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C-480-2014 · 19/12/2014
OutcomeResultado
The PGR concludes that Plan 14154 is an official document used to demarcate the inalienable zone, that Cerro Concordia is located in Heredia (Guararí), that the authority under Article 2 has not been exhausted but modifying boundaries requires legislation, and that only pre-1888 possession rights with ten-year possession are recognized.La PGR concluye que el plano 14154 es un documento oficial que sirvió para demarcar la zona inalienable, que el cerro Concordia se ubica en Heredia (Guararí), que no se agotó la facultad del artículo 2 pero modificar los límites requiere ley, y que solo se reconocen derechos de posesión anteriores a 1888 con posesión decenal.
SummaryResumen
The PGR examines whether Plan 14154 in the National Archive is official, whether it correctly locates Cerro Concordia, whether the authority under Article 2 of Law 65 of 1888 has been exhausted, and the status of registered properties. It concludes that the two-kilometer inalienable zone on each side of the summit of the Barva Volcano mountain range, between Cerro Zurquí and Cerro Concordia (Guararí), was surveyed and its southern parallel staked by engineer Manuel Benavides in 1903 based on the plan by Moisés Rodríguez, which was delivered to the Public Works Directorate and officially used. The location of Cerro Concordia is ascertainable; the authority under Article 2 has not been exhausted, as that provision refers to a scientific commission to increase or decrease the zone, but modifying the boundaries would require legislation. Properties registered before Law 65 of 1888 with legitimate ten-year possession may be recognized; those registered afterwards within the zone do not generate rights.La PGR analiza si el plano 14154 del Archivo Nacional es oficial, si localiza con certeza el cerro Concordia, si se agotó la facultad del artículo 2 de la Ley 65 de 1888 y el régimen de los terrenos inscritos. Concluye que la zona inalienable de dos kilómetros a cada lado de la cima de la montaña del volcán Barva, entre los cerros Zurquí y Concordia (Guararí), fue medida y amojonada en su paralela sur por el ingeniero Manuel Benavides en 1903 con base en el plano de Moisés Rodríguez, el cual fue entregado a la Dirección de Obras Públicas y utilizado oficialmente. La ubicación del cerro Concordia es determinable; no se agotó la facultad del artículo 2 pues esa disposición se refiere a una comisión científica para aumentar o disminuir la zona, pero una modificación de los límites requeriría ley. Los terrenos inscritos antes de la Ley 65 de 1888 con posesión decenal legítima pueden ser reconocidos; los inscritos después no generan derechos si están dentro de la zona.
Key excerptExtracto clave
In summary, the plan of the summit of the Barva Volcano mountains prepared by Geometer Moisés Rodríguez Calvo and delivered to the Public Works Directorate was carefully examined by Engineer Manuel Benavides to establish, with stone markers, the southern parallel at 2 km from the summit, from Cerro Zurquí to Cerro Concordia. Before the judicial authority in charge of property registration proceedings where his participation was required, Engineer Benavides acknowledged having carried out that staking, which was also attested to by court-appointed experts in June 1904. The location of Cerro Concordia (Guararí), the western end of the Barva Volcano mountain, is in the province of Heredia, approximately 3.3 km east of the provincial boundary line, and must be distinguished from the locality of La Concordia, located adjacent to the road to Sarapiquí in the sector belonging to the province of Alajuela... By virtue of the foregoing, it is concluded that Plan 14154 of the National Archive was prepared by official mandate and delivered to the Public Works Directorate, serving as the basis for the demarcation of the inalienable zone; that the location of Cerro Concordia is determinable based on historical and cartographic documentation; that the authority under Article 2 of Law 65 of 1888 has not been exhausted regarding the possibility of a scientific commission issuing an opinion on the extent of the zone, but a modification of the established boundaries would require a formal law.En resumen, el plano sobre la cima de las montañas del volcán Barva elaborado por el Geómetra Moisés Rodríguez Calvo que entregó a la Dirección de Obras Públicas fue examinado detenidamente por el Ing. Manuel Benavides para establecer con mojones de piedra el trazado de la paralela sur a 2 km de su cumbre, desde el cerro Zurquí y hasta el cerro Concordia. Ante la autoridad judicial encargada de los procesos de inscripción de inmuebles donde fue requerida su participación, el Ing. Benavides reconoció haber practicado ese amojonamiento y de esa labor también dieron fe peritos judiciales en junio de 1904. La ubicación del cerro Concordia (Guararí) extremo oeste de la Montaña del volcán Barva se localiza en la provincia de Heredia, aproximadamente 3.3 km al este de la línea divisoria provincial, y ha de distinguirse de la localidad La Concordia, ubicada contigua a la carretera que conduce a Sarapiquí en el sector perteneciente a la provincia de Alajuela... En virtud de lo expuesto, se concluye que el plano 14154 del Archivo Nacional fue elaborado por mandato oficial y entregado a la Dirección de Obras Públicas, sirviendo de base para la demarcación de la zona inalienable; que la ubicación del cerro Concordia es determinable con base en la documentación histórica y cartográfica; que la facultad del artículo 2 de la Ley 65 de 1888 no se ha agotado en cuanto a la posibilidad de que una comisión científica emita un criterio sobre la extensión de la zona, pero una modificación de los límites fijados requeriría una ley formal.
Pull quotesCitas destacadas
"En resumen, el plano sobre la cima de las montañas del volcán Barva elaborado por el Geómetra Moisés Rodríguez Calvo que entregó a la Dirección de Obras Públicas fue examinado detenidamente por el Ing. Manuel Benavides para establecer con mojones de piedra el trazado de la paralela sur a 2 km de su cumbre, desde el cerro Zurquí y hasta el cerro Concordia."
"In summary, the plan of the summit of the Barva Volcano mountains prepared by Geometer Moisés Rodríguez Calvo and delivered to the Public Works Directorate was carefully examined by Engineer Manuel Benavides to establish, with stone markers, the southern parallel at 2 km from the summit, from Cerro Zurquí to Cerro Concordia."
Considerando V, Resumen probatorio
"En resumen, el plano sobre la cima de las montañas del volcán Barva elaborado por el Geómetra Moisés Rodríguez Calvo que entregó a la Dirección de Obras Públicas fue examinado detenidamente por el Ing. Manuel Benavides para establecer con mojones de piedra el trazado de la paralela sur a 2 km de su cumbre, desde el cerro Zurquí y hasta el cerro Concordia."
Considerando V, Resumen probatorio
"La ubicación del cerro Concordia (Guararí) extremo oeste de la Montaña del volcán Barva se localiza en la provincia de Heredia, aproximadamente 3.3 km al este de la línea divisoria provincial, y ha de distinguirse de la localidad La Concordia, ubicada contigua a la carretera que conduce a Sarapiquí en el sector perteneciente a la provincia de Alajuela."
"The location of Cerro Concordia (Guararí), the western end of the Barva Volcano mountain, is in the province of Heredia, approximately 3.3 km east of the provincial boundary line, and must be distinguished from the locality of La Concordia, located adjacent to the road to Sarapiquí in the sector belonging to the province of Alajuela."
Considerando I, Determinación geográfica
"La ubicación del cerro Concordia (Guararí) extremo oeste de la Montaña del volcán Barva se localiza en la provincia de Heredia, aproximadamente 3.3 km al este de la línea divisoria provincial, y ha de distinguirse de la localidad La Concordia, ubicada contigua a la carretera que conduce a Sarapiquí en el sector perteneciente a la provincia de Alajuela."
Considerando I, Determinación geográfica
"En virtud de lo expuesto, se concluye... la facultad del artículo 2 de la Ley 65 de 1888 no se ha agotado en cuanto a la posibilidad de que una comisión científica emita un criterio sobre la extensión de la zona, pero una modificación de los límites fijados requeriría una ley formal."
"By virtue of the foregoing, it is concluded... the authority under Article 2 of Law 65 of 1888 has not been exhausted regarding the possibility of a scientific commission issuing an opinion on the extent of the zone, but a modification of the established boundaries would require a formal law."
Conclusión
"En virtud de lo expuesto, se concluye... la facultad del artículo 2 de la Ley 65 de 1888 no se ha agotado en cuanto a la posibilidad de que una comisión científica emita un criterio sobre la extensión de la zona, pero una modificación de los límites fijados requeriría una ley formal."
Conclusión
"Los únicos derechos de posesión que podrían ser reconocidos son aquellos que deriven de una ocupación ejercida de manera quieta, pública, ininterrumpida y a título de dueño con por lo menos diez años antes de la afectación al dominio público del área declarada inalienable."
"The only possession rights that could be recognized are those derived from occupation exercised quietly, publicly, uninterruptedly, and as owner for at least ten years before the public domain affectation of the area declared inalienable."
Criterio jurídico DAJ-V-628-2010, citado
"Los únicos derechos de posesión que podrían ser reconocidos son aquellos que deriven de una ocupación ejercida de manera quieta, pública, ininterrumpida y a título de dueño con por lo menos diez años antes de la afectación al dominio público del área declarada inalienable."
Criterio jurídico DAJ-V-628-2010, citado
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Opinion : 480 of 12/19/2014 December 19, 2014 C-480-2014 Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta Minister of Environment and Energy Dear Sir:
With the approval of the Attorney General of the Republic, we refer to official letter DM-315-2010 of March 8, 2010, concerning the review of legal opinion No. OJ-020-2009 regarding the official status of map 14154 of the National Archive, the certainty of the location of the Concordia hill (cerro Concordia), whether the authority under Article 2 of Law No. 65 of 1888 was exhausted, and the condition of lands registered before and after the effective date of that Law.
By official letter DVM-217-2010 of December 7, 2010, an inquiry was made regarding the entity responsible for determining the legitimacy of titles and property rights located in the zone of Law No. 65 of 1888, the procedure for addressing requests from administered parties, and the destination of the files that are prepared. Legal criterion No. DAJ-V-628-2010 of March 4, 2010, was provided, which considers the map prepared by Moisés Rodríguez (National Archive, reference number 14154) to be a public document, despite not having located documents regarding its officialization, and that according to historical evidence analyzed by Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, it is incomplete in the sector of the Concordia hill (cerro Concordia), and the authority of the Executive Branch provided for in numeral 2 ibidem could not be considered exhausted in that sector, since the studies show that the difficulties of the era did not allow Henry Pittier and Moisés Rodríguez to finish the exploration and locate said hill (cerro) with scientific certainty, a task that requires a more rigorous study.
Regarding properties geographically located in the inalienable zone, legal criterion No. DAJ-V-628-2010 cites official letter No. AAA-738-2009, which transcribed part of legal opinion No. OJ-020-2009, and in which it was noted: "The only possession rights that could be recognized are those deriving from an occupation exercised in a quiet, public, uninterrupted manner and under claim of ownership for at least ten years prior to the public domain encumbrance (afectación al dominio público) of the area declared inalienable… In other cases, the occupation does not generate a possession right susceptible to being taken into account for positive prescription (prescribir positivamente) to the detriment of the public domain… Regarding registered properties, and as a matter of principle, only those that were registered prior to the declaration of inalienability and meet the attributes of the prior ten-year possession under claim of ownership could be recognized as legitimate. Regarding the others, the action to reclaim them is imprescriptible..." Legal criterion DAJ-V-628-2010 adds that properties registered in accordance with legal procedures once Law No. 65 of 1888 came into effect must be respected. It states that Law 65 of 1888 did not establish a protected wilderness area (área silvestre protegida), but rather declared state lands inalienable, encumbering them (afectándolos) for a public purpose for the protection of water resources, compatible with the economic uses of private properties, but subject to limitations. Regarding the southern boundary of the inalienable zone, it maintains that because it is not a protected wilderness area (área silvestre protegida), Articles 38 of Law 7554 and 58 of Law 7788 are not applicable, and the Executive Branch has the authority to recognize the natural heritage of the State, as well as to define the southern boundary guided by science. It considers that it is not the competence of the active Administration to decide on the legitimacy or not of registered properties, and recommends consulting on the procedure and requirements for forming the files for the study of the cases.
In legal opinion OJ-020-2009, the review of which is requested, the following questions, among others, were addressed:
"3) Based on the assumption of the validity of Decree LXV, what are the scopes of the powers that Article No. 2 thereof grants to the Executive Branch? And in that same sense, what is the corresponding legal procedure to make use of these powers?
As can be read from its text, Article 2 of Decree Law No. LXV of July 30, 1888, is concise in its wording, so one cannot go beyond its content.
From this, it seems to follow that it was the will of the legislators that the area declared inalienable in the first article would remain as such until a scientific commission came to define, after prior reconnaissance of the site, whether it would be increased or decreased according to the study it carried out; which, we suppose, would have to deal with determining the indispensable territory in the zone to conserve the streams (arroyos) and springs (manantiales) that supply water to the province of Heredia and a part of that of Alajuela.
To that effect, it is worth indicating that the Office of the Attorney General of the Republic is aware of the existence of a map surveyed in October 1888 at a scale of 1:10,000 that presumably would define the definitive delimitation of the area declared inalienable and which is preserved in the National Archive, under the map and plan series, reference number 14154. In said document, it is recorded that it is a 'WORK EXECUTED BY COMMISSION OF THE SUPREME GOVERNMENT' and prepared by Moisés Rodríguez.
Thanks to the cited survey, the National Geographic Institute (IGN) carried out an overlay on the Barva Cartographic Sheet, determining that the Cerro de Concordia mentioned in Decree Law No. LXV of July 30, 1888, first article, coincides with what is currently called Cerro Guararí:
'The studies carried out by the I.G.N. allowed determining that the so-called cerro La Concordia in 1888 is the one indicated in the second edition of the Barba topographic sheet at a scale of 1:50,000 with the name of Guararí at an altitude of 2599 meters.' (Official letter NO. 07-540 of April 9, 2007, signed by the Director General of the National Geographic Institute).
As long as there are no other historical elements of judgment leading to a different conclusion, a modification of the boundaries of the area declared inalienable by Decree Law No. LXV of July 30, 1888, could only be done by means of a law, since the area declared inalienable was definitively determined with the demarcation carried out by Mr. Moisés Rodríguez." Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, in a criterion dated February 18, 2010, maintained that the map of the engineer Moisés Rodríguez regarding the inalienable zone between the Zurquí hill (cerro Zurquí) and the Concordia hill (cerro Concordia), although it recorded the name of several hills (cerros) in the mountain range of interest, omitted the exact point of the Concordia hill (cerro Concordia), his work being incomplete and inaccurate, and there is no seal of its reception by governmental entities, for which reason he considers it lacks veracity and official status. He adds that documentation from more recent times alludes to institutional requests for carrying out the demarcation. He questions the studies and maps prepared by the National Geographic Institute regarding the coincidence between the Guararí hill (cerro Guararí) and the Concordia hill (cerro Concordia), since according to the Diccionario Geográfico de Costa Rica, and the book by Luis Dobles Segreda "Heredia, Geografía, Historia y Literatura", the Guararí has an altitude of 2599 m.a.s.l. and the second of 1900 m.a.s.l. He considers that the Concordia hill (cerro Concordia) is on the road to Sarapiquí, where today there is a small town with that name, and an altitude of 1900 m, so there is no coincidence in the location of both hills (cerros). He argues that Law 65 of 1888 excluded private lands reported (denunciados) previously and resolved favorably to acquire legitimate property in a zone that was a focus of colonizing expansion, areas that would be appropriate to exclude according to the authority granted to the Scientific Commission in Article 2 of the Law, since the cited map did not address this. He affirms that to set the boundaries of the inalienable zone in a technical and scientific manner, in addition to the National Geographic Institute, the Schools of Geography and of Topography and Cadastre, both of the National University, must intervene, taking into account the historical analysis of the properties.
In an addendum, he added that the Municipality of Heredia, in a session on August 18, 1890, requested the Governor to find out from the Secretary of the Branch about the commission Pittier received from the Secretary of the Interior (Gobernación) to carry out the demarcation of the zone two kilometers wide on either side of the summit of the mountain of the Barva volcano, since it was in the interest to separate the municipal lands bordering the referred zone. In the session of May 17, 1892, article 4, and with the aim of achieving that demarcation, the Municipality of Heredia requested Dr. Policarpo Trejos to plead with the President of the Republic for its execution. In the session of June 15, 1894, the note of the 9th of that month, signed by the Minister of the Interior (Gobernación), was acknowledged, where he indicated that the Commission to demarcate the inalienable zone had to be designated by the Municipality. In session XXV of December 1, 1894, it became known that the Municipality of Alajuela reported not having a budget for that task. In the session of March 4, 1895, article 4, a memorial from the Political Chiefs of Santo Domingo and San Rafael and the Police Agent of San Isidro and San Pablo was acknowledged, where they requested the Municipality of Heredia to elect a legal representative before the judge of the Administrative Litigation Court (Contencioso Administrativo) to manage the recovery of the lands that were being titled to the serious detriment of the province by making them appear as public lands (baldías) because they were not delimited. Vicente Monge was designated as the municipal representative. In the session of June 16, 1898, article 6, a note from the surveyor Moisés Rodríguez was acknowledged, where he indicated that the completion of the surveying (medida) of the inalienable zone between the 'Concordia and Zurquí' was near, and that the corporation should designate someone to receive the work. The Governor informing that Mr. Rodríguez had entered into the contract related to that work with the Supreme Government, it was to the latter that delivery should be made by means of the person commissioned for that purpose. He adds that upon meticulously investigating the files in the National Archive, no document or reference was found that proved the official delivery and reception of the work by Mr. Rodríguez; on the contrary, in response to a request from Mr. Ramón Barrantes, in December 1898, it is mentioned that Mr. Moisés Rodríguez be consulted about the surveys (medidas) he is carrying out. In the session of March 15, 1901, article 3, a memorial from several residents of San Isidro was acknowledged, where, as a result of a report (denuncio) published in the Boletín Judicial on the 13th of that month, as well as others already published with lands within the encumbered zone (zona afectada) that were municipal, they requested the Municipality of Heredia to present the map that Mr. Rodríguez was supposed to have prepared and which was supposed to exist in the General Directorate of Public Works. He considers, then, that there was no certainty about the existence of the map in that Directorate, nor that said Surveyor had informed the Municipality about it, nor of the official delivery of his work, which he did not finish, which is why there is uncertainty about the location of the Concordia hill (cerro Concordia), in addition to the fact that the record of March 15, 1901, refers to its location in Alajuela. He adds that on a 1932 map, the Concordia hill (cerro Concordia) appears in the Province of Alajuela, south of the Desengaño pass, and if so, it would be located at a much lower elevation than 1700 m, confirming what was indicated in his initial report.
In a writing dated April 14, 2010, Mr. Mauricio Méndez Z. provided the document "Diagnóstico y análisis de la Ley LXV del 30 de julio de 1888 que 'Declara inalienable las montañas en que tienen su origen las aguas que abastecen a Heredia y Alajuela'" (Diagnosis and analysis of Law LXV of July 30, 1888, that "Declares inalienable the mountains in which the waters that supply Heredia and Alajuela originate") dated February 2010, which he indicated he had carried out at the request of a group of residents of Santa Bárbara, Barva, San Rafael, and San Isidro de Heredia, and that it was reviewed by Mr. Fabián Volio E. On that occasion, he also attached the report and addendum by Dr. Aguilar Bulgarelli. He affirms that his investigation is not concluded, as a significant historical period still remains to be reviewed, but that it is a valuable source for clarifying the veracity of criteria and presumptions about the delimitation of the inalienable zone. He aims to establish the technical-legal basis of the procedure for that purpose and to complement the reports of the MINAE Technical Commission created for compliance with Constitutional Judgment No. 12109-2008.
He affirms that Law LXV of 1888 originated from the field observations and results of Dr. Pittier according to an excursion from July 3 to 6, 1888, the conclusions of which he recorded under the title "Exploración de la Masa del Barba" (Exploration of the Barva Massif) (La Gaceta No. 169 of July 22, 1888). He indicates that his concerns were taken up by the Executive Branch and sent to Congress. From that report, it follows that the zone to be protected is constituted by the crests of the mountains from the summit of Poás to the summit of Barva, but comprising only national or municipal lands, not those under private domain, given the knowledge of the existence of reported land claims (denuncios) or registered properties that constituted the physical location of the clearings (desmontes) mentioned by Pittier, and that would require expropriation to extend their protection.
According to data from the National Registry, municipal records, and rulings issued in land claim proceedings (denuncios), he adds that there are properties registered before and after Law LXV of 1888, of which at least thirty-nine have titles granted before July 30, 1888, with very large areas (70 caballerías or a little more than 3500 Ha), mostly located in the cantons of Barva and San Rafael, a product of the opening of the agricultural frontier promoted since the beginning of the 19th century by the Government, practiced since the Colonial period, including the clearing of forest for planting food sustenance for the possessors and the trade of wood species that originated the clearings (desmontes) and Pittier's concerns about the conservation of waters to supply the populations of Alajuela and Heredia.
He refers that the oldest residents native to Sacramento de Barva recount that in 1925, access to that sector was from Santa Bárbara, reaching Santo Domingo del Roble and from there to Sacramento by roads in very poor condition. He maintains that on the exploration of the Barva Massif, Dr. Pittier used the route that currently connects the sectors of El Roble, Carrizal, Cinco Esquinas, Concordia, Los Cartagos to Varablanca, a path that is observed on a 1921 map, prepared based on surveys carried out between 1891 and 1898 by Pittier himself, as well as on one by Eng. Arch. B. Williams, prepared in 1928 and published two years later, which describes the Zurquí hill (cerro Zurquí), the Barva Volcano, the Desengaño hill (cerro Desengaño), the Poás volcano, and La Concordia.
He indicates that the extreme limits of the protected zone created by Law LXV of July 30, 1888, are specifically the Zurquí hill (cerro Zurquí) and La Concordia, and they are recorded on historical maps of Costa Rica "with altitudes of 2200 masl for the Zurquí hill (cerro Zurquí) and 2523 for La Concordia." He affirms that on a 1930 map, La Concordia is west of the Poás volcano, and in other historical records, such as the Diccionario Geográfico de Costa Rica from 1923, La Concordia is "a site on the road to Sarapiquí, next to the Carrizal district of Alajuela, situated on the slopes of the hill of the Inglés (cerro del Inglés), at 1900 m. above sea level," an altitude coinciding with that cited by Luis Dobles in "Heredia, geografía, historia y literatura" from 1934, and according to the official cartography of the IGN Barva sheet, scale 1:50,000, corresponds to the Concordia town, located on the slopes of the Guararí hill (cerro Guararí), known since then by this name. He adds that the elevation given to the minor hill (cerro) called Concordia of 1900 m differs widely from the elevation of Guararí at 2599 m, and there is no correspondence between both geographical sites or landmarks (hitos geográficos). He adds that for the residents and inhabitants, the Concordia hill (cerro Concordia) is east of the Concordia farm, which gave its name to the homonymous town registered on that cartographic sheet, for which reason he questions the criterion used by the IGN in official letters 07-01066 and 05-973 relating to the location of the Concordia hill (cerro Concordia) and the approximation result or closest match with the Guararí hill (cerro Guararí).
Regarding the authorization of Article 2 of Law LXV of 1888, and the formation of the Scientific Commission it provides for, he argues that commissions were a common practice in the country's exploration process, of relevance to Law LXV of 1888 due to the short period between the reconnaissance carried out by Pittier and the publication of the law. He lists the difficulties of access, the lack of official cartography, and the little knowledge of the lands as determining factors for creating that Commission and scientifically determining the boundaries and necessary extension of the protected zone, as Pittier himself recognized:
"c) Explorations. As a result of my prolonged absence abroad, these have been almost reduced to the study of the part of the Barva mountain range included in the territory corresponding to the province of Heredia. I took on this work at the request of the Secretary of the Interior (Gobernación), with the object of setting the lower limit of the inalienable forests (bosques inajenables). This is an extremely difficult task, especially for a single engineer, and also because it is not only a matter of drawing a line around the mountain, as one might suppose, but of a detailed study of the nature of the lands, the inclination of the slopes, and the other conditions that must be taken into consideration in the matter. In the surveying of the regional map that is to be attached, I have not yet been able to advance as much as I desired, mainly because the tachymeter requested for the Institute only arrived a few days ago—and in a terrible state. Due to this cause, I have had to limit myself to establishing a chain of triangles in the upper part of the canton of Barba, and to the surveying of certain parts by means of the photo-topographic apparatus. In compensation, the other investigations are well advanced, and I will soon have the honor of sending the corresponding report to the Secretary of the Interior (Gobernación), together with my conclusions." (Anales del Instituto Físico Geográfico, National Museum, 1889, p. VIII).
He cites regulations subsequent to Law LXV of 1888 (Law No. 13 of January 10, 1939, Article 9; Law No. 2825 of October 14, 1961, numeral 7, subsections c), e), g), and f)), which maintained the need to protect the zone foreseen in 1888, as referred to in legal opinion OJ-118-2004, which indicates that in the cartographic sheets and data supplied by the National Geographic Institute at that time, no hill (cerro) with the name Concordia is recorded, but given the existence of a map of the zone between the Zurquí and the Concordia hills (cerros Zurquí y la Concordia), available in the National Archive, where the Zurquí, Turruces, Tibás, Delicias, and Piedra hills (cerros) are located, but not the Concordia, it considers that to locate it with certainty or establish if it exists under another name, it would be appropriate to request a study from the National Geographic Institute.
