
Redacta la jueza Chinchilla Calderón, y;
CONSIDERANDO:
I.Sobre la admisibilidad de las impugnaciones: (1) A fin de decidir el tema de la admisibilidad de los diversos recursos planteados, conviene tener en cuenta tres aspectos procesales, algunos surgidos en la jurisprudencia y que se relacionan con la admisibilidad: (a) según consta en la resolución de las 9:00 horas del 02 de febrero de 2012 del Juzgado Penal de este Circuito, el presente asunto fue declarado, en fase preparatoria, como de tramitación compleja. Una de las consecuencias jurídicas de esto es que, al tenor de lo establecido en el numeral 378 inciso e) del Código Procesal, los plazos para la interposición de recursos se duplican, es decir, se parte de que dicho lapso es de treinta días hábiles; (b) en el presente asunto, tanto el defensor de uno de los encartados, como la Procuraduría General de la República, efectuaron gestiones de adición o aclaración de la sentencia. Esto es importante porque modifica la fecha de inicio de cómputo del plazo para impugnar y, al respecto, existen dos tesis: (b.1) la suscrita por los jueces de apelación de sentencia Porras Villalta y Badilla Rojas y la jueza Montero Mena, en los votos números 2015-604 y 2015-719, en que, en síntesis, se señala que, con la nueva regulación de ese instituto, la gestión de adición o aclaración es la que tiene efecto interruptor, pero el plazo para impugnar empieza a correr inmediatamente, sin esperar a que se dicten las resoluciones complementarias, pues a éstas el legislador no les dotó de ningún efecto (suspensivo) como el que antes tenían; (b.2) la suscrita en los votos números 842-2013 (Arce Víquez, Zúñiga Morales y Omar Vargas); 1694-2013 (Chinchilla Calderón, García Vargas y Campos Bonilla) y, por mayoría, en el voto número 1328-2015 (jueza Jiménez Fernández, juez Mena Artavia y voto salvado de la jueza Montero Mena que sigue la tesis anterior) en que no solo se señala el absurdo al que se condujo con la reforma legal, al darle efecto interruptor y no suspensivo (como lo tenía antes) a la gestión de adición, sino que, además, interpretando esa disposición en forma sistemática y restrictiva, para no limitar el derecho al recurso, se concluye que no es posible hacer correr el plazo de impugnación hasta tanto no se emita la resolución complementaria, en la medida en que esta puede ampliar o agregar razones para recurrir y contra ella no está prevista ninguna impugnación, por lo que ese nuevo aspecto quedaría vedado al contralor de apelación.
En ese sentido nos atenemos a los argumentos que, otrora se dieran sobre este tema, a saber: "...este Tribunal interpreta que el plazo para impugnar corre, íntegramente, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución complementaria a todas partes (o del subsiguiente, según se esté en presencia de medios electrónicos para esa notificación y de conformidad con lo que al efecto regula la Ley de Notificaciones, normativa especial y posterior al Código Procesal Penal en ese tema). Es necesario hacer esta precisión, porque no es desconocido que el numeral 147 del Código Procesal Penal fue reformado mediante ley Nº 9021 del 03 de enero de 2012. Antes de esa ley, el referido numeral establecía: "ARTICULO 147.- Aclaración y adición. En cualquier momento, el tribunal podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén redactadas las resoluciones o podrá adicionar su contenido, si hubiera omitido resolver algún punto controversial, siempre que tales actos no impliquen una modificación de lo resuelto.
Dentro de los tres días posteriores a la notificación, las partes y el Ministerio Público podrán solicitar la aclaración o la adición de los pronunciamientos. La solicitud suspenderá el término para interponer los recursos que procedan" (el destacado es suplido). Conforme a la doctrina general que regula el tema, el efecto de una gestión de adición y aclaración es suspensivo respecto al plazo del recurso. Es decir, el lapso que había corrido desde que se notificó la resolución hasta que se presentó la gestión se mantiene, pero no vuelve a correr sino hasta que se notifique la resolución complementaria pues la naturaleza jurídica del remedio procesal de la aclaración es no poder modificar, en lo esencial, lo originalmente resuelto. Por ello, la doctrina es unívoca al darle efecto suspensivo a dicha gestión y a señalar que, entonces, el plazo de impugnación se retoma, con lo que falta por correr, cuando se emita esa resolución complementaria: "Se trata de una providencia interlocutoria (sentencia o auto, según los países), que se viene a integrar, en forma inseparable, con la sentencia aclarada (ampliada o corregida).
Esto es esencial y, en consecuencia, ésta última sentencia no puede producir ningún efecto procesal aisladamente (...) Esto conduce a otra consecuencia importante: el plazo para deducir otros recursos (apelación, recursos extraordinarios, etc.) comienza a correr a partir de la notificación de la segunda sentencia, esto es, la que resuelve la aclaratoria (ampliación o corrección) y esto aun cuando no ha lugar al pedido" Nombre07. Los recursos judiciales y demás medios de impugnación en Iberoamérica. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, págs. 80-81. "...la resolución correspondiente forma una unidad inescindible con la resolución aclarad. La resolución aclaratoria es por consiguiente insusceptible de generar efectos procesales autónomos como podrían ser, v.gr., su ejecución aislada (...) Cualquiera sea, en consecuencia, el resultado del recurso (sic) de aclaratoria, su interposición tiene efecto suspensivo respecto del plazo para deducir los recursos" (Cfr.
Nombre08. Los recursos en el proceso penal. Nombre09 , Buenos Aires, 1998, págs. 53-54). No obstante, en Costa Rica, con la ley supra referida se modificó el párrafo final de ese artículo para señalar, en lo que interesa: "En las resoluciones emitidas por escrito, las partes y el Ministerio Público podrán solicitar la aclaración o adición de los pronunciamientos, dentro de los tres días posteriores a su notificación. La solicitud interrumpirá el término (sic) para interponer los recursos que procedan" (el destacado es suplido). Es decir, se modificó el efecto suspensivo de la gestión por el efecto interruptor. Como es de conocimiento general, la interrupción implica que el plazo anterior se borra y que, a partir del acto concreto, inicia el cómputo de uno nuevo. Si la norma se interpretara literalmente se tendría, entonces, que con la sola presentación de la gestión de adición o aclaración, tendría que empezar a correr el plazo de impugnación de la resolución anterior, lo que es un contrasentido porque ésta aún no está completa o integrada con la resolución complementaria que, aunque puede rechazar la gestión, puede aclararla o adicionarla en aspectos no esenciales, como ocurriera en este asunto en que, a pesar de mantenerse la condena en costas por un cierto monto, se dispuso cómo debía dividirse dicho monto.
En otras palabras, si nos atenemos a la literalidad de la norma, generaríamos un absurdo jurídico de que a las partes les empiece a correr el plazo de impugnación, borrando lo anterior, sin tener conocimiento aún de lo que el Tribunal va a resolver respecto a su gestión. Evidentemente, esa reforma, aparte de inatinente para los fines por los que se emitió esa ley (corregir deficiencias omitidas al dictar la Ley de creación del Recurso de Apelación de Sentencia Penal) resultaba innecesaria y se emitió en sentido contrario a como la doctrina procesal generalizada, en Derecho comparado, señala que debe regularse el instituto. Igualmente incorrectos fueron los argumentos expresados para justificarla pues se dijo: "La palabra suspenderá se cambió por la palabra interrumpirá. Esto por las implicaciones que tienen ambos conceptos en materia de prescripción" (cfr. expediente legislativo 18024) lo que, oportunamente fue criticado por la doctrina nacional: "Con dicha justificación los legisladores cometen un error elemental, ya que la solicitud de adición o aclaración no tiene relación alguna con la prescripción, sino con lo que tiene ligamen es con los plazos del derecho a recurrir" (así LLOBET RODRÍGUEZ, Javier.
Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental. San José, 5ª edición, 2012, pág. 304). Por lo expuesto, considera esta Cámara que la norma en referencia debe ser interpretada considerando que ese efecto interruptor (que implica empezar el cómputo del plazo para recurrir desde cero) debe correr pero a partir del momento en que se notifique la resolución complementaria a todas las partes (o del día siguiente a ello, según se rija el asunto por la Ley de Notificaciones entratándose de medios electrónicos para hacer la comunicación). Desde esta perspectiva, entonces, el recurso fue presentado en tiempo y debe conocerse, pues se aportó dentro de los quince días hábiles contados desde la notificación de la resolución complementaria." Es cierto que, a partir de una interpretación estrictamente literal del artículo 147 del Código Procesal Penal, "interrumpir" implica iniciar, de inmediato, un nuevo cómputo y que no hay ninguna norma que establezca que este se origina cuando que se emita la resolución complementaria ni que se mantiene interrumpido el plazo hasta que se decida lo solicitado (como se interpretó en el primero de los votos arriba citados al decirse: "Cuando el párrafo tercero del artículo 147 dice que la solicitud de aclaración y adición interrumpirá el término para interponer los recursos que procedan (…) , es evidente que la interrupción transcurre todo el tiempo que ocupe el trámite de dicha solicitud, es decir, hasta tanto este Tribunal de Apelación resuelva todas las solicitudes que hayan sido interpuestas por las partes.
Y el plazo para interponer el recurso de casación –que es común, no individual– correrá íntegro de nuevo desde el día siguiente a la última notificación que se practique (artículo 167 del Código Procesal Penal) de la correspondiente resolución. Es evidente que el plazo para recurrir no podría correr antes de que se resuelvan las solicitudes de adición y aclaración –como sugiere la Fiscalía– porque se pondría en una situación de desventaja a todas aquellas partes que están a la expectativa de que cómo se resolverán las solicitudes pendientes, que es un factor del cual incluso podría depender que alguna de ellas decida si ha de interponer o no el recurso de casación"). E mpero, hay principios superiores que implican interpretar en sentido lógico pues, de lo contrario, podría ser que la resolución complementaria haga innecesario un recurso ya presentado o bien introduzca nuevas gestiones, sin que esta se pueda impugnar aparte, pues tampoco hay disposición que lo posibilite.
Por todo lo expuesto, esta integración mantiene dicha tesis. (c) Finalmente, otro tema procesal relevante, es cómo computar los plazos cuando una notificación se ha efectuado por medios electrónicos (fax o correo electrónico), esto por cuanto, en este asunto, la resolución complementaria fue notificada por esos medios y hay dos tesis: (c.1) la sostenida por la Sala Tercera en que refiere que se aplica lo dispuesto en los numerales 160 y 167 del Código Procesal Penal según la cual los plazos corren desde el día de la notificación al interesado si es individual o, de ser común, desde la última notificación efectuada a las partes y (c.2) la defendida por esta Cámara y otros tribunales de apelación, que considera que se aplica, por ser ley especial a la materia de notificaciones y posterior, la Ley de Notificaciones (que en eso derogó tácitamente al Código Procesal Penal), es decir, que empiezan a correr desde el día subsiguiente a la notificación.
Como se denota de lo anterior, aquí se aplica la segunda posición, que se atiene a la ley especial y posterior y a la protección al derecho humano al recurso. (2) Todo lo anterior es relevante para este caso, pues, entonces, los plazos para impugnar (de treinta días por ser de tramitación compleja) no correrían sino hasta el día subsiguiente de la fecha en que se notificó, a la última parte, la resolución complementaria (lo que excluye otras posibilidades interpretativas, como que corran desde el día en que se presentaron las solicitudes de aclaración o desde el día siguiente a la notificación de la decisión complementaria). Así las cosas, si la resolución complementaria, es decir, la que resolvió la adición y aclaración, fue notificada a la última parte el 24 de marzo de 2015, el plazo para impugnar inició su cómputo el 26 de marzo y vencería (excluyendo fines de semana, feriados de Semana Santa, fiestas cívicas y asuetos) el 14 de mayo del año en curso.
Como los recursos se presentaron el 14, 16 y 21 de abril (por su orden el de la Fiscalía, el de la Procuraduría y en la última data los del encartado y su defensor), todos se encuentran en tiempo y así debe declararse. En todo caso, aun partiendo de la interpretación más limitada, es decir, la que señala que la sola presentación de la gestión tiene efecto interruptor, todas las impugnaciones se presentaron dentro de los treinta días, que vencían el 21 de abril desde la última solicitud de adición presentada el 05 de abril. (3) En las contestaciones a los recursos planteados por los acusadores, algunos defensores han solicitado —valga adelantarlo— que se decrete la inadmisibilidad por cuanto estiman que esas impugnaciones no están bien fundamentadas o carecen de lo que ellos consideran requisitos para poder atenderse. No obstante, debe indicarse que nuestra legislación vigente, que se modificó para cumplir con el derecho al recurso de la persona condenada (previsto por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a partir del caso de Nombre10 contra Costa Rica), sigue el sistema de la bilateralidad de los recursos, es decir, que los principios aplicables para el recurso del sentenciado son los mismos, en cantidad y requisitos, para las restantes partes procesales a los que la legislación les garantiza ese derecho de impugnar, es decir, para el Ministerio Público, los actores civiles y la parte querellante.
A partir de esta premisa no es posible verificar más requisitos de admisibilidad que los que la ley establece, que tienen relación con que la impugnación se interponga por escrito, en tiempo y con alguna fundamentación, sin que la ley permita establecer, preliminarmente, a efectos de esa admisibilidad, la calidad o cantidad de dicha motivación o la forma en que deba plantearse pues, justamente, lo que efectuó la citada reforma fue desformalizar las impugnaciones ordinarias, para hacer accesible ese derecho a impugnar, lo cual abarca a todas las partes procesales, por el principio de igualdad. De lo expuesto debe concluirse que si este u otro Tribunal fijara otros requisitos de admisibilidad distintos a los mencionados (que están previstos por los numerales 458 y 460 del Código Procesal Penal) estaría efectuando interpretaciones en detrimento de los derechos de los sujetos procesales y en violación al artículo 2 del Código Procesal Penal.
Ello implica que no sea posible, entonces, más examen de admisibilidad que el referido, en donde todas las impugnaciones cumplen con tales presupuestos. (4) Por otra parte, los defensores de los encartados se han opuesto a que este Tribunal efectúe una “revisión integral” de la sentencia, como lo han pedido los actores penales, aduciendo que ello no es posible pues la revisión debe circunscribirse a los agravios expuestos. Este alegato tampoco es de recibo y, desde ya, cabe indicarlo de ese modo, pues los numerales 459 y 462 del Código Procesal Penal facultan a que esta Cámara, aún de oficio, decrete la existencia de cuanto vicio note en la sentencia, siempre que este afecte el debido proceso. Por su parte, desde el voto número 1739-92 de la Sala Constitucional, es claro que todo lo atinente a la fundamentación de la sentencia integra ese principio, de modo que, al no establecer límites la ley para efectuar la revisión de lo resuelto, estos no pueden crearse, tampoco, por vía interpretativa, como se pretende.
II.Sobre aclaraciones generales: El juicio de este asunto contó con dos acusaciones: la del Ministerio Público y la de la Procuraduría. En ambas se atribuía la comisión del delito de prevaricato a distintas personas, por diversos hechos y con modalidad de participación diferenciada. Solo una persona, el ahora exministro Nombre01, fue acusada por dos hechos diversos (que implícitamente, porque no hay ninguna fundamentación al respecto, el Tribunal asumió como un concurso material, al absolverlo por uno y condenarlo por otro). Para efectos de comprensión, lo actuado, siguiendo un orden estrictamente cronológico respecto al hecho atribuido, podría resumirse así:
Así las cosas, a fin de abordar los diversos recursos, se iniciará con aquellos relativos a las absolutorias (que involucran a la mayoría de personas y actos y aluden a los eventos más antiguos), para concluir con el tema de la condena a la única persona a quien se le declaró su responsabilidad penal. Por otro lado, en lo sucesivo, se presenta un resumen de los planteamientos de las partes, tanto al recurrir como al pronunciarse sobre las impugnaciones. Estos apartados no pretenden consignar palabras o frases textuales y parten del sentido que, a sus palabras, da esta Cámara. También es necesario advertir que, aunque hay exposiciones (tanto impugnativas como de oposición a recursos) que son muy voluminosas, luego de un escrutinio minucioso por este Tribunal, han quedado plasmadas en pocos folios (comparados con los usados para la exposición) pues usan recursos como las constantes reiteraciones, copias textuales, transcripciones, etc. que no solo son innecesarias para los efectos pretendidos, sino que parecen apelar a un convencimiento de quien lee, no por la solidez del argumento usado, sino por su constante reiteración (varias veces hasta de forma literal, mediante copia exacta) que asume la incapacidad del lector de entender en la primera ocasión.
Empero, pese a que el resumen es riguroso, no omite nada de lo planteado y tendrá en cuenta todos los argumentos. Además, para efectos expositivos, se usará un apartado o “considerando” completo para la descripción de los recursos y otro u otros para su resolución, siempre partiendo de temas comunes.
Recursos interpuestos por los acusadores contra las absolutorias
III.Descripción de las apelaciones: (A) El licenciado Luis Diego Hernández Araya y la licenciada Natalia Rojas Méndez, como fiscales del Ministerio Público, a partir del folio 5391 y hasta el 5411 del expediente virtual, plantearon recurso de apelación (presentado el 14 de abril de 2015 y constante de 21 páginas) ante la absolutoria, por atipicidad, emitida a favor de Nombre01, [Nombre05 006], [Nombre05 005], [Nombre05 001], [Nombre01 002], [Nombre05 003] y [Nombre05 004]. Como primer tema, plantean la fundamentación jurídica errónea, que dio como resultado que se estimara esos como hechos atípicos. (i) En lo referente a la absolutoria de Nombre01 por un delito de prevaricato cometido mediante la resolución R-217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008, en virtud de la cual se efectuó la conversión, que estiman ilegal, del acto de concesión minera, citan extractos de la sentencia de instancia en que los jueces aluden a que, si bien el hecho fue conocido en la vía constitucional y contenciosa, ello no afecta las conclusiones de esta causa, desde que hay una relación de género a especie entre lo ilegal y lo ilícito, de modo que todo lo ilícito es ilegal pero no todo lo ilegal resulta delictivo y que la jurisdicción contenciosa determinó la ilegalidad de la conversión, pero eso no predica sobre la delictuosidad de la conducta.
Los jueces indicaron que la decisión de la conversión estaba dentro de las posibilidades interpretativas de la ley aunque, finalmente, no fuera esa la que imperara en los tribunales ordinarios con carácter de cosa juzgada material. Indican los apelantes que el encartado Nombre01 conocía que la Sala Constitucional, mediante voto número 13414-2004 del 26 de noviembre de 2004, había anulado la concesión minera y, pese a eso, autorizó, en sede administrativa y de oficio, la conversión de un acto administrativo cuando, en realidad, los numerales 187, 188 y 189 de la Ley General de la Administración Pública (que transcriben) excluyen esa figura. Señalan que un acto administrativo puede convertirse en otro siempre que reúna los requisitos del primero, pero no fue eso lo que sucedió en este asunto, ya que la concesión minera que se otorgó mediante resolución R-578-2001 MINAE del 17 de diciembre de 2001 a la Empresa Infinito, fue declara nula, por inconstitucional, a través del voto número 13414-2004 del 26 de noviembre de 2004, porque no se contaba con un estudio de impacto ambiental.
Eso significaba que el acto desaparecía del Ordenamiento Jurídico y, en esa medida, un acto inexistente no podía convertirse en otro, pues el primero ya no existía y la conversión opera cuando hay un acto válido. Se quejan de que la prueba documental, relativa a ese acto, no fue analizada en conjunto con la prueba testimonial ofrecida en juicio la que, contrario a lo que estimaran los jueces, no fue escasa o parca y manifiestan que este encartado, valiéndose de la recomendación procurada por la encartada [Nombre05 006], convirtió un acto concesionario nulo en uno válido, para beneficiar a la empresa Industrias Infinito S.A. Refieren que la prueba del elemento subjetivo del tipo penal está en los indicios que revelan que él eliminó todos los obstáculos legales administrativos que impedían a dicha empresa operar. Como recuento aluden a que este imputado, mediante resolución R-122-2007 del 03 de marzo de 2008 declaró ineficaz la resolución R-613-2007 del 31 de octubre de 2007, donde se declaraba con lugar el recurso de reposición contra el acto que otorgó la concesión minera, recurso planteado por el doctor Nombre13 y firmado, por delegación, por el oficial Nombre14 (que así lo declaró en juicio), según decreto autorizado por el propio Nombre01.
Indican que no es cierto que aquella decisión, calificada como prevaricadora, se encontrara dentro de los márgenes de la discrecionalidad o dentro del ámbito de interpretación de la norma y piden que se valoren, adecuadamente, las resoluciones administrativas R-122-2007 del 03 de marzo de 2008 que declaró ineficaz la resolución 613-2007 del 31 de octubre de 2007; la resolución R-217-2008, la R-578-2001 que otorgó la concesión minera y el voto número 13414-2004 de la Sala Constitucional para concluir que, con esa prueba, la única posibilidad que tenía el endilgado era la de rechazar la solicitud de convalidación que presentó la empresas Industrias Infinito en fecha 10 de octubre de 2005, pero que no se hizo así porque, como estaba vigente el decreto de moratoria N° 30477-2002 MINAE del 05 de junio de 2002, que prohibía la minería metálica de oro a cielo abierto por plazo indefinido en Costa Rica y señalaba que solo se respetaría los derechos adquiridos antes de la publicación de ese decreto (que para esa empresa no existían por la nulidad del voto constitucional), ello implicaba no continuar con el funcionamiento de esa empresa por lo que, entonces, a sabiendas, para favorecerla, se emitió la resolución prevaricadora.
(ii) En lo que atañe a la absolutoria de [Nombre05 006] y [Nombre05 005], acusadas como cómplices de ese delito, estiman que el razonamiento del Tribunal de instancia fue erróneo, pues no se tomó en cuenta que la recomendación de la primera (para que se hiciera esa conversión), se hizo para colaborar con Nombre01 Mora, sin que fuera necesario que este pidiera ese acto, ni que hubiese comunicación entre ambos, pues esa recomendación fue esencial para aquel. Expresan que ella no estaba legitimada para elaborarla, pues le competía al Director de Geología y Minas José Francisco Castro. Respecto a la segunda, indican que la colaboración se dio porque ella expresó, a través del oficio SG-ASA-259-2008, que en el balance costo-beneficio ambiental se revelaba que los beneficios sociales eran mayores a los costos ambientales, lo que era requisito esencial para declarar la conveniencia nacional y el interés público del Proyecto Minero Crucitas, de conformidad con el numeral 3 inciso m de la Ley Forestal, pero no era competencia de ella hacer ese análisis, sino del Poder Ejecutivo.
Así, Nombre01 obtuvo el respaldo ficticio para declarar la Conveniencia Nacional y el Interés Público del Proyecto y promulgar el decreto 34801-MINAE. En respecto con ambas encartadas, dicen los recurrentes que el Tribunal refirió que sus actuaciones eran atípicas, porque no habían realizado resoluciones administrativas sino que, una, dio un visto bueno y, la otra, hizo un oficio y que no hay relación de causalidad entre el hecho ilícito y la ayuda o cooperación, porque no hubo hecho ilícito del autor, pero estiman los recurrentes que esa motivación fue errónea ya que la primera encartada admitió, en su declaración, que elaboró esa recomendación para resolverle la situación a la empresa Industrias Infinito. (iii) En cuanto a la absolutoria de los encartados miembros de la Comisión Plenaria ([Nombre05 001], [Nombre05 002], [Nombre05 003] y [Nombre05 004]), estiman los impugnantes que se equivocó el Tribunal de instancia al considerar atípica sus conductas, de aprobar modificaciones sustanciales al Proyecto Nombre12 mediante resolución 170-2008-SETENA, sin exigir un nuevo estudio de impacto ambiental, como lo regula el numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y 3 del Código de Minería.
Transcriben el hecho probado 11 de la sentencia y estiman que el razonamiento del Tribunal fue falaz, al decir que si bien la decisión fue ilegal , no fue ilícita y que ellos, más adelante, se contradijeron al referir que esa decisión no fue contraria a la ley, pues estuvo basada en una diversa interpretación jurídica que estaba dentro de los parámetros discrecionales. Señalan que los mismos extractos del voto del Tribunal Contencioso-Administrativo que se transcribieron en la sentencia de instancia para motivar tal decisión, son los que sirven para atacar sus fundamentos. Refieren que es claro que la decisión fue ilegal, al obviar un requisito de bulto, como era el estudio de impacto ambiental. Consideran que la resolución jurisdiccional irrespet ó la cosa juzgada de la sentencia firme del Tribunal Contencioso-Administrativo, al decir, los jueces de instancia, que esa decisión administrativa, adoptada por los encartados , no era ilegal, cuando ya se declaró, en firme, lo contrario.
Piden la nulidad de lo resuelto y que se ordene el reenvío. Como segundo motivo de la impugnación, se menciona la errónea aplicación e interpretación de un precepto legal, en lo que se refiere a la supuesta falta de requisitos de la acusación. (i) En lo que atañe a la absolutoria de Nombre01 por un delito de prevaricato cometido mediante la resolución R-217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008, porque se llegó a la conclusión que el acto atribuido a él, respecto a la aprobación de la conversión ilegal del acto de concesión minera, era un acto atípico por cuanto la acusación no describió en qué consistía el elemento objetivo del tipo violentado. Se transcribe un párrafo de la sentencia impugnada, que señala que el ente acusador se limitó a citar artículos pero sin decir en qué parte de estos se enmarcaba el delito, o en qué consistía la violación a la ley que alegaban y, en muchos casos, esos artículos contenían varios párrafos o incisos, por lo que la imputación no era clara y se vulneraba la correlación entre la acusación y la sentencia.
Se critica la decisión jurisdiccional porque estiman que no es esencial que se copien, total o parcialmente, los artículos que se acusaron como infringidos y que la pieza fiscal sí cumplió lo mencionado por el numeral 303 del Código Procesal Penal, al punto que fue admitida por el juez de la etapa intermedia y contenía una simple enunciación, o breve explicación, de los artículos vulnerados, más la cita de todos ellos, lo que , consideran, bastaba. (ii) En lo que atañe a la absolutoria de los integrantes de la Comisión Plenaria ([Nombre05 001], [Nombre05 002], [Nombre05 003] y [Nombre05 004]), apuntan que el contenido de la sentencia impugnada tuvo por demostrado que dicha Comisión prescindió, de manera ilegal, del estudio de impacto ambiental, pero se les absolvió aduciendo que el hecho atribuido debió explicar en qué normativa estaba ese requisito. Señalan que ese vicio era inexistente, porque en los hechos 15, 16 y 17 se hizo una adecuada imputación; el numeral 303 del Código Procesal Penal no exige una transcripción, parcial o literal, de la norma violentada y lo que se les atribuyó fue haber aprobado una nueva viabilidad, sin exigir el estudio de impacto ambiental.
Piden la nulidad y el reenvío. Como tercer acápite del recurso, se muestran disconformes con la absolutoria emitida a favor de los miembros de la Comisión Plenaria (los encartados de apellidos [Nombre05 001], [Nombre05 002], [Nombre05 003] y [Nombre05 004]), pues la sentencia no valoró correctamente la prueba, en particular la resolución 170-2008-SETENA, la que debió ponderarse junto con los demás elementos del juicio, porque así se hubiera concluido que los encartados cometieron el delito de prevaricato como parte de un plan preconcebido, que involucró a funcionarios de otras instituciones. Narran que el acto de conversión R-217-2008-MINAE requería de la aprobación de la viabilidad ambiental del proyecto, que había sido aprobada por los encartados mediante resolución 170-2008, ya que la primera viabilidad ambiental 3638-2005-Nombre11 era para un proyecto con dimensiones que no eran rentables para la empresa.
Por ello, pese a tener dos años de contar con esa viabilidad, no fue sino hasta las fechas de los delitos acusados que, en un tiempo relámpago, se dieron todos los actos: se presentaron modificaciones el 06 de diciembre de 2007, se resolvieron el 25 de enero de 2008 y la conversión se dio el 21 de abril de 2008, fechas en las que se reanudaron procedimientos, luego de estar suspendidos durante un año y cinco meses. Refieren que el Tribunal no analizó esa sucesión de actos, como tampoco que, con las resoluciones R-217-2008-MINAE y 170-2008-SETENA, los encartados lograban evadir lo establecido por la Sala Constitucional y el numeral 3 del Código de Minería que señalaba que, primero , debía contarse con la viabilidad ambiental y, luego, gestionarse la concesión, pues con la conversión se revivió ilegalmente una concesión minera nula, que era anterior a la viabilidad ambiental otorgada, de manera ilícita, mediante la resolución que considera prevaricadora número 170-2008-SETENA.
Indican que, con los cambios, el proyecto era uno nuevo, aspecto no analizado por el Tribunal pues se pasaba de una vida útil de 6 a 9 años; implicaba el uso de explosivos, con el nuevo proyecto se atravesaría un acuífero inferior, se pasaba de explotar material superficial (roca saprolitizada) a explotar roca dura, por lo que era necesario producir un lago artificial en un tajo, se duplicaba la cantidad de material a extraer tanto como la cantidad de cianuro a utilizar, pues se pasaba de una producción de 6 785 toneladas diarias que, a nueve años, generaban 22 288 725 toneladas de material cuando, en el proyecto anterior, la producción total iba a ser de 4000 toneladas diarias, para un total de 8 760 000. Al aumentarse la vida útil del proyecto se pasaría de explotar 126 hectáreas a más de 200 hectáreas, por lo que, en la nueva extensión, se cambiaría el uso de suelo del bosque, lo que hacía necesario el decreto de Conveniencia Nacional.
