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Res. 00074-2013 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · 29/10/2013
OutcomeResultado
The claim is partially granted for the State's, INDER's, and CONAI's failure to comply with Article 5 of the Indigenous Law; the State is ordered to allocate the owed budget, INDER to demarcate the reserve, and CONAI to conduct censuses; direct compensation and other claims are denied.Se declara parcialmente con lugar la demanda por omisión del Estado, INDER y CONAI en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Indígena; se ordena al Estado asignar el presupuesto adeudado, al INDER demarcar la reserva y a la CONAI realizar censos, rechazándose indemnizaciones directas y otras pretensiones.
SummaryResumen
The Integral Development Association of the Cabécar Indigenous Reserve of Talamanca sued the State, CONAI, and INDER (formerly IDA) for failing to comply with Article 5 of the Indigenous Law, which mandates the relocation, expropriation, and compensation of non-indigenous occupants in their territories, along with the corresponding budget allocation. The Court partially granted the claim: it declared the State in breach for not including the required funds in budgets, and ordered INDER to demarcate the reserve and CONAI to conduct population censuses. Premature claims for direct compensation were denied due to the lack of prior demarcation, and the Court found lack of standing to enforce a judgment from a separate proceeding. The ruling emphasizes the State's obligation to guarantee indigenous property rights under international law (ILO Conventions 107 and 169) and orders coordinated actions among the defendants and the indigenous community.La Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca demandó al Estado, la CONAI y el INDER (antes IDA) por omisión en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Indígena, que ordena la reubicación, expropiación e indemnización de ocupantes no indígenas en sus territorios, así como la dotación presupuestaria para ello. El Tribunal acogió parcialmente la demanda: declaró que el Estado incumplió al no incluir en los presupuestos los fondos exigidos por la ley, y condenó al INDER a demarcar la reserva y a la CONAI a realizar censos poblacionales. Rechazó pretensiones prematuras sobre indemnizaciones directas por falta de demarcación previa y declaró la falta de legitimación para ejecutar una sentencia de otro proceso. La sentencia subraya la obligación estatal de garantizar la propiedad indígena conforme al derecho internacional (Convenios 107 y 169 de la OIT) y ordena acciones coordinadas entre las entidades demandadas y la comunidad indígena.
Key excerptExtracto clave
Article 5 of the Indigenous Law is a programmatic norm that breaks down into two types of actions, feasible once the indigenous reserve is properly demarcated and its legal situation is known based on its registry and cadastral circumstances regarding third parties. Only once there is technical and material certainty of the limits of the indigenous territory's extension can any non-indigenous persons occupying or holding portions of land forming part of the reserve be identified; these are the persons referred to in the relevant article and who may be subject to compensation for the purposes of their eviction from those lands. By majority vote, the State is ordered to include in favor of the National Commission on Indigenous Affairs in the Draft National Budget Law of the Republic the one hundred million colones that should have been included for the budget periods 1979, 1980, 1981, and 1982. The inclusion of these funds must be done in four installments, at current value, over four consecutive annual budget periods, the first of which must be made after the end of the budget period subsequent to the one in progress at the time this judgment becomes final. The Rural Development Institute is ordered to take any necessary action at its own expense to ensure that the Cabécar Indigenous Reserve is properly demarcated, which must commence no later than six months from the date this judgment becomes final.El artículo 5 de la Ley Indígena es una norma programática que se desdobla en dos tipos de acciones, realizables en la medida en que la reserva indígena se encuentre debidamente demarcada y claro está, que se conozca su situación jurídica a partir de sus circunstancias registrales y catastrales en función de terceros. Sólo una vez que se cuente con certeza técnica y material de los límites de la extensión material del territorio indígena es que resultaría posible identificar a cualesquiera no indígenas que se encuentren poseyendo o sean titulares de porciones de tierra que forma parte de la reserva, que son a quienes refiere el artículo de interés, deben ser posibles sujetos de indemnización a los efectos de su desalojo de esas tierras. Por mayoría se condena al Estado a incluir a favor de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional de la República, los cien millones de colones que debió incluir, en aquellos que correspondían a los períodos presupuestarios de mil novecientos setenta y nueve, mil novecientos ochenta, mil novecientos ochenta y uno y mil novecientos ochenta y dos. La inclusión de esos dineros en el proyecto respectivo deberá de realizarse en cuatro tractos, a valor actual, y en cuatro períodos presupuestarios anuales consecutivos, el primero de los cuales deberá realizarse hasta vencido el período presupuestario posterior a aquel que se encuentre corriendo al momento en que adquiera firmeza la presente sentencia. Se condena al Instituto de Desarrollo Rural a desplegar toda acción que resulte necesaria con cargo en su propio presupuesto, a fin de que se encuentre debidamente demarcada la reserva Indígena Nombre128202, lo que deberá iniciar dentro de un plazo no menor a seis meses contados a partir de la fecha en que adquiera firmeza la presente sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"El Estado no solamente ha incumplido con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 5 de la Ley Indígena, si no que además, se trata de un incumplimiento calificado y reforzado en el tiempo desde que el ordenamiento le impuso la específica obligación de dotar de contenido presupuestario a la CONAI."
"The State has not only failed to comply with the provisions of the last paragraph of Article 5 of the Indigenous Law, but this is a qualified and reinforced non-compliance over time since the legal system imposed on it the specific obligation to provide budgetary content to CONAI."
Considerando XIII.1.2
"El Estado no solamente ha incumplido con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 5 de la Ley Indígena, si no que además, se trata de un incumplimiento calificado y reforzado en el tiempo desde que el ordenamiento le impuso la específica obligación de dotar de contenido presupuestario a la CONAI."
Considerando XIII.1.2
"No podría decirse otra cosa entonces, que el contenido de estos cuerpos en materia de derechos humanos tiene un enorme valor interpretativo para todas las instancias encargadas de aplicar las normas que componen el bloque de legalidad, y en ese sentido también el derecho interno."
"It cannot be said otherwise, then, that the content of these bodies on human rights has enormous interpretative value for all instances responsible for applying the norms that make up the legality block, and in that sense also domestic law."
Considerando XIII.1.1
"No podría decirse otra cosa entonces, que el contenido de estos cuerpos en materia de derechos humanos tiene un enorme valor interpretativo para todas las instancias encargadas de aplicar las normas que componen el bloque de legalidad, y en ese sentido también el derecho interno."
Considerando XIII.1.1
"La conducta omisiva del hoy INDER relacionada, ha impedido materialmente a la CONAI la realización de censos poblacionales en las comunidades indígenas con el concurso de las propias comunidades indígenas por razones obvias, coadyuvando esa circunstancia con el incumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone respecto de estos grupos vulnerables de nuestra nación."
"The related omission of today's INDER has materially prevented CONAI from conducting population censuses in indigenous communities with the concurrence of the indigenous communities themselves for obvious reasons, contributing to the non-compliance with the obligations imposed by the legal system regarding these vulnerable groups of our nation."
Considerando XIII.2
"La conducta omisiva del hoy INDER relacionada, ha impedido materialmente a la CONAI la realización de censos poblacionales en las comunidades indígenas con el concurso de las propias comunidades indígenas por razones obvias, coadyuvando esa circunstancia con el incumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone respecto de estos grupos vulnerables de nuestra nación."
Considerando XIII.2
Full documentDocumento completo
CASE FILE: 10-000274-1028-CA MATTER: ORDINARY PROCEEDINGS (PROCESO DE CONOCIMIENTO) PLAINTIFF: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA CABECAR DE TALAMANCA DEFENDANTS: THE STATE, COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, and ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA BRIBRI DE TALAMANCA Nº 74-2013-VII ADMINISTRATIVE PROCEDURAL COURT, SEVENTH SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, ANNEX A, Goicoechea, at diez horas treinta minutos del veintinueve de octubre del dos mil trece.- Ordinary proceedings instituted by ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA CABECAR DE TALAMANCA, legal-entity identification number CED117090, represented by its President, Nombre149727, who is of legal age, single, a farmer, holder of identity card number CED117091, against THE STATE, represented by Deputy Attorney General Bernardo Lara Flores, who is of legal age, married, an attorney, a resident of San José, holder of identity card number CED117092; COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, hereinafter and for purposes of this judgment (CONAI), legal-entity identification numbers CED117093 and CED117094, represented by its President, Nombre136655, who is of legal age, married, a farmer, a resident of Comunidad Indígena de Nairí Awari, holder of identity card number CED117095; and INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, hereinafter and for purposes of this judgment (INDER), legal-entity identification number cuatro-cero cero cero-cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres-once, represented by its general judicial attorney-in-fact (apoderado general judicial), Mr.
Carlos Enrique García Anchía, who is of legal age, an attorney, a resident of San Ramón, holder of identity card number CED115380; and ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA BRIBRI DE TALAMANCA, legal-entity identification number CED117096, represented by its President, Nombre149728, who is of legal age, single, in a domestic partnership, a farmer, holder of identity card number CED117097. Attorney Danilo Chaverri Barrantes, Colegio de Abogados de la República de Costa Rica membership card number CED117098, participates as lead counsel (Abogado Director) for the plaintiff association, and Attorney Mauricio Masís Murillo, holder of identity card number CED117099, participates as CONAI’s special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial). Attorney Gerardo Mora Protti, Colegio de Abogados membership card number CED117089, appears as lead counsel on behalf of Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Talamanca (Bribrí).- BACKGROUND (RESULTANDO):
Judge Córdoba Ramírez authors the judgment, with the concurring vote of Judge Fernández Brenes and the partial concurrence of Judge Hess Araya, the latter recording a dissenting opinion (voto salvado) in this judgment as to the corresponding matters.-
CONSIDERING
I.Regarding evidence for fuller adjudication. Whereas, in a filing submitted to the court by the representative of the Instituto de Desarrollo Rural on cinco de septiembre del dos mil trece, admission of evidence for fuller adjudication was requested (page 757), consisting of the text of judgment number 106-2013 de las catorce horas del veintiocho de agosto del dos mil trece, issued by the Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo in the ordinary proceeding (proceso ordinario) conducted under judicial case file number 07-001117-0163-CA, whose content, according to the representative, should be weighed to prove that the action should not be sustained insofar as it was brought against the aforementioned Instituto. (Pages 720 through 756). In this regard, it should be noted that the possibility of admitting this type of untimely evidence pursuant to article 331 of the Código Procesal Civil is within the discretion of the adjudicator, and it cannot properly be asserted that its rejection would result in denial of a defense, because the principle of procedural preclusion (preclusión procesal) presupposes that it was introduced into the proceeding outside the opportunities established for the submission of evidentiary materials available to the parties bound by the procedural legal relationship; it is therefore rejected.
It should additionally be noted that the evidence refers specifically to a judicial precedent said to have been issued in a case different from this one and does not constitute evidence directed, at any level, toward establishing the actual truth regarding any fact material to the merits ruling that must determine which party holds the superior right in this case. Accordingly, it is also irrelevant evidence (inconducente) for that reason, and the request is therefore denied.-
II.Proven Facts. The following facts are relevant to the resolution of these proceedings:
III.Unproven Facts: The following facts relevant to the issuance of this judgment were not proven:
IV.Regarding the Claims Raised by the Claimant. In its complaint, the claimant’s representative outlined arguments in support of this action, stating—in what follows, now presented by way of summary—that the Nombre128202 Indigenous community’s title to its territory was recognized pursuant to Decreto Ejecutivo número 29448 del veintiuno de marzo del dos mil uno, which includes the area it identifies—confusingly, it should be added—as Nombre128202 and Nombre128203, comprising the property registered in the Registro Nacional, Partido de Limón, under real-property folio number Placa30242, which was subsequently divided, with property number Placa30243 being subdivided from it (it does not indicate to whom the subdivided area belongs). It then asserts that its territorial area is described in cadastral survey plan (plano catastrado) number Placa30244, but that the plan includes a property—namely, the property registered under number Placa30245—with respect to which no claim should be understood to have been made in this case, because that matter is being litigated in the judicial proceedings it identified as those conducted under expediente judicial número 10-000275-1028-CA.
It alleged that more than one thousand hectares of the claimant’s lands are under unlawful occupation (invasión), without the defendant institutions or the State having yet conducted the studies and procedures established in Article 5 of the Ley Indígena so that the expropriation, compensation and/or eviction of the non-Indigenous occupants within our territory may be completed. With respect to the State, it alleged that the State has not provided funding to the relevant institutions and that those institutions have not taken the necessary steps to proceed with occupancy studies, expropriations and evictions within those territories.-
V.Regarding the Defense Arguments Raised by the State’s Representative. The State’s representative stated—in its response to the complaint, which it submitted solely during the hearing afforded to it within expediente judicial número 10-000274-2018-CA, and in opposition to granting the complaint—that although it is true that Decreto Ejecutivo número 29448 del veintiuno de marzo del dos mil uno created the Indigenous reserve at issue, it is not true that the reserve is occupied by non-Indigenous persons, because there is no evidence establishing that circumstance. Regarding the judicial proceedings conducted under number 10-000275-1028-CA, it noted that these are ordinary proceedings in which the State has partially paid fees and interest to the registered owners of the property, but that it has not been possible to take definitive possession of the property until the entire amount owed has been paid. It further argued that the State lacks standing as a defendant (falta de legitimación pasiva) in this action insofar as the action was brought against the State, because the complaint is essentially directed against INDER and CONAI, which are entities possessing their own legal personality and are also the entities designated by the legislature to conduct studies and appraisals of land within the reserve at issue that is occupied by non-Indigenous third parties.-
VI.Regarding the Defense Arguments Raised by CONAI’s Representative. For its part, CONAI’s representative argued in that organization’s defense that, although it is true that the reserve at issue is owned by or titled to the Nombre128202 Indigenous community, it is occupied by third parties who are not members of that community, even though for several years they have been urging successive governments to comply with the Ley Indígena. It asserted that its statutory obligations to communities such as the claimant are limited to performing coordination tasks, as the Procuraduría General de la República determined when the pertinent matter was submitted to it for consultation, and that CONAI, unlike the Instituto de Desarrollo Rural, is not the entity responsible for acquiring privately owned real property within Indigenous reserves. It noted that the Instituto lacks both an available budget and the technical resources to perform those tasks. In short, it rejected the attribution of any responsibility to CONAI in this matter, because it has never failed to perform its statutory duties.-
VII.Regarding the defense arguments made by the representative of INDER. In defense of INDER’s institutional interests, its representative stated that, although it is true that under the Ley Indígena it is obligated to expropriate (expropiar) and compensate (indemnizar) non-indigenous occupants of the reserves when appropriate, this must be done in coordination with CONAI. It is important to take into account that INDER has not received from the State the financial resources necessary to fulfill that obligation and has therefore been unable to carry out the corresponding actions. It then refers to certain initiatives or proposals advanced at the institutional level to solve this problem, such as a bill identified as the “Ley de Financiación para la Recuperación de Territorios Indígenas,” which, it asserted, was presented to the indigenous communities. It does not indicate when this occurred or what became of that bill.
It also stated that they had prepared a “Manual para la Adquisición y Traspaso de Tierras en Territorios indígenas al amparo del artículo cinco de la Ley Indígena 6172,” which was first approved by the Board of Directors in the year dos mil ocho—presumably INDER’s Board—and then repealed by it in the year dos mil nueve, thereby preventing its application. It states that there is no body of regulations governing the manner and procedure to be followed to determine which possessor (poseedor) or titleholder (titular) within those areas of the reserves is non-indigenous, whether that person is acting in good faith (buena fe), and which public authority has jurisdiction (competencia) to make that determination. It supports its assertions by reference to what it identifies as a ruling of the Sala Constitucional, according to which it was informed that the determination of who has the superior right by virtue of holding title to areas allegedly forming part of these reserves must be made through judicial proceedings (vía judicial) in an ordinary proceeding (proceso ordinario); consequently, the corresponding determination falls to a judge and not to INDER.