Mr. Mauricio Méndez adds that, although as a result of legal opinion OJ-118-2004 the IGN interpreted the location of the Concordia, the bibliographic and cartographic reference of his investigation reveals the differences in elevation between the Concordia and the Guararí, and faced with legal opinion OJ-020-2009 concerning the delimitation of the inalienable area presumably according to the map prepared by Moisés Rodríguez and the overlay that the National Geographic Institute made of it on the Barva Cartographic Sheet, determining that the Concordia hill (cerro de Concordia) of Decree Law No. LXV of July 30, 1888, first article, coincides with what is currently called the Guararí hill (cerro Guararí), he points out that said map does not present the proper labeling of all the geographical references in the text of the Law and lacks the rigor and precision expected by Pittier, the municipalities, or the Supreme Government, because if it had met the technical rigor of the era, it would not have required the IGN's adjustments.
He refers that in 1975, Decrees 4961-A and 5386-A created the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve (Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central), apparently including the lands of Law LXV of 1888. That this Reserve came into effect considering the lands as private property (the majority), with general aspects of use and development. He points out that one of the vertices of the Reserve coincides with the location of Concordia, an aspect omitted in the analysis of the Attorney General's Office and the National Geographic Institute.
He mentions the creation of the Braulio Carrillo National Park and its expansion, the validity of the Plan Regional Metropolitano of 1982, with land-use regulations for private lands located outside the National Park; modified in 1997 by Decree 25902, and applicable to 31 cantons of the GAM, except for those with a regulatory plan, and maintains the current land-use conditions for the lands located north of the cantons of Heredia and Alajuela that are not part of the National Park. He cites the Plan de Ordenamiento Ambiental adopted in 2001 by Decree 29393 (Article 1), which, for the purposes of Article 37 of the Organic Law of the Environment, regulates the activities of private farms included within forest reserves, protected zones, and state and mixed wildlife refuges. That although tacit or express repeals of Law LXV of 1888 are not observed in that regulation, it did affect its delimitation and public recognition.
He maintains that if the Scientific Commission were formed according to his line of thought, the various protected wilderness areas (áreas silvestre protegidas) would be integrated into a single management category that would allow consolidating the objective proposed in 1888, as well as expanding the net area of absolute protection of the highlands of Heredia and part of Alajuela, by adding lands with little land-use regulation from the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve, avoiding the subdivision (fraccionamiento), titling, and land-use processes that have taken as reference the boundaries of the Forest Reserve and the National Park. He adds that lands legally registered before the entry into force of Law LXV are exempt from its encumbrances (afectaciones); however, they are subject to land-use regulation according to urban planning precepts.
He asserts that the officialization of the sketch by surveyor Moisés Rodríguez is unlikely because it has no associated formal official document, due to its technical deficiencies and the repeated municipal requests to delimit the inalienable zone. He considers that the IGN's technical reports on the boundaries of that zone are biased by the presumption of the official status of said map, and the inaccuracy of the location of the Concordia in relation to the cited maps and bibliography. That although at least two commissions were appointed, one of them formed by Pittier, they did not conclude their work, pending even in 1910 due to the lack of documentary or material reference of a map or plan with the boundaries of Law LXV of 1888.
He indicates that the task of delimiting the inalienable zone was assumed by the municipalities of Heredia and its governorship without physical or cartographic results. And, since there is no official document that cartographically or physically delimits the inalienable zone, he considers that the norm is ineffective for not providing the Administration with the necessary references for its application. Given this, he considers the authority of Article 2 of Law 65 of 1888 to increase or decrease the inalienable zone according to the criterion of the Scientific Commission to be in force, and only if modifying the zone's boundaries in relation to the current text would a new Law be necessary.
I.- The response to the questions posed required compiling and analyzing numerous background information and historical-geographical data, as we have done in other pronouncements (OJ-42-2005, OJ-50-2005, OJ-204-2005, C-351-2006). Let us see.
Prior to Law 65 of 1888, between 1813 and 1882, due to the scarcity of water, especially during the dry season, provisions were requested and adopted to prevent its waste, demand the granting of use licenses, conserve its headwaters and banks, prohibit the felling and destruction of mountains, repopulate the woodlands, appoint forest rangers and rural police agents, and impose fines in case of infraction. ([1]) Among them, the Law of June 13, 1828, the provisions of the Supreme Government of the State of August 25 and September 30, 1831, and April 29, 1833, issued, as the Municipality of Heredia recognized in 1834 and 1847, to contain at all costs the felling of woodlands (tumba de montes) that probably exposed the towns to their extermination, if their subordinate authorities did not put up dikes against such a rushing torrent. (National Archive, Heredia Municipal Archive, reference numbers 518, folio 19 v-21v; 632, folio 79-101 v).
Between 1823 and 1887, the compiled data, some related to land claims (denuncios), refer to the rivers and streams (quebradas) that originate in the hills (cerros) of the Barva volcano mountain, such as: Bermúdez, Ciruelas, Guararí, Hondo, Itiquís, Lajas, Las Vueltas, Mancarrón, Pacayas Gordas, Pará, Poró, Porrosatí, Sarapiquí, Seca, Segundo, Tibás, Tranqueras, Turales, Turrú, and also the lagoon of that volcano. ([2]) Between 1831 and 1885, the information also refers to the cordillera, summit of the sierra, or chain of mountains of the Barva volcano and several of its hills (cerros): Guararí, Piedra, Turú, Caricias, and Zurquí. ([3]) The summit of that Barva volcanic massif is constituted by about 10 cones and craters, some of which are occupied by lagoons like Danta and Barva. The main summit reaches 2906 m. To the southwest of the summit is the secondary cone of Guararí, an ancient attached cone from which three lava flows contemporaneous with the pyroclastic cone formation flowed, and for that reason, it has a horseshoe shape open toward the southwest. ([4]) The Guararí hill (cerro Guararí) is located northeast of Santo Domingo del Roble de Santa Bárbara. This hill (cerro) has held various names, among which Montaña del Inglés and Concordia stand out. ([5]) In this regard, Guillermo Alvarado Induni points out:
"Like its Guanacaste brothers, they can be visualized forming pairs or volcanic duos: Platanar-Porvenir, Poás-Botos, Barva-Guararí, Irazú-Turrialba. Of these volcanoes, only Poás, Irazú, and Turrialba are historically active; the Barva massif is actually the largest in Costa Rica, presenting solfataric and thermal water activity. These volcanoes show minor eruptive foci (pyroclastic cones, stratovolcanoes, calderas, explosion craters), oriented N-S, evidencing the existence of cortical fractures." ... "West of the Barva lagoon is located the Guararí hill (cerro Guararí) (2599 m.a.s.l.), also known as Concordia, Pico Inglés, or Cuerizí, which constitutes an ancient attached cone with a possible crater open to the southwest. It was also called Chibusú in 1783." (Volcanes de Costa Rica: geología, historias y riqueza natural. UNED. 2000. p. 2, 172-173).
The name Montaña del Inglés is due to the origin of John Gerard Hale or Juan Hale, for whom a project to found a colony was approved in 1825. ([6]) Ricardo Fernández Guardia pointed out that Hale's purpose was to form a colony of North American and British immigrants in a mountainous region of Heredia, near the trail to Sarapiquí, known for that reason as the "Montaña del Inglés." However, the project was not carried out (Costa Rica en El Siglo XIX, Antología de Viajeros, EDUCA, 1982, p. 11).
The Concordia hill (cerro Concordia, Guararí) of the mountain known by the name of the Barva volcano is distinguished from the Poás volcano because they are separated by the Desengaño Depression or Pass through which the road to Sarapiquí passes. ([7]) In that sense, in Pittier's scientific excursion to the Poás volcano from July 25 to 27, 1888, in a report on the 31st of that month, he indicated: "Poás is the westernmost mass of the central volcanic cordillera of Costa Rica; it lies between the Desengaño depression, to the East, and the one that connects the Grecia plateau with the Toro Amarillo basin, to the West." (La Gaceta No. 221 of September 22, 1888, p. 1279-1281). The expenses of the tour were paid by the Ministry of Education (National Archive, Education Archive, reference number 2501, folio 86).
In 1861 Dr. Frantzius, in his Contributions to the Knowledge of the Volcanoes of Costa Rica, indicated that the summit of the Barva volcano is populated with trees and on its northern slope there is a small lagoon of almost 200 feet in extent that could be considered an extinct crater. He noted that to the southwest of the volcano’s crater “there are many mountains populated with forest of almost the same height as the crater, which bear the name of Guararí” and that “from the small town of Barba between the aforementioned Guararí and Zurquí mountains a road passes that leads to the very volcano.” He added that the Barva volcano is separated from the Poás and Irazú volcanoes by depressions (Contributions to the Knowledge of the Volcanoes of Costa Rica by Dr. Av. Frantzius, Petermann’s Geogr. Mittcilungen 1861 Heft IX; Archivo Nacional, Fondo José Fidel Tristán Fernández, signatura 72a).
Similarly, in 1912 Pittier indicated that the Barva Massif had as its ends the Zurquí hill and the Guararí mountain range, with the hills of “Carizia” and “Zurquí” to the east the range continues and concludes near the “Paso de la Palma.” As the true Barva group he pointed out the one with rounded forms and the greatest height (2903), with three summits that form almost a triangle, the southern summit being the volcano, and the presence of a nearby small lagoon of fresh, clear water at an elevation of 2820 m. He added that the volcanic rocks continue forming a well-defined band up to the Guararí range, which forms the companion of the “Cerro de Zurquí.” (Costa Rica. Su orografía e hidrografía. Por el Prof. Henri F. Pittier. Tomado de la Revista Dr. A. Petermann Mitteilungen No. 175-1912. Traducido del Alemán por la Sra. E. v. de Wiepking para la Revista de Costa Rica. Año III. Febrero de 1922. No. 6. Trejos Hnos. Imprenta, Librería y Encuadernación. San José. p. 102, 146-147, 204).
On December 20, 1913, the Topographical Engineer Pedro Nolasco Gutiérrez, an official of the Meteorological Observatory, as part of the astronomical and geodetic work done and compiled for the map and geography of Costa Rica, reported for the Concordia hill the height of 2577.3 m, with Latitude 10.7.17.I and Longitude 84.7.35.5. For the central peak of the Barva volcano, one of the three visible from San José, he assigned 2967.2 m, Latitude 10.8.4,8 and Longitude 84.5.41,7. (Archivo Nacional, Fondo José Tristán Fernández, signatura 145.15). ([8]) The height of 2577.3 m for the Concordia hill given by the Topographer Nolasco Gutiérrez is equivalent to the 2599 m that the Barva map sheet of the Instituto Geográfico Nacional in its 1967 edition reports for the Guararí hill.
In 1934, Luis Dobles Segreda reported 2967 m for the highest dome of the Barva volcano. For the Desengaño pass he assigned 1880 m and 2121 m for its highest point. For the Zurquí hill he reported 1890 m, for the La Concordia hill 2661 m, and for the locality of La Concordia 1900 m. (Dobles Segreda, Luis. La Provincia de Heredia. Apuntamientos Geográficos. Imprenta Lehmann. San José. 1934, p. 71-72).
The 1947 map of the Instituto Geográfico Nacional, called Meseta Central, Plano Parcial, second provisional edition, scale 1/50000, draws between vertical coordinates 84°5’ – 84°10’, horizontal 10°05’ – 10°10’, north of the canton of Barba: the Volcán Barba. West Summit 2900, Central Summit 2926, East Summit 2825. North of the West Summit it draws a crater lagoon (Laguna Cratérica). To the northeast of the Central Summit and to the east it describes extinct craters. To the west of the Barba volcano is the Guararí hill, with its North Summit 2625 m and South Summit 2580 m. (Archivo Nacional, Fondo Planos, signatura 15735). The south summit of the Guararí hill of 2580 m reported by the Instituto Geográfico Nacional map in 1947 is very similar to the 2577.3 m that the State Topographer Nolasco Gutiérrez attributed to the Concordia hill in 1913, and the 2599 m that the Instituto Geográfico Nacional reported in 1967.
The Concordia hill (Guararí), the western end of the Barva volcano mountain, is located in the province of Heredia, approximately 3.3 km east of the provincial dividing line, and must be distinguished from the locality of La Concordia, located adjacent to the road that leads to Sarapiquí in the sector belonging to the province of Alajuela, approximately 200 m west of the same dividing line at its shortest distance and 450 m west of that line at its greatest distance based on the Barva map sheet of the Instituto Geográfico Nacional, 1967 edition.
Unlike the Concordia hill, the settlement of La Concordia is located adjacent to the road to Sarapiquí. That site, or hamlet at the time, is cited by the Diccionario Geográfico de Costa Rica, first edition of 1904, when referring to the Sarapiquí River ([9]) it notes:
“One of the most important rivers in the country and the most voluminous of the tributaries of the San Juan. It rises on the northern slope of the Volcán de Barba…In normal times, the products of Sarapiquí could be exported through the Barra del Colorado if the navigation projected by one of the past governments is established, and they could be easily conveyed to the interior, with very good returns for the cultivators, if a good and lasting road is established from La Concordia to the Muelle.” (The emphasis is not in the original). (Noriega, Féliz F. Diccionario Geográfico de Costa Rica. De Avelino Alsina. San José. Costa Rica. 1904, signatura CR 917.286/B 456, p. 202-203).
In the 1923 edition, the same Diccionario Geográfico indicates that Concordia is “a site on the way to Sarapiquí, immediately after the Carrizal district of Alajuela, located on the slopes of the Inglés hill, at 1900 m above sea level” (the bold is ours). (2a. Ed. Imprenta Nacional. San José. Costa Rica. 1923, p. 51).
The cited 1900 m of altitude coincide with those that Luis Dobles Segreda attributed in 1934 to the La Concordia hamlet, in contrast to the 2661 m height that the same author assigned to the Concordia hill.
Between 1877 and 1916, requests to the State and its actions become evident, especially through the Gobernación of Heredia, the Political Headquarters (Jefatura Política) of Barva, and the Secretariat of Development (Secretaría de Fomento), by means of the General Directorate of Public Works, aimed at the repair of the Sarapiquí road, encompassing the “La Concordia” hamlet, as well as the carrying out of inspections and reports to make more precise drainage on the road, fill the deep holes caused by landslides and the dragging of timber, order its transport in logs and the removal of poles, repair the bridges to leave the road clear for public traffic, require the owners of both margins to contribute reasonably in the contribution detail for the budget of the Itinerant Boards (Juntas Itinerarias) of Heredia and Alajuela for the maintenance of the road, considered by the Secretariat of the Interior (Secretaría de Gobernación) as the boundary between both provinces, while they settled their boundary disagreements, and also by the Secretariat of Development to designate the members of the statistics board. ([10]) The name “Concordia” is found assigned first to a place called “Rancho de la Concordia” or “La Buena Esperanza,” located on the right bank of the road from Heredia to Sarapiquí on its south-to-north route. The claim (denuncio) for that land was presented to the Treasury Court (Juzgado de Hacienda) on January 22, 1863, with the following boundaries: north, the league of public instruction of Heredia, with the Tambor River in between; south, lands of Carrisal; east, lands of the Company that discovered a trail to the Sarapiquí River; and west, the current road to Sarapiquí. The interested party stated that he presented the proceeding in the hope that the rights of the aforementioned discovering Company would be declared lapsed; committing to the payment for the land, costs of the survey and of the expediente (case file), not to impede the entrances and exits to the adjacent vacant lands, and to the payment of damages and losses if the land were not vacant pursuant to Supreme Order No. 59 of February 15, 1859. On August 19, 1864, the National Treasury Prosecutor (Fiscal de Hacienda Nacional) had no objection to proceeding with the expediente and appointing a surveyor for the measurement, because Decree 11 of August 12, 1861, had declared lapsed the concessions of the Itinerario del Norte company. The title was issued on December 2, 1880. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4153, f. 1-47 v).
To that property a transcribed report referred on September 11, 1937, by the Secretariat of the Interior, where the Governor of Heredia, in a water dispute between the La Concordia property and another private party, revoked the judgment of the Cantonal Water Judge of Heredia that had compelled one of the parties to build on its property a diamond-point dividing the waters, because a water easement (servidumbre de aguas) that had ceased several years ago could not be re-established without violating Articles 6, 9, 10, and 12 of the Water Law (Ley de Aguas). (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 22166).
Another claim presented in 1831 in that area indicated the need to respect existing labors and other pre-established rights, particularly that of the company in charge of opening the road to the Sarapiquí River. The Municipality of the town of Barva was summoned for the measurement, with the Commissioner requesting that it inform the other residents with properties north of that town so that they would attend with the titles or documents of their lands. Pio Murillo, of the same town, was summoned as the entrepreneur of the new trail of the Sarapiquí road. That company intended to open and maintain a good road from the town of Barva to the point where the Sarapiquí River begins to be navigable, and to make easier and more advantageous the communication for the needs of trade with the Atlantic Ocean. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 196, f. 80-81; Compilación de Leyes no insertas en las Colecciones Oficiales. Formada por el Lic. Don Cleto González Víquez, Tomo II, p. 336-337).
In 1848, the road to cross and go around the mountain range or mountain of the Barva volcano comprised the Segundo, Mancarrón, and Porrosatí rivers, the division of roads between Santa Bárbara and Barva, the Ciruelas and Pacayas Gordas rivers, the sectors of las Domingas, the rancho of the Quebrada de los Gallegos, and the Rancho de Vara Blanca. Once past the mountain range, a flat and firm terrain appears. In 1852, in the maintenance of that road to Sarapiquí, the names of the crossing of the Guararí River and the Desengaño pass appear, the latter so named because when the land immediately located on the other side of the chain of volcanoes that limits the high plateau was explored, it was believed they would reach the San Juan River; but instead of that, the explorers saw that they faced a virgin forest that required a journey of several days to cross and in which, because of the road project to the east coast, the trail to the Sarapiquí River was opened. On December 14, 1877, the owner of a piece of land also located at the point called “La Concordia,” which bordered on the west with the aforementioned Sarapiquí road, filed a complaint in the Criminal Court (Juzgado del Crimen) for dispossession and cutting of trees and woodlands. ([11]) In a report dated November 14, 1911, the Governor of Heredia cited along the route of the Government road from Heredia to Sarapiquí, the city of Barva, the district of Santo Domingo de Santa Bárbara (El Roble), the Porrosatí River, la Concordia (hamlet), the river of the same name and its recently repaired bridge, the bajo of Desengaño, where the wooden house that the Government built during the administration of Cleto González Víquez existed, which had functioned as a school and telegraph office, but by then was only inhabited by the telegraph guard. After Desengaño one passed through Vara Blanca, where there were several cattle farms, the climate being cold, the soil fertile, and the pastures green all year, being almost uninhabited. He noted that in Cariblanco the temperature approached that of the interior, and that passing by the Congo hill one arrived at San Miguel, where the climate was hot, with some huts, its flat, very fertile ground, and it produced three harvests of corn per year; beans, cocoa, sugar cane, and bananas flourished. Regarding La Virgen, he cited its small population, with dwellings like those of San Miguel and Chilamate, pretty palm-thatched huts on an extensive plain through the center of which runs the Sarapiquí River, with fish and clear waters. He noted that La Virgen was the midpoint between La Concordia and Trinidad (the mouth of the Sarapiquí River) and therefore the most suitable site for the residence of the authority, with the necessary amenities for a Police Agency, telegraph office, and jail. He added that the road from Heredia to Sarapiquí did not appear to have been laid out without study, but attention had to be paid so that from a horse trail it could become a cart road. (La Gaceta No. 151 of December 29, 1911, p. 804-806).
Thus, the La Concordia hamlet owes its name to the aforementioned property located on the eastern bank of the road from Heredia to Sarapiquí. Meanwhile, the hill located east of that property, as we have seen, was also called Concordia, Montaña del Inglés, or Peñón de Guararí, and always as part of the Barva volcano mountain.
Subsequently, no hill named “Concordia” was found in the vicinity of the Poás volcano, even more so if we consider that the zone declared inalienable by Law 65 of 1888 is the summit of the Barva volcano mountain:
“Art. 1°— An inalienable zone of land two kilometers wide, on one side and the other of the summit of the mountain known by the name of Montaña del Volcán de Barba, from the hill called Zurquí to the one known by the name of Concordia, is hereby declared inalienable, whether said zone is of national or municipal property.” Regarding the Poás volcano, twenty-four years after Law 65 of 1888 was issued, its crater and lagoon, as well as a zone of 2000 meters around both, were declared unclaimable and property of the State by Law No. 44 of June 13, 1913. The inalienable area of the Poás volcano is described on the map in the Archivo Nacional with signatura 9987. ([12]) The location of the Concordia hill (Guararí) within the territorial jurisdiction of the Province of Heredia was not ultimately affected by the discrepancies between Heredia and Alajuela regarding the material demarcation of the boundary between both provinces, a territorial location reinforced by the creation of the canton of San Carlos in the Province of Alajuela and the cantons of Santa Bárbara and Sarapiquí in the Province of Heredia, since the regulations in force on their boundaries observe the dividing line that, based on Law No. 22 of September 19, 1865, and Decreto Ejecutivo No. 3 of April 11, 1866, was drawn starting from the Higuerón or Cascante boundary marker in a straight line north between both Provinces. ([13]) Furthermore, it should be taken into account that there were sectors of the Barva volcano mountain and its Concordia hill (Guararí or Montaña del Inglés) that were the subject of adjudications and claims before Law 65 of 1888 was issued. ([14]) II.- Prior to Law 65 of 1888, Pittier, as Director of the National Meteorological Institute, explored the three volcanoes near the central plateau. In a report dated April 7, 1888, he referred to the excursion to the Irazú volcano from March 27 to 31 of that year. He indicated that the upper limit of potato cultivation was at 2850 m. He desired that the Government take measures to conserve the slopes of Irazú and our beautiful mountains still covered with rich vegetation, to prevent them from turning into masses of bare rocks and dry ravines, and to prevent the valleys from being exposed to floods and landslides. He advised the Secretary of State to try to obtain from the Supreme Government the following measures:
“1°. Prohibit the destruction of these forests by means of fire; 2°. Purchase, on behalf of the Public Treasury, all the upper forests that were not national; 3°. Prohibit the alienation of national upper forests; and 4°. Prohibit the destruction of those found near important rivers and sources. Concerning the first point, it seems opportune to call the attention of forest owners to the considerable value that oaks, cedars, and many other cabinetmaking woods will acquire as soon as the Cartago-to-Atlantic railroad opens to traffic, and in general for internal commerce, when communications are facilitated. The prescriptions listed above, like the current ones, however, will be a dead letter if the Government does not organize a regular forest police, and if it does not endow the country with good forest legislation, together with the governmental provisions necessary to make it effective.” (La Gaceta No. 88 of April 17, 1888, p. 457-458).
Pittier expressed similar concerns in his report of July 10, 1888, on the excursion he conducted with Professor José Moreno between July 3 and 6 of that year to the “group of Barba,” which he identified as part of the volcanic mountain range located between the hollows of Desengaño and La Palma. The highest of those hills he considered the culminating point of the Barba volcano, which, seen from San José, consisted of three domes of almost equal height. The hills located to the east were lower in elevation and known by the names of Monte Caricia and Monte Zurquí. On July 4, Pittier and his companion spent the night at the hacienda “Recreo” of Doctor Flores, Governor of Heredia. Then, they continued their journey toward the Barva Lagoon. On their return, they verified that they had used the old road, now almost abandoned, that previously led to the plains of Santa Clara by a trail cut between the southern slopes of the Barva hill, successively crossing several branches of the Ciruelas River, in a journey of approximately four hours until reaching the Lagoon, whose elevation Pittier calculated at 2748 m. Regarding the hypsometry of the Barva group, he indicated that the average of three measurements gave an approximate height of 2835 m, taking San José (1135 m) as the base. Northeast of the Lagoon, on its banks, they noticed that civilization had left its mark with a clearing, and that the felled trees awaited the dry season to be burned. In view of this, Pittier insisted again “on the peremptory need to declare that all those forests located beyond a certain limit set by law are inalienable and fall under the protection of the State.” He added that the last maize fields were located at 1950 m., an elevation that could be considered the lower limit of the oaks. (La Gaceta No. 169 of July 22, 1888, p. 911-912).
In a similar vein, in a later publication, Pittier indicated that on “the Barba, pastures rise up to 2200 m directly North of Heredia, while the lower edge of the forest remains at the height of Desengaño, further West.” He added that the general line of separation between cultivation and the forest was far too high, and in view of the clearings and in the interest of the country, he deemed government intervention absolutely necessary to protect against the irrational devastation of the few remaining forests, because they aid agriculture by counteracting wind gusts and excessive irradiation of the soil, conserve the necessary humidity, regulate the rainfall regime, and allow the percolation of waters so they become limpid springs (fuentes). (Apuntaciones sobre el clima y geografía de la República de Costa Rica, Boletín del Instituto Meteorológico Nacional. Tomo I-1888, Tipografía Nacional, San José, Costa Rica, 1889, p. 28-33).
In a similar sense, as early as 1861, Dr. Frantzius had attested to the considerable height of cultivation on the Barva volcano mountain when he noted that the southern slope of that volcano was so gently inclined that there were crops up to a great height, and that from the small town of Barva, between the Guararí and Zurquí mountains, a road passed that led to the volcano. (Archivo Nacional, Fondo José Fidel Tristán Fernández, signatura 72ª).
