Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 00395-2018 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 11/05/2018

Inapplicability of indemnification for accession on a plantation on State Forest Heritage landImprocedencia de indemnización por accesión de plantación en terreno del Patrimonio Forestal del Estado

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

DismissedSin lugar

The Agrarian Tribunal upholds the ruling dismissing the claim for indemnification for accession, since the land is part of the State Forest Heritage and thus inalienable and imprescriptible public domain property.El Tribunal Agrario confirma la sentencia que declaró sin lugar la demanda de indemnización por accesión, al ser el terreno parte del Patrimonio Forestal del Estado y, por tanto, bien demanial inalienable e imprescriptible.

SummaryResumen

The Agrarian Tribunal upheld the lower court's ruling dismissing José Amado Jiménez Obregón's ordinary agrarian lawsuit against the Instituto de Desarrollo Rural (INDER). The plaintiff sought indemnification for accession for a melina plantation he cultivated in the late 1980s or early 1990s on land titled to the former IDA (now INDER), which was later partially incorporated into Piedras Blancas National Park. The Tribunal held that since the enactment of Forestry Law 4465 in 1969, forested lands belonging to state institutions have constituted State Forest Heritage, i.e., public domain property that is inalienable, unseizable, and imprescriptible; therefore, no private real rights may be created over such lands through the civil law mechanism of accession. The temporary maintenance authorization issued by the IDA in 1997 was deemed to have created no rights, as that entity lacked the legal capacity to dispose of state forest heritage. The argument of unjust enrichment was also dismissed, since the State derives no economic benefit from a plantation located in an area unsuitable for silviculture, being within a protected area.El Tribunal Agrario confirma la sentencia de primera instancia que declaró sin lugar la demanda ordinaria agraria interpuesta por José Amado Jiménez Obregón contra el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El actor reclamaba una indemnización por accesión por la plantación de 540 árboles de melina que sembró a finales de los años ochenta o principios de los noventa en un terreno inscrito a nombre del IDA (hoy INDER), el cual posteriormente fue incorporado parcialmente al Parque Nacional Piedras Blancas. El Tribunal fundamenta su decisión en que, desde la vigencia de la Ley Forestal 4465 de 1969, los terrenos forestales de instituciones estatales formaban parte del dominio público como Patrimonio Forestal del Estado, bienes demaniales inalienables, inembargables e imprescriptibles, por lo que no es posible constituir derechos reales privados sobre los mismos mediante la figura civil de la accesión. Se descarta que la autorización temporal de mantenimiento otorgada por el IDA en 1997 generara derecho alguno, por carecer dicha entidad de competencia para disponer del patrimonio forestal estatal. Asimismo, se rechaza el argumento de enriquecimiento sin causa, ya que el Estado no obtiene beneficio económico de una plantación realizada en una zona no apta para la silvicultura, al estar dentro de un área protegida.

Key excerptExtracto clave

Therefore, it must be concluded that Law 4465, as amended by Laws 7032 and 7174, also regulated, as of 1969, the State Forest Heritage as public domain property, establishing in Article 33 that the lands included therein were encumbered. The current Forestry Law merely reproduced, with identical content, the norms of Forestry Laws 7174 (Articles 32 and 33) and 7032 (Articles 32 and 33), which had adopted the term 'State Forest Heritage,' just as Law 4465 had done (Arts. 19 and 25). [...] Apart from the general rule that private real rights cannot be constituted over public domain property, due to its different legal nature, it is evident that the rules governing accession arising from cultivation on another's land cannot be applied to public domain property, because ownership of such property can never be acquired through that means. [...] That cultivation was not only carried out without a permit from the competent state authority, but furthermore, even though it is a plantation, it cannot be utilized by the State, i.e., no economic benefit will accrue to the State from its existence. This is because it was done in an area unsuitable for silviculture, being land that formed part of the State Forest Heritage, which later even came to be partially included within a national park.Por ende, debe concluirse que la Ley 4465, reformada por las Leyes 7032 y 7174, también reguló, desde 1969, como área demanial, el Patrimonio Forestal del Estado, al establecerse en su numeral 33 que se afectaban los terrenos comprendidos en tal. La Ley Forestal actual, lo que hizo fue reproducir con idéntico contenido, las normas de las Leyes Forestales 7174 (artículos 32 y 33) y 7032 (artículos 32 y 33) que habían adoptado la denominación “Patrimonio Forestal del Estado”, tal y como lo hizo la Ley 4465 (arts. 19 y 25). [...] Aparte de que por regla general no es posible constituir derechos reales privados sobre bienes de dominio público, por su diversa naturaleza jurídica, resulta evidente que las reglas que rigen la accesión derivada de cultivar en bien ajeno, no podría ser aplicables sobre bienes de dominio público, pues en forma alguna puede llegar a adquirirse el derecho de propiedad sobre tales a través de ese medio. [...] Ese cultivo no solo se hizo sin permiso concedido por la autoridad estatal competente, sino que además, aunque se trata de una plantación, no puede ser aprovechado por el Estado, es decir, no existirá beneficio económico para tal con su existencia. Esto por haberse hecho en una zona no apta para la silvicultura, al ser un terreno que formaba parte del Patrimonio Forestal del Estado, que luego incluso pasó a estar incluido parcialmente dentro de un parque nacional.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible."

    "The forest lands and forests that constitute the State forest heritage, as detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall create no right in their favor, and the State's reivindicatory action for these lands is imprescriptible."

    Considerando V, citando el artículo 33 de la Ley Forestal 4465

  • "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible."

    Considerando V, citando el artículo 33 de la Ley Forestal 4465

  • "la accesión que regula la normativa civil y que se reclama en la demanda y en el recurso citado, no es un derecho real en sí, sino una forma de adquirir derechos reales, específicamente el dominio (artículo 484 del Código Civil). Aparte de que por regla general no es posible constituir derechos reales privados sobre bienes de dominio público, por su diversa naturaleza jurídica, resulta evidente que las reglas que rigen la accesión derivada de cultivar en bien ajeno, no podría ser aplicables sobre bienes de dominio público, pues en forma alguna puede llegar a adquirirse el derecho de propiedad sobre tales a través de ese medio."

    "The accession regulated by civil law and claimed in the lawsuit and the cited appeal is not a real right itself, but a way of acquiring real rights, specifically ownership (Article 484 of the Civil Code). Apart from the general rule that private real rights cannot be constituted over public domain property, due to its different legal nature, it is evident that the rules governing accession arising from cultivation on another's land cannot be applied to public domain property, because ownership of such property can never be acquired through that means."

    Considerando VII

  • "la accesión que regula la normativa civil y que se reclama en la demanda y en el recurso citado, no es un derecho real en sí, sino una forma de adquirir derechos reales, específicamente el dominio (artículo 484 del Código Civil). Aparte de que por regla general no es posible constituir derechos reales privados sobre bienes de dominio público, por su diversa naturaleza jurídica, resulta evidente que las reglas que rigen la accesión derivada de cultivar en bien ajeno, no podría ser aplicables sobre bienes de dominio público, pues en forma alguna puede llegar a adquirirse el derecho de propiedad sobre tales a través de ese medio."

    Considerando VII

  • "Ese cultivo no solo se hizo sin permiso concedido por la autoridad estatal competente, sino que además, aunque se trata de una plantación, no puede ser aprovechado por el Estado, es decir, no existirá beneficio económico para tal con su existencia."

    "That cultivation was not only carried out without a permit from the competent state authority, but furthermore, even though it is a plantation, it cannot be utilized by the State, i.e., no economic benefit will accrue to the State from its existence."