In addition, it does not consider these duties to fall within INDER’s purview because such activities are not among its ordinary functions, whereas, in its view, they do fall to CONAI, acting jointly with the indigenous associations. It added that another circumstance preventing it from proceeding accordingly is the financial issue, because although article 5 of the Ley Indígena provides that these tasks would be carried out with a budget of cien millones de colones, to be disbursed in installments of veinticinco millones each in the years mil novecientos setenta y nueve to mil novecientos ochenta y dos, “The reality is that said provision was never implemented by the State; this has caused severe delays in processing those proceedings because, due to the lack of financial resources to pay the compensation, implementation has been impossible….” Still on this point, it stated that the law has not established any alternative whereby the institutional budget would contain an appropriation (partida) for payment for those lands; consequently, it lacks legal authorization to disburse funds for those purposes, notwithstanding the provisions of Ley 2825, under penalty of incurring the ground for liability established in article 110, subsection e), of the Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
Regarding the circumstance characterized by the plaintiff as the failure by INDER and CONAI to conduct studies and proceedings identifying non-indigenous persons in the reserves, under the terms referred to in article 5 of the Ley Indígena, it reiterated the foregoing concerning a bill and a Manual that the co-defendant institution attempted to bring into force and implement. Regarding the judicial proceeding processed under judicial case number 86-000826-0178-CA, it stated that the matter was adjudicated with the effect of substantive res judicata (cosa juzgada material) and that, with respect to new trespassers who have entered the lands at issue in that proceeding, the plaintiff indigenous association itself has remained passive in the face of these incursions into its reserve.-
VIII.Regarding the position of the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Nombre128203 de Talamanca. In its answer to the complaint, the representative of the co-defendant indigenous association admitted all the facts, although, contradicting the foregoing, it cautioned that they remained subject to what might emerge from the evidence. It added that it approved the relief sought (pretensiones) by the plaintiff and that the Sibujú Norte territory, first, does not belong to the Nombre128203 indigenous community and, second, belongs to Nombre128202; it therefore does not oppose recovery of that territory by those bringing this action.-
IX.Regarding the subject matter of this proceeding (relief sought). Before addressing the merits, this Tribunal considers it necessary to offer a series of observations to help clarify the subject matter of this proceeding. As reflected in the actions taken in this case, as shown on folios 691 to 693 of the main case file, in connection with the electronic record of the single hearing (audiencia única), which was held again on veinticuatro de junio del dos mil trece with the participation of the parties involved in the procedural legal relationship (relación jurídica procesal), and in conjunction with the parties, particularly the plaintiff, a single list of the relief sought in this proceeding was established, which for all purposes shall be deemed to consist of the following: “1. Declare that my client is the registered owner, and that the Nombre128202 people are the owners, of the Property described in Decreto Ejecutivo N° 29448-G del 21 de Marzo de 2001 (“Reserva – Tenorio- Indígena Nombre128202 de Talamanca). 2.
Order the Instituto de Desarrollo Agrario and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas to conduct studies and appraisals (avalúos) of the lands occupied by non-indigenous persons within that indigenous territory: a) Order them to determine through those studies which of those persons must be compensated and which are not entitled to compensation; b) Order them to conduct appraisals of the lands for which compensation must be paid, taking into account possible variations that could occur because of potential delays in proceedings conducted for compensation; c) Order them to begin the studies and appraisals no later than one month after the judgment becomes final (firmeza), and to complete them no later than four months after it becomes final. 3. Order the State, the Instituto de Desarrollo Agrario, and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, immediately after the aforementioned studies and appraisals have been completed, to commence the procedures for compensating the possessors or owners entitled thereto, including any possible expropriations, and to pay the corresponding compensation no later than one month after the judgment so ordering. 4.
Order that my client be placed in possession of each of the properties, parcels, or areas comprising our territory whenever any current occupant is evicted or compensated, as established by the Ley de Expropiaciones; 5. In the case of the Reserva Indígena Sibujú Norte (which is the aforementioned Nombre128202 indigenous territory), if placing my client in possession requires payment of the compensation ordered in the proceeding pending before the (sic) Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under case file 86-000826-0178-CA, order the state to make that payment no later than one month after the judgment becomes final. 6. Order the defendants to be jointly and severally liable (pago solidario) for both categories of costs (ambas costas) of this action.” That said, the action has been brought for adjudication at trial of the identity of the holder of title (titular del dominio) to real property identified as the Property described in Decreto Ejecutivo N° 29448-G del veintiuno de marzo de dos mil uno.
As far as can be ascertained, this relief is purely declaratory in nature. A series of additional requests for relief were then made, all seeking an order requiring the defendant public authorities to act—that is, to engage in conduct that, in the plaintiff’s view, is required by the legal system but has not yet been carried out by the defendants. This indicates a twofold action: claims seeking a declaration that all the defendant Public Administrations have engaged in unlawful omission (conducta omisiva ilegítima), followed by an order requiring them to adopt the conduct demanded by the legal system. The alleged omission consists of the actions referred to in article 5 of the Ley Indígena, which the defendants were required to carry out and which are intended to protect the indigenous community’s property rights—in this case, those of Nombre128202. Finally, the action included a claim connected to the possibility that, before an order may be issued placing the plaintiff community in possession of specific areas of its territory, the State may first be required to pay the money it was ordered to pay under a judgment having the effect of substantive res judicata, issued in another plenary proceeding (proceso plenario) separate from the one now before us.
Thus, it seeks an order in this case requiring the party that lost that judicial proceeding to perform what it was ordered to do therein. As will be explained, and because in this Tribunal’s view there is no interest in addressing matters as to which no dispute exists for resolution—such as ownership of the Nombre128202 indigenous reserve—the present action essentially advances a claim based on an omission inconsistent with the legal system, as follows from the theory of the case (teoría del caso) presented by the plaintiff. Moreover, the final claim is independent and, as will be seen, futile.-
X.Regarding the legal regime protecting indigenous territories and the identity of the territory belonging to the Nombre128202 indigenous community. Because the following is essential to the analysis required to resolve this matter, we proceed to address the legal regime protecting indigenous reserves, particularly as concerns article 5 of the Ley Indígena, as well as the regulations defining the location of the indigenous reserve owned by the plaintiffs.
Indeed, notwithstanding what the legal system clearly provided at that time regarding the property rights (derecho de propiedad) of these communities in the terms stated, with the adoption and entry into force of Land and Colonization Law number 2825 del catorce de mayo de mil novecientos sesenta y uno (1961), published in the Collection of Laws and Decrees for that year, second half, volume one, page three hundred ninety-four, which repealed the Vacant Lands Law, Article 75 provided, in flagrant contravention of Convention number 107 of the International Labour Organization, as follows, in relation to the entity that this body of law identified as the Land and Colonization Institute: “The Institute, in coordination with the relevant agencies, shall oversee the settlement of indigenous communities or families, in accordance with the spirit of this law. The extensive areas where these communities live in isolation shall not be declared to belong exclusively to them; instead, efforts shall be made to bring all these communities together into a single agrarian center in the area that the Institute deems appropriate, for which purpose the necessary land area shall be used.” The provision refers to what was formerly known as ITCO (1961), later IDA, Instituto de Desarrollo Agrario (1982), and currently INDER Instituto de Desarrollo Rural (2012).
The cited provision simply disregarded outright the property rights of indigenous communities enshrined in a rule of superior rank, force, and resistance. Subsequently, more than a decade later, while this unsystematic regulation remained in force, Law number 5251 Creating the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, del once de julio de mil novecientos setenta y tres (1973), was enacted and published in the Collection of Laws and Decrees for that same year, second half, volume one, page sixty-five. In view of this body of law, and bearing in mind the obligation incumbent upon the State since Convention number 107 of the International Labour Organization entered into force, under Articles 2.1, 5, 11, and 13.2 thereof, the legislature designated this new domestic public organization associated with indigenous communities, pursuant to Article 4 of the aforementioned law, for general purposes and, as relevant here, to: “…b) Serve as an instrument of coordination among the various public institutions required to carry out works and provide services for the benefit of indigenous communities; (…) e) Ensure respect for the rights of indigenous minorities, encouraging State action in order to guarantee indigenous persons individual and collective ownership of land; timely access to credit; adequate marketing of production; and efficient technical assistance; (…).” (Emphasis and underlining not in the original).
Nevertheless, as will be seen below, these coordination duties were not assigned exclusively to CONAI, since ITCO was already involved in this function, albeit in a different manner. Moreover, the State’s obligation to guarantee these communities’ property rights over the land was reiterated. With respect to the assigned coordination duties, Article 9 of the same body of law cannot be overlooked; it provides: “For the purposes of subsection b) of Article 8, the State and the country’s autonomous or semi-autonomous institutions are hereby authorized to provide assistance of any kind to the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.” (Emphasis not in the original). A separate issue is that this law—again in an unsystematic manner—included a single transitional provision, apparently inspired by the Land and Colonization Law, which stated: “No later than six months after the effective date of this law, the Land and Colonization Institute shall conduct possessory-information proceedings (informaciones posesorias) for all parcels occupied by indigenous persons in the various areas, in order to register them immediately with the Property Registry in the names of the occupants of those parcels.
Indigenous persons who are not occupying parcels shall be included in a census so that their lack of land may be resolved as promptly as possible. The Land and Colonization Institute shall maintain a substantial reserve of land suitable for cultivation, which it shall lease and which shall be used exclusively for the future expansion of indigenous communities,” (emphasis not in the original), which—as must be stressed—reflects the dispossession of title to those lands contrary to international law. On the other hand, in what might be regarded as an aspect favorable to indigenous interests, it was stated that, from the enactment of that law onward, the Institute was the entity that should at least have secured sufficient land to be used exclusively for these communities and that, as a logical and necessary consequence of that power and duty, it should have undertaken the appropriate work to determine and clearly define the boundaries or demarcation (deslinde) of the lands that would comprise those territories.
One year after its entry into force, this transitional provision was amended pursuant to Article 1 of Law number 5651 de trece de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974), in the following terms and in complete disregard of indigenous ownership guaranteed by Convention number 107 of the International Labour Organization: “Transitional Provision.—The indigenous reserves registered in the name of the Land and Colonization Institute (ITCO) are hereby declared inalienable and shall be used exclusively for the settlement of indigenous communities, essential public services, and the use, habitation, and usufruct of indigenous persons who lack land of their own, whether registered or unregistered, outside those reserves. Within them, ITCO may grant such indigenous persons leases that are for a limited term and nontransferable, except to other indigenous persons in the same circumstances.
The National Banking System and the other State institutions, jointly with the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), shall regulate special systems enabling members of indigenous communities to obtain credit for the proper development of the lands referred to in this transitional provision.” It bears repeating that ITCO was therefore required to delimit and register the corresponding land areas, even if in its own name. This amounted to a complete disregard of the indigenous ownership that the State had undertaken to guarantee before the international community and those peoples. Returning once more to the original text of Law number 5251 creating the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, that organization, pursuant to its Article 1, was endowed with its own legal personality (personería jurídica) and assets. It is noteworthy that, from its creation, the Commission—and, accordingly, its general assembly—was composed, among others, pursuant to Article 2(a), of: “…representatives of the following departments and institutions: Presidencia de la República; Universidad de Costa Rica; Universidad Nacional; Ministerio de Educación Pública; Ministerio de Gobernación y Policía; Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de Seguridad Pública; Instituto Mixto de Ayuda Social; Instituto de Tierras y Colonización; Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; Instituto Nacional de Aprendizaje; and Servicio Nacional de Electricidad; (…).” (Emphasis not in the original).
This demonstrates the necessary relationship that was required to exist between the Central Government and, among other entities, ITCO itself, until the issuance of judgment number 3485-2003 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las catorce horas diecisiete minutos del dos de mayo del dos mil tres, whose contents we need not analyze here; it is sufficient to note that the judgment deemed the Commission’s composition by those public authorities unconstitutional. It should be noted that the institutions and Ministries mentioned formed part of CONAI’s general assembly, with authority to establish its general policy by acting as members of that collegial body (órgano colegiado), as well as to approve or reject both its ordinary and extraordinary budgets. Given its relevance, it bears repeating that the purpose of this organization included, among other things and as previously noted, serving as an instrument of interinstitutional coordination and ensuring respect for the rights of indigenous minorities by encouraging State action to guarantee individual property to indigenous persons and ownership of their territories to their communities, as provided in Article 4(e) of that body of law.
As regards CONAI’s assets, as of the date it began operations they were to consist of the annual subsidy that had been allocated to the former Junta de Protección a las Razas Aborígenes under the Republic’s Ordinary General Budget Law; extraordinary contributions authorized by the State and the Republic’s autonomous and semi-autonomous institutions; property belonging to the former Board; donations from private individuals, foreign States, international agencies and foundations, or any other entity; the use of indigenous names, symbols, and figures; and the proceeds from rights granted for the commercial use of those indigenous names, symbols, and figures (Article 8(a) of the Law Creating CONAI). Still regarding budgetary matters, Article 9 of this law provided that the State and the Republic’s autonomous and semi-autonomous institutions would be authorized to provide assistance of any kind to CONAI, naturally for the achievement of its purposes.
Moreover, and continuing along the same lines, Article 28 of the law at issue stated: “In order for the Executive Branch to be in a position to set, in the draft Republic’s General Budget Law, the subsidy it deems appropriate, no later than 31 de julio de cada año, the Board of Directors shall submit to the Oficina de Planificación de la Presidencia de la República a reasoned estimate of its needs for the next fiscal period. It is understood that this provision shall not apply to the 1973 fiscal period. Likewise, the Institution’s budgets shall be submitted to the Contraloría General de la República for approval and settlement in accordance with the law.” (Emphasis not in the original). The Nombre128202 indigenous reserve (reserva indígena) was described for the first time in the terms of Executive Decree number 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis, published in the Official Gazette “La Gaceta” number seventy, del diez de abril de mil novecientos setenta y seis (1976).
This regulatory instrument declared, among other things, the following: “Whereas: (…)5°- Territories populated exclusively by indigenous persons still exist, making it possible to delimit those Reserves; (…) 10.- It is the duty of the State to safeguard the security of its citizens and prevent injustice and mistreatment, particularly in the case of indigenous minorities that are currently marginalized.” (Emphasis and underlining not in the original). Furthermore, Article 1 ordered that: “Its exact delimitation shall be carried out by ITCO, in coordination with CONAI.” Thus, the entity then known as the Instituto de Tierras y Colonización (now INDER) was again designated as the agency responsible for the territorial demarcation (demarcación territorial) of the reserve thereby created, a task that was to begin two months after the Decree entered into force.
(Among these reserves, Talamanca had already been identified under the terms of the above-cited Decreto Ejecutivo número 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis). Furthermore, pursuant to Articles 14 and 15 of the Decreto under review, the Executive Branch stated that the matters regulated thereby were of public interest and that CONAI would have the duty to prepare a census of Costa Rica’s Indigenous population as soon as possible, which would also have to be kept permanently up to date. Accordingly, once ownership of the land by these communities had been recognized in the manner indicated, just over one year later the Ley Indígena, número 6172 del veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), was enacted; pursuant to Article 11 thereof, it repealed any prior law to the extent that it conflicted with it. On this occasion, and without prejudice to what the legislature had enacted when the Ley de Tierras y Colonización entered into force—which would have been rendered inconsistent had it been deemed repealed—it was provided, pursuant to Article 1 in relation to Article 2 of this subsequently enacted body of law—now indeed in accordance with the Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 107 sobre Protección de Pueblos Indígenas y Tribuales—that the Indigenous reserves (reservas indígenas) are owned by those communities and that all of them were to be registered in their names in the Registro Nacional, rather than in the name of ITCO.
It was likewise established that, once the boundaries of those territories had been “recognized” by the State, their area could not be reduced except by a law of the Republic. Furthermore, it was stated that these communities would have full legal capacity (plena capacidad jurídica) to act and would not be considered state entities (Article 4 of the law refers to the Consejos Directivos, administrators, and representatives of these communities). It was further reiterated that these territories are inalienable (inalienables), not subject to acquisitive prescription (imprescriptibles), nontransferable, and reserved exclusively for the Indigenous communities that inhabit them; non-Indigenous persons are not permitted to rent, lease, purchase, or otherwise acquire land or properties located within these reserves, and any conveyance or negotiation of land or improvements (mejoras) thereon within Indigenous reserves between Indigenous and non-Indigenous persons is absolutely null and void, with the corresponding legal consequences.
Separately, pursuant to the regulations implementing the Ley Indígena, Decreto Ejecutivo número 8487, del veintiséis de abril de mil novecientos setenta y ocho, published in the Diario Oficial “La Gaceta” número 89, del diez de mayo de mil novecientos setenta y ocho, Article 3 stated: “For the exercise of the rights and fulfillment of the obligations referred to in Article 2° of the Ley Indígena, the Comunidades Indígenas shall adopt the organizational structure provided for in Ley No 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad and its implementing regulations.” Article 10 of those same regulations, in turn, stated: “To guarantee the rights regulated in Articles 3° and 5° of the Law, the President of the Asociación de Desarrollo Integral shall appear, personally or through an attorney-in-fact (apoderado) or Delegate, as soon as possible after the violation has occurred, accompanied by the certification showing the registration of the Reserve, in order to institute the corresponding legal action before the competent official.” Subsequently, pursuant to Decreto Ejecutivo número 13568 del 30 de abril de 1982, published in the Diario Oficial “La Gaceta” número 94 del diecisiete de mayo del mil novecientos ochenta y dos, Article 1 provided that the Asociaciones de Desarrollo Integral hold the legal representation (representación legal) of the Comunidades Indígenas and act as their local government (gobierno local).