Refieren que si se hubieran ponderado adecuadamente los indicios, se habría concluido que la resolución 170-2008 fue una decisión complaciente a un acto complejo. Agregan que tampoco los jueces de instancia analizaron si dicha decisión se fundamentó adecuadamente, pues lo único que se hizo fue transcribir, de folios 114 a 116 de la sentencia, los considerandos y la parte dispositiva de la decisión cuestionada, lo que, de ninguna forma, suple el necesario análisis que debió efectuarse. Piden la nulidad de lo resuelto. (B) Por su parte, el licenciado Ronald Víquez, en representación de la Procuraduría General de la República, desde el folio 5412 y hasta el 5479 del expediente virtual, el 16 de abril de 2015, presentó un memorial de 68 páginas en que recurre la absolutoria emitida a favor de [Nombre05 001], [Nombre05 002], [Nombre05 003], [Nombre05 004] y Nombre01 por un delito de prevaricato y alega, como primer reproche, que la decisión de absolver a los integrantes de la Comisión Plenaria fue errónea.
Transcribe los hechos querellados 17 a 21, 26, 28-29, 32 a 34, así como los hechos probados en la sentencia 1 a 6, 11 y 12 y narra que la Comisión Plenaria de Setena, mediante el artículo 22 de la sesión ordinaria 68-2005-SETENA, resolución 3638-2005-SETENA, aprobó un estudio de impacto ambiental y sus anexos, al Proyecto Minero Crucitas, fijando una vigencia de dos años, pese a que se encontraba vigente el decreto ejecutivo 30477 del 05 de junio de 2002, que declaraba una moratoria nacional para la actividad minera de oro a cielo abierto. Luego, a pesar de que había caducado esa viabilidad ambiental, los encartados, integrantes de la citada Comisión, el 25 de enero de 2008 aprobaron los cambios a la viabilidad ambiental solicitada por los representantes de Industrias Infinito, sin exigirles un nuevo estudio de impacto ambiental, a pesar de que hubo cambios sustanciales respecto al proyecto original.
Además, como se tuvo por acreditado en el hecho 11 de la sentencia, se dejó de lado la obligación legal de otorgar audiencia pública, conforme lo exigían los artículos 6 y 22 de la Ley Orgánica del Ambiente. Pese a todo eso, se les absolvió, aunque se acepta que la decisión fue ilegal, aunque no delictiva pues estimaron que la normativa no contemplaba la premisa de cómo proceder cuando se presentaban modificaciones que el mismo Tribunal catalogó de sustanciales. Estima que hubo (i) una errónea valoración de la prueba y que la fundamentación jurídica no fue adecuada, pues los jueces se basaron en que, en los artículos 3 del Código de Minería y 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, no se aludía, en forma clara y precisa, a la obligación de actuar en ese sentido. Se transcribe el extracto de la sentencia en que así se indica y señala que requerir, para que se dé este delito, que la norma haga una estipulación expresa, implica desconocer, toscamente, el principio de interpretación integral o hermenéutica, al excluir tanto la demás normativa, los principios que conforman el ordenamiento jurídico, el derecho ambiental aplicable y el numeral 50 de la Carta Magna, que eleva la protección al ambiente a rango constitucional, como los votos de la Sala Constitucional, que se transcriben parcialmente, números 9193-2000 y 6322-03, en que se recogen los principios obligatorios en esta materia.
Señala las funciones asignadas, por ley, al Ministerio de Ambiente y Energía, como entidad responsable del manejo y uso sostenible de los recursos naturales del país y transcribe, en particular, el numeral 2 de la ley de dicha entidad. Describe los órganos que integran a dicho Ministerio (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Dirección de Geología y Minas y Secretaría Técnica Ambiental) y menciona que, este último , es un órgano con desconcentración máxima y explica cuáles son sus funciones, según el numeral 84 de la ley reguladora. Comenta el artículo 86 de esa normativa y concluye indicando que, conforme a la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, se debe contar con un estudio de impacto ambiental por parte de Nombre11 cuando los proyectos de desarrollo lesionen el medio ambiente. Transcribe el numeral 17 de esa normativa y comenta los votos de la Sala Constitucional números 5321-96 y 6322-03 (que copia en lo conducente), en que se describe la necesidad de tener el estudio de impacto ambiental, conforme a la normativa internacional suscrita por el país.
Agrega que la Ley de Biodiversidad N° 7788 cobija, dentro de su ámbito de aplicación, las actividades que afecten ecosistemas y por ello, los artículos 3, 5, 11, que transcribe, contemplan, entre otros, el principio in dubio pro natura. Menciona que el voto de la Sala Constitucional, número 2001-6503, exige los estudios de impacto ambiental al tenor de esas disposiciones. En virtud de lo anterior, concluye que los funcionarios de la Secretaría Técnica Ambiental, incluidos sus jerarcas máximos, estaban obligados a orientar su gestión en procura de proteger el medio ambiente y minimizar los daños que pudieran causarle los proyectos planteados, al tenor del numeral 11 de la Ley Orgánica del Ambiente. Añade que, en la resolución R-217-2008-MINAE, el Poder Ejecutivo sujetó la concesión minera otorgada a Industrias Infinito a que se respetaran las condiciones técnicas dadas por la geóloga Nombre15 , mediante los oficios DGM-DC-320-2001 del 14 de marzo de 2001(en que la geóloga dijo que la explotación de saprolita puede constituir en sí un solo proyecto) y DGM-DC-2084-2001 del 26 de noviembre de 2001 (en que se indicó que las cotas máximas de extracción eran de 75 msnm, dado que habían dos acuíferos, siendo el superior de agua potable).
Esas eran las condiciones técnicas y limitaciones legales, tanto para la empresa como para el Estado, que generaron la concesión minera del 2001, según resolución 578-2001-MINAE, la cual fue anulada por la Sala Constitucional mediante voto 2004-13414 del 27 de noviembre de 2004, al estimarse que lesionaba el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ante ello, se requería iniciar todo el trámite pero, por haberse emitido, en el ínterin, por plazo indefinido, un decreto de moratoria para la actividad de minería a cielo abierto en todo el territorio nacional, tal vía no era posible, por lo que la Comisión Plena de Setena, en el año 2008, materializando una derogación singular de la norma, otorgó una viabilidad ambiental con las mismas limitaciones técnicas de aquellos oficios de la geóloga Nombre15, pero con un plazo de vigencia de dos años. Estando ya caduca esa viabilidad, los gestores del Proyecto presentaron modificaciones sustanciales, por lo que la Comisión, en atención de los principios precautores, los intereses generales y los objetivos institucionales, debió hacer un estudio concienzudo de las modificaciones, máxime cuando esos cambios violentaban o desconocían las propias limitaciones y decisiones de la Administración (solo explotar saprolita para no dañar el manto acuífero).
Afirma que la Comisión Plenaria no tenía discrecionalidad para decidir si omitían valorar el impacto de las modificaciones al medio ambiente, como lo entendió el Tribunal de instancia. Agrega que la primera resolución de viabilidad ambiental de 2005, tenía una vigencia de dos años para el inicio de la extracción (cláusula octava). Transcribe la descripción del proyecto que se hizo en la decisión administrativa cuestionada y señala que este era de grandes dimensiones, el más amplio de toda Centroamérica, por lo que cualquier modificación debía contar con los estudios de impacto sobre el ambiente y las comunidades adyacentes. Refiere, como modificaciones del proyecto presentado, el pasar la cota de 75 a 40 msnm, con lo que se impactaría el acuífero existente; la extracción de oro ya no sería de la capa superficial de saprolita, a unos 10 metros, sino sobre roca dura, para lo que se requería usar explosivos y trabajar a profundidades de 67 metros; de una se pasó a dos lagunas de relaves y el plazo de la operación se amplió para llegar a nueve años, con la pretensión de explotar, ya no nueve toneladas de material diarias, sino veintidós.
Concluye que, en un megaproyecto categoría A (Alto Impacto Ambiental Potencial) como el de Crucitas, cualquier modificación implicaba cambios sustanciales, máxime cuando, del análisis de la documentación aportada, se reflejaban inconsistencias severas, como que se iba a extraer más material y a hacer más inversión, pero iba a ser menor la extracción de oro y, por ende, la ganancia. Sin embargo, nada de eso bastó para que se solicitara un estudio de evaluación ambiental que era lo que, en definitiva, competía a Nombre11 mediante una resolución fundada al tenor del artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente. Por otro lado, el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual EIA Decreto ejecutivo 32966 del 20 de febrero de 2006, vigente para la fecha de los hechos), en su punto 11 aludía al tipo de evaluación que debía hacerse, a cargo de un equipo consultor completo, con explicación de los criterios técnicos para los valores que se asignan y la necesidad del estudio de impacto ambiental (anexo 1 punto 5-7-3; anexo 2.4.2, 4.4, 4.5 que se transcriben).
Pese a todo eso, la decisión que acordó aprobar las modificaciones al proyecto, fue ayuna de motivación y ponderación, pues eran complacientes y no se ajustaron al marco de legalidad al dictar la resolución 170-2008, como lo aceptó tanto el Tribunal Contencioso-Administrativo en el voto 4399-2010 del 14 de diciembre de 2010 como la Sala Primera en el voto 1469-F-S1-2011 al afirmar que ambas carecían de una adecuada fundamentación y de motivo lícito. Agrega que, con la decisión acusada de prevaricadora, los encartados absueltos obviaron las limitaciones impuestas desde el año 2001 (en que se habría rechazado la viabilidad porque el proyecto implicaba el cambio de uso de suelo en contraposición a lo dispuesto por el numeral 19 de la Ley Forestal, pues la eliminación de bosque alcanzaría 192 hectáreas) y avalaron, como modificaciones, nuevos proyectos que estaban disfrazados de tales. Transcribe parte del considerando II de la resolución calificada como delictiva, 170-2008 y señala que se omitió, deliberadamente, la referencia al impacto al acuífero, que si bien se reducía el área de extracción, esta se ubicaba en bosque primario y se duplicaba la cantidad de material a extraer, etc. nada de lo cual puede considerarse que quede sujeto a interpretaciones subjetivas, como lo afirmó el tribunal sentenciador.
Agrega que la encartada [Nombre05 005], reconoció que eran dos proyectos diferentes y lo hizo cuando le informó a Nombre01 sobre la apelación a la viabilidad otorgada en el 2005 (remite al oficio 129-2002-Nombre11 del 09 de abril de 2008, visible al tomo IX del expediente administrativo de SETENA). Agrega que el argumento de que era la misma actividad resulta falaz porque, con esa lógica, un permiso para construir un hotel podría servir para construir cuatro, lo que hacía grosera la justificación. Señala que se debieron valorar indicios sobre la intención de obtener el resultado ilegal, como (a) el que, en la resolución adoptada por los acusados, se aludió a que, el 30 de agosto, funcionarios de la entidad hicieron una inspección en el área del proyecto pero, para esa fecha, no se había presentado la solicitud de modificación por parte de la Desarrolladora a SETENA, pues tal gestión se incoó el 06 de diciembre de 2007, o sea tres meses después de realizada la supuesta inspección, lo que denota que esta se hizo para verificar modificaciones que aún no se habían pedido; (b) la celeridad con que actuaron las autoridades de la SETENA, porque Industrias Infinito presentó la solicitud de modificación el 06 de diciembre de 2007 y ya el 04 de febrero de 2008, en aproximadamente un mes (que incluye el cierre estatal por fin de año), Nombre11 había avalado las modificaciones, mientras que, para el otorgamiento de la viabilidad, pasaron años, apelaciones y objeciones; (c) a esa fecha, la viabilidad otorgada en el año 2005 estaba recurrida y la apelación no había sido resuelta; (d) en un afán de darle legitimidad a la decisión, en el acuerdo se menciona que participó la geóloga Nombre02, lo cual fue falso, como ella misma lo afirmó en juicio.
Transcribe parte de la prueba testimonial recibida (Luis Fernando González López, ingeniero agrónomo; Nombre16 , abogado ambientalista, Nombre17 , geólogo y ex secretario de Nombre11 que recomendó denegar la viabilidad ambiental en 2002 por las inconsistencias técnicas del proyecto; Nombre18 , la geóloga Nombre02) y concluye con una frase contenida en la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia 4399-2003, según la cual "...no parecen haber justificaciones válidas desde el punto de vista jurídico, ni aplicando la lógica y la razonabilidad promedio, para que la Administración haya omitido solicitar el mencionado instrumento de evaluación ambiental." Refiere que, de haberse analizado la prueba, los indicios de ella derivados y el marco jurídico antes referido, se habría llegado a la conclusión de que los encartados cometieron el delito de prevaricato y haberles eximido de este implica lesionar los deberes de la función pública y generarle un agravio al recurrente, en tanto representante de la sociedad, por lo que pide que, desde esta sede, se declare la responsabilidad de los endilgados [Nombre05 001] (representante de AyA), [Nombre05 003] (representante del MINAE), [Nombre01 004] (representante del MAG) y [Nombre05 002] (representante del Ministerio de Salud) o, en su defecto, se anule lo resuelto.
Como segundo acápite se alude a la errónea valoración de la prueba sobre la no declaratoria de oficio de la caducidad de la viabilidad ambiental porque el Tribunal de instancia, a pesar de tener por probado que los encartados, miembros de la Comisión Plenaria de SETENA, mediante el artículo 5 de la sesión ordinaria 12-2008-SETENA, conocieron y aprobaron en firme, de forma ilegal, las modificaciones presentadas a la viabilidad ambiental del Proyecto Crucitas, estimaron que eso no era delictivo, lo que no comparte el recurrente, al indicar que los endilgados sabían que, a ese momento, es decir, febrero de 2008, la anterior viabilidad ambiental otorgada al proyecto, mediante resolución 3638 de diciembre de 2005, estaba caduca, por lo que se violentaba el artículo 46 del Reglamento sobre Procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MIEC (que transcribe), el cual fija el plazo de validez de las viabilidades otorgadas a un proyecto, en dos años y reglamenta, en forma expresa, que, de transcurrir ese lapso sin iniciarse las actividades, el desarrollador puede solicitar la convalidación de su vigencia ante SETENA, siempre que se haga antes del vencimiento, lo que no sucedió aquí.
Sin embargo, los jueces de instancia aludieron a que la caducidad no había sido declarada (ni de oficio ni a petición de parte) para el momento de la gestión y no fue sino unos años después en que los jueces de lo contencioso-administrativo la emitieron. Considera que esa afirmación del Tribunal de instancia deja entrever una errónea valoración probatoria y jurídica pues, justamente, lo que se reprocha es que los encartados debían dictar la caducidad, pues eran ellos los miembros de la Comisión Plenaria y esa figura puede y debe aplicarse de oficio, como lo indican tanto los votos mencionados por los juzgadores de instancia como el reglamento citado y la doctrina o pronunciamientos de la Procuraduría que transcribe, todo en aplicación del principio de autotutela recogido en el numeral 146 de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, omitieron dolosamente hacerlo y, por resolución 170-2008, aprobaron las modificaciones, pese a que estaba vigente el decreto sobre moratoria para la actividad minera a cielo abierto en todo el territorio nacional, que impedía el otorgamiento de nuevas concesiones como, en realidad, se trataba esa, al implicar una modificación sustancial.
Inclusive, tan dolosa considera que fue la omisión que, en la cláusula octava de la resolución acusada de prevaricadora 3638-2005-SETENA, los mismos encartados dijeron que esa viabilidad era por dos años para el inicio de la extracción o, de lo contrario, se aplicaría la legislación vigente. Por ello, pide que se declare, en esta sede, la responsabilidad penal de los endilgados o, en su defecto, se anule total o parcialmente lo resuelto. Como tercer aspecto se señala la errónea determinación de los hechos, al no ponderarse la obligación de publicitar los cambios presentados en el Proyecto Minero Nombre12 que tenían e incumplieron los encartados, pues estos, según señala el recurrente, desconocieron sus propias limitaciones y pretendieron darle una apariencia de legalidad a sus actos, continuando con un plan tendiente a favorecer a la empresa Industrias Infinito, a cualquier costo ambiental.
Así, señala que no solo incumplieron el deber de exigir un nuevo estudio de impacto ambiental, no valoraron las modificaciones conforme a la ley ni declararon la caducidad de la viabilidad ambiental otorgada antes a la empresa citada, sino que no llevaron a cabo la publicidad de los cambios sustanciales al Proyecto, que la empresa desarrolladora pretendía que se le autorizaran (para lo que transcribe el punto 9.7 del Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de evaluación del impacto ambiental 32966 de 2006; los principios rectores en materia de ambiente descritos en los votos de la Sala Constitucional números 2001-10466, 3705-93, 8319-2000; la Convención de Río —de la que nuestro país es signatario—, principio 10; los numerales 6 y 23 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículos 35 a 40 del Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental N° 25705-MINAE), lo que era necesario para que la población se enterara de los impactos que se podían generar.
Transcribe parte de la sentencia impugnada, en que el Tribunal de Juicio reconoció eso, pero, a la vez, discrepó del voto firme 4399-2010 dictado por el Tribunal Contencioso-Administrativo (que también transcribe parcialmente), al afirmar que no se trataba de una irracionalidad manifiesta o nulidad absoluta y evidente, sino que aludía a una diferencia de criterio. Estima que, con esas actuaciones de los endilgados, se tipificó, tanto objetiva como subjetivamente, el delito de prevaricato, pues se evadieron requisitos, en forma dolosa, para dictar la resolución 170-2008 que autorizó, de forma ilegal, el Proyecto Minero Crucitas, pues, aún de forma conservadora, habría que estimar que eran cambios sustanciales (cuando en realidad era una nueva obra) que ponían en peligro los intereses estatales por el uso de explosivos (que implicaba transporte y almacenamiento en centros de población), afectación del manto acuífero, tala de bosque primario, variación de 9 a 22 toneladas de extracción de material diario, creación de una segunda laguna de relaves, etc. Pide que se les condene en esta sede o, en su defecto, se anule lo resuelto.
Como cuarto aspecto, en torno a la absolutoria a favor de Nombre01 por el delito de prevaricato al dictar la resolución 217-2008 MINAE, se alega la errónea valoración de la prueba y la falta de fundamentación. Transcribe los hechos querellados 23, 24, 31 y 35 a 41 y señala que fue errónea la decisión del Tribunal de Juicio de considerar que, a su vez, la decisión adoptada por Nombre01, de convertir un acto que ya no existía, era ilegal pero atípica, porque no fue producto de una resolución contraria a la ley ni basada en un hecho falso. Estima que esa conclusión deriva de una fundamentación contradictoria y de una indebida valoración de la prueba porque la figura usada, de la conversión, no podía usarse ante un acto jurídico previamente anulado (en 2004) por la Sala Constitucional. Señala que la convalidación, el saneamiento y la conversión son mecanismos ideados para que la Administración Pública pueda conservar actos administrativos que padezcan algún vicio "...de nulidad relativa absoluta" (sic, pág. 53 de su recurso), pero estos deben cumplir con ciertos requisitos, como estar vigentes en el ordenamiento jurídico, lo que no sucedía con la resolución R-578-2001-MINAE ya que si bien, desde el año 2001 el Poder Ejecutivo había otorgado a favor de Industrias Infinito la concesión de explotación minera, tal acto fue anulado por el voto firme de la Sala Constitucional.
Además, para esa fecha, ya estaba vigente el decreto 30477-MINAE del 05 de junio de 2002, que ordenaba la moratoria nacional indefinida para esa actividad. Indica que, con esa conversión de una concesión ya anulada, el encartado Nombre01 transgredió los numerales 3 y 83 del Código de Minería, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Ambiente y 187 a 189 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales transcribe, enfatizando en el artículo 188.2 de esta última normativa (así como en las explicaciones dadas a estas disposiciones por el autor nacional Nombre19 , quien señala que la conversión no puede aplicarse a la omisión de dictámenes ni a casos de omisiones que generen la nulidad absoluta y el 189 que estatuye que el acto inválido, ya sea con nulidad relativa o absoluta, puede convertirse en otro, siempre que el primero presente todos los requisitos formales y materiales que requeriría el acto al que se convierte.
Por ejemplo, siguiendo lo transcrito de Nombre19 , un nombramiento en propiedad, sin concurso, es nulo, pero se convierte en un nombramiento interino que no requiere aquel requisito). Refiere que eso no sucedía con la concesión minera 578-2001 porque esta decisión había sido anulada por la Sala Constitucional, ya que no cumplía el requisito del estudio de impacto ambiental, por lo que dicha decisión había dejado de existir y no puede convertirse algo inexistente. Además, la resolución 217-2008-MINAE, en la que se ordena la conversión de la resolución 578-2001-MINAE, no tuvo un requisito, que era el estudio de impacto ambiental, por lo que no estaban presentes todos los elementos formales y materiales del primer acto, como lo exige la normativa citada. Señala que hay que diferenciar un acto inválido, absoluta o relativamente nulo y un acto jurídico anulado por resolución judicial, porque en este caso dejó de tener vigencia y la Administración no puede convertirlo.
Por ello fue que el Tribunal Contencioso-Administrativo, en el considerando XIV de la sentencia 4399-2010, señaló que se "...desnaturalizó la figura de la conversión y se utilizó como un mecanismo fraudulento para obviar la aplicación del decreto de moratoria", además de que el proyecto al cual se le otorgó la concesión, no contó con un nuevo estudio de impacto ambiental producto de la modificación efectuada por la empresa y no se hizo la audiencia pública, todo lo cual debió analizarse en forma conjunta, sin que se efectuara. Alude a que el viceministro Jorge Rodríguez declaró que recibió instrucciones de Nombre01 de que tenía que echar a andar el proyecto Minero Crucitas, sin que eso pueda considerarse un acto aislado, sino que debió analizarse en conjunto y, al no hacerse, se afectó la motivación. Expone la siguiente secuencia cronológica como indicios no valorados: (i) diciembre de 2001, el Poder Ejecutivo emitió la resolución R-578-2001-MINAE otorga la concesión minera a Industrias Infinito sujeta a la aprobación del EIA por parte de SETENA; (ii) 17 de diciembre de 2001, Nombre13 plantea recurso de reposición contra la resolución que otorga la concesión minera, impugnación que queda pendiente de decisión; (iii) 5 de junio de 2002 se emite el decreto ejecutivo 30477 que declara la moratoria de la actividad minera de oro a cielo abierto en todo el territorio nacional; (iv) el 26 de noviembre de 2004, la Sala Constitucional, mediante voto número 13414-2004, anuló la resolución 578-2001 porque la concesión minera se atribuyó sin que se presentara el estudio de impacto ambiental por Parte de la empresa Industrias Infinito, con lo que la empresa perdía cualquier derecho adquirido derivado de la concesión otorgada en 2001; (v) el 10 de octubre de 2005, Industrias Infinito solicita el restablecimiento de la concesión minera al Ministro de Ambiente que, entonces, era Nombre20 ; (vi) el 30 de mayo de 2007, Industrias Infinito presentó al Registro Nacional Minero de la Dirección de Geología y Minas del MINAE, solicitud de convalidación de la resolución R-578-2001 MINAE, anulada por la Sala Constitucional; (vii) Dos años y ocho meses después de que la concesión minera había sido anulada por la Sala Constitucional, y estando vigente el decreto de moratoria, el 21 de noviembre de 2007, Nombre01, como Ministro del Ambiente, interpuso, ante la Sala Constitucional, una solicitud de adición y aclaración del voto número 13414 (que anulaba la concesión minera dada por resolución 578-2001-MINAE), la que fue declarada extemporánea por resolución 2008-878 y agregó que antes se había resuelto una gestión similar por la empresa, pero que la decisión de si ya se había subsanado el vicio por tener el estudio, debía resolverse en las vías administrativa y judicial, pues “.. .el cumplimiento posterior de los requisitos cuya omisión llevaron a declarar con lugar el recurso de amparo (...) no tiene efecto invalidante de la sentencia"; (viii) La Directora del Registro Minero, [Nombre05 006], se enteró de la omisión de no haberse resuelto el recurso de Nombre13, lo que representaba un obstáculo administrativo, por lo que lo remite al despacho de Nombre01 para que lo resolviera; (ix) el 31 de octubre de 2007, mediante resolución R-613-2007-MINAE, el despacho del Ministro de Ambiente y Energía, que por delegación recayó en el oficial mayor Nombre14 , declaró con lugar el recurso de reposición, al considerar que la Sala Constitucional había anulado la resolución R-578-2001; (x) Al darse cuenta de lo anterior, Nombre01 anuló la resolución R-613-2007 y emitió la resolución R-122-2008 que declara la falta de interés actual del recurso del doctor Nombre21; (xi) Mediante resolución R-217-2008, Nombre01 ordenó la conversión del acto (aunque lo que la empresa había solicitado era la convalidación) de la concesión otorgada mediante resolución R-578-2001 MINAE, a sabiendas que esta había sido anulada ya por la Sala Constitucional por voto número 13414-2004 y administrativamente mediante la resolución R-613-2007-MINAE y que estaba vigente el decreto de moratoria minera.
El impugnante establece la diferencia entre un vicio de nulidad absoluta y una declaración de nulidad absoluta, que impide dejar sin efecto resoluciones firmes. Transcribe los numerales 166, 167, 169 y 172 de la Ley General de la Administración Pública; cita a Nombre19 respecto a esas disposiciones; agrega que el conocimiento del encartado de que actuaba ilícitamente deriva de las actuaciones previas (haber anulado el acto en que otra persona acogió la reposición gestionada por Nombre13; haber solicitado una aclaración y adición a la Sala Constitucional, etc.) y manifiesta que el tribunal sentenciador basó su conclusión absolutoria en el dicho de tres testigos, dentro de ellos, una que fue inicialmente acusada en esta causa y no es especialista en Derecho Administrativo y otra que será acusada por el delito de falso testimonio, según dijo el Ministerio Público pues [Nombre05 006] y Nombre22 eran subalternas del encartado y era evidente su intención de seguir colaborando con él, pero se dejaron de lado testimonios diáfanos como el de Nombre20 (exministro del Ambiente), del que cita extractos.
Señala que, a pesar de que la resolución de Nombre01 era prevaricadora, en última instancia lo que revivió fue la decisión R-578-2001, es decir, la que autorizaba a explotar únicamente la saprolita o la capa superficial, por lo que las modificaciones aprobadas por la Comisión Plenaria de Nombre11 no tenían, ni tienen a esta fecha, sustento legal y el encartado siempre actuó para beneficiar a la empresa y aprobar el proyecto minero, como expresamente lo acepta el Tribunal. Transcribe extractos del dicho de Nombre16 quien dijo, en síntesis, que todas las apelaciones se resolvieron en unos cuantos meses, de diciembre a febrero y todas sin lugar; de Nombre17 , de Nombre18 y del voto del Tribunal Contencioso Administrativo en que señala la imposibilidad de conversión del acto, que la nulidad decretada por el órgano constitucional era relativa y que el mecanismo de conversión usado (que implicaba emitir un acto distinto al anulado, no igual) fue fraudulento para obviar la aplicación del decreto de moratoria que estaba vigente y que era vinculante para el caso, a más de que dicha figura era contraria al principio precautorio del derecho ambiental.
Se apoya en citas de Nombre23 y pide que se revoque la absolutoria de este encartado "quien de manera grosera y evidente violentó el deber de probidad" y se le condene o, en su defecto, se anule lo resuelto. (C) Contestaciones a esos recursos: La licenciada Daniela Salas Peña, defensora pública a.i. de Nombre24, mediante escrito, se opuso al segundo motivo de la impugnación fiscal y pidió que se mantuviera lo resuelto, por estar ajustado a Derecho pero no fundamentó su posición. El licenciado Edgardo García Vargas, defensor de [Nombre05 003] , expresó su oposición escrita, sin fundamentarla, a los recursos fiscal y de la Procuraduría. En tres memoriales suscritos todos por el imputado Nombre01 y su defensor particular, dos de fecha 7 de julio (uno de 33 folios, y otro de 47 folios), y el tercero de fecha 17 de agosto (de 174 folios) se pidió rechazar las apelaciones del Ministerio Público y la Procuraduría.
En cuanto a la apelación fiscal, pidieron su rechazo, porque estiman que no hubo delito que perseguir; los hechos acusados siempre fueron atípicos, y la Fiscal continuamente ha violado el principio de objetividad, por lo que solicitan que este Tribunal le haga un llamado de atención a esa funcionaria, pues se limita a apelar por apelar. Señalan que la resolución R-217-2008- MINAE, del 21 de abril de 2008, donde se acepta la conversión de un acto administrativo y se otorga una concesión minera a la empresa Industrias Infinito S.A. se hizo al amparo del ordenamiento jurídico. Detallan cómo, desde 1991 y 1993 , se dieron actos administrativos importantes en ese tema, sin que nunca interviniera Nombre01 para entonces. Luego, en los votos de la Sala Constitucional números 1998-5315, 2002-78882, 2002-7888, 2004-13414, 2006-14421, 2007-7973, 2010-6922, y 2010-14009, se avaló todo lo actuado por la Administración, lo cual significaría que también los Magistrados de la Sala Constitucional hubieran cometido prevaricato.
Detalla que la resolución cuestionada fue preparada por la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio, con base en la recomendación de la Dirección de Geología y Minas, por lo que los actos del entonces Ministro estaban validados por las dependencias competentes y él actuó en cumplimiento de un deber legal y dentro de las facultades propias de su cargo. Piden que se revise el reverso de cada folio del decreto cuestionado para verificar que contiene los sellos y firmas de los responsables de cada departamento técnico, incluyendo la Dirección de asesoría legal. Transcriben la declaración de Nombre22 y [Nombre05 006], para concluir que el Ministro no tuvo participación, o conocimiento previo y que actuó creyendo que todo estaba a Derecho, técnica y legalmente. Agregan que la resolución del Tribunal de Juicio avaló que, conforme a la legalidad y a la discrecionalidad administrativa, esa decisión no fue contraria a la ley ni basada en hechos falsos, sino que la posibilidad de conversión del acto era una interpretación posible y razonable, si se piensa que las sentencias de la Sala Constitucional, dictadas en el expediente administrativo, si bien habían anulado la concesión, dijeron que lo hacían sin perjuicio del estudio del impacto ambiental.