    Considerando VIII, sobre enriquecimiento sin causa

  • "Ese cultivo no solo se hizo sin permiso concedido por la autoridad estatal competente, sino que además, aunque se trata de una plantación, no puede ser aprovechado por el Estado, es decir, no existirá beneficio económico para tal con su existencia."

    Considerando VIII, sobre enriquecimiento sin causa

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

VOTO N° 395-F-2018 AGRARIAN COURT. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours and eleven minutes on the eleventh of May, two thousand eighteen.- ORDINARY PROCEEDING brought by [Nombre1], of legal age, married, identification card CED1; against INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (Inder), legal entity identification number CED2 -; represented by its general judicial attorney-in-fact Álvaro Chanto Ureña, of legal age, attorney, resident of Pérez Zeledón, identification card CED3. The PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) participates in the proceeding as an interested party, represented by Heilyn Sáenz Calderón, of legal age, attorney, resident of San José, identification card CED4. [Nombre2] acts as the plaintiff’s agrarian public defender, and Marianela Quirós Mora, identification card CED5, acts as INDER’s special judicial attorney-in-fact. Proceeding heard before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores.- RESULTS:

  1. 1In an ordinary proceeding valued at three million colones, the plaintiff requests the following declarations: “1) That it be declared that the undersigned planted five hundred forty [Nombre3] trees on the land known as [Dirección1], registered in the name of Instituto de Desarrollo Rural. 2) That it be affirmed that those plantings were carried out with the Institute’s knowledge and acquiescence and with its proper authorization. 3) That compensation be paid under the doctrine of accession (accesión) for the 540 [Nombre3] trees planted on the land, [Dirección1], in the amount of three million one hundred ten thousand four hundred colones. 4) That the Institute be ordered to pay for said accessions within one month, subject to the issuance of an attachment order against the budget allocated by law to Instituto de Desarrollo Rural. 5) That the defendant be ordered to pay the procedural costs and attorney fees arising from this proceeding” (folios 22 to 23 and reverse).-
  2. 2The defendant answered by denying the claim and raised the defenses of lack of a legal right, lack of standing ad causam, and mandatory joinder of defendants (litis consorcio pasivo necesario) (folios 30 to 38). The last defense was resolved by interlocutory ruling (folios 55 and 74).
  3. 3Judge Marisel Zamora Arias, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores, ruled in judgment 03 of 10 January 2018: “THEREFORE: In accordance with the foregoing, the ordinary agrarian action brought by [Nombre1] against INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL is DISMISSED IN ALL RESPECTS. This matter is resolved without a specific award of costs” (associated documents folder, file 10/01/18 13:57:17 p.m.).-
  4. 4The plaintiff appeals, expressly stating the grounds on which the appeal is based (pleadings folder, file 18/01/18 9:00:10 a.m.).-
  5. 5The statutory requirements were observed in the conduct of the proceeding, and there are no errors or omissions capable of rendering the judgment null and void.-

Drafted by Judge ALPIZAR RODRIGUEZ; and,

CONSIDERING:

I.The Court adopts the proven facts because they are supported by the evidence in the record, with the following clarifications and additions, except for the sixth because it does not express a complete and comprehensible idea. The following is added to the first: It is also identified as [Dirección2]. To the fifth: The plaintiff began planting [Nombre3] trees in the early nineties (IDA memorandum dated 18 May 1995: folio 3; witness testimony of [Nombre4] and [Nombre5]: folio 104). The following facts of the same nature are added:

  • 6)The [Nombre3] plantation was cultivated in the early nineties (IDA memorandum dated 18 May 1995: folio 3; Inder appraisal of October 2014: folio 132; witness testimony of [Nombre4] and [Nombre5]: folio 104).
  • 7)In September nineteen ninety-seven, the Piedras Blancas Sub-Regional Office, IDA, authorized the plaintiff to maintain an existing [Nombre3] plantation on [Dirección3], solely for the remaining period before the plantation was harvested. Thereafter, he was informed that the parcel would be awarded to third parties with whom the plaintiff had signed an agreement (see memorandum 0SPB 558-P-1997: folio 2).
  • 8)In October two thousand fourteen, the appraisal of the [Nombre3] plantation then existing on the aforementioned parcel stated that, based on the condition of the plantation, the crop had been planted more than eight years earlier (see memorandum 0SPB 558-P-1997: folio 2).

II.In trial-court judgment 03 of 10 January 2018, the action was dismissed without a specific award of costs. The plaintiff appeals on the following grounds, summarized due to the repetitive nature of the claim. He alleges a violation of the principle of non-retroactivity of the law. He asserts that the challenged judgment violates Article 34 of the Constitución Política. He emphasizes that the Sala Constitucional, through its binding case law, has stated in interpreting that provision that retroactivity is not categorically prohibited. He cites case law indicating that this rule exists because legal relationships must be decided in accordance with the rules in force when those relationships arose. “What is prohibited, therefore, is not retroactivity itself, but harmful retroactivity, because it causes irreparable harm by undermining legal certainty. The cited constitutional provision adds that no ‘law,’ understood as ‘rules,’ shall be given harmful retroactive effect, which makes it possible to conclude that beneficial retroactivity is permissible” (voto 259-91 de la Sala Constitucional).

Based on that provision, he claims that the law was erroneously applied. He explains that the court below did not deem proven a material aspect necessary to resolve the proceeding, namely that the location where the [Nombre3] trees for which payment is sought were planted is registered in the name of Instituto de Desarrollo Rural (formerly IDA, now Inder), Puntarenas property, registration number [Placa1]. This was an uncontested fact in the complaint and answer and is recorded in the Registry certifications. He states that this should have been considered in assessing compensation for accession and applying Articles 505, 508, and 509 of the Código Civil. He adds that the third allegation of fact in the complaint explained the current status of that parcel, known as [Dirección4]. It was clarified that the land had formed part of a single property that he had always possessed, but that, because of a resurvey performed by IDA, it was established as a separate property.

Nevertheless, despite that segregation (segregación), he continued possessing the land with that entity’s knowledge and acquiescence. This was demonstrated through the evidence submitted, including memorandum OSAP 558-B-97 from the Piedras Blancas Sub-Regional Office and the witness testimony. The memorandum states that the plaintiff was authorized to continue maintaining the 3-hectare [Nombre3] tree plantation located on [Dirección2]. He states that, in order to cease exercising possession over that IDA-owned land, he initiated the administrative proceeding to obtain compensation for the plantation. The regional office recommended that payment for those trees be made. The IDA Board of Directors, however, refused to do so because the land was located within the Patrimonio Natural del Estado. He emphasizes that the argument that compensation for accession was unavailable because the land formed part of that Patrimonio was used to deny payment for the trees, in accordance with proven fact two of the judgment.

Based on the foregoing, he explains the violation of the principle of non-retroactivity of the law, because when the trees were planted the land was not subject to Decreto 25153 19 de abril de 1994, and he further maintains that he planted them in good faith, with IDA’s knowledge and acquiescence. He asserts that the plantation was established in late 1989 and early 1990, as reflected in the memorandum issued by IDA on 18 May 1995, which authorized him to continue maintaining the plantation, then already five years old. The witnesses, including [Nombre4], confirmed that the trees were cultivated in the early 90s. Additionally, he argues that the provisions of Ley Forestal 7575 de 1996, which was not in force when the planting occurred, cannot be applied to the case. At that time, the governing Ley Forestal was 4465 de 1969, of which the following aspects applicable to the case should be highlighted.