Reinforcing all of the foregoing, on tres de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992), Ley número 7316, published in the Diario Oficial “La Gaceta” número 234, del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,” of the Organización Internacional del Trabajo, was enacted, specifically regulating the issue of Indigenous ownership (propiedad indígena). Article 2.1 of that instrument reads as follows: “Governments shall assume responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, coordinated and systematic action aimed at protecting the rights of those peoples and guaranteeing respect for their integrity.” Paragraph 2) of the same Article states: “2. Such action shall include measures: a) Ensuring that members of those peoples enjoy, on an equal footing, the rights and opportunities granted by national legislation to other members of the population; b) promoting the full realization of the social, economic, and cultural rights of those peoples, with respect for their social and cultural identity, their customs and traditions, and their institutions; c) assisting members of the peoples concerned in eliminating any socioeconomic disparities that may exist between Indigenous members and other members of the national community, in a manner compatible with their aspirations and ways of life.” Other provisions of the Convention that are relevant are quoted below.
Article 3 states: “Article 3.- 1. Indigenous and tribal peoples shall fully enjoy human rights and fundamental freedoms, without hindrance or discrimination. The provisions of this Convention shall apply without discrimination to the men and women of those peoples; 2. No form of force or coercion shall be used that violates the human rights and fundamental freedoms of the peoples concerned, including the rights contained in this Convention.” Article 4 provides that the State shall ensure that: “1. Such special measures as may be necessary shall be adopted to safeguard the persons, institutions, property, labor, cultures, and environment of the peoples concerned. 2. Such special measures shall not be contrary to the freely expressed wishes of the peoples concerned. 3. The enjoyment, without discrimination, of the general rights of citizenship shall not be impaired in any way as a consequence of such special measures.” Article 5 states that governments: “In applying the provisions of this Convention: a) Shall recognize and protect the social, cultural, religious, and spiritual values and practices particular to those peoples, and due account shall be taken of the nature of the problems facing them both collectively and individually; b) shall respect the integrity of the values, practices, and institutions of those peoples; c) shall adopt, with the participation and cooperation of the peoples concerned, measures aimed at overcoming the difficulties experienced by those peoples in facing new living and working conditions.” The issue of these groups’ ownership of the areas comprising their territories was specifically addressed in this Convention; accordingly, Article 13 states: “1.
In applying the provisions of this Part of the Convention, governments shall respect the special importance, for the cultures and spiritual values of the peoples concerned, of their relationship with the lands or territories, or both, as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of that relationship. 2. The use of the term ‘lands’ in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, which covers the entire habitat of the regions that the peoples concerned occupy or otherwise use.” (Emphasis not in the original). Article 14, paragraph 2), reads: “2. Governments shall take such measures as are necessary to identify the lands traditionally occupied by the peoples concerned and to guarantee effective protection of their ownership and possession rights (derechos de propiedad y posesión). 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims (reivindicaciones de tierras) submitted by the peoples concerned.”-
The possibility that the originally projected budget may prove insufficient means only that such circumstance does not diminish the original obligation, attributable solely to the central government, to provide the resources necessary to ensure full compliance with Ley Indígena and international law. Once there are no non-Indigenous persons remaining in the reserves to be compensated, it is clear to this Court that the provision contained in the cited section—a programmatic provision (norma de corte programático)—will cease to be in force because its purpose will, to that extent, have already been fulfilled. Should that situation eventually arise, it should be possible to affirm that the Indigenous communities’ exercise of the exclusive right of ownership to which they are entitled has been effectively realized, without prejudice to future oversight concerning its integrity. Accordingly, it is understood that, to fulfill these specific purposes, the State, CONAI, and INDER must carry out intensive and systematic coordination efforts in discharging obligations and exercising powers that are neither exclusive nor exclusionary, but rather joint, coordinated, and interdependent.
None of these authorities may neglect the active role imposed upon them by the legal system, encompassing the legal, registry, and physical demarcation of the reserves; the conduct of population censuses; and the identification and location of non-Indigenous possessors or holders of any right over the properties concerned. In each specific case, they must determine whether such right or possession is held in good faith (buena fe), in order to proceed, as appropriate, with compensation alone and/or, where applicable, with compensation following the corresponding expropriation proceedings (trámite de expropiación), followed by the person’s removal or eviction (desalojo) from the property, as well as placing the titleholder in effective possession of the land. It bears noting that if any of the government authorities involved fails to fulfill its legal role or duty, it prevents, or at least substantially impairs, the work of the others.-
XI.Regarding the claim seeking a declaration that the plaintiff association is the registered owner (propietaria registral), and the Nombre128202 people the owner, of the Property described in Decreto Ejecutivo número 29448-G del veintiuno de Marzo de dos mil uno. This requested relief warrants separate consideration in the terms set forth below. With regard to the claim seeking a declaration that the plaintiff association is the registered owner, and the Nombre128202 people the owner, of the Property described in Decreto Ejecutivo número 29448-G del veintiuno de marzo de dos mil uno, there is clearly a lack of present interest (falta de interés actual), rendering that request inadmissible, as is hereby ordered. On this point, and given that none of the defendant parties raised this defense as an objection (excepción), it should be noted that the case law issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, including, by way of example, judgment number 2008-000317 de las nueve horas diez minutos del dos de mayo de dos mil ocho, has characterized this objection as one directed toward verifying a substantive prerequisite for judicial action (presupuesto material de la acción jurisdiccional).
Thus, for a complaint to succeed, independently of other matters such as procedural capacity (capacidad procesal), jurisdiction, and compliance with the applicable requirements in the complaint, the court must also determine on its own motion whether substantive prerequisites such as the existence of a right, standing (legitimación), and, of course, present interest are met. If any—or all—of these prerequisites are absent, the complaint cannot receive a favorable ruling. In the case of a lack of present interest, this is an objection to be analyzed when judgment is rendered, which presupposes that, regardless of the merits of the matter raised, the claim cannot be granted because a separate but legally relevant reason requires that result. Present interest is closely related to whether the ruling can operate in practice, either by modifying or preserving a particular legal situation, which is itself closely related to the subject matter of the proceeding, understood as the claims asserted.
To say that there is a present interest in ruling on the underlying right is simply to speak of the need to provide judicial protection (tutela jurisdiccional)—in this case pursuant to article 49 of the Constitution—to a person who alleges that their subjective rights (derechos subjetivos) and/or legitimate interests (intereses legítimos) are being affected by administrative conduct (conducta administrativa) and who therefore requests the intervention of the appropriate judicial body. The purpose of that intervention is to resolve the legal dispute to which the person is a party—the right to bring an action (derecho de accionar)—when the judgment would be useful to the holder of that subjective right or legitimate interest. This means that the adjudicator has a duty to make an assessment of “utility,” considering the claim asserted and the factual circumstances supporting the action—the cause of action (causa de pedir)—and comparing the effects of the requested judicial ruling with the utility that such a ruling would provide to the claimant.
This is a prospective analysis weighing whether the judgment, favorable or otherwise, would produce any effect upon the person who requested protection of their legal situation. Thus, there is no present interest if, even were the requested relief granted, the judgment would not be capable of producing such an effect on the claimant’s legal situation, in which case the ruling would be futile. (See also the related judgment of the First Chamber, number 465-2009 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil nueve). Accordingly, an exercise in objective review of legality merely for legality’s sake provides no relevant benefit or utility. (See the doctrine derived from article 10 of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo)). Stated differently, if one takes into account that an action to review the legality of administrative conduct is subjective in nature, insofar as it presupposes the existence of a person with standing by virtue of holding a relevant interest in obtaining a ruling that benefits their legal sphere—and, it bears repeating, an objective review of the legality of administrative acts (actos administrativos) merely for legality’s sake is not possible—present interest is absent when the effect of the judgment would in no way alter the existing state of affairs for practical purposes.
In the case before us, counsel for the plaintiff association must bear in mind that any judgment granting the claim under analysis, insofar as it seeks a declaration that the association owns the Nombre128202 Indigenous Reserve, would clearly be futile and unnecessary because, according to the very factual account set forth in its action, nothing suggests that any dispute exists between it and the defendant public authorities or the association joined to the litigation (litis)—even though the cause of action nowhere describes any fact indicating otherwise—regarding superior title (mejor derecho del dominio) to the territories comprising that reserve. Quite the contrary, it is undisputed among the parties that, under the particular legal regime applicable to these specific properties, the locations of the reserves are recognized by executive decree and that, in this particular case, their current location was recognized by the Executive Branch according to the maps of the Instituto Geográfico Nacional, in accordance with the information contained in Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, published in the Official Gazette “La Gaceta” número 93 del dieciséis de mayo del dos mil uno.
On the other hand, if the issue concerns exclusively the participation of the Nombre128203 Indigenous community, it may be said that it was pursuant to Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, published in the Official Gazette “La Gaceta” número 93 del dieciséis de mayo del dos mil uno, that any matter concerning the right formerly held by that community was peacefully resolved between the two communities. No ruling is therefore required to alter a situation in which, in reality, no act or conduct by that community has since then affected, at least, the superior right of the plaintiff Indigenous community, as will be seen.-
XII.Regarding the complaint, insofar as the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Nombre128203 de Talamanca was joined to the litigation on account thereof. Referring the parties to the content of the preceding recital (considerando), in connection with the matters stated in recital IX of this judgment, the Talamanca Indigenous Reserve is currently constituted in law pursuant to Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, the instrument through which the overlap that historically existed at one time between the tracts of land comprising the plaintiff’s Indigenous reserve and the area formerly recognized as belonging to the population of the Nombre128203 community was eliminated, as may be discerned from the plaintiff’s own statements in its pleadings, which make clear that it never intended to sue that community—because no property dispute exists with it.
It has therefore been established that, through Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, published in the Official Gazette “La Gaceta” número 93 del dieciséis de mayo del dos mil uno, the Executive Branch, in view of the partial overlap between the Nombre128202 reserve and the reserve known as Sibujú Norte, which had previously been granted to the Nombre128203 community, ordered both reserves merged under a single boundary, with the areas decreed to be Indigenous reserves collectively becoming the Nombre128202 Indigenous Reserve. The problem appears to arise strictly from land-registry matters, which are of no relevance whatsoever in this case and fall within the purview of a matter separate from this one; this circumstance does not constitute any part of the cause of action asserted by the plaintiff. Accordingly, there is likewise a clear lack of present interest with respect to the manner in which the Sixth Section of this Court previously construed the complaint, and the complaint is therefore declared inadmissible insofar as it was construed as being directed against the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre128203.-
XIII.On whether the claims (pretensiones) numbered 2 through 4 are well-founded, relating to an omission (conducta omisiva) allegedly committed by the respondent public authorities concerning compliance with Article 5 of the Ley Indígena. The relief sought in this regard constitutes the central subject matter of the action, as this Court has understood it. Insofar as relevant, the plaintiff has alleged noncompliance with Article 5 of the Ley Indígena, which provides: “Article 5.- In the case of non-Indigenous persons who are owners or good-faith possessors within Indigenous reserves, the ITCO shall relocate them to other similar lands if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept it, the ITCO shall expropriate the lands and compensate them in accordance with the procedures established in the Ley de Expropiaciones. / The expropriation and compensation studies and proceedings shall be carried out by the ITCO in coordination with CONAI. / If non-Indigenous persons subsequently encroach upon the reserves, the competent authorities shall immediately proceed with their eviction (desalojo), without payment of any compensation whatsoever. / The expropriations and compensation shall be financed through a cash contribution of one hundred million colones, to be allocated in four annual installments of twenty-five million colones each, the first beginning in 1979; those installments shall be included in the general budgets of the Republic for 1979, 1980, 1981 and 1982.
The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Contraloría General de la República.” Accordingly, the failure to comply with that provision would correspond to the omission alleged in this case. In support of her action, the plaintiff states that, although title to her territory has been recognized and, according to her account, is described in cadastral survey plan number L-118495-1993, more than one thousand hectares of those lands have been encroached upon, and the respondent institutions have yet to conduct the studies and proceedings established in Article 5 of the Ley Indígena so that the expropriation, compensation and/or eviction of the non-Indigenous occupants within her territory may be completed. With respect to the State, she alleged that it has not provided the corresponding institutions with a budget, nor have those institutions taken the necessary steps to proceed with the studies of occupants, expropriations and evictions within those territories (note particularly the prayer for relief identified as number 3).
Thus, as the claims in the complaint were revised, the plaintiff seeks a judgment ordering the following on the basis of an omission inconsistent with the legal system: “…2. Order the Instituto de Desarrollo Agrario and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas to conduct studies and appraisals of the lands occupied by non-Indigenous persons within that Indigenous territory: a) Order them to determine through those studies which of those persons must be compensated and which are not entitled to compensation; b) Order them to appraise the lands for which compensation must be paid, taking into account possible variations that could arise from any delays in the proceedings conducted for compensation; c) Order them to begin the studies and appraisals no later than one month after the judgment becomes final, and to complete them no later than four months after it becomes final. 3. Order the State, the Instituto de Desarrollo Agrario and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, immediately upon completion of the aforementioned studies and appraisals, to commence the proceedings for compensating the possessors or owners entitled thereto (including any necessary expropriations), and to pay the corresponding compensation no later than one month after the judgment so ordering. 4.
Order that my client be placed in possession of each of the properties, parcels or areas comprising our territory whenever any current occupant is evicted or compensated, as established by the Ley de Expropiaciones…”. This Court finds that, although the complaint must be upheld against the three respondent public authorities, it cannot be granted in full accordance with the claims as formulated by the plaintiff; we shall now explain both conclusions.-
1.1.-) On the principle of conventionality control (control de la convencionalidad). Pursuant to the Vienna Convention on the Law of Treaties (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), internationally adopted on treinta de abril de mil novecientos ochenta y dos, now Law of the Republic number 7615 of veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, published in the Official Gazette “La Gaceta” number 164 of veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, it was provided, insofar as relevant here: “Article 26.- ‘Pacta Sunt Servanda.’ Every treaty in force is binding upon the parties and must be performed by them in good faith.” The foregoing entails the obligation of States to honor the obligations they undertake before the international community and, of course, in cases such as those covered by Convention number 107 of the International Labour Organization in relation to Convention number 169, “Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries,” before indigenous communities, particularly regarding guarantees for the exercise of fundamental rights, which must be ensured in full.
Of course, both Article 7 and the doctrine developed by the Sala Constitucional based on the scope it has attributed to Article 48, both of the Constitución Política, are applicable in this area. At another level, for purposes of the operational aspects or application of these rules, Article 27 of this body of international law provides, in relation to domestic law and observance of treaties and with reference to the signatory States, that: “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule shall be without prejudice to the provisions of Article 46.” This Article 46 referred to the effectiveness of a treaty once consented to (signed) by the respective delegation, which is related to Article 11 concerning the means of expressing consent to be bound by a treaty, insofar as it provides that signature thereof is sufficient.
In response, the Costa Rican delegation interpreted and stated that the provision would apply to the Costa Rican State with respect to secondary law, but not to the provisions of the Constitución Política. All of the foregoing is relevant to the development of the principle of conventionality control and of what could also be called the principle of the inviolability of treaties vis-à-vis statutory law (principio de intangibilidad de los tratados frente a la ley). It also follows from the foregoing, under the protection of every legal system’s aspiration to provide certainty and security, that there is an obligation to apply directly the rules contained in international treaties that have already been ratified and are in force within the domestic legal order; such rules may, of course, be invoked by their beneficiary, even where that beneficiary is another State, in fulfillment of the duty of loyalty to commitments undertaken within the framework of relations among the nations concerned, without prejudice to the protection that has also customarily been invoked under this principle for instruments of this kind when they regulate human rights matters.
In this regard, the Sala Constitucional has stated as follows: “II.- It is obvious that the petitioner proceeds from the provisions of Article seven of the Constitución Política, to the effect that international treaties and conventions ‘have authority superior to the laws’ (…). It must nevertheless be stated that international human rights instruments in force in the Republic, pursuant to the amendment to Article 48 of the Constitution (Law No.7128, of 18 de agosto de 1989), upon becoming part of the legal system at its highest level—that is, at the constitutional level—supplement it insofar as they favor the individual.” Thus, in summary, recognition must be given to the validity of international rules as a direct source of domestic law and to their position within the hierarchy of sources of law (jerarquía de las fuentes). The principle of conventionality control is grounded in the aforementioned Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, in relation to Articles 1.1 and 2 of the American Convention on Human Rights, without prejudice to the content of the Universal Declaration of Human Rights; the latter, like many other declarations issued within the United Nations and the Organization of American States, is not subject to ratification by member or signatory States because such ratification is unnecessary.
It can therefore only be said that the content of these instruments concerning human rights has enormous interpretive value for all bodies responsible for applying the rules comprising the legality block (bloque de legalidad) and, in that sense, domestic law as well. It is also worth noting, insofar as relevant to the case before us, that, as follows from Article 17 of the Universal Declaration of Human Rights, which concerns the right to property, and as with every other right recognized in that instrument, States are committed to ensuring universal and effective respect for the fundamental rights and freedoms of humankind, meaning that the State has an obligation not only to respect those rights and freedoms but also to ensure them. This means that the State as a whole—without its internal organization permitting it to claim that it has divested itself of its duties—is required to adopt measures aimed at effectively achieving the purposes pursued by conventions of this kind concerning human rights, and domestic law may not serve as an excuse for failing to comply with what was agreed.