Por ello, esas dependencias interpretaron que, cumplido ese estudio, se subsanaba el vicio de la concesión. Señalan que la viabilidad ambiental del proyecto había sido analizada por Nombre11 a través de la resolución 3638-2005 Nombre11 y 170-2008 Nombre11; que en el Derecho Administrativo o Procesal Penal costarricense, no están regulados los actos inexistentes y que, por eso, era viable interpretar que, con base en la resolución de la Sala Constitucional número 13414-2004, lo que se anulaba era únicamente el acto final de otorgamiento de la concesión, pero se dejaba 'vivo ' el procedimiento administrativo, con los actos que lo conformaron, a la espera de que se obtuviera la viabilidad ambiental, y eso fue lo que se hizo con la resolución de conversión 217-2008-MINAE, lo cual fue avalado por la misma Sala Constitucional en votos números 2010-6922 y 2010-14009. Explican que Nombre22 fue clara al señalar que la resolución 613-2007, suscrita por el Oficial Mayor del Ministerio, fue eliminada porque él no es el Poder Ejecutivo, ni lo reemplaza por delegación, al impedirlo la Constitución y la Ley General de Administración Pública, y por eso se emitió la resolución 122-2008, en la que el imputado solo intervino firmando el decreto , sin que hiciera nada adicional.
Señalan que e l voto número 7882-2002 de la Sala Constitucional, estableció que a la empresa Industrias Infinito no le aplicaba el decreto de moratoria minera, porque tenía derechos adquiridos, y así lo dijeron la testigo Montero y la imputada Nombre25. Mencionan que, aunque la Fiscalía tuviera razón respecto a los efectos de la anulación de la resolución de otorgamiento de la concesión R-578-2001 sobre los derechos adquiridos de Industrias Infinito (que le protegía de la moratoria decretada para la actividad minera), fue la misma Sala Constitucional la que dictó la resolución con la frase "sin perjuicio de lo que se resuelva en el estudio del impacto ambiental," y luego de la resolución administrativa 13414-2004, la Sala Constitucional emitió los votos números 2006-14421, 2007-7973, 2010-6922 y 2010-14009, en que se aprobaron todas las actuaciones de la Administración respecto de este proyecto, tal y como lo resolvió el Tribunal de Juicio y debe confirmarse.
Alegan que no se aportó prueba para acreditar el dolo y que la emisión de la resolución cuestionada está dentro del margen de lo establecido en el artículo 189 de la Ley General de la Administración Pública, sin que el Ministro participara en ninguna etapa, salvo la firma de esa decisión, según se probó. Con referencias a lo dicho por Nombre22 , señalan que la concesión minera R-578-2001-MINAE no desapareció del ordenamiento jurídico por la nulidad decretada por la Sala Constitucional, al punto que dicha Sala continuó resolviendo aspectos relacionados con ese proyecto. Apuntan que no se aportaron pruebas de que Nombre01 actuara para beneficiar a la empresa y que los impugnantes desconocen que la responsabilidad objetiva está proscrita del Derecho Penal, sin que, en este caso, se acreditara el dolo, como lo dijo el Tribunal. Piden que se declare inadmisible, por infundado, incoherente e ininteligible, el recurso fiscal en su primer alegato y, en cuanto al segundo, consideran que el Tribunal fue claro en que la redacción de las acusaciones fue desastrosa, atribuible solo a los fiscales quienes, con desidia, omitieron corregir los vicios que se apuntaron en otras etapas.
Señalan que, condenar con esa acusación, habría violado la correlación, pues nunca se indicó cuál fue la enunciación inobservada, sin que bastara la mera mención de artículos, por lo que pide mantener la sentencia absolutoria. Al pronunciarse sobre la apelación de la Procuraduría General de la República, indican que no hay prueba alguna de que Nombre01 otorgara una concesión mediante la resolución R-217-2008-MINAE pues, quien la otorga, es el Poder Ejecutivo, sin que sea posible que lo haga solo el ministro y ese es un trámite sujeto al bloque de legalidad, que fue confeccionado por el Departamento Legal del Ministerio, ya que los jerarcas no realizan ni recomiendan las conversiones de actos administrativos pues, para ello, se requieren vastos conocimientos legales y técnicos en muy diversas disciplinas, por lo que había una imposibilidad técnica, legal y material de que, en este caso, el titular de esa cartera lo hiciera.
Refieren que, además, se acató la recomendación firmada por el ingeniero Francisco Castro, según documento aportado a juicio y se siguió el trámite reglamentario, pues se cumplió con un protocolo de firmas y sellos en el anverso de cada hoja de dicha resolución, a cargo de los diferentes departamentos involucrados, quienes dieron, así, su aval técnico. Transcriben, parcialmente , el dicho de Nombre22 para señalar que, cuando se adoptó esa decisión, tenían diferentes alternativas para aplicar, como la convalidación del acto, pero como este instituto retrotraía los efectos al evento inicial se optó por la conversión, que protegía mejor los intereses de la Administración al desplegar efectos al momento de la decisión. Reiteran que, como lo indicara el Tribunal de instancia, no comete prevaricato quien emite un actuación administrativo en aplicación de una interpretación de la norma posible y razonable, aunque, al final, esta sea anulada, porque la interpretación fuera incorrecta.
Insisten en que se pretende aplicar una responsabilidad objetiva; que se tergiversó el dicho de los testigos, en particular de Jorge Rodríguez, en el sentido de que lo que Nombre01 dijo era que había que 'echar a andar ' la Minería, conforme al Plan Nacional de Desarrollo, no este proyecto en particular, como lo interpretó el Tribunal de instancia y lo hace el Procurador lo que, en su criterio, es suficiente para considerar inadmisible el alegato, por basarse en una afirmación falsa. Aluden a los diversos "actos concatenados" que menciona el procurador, indicando, en primer lugar, que lo que el ministro Nombre01 solicitó fue, no una adición, sino una aclaración y que eso forma parte del marco de sus competencias, aunque fuera extemporánea, pues hasta el otro ministro la hizo por una frase del voto constitucional pero, en todo caso, fue la Dirección Jurídica quien confeccionó el documento que firmó el ministro.
El otro elemento es la declaratoria de nulidad de un acto firmado por el Oficial Mayor pero, en la resolución que anula esa decisión, se dieron amplias razones para proceder de ese modo, desde que el funcionario no tenía competencia. Insisten en que no fue el encartado quien preparó o realizó esa documentación y que actuó en el marco de un trámite reglamentado. Recuerdan que la misma Procuraduría, en el proceso contencioso, avaló todo lo actuado por la Administración; que las sentencias de la Sala Constitucional tienen cosa juzgada y, en una de ellas, también se analizaron estos extremos. En la parte final de su memorial, establecen que no es válida la pretensión de la Procuraduría de que se haga una revisión integral, de oficio, porque no se pueden sustituir las labores de las partes recurrentes y si bien eso se posibilita, es solo sobre la base de los reclamos efectuados. Piden el rechazo de esa apelación porque estiman que el Derecho Penal no opera sobre supuestos o falsedades invocadas por las partes procesales.
Posteriormente, en folios 346 a 519 del legajo creado en esta sede, el imputado Nombre01 y su defensor reiteraron su oposición a los recursos incoados, en términos muy similares a lo expresado, lo que también hicieron en la audiencia oral celebrada por lo que, para evitar reiteraciones, se omite resumir.
IV.Las impugnaciones de los acusadores deben declararse con lugar . De la misma forma que exposiciones escritas de algunos impugnantes, de más de 500 folios, no predican sobre la profundidad de los argumentos, sino sobre su reiteración, en el caso de la sentencia impugnada, el que esta cuente con aproximadamente 258 folios, no significa que se encuentre debidamente fundamentada. El artículo 142 del Código Procesal Penal establece que no sustituye la motivación la simple descripción de los hechos, la relación de las pruebas, la transcripción de citas doctrinales o jurisprudenciales ni la mención de los requerimientos de las partes. En el presente caso, a esta Cámara le llama poderosamente la atención que, de las 73 páginas dedicadas a tratar el tema de las absolutorias, esto en el considerando III, buena parte (30 páginas) consiste en simples transcripciones de las acusaciones efectuadas (lo que tampoco era necesario pues ya constaban en los resultandos o podían resumirse en pocas líneas para los efectos expositivos pretendidos) que hacen los jueces no en una ocasión, sino en dos (para explicar la decisión en torno a los integrantes de la Comisión Plenaria y referente a Nombre01 Mora), desconociendo que la sentencia es una unidad de sentido lógico jurídico y que, por ende, basta la remisión de un lado a otro.
Otra parte importante de folios la constituye la copia de resoluciones judiciales en torno a los temas de cómo se configura, o en qué consiste , la tipicidad abstracta, el contenido del tipo penal de prevaricato, copia de actuaciones de las partes, transcripción de decisiones administrativas o el resumen (del resumen, que ya constaba en el considerando II de Sumario de Prueba) del dicho de los testigos, todo lo cual ocupa, aproximadamente otras 26 páginas. Es decir, el verdadero análisis de las razones para absolver a estas personas se reduce, en el mejor de los escenarios, a unas 17 páginas. Y se expresa esto no porque la cantidad de hojas que se dediquen a un tema sea, por sí misma, considerada importante, pues una decisión puede estar correcta y completamente motivada y ocupar pocos folios, sino, porque, en este caso, revela un comportamiento de dispersión de los temas centrales, en medio del alud de palabras usadas, que afectó, fuertemente, la complitud de la fundamentación y, por ende, genera la nulidad.
(A) En concreto, se absolvió a los integrantes de la Comisión Plenaria ([Nombre05 003], [Nombre05 004], [Nombre05 001] y [Nombre05 002]) porque se estimó que su conducta era atípica, ya que las imputaciones no transcribían los artículos legales violados ni decían la conducta atribuida o, cuando hacían lo primero, el numeral tenía diferentes supuestos de hecho (es decir, porque los marcos acusatorios eran deficientes o imprecisos, caso que, de comprobarse, pese a los defectos ulteriores de la motivación, implicaría que el asunto debe decidirse en esta sede, pues a nada conduciría el reenvío) y porque, ya en cuanto al fondo, la decisión estaba dentro del ámbito de discrecionalidad o interpretación posible, lo que aludía a tres aristas: (i) ninguna de las normas citadas en las acusaciones exigía, expresamente, que ante una modificación sustancial a un proyecto minero, debiera, obligatoriamente, hacerse un nuevo estudio de impacto ambiental y sobre eso hubo criterios encontrados de expertos, lo que hacía que la interpretación por la que se optó no fuera abiertamente delictiva, sino una posible entre varias, discrecionalidad esa que excluye el delito en comentario.
(ii) Además, porque tampoco había norma que estableciera el requisito obligatorio de la audiencia pública omitido, al estimarse que los numerales 6 y 22 de la Ley Orgánica del Ambiente no lo contienen en forma expresa y el 95 de la Ley de Biodiversidad lo tiene en forma potestiva y (iii) porque, si bien al momento de aprobarse la conversión, la viabilidad ambiental estaba caduca, esto no había sido decretado, sino que lo fue algún tiempo después en la sede contencioso-administrativa. En síntesis, se les exoneró de responsabilidad penal porque la decisión acusada como delictiva se basó en interpretaciones posibles de la ley. Esas veintidós líneas, diluidas en la cantidad de páginas a que se hizo referencia, no son suficientes para haber arribado a la decisión absolutoria a la que se llegó respecto de estas personas. En primer lugar, si bien el artículo 303 inciso b) del Código Procesal Penal exige que la acusación sea precisa y circunstanciada en la descripción del hecho atribuido, de ello no se colige que, en punto al delito de que se trata, haya un requisito adicional (no escrito) que implique que deban transcribirse artículos legales.
Afirmarlo así sería crear requerimientos y sanciones por vía interpretativa, en detrimento de los derechos de las partes y en franca violación al principio de legalidad procesal, que implica interpretar restrictivamente todo aquello que coarte el ejercicio de un poder o un derecho conferido a las partes del proceso (artículo 2 del código citado). Es evidente que las imputaciones deben indicar, entratándose de este delito, elementos fácticos que contemplen los requisitos objetivos del tipo, o, en términos prácticos, que se diga cuál fue el acto del funcionario que violó la ley y por qué se considera violada la norma, sin que se precise transcribirla o explicar las razones de esa vulneración, pues no es para eso que están los hechos de la acusación, sino su fundamentación (artículo 303 inciso c del Código Procesal Penal). Si ello no se dice, o si la ley no contiene los presupuestos que el intérprete infiere que tiene, no habrá posibilidad de que el análisis pase a un plano ulterior.
Pero eso no es, necesariamente, lo que ocurre en el presente caso. Nótese que, respecto de estas personas, la acusación fiscal las menciona en los hechos 15 a 18 y la querella de la Procuraduría lo hace en los hechos 17, 33 y 34. En la primera de esas piezas, se indica que los acusados aprobaron las modificaciones al Proyecto Minero Crucitas, sin exigir un nuevo estudio de impacto ambiental, en detrimento de los artículos 3 del Código de Minería y 17 de la Ley Orgánica del Ambiente; sin hacer la audiencia pública prevista en los numerales 6 y 22 de la Ley Orgánica del Ambiente y pese a que la primera viabilidad ambiental estaba caduca, por haber transcurrido dos años (sin indicar el sustento legal). Es decir, esa pieza acusatoria cumple con los requisitos legales de una adecuada imputación, al margen de que la conducta sea típica o no, de lo que luego se hablará. En cuanto a la querella, la imputación fáctica es idéntica en su contenido (con las variaciones de redacción lógicas, pero que no afectan aquel) pero se agrega, en lo referente a la caducidad, la norma que contiene el plazo bianual, que es el Reglamento sobre Procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental, artículo 46.
Es decir, el primer argumento usado por los jueces no es correcto y así debe declararse, pues las acusaciones sí estaban ajustadas a Derecho. Se insiste que esto es importante explicitarlo porque, de haber sido ese el panorama, obviamente no tendría ningún sentido continuar con el análisis de los otros temas. El segundo de los argumentos, usado por el Tribunal a quo, tiene que ver tanto con que las normas citadas no contemplaban, expresamente, lo descrito en la acusación, como con que, producto de esto, la decisión se adoptó dentro del marco de discrecionalidad de los funcionarios, porque hicieron una interpretación, entre varias posibles, de la norma. Es cierto que, conforme a la norma vigente para el prevaricato y la doctrina que la informa, para que este delito se configure no basta con que se cometan errores en la interpretación o que la decisión sea revocada o anulada por otro órgano (como sucediera, en este caso, al anularse en firme por la jurisdicción contenciosa-administrativa), sino que es preciso que esos errores o interpretaciones sean burdos o absolutamente irrazonables:
“…el delito de prevaricato prevé y sanciona al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos (…) pero a la vez, la hermenéutica jurídica y los indeterminismos del lenguaje plasmados en la ley, no solo autorizan sino que obligan al juez y/o funcionario, a interpretar la ley en procura de una correcta aplicación del derecho, por lo que al entrar al análisis y estudio del delito de prevaricato, ha de tenerse presente siempre que no es el yerro sino el abuso del derecho lo que se tipifica como delito, pues desde luego errare humanum est y por ello, no podría el ordenamiento jurídico por una parte exigir del intérprete precisamente que dé sentido a la ley y por otra castigarle por haberlo hecho (…) La doctrina y la jurisprudencia son unánimes en exigir una oposición evidente, inequívoca y maliciosa entre la resolución y algún precepto claro y definido de la Constitución o de la ley, no pudiendo en ningún caso surgir el delito de la aplicación o interpretación de textos no explícitos hecha con recto propósito y con ánimo de hacer justa aplicación de ellos en caso particular en vista de la equidad y la justicia; no basta el elemento objetivo pues se requiere la malicia.
No basta el error en la calificación de los hechos y en la aplicación de las normas legales; se requiere prueba plena de infracciones dolosas o quebrantamientos intencionales de la ley.” (Nombre26 . El delito de prevaricato en el derecho penal costarricense . Revista de Ciencias Jurídicas, UCR, 2007, págs. 133. En: http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/9766/9212).
“... la doctrina y la jurisprudencia son acordes en cuanto a que todo aquello que caiga dentro de los límites de la “interpretación de la ley”, está fuera de la figura del prevaricato, excluyéndose así la posibilidad de prevaricación sobre la base de algún precepto insospechado de derecho [...], es decir, que: “cuando la ley no es clara, cuando ella permite interpretaciones –salvo el caso evidente de malicia–, el juez no prevaricaría al aplicarla” ( Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolución de las 10:30 horas del 10 de diciembre de 1948) [...] El delito de prevaricato exigiría que en la presente resolución existiera una absoluta oposición y contrariedad entre lo que se resuelve y lo que la ley declara, o bien que la resolución se fundamentara sobre hechos falsos, como serían aquellos que no existen o no aparecen constando en autos, lo cual no sucede aquí...” (Sala Tercera, V-183-F de las 11:20 horas del 24 de marzo de 1995) Empero, en este caso, el error del Tribunal consistió en seccionar los tres elementos que planteaban las acusaciones (pública y privada) y analizarlos solo como elementos de imputación cuando, además, debían considerarse tanto en ese carácter como indicios.
Nótese que la doctrina (vgr. LAJE ANAYA, Justo. Comentarios al Código Penal, Parte Especial, Volumen III. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1981, p. 167) ha calificado al prevaricato, en forma constante y terminante, como un delito de base esencialmente subjetiva, por lo que todos esos elementos descritos en la acusación no solo tenían el propósito de evidenciar el aspecto objetivo del tipo sino, también, el subjetivo. En otro giro: ninguno de los acusadores estaba invocando (al menos nunca han argumentado nada al respecto) que hubiese tres delitos de prevaricato, uno por cada una de las violaciones legales descritas en las acusaciones (falta de estudio de impacto ambiental; no convocar a audiencia pública y aprobar las modificaciones pese a haber operado la caducidad) sino que lo que se buscaba era describir un panorama que involucraba lesiones sucesivas a normas de variada jerarquía (desde reglamentarias, hasta legales y principios constitucionales) para sustentar la ilicitud general que se atribuía.
Lo que los acusadores plantearon, en síntesis, fue que los imputados actuaron al margen de la ley al hacer esa aprobación y eso se evidenciaba, indiciariamente, por esos tres aspectos. Ergo, estos pueden tener, también, valor indiciario (probatorio) y en esa medida no podían ser desarticulados, como lo hicieron los jueces. Es cierto que los artículos citados por los acusadores, en muchos de los casos, no preveían, expresamente, que se necesitara un nuevo estudio de impacto ambiental o citar a una nueva audiencia, pero tampoco puede desconocerse que el voto de la Sala Constitucional, que anuló la concesión, es decir, el número 2004-13414, en punto a la audiencia, expresamente había indicado su necesidad (y hasta había establecido la forma que debía tener: amplia, completa, veraz para las comunidades afectadas y estar antes de la aprobación del estudio del impacto ambiental) y que, posterior a ello, no hubo ninguna, lo que representaba una desobediencia al voto de la Sala Constitucional (que, sin embargo, no fue un delito acusado ni podría tener por tal al no constar que esa decisión se notificara personalmente a todos los integrantes de la referida Comisión) y una transgresión al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que tanto se busca cumplir para algunos casos y que, también para este, debería ser respetado.
Sin embargo, si el panorama fuera exclusivamente ese, habría tenido razón el Tribunal de Juicio, en tanto, en muchos de los supuestos, se estaría frente a una de entre varias interpretaciones posibles de la norma o a la necesidad de integrar estas. En donde consta el error grave en esta decisión, fue cuando los jueces, al aludir al tema de la caducidad, expresaran, en páginas 180-181 de la sentencia, lo siguiente: “Y como tercer y último hecho ilegal que se endilgó por ambas partes acusadoras, es que los sujetos activos procedieron a aprobar en forma ilícita esas modificaciones, teniendo conocimiento de que la viabilidad ambiental otorgada al proyecto en diciembre del dos mil cinco, se encontraba caduca para el momento de los hechos, como era en enero del dos mil ocho; quebrantando el artículo 46 del Reglamento sobre Procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental Decreto 31849, el cual fija un plazo de validez de la misma, por dos años.
Ese ordinal efectivamente refiere que la vigencia de la viabilidad ambiental tendrá una validez máxima de dos años de previo al inicio de la actividad, obra o proyecto, y que en caso de que transcurra el mismo sin que se hayan iniciado las actividades, el desarrollador podrá solicitar una convalidación de su vigencia ante la Nombre11 conforme al procedimiento establecido en el Manual respectivo. En relación con este último punto o hecho ilegal acusado, se debe tener presente que la caducidad, como ha establecido nuestra jurisprudencia patria (sobre el tema de la caducidad se tomaron en cuenta los votos de la Sala Primera de Casación Penal de la Corte Suprema, No. 37 de las 14:45 horas del 28 de mayo de 1997; así como el No. 709 de las 11:45 horas del 22 de octubre del 2003; y el No. 760 de las 9:20 horas del 13 de noviembre del 2003), puede ser declarada de oficio o a petición de parte, y para el momento en que los sujetos activos dictan la resolución, no había sido declarada de ninguna forma , sino que fue años después, que el órgano jurisdiccional contencioso administrativo, mediante el voto ya citado supra, procede a declararla, y tal pronunciamiento en general y sobre ese aspecto en particular, adquirió firmeza hasta varios años después, con el voto de la Sala Primera de Casación emitido en noviembre el dos mil uno (…) .
Inclusive fíjese que los numerales 66, 67 en relación con el 97, inciso h), todos del Código de Minería o Ley No. 6797, como lo refirió brevemente la defensa técnica al referirse específicamente al tema de la caducidad en los permisos de exploración, establecen todo un debido proceso (que implica el derecho de defensa para el interesado) para que se pueda llegar a declarar, que implica no solo el estudio del caso en particular por parte de la Dirección de Geología y Minas, sino hasta otorgarle un término, no mayor a tres meses, al desarrollador para el cumplimiento de sus obligaciones, caso contrario se declarará la cancelación del permiso; así como otras requisitos que fiscalizar antes de tomar tan crucial decisión. Si los sujetos activos debieron de haber cumplido aún de oficio con el proceso citado hasta eventualmente llegar a declararla y no lo hicieron, ello a lo sumo constituyó algo irregular, ilegal desde el punto de vista administrativo, como fue declarado en la sede judicial mencionada; pero, no necesariamente algo ilícito en la esfera penal, sea delictivo, por ende una conducta -en este caso una resolución- que configurara un delito.
Muy distinto probablemente hubiera sido el caso de que, a pesar de existir la declaratoria de caducidad debidamente declarada -luego del debido proceso citado líneas atrás en firme, y que ésta fuera plenamente conocida por los cuatro sujetos activos, éstos hubieran decidido continuar con el proceso y culminarlo finalmente con la aprobación, en el dos mil ocho, de las modificaciones o cambios a esa viabilidad ambiental otorgada al proyecto en cita, desde el dos mil cinco” (el destacado es suplido). Como puede verse de ese extracto (que es el que más amplia y profundamente alude a ese tópico), el Tribunal de instancia no ponderó el que, si la caducidad procede de oficio por imperativo legal, y en este caso aparentemente (pues tampoco se hizo un análisis exhaustivo al respecto), había transcurrido el plazo para decretar esa sanción, las personas encartadas, pertenecientes a la Comisión Plenaria, de previo a resolver el fondo de la gestión aprobando las modificaciones al Proyecto Minero Crucitas, estaban obligadas (pues esa sanción no es potestativa, sino imperativa en función del principio de autotutela establecido en el numeral 146 de la Ley General de la Administración Pública) a decretar esa caducidad y, al no hacerlo, habrían inobservado la disposición legal que así lo obliga (artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública) siempre que hubieran actuado dolosamente (lo que, adicionalmente, implicaba un profundo y minucioso análisis indiciario).
Por supuesto que para la declaratoria de caducidad debía seguirse un proceso, como lo asumió el a quo a petición de la defensa, pero lo que se le atribuyó a los encartados era no haberlo iniciado, de oficio, hasta decretar la caducidad y, en su lugar, aprobar las modificaciones al Proyecto Minero Crucitas. Sobre este tema la sentencia no se pronunció y confundió los alcances del instituto de la caducidad desde que, en virtud de su naturaleza, no se requería que esta estuviera decretada en firme, sino solo que el plazo legal hubiera transcurrido, lo que obligaba a todo funcionario público a vigilar la aplicación de esa normativa. Es cierto que, en las acusaciones, no se precisó una norma legal, sino una reglamentaria (artículo 46 del Reglamento sobre Procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental, decreto N° 31849) y que el tipo penal lo que precisa es que se transgreda la ley, pero tampoco puede desconocerse que esta última normativa, solo estipula el plazo y es la ley la que establece la obligatoriedad de decretar de oficio la caducidad, cuando se produzca (artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública citado).
Por otro lado, la precisión de la acusación no requiere esa cita textual o siquiera mención de la norma violada sino, únicamente, para garantizar el derecho de defensa y la correlación, que se indique la conducta que se reputa como ilegal (no decretar de oficio la caducidad) lo que sí se hizo aquí. El que esa acción deba tener necesariamente, una base legal, es un aspecto argumentativo o probatorio que debe examinarse en la sentencia, pero la omisión de dicha referencia en los hechos de la acusación no afecta los requisitos de esta ni el derecho de defensa (las personas tienen bien circunscrito por qué se les acusa y pueden dirigir su estrategia a contrarrestar eso), como no cede, tampoco, cuando, en presencia de tipos penales en blanco como el de lesiones culposas (por ejemplo derivado de normas de tránsito) se exige, solo, que se describa en qué consistió el deber de cuidado que se reputa infringido, sin que sea necesario mencionar la disposición que lo contiene, que ciertamente debe existir y argumentarse al respecto, pero no involucrar eso en la descripción concisa de la pieza fiscal.
Sentada esta premisa, los restantes elementos (a los que el Tribunal dedicó sus energías para justificar que no eran, por sí mismos, como típicos) perdían relevancia y solo debían analizarse, en contexto y no aisladamente, como indicios para determinar si esa omisión de decretar, de oficio, la caducidad y aprobar el acto, podía considerarse dolosa, como lo precisa el elemento subjetivo de este tipo penal. Es decir, era obligación del Tribunal de instancia, ponderar los elementos indiciarios mencionados en la acusación y extraídos de otros elementos de prueba, para determinar si la actuación de los encartados, de omitir esa declaratoria de caducidad y, en su lugar, aprobar modificaciones sustanciales al proyecto, era una conducta simplemente culposa o era dolosa. Para ello era necesario que se ponderara, por ejemplo, sin carácter exhaustivo y solo para evidenciar las carencias fundamentativas: (i) si, efectivamente, quedaron pendientes trámites por cumplir en la tramitación del Proyecto inicial.
Así lo narró la imputada [Nombre05 006], en su declaración en juicio, pues aludió a que estaba pendiente el estudio de suelos o INTA. Por su parte, el voto número 2004-13414 de la Sala Constitucional describe, al resumir la contestación de la entonces Ministra del ramo y en los hechos probados k y m, que según el oficio de recomendación de otorgamiento y la resolución número 578-MINAE del 17 de diciembre de 2001, la concesión fue condicionada, tanto a la aprobación del estudio de impacto ambiental —que ese voto dispuso necesario tener de previo— como a la aprobación del Departamento de Suelos y Evaluación de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería —que no se pudo efectuar por requerirse el estudio de impacto ambiental—. Por otro lado, ese mismo pronunciamiento constitucional estableció que en el trámite debía seguirse el principio precautorio y de publicidad, para lo cual, en el último supuesto se dijo: “…lleva razón el recurrente al acusar que no se ha dado la consulta a las comunidades que pudieran resultar afectadas por el otorgamiento de la concesión de explotación cuestionada.
Es claro que la audiencia que se echa de menos, debe en todo caso darse de previo a la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de ese Ministerio del Ambiente y Energía. Para tal efecto la administración debe informar en forma amplia, completa y veraz a las comunidades que se verán afectadas por la exploración y explotación minera en la zona de su actividad” y esto lo reiteró cuando, unos años después, el representante de la empresa le pidió aclarar esa decisión y en el voto 2006-14421 se dijo: “…resulta completamente contraria a los principios que informan el derecho ambiental, en particular, al in dubio pro natura y al principio precautorio, así como al interés público ambiental, la interpretación del gestionante de que está excluida la obligación del estudio de impacto ambiental previo al otorgamiento de la concesión de explotación minera. Asimismo, debe realizarse la audiencia pública correspondiente en los términos señalados en la sentencia que aquí se cuestiona” y, por ello, debía analizarse si se actuó en consecuencia; (ii) si en la tramitación del proyecto se habían presentado alegatos o gestiones que alertaran a los funcionarios de la Comisión Plenaria sobre la necesidad de estudios adicionales a los que se tenían, o sobre la vulneración de las normas invocadas (si habían gestiones de nulidad; si otros expertos de anteriores administraciones habían rechazado el proyecto y los argumentos emitidos; si hubo alertas de profesores universitarios o de Organizaciones No Gubernamentales apersonadas al expediente, los alegatos de las partes sobre estos extremos, etc. aspectos mencionados por los testigos Nombre17 y Nombre27); (iii) si se insertaron datos falsos en los documentos (se ha mencionado, por ejemplo, por parte del testigo Nombre16 , una inspección efectuada antes de la presentación de la ampliación del Proyecto, es decir, hecha antes de requerirse; la referencia a que intervino en la sesión, una profesional, la geóloga Nombre28, que en los juicios contencioso y penal dijo no haber participado en las reuniones); (iv) la forma en que se votó la decisión (se solía hacer, según narró Nombre17 , quien fuera secretario general de la Nombre11 antes, por consenso y estando todos los representantes de los diferentes sectores presentes, por respeto a la especialidad de cada cual y, en este caso, se hizo en ausencia, por vacaciones, de dos de ellos, que tenían o una especialidad determinante para el tipo de proyecto en consideración —geología— o que representaba a instituciones ajenas al gobierno como el ICE y el CONARE: ver declaración de Nombre29 ); (v) el tiempo que duró la gestión (proyectos pequeños duraban hasta seis meses y este se resolvió en dos meses que incluía el tiempo de descanso de fin de año: declaración de Nombre18 ); (vi) el contexto socio-histórico o político en que se desarrollaron las gestiones de la Administración (inmediatamente aprobado, en referéndum, el TLC con EUA ampliamente apoyado por el gobierno que se mostró triunfalista con el resultado: ver declaración de Nombre16 ); (vii) el que se confeccionó un cuadro resumen con los aspectos positivos del proyecto pero omitiendo los negativos y sobre estos poco o nada se decía (declaración de Nombre29 y Nombre17); (viii) la rapidez que se imprimía al trámite coincidía con el deseo presidencial de anunciar, ante la llegada de inversionistas canadienses, que el proyecto estaba aprobado, lo que denota la presión desde los más altos mandos; (ix) indicio de que se cambian actos, aún delegados, que estorbaban el criterio final (así la anulación del acto firmado por Nombre14 —en que acogía una gestión pendiente de resolver presentada por el ya exdiputado Nombre21 — y la sustitución de este por una resolución, en sentido inverso pues declaraba carente de interés, aunque con la misma motivación, según indicara Nombre22.