Article 2 states that the primary purpose of that law was to generate employment and raise the standard of living of the rural population residing in forest areas by incorporating them into silvicultural and industrial activities. Article 9 granted the Dirección General Forestal authority to define forest reserve areas, protected zones, wildlife refuges, and other land-use categories. Once defined, those areas became subject to the corresponding restrictions, as occurred with the IDA land on which the [Nombre3] trees at issue were planted. Article 36 establishes the guidelines for declaring such an area through executive decrees. The trial judge, however, applied a decree and a law that were not in force that year, which is invalid because a property right arising from accession had already been acquired. He maintains that IDA was aware of this entire situation and now seeks to enrich itself through the plaintiff’s work and effort without paying compensation for the accession protected under civil law.

He requests that the judgment be reversed and that accession be recognized for the [Nombre3] trees he planted with IDA’s knowledge and acquiescence, an acquired property right that vested before the declaration of the Patrimonio Natural del Estado (pleadings folder: file 18/01/2018 09:00:10).

III. ON THE STATE NATURAL HERITAGE

The grievance essentially concerns the contention that the right to compensation for accession (accesión) (a melina plantation) cannot be denied with respect to land forming part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), where the plantation was cultivated before the designation that made the land public-domain property (bien demanial). It is therefore necessary to address the creation and scope of that legal category. This Heritage consists of the forests and forestlands (terrenos forestales) within national reserves, areas declared inalienable, the maritime-terrestrial zone (zona marítima terrestre, ZMT), water-resource protection zones, and other lands registered in the name of the State and its institutions, except those acquired by the National Banking System through loans owed to it (articles 50, 89, 121-14 first paragraph of the Constitution; 1, 6, 13 to 18, 33 Ley Forestal; 7 Law on Lands and Colonization; 73 Law on the ZMT; 2-a) of the Organic Environmental Law, 1 of the Biodiversity Law).

If they are covered by forest, they shall automatically be incorporated into the PNE; in the case of registered land, a restriction shall be established and recorded in the Real Property Registry. No specific declaration by the Public Administration is required for this purpose because the legal designation takes effect immediately (First Chamber, decision 1675 of 13 December 2012). Accordingly, Public Administration bodies may not exchange, transfer, alienate in any manner, convey, or lease rural land owned or administered by them unless it has first been classified by MINAE to determine whether it forms part of the PNE. Its administration is entrusted to the Ministry of Environment and Energy (MINAE). The forestlands and forests constituting the PNE are public-domain property, which makes them immune from attachment, not subject to acquisitive prescription, and inalienable (articles 261, 486 of the Civil Code and 11 of the Law on Lands and Colonization).

Possession thereof does not create any right to acquire them by adverse possession (usucapir), and the State’s action for recovery of title (acción reivindicatoria) is not subject to limitation. Consequently, they may not be registered in the Real Property Registry through possessory proceedings (información posesoria), and their invasion or occupation is punishable (art. 14 Ley Forestal) (decisions 192 of 28 February 2013 of the Agrarian Court; 1991-2306 of 6 November 1991 and 9217 of 25 August 2004 of the First Chamber). But from what point did this designation as part of the public domain take effect?

IV. DESIGNATION AS STATE NATURAL HERITAGE

Ley Forestal, 7575 of 13 February 1996, effective as of 16 April of that year, introduced the concept of “State Natural Heritage” into the Costa Rican legal system (articles 13 and 14). Previously, however, beginning with Ley Forestal 4465 of 25 November 1969, which took effect that year, the concept of “State Forest Heritage” (patrimonio forestal del Estado) existed, distinguishing between public forest property and private forest property. In its original text, Ley 4465 allowed the Public Administration (General Forestry Directorate), or private persons with its authorization (through concessions or permits) and pursuant to technical forest-management plans (planes técnicos de manejo forestal), to exploit forest resources in national reserves and State-owned properties, except in national parks and biological reserves (articles 41, 46 and 58). Ley Forestal 4465 was amended by Ley 7032 of 2 May 1986, article 16, which required every project undertaken by the State or any of its institutions that involved the partial or total removal of a forest to obtain approval from the General Forestry Directorate (articles 35, 41 and 55).

Ley Forestal 7174 of 28 June 1990 was subsequently enacted, preserving without alteration the concepts of forest reserves, protective zones, national parks, national wildlife refuges, and biological reserves, as well as the possibility of direct forest exploitation (aprovechamiento forestal) by the General Forestry Directorate or through a concession, except in national parks and biological reserves (articles 35, 41 and 55). It also required projects undertaken by the State or its institutions that involved the partial or total removal of forest to obtain approval from that Directorate (article 16).

V.The “State Forest Heritage” was governed by articles 4, 10-a), and 32 to 42 of Ley 4465. Section 32 provided: “The State Forest Heritage consists of all forests and forestlands within national reserves, areas declared inalienable, properties registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies. This Heritage shall be administered by the General Forestry Directorate, which, where appropriate, shall register the land in the Public Property Registry through the Office of the Attorney General of the Republic as individually identified State-owned properties.” Section 33 provided as follows: “The forestlands and forests constituting the State Forest Heritage, as detailed in the preceding article, shall be immune from attachment and inalienable; possession thereof by private parties shall create no right in their favor, and the State’s action for recovery of such land shall not be subject to limitation.

Consequently, they may not be registered in the Public Registry through possessory proceedings; their invasion and occupation shall be punishable in accordance with this law.” Section 34 established: “No Public Administration body, with the exception of public-law banks, may expropriate, exchange, transfer, or alienate under any title, convey, or lease rural land owned or administered by it unless the land has first been classified by the General Forestry Directorate. If the Directorate determines that the land is suitable for forestry (aptitud forestal), it shall automatically be incorporated into the State Forest Heritage.” Section 39 provided: “The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, shall administer the national reserves. It shall also transfer to the Agrarian Development Institute any land requested by the latter, exclusively when such land has been classified as suitable for agricultural or livestock use (aptitud agropecuaria).” Finally, insofar as relevant to the provisions being highlighted, section 41 stated: “The General Forestry Directorate may grant concessions for the exploitation of forest products originating from land and forests within the State Forest Heritage; this shall not create any real property right (derecho real) in the concessionaire’s favor over the property.” It must therefore be concluded that Ley 4465, as amended by Leyes 7032 and 7174, likewise governed the State Forest Heritage as a public-domain area beginning in 1969, since section 33 designated the land encompassed therein for that purpose.

What the current Ley Forestal did was reproduce, with identical content, the provisions of Leyes Forestales 7174 (articles 32 and 33) and 7032 (articles 32 and 33), which had adopted the designation “State Forest Heritage,” just as Ley 4465 had done (arts. 19 and 25).

VI.In light of the foregoing, the claim that the rule against adverse retroactive application of the law was violated is unfounded. The public-domain status (demanialidad) of forested areas on State-owned lands existed long before 1989, the year in which the appellant claims to have planted the melina plantation. Nor is the ruling altered by the appellant’s claim that it was undisputed that the plantation was cultivated on land registered in the name of the former IDA, originating from the subdivision (segregación) of another, larger property, because before 1996 the State Forest Estate (Patrimonio Forestal del Estado) also included, as public-domain property (bien demanial), all forested lands registered in the names of municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies. In the challenged judgment, the trial judge explained that she was rejecting the claim for compensation based on accession (accesión) for the following reasons: “No compensation whatsoever may be awarded to the plaintiff for the value of the [Nombre3] plantation located at [Dirección5], La Gamba de Golfito, a settlement that forms part of property 75.791 000 owned by INDER, because … based on the location recorded in cadastral plan number P 141748-1993, property 6075791-000,…, 5.74% of it lies within the boundaries of Parque Nacional Piedras Blancas and, moreover, one hundred percent of its area constitutes State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), under the category of Forest and lands suitable for forestry (terrenos de aptitud forestal), and within the lands classified as suitable for forestry there is a [Nombre3] plantation more than fifteen years old...