Regarding the importance of bearing the foregoing in mind as it relates to defending the rights of a population group that has been in a vulnerable situation since time immemorial, namely indigenous communities, the Sala Constitucional stated in judgment N° 2253-96 at 15:39 hours on 14 de mayo de 1996: “... There are various legal instruments intended to promote genuine equality among persons; among them is the particular situation of Indigenous peoples, who have traditionally been marginalized for historical, social, economic, and cultural reasons. They suffer the consequences of a society that neither understands nor respects their differences and that, at times, tends to view them as persons incapable of directing their own lives and destinies. In response to that situation, the international community felt the need to adopt measures in favor of Indigenous peoples. Thus, Convention 169 of the International Labour Organization—ILO—entitled ‘Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries,’ incorporated into our legal system through Law Nº 7316 of 3 de noviembre de 1992, established special protection for Indigenous peoples and their culture.” Conventionality control requires the Judicial Branch of each State and the bodies comprising its structure (as well as every authority exercising substantively adjudicative functions, particularly the Contentious-Administrative Jurisdiction (Jurisdicción Contencioso Administrativa), pursuant to Article 49 of the Constitution) to apply, interpret, and/or decide matters within their respective powers as legal decision-makers, giving precedence to the conventional standard of review (parámetro convencional de control).
International law regulating human rights thereby becomes what it truly is: a guarantee that the relevant human rights will be respected. Furthermore, it is sufficient to note that, under Article 5 of our Código Civil, these international normative instruments are directly applicable by legal decision-makers because they form part of the nation’s domestic positive law from the moment they are incorporated into the legality block by virtue of their approval by the Asamblea Legislativa and their full publication in the Official Gazette “La Gaceta”; therefore, as part of the legality block, they constitute a standard of review for this jurisdiction. (Article 6 of the Ley General de la Administración Pública).- 1.2.-) On the State’s omission. In light of all the foregoing, the majority of the members of this Court finds that the State has not only failed to comply with the provisions of the final paragraph of Article 5 of the Ley Indígena, but that this constitutes a serious and continuing failure since the legal system imposed upon it the specific obligation to provide CONAI with budgetary funding so that such resources could be made available in accordance with the procedures to be carried out by what is now INDER, exclusively for the purpose of expropriating and compensating, where appropriate, non-Indigenous persons who occupy or hold title, in either case in good faith, to lands identified as part of the Indigenous reserves.
In the present case, it has been established at a first level, and without prejudice to the fact that the reserve owned by the plaintiff Indigenous community has existed in its current dimensions for decades, that the Indigenous community represented here holds title to the described reserve as of the Executive Branch’s adoption of Executive Decree number 29448 dated veintiuno de marzo del dos mil uno, published in the Official Gazette “La Gaceta,” number 93 of dieciséis de mayo del dos mil uno, regardless of whether or not it is registered in the name of the plaintiff association representing the Nombre128202 community (which may be verified on the Judicial Branch’s website by accessing the Costa Rican Legal Information System), and it has likewise been established that, since the reserve was first created pursuant to Executive Decree number 5904 of once de marzo de mil novecientos setenta y seis, as acknowledged by the Executive Branch itself at that time, non-Indigenous persons have occupied areas included within its boundaries.
Also relevant in this regard was the testimony given at trial by the witness Nombre128204, a geographer and official of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas with veinticinco años of experience involving, among others, the plaintiff Indigenous community, as well as by Mr. Nombre128205, a member of the Nombre128202 Indigenous community, who stated that he had lived in the Indigenous territory at issue since birth, hace cincuenta y cuatro años al menos. Both witnesses stated that they knew of non-Indigenous persons occupying areas of the reserve at issue, and there is no reason that would lead this Court to find their statements lacking in credibility. Moreover, and in any event, the presence of non-Indigenous persons on these lands under the circumstances described appears to follow from the acknowledgment of the Executive Branch and the legislature in the Ley Indígena itself and, particularly, from the statements made by the Executive Branch in Executive Decree number 5904 of once de marzo de mil novecientos setenta y seis.
Of central importance is the evidence ordered by this judicial authority for a better adjudication of the case, appearing at folios 795 to 198 of the principal case file, consisting of a document signed by the person identified therein as Nombre128164, in her capacity as Director of the Dirección General de Presupuesto Nacional of the Ministerio de Hacienda, which reports that at no time since the Ley Indígena number 6172 entered into force, and pursuant to its Article 5, has the Executive Branch included in the General Budget of the Republic the cash contribution of cien millones de colones that it was required to appropriate through cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, beginning with the first installment’s inclusion in the Draft National Budget of the Republic for 1979 and continuing in the budgets for 1980, 1981 y 1982, respectively. It follows, in the view of the majority of the members of this Court, that, for the purposes of the Ley Indígena and the international conventions executed on the subject, the State unlawfully failed, by omission, to fulfill its duty to take effective measures—in this case, a specific and concrete measure established by the cited legal instruments—to protect Indigenous ownership of the land.
This is administrative conduct subject, by virtue of Article 49 of the Constitution, to the judicial review of legality vested in this jurisdiction; moreover, it affords the Administration under a duty to act no margin of discretion. At a second level, and although this issue was consistent with a proper reading of the claim filed against it, the State likewise failed to prove that, since the Ley Indígena number 6172 entered into force, it had undertaken, within the scope of its legal authority, any act intended to direct, coordinate and/or oversee, in an orderly and systematic manner, the tasks imposed upon it by international and domestic law concerning Indigenous peoples’ right to the integrity of their territories, which should have been performed, as applicable, with INDER, CONAI, or any other indirectly related organization. See Article 26(b), in relation to Article 27(1), both of the Ley General de la Administración Pública, regarding the duty of the person exercising the Presidency of the Republic, independently or, where applicable, jointly with the relevant Minister, to direct and coordinate the activities of the government and of the Central Public Administration as a whole, as well as those of the decentralized Public Administration; in this regard, the State would also have been expected to provide evidence, at a minimum, concerning the relevant management activities of what is now called the Instituto de Desarrollo Rural and of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas in relation to the Nombre128202 Indigenous Reserve.
Nor was any evidence introduced in the proceedings demonstrating that the State had effectively, coordinately and/or systematically undertaken or pursued efforts that could be understood as joint efforts with the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas and the Instituto de Desarrollo Rural to protect and guarantee the integrity of the territories owned by the Nombre128202 Indigenous Community. (All the foregoing is established by the record, given the absence of evidence to the contrary.) These factual circumstances render the State’s omission unlawful insofar as it constitutes noncompliance with Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, in relation to Convention number 107 of the International Labour Organization and Convention number 169, “Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries,” insofar as they govern the duties that the Government of the Republic of Costa Rica must fulfill, which must be read in conjunction with Article 140(8) of the Political Constitution.
With respect to the final paragraph of Article 5 of the Ley Indígena, which provides that “…Expropriations and compensation shall be financed through a cash contribution of cien millones de colones, to be appropriated in cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, the first beginning in 1979; those installments shall be included in the general budgets of the Republic for 1979, 1980, 1981 y 1982. The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Contraloría General de la República,” if the purpose of the Executive Branch’s provision of funds to be administered by CONAI was to ensure that the necessary resources were available to carry out the expropriations and compensation proceedings for which INDER is responsible, and such funding was a prerequisite for them, then nothing could be compensated except through avenues other than those unconditionally prescribed to the Executive Branch by the legal system, a situation that cannot be upheld by this judicial authority in this jurisdiction pursuant to Article 49 of the Constitution.
This requires a declaration that the State has indeed engaged in unlawful omission, contrary to the provisions and mandates of the legal system. It should be noted that, without prejudice to the fact that a comparable sum of money at the end of the 1970s may have been deemed sufficient for the purposes established by law, the Executive Branch has a duty to provide the resources required to comply with the cited legislation; indeed, even if that financial allocation may prove insufficient, that circumstance does not extinguish the original obligation attributable solely to the State to provide the resources necessary for full compliance with the Ley Indígena and international law. Once there are no non-Indigenous persons in the reserves who must be compensated, it is clear to this Court that the provision contained in that article—a programmatic provision—will cease to remain in force because its intended purpose will have been fulfilled to that extent.
In that eventual state of affairs, it could be said that the Indigenous communities’ exercise of the exclusive right of ownership they hold, to the exclusion of all others, has been effectively realized, without prejudice to future oversight of its integrity. Until that occurs, it would unquestionably remain an ownership right that is not complete because it is not being protected by the State, in flagrant violation of the right vested in these communities. Accordingly, it is reiterated that the claim, insofar as it was brought against the State, must be declared well-founded, although on the terms set forth below.-
The Comisión Nacional de Asuntos Indígenas is ordered to undertake all necessary activities in direct, intensive, and systematic coordination with the Asociación de Desarrollo integral de la Reserva Indígena Nombre128202 and the authorities of the Comunidad Indígena Nombre128202 so that, jointly with them, it may identify, through a population census (censo poblacional), any non-Indigenous person possessing areas within the Reserva indígena de interés, once the Reserva indígena Nombre128202 has been demarcated and the relevant land-registry and cadastral information (información registral y catastral) has been compiled by the Instituto de Desarrollo Rural. The ordered census must be fully completed within four months after the reserve has been demarcated and the relevant land-registry and cadastral information has become available; the determination of whether land titleholders or possessors (personas titulares o poseedoras de tierras) are acting in good faith (buena fe) must be made with the full participation of the authorities of the plaintiff Indigenous community, the association representing it, CONAI, and INDER.-
XIV.On the inadmissibility of the claim seeking an order to proceed with payment of the compensation awarded in another judicial proceeding. As indicated above, the representative of the Nombre128202 indigenous community requested that the judgment declare: “In the case of the Reserva Indígena Sibujú Norte (which is the territory of the aforementioned Nombre128202 indigenous community), if placing my client in possession requires payment of the compensation awarded in the proceeding being heard before the (sic) Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under case file 86-000826-0178-CA, the State shall be ordered to make such payment no later than one month after the judgment becomes final.” In this regard, it is sufficient to state that the party bringing this action clearly lacks active standing (legitimación activa) in the present case, without prejudice to any standing that might potentially be recognized by the competent judicial authority during the enforcement phase of the judgment issued pursuant to the rules of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, in the ordinary proceeding conducted under judicial case file number 86-000826-0178-CA, namely the judgments of the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda issued at eleven thirty a.m. on veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, in relation to judgment number 276-94, issued at eight fifteen a.m. on treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, by the Sección Primera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.
(Pages 172 through 228 of the main case file). In this respect, the claimant must be advised that the decision in that proceeding clearly became final and that, as mandated by the rules governing procedural law, a judgment of that nature cannot be enforced in another case, which is plainly what the relief sought here attempts to accomplish. It must nevertheless be stated that, because of the dual nature of the right involved, that right is indirectly being protected by the order to pay compensation issued in that proceeding; it is clear that this encompasses the claimant indigenous community’s right to demand that the authorities found liable make the corresponding payment, but not in the present case, in the opinion of this Court. Accordingly, because standing is a procedural prerequisite (presupuesto procesal) that may be examined by the Court on its own motion, the Court finds that active standing is lacking with respect to the relief sought and, to that extent, the action must be declared inadmissible.-
XV.Corollary. In conclusion, based on all that has been set forth thus far, the unlawful omission (conducta omisiva) committed at various levels by the State, the Instituto de Desarrollo Rural, and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas having been established, the action must succeed, albeit in a manner different from that in which the claims were formulated. Given the significant public interest in the proper performance of the duties assigned by the legal system to the institutions entrusted with protecting the rights of indigenous communities, pursuant to Article 122, subsections c), d), g), and k) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the action must be partially granted under the terms to be stated in the operative portion (parte dispositiva) of this judgment.-
XVI.On the defenses raised. The representatives of the State and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas raised the defense of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva), while the representative of the Instituto de Desarrollo Rural raised the defenses of failure to state a valid legal claim (falta de derecho) and substantive res judicata (cosa juzgada material). The latter was denied in order number 33-2013, issued during the single hearing held on veinticuatro de junio del dos mil trece at ten fifty-five a.m.; therefore, with respect to that ruling, the parties shall abide by what was decided at that time. The defense of lack of passive standing raised in this case must be rejected for the following reasons. Standing is a substantive prerequisite (presupuesto de fondo) in every judicial proceeding and, as such, judges are required to examine it, even on their own motion if the corresponding defense—lack of active and/or passive standing—is not raised.
This legal doctrine concerns the “...specific substantive legal position in which a person, or plurality of persons, stands in relation to the subject matter of a particular dispute; standing, ultimately, indicates in each case who the true holders of the substantive legal relationship to be resolved in the proceeding are; who the persons are whose participation in the proceeding is necessary for the judgment to be ‘effective.’” (Nombre71661, Nombre71662; Nombre136773; Nombre149727 and Nombre71664, Nombre9069. Derecho Procesal Administrativo Costarricense. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162.). It concerns the capacity of the participating parties to be parties to a proceeding of this nature, which derives or arises from the relationship between their sphere of interests and rights and the challenged administrative conduct. Thus, “...a person acquires standing in a procedure or in a particular proceeding by virtue of a prior impairment of that person’s qualified interests or rights” (Nombre137195, Nombre25610.
El nuevo proceso contencioso administrativo. Obra Colectiva. Poder Judicial. Escuela Judicial. San José. Costa Rica. p. 79.) If the participating parties lack standing, it may be concluded that the entire proceeding will not resolve the specific intersubjective dispute brought before the courts, because that deficiency will establish the absence of a legal relationship between them. In this contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa), the “legal situations of every person” are eligible for judicial protection in relation to the various manifestations of administrative conduct, as clarified by subsection 1) of the first section of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Accordingly, to obtain effective judicial protection (tutela judicial efectiva) and a decision on the merits in a contentious-administrative proceeding, the person subject to the administration (administrado) must hold a subjective right (derecho subjetivo) or at least “a legitimate interest” (interés legítimo) (Article 49 of the Constitución Política), derived from or arising out of an administrative legal relationship (relación jurídico administrativa).
Standing, moreover, is divided into an active dimension, relating to the person or persons appearing as claimants and, specifically, to the alleged ownership of the subjective right or legitimate interest asserted, understood as the legal capacity to exercise the right of action empowering them to demand satisfaction of a particular obligation or subject matter; and a passive dimension, relating to the defendant, manifested as the capacity to be subject to the exercise of that right. A subjective right or legitimate interest is thus asserted against public powers or authority. In the present case, the majority of this Chamber finds it clear that standing exists to sue the State because, among the omissions alleged, the legal system designated the State as directly responsible, and it was established that the State failed to comply with those legal obligations. The same is true of the entity now known as the Instituto de Desarrollo Rural—this time by unanimous decision of this Chamber—because the powers and duties imposed upon it by the legal system concerning the identification and demarcation of indigenous lands have, together with the State’s inaction, caused Article 5 of the Ley Indígena to remain ineffectively implemented to date.
In addition, given the merits analysis conducted under the terms of this judgment and the partial granting of the action against INDER, the defense of failure to state a valid legal claim raised by that entity must be rejected. Finally, the Court states on its own motion that the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas was assigned duties intended to protect indigenous peoples, particularly coordination and liaison duties, which have not been performed in anything approaching an adequate and effective manner, either in dealings with the State and INDER or in relation to the indigenous communities themselves.-
XVII.On costs. Pursuant to section 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural costs and attorney’s fees (costas procesales y personales) constitute a burden imposed upon the losing party by virtue of having lost. Because there are no grounds justifying exemption from such an award under subsections a) and b) of that section, or under Article 194 of the same body of law in the case of the State, the Instituto de Desarrollo Rural, and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas—the parties that lost in this proceeding—they must be held jointly and severally liable for payment of both categories of costs generated by the prosecution of the present case, in favor of the Asociación de Desarrollo Integral de La Reserva Indígena Nombre128202. Although the claimant was unsuccessful in the proceeding brought against the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Nombre128203, that proceeding resulted from this Court’s order requiring that entity to be joined as a party to the litigation (integrada la litis), despite the absence of any allegation in the complaint concerning a dispute between that entity and the claimant indigenous association. Consequently, its participation, which was limited to answering the complaint, shall not generate costs against the claimant. Judge Hess Araya dissents with respect to the award against the State.-
POR TANTO
The evidence submitted by the representative of the Instituto de Desarrollo Rural for the court’s better determination (para mejor resolver) is rejected. By majority vote, the objection of lack of standing to be sued (falta de legitimación pasiva) raised by the representative of the State is rejected, and the objection raised by the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas is unanimously rejected. The Court declares sua sponte that the claimant association lacks standing to sue (falta de legitimación activa) in this action to seek enforcement of the judgment rendered in the judicial proceeding heard by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda under judicial expediente number 86-000826-0178-CA. The Court declares sua sponte that there is no current legal interest (falta de interés actual) and, to that extent, the claim is inadmissible exclusively insofar as the Judicial Authority deemed it to have been brought against the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribri de Talamanca.