Cabe indicar que ambos criterios fueron confeccionados en la oficina de esta, pues Nombre14 se limitó a rubricar el acto y, según esa declarante, todo tenía que tener su visto bueno, por la directriz implementada por Nombre01 , de modo que, si de una misma oficina sale un mismo acto, pero resuelto diferente, eso revela una orden superior para rectificar, ya no la forma, sino el sentido o el criterio expuesto originalmente y avalado en ambos casos por la misma jefatura de esa oficina. Este elemento aporta otros adicionales en torno a la credibilidad de Montero y a la verosimilitud del dicho del exministro de que se limitaba a firmar lo que le pasaban con el aval de la jefatura de su área legal); (x) el que se modificaba la integración de los órganos llamados a resolver que, antes, habían presentado alguna oposición o bien que las personas cambiaran de criterio luego de un ascenso, como el caso de [Nombre05 005] (ver declaración de Nombre18 y Nombre27).
Así las cosas, si el Tribunal hubiera analizado esos indicios extraídos de la prueba testimonial y documental, frente al hecho acusado de que las modificaciones al proyecto se aprobaron violando la ley, por no declarar la caducidad que, oficiosamente, correspondía y, en su lugar, aprobar el proyecto en medio de tantas llamadas a la prudencia o de alerta, probablemente habría llegado a una decisión diversa, sobre la que esta Cámara no prejuzga, sino solo deja ver las amplias falencias y simplicidad del “análisis” efectuado por el a quo que conduce, inexorablemente, a aceptar los recursos. Aunque, para ambas impugnaciones, no se han aceptado todos los argumentos esbozados por los recurrentes ni, en el caso del recurso del querellante, se avala su pretensión de que sea en esta sede en que se adopte la decisión de fondo, los recursos deben acogerse en tanto la pretensión básica es la insubsistencia de las absolutorias.
Cabe aclarar que si bien, en principio, no hay ninguna norma legal que impida que esta Cámara, luego del análisis de la prueba, sustituya la decisión por otra, haciendo una nueva valoración del material, ex novo pero a partir de la prueba ya evacuada. Empero, si así se hiciera, ello podría implicar conculcar los derechos de quienes, eventualmente, salgan perjudicados por esa decisión, desde que lo resuelto aquí solo podría ser atacado por la vía de la casación y es sabido que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha tenido una posición muy restrictiva, al margen de las normas vigentes, sobre la admisibilidad de ese medio de impugnación, que califica de “extraordinario”, de modo que ello conculcaría el derecho al recurso establecido en la Convención y violaría lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Nombre10 contra nuestro país. Por ende, los efectos de acoger los recursos son los de anular lo resuelto respecto a estos encartados, ordenando el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia para que se resuelva conforme a Derecho corresponda, sin que esta Cámara prejuzgue sobre el contenido de la decisión final pero sí sobre la necesidad de que se aborden todos los temas expuestos.
(B) Por su parte, a las personas acusadas de cómplices ([Nombre05 006] y [Nombre05 005]) se les absolvió porque la primera emitió un “simple visto bueno de una recomendación” y, la otra , un oficio, sin que estos sean una decisión administrativa, por lo que no se cumple con los requisitos del tipo objetivo. Adicionalmente, los jueces consideraron, en cuanto a [Nombre05 005], que el oficio que ella suscribió, dirigido a otro funcionario y que fue usado por el Ministro para emitir el Decreto de Conveniencia Nacional, indicando que el análisis de costo-beneficio estaba cumplido, fue usado en forma ilegítima y que era al Ejecutivo, a quien le competía buscar el instrumento apropiado para certificar eso. También esta resolución peca, por parca, de indebidamente fundamentada. En primer término, lo que debe analizarse es si cabe (pues si la respuesta fuera negativa pierde sentido hacer análisis ulteriores), en la figura del prevaricato (que es un delito especial propio y formal, pues se consuma con la firma de la decisión) la participación en sentido estricto (entendida como complicidad e instigación).
Al respecto se ha dicho: “…el delito admite en los órganos colegiados, la co-autoría mas no la participación –complicidad y/o instigación– en sentido estricto, toda vez que al ser un delito de consumación instantánea y además de los denominados delitos especiales propios, únicamente el funcionario –juez o funcionario público– que concurra funcionalmente al dictado de la resolución contraria a derecho o fundada en hechos falsos y en el momento mismo de rubricar dicha resolución, puede cometer el delito como tal…” (Nombre26 . El delito de prevaricato en el derecho penal costarricense . Revista de Ciencias Jurídicas, UCR, 2007, págs. 133. Versión digital en: http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/9766/9212). No obstante, esta Cámara no concuerda con la posición de dicho autor. Los delitos especiales propios, que son aquellos que establecen especiales elementos de autoría, solo pueden ser cometidos, en condición de autor, por quienes tengan la condición descrita en el tipo penal (juez, funcionario administrativo).
El principio de legalidad y la especialidad de la descripción objetiva del tipo impiden que se apliquen, respecto de estos, las reglas generales de coautoría (según las cuales solo se tiene en cuenta la distribución de funciones y el plan previo para imputarle a un sujeto el acto de otro) pues si uno de los sujetos (extraneus) no tiene la condición requerida por el tipo penal (funcionario público, juez) no podría responder como AUTOR (cfr. entre otros Nombre30 . Autor y cómplice en derecho penal. Editorial B de F, Montevideo, Buenos Aires, 2006, p. 224; Nombre31 . “ El ocaso del dominio del hecho: una contribución a la normativización de los conceptos jurídicos”. En: AAVV. Conferencias sobre temas penales . Rubinzal-Culzoni editores, Buenos Aires, pp. 87- 120; Nombre32, Nombre33. Autoría y dominio del hecho en derecho penal . Traducción de la sexta edición alemana por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano.
Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 386 ss., 482 ss.; Nombre34, Nombre03; Nombre35 y Nombre36. Derecho penal, parte general. Tomo 2. Traducido por Nombre37 , Nombre04, Buenos Aires, 1995, pp. 394-395; Nombre38. Derecho penal fundamental, volumen II. Editorial Temis, Colombia, 1998, p. 418). Eso así en 'buena ' dogmática y aplicando el principio de legalidad, aunque nuestros tribunales han resuelto otra cosa: ver votos números 565-F-1994 y 232-2008 (entre otros) de la Sala Tercera y 6859-98, 4373-2000, 1053-2001 y 957-2005 (entre otros) de la Sala Constitucional. Sin embargo, de nuestra legislación (artículo 47 del Código Penal) no se deriva que no quepa la participación en sentido estricto en este tipo de delitos. Tampoco la rechazan la doctrina extranjera, la nacional (a excepción del autor referido) ni nuestra jurisprudencia. Antes bien, esas son las figuras con la que habría que tratar los casos del “coautor extraneus” que no tiene las condiciones del autor en los delitos especiales propios, pues a ello obliga el numeral 49 del Código Penal, que prevé la figura de la comunicabilidad de las circunstancias (en igual sentido: Nombre39.
El delito de peculado. Editorial Juritexto, San José, 1ª edición, 2000, pp. 98-111; Nombre39. Autoría y participación en el derecho penal . Editorial Jurídica Continental, San José, 1ª edición, 2006, pp. 109-117; Nombre39. La participación criminal en el derecho penal costarricense . Editorial Juritexto, San José, 1ª edición, 1993, pp. 60-68 y Nombre39. La autoría mediata . Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Litografía e imprenta Lil S.A., San José, 1987, pp. 22-27). Dicho lo anterior puede continuarse con el escrutinio de lo resuelto sobre este tema, para agregar que el vicio más grosero que se observa es que el Tribunal de instancia, al analizar el tema de la tipicidad objetiva en la complicidad, perdió, por completo, de vista, que este es un dispositivo amplificador que se llena con cualquier “ayuda o colaboración” y, entonces, el requisito de que se emita una “decisión administrativa” debe verse en torno a la conducta del autor, no respecto del cómplice o sujeto a quien se acusa de haber ayudado a aquel (para quien basta que efectúe cualquier ayuda o colaboración tendiente a que el autor realice esa conducta), porque si así no fuera y se requiriera que ambos emitan resoluciones ilegales, ambos serían autores y perdería todo sentido la figura de la complicidad o esta adquiriría características diferenciadas para este delito respecto a los restantes, lo cual no está previsto.
En otras palabras, lo que debía valorarse si era una “decisión administrativa” , era el acto cometido por el autor a quien se indica que ayudó esta persona y no el efectuado por el cómplice, pues, para este, bastaba determinar si desplegó alguna ayuda con aquel fin. (b.1) Así las cosas, para el acto en que se le atribuye la colaboración de [Nombre05 006], el autor era Nombre01, al emitir él el Decreto de Conveniencia Nacional. Era este acto final el que debía considerarse para los efectos del tipo penal y es claro que era una decisión administrativa al punto que los jueces, contradictoriamente si se quiere (y sin perjuicio de lo que luego se indicará), condenaron al sujeto acusado como autor, Nombre01, por ello. La colaboración que preste el cómplice no tiene que darse efectuando otra decisión administrativa (pues, en tal caso, podría ser autor de un delito autónomo de la misma naturaleza) sino que la complicidad, es, por definición, cualquier colaboración.
Ergo, los jueces debían ver, desde el punto de vista del tipo objetivo de la complicidad, si hubo una colaboración efectiva de [Nombre05 006] hacia Nombre01 y, desde el punto de vista subjetivo, si respecto de ella se configuraba el doble dolo (es decir, el dolo de saber y querer desplegar al acto concreto, en este caso la emisión del aval a la recomendación elaborada por el Director de Geología y Minas mediante memorándum DGM-RNM 284-2008, para la conversión —de oficio— de la concesión minera y el dolo de que eso era para que el autor efectuara un acto ilícito de prevaricato). El a quo fundamentó, erróneamente, los alcances del tipo objetivo de esta complicidad y, por ello, omitió hacer el análisis subjetivo. Ese grave yerro impide a esta Cámara mantener lo resuelto y, por ello, debe acogerse el recurso fiscal (único que se incoó respecto de ella) y anularse la sentencia en este aspecto (sin que, por las razones atrás apuntadas para otros sujetos, pueda modificarse, desde esta sede, lo decidido, a fin de garantizar a todas las partes el derecho a recurrir lo decidido) y ordenarse el reenvío, oportunidad en la que deberán ponderarse los argumentos de [Nombre05 006] para descartar, o no, la comisión culposa (atípica) o el error de tipo o prohibición alegado, a más del peso que puede tener el que lo que ella efectuó fue un aval a una gestión efectuada por otra persona (que no consta que fuera acusada).
(b.2) Es similar lo que sucede con el acto que se le reprocha a [Nombre05 005], pues este era para facilitar la decisión final de los autores, tendiente a aprobar la conversión. Como se dijo, el Tribunal, erróneamente, estimó que su conducta era atípica porque ella no emitió ninguna resolución, pero no se requería que lo hiciera, ya que e se requisito de la emisión de la decisión administrativa era para los autores y para ella solo debía demostrarse que efectuó una ayuda dolosa para que el autor lograra dicho propósito. Ergo, el fundamento usado por los jueces fue erróneo y si a ello se suma que la prueba sí arroja, prima facie , algunos elementos que permiten determinar que sí pudo actuar dolosamente, se colige la necesidad de la anulación ordenada. Aunque esta Cámara no prejuzga sobre lo que deba resolverse, que compete al Tribunal a quo, sí lo hace respecto a la necesidad de que la motivación sea completa, lo que implica la ponderación de los elementos indiciarios extraídos de la prueba.
A este respecto, sin que sean exhaustivos, se han mencionado elementos que eran relevantes que se ponderaran, como que (i) esta encartada cambia su tesis inicial, de oposición al proyecto, para pasar a ser su defensora, una vez ascendida a Secretaria General de Nombre11 (ver declaración de Nombre27); (ii) sin que fuera de su competencia, emite la nota que se le pide, haciendo interpretaciones que no le fueron solicitadas, pero sin responder estrictamente lo pedido (ver documento base de la imputación); (iii) sin que fuera usual , ni lo requiriera, pide el expediente administrativo del caso cuando este estaba en otra dependencia (así, declaración de Nombre40 ); (iv) en su condición de Secretaria de Nombre11 estaba al tanto del resto del procedimiento (y de los indicios supra mencionados). Así las cosas, procede acoger el recurso fiscal (que fue el único que impugnó esta decisión) y anular la sentencia en lo que a ella compete, ordenando el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia.
(C) En cuanto a la absolutoria de Nombre01 por la resolución R-217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008 en que se aprueba la conversión de la concesión minera de Crucitas, la decisión se basó, tanto en un aspecto formal (porque la acusación no transcribió los artículos o su contenido en la acusación), como en uno sustancial, en la medida en que, cuando hubo cita, los artículos no tenían una prohibición expresa, por lo que ese acto se estimó como una posible interpretación de la norma. Los jueces indicaron que esto se decidía así, porque los mismos testigos diferían en sus posiciones al respecto. En cuanto al primer tema, debe remitirse a lo dispuesto atrás (punto A de este mismos considerando), en tanto ese no es un requisito legal y, en el caso de estas acusaciones, sí se estipuló, con claridad, en los hechos 22 a 27 de la acusación fiscal y 40-41 de la querella, cuál fue la actuación que se le atribuía (en síntesis, sin necesidad de hacer extensas transcripciones, que, al haber anulado la Sala Constitucional la concesión, se perdió cualquier derecho adquirido y el uso de la conversión, de oficio y en contravención a las normas legales que la regulan como el numeral 189 de la Ley General de la Administración Pública, pretendía evadir el decreto de moratoria nacional).
Por ende, aquella no era una razón válida para la absolutoria. En cuanto a los otros argumentos, el yerro de la decisión impugnada consiste en que no son los testigos quienes deben determinar si la interpretación es posible o no, sino el Tribunal, que es quien conoce el Derecho. Los jueces citaron el voto del Tribunal Contencioso-Administrativo que, a su vez, dio tres razones para considerar que ese acto fue ilegal. Al respecto se dijo: “…lo que el voto No. 4399-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta indicó, toda vez que fue base para las dos piezas de las dos partes acusadoras, pues decidió de oficio ordenar que se comunicara de inmediato al Ministerio Público lo resuelto, con el fin de que se investigara si existe o no alguna responsabilidad de índole penal. En lo que interesa, en relación con la resolución No. R-217-2008-MINAE, el fallo cita literalmente en su apartado o capítulo XIV, titulado “SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA CONVERSIÓN DEL ACTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN.”, que: “…el Tribunal encuentra que existen tres criterios por los cuales no era procedente jurídicamente aplicar el instituto de la conversión del acto administrativo, en relación con la concesión de explotación que había sido anulada por la Sala Constitucional en el año 2004” En primer lugar, y la conversión son mecanismos ideados para que la Administración pueda conservar actos administrativos que si bien padecen de algún vicio de nulidad relativa o absoluta, aún se encuentran vigentes en el ordenamiento.
No obstante, ésta no era la situación de la resolución No. R-578-2001-MINAE, “porque este acto administrativo había sido anulado por la Sala Constitucional a través de una resolución firme y definitiva, y consecuentemente a partir de ese momento el acto fue eliminado del ordenamiento jurídico; en otras palabras, ya no se encontraba vigente,” no era viable aplicar la conversión a un acto administrativo que había sido anulado por una resolución de un Tribunal de la República, independientemente que en el Por Tanto de su resolución la Sala haya insertado la frase: “todo sin perjuicio de lo que determine el estudio de impacto ambiental” pues de ella no se desprende un permiso expreso para que la Administración aplicara la conversión del acto en un momento posterior,... la conversión utilizada por la Administración para revivir el acto de concesión, constituyó un mecanismo fraudulento par obviar la aplicación del decreto de moratoria, pues para el momento del dictado de la resolución No. R-217-2008-MINAE (abril del año 2008), dicho Decreto se encontraba vigente y era vinculante para el caso concreto.
Como segundo criterio para estimar improcedente la conversión del acto, encontramos que la implementación de esa figura jurídica resultaba contraria al principio precautorio en materia ambiental , por las siguientes razones “Por último, y a mayor abundamiento, el Tribunal encuentra que desde el punto de vista de su naturaleza, resultaba improcedente aplicar el instituto de la conversión en este caso. Es esencial recordar que dicha figura supone la emisión de un acto distinto al acto absolutamente nulo (cosa que no sucede en este caso), y su finalidad no tiene por objeto subsanar la invalidez del acto, sino atemperar sus efectos” Así las cosas, por todas estas razones, de conformidad con los artículos 158 y 166 de la Ley General de Administración Pública, por ser disconforme con el ordenamiento jurídico, la resolución No. R-217-2008-MINAE, se encuentra viciada de nulidad absoluta y así se declara.” Para el Tribunal de instancia, los tres temas planteados por los jueces contenciosos (si el acto fue eliminado o no del ordenamiento jurídico por el voto de la Sala Constitucional, si se violaba el principio precautorio y si cabía, o no, la conversión) eran discutibles, al punto que diferentes profesionales o expertos que comparecieron, a uno u otro juicio, tuvieron posiciones divididas.
Empero, aunque eso puede ser así respecto a los dos primeros motivos (más el primero que el segundo, en tanto aquel tema estaba signado por la frase ambigüa de la Sala Constitucional, mencionada solo en la parte dispositiva del voto número 2004-13414, que indicó “…se anula la resolución R-578-2001 MINAE, de las nueve horas del diecisiete de diciembre de dos mil uno, el Nombre41 Nombre05 y la Ministra del Ambiente y Energía, que otorga la concesión de explotación minera a Industrias Infinito Sociedad Anónima, todo sin perjuicio de lo que determine el estudio de impacto ambiental.” Y se dice que no tanto respecto al argumento del principio precautorio pues en dicho pronunciamiento, claramente se estipuló la obligación de considerar ese principio derivado de la misma Carta Magna), no ocurre lo mismo respecto a la naturaleza de la conversión. Este instituto está previsto en el numeral 189.1 de la Ley General de la Administración Pública que dispone: “El acto inválido, absoluta o relativamente nulo, podrá ser convertido en otro válido distinto por declaración expresa de la Administración a condición de que el primero presente todos los requisitos formales y materiales del último” es decir sirve, explicado en términos sencillos, para que un acto absolutamente nulo (por ejemplo, pues también cabe respecto a vicios relativos) no pierda del todo sus efectos sino que, sin poder surtir aquellos por los que fue anulado, se convierta en otro acto (de diferente naturaleza) eficaz.
Convertir es cambiar y no puede convertirse una cosa en sí misma, es decir, para convertir hay que modificar. La conversión del acto administrativo opera cuando el acto nulo no surte sus efectos como ese acto, pero sí los puede surtir como otro distinto para los que sí presenta todos los requisitos. Por ejemplo, habría cabido conversión si, habiéndose decretado la nulidad de la concesión minera, se hubiera convertido el acto en otro diferente cuyos requisitos sí estaban cumplidos (de aprovechamiento de ciertas zonas forestales para las que sí habían permisos aprobados), pero eso no fue lo que sucedió. Ese cambio de naturaleza no se dio en este caso y la violación a la ley es evidente, aunque haya quienes, producto del desconocimiento de la normativa, no lo compartan. En este sentido, uno de los principales impulsores del Derecho Administrativo costarricense y ampliamente reconocido fuera de nuestras fronteras, don Nombre19 explica, en la Ley General de Administración Pública anotada y concordada citada por la Procuraduría General Nombre05 en su libelo que: "Esto es un poco raro pero es simplemente lo siguiente, supóngase que se Nombre05 indebidamente a un funcionario en el Servicio civil sin observar los trámites que el Servicio contempla, la doctrina llama "conversión" el fenómeno consistente en que la Administración que realizó ese acto, incluso absolutamente nulo, por total prescindencia del trámite de selección pueda convertir el nombramiento de un titular absolutamente nulo, en el nombramiento de un interino, porque para un interinato no hay necesidad de hacer ni concurso ni selección, entonces siempre que el acto absolutamente nulo presente todos los elementos formales y materiales de otro que no requiere los elementos del acto que se quería realizar, se puede convertir este último en el primero, en el caso del nombramiento de un titular con el procedimiento de selección, en el nombramiento de un interino que no requiere procedimiento de selección".
Entonces, si hubo un acto nulo, decretado como tal por la Sala Constitucional por no tener la viabilidad ambiental, al margen de que el citado voto indicara “sin perjuicio del estudio de viabilidad ambiental” , se tenía una nulidad decretada que, como bien lo señala el procurador, no podía subsanarse, desde que el numeral 172 de la Ley General de la Administración Pública refiere: “El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni por saneamiento, ni por convalidación." Sobre el particular Nombre19 (Tesis de Derecho Administrativo Tomo 2, p. 574) es claro al indicar: "Hay en la LGAP una diferencia clara entre la anulación y la declaración de nulidad jurisdiccionales . Esta última, como se dijo, aporta al ordenamiento una sola innovación jurídica, que es la creación de cosa juzgadas sobre la existencia de esa nulidad como un hecho, que así se convierte en jurídicamente indiscutible y cierta para todo efecto legal y para todo sujeto y Tribunal, dado el carácter erga omnes que tiene el respectivo fallo." Aunque el citado autor escribe antes de que se instaurara en Costa Rica la jurisdicción constitucional y, por ende, no analiza los efectos de esos pronunciamientos jurisdiccionales, aplica la misma tesis por paridad de razón.
Asimismo, el numeral 187 de la Ley General de la Administración Pública estatuía: “ 1. El acto relativamente nulo por vicio y en la forma, en el contenido o en la competencia podrá ser convalidado mediante uno nuevo que contenga la mención del vicio y la de su corrección. 2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado” y el artículo 188 de esa ley agrega: “1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de una formalidad sustancial, como una autorización obligatoria, una propuesta o requerimiento de otro órgano, o una petición o demanda del administrado, éstos podrán darse después del acto, acompañados por una manifestación de conformidad con todos sus términos. 2. Lo anterior no podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los casos en que las omisiones arriba indicadas produzcan nulidad absoluta, por impedir la realización del fin del acto final ” (el destacado es suplido).
Por esta razón, no procedía la convalidación pedida por la empresa y el que, de oficio, se buscara otra figura, es, también, un indicio que se deberá ponderar oportunamente. Si a todo eso se agrega que, a ese momento, estaba vigente un decreto de moratoria minera que señalaba “Transitorio I: ".... Todos aquellos trámites relacionados con la exploración y explotación del mineral oro a cielo abierto que se encuentren pendientes ante la Dirección de Geología y Minas y ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a la fecha de publicación del presente decreto ejecutivo, serán suspendidos. Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado" y eso obligaba a cuestionarse si un derecho adquirido es una concesión aprobada y anulada, se puede concluir que la aplicación indebida de esta figura, distorsionando su naturaleza jurídica, tenía el fin de evadir un obstáculo jurídico, lo que demuestra, una vez más, un afán de favorecer a la empresa, lo que también deberá valorarse.
Desde este marco jurídico, el que el Tribunal de instancia dejara librado este asunto a la discrecionalidad del funcionario, basándose en que hubo división de criterios de los declarantes respecto a lo que debía hacerse, es tan erróneo como si, en torno a la credibilidad de los testigos, esta se anulara porque haya grupos, con igual número de deponentes, que tengan afirmaciones contrarias, pues, en tales casos, no interesa el número de declarantes sino su credibilidad o solvencia jurídica y, en este caso, dicha veracidad depende de que el testigo (y el Tribunal) comprenda la esencia del instituto, regulado en la normativa administrativa. No es la cantidad, sino la calidad de las declaraciones lo que cuenta y, en este caso, esa calidad debió estar medida por el criterio jurídico del Tribunal, sin que se hiciera ese análisis ulterior. Todo ello obliga a acoger los recursos y anular, también, esta resolución absolutoria, ordenándose el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia y sin que, por las razones ya dadas, esta Cámara pueda hacer el pronunciamiento de fondo requerido por los impugnantes. Cabe adelantar, desde ya, que en ninguno de los temas supra referidos, ha operado la cosa juzgada invocada, como se abordará, con mayor profundidad, en otro apartado de esta sentencia.
Recursos a favor de Nombre01 por la condena
V.Descripción de las apelaciones: (A) El licenciado Laureano Castro Sancho como defensor del encartado Nombre01, en un escrito de 116 folios que corre a partir de la página 5827 del expediente digital y presentado el 21 de abril de 2015, alega, como primer argumento, la violación a las sentencias constitucionales con autoridad de cosa juzgada y a la vinculatoriedad, erga omnes, de las decisiones de la Sala Constitucional. Señala que dicha Sala, mediante voto número 6922-2010 del 16 de abril de 2010 (que aporta y transcribe parcialmente) determinó, en cerca de trescientas páginas, que todo lo actuado, en cuanto a la confección y firma del decreto ejecutivo N° 34801-MINAET de conveniencia nacional, por parte del Poder Ejecutivo, había estado ajustado al ordenamiento jurídico, aspecto en el que la defensa técnica y material del encartado insistió durante todo el debate, sin éxito. Agrega que, en ese voto constitucional, se analizó, ampliamente, además de la confección y firma de ese decreto, lo relativo a los estudios costo-beneficio y que la Administración, en este asunto, coincidió en sus actuaciones con lo allí expresado.
Además, lo que la Sala resolvió es concordante con las declaraciones de la licenciada Nombre22 (Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica o del Departamento Legal del Ministerio) y del testigo de la Fiscalía ingeniero Jorge Rodríguez Quirós (viceministro del ambiente) quienes aludieron a los estudios costo beneficio que sirvieron de base para el decreto de conveniencia nacional. Indica que esa decisión es vinculante, de conformidad con los artículos 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que copia), así como en los votos números 1185-95, 15957-06, 233-95, 1934-92, 7062-95, 240-I-95, 4962-95, 12825-2014 —en que el órgano constitucional, actuando como jerarca impropio, anuló un voto del Tribunal Contencioso que era contrario a su jurisprudencia vinculante— de la Sala Constitucional, 339-2005 de la Sala Primera (que establecen la vinculatoriedad de los pronunciamientos constitucionales, inclusive en los considerandos y el valor de cosa juzgada material) y refiere que no puede ser que las mismas conductas y hechos de orden administrativo, sean considerados válidos constitucionalmente , pero ilícitos en orden a lo penal.
En este caso, argumenta, la Sala Constitucional avaló, validó y aprobó todo el procedimiento y trámite que se le dio al proyecto minero Crucitas, incluyendo el decreto de conveniencia nacional 34801-MINAET por lo que, nuevamente, formula la excepción de cosa juzgada material, principio que se estima violado con la sentencia penal impugnada. Describe las sentencias de la Sala Constitucional que se emitieron respecto al proyecto minero Nombre12 (que inició desde 1991 con la tramitación de la solicitud del permiso de exploración minera planteado ante la Dirección de Geología y Minas), a saber: N° 1998-05315 del 22 de julio de 1998, N° 2002-07882 del 20 de agosto del 2002, N° 2002-07888 del 20 de agosto del 2002, N° 2004-13414 del 23 de noviembre del 2004, N° 2006-014421 del 27 de setiembre del 2006, N° 2010-006922 del 16 de abril del 2010 y N° 2010-014009 del 24 de agosto del 2010, algunas de las cuales fueron anteriores a que Nombre01 fuera nombrado como Ministro de Ambiente y Energía el 08 de mayo de 2006.
Además, la Sala Constitucional, de previo al dictado de la resolución número 2010-006922 del 16 de abril de 2010, efectuó una visita o Inspección Judicial en el sitio de la Mina Crucitas, en San Carlos, el día 12 de setiembre del 2009 y señaló a una “vista” los días 12, 13 y 17 de noviembre del 2009, con la participación de todas las partes, quienes pudieron explicar sus pretensiones y aportar nuevo material probatorio en respaldo de sus manifestaciones. Señala que, en el caso del decreto de declaratoria de conveniencia nacional, no es posible tener por delictivas actuaciones que la misma Sala Constitucional avaló y que estimó que estaban dentro de los cánones normativos, pues el pronunciamiento no se limitó a un análisis del numeral 50 de la Carta Magna, sino que este tiene desarrollo legal que fue valorado por el ente constitucional quien “…llegó a la conclusión de que tal decreto y tal otorgamiento no violaba ninguna norma Iegal aplicable en la materia, además de que tales actos estaban fundados en sólidos criterios técnicos.
¿Cómo entonces podría considerarse en sede penal la existencia de una conducta de prevaricato por parte de los funcionarios que concurrieron a tramitar y firmar los referidos decretos?" Estima que, al haberse analizado exhaustivamente los fundamentos técnicos y legales, no era posible aludir a que la decisión de la Sala se limitó a la materia de derechos fundamentales y, entonces, no hacía cosa juzgada, como se resolvió en instancia. Esta fue la posición que, en el proceso contencioso, siguió la propia Procuraduría General de la República. Cita extractos de textos de Nombre42 . Escruta los efectos que, a la luz de la legislación, tiene un amparo, para lo que cita los numerales 11 constitucional y 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Considera que ambas acusaciones fueron torpemente efectuadas y que no es cierto lo que en estas se dice, en el sentido de que el decreto que declaró la conveniencia nacional no contó con los requisitos para su promulgación, en particular, el análisis de costo-beneficio.