Because the plaintiff seeks compensation for the value of a [Nombre3] plantation located on land forming part of Parque Nacional Piedras Blancas, compensation is not appropriate, since it is public-domain property (bien de dominio público) over which third parties cannot acquire rights. Any possession that Mr. [Nombre1] may have exercised over that land grants him no right whatsoever; public-domain property cannot be acquired by prescription, is not subject to attachment, and is inalienable; therefore, he has no right whatsoever over the plantation incorporated into the land in question.” Although it is true that the manner in which the judge explains her reasoning appears to rely solely on the creation of the Parque Nacional in 1994, for the reasons clarified by this Court, the claim that the then-current Ley 7575 was inapplicable to the case likewise does not warrant altering the ruling.

The public-domain status of that area is not based on that legislation, but rather on the provisions established in Ley 4465 since 1969. In his grounds for appeal, the appellant emphasizes only the provisions of that law that permitted forest harvesting (aprovechamiento forestal) and cites principles that do not contradict the ruling, since this dispute is not resolved on the basis of those principles. As explained, Ley Forestal 4465 also established the public-domain status of forested areas located on the lands of State institutions and of those situated within protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) of any kind. Furthermore, although Ley 4465 permitted the exploitation of forest resources in certain protected wilderness areas (excluding national parks and biological reserves), authorization from the Dirección General Forestal was required. It is clarified that the appellant’s interpretation—that those areas became subject to this public-purpose designation only upon being classified as forest reserves, protective zones, wildlife refuges, or other management categories—is erroneous.

That applied only when privately owned lands were included within such categories. It did not apply to lands belonging to public institutions, which included those of the IDA. In such cases, the dedication (afectación) to the public domain of the State Forest Estate occurred automatically merely because the lands were forest lands, regardless of whether they fell within a protected-wilderness-area management category. In that regard, sections 35 and 37 of Ley Forestal 4465 provided: 35. “Article 35.- The following shall be established within the State Forest Estate: a) Forest reserves:… b) Protective zones:… c) National parks:... The country’s highest competent authority shall adopt appropriate measures to prevent or eliminate, as soon as possible, exploitation or occupation throughout the area and to ensure respect for the ecological, geomorphological, and aesthetic characteristics that led to its establishment.

National parks and biological reserves shall be administered by the Servicio de Parques Nacionales. ch) National wildlife refuges:... d) Biological reserves:…”. 37. “When establishing forest reserves, protective zones, national parks, wildlife refuges, or biological reserves, the Executive Branch, through the Ministerio de Ambiente y Energía, upon the proposal of the Dirección General Forestal or the Servicio de Parques Nacionales, is authorized to include within their boundaries such privately owned properties or portions thereof as are necessary to achieve the objectives set forth in this law and to implement them in accordance with the respective management plan (plan de manejo). In the case of national parks and biological reserves, the lands shall be acquired by purchase or expropriation, or both. In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, the parcels or portions of parcels must also be purchased or expropriated, unless, at the request of the Dirección General Forestal, their owners agree to subject themselves to the respective forestry regime (régimen forestal).

Such submission to the forestry regime shall be notified to the Registro Público de la Propiedad for the corresponding notation, which shall remain in place for the period established by the management plan” (emphasis not in the original). Consequently, since Ley 4465 entered into force, all such State forest lands have formed part of the public domain. The appellant’s theory that the area where he cultivated the melina became subject to that designation only upon the entry into force of Decreto 25153 de 19 de abril de 1994, which created the aforementioned Parque Nacional, is therefore unacceptable. Even before 1989, the land formed part of the State Forest Estate by virtue of its forested nature. Accordingly, his arguments that the trial judge applied a decree and a law that were not in force in 1989 are inconsistent, because the public-domain designation of that area does not actually arise from those instruments.

VII.The other ground for appeal concerns the appellant’s contention that he “acquired a proprietary right through accession” because the IDA was aware of the entire situation (it occurred with its full knowledge and acquiescence) and now seeks to profit from the work without paying compensation for the accession protected under civil law, and even authorized him to maintain it, as recorded in official letter OSAP 558-B-97 from the Oficina Sub-regional de Piedras Blancas. This Court certainly considers the State’s conduct reprehensible when it fails to exercise effective protection of the public domain, particularly where environmental assets are involved. Historically, the State’s omission or shortcomings in this respect are well known, and the justifications may or may not be valid, ranging from a lack of financial and human resources to a lack of viable policies and adequate planning. In this case, it is also claimed that there was express knowledge of the situation occurring in the area, since the plaintiff was even authorized to maintain a [Nombre3] plantation that should never have been cultivated in an area forested in nature and dedicated to the State Forest Estate.

With respect to that authorization, it must be clarified that it was not granted as broadly as the appellant claims. In official letter 0SPB 558-P-1997 de 29 de setiembre de 1997, the Oficina Sub-Rgional de Piedras Blancas granted the plaintiff temporary authorization to maintain and harvest the [Nombre3] plantation, with the warning that the parcel would thereafter be transferred to third parties. The official letter states: “you are authorized to maintain the three-hectare [Nombre3] plantation ... Authorization is granted for the period remaining until the melina plantation is felled, that period to be determined by a Forestry Technician hired by both parties, yourself and Mr. [Nombre6] ... After that period, the parcel shall be awarded to the married couple consisting of [Nombre6] and [Nombre7], in accordance with the agreement entered into among you, [Nombre6], and .... the Defensoría de los Habitantes” (folio 2).

Although the parties do not explain the origin or scope of that agreement, it is evident that a situation existed connecting those third parties to the parcel where the aforementioned plantation was located and, furthermore, that the IDA granted temporary authorization to harvest the melina, not for the appellant to remain in possession of the land or continue to enjoy the use and fruits of what was situated there. Nevertheless, this is insufficient to grant a private person a proprietary right such as the one claimed. First, because the unlawfulness of the plaintiff’s occupation of the aforementioned area was not validated by the actions or authorizations of officials of the former IDA during the 1990s. In this regard, it must be borne in mind that, even before 1990, provisions existed granting the Dirección General Forestal exclusive authority to issue permits or concessions for the use of the State Forest Estate (articles 34 and 41 of Ley 4465, transcribed above).

Indeed, article 41 of Ley 4465 provided: “The Dirección General Forestal may grant concessions for the harvesting of forest products from lands and forests belonging to the State Forest Estate, which shall not create any real right (derecho real) over the real property in favor of the concessionaire.” Nor was the situation validated by the aforementioned temporary maintenance authorization, because, apart from the IDA’s lack of authority to grant permits for the use of the State Forest Estate, it was a permit to harvest the melina, had temporary effect, and was issued in the context of a dispute in which the Defensoría de los Habitantes participated, as stated in the aforementioned official letter. Third, it must be emphasized that the accession governed by civil law and claimed in the complaint and in the cited appeal is not itself a real right, but rather a means of acquiring real rights, specifically ownership (article 484 del Código Civil).

Apart from the fact that, as a general rule, private real rights cannot be created over public-domain property because of its distinct legal nature, it is evident that the rules governing accession arising from cultivation on another’s property cannot apply to public-domain property, since ownership of such property cannot under any circumstances be acquired through that means.