The objection of lack of a legal right (falta de derecho) raised by the Instituto de Desarrollo Rural is rejected. By majority vote, the claim brought by the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre128202 against the State, the Instituto de Desarrollo Rural, and the Comisión Nacional de Asuntos indígenas is declared partially admissible; for all purposes, it shall be understood to have been denied in all respects not granted in this judgment. Accordingly, the following rulings are issued: a.) By majority vote, the State is ordered to include, for the benefit of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, in the Draft National Budget Law of the Republic, the one hundred million colones that it should have included in the budgets corresponding to fiscal years one thousand nine hundred seventy-nine, one thousand nine hundred eighty, one thousand nine hundred eighty-one, and one thousand nine hundred eighty-two.
Those funds shall be included in the respective draft budget in four installments, at current value, and over four consecutive annual fiscal periods, the first of which shall be made only after the fiscal period following the one in progress when this judgment becomes final has expired. (Consequently), by majority vote, the State is ordered to undertake coordinated, systematic, and effective efforts with the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, the Instituto de Desarrollo Rural, and the Comunidad Indígena Nombre128202 to ensure implementation of the provisions of Article 5 of the Ley Indígena. At no time may the Presidencia de la República—without prejudice to the constitutional powers vested in the Contraloría General de la República—disregard the proper use of that fund in accordance with the law. Judge Hess Araya dissents from this portion of the ruling; b.) Unanimously, the Instituto de Desarrollo Rural is ordered to undertake, from its own budget, every action necessary to ensure the proper demarcation of the Reserva Indígena Nombre128202, which work shall commence within a period of no less than six months from the date on which this judgment becomes final.
Those tasks shall be completed no later than six months after they commence. The demarcation shall include the preparation of survey plans and any other similar instrument, as well as the land-registry studies necessary for the subsequent effective registration of the lands, thereby making it possible to identify whether any properties overlap the areas encompassed by the indigenous reserve in question. These tasks shall be performed in coordination with the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas and with the cooperation of the claimant indigenous community; for that purpose, the commission shall engage with the indigenous authorities so that no obstacle arises that might hinder performance of the tasks ordered; c.) Unanimously, the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas is ordered to undertake all necessary activity in direct, intensive, and systematic coordination with the Asociación de Desarrollo integral de la Reserva Indígena Nombre128202 and the authorities of the Comunidad Indígena Nombre128202 so that, jointly with them, it identifies through a population census every non-indigenous person possessing areas of land within the indigenous reserve in question, once the Reserva Indígena Nombre128202 has been demarcated and the relevant land-registry and cadastral information has been compiled by the Instituto de Desarrollo Rural.
The ordered census shall be completed in full within four months after the reserve has been demarcated and the relevant land-registry and cadastral information is available. The determination of which landowners or possessors hold land in good faith and which do not shall be made with the full participation of the authorities of the claimant indigenous community, the association representing it, CONAI, and INDER. This judgment is issued without a specific award of costs (especial condenatoria en costas) exclusively insofar as the claim against the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribri de Talamanca was unsuccessful; d.) By majority vote, the State, the Instituto de Desarrollo Rural, and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas are held jointly and severally liable for both categories of costs (ambas costas). Judge Hess Araya dissents from the award of costs against the State.- Let notice be served.- Felipe Córdoba Ramírez Silvia Consuelo Fernández Brenes Christian Hess Araya Dissenting opinion of Judge Hess Araya:
I.I dissent only insofar as the foregoing judgment concludes that there was an omission attributable to the State and, consequently, grants the action against it under the terms of item a) of the operative portion; my reasons are as follows.
II.Article 5 in fine of the Ley Indígena provides: “The expropriations and compensation shall be financed through a contribution of one hundred million colones in cash, to be allocated in four annual installments of twenty-five million colones each, the first beginning in the year 1979; those installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982. The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Contraloría General de la República.” In the undersigned’s opinion, and in disagreement with the position of my fellow members of the Court (and even partially reconsidering what I endorsed in judgment N° 198-2011-VI of the Sección Sexta), the transcribed provisions—notwithstanding their inclusion in a rule whose remaining content is not of that nature—were enacted by the legislature to remain in force solely on a transitional basis and, as a matter of sound legislative drafting, should in fact have appeared in the corresponding section at the end of the law, as is customary.
Based both on their text and on application of the annuality principle governing the budget cycle (principio de anualidad del ciclo presupuestario), I find that those provisions ceased to have effect at the close of fiscal year 1982 and that this Court is not empowered to reinstate them more than thirty years later, however noble the purpose that inspired their enactment. All of this is without prejudice to the facts that: a) the provision fails to identify the funding source that was to cover the expenditure prescribed therein, in violation of the balanced-budget principle (principio de equilibrio presupuestario), a collateral matter into which I do not delve because it falls within the jurisdiction of the Jurisdicción Constitucional rather than that of this Chamber; and b) it is in any event strange that administration of the fund was entrusted to CONAI when ITCO (now INDER) was the entity required to carry out and pay for the expropriations.
In stating this, I do not intend to disregard either the international commitments undertaken by the Costa Rican State regarding the protection of indigenous cultures or the responsibilities set forth in the relevant legislation. I merely acknowledge the reality that the cited rules were intended to be complied with within a specific period, which expired long ago, and that this collegiate body therefore cannot now compel compliance with them.-
III.Furthermore, in the dissenting opinion that I also entered with respect to judgment N° 53-2013-VII of this Court, I stated the reasons why I find that the omission—attributed to the Poder Ejecutivo—of certain appropriations from the draft ordinary or extraordinary Budgets of the Republic that it submits to the Asamblea Legislativa for consideration does not constitute administrative conduct subject to review by this jurisdiction; I also explained why I believe this Court cannot compel the Ejecutivo to act otherwise (much less determine the number of installments in which it must do so), even when the budgetary obligations arise by operation of law. Certainly, the money required to pay the necessary expropriations must come from somewhere and, therefore, insofar as INDER is unable to pay them from its own funds, it would have to request the necessary budgetary transfers. But that is very different from this Court going so far as to order the Poder Ejecutivo to proceed in that manner, thereby assuming a power that I believe it does not possess.
In any event, it should be noted that, as a final matter and should this position not be accepted, I believe that the holding in another very similar case would remain applicable here (under expediente N° 10-000275-1028-CA, decided by the aforementioned judgment N° 198-2011-VI), where it was explained that the Poder Ejecutivo cannot be charged with an omission for failing to budget and disburse funds for the expropriation of non-indigenous persons’ property, because this necessarily presupposes that IDA and CONAI have first fulfilled their obligations to determine the cases in which such action was required, so that they could subsequently request the necessary resources.-
IV.Finally, it should be added that, given the manner in which the claims for relief (pretensiones procesales) were established in this matter, only those numbered 3 and 5 contain requests concerning the State: the first seeks to have the State commence, together with IDA (now IDER) and CONAI, “the aforementioned studies and appraisals, and the procedures for compensation (including possible expropriations),” duties that the law assigns solely to the latter two entities; while the second is clearly inadmissible for the reasons stated in the present judgment, with which I agree. Consequently, insofar as the operative portion of the judgment “orders the State to undertake coordinated, systematic, and effective efforts with the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, the Instituto de Desarrollo Rural, and the Comunidad Indígena Nombre128202 to ensure implementation of the provisions of Article 5 of the Ley Indígena,” it gives that provision a scope with respect to the State that it does not possess; accordingly, I do not find that mandate legally supportable.-
V.For all the foregoing reasons, I sustain the objection of lack of standing to be sued raised by the State, as to which I declare the claim inadmissible, with the corresponding award of costs in its favor. In all other respects, I concur in the foregoing decision.-
CHRISTIAN HESS ARAYA
ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTOR: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA CABECAR DE TALAMANCA DEMANDADOS: EL ESTADO, LA COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, y la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA BRIBRI DE TALAMANCA Nº 74-2013-VII TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SÉPTIMA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A, Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del veintinueve de octubre del dos mil trece.- Procesos de conocimiento incoados por la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA CABECAR DE TALAMANCA, cédula de persona jurídica número CED117090 , representada por su Presidente, Nombre149727 , quien es mayor de edad, soltero, agricultor, cédula de identidad número CED117091 , en contra del ESTADO, representado por el Procurador Adjunto, Bernardo Lara Flores, quien es mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número CED117092 ; la COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, en adelante y a los efectos de la presente sentencia (CONAI) cédula de persona jurídica número CED117093 y CED117094 , representada por su Presidente, Nombre136655 , quien es mayor de edad, casado, agricultor, vecino de la Comunidad Indígena de Nairí Awari, cédula de identidad número CED117095 ; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, en adelante y a los efectos de la presente sentencia (INDER), cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero-cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres-once, representado por su apoderado general judicial, señor Carlos Enrique García Anchía, quien es mayor de edad, abogado, vecino de San Ramón, cédula de identidad número CED115380 , y la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA BRIBRI DE TALAMANCA, cédula de persona jurídica número CED117096, representada por su Presidente, Nombre149728 , quien es mayor de edad, soltero, en unión de hecho, agricultor, cédula de identidad número CED117097 , .
Interviene como Abogado Director de la asociación accionante, el Licenciado Danilo Chaverri Barrantes, carné del Colegio de Abogados de la República de Costa Rica número CED117098 , y como apoderado especial judicial de la CONAI el Licenciado Mauricio Masís Murillo, cédula de identidad número CED117099- . En representación de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Talamanca (Bribrí) comparece como abogado Director el Licenciado Gerardo Mora Protti, carné del Colegio de Abogados número CED117089 .-
RESULTANDO:
Redacta el juez Córdoba Ramírez con el voto afirmativo de la jueza Fernández Brenes y en parte del juez Hess Araya, este último quien consigna en el presente fallo un voto salvado en lo correspondiente.-
CONSIDERANDO
I.Sobre la prueba para mejor proveer. Siendo que por escrito presentado a estrados judiciales por parte de la representación del Instituto de Desarrollo Rural el día cinco de septiembre del dos mil trece, se requirió la admisión de prueba para mejor resolver (folio 757) en lo que se encuentra constituida por el texto de la sentencia número 106-2013 de las catorce horas del veintiocho de agosto del dos mil trece, dictada por la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo en proceso ordinario identificado como el tramitado bajo el expediente judicial número 07-001117-0163-CA, con lo que según así lo expresa, pretende sea ponderado su contenido para probar que en lo que la demanda se dirigió en contra del Instituto referido, no debe prosperar la misma. (Folios del 720 al 756). Sobre el particular, debe tomarse nota de que la posibilidad de que este tipo de prueba de carácter extemporáneo sea admitida por virtud de lo dispuesto en el artículo 331 del Código Procesal Civil, responde al arbitrio del Juzgador, no siendo de recibo afirmar que su rechazo pueda causar indefensión al suponer por principio de preclusión procesal, que es traída al proceso fuera de las oportunidades previstas a los efectos de aportar elementos probatorios con que cuentan las partes vinculadas en la relación jurídica procesal, por lo que se rechaza la misma.
Debe tomarse nota en adición, de que la prueba refiere en particular a un antecedente jurisprudencial que se afirma ha sido dictado en causa judicial diversa a ésta, no constituyendo probanza que vaya en ningún nivel dirigida a dar cuenta de la verdad real respecto de alguno de los hechos de interés a propósito de la resolución que por el fondo haya de declarar el mejor derecho en la presente causa, por lo que además, deviene en razón de ello en inconducente, por lo que se rechaza la solicitud.-
II.Hechos probados. De relevancia para la resolución del presente proceso se tienen los siguientes:
III.Hechos no probados: De relevancia para el dictado del presente fallo se tienen como hechos no probados los siguientes:
IV.Sobre los reproches formulados por la parte accionante. La representación de la parte actora esbozó en su demanda, estructuras argumentativas en soporte de la presente acción conforme las cuales indicó -ahora lo que sigue expresado a manera de síntesis- que a la comunidad indígena Nombre128202 le fue reconocida la titularidad de su territorio conforme el contenido del Decreto Ejecutivo número 29448 del veintiuno de marzo del dos mil uno, que incluye el área que identifica -de forma confusa se agrega-, como Nombre128202 y Nombre128203, conformando, la finca inscrita en el Registro Nacional, del Partido de Limón, matrícula de folio real número Placa30242, que luego fue dividida, segregándose de ésta, la finca número Placa30243 (no indica a quién pertenece el área segregada). Luego, afirma que el área de territorio que le pertenece, se encuentra descrita en el plano catastrado número Placa30244, pero que éste incluye una finca, a saber, la inscrita bajo la matrícula número Placa30245, respecto de la que no habrá de entenderse efectuada pretensión alguna en esta causa, pues lo propio se encuentra siendo discutido en la causa judicial que identificó, como la que se encuentra siendo tramitada bajo el expediente judicial número 10-000275-1028-CA.
Acusó que las tierras de la actora se encuentran invadidas en más de mil hectáreas, sin que las instituciones demandadas y el Estado, hayan efectuado aún los estudios y trámites que se establecen en el artículo 5 de la Ley Indígena, a fin de que se concluya con la expropiación, indemnización y/o desalojo de los ocupantes no indígenas que se encuentran dentro de nuestro territorio. En lo que corresponde con el Estado, acusó que éste no ha dotado de presupuesto a las instituciones correspondientes, ni éstas han hecho las gestiones necesarias para que se proceda de conformidad con los estudios de ocupantes, expropiaciones y desalojos dentro de esos territorios.-
V.Sobre los alegatos de defensa formulados por la representación del Estado. Indicó la representación del Estado -en lo que contestó la demanda únicamente dentro de la audiencia que le fue conferida dentro del expediente judicial número 10-000274-2018-CA y en oposición a que la demanda sea declarada con lugar- que si bien es correcto que mediante el Decreto Ejecutivo número 29448 del veintiuno de marzo del dos mil uno se creó la reserva indígena de interés, no lo es que se encuentre ésta invadida por no indígenas, al no mediar prueba que dé cuenta de esa circunstancia. Sobre el proceso judicial que se tramita bajo el número 10-000275-1028-CA, advierte que se trata de un proceso ordinario dentro del que el Estado ha pagado parcialmente honorarios e intereses a los propietarios registrales de la finca, pero que no ha sido posible tomar posesión definitiva del inmueble hasta que no se cancele la totalidad de lo adeudado. Indicó además que media en el presente asunto una falta de legitimación pasiva en lo que la acción ha sido dirigida en contra del Estado, toda vez que la demanda en lo medular lo es en contra del INDER y la CONAI, que son entidades con personería jurídica propia, y a la vez las designadas por el legislador a fin de que realicen los estudios y avalúos sobre los terrenos que en la reserva de interés que se encuentren ocupados por terceros no indígenas.-
VI.Sobre los alegatos de defensa formulados por la representación del CONAI . Por su parte, la representación de la CONAI indicó en defensa de dicha organización, que si bien es cierto que la reserva de interés es propiedad o titularidad de la comunidad indígena Nombre128202 , se encuentra ocupada por terceros que no forman parte de la dicha agrupación, pese a que por varios años han estado instando a los distintos gobiernos con el objeto de que cumplan lo establecido en la Ley Indígena. Que sus obligaciones de ley para con las comunidades como la accionante, se limita a la realización de tareas de coordinación conforme así lo ha definido la Procuraduría General de la República, una vez que le fue consultado lo pertinente en su oportunidad, no siendo ésta, como sí el Instituto de Desarrollo Rural, a quien corresponde la adquisición de los bienes inmuebles propiedad de particulares dentro de las reservas indígenas, instituto que advierte, no cuenta con presupuesto disponible ni elementos técnicos para realizar esas tareas. En suma, rechazó que se le endilgue a la CONAI responsabilidad alguna en este asunto, pues nunca ha incumplido sus deberes legales.-
VII.Sobre los alegatos de defensa formulados por la representación del INDER. En defensa de los intereses institucionales del INDER indicó su representación, que si bien es cierto le corresponde conforme la Ley Indígena la obligación de expropiar e indemnizar a los ocupantes de las reservas que no sean indígenas cuando ello proceda, esto lo es en coordinación con la CONAI. Que es importante tomar en cuenta que el INDER, no ha contado por parte del Estado con los recursos económicos necesarios a fin de dar cumplimiento a esa obligación, por lo que se ha encontrado en imposibilidad de ejecutar lo correspondiente. Refiere entonces a algunas iniciativas o propuestas que se ha planteado a nivel institucional para solucionar este problema, como lo fue un proyecto de ley que identificó como “Ley de Financiación para la Recuperación de Territorios Indígenas” que afirmó, fue presentado a las comunidades indígenas.
No indica en qué momento ello ocurrió o la suerte que ha tenido tal proyecto de ley. También indicó que habrían confeccionado un “Manual para la Adquisición y Traspaso de Tierras en Territorios indígenas al amparo del artículo cinco de la Ley Indígena 6172”, que primero fue aprobado por la Junta Directiva en el año dos mil ocho -habría que entender, la del INDER- y luego derogado por ésta en el año dos mil nueve, con lo que se impidió así hacer aplicación del mismo. Indica que no existe un cuerpo normativo que regule la forma y el procedimiento a seguir, mediante el que habría de determinarse qué poseedor o titular es no indígena dentro de esas áreas en las reservas, y si lo es de buena fe o no, así como en qué autoridad pública habría de residenciarse la competencia para tal determinación. Refuerza sus afirmaciones con ocasión del que identifica es un fallo de la Sala Constitucional, conforme el que se les indicó que la determinación de quién tenga mejor derecho con ocasión de ser titular de áreas presuntamente parte de estas reservas, debe hacerse en la vía judicial en un proceso ordinario, por lo que le compete a un juez y no al INDER la determinación correspondiente.