Para rebatir esa afirmación, cita resultandos y considerandos (CIII, CIV, CXIII a CVI, CXIII, CXIV, CXV, XXIII) del voto constitucional, entidad que concluyó que "...el proyecto generará beneficios sociales que superan con creces los costos socio-ambientales..." (Considerando XCVIII). Estima que, entonces, la condena penal por este hecho no solo fue contraria a las normas legales y votos citados, sino a la misma prueba documental y testimonial. Transcribe otras partes de la sentencia constitucional y señala que la Sala llegó a la conclusión que se había cumplido con los requisitos legales y ambientales exigidos, incluyendo el balance costo-beneficio, para lo que, en dicha sede, se hizo un análisis de legalidad del decreto y eso hacía cosa juzgada material y su pronunciamiento resultaba vinculante. Se pregunta si "¿Puede haber una actuación dolosa (que de acuerdo con la Ley debe ser manifiestamente ilegal y burda) por parte del ex ministro y aquí imputado Nombre01, cuando el Decreto No. 34801-MINAET' que firmó fue preparado por la abogada encargada de preparar todos decretos y resoluciones de la Dirección de Asesoría Jurídica (antes Departamento Legal) del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (y quién ocupa actualmente el puesto de Directora de esa Dirección), fue verificado y aprobado previamente por el Vice Ministro de Ambiente (encargado en el Ministerio de los sectores de Ambiente y Minería, Ing. Jorge Rodríguez Quirós, y por la Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica (antes Departamento Legal) de Ministerio, Licda. Nombre22 y luego fue certificado conforme a la normativa legal y la normativa técnica (firmas y sellos del Vice Ministro de Ambiente y Minería y de la Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio), todo lo cual fue posteriormente verificado y aprobado por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución No. 6922-2010?
La respuesta es no, excepto que el Tribunal de mérito -como ocurre en la sentencia dictada- incurra y se respalde en graves y monumentales tergiversaciones que aniquilan por completo una debida fundamentación...". Indica que ningún funcionario del MINAET fue acusado o condenado por la preparación y confección del decreto. Pide que se acoja la excepción de cosa juzgada y se anule la sentencia condenatoria, absolviéndose al endilgado. Como un segundo argumento se señala la ausencia de acreditación y la falta de fundamentación del tipo subjetivo o dolo para el delito de prevaricato. Luego de citar diversas normas constitucionales y penales sobre el juzgamiento, el contenido y tipos de dolo, así como de transcribir los hechos acusados por el Ministerio Público y los número 31 y 46 de la querella, señala que ambos acusadores basaron la imputación en que la decisión fue contraria a la ley, pero el Tribunal dijo que se estaba ante un delito de prevaricato, no por emitir resoluciones contrarias a derecho, sino por fundar la decisión en hechos falsos (transcribe el hecho probado 14), aspecto no comprendido en la imputación, con lo que se varió el cuadro atribuido y se afectó el derecho de defensa.
Considera que no se probó el dolo, que es necesario para el tipo de prevaricato, para lo que transcribe parte de la sentencia de instancia (página 249) sobre el aspecto subjetivo del tipo y señala que la motivación de eso fue parca y se confundió con la tipicidad objetiva, sin explicar o demostrar ese conocimiento y voluntad, pues los jueces se limitaron a indicar que "...dentro de la esfera de la tipicidad subjetiva. Converge en su conducta con la realización del tipo objetivo, el cual redunda en la promulgación de una resolución administrativa, por un funcionario público basada en hechos o circunstancias falsas, conociendo y dirigiendo su voluntad para alcanzar esos fines ilegales" lo que sería suficiente para decretar la nulidad de la sentencia pero, señala, se busca que sea en esta sede en que se decrete la absolutoria, sin reenvío alguno, porque la conducta acusada es conforme a derecho y carece de los presupuestos materiales para que se configure el delito de prevaricato.
Narra que el Tribunal tenía un ánimo de condenar pero, al determinar que los hechos no estaban bien descritos, que había ausencia de prueba y verse obligado a absolver a todos los encartados por el primer hecho, procedió a modificar, groseramente , el cuadro fáctico y condenar al encartado, ya no solo en forma mediática, sino judicial. Denuncia que ni en el hecho acusado, ni en el acreditado, se describió o probó el dolo. Analiza los elementos objetivos del tipo penal de prevaricato, cita doctrina de Nombre43 al respecto y apunta que "...en cuanto a la culpabilidad de dicho ilícito, es un delito doloso, cuyo contenido cognoscitivo requiere, en forma necesaria y específica, saber la contradicción entre lo invocado y lo resuelto; volitivamente, el delito se concreta en querer decidir en función de esa contradicción" (sic). Menciona que la mayoría de la doctrina asume que el delito se comete con dolo directo y que no admite tentativa.
Argumenta que, en este caso, las mismas razones dadas para la absolutoria por el primer delito, eran aplicables a este porque: (i) la resolución se fundamentó en interpretaciones legales plausibles: cita los diversos tipos de estas (gramatical, histórica, teleológica, sistemática y lógica) y cómo una conclusión extraída de cualquiera de esos métodos es aceptable, pues lo contrario conduciría a indicar que, cada vez que un superior revoque una decisión del inferior, este incurriría en prevaricato, lo que estima absurdo y así ha sido reconocido por los votos número 115-2005 y número 485-2005 de la Sala Tercera, que también transcribe; (ii) no todo lo ilegal es delictivo, como el Tribunal de instancia, haciendo suyo el criterio de la defensa y con apoyo de citas jurisprudenciales, lo indicó en las páginas 153 a 157 de la sentencia recurrida (que se transcriben), pues se trata de órbitas diferentes y lo penal requiere elementos específicos; (iii) se cumplía la ley y un deber legal, pues se acataba lo dispuesto por la Sala Constitucional, con criterio vinculante, en el voto número 6922-2010 el cual, según opina, excluye la tipicidad objetiva, porque predica que todo se ajustó al ordenamiento jurídico; elimina la antijuridicidad formal porque se actuó en cumplimiento de un deber y deja entrever la inexistencia de la culpabilidad, al no cumplirse el elemento de exigibilidad de otra conducta y estarse ante un error de prohibición invencible.
Insiste, con reiteración de extractos jurisprudenciales, en el carácter de cosa juzgada material y vinculatoriedad de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, lo cual fue rechazado en forma ligera y ayuna de fundamentación, porque de esa decisión solo se valoró el aspecto temporal y no el proceso en sí. Resalta que, en el plan de gobierno de Nombre44 2006-2010, se ratificaba su interés en la explotación minera, y eso fue considerado por los electores de Nombre44 , quienes lo llevaron al poder por el sufragio. El nombramiento de Nombre01 fue un acto político y este debía cumplir lo ofrecido en el plan de gobierno a la ciudadanía y, dentro de esa esfera, estaba el dictado de decretos. Para la llegada de dicho funcionario a ese cargo, el Proyecto Nombre12 tenía más de quince años de tramitación administrativa y había sido objeto de amplios cuestionamientos legales y constitucionales que fueron resueltos, ratificándose su legalidad y ya para el momento en que Nombre01 debió asumir el cargo, el proyecto estaba listo para entrar en funcionamiento y estaban resueltas todas les gestiones pertinentes.
Por ello, estima que era obligación de Nombre01 firmar el decreto de conveniencia que había sido realizado por los Departamentos Técnicos y Jurídicos y que, además, requería el aval de la máxima autoridad estatal para su validez, ya que, sin dicha firma, no podía tener vigencia: " En resumen, la firma del Decreto era un mandato político (plan de gobierno aprobado por la ciudadanía costarricense a través del sufragio), legal (así está establecido en todas las normas ambientales correlacionadas), constitucional (por mandato le corresponde al Ministro su firma en conjunto con el Nombre41 Nombre05) y jurídico (vinculación erga omnes de la Sala Constitucional)." Afirma que, si era obligación del ministro firmar el decreto... ¿cómo podía ser eso, al mismo tiempo, delictivo? pues si él no cumplía lo dispuesto por la Sala Constitucional, podía cometer el delito de desobediencia a la autoridad y si no resolvía las gestiones administrativas pendientes podría incurrir en incumplimiento de deberes; (iv) fue una resolución gerenciada, es decir, producto de la intervención de diferentes oficinas y organismos, técnicos y jurídicos.
Concluye que no puede haber una actuación dolosa del ex ministro, si este firmó un decreto preparado por la abogada encargada de realizar todos los decretos y resoluciones de la Dirección de Asesoría Jurídica y quien ocupa actualmente el cargo; fue verificado y aprobado, previamente, por el Vice Ministro de ambiente (encargado, en el Ministerio, de los sectores de Ambiente y Minería, ingeniero Jorge Rodríguez Quirós) y por la Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica (antes Departamento Legal) del Ministerio, licenciada Nombre22 , y luego fue certificado conforme a la normativa legal y técnica (firmas y sellos del Vice Ministro de Ambiente y Minería y de la Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio), todo lo cual fue posteriormente verificado y aprobado por Ia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la resolución número 6922-2010; (v) hubo un error de derecho pues, en ese marco, el encartado no es abogado y actuó basado en el principio de confianza.
Se cuestiona lo siguiente: "... ¿cómo puede imputarse penalmente una conducta de prevaricato si el imputado confió en la actividad de sus despachos respecto a su legalidad? ¿de dónde se puede desprender su dolo? ¿de dónde la exigibilidad de otra conducta?" Sostiene que el Tribunal fue ayuno en esos aspectos y se limitó a indicar que Nombre01 actuó con dolo y (vi) una ausencia de imputación que incide en el dolo pues, para incurrir en la delincuencia, deben conocerse los elementos normativos del tipo. La misma sentencia reconoció que la acusación, en general, no fue formulada adecuadamente por el ente fiscal, lo que impidió dictar una condena por un hecho y afectó el derecho de defensa en el otro. Transcribe extractos de la absolutoria (páginas 176, 217) para afirmar que los jueces, en forma populista y altamente inquisitorial, al ver que con el otro hecho iba a suceder lo mismo, procedieron a crear su propia pieza acusatoria y probatoria y, por todo ello, pide más que la anulación... la absolutoria.
Agrega que no se demostró el dolo, que se le negó credibilidad a la jefa legal, licenciada Nombre22 , aduciéndose que entró en contradicciones pero sin explicarlas y fue ella la encargada de emitir el decreto. Reitera que Nombre01 no era abogado sino político, lo que tiene relevancia para la autoría y el dolo, pues él confió en la jefa de su Departamento Legal, persona de amplia experiencia en la materia, en el procedimiento y en el proyecto Crucitas. Señala que, al final, se condenó al encartado por una omisión dolosa, para lo que transcribe extractos de la sentencia, en particular de su página 230, para sostener que, de esta forma, también se modificó el hecho acusado, que era la contrariedad con el derecho, para tener por probado que hubo un hecho falso en que se fundamentó y que este no se dio por acción sino por omisión. Alude a que, doctrinariamente, no es posible establecer un prevaricato por omisión pero, en todo caso, tampoco consta el fundamento para ello.
Cita la página 232 de la sentencia para indicar que no es cierta la afirmación de los jueces de que no hubo un balance costo-beneficio, pues la Sala Constitucional, en el voto número 6922-2010, acápites XCIV, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, VCVIII (que transcribe) ratifican la existencia de ese balance, lo que consta en el decreto 34801-MINAET en su apartado VII. Concluye que, el decreto acusado de prevaricante, fue basado en hechos ciertos y no falsos, cuyos argumentos y procedimientos fueron avalados por la Sala Constitucional mediante jurisprudencia vinculante que hace cosa juzgada en este asunto, por lo que nunca pudo configurarse el delito de prevaricato. En razón de ello, solicita que se absuelva al encartado de toda pena y responsabilidad por este delito o, solo de modo subsidiario, se anule la sentencia y se ordene el reenvío. Como tercer apartado del recurso se alega la falta de correlación entre la acusación y la sentencia.
Cita normas, doctrina y el voto Nombre45 vs. Guatemala (sentencia de 20 de junio de 2005, párrafo 65) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los alcances de este principio en cuanto a los hechos (y no la calificación legal); resalta que los aforismos "ne procedat iudex ex officio " y "nemo iudex sine actore" poseen jerarquía constitucional y se encuentran relacionados con el derecho de defensa, garantizado en instrumentos internacionales de derechos humanos (artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.1 y .3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); destaca su valor en un sistema acusatorio y señala que una condena basada en hechos diversos a los acusados pone a los jueces en un estado cercano a prevaricar, desde que ellos conocen el derecho. Describe que, para el caso concreto, los acusadores (hecho 31 de la fiscal y 46 de la querella) se fundamentaron en que el encartado, con sus resoluciones administrativas y decretos, violentó la ley, pero el Tribunal lo condenó por uno de los hechos (y lo absolvió, por certeza, del otro, basándose en defectos de la misma acusación) porque sustentó esas decisiones en hechos falsos (transcribe el hecho probado 14) lo que, al no haber sido acusado, impedía que el Tribunal lo analizara.
Efectúa una copia de cada acusación y lo resuelto en sentencia a través de un cuadro comparativo de esos contenidos y manifiesta que, sobre lo resuelto por los jueces, el encartado nunca tuvo oportunidad de defenderse, por lo que pide la absolutoria y el archivo del expediente o, de forma subsidiaria, se anule la sentencia y se ordene el reenvío. (B) Por su parte, el encartado Nombre01, a título personal y con el patrocinio letrado de su defensor particular, en un escrito de 655 páginas, digitalizado a partir del folio 5480 del expediente virtual y presentado el 21 de abril de 2015, recurren la sentencia condenatoria a través de dieciséis apartados, algunos denominados "por el fondo" (en que, sin embargo, se insiste en la errónea determinación de los hechos, falta de valoración correcta de las pruebas o falta de motivación, temas que corresponden a cuestiones formales o procesales) y otros "de forma".
Todos tienen la particularidad de que presentan, insistentemente, los mismos temas, en ocasiones mediante amplísimas (e innecesarias) transcripciones de diversas piezas procesales o copias literales de un mismo alegato. Así, como primer argumento (págs. 2 a 41), refieren que los hechos probados de la sentencia condenatoria no constituyen el delito de prevaricato, por lo que se vulneran los artículos sustantivos que regulan esta figura, pues los marcados como 12 y 13 no contienen una imputación contra Nombre01 y aunque el 14 sí, los hechos acusados implicaban que el encartado actuaba como "Poder Ejecutivo" lo que conlleva la acción conjunta de Ministro y Presidente, pero nunca se le mencionaba solo en la condición de ministro. Por ello, aducen que el hecho N° 31 de la acusación fiscal no establece, como sí se acreditó, que Nombre01 emitiera el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, mediante el uso ilegal del oficio número SG-ASA-259-2008 confeccionado por [Nombre05 005], sin que se dijera, en la resolución, por qué se dio dicho uso ilegal ni cuál fue la norma que se infringió.
Inclusive, en ese hecho, se tiene como cómplice a otra encartada que fue absuelta por dicho acto y se usa el verbo "preparar", refiriéndose al decreto, lo cual tampoco estaba en la pieza fiscal. Agregan que en el hecho acusado N° 31 nunca se le atribuyó a Nombre01 que, en su condición de Ministro, tuviera pleno conocimiento que "...Ia emisión del decreto estaba antecedida a la realización de un estudio técnico apropiado que otorgara un balance entre los beneficios sociales y los gravámenes ecológicos que la tala rasa se derivaban" tal y como se afirmó en el hecho probado N° 14 del fallo, a más de que, en la Ley Forestal, artículo 3 inciso m, no se utiliza la terminología arriba expuesta en negrita. Resaltan que el hecho 30 acusado, alude a términos diferentes a los consignados en el hecho probado y a un dolo y participación, lo mismo que a una preparación, de la supuesta cómplice y no de este encartado, lo que impedía que el Tribunal modificara esos eventos para aludir a este endilgado.
Consideran grave, asimismo, que en la pág. 241 de la sentencia, se le atribuya a Nombre01 la ocultación de unas "pericias" que el citado numeral de la Ley Forestal no exige pero que, tampoco, fue un hecho acusado, por lo que no sería constitutivo del delito de prevaricato. Finalmente, aducen que la violación a la correlación fue de tal magnitud que no hubo una acusación tendiente a indicar que la emisión del decreto de conveniencia nacional, se basara en hechos falsos (sino que solo se mencionó que contrariaba la ley, aunque no especificaba en qué consistía cada violación), como finalmente se consideró, todo lo cual vulneró el derecho de defensa pues, durante el contradictorio (que se suspendió durante una semana sin justificación alguna, lo que estima una violación a los principios de continuidad y concentración), nadie preguntó sobre el tema de hechos falsos o la ocultación de pericias.
Consideran que nada de lo acreditado se desprende, tampoco, del hecho 46 de la querella, que estiman mal confeccionado ya que de las pruebas documentales (oficio DAJ 1570-2008) y testimoniales (el ingeniero Jorge Rodríguez Quirós, la licenciada Nombre22 , el ingeniero Nombre46 y el ingeniero Alberto Alfonso Delgado Artavia, que se transcriben, con referencia a las secuencias horarias, desde pág. 8 del recurso hasta la 16) se colige que dicho decreto fue elaborado y preparado en la Dirección de Asesoría Jurídica (llamado también Departamento Legal) del Ministerio, con el apoyo de las dependencias técnicas del Ministerio (el Vice Ministerio de Ambiente y Minería y el Área de Conservación Arenal Huetar Norte -ACAHN-) y que, desde 2002, cuatro años antes del ingreso del encartado a ese Ministerio, se sabía que ese proyecto implicaba el cambio de uso de suelo, por lo que tal decisión no lo adoptó el encartado.
Estiman vulnerado el principio de correlación y agregan que el artículo 3, inciso m, de la Ley Forestal no exige "estudios técnicos objetivos" como los que el Tribunal echó de menos, sino solo "instrumentos apropiados", pero ese artículo omite aspectos claves, tales como qué son esos "instrumentos apropiados", cuáles son sus características, cuál es su contenido y su metodología, quién define si son "apropiados" o "procedentes" o no, y quién o qué dependencia del Ministerio o del Estado debe hacerlos, valorarlos o validarlos, por lo que todo ello es parte de la discrecionalidad que se le permite a la Administración, sin que se pueda distinguir donde la ley no lo hace. Puntualizan, sobre este tema, que "...fue la discrecionalidad que admite la normativa legal (Artículo 3, inciso m, de la Ley Forestal) la que permite el uso de los instrumentos del balance costo beneficio realizado dentro del expediente de la Nombre11 (que es una dependencia del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en virtud de la Ley Orgánica del Ambiente) para fines de los decretos de conveniencia nacional era como se venía haciendo durante años en el Ministerio para todos los decretos de conveniencia nacional en todos los proyectos que por su naturaleza misma requerían un cambio de uso del suelo, incluyendo el proyecto minero Crucitas." Consideran que la sentencia, además, fue contradictoria pues, por un lado afirma que hubo "inexistencia del estudio" (sin que la ley mencione ese término) y, por otro, se indica que hubo "estudios improcedentes e inapropiados ." Para los recurrentes, la prueba se apreció mal, la sentencia fue contradictoria y carente de motivación (porque las afirmaciones no se extraen de la prueba incorporada sino que son conclusiones derivadas de la íntima convicción), se violó la correlación y no había dolo (que debía tanto probarse, como fundamentarse, sin que ninguna de las dos acciones se hiciera), sino que se fijó la responsabilidad del encartado como objetiva, proscrita en el Derecho Penal y pese a que, tanto él como el Nombre41 Nombre05, asumieron que todo estaba conforme a Derecho y solo cumplían un deber legal en ejercicio de sus funciones y competencias, todo lo cual debería conducir a una absolutoria de dicho encartado, sin nueva remisión al órgano de instancia y con condena en costas a la Procuraduría General de la República, en tanto representante estatal.
La contradicción la evidencia porque "...mientras que la sentencia señala por un lado que "Dicho estudio (que la normativa legal NO exige) no se realizó siendo que el contenido técnico del decreto estaba basado en una premisa falsa" (página 70), que "la inexistencia del estudio técnico (que la normativa legal NO exige) de costoso beneficios" (página 235) y que "dicho estudio (que la normativa legal NO exige) nunca existió" (página 2555), por otro lado señala que "se incluyó en el decreto conclusiones de estudios improcedentes e inapropiados" (página 197) y que "insertando dolosamente en el contenido del decreto conclusiones de estudios improcedentes e inapropiados." Aquí el Tribunal acepta que sí hubo estudios y se contradice totalmente cuando indica en otra parte de la sentencia que no hubo estudios" (pág. 34). Agregan que se aplicó una normativa inexistente sobre requisitos; se falseó la normativa legal y se usó un lenguaje incorrecto (vgr. daños ambientales en vez de costos ambientales) pues la diferencia entre ambos es que los segundos son previsibles y existen medidas para mitigarlos.
Recapitulan que la viabilidad ambiental se había otorgado por resolución 3638-2005-Nombre11 y 170-2008-Nombre06, última de las cuales evaluó los cambios del proyecto. Citan diversos votos de la Sala Constitucional, cuyo carácter vinculante erga omnes resaltan, en que se resolvió que no hubo daños ambientales y que, en todo caso, en el decreto lo que aparecen son cálculos y proyecciones, sin que puedan haber hechos falsos sobre cosas futuras, así como que, en dichos votos, se avaló que los estudios efectuados eran los apropiados y mencionan que el mal uso de la discrecionalidad administrativa no fue acusado. Como segundo alegato (pág. 42 a 61) se insiste en la violación a la ley sustantiva porque se condenó al encartado por basar su decisión en hechos falsos, como que los beneficios iban a ser mayores que las afectaciones, pero no hay norma legal que exija eso, porque la ley solo alude a 'instrumentos apropiados' y ahí cabe la discrecionalidad, sin que se indique, en el artículo 3 inciso m de la Ley Forestal , que deba ser uno en particular y menos peritajes.
Comentan, nuevamente, los hechos 30 y 31 de la acusación fiscal y 45 de la querella, concluyendo que no fue a Nombre01 —sino al Poder Ejecutivo, que es más que el Ministro— a quien ahí se le achacaro n conductas y que, además, no se alude a "hechos falsos" y que hubo imprecisión. Además, en esos hechos acusados, el encartado perdía todo dominio del hecho, pues se le atribuyó a una persona que resultó absuelta. En todo caso, indican que la falsedad del hecho debe ser abarcada por el dolo y no hubo prueba de que el encartado supiera de tales circunstancias. Transcriben y comentan diversas partes de las acusaciones y de la sentencia para apuntar el concepto de "compensación", que el Tribunal considera delictiva, se ha usado siempre y deviene del decreto 32966-MINAE (EIA) 9.7, 11.1 a 11.4 (que transcribe) y del voto número 6922-2010 de la Sala Constitucional (cuyos extractos copia) y que reitera es vinculante.
Con citas de doctrina repite que los hechos solo pueden ser pasados o presentes y no futuros o juicios de valor y que un hecho es, por definición, algo verdadero, sin que hayan hechos falsos, lo que es una contradicción terminológica, por lo que el Tribunal usó mal este elemento, que es parte del tipo objetivo, al asumir como tal una proyección, que era futura, todo lo cual afecta la subsunción típica. Como tercer alegato, también titulado como errónea aplicación de la ley sustantiva (págs. 61 y ss.), dicen que "...es falso lo que se indica en la sentencia, que la comprobación del balance tenía que hacerse entre los "beneficios sociales" y los "daños ambientales". La normativa legal (Articulo 3, inciso m, de la Ley Forestal, No. 7575) es muy clara en señalar que esta comprobación debe hacerse entre los "beneficios sociales" y los "costos socio-ambientales." Alude a que son los hechos 30 y 31 de la acusación y 46 de la querella, de donde deriva la responsabilidad establecida, que esa atribución no es clara ni circunstanciada ni se dirige a este encartado; que no se estableció allí que la firma del decreto se basara en hechos falsos y se reiteran las referencias sobre autoría, participación, hechos futuros (votos de la Sala Constitucional y pronunciamientos de la Procuraduría), "instrumentos apropiados", elementos del tipo objetivo y dolo ya mencionadas, a más de que se considera que si se absolvió por la complicidad, no era posible mantener la participación del encartado en este hecho como autor, pues no era él quien tenía el dominio de la acción.
Indican que no hubo prueba al respecto y menos imputación y que el artículo 6 del Código de Minería, declara de utilidad pública la actividad minera, en tanto que el numeral 2 del Reglamento a la Ley Forestal define como 'actividades de conveniencia nacional', las ligadas a proyectos de interés público y menciona, expresamente, la actividad minera, marco legal que se tuvo en cuenta para emitir el decreto referido, lo que no fue analizado en la sentencia e hizo que se aplicara mal la ley sustantiva referente al delito de prevaricato, por lo que se pide la absolutoria. Como otro argumento (págs. 80 y ss), se menciona que el tribunal calificó de prevaricador el decreto al considerar que el estudio, sobre si los beneficios sociales iban a ser mayores al daño ambiental, no existía, pero este es un requisito legal inventado por el Tribunal, pues la normativa no alude a este. Copian parte de la acusación para reiterar que los hechos falsos no estaban contenidos en las acusaciones y concluyen señalando que "...una actividad realizada por una empresa privada "cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socio-ambientales" es un concepto normativo del tipo del artículo 357 C.P., que el agente tiene que aprehender mediante una valoración, pero que no puede aprehender por los sentidos.
Para aprehender mejor ese elemento normativo del tipo debe hacerse uso de los instrumentos apropiados. Si el agente no aplicó los criterios que dispone la ley para determinar si los beneficios sociales son mayores que los costos ambientales -incluso si lo hubiera hecho dolosamente- no hay entonces una fundamentación de la resolución en hechos falsos sino en juicios de valor, quizás incorrectos." Consideran que se aplicó mal el concepto de ' hechos falsos' pues, en la sentencia, se tuvo como tales simples 'juicios de valor' (u opiniones de expertos, cuyo Nombre05 cita) emitidos dentro de la discrecionalidad administrativa y que fueron avalados por la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, con lo que se violó la ley sustantiva, el principio de legalidad y la prohibición de analogía, ya que en ese decreto no había hechos y menos falsos y piden la absolutoria o la nulidad parcial.
Indican que la confusión del Tribunal se basó en que se requiriera un nuevo estudio cuando la Administración se podía basar en el ya efectuado por SETENA. Refieren que el concepto de "instrumentos apropiados" es indefinido y que "...la Licda. Nombre22 , también declaró (ver págs. 134 a 141 del fallo), que en el Departamento Legal del Ministerio, luego llamada Dirección de Asesoría Jurídica, los abogados encargados del trámite creían e interpretaban que el requisito del balance para la declaratoria de conveniencia, podía ser cumplido válidamente con los instrumentos y valoraciones que se hacían por la Nombre11 para otorgar la viabilidad ambiental." Concluyen en que "...la motivación intelectiva de la sentencia, cuando pretenden los jueces justificar que el decreto contiene hechos falsos se basa en dos aspectos: el uso ilegal del Oficio SG-ASA-259 (nunca confeccionado por el Dr. Nombre01 según ambas acusaciones), y al apartado compensatorio que se incluye en el texto, pero el argumento se les cae cuando se analiza de cerca esos dos supuestos y se verifica que ambos se refieren a valoraciones basadas en supuestos y no a hechos propiamente dichos" y que si la interpretación del contenido de esos "instrumentos" fue errada, eso tenía como consecuencia la nulidad, por invalidez, del acto administrativo pero no un delito penal.
Piden la nulidad de lo resuelto. Como primer motivo de forma (págs. 111 y ss.) acusan la falta de correlación entre acusación y sentencia, porque ninguna de las acusaciones e investigaciones se hizo sobre la base de un delito de prevaricato sustentado sobre hechos falsos, por lo que el Tribunal, faltando a su deber de imparcialidad, introdujo unos nuevos, al condenar sobre esa plataforma, con lo que se violó el derecho de defensa. Refutan que este encartado elaborara el decreto o que lo emitiera, pues él no es ' Poder Ejecutivo' y menos que contuviera falsedades, reiterando lo ya indicado sobre el "instrumento apropiado" a que alude la normativa. Tampoco hubo prueba —según exponen— de que él conociera que el documento contenía "hechos falsos" o que, a sabiendas de la inexistencia de un estudio técnico apropiado, aprobara el documento, puesto que la "...normativa legal que citan ambas piezas acusatorias como violentadas, no existe ni se hace mención al concepto de "gravámenes ecológicos" ni el de "estudio técnico apropiado" que utiliza la sentencia en sus fundamentos.
Lo que la Ley Forestal (No. 7575) en el Artículo 3, inciso m), señala son "costos socio-ambientales" (en lugar de "gravámenes ecológicos" como señala la sentencia penal) e "instrumentos apropiados" (en lugar de "estudio técnico apropiado" como señala la sentencia penal). Ambas son cosas muy diferentes. Por consiguiente no se puede atribuir un delito y dictar una sentencia penal por el delito de prevaricato con base en normas y\o requisitos legales que no existen en la normativa Iegal." Solicitan la nulidad de la sentencia, tanto como de ambas piezas procesales (acusación y querella), por no cumplir con los requisitos detallados para las acusaciones y que, pese a que estos defectos les fueron advertidos oportunamente, al no haberse saneado y ser absolutos, la omisión de los acusadores convalidó lo actuado y las piezas pierden valor ya que, de lo contrario, se retrotraería el proceso a etapas precluidas para que se subsanen esos yerros.
Llaman la atención en el sentido de que: "De acuerdo con la Ley General de Administración Pública (LGAP), si un jerarca firma un documento con base en recomendaciones legales y técnicas y con una certificación o dictamen de conformidad técnica y Iegal, el jerarca está relevado de responsabilidad. Esto excluye el elemento subjetivo del tipo. De lo contrario, la Administración Pública no podría funcionar. Si el funcionario acata las recomendaciones y certificaciones legales y técnicas, está relevado de responsabilidad, y si no lo hace (por ej. no firma una resolución o un decreto preparado por los órganos técnicos y legales del Ministerio tramitado bajo un bloque de legalidad) se le puede atribuir responsabilidad de diversa índole, siempre que no tenga a mano la justificación legal que le permita no firmar el acto administrativo en cuestión" (pág. 134) y citan el numeral 192.2 de dicha normativa y señala que eso hizo el encartado, a partir de la prueba testimonial y documental recibida.