VIII.Another issue raised in the appeal is the claim that the State would be unjustly enriched if it did not compensate for the plantation. Unjust enrichment (enriquecimiento sin causa) occurs when one estate increases at the expense of another without any legal justification. Although it is true that the legal system effectively promotes, as a universal principle, the prohibition of such enrichment, that rule is not infringed by the decision in this case. As explained, this is not a situation involving property governed by the rules of individual private property law (whether owned by private persons or State institutions) (Article 261 of the Civil Code, second paragraph). The plaintiff and appellant seeks compensation for what was planted in a public-domain area (área demanial). The applicable rules are therefore different, pursuant to Articles 261, first paragraph, 262, and 263 of the Civil Code and the Ley Forestal of 1969, whose relevant provisions are maintained in the current law in force.

That crop was not only planted without authorization granted by the competent State authority, but furthermore, although it is a plantation, it cannot be harvested by the State; that is, its existence will provide no economic benefit to the State. This is because it was planted in an area unsuitable for forestry (silvicultura), on land that formed part of the Patrimonio Forestal del Estado and that was later even partially included within a national park. Accordingly, the argument that the State would receive an improper benefit if no compensation were paid is likewise unacceptable. Nor is the plaintiff’s argument that IDA’s acknowledgment of the situation, when it granted him temporary authorization to harvest the melina, created a right in his favor acceptable. That authorization, issued by an agency that lacked legal competence, as explained, is insufficient to grant him a right against the State that could never have arisen, because from the outset of the melina plantation the appellant remained in an unlawful situation and was even legally ineligible for protection, having planted crops on public-domain property (bien demanial) without State authorization and in an area that, by its nature, could not be used for forestry.

IX.In accordance with the foregoing, and for the reasons stated by this Court, the challenged judgment is affirmed as to the matters appealed.

POR TANTO

As to the matters appealed, the first-instance judgment of 10 de enero de 2018 is affirmed.

*2PIKN4MJB47A61* [Nombre8] - DECIDING JUDGE *C1SROQASZKI61* [Nombre9] - DECIDING JUDGE *JMJ3JOH5HX061* [Nombre10] - DECIDING JUDGE CASE FILE: EXPN1

Secciones

Marcadores

VOTO N° 395-F-2018 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas y once minutos del once de mayo de dos mil dieciocho.- PROCESO ORDINARIO establecido por [Nombre1] , mayor, casado, cédula CED1 ; contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (Inder), cédula jurídica CED2 - ; representado por su apoderado general judicial Álvaro Chanto Ureña, mayor, abogado, vecino de Pérez Zeledón, cédula CED3 . Interviene en el proceso como parte interesada la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), representada por Heilyn Sáenz Calderón, mayor, abogada, vecina de San José, cédula CED4 . Actúa como defensor público agrario del actor, [Nombre2] , y como apoderada especial judicial del INDER, Marianela Quirós Mora, cédula CED5 . Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores.-

RESULTANDO:

  1. 1La parte actora pide, en proceso ordinario estimado en tres millones de colones, se declare lo siguiente: " 1) Se declare que el suscrito realizó la siembra de quinientos cuarenta árboles de [Nombre3] sobre el terreno conocido como la [Dirección1] , inscrita nombre del Instituto de Desarrollo Rural. 2) Se afirme que dichas siembras fueron realizadas a vista y paciencia del Instituto y con su debida autorización. 3) Se proceda a indemnizar por accesiones los 540 árboles de [Nombre3] sembradas en el terreno, [Dirección1] , esto por la suma de tres millones ciento diez mil cuatrocientos colones. 4) Se condene al Instituto a cancelar dichas accesiones, esto en el plazo de un mes, bajo pena de emitir orden de embargo en el presupuesto asignado por ley a favor del Instituto de Desarrollo Rural. 5) Se condene al demandado al pago de las costas procesales y personales con ocasión de este juicio" (folios 22 a 23 y vuelto).-
  2. 2La parte demandada contestó negativamente e interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación ad causam y litis consorcio pasivo necesario (folios 30 a 38). La última fue resuelta interlocutoriamente (folios 55 y 74).
  3. 3La Jueza Marisel Zamora Arias, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, en sentencia 03 de 10 de enero de 2018, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, se DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la demanda ordinaria agraria interpuesta por el señor [Nombre1] en contra de INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas" (carpeta de documentos asociados, archivo 10/01/18 13:57:17 p.m.).-
  4. 4La parte actora apela con indicación expresa de las razones en que se apoya (carpeta de escritos, archivo 18/01/18 9:00:10 a.m.).-
  5. 5En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales y no existen errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.-

Redacta la jueza ALPIZAR RODRIGUEZ, y;

CONSIDERANDO:

I.El Tribunal comparte los hechos probados por tener sustento en las pruebas constantes en autos, con las siguientes aclaraciones y adiciones; salvo el sexto por no expresa una idea completa y comprensible. Al primero se agrega: Se identifica también como [Dirección2] . Al quinto: El actor inició la plantación de árboles de [Nombre3] a principios de los noventa (oficio del IDA de 18 de mayo de 1995: folio 3; declaraciones testimoniales de [Nombre4] y [Nombre5] : folio 104). Agréguese de igual naturaleza:

  • 6)La plantación de [Nombre3] se cultivó a principios de los noventa (oficio del IDA de 18 de mayo de 1995: folio 3; avalúo del Inder de octubre de 2014: folio 132; declaraciones testimoniales de [Nombre4] y [Nombre5] : folio 104).
  • 7)En setiembre de mil novecientos noventa y siete, la Oficina Sub-Rgional de Piedras Blancas, IDA, autorizó al actora a dar mantenimiento a una plantación de [Nombre3] existente en la [Dirección3] , únicamente por el periodo pendiente para la corta de la plantación. Luego de ello, se le informó la parcelar sería adjudicada a terceras personas con las cuáles el actor había firmado un convenio (ver oficio 0SPB 558-P-1997: folio 2).
  • 8)En octubre de dos mil catorce, en el avalúo realizado a la plantación de [Nombre3] existente en esa fecha en la parcela referida, se indicó que el cultivo tenía más de ocho años de sembrado, según el estado de la plantación (ver oficio 0SPB 558-P-1997: folio 2).

II.En la sentencia de primera instancia 03 de 10 de enero de 2018, se declaró sin lugar la demanda sin especial condenatoria en costas. La parte actora apela con base en lo siguiente, que se resume por lo reiterado del reclamo. Alega existe violación al principio de retroactividad de la ley. Asegura, la sentencia impugnada infringe el artículo 34 de la Constitución Política. Resalta, la Sala Constitucional, a través de su jurisprudencia vinculante, al interpretar esa norma ha señalado que no se prohíbe irrestrictamente la retroactividad. Cita jurisprudencia en la que se indica que esta regla existe porque las relaciones se deben decidir conforme con las reglas vigentes cuando se dieron los vínculos. “Lo vedado no es entonces la retroactividad en sí misma, sino la retroactividad perjudicial, porque causa daño irreparable en razón de que va contra la certeza. Agrega la citada disposición constitucional que a ninguna “ley” entendida como “normas”, se le dará efecto retroactivo perjudicial, lo que permite concluir que si cabe la retroacción beneficiosa” (voto 259-91 de la Sala Constitucional).