The road to the Barva volcano mountain did not require traveling through the sectors currently known as El Roble de Santa Bárbara or Sacramento, because there was a route that connected the city of Barva directly with the Town (Villa) currently called San José de la Montaña. That road extended to the hacienda of the then Governor of Heredia, Dr. Juan Flores, located in the “Isla” of the Barva volcano mountain, where Pittier stayed on July 4, 1888, when, as we have seen, he first visited the Barva volcano and its Lagoon.
Previously, a provision of January 8, 1875, had ordered the repair of the main road that led to the site of the “Isla,” a measure resumed by supreme resolution No. 92 of May 13, 1880 (La Gaceta No. 669 of May 15, 1880, p. 2). In November 1875, regarding the road to the Barva volcano mountain and its municipal lands, with respect to the fork branch coming from the city of San Rafael de Heredia, without the need to pass through El Roble de Santa Bárbara or Sacramento either, news is available due to the opposition that the Municipality of Heredia made in the National Treasury Court (Juzgado de Hacienda Nacional) against the claim of a thirty-manzana piece of land at the point called “El Gallito” that bordered on that road. The Municipality maintained that the property belonged to it as common land (ejido). The individual withdrew, and the expediente was archived on September 18, 1876. (Archivo Nacional. Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4219, f. 1-4).
Also concerning the maintenance of roads in the Province of Heredia, on January 3, 1882, the Governor of Heredia informed the Secretary of Development, according to data provided by the Political Chiefs (Jefes Políticos) of Barva and Santo Domingo and the Police Agent of Santa Bárbara, that in the canton of Barva the road that leads to Santa Bárbara, crossing the San Pedro de Barva neighborhood up to the “Porrosatí” river, was fully maintained, and that the repair of the “Sarapiquí” road had begun for a stretch of about four leagues up to “Desengaño”; and with respect to the main road to the mountain of the canton of Barva, it had begun to be repaired at the expense of the interested parties, with more than a thousand varas having been maintained by then. (La Gaceta No. 1161 of January 5, 1882).
For the conservation of that same road to the Barva mountain, on June 6, 1889, the Political Headquarters of Barva, based on Article 221 of the Police Regulations (Reglamento de Policía), ordered that it should not be used for dragging down poles, under penalty of a five-peso fine and loss of the poles, and tasked the Justices of the Peace and commissioners with its enforcement. The restriction included the points called “Horqueta de caminos,” on the mountain of don Braulio Morales, and “Higueroncito” on the property of Dr. Juan Flores. (La Gaceta No. 150 of June 30, 1889, p. 896). That fork of roads can be seen on the Barva map sheet of the Instituto Geográfico Nacional from 1967, between vertical coordinates 525 and 526. The road coming from Villa San José de la Montaña is called “CALLE HIGUERON”; the other road forming the fork comes from los Ángeles de San Rafael. North of the fork, approximately 2.5 km, the map sheet cites the site “Gallito” between vertical coordinates 525 and 526 and horizontal coordinates 231 and 232.
Map 8104, with studies of the location of the leagues of Alajuela, Heredia, Santo Domingo, Barba, Fraijanes, and La Unión and information from 1899, describes the two leagues of Heredia bordering on the east with the League of Santo Domingo and on the west with the league of Barva, and contains the road that comes from the city of Heredia and passes east of the Barva Lagoon. (Archivo Nacional, Fondo Planos, signatura 8104).
Similarly, on the map of the province of Heredia dated May 1911, signatura 10285, drawn by Daniel González V, scale 1:20,000, the road can be seen that from the city of Barva passes directly northeast through the Town today known as San José de la Montaña until reaching what was the property of Dr. Juan Flores. On its route, the road is crossed by the Mancarrón River. At the summit, the road has the Porrosatí River to its left and the Mancarrón River to its right. North of the city of San Rafael de Heredia, it draws the mountain and at one point identifies the name “El Gallito.” It describes the Mancarrón River as part of the boundary between San Rafael and Barva. Between the banks of the Mancarrón and Porrosatí rivers and on the mountain, it indicates the land of the “Isla de Barba” and within it the property of “Dr. Juan Flores.” North of that property, the map draws “La Laguna” of the Barva volcano and the spring (naciente) of the Las Ciruelas River in the part of the volcano mountain that belongs to the canton of Barva. Also within the Barva volcano mountain, the springs of the Mancarrón and Porrosatí rivers can be seen. North of the city of Barva, it draws the relief of the Barva volcano mountain and “La Laguna.” From the Lagoon westward, within the same mountain, it describes the hill “La Concordia.” Between “La Laguna” of the volcano and “La Concordia,” it draws the spring of the Guararí River. The hill “La Concordia” can be seen northeast of Santo Domingo del Roble de Santa Bárbara. Furthermore, the union of the waters of the Las Ciruelas River with that of Pacayas Gordas can be seen, the latter having its spring in the part of the mountain that belongs to the canton of Santa Bárbara. The map traces the “camino de Sarapiquí” that from the city of Barva moves northwest to the Higuerón de Cascante, and on its route it is crossed by the Porrosatí, las Ciruelas, Pacayas Gordas, and Guararí rivers. (Archivo Nacional, Fondo Planos, signatura 10285).
Given that the route Pittier used to ascend the Barva volcano from July 3 to 6, 1888, is clear, in light of his recommendations on the need to prohibit the destruction and alienation of the upper national forests, especially those near important rivers and sources, reiterated in a report of July 10 of that year on the excursion to the Barva group, on July 11 the Municipality of Heredia pronounced favorably on three requests formulated by the Governor, Dr. Juan J. Flores. The third of the Governor’s recommendations concerned declaring inalienable and inapplicable to agriculture of any kind the crests of the mountains of vacant or municipal lands where the springs that supply drinking water originate. On July 12, the Governor sent the municipal agreement to the Secretary of the Interior and indicated that for many years pressing needs had been felt in the province of Heredia without being remedied, and among other measures, they requested Congress to issue a provision declaring inalienable and uncultivable the crests of the mountains of national or municipal vacant lands where the springs that form the rivers that supply drinking water to the populations of that Province originate, because of the decrease in water caused by the clearings being made in the surrounding mountains, it being necessary to guarantee the stability of the springs by declaring the mountain crests sacred, since these, covered with natural forests, attract the clouds and their waters give rise to the springs, and because in addition to conserving the humidity and coolness of the soil, they serve as an ornament to the landscape of no small significance, especially for future times. On July 18, 1888, the Secretary of State, Pedro Pérez Zeledón, complying with the order of the President of the Republic, sent to the Chamber the request from the Gobernación of Heredia on behalf of the Municipality of Heredia, regarding prescriptions aimed at conserving the flow of the rivers and streams that serve the main towns of that Province, so that it would be dispatched favorably. (Fondo Congreso, signatura 9702, f. 33-41; La Gaceta No. 166 of July 19, 1888).
On July 19, 1888, the Constitutional Congress received the note from the Secretary of State submitting for its consideration the request of the Governor and the Municipality of Heredia for the enactment of a law declaring the summits of mountains of national or municipal property inalienable, and prohibiting the destruction of their forests to prevent the destruction of their springs or fountains. The alluded documents were sent for study to the Development Committee (Comisión de Fomento). On the 21st of that month, the Committee considered that the Municipality’s requests aimed at the progress and advancement of that province, that the reform of the water pipes and conservation of the water flow were of urgent necessity, and it proposed the respective bills. In the original bill, the western end of the inalienable zone was indicated as the point called Desengaño. That same day, the Secretariat of Congress admitted the proposed bills. In the session of July 23, 1888, the bill was given its first reading, and on the following 24th, its second. ([15]) On July 25, 1888, the bill was discussed and regarding article 1, Deputy Dávila stated that it was not necessary to declare the peaks non-claimable up to Desengaño, but rather up to the point called Concordia. Deputy Federico González agreed with the motion because it seemed very fair to him, as Desengaño was very far away and its springs ran northward and were not considered essential for the purposes of this bill. He believed that the boundaries should be set by a scientific commission. Deputy Echeverría indicated that after speaking with a professor who had been involved in that study, he agreed that the boundaries should be set by a commission, because two kilometers for some watersheds would be sufficient, for others too much, and for others too little, and this depended on the special circumstances assessed by that commission. Deputy Carazo stated that he approved Deputy Dávila's motion, and that in order to enact the law a paragraph could be added stating that the commission would determine the points that would serve as boundaries. Deputy Félix González indicated that he would formulate the means to implement it, they fixing the base and leaving "the Executive the power to extend the measures according to the report of the scientific commission." Deputy Dávila stated that the Government was convinced of the need to conserve the mountain crests to prevent water scarcity and would also issue a general law to prevent that grave damage, but as this law specified, he had no objection to the indicated amendment. Upon being put to a vote, article 1 was approved with the amendment proposed by Representative González. Then numeral 2 was discussed. Deputy Federico González pointed out: "It seems to me that the purpose of that article is to prevent clearing (desmontes) and not cultivation; there could be cultivation that does not require clearing and in that case it would be better to remove the word 'cultivation' (cultivos). I do not make a motion, only an observation." Faced with this, Representative Jiménez stated: "I fail to understand what cultivation could be done without clearing, except for trees where one might trade in resins, etc., and I do not see what other cultivation; I would like to hear from Mr. González." Deputy Federico González replied: "I was thinking, for example, of the cultivation of vanilla, parasites, etc., which, due to climatic conditions, can be cultivated without the need for clearing and without opposing the purpose of the law." Submitted to a vote, ordinal 2 was approved. ([16]) On July 28, 1888, the form of the decree "that declares non-claimable the crests of the mountains where the springs that form the rivers supplying water to Heredia and part of Alajuela originate" was discussed; and it was approved without amendment. On July 30, 1888, the Executive Branch sanctioned it, its numeral 1 stating: "A zone of land two kilometers wide is declared inalienable, on both sides of the crest of the mountain known as Montaña del Volcán de Barba, from the hill called Zurquí to the one known as Concordia, whether said zone is national or municipal property." ([17]) That same July 30, the Governor of Heredia informed the Minister of the Interior of what had occurred in the province, with news that in the headwaters of the río Segundo, large-scale clearing had been taking place that caused a decrease in water and the complete drought of some of the springs that supplied drinking water to the city, for which reason the Municipality had submitted a request to the Government for Congress to declare the crests of the Barva mountain range inalienable, and thus ensure the stability of the waters of this province, and even those of Alajuela, which largely originate in the same mountain range. (La Gaceta No. 179 of August 3, 1888, p. 959-960).
On July 25, 1888, when the amendment to article 1 of the bill that culminated in Ley 65 of 1888 was approved, Pittier was just beginning his tour to the Poás volcano to verify whether or not the presence of Conifers in Costa Rica could be admitted. In Alajuela, he departed from the village of San Pedro, located between the Mastate and Prendas rivers. In a report on the 31st of that month, he indicated that this volcano was the westernmost mass of the central volcanic mountain range comprised between the depression of Desengaño, to the east, and the one that connects the Grecia plateau with the Toro Amarillo basin, to the west, and that the last cornfields were found a little short of the "Sabana de los Chiquizás", at 1700 m, and its forests were very similar to those of Barva, but by contrast he found a tree he had not seen elsewhere: the Danto hediondo. (La Gaceta No. 221 of September 22, 1888, p. 1279-1281).
Thus, in his first expeditions to the Barva (from July 3 to 6, 1888) and Poás (from July 25 to 27, 1888) volcanoes, Pittier undertook them on separate occasions and using different routes. His recommendations at that time to declare forests inalienable only extended to the Province of Heredia. This was reflected in the third debate on July 25, 1888, regarding the bill that later culminated in Ley 65 of 1888, designating only the mountain of the Barva volcano, comprised between two hills, crests, or peaks located in that Province, that is, between the cerro Zurquí and the cerro Concordia (Guararí).
That same year, Pittier pointed out: "At the request of the authorities of the province of Heredia, the current legislature decreed in its 1888 sessions a special law, founded on bases analogous to those I proposed. But that measure is no more than a mere palliative, because the fixed limit is too high on the S watershed and, above all, because what has been deemed good for Heredia is also good for the other provinces of the Republic." ([18]) Two months after the issuance of Ley 65 of 1888, between January 4 and 13, 1889, Pittier visited the Barva and Poás volcanoes on the same tour to study the origin of the seismic and volcanic events that occurred on the central plateau in December 1888. On that occasion, on the very afternoon of January 4, he lodged again at Doctor Flores' house, at the foot of the hill of Barva. During the journey, he found no damage worth mentioning. He affirmed that Barva had had no recent eruption, nor could it be considered the center of the tremors. Then he moved towards El Desengaño, exiting the forests in the headwaters of the río Segundo, and at an altitude of approximately 1600 m, he found the first signs of the tremor, which consisted of cracks of variable length and parallel to the course of the rivers with insignificant landslides. The devastation grew greater as they approached the río de la Máquina, which was left completely ruined. From January 7 to 10, Pittier established his camp at Pedro Mejía's house, from where he headed towards Vara Blanca, almost to the río Ángel, finding identical devastation on this side of the El Desengaño pass. Returning towards San Pedro de la Calabaza, he observed that the effects of the shaking had been more pronounced along the stretch from the río de la Paz to Fraijanes, at the foot of the southeastern slope of Poás, where there was almost no house that had withstood. From Fraijanes, he visited the Lagoon, where the landslides had taken on astonishing proportions, one on the ridge separating the río Poás from the eastern arm of the río Tambor, and another at the Lagoon. On the eastern slope of the great landslide, another smaller one occurred that cut the royal road from Alajuela to Desengaño and then descended to the río Tambor. At the Lagoon, as in Fraijanes, the earthquake was accompanied by a strong, sudden hurricane that descended from the slopes of Poás, increasing the terror of its inhabitants. After spending a few hours traversing the sad places, he returned to the aforementioned general headquarters. On January 10, he crossed the Desengaño depression to climb Poás, where he noted the same ground subsidence and the same landslides up to an altitude of 2300 m, and he had the opportunity to witness other eruptions. (La Gaceta No. 12 of January 17, 1889, p. 51-52).
Pittier's task in the service of the Government began as a natural sciences professor at the Liceo de Costa Rica according to a contract signed in Brussels on August 20, 1887. However, he was soon tasked with directing the Instituto Meteorológico Nacional created on April 7, 1888, without thereby neglecting his teaching duties. Thus began his scientific expeditions to the Irazú, Barva, Poás, and Turrialba volcanoes. In June 1889, to attend to family matters and travel to Europe, he was granted a three-month leave to separate himself from his positions at the Liceo de Costa Rica and the Instituto Meteorológico. That month he was appointed President of the Board of Directors of the Instituto Físico-Geográfico, and simultaneously its Director. In his absence, the direction of the Observatorio Meteorológico Nacional was assumed by Lic. Pablo Biolley. In July 1889, the contract signed in Brussels was rescinded, and another was agreed upon with effect from January 1, 1890, by which, upon his return from Europe, Pittier committed to taking charge of the organization, direction, and administration of the aforementioned Institute. Also in July 1889, he was commissioned as a Delegate of the Ministry of Public Instruction to attend international conferences in Paris on geographical services, meteorology, hydrography, climatology, and higher education. Upon his return, Pittier presented a report to the Secretary of Public Instruction on the progress of the Institute during the fiscal year from April 1, 1889, to March 31, 1890, and indicated the impossibility of setting the lower limit of the inalienable forests of the Barva mountain range, per the commission of the Secretary of the Interior, but not for a lack of knowledge of the location of the extreme hills of the inalienable zone of the Montaña del volcán Barba, but rather the lack of human and technical resources to study the nature of the terrain, the slope gradient, and other conditions to be taken into consideration, so his initial work had been limited to establishing a chain of triangles in the upper part of the canton of Barva, and the surveying of certain parts by means of the phototopographic apparatus. ([19]) Despite Pittier's important contributions, it must not be lost sight of that, upon his arrival in the country, geometry had long been applied to surveying. In 1864, at the Escuela Superior de Cartago, the geometry course encompassed surface measurement, plane surveying, height comparison, measurements by elevation, and inaccessible distances and heights. In 1867, at the university level, the surveying class comprised legal provisions, explanation and use of the two-telescope graphometer; surveyor's square, surveyor's needle, plane table with alidade and level; Lenoir circle and level, 4th class; theodolite; Borda repeating reflecting circle; pocket sextant; Chezy slope level, and water level with standard and self-reading leveling rods. In March 1868, the Nuevo Mapa de Costa Rica elaborated by Dr. Frantzius and Felipe Valentini was released. ([20]) During 1890, Pittier again gave an account of his work. The Government wished him to accompany the Comisión de Límites in the exploration of the border line that was to begin on June 6 of that year. Pittier hoped that his work at the Instituto Físico-Geográfico would serve as a basis for the surveying of the country's map, provided that the Secretary of Instruction authorized him to collaborate with the Comisión de Límites and that the Commission of the Institute under his charge was previously appointed so that, in his absence, the work of the Observatorio Meteorológico Nacional would continue. (Archivo Nacional, Fondo Educación, signatura 5186, f. 99).
Between August 26 and 31, 1890, at the request of the President of the Republic, Pittier visited the Poás volcano for a third time to investigate the imminence of a sudden draining of the upper lagoon in the active crater; an event that could have grave consequences for the surrounding region. On September 1 of that year, he indicated that the volcano resulted from many successive uplifts. He cited the precious lagoon, whose waters had a pleasant taste and were potable, its surplus exiting via the río Ángel, which escapes through a cut in the hill located at the extreme northwest of the basin. He estimated the average outflow of the stream at its origin at 15-20 liters per second. He added that this watercourse took an easterly course via the río Ángel, a tributary of the río de la Paz. He determined an approximate distance of 100 meters between the crater and the río Ángel, and a quarter of a kilometer between the crater floor and the river. He assured that the indicated danger was imaginary. (La Gaceta No. 213 of September 12, 1890, pp. 1125-1126. Archivo Nacional, Fondo Educación, signatura 2542, f. 298 verso).
On November 29, 1890, Pittier outlined his studies on the country's botanical exploration, carried out with the assistance of the botanical assistant Tonduz: the central plateau (1887); the central volcanic mountain range from the Turrialba volcano to Poás (1887-1890); the road from San José to Puntarenas and the Irazú mesa (1888); the surroundings of Aguacaliente to Orosi (1888-1890); the valley of the río Blanco to Carrillo (1888-90); La Candelaria and the valley of San Marcos de Dota (1890); the road from Alajuela to Greytown via the San Carlos valley, the surroundings of Bahía de Salinas, and the road from La Cruz, Guanacaste border, to El Bolsón (1890). That same day, he pointed out that when comparing the lower limits of the oaks in the three mountain ranges of Irazú, Barva, and Poás, these were depressed from east to west, being at approximately 2200 m in the first group, 1900 m in the second, and 1600 m in the last, and that in Barva as in Poás, the upper region of Irazú did not exist and the groves very often reached the summits. (Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional, Tomo II. 2ª Parte. Tipografía Nacional. San José. 1890, Notas 17 y 26, p. 185 y 191, respectively).
His reports continued. On September 17, 1892, he indicated to the Minister of Public Works the inconveniences facing the Instituto Meteorológico Nacional due to budget cuts and the segregation of the Museo Nacional, which had been reduced to the Observatorio Nacional, despite the fact that in 1889 the Departamento Botánico was created and in 1890 the Oficina Geográfica tasked with revising the map of the Republic. He added that for 1891-1892, the employees of the Museum and the Institute had to be combined, and that the latter was placed between two ministries, with matters relating to salaries and current expenses corresponding to Public Instruction, and most of the ordinary tasks, maps, trails of undeveloped lands, resources from the latter, and the keeping of time in San José corresponding to Public Works, and he recommended transferring it to Public Works. (Archivo Nacional, Fondo Fomento, signatura 283). This was also advised by a bill presented on July 21, 1891, by Mauro Fernández (Boletín del Congreso, La Gaceta between numbers 174 of July 28, 1892, p. 884 and 175 of July 29, 1892, p. 885).
On October 6, 1892, Pittier informed the Minister of Public Works of two exploratory trips to the valley of the río Grande de Térraba, with topographical description and compilation of climate observations over six months, and other works to be published on its flora and fauna; agriculture and rural economy; orography and hydrography; a descriptive study about it with the map surveyed, which would be affected because the Oficina Geográfica would be suppressed since the Minister of Public Instruction decided to charge him again with teaching at the Liceo, and also the printing of the "Anales" was suspended. He noted that the President had authorized him to accompany the Comisión del Ferrocarril Intercontinental, which would allow filling some gaps in the map. (Archivo Nacional, Fondo Fomento, signatura 283).
On August 29, 1900, Pittier signed an agreement with the Secretariat of Public Instruction by which, starting September 1 of that year, he assumed the Directorship of the Instituto Físico-Geográfico and continued the work of surveying the map of the Republic, carrying out the commissions related to his profession that the Government might entrust to him. (Archivo Nacional, Fondo Educación, signatura 2507, f. 105). In 1903, the Mapa de Costa Rica was published, under Pittier's charge as Director of the Instituto Físico-Geográfico, based on surveys carried out between 1891 and 1898, at a scale of 1:500000. This map depicts the Itiquís, Tambor, Segundo, Ciruelas, and Tacacorí rivers originating from the Barva massif. (Archivo Nacional, Fondo José F. del Tristán Fernández, signatura 126.10).
Thus, Pittier's labors were valuable and numerous. Regarding the lower limit of the oaks in the Barva mountain range, he established it at 1900 m (Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional, Tipografía Nacional, San José, Tomo II, 2ª Parte. 1890, p. 191). That altitude would have increased the southern limit of the two-kilometer Zona Inalienable established by Ley 65 of 1888, also encompassing approximately one kilometer south of the current settlement of Sacramento, including the community of Porrosatí and half a kilometer south of it, for a total, in that sector, of approximately three additional kilometers beyond the two kilometers already provided. This can be verified on the contour lines of the Barva cartographic sheet from 1967.
It is therefore not surprising that Pittier stated that the 1888 Law was a palliative by setting a limit that was too high on the southern watershed for the conservation of forests in Heredia. (Apuntaciones sobre el clima y geografía de la República de Costa Rica, Observaciones y Exploraciones”, Boletín del Instituto Meteorológico Nacional. Tomo I-1888, Tipografía Nacional, San José, Costa Rica, 1889, p. 34).
III.- As Ley 65 of July 30, 1888, declared a zone of land two kilometers wide inalienable on both sides of the crest of the mountain of the Barva volcano, from the cerro Zurquí to the one known as Concordia, where the streams and springs that supply water to that province and part of Alajuela originate, on May 15, 1889, the Municipality of Heredia, based on reports of clearing harmful to those springs, as it had lands that could be within that Zone, and with the purpose of resolving petitions for the sale of lots on those lands, deemed it necessary to survey it to demarcate those that could be alienated, and asked the Governor to request the Government to appoint the scientific commission alluded to in that Law. On August 27, 1889, the Secretariat of the Interior appointed the Director General of Public Works and the Agricultural Engineer Enrique Jiménez for the respective study and presentation of the plan (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 939, f. 2-3).
It is worth remembering that the municipal lands included in the Zona Inalienable of the Barva volcano mountain had been acquired based on regulations prior to Ley 65 of 1888. Thus, we observe that on July 9, 1832, the Municipality of Heredia appointed Antonio Reyes as surveyor for the common lands (ejidos) (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 227, f. 44-45). On March 2, 1838, it acknowledged the acceptance of Juan Agustín Rodríguez for the measurement of the three-league tract. On May 15, 1838, it reiterated its provision that all residents with unregistered lands, both in the common lands and in those for public education, had to register them within two months before Francisco Chaverri, steward of said funds, under penalty of losing them (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 416, f. 17v-22v).
On February 22, 1855, based on the measurement and plans of the common lands of the city of Heredia carried out by surveyor Emilio Dibowski and the Disposición Suprema No. 109 of March 1, 1853, the proceedings encompassing 3 leagues, 4 caballerías, 38 manzanas, and 9535 square varas were approved, without prejudice to measuring the 34 caballerías, 10 manzanas, and 465 square varas that were lacking to complete the four leagues of land that the law had granted to the Municipality of Heredia. It was ordered to issue the title of ownership over the lands already sold for the uses designated by preexisting provision, which were to be taken in places that did not present an issue with any neighborhood or company. The resolution was communicated to the Ministry of Finance and the Governorship of the Province of Heredia. On February 26, 1855, the title was issued. On March 29, 1855, the Minister of Finance resolved to recognize the neighborhood of the city of Heredia as the legitimate owner of the cited 3 leagues, 5 caballerías, 48 manzanas, and 4500 square varas, granting the title in proper form and with the corresponding entries in the Public Finance offices. The document was registered in the Registro de la Propiedad, at volume sixty-third, folio 299, property number 4401, "Oriental", registration number 1, on June 27, 1871 (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4298, f. 73 v-75 f; Fondo Hacienda, signatura 6251, f. 1-7; Fondo Planos, signatura 8104).
Plan signatura 8169 No. 1° of the Archivo Nacional, with information from 1859, describes the two leagues for public education, as well as the 5 caballerías, 39 manzanas, 7000 square varas that were lacking to complete the amount of the Municipality of Heredia, plus 2 caballerías as replacement for the Cuascua lands, for a total of 5491 manzanas, 2000 square varas according to the measurement and calculation of surveyor D.L.Paz. To the south, it describes the Terrenos del Inglés; to the southwest, Terrenos de los vecinos de Alajuela; to the west, the río Tambor and road to Sarapiquí; and to the east, the trail of Pío Murillo and the Lagoon of the Barva volcano.