Como otro apartado, aluden a la falta de fundamentación de la sentencia, pues se le atribuye al Ministro la elaboración del decreto, sin indicar en qué se basó esa conclusión, cuando, más bien, las pruebas revelan que él no lo hizo. Citan el oficio DAJ 1570-2008 y las deposiciones de Nombre46 y Nombre22 . Además, se recalca que el impulso a la actividad minera estaba dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 en el que no participó este encartado y para ello era necesario, como requisito legal previo, la declaratoria de conveniencia nacional y se asume, sin prueba, que la Administración Nombre44 pretendía favorecer este proyecto minero. Todos los testigos, incluso del Ministerio Público, fueron enfáticos en que el decreto estuvo preparado por las dependencias técnicas, que en las reuniones preparatorias no intervino el ministro, todo lo cual hace que la motivación no sea lógica, completa ni legítima.
Insisten en la ilegitimidad del uso de conceptos como "hechos falsos" e "instrumentos apropiados" y apuntan al uso de la discrecionalidad administrativa para su determinación. Narran que a la testigo 'estrella' de la parte acusadora, Nombre22, se le limitó la credibilidad por las inconsistencias en que incurrió, pero no se dijo en qué consistían estas y fue esta testigo quien manifestó que Nombre01 carecía de abogados en su despacho y se apoyaba en el Departamento Legal de MINAET, lo que le impedía redactar o preparar un decreto, por no ser él abogado. Esa testigo aclaró que el trámite era reglado y complejo y que intervinieron muchas personas durante los 17 años de trámites (siendo solo los últimos dos los de la Administración Nombre44), pero los jueces reprocharon eso sin comprender dicho procedimiento y diciendo que el ministro no era un autómata obligado a firmar, pero sin ponderar que todos los expertos estaban en el Ministerio y que no había nada que hiciera considerar que lo actuado era ilegal, por lo que no había ninguna base para apartarse de los criterios técnicos.
Se quejan de que la motivación es omisa en estos aspectos: "Tampoco el Tribunal señala sí el trámite realizado en la Presidencia Nombre05 por el Nombre41 Nombre05, sin ninguna participación del exministro Nombre01, fue un trámite ilegal o ilícito y ni cuál norma legal se violó. Tampoco señala el Tribunal que una vez que el exministro Nombre01 firmó el decreto, el decreto regresó a la Dirección de Asesoría Jurídica y que fue esta Dirección la que envió el decreto a la Presidencia Nombre05 para continuar con su trámite formal de firma por parte del Presidente. Tampoco señala el Tribunal lo declarado en juicio por la testigo Nombre47 sobre el tipo de revisión general que hacía la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, que no existe ninguna Ley, Decreto o Reglamento o procedimiento que obligara dicha revisión antes de la firma del Presidente, y que no era vinculante para el Nombre41 (...) Sorprende entonces, ¿cómo el Tribunal omite indicar que no hubo participación del Ministro en el trámite de firma por parte del Nombre41 Nombre05 en la Presidencia de la República; qué todas las pruebas documentales y testimoniales señalan que fue la Dirección de Asesoría Jurídica (Departamento Legal) del Ministerio, la dependencia que remitió el decreto ya firmado por el exministro Nombre01, como lo establece el procedimiento, que no existe ninguna Ley, Decreto o Reglamento o procedimiento que obligara al Nombre41 a la revisión por parte de la Dirección de Leves y Decretos antes de la firma del Presidente, que dicha revisión no era obligatoria para el Nombre41 y que en el Despacho del Nombre41 "siempre hay asesores que revisan los decretos de ellos".
Critican el que, contra votos vinculantes de la Sala Constitucional (como el número 6922-2010), se considerara que eran inadecuados los instrumentos existentes en el expediente para aprobar el decreto. Agregan que "...fue la discrecionalidad que admite la normativa legal (Artículo 3, inciso m, de la Ley Forestal), la que permite el uso de los instrumentos del balance costo beneficio realizado dentro del expediente de la Nombre11 (que es una dependencia del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en virtud de la Ley Orgánica del Ambiente), para fines de los decretos de conveniencia nacional era como se venía haciendo durante años en el Ministerio para todos los decretos de conveniencia nacional, en todos los proyectos" (pág. 175). Señalan que el Tribunal, en apariencia, le endilgó al encartado un actuar culposo o una responsabilidad objetiva, cuando este delito es doloso y que la falta de motivación se extendió a no desacreditar los argumentos del encartado sobre la forma de control, que había implementado en su oficina, al no tener él conocimiento técnico sobre las seis áreas que componían el ministerio y exigir los vistos buenos de los jerarcas y eso ocurría en este caso en que iba la firma del viceministro y la directora del área legal, que inspiraba confianza.
Aluden a que es falso que el encartado dijera que la minería era transcendental y que este proyecto debía ser aprobado a como diera lugar; denotan la contradictoriedad de la sentencia pues, por un lado afirma que el encartado preparó el decreto y, por otro, establece que él actuaba no en forma personal, sino por delegación en el viceministro, pero, en todo caso, actuaba con base en la normativa que regulaba sus funciones y no porque le ordenara nada anómalo como, falsamente, indica la sentencia. Piden la nulidad parcial de lo resuelto. Por medio de otro acápite aluden a los defectos de la acusación y la querella (págs. 191 y ss.) que oportunamente fueron alegados y nunca corregidos por los acusadores, lo que dio lugar a una absolutoria parcial pero, extrañamente, existiendo el mismo vicio en estos hechos, se omitió ese análisis y más bien se varió lo acusado para aludir a "hechos falsos" no contenidos en esas piezas.
Agregan que “En ninguno de los hechos de la acusación fiscal y propiamente en el hecho No. 31 se especifica en qué consistió la violación al artículo 3 inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, como tampoco al numeral 361 de la Ley General de la Administración Pública, como tampoco se especificará en qué consistió la elaboración de un decreto ejecutivo de conveniencia nacional basado en hechos falsos y utilizados por el Ministro Nombre01 al "preparar y emitir" el decreto ejecutivo N. 34801-Minaet, tal y como lo tuvo por probado el a quo en el hecho No. 14 de la sentencia (pág. 69), ni se describe en ninguna de dichas piezas acusatorias en qué forma, cuándo, dónde y cómo es o fue que el exministro Nombre01 "prepara" el decreto No. 34801-MINAET, especialmente cuando de las probanzas recibidas en el propio contradictorio, se prueba que ese Decreto fue preparado y elaborado por dependencias técnicas (Vice Ministerios y dependencias técnicas) y legal (Direcciones de Asesoría Jurídica) del Minaet (...) nunca se imputa de manera clara, precisa y circunstanciada, como lo exige el numeral 303 inciso b) del C.p.p., en qué consiste la violación a cada uno de ésos numerales señalados en la pieza acusatoria, para poder conocer en qué situación, componente normativo o aspecto en particular de dicha legislación, el Dr. Nombre01 infringió la ley bajo una actuación dolosa al emitir el Decreto de conveniencia nacional, y menos aún se describe en la pieza acusatoria como exigencia de una debida imputación criminal, que el Nombre08.
Nombre01 en condición de Ministro que firma el referido Decreto, lo hubiese elaborado (pág.224 del fallo) basado en hechos falsos.” Citan, en apoyo de su tesis, doctrina y califican como extraño, que el mismo Tribunal aceptara la incorrección de la acusación, por tener un defecto absoluto, para absolver por otros hechos, pero no por estos. Indican que la sentencia, erróneamente, menciona como pieza acusatoria de la que extrajo eso, la fiscal, cuando se basó en una derivación de los dos renglones del hecho 46 de la querella (pág. 224 renglones 14 y 15 y pág. 29 de la sentencia) y se preguntan: “Observando en su redacción el numeral 46 de la Querella (...) en qué resulta violatorio la emisión del referido Decreto Ejecutivo No.34801-MINAET en cuanto al procedimiento, en cuanto al motivo y en cuánto a la fundamentación? En qué o cuáles aspectos, motivos o circunstancias se inobservó groseramente tanto la normativa establecida en el artículo 3 inciso m de Ley Forestal (Ley 7575), el artículo 2 del Reglamento a la Ley 7575 sobre requisitos de declaratoria de conveniencia nacional, e igualmente el numeral 6,6 del Código de Minería, que por cierto no existe bajo ésa nomenclatura señalada por el Procurador en su pieza acusatoria de 6.6.(?) Es claro que la acusación no lo dice ni lo imputa en forma clara, precisa y circunstanciada, y por ende no debía el tribunal de mérito suplir por sí mismo y causando un grave desequilibrio en la intervención de las partes procesales intervinientes, tan gravosa irregularidad para poder emitir un fallo condenatorio en perjuicio del Ministro Dr. Nombre01.
Igualmente cuando en el hecho No. 46 de la Querella se acusa que se omitió conceder a las entidades representativas de interés ya sea de carácter general o corporativa los plazos establecidos en la ley, nos preguntamos y así lo hicimos valer como un gravoso agravio al inicio del debate y luego en la etapa de conclusiones del juicio, ¿A cuáles entidades representativas de interés se estaba refiriendo el procurador Ronald Víquez? ¿Cuáles son sus nombres y en dónde se encuentran? ¿A cuáles plazos de ley se refería el acusador oficial en su malograda y deficiente acusación?, amén de que tampoco se precisa en forma clara y circunstanciada, lo concerniente a la comisión de un delito de prevaricato que prevé y sanciona el numeral 357 del C.p., respecto al dictado de una resolución -en éste caso un Decreto Ejecutivo- fundado en hechos falsos.” Indican que el Tribunal de instancia usó, en la sentencia, conceptos y métodos no determinados en la misma legislación, por lo que hubo un vicio absoluto, declarable de oficio y como los acusadores no mostraron interés en enmendarlo oportunamente, pese a sus alegatos, debe emitirse una sentencia absolutoria y no un reenvío.
Como un alegato adicional refieren la falta de fundamentación de la sentencia en lo que atañe a la determinación de su participación criminal y plan de autor y el uso de una responsabilidad objetiva, pues se omitió indicar las pruebas sobre estos temas y, además, el a quo se basó en los numerales 146 de la Constitución Política y 28 de la Ley General de la Administración Pública para afirmar que era al ministro a quien le competía preparar los decretos, pero lo que hizo fue interpretar mal esas normas y desconocer el andamiaje jurídico, ya que la norma constitucional predomina sobre la legal y, en consecuencia, la única obligación del ministro es firmar el decreto para, junto con la firma presidencial, darle validez, pero la preparación corresponde a los órganos técnicos especializados de los ministerios, en quienes se delega esa labor por la complejidad de las funciones ministeriales, lo que es vox populi, máxime en ese Ministerio, que cuenta con seis sectores muy diferentes y complejos: ambiente, energía, minería, gestión de calidad ambiental, recurso hídrico y telecomunicaciones, para lo que existen cuatro viceministros.
Cita el artículo 8. 2 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (decreto ejecutivo 33151-MP del 08 de mayo de 2006 publicado en La Gaceta N° 95 del 18 de ese mes y año) que le da al viceministro la condición de superior jerárquico de todo el personal del Ministerio y, en el mismo sentido, el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo contenido en el decreto 34582-MP-PLAN (La Gaceta 126 del 01 de julio de 2008, artículo 15) y los numerales 47.4 y 48.d de la Ley General de la Administración Pública, todo lo cual les permite concluir, a los impugnantes, que los decretos y resoluciones surgen en las dependencias competentes y luego son remitidas a la Dirección Jurídica. En el caso de Nombre12, la solicitud del decreto de conveniencia nacional se originó en el Área de Conservación Huetar Norte (ACAHN) ante gestión de la empresa de cambio de uso de suelo y el decreto fue firmado cuando contó con los estudios técnicos respectivos, los que fueron avalados por el viceministro y por la Dirección de Asesoría Jurídica, lo que denota que la afirmación del Tribunal fue falsa.
Indican que el impulso a la industria minera formaba parte del Plan Nacional de Desarrollo creado por cada administración y, en este caso, por la de Nombre44, lo cual no es delito, sino fruto del Proyecto de Gobierno con que se ganaron las elecciones pero que, a pesar de eso, no hay prueba de que era intención suya impulsar este proyecto minero en particular, como se afirmó. En folios 214 y 215 transcriben parte del interrogatorio efectuado por el juez Nombre06 sobre este tema, para apuntar que las respuestas dadas por el ingeniero Nombre15, fueron descontextualizadas y de ahí se construyó la idea, no expresada, de que el gobierno le daba prioridad a este proyecto en particular (página 225 de la sentencia) sin que se cite, en toda la resolución, prueba alguna que acredite la responsabilidad de Nombre01 . Estiman que el resto de la motivación de la decisión impugnada es anómala, incompleta o tergiversada.
Insisten en que la legislación no habla de favores o beneficios ambientales, mediciones instrumentales apropiadas, ecuaciones comparativas ni estudios apropiados (sino de instrumentos apropiados que pueden ser cuantitativos o cualitativos, un balance, costos socio-ambientales y una matriz) como se menciona en la sentencia y citan el artículo 3 inciso m) de la Ley Forestal. Recuerdan que la empresa solicitó el cambio de uso de suelo para las áreas no boscosas y reforestadas, como lo dijo el ingeniero Nombre46, no para 192 hectáreas de cobertura boscosa natural (como lo entendieron los jueces sin prueba alguna), que no es lo mismo y que esas dimensiones son las totales del terreno pero abarcan solo 12.391 árboles. Cuentan que el tema de las compensaciones, mal interpretado por el Tribunal, está en el punto 9.7 y 11.1 a 11.4 del decreto 32966-MINAE: “…para fecha de la firma del Decreto No. 34801-MINAE el 13 de octubre del 2008, la Nombre11 ya le había otorgado al proyecto minero Nombre12 la viabilidad ambiental (Resolución No. 3638-2005-Nombre11 del 12 de diciembre de 2005 y Resolución No. 170-2008-Nombre11 del 4 de febrero de 2008, resoluciones que fueron parte de la prueba en el Juicio Penal).
La viabilidad ambiental incluye la viabilidad social y económica en virtud del Artículo 145 del "Manual de Instrumentos Técnicos para la Evaluación de Impacto Ambiental" (Decreto Ejecutivo No. 32966-MINAE (publicado en La Gaceta No. 85 del 4 de mayo del 2006): ""14.5 Ajuste Económico por Externalidades Sociales y Ambientales v Análisis Costo Beneficio Final". De conformidad con la normativa legal vigente, los actos anteriores citados por el decreto en cuestión (concesión minera y viabilidad ambiental) se basaron en estudios que se APORTARON por la Empresa a la Dirección de Geología y Minas y a la Nombre11 (de conformidad con la normativa legal vigente) y que fueron VERIFICADOS, VALIDADOS, AVALADOS y APROBADOS en su totalidad por estas dos dependencias” (pág. 234). Alegan que el Ministerio es uno solo y que el documento se elaboró por Nombre11 y se podía usar por el resto de dependencias de esa entidad; además, valoran como contradictorio que, mientras se le había negado credibilidad a Nombre22 , directora del área jurídica, a partir de la página 232 de la sentencia se avala su dicho, para sustentar esa parte de lo decidido, por lo que cuestionan cómo el Ministro iba a preparar un decreto, si no es abogado ni tenía alguno a su cargo.
Aluden a que, por tratarse de un trámite reglado, no es válida la afirmación del Tribunal de instancia, "en son de burla" , de que el ministro era un autómata, pues, más bien , estaba obligado a firmar, como parte del procedimiento, pues no había ninguna razón para apartarse de su contenido, que técnicamente se había certificado por las diversas dependencias técnicas como acorde a la normativa, por lo que el Tribunal de instancia no entendió la función del Ministro dentro de un procedimiento reglado, en que la preparación de los documentos le corresponde a diversas entidades técnicas (artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública). En lo referente al procedimiento patológico al que aludió el Tribunal, por haber llegado el decreto firmado por el ministro, sin que fuera ese el procedimiento usual, dicen los recurrentes que los jueces omitieron indicar qué conocimientos tuvo, hizo o dejó de hacer el Ministro en eso y en qué medida tal acto era, o no, contrario a la ley y que esa incorrecta motivación probablemente sea producto de la falta de concentración, pues el juicio debió iniciarse el 05 de enero, pero no se reinició, sin razón alguna, sino h asta el 12 de ese mes, todo lo cual repercutió en que la sentencia parece reprochar tanto una responsabilidad objetiva como culposa, ninguna de las cuales se avienen con la naturaleza del delito en comentario.
Inclusive, señalan que el ministro Nombre01 ideó un sistema para garantizarse que los documentos vinieran aprobados por las entidades técnicas, pues exigía la firma del jerarca y así, basado en el principio de confianza, avalaba lo actuado, superando controles anteriores que no exigían esa rúbrica. Con cita de diferentes normativas, narran que las asesorías jurídicas de cada ministerio son garantes de legalidad de lo actuado y, en lo administrativo, es el viceministro el jerarca máximo, lo que permite evidenciar otra contradicción al decirse, en los hechos probados (página 69) y en el folio 224, que el ministro preparó y redactó el decreto, para luego, a folio 239, afirmar que actuó en forma delegada, a través de otros. Además, se expresó, falsamente, que el encartado dijo que el proyecto minero era trascendental y que Nombre12 debía aprobarse a como diera lugar, lo que no se deriva del audio.
Agregan que, en el balance costo-beneficio, no deben incluirse los daños ambientales, como erróneamente lo expuso el Tribunal, sino los costos, que son conceptos distintos, sin que haya de los primeros porque ya se había otorgado la viabilidad ambiental que, se supone, no los posibilita. Citan, al respecto, el artículo 3 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y cómo se define daño y se excluye este luego de esos estudios, pues alude a algo no previsto, planificado ni controlado. Así, luego de otorgada una viabilidad ambiental, solo hay costos ambientales y no daños. Sostienen que el Tribunal reprocha que el encartado sabía que no existía un estudio técnico, pero cita normativa en que ese "estudio técnico" no se requiere, ni se prevé, legalmente, pues la normativa solo alude a "instrumentos apropiados", lo que también es diferente y del artículo 14.5 de aquel reglamento se desprende que si se otorga la viabilidad es porque los beneficios socio-ambientales son mayores a los costos ambientales, a más de que la discrecionalidad que introduce el numeral 3 inciso m de la Ley Forestal permite considerar como "instrumento apropiado" ese, que es lo que tradicionalmente se había usado en todos los decretos de conveniencia nacional, en que era el pronunciamiento de Nombre11 el que se valoraba para tal fin.
Piden la nulidad de la sentencia. En otro apartado se expone la falta de fundamentación jurídica porque el Tribunal no sustentó, probatoriamente, su afirmación de que la decisión se basó en hechos falsos, aspecto no atribuido y sin ponderarse que el encartado había rechazado los restantes cargos y la Directora de la Asesoría Legal del Ministerio (institución garante de legalidad) declaró que sí se cumplió con los trámites y documentos, lo que fue avalado por la Sala Constitucional y la Procuraduría General Nombre05 (en el juicio contencioso). Ante todo ello, no había cómo saber que el Ministro actuaba "dolosamente", ni el Tribunal lo explicó, pues no se menciona que hubiera alguna nota o referencia verbal de que actuaba mal, antes bien, él ideó un procedimiento o protocolo, desde el inicio de su gestión, para extremar su deber de vigilancia, al exigir la firma de los jerarcas, en cada documento que le remitían a su despacho, de que todo estaba ajustado a los criterios técnicos, lo que se acredita con los documentos aceptados como prueba para mejor resolver (pese a la oposición de los acusadores a quienes tilda de haber olvidado su deber de objetividad): memorándum N° DM-106-2008 del 25 de mayo del 2006 y memorándum DM-0175-2006 del 6 de junio del 2006.
Además, la prueba testimonial (Jorge Rodríguez y Nombre22 ) alude a que el decreto fue preparado y confeccionado sin la intervención de Nombre01 y que en la Dirección Jurídica, los abogados, expertos en la materia, verificaron el cumplimiento de todos los requisitos, por lo que Nombre01 firmó el decreto, tanto en cumplimiento de un deber legal producto de un acto reglado, como con la plena conciencia de que todo estaba ajustado a Derecho, porque llegaba con el aval del viceministro y de la Directora del Área Jurídica y que, luego de 17 años de tramitación, habían pronunciamientos constitucionales en donde solo se echaba de menos un estudio de impacto ambiental que ya se había presentado. Insisten en que el tema de hechos falsos, que la sentencia no dice en qué consistían, no fue acusado y que desconocer, o confundir, términos técnicos fue el denominador común de toda la sentencia (por ejemplo, al aludir a que los ministros emiten decretos, cuando esto es competencia del Poder Ejecutivo integrado por el ministro y el Nombre41 Nombre05), para lo cual efectúan diferenciaciones terminológicas ya mencionadas que les conducen a sostener la contradictoriedad de la sentencia porque "...AI absolver por certeza a los miembros de la Comisión Plenaria de la Nombre11 en esta misma sentencia penal, el mismo Tribunal Penal está señalando que todo lo actuado estuvo a derecho y que no se dio ningún ilícito, por lo que acepta, directa o indirectamente, como se quiera ver, que dicho balance se realizó correctamente con los "instrumentos apropiados".
Por consiguiente, las evaluaciones realizadas por la Nombre11 para el otorgamiento de la viabilidad ambiental incluyeron la tala de árboles que requería el cambio de uso de suelo. Lo anterior era parte integral del Estudio de Impacto Ambiental aprobada por la SETENA, sobre lo cual la Nombre11 otorgó la viabilidad ambiental (que incluye Ia viabilidad social), ya que por su naturaleza misma dicho proyecto no se podía realizar sin un cambio de uso de suelo. De lo contrario, el proyecto minero Nombre12 no se podía realizar" (página 279) y hasta el voto número 6922-2010 de la Sala Constitucional estableció que no habían daños ambientales, lo que la sentencia no ponderó y que eso fue así porque hubo un estudio previo de impacto ambiental. Repiten que no pueden haber hechos falsos porque el "instrumento apropiado" (que no era un estudio, peritaje ni balance ambiental) lo que contenía eran proyecciones, que no son hechos y, en todo caso, la defensa invocó el artículo 25 del Código Penal, sobre cumplimiento de un deber legal, ya que si el ministro no firmaba el decreto, sin que constara que había razón alguna para negarse, habría incurrido en un incumplimiento de deberes, lo que fue rechazado por el Tribunal aduciendo que era un acto facultativo firmarlo, pero sin indicar por qué, cuando había una petición que había que resolver en un plazo razonable y no se había señalado ninguna causa para negarse a emitir ese acto en los términos que surgió.
Agregan que "...sí resulta más grave y harto reprochable es cuando un tribunal de la República, que por la normativa procesal vigente si redacta sus propios fallos (Io cual no hacen los Ministros de Estado en cualquier Ministerio del Gobierno), incluye en su fundamentación jurídica -como ocurre en éste caso según págs. 252-253), un contenido parcial de otra sentencia totalmente ajena a los hechos aquí discutidos, y más grave aún cuando se está refiriendo a la culpabilidad del imputado, a un análisis de la antijuridicidad y afectación al bien jurídico, para luego concluir con fundamento en lo errónea y falsamente introducido al fallo -por propia mano que es aún más gravoso-, que mi representado es autor responsable del hecho delictivo que se le viene atribuyendo, lo cual deviene absolutamente infundado y conlleva a la nulidad total parcial del fallo dictado, lo que pedimos expresamente que se declare y se disponga la remisión al competente para una nueva sustanciación." (pág. 328).
Como otro alegato se menciona la motivación incompleta o ausente porque la sentencia alude a que los hechos acusados fueron acreditados, cuando no es así, pues se absolvió por unos, otros no apuntan al encartado y se cambió lo acusado en otros supuestos por lo que parece que la sentencia fue redactada en varias partes que luego se pegaron, sin conexidad alguna, al punto que se tergiversó el dicho del viceministro indicando, en la sentencia, que él dijo había que echar a andar el proyecto Crucitas, cuando lo que dijo, según transcribe, era que había que echar a andar la actividad minera, no un proyecto en concreto y eso producto del Plan Nacional de Desarrollo. Otro argumento de apelación alude a la violación del principio de legalidad y justicia cumplida, porque se construyeron hechos probados sin sustento o falseando la prueba. Comentan el hecho acreditado 12 sobre, entre otros aspectos, la tala de 192 hectáreas de bosque lo que no es cierto a partir del contenido mismo del decreto; distinguen plantación forestal y bosque; diferencian el decreto de conveniencia nacional de la resolución administrativa de cambio de uso de suelo y señalan que el primero es un requisito más para la segunda (artículo 33 de la Ley Forestal).
Para los impugnantes, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría o el Tribunal Penal hicieron, como sí lo hizo Nombre48 y Nombre49, una inspección en el sitio, cuyos resultados quedaron plasmados en el considerando XLIV de la sentencia constitucional número 6922-2010, que descarta que hubiera bosque primario en la zona, lo que probablemente el Tribunal omitió por estar desconcentrado ante las constantes suspensiones, incluyendo la semana posterior al reinicio en enero, sin que haya sido excusa para ello las vacaciones, fuera del país, de una parte. Como otro apartado aluden a la falta de motivación del hecho probado 134, reiterando argumentos anteriores. Un a specto adicional que mencionan es que no se describieron las conductas constitutivas del delito imputado, ni la prueba que lo sustenta, lo que genera la nulidad de lo resuelto por violación al derecho de defensa, pues el único hecho probado que tiene alguna imputación, el 14, se basa en premisas que no se ajustan a la realidad (que el Ministro preparó el decreto) y surgen de una responsabilidad objetiva o culposa, pese a que el delito es doloso.
Interpretan el numeral 146 de la Constitución señalando que ahí se dice que el ministro debe firmar el decreto y no prepararlo, como entendió el Tribunal, pues este es un procedimiento reglado. De esa forma, la prueba recibida permitió acreditar que la solicitud de decreto de conveniencia nacional la hizo el Área de Conservación Huetar Norte ante petición de cambio de uso de suelo efectuada por la empresa Industrias Infinito S.A. y eso fue avalado, aprobado y certificado, de previo, por las dependencias técnicas y legales del Ministerio. Apuntan nuevamente a la falta de correlación y agregan: "La sentencia penal (…) en el "Hecho Probado" 14 tiene los siguientes agravios: No indica cuál fue el uso que se le dio al Oficio No. SG-ASA-259-2008 de la SETENA. No indica las razones por las cuales el Tribunal Penal considera ese "uso" fuera ilegal ni cuál norma legal fue la que se violó. El "uso ilegal" del Oficio No. SG-ASA-259-2008 no fue un hecho acusado.
El "uso ilegal" del Oficio No. SG-ASA-259-2008 no se discutió en el Juicio Penal. El Oficio No. SG-ASA-259-2008 no está en el texto del Decreto No. 34801-MINAET. Todo lo anterior violenta flagrantemente los derechos de defensa material y técnica (…) El tema de cuáles son los "instrumentos apropiados" está sujeto a interpretación legal y esto se demuestra por cuanto dos altos tribunales del país han dado interpretaciones opuestas (…) , la Sala Constitucional (sentencia No. 6922-2010) y el Tribunal Contencioso Administrativo, haciendo para ello una importante interpretación de la ley para justificar sus posiciones (…) en el caso del Proyecto Minero Crucitas, la Nombre11 otorgó la viabilidad ambiental mediante las siguientes dos resoluciones: Resolución No. 3638-2005-Nombre11 del 12 de diciembre de 2005 que otorgó viabilidad ambiental al proyecto minero Crucitas. ii. Resolución No. 170-2008-Nombre11 del 4 de febrero de 2008 que evaluó cambios al proyecto y otorgó la viabilidad ambiental correspondiente a las modifïcaciones del proyecto presentada por Industrias Infinito.
Con estas dos resoluciones de la SETENA, que fueron previas a la emisión del Decreto de Conveniencia Nacional (Decreto No. 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008), el proyecto minero Nombre12 ya tenía la VIABILIDAD AMBIENTAL, la cual incluye también el balance entre los "beneficios socia/es" y los "costos socioambientales" en virtud de la aplicación obligatoria por parte de la Nombre11 del Artículo 14.5 del "Manual de Instrumentos Técnicos para la Evaluación..." (págs. 464 y stes.). Explican las razones por las que el principio precautorio, en materia ambiental, no se violentó y consideran que el Tribunal Penal, que dictó la sentencia impugnada, no revisó la normativa ambiental vigente al momento de la firma del decreto de conveniencia nacional que citan (pág. 503-504), lo que sí hizo la Sala Constitucional. Sostienen que la decisión se basó en la discrecionalidad administrativa, en las diferentes interpretaciones posibles que han sido avaladas por órganos como la Procuraduría (oficio de 20 de octubre de 2009 suscrito por Nombre50 y Castro; oficio de 05 de marzo de 2010 suscrito por Castro, oficio de 23 de agosto de 2010 suscrito por Castro y oficio de 18 de enero de 2011 suscrito por Castro y Nombre51, cuyos extractos citan) y por la Sala Constitucional y que la doctrina es clara en que no puede haber delito de prevaricato si existen interpretaciones diferentes de la misma norma legal.