Con base en esa norma, se reclama que se aplicó erróneamente el derecho. Explica que la A quo no tuvo por demostrado un aspecto portante para resolver el proceso, cuál es el punto donde se sembraron los árboles de [Nombre3] que se cobran, está inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Rural (antes IDA, ahora Inder), finca de Puntarenas, matrícula [Placa1]. Ese fue un hecho no controvertido en la demanda y la contestación y consta en las certificaciones registrales. Eso dice, debió ser tomado en cuenta para valorar la indemnización por accesión y aplicar los artículos 505, 508, 509 del Código Civil. Agrega, en el hecho tercero de la demanda se explicó la situación actual de esa parcela, conocida como [Dirección4] . Se aclaró, el terreno pertenecía a una sola finca que siempre había poseído, pero debido replanteamiento que realizó el IDA, se constituyó como finca aparte. Sin embargo, pese esa segregación, se continuó poseyendo el terreno avise paciencia de ese ente.

Esto fue demostrado a través de los medios de prueba aportados, entre ellos el oficio OSAP 558-B-97 de la oficina Sub-regional de Piedras Blancas y la prueba testimonial. En el oficio consta que se autoriza la actora continuar dando mantenimiento a la plantación de 3 hectáreas de árboles de [Nombre3] ubicadas en la [Dirección2] . manifiesta, para no continuar ejerciendo posesión en ese terreno propiedad del IDA, se inició el procedimiento administrativo para que se le indemnizase esa plantación. La oficina regional recomendó positivamente el pago de esos árboles. Pero la Junta Directiva del IDA, rechazó hacerlo, por ubicarse el terreno dentro del Patrimonio Natural del Estado. Resalta, es argumento de que no procede la indemnización por accesión al ser un terreno de ese Patrimonio, se utilizó para rechazar el pago de los de acuerdo al hecho probado dos de la sentencia. Con base en lo indicado, se explica la afectación al principio de retroactividad de la ley, dado que el terreno al momento de la siembra de los árboles no estaba afectado por el Decreto 25153 19 de abril de 1994 y además sostiene sembró de buena fe, a vista y paciencia del IDA.

Afirma, la plantación se hizo a finales de 1989 e inicios de 1990, según consta en el oficio emitido por el IDA de 18 de mayo de 1995, en el que se le autoriza a continuar dando mantenimiento a la plantación que en ese momento ya tenía cinco años de sembrada. Los testigos, entre ellos [Nombre4] , confirmaron que fueron cultivados a inicios de los 90. Adicionalmente, considera, no se pueden aplicar el caso las normas de la Ley Forestal 7575 de 1996, que no estaba vigente al momento de la siembra. En ese entonces la Ley forestal que regía era la 4465 de 1969, de la cual deben resaltar los siguientes aspectos aplicables al caso. En su artículo 2 se indica que el objetivo primordial de esta ley era generar empleo e incrementar el nivel de vida de la población rural radicada en áreas forestales mediante su incorporación actividades silviculturales e industriales. El artículo 9 daba competencia a la Dirección General Forestal para definir las áreas de reservas forestales, zonas protectoras, refugio de fauna silvestre y otras categorías de uso.

A partir de su definición es que quedaban afectadas, como lo fue el caso del terreno del IDA en el que se sembraron los árboles de [Nombre3] reclamados. El artículo 36 establece las pautas a seguir para realizar la declaratoria de esa zona, a través de decretos ejecutivos. Pero la juzgadora de instancia aplica un decreto y una ley que no estaban vigentes ese año, lo cual no es válido ya que se había adquirido derecho patrimonial de accesión. Sostiene que el IDA tuvo conocimiento de toda esta situación y ahora pretenden enriquecerse del trabajo y esfuerzo del actor y no indemnizar la accesión tutelada en la normativa civil. Pide se revoque la sentencia y se reconozca la accesión por los árboles de [Nombre3] que sembró a vista y paciencia del IDA, derecho patrimonial adquirido que se consolidó antes de la declaratoria de Patrimonio Natural del Estado (carpeta de escritos: archivo 18/01/2018 09:00:10).

III. SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO

El agravio se refiere básicamente a que no se puede negar el derecho a ser indemnizado por accesión (plantación de melina), en un terreno que integra el Patrimonio Natural del Estado (PNE), cultivado antes de la afectación que lo convierte en bien demanial. Por ello resulte necesario referirse a la creación y alcances de esa categoría legal. Ese Patrimonio está constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, las áreas declaradas inalienables, la zona marítima terrestre (ZMT), las zonas de protección del recurso hídrico y las demás tierras inscritas a nombre del Estado y sus instituciones, salvo las que obtenga el Sistema Bancario Nacional por créditos a su favor (artículos 50, 89, 121-14 párrafo primero de la Constitución Política; 1, 6, 13 a 18, 33 Ley Forestal; 7 Ley de Tierras y Colonización; 73 Ley de la ZMT; 2-a) de la Ley Orgánica del Ambiente, 1 de la Ley de Biodiversidad).

Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al PNE y si se trata de terrenos inscritos, se constituirá una limitación que debe registrarse en el Registro Público Inmobiliario. Para ello no se requiere una declaratoria específica de la Administración Pública, porque la afectación legal es inmediata (Sala Primera, voto 1675 de 13 de diciembre de 2012). Por ello, los organismos de la Administración Pública no pueden permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el MINAE, para determinar si son parte del PNE. Su administración está a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Los terrenos forestales y bosques que constituyen el PNE son bienes demaniales, lo cual les hace inembargables, imprescriptibles e inalienables (artículos 261, 486 del Código Civil y 11 de la Ley de Tierras y Colonización).

Su posesión no genera derecho para usucapirles y la acción reivindicatoria del Estado para recuperarlos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público Inmobiliario mediante información posesoria y su invasión u ocupación son sancionadas (art. 14 Ley Forestal) (votos 192 de 28 de febrero de 2013 del Tribunal Agrario; 1991-2306 de 6 de noviembre de 1991 y 9217 de 25 de agosto de 2004 de la Sala Primera). Pero, ¿a partir de cuando existe esa afectación al demanio público?

IV. AFECTACIÓN AL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO

La Ley Forestal, 7575 de 13 de febrero de 1996, vigente a partir del 16 abril de ese año, fue la que introdujo en el ordenamiento jurídico costarricense el concepto de “patrimonio natural del Estado” (artículos 13 y 14). Pero antes, desde la Ley Forestal 4465 de 25 de noviembre de 1969, vigente desde ese año, existía el concepto de “patrimonio forestal del Estado”, que diferenciaba entre propiedad forestal pública y propiedad forestal privada. La Ley 4465, en su texto original, permitía que la Administración Pública (Dirección General Forestal) o bien por personas privadas con su autorización (concesiones o permisos) y conforme a planes técnicos de manejo forestal, aprovecharan el recurso forestal en las reservas nacionales y fincas del Estado, excepto en parques nacionales y reservas biológicas (artículos 41, 46 y 58). La Ley Forestal 4465 fue reformada por la Ley 7032 de 2 de mayo de 1986, artículo 16, que exigió que todo proyecto que realizara el Estado o alguna de sus instituciones, e implicara la eliminación parcial o total de un bosque, debía obtener la aprobación de la Dirección General Forestal (artículos 35, 41 y 55).

Luego se promulgó la Ley Forestal 7174 de 28 de junio de 1990, que mantuvo inalterados los conceptos de reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas y la posibilidad de aprovechamiento forestal directo por parte de la Dirección General Forestal o mediante concesión, excepto en parques nacionales y reservas biológicas (artículos 35, 41 y 55). También exigió que los proyectos del Estado o sus instituciones que implicaran la eliminación parcial o total de bosque debían contar con la aprobación de esa Dirección (artículo 16).

V.El “Patrimonio forestal del Estado” fue regulado en los artículos 4, 10-a), 32 a 42 de la Ley 4465. El numeral 32 indicaba: “El patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública. Este patrimonio será administrado por la Dirección General Forestal, la que inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad, cuando sea procedente, por medio de la Procuraduría General de la República, como fincas individualizadas de propiedad del Estado”. El 33 reguló lo siguiente: “Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible.