As a result of the complaints made by the Prosecutor of Heredia on April 12, 1853, and May 22, 1855, and by the Tax Agent of Heredia on June 16, 1859, based on Ley XXI of May 9, 1833, Decreto No. 15 of December 12, 1846, and Decreto No. 29 of September 30, 1858, on July 1, 1864, the Juzgado de Hacienda Nacional, in the land case file based on complaints presented by the Tax Agent of Heredia, as representative of the Municipality of Heredia, in the presence of the cited laws and of articles 90 and 96, Section 1ª of the Reglamento de Hacienda of July 30, 1858, adjudicated in ownership and possession to the entire Province of Heredia and for public education, two square leagues (77 caballerías, 13 manzanas, 2500 square varas) that had been measured north of the lands called "del Inglés", according to the boundaries and boundary markers set out in the proceedings. ([21]) It also adjudicated in ownership and possession to the city of Heredia, for the benefit of the commons of its residents, 7 caballerías, 44 manzanas, 950 square varas that were left over in the aforementioned site adjacent to that of "el Inglés" from the said two leagues that corresponded to the City, with the Municipality of Heredia being able to separate this part wherever and whenever it saw fit so as not to confuse them with the two leagues for public education. Furthermore, it adjudicated in ownership to the Municipality of Heredia, as so-called proprietary assets of the City, 4 caballerías, 4 manzanas, 1320 square varas measured at río Nuevo, according to the boundaries and boundary markers set out in the proceedings, having been auctioned in its favor and its value settled. The case file was forwarded to the Minister of Finance for the approval of the Supreme Government. On September 1, 1864, the title was issued, signed by the President. On December 26, 1864, the ownership title was dispatched in favor of the Municipality. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4183, f. 56-61; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-132-5066, f. 71 v-74v).
Concerning the defense of municipal lands, on October 30, 1875, a mineral claim was filed before the Juzgado de Hacienda Nacional for 30 manzanas in San Rafael de Heredia, at a place called "El Gallito", bordering to the north with the road leading to the municipal lands. On November 16, 1875, the Municipality of Heredia reported that the land belonged to it, being included within the common lands of that Province. This was communicated to the Court on November 19 of that year. On August 24, 1876, the claimant desisted. On September 18, 1876, the desistance was accepted based on article 327 of the Código de Procedimientos and article 129, Section 1ª of the Reglamento de Hacienda of July 30, 1858. (Archivo Nacional. Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4219, f. 1-4).
Concerning the sale of municipal lands to meet the needs of local government, on December 5, 1878, the Political Chief of Barva informed the Governor of Heredia that the Municipality of Barva, in session on the 4th of that month, considering that the proprietary funds and educational funds of the canton were insufficient to carry out the works of progress for its population, and that it was of vital importance to indemnify twenty to twenty-five manzanas of privately owned land to reforest them with trees and prevent the springs of the waters that supplied the canton and a large part of the city of Heredia from drying up completely, and that also resources had to be made available to demarcate the portion of educational land in its corresponding proportion and for the alienation costs of claims from the League that the Supreme Government had graced upon that neighborhood, it became necessary to alienate the municipal lands located north of the Villa marked on the respective plan with numbers 48 and 49, consisting of 150 manzanas located in the terrain called "la Isla" and 33 and a half more manzanas comprised between the lands of Don Braulio Morales and those called "del Inglés", for which reason it agreed to request the Supreme Government to approve their sale based on article 114 of the Ordenanzas Municipales of July 24, 1867. (Archivo Central Municipal de Heredia, signatura SCM-124-4775, f. 13).
On May 13, 1880, considering that on January 8, 1875, the reduction to private domain of the land of the neighborhood of Barva situated in the "Isla" was arranged, which was possessed by various persons who had not paid its price, resulting in damages to the general interests of the canton of Barva, and although article 7 of the aforementioned provision of 1875 stated that the proceeds from the sale of the land called "Isla" should be invested preferably in the construction of the bridge over the creek called "Barba" and in the repair of the general road leading from the Villa to the aforementioned site of "la Isla", such repair had to be done by the interested parties on that route, and as the said canton had pressing needs that demanded a prompt and effective remedy, the principal one being the expropriation of the lands containing the "Ojos de agua" of the río de la Hoja, a place where there had been abundant springs supplying water to Barva and the city of Heredia, springs that were almost completely exhausted due to the clearing carried out, making it necessary to enclose them and plant them with trees and plants so that the extinguished springs would flow again, by Resolución No. 92 it was agreed: "That the Municipality of Barba proceed without delay to demand, according to previously established bases, the price of the various portions of the 'Isla' and of the previously cited land: the part in which the Municipality has free disposal, it shall proceed to alienate it according to the procedures established by the Ordenanzas, taking care to safeguard the legal distance around the spring called 'los Mancarrones'.- The proceeds from the expressed lands shall be used to cover the cost of expropriating those in which the 'Ojos de agua' of the río de la Hoja originate, in enclosing them, and replanting the destroyed groves in them.- At the time of indemnification, as a consequence of said expropriation, it must not be forgotten that fifty varas on each side of the 'Ojos de agua' is a part that could not be disposed of, according to previous laws; and if the Municipality of Barba, instead of indemnifying in cash all or part of the indicated expropriation, could give in payment lands of the 'Isla' in which it has free disposal, it is empowered to do so, always with expert appraisals and the required formalities." (La Gaceta No. 669 of May 15, 1880, p. 2).
In June 1880, the Municipal Treasury Court of Barva, at the request of the Municipality of Barva and based on Resolution No. 92 of 1880, auctioned a plot of forested land (terreno de montes) located in the mountain of the San Pedro neighborhood, bordering on the north with lands called “del Inglés,” and part of the property registered in the Property Registry, volume twenty-three, folio one hundred twenty-seven, farm number two thousand seven hundred fifty-nine, Oriental, registration number one (La Gaceta No. 698 of June 19, 1880, p. 2). In September of that year, another notice ordered the auction of a plot of land from the same property, forest in nature, comprising ninety-one manzanas nine thousand eight hundred fourteen square varas, located in the “Comun de Barba” of the San Pedro neighborhood, bordering on the north with Municipal Land of Heredia, east with lands called “la Isla,” “Yurro Hondo” in between; and west with lands called “del Inglés,” “Porrosatí” river in between, with four manzanas four thousand five hundred sixty-seven square varas reserved for the shelter of the water sources or springs (fuentes o vertientes de agua) existing on said land being excluded from the sale (La Gaceta No. 778 of September 25, 1880, p. 2).
On January 13, 1883, the Governor of Heredia forwarded to the Municipality of Heredia a note from the Political Chief of Barva regarding the “Desengaño” road, lost due to the heavy traffic created by residents hauling planks and dragging them across the municipal lands and exploiting the forest in a reckless manner, and that they would soon encroach upon the school lands (terrenos de enseñanza), for which reason he implored the adoption of effective measures, such as appointing a forest ranger (guardabosques) and opening a road on the school lands to facilitate their sale (Central Archive of the Municipality of Heredia, reference SCM-4787, f. 1-2).
Furthermore, on January 18, 1883, based on Supreme Resolution No. 91 of May 13, 1880, the Fiscal Agent, representing the Municipality of Heredia and the Villages of Barva and Santo Domingo, requested the Civil Court of Heredia to raise, in the name of those three Municipalities, the suppletory title (título supletorio) for two leagues of land donated by the Supreme Government to the Public Instruction funds of that Province, possessed since December 5, 1864, by adjudication decreed by the National Treasury Judge. The suppletory title was required because the adjudication file had defects. The two leagues of land were distributed as follows: to the Municipality of Heredia, six-tenths parts; to the Municipality of Barba, two-tenths parts; and to that of Santo Domingo, two-tenths parts. He added that he had been commissioned by the Municipality of Heredia to also raise the suppletory title in its name for a plot of land of 496 manzanas, 3469 square varas corresponding to the common lands (común) of the residents of that City, purchased at public auction held by the National Treasury Judge as unclaimed land (terreno baldío) of the Supreme Government, which was cultivated because the Municipality had leased it to various farmers. Meanwhile, the first plot of two leagues was mostly covered by forests with a few corn plantations sown by various farmers to whom it had been leased. Both plots of land were located in the San Pedro neighborhood, Second District, Second Canton of that Province, separated from each other by stone boundary markers in the shape of pyramids, and they bordered; the two-league one: on the north, with land of don Vicente Monje, the municipal league of the Village of Barba, denounced and measured, and unclaimed lands; on the south, the lands called “del Inglés,” along the entire extent of the boundary; on the east, unclaimed lands; and on the west, with land of the common lands of the residents of the city of Heredia. The second plot of land previously mentioned had the following boundaries: north and east, the two leagues of land of the three municipalities already mentioned; south, with lands of don Joaquín Alfaro, “quebrada del “Tambor” in between; and west, “Sarapiquí road” in between, with lands of the vicinity of Alajuela. The Fiscal Agent requested the registration in the Property Registry in the name of the three Municipalities of that Province of the two leagues described first; and in the name of the Municipality of Heredia of the 496 manzanas, 3469 square varas. The Civil and Commercial Court of Heredia, by resolution at ten-thirty on January 19, 1883, approved the request and ordered the registration in the Property Registry in the name of the three municipalities, without prejudice to a third party with a better right pursuant to Article 335 of the Mortgage Law. Its final judgment (ejecutoria) was registered in the Property Registry, at volume 210, folios 239 and 241, originating farms numbers 13337 and 13338, Oriental, registrations number one, on February 1, 1883. (National Archive, Administrative Litigation Court Fund, reference 4298, 76v-81v).
On July 21, 1886, the Governor of Heredia informed the registered possessors on the municipal lands of “Gallito,” northeast of Heredia, that by municipal agreement they must appear before that Governor’s Office, no later than within thirty days, to pay the established fee as common land (ejido), under penalty of losing the right. (La Gaceta No. 21 of July 24, 1886, p. 110).
Continuing with the defense of municipal lands, at the request of the Municipality of Heredia, on May 21, 1888, the Fiscal Promoter opposed a claim (denuncio) on the grounds that the land was not unclaimed, because it belonged to the San Isidro and San Pablo neighborhoods of the cantons of San Rafael and Santo Domingo. The Administrative Litigation Court archived it on April 24, 1896, based on Article 2 of Decree 16 of April 2, 1896. (National Archive, Administrative Litigation Court Fund, reference 4243, f. 9).
Therefore, it is not surprising that on November 16, 1889, the Municipality of Heredia reiterated the need to demarcate the Inalienable Zone (Zona Inalienable) to resolve various requests from residents who were asking for the sale of municipal lots that could not be carried out without the demarcation (deslinde) of those that could be alienated. This was communicated to the Minister of the Interior on December 10, 1889. On the 12th of that month, the Ministry of the Interior appointed Mr. Pittier and Enrique Jiménez to determine the Zone, rendering the corresponding report with the respective map. ([22]) On January 6, 1890, the Municipality of Heredia again implored the carrying out of the survey of the zone of land two kilometers wide on either side of the summit of the Barva volcano mountain, without which it could not be known which lands could be alienated. The agreement was communicated to the Minister of the Interior on the 24th of that month. On August 18, 1890, the Municipality instructed the Governor to find out if the survey had been carried out, as the separation of the municipal lands bordering the Inalienable Zone was of interest. On May 16, 1891, the Municipality requested the Governor to petition the Government so “that Mr. H. Pittier, entrusted with carrying out the survey of the aforementioned zone of land, verify it now that the work is more opportune for this commission.” (National Archive, Interior Fund, reference 939, f. 4; Central Archive of the Municipality of Heredia, reference SCM-137-5284, f. 86-88).
While the matter concerning the demarcation of the Inalienable Zone was being resolved, on November 6, 1890, the legal representative of the municipalities of Heredia, San Rafael, and Santo Domingo opposed the claim of a 42-hectare plot of land located in Chilillal of San Isidro, on the grounds of considering it the property of the mandating municipalities. On April 29, 1896, the Court archived the file (National Archive, Administrative Litigation Court Fund, reference 4259, f. 1-3).
On March 14, 1892, the legal representative of the municipalities of Heredia, San Rafael, and Santo Domingo filed three lawsuits and one opposition against claims of lands in San Isidro of Heredia, indicating that according to Article 10 of the Civil Code, acts or contracts contrary to prohibitive laws shall be null unless such laws provide otherwise, and that the Law of July 30, 1888, had declared inalienable a zone of land two kilometers wide on either side of the mountain known by the name of the Barba volcano mountain, from the hill called Zurquí to that of La Concordia, whether that zone was national or municipal property, and that given this law was enacted to prevent the lack of water in the provinces of Heredia and Alajuela, the municipalities had to ensure its compliance, and since the claimed lands were included within the Inalienable Zone, he requested the claims be declared illegal and null. In two of the proceedings, the Court considered the requested expert evidence waived, and since it had not been proven that the lands were within the zone of Article 1 of the decree of July 30, 1888, it absolved the defendants (National Archive, Administrative Litigation Court Fund, references 4319; 4322; 4323; 5785, f. 1-45).
On April 16, 1892, the Governor of Heredia informed the Minister of the Interior of a measure dictated in favor of the community: that of asking the Supreme Government to order the survey of the Inalienable Zone of the Barva volcano to ascertain whether some municipal lands whose sale was requested by their possessors lay outside it. In May of that year, the Municipality of Heredia, with the aim of achieving the demarcation of the two kilometers of inalienable land for the conservation of the waters originating at the summit of the Barva volcano and supplying that city, commissioned Dr. Policarpio Trejos to implore the President of the Republic to carry it out (National Archive, Interior Fund, reference 7097, f. 47; Municipal Fund of Heredia, reference 17491, f. 28; Central Archive of the Municipality of Heredia, reference SCM-137-5284, f. 90).
On December 2, 1892, regarding a claim for a plot of land located in Alto de la Hondura, the expert Leónidas Carranza was appointed to determine if it was within the Inalienable Zone provided for in the Law of July 30, 1888. He indicated that the property was outside because that Zone extended from the floor of Zurquí towards the northwest, encompassing the hills of Ladrillal or Ardillal, Caricias, and others, and the land was on the slope of Zurquí about 600 m to the southeast. The Court, considering that no evidence had been presented to demonstrate that the lot was within the Zone of the Law of July 30, 1888, dismissed the action of the municipal legal representative of Heredia, San Rafael, and Santo Domingo (National Archive, Administrative Litigation Court Fund, references 4258 and 4324).
On August 9, 1893, another action was filed against a claim whose land bordered the Caricias river and was within the Zone of Law 30 of July 1888. The municipal legal representative indicated that Article 130 of the Water Law attributed the policing and care of public waters to the municipalities, and numeral 22 of the municipal ordinances attributed the issuing of measures for the conservation and improvement of the common heritage. The proceeding was archived in 1896. (National Archive, Administrative Litigation Court Fund, reference 4321).
On October 13, 1893, a claim was filed for 6 caballerías of land located in “Las Montañas de San Rafael” of Heredia, bordering on the north and east with unclaimed lands, on the south with lands of the Municipality of Heredia, and on the west with the Las Vueltas creek. On October 10, 1894, the Fiscal Promoter requested that the surveyor report whether the land was within or outside the two-kilometer Zone of Article 1 of the Law of July 30, 1888. On December 1, 1894, the surveyor Ricardo Alpízar reported that it was outside, more than 10 kilometers away. On November 7, 1895, the Court adjudicated the property. (La Gaceta No. 260 of November 9, 1893, p. 1515. National Archive, Administrative Litigation Court Fund, reference 5673, f. 1-50).
On May 16, 1894, due to forest clearings (desmontes) carried out in the mountains and the zone of land two kilometers on either side of the summit of the Barva volcano mountain having been declared inalienable, according to Decree LXV of July 30, 1888, the Municipality of Heredia agreed to implore the Government to appoint a Commission to measure and demarcate it in order to establish penalties in case of infringement. On May 21, 1894, the Governor communicated this to the Ministry of the Interior. On June 15, 1894, the Municipality considered the official communication of June 9, in which that Ministry indicated that the Commission to demarcate the Inalienable Zone was the Municipality’s responsibility to appoint. The Town Council requested the Supreme Government to authorize the Municipality of Alajuela to participate in a session to address the matter because its populations would benefit from the work, since the waters that supplied them originated in that Zone. On June 19, 1894, the agreement was communicated to the Minister of the Interior. That same day, the Municipality of Heredia agreed to communicate it to the Governor of Alajuela so that the Municipality of that Province would participate in the extraordinary session of June 29, 1894, where “the demarcation of the zone on either side of the Barba volcano” would be discussed. On June 26, that agreement was forwarded to the Governor of Alajuela by that of Heredia. ([23]) On September 18, 1894, the Municipality of Heredia agreed to implore that of Alajuela to arrange whatever it deemed convenient regarding assistance with the expenses for the operation to demarcate the two-kilometer Inalienable Zone declared by Decree No. LXV of July 30, 1888, as agreed in the extraordinary session of June 29. On December 1, 1894, that Municipality considered Alajuela’s response, indicating that it was not possible for it to help as it was undertaking several public works whose expenditures were of considerable size. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, reference 17494, f. 6 and 11, 49-50).
On June 4, 1894, the Municipality of Heredia, in order to alienate the two leagues it possessed in “Vara Blanca” and “El Gallito,” commissioned the Fiscal Agent and authorized him to execute the deeds to those possessors who presented the receipt for its value, whose payment had to be made at the Municipal Treasury and in accordance with the maps and written title to be supplied by the surveyor González, with the cost being borne by the interested parties. However, on December 1, 1894, that Municipality considered a proposal for the purchase of the four and a half leagues of land located in the point called “Vara Blanca,” two and a half belonging to the Education Boards (Juntas de Educación) and two to the Municipality, and did not accept it, considering that said lands did not belong to it in their entirety. (National Archive, Interior Fund, reference 7091, f. 41; Municipal Fund of Heredia, reference 17494, f. 51).
On November 20, 1894, another claim was filed for a plot of land of 50 ha, broken terrain, located at the point called “Cerro de Piedra,” in the San Pedro neighborhood of Barva, bordering on the north and east with unclaimed lands, on the south with private land, and on the west with lands called “del Inglés.” On December 19, 1894, the Fiscal Promoter opposed it because the land was within the Zone of Article 1 of the Law of July 30, 1888. On May 5, 1896, it was archived (National Archive, Administrative Litigation Court Fund, reference 4278).
On March 4, 1895, the Municipality of Heredia implored the Government to order the Administrative Litigation Judge not to admit claims for lands located within Cerro del Zurquí and La Concordia, because that Zone is the summit where the waters that supply the province and part of San José originate, as well as to decree the boundary demarcation between both provinces so that, henceforth, the rights over claims would be satisfied in the respective Treasuries. Furthermore, it appointed Vicente Monge as legal representative for the unclaimed lands of the canton, especially those that served as margins for the waters that supplied it and those provided for by Decree 65 of 1888, who was to report monthly on his work and results (National Archive, Municipal Fund of Heredia, reference 17494, f. 107, 109-110).
On March 8, 1895, a claim was filed for a 160-ha plot of land north of the mountains of San Rafael, with the following boundaries: north, “Las Vueltas” river in between with unclaimed lands; south, the river called “San José” in between with the said mountains of San Rafael, headwaters of the Tibás river and part of the lands of a private individual; east, the same “San José” river in between with unclaimed lands; west, municipal lands of San Rafael of Heredia. The Fiscal Promoter indicated that the claim included the zone of land of Article 1 of the Law of July 30, 1888. On April 24, 1896, the file was archived based on Article 2 of Decree 16 of April 1 of that year. That legislative provision of 1896 ordered that for a term of 4 months no new claims for unclaimed lands would be admitted, and that all pending claims for unclaimed lands in which the claimants or their representatives had allowed or would allow six months to elapse, counted from the date of the last notification, without activating them, would lapse automatically, and without the need for a special declaration. (National Archive, Administrative Litigation Court Fund, reference 4255, f. 1-3; La Gaceta No. 77 of April 2, 1896. Collection of Laws and Decrees, Year 1896, Semester I, Volume I, p. 53-54).
On March 14, 1895, another claim was filed for a plot of land on the banks of the Caricias river, in the San Isidro neighborhood of Heredia, with a measurement of 34 Ha 94 ares 48 square decimeters. On May 13, 1896, it was archived. (National Archive, Administrative Litigation Court Fund, reference 4303, f. 1).
On April 18, 1895, following the response from the Municipality of Alajuela regarding the impossibility of collaborating on the expenses to demarcate the Inalienable Zone, the Municipality of Heredia, considering that this demarcation entailed interests common to both provinces because it was the birthplace of the waters that supplied both cities, and because the boundary demarcation was of vital importance given the increase in forest clearings to the detriment of the waters, whose scarcity became more noticeable in summer, its execution was essential to dictate the appropriate measures and avoid the noted evil, and that because the waters supplying the city of San José had their origin in the Zurquí hill, the demarcation was also of interest to it, and it indicated to the Executive Branch the advisability for the three provinces of demarcating the Zone through the Directorate of Public Works (Dirección de Obras Públicas). The Governor of Heredia communicated this to the Minister of Development on April 23, 1895. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, reference 17494, 150-152; Development Fund, reference 1669).
On August 29, 1895, a resident of La Concordia requested from the Municipality of Heredia the deed for municipal lots Nos. 63a, 63b, and 82 located in Vara Blanca, which, according to the receipt, had been purchased from the Municipality. He argued that the lots were at a great distance from the two-kilometer inalienable zone of the La Concordia hill provided for by the Decree of July 30, 1888. He requested that the Fiscal Agent be authorized to grant him the deed. On February 5, 1896, following the resolution in which the Municipality decided to await the opinion of an agent to clarify whether or not those lots were included within the zone of the Decree of July 30, 1888, the interested party, considering that a definitive decision would take a long time, proposed that the Fiscal Agent, representing the Corporation, grant him the deeds, accepting the express obligation of a right of repurchase (pacto de retroventa) in favor of the Municipality if, once the Scientific Commission proceeding inserted in the cited 1888 Decree was carried out, it turned out that all or part of the properties were within the two-kilometer zone of that Law. On March 2, 1896, the Municipality agreed to inform the interested party that having received an order from the Supreme Government for the General Directorate of Public Works to carry out the demarcation of the two kilometers of mountain declared unclaimable by the decree of July 30, 1888, as soon as that was carried out, steps would be taken to resolve the difficulty. In addition, it urged the General Director of Public Works to fulfill, as soon as possible, Supreme Agreement No. 117 regarding the measurement of the zone of land two kilometers wide on either side of the summit of the “Montaña del Volcán de Barba,” from the hill called “Zurquí” to the one known by the name of “Concordia,” taking advantage of the dry season, since the rainy season would undoubtedly present obstacles to the commission carrying out the study. ([24]) On December 30, 1895, the Municipality of Heredia leased a cleared plot of land located within the 2 km ordered by law, bordering on the north with Public Forest (Montaña Pública) and private land, on the south with private land, on the east with a public street, and on the west with the Municipal Forest of said forest. The interested party indicated that he would take it with the intention of not increasing the forest clearings and to take advantage of the pastures and care for it, which would benefit the public by thus favoring the conservation and increase of the waters that supplied that canton and other neighboring towns, obligating himself to the conservation of trees in the strips along the banks of the waters. (National Archive, Municipal Fund, reference 16009, p. 61, 63-64).
By Agreement No. 117 of January 28, 1896, to comply with Law 65 of July 30, 1888, and given the need to conserve the forests included in the zone in which most of the waters that supply the province of Heredia and partly San José and Alajuela originate, the President of the Republic ordered that the measurement of the zone two kilometers wide on either side of the summit of the Barva volcano mountain, from the hill called Zurquí to the one known by the name of Concordia, be carried out at the Government’s expense. By circular No. 11 of the same January 28, signed by the Minister of Development, that agreement was communicated to the General Director of Public Works. On February 3 of that year, the Municipality of Heredia learned of Agreement 117 through official communication No. 95 of February 29, signed by the Governor. It archived it and implored the Minister of Development to extend, in equal parts, the responsibility for the conservation of the tracks or boundary markers, as well as the cultivation of trees, in the cleared parts, to the other municipalities of the minor cantons of Heredia within the two-kilometer zone where the waters that supplied them originated. ([25]) On March 16, 1896, the Municipality of San Rafael of Heredia, as a result of the owners on the edges of the zone of land between the jurisdictional limits dividing the municipal forests of Barva and the lands of San Isidro clearing forest between the lands and the municipal zone, with serious damage to the springs and streams of the waters that supplied its canton, the city of Heredia, and various districts and cantons of the same Province, in view of Agreement No. 117 published in La Gaceta of January 29 of that year, implored the Governor to communicate these reasons to the Minister of the Interior so as to order the boundary demarcation in that canton, preventing the deterioration and scarcity of waters. (National Archive, Municipality of San Rafael of Heredia Fund, reference 16009, p. 79-80).
The Directorate of Public Works, in official communication No. 303 of March 23, 1896, informed the Municipality of Heredia that it could not carry out the measurement of the Zone of Law 65 of 1888 until the studies for the Pacific Railroad were finished. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, reference 17495, f. 173).
This is further proof that the demarcation of the two-kilometer Inalienable Zone on both sides of the summit of the Barva Volcano Mountain had not been carried out, not for lack of certainty about the location of the Concordia hill, but rather due to the fact that the Directorate of Public Works had its resources focused on the analysis of the works necessary for the Pacific Railroad, a construction of great relevance for the country as stated in legal opinion No. OJ-42-2005.