En otro acápite muestran su disconformidad con la valoración de la prueba y la fundamentación jurídica, nuevamente sobre la base del hecho 14 probado y la alusión a que el encartado preparó el decreto. Indican que la normativa legal no exige un "estudio" o dictámenes periciales; tampoco que se valoren "gravámenes ecológicos" gravamen, daño, daño ambiental o favores ambientales sino que alude a "instrumentos apropiados" (que la normativa no define o califica) y "costos socio-ambientales" por lo que se usaron requisitos inexistentes. Insisten en que el decreto no se basó en hechos falsos, que no fueron acusados, que no son hechos (sino estimaciones, valoraciones o proyecciones a futuro) y que ese cambio de terminología afectó la fundamentación. Asimismo, en que la interpretación legal que hizo la Administración, fue parte de la discrecionalidad administrativa y coincidió con la de la Sala Constitucional y la Procuraduría: "La Administración consideró durante años (inclusive mucho antes de que el exministro Nombre01 asumiera el cargo de Ministro), que el "instrumento apropiado" utilizado dentro del expediente de la Nombre11 para determinar que el balance entre los "beneficios socia/es" y los costos "socio-ambientales" era también un "instrumento apropiado" para efectos del balance costo beneficio de todos los decretos de conveniencia nacional (incluyendo el Decreto No. 34801-MINAET), tal como había hecho en el pasado para todos los balances costo beneficio de todos los proyectos que eran declarados de conveniencia nacional para efectos del cambio de uso del suelo, como los proyectos o actividades que están explícitamente señalados en el Artículo 2 del Reglamento a Ley Forestal (Decreto 25721-MINAE, La Gaceta N° 16, 23 de enero de 1997), el cual señala taxativamente las "actividades mineras" (pág. 574) y, en este caso, los instrumentos apropiados y el balance fueron verificados y comprobados por el viceministro y la Directora del Área Jurídica del MINAET.
Se cuestionan cómo pudo haber introducido él hechos falsos en el decreto si no fue quien lo preparó y consideran contradictorio que la sentencia aludiera a que no hubo estudios costo-beneficio (pág. 235 de la sentencia) pero luego diga que hubo estudios improcedentes o inapropiados (página 197 y 255), sin que la ley exija ‘estudios’ sino ‘instrumentos apropiados’. Piden la nulidad de lo resuelto por estar groseramente infundada la resolución, sin perjuicio de que se disponga el archivo de los autos por no haber delito alguno que perseguir. En otro motivo apuntan la violación a las sentencias constitucionales con cosa juzgada y la vinculatoriedad erga omnes de las sentencias de la Sala Constitucional, reiterando los argumentos dados sobre este tema y poniendo la excepción de cosa juzgada pues: "…en particular la Resolución No 2010-006922 del 16 de abril del 2010 que aprobó como conforme a derecho todo lo actuado con respecto al proyecto Crucitas, no puede ni debe ningún otro órgano judicial o administrativo considerar que ésas mismas actuaciones del orden administrativo, constituyan un ilícito penal cuando precisamente la Sala Constitucional avaló como eficaces y legítimas, donde resulta además, que la calificación realizada por la Sala Constitucional de tales conductas es vinculante para la jurisdicción penal, donde no se pueden tener como delictivas conductas y hechos que, de acuerdo con una resolución vinculante de la Sala Constitucional.
Se dictaron dentro de los cánones constitucionales y legales aplicables. Así, las mismas conductas v hechos administrativos efectuados por la Administración, no pueden ser legítimos para la Sala Constitucional e ilícitos para otras instancias o tribunales penales" (pág. 600 del recurso). Citan normas, votos de la Sala Constitucional y Primera y un texto de Nombre42 para concluir que lo que la Sala Constitucional resolvió en su ratio decidend i u obiter dicta , no puede ser desconocido. Indican, en pág. 633: "En síntesis, cada vez que la Sala Constitucional resuelva sobre el fondo de un recurso y en sentencia lo declare con lugar o sin lugar, el contenido de esa resolución, es decir, tanto sus Considerandos como el Por Tanto, son vinculantes erga omnes. En el caso del Proyecto Nombre12 la Sala analizó exhaustivamente, el tema de la validez constitucional y legal del decreto de declaratoria de conveniencia nacional, el cual era parte del proceso reglado establecido por la Ley Forestal No. 7575 (Artículo 3, inciso m) y por su Reglamento (Artículo 2, Decreto No. 25721, publicado en La Gaceta No. 16 del 23 de enero de 1997).
Para ello, la Sala IV analizó exhaustivamente el contenido de los dictámenes técnicos y Iegales que fundamentaron el decreto irnpugnado, incluyendo los instrumentos apropiados que se utilizaron para determinar el balance costo beneficio y el contenido de todos los estudios realizados dentro del expediente de la Nombre11 y de la Dirección de Geología y Minas, y que curiosa e inexplicablemente el a quo resolvió que no se realizaron…” Terminan preguntándose, en folios 649-650 de su recurso: " ¿Puede haber una actuación dolosa (que de acuerdo con la Ley debe ser manifiestamente ilegal y burda) por parte del ex ministro y aquí imputado Nombre01, cuando el Decreto No. 34801-MINAET que firmó fue preparado por la abogada encargada de preparar todos decretos y resoluciones de la Dirección de Asesoría Jurídica (antes Departamento Legal) del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (y quién ocupa actualmente el puesto de Directora de esa Dirección), fue verificado y aprobado previamente por el Vice Ministro de Ambiente (encargado en el Ministerio de los sectores de Ambiente y Minería, Ing Jorge Rodríguez Quirós, y por la Directora de Ia Dirección de Asesoría Jurídica (antes Departamento Legal) de Ministerio, Licda. Nombre22 , y luego fue certificado conforme a la normativa legal y la normativa técnica (firmas y sellos del Vice Ministro de Ambiente y Minería y de Ia Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio), todo lo cual fue posteriormente verificado v aprobado por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución No. 6922-2010?
La respuesta es no, excepto que el Tribunal de mérito -como ocurre en la sentencia dictada- incurra y se respalde en graves y monumentales tergiversaciones que aniquilan por completo una debida fundamentación clara, completa, lógica, expresa y legítima. O es que se equivocaron los Magistrados de la Sala IV? o se equivocaron los equipos técnicos (del Vice Ministerio de Ambiente y Minería) y legales (de la Dirección de Asesoría Jurídica) del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que por cierto, resultaron totalmente absueltos en éste proceso penal, como era de esperar porque desde un principio se evidenció que tampoco habían incurrido en un ilícito penal, en sus diversas actuaciones administrativas desplegadas en el expediente de la concesión minera del proyecto minero Crucitas." En el último alegato , se quejan de que el Tribunal omitiera pronunciarse sobre las costas de la parte querellante, pues Nombre01 fue parcialmente absuelto, lo que se reclamó mediante una gestión de adición y aclaración.
Señalan que al no haberse formulado una acusación válida, no había evidente buena fe y, por eso, se le debió condenar, máxime que se absolvió por atipicidad: "En pocas palabras la Procuraduría General Nombre05 sometió indebida, grosera e ilegalmente a mi representado Dr. Nombre01 por el primer supuesto "delito" que le fuera atribuido, a un proceso penal largo, desgastante, mediático, costoso, e innecesario, provocando incluso un gasto innecesario para la Hacienda Pública y obligados gastos procesales y personales al sujeto imputado, en el tanto que jamás le asistió al Procurador razón plausible para litigar en ése aspecto, por lo que el Estado debe responder por una injustificada acción presentada contra don Nombre01, al colocarlo incluso -por intermedio de del Procurador Querellante- en una posición gravísima de afectación de su libertad personal, al pedir el Procurador apersonado en la etapa de conclusiones, una pena de 6 años de prisión por un hecho que, como lo reseña éste mismo Tribunal de mérito, jamás configuró un tipo penal y por consiguiente" (pág. 654).
Citan los votos número 662-2007 de la Sala Tercera y número 73-95 de la Sala Primera y piden la nulidad parcial de lo resuelto, por haberse omitido la condena en ambas costas. (C) Contestaciones a los recursos: El licenciado Miguel Cortés Cháves, Procurador de la Ética, por escrito, se opuso a los recursos interpuestos por el encartado y su defensor y señaló que el voluminoso recurso del primero, de más de 600 páginas y 16 motivos, era redundante y confuso y aludía a aspectos ya resueltos, hasta la saciedad, en la audiencia preliminar y en la etapa de juicio, tanto por actividades procesales defectuosas como mediante recursos de revocatoria y apelación, por lo que pidió que se rechazaran estas alegaciones. En lo que atañe al primer alegato del defensor, apuntó que la querella de la Procuraduría le atribuyó, a título personal y no como "Poder Ejecutivo" su actuación y que el Diccionario de Ciencias Jurídicas de Osorio alude a que ‘hecho falso’ es el contrario a la verdad por lo que, el que el decreto usara el documento SG-ASA-259-2008, que no contemplaba todas las variables económicas y sociales de la zona, era suficiente para que se configurara el delito, en tanto no se podía llegar a las conclusiones plasmadas en el decreto.
En lo referente al segundo argumento, de que no hay hechos falsos pues el documento alude a proyecciones, considera que debe rechazarse porque el delito de prevaricato, según cita del texto de Nombre52 (Delitos Funcionales), se configura tanto por una falsa fundamentación probatoria como porque, siendo ciertos los elementos probatorios, de ellos no se extraigan las conclusiones de la resolución. Considera que Nombre01 conocía que el oficio SG-ASA-259-2008 no era un instrumento idóneo, ni tenía el asidero técnico , para utilizarlo como fundamento del decreto de declaratoria de conveniencia nacional. En el tercer apartado cita lo que la doctrina conoce como costos medio-ambientales, que son los que permiten medir el daño medio ambiental y pide rechazar el alegato porque se funda en una falsa distinción conceptual. Para el cuarto aspecto cita los artículos 3 inciso m y 34 de la Ley Forestal y considera irracional la tesis de que no exista norma legal que obligue a realizar un estudio para determinar que los beneficios sociales sean superiores a los daños ambientales a fin de otorgar la declaratoria de conveniencia nacional a un proyecto.
En cuanto a la testigo Nombre22, que defendió la tesis de la discrecionalidad del funcionario público, recuerda que la misma está siendo investigada por falso testimonio. Respecto al quinto acápite señala que el delito imputado no hace distinción punitiva entre el prevaricato de hecho y el de derecho y que tampoco es requisito especificar alguno de ellos en la calificación jurídica, por lo que la omisión no es significativa. Considera que la sentencia no fue contradictoria al decir que el decreto se basó en hechos falsos o que lo hizo en estudios improcedentes, porque la falsa fundamentación probatoria surgió del hecho que la decisión no podía derivarse de los instrumentos usados. Cita el artículo 213 de la Ley General de la Administración Publica y el voto número 3895 de la Sala Segunda para decir que es subjetiva la interpretación de que el jerarca esté obligado por las actuaciones de sus subalternos, cuando, a mayor jerarquía, mayores deberes (artículo 41 inciso e), de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito).
Señala que, con la firma en el decreto, el imputado avaló lo actuado, aceptó conocerlo y asumió sus consecuencias, pues ese decreto allanaba el camino para autorizar el permiso de corta de árboles y el cambio de uso de suelo. Respecto al sexto motivo estima que el error de la sentencia, al aludir a la acusación fiscal y no a la querella de la Procuraduría, no afecta el desarrollo intelectivo de la condena y que con el testimonio de Jorge Rodríguez se acredita que el encartado estaba al tanto de este proyecto. En cuanto al sétimo alegato considera que las acusaciones sí tenían una relación circunstanciada de los hechos atribuidos y fueron examinadas tanto por el juez de la etapa intermedia, como por el de juicio. Para el octavo argumento señala que , si se sigue la tesis del recurrente, se llegaría al absurdo de sostener que el máximo jerarca de un Ministerio, no tiene responsabilidad alguna por tratarse de un ser no pensante, que firma lo que le remiten sus subalternos, lo cual reitera para la contestación del noveno agravio , preguntándose para qué son, entonces, las reglas sobre responsabilidad.
Transcribe, en forma parcial, el dicho de Nombre20, Nombre46, Nombre53 y Jorge Rodríguez, en cuanto a la presión y trámites peculiares de este decreto. Para el décimo agravio considera que es cierto el dicho de los impugnantes de que no era el decreto el que autorizaba el cambio de uso de suelo ni la tala de árboles en la propiedad privada. Sin embargo, aclara que ese era un requisito indispensable para esas gestiones pues, de lo contrario, de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, era inviable avalar el aprovechamiento de 12.391 árboles distribuidos en 191.77 hectáreas cubiertas de bosque y la corta de árboles en 4.17 hectáreas de áreas plantadas. Para el décimo primer argumento rechaza la alusión a la discrecionalidad de la Administración, aspecto analizado por el Tribunal Contencioso y la Sala Primera, para lo que cita, en extenso, el voto número 4399-2010, del primero de esos despachos.
En los alegatos doceavo y treceavo pide el rechazo, aduciendo que contemplan errores irrelevantes de la sentencia respecto a la confusión de piezas acusatorias y estima que se efectúan transcripciones sesgadas de declaraciones de testigos. Para el décimo cuarto acápite, sobre la cosa juzgada del voto de la Sala Constitucional, alude a que dicho pronunciamiento se emitió dentro de las competencias del órgano constitucional pero que, ese análisis es diferente al de legalidad de las actuaciones de la Administración, que es el que derivó en la responsabilidad penal. Señala que son ámbitos de actuación diferentes, bienes jurídicos tutelados distintos y que no hay correlación entre sujeto, objeto y causa. Finalmente, respecto al décimo quinto argumento, alusivo a la omisión de pronunciamiento en cuanto a la condena en costas de la absolutoria, estima que debe rechazarse tanto porque se dio, de manera fraccionada, una absolutoria y una condena basándose en la misma acusación, como porque la absolutoria está siendo impugnada. Pide rechazar los recursos y mantener incólume la condenatoria. Estos argumentos fueron reiterados por las partes, aunque en forma resumida, durante la audiencia oral celebrada.
VI.Las impugnaciones del acusado y su defensor deben declararse parcialmente con lugar: Los planteamientos de estos recurrentes, ordenados de forma lógica y resumida y no como fueron expuestos en las apelaciones, aluden a las siguientes áreas temáticas: (i) afectación al principio de continuidad y concentración , porque el debate no inició en la primera semana laboral del año 2015, sino una después; (ii) las acusaciones no cumplían con los requisitos legales por lo que se pide su nulidad; (iii) no hubo correlación entre acusaciones y sentencia; (iv) hubo cosa juzgada constitucional respecto al trámite seguido; (v) la sentencia valoró incorrectamente la prueba y se encuentra omisamente motivada; (vi) se sancionó al encartado por una responsabilidad objetiva o conducta culposa, cuando el tipo es doloso; (vii) no se valoró que él actuó en cumplimiento de un deber legal; (viii) no se ponderó el error de prohibición; (ix) no se motivó , correctamente, el tema de costas.
Para una mayor facilidad expositiva, se irán abordando, hasta donde sea necesario, en ese orden (que no es el presentado) aunque debe adelantarse que la sentencia es parca en el análisis de muchos temas y demuestra una construcción descuidada al punto que, por ejemplo, en las absolutorias arriba analizadas, se menciona, como tipo penal, el de “peculado” cuando se trataba del prevaricato (aspecto corregido por auto del 19 de marzo de 2015, según peticiones de alguna parte) y, en esta condenatoria, se inserta el siguiente párrafo: Por otro lado, y ya dentro de la esfera de la tipicidad subjetiva. Converge en su conducta con la realización del tipo objetivo, primero el de robarle al ofendido sus bienes, utilizando un arma punzo cortante, segundo llevando su arma al sitio para facilitar su cometido, conociendo y dirigiendo su voluntad para alcanzar esos fines ilegales. Luego de dicho análisis en cuanto a la delincuencia desde la óptica de la tipicidad, se procede a realizar un análisis de la antijuridicidad y la culpabilidad del acusado, tendientes a finalizar con la imposición de la pena que se ha determinado para este caso.
En cuanto a la antijuridicidad, las conductas que ha desplegara el endilgado Nombre54 , desde el ámbito de la antijuridicidad formal, no encuentran fundamento en ninguna causal o permiso estatal, es decir no se encuentran amparadas en ninguna causa de justificación, legales o supralegales. Por otro lado, existe del ámbito de la antijuridicidad material, una afectación al bien jurídico del patrimonio del ofendido, pues en se procedió a atacar injustificadamente sus pertenencias, causando un daño o lesión a cúmulo de bienes que conformaban su peculio, disminuyéndolo en forma ilegal. En relación con la culpabilidad, el imputado es una persona con capacidad de culpabilidad. Se trata de una persona que conoce el carácter de sus actos y puede determinarse de acuerdo con esa comprensión, dadas las características que mostró durante el debate, y en el transcurso del proceso. Tampoco existió ninguna circunstancia que lo ubicara en un estado de inexigibilidad de otra conducta” (págs. 252-253 de la sentencia digital).
Nótese, entonces, cómo no solo se confunde la nomenclatura de la figura jurídica a analizar sino que, además, producto del uso descuidado y mecánico de formularios preconcebidos o machotes, se mencionan temas que no tienen ninguna relación con este asunto (robo, armas, imputados que no lo han sido en este caso) lo que apunta a la tesis de que, en efecto, el pronunciamiento carece de una adecuada fundamentación y, por muchas razones, debe ser anulado. En torno (i) al primer tema invocado por los recurrentes, aunque ellos, de forma tangencial, aluden, en medio de otras exposiciones, a que se violaron los principios de continuidad y concentración del Tribunal, este tema, por relacionarse con el normal desarrollo del juicio oral, debe abordarse de primero pues, de ser cierto, haría innecesario conocer del resto de argumentos. La base del alegato se centra en que el debate debió continuar en la primera semana laboral de 2015 y el Tribunal, injustificadamente, lo inició en la segunda.
Revisado el expediente digital a partir de folio 4976 (en la secuencia de grabación de la totalidad del expediente) se tiene que en este asunto, declarado de tramitación compleja, el debate inició el lunes 27 de octubre de 2014, momento en que se dio una primera suspensión, ante el fallecimiento del suegro del defensor de un encartado y continuó durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre; lunes 3 (aunque en la sentencia se dice 2, que era domingo, y no se apunta el 3), 5, 6, 7, lunes 10, 11, 13, lunes 17 de noviembre (en que se dice que seguiría el 18, sin que conste acta de esta última fecha pero sí el DVD, del que se colige que, en ella, un defensor público refirió el fallecimiento del producto del embarazo de su esposa, por lo que se sometió a una licencia, motivo por el cual no se sesionó ni ese día ni el 19 como indica erróneamente dice la sentencia), viernes 21, martes 25, 26 y 28 de noviembre (que inician las conclusiones fiscales); lunes 1 de diciembre (en que se suspendió hasta nuevo aviso por un problema de salud de uno de los defensores), lunes 8, 9 (en que se dice que seguiría el 10 pero no consta el acta aunque sí en la grabación), 11 (en que se debió suspender pues uno de los jueces era el único que podía ingresar a un juicio o continuación programados), viernes 12, lunes 15 de diciembre (en que un juez se incapacitó y se señaló para continuación el jueves 18 de ese mes, sin que conste el acta pero sí la grabación).
El debate reinició el 12, 13 y 14 de enero, en que se cerró y se señaló para la lectura de la parte dispositiva de la sentencia el día 28 de enero de 2015. Además, según las actas que constan en autos, en ninguna de las ocasiones en que se dio una suspensión, hubo manifestaciones expresas de oposición ni interposición de recursos. Como no todas las actas se encuentran completas, o al menos, digitalizadas en orden en el expediente virtual (y en los resultandos de la sentencia la información que se consigna es escueta e incorrecta en algunos casos sobre las fechas de sesión), se acudió a las grabaciones y se tiene que, el día 18 de diciembre, es decir, la víspera del cierre colectivo, se dijo que la jueza Mercedes Muñoz estaba incapacitada por la tarde de ese día y el día siguiente, por lo que continuarían el 12 de enero de 2015, sin que nadie manifestara su oposición al respecto (ver archivo 08-11-33-PE 72 del 18/12/2014).
Frente a eso quien impugna señala que un profesional de las partes estaba de vacaciones. En todo caso, en ninguna de las suspensiones transcurrieron más de veinte días hábiles, que era el plazo máximo posible para ello, dado el tipo de tramitación compleja de este expediente, conforme a lo establecido en el artículo 336, 378 inciso c y 167 párrafo segundo del Código Procesal Penal. Nótese que del 20 de diciembre al 12 de enero, si bien transcurrieron veinticuatro días, estos eran naturales, ya que a partir del sábado 20 de diciembre de 2014 y hasta el domingo 04 de enero de 2015 el Poder Judicial estaba en receso por asuetos, feriados o vacaciones colectivas, por lo que tales días no eran hábiles. Entonces, el debate estuvo suspendido siete días hábiles (19 de diciembre de 2014; del 05 al 09 y el 13 de enero de 2015), por lo que no hubo ruptura de la continuidad, de modo que no lleva razón la parte recurrente.
(ii) En lo concerniente a los requisitos de las acusaciones que, sobre este tópico concreto de la condenatoria, se formularon, es claro que este tema, al margen de lo dicho, debe analizarse porque, de darse esa falta de imputación alegada, a nada conduciría un reenvío sino que el asunto debería decidirse desde esta sede, por economía procesal. Sin embargo, ese yerro no se da. Nótese que, como se indicara en el considerando II, punto 5 de esta resolución, los hechos referentes a esta condena fueron descritos en el apartado 30 (que contextualiza y hace alusión indirecta) y 31 de la acusación fiscal y los acápites 45-46 de la querella. En la acusación fiscal el evento imputado a este funcionario se describió de esta forma: “ 31. Es así como el encausado Nombre01 en calidad de Ministro de Ambiente Energía y Telecomunicaciones actuando como Poder Ejecutivo, sin que el proyecto reuniera las condiciones legales para ser declarado de conveniencia nacional, con el auxilio prestado por la cómplice [Nombre05 005] al suscribir el oficio número SG-ASA-259-2008, emitió el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, de fecha 3 de octubre del año 2008, publicado en La Gaceta Nº 201, del 17 de octubre del 2008, con lo que declaró de conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, contrariando de esta forma lo dispuesto en los artículos 3 inciso m), 19 inciso b) y 34 de la ley forestal, así como el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública.” Por su parte, la querella de la Procuraduría agregaba lo siguiente: “ 45.- A raíz de la solicitud del Director del Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, la encartada [Nombre05 005], actuando en su condición de Secretaria General de la SETENA, con el fin de favorecer los intereses de las empresa Minera industrias Infinito S.A. y de colaborar con el también coimputado Nombre01, teniendo pleno conocimiento que los Decretos de Conveniencia Nacional resultan ser una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, según la excepción prevista en el artículo 19 inciso m) y 34 de la Ley Forestal, tomándose atribuciones que no le competían, emite el oficio SGASA-259-2008 del 10 de octubre de 2008 dirigido al señor Nombre55, mediante el cual, asevera que el balance obtenido mediante los instrumentos apropiados permitió establecer que los beneficios sociales económicos son mayores que los costos ambientales.
Esta afirmación la realiza la encartada Nombre56 sin que tuviese fundamento alguno, pues no existe evidencia que los instrumentos a que hace referencia en el oficio de referencia fueran aplicados para emitir el decreto de conveniencia nacional. 46.- Es así como, con la ayuda de la imputada [Nombre05 005] al suscribir el oficio SG-ASA-259-2008, el Ministro de Ambiente de entonces y ahora imputado, Nombre01, emite ilícitamente, en conjunto con el Nombre41 Nombre05 para la fecha, Nombre44, el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, publicado en La Gaceta N° 201 del 17 de octubre del 2008, el cual declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. Decreto que resulta violatorio del ordenamiento que rige la materia, en cuanto al procedimiento, el motivo y la fundamentación, pues se inobservó groseramente la normativa establecida en el artículo 3 inciso m de Ley Forestal y artículo 2 del Reglamento a la Ley 7575 sobre requisitos de declaratoria de conveniencia nacional, así como el numeral 6. 6 del Código de Minería sobre declaratoria de utilidad pública.
Entre las violaciones al procedimiento se encuentra -entre otros aspectos-, que se omitió conceder a las entidades representativas de interés, ya sea de carácter general o corporativo, los plazos establecidos en la Ley, para que estás organizaciones de la sociedad civil se pronunciaran sobre el proyecto; en cuanto a aspectos de fundamentación, no tiene un asidero técnico para su declaratoria, pues no se realizó análisis sobre variables sociales y económicas de la zona del proyecto” (el destacado es suplido). Es decir, las dos acusaciones establecen, claramente, que el encartado Nombre01 cometió el delito que se le atribuye tanto porque violó la ley, en los artículos referidos, como porque el Decreto de Conveniencia Nacional se hizo sin análisis de las variables sociales y económicas. Por ende, sí hay una adecuada imputación en la acusación y ello obliga a rechazar este reclamo. (iii) En lo que respecta a la falta de correlación entre acusaciones y sentencia, evidentemente este aspecto se relaciona solo con la condena que aquí se analiza y tiene íntima relación con lo indicado atrás, lo que obligó a hacer ahí las transcripciones de lo acusado.
La principal crítica, en este sentido, es que, mientras la acusación se basaba en indicar que se había resuelto contra la ley, la condena se sustentó en que la decisión administrativa cuestionada se tomó con base en hechos falsos, por un lado y, por el otro, que mientras las acusaciones aludían a una acción, la sentencia se refirió a una omisión. Tales aspectos no son, tampoco, de recibo. Nótese que, de lo transcrito atrás, sobre el contenido de las piezas acusatorias, se denota que, si bien en estas nunca se usó la fórmula “basada en hechos falsos” que sí utilizó los hechos probados de la condena (verbigracia el número 14), claramente se indicó, por lo menos en la querella de la Procuraduría General de la República, que el decreto carecía de asidero técnico , porque no se realizó un análisis de las variables sociales y económicas. Es cierto que la Ley Forestal alude a “instrumentos apropiados” y no a peritajes, análisis, estudios etc. pero, en el sentido general del lenguaje, la imputación, que es lo que por ahora interesa analizar, sí sustentó que, al margen del Nombre05 que se le dé, ese instrumento no existía.
Por otra parte, en ambas acusaciones, al contextualizarse ese evento y atribuirle, a la cómplice, una actuación dolosa de crear un documento inexacto para ayudarle al autor al emitir la resolución atacada, se establece que el autor conocía de esa actuación y la procuró (porque de lo contrario no podría aludirse a la complicidad) de modo que, al margen de cuestiones terminológicas (que pudieron rectificarse con una mejor técnica de redacción de esas piezas procesales y que sí deben analizarse para otros efectos), es claro que sí hubo una imputación y que los “hechos falsos” a los que se aludió en los probados (y que es lo que se ataca como base de las "omisiones"), sí estaban contemplados en los marcos acusatorios, por lo que el vicio no se observa. (iv) En torno al tema de la cosa juzgada constitucional (que también debe analizarse al margen de lo que se haya dicho y manifieste sobre otros vicios de la sentencia, pues lo que se resuelva sobre el tópico puede hacer, o no, innecesario el reenvío) cabe indicar que, para que exista cosa juzgada, es necesario que haya identidad en partes, objeto y causa o, en palabras del otrora denominado Tribunal de Casación Penal de San José, en el voto voto 104-F-1999 (Nombre57, Cruz Castro y Nombre07 Rojas): "...la igualdad de procesos para hacer valer la litis pendentia o la cosa juzgada, viene determinada por tres aspectos: (i) la identidad de persona (eadem persona), (ii) de hechos u objeto del proceso (eadem re) y (iii) de pretensión (eadem causa petendi); precisamente esta última es la que marca la diferencia en cuanto a los distintos perfiles de la responsabilidad, así la pretensión penal de imposición de una pena es distinta a la pretensión laboral de imposición de una sanción disciplinaria, o a la civil de imponer el pago por daños, o la de familia para lograr la disolución del vínculo matrimonial por sevicias, etc." (En similar sentido, LLOBET RODRÍGUEZ, Javier.
Proceso penal comentado, Editorial Dominza, quinta edición, San José, págs. 68-69). Los argumentos del recurrente se centran en referir que la Sala Constitucional, mediante voto número 6922-2010 del 16 de abril de 2010, determinó, en cerca de trescientas páginas, que todo lo actuado, en cuanto a la confección y firma del decreto ejecutivo N° 34801-MINAET de conveniencia nacional, por parte del Poder Ejecutivo había estado ajustado al ordenamiento jurídico. Aunque, como insistentemente lo apuntan los recurrentes, la jurisprudencia constitucional es vinculante erga omnes (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) salvo para el órgano constitucional, no es posible hacer trasliteraciones de sus pronunciamientos en forma general o abstracta, sin analizar, minuciosamente, los alcances de ellos y esto por varias razones. Primero porque, en tesis de principio, no puede haber cosa juzgada entre procesos de diferente naturaleza (constitucional, contencioso-administrativo y penal, por ejemplo) desde que la causa de pedir, en cada uno de ellos, es distinta (en el constitucional lo que se busca identificar es la violación a derechos constitucionales; en lo contencioso-administrativo la vulneración a la legalidad y el abuso de las potestades discrecionales de la Administración Pública y, en lo penal, la comisión de delitos) y ello conduce a que, también, las partes no sean iguales (en el constitucional hubo terceros como organizaciones ambientales, particulares que reclaman contra actos de órganos e instituciones estatales; en el contencioso hay una parte contra el Estado como un todo y, en lo penal, es el Estado contra los funcionarios), todo lo cual fue abordado, correctamente, en la sentencia de instancia.
Por otro lado, esa diferente naturaleza genera formas de tramitación distintas: unas sumarias (la constitucional), que se basan en informes rendidos, bajo juramento, por los funcionarios y otras plenas o exhaustivas, que se apartan de aquellos formalismos para verificar si esos informes, dados bajo juramento, eran ciertos o no; si se omitieron detalles y se analiza el hecho histórico. Así, no puede hablarse de cosa juzgada constitucional generada por lo resuelto en el amparo, y que deba respetarse en este proceso penal, por la sencilla razón de que, en el primero, se discutió la violación a un derecho constitucional al ambiente, en tanto que, en este, se alude a la responsabilidad penal de los funcionarios que efectuaron los actos. Tampoco la hay entre la decisión constitucional y la del contencioso-administrativo, porque esa identidad de partes y causa no se manifiesta. Debe tenerse en cuenta que un razonamiento similar a este sirvió de base a dos acciones de inconstitucionalidad planteadas por algunos de los aquí imputados.