En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria; su invasión y ocupación serán sancionadas conforme con lo dispuesto en esta ley”. El 34 estableció: “Ningún organismo de la Administración Pública, a excepción de los bancos de derecho público, podrá expropiar, permutar, ceder o enajenar, por cualquier título, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que previamente hayan sido clasificados por la Dirección General Forestal. Si esta los considerare de aptitud forestal, quedarán automáticamente incorporados al patrimonio forestal del Estado. Y el 39 imponía: “El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía, administrará las reservas nacionales. También deberá traspasar al Instituto de Desarrollo Agrario aquellos terrenos que éste le solicite, exclusivamente cuando hayan sido calificados de aptitud agropecuaria”.

Finalmente, en lo que interesa resaltar de esa normativa, el 41 indicó: “La Dirección General Forestal podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de productos forestales provenientes de terrenos y bosques del patrimonio forestal del Estado, lo cual no origina derecho real alguno sobre el inmueble a favor del concesionario”. Por ende, debe concluirse que la Ley 4465, reformada por las Leyes 7032 y 7174, también reguló, desde 1969, como área demanial, el Patrimonio Forestal del Estado, al establecerse en su numeral 33 que se afectaban los terrenos comprendidos en tal. La Ley Forestal actual, lo que hizo fue reproducir con idéntico contenido, las normas de las Leyes Forestales 7174 (artículos 32 y 33) y 7032 (artículos 32 y 33) que habían adoptado la denominación “Patrimonio Forestal del Estado”, tal y como lo hizo la Ley 4465 (arts. 19 y 25).

VI.Conforme lo expuesto el agravio de que se infringió la regla de no retroactividad legal negativa resulta infundado. La demanialidad de las áreas boscosas de terrenos estatales existe desde mucho antes de 1989, año en que la parte apelante afirma hizo el cultivo de la plantación de melina. Tampoco cambia lo resuelto su reclamo de que no fue controvertido que la plantación se cultivó en un terreno inscrito a nombre del antes IDA, originado en una segregación de otro de mayor cabida, porque el Patrimonio Forestal del Estado, antes de 1996, también incluía como bien demanial todos los terrenos boscosos inscritos a nombre de municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública. La A quo explicó en la sentencia impugnada que rechazaba el reclamo indemnizatorio por accesión con base en los siguiente: “No se puede reconocer indemnización alguna al señor actor, por concepto del valor de la plantación de [Nombre3] que se ubica en la [Dirección5] La Gamba de Golfito, asentamiento que es parte de la finca 75.791 000 propiedad del INDER, en razón de que … con base en la ubicación consignada en el plano catastrado numero P 141748-1993, finca 6075791-000,…, se encuentra en un 5.74% dentro de los límites del Parque Nacional Piedras Blancas y que además en un cien por ciento de su cabida es Patrimonio Natural del Estado, categoría Bosque y terrenos de aptitud forestal, y que dentro de los terrenos que califican como de aptitud forestal se encuentra una plantación de [Nombre3] de más de quince años...

Al pretender el actor la indemnización del valor de una plantación de [Nombre3] ubicada en un terreno que es parte del Parque Nacional Piedras Blancas, no corresponde la indemnización, ya que se trata de un bien de dominio público, sobre el cual los terceros no pueden adquirir derechos. La posible posesión que haya ejercido el señor [Nombre1] sobre ese terreno no le otorga ningún derecho, los bienes de dominio público son imposibles de adquirir por prescripción, son inembargables e inalienables, por lo tanto no tiene derecho alguno sobre la plantación incorporada al terreno en cuestión”. Si bien es cierto por la forma como la juzgadora explica sus motivos parece solo fundamentarse en la creación del Parque Nacional en 1994, por las razones que aclara este Tribunal, no es tampoco procedente para variar lo resuelto el reclamo de que no era aplicable al caso la Ley vigente 7575. No es con base en esa normativa que se puede fundamentar la demanialidad de esa zona, sino en lo regulado desde 1969 en la Ley 4465.

En su agravio, el apelante resalta solo las normas de esa ley que permitían el aprovechamiento forestal y cita principios que no contradicen lo resuelto, pues no es con fundamento en ellos que se resuelve este conflicto. Como se explicó, la Ley Forestal 4465 también estableció la demanialidad de las áreas boscosas existentes en los terrenos de instituciones estatales y de aquellas comprendidas en áreas silvestres protegidas de cualquier naturaleza. Incluso, aunque la Ley 4465 permitía la explotación del recurso forestal en algunas áreas silvestres protegidas (exceptuaba parques nacionales y reservas biológicas), para ello se requería autorización de la Dirección General Forestal. Se aclara que es errónea su interpretación de que solo a partir de la definición del área de reservas forestales, zonas protectoras, refugio de fauna silvestre y otras categorías de uso, es que quedaban afectadas esas zonas.

Eso procedía solo cuando dentro de tales categorías quedaban comprendidos terrenos de dominio privado. No así cuando se trataba de terrenos de las instituciones públicas, dentro de los cuáles estaban los del IDA. En tales casos, la afectación al demanio público del Patrimonio Forestal del Estado se daba automáticamente por solo el hecho de ser terrenos forestales, sin importar si estaban o no dentro de una categoría de manejo de área silvestre protegida. En ese sentido, los numerales 35 y 37 de la Ley Forestal 4465 establecían: 35.” Artículo 35.- Dentro del patrimonio forestal del Estado se constituirán: a) Reservas forestales:… b) Zonas protectoras:… c) Parques nacionales:... Corresponde a la más alta autoridad competente del país adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, la explotación u ocupación en toda el área, y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento.

Los parques nacionales y reservas biológicas serán administrados por el Servicio de Parques Nacionales. ch) Refugios nacionales de vida silvestre:... d) Reservas biológicas:…”. 37.“Al establecer reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre o reservas biológicas, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía, a propuesta de la Dirección General Forestal o del Servicio de Parques Nacionales, queda facultado para incluir dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares que sean necesarias para el logro de los objetivos, señalados en esta ley, y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo. Cuando se trate de parques nacionales y de reservas biológicas, los terrenos serán adquiridos por compra o por expropiación, o por ambas. En el caso de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre, los predios o partes de predios también se deberán comprar o expropiar, salvo que, a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo.

Dicha sujeción al régimen forestal será notificada al Registro Público de la Propiedad para la anotación correspondiente, la cual se mantendrá durante el tiempo que establezca el plan de manejo” (lo subrayado no es del original). Por ende, desde la vigencia de la Ley 4465 todos esos terrenos forestales estatales formaron parte del dominio público. Por ello la teoría de la parte apelante de que es hasta la vigencia del Decreto 25153 de 19 de abril de 1994, cuando se creó el Parque Nacional referido, que se ve afectada la zona donde cultivó la melina, no es de recibo. Desde antes de 1989 el terreno, por su naturaleza forestal, formaba parte del Patrimonio Forestal del Estado. Son inconsistentes entonces sus argumentos de haber aplicado la juzgadora de instancia un decreto y una ley que no estaban vigentes en 1989, porque no es con base en ello que realmente existe la afectación demanial de esa zona.