On December 1, 1896, the Municipality of San Rafael, with a view to compliance with Decree 117 published in La Gaceta of January 29 of that year, reiterated the request of March 16 last and implored the Supreme Government to carry out the boundary demarcation of the Inalienable Zone. Furthermore, it agreed to cooperate with the Municipality of Heredia for the appointment of the scientific commission to explore the most suitable point from which water could be brought from the springs of Las Ciruelas, the Barva Lagoon, or some other point in the Northern Mountain Range to supply potable water to the central canton and its neighborhoods. (National Archive, Municipality of San Rafael of Heredia Fund, reference 16009, p. 142-143).
On May 17, 1897, the Director of Public Works signed Contract No. 126 with Moisés Rodríguez Calvo for the measurement of forest conservation in the jurisdiction of the province of Heredia, which starting from “Cerro Zurquí ends at that of La Concordia,” with a term of 6 months and payments in three parts. Half of $2500.oo upon its approval. The remainder in two final payments, the 1st upon presentation of the map of the division line $1225.oo and the 2nd upon conclusion of the work $1225.oo, for a total of $5000.oo. The Directorate of Public Works would designate a special agent who would examine the monumentation of the boundaries and verify by appropriate means the accuracy of the operations and the maps presented, with the contractor being responsible for any rectifications that needed to be made due to omission or error in his operations. On the 26th of that month, the initial amount of $2500 was disbursed. On November 2, 1897, by official communication No. 215, the contract was extended due to the impossibility of concluding it because of the heavy rains, as reported by the Geometer Moisés Rodríguez, and to do so during the summer months. As recorded in the Development Report of 1899, and in the records of the Interior and Development Ministries, on April 28, 1898, the President of the Republic, by Agreement No. 8, ordered that from contingencies of the Development Portfolio the sum of $500-00 be paid to the order of the General Director of Public Works, on account of the contract entered into between him and Moisés Rodríguez on May 17 last for the measurement of the zone of land from the hill called Zurquí to the one known by the name of Concordia, jurisdiction of the province of Heredia, in accordance with Agreement number 117 of January 28, 1896. On March 31, 1899, the Directorate of Public Works indicated “Measurement of the line, which starting from the summit of Cerro Zurquí, in the province of Heredia, and ends at that of La Concordia. On account contract $500.” This data was reported in the Development Report, for on April 26, 1899, by official communication No. 24, the Ministry of Development requested the Director of Public Works for that Report to inform on the work executed by Moisés Rodríguez on the measurement of the zone between the Zurquí and La Concordia hills according to the contract he has entered into with that Directorate. On August 31, 1899, Congress approved the acts of the Executive Branch contained in that Report. ([26]) News of the measurement of the Inalienable Zone being carried out by the Geometer Moisés Rodríguez Calvo also arose from the suppletory title filed on April 26, 1898, before the Civil Court of Heredia, where the claimant indicated having purchased more than a year and a half ago from residents of Barva a plot of land located at the point called “la Isla” of San Pedro de Barva, composed of lots numbers 18, 19, 20, 21, and 22 of the second Section of the municipal land of Barva, with a measurement of about nine manzanas, that is, about six hectares, thirty-nine ares, and sixty-four square decimeters, bounded on the north by lands of the aforementioned Municipality of Barva; on the south by lot number seventeen of the same Section, of private property; on the east by the Mancarrón river; and on the west by the entrance road. He added that his transferors had possessed it quietly, peacefully, and without interruption for more than nine years, and that he jointly had the ten years pursuant to Articles 846 and following of the Code of Civil Procedures. On May 23, 1898, the Fiscal Agent of Heredia opposed it because, according to reports from the Surveyor who was carrying out the boundary demarcation of the zone declared inalienable by the Law of 1888, the land being sought to be registered was included in that Zone. The Court referred the parties to a declaratory judgment. (National Archive, Civil Court of Heredia Fund, reference 6, f. 2-3, 6. Judicial Bulletin No. 98 of April 29, 1898, p. 391).
On June 1, 1898, the Municipality of Heredia requested a report from the Geometer Moisés Rodríguez, who was carrying out the measurement of the Inalienable Zone, as to whether another claimed plot of land fell within that Zone. On the 10th of that month, the Surveyor responded that as soon as he finished locating the parallel line he was tracing north of the Mountain Range, which would be within a few days, he would gladly inform the Municipality whether the property fell inside or outside that line. On June 16, 1898, the Municipality considered that response and archived it. ([27]) On August 15, 1898, the Municipality of San Rafael de Heredia, in view of the notice of a supplementary title (título supletorio) over land located in La Concepción de San Rafael, because it was municipal land and was within the two kilometers of Article 1 of Decree 65 of July 30, 1888, petitioned the Fiscal Agent to take the appropriate steps before the Civil Court of Heredia to prevent the title. (National Archive, Municipal Fund of San Rafael de Heredia, file number 16010, f. 16).
On August 16, 1898, the Municipality of Heredia, informed by the Governor of a supplementary title over land that the interested party claimed to have purchased from the Municipality, located in San Rafael, and with the Political Chief and other residents having pointed out that the land was within the Inalienable Zone (Zona Inalienable), authorized the Fiscal Agent to oppose it, and commissioned the Licensed Surveyor (Licenciado Geómetra) Moisés Rodríguez to, by studying the documents that the title applicant would present to him, report whether it was the land sold by that Municipality and whether or not it was within said Zone. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, file number 17496, f. 161-163).
On September 13, 1898, the Governor transcribed to the Municipal President a communication from the Surveyor (Agrimensor) Moisés Rodríguez dated September 12, in which he stated: “I beg you to be so kind as to inform the Municipal Corporation of that Central Canton that, from the twenty-third of this month onward, I plan to finish the work between “La Concordia” and “Zurquí”, and that it would be very convenient if, at your first meeting, you would appoint, if deemed appropriate, the person who should accompany me to receive it. Likewise, upon review and study of the lanes that remain located, I will duly inform you which lands, among those subject to a supplementary title proceeding, fall within the inalienable zone, according to the law. Regarding the question raised by the Municipality of San Rafael, about the boundaries of a piece of land being registered, when I arrive at the point where it is, I will have the pleasure of notifying the interested parties, so they may attend the operation I will carry out for that purpose.” The Governor stated to the Municipal President “that Mr. Rodríguez entered into a contract with the Supreme Government to measure the zone referred to in law no. 65 of July 30, 1888, and it is therefore to him that Mr. Rodríguez must deliver such work, through the person commissioned for this purpose,” and in his opinion added “that the municipalities must intervene in this matter, not only those of this province, but also those of San José and Alajuela, because said zone lies within the three provinces.” On September 19, the Municipality of Heredia refrained from making the related appointment. ([28]) By then, that governor erroneously believed that the Inalienable Zone encompassed part of Alajuela, an assessment contradicted by what was indicated previously and by what will be set forth.
On December 5, 1898, the Municipality of Heredia commissioned the Fiscal Agent to investigate whether a supplementary title for lands in “La Concordia” was the same lands that the Municipality had sold to the applicant for the deed of municipal lots Nos. 63a, 63b, and 82 of Vara Blanca. On September 20, 1899, because the interested party had paid the price of the lots sold to him some time ago, it agreed to commission the Governor to grant the deed. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, file number 17496, f. 211-212, 373-374).
On May 19, 1899, the Governor of Heredia informed the Municipal President regarding a supplementary title for a piece of land measuring 17 hectares, 47 ares, and 24 centiares, part of one of the municipal lots in “El Gallito” that had not been sold because they were awaiting the result of the measurement that Moisés Rodríguez was conducting to determine which could be sold and which fell within the zone that, according to the law, should not be alienated, so that, if deemed advisable, he might commission the Fiscal Agent to oppose the title for being illegal. On the 20th of that month, the Municipality of Heredia accepted the Governor's proposal. The agreement was communicated to the Fiscal Agent on the 24th of said month. On June 6, 1899, the Fiscal Agent opposed the proceeding. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, file number 17496, f. 291, 294-295; Civil Court of Heredia Fund, file number 1315, f. 1-6; Central Archive of the Municipality of Heredia, file number SCM-125-4813, f. 82-83).
On May 22, 1899, the Director of Public Works indicated to Mr. Moisés Rodríguez that he should have delivered the plans for the measurement between the Zurquí and La Concordia hills, and that he should finish as soon as possible or provide notice. (National Archive, Public Works Fund (Fomento), file number 560, f. 1, 702, Letters A-B).
By official letter No. 23 of May 11, 1900, the Director of Public Works, in response to a telegram from the Governor of Heredia from the day before, stated:
"The failure of Mr. Moisés Rodríguez to fulfill his contract to mark the unclaimable zone (zona indenunciable) between the hills of Zurquí and La Concordia forced me to contact the guarantor, since Mr. Rodríguez had received $3,000.00 from the Government on account for the work. With the demand made to the guarantor, Mr. Joaquín Calvo Andrade, a resident of Barba, said Mr. Rodríguez appeared with the plan of the dividing line and, to plant the boundary markers (mojones) on the ground, requested $750.00 to which he was entitled at that time. The contract was signed for $5,000.00, of which half, $2,500.00, was paid in cash, which he received. The other $2,500.00 was split: $1,250.00 upon presenting the plan of the dividing lines and the other half upon completion of the work; but needing funds, he requested an advance of another $500.00, which was given to him on account of the second payment, leaving $750.00 in his favor, a sum I demanded a few days ago upon presenting, as I said, the plan of the dividing lines, two and a half years after the stipulated time. Given what occurred, I reported it to the Ministry of Public Works (Secretaría de Fomento) and in response received the order to suspend that matter." The Governor of Heredia, José Ma. Morales, in official letter No. 405 of May 12, 1900, transcribed that communication to the President of the Municipality of Heredia so that, upon learning of it, if he saw fit, he could issue the appropriate decision on the matter. On May 15, 1900, the Municipality agreed to abide by what was ordered by the Ministry of Public Works. ([29]) Note that the Director of Public Works of the Ministry of Public Works, aware of the contract signed with Moisés Rodríguez Calvo, in his official letter No. 23 of that year, referred to the measurement of the unclaimable zone between the hills of Zurquí and La Concordia, and does not identify any hamlet or settlement called La Concordia, but rather the hill, as it is one of the ends of the summit of the mountain known by the name of the Barva volcano. Furthermore, he acknowledged that the plan of the dividing lines was indeed delivered by the surveyor himself to that Directorate.
That plan, held by the National Archive under file number 14154, indicates that it was made by Moisés Rodríguez and bears the title or denomination: “Inalienable Zone between the Zurquí and La Concordia Hills” (Zona Inalienable entre los Cerros Zurquí y La Concordia), pursuant to the decree of July 30, 1888, and at the behest of the Supreme Government. The scale is 1:10000, its material is cardboard on cloth, its dimensions 203x107 centimeters, and it comes from the Cadastre. It also describes the following details. The north and south parallels of the Zurquí hill are drawn 2000 m from its summit; the same distance is reported for the north and south parallels of the Concordia hill, for a total of 4000 m encompassing both watersheds. Between the Turruces hill and the Zurquí hill, it draws an unnamed hill, which according to the 1967 Barva cartographic sheet is the Caricias hill. The Turruces hill is called Turrú on that cartographic sheet. The Tibás, Delicias, and La Piedra hills also appear. Between the Delicias and La Piedra hills, it draws another hill, which according to the cartographic sheet is the Chompipe hill. It describes one river for each watershed on the western end of the Inalienable Zone where the Concordia hill is located, according to the title of said plan. Between the Concordia hill and the Barva volcano, there is likewise a river on each watershed. Then, a long river joins with another originating from seven springs (nacientes) on the Barva volcano. It draws a river between the Piedra hill and the Barva volcano, which according to the cartographic sheet is the Porrosatí, and another that originates on the slopes of the Barva volcano, which according to the cartographic sheet corresponds to the Ciruelas River. Over the Concordia hill it draws a river that is the Yurro Seco on the cartographic sheet. Between the courses of the rivers that would correspond to the Yurro Seco and the Ciruelas, it draws four unnamed streams, which, according to the cited cartographic sheet, are two tributaries belonging to the Guararí River and two to the Quebrada Honda.
Once the plan of the measurement of the Inalienable Zone of the Barva volcano mountain was delivered to the Directorate of Public Works, the remaining obligations of the contract with the surveyor Rodríguez Calvo were suspended, including those of boundary marking that he might have eventually begun on the north parallel, since in official letter No. 58 of June 23, 1900, the Ministry of Public Works indicated that the Government was not willing to continue with the boundary marking work because the surveyor had allowed the fixed term to expire. On June 25, 1900, it was reported that Mr. Moisés Rodríguez was informed of what was agreed by the Minister of Public Works (National Archive, Public Works Fund (Fomento), file numbers 259 and 1357).
Nevertheless, the defense of the municipal lands included in the Inalienable Zone was favored by Moisés Rodríguez’s plan, because in previous judicial proceedings it was difficult to prove that the lands subject to denouncements (denuncios) or supplementary titles were within said Zone, especially given the limited municipal resources to pay for potentially expensive expert surveys.
On March 15, 1901, the Municipality of Heredia, faced with a notice published in Judicial Bulletin No. 60 of the 13th of that month regarding a denouncement of a 300-hectare piece of land located a very short distance from the center of San Isidro de Heredia, considering it to be municipal land and because it was destined for the conservation of forests and water that supplied the population of Heredia and part of San José, and possibly being within the Inalienable Zone of Decree 65 of 1888, ordered that the plan that the surveyor Rodríguez Calvo had produced by order of the Supreme Government and that should exist in the General Directorate of Public Works be brought forward. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, file number 17497, f. 206-208). As we will see later, that plan was also used in 1903 by Engineer Manuel Benavides Rodríguez to mark with boundary markers of stone the south parallel of the Inalienable Zone.
On April 20, 1901, a supplementary title was requested before the Civil Court of Heredia for a piece of land of 69 hectares located in “El Gallito” in Los Ángeles de San Rafael de Heredia. On May 22 of that year, the Municipality of Heredia opposed it, indicating that the Supreme Government had adjudicated it to them. However, on October 21, 1901, that Municipality, considering that the property title for the “El Gallito” lands granted by the Supreme Government in 1856 had defects, authorized the Governor to process the supplementary possession information before the Civil Judge to register them in the Property Registry. On February 1, 1902, it requested a report from the Governor regarding the status of the supplementary title it had commissioned him to initiate. On July 10, 1902, the Governorship of Heredia notified those who had taken lots of the El Gallito lands that, by municipal agreement of October 21, 1901, within 30 days from that publication, they must appear to pay what they owed for the value of the lots and accept the corresponding deed, under warning of losing their rights if they did not comply with the requirement within said period, or if within the same they did not present their respective claims. On August 12, 1902, the Governorship informed the Municipal President that the 30 days granted to the possessors of the lands of El Gallito and Vara Blanca to make their claims to acquire them as property expired that day. He added that those lands, as common lands (ejidos), were subject to the laws of January 3, 1849, and January 28, 1859, but that since a considerable part of them were within the two kilometers on either side of the summit of the “Montaña del Volcán de Barba,” that part was inalienable according to Decree 65 of July 30, 1888, and that since the forests had not been conserved on many of the lots possessed in that part, the trees must be ordered replanted and the current possessors removed from them. On that occasion, he accompanied the plans, registration, files, and claims so that the Municipality could execute the provisions of Articles 5, 7, 11, and 12 of the first cited law. ([30]) On August 18, 1902, the Municipality of Heredia, faced with claims regarding the lands of El Gallito, commissioned José Francisco Fonseca and Juan Rafael González to report on the matter. On October 13 of that year, they indicated that the surveyor Moisés Rodríguez, who had been tasked with the demarcation (deslinde) of the two kilometers on either side of the Barva mountain range, told them that the plan he submitted to the Directorate of Public Works did not mark which lands were included in that zone, because his work's purpose was the conservation of the waters originating in that mountain range that supplied the populations, and because he found that up to the mountain summit a complete clearing (desmonte) had been carried out, he did not believe it necessary to perform said demarcation. Given this, the gentlemen José Francisco Fonseca and Juan Rafael González went to the Directorate of Public Works to examine said plan and saw that it consisted of the demarcation of the axis of the Mountain Range from the “Zurquí” hill to “La Concordia” and the tracing of a zone of two kilometers on either side, with annotation of the respective bearings, but indeed did not indicate the names of the owners of the lands in question, and that from Mr. Rodríguez’s report it was deduced that many of the lands under consultation were included in the Inalienable Zone, since Mr. Rodríguez had stated that the mountain range was cleared up to the summit, and it was natural to assume that the clearing had been carried out by people who believed they had a right to those lands. In light of this, they proposed two solutions. The first was to adjudicate the properties, stating in the deed that the zone of two kilometers on either side of the mountain range was excluded, warning the adjudicatees that if the land was entirely within the Inalienable Zone, the adjudication would be considered null, thus forcing them to individually measure the two kilometers, and if with that warning they continued cultivating in said zone, besides being dispossessed, they would incur the penalties indicated in Chapter IV, Title XVI of the Tax Code (Código Fiscal). As a second measure, they proposed placing boundary markers on the line marking the alluded two kilometers, and that the surveyor doing so, based on the previously drawn plans, clearly state which lands are included in the Inalienable Zone. They concluded that in either of the two solutions, it seemed absolutely necessary to appoint a forest ranger (guardabosque) to prevent clearing and enforce the replanting of already cleared lands. On October 22, the Municipality expressed dissatisfaction with the study of the titles and documents regarding the El Gallito lands. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, file numbers 17498, f. 131, 134; 17499, p. 31, 38. Central Archive of the Municipality of Heredia, file number SCM-126-4843, f. 1-2).
Summarizing, we have that the Geometer (Geómetra) Moisés Rodríguez Calvo prepared the plan of the Inalienable Zone of the summit of the Barva volcano mountains between the Zurquí and Concordia hills and delivered it to the Directorate of Public Works, as acknowledged by its Director on May 11, 1900. Moisés Rodríguez himself also indicated this to two commissioners from the Municipality of Heredia between August 18 and October 13, 1902, who indeed consulted it at the Directorate of Public Works and described it in a report submitted to that Municipality.
IV.- On January 6, 1903, the Governor of Heredia indicated to the Municipal President that the advance of clearing toward the summit of the Barva volcano mountain was causing a decrease in the waters of the streams and springs that supplied the Province, and to prevent this grave harm, Law No. 65 of July 30, 1888, had declared inalienable a zone two kilometers wide on either side of that summit from the Zurquí hill to the one known as Concordia, for which reason its demarcation and the establishment of a forest ranger were urgently needed to prevent clearing and force the owners within that Zone to let it become forested. On January 12, the Municipality of Heredia, faced with the clearing in the zone two kilometers wide on either side of the “Volcán de Barba” mountain provided for in Law 65 of 1888, and the harm from the decrease in waters that supplied its population, and in view that the Geometer Moisés Rodríguez had drawn up his plan, petitioned the Government to complete the demarcation with permanent boundary markers so that the Town Council could monitor and conserve its forests. In response to that request for the permanent demarcation of the zone of two kilometers on either side of the Barva volcano from the Law of July 30, 1888, considering the need to conserve the tree cover in the area where the streams and springs that supplied the province of Heredia and part of Alajuela emerge, the President of the Republic, by supreme resolution No. 17 of January 15, 1903, agreed that the demarcation be carried out at the expense of the Public Treasury, its cost being charged to the expenses of the Ministry of the Interior (Cartera de Gobernación). On January 22, the Governor of Heredia indicated that he considered Engineer Manuel Benavides competent to carry it out. ([31]) On January 31, 1903, the Ministry of Public Works requested that the Public Works Section, in order to carry out the demarcation of the zone of two kilometers on either side of the Barva volcano, formulate a draft contract with Engineer Manuel Benavides, having in view the plans and report of the Licentiate (Lic.) Moisés Rodríguez on the summit of that mountain (National Archive, Public Works Fund (Fomento), file number 1454, f. 308). The following month, the Head of the Public Works Section entered into a contract with Engineer Manuel Benavides Rodríguez for the tracing of the south parallel of the Barva mountains, between the Zurquí hill and La Concordia in the jurisdiction of Heredia. For this purpose, Engineer Manuel Benavides carefully examined the plan marking the summit of the Barva mountains made by Licentiate Moisés Rodríguez, and agreed to trace the parallel to the south of the Inalienable Zone at two kilometers from the summit, indicating the materials for its boundary marking:
“1°- The Public Works Section accepts the proposal of Mr. Benavides which reads verbatim as follows: Mr. Minister: “I have carefully examined the plan that marks the summit of the Barba mountains, work of Licentiate Mr. Moisés Rodriguez. The tracing of the parallel to the South of said mountains is long and laborious. The distance from ‘Cerro Zurquí’ to La Concordia (extreme points of the inalienable zone) following the parallel at two kilometers from the summit is 18,925 meters. To this must be added the distance of five ordinates, or another 10,000 meters; making a total of 28,925 meters. Except for some parts without forest, a lane must be opened throughout this entire distance; and a lane at least two meters wide must be left along the entire length of the zone. It is necessary to arrange, transport, and place 24 stone posts to mark the most important points of said tracing. I have calculated everything economically and the result is an expense that, together with my fees, amounts to ¢1,074.60. Despite this calculation, I ask, in round numbers, for one thousand colones. The calculation does not include the plan of the private lands that the inalienable zone may encompass, as I believe this is the responsibility of the Municipality of Heredia if there is interest in it.” 2°- The work must be executed correctly; and for this purpose, Benavides will perform all operations necessary to fulfill the prescription of the law of July 30, 1888: in other words, the Public Works Section is not responsible for the accuracy of the previous measurements of the crest of the mountain range between La Concordia and Zurquí. 3°- The Public Works Section reserves the right to verify the work of Mr. Benavides. 4°- The Public Works Section will recognize Benavides for his work the value of ¢1,150, he undertaking that the 24 stone posts referred to in the proposal shall be rectangular parallelepipeds 1 meter in height by 25 centimeters on each side, excluding the burial, which shall not be less than fifty centimeters. 5°- The value of ¢1,150.00 colones shall be paid as follows: ¢300 at the start of the work and the remaining ¢850 upon completion and receipt to the satisfaction of the Government. 6°- Any question that arises by virtue of this contract shall be resolved by the Minister of Public Works (Secretario de Fomento), whose ruling shall be unappealable. 7°- This contract requires the approval of the Ministry of Public Works for its validity. San José, February 5, 1903. (Signed) A. González. (Signed) Manuel Benavides. San José on the twenty-fourth day of the month of February, nineteen hundred and three. A González.” ([32]) (National Archive, Public Works Fund (Fomento), file numbers 1454, f. 318; and 2051, f. 34 right-35 left).
In February, the first $300 was paid to Mr. Manuel Benavides, and in March, a second payment also of $300. On April 18, the Ministry of Public Works requested the Head of the Public Works Section to report whether said Engineer had faithfully fulfilled the contract for the tracing of the Inalienable Zone on the south side of the Barva Mountains and whether the payment of the balance was appropriate. The report must have been positive, because between May 15 and 22, 1903, the Public Works Section reported in its activity report the Tracing of the Inalienable Zone and the amounts of $550, $47.95, $597.95, the latter comprising the balance of the cost of the measurement and boundary marking of said Zone, which according to the contract amounted to ¢597.95 including the cost of posts for boundary markers. On June 17, 1903, Congress approved the agreements and records contained in the Public Works Report (Memoria de Fomento). On August 24, 1903, the Municipality of Heredia noted that the demarcation of the Inalienable Zone of two kilometers on the south side had already been carried out. ([33]) Shortly before, on March 2, 1903, the Municipality of Heredia, having news that clearing and burning were taking place within the Inalienable Zone, and that the springs of the Tibases and Bermúdez rivers were deforested, called the Governor's attention so that measures might be promptly ordered to prevent the abuses. On the 24th of that month, receiving news that within the same Zone, at the point “Caricias,” there was an attempt to register lands, it petitioned the Government to prevent it, as well as others with the same intent within the limits of the Inalienable Zone, which was national property by special law. ([34]) On April 20, 1903, the same Municipality, faced with water scarcity and after an inspection from the reservoirs to their source in the mountains of El Gallito, where tree cutting was observed at the springs, and it being urgent to correct this harm, agreed to build a mortar and stone water channel (atarjea) in Los Pedregales to prevent water infiltration in that place, and to obtain a subsidy from the Supreme Government to invest in bringing new water and repairing the general channel to the city reservoirs, as well as to compile details of the benefiting residents and owners to carry out the work. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, file number 17500, f. 54-60. La Gaceta No. 130 of June 7, 1903, p. 562-563).
On July 27, 1903, said Municipality, having reports that on the municipal lands of “El Gallito” some individuals were clearing land without owning it, destroying trees near the Las Vueltas River, brought it to the attention of the Governor so that he might order measures to prevent those abuses and punish them with the full rigor of the law. On August 24, in addition to acknowledging that the Inalienable Zone had been demarcated on the south side, it deemed it advisable to mark it with boundary markers on the north side of “El Gallito.” On October 4, the Minister of Public Works responded that as soon as possible, the appropriate steps would be taken. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, file number 17501, f. 31, 35-36, 62-63. Central Archive of the Municipality of Heredia, file number SCM-126-4833, f. 6).