Se suma a lo anterior, el que no considera que estas funciones le correspondan al INDER, al no formar parte tales actividades de sus funciones ordinarias, como sí y en su criterio, a la CONAI, en concurso con las asociaciones indígenas. Se agregó que otra circunstancia que les ha impedido proceder de conformidad, lo es el aspecto financiero, dado que no obstante el artículo 5 de la Ley Indígena prevé que estas tareas se realizarían con un presupuesto de cien millones de colones, a ser girados en tractos de veinticinco millones cada uno en los años de mil novecientos setenta y nueve a mil novecientos ochenta y dos, “La realidad es que dicha disposición nunca se efectuaron por parte del Estado; lo que ha provocado severos atrasos en la tramitación de dichos procesos; debido a carecer de los recursos financieros para el pago de las indemnizaciones que se ha hecho imposible ejecutar…”. Siempre sobre este punto, señaló que no se ha diseñado por la ley, alternativa alguna para que dentro del presupuesto institucional, exista alguna partida para el pago de esas tierras, no contando en consecuencia con autorización legal para girar fondos para esos propósitos, pese a lo dispuesto en la Ley 2825, so pena de incurrir en la causal de responsabilidad prevista en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos en su artículo 110, inciso e).
Sobre el hecho que relacionó la parte actora, como la omisión por parte del INDER y la CONAI de realizar estudios y trámites que identifiquen a los no indígenas en las reservas, en los términos a que refiere el artículo 5 de la Ley Indígena, reiteró lo relacionado atrás, con un proyecto de ley y un Manual que intentó poner en vigencia y operación la institución codemandada. Sobre el proceso judicial que fue tramitado bajo el expediente judicial número 86-000826-0178-CA, indicó que se trata de un asunto que se encuentra fallado con carácter de cosa juzgada material y que en lo que corresponde con nuevos invasores que han incursionado en las tierras que fueron objeto de discusión en dicho proceso, ha sido la misma asociación indígena actora la que ha mostrado pasividad ante estas incursiones, en su reserva.-
VIII.Sobre la posición de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Nombre128203 de Talamanca. En su escrito de contestación a la demanda, la representación de la asociación indígena codemandada aceptó los hechos en su totalidad, no obstante advierte que dejan los mismos sujetos a lo que se desprenda de la prueba en contradicción con lo anterior. Adicionó, manifestando que aprueba las pretensiones formuladas por la accionante, y que el territorio Sibujú Norte efectivamente, primero, no pertenece a la comunidad indígena Nombre128203 y segundo, que pertenece a la Nombre128202 por lo que no se oponen a la recuperación de ese territorio por parte de quienes accionan.-
IX.Sobre el objeto del presente proceso (pretensiones). Considera necesario este Tribunal, previo a entrar en consideraciones de fondo, efectuar una serie de reflexiones que coadyuven a precisar cuál es el objeto del presente proceso. Conforme es reflejo de lo actuado en la presente causa con vista en los folios del 691 al 693 del expediente principal, en relación con el registro electrónico de la audiencia única, que fue nuevamente celebrada el día veinticuatro de junio del dos mil trece con la participación de las partes involucradas en la relación jurídica procesal y en concurso con las partes, particularmente la actora, fueron determinadas como las pretensiones del proceso, un solo elenco de éstas, para que a todos los efectos se tenga que lo son las que siguen: “1. Se declare que mi representada es la propietaria registral, y el pueblo Nombre128202 es el dueño, de la Finca descrita en el Decreto Ejecutivo N° 29448-G del 21 de Marzo de 2001 (“Reserva – Tenorio- Indígena Nombre128202 de Talamanca). 2.
Se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas realizar los estudios y avalúos sobre los terrenos ocupados por personas no indígenas dentro de ese territorio indígena: a) Ordéneseles que los estudios deben determinar cuáles de esas personas tienen que ser indemnizadas y cuáles no tienen derecho a ello; b) Ordéneseles que los avalúos se realicen sobre los terrenos que deben ser indemnizados, tomando en consideración las posibles variaciones que podrían ocurrir por los eventuales retrasos en los procesos que se tramiten para la indemnización; c) Ordéneseles iniciar los estudios y avalúos no más de un mes posterior a la firmeza de la sentencia, debiendo haberlos concluido no más de cuatro meses después de esa firmeza. 3. Se ordene al Estado, al Instituto de Desarrollo Agrario y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas iniciar de inmediato, una vez realizados los estudios y avalúos citados, los trámites para las indemnizaciones (incluidas las posibles expropiaciones) de los poseedores o propietarios que tengan derecho a ello, y cancelar -no más de un mes posterior a la sentencia que así lo ordene- las indemnizaciones correspondientes 4.
Se ordene poner a mi representada en posesión de cada una de las fincas, parcelas o áreas que componen nuestro territorio cada vez que se desaloje o indemnice a alguno de los actuales ocupantes conforme lo establece la Ley de Expropiaciones; 5. En el caso de la Reserva Indígena Sibujú Norte (que es territorio indígena Nombre128202 antes citado), si la puesta en posesión de mi representada requiere que se pague la indemnización ordenada en el proceso que se tramita en (sic) Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en expediente 86-000826-0178-CA, ordénesele al estado proceder a su pago no más de un mes después de que quede firme la sentencia. 6. Se condene a los demandados al pago solidario de ambas costas de esta acción”. Dicho lo anterior, la acción se encuentra planteada para que sea discutida en juicio, la identidad del titular del dominio sobre un bien inmueble, que se identifica como la Finca descrita en el Decreto Ejecutivo N° 29448-G del veintiuno de marzo de dos mil uno.
Esta pretensión lo es de corte meramente declarativo hasta donde se logra observar. Luego, se formularon una serie de extremos petitorios, todos dirigidos a que se condene a las autoridades públicas demandadas a hacer, sea, a desplegar alguna conducta que se encuentra en criterio de la parte actora impuesta por el ordenamiento jurídico, sin que a la fecha haya sido ejecutada por los accionados, lo que habla de un desdoble en la acción, en pretensiones dirigidas a que se declare que ha existido una ilegítima conducta omisiva de parte de todas las Administraciones Públicas demandadas, para que luego se ordene adoptar en su lugar la conducta que demanda el ordenamiento jurídico. Se trata de una acusada omisión constituida por las acciones a que refiere el artículo 5 de la Ley Indígena, que debiendo ser ejecutadas por las demandadas, se dirige a la defensa del derecho de propiedad de la comunidad indígena, en este caso, la Nombre128202 .
Finalmente, se incluyó una pretensión, que se vincula con la posibilidad de que previo a que proceda ordenar poner en posesión a la comunidad accionante de áreas específicas de su territorio, deba pagarse por parte del Estado el dinero al que fue condenado pagar conforme una sentencia dictada con carácter de cosa juzgada material, dentro del otro proceso judicial de corte plenario diverso al que nos ocupa. Así, pretende que se ordene en la presente causa a la parte que resultó vencida en dicho proceso judicial, ejecutar aquello a lo que fue condenada hacer en ella. En los términos que se dirán y conforme los cuales en criterio de este Tribunal, no existe interés alguno en abordar temas en relación con los que no existe conflicto alguno que resolver, como lo es el relacionado con la titularidad de la reserva indígena Nombre128202 , la presente acción propone en lo medular una demanda fundada en una conducta omisiva disconforme con el ordenamiento jurídico según así se desprende de la teoría del caso planteada por la parte actora. Por lo demás, la última de las pretensiones resulta autónoma y como se verá, estéril.-
X.Sobre el régimen jurídico de protección a los territorios indígenas y la identidad del perteneciente a la comunidad indígena Nombre128202 . Resultando de rigor lo que sigue a los efectos del análisis que habrá de efectuarse a fin de resolver el presente asunto, procedemos a abordar el régimen jurídico de protección a las reservas indígenas, particularmente en lo que toca al artículo 5 de la Ley Indígena, así como a la regulación que define el emplazamiento de la reserva indígena propiedad de los accionantes.
XI.Sobre la pretensión dirigida a que se declare que la asociación actora es la propietaria registral, y el pueblo Nombre128202 el dueño, de la Finca descrita en el Decreto Ejecutivo número 29448-G del veintiuno de Marzo de dos mil uno. Punto aparte merece darse a este extremo petitorio en los términos que se dirán. En torno a la pretensión dirigida a que se declare que la asociación actora es la propietaria registral, y el pueblo Nombre128202 el dueño de la Finca descrita en el Decreto Ejecutivo número 29448-G del veintiuno de marzo de dos mil uno, con claridad media una falta de interés actual que torna en improcedente dicho extremo, como en efecto se dispone. Sobre el particular y siendo que como excepción ninguna de las partes accionadas invocó tal defensa, debe tomarse nota de que la jurisprudencia emanada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dentro de la que como ejemplo, se encuentra la sentencia número 2008-000317 de las nueve horas diez minutos del dos de mayo de dos mil ocho, ha caracterizado esta excepción como una de las dirigidas a la verificación de un presupuesto material de la acción jurisdiccional.
Así, para que una demanda pueda prosperar con independencia de otros aspectos, como lo son la capacidad procesal, la competencia y el cumplimiento de los requisitos respectivos en el escrito de demanda, también debe revisarse oficiosamente si concurren presupuestos materiales como lo son el derecho, la legitimación y claro está, el interés actual. Si alguno de estos presupuestos -o todos- no se encuentran presentes, la demanda no podría encontrar respuesta positiva. Para el caso de la falta de interés actual, se trata de una excepción, resorte de análisis a la hora del dictado de la sentencia, que supone que con independencia del fondo de lo planteado, la pretensión no sea susceptible de ser acogida con causa en que existe un motivo diverso, pero jurídicamente relevante que así lo impone. El interés actual está relacionado estrechamente con la posibilidad de que el fallo actúe en la realidad, ya sea innovando o conservando una situación jurídica determinada, lo que se encuentra estrechamente relacionado con el objeto del proceso entendido como las pretensiones.
Decir que existe interés actual en pronunciarse sobre el derecho de fondo, no es otra cosa que hablar de la necesidad de proveer de tutela jurisdiccional -en este caso conforme el artículo 49 constitucional-, a la persona que alega estar siendo afectada en sus derechos subjetivos y/o intereses legítimos, respecto de una conducta administrativa frente a la que solicita la intervención del respectivo órgano jurisdiccional. La finalidad de esa intervención lo es resolver el conflicto jurídico del que se es parte (derecho de accionar) cuando la sentencia resulte de utilidad para el titular de ese derecho subjetivo o interés legítimo. Implica lo anterior que en el juzgador se encuentra residenciado el deber de efectuar un juicio de “utilidad” vista la pretensión formulada y las circunstancias fácticas bajo las que se erige la acción (causa de pedir) cotejando los efectos de la resolución jurisdiccional solicitada, justamente con el marco de la utilidad que tal pronunciamiento habría de proveer a favor de quien demanda.
Se trata de un análisis de proyección que pondera si la sentencia positiva o no, habría de producir algún efecto en quien solicitó la tutela de su situación jurídica. Así, no hay interés actual, si con todo y acceder a lo peticionado, la sentencia no tiene la virtud de ocasionar tal efecto en la situación jurídica del accionante, deviniendo en ese tanto estéril el fallo. (Puede verse también la Sentencia de la Sala Primera relacionada, número 465-2009 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil nueve). De ahí que un ejercicio de control objetivo de legalidad por la legalidad misma, carece de todo provecho o utilidad relevante. (Ver doctrina derivada del artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo). Dicho lo anterior en términos diversos, si se toma en cuenta que el ejercicio de la acción de revisión de la legalidad de la conducta administrativa es de carácter subjetivo, en la medida que supone la existencia de una persona legitimada con ocasión de resultar titular de un interés relevante para obtener un pronunciamiento que le aproveche en su esfera jurídica -sin que sea posible una revisión objetiva de la legalidad por la legalidad misma respecto de los actos administrativos, se insiste-, media ausencia de ese interés actual, cuando el efecto de la sentencia en nada -a los propósitos de un fenómeno efectista-, habría de mutar el estado de las cosas.
Para el caso que nos ocupa, debe tener presente la representación de la asociación accionante, que la sentencia que pudiese acoger la pretensión en análisis en tanto se dirige declarar que es propietaria de la Reserva Indígena Nombre128202 deviene a todas luces en estéril e innecesaria, en la medida de que conforme el mismo cuadro fáctico que esboza en su acción, nada induce pensar que existe algún conflicto entre ésta, y las autoridades públicas accionadas, tanto como en relación con la asociación que fue integrada a la litis, -pese a que en la causa de pedir, en ningún nivel se describe hecho alguno que indique lo contrario- en torno al mejor derecho del dominio sobre los territorios que conforman dicha reserva, cuando muy al contrario, resulta un tema pacífico entre las partes, que conforme el particular régimen jurídico aplicable a estos particulares bienes, es por decreto ejecutivo que se reconoce la ubicación de las reservas y que para el caso particular, lo ha sido en la actualidad por parte del Poder Ejecutivo según las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional-, en los términos de la información comprendida en el Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 93 del dieciséis de mayo del dos mil uno.
De otra parte, si lo es a propósito de la participación exclusivamente de la comunidad indígena Nombre128203 , es dable decir que fue conforme el mismo el Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 93 del dieciséis de mayo del dos mil uno, que cualquier asunto relacionado con el otrora derecho que ostentaba quedó dilucidado de forma pacífica entre ambas comunidades, sin que se requiera entonces de pronunciamiento alguno que venga a innovar en donde la realidad de las cosas es que ningún acto o conducta de esa comunidad se encuentra desde entonces al menos afectando al mejor derecho de la comunidad indígena actora, como se verá.-
XII.Sobre la demanda, en lo que en función de la misma fue integrada a la litis la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Nombre128203 de Talamanca. Debiéndose remitir las partes al contenido de la expresado en el considerando anterior, en relación con lo indicado en el IX de la presente sentencia, la Reserva Indígena de Talamanca se encuentra conformada jurídicamente en la actualidad conforme el Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, instrumento mediante el cual, fue eliminado el traslape que en algún momento histórico existió entre las áreas de terreno que comprenden la reserva indígena de la parte actora y la que otrora, fue reconocida como propiedad a la población de la comunidad Nombre128203 , tal y como así se logra extraer de las propias manifestaciones de la parte accionante en sus escritos de demanda, conforme los que es claro, nunca ha sido su intención demandar a esa comunidad -al no existir conflicto de propiedad alguna frente a ella-.
Así, se ha tenido por acreditado que mediante el Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 93 del dieciséis de mayo del dos mil uno, el Poder eEjecutivo dispuso con ocasión de que existía un traslape parcial entre la reserva Nombre128202 y la que se denominó Sibujú Norte, dada en su oportunidad a la comunidad Nombre128203 , fusionar ambas reservas en una sola delimitación, considerándose a su vez las áreas decretadas reservas indígenas pasando a constituir en su conjunto la reserva Indígena Nombre128202 . Al parecer, el problema se suscita a propósitos estrictamente registrales, que no son de ningún tipo de interés en la presente causa y que son resorte de asunto ajeno a éste, en donde en ningún nivel constituye esta circunstancia causa de pedir formulada por la parte actora. Siendo así, media igualmente una clara falta de interés en lo que la demanda fue entendida por la Sección Sexta de este Tribunal en su oportunidad, por lo que en consecuencia se declara improcedente la demanda en tanto se entendió dirigida en contra de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre128203 .-
XIII.Sobre la procedencia o no de las pretensiones enumeradas de la 2 a la 4, relacionadas con una conducta omisiva en que habrían incurrido las autoridades públicas accionadas, en torno al cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Indígena. Lo pretendido en este tanto, resulta ser el objeto medular a los efectos de la acción conforme así lo ha comprendido este Tribunal. La parte actora en lo que interesa, ha acusado al respecto la inobservancia con el numeral 5 de la Ley Indígena que dispone: “Artículo 5º.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. / Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. / Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. / Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982.
El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.”. Así y entonces, la omisión de cumplimiento con dicha norma habría de corresponder con la omisión acusada en la causa. En soporte de su acción, la actora afirma que pese habérsele reconocido la titularidad de su territorio, que según su dicho se encuentra descrita en el plano catastrado número L-118495-1993, esas tierras se encuentran invadidas en más de mil hectáreas sin que las instituciones demandadas hayan efectuado aún los estudios y trámites que se establecen en el artículo 5 de la Ley Indígena, a fin de que se concluya con la expropiación, indemnización y/o desalojo de los ocupantes no indígenas que se encuentran dentro de su territorio. En lo que corresponde con el Estado, acusó que éste no ha dotado de presupuesto a las instituciones correspondientes, ni éstas han hecho las gestiones necesarias para que se proceda de conformidad con los estudios de ocupantes, expropiaciones y desalojos dentro de esos territorios (obsérvese particularmente el extremo petitorio identificado como número 3).