VII.El otro agravio expuesto se refiere a que el apelante considera “adquirió un derecho patrimonial de accesión” porque el IDA tuvo conocimiento de toda esta situación (lo hizo a su vista y paciencia) y ahora pretende enriquecerse del trabajo y no indemnizar la accesión tutelada en la normativa civil e incluso le concedió autorización para darle mantenimiento, según consta en el oficio OSAP 558-B-97 de la oficina Sub-regional de Piedras Blancas. Ciertamente considera este Tribunal que es reprochable el actuar del Estado cuando no ejerce en forma efectiva la tutela efectiva del dominio público, máxime si están de por medio bienes ambientales. Históricamente es conocida la omisión o deficiencia estatal al respeto y las justificaciones pueden ser válidas o no, porque van desde falta de recursos económicos y humanos hasta falta de políticas viables y planificación adecuada. En el caso además, se reclama que hubo conocimiento expreso de la situación que se daba en la zona, pues incluso se autorizó al actor a dar mantenimiento a una plantación de [Nombre3] que nunca debió haberse cultivado en un sector de naturaleza forestal, afectado al Patrimonio Forestal del Estado.

Debe al respecto precisarse, en relación con esa autorización, que no se dio con la amplitud que la parte apelante expresa. En el oficio 0SPB 558-P-1997 de 29 de setiembre de 1997, la Oficina Sub-Rgional de Piedras Blancas, lo que dio fue una autorización temporal al actor para dar mantenimiento a la plantación de [Nombre3] y cosecharla, con la advertencia de que luego de eso la parcela sería entregada a terceras personas. El oficio dice: "lo autoriza a dar mantenimiento a la plantación de tres hectáreas de [Nombre3] ... La autorización se da por el periodo pendiente para la corta de la plantación de melina, periodo definido por un Técnido Forestal contratado por ambas partes, su Persona y el señor [Nombre6] ... Después de ese período, la parcela se adjudicará al matrimonio compuesto por [Nombre6] y [Nombre7] , de acuerdo al convenio suscrito entre Usted, [Nombre6] y .... la Defensoría de los Habitantes" (folio 2).

Aunque las partes no explican cuál fue el origen de ese convenio y sus alcances, resulta evidente que existió una situación que relacionaba a esas terceras personas con la parcela donde estaba la plantación referida y además que el IDA dio una autorización temporal para que se cosechara la melina, no para que el actor apelante continuara en posesión del terreno ni usufructuara más lo existente en tal. No obstante, ello no es suficiente para conceder a una persona privada un derecho patrimonial como el que reclama. Primero porque la situación de ilegalidad de la ocupación que ejercía la persona actora en la zona citada, no se convalida por el actuar o lo autorizado por las personas funcionarias del antes IDA en la década de los noventa. Debe tenerse presente al respecto, que desde antes de 1990, existían normas que daban la competencia únicamente a la Dirección General Forestal para conceder permisos o concesiones para el aprovechamiento del Patrimonio Forestal estatal (artículos 34 y 41 de la Ley 4465, antes transcritos).

Incluso, el artículo 41 de la Ley 4465 disponía: “La Dirección General Forestal podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de productos forestales provenientes de terrenos y bosques del patrimonio forestal del Estado, lo cual no origina derecho real alguno sobre el inmueble a favor del concesionario”. Tampoco se convalida aunque haya existido la autorización temporal de mantenimiento referida, dado que aparte de carecer el IDA de competencia para dar permisos de aprovechamiento del Patrimonio Forestal del Estado, se trató de un permiso para que cosechara la melina, con efectos temporales, emitido en un contexto de un conflicto en el cual participó la Defensoría de los Habitantes, según se expresa en el oficio referido. En tercer lugar, debe resaltarse que la accesión que regula la normativa civil y que se reclama en la demanda y en el recurso citado, no es un derecho real en sí, sino una forma de adquirir derechos reales, específicamente el dominio (artículo 484 del Código Civil).

Aparte de que por regla general no es posible constituir derechos reales privados sobre bienes de dominio público, por su diversa naturaleza jurídica, resulta evidente que las reglas que rigen la accesión derivada de cultivar en bien ajeno, no podría ser aplicables sobre bienes de dominio público, pues en forma alguna puede llegar a adquirirse el derecho de propiedad sobre tales a través de ese medio.

VIII.Existe otro tema planteado en el recurso: el reclamo de que el Estado se vería enriquecido indebidamente si no indemniza la plantación. El enriquecimiento sin causa se presenta cuando un patrimonio recibe un aumento a costa de otro, sin que exista causa justificativa para ello. Si bien es cierto el ordenamiento jurídico promueve efectivamente, como principio universal, que no se permita ello, la regla no se infringe tampoco con lo resuelto en este caso. Como se explicó, no se está frente a una situación en la que estén de por medio bienes que se rijan por las reglas del derecho de propiedad privada individual (sean de personas privadas o de instituciones estatales) (artículo 261 del Código Civil párrafo segundo). La parte actora y apelante pretende se le reconozca indemnización por lo cultivado en un área demanial. Las reglas a aplicar son entonces diferentes, según lo dispuesto en los numerales 261 del Código Civil párrafo primero, 262 y 263 y en la Ley Forestal de 1969, cuya normativa en lo que interesa, mantiene la actual Ley vigente.

Ese cultivo no solo se hizo sin permiso concedido por la autoridad estatal competente, sino que además, aunque se trata de una plantación, no puede ser aprovechado por el Estado, es decir, no existirá beneficio económico para tal con su existencia. Esto por haberse hecho en una zona no apta para la silvicultura, al ser un terreno que formaba parte del Patrimonio Forestal del Estado, que luego incluso pasó a estar incluido parcialmente dentro de un parque nacional. Por ende, no es aceptable tampoco el argumento de que con la no indemnización el Estado recibirá un beneficio indebido. Tampoco es aceptable lo argumento por el actor sobre que por el reconocimiento que el IDA hizo de la situación cuando le dio la autorización temporal para cosechar la melina, se generó un derecho a su favor. Esa autorización, emitida por un órgano incompetente legalmente según lo explicado, no es suficiente para concederle un derecho frente al Estado que no se pudo configurar en ningún momento, pues desde el inicio de la plantación de melina, el apelante se mantuvo en una situación de ilegalidad e incluso de imposibilidad jurídica de tutela, al cultivar en un bien demanial sin autorización estatal y en una zona que, por su naturaleza, no podía ser utilizada para silvicultura.

IX.De conformidad con lo expuesto, por las razones indicadas por este Tribunal, en lo apelado se confirma la sentencia recurrida.

POR TANTO

En lo apelado, se confirma la sentencia de primera instancia 10 de enero de 2018.

*2PIKN4MJB47A61* [Nombre8] - JUEZ/A DECISOR/A *C1SROQASZKI61* [Nombre9] - JUEZ/A DECISOR/A *JMJ3JOH5HX061* [Nombre10] - JUEZ/A DECISOR/A

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal
    • Land Tenure and TitlingTenencia y Titulación de Tierras

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7554 Organic Environmental Law
      • Ley 6043 Maritime Terrestrial Zone Law
      • Ley 2825 Land and Colonization Law
      • Ley 4465 Forestry Law of 1969
      • Ley 7788 Biodiversity Law
      • Ley 7575 Forestry Law

      Este documento cita

      • Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente
      • Ley 6043 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre
      • Ley 2825 Ley de Tierras y Colonización
      • Ley 4465 Ley Forestal de 1969
      • Ley 7788 Ley de Biodiversidad
      • Ley 7575 Ley Forestal

      News & Updates Noticias y Actualizaciones

      All articles → Todos los artículos →

      Weekly Dispatch Boletín Semanal

      Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

      ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

      One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

      Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
      Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

      Stay Informed Mantente Informado

      Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

      Email Updates Actualizaciones por Correo

      Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

      Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

      WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

      Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

      Join Channel Unirse al Canal
      Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
      🙏