Following the boundary marking of the south parallel of the Inalienable Zone carried out by Engineer Manuel Benavides in the dry season of 1903, requests regarding the municipal lands located within or near the Barva volcano mountain intensified. On October 5, 1903, a resident of the city of Heredia indicated that he and others had requested lands in “El Gallito” of San Rafael de Heredia, a decision postponed by the Municipality pending the necessary data about them, and receiving no response, he reiterated the request, pointing out that the properties they might choose would be outside the two kilometers that were unclaimable and would not include those where there were springs of the water that supplied or could supply the city or the province. The Municipality agreed not to alienate those lands for the time being. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, file number 17501, f. 98-100. Central Archive of the Municipality of Heredia, file number SCM-126-4833, f. 1-3).
On April 19, 1904, the Municipality of Heredia learned of another proposal offering the sale of 51 manzanas of forest within the two kilometers of the Inalienable Zone, from which the waters that supplied the city of Heredia emerged. The Municipality commissioned the Governor to obtain more details on its price and conditions. On November 28, based on the Governor's report, considering the conservation of the forests on the lands where the waters that supplied most of that province originated to be absolutely necessary, it agreed to recover it if the interested party proved with the document or documents that the Municipality had sold the land and that its value had been paid, in which case an arrangement would be made to acquire it; otherwise, legal means would be pursued to reclaim it, as it formed part of the lands that belonged to them in property with a registered title. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, file number 17502, f. 64, 70, 212-213, 264-265).
On August 29, 1904, the same Municipality learned that Engineer Manuel Benavides had finished the studies on the demarcation between San Isidro de Heredia and the province of San José, and to carry it out, it remained to be known whether those in charge from the Municipalities of San José and Santo Domingo were ready. Thereupon, what was stated by the Engineer was communicated to said municipalities. On October 3, the Municipality of Heredia learned of the communication from the Political Chief of Santo Domingo advising that the Minister of the Interior had ordered the Directorate of Public Works to designate the engineer for that canton for the demarcation matter, and another from the Governor of San José advising that the Surveyor Alberto Navarro, appointed by the Municipality of San José, was ready to proceed with the demarcation between Santo Domingo and San Jerónimo de San José. (National Archive, Municipal Fund of Heredia, file number 17502, f. 192-193, 212-213).
Regarding this topic, it is worth noting that Law No. 40 of July 13, 1905, numeral 1, created the canton of San Isidro de Heredia, with the districts San José and La Concepción. (Collection of Laws and Decrees, Year 1905, Semester II, p. 41-42).
For its part, Law No. 17 of November 15, 1910, established the canton of Coronado, to which the neighborhood of San Jerónimo belonged, and set the boundaries as follows:
"From the 'Stone Boundary Marker of Cerro Zurquí' (Mojón de Piedra del Cerro Zurquí), an imaginary straight line running to the right bank of the 'La Patria' River, where a marker is located; from there, another line terminates at the Carrillo road where another marker is located; it then continues along the Sucio River, upstream, to the boundary marker placed on the left bank of the same river, a marker from which another imaginary straight line departs to the so-called 'Cabeza de Vaca' marker, from which it proceeds along the left bank of the Chiquillo River to the marker placed on the right bank thereof, it connects by a straight line with the one placed at the spring of the Ipís River, along which it continues to the road bridge over the same river. From there, it follows the Carrillo road to the Macho River bridge, from which another line departs to end at the 'stone boundary marker of Alto de San Jerónimo' (mojón de piedra del Alto de San Jerónimo), then continuing along the right bank of the Pará River to the 'Stone Boundary Marker of San Luis' (Mojón de Piedra de San Luis), from which the last line departs, connecting this marker with the 'Stone Boundary Marker of Cerro Zurquí'." (Collection of Laws and Decrees, Year 1910, Semester II, p. 703-706).
Law No. 55 of April 1, 1914, created the canton of Moravia, assigning to it, among others, the district of San Jerónimo, and had as part of its boundaries the Virilla River and the provincial boundary between Heredia and San José. (Collection of Laws and Decrees, Year 1914, Second II, pp. 113-114).
Law No. 7894 of July 8, 1999, article 3, established as part of the boundaries of the canton of San Isidro de Heredia the following: with the canton of Heredia: “The summit of the Cordillera Central, from the hill of 2,139 m in altitude, located at coordinates 227350N-531450E, passing through cerro Turú and cerro Caricias to cerro Zurquí,” and with the canton of Moravia: “From cerro Zurquí 1,150 m to the Southeast, to the Cooper marker, then some 150 m due East, to one of the headwaters of the Pará Blanco River, downstream, first along the Pará Blanco River and then along the Pará Grande River, to the intersection of the latter with geodetic coordinate 533810E.” (Supplement No. 52 to La Gaceta No. 144 of July 26, 1999).
Thus, cerro Zurquí serves as a provincial boundary between Heredia and San José, as can be seen on the Barva cartographic sheet of the Instituto Geográfico Nacional, 1967 edition, and therefore, also between the central canton of Heredia, the canton of San Isidro de Heredia, and that of San Jerónimo de Moravia. From cerro Zurquí, the imaginary straight provincial boundary line runs due north to the Patria River, covering a distance of approximately 3 km. According to the overlay of plan 14154 of the Inalienable Zone (Zona Inalienable) between cerros Zurquí and Concordia, a small portion of the 2 km of the northern parallel was comprised between the provincial boundary line and cerro Hondura, and therefore within the jurisdiction of the district currently called San Jerónimo de Moravia, with approximately 550 m between the provincial boundary line and track 2 of plan 14154, starting its count from cerro Zurquí.
It is therefore not surprising that in 1894 the Municipality of Heredia was monitoring the boundaries between Heredia and San José in order to provide effective custody of the lands of the Inalienable Zone (Zona Inalienable) comprised within its jurisdiction (Central Archive of the Municipality of Heredia, reference SCM-137-5284, ff. 94-95).
The demarcation with boundary markers (amojonamiento) of the southern parallel of the Inalienable Zone (Zona Inalienable) of the Barva volcano mountain, carried out by Engineer Manuel Benavides, made it possible to verify whether the clearings (desmontes) were within that Zone, and also provided an opportunity for the Fiscal Agent (Agente Fiscal) of Heredia to defend and claim in the judicial venue the restitution of municipal lands comprised within it.
On April 11, 1904, the Municipality of Heredia, in its regular session No. XVIII, attended by, among others, councilman Engineer Manuel Benavides and the Governor of the Province, having reports that large clearings (desmontes) were being made on cerro “Caricias,” petitioned the Governor to proceed energetically as soon as possible against the persons making them and against all those who cleared within the duly marked inalienable line (Archivo Nacional, Heredia Municipal Archive, reference 17502, ff. 59-60).
On April 22, 1904, before the Mayor’s Office (Alcaldía) of Santa Bárbara, a complaint was filed for clearings (desmontes) within the zone where it is prohibited in the Montaña del Inglés in Santa Bárbara de Heredia. The clearings had been made within 50 varas of Quebrada Dantas, and within the boundary markers (mojones) recently placed in the survey to set their limit. The Mayor (Alcalde) of Santa Bárbara asked one of the witnesses whether the clearing was within those boundary markers. On May 31, 1904, the Fiscal Agent (Agente Fiscal) requested a site inspection by experts to determine whether the clearings were within the zone declared inalienable, whose line was demarcated by stone boundary markers (mojones de piedra). On June 15, 1904, an expert examination was ordered to determine if the “clearings are comprised within the inalienable perimeter or, that is, within the boundary markers recently placed (of the hill) I mean: by Engineer Don Manuel Benavides.” On June 28, 1904, the experts Julián Alfaro and Benjamín Bonilla reported that there was one clearing 400 m from Quebrada Dantas and another at 500 m, both made where the fire passed. They added that these “clearings are within the boundary markers of the Inalienable Zone (Zona Inalienable).” (Archivo Nacional, Santa Bárbara Mayor’s Office Archive, reference 148, ff. 8-10).
Also, regarding an ancillary title (título supletorio) filed in the Mayor’s Office (Alcaldía) of San Rafael de Heredia for a mountain land in the “Breña de Mora,” the representative of the Municipality of San Rafael de Heredia filed an objection because the Municipality was the owner of the land, and it was within the Inalienable Zone (Zona Inalienable). On August 22, 1904, the defendant answered the action affirmatively except regarding costs. On the 26th of that month, the Civil Court (Juzgado Civil) of Heredia declared the municipal lawsuit admissible. (Archivo Nacional, Heredia Civil Court Archive, reference 3099, ff. 1-24 v. Boletín Judicial No. 90 of April 21, 1904, p. 358).
For its part, on November 20, 1905, based on a report from the Governor regarding a lot located in “El Gallito,” entirely comprised within the Inalienable Zone (Zona Inalienable), the Municipality of Heredia ordered that the deed could not be granted, and that the applicant must be so informed with the warning that the lands of that Zone could not be cleared (desmontarse) and their possession was illegal. (Archivo Nacional, Heredia Municipal Archive, reference 17503, ff. 175, 178). In another case, on January 21, 1907, the same Municipality, faced with a possessory information proceeding (información posesoria) filed in the Mayor’s Office (Alcaldía) of San Rafael de Heredia to register another land also located in “El Gallito,” district of Los Ángeles, within the Inalienable Zone (Zona Inalienable), and because they were municipal lands, commissioned the Fiscal Agent (Agente Fiscal) to object. (Archivo Nacional, Heredia Municipal Archive, reference 17505, ff. 23, 26).
On January 3, 1910, the Municipality of San Rafael de Heredia, as a result of a complaint and deeming it advisable to object because the lands were comprised within the Inalienable Zone (Zona Inalienable), commissioned the Fiscal Agent (Agente Fiscal) of Heredia for the proceedings of the case before the Administrative Dispute Judge (Juez de lo Contencioso Administrativo). On the following June 10, the Municipality of Heredia, responding to a request from the Municipality of San Rafael dated June 1 regarding the objection to the ancillary title (título supletorio) of the property located in “El Gallito,” comprised within the Inalienable Zone (Zona Inalienable), likewise requested the Fiscal Agent (Agente Fiscal) to undertake the proceedings of the case in accordance with the law. On October 2, 1910, the Municipality of San Rafael, as a result of two communications from the Governor of Heredia addressed to the Political Chief (Jefe Político) of San Rafael ordering him to conduct a census of properties in the Inalienable Zone (Zona Inalienable) and instructing him to request the necessary pecuniary assistance from the Municipality, considering the conservation of waters as the purpose, authorized the Political Chief (Jefe Político) to appoint a commission of two or three persons knowledgeable about the matter and to assign them from the common funds a daily salary of two colones each for the time they spent, strictly limited to that jurisdiction and leaving a copy of the report with the result for the municipal archive. ([35]) On August 16, 1910, in relation to a possessory information proceeding (información posesoria) processed in the Mayor’s Office (Alcaldía) of San Rafael de Heredia for a land located in the “El Gallito” area, the Fiscal (Fiscal) filed a lawsuit before the Civil Court (Juzgado Civil) of Heredia because the property was within the Inalienable Zone (Zona Inalienable) of the Law of July 30, 1888, enacted for the conservation of the mountains where the streams and springs (manantiales) that supplied water to Heredia originate, for which reason, representing the Municipality of Heredia and at the request of that of San Rafael, he requested a declaration that there was no right to reduce it to private ownership (dominio particular). On July 20, 1911, during the admission of evidence, the Fiscal (Fiscal) cross-examined the witness “so that he may say if he knows that the property to which he previously referred is comprised within an extent of inalienable land that was demarcated by engineer Don Manuel Benavides, which extent comprises two kilometers in width starting from the summit of the Barba mountain, from ‘Cerro Zurquí’ to cerro de Concordia.” (Archivo Nacional, Heredia Civil Court Archive, reference 3452, ff. 1-2, 4-5, 8-9, 92 f-v, 98).
On August 31, 1911, the Municipality of Heredia resolved that since the property “El Gallito” was titled and registered in its name in the Registry, and since a property that was intended to be registered was within it, it urged the Fiscal Agent (Agente Fiscal) to file a new lawsuit, which could be consolidated with the one already filed, to seek a declaration that the ancillary title (título supletorio) issued before the Mayor (Alcalde) of San Rafael was null because the property was within that municipal property, which had to be restituted along with the payment of damages and losses, among which were included the clearings (desmontes) made on the banks of the springs (manantiales), including those made within the Inalienable Zone (Zona Inalienable) in accordance with the Law of July 30, 1888. On September 16, 1911, the Fiscal (Fiscal) filed another lawsuit indicating that the property “El Gallito” was property registered in the name of the Municipality of Heredia, number 21828, volume 609, folio 400, entry 1, and requested the nullity of the ancillary title (título supletorio) issued in the Mayor’s Office (Alcaldía) of San Rafael because it was registered in the name of his principal, the property having to be restituted along with payment of the damages and losses caused, among them, those arising from the clearings (desmontes) made on the banks of the springs (manantiales), and including those made within the Inalienable Zone (Zona Inalienable) provided for in the Law of July 30, 1888. The ruling at 8 a.m. on September 18, 1911, consolidated this action with one previously filed. (Archivo Nacional, Heredia Municipal Archive, reference 17509, ff. 107-108; Heredia Civil Court Archive, reference 3453, ff. 1-11).
On April 19, 1912, the Municipality of Heredia authorized the Fiscal (Fiscal) to enter into arrangements with the Executor (Albacea) of the Estate regarding the lands located in “El Gallito” that were comprised within the Inalienable Zone (Zona Inalienable). On April 26 of that year, the Municipality accepted the settlement agreement (contrato de transacción) of the 20th of that month, entered into by the Fiscal (Fiscal) and the Executor (Albacea), in which it was agreed to execute the public deed for the land of pastures and woodlands located in “El Gallito” related to the title issued before the Mayor (Alcalde) of San Rafael, the Executor (Albacea) committing on behalf of the Estate to conserve the existing forest cover (montaña) over the streams and rivers that ran through the land being registered, and not to clear (desmontar) the springs (nacientes) and banks of the rivers fifty varas to one side and the other, in addition to paying to the Municipal Treasury, as a fee per hectare, ten colones, plus the procedural and personal costs of both lawsuits, as well as the costs of the deed and other expenses incurred to obtain ownership of the land located in the place called “El Gallito,” jurisdiction of San Rafael de Heredia, comprised of lots 6 and 9 as marked on “The Sketch” (El Croquis) made by Don Luis Chamier of the lands of “El Gallito,” and approved it with the modification that the public deed would be granted with the warning that the area that resulted within the Inalienable Zone (Zona Inalienable) would not be included in the sale and would be deducted to the interested party in the proportion of ten colones per hectare. Furthermore, it authorized the Fiscal (Fiscal) to petition for the termination of the lawsuits, and to retrieve the documents belonging to the archives of the Municipality and the Governor’s Office. On April 27, 1912, the Fiscal (Fiscal) and the Executor (Albacea) of the defendant Estate, by virtue of the settlement agreed upon, petitioned the Court to terminate the lawsuits, archive them, and return to the plaintiff Municipality all the documents presented. That day, the Court, by virtue of the arrangement made, terminated the lawsuits and handed over the documents presented. (Archivo Nacional, Heredia Municipal Archive, reference 17510, ff. 67-68, 71-73; Heredia Civil Court Archive, reference 3453, f. 32).
On October 1, 1910, the Municipality of San Isidro de Heredia commissioned Lic. Ricardo Coto Fernández to find out if the Inalienable Zone (Zona Inalienable) was comprised between the lake of Los Leones and cerro de Zurquí. The same Municipality, probably due to a lack of knowledge, on November 15, 1910, requested the Executive Branch (Poder Ejecutivo), through the Dirección de Obras Públicas, to materially demarcate the line of the Inalienable Zone (Zona Inalienable) 2 km wide on one side and the other of the summit of the mountain called volcán de Barva in order to prevent the clearings (desmontes). On December 6, 1910, the Secretaría de Gobernación communicated to the Promotor Fiscal the official letter dated the 2nd of that month, wherein the Governor of Heredia reported on the municipal agreement that supported the request of San Isidro, since it aimed to prevent the damages that would arise from the occupation of those lands, also requiring the eviction of private individuals who had appropriated land in that Zone. On December 12, the Promotor Fiscal reported that since Law 65 of 1888 decreed inalienable the zone 2 km wide on one side and the other of the summit of the mountain of volcán de Barva, from the hill called El Zurquí to that known by the name of Concordia, the Public Prosecutor’s Office (Ministerio Público) had objected to the claims (denuncios) that, in the opinion of the municipalities, were comprised in that Zone, but did not have sufficient data to know if the interested parties had been authorized to enter into possession of lots at that point and to know if the clearings (desmontes) were being made under the protection of the law. ([36]) On May 15, 1911, also the Municipality of San Isidro, based on Law 65 of 1888, believing it urgent and necessary to carry out the demarcation (deslinde) of the Inalienable Zone (Zona Inalienable), agreed to urge the Council (Concejo) of Santo Domingo de Heredia to make a decision to undertake that measure, bearing the expenses that the work would require in equal parts. The same Municipality, on September 4, 1911, in light of a claim (denuncio) filed before the Administrative Dispute Court (Juzgado Contencioso Administrativo) regarding a mountain land located on the western slope of cerro Zurquí, deeming that it was comprised within the Inalienable Zone (Zona Inalienable) provided for in the Law of July 30, 1888, and should not be cleared (desmontarse) because it would diminish the water flow of the branch of the Pará River that originated in the jurisdiction of Heredia, supplied the population of Santo Domingo, and ran at the foot of the aforementioned slope of cerro Zurquí, brought it to the attention of the Minister of Gobernación so that the Promotor Fiscal could object or request the nullity of the claim because the land could not be reduced to private property (propiedad privada) in accordance with that Law. On September 7, 1911, the Political Chief (Jefe Político) of San Isidro reported having inspected the land on the slopes of cerro Zurquí and noticed clearings (desmontes) of little significance, for which reason he prohibited the private individual from continuing and ordered him to replant, and that on the 4th of that month he had inspected it again, finding trees felled, some land cleared, and nothing replanted, for which reason he proceeded to stop that work and to compile an inquiry (información) that was being processed to impose the penalty provided by law. On September 12, 1911, the Promotor Fiscal informed the Secretary of Gobernación that he had filed an objection to the claim (denuncio) and was awaiting from the interested Municipalities the evidence to prove that the land was within the non-claimable zone (zona indenunciable). ([37]) Since the demarcation with boundary markers (amojonamiento) of the southern parallel of the Inalienable Zone (Zona Inalienable) had already been carried out by Engineer Manuel Benavides, the Municipality of San Isidro proposed him as a witness. On September 21, 1911, the Political Chief (Jefe Político) informed the Minister of Gobernación of this, providing for the same purpose the names of six additional declarants, residents of San José de San Isidro and San Luis de Santo Domingo. On September 25, 1911, the First Administrative Dispute Judge (Juez Primero de lo Contencioso Administrativo) issued a letter rogatory (exhorto) to the Civil Judge (Juez Civil) of Heredia, with the file of evidence from the Promotor Fiscal proposed in his objection to the claim (denuncio), in which he offered Manuel Benavides Rodríguez, resident of Heredia, to testify: “Whether it is true that the land… in these proceedings, is comprised within the inalienable zone (zona inalienable).” On September 28, the Civil Court (Juzgado Civil) of Heredia scheduled 9 o'clock in the morning on the 30th of that month to receive his testimony. On that day, Don Manuel Benavides Rodríguez, of legal age, widower, engineer, resident of Heredia, appeared, and having been advised of the penalties for perjury in civil matters and sworn in, examined on the question inserted in the letter rogatory answered: “…that what he is being asked is true, and he is certain of it based on the personal knowledge he has of the lands in question because he had traced the boundary of the inalienable zone along the southern direction; that both the claimed land… as well as other adjacent lands are located in the referred zone. The witness having read his statement, approved it and signed it.” (Archivo Nacional, Gobernación Archive, reference 3421, f. 150; Judicial Archive, reference 1463, ff. 21-22 f-v).
The actions of the municipal governments were not only exercised against proceedings for registering lands comprised within the Inalienable Zone (Zona Inalienable), but also to recover those already registered in the name of private individuals, with the purpose of allocating them to the conservation of springs (manantiales) by reforesting them (repoblándolos de bosques). In that sense, on January 16, 1905, the Municipality of Heredia, in order to obtain the property titles for lots expropriated for the protection of the water springs (manantiales) that supplied that locality, appointed as General Representative (Apoderado General) Mr. Moisés Rodríguez Calvo, who accepted the position on the following February 1. (Municipal Archive of Heredia, reference SCM-126-4836, ff. 6-9).
On August 13, 1906, Mr. Samuel Uribe, representative of Don Ricardo Güell, stated that there was no plan (plano) of the property offered for sale to the Municipality and of interest because the waters of Porro or Porrosatí, utilized for the water pipeline (cañería) of the city of Heredia, originated there, that it had to be planted with trees to prevent the decrease of the water flow, and his client, faced with several purchase options, would accept that it be previously appraised by suitable experts appointed by the Municipality, provided he was guaranteed payment of the sum fixed based on the registered measurement. The Municipality agreed to address the matter in the extraordinary sessions on the 15th and 18th of that month. On August 20, 1906, it examined the copy of a plan (plano) presented by Don Samuel Uribe, who affirmed it pertained to the property where the springs (manantiales) protected by law with 50 m around them were located. He proposed making a new plan and carrying out the demarcation (deslinde) with respect to the municipal lands, bearing the expenses in equal parts, and that if the sources were found within the municipal property, his client’s property would not be purchased; otherwise, it would. The Municipality authorized the Governor to hire Engineer Manuel Benavides to make the plan of the land belonging to Mr. Güell (formerly Dr. Flores) and the demarcation, determining the situation of the springs (manantiales) and the dividing line between the property and the municipal lands, defraying the costs in equal parts. (Archivo Nacional, Heredia Municipal Archive, reference 17504, ff. 17-18, 23, 25-26).
On August 27, 1906, the Municipality of Heredia examined a note from the Governor, in which Engineer Manuel Benavides responded that he charged ¢250 for the survey (levantamiento del plano) and the execution of the demarcation (deslinde). It was agreed to propose the same work to the surveyors (agrimensores) Lisímaco Vargas and Moisés Rodríguez in order to see if they would do it for a lower price. On September 3, their offers were received. On September 10, the Municipality received the report from Engineer Manuel Benavides regarding the survey (medida) and plan (plano), also attaching his bill for the work, ¢250.oo. Samuel Uribe was present as Güell's representative and reiterated the conditions: a term at the Municipality's option, extremely low interest, and the price established by expert appraisal. Considering that the purpose of the survey (medida) and demarcation of the source of the springs (nacimiento de las vertientes) was to obtain full certainty about the place where they originate, whether on private or municipal property; that from the report it was deduced that the springs (vertientes), the Flores water sheet (paja de agua) and its sources, and those that increase the water flow of the Porros originate on Mr. Güell's property; that Engineer Benavides opined that those lands were of private ownership and it was advisable to acquire them for the benefit of the water pipeline (cañería) and any other works that might be undertaken, returning to municipal property, converting into forests (bosques) those that were not, since otherwise the waters would dry up; and given the known economic situation of the Municipal Treasury, they could not be acquired without the assistance of the Supreme Government (Supremo Gobierno). It was stated that the Municipality must attempt to purchase the property, submit the report and the plan for the knowledge of the Executive Branch (Poder Ejecutivo), requesting its assistance for the benefit of the water pipeline (cañería), or that it indicate the best procedure for the business, and once its response was obtained, the manner of determining the price of the property would be arranged, and in case of acceding to Uribe’s request, it would be set by an expert for the seller, another for the Municipality, and a third for the Supreme Government (Supremo Gobierno). The payment of ¢125.oo on behalf of the Municipality was ordered, and Uribe was notified that he could pay his share. A communication was read from surveyor (agrimensor) Lisímaco Vargas, in which he offered to perform the survey (medida) for two hundred colones, and it was decided that it was not possible because the work was already completed. (Archivo Nacional, Heredia Municipal Archive, reference 17504, ff. 30-31 and 36-39).
The plan (plano) of the property called “El monte de don Juan Flores” is from September 1906, located in San Pedro de Barva de Heredia at the foot of the mountains of Barva. At that time property of Ricardo Güell, and prepared by Manuel Benavides R. It describes areas: Pasture “La Yerbabuena” 18 ha. 6160.00 m2= 26 mzs. 6363 v.c2; Large Pasture 34 ha. 1880.60 m2=48 mzs. 9171 v.c2. Hill and woodlands 70 ha. 4806.86 m2=100 mzn. 8457 v.c2. Total 123 ha. 2846.86=176 mzs. 3991 v.c2. The woodland area has a capacity of 70 ha. 4806.86 m² and borders in part on the north with the summit of Cerros Piedra and an indication of municipal lands, on the east with quebrada “El Mancarrencito,” on the west and south with the Porrosatí River in between, in part Pasture “La Yerbabuena” (18 ha. 6160.00 m²), and on the south in part with Large Pasture (34 ha. 1880.60 m²), and describes, with the name of springs (manantiales), the course of five of them, the principal one being that coming from the woodland area. (Archivo Nacional, Plans Archive, reference 7091).
On April 22, 1907, the Municipality of Heredia petitioned the Governor to bring what had been agreed upon on September 10, 1906, to the attention of the Executive Branch (Poder Ejecutivo) so that it could decide on the purchase of the land essential for the sustainability of the water flow that supplied the city and neighboring districts. On June 3, 1910, the Municipality of Heredia received an official letter from the Governor stating that the Political Chief (Jefe Político) of Barva had sent a Commission to the lots bought by the Municipality from Mr. Güell and found livestock, which could not be caught, passing through a gap onto a private individual's property; and that those lots were contiguous with another private individual’s property, separated only by a river that did not impede the passage of livestock. To remedy that damage, the Governor was commissioned to order the closure of the Municipality’s proportional part, demanding the same from the other adjacent owners, and to occasionally send two police officers for its surveillance. (Archivo Nacional, Heredia Municipal Archive, references 17505, ff. 59, 61-63; 17508, ff. 48-49).