Esas gestiones la Sala Constitucional las rechazó de plano, mediante jurisprudencia vinculante también. Así, en el voto número 2013-13807 del 16 de octubre de 2013 (acción de inconstitucionalidad 13-8178-007-CO interpuesta por el aquí encartado Nombre01, en que se impugnaba la jurisprudencia de la Sala Primera y del Tribunal Contencioso Administrativo en tanto contravenía la de la Constitucional por el tema de las sentencias del caso Nombre12) la mayoría de los magistrados (Nombre42, Rueda, Pacheco y Hernández) indicaron que la acción era inadmisible por carecer de requisitos, otros dos (Cruz y Nombre58), además de lo anterior, la rechazaron por otras razones, tales como que la vinculatoriedad a que aluden los numerales 13 y 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional es solo para sentencias estimatorias, como se ha determinado en estos votos: “Ninguna situación ilegítima se tiene por acreditada en el caso presente que viole o amenace el derecho a la integridad física del actor, motivo por el cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso, sin perjuicio, de llegar a una conclusión distinta en otra ocasión con sustento en otros elementos de prueba, habida cuenta que las sentencias desestimatorias de la Sala Constitucional no tienen autoridad de cosa juzgada formal ni material.
Consecuentemente, se debe declarar sin lugar el recurso de amparo, en cuanto a este extremo.” (S entencias de la sala Constitucional 2011-005711 de las 14:38 hrs. del 10 de mayo de 2011; 2011-002761 de las 9:28 hrs. del 4 de marzo de 2011; 2011-001913 de las 15:02 hrs. del 15 de febrero de 2011; 2011-000736 de las 10:20 hrs. del 21 de enero de 2011; 2010-021100 de las 15:46 hrs. del 21 de diciembre de 2010; 2010-20740 de las 15:47 hrs. del 14 de diciembre de 2010; 2009-010600 de las 9:10 hrs. del 03 de julio de 2009). En igual sentido se pronunció la doctrina: “En el caso del recurso de amparo, puede afirmarse que nuestra legislación no le confiere a sus sentencias desestimatorias el carácter de cosa juzgada material, pues aquellas no impiden que el asunto sea ventilado en otra jurisdicción (…). Las sentencias desestimatorias en los procesos de amparo sólo producen efectos de preclusión, dado que impiden que el mismo asunto pueda ser ventilado nuevamente en la jurisdicción constitucional (…)” (Nombre59, Nombre60.
Págs. 267 y 268). Además, ese voto de los Magistrados Nombre58 y Cruz agregó específicamente sobre el tema que nos ocupa: “ El ilícito penal es ajeno a los efectos de un amparo constitucional. Los efectos de una posible cosa juzgada no le alcanzan. Los argumentos que aduce el accionante desconocen que la acusación no se fundamenta en resoluciones judiciales, sino que se refiere a hechos ocurridos antes de que se dictaran las decisiones jurisdiccionales. El sustento de una imputación penal se refiere a hechos que nada tiene que ver con la discusión sobre temas de constitucionalidad, son hechos que supuestamente ocurren antes de que se dicten los fallos. Son hechos autónomos que no dependen de los que se resuelva en el amparo. Resulta jurídicamente inconsistente pretender excluir un ilícito penal asumiendo, como causa de justificación o de atipicidad, lo que se resolvió un amparo que se declaró sin lugar, porque se estimaba que no había ninguna violación constitucional al ambiente.
Esta decisión en nada incide, ni significa un juzgamiento sobre las conductas que describe la acusación y que el amparado pretende asumir como un “nen bis in idem´. Lo resuelto en el amparo no tiene relación con la posible ejecución de un hecho criminal, que es la base fáctica de una acusación. La discusión sobre la posible lesión al ambiente, desde una perspectiva constitucional, no abarca, de ninguna forma, los hechos que podrían estimarse criminales, menos si se trata de delitos vinculados con la función pública. Con o sin lesión al ambiente, bien puede producirse un prevaricato o un incumplimiento de deberes. Estas acciones no se examinan en un amparo, que es un procedimiento sumario que no determina ni define nada sobre los actos que puedan integrar un hecho delictivo. La base fáctica de una acusación, que gravita sobre un ilícito penal, no tiene relación con la discusión sobre un amparo en que se discute si una actividad lesiona el ambiente.
Obviamente el incumplimiento en los deberes de la función pública, que es el valor tutelado en los delitos contra los deberes de la función pública, no se analiza en un amparo, que es un juicio sumario sobre lesiones al medio ambiente. La acusación formulada contra el recurrente, no tiene nada que ver con asuntos de medio ambiente. Con lesión o sin lesión al ambiente, podría existir el prevaricato o el incumplimiento de deberes. En un amparo constitucional, con todos sus efectos, nunca se examinan los elementos de un ilícito penal, que integra componentes objetivos y subjetivos, por esa razón no es posible admitir que un amparo, según lo plantea el accionante, aunque sea estimatorio, pueda tener el efecto de una cosa juzgada material que enerve la posibilidad de formular una acusación penal. Los hechos que integran la imputación penal formulada contra el amparado, no fueron examinados ni descritos en los amparos de medio ambiente que resolvió este Tribunal, por esta razón, no es admisible el argumento que esgrime el recurrente en el sentido que la cosa juzgada, aunque sea un fallo desestimatorio, excluye los hechos que integran la imputación que le da sustento a la acusación.
La naturaleza del proceso penal y los presupuestos de la punibilidad estatal no pueden ser neutralizados por una sentencia de amparo, que en su contenido material y procesal, no guarda relación con el enjuiciamiento criminal que enfrenta el señor Nombre01. Así entonces, considero que este asunto que se rechazó de plano, debió también haberse rechazado, no sólo porque la acción no cumplió con los requisitos de admisibilidad, sino también, por las razones expuestas” y solo Nombre61 salvó su voto y le dio admisibilidad, probablemente sin considerar que no se cuestionaba una línea jurisprudencial , sino votos específicos de un caso concreto, lo que está vedado a la jurisdicción constitucional (artículos 30 inciso b y 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Por otro lado, en el voto número 2014-3841 (acción de inconstitucionalidad planteada por [Nombre05 006] contra la jurisprudencia de la Sala Primera que afectaba su proceso de despido), la Sala Constitucional, esta vez por unanimidad, dijo: “…cabe mencionar, que las sentencias número 4399-2010 de la Sección IV de Tribunal Contencioso Administrativo y la número 001469-F-S1-2011 de la Sala Primera de Casación, a las que hace referencia la actora en esta acción, fueron dictadas en un proceso judicial ya finalizado, en dónde se conoció y resolvió sobre actos de diferente naturaleza a los que se conocen y discuten en el procedimiento administrativo seguido en contra de la actora, por lo que no guardan una relación entre sí.
En otras palabras, en el proceso judicial en el que se dictaron las sentencias de referencia, se impugnó el permiso otorgado por el Estado a una empresa privada, para la explotación minera; mientras que en el procedimiento administrativo tramitado ante el Servicio Civil en contra de la actora, se pretende sancionar a ésta por las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones; lo que constituye procesos de diferente naturaleza, no vinculantes entre sí.” De la misma forma, ese órgano constitucional, al resolver la solicitud de adición y aclaración interpuesta por los representantes de la empresa contra el voto número 2004-13414 de la misma Sala, dijo, esta vez a través del voto número 2006-14421 que: “… el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario porque tiene como única finalidad brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso” (el destacado es suplido).
Es decir, esa misma jurisprudencia constitucional, con carácter vinculante, ha establecido, por unanimidad para la mayoría de asuntos, que se trata de procesos de naturaleza diferente y que, mientras en el contencioso-administrativo se examinan cuestiones probatorias amplias y que atañen a la legalidad infraconstitucional, en aquel proceso de amparo se resolvían amenazas inminentes y de forma sumaria, de ahí que los resultados no hayan coincidido. Finalmente, como si este panorama no fuera poco, resulta que fue la misma Sala Constitucional la que, en el voto número 2010-14009, sobre este mismo asunto de la explotación minera de Nombre12 dijo: “…debe tomarse en consideración las ya citadas sentencias de esta Sala números 2004-9927 y 2005-5790, en cuanto se ha definido de manera reiterada que escapa al ámbito de competencias de esta jurisdicción detenerse en valorar si los estudios han sido bien realizados o si cumplen con la información necesaria , aspectos que de suyo deben ser dirimidos por las instancias técnicas que corresponde (…) “ V.- Sobre los alegatos 1 (otorgamiento de concesión en violación del decreto ejecutivo que establecía la moratoria de la actividad de minería a cielo abierto), 3 (la conversión mediante la resolución n° R-217-2008-MINAE de la concesión minera n° R-578-2001—MINAE ya anulada) y 5 (violación de varios tratados internacionales).- En criterio de los recurrentes, la concesión minera otorgada a la empresa Industrias Infinito, mediante la resolución n° R-217-2008-MINAE de las 15 horas del 21 de abril del 2008, resulta violatoria de derechos fundamentales, con fundamento en varias razones, tres de las cuales son cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad.
Primero, consideran que fue otorgada a pesar de que al momento de su otorgamiento estaba vigente el decreto ejecutivo que establecía la moratoria de la explotación de minería a cielo abierto. Al respecto, a pesar de que esta Sala comprueba que en efecto al 20 de mayo del 2008 (fecha en que se dictó la resolución R-217-2008-MINAE) estaba todavía vigente el decreto ejecutivo número 30477-MINAE (emitido el 12 de junio del 2002 y derogado el 04 de junio del 2008), y que dicho decreto establecía que los derechos adquiridos serían respetados, no es asunto de constitucionalidad sino de legalidad el examinar y valorar si una concesión minera viola un decreto ejecutivo (…) Segundo, consideran que dicha concesión del 21 de abril del 2008 fue “revivida”, a pesar de que la Sala Constitucional ya la había anulado mediante el voto 2004-13414 del 26 de noviembre del 2004. Al respecto, a pesar de que esta Sala comprueba que mediante la citada resolución de este Tribunal Constitucional se anuló la resolución que otorgaba la concesión minera a la empresa en cuestión, número R-578-2001-MINAE, y que los recurridos interpretaron que dicha nulidad era una nulidad relativa por lo que procedía la figura de la “conversión del acto administrativo” establecida en el artículo 164 de la Ley General de la Administración Pública, no es asunto de constitucionalidad sino de legalidad el examinar y valorar si los recurridos procedieron de forma correcta o no al “convertir” el otorgamiento de la concesión minera que había sido previamente anulada por este Tribunal Constitucional.
(…) Por lo tanto, dichos alegatos deben llevarlo los recurrentes a la vía contencioso administrativa, que es la competente para analizar la legalidad en el otorgamiento de la concesión en cuestión, conforme los argumentos que exponen los recurrentes” (el destacado es suplido). Por todo ello, es claro que no ha operado la cosa juzgada constitucional y que, por ende, el juzgamiento efectuado (o, de existir vicios en la motivación, el que llegue a ordenarse) está ajustado a derecho. Los otros argumentos del accionando (v, vi y viii) se abordaran en forma conjunta en este acápite, pues aluden a temas de motivación, ya sea porque se acuse que la sentencia valoró, incorrectamente, la prueba y presenta una fundamentación parcial, porque se sancionó al encartado sobre la base de argumentos propios de una responsabilidad objetiva o conducta culposa, cuando el tipo penal aplicado es doloso o porque no se ponderó el error de prohibición y, sobre estos temas , llevan razón los impugnantes en que, efectivamente, la fundamentación fue omisa, incorrecta o insuficiente.
Nótese que, aunque la sentencia de instancia, en el apartado de la condena, es relativamente extensa, eso no es sinónimo de fundamentación, en la medida en que se limitó a hacer transcripciones, tanto de extractos de la acusación, del decreto cuestionado, de artículos diversos, del “Resumen del Proyecto” presentado por la empresa Industrias Infinito y, en el considerando IV, de cuestiones abstractas o generales sobre el delito en cuestión, con transcripción de doctrina, jurisprudencia y, como se vio, hasta copias de resoluciones que no tienen alusión con este caso, pero es muy parca en el análisis de los hechos particulares sometidos a su conocimiento. Por ejemplo, y sin que estos sean los únicos aspectos omisos o insuficientemente fundamentados, pero sí los de más peso en la decisión de esta Cámara de acoger los alegatos y ordenar el reenvío, no hay ninguna parte de la resolución condenatoria que explique cómo se concluye que Nombre01 sabía y quería emitir una resolución ilegal pues, sobre este tema, en un par de renglones se indica: “Pero a mayor abundamiento se ha corroborado igualmente no solo la falsedad fáctica, sino que aquella quimera era conocida por el imputado Nombre01.
No solo se utilizó un hecho falso, sino que se sabía de la irregularidad y aún así se emitió el decreto ejecutivo. Luego de dicho análisis en cuanto a la delincuencia desde la óptica de la tipicidad, se procede a realizar un análisis de la antijuridicidad…” (página 249 de la sentencia digital). Es decir, se hicieron afirmaciones sin darles sustento y se pasa a otro tópico, lo que denota el uso de un formulario preconcebido que, sin mayor cuidado, se aplicó al caso concreto. Luego, al retomar por qué Nombre01 actuó de manera dolosa, los jueces de instancia indicaron lo siguiente: "Véase como el autor del decreto desde ya deja de lado los elementos técnicos que sea (sic) hacen necesarios para la promulgación del decreto conveniencia nacional, pues obvian dolosamente lo relacionado a los instrumentos técnicos dejan de lado la obligación de contar con datos "objetivos" que vengan a determinar que efectivamente los beneficios sociales eran o iban a ser superiores a los favores ambientales...
Esta omisión del todo dolosa (...) resulta ser el fundamento para achacarle al acusado la comisión del ilícito de prevaricato, por basar una resolución en este caso un decreto ejecutivo, en hechos falsos, como luego se verá (...) se reconoce que el mismo estaba basado en hechos falsos, pues la elaboración del documento en este caso decreto, presuponía la existencia de estudios apropiados, objetivos, claros y públicos, que reflejaran la ecuación comparativa entre los beneficios sociales (...) Es aquí donde surge uno de los indicios más claros y contundentes de la existencia de un dolo directo por parte del acusado Nombre01, pues en el texto del decreto ejecutivo en cuestión, se hace la cita normativa antes indicada, pero se cercena en forma inaudita lo referido a la necesidad de realizar mediciones instrumentales apropiadas de los costos y beneficios, y se sustituye tal cuantificación con cifras de eventuales inversiones y compensaciones ambientales (...) Se concluye en este sentido que la elaboración, tramitación y entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo de Conveniencia Nacional del caso Crucitas, tuvo su basamento en hechos falsos, pues nunca se contó con los resultados de la valoración entre los costes ambientales y los costes sociales (...) puesto como ya tantas veces se ha indicado dicho decreto se basó en un hecho falso, el cual era la existencia de instrumentos de valoración o medición que dieran como resultado una comparación entre los social y lo ambiental" .
Sin embargo, esta determinación de que no se contó con dichos instrumentos, dejó de ponderar que la Sala Constitucional había dicho lo contrario y eso era importante valorarlo, no porque esto implicara cosa juzgada, sino porque tendría que haberse justificado, con mayores elementos, el que para los jueces de juicio se careciera de ellos si, de manera expresa, la Sala Constitucional, en la decisión del amparo, voto número 2010-14009 indicó, entre muchos otros aspectos, el siguiente: " CIII.- (...) la Sala advierte que el decreto de referencia sí demuestra la realización de un trabajo previo que permitió a la administración determinar la existencia de beneficios socio-económicos mayores a los eventuales costos ambientales, determinación para la cual la administración utilizó los instrumentos técnicos establecidos y disponibles al efecto, instrumentos que fueron exigidos, presentados y valorados por las instancias pertinentes dentro de sus ámbitos de competencia técnica –Dirección de Geología y Minas y SETENA-, por lo que tratándose de una determinación de carácter técnico se está ante un asunto de legalidad ordinaria ya definido por las entidades competentes en cada caso".
Nuevamente, no se trata de que esa decisión de la Sala Constitucional tenga carácter de cosa juzgada y vinculante a los jueces penales, de lo que se trata es que, de acuerdo con las reglas de la lógica, algo no puede ser, y no ser, al mismo tiempo por lo que era necesario que el Tribunal de instancia, en caso de que estimara que el razonamiento de los jueces constitucionales era incorrecto o se basó en premisas falsas, lo desvirtuara, lo que no se hizo. Es cierto que el amparo tenía como finalidad, establecer si había o no una afectación al derecho de toda persona a un ambiente sano, de modo que no tiene razón la defensa cuando alegó que hubo cosa juzgada, sin embargo, aunque esto no se haya aceptado, no quiere decir que los jueces, sin mayor fundamento, dijeran que el prevaricato se originó en que el decreto de conveniencia nacional se hubiera basado en hechos falsos pues, para esto, debía sustentarse adecuadamente la decisión.
Incluso, observa esta Cámara, que este argumento se empleó, tanto para describir por qué la acción resultó típica, desde la perspectiva de los elementos normativos del tipo, como desde el análisis del dolo lo que es una evidente confusión de ambos tópicos. Véase que la sentencia, luego, señala que los estudios técnicos nunca se realizaron y, aunque sí se hizo un detalle de algunos aspectos que podrían considerarse de carácter indiciario, como lo fue la determinación de que la declaratoria de conveniencia nacional tuvo un trámite anómalo, lo cierto del caso es, que no fue bien fundamentado un elemento esencial utilizado para la condena, es decir, que se hubieran omitido los instrumentos técnicos suficientes para darle sustento a esa decisión de decretar la conveniencia nacional del proyecto minero Crucitas. Incluso, los juzgadores, parecen extraer el dolo del acusado, con la constatación que establecieron, de que hubo una "...determinación gubernamental expedita de acceder al proyecto Crucitas: y este hecho sirve igualmente para verificar el dolo del acusado, pues desde las reuniones previas, la formulación del decreto, el procedimiento de firma y publicación, y la confección de la resolución 244-208 no se observa otra cosa que una patología tramitológica tendiente a darle vida al proyecto minero "Crucitas".
El problema de esta línea argumentativa, empleada por los jueces para explicar por qué, Nombre01, actuó en forma dolosa, es que no hizo una separación de las competencias de cada uno de los involucrados en la decisión de llevar a cabo ese decreto. En otras palabras, es evidente que no fue solamente él, quien desplegó toda esta tramitología. Por el contrario, es posible que, desde quien era Nombre41 Nombre05, muchas otras personas hubieran participado de ese trámite y, entonces, era necesario enlazar esas participaciones a la de Nombre01. Entonces, no luce bien fundada la consideración que haya sido este encartado el que actuó y, a partir de este hecho, quedaron infundados dos aspectos medulares de la condena: que el decreto se basó en hechos falsos y que el imputado actuó dolosamente. Incluso, el criterio de los jueces de instancia tampoco resultó muy claro, respecto a si la responsabilidad del acusado surgió por haber omitido realizar estos estudios (en caso de que se determinen necesarios), ya que no contó con los instrumentos respectivos o porque, teniéndolos, estos no fueran adecuados, correctos o suficientes.
Esta Cámara no prejuzga respecto a que no hubiese sido así, por el contrario, a partir de una serie de elementos, de carácter indiciario podría ser válido que se lleguen a determinar estos dos elementos esenciales. Lo que este Tribunal observa es que la decisión no profundizó ni enlazó, de forma más profunda y detallada, estos temas. Era necesario, entonces, que, sobre este aspecto subjetivo, el Tribunal analizara los indicios extraídos de todo el bagaje probatorio y que tenían relación, no solo con los cambios en la política gubernamental del período en que fue funcionario Nombre01 (que sí se mencionan en la sentencia), sino, con el hecho, por ejemplo, de que él revocara la resolución que había declarado con lugar el recurso de reposición planteado por Nombre13 (y que, a su llegada al Ministerio, estaba pendiente de resolverse y decidiera la gestión, con el mismo fundamento, pero en sentido contrario) ; la rapidez de los trámites a partir de su llegada y todos en una misma dirección; los mismos alegatos expresados por el acusado en los diversos votos de la Sala Constitucional en caso de que ello sea admisible (lo que tampoco se ponderó); las diversas alertas que, por diversas instituciones, se hacían llegar al Ministerio de que se estaba actuando en contra del Ordenamiento Jurídico (ONGs, universidades, etc.); los cambios de personal que se hicieron en instituciones llamadas a conocer del tema, cuál era la posición de quienes fueron cambiados y qué personas efectuaron esas variaciones; la forma en que, usualmente, se votaba en la Nombre11 y cómo se decidieron temas relacionados con este asunto y el enlace de todo ello con este imputado; el que este encartado estuviera al tanto de todo lo sucedido sobre este caso, etc. Por ello, la simple afirmación de que él sabía no era suficiente.
Igual debió suceder en lo referente al escrutinio de su posición de que pensó que todo estaba ajustado a Derecho, porque las actuaciones llevaran los avales de los diversos departamentos. Esa tesis se traduce en alegatos técnicos que, en Teoría del Delito, tienen como institutos a analizar el error de prohibición, tanto indirecto como directo y, sobre esto último, nada dice la sentencia: ni para afirmarlo ni para descartarlo pues si la posición del Tribunal de instancia, que deja entrever en algunos renglones, es que el encartado Nombre01 creó una aparente legalidad, para valerse de ella, debió exponer todos los indicios de los que se valía para sustentarlo de ese modo. Véase que, en el considerando IV, antes de hacer la transcripción de un asunto diverso, solo indicó lo que atrás se refirió, sin explicar esas afirmaciones que, al tenor de lo referido por el artículo 142 del Código Procesal Penal, carecen, entonces, de motivación y son simples frases rutinarias.
Esto no se subsana cuando, habiéndose efectuado, se supone, el análisis de toda la Teoría del Delito, se construye otro considerando V llamado “Culpabilidad y Sanción Aplicable ”, lo que denota la forma descuidada de construcción de la decisión. En ese apartado, sin embargo, solo se hacen alusiones a la sanción, aunque en alguna parte se inserta, nuevamente sin explicación, una frase que, por lo demás, era un tema propio del dolo y no de la culpabilidad en que se ubicó, según la cual “…es por ello que se toma en cuenta el conocimiento que se tenía de parte del imputado Nombre01 y la voluntad desde el inicio de su gestión como Ministro, pues la instrucción dada era que el proyecto Minero Nombre12 debía empezar su gestión y empezar con la extracción del oro lo más pronto posible y por ello la categoría prioritaria en la gestión de su viceministro Nombre15” pero, sobre esto, tampoco se dice de dónde se extrae, con el agravante que ese testigo lo que declaró, tal y como se alega en los recursos, es que la actividad minera en general (no de esta empresa en particular) era de interés de la Administración Nombre44, por lo que el resto, que es inferencia de los jueces, tenía que tener un sustento idóneo que no fue expuesto.
A todo lo expuesto, hay que agregar que, el Tribunal y las partes, omitieron analizar un tema que podría ser trascendental para el Decreto de Conveniencia Nacional y es que el numeral 3 inciso m de la Ley Forestal define las actividades de conveniencia nacional como las "...realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socio-ambientales. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados" lo hace en el marco de lo establecido en el numeral 19.b de esa misma normativa, que señala: "ARTICULO 19.- Actividades autorizadas. En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines: (...) b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional (...) En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos.
Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley" (el destacado no es del original). Ergo, no bastaba que se tratara de actividades de conveniencia nacional sino que estas debían consistir, interpretando sistemáticamente ambas normas, en proyectos de infraestructura. Este término, siguiendo la interpretación restrictiva que es la gramatical (artículo 2 del Código Procesal Penal) y, según el Diccionario de la Real Academia Española, primera acepción, significa "Obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación a otra" (se suplen las negritas) de modo que era imperativo analizar si las obras que planeaba hacer la empresa (extracción de materiales) pueden considerarse “infraestructura” a los fines de autorizar la corta de árboles, es decir si, sobre ellas, se iban a construir otras, tema expuesto así en la contestación efectuada por la Defensoría de los Habitantes en el voto número 2010-14009 de la Sala Constitucional (acápite VI del resultando) y que no fue abordado por los magistrados constitucionales en aquel momento.
Por todo lo expuesto, se deben acoger parcialmente (porque, como se dijo atrás, hay temas que quedan zanjados, al rechazarse, desde esta sede, como los supuestos errores de la acusación y la cosa juzgada constitucional) las impugnaciones del encartado y de su defensor y lo que procede, producto de lo anterior, es anular la sentencia condenatoria dictada en autos y ordenar el juicio de reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia. Cabe indicar que la sentencia condenatoria que se está anulando, no fue recurrida por el Ministerio Público ni la Procuraduría General Nombre05 por lo que, de conformidad con lo establecido en el numeral 447 del Código Procesal Penal), en el reenvío que se ordena (y ante una eventual condena, sobre lo que este Tribunal no prejuzga) no podrá hacerse más gravosa la situación de tales impugnantes. Así las cosas, por innecesario debe omitirse pronunciamiento sobre los restantes argumentos referentes a que (vii) no se valoró que Nombre01 actuó en cumplimiento de un deber legal y (ix) no se motivó correctamente el tema de costas (aspecto, este último, que también pierde interés en razón de haberse anulado, en otros apartes de esta misma resolución, las absolutorias que motivaron esta queja).
VII.- (A) Aunque no ha sido alegado por nadie ni es tampoco, la razón principal de la nulidad de la sentencia, sí es oportuno hacerle ver al Tribunal de instancia que en los asuntos de tramitación compleja, la normativa vigente establece un plazo diferenciado, para la emisión tanto de la parte dispositiva como de la sentencia, según el debate supere, o no, los treinta días (artículo 378 inciso d del Código Procesal Penal). Ese plazo se debe computar en días hábiles y de sesión efectiva en el juicio (artículos 167 párrafo segundo y 2 del Código Procesal Penal) sin que cuenten, entonces, los recesos que se hagan entre una sesión y otra porque, de lo contrario, el legislador habría aludido a un plazo mensual y no de días. En el presente caso, conforme se indicó al inicio del considerando anterior, el debate se prolongó por veintinueve días hábiles (27 , 28, 29, 30 y 31 de octubre; 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 21, 25, 26 y 28 de noviembre; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 de diciembre de 2014 y 12, 13 y 14 de enero de 2015, en que se cerró), aún tomando en cuenta días en que solo hubo apersonamiento en la sala de juicios, pero no sesión efectiva, ya sea porque el Tribunal no estuviera constituido porque algún juez estuviera incapacitado o en otro juicio, o porque todos se presentaran y solicitaran no sesionar por muerte de familiares.
Sin embargo, entre el cierre del debate, el 14 de enero, y la emisión de la parte dispositiva de la sentencia (el 28 de ese mes) pasaron diez días hábiles exactos. Ese era el máximo tiempo de deliberación cuando el juicio superara los treinta días (artículo 378 inciso d del Código Procesal Penal), que no fue lo que sucedió en este caso, en que, entonces, el máximo tiempo de deliberación era de cinco días hábiles. Es decir, la parte dispositiva se emitió excediéndose el tiempo previsto para la deliberación. Igual sucedió entre la fecha de la emisión de la parte dispositiva y la fecha de la sentencia, en que se adoptó el plazo para debates que superaran los 30 días, cuando este no había sido el caso. Desde esta perspectiva, entonces, al haberse prolongado el tiempo tanto de la deliberación como aquel para dictar sentencia por más del previsto legislativamente, procedería, también por esta razón (que, se insiste no es la única ni la principal) decretar la nulidad de lo resuelto y el debate que le precedió, lo que se señala para que el Tribunal a quo, en lo sucesivo, tenga más cuidado respecto a la forma de computar el plazo de deliberación y emisión de sentencia en asuntos complejos, según las fechas efectivas de debate.
(B) Finalmente, cabe indicar que si bien la sentencia se ha anulado integralmente, la decisión condenatoria del encartado Nombre01 no fue recurrida por los acusadores por lo que, en el juicio de reenvío y en el eventual caso de una sentencia condenatoria por tal hecho (aspecto sobre el que esta Cámara no prejuzga), deberá respetarse, a favor de dicho imputado, el principio de prohibición de reforma en perjuicio. De igual forma, como se adelantó con el considerando II, la absolutoria de [Nombre05 006] y de [Nombre05 005] solo fue recurrida por el Ministerio Público y no por la Procuraduría General Nombre05 que, entonces, se conformó con lo resuelto, de modo que, en el reenvío ordenado, dicha institución, en aplicación de ese mismo precepto, no podrá intervenir como querellante contra tales encartadas.
POR TANTO:
Se declaran admisibles los recursos interpuestos. Se acogen totalmente las apelaciones incoadas por el licenciado Luis Diego Hernández Araya y la licenciada Natalia Rojas Méndez, como fiscales del Ministerio Público y por el licenciado Ronald Víquez en representación de la Procuraduría General Nombre05 y parcialmente las presentadas por el licenciado Laureano Castro Sancho como defensor de Nombre01 y por este imputado a título personal. En consecuencia, se rechaza la excepción de cosa juzgada constitucional y se anula integralmente la sentencia y el debate que le precedió, ordenándose el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia para que resuelva lo que en Derecho proceda, debiéndose respetar el principio de prohibición de reforma en perjuicio solo en cuanto a los hechos por los que recayó la condena contra Nombre01, aquí anulada y el desistimiento tácito de la acción penal efectuado por la Procuraduría General Nombre05 respecto a dos imputadas otrora absueltas, porque dicha entidad no impugnó. Por innecesario, se omite pronunciamiento sobre la falta de condena en costas de las absolutorias. Tome nota el Tribunal de instancia de lo indicado en el considerando VII. NOTIFÍQUESE.
Rosaura Chinchilla Calderón Joe Campos Bonilla Lilliana García Vargas Juezas y Juez Imputado : Nombre01 Y OTROS Ofendido : LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Delito : PREVARICATO RCHINCHIC 3
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