Así, conforme fueron ajustadas las pretensiones de la demanda, se tiene que aspira la accionante a que con causa en una conducta omisiva adoptada en desajuste con el ordenamiento jurídico, en sentencia, se disponga lo siguiente: “…2. Se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas realizar los estudios y avalúos sobre los terrenos ocupados por personas no indígenas dentro de ese territorio indígena: a) Ordéneseles que los estudios deben determinar cuáles de esas personas tienen que ser indemnizadas y cuáles no tienen derecho a ello; b) Ordéneseles que los avalúos se realicen sobre los terrenos que deben ser indemnizados, tomando en consideración las posibles variaciones que podrían ocurrir por los eventuales retrasos en los procesos que se tramiten para la indemnización; c) Ordéneseles iniciar los estudios y avalúos no más de un mes posterior a la firmeza de la sentencia, debiendo haberlos concluido no más de cuatro meses después de esa firmeza. 3.
Se ordene al Estado, al Instituto de Desarrollo Agrario y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas iniciar de inmediato, una vez realizados los estudios y avalúos citados, los trámites para las indemnizaciones (incluidas las posibles expropiaciones) de los poseedores o propietarios que tengan derecho a ello, y cancelar -no más de un mes posterior a la sentencia que así lo ordene- las indemnizaciones correspondientes 4. Se ordene poner a mi representada en posesión de cada una de las fincas, parcelas o áreas que componen nuestro territorio cada vez que se desaloje o indemnice a alguno de los actuales ocupantes conforme lo establece la Ley de Expropiaciones…”. Es criterio de este Tribunal, que si bien se impone declarar procedente la demanda en contra de las tres autoridades públicas demandadas, no lo puede ser con ajuste pleno a los extremos de la demanda, tal cual fueron formulados por la actora, ambas situaciones que pasamos a razonar de seguido.-
1.1.-) Sobre el principio de control de la convencionalidad. Conforme la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado internacionalmente el treinta de abril de mil novecientos ochenta y dos, hoy ley de la República número 7615 del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 164 del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, se dispuso en lo que nos interesa: “Articulo 26.- "Pacta Sunt Servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Lo anterior importa la obligación de los estados de ser consecuentes con las obligaciones que asumen frente a la comunidad internacional y claro está, en casos como los comprendidos en el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo en relación con el Convenio número 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, con las comunidades indígenas, particularmente en materia de garantías respecto del ejercicio, que debe ser garantizado como pleno, de derechos fundamentales.
Por supuesto que son observables en esta materia tanto el artículo 7, como la doctrina que ha forjado la Sala Constitucional a partir de los alcances que ha dado al numeral 48, ambos de la Constitución Política. En otro nivel, a efecto de los aspectos operativos o de aplicación de estas reglas, el artículo 27 de este cuerpo normativo de derecho internacional dispone en relación con el derecho interno y la observancia de los tratados, refiriéndose a los Estado suscribientes, que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado . Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. Este artículo 46, refería a la eficacia del tratado una vez consentido (firmado) por la delegación respectiva, lo que tiene relación con el artículo 11, sobre las formas de manifestación del consentimiento para obligarse por un tratado, en lo que dispone que basta con la firma del mismo.
Ante ello, la delegación de Costa Rica interpretó y expresó que la disposición aplicaría para el caso del Estado Costarricense en lo que se refiere al derecho secundario, no así a las disposiciones de la Constitución Política. Todo lo anterior es relevante con ocasión del desarrollo del principio de control de la convencionalidad y de lo que se podría denominar además, el principio de intangibilidad de los tratados frente a la ley. De lo anterior se desprende además, bajo la cobertura de la aspiración de todo ordenamiento jurídico de proveer certeza y seguridad, la obligación de hacer aplicación directa de las normas contenidas en tratados internacionales ya ratificados y vigentes en el orden interno, pudiendo claro está, ser normativa invocada por su beneficiario, independientemente de que se trate de otro Estado y en exigencia de lealtad a los compromisos asumidos en el marco de las relaciones entre las naciones vinculadas, sin perjuicio de la cobertura que también se ha solido invocar al principio en materia de instrumentos de este tipo cuando regulan materia de derechos humanos.
La Sala Constitucional al respecto ha indicado como sigue: “II.- Es obvio que el gestionante parte de lo que dispone el artículo siete de la Constitución Política en el sentido de que los tratados y convenios internacionales "estén con autoridad superior a las leyes" (…). Mas debe decirse que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en la República, conforme a la reforma del artículo 48 Constitucional (Ley No.7128, de 18 de agosto de 1989), al integrarse al ordenamiento jurídico al más alto nivel, valga decir, al nivel constitucional, lo complementan en lo que favorezcan a la persona”. Así, se impone en síntesis el reconocimiento de la validez de las normas internacionales como fuente directa del derecho interno y en reconocimiento de su ubicación en materia de la jerarquía de las fuentes. El principio de control de la convencionalidad se encuentra residenciado en el ya mencionado artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin perjuicio del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta última que al igual que múltiples otras declaraciones surgidas en el seno de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, no son objeto de ratificación por los Estados miembros o signatarios por innecesario.
No podría decirse otra cosa entonces, que el contenido de estos cuerpos en materia de derechos humanos tiene un enorme valor interpretativo para todas las instancias encargadas de aplicar las normas que componen el bloque de legalidad, y en ese sentido también el derecho interno. No está demás indicar en lo relevante para el caso que nos ocupa, que como se desprende del artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que refiere al derecho de propiedad, como lo es para todo otro derecho reconocido en ese instrumento, los Estado encuentran comprometidos a asegurar el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, lo que significa que el Estado tiene la obligación no sólo de respetar esos derechos y libertades, si no además, la obligación de asegurarlos. Esto lo que implica que es al Estado en su conjunto sin que su organización interna permita afirmar que se ha desprendido de sus deberes, a quien se le demanda la adopción de actuaciones que tiendan a la realización efectiva de los cometidos que persiguen los convenios de este tipo en materia de derechos humanos, sin que el derecho interno sirva de excusa para incumplir lo convenido.
Sobre la importancia de tener presente lo dicho a este punto en lo que se vincula con la defensa de los derechos de un grupo de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad como lo son las comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales, la Sala Constitucional en su sentencia N° 2253-96 de las 15:39 horas de 14 de mayo de 1996, indicó: “... Existen diversos instrumentos jurídicos tendientes a fomentar esa igualdad real entre los sujetos; entre ellos puede ubicarse la situación particular de los aborígenes, quienes tradicionalmente han sido marginados, por razones históricas, sociales, económicas y culturales. Ellos sufren las consecuencias de una sociedad que no comprende ni respeta sus diferencias; y que en ocasiones, tiende a verlos como seres incapaces de dirigir sus propias vidas y destinos. Ante esa situación, la comunidad internacional sintió la necesidad de adoptar medidas a favor de los indígenas.
Así, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, denominado “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley Nº 7316 de 3 de noviembre de 1992, estableció la especial protección de los indígenas y de su cultura." El control de convencionalidad importa que el Poder Judicial de cada Estado y los órganos que componen su estructura (y toda autoridad que ejerza funciones materialmente jurisdiccionales, en particular la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en función de lo dispuesto en el artículo 49 constitucional) deban aplicar, interpretar y/o resolver los asuntos propios de sus competencias como operadores jurídicos, haciendo prevalecer el parámetro convencional de control, constituyéndose así el derecho internacional en lo que regule derechos humanos, en lo que realmente es, sea, garantía del respeto a los derechos humanos en lo que corresponde.
Por lo demás, baste con indicar que según nuestro Código Civil en su artículo 5, estos cuerpos normativos de corte internacional son de aplicación directa por el operador jurídico al formar parte del derecho positivo interno de la nación, desde el momento en que su incorporación al bloque de legalidad se produce por virtud de la aprobación de la Asamblea Legislativa y su publicación integral en el Diario Oficial “La Gaceta”, por lo que formando parte del bloque de legalidad, esto es parámetro de control de esta jurisdicción. (Artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública).- 1.2.-) Sobre la conducta omisiva en que ha incurrido el Estado. Dicho todo lo anterior, se estima por la mayoría de los miembros de este Tribunal, que el Estado no solamente ha incumplido con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 5 de la Ley Indígena, si no que además, se trata de un incumplimiento calificado y reforzado en el tiempo desde que el ordenamiento le impuso la específica obligación de dotar de contenido presupuestario a la CONAI a fin de que tales recursos se dispusieren conforme los trámites a efectuar por el hoy INDER, a efecto exclusivamente de expropiar e indemnizar cuando proceda a los no indígenas, que se encuentren ocupando o sean titulares, en ambos casos de buena fe de los terrenos identificados como parte de las reservas indígenas.
En la presente causa se ha tenido como probado en un primer nivel y sin perjuicio de que la reserva propiedad de la comunidad indígena actora data de décadas atrás, en sus actuales dimensiones, que la comunidad indígena aquí representada es titular del dominio sobre la reserva descrita a partir de la adopción por parte del Poder Ejecutivo, del Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, número 93 del dieciséis de mayo del dos mil uno, con independencia de que se encuentre inscrita o no a nombre de la asociación accionante en representación de la comunidad Nombre128202 (lo que puede ser consultado en la Página Web del Poder Judicial, accediendo al Sistema Costarricense de Información Jurídica), tanto como que desde su creación por primera vez, conforme el Decreto Ejecutivo número 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis, según dio cuenta de esa circunstancia el propio Poder Ejecutivo desde entonces, existen personas no indígenas ocupando áreas, de aquellas que comprenden su superficie.
Sobre este particular, de relevancia lo fueron además las declaraciones que fueron rendidas en juicio por parte del testigo Nombre128204 , geógrafo de profesión y funcionario de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas con veinticinco años de experiencia que le ha relacionado entre otras, con la comunidad indígena accionante, así como el señor Nombre128205 , miembro de la comunidad indígena Nombre128202 , quien indicó vivir en el territorio indígena de interés desde su nacimiento, hace cincuenta y cuatro años al menos. Ambos testigos indicaron conocer de la existencia de no indígenas que se encuentran ocupando áreas de la reserva que nos ocupa, sin que exista motivo alguno que induzca a este Tribunal estimar que carezcan de credibilidad sus manifestaciones. Luego y de todos modos, la existencia de no indígenas en estas tierras y en las condiciones dichas, parece devenir del propio reconocimiento del Poder Ejecutivo y el legislador conforme la propia Ley Indígena, así como particularmente, lo expresado por el Poder Ejecutivo en el Decreto Ejecutivo número 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis.
Medular relevancia tiene el hecho de que conforme la prueba ordenada por esta autoridad judicial para mejor resolver, visible a folios del 795 al 198 del expediente principal, que es documento suscrito por quien en él se identifica como Nombre128164 en su condición de Directora de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, se da cuenta de que en ningún momento histórico a partir de la vigencia de la Ley Indígena número 6172 y conforme su artículo 5, el Poder Ejecutivo ha incluido en el Presupuesto General de la República, el aporte de cien millones de colones en efectivo que debió haber consignado mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera con su inclusión en el Proyecto de Presupuesto Nacional de la República de 1979, para continuar en los presupuestos de 1980, 1981 y 1982 respectivamente. De ello se sigue según el criterio de mayoría de los integrantes de este Tribunal, que a los propósitos de la Ley Indígena, tanto como de los de los convenios internacionales suscritos en la materia, el Estado incumplió ilegítimamente por omisión, con su deber de tomar acciones efectivas -en este caso, una específica y concreta fijada por los instrumentos normativos indicados- para la protección de la propiedad indígena sobre la tierra.
Se trata de una conducta administrativa sometida por virtud de lo dispuesto en el artículo 49 constitucional al control de legalidad residenciado en esta jurisdicción, que por otro lado, no otorga o confiere margen de discrecionalidad en la Administración obligada a actuar. En un segundo nivel y pese a haber resultado ello acorde con la inteligencia de la demanda presentada en su contra, tampoco se ocupó el Estado de probar, que a partir de la vigencia de la Ley Indígena número 6172, haya desplegado en lo que jurídicamente se encuentra habilitado, acto alguno dirigido a dirigir, coordinar y/o vigilar, de forma ordenada y sistemática las tareas que habiéndole sido impuestas por el derecho internacional y el interno en materia del derecho de las poblaciones indígenas a la integridad de sus territorios, debían de ser ejercidas en lo conducente, ya con el INDER ya con la CONAI o cualquier otra organización indirectamente vinculada.
Véase el contenido de lo dispuesto en el artículo 26, inciso b), en relación con el 27, inciso primero, ambos de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto al deber de quien ejerza la Presidencia de la República, de forma autónoma o en su caso, conjunta con el Ministro del ramo, de dirigir y coordinar las tareas de gobierno y de la Administración Pública Central en su total conjunto, así como lo propio con la Administración Pública descentralizada, esto, en lo que se habría esperado además, hubiese podido acreditar al menos respecto de la gestión en lo que nos interesa del hoy denominado Instituto de Desarrollo Rural, tanto como de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en relación con la Reserva Indígena Nombre128202 . Tampoco se trajo al proceso prueba alguna que de muestre de que el Estado haya emprendido o procurado de forma efectiva, coordinada y/o sistemática, esfuerzos que se pudiesen entender conjuntos con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto de Desarrollo Rural dirigida a proteger y garantizar a la Comunidad Indígena Nombre128202 en cuanto a la integridad de los territorios de los que es su titular.
(Todo lo anterior conforme los autos por inexistencia de material probatorio que indique lo contrario). Estas circunstancias fácticas hacen de la omisión en que ha incurrido el Estado, en ilegítima en tanto importa incumplimiento con el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en relación con el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo y el Convenio número 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” en lo que regulan los deberes a los que debe dar cumplimiento el Gobierno de la República de Costa Rica, lo que debe asociarse a lo dispuesto en el artículo 140, inciso 8) de la Constitución Política. En lo que corresponde con el último párrafo del artículo 5 de la Ley Indígena que dispone que “…Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982.
El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República”, si la administración de los fondos con que debió de ser dotada la CONAI por parte del Poder Ejecutivo, lo era a fin de contar con los recursos necesarios, a efecto de proceder con las expropiaciones e indemnizaciones cuya tramitación corresponde al INDER, siendo presupuesto para ello, nada habría de poder ser indemnizado, si no no lo es por otras vías que las dispuestas incondicionalmente por el ordenamiento jurídico al Poder Ejecutivo, lo que no puede ser amparado por la autoridad jurisdiccional en esta sede conforme el artículo 49 constitucional. Esto conlleva a declarar que efectivamente el Estado ha incurrido en una ilegitima conducta omisiva, contraria a lo dispuesto y ordenado por el ordenamiento jurídico. Nótese que sin perjuicio de que se haya estimado que una suma de dinero semejante a finales de los años setenta, podría servir para los propósitos previstos en la ley, es deber del Poder Ejecutivo proveer de los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la normativa de cita, así inclusive, ante la posibilidad de que no resulte suficiente esa previsión económica, no enerva esa circunstancia la obligación originaria únicamente endosable al Estado, de dotar de los recursos que resulten necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Indígena y el derecho internacional.
En el momento en que no existan no indígenas que indemnizar en las reservas, queda claro para este Tribunal que la norma comprendida en el numeral -norma de corte programático- habrá de perder vigencia en función de haberse ya cumplido el fin que persigue la misma en ese tanto. En ese eventual estado de las cosas, habría de poderse afirmar que se encuentra materializado de forma efectiva el ejercicio por parte de las comunidades indígenas del derecho exclusivo y excluyente de propiedad del que son titulares, sin perjuicio de la vigilancia futura en torno a su integridad. En tanto no lo sea, sin duda se trataría de un derecho de propiedad que no es pleno al no encontrarse siendo protegido por el Estado en franca violación del derecho que asiste a estas comunidades. Siendo así se reitera, se impone declarar procedente en lo que se dirigió en contra del estado, mas, en los términos que se dirán adelante.-
XIV.Sobre la improcedencia de la pretensión dirigida a que se ordene proceder al pago de la indemnización ordenada en otro proceso judicial. Tal y como se ha indicado líneas atrás, la representación de la comunidad indígena Nombre128202 , requirió que en sentencia se declare que: “En el caso de la Reserva Indígena Sibujú Norte (que es territorio indígena Nombre128202 antes citado), si la puesta en posesión de mi representada requiere que se pague la indemnización ordenada en el proceso que se tramita en (sic) Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en expediente 86-000826-0178-CA, ordénesele al estado proceder a su pago no más de un mes después de que quede firme la sentencia”. Baste con indicar al respecto, que media con claridad una falta de legitimación activa en quien así demanda en la presente causa, sin perjuicio de la posible legitimación que potencialmente se le pudiese reconocer por la autoridad judicial competente, en la fase de ejecución de la sentencia dictada en aplicación de las reglas de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en proceso ordinario tramitado bajo el expediente judicial número 86-000826-0178-CA, sentencias del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de las once horas treinta minutos del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en relación con la número 276-94, de las ocho horas quince minutos del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Sección Primera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.