The survey (medida) of the Inalienable Zone (Zona Inalienable) was not only within the knowledge of the Secretarías de Fomento and Gobernación, but also of the Governor’s Offices (Gobernaciones) of Heredia and Alajuela. On August 25, 1911, the Secretary of Fomento, Enrique Jiménez Núñez, informed the Secretary of Gobernación that, with the object of conserving the mountains where the streams and springs (manantiales) that supply water to the Province of Heredia and part of that of Alajuela originate, by Decree No. 65 of July 30, 1888, a land zone 2 km wide, whether national or municipal, was declared inalienable to one side and the other of the summit of the so-called Mountain of the canton of Barba, from cerro Zurquí to that known by the name of Concordia, and therefore, in its execution, that Secretaría, by Agreement No. 117 of January 28, 1896, ordered that its survey (medida) be carried out at the Government’s expense, with the Municipalities of the Central cantons in their respective jurisdictions being responsible for the conservation of the tracks or boundary markers (mojones) and their custody, as well as the cultivation of trees in the cleared (desmontadas) parts. He added that the survey (medida) had been executed by Engineer Moisés Rodríguez and that the corresponding plans (planos) and other data were in the possession of the Governors (Gobernadores) of Heredia and Alajuela. Likewise, he indicated that given true reports that clearings (desmontes) were being made within the Inalienable Zone (Zona Inalienable), both to the south and to the north of the mountain ridge, within five years the mountain range would be completely bare, bringing disastrous consequences due to the reduction or loss of the waters that supply the central plateau, among them those of the rivers Itiquís, Porrosatí, Guararí, Pacayas Gordas, Ciruelas, Segundo River, Tibás, etc., and for this reason he requested that the Municipalities be addressed to prevent that destruction and to ensure compliance with the other provisions of the law. (Archivo Nacional, Gobernación Archive, reference 3407, ff. 127-128).
It is also not strange that the plans and reports on the demarcation and boundary-marking (amojonamiento) of the Inalienable Zone (Zona Inalienable) between cerros Zurquí and Concordia had also been delivered to the Governor (Gobernador) of Alajuela, as the Secretary of Fomento acknowledged in 1911, since several of the towns of Alajuela benefited from the conservation of the forests (bosques) located on the Montaña del volcán Barva, and also because at that time the boundary-marking (amojonamiento) of the dividing line between both provinces from the Cascante marker was still pending.
Regarding the benefit that the central canton of Alajuela obtained from the use of the waters originating on the Montaña del volcán Barva, on February 20, 1911, its Municipality informed the Minister of Gobernación that the Ciruelas River and its tributaries, the Guararí and Pacayas Gordas, served its agriculture and supplied water to several districts, providing for the reservoirs of that city's water pipeline (cañería) and powering the valuable coffee processing plants (beneficios de café) and wood sawing machines, and having heard news that the Municipality of Santa Bárbara de Heredia planned to grant a private company a water concession for the Porrosatí River and required authorization to divert the waters of the quebrada Las Cruces, and the Guararí, Pacayas Gordas, and Ciruelas rivers, it deemed such a diversion to be ill-considered and serious. The Minister of Gobernación requested a report from the Governor of Heredia, and the latter from the Political Chief (Jefe Político) of Santa Bárbara. On March 1, 1911, the Municipality of Santa Bárbara stated that to date no concession whatsoever had been granted for the waters of the Guararí, Pacayas Gordas, and Ciruelas, and therefore, the interested parties could rest assured. (Archivo Nacional, Gobernación Archive, references 3009, ff. 1-4; 3426, f. 47).
In another situation regarding the use of the waters located within the Inalienable Zone (Zona Inalienable) of the Montaña del Volcán Barva, we see that on October 26, 1911, the Municipality of Heredia, following Agreement No. 210 of the Secretaría de Fomento of the 21st of that month, published in La Gaceta of the 25th, which granted permission to the San José and Heredia Electric Lighting Company (Empresa del Alumbrado eléctrico de San José y Heredia) to extract water from La Laguna de Barva and channel it to the Porrosatí River by means of a canal 300 m long, to regulate during the dry season the volume of the flow of that river that served its power plant in the jurisdiction of the district of San Juan de Santa Bárbara, considered that the agreement did not meet the requirements of Decree No. 2 of September 16, 1911, regulating Law No. 14 of October 31, 1910, and that it could also significantly harm the interests of the cantons of Heredia, Barva, San Rafael, and Santa Bárbara because the seepage from “La Laguna de Barba” supplied water to most of the streams that run to the rivers for public supply, especially for the water pipeline (cañería) of Heredia, Barva, and San Rafael, it being probable that in the dry season it would be left without the amount necessary for the essential supply, and that the Municipality was taking steps to install electric lighting in the city, using for this purpose the motive power produced by the surplus water from the water pipeline. It therefore agreed to petition the Executive Branch (Poder Ejecutivo) to revoke the concession, recalling that La Laguna de Barva was comprised within the Inalienable Zone (Zona Inalienable) established by Law No. 65 of 1888. (Archivo Nacional, Heredia Municipal Archive, reference 17509, ff. 134, 136-138).
On October 31, 1911, the Undersecretary of Fomento responded to the Governor of Heredia that the agreement was to “authorize the practice of a test” to use a very small part of the waters of said Lake for a public utility service “without prejudice to third parties,” and if its results were harmful, as the Municipality feared, the concession would be rendered void. The Governor informed the Municipal President (Presidente Municipal) of Heredia of this on November 1 of that year. On November 3, 1911, the Municipality of Santa Bárbara, given the likelihood of harm from this concession, adhered to the resolution of that of Heredia, and petitioned the Government to revoke it. ([38]) The observation by the Municipality of Heredia to the effect that La Laguna de Barva was within the Inalienable Zone (Zona Inalienable) of Law No. 65 of 1888 was not contested by the Secretaría de Fomento, since it was based on the established fact that this Zone had already been surveyed (medida), and furthermore, its southern parallel boundary-marked (amojonada), according to its records.
On March 5, 1912, the Secretariat of Governance (Secretaría de Gobernación), at the request of the Undersecretary of Development (Subsecretario de Fomento), in response to burnings carried out by farmers of Heredia that damaged the forests protecting the rivers and streams that supplied water to the populations of Alajuela, responded that it had ordered the Governors of those provinces to issue the energetic measures that the seriousness of the case required to prevent the dire consequences indicated. (National Archive, Governance Fonds, call number 3499, f. 149).
Regarding the waters of the Itiquís River cited by the Secretary of Development on August 25, 1911, among the rivers whose waters originated from the mountain of the Barva Volcano and supplied part of the populations of Alajuela, in proceedings concerning a water allocation (paja de agua) in the neighborhoods of San Isidro and Carrizal of Alajuela according to a request of December 17, 1911, and which joined with another flow from the hamlet of La Concordia, and in which permission was also requested to divert the waters of the second branch of the Itiquís River, called Las Domingas, in the amount of 15 liters per second, said request being increased on December 28, 1911, to 50 liters of water, and taking into account that on August 13, 1912, the residents of San Isidro of Alajuela had opposed because from time immemorial they had enjoyed that stream for their domestic services, based on a report from the experts (peritos) where it was indicated that the amount of water utilized in the hamlets of San Isidro, El Rodeo, and a private plant was 8.2 liters per second, that is, less than a third of the branch called Las Domingas, and therefore only 20 liters per second could be granted to the applicant, leaving a surplus of 30 liters to satisfy the other interests, by Agreement No. 97 of July 4, 1913, the President of the Republic resolved to grant the use of 20 liters per second from the branch of the Itiquís River called “Las Domingas” to develop 33 horsepower with a drop of seven meters to move a sugar mill (trapiche), paying the State ¢ I-33 annually. (Report of Development. 1913, p. 63-64. La Gaceta of July 9, 1913, p. 38-39).
According to the 1967 Barva cartographic sheet, the Itiquís River has as one of its tributaries the Quizarraces River, which rises between the Guararí (Concordia) hill and the Barva Volcano with the name Yurro Seco. The other of the tributaries of the Itiquís River, which passes north of the village of Domingas of Carrizal, on that cartographic sheet bears the name Las Conejas stream (quebrada).
Nor should it cause surprise that the Municipality of San Rafael deemed necessary the demarcation of the municipal lands within its jurisdiction, located inside the Inalienable Zone, as an effective tool to prevent clearings. In that sense, what was agreed in the session of April 15, 1912, must be understood, when, faced with clearings made in the Inalienable Zone of the districts of Los Ángeles and Concepción, and the lack of resources to carry out the demarcation of the municipal properties and verify the argument of private individuals regarding their supposed condition as owners, it tasked the Political Chief (Jefe Político) with requesting an engineer from the Minister of Governance for that demarcation. On the 22nd of that month, the Secretary of Governance asked the Undersecretary of Development to agree to the request. On the following 23rd, the Undersecretary of Development ordered the Director of Public Works (Director de Obras Públicas) to have the demarcation carried out in both districts of San Rafael. On November 5th, the Political Chief informed the Minister of Development that the proceedings for the measurement and demarcation of the municipal properties in the districts of Los Ángeles and Concepción had been completed two months prior, and as it was desired to do it as soon as possible to divide them with fences and prevent the theft of lumber and cutting of trees on the banks of the rivers, he begged him to order the General Directorate of Public Works again to send the engineer. On November 6th, the Secretary of Development reiterated the request to the Director of Public Works, and required the Governor of Heredia to inform the Political Chief thereof. (National Archive, Governance Fonds, call number 3499, f. 293; Development, call number 8386).
On April 26, 1912, the Municipality of Heredia empowered the Governor to appoint a commission to traverse the lands where there were springs (manantiales) and ascertain who were the owners of the lands where clearings had been made. On June 7, 1912, the Governor sent the Municipal President the report rendered by the members of that Commission, Pedro Valerio and Aquileo Camacho, who prepared that study on the properties located between the Zone where there were springs. That report could be rendered because the Inalienable Zone had been measured and monumented in the terms already set forth. (National Archive, Municipal Fonds, call number 17510, f. 75. Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-127-4866, f. 140).
On October 9, 1912, the Municipality of San Rafael de Heredia agreed to oppose the possessory information proceeding for a piece of land in Concepción because it was in the Inalienable Zone. The following day, the Fiscal Councilor (Regidor Fiscal) filed the claim in the Civil Court of Heredia (Juzgado Civil de Heredia) because the property was included in the Inalienable Zone provided for in the Law of July 30, 1888. On October 16, the defendant requested that his transferors be summoned to put an end to the proceeding; they appeared in a filing of October 25. On November 15, the defendant asked the Municipality to suspend the litigation with the commitment to pay the personal and procedural costs, and to withdraw from the title he sought to establish within the Inalienable Zone; the Municipality agreed to authorize the Fiscal Councilor to make the settlement (transacción) and so communicated it to him on November 18 of that year. On December 7, 1912, the settlement agreement signed between all the parties was presented to the Civil Court, with the defendant assuming the personal and procedural costs, including the payment of the fees of Eng. Manuel Benavides and the rental of a beast for the inspection trip he made to the land, as well as the commitment to definitively suspend the establishment of the title, the litigation being considered concluded. That same day, in view of the municipal authorization, the Court terminated the matter and archived it. (National Archive, Civil Court of Heredia Fonds, call number 3457, folio 1, 3-4, 8, 11, 20-21; Municipal Fonds of San Rafael de Heredia, call number 16014, f. 121-122).
That settlement (transacción) accepted in court in a proceeding in which Eng. Manuel Benavides participated, who in 1903 monumented the southern parallel of the Inalienable Zone, demonstrates the clear validity of Law 65 of 1888, and the knowledge of the authorities of the time regarding its demarcation. This also allowed that in 1914 that strip or unclaimable zone (zona indenunciable) of the Barva hills was indicated as a boundary in some of the claims (denuncios) filed before the Administrative Court (Juzgado Contencioso Administrativo). ([39]) In a similar sense, the cadastral map H-7053-1935 of several properties located in Paso Llano of the second canton of the province of Heredia, prepared by R.E. Roig. V., scale 1:4000, and registered by the Cadastre Chief, Daniel González Víquez, describes as the north boundary: “old track (carril) of the unclaimable zone (zona indenunciable) according to the engineer of the Municipality of Heredia”.
Returning to the topic of the initially municipal lands, on September 19, 1910, the Civil Court of Heredia gave notice that on October 19 it would auction to the highest bidder property number 19837, located in Vara Blanca, with 1712 Ha 29 areas 52 centiares, registered in the Property Registry, Heredia District, volume 466, folio 2, entry 1; and number 20682, with 1782 Ha 18 areas and 48 dm², of the same District, volume 522, folio 386, entry 1, belonging to the Municipality of Santo Domingo (Judicial Bulletin No. 74 of September 27, 1910, p. 206), with the obligation to permit the necessary entry and exit ways for the bordering and interior public lands (baldíos). They would be sold in lots not larger than 100 Ha each and with a base price of 500 colones each lot, that is, 5 colones per hectare, at the request of the judicial representative of that Corporation and supported by decree No. 27 of July 5, 1899, which authorized that Municipality, in accordance with the legal procedures, to sell said lots. The proceeds of the sale would be applied to the payment of its debts, to the construction of a good water system (cañería), and to the promotion of other works of recognized utility for the canton. A similar provision for the Municipality of Barva was contained in Decree Law No. 3 of May 15, 1896, which approved No. 11 of January 18, 1896, issued by the Permanent Commission, authorizing it to alienate the league of land granted by Decree No. 9 of April 21, 1877, and divide it into lots of no more than 70 Ha. (Collection of Laws and Decrees, Year 1896, Semester I, p. 87-88).
On July 7, 1911, Mr. Fabio Baudrit presented a project in which he indicated that the Municipalities of Heredia, Barva, and Santo Domingo were the owners of property 13337, registered in the Property Registry, folio 239 of volume 210, entry 1, called Terrenos de Enseñanza, but that in reality it corresponded to the respective Education Boards. That based on article 114 of the Municipal Ordinances and the Decree of November 23, 1875, by means of auction before the Municipal Judge from May 1885 until 1907, 241 Ha 56 areas 84 centiares 39 dm had been alienated, part of the two leagues that the property originally comprised. He added that the First Mayor of Heredia, based on article 4 of the Law of September 28, 1887, and prior to agreements of the interested corporations of March 31 and August 16, 1882, agreed that the buyers would receive the properties leaving a mortgage with a 10-year term, and all sales were made with that concession. But, with no current interest, nor a representative for collection, the credits were abandoned and the few payments made did not benefit the owners. And furthermore, other persons without any right took possession of the lands and attempted and registered some sections by means of suppletory title proceedings. He also stated that in the Bank of Costa Rica there were deposits to the order of the Governor of Heredia that could not be withdrawn because the deposit slips did not appear, and that lacking special legislation on the point, he estimated that the sum was worthwhile and Congress could help recover it. He added that even though those Municipalities had promoted demarcation proceedings for the lands to determine which ones remained available; through years of publishing edicts and searching for interested parties who did not appear, the situation was as at the beginning, that is, the lands continued to be occupied on the pretext of being public lands (baldías) and recovering them by judicial proceedings was almost impossible in the special case of complicated and diverse rights that had been consolidating for 30 years, and the Municipalities did not agree to spend money on a matter of concern to the Education Boards. Therefore, the project intended to administratively demarcate the remainder of property 13337, folio 239, volume 210 of the Property Registry, taking into account only the registered lots, covering the costs of the work with the payments deposited in the Bank of Costa Rica to the order of the Governor of Heredia and, if necessary, from the National Education Fund, in the buildings section, charging it to the account of the Boards of Heredia. The interested parties would be summoned by an edict in La Gaceta, with a one-month term and indication of the day on which the measurement would begin. Persons who had possession of the referred lands with a valid title would appear before the Administrative Court (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo) within a period of two months from the publication of the law, indicating boundaries and measurement of their lots and enclosing the title to possess; these data serving in due course for the general measurement of the remainder; upon proof of the corresponding payment, the Judge would order registration as part of the parent property, without prejudice to a third party with better right. Once the free remainder was determined, it would be sold at public auction in lots of 10 Ha before the cited Judge, and its proceeds would be placed in the account of the National Education Fund of Heredia in proportion to the average school attendance of each district. Two experts (peritos) for the appraisal of the possessed lots would be named, one by the Municipal President of Barva and the other by the interested party, with the interested party bearing the cost of his work, measurement, registration, and other expenses necessary to formalize the title. (National Archive, Congress Fonds, call number 12205. La Gaceta No. 13 of July 15, 1911, p. 64).
However, on May 11, 1912, the Governor of Heredia sent a communication to the Municipal President in which the Political Chief of Barva referred to the task given to Fabio Baudrit relating to the Terrenos de Enseñanza, their physical division, and the ordinary suit that, in association with the co-owning Municipalities, had been brought against those who had acquired lots in those lands and adjoining ones, and that it was in the evidentiary phase for the experts (peritos) to present the overall map of the legal alienations with their respective location and of the remainder that belonged to the Municipality. He added that Moisés Rodríguez Calvo, a technical and practical expert (perito), knowledgeable of the place, had died ([40]), and other surveyors found the work too cumbersome and long. For which reason the Corporation considered Mr. Rothe suitable for the expert work and for having offered more moderate terms to make the map of the land with its located segregations and of the definitive lot of the remainder, in conditions to carry out the sale in predetermined lots, avoiding a future dispute. (Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-127-4886, f. 98-100. National Archive, Municipal Fonds of Barva, call number 16377, p. 3-6).
On May 31, 1912, the Municipality of Heredia received a report from the Fiscal Agent (Agente Fiscal) on the proposal of Fabio Baudrit so that he would be judicially authorized to enter into possession of the “Tierras de Enseñanza,” which Legislative Decree No. 43 of October 5, 1858, had granted to the province of Heredia. The Fiscal Agent indicated that in his opinion the Municipalities no longer had any right over the “Tierras de Enseñanza” since their administration corresponded to the Education Boards. The Municipality agreed to convene the Municipalities of Santo Domingo and Barva to discuss the matter. (National Archive, Municipal Fonds of Heredia, call number 17510, f. 85-86).
On May 31, 1912, the Municipality of Heredia commissioned the Governor so that, regarding the property of “El Gallito” registered in the Property Registry, they proceed in accordance with the map to divide it into lots and notify its possessors through the Official Gazette to enter into arrangements. Shortly before, on September 21, 1911, there was news of a piece of land expropriated in “El Gallito” for public road purposes, since the Municipality asked the Governor for a report to resolve the complaint against a private individual for the passage of his animals onto the municipal property in “El Gallito.” The representative of the private individual, Lic. Alfredo González, stated that a part of his client's land had been expropriated by the Government for a road, and that when the work was done, the fences that divided his client's properties and those of the Municipality were destroyed, leading to the passage of his animals, and some having already been driven to the property of Barba, he requested suspending the order for others to also be taken there while the Government paid his client for the expropriated land and rebuilt the fences, also declaring that he should not pay the fine for that fact. (National Archive, Municipal Fonds of Heredia, call numbers 17509, f. 119; 17510, f. 85-86).
On May 4, 1914, the Governor of Heredia reminded the President of the Municipality of the advisability of ruling on the situation of the possessors of lands in El Gallito and whether they could become private domain. On July 24 of that year, he also communicated to the Municipality a note from the Fiscal Agent informing that a possessory information proceeding had been filed before the Civil Court of Heredia to register a piece of land of 20 Ha 26 areas 69 centiares and 80 dm², located in “El Gallito,” and he considered that it was included within municipal lands. (Central Archive of the Municipality of Heredia, call numbers SCM-127-4869, f. 112; SCM-128-4870, f. 123-124).
On September 1, 1914, the Municipality of Heredia authorized the Governor to investigate who had felled forests at the springs (nacimientos) and banks of the rivers that supplied the city, and once verified, to compel them to replant the forests. It also agreed to exhort the Municipality of San Rafael to name a person who, together with the one designated by the Governor, would compile the list of persons from whom the replacement of the destroyed forests should be demanded. That same day, faced with a suppletory title and a claim (denuncio) of properties included in the Inalienable Zone of the Decree of July 30, 1888, the Municipality of San Rafael, seeking the maintenance of the forests and springs (manantiales) that supply the Province for consumption and the use of the properties from which the Segundo River forms, asked the Promoter Fiscal (Promotor Fiscal) to prevent their alienation in the Civil Court of Heredia and the First Administrative Court (Primero Contencioso Administrativo). (National Archive, Municipal Fonds of Heredia, call number 17512, f. 27, 29-30; Municipal Fonds of San Rafael, call number 16014, f. 282-284).
In summary, the map of the summit of the mountains of the Barva Volcano prepared by the Geometer Moisés Rodríguez Calvo, which he delivered to the Directorate of Public Works, was carefully examined by Eng. Manuel Benavides to establish with stone markers the layout of the southern parallel 2 km from its peak, from the Zurquí hill to the Concordia hill. Before the judicial authority in charge of real estate registration proceedings where his participation was required, Eng. Benavides acknowledged having carried out that monumentation, and judicial experts (peritos) also attested to that work in June 1904.
V.- The authorities charged with conserving the Inalienable Zone provided for in Law 65 of 1888 continued objecting to proceedings that attempted to alienate it, took steps and adopted measures against those who had no right to occupy it. Subsequent regulations reiterated that public domain (demanial) designation. The actions of the State organs also reveal the distinction between the public domain lands (terrenos de dominio público) included in that Zone, and those that validly had a title of ownership.
On November 6, 1918, the Municipality of Heredia, informed by the Governor that a private individual was seeking in the Civil Court of Heredia the registration of a piece of land in the place called “El Gallito,” agreed to require and authorize the Fiscal Agent to oppose it in accordance with article X, subsection 2, of the Law of the Public Ministry. (National Archive, Municipal Fonds of Heredia, call number 17515, f. 176-178).
On March 15, 1919, the Municipality of San Isidro, having news of steps to claim (denunciar) lands in the jurisdiction of San Rafael, in the mountain range where the waters that form the Tibás River rise, which supplied water to the residents of that Town, and that by clearing that region there would be a water shortage in that river and serious harm to the inhabitants who would be deprived of it, begged the Municipality of San Rafael to make inquiries about that claim (denuncio) and to oppose it because those lands were located within the perimeter of the unclaimable zone (zona indenunciable). On April 1, 1919, the Municipality of San Rafael indicated that because it was not determined who intended that claim (denuncio) nor had anyone appeared to process it, it deemed the request inappropriate. On November 3, 1919, the Municipality of San Rafael took note of the communication of October 27 of that year in which the Promoter Fiscal begged it to take the greatest possible care to notify him immediately upon learning that someone was going to claim (denunciar) lands included in the Inalienable Zone of the Law of July 30, 1888, in order to oppose it. On November 5, 1919, the Municipality of Heredia, faced with a similar communication from the Promoter Fiscal, considering that the exhortation revealed a marked interest in the welfare of that Province and deserved its full attention, stated to the Promoter Fiscal that it thanked him for such timely indication, and that it would attend to it as was its duty. ([41]) On December 13, 1920, the Municipality of Heredia, faced with the proposal of Mr. Fernando Rothe to carry out the study, demarcation, and monumentation on the “De la Enseñanza” land located in Vara Blanca, agreed that since it was not within its competence, he should present his petition to the Education Boards. However, on April 3, 1922, in view that the Fiscal Agent requested data to begin his work on the matter of the Vara Blanca lands, the Governor informed the same Municipality of his work in that regard in previous years, and that he had not been able to obtain anything from his efforts before the Government in 1906. Councilman Jara presented a motion by virtue of a study he conducted in the Registry where he learned that there were some manzanas of municipal property in that place and that Eng. Leoncio Martínez had indicated to him that in Alajuela there was a lawsuit between private parties, for which he considered that the Fiscal Agent should go to study it and report back, so it was agreed to provide him 25 colones for the initial expenses, and to request the certification from the Public Registry, with the Fiscal Agent accounting for the expenses he incurred. (National Archive, Municipal Fonds of Heredia, call numbers 17516, f. 297, 299; 17517, f. 187-189).
On April 24, 1922, the Municipality of Heredia received a report from the Fiscal Agent regarding the municipal lands of Vara Blanca, with their history and the Municipality’s rights, as well as of claims (denuncios) made by private individuals that were subsequent to that of the Municipality. In light of this, it agreed to form a file and again commission the Fiscal Agent to obtain the Registration of those lands, and to provide him from the extraordinary items budget of the Common Fund of the Center the balance for his work and report. On June 5, 1922, Eng. Leoncio Martínez stated before the Municipality of Heredia that private individuals from San Pedro de Santa Bárbara had claimed (denunciado) between 7 and 350 Ha, that he went to measure and found that those lands belonged to the Municipality, registered in the Registry with number 13337, and that it was the last remainder of that property because there had been some sales made by the Corporation, that for this it was necessary to study defective deeds and make the corresponding additional ones, measure those lands taking the percentage for roads and the percentage for waters. Mr. Sáenz asked if those lands belonged to the Municipality or to the education system, to which the engineer responded that they belonged to the Municipality because the deeds were in its name. After discussing this matter, it was agreed to contact the Promoter Fiscal so that he would oppose all those claims (denuncios) that were presented in the zone comprised by those lands, the boundaries of which would be given to him, and that Eng. Martínez would propose the terms of a contract for the measurement and location of those lands, indicating the facilities for their sale, a proposal reiterated to said engineer on June 26 of that year. (National Archive, Municipal Fonds of Heredia, call number 17518, f. 3, 32-33, 50, 56).