(Folios del 172 al 228 del expediente principal). En este sentido debe indicarse a quien acciona que con claridad, lo resuelto en aquel proceso produjo estado, sin que pueda por imperativo de las reglas que informan el derecho procesal, ser ejecutada una sentencia de esa índole, en otra causa, lo que es claro pretende a partir de lo peticionado. Debe indicarse no obstante, que por la naturaleza dual del derecho que supone, tangencialmente se encuentra siendo tutelado al haberse ordenado el pago de una indemnización en aquel proceso, claro está que inmerso se encuentra al derecho de la comunidad indígena actora de exigir por parte de aquellas autoridades que resultaron condenadas, proceder con el pago respectivo, más no en la presente causa, esto en criterio de este Tribunal. Siendo así, y dado que la legitimación es presupuesto procesal susceptible de ser analizado de oficio, se declara que media falta de legitimación activa para acceder a lo peticionado, por lo que en ese tanto se impone declarar la inadmisibilidad de la demanda.-
XV.Corolario. En conclusión de todo lo hasta este punto expuesto, demostrada la ilegítima conducta omisiva en que en diversos niveles han incurrido tanto el Estado, como el Instituto de Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la demanda habrá de tener éxito, no obstante, de forma diversa a aquella en que fueron formuladas las pretensiones, con causa en el relevante interés público que reviste una adecuada ejecución de las tareas asignadas por el ordenamiento jurídico a las instituciones que vinculó con la protección de los derechos de las comunidades indígenas conforme el artículo 122, incisos c), d), g) y k) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se impone declarar procedente la demanda de forma parcial, en los términos a indicar en la parte dispositiva de la presente sentencia.-
XVI.Sobre las excepciones interpuestas. Las representaciones del Estado y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas interpusieron la excepción de falta de legitimación pasiva, mientras que la representación del Instituto de Desarrollo Rural, la de falta de derecho y cosa juzgada material, esta última que fue resuelta en rechazo de la misma con el dictado del auto número 33-2013, dictado dentro de la audiencia única celebrada el día veinticuatro de junio del dos mil trece, al ser las diez horas cincuenta cinco minutos, por lo que en cuanto a lo así resuelto, habrán de atenerse las partes a lo dispuesto en esa oportunidad. En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva se impone su rechazo en lo que fue alegada en esta causa por las siguientes razones. La legitimación es un presupuesto de fondo de todo proceso jurisdiccional y como tal, su análisis resulta obligado para los Juzgadores incluso de oficio si no se opone la respectiva excepción (de falta de legitimación activa y/o pasiva).
Atiende el instituto a la "... específica situación jurídica material en la que se encuentra un sujeto, o pluralidad de sujetos, en relación con lo que se constituye el objeto litigioso de un determinado proceso; la legitimación, en definitiva, nos va a indicar en cada caso quiénes son los verdaderos titulares de la relación material que se intenta dilucidar en el ámbito del proceso; quiénes los sujetos cuya participación procesal es necesaria para que la Sentencia resulte "eficaz"." (Nombre71661 , Nombre71662; , Nombre136773; , Nombre149727 y Nombre71664 , Nombre9069. Derecho Procesal Administrativo Costarricense . Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162.). Se trata de la aptitud de los sujetos intervinientes para ser parte en un proceso de esta naturaleza; la que deriva o se origina de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de los mismos en relación directa con la conducta administrativa impugnada.
Así, "...un sujeto queda legitimado en un procedimiento o en un determinado proceso por virtud de la afectación previa sufrida en sus intereses o derechos cualificados" (Nombre137195 , Nombre25610. El nuevo proceso contencioso administrativo. Obra Colectiva. Poder Judicial. Escuela Judicial. San José. Costa Rica. p. 79.) Si las partes intervinientes carecen de legitimación, se puede concluir que el desarrollo de todo el proceso no servirá para solucionar el conflicto intersubjetivo en concreto planteado en estrados judiciales, porque esa falta determinará la inexistencia de la relación jurídica entre éstas. En esta jurisdicción contencioso-administrativa son tulelables las "situaciones jurídicas de toda persona", clarifica el inciso 1) del numeral primero del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación con las diversas manifestaciones de la conducta administrativa, de manera que para obtener una tutela judicial efectiva y de fondo en un proceso contencioso, se requiere ser titular de un derecho subjetivo o de al menos "un interés legítimo" (artículo 49 de la Constitución Política) del administrado, derivado u originado en una relación jurídico administrativa.
Por otro lado, la legitimación se desdobla en una dimensión activa, relativa a quien o quienes figuran como actores y cabalmente, a la supuesta titularidad del derecho subjetivo o interés legítimo alegado, que se concibe como la idoneidad para realizar actos de ejercicio del poder de acción que le faculta exigir la satisfacción de una determinada prestación u objeto; y pasiva, en relación a la parte demandada, que se manifiesta como la aptitud para soportar el ejercicio de dicho poder. Se enfrenta así, un derecho subjetivo o interés legítimo frente a potestades o competencias públicas. En la presente causa según criterio de mayoría de esta cámara es claro que existe legitimación para demandar al Estado en la medida que de entre las conductas omisivas que fueron reprochadas, es el ordenamiento jurídico al encargado de haberse designado domo directo responsable, al tiempo que fue demostrado que en relación con dichas obligaciones legales incurrió en incumplimiento.
Por parte del hoy denominado Instituto de Desarrollo Rural ocurre lo mismo, -ahora por unanimidad de esta Cámara- en la medida en que las potestades deberes que el ordenamiento jurídico le impuso en materia de identificación de los terrenos indígenas, la demarcación de los mismos, ha constituido en conjunto con la inactividad del Estado, causa de que a la fecha el artículo 5 de la Ley Indígena no haya sido aplicado de manera efectiva. Sumado a lo anterior y dado el análisis de fondo que se ha realizado en los términos de la presente sentencia, resultando con lugar parcial la demanda en contra del INDER, se impone rechazar la excepción de falta de derecho interpuesta por esta. Finalmente, oficiosamente se pasa a indicar que en lo que respecta a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, fueron residenciados deberes que se dirigen a la protección de los pueblos indígenas, particularmente los de coordinación y enlace, que no han sido ejercidos, siquiera cercanamente de forma adecuada y efectiva, tanto frente al Estado y el INDER, como en relación con las propias comunidades indígenas.-
XVII.Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo, de forma tal, que no mediando presupuesto alguno que justifique exonerar de dicha condenatoria al amparo de los incisos a) y b) de dicho numeral, tanto como al amparo del artículo 194 del mismo cuerpo legal para el caso del Estado, el Instituto de Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, -vencidos en este proceso-, se impone condenarles de forma solidaria al pago de ambas costas generadas como consecuencia de la tramitación de la presente causa en favor de la Asociación de Desarrollo Integral de La Reserva Indígena Nombre128202 . La tramitación del proceso en lo que fue incoado en contra de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Nombre128203 , pese a no haber tenido éxito la parte actora, se debió a la orden dictada por este Tribunal para que fuese integrada la litis pese a no haber causa en la demanda que hablase de algún conflicto existente entre aquella y la asociación indígena accionante, por lo que su participación, que se limitó a la contestación de la demanda, no habrá de generar costas en contra de la parte actora. El Juez Hess Araya salva su voto en cuanto a la condenatoria en contra del Estado-
POR TANTO
Se rechaza la prueba aportada para mejor resolver por parte de la representación del Instituto de Desarrollo Rural. Por mayoría se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la representación del Estado y por unanimidad la formulada por la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Se declara oficiosamente que media falta de legitimación activa en la asociación accionante para demandar en la presente causa la ejecución de lo fallado en el proceso judicial tramitado ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en proceso tramitado bajo el expediente judicial número 86-000826-0178-CA. Se declara oficiosamente que media una falta de interés actual y en ese tanto, es improcedente la demanda exclusivamente en lo que se tuvo por la Autoridad Judicial incoada en contra de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribri de Talamanca. Se rechaza la excepción de falta de derecho interpuesta por el Instituto de Desarrollo Rural.
Por mayoría se declara parcialmente procedente la demanda en lo que fue incoada por la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre128202 en contra del Estado, el Instituto de Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Asuntos indígenas, debiéndose para todos los efectos entender denegada en todo lo que no sea concedido en este fallo, por lo que se hacen los siguientes pronunciamientos: a.) Por mayoría se condena al Estado a incluir a favor de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional de la República, los cien millones de colones que debió incluir, en aquellos que correspondían a los períodos presupuestarios de mil novecientos setenta y nueve, mil novecientos ochenta, mil novecientos ochenta y uno y mil novecientos ochenta y dos. La inclusión de esos dineros en el proyecto respectivo deberá de realizarse en cuatro tractos, a valor actual, y en cuatro períodos presupuestarios anuales consecutivos, el primero de los cuales deberá realizarse hasta vencido el período presupuestario posterior a aquel que se encuentre corriendo al momento en que adquiera firmeza la presente sentencia.
(Consecuentemente), por mayoría se ordena al Estado ejercer labores coordinadas, sistemáticas y efectivas con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto de Desarrollo Rural y la Comunidad Indígena Nombre128202 , que garanticen la ejecución de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Indígena. En ningún momento la Presidencia de la República, -sin perjuicio de las facultades constitucionales que asisten a la Contraloría General de la República-, podrán desentenderse del adecuado uso que le sea dado a ese fondo conforme la Ley. El juez Hess Araya salva el voto con relación a este extremo resolutorio; b.) Por unanimidad, se condena al Instituto de Desarrollo Rural a desplegar toda acción que resulte necesaria con cargo en su propio presupuesto, a fin de que se encuentre debidamente demarcada la reserva Indígena Nombre128202 , lo que deberá iniciar dentro de un plazo no menor a seis meses contados a partir de la fecha en que adquiera firmeza la presente sentencia.
Esas tareas deberán encontrarse concluidas, al menos seis meses luego de iniciadas. La demarcación deberá incluir el levantamiento de planos y cualquiera otro instrumento de ese corte, así como los estudios registrales, necesario para la efectiva inscripción registral posterior de los terrenos, permitiendo identificar si existen propiedades superpuestas sobre las áreas que comprende la reserva indígena de interés. Estas tareas deberán efectuarse con la coordinación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y la colaboración de la comunidad indígena actora, para lo cual, dicha comisión deberá interactuar con las autoridades indígenas a efecto de que no se genere obstáculo alguno que entorpezca la realización de las tareas ordenadas; c.) Por unanimidad se condena a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas a desplegar toda actividad necesaria en directa, intensa y sistemática coordinación con la Asociación de Desarrollo integral de la Reserva Indígena Nombre128202 , y las autoridades de la Comunidad Indígena Nombre128202 , para que en concurso con éstas, mediante el levantamiento de un censo poblacional sea identificada cualquier persona no indígena que posea áreas de la superficie de la reserva indígena de interés, esto una vez demarcada la reserva indígena Nombre128202 y levantada la información registral y catastral respectiva por parte del Instituto de Desarrollo Rural.
El censo ordenado deberá encontrarse efectuado en su totalidad dentro del plazo de cuatro meses a partir de que se haya demarcado la reserva y se cuente con la información registral y catastral de interés y la determinación de qué personas titulares o poseedoras de tierras lo son de buena fe o no, deberá realizarse con plena participación de las autoridades de la comunidad indígena actora, la asociación que le representa, la CONAI y el INDER. Se dicta el presente fallo sin especial condenatoria en costas exclusivamente en lo que la demanda no prosperó en contra de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribri de Talamanca; d.) Por mayoría se condena solidariamente al pago de ambas costas al Estado, al Instituto de Desarrollo Rural y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. El juez Hess Araya salva el voto en cuanto a la condena en costas del Estado.- Notifíquese.- Felipe Córdoba Ramírez Silvia Consuelo Fernández Brenes Christian Hess Araya Voto salvado del juez Hess Araya:
I.Salvo mi voto únicamente en cuanto a que el fallo que precede concluye que ha existido una conducta omisiva atribuible al Estado y, consecuentemente, acoge la acción respecto de él, en los términos del punto a) de la parte dispositiva; lo cual sustento como sigue.
II.El artículo 5 in fine de la Ley Indígena estipula: “Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.” En opinión del suscrito y en divergencia con el criterio de mi compañero y compañera de Tribunal (e incluso reconsiderando parcialmente lo que suscribí en la sentencia N° 198-2011-VI de la Sección Sexta), las estipulaciones transcritas –a pesar de encontrarse insertas en una norma cuyo contenido restante no posee ese carácter– fueron establecidas por el legislador con una vigencia puramente transitoria y, de hecho, en buena técnica legislativa debieron figurar en el apartado correspondiente al final de la ley, según es costumbre.
A partir tanto de su texto, como de la aplicación del principio de anualidad del ciclo presupuestario, estimo que la vigencia de dichas disposiciones precluyó al finalizar el ejercicio económico de 1982, sin que este Tribunal esté habilitado para restablecer su vigencia más de treinta años después, por noble que sea el propósito que inspiró su promulgación. Todo ello sin perjuicio de que: a) la norma omite señalar cuál es la fuente de financiamiento que habría de cubrir la erogación allí dispuesta, en infracción del principio de equilibrio presupuestario, reflexión marginal en la que no ahondo por ser propia de la Jurisdicción Constitucional y no de la de esta Cámara; y, b) resulta extraño, de toda suerte, que la administración del fondo fuera confiada a la CONAI, cuando era el ITCO (hoy INDER) quién debía efectuar y pagar las expropiaciones. Con lo dicho no pretendo desconocer ni los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense en materia de tutela de las culturas autóctonas, ni las responsabilidades contenidas en la legislación de la materia.
Me limito a constatar una realidad, cual es que las reglas citadas fueron previstas para ser cumplidas dentro de un período preciso, que expiró sobradamente y que, en consecuencia, este órgano colegiado no puede compeler ahora a cumplir.-
III.Por lo demás, en el voto salvado que también consigné a la sentencia N° 53-2013-VII de este Tribunal, expresé las razones por las que estimo que la omisión –atribuida al Poder Ejecutivo– de prever determinadas partidas en los proyectos de Presupuesto ordinario o extraordinario de la República que remite a conocimiento de la Asamblea Legislativa, no constituye una conducta administrativa cuya fiscalización corresponda a esta jurisdicción; así como por qué considero que para este Tribunal no es posible compeler al Ejecutivo a actuar en sentido contrario (y menos aun determinando en cuántos tractos hacerlo), a pesar de que se trate de obligaciones presupuestarias de origen legal. Ciertamente, el dinero necesario para pagar las expropiaciones requeridas tiene que provenir de alguna parte y, por ende, en la medida en que el INDER no logre sufragarlas de su propio peculio, tendría que gestionar las transferencias presupuestarias necesarias.
Pero ello es muy distinto a que este Tribunal llegue al punto de ordenarle al Poder Ejecutivo que proceda en ese sentido, asumiendo una competencia que creo que no tiene. De toda suerte, nótese que en último extremo y para el evento de que no se comparta esta tesitura, opino que seguiría resultando aplicable a este caso lo que se dispuso en otro muy similar (bajo expediente N° 10-000275-1028-CA, resuelto con la ya citada sentencia N° 198-2011-VI), en donde se explicó que no es posible achacarle conducta omisiva al Poder Ejecutivo por no haber presupuestado y girado los dineros para las expropiaciones de personas no indígenas, ya que ello necesariamente supone que el IDA y la CONAI hayan satisfecho primero sus obligaciones relativas a determinar en qué casos debía procederse de esa manera, a efecto de gestionar posteriormente los recursos necesarios.-
IV.Finalmente, cabe agregar que a partir de la manera en que quedaron fijadas las pretensiones procesales en este asunto, solamente las numeradas 3 y 5 contienen pedimentos relativos al Estado: el primero persigue que éste inicie, junto con el IDA (hoy IDER) y la CONAI, “los estudios y avalúos citados, los trámites para las indemnizaciones (incluidas las posibles expropiaciones)”, deberes que la ley solo asigna a esas últimas dos entidades; mientras que el segundo es claramente improcedente por las razones que expresa el presente fallo y que comparto. En consecuencia, en la medida en que en el dispositivo de la sentencia “se ordena al Estado ejercer labores coordinadas, sistemáticas y efectivas con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto de Desarrollo Rural y la Comunidad Indígena Nombre128202 , que garanticen la ejecución de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Indígena”, se da a esta norma un alcance que no posee respecto del Estado, de donde no estimo jurídicamente sustentable el referido mandato.-
V.Por todo lo expresado, acojo la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado, respecto del cual declaro improcedente la demanda, con la correlativa condena en costas a su favor. En lo demás, comparto el pronunciamiento que precede.-
CHRISTIAN HESS ARAYA
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