On August 22, 1922, the Municipality of Heredia agreed to send a note to the Supreme Government stating the need to avoid the danger of the city and minor districts being left without water and without electricity due to the constant breaks in the piping that supplied them and powered the Electrical plant, since its already deteriorated quality demanded replacing it in part and the calculations to make a new one amounted to $59,000.00 dollars, and it requested its assistance; as well as to obtain authorization to take out a loan of up to 50 thousand colones to be invested in the expansion and improvements to increase the electrical energy of the plant, and a second authorization to sell two municipal properties it possessed in the northern zone of the central canton, one in Vara Blanca of 496 manzanas and another two leagues east of the first, registered in the property section of the Public Registry, Heredia District, volume 210, folio 239, numbers 13337 and 13338, entry 1, and obtain ready cash through prudential sales and conventional payments. On October 28 of that year, the same Municipality, in order to replace the aforementioned piping that demanded an investment of $50,000 dollars, and to expand the electric lighting service which was insufficient for the current demand due to the large increase in population another not less than $25,000 dollars, and desirous of obtaining that loan under the favorable conditions of a low interest rate and long term, taking advantage of the current extraordinary sessions of Congress, agreed to ask the Executive Branch to request the Legislative Branch to authorize it to obtain said loan for the sum of 75 thousand dollars and invest it in the two aforementioned enterprises, obtaining at the same time authorization to alienate the properties of the Heredia District numbers 13337 and 13338, from volume 210, folio 239, entry 1, located in Vara Blanca, and therefore it begged the Executive Branch to withdraw from the knowledge of the Supreme Congress the loan request for the sum of 50 thousand colones, substituting it with the cited one. (National Archive, Municipal Fonds of Heredia, call number 17518, f. 96, 105-107, 161-163).
On February 18, 1929, the Municipality of Heredia authorized the Governor to make a contract with Eng. Benavides or another engineer for the measurement and location of the leagues of Barva in order to subdivide it into lots and proceed with its sale pursuant to Law No. 140 of 1923 (National Archive, Municipal Fonds of Heredia, call number 17522, f. 147, 149). Shortly before, Law 68 of 1923, considering the urgency of dictating measures and enforcing compliance with laws aimed at maintaining and protecting the origin of waters, especially those used by populations, provided: “Article 1.- It is absolutely prohibited for Municipalities to alienate, mortgage, or in any other way encumber the lands they possess or acquire on the banks of rivers, streams or springs (manantiales) or in hydrographic basins or hollows where springs (manantiales) emerge or where any watercourse that supplies a population has its origins or headwaters. On flat or gently sloping lands, such prohibition shall cover a strip of one hundred meters on both sides of said rivers, streams and springs, and in hydrographic basins or hollows, two hundred fifty meters on both sides of the maximum depression, throughout the entire line counting from the nearest greater height.” Numeral 4 thereof provided: “It is the duty of Municipalities to consult the Department of Agriculture, and obtain the corresponding permit from it, before alienating, mortgaging, leasing out, sharecropping, or exploiting on their own account, any land they possess or acquire. The Department of Agriculture shall decide if such lands are included among those described in article 1 and if the disposition desired to be made of them could affect the conservation of the waters used by the populations.” In its ordinal 5 it added: “It is also an obligation of the Municipalities to consult the Department of Agriculture regarding everything related to reforestation works on lands of their property.” (Collection of Laws and Decrees, Year 1923, Semester I, p. 498-500).
On August 9, 1926, the Fiscal Agent informed the Municipality of Heredia and the Education Board about a communication from the Promoter Fiscal giving notice that a claim (denuncio) of 50 Ha between “El Inglés” and “Los Cartagos” had been filed, and that said Promoter’s Office had information indicating that the claim (denuncio) could harm their interests, for which reason he informed them for their defense. (Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-129-4912, f. 84).
On November 11, 1926, the Secretariat of Governance and Police informed the Secretariat of Justice that it had reports that in Santa Bárbara de Heredia some persons had devoted themselves to the lumber business and exploitation, and to verify this they made claims (denuncios) on lands reduced to private domain, and while the tardy opposition proceedings were pending, they extracted the lumber with serious harm to the owners, and that there were no public lands (baldíos) in that place, except reaching Vara Blanca, for which reason it considered that instructions could be given to the representative of the Public Ministry to oppose the claims (denuncios) in those places, as long as the interested party did not prove the effective status as public lands (baldíos) of the lands he was claiming. On November 24, 1926, the Secretariat of Justice informed the Governance that the Promoter Fiscal had requested a report from the Fiscal Agent of Heredia, who affirmed to him that upon learning of claims (denuncios) before the First Administrative Court (Juzgado Primero de lo Contencioso) he had consulted the Cadastre Office or the General Directorate of Public Works, and whenever he had received a reply requiring opposition he had done so, designating the office of the Promoter Fiscal for notifications, and as for the jurisdiction of Santa Bárbara, he had also formulated some oppositions against claims (denuncios) recently brought by three private individuals, the last opposition being on the 5th of that month. (National Archive, Governance Fonds, call number 7890).
Let us recall that the plan of the Inalienable Zone (Zona Inalienable) between the Zurquí and Concordia hills was indeed delivered by Mr. Moisés Rodríguez to the Department of Public Works (Dirección de Obras Públicas). The National Archive reports that this plan originates from the Cadastre (Catastro). Therefore, there is no doubt that the Revenue Agent (Agente Fiscal) of Heredia knew which State dependencies he should request reports from to resolve concerns about the lands intended to be titled and that could affect the Inalienable Zone.
On May 27, 1929, the Municipality of Heredia became aware of a report rendered on the 11th of that month by Engineer Luis N. Fournier, Department Assistant, and addressed to the Secretary of Public Health and Social Protection (Secretario de Salubridad Pública y Protección Social), following investigations he conducted in the mountains north of Barva to find new sources to increase the waters of the pipelines that supplied the city of Heredia and its towns. On the 6th of that month, he departed for the headwaters of the Patria River, formed by the "Grande" and "Las Vueltas" rivers, arriving that day at two-thirty in the afternoon at "Las Juntas," that is, at the confluence of the "Las Vueltas" and "Rio Grande" rivers. On the morning of the 7th, he traveled to several points, taking observations with the aneroid barometer at different locations adjacent to that of Las Juntas. He understood the impossibility of conveying those waters by gravity to the Chompipe depression, located between the hill of the same name and the Barva hill, because it was 361 m higher than Las Juntas, nor was it feasible to attempt raising the water by mechanical means due to its high cost and the lack of motive power. He estimated the water flow of both rivers at the confluence point to be approximately 700 liters per second. That same day, he left for another depression lower down than the Chompipe depression, called "El Boqueron," which he located between the aforementioned Chompipe hill and the Caricias hill. On the 8th, he made an excursion along the Boquerón route, but with unsatisfactory results because he reached a height of 224 m above the height of "Las Juntas," with approximately another 100 m still needed to reach the actual height of the Boquerón depression, which demonstrated that this route could also not solve the problem of bringing the waters from "Las Juntas" to that other place. He concluded that it was not possible by gravity to convey the waters of these rivers, from their confluence, to any of these depressions, which are the lowest points of the mountain range between Cerro Zurquí and Barva. Given this, he devised another plan to obtain approximately 300 liters per second, roughly sufficient to meet the current needs of Heredia and its towns, consisting of utilizing the water channel called "El Gallito," which carried the waters of the Las Vueltas and Río Grande rivers, captured almost from their sources, conveying them through an earthen ditch to the Chompipe depression, continuing through natural depressions until reaching Heredia, where very little arrived because along the way different neighbors drew it for irrigation and other uses, and in such a state of uncleanliness that it was not possible to use it as drinking water. Furthermore, the ditch built between the Las Vueltas and Grande rivers up to Chompipe had too steep a slope, and in some places, the ground had been washed away, producing continuous landslides and obstructions that required constant repairs. He therefore recommended making a new layout for the El Gallito water channel, giving it an adequate and uniform slope that would allow the waters to be captured lower down from the intakes to obtain a greater flow of water, since along the course of these rivers between the current intakes and their confluence, there were other springs that increased their flows and were not being utilized. Thus, the new study should consist of departing from the Chompipe depression, following the northern slope of Barva with a minimal gradient, until encountering the Las Vueltas, Grande rivers, and the Quebrada de los Cañaverales, and then continuing from the Chompipe depression towards the Quebrada de Flores and from there to the río de la Hoja, where the concrete-lined ditch would discharge its waters to prevent seepage in the lands it passes through or diversion by neighbors for other services. If piping was desired, assuming the adopted gradient would be 1.25 per thousand, an iron pipe 70 cm in diameter would be sufficient to convey the amount of 300 liters per second, which is roughly what could be obtained from these rivers during the driest season. He added that the piping would be made of steel or cast iron, and if steel, its installed cost would amount to 250,000 colones, and he did not advise using cement piping in any of its forms because it was not suitable for conveying water over long distances. (National Archive, Fondo Municipal de Heredia, call number 17522, f. 192-200).
The Zurquí, Caricias, Chompipe, and Barva hills are included within the Inalienable Zone of Law 65 of 1888, and were drawn, as we explained previously, on Plan No. 14154 prepared by surveyor Rodríguez Calvo. Therefore, it is not surprising that in the 1929 report on new sources to increase the waters of the pipelines supplying the city of Heredia and its towns, Engineer Fournier mentioned them as part of his topographical investigations.
As for municipal lands, Law No. 78 of June 29, 1933, authorized the Executive Branch and the Municipality of Santo Domingo to exchange the properties registered in the Heredia District: that of the Government, No. 20682, volume 522, folio 386, entry 2, and that of the Municipality of Santo Domingo, No. 19837, volume 466, folio 2, entry 1. Article 2 ordered the foundation of the Agricultural Colony of Vara Blanca on the lands of property 19837 that passed to the State, bordering to the north, south, and west with lands of Gustavo Rothe, and to the east with lands owned by the canton of Barva, with an area of 1712 Ha 29 ares and 52 centiares. (Colección de Leyes y Decretos, Year 1933, Semester II, p. 1-3).
The aforementioned property 19837 was registered on December 21, 1896, in the Heredia District at volume 466, folio 2, entry 1, situated in Vara Blanca, district 2, canton 2, bordering to the North, South, and West with lands of Gustavo Rothe, and to the East, with lands owned by the Canton of Barba; with a measurement of 1712 Ha 29 ares 52 centiares, and as an encumbrance, the obligation to permit the necessary entrances and exits for bordering and interior vacant lands (baldíos). The Municipality of Santo Domingo, through the Jefe Político, denounced the land corresponding to the square league that the Supreme Government granted to the canton by decree of September 28, 1879; and subsequently, given the decree of June 17, 1884, before the Administrative Disputes Judge (Juez de lo Contencioso Administrativo), the Prosecuting Alderman (Regidor Fiscal) extended the denouncement up to the two leagues that such decree granted to the newly created Municipalities and to those that had not received an equal allocation under prior laws. Following the legal procedures, the Administrative Disputes Judge, by order of September 4, 1896, adjudicated it to the Municipality. The order was approved by agreement of September 17 of that year, according to a deed granted in San José on December 12, 1896, before Notary Public Gregorio Martínez Soto, whose certified copy was presented to the Registry Daily at one-thirty on the 18th of that month (entry 4931, folio 550, volume 61).
In entry 2, folios 2 and 3 of the same volume, by deed of August 21, 1940, registered on December 6, 1940, it was recorded that the property is located in district 6, canton 1, and that it was given to the State in exchange for number 20682, registered in volume 522, folio 386, duly authorized in view of the official letter from the Secretariat of Development and Agriculture (Secretaría de Fomento y Agricultura), No. 3363 of July 18, 1940, which certifies that said exchange is in accordance with Law 38 of December 23, 1939; and with article 1 of Law 78 of July 3, 1933. On August 12, 1955, in the margin of this entry, it was recorded that any annotation or registration of this property, in which the State is involved, must be transcribed to folio 251, volume 1 of State Properties, Heredia District.
Property 20682 was registered on March 18, 1899, in the Heredia District at volume 522, folio 386, entry 1, as land located in "Vara Blanca," district 2, canton 2 of the Province of Heredia, bordering to the North, South, and East with vacant lands; and to the West, the league of Heredia; with a surface measurement of 1782 Ha 18 ares 48 dm²; and as an encumbrance, the obligation to permit, through the described land, the necessary entrances and exits for bordering and interior vacant lands in accordance with article 2 of the decree of August 6, 1892; by virtue of the denouncement, the Administrative Disputes Judge, in agreement with the Fiscal Promoter (Promotor Fiscal) and as a consequence of the Decree of June 17, 1884, by order of January 13, 1899, adjudicated the property to the Municipality of Santo Domingo, and the Executive Branch approved it on the cited January 19. This is recorded in a deed granted in San José on March 11, 1899, before notary Gregorio Martínez Soto, a certified copy presented to the Registry at entry 555, volume 66 of the Daily. In entry 2, folios 386 and 387 of the same volume, by deed of September 21, 1918, registered on October 19, 1918, in compliance with Legislative Decree No. 46 of July 30, 1918, the Municipality transferred the property to the State. In entry 3, folios 387 and 388 of the same volume, by deed of August 21, 1940, registered on December 6, 1940, it was recorded that the property is located in the sixth district, first canton, and that it was given to the Municipality in exchange for the one registered in volume 466, folio 2, number 19837, duly authorized in view of the official letter from the Secretariat of Development and Agriculture, No. 3363 of July 18, 1940, which certifies that this exchange is based on Law 38 of December 23, 1939, and article 1 of Law 78 of July 3, 1933.
On December 3, 1934, Law No. 29, article 20, maintained the unclaimability (indenunciabilidad) provided for in Law No. 65 of 1888. In its numeral 16, Law No. 29 of 1934 stated that it was absolutely prohibited to fell forests, establish crops, or extract firewood, timber, or products on national lands without having the legally established title of ownership or lease. (Colección de Leyes y Decretos, Year 1934, Semester II, p. 452-454).
On June 4, 1937, the Secretary of the Interior (Secretario de Gobernación) communicated to the Head of the Public Ministry (Jefe del Ministerio Público) that the Governor of Heredia, in official letter of May 25 of that year, had pointed out as the cause for the increasing decrease in the city's waters the destruction of the woodlands in the North region and the clearings near the Laguna of the Barva volcano carried out by persons with pending claims (denuncios) within the Inalienable Zone of the Law of July 30, 1888. It was necessary to prevent these, and the most appropriate course was to instruct the Fiscal Promoter's Office to oppose the claims as long as it was not justified that they were outside the two kilometers of the Law. (National Archive, Fondo Gobernación, call number 22163).
On June 15, 1937, the Secretary of the Interior informed the Governor of Heredia about the activities of the Fiscal Guard (Resguardo Fiscal) to prevent the deforestation of the woodlands, indicating to him that the Provincial Inspection of Heredia had reported on the 8th of that month that the field commissions had issued instructions to the Guard personnel so that if they noticed any felling of trees on the banks of springs, rivers, and streams, they would report it for judgment and replacement of the trees. It also gave an account of the complaints filed for the clearings. (National Archive, Fondo Gobernación, call number 22163).
On June 22, 1937, the Secretary of the Interior indicated to the Governor of Heredia that, in consideration of his initiative on the means to prevent the deforestation of the woodlands that protect the waters serving the city of Heredia, Law No. 65 of July 30, 1888, did not permit the destruction of forests in an Inalienable Zone of two kilometers on either side of the Barva volcano, from the hill called El Zurquí to that of La Concordia, and that it was advisable to issue decisive instructions to the authorities so that they would diligently enforce that legislative mandate, obtaining the names of those who had settled as possessors, claimants, or mere detainers, and that with this data, the Public Ministry would direct its actions against the illegally established possessors to evict them and suspend work within the prohibited littoral based on article 16 of Law No. 29 of December 3, 1934. (National Archive, Fondo Gobernación, call number 22163).
On July 21, 1937, the Secretary of the Interior transcribed to the Head of the Public Ministry the official letter of the 16th of that month, in which the Governor of Heredia sent him the report of the Jefe Político of San Rafael, listing the persons unduly settled within the Inalienable Zone of two kilometers on either side of the Barva volcano, from the hill "El Zurquí to that of La Concordia." On August 5 of that year, the Secretary sent to the Head of the Public Ministry the list of persons established within the prohibited zone adjacent to the Barva volcano according to Decree No. 65 of July 30, 1888. (National Archive, Fondo Gobernación, call numbers 22164 and 22165).
On August 19, 1937, the Secretary of the Interior, in turn, informed the Governor of Heredia that following his management and in view of the communications from the Jefes Políticos of Santa Bárbara and San Rafael, where they determined who possessed lands within the Inalienable Zone around the Barva volcano, the Head of the Public Ministry, in official letter No. 775 of August 12 last, had indicated to him:
"I am pleased to refer to your official letters Nos. 4896, 5649, and 6286 of June 4, July 21, and August 5 last, which relate to the request presented by the Governor of the Province of Heredia so that the Fiscal Promoter's Office may oppose any claim established near the Laguna of the Barba Volcano because said region is included in the inalienable zone decreed by law No. LXV of July 30, 1888, with the aim of protecting the sources of the Heredia pipeline. The aforementioned authority attributes the increasing decrease of these waters to the ruthless destruction of the woodlands in the North region and seeks the conservation of the forests through the oppositions that the Public Ministry must present. Indeed, the cited law declares inalienable a zone of land two kilometers wide on either side of the summit of the Barba Volcano mountain, from the hill called El Zurquí to that known by the name of Concordia, whether said zone is of national or municipal property. According to an investigation conducted in the First Administrative Disputes Court, none of the persons indicated by the Jefes Políticos of Santa Bárbara and San Rafael de Heredia appear as claimants of these lands in the official letters you kindly forwarded to me. However, many of those names do appear as owners of properties registered throughout that region, according to titles duly issued in accordance with special laws, among them the following: No. 2 of January 28, 1859; No. 42 of January 2, 1849; No. 18 of June 18, 1860, and No. 31 of December 19, 1848. From a study made in the Public Registry by the auxiliary employee of this office, it is evident that many of those indicated by the authorities of Santa Bárbara and San Rafael have their property titles registered, and most of their properties are segregations from those registered in the Heredia District, volumes 123 and 1,023, folios 303 and 436, numbers 7,966 and 32,318, the first registered since 1875 and the second since 1887. The effects, then, of the 1888 law could not have encompassed lands that were already titled before that law, and I know that several titles have subsequently been issued in the same region, which is very extensive, based on possessory information and the application of grants. Claims under the 1934 law have not been presented, at least we have not been able to find them, but if they were to be presented, there is not the slightest danger that the lands would be adjudicated to the claimants, since when those lands are measured, the surveyor in charge must record, as ordered by article 4, subsection c) of Regulation No. 8 of July 22, 1935, that they are lands not included in the prohibitions of the law, as article 20 of law No. 29 of December 3, 1934, expressly maintains the unclaimability of the lands referred to in decree No. 65 of July 30, 1888. Therefore, if the evil exists, the remedy does not lie in the actions of the Fiscal Promoter's Office, but rather in the action of the administrative authorities, who have not applied what is ordered by article 16 of the cited 1934 law, preventing those who do not have a duly registered property title from exploiting vacant lands or lands reserved for specific purposes. I believe the path the authorities must follow is to prevent, at all costs, the continuation of the exploitation, to demand that they present their property title, and if they do not present it, to apply the legal sanctions, which are judgment as usurpers of public domain lands, without any right to compensation. As for the actions of the Public Ministry, the Governor of Heredia can be assured that the granting of property titles over the unclaimable zone referred to will be prevented. I return to you the papers you kindly sent me, and with nothing further, I remain very sincerely yours. Horacio Castro – Head of the Public Ministry." (National Archive, Fondo Gobernación, call number 22165).
In view of this, the Secretary of the Interior instructed the Governor of Heredia to apply, if necessary, article 16 of the cited 1934 Law, and to that end, sent him the study of the relevant properties, with the kindness of returning it. (National Archive, Fondo Gobernación, call number 22165).
On August 27, 1937, the Municipality of Heredia became aware of the communication from the Secretary of the Interior, which transcribed official letter 775 from the Head of the Public Ministry detailing how various persons had acquired, for many years, property titles over lands located in the Inalienable Zone of Law No. LXV of 1888, comprised between the mountains of the Barva volcano and Cerro Zurquí, and also informed how to prevent their usurpation, attaching the list of landowners with their respective citations in the Property Registry. The Corporation considered the work undertaken by the Governor and the Head of the Public Ministry to be very beneficial for the Province and urged such distinguished officials to continue that work, leaving copies of their studies. (National Archive, Fondo Municipal de Heredia, call number 17527, f. 398, 400-401).
On January 10, 1939, the General Law of Vacant Lands (Ley General de Terrenos Baldíos) also established the encumbrance (afectación) of the Inalienable Zone of the Barva volcano mountain between the Zurquí and Concordia hills, without the possibility of the Executive Branch increasing or decreasing it: "Article 9°- Neither may the lands located within a zone of two thousand meters around the edges of the Irazú and Poás volcanoes and of the neighboring Laguna of the latter, nor those situated in a zone of two kilometers in width on either side of the summit of the Barba volcano mountain, from Cerro Zurquí to that of Concordia, be alienated." (National Archive, Fondo Congreso, call numbers 18644, f. 89; and 18750, f. 232. Colección de Leyes y Decretos, Year 1939, Semester I, Volume II, p. 12).
On November 29, 1939, the Jefe Político of the Municipality of Santo Domingo informed the President of the Republic and the Secretariat of the Interior and Police of the unanimous municipal agreement accepting the proposal of the Public Ministry, with instructions from the President, for the exchange of the Municipality's property number 20682 of the Heredia District, volume 522, folio 386, entry 1, pursuant to law 78 of July 4, 1933, in order to settle the existing difficulties with 79 people who occupied parcels there, in exchange for a property free of occupants; the State representatives committed to carrying out and expediting the legal procedures; considering that the exchange was beneficial to communal interests and better social justice, so that every Costa Rican might have a parcel to cultivate. On December 11, 1939, the Secretariat of the Interior and Police informed the Jefe Político of Santo Domingo of having received the municipal agreement alluding to the exchange of its property for another property of the State, and of having transcribed it to the President. (National Archive, Fondo Gobernación, call number 8883.4).
On November 7, 1941, the Municipality of San Rafael de Heredia, faced with a request to purchase hectares in the mountains north of that canton, in which it owns a large extension of lands, and not knowing if this was actually true, in order to determine if it had the right to sell them and the procedure to use, commissioned Víctor Manuel Elizondo to make investigations and authorized the Jefe Político to pay for that work. On December 1, 1941, it thanked Mr. Víctor Manuel Elizondo for the report rendered on whether the Municipality had registered lands located at the headwaters of the Tibás River or bordering it, a commission for which he had charged no fees. On June 17, 1946, the same Municipality, following the appearance of fifteen residents of Concepción stating that certain individuals from that district were managing the claim for many hectares of land around the springs of the Tibás River to exploit its timber, thereby causing the disappearance of the springs on municipal lands, and considering that up to that point what was reported was a rumor, requested the Jefe Político to monitor the matter and report back to adopt the appropriate measures. (National Archive, Fondo Municipal de San Rafael, call number 16009, p. 167, 170-171; 16022, p. 115).
Regarding claims filed in the Civil Treasury Court (Juzgado Civil de Hacienda) for lands in La Isla de Concepción, surrounded by the rivers called Tibasillos, tributaries of the Tibás River, on October 28, 1946, the Municipality of San Rafael, considering that the lands were municipal property in accordance with Decree No. LXV of July 30, 1888, which declared inalienable the mountains where the waters supplying Heredia and Alajuela originate, in a zone 2 km wide on either side of the summit of the Barva volcano mountain, from the hill called Zurquí to that known by the name of Concordia, resolved to oppose them and authorized the Municipal Executive to appear before the Treasury Court. (National Archive, Fondo Municipal de San Rafael, call number 16022, p. 154-155).
On April 15, 1947, the Municipality of San Rafael, faced with claims for lands in "La Isla" of Concepción, a zone of municipal property in accordance with Decree 65 of 1888 and declared inalienable because the waters that supply the towns of Concepción de San Rafael and San Isidro de Heredia originate there, agreed to address the Public Ministry so that it might oppose them. (National Archive, Fondo Municipalidad de San Rafael de Heredia, call number 16022, p. 201, 205-206).
On March 23, 1952, the Municipality of Barva became aware of a report in which the Provincial Inspector of Heredia indicated that during inspection tours recently conducted by his subordinates through the mountains north of the province, he had observed made-made tracks and barbed wire fences intended to divide those lands located between the "Zurquí" and "Concordia" hills, and believing them to be municipal, he addressed the Jefe Político and the Municipal Executive to take the measures deemed appropriate on the matter. The Municipality pointed out that the intrusion into these mountains resulted in their clearing and consequently the future danger of losses in the water supply, and resolved to make representations to the corresponding superior bodies for the stricter application of the laws on the matter or the issuance of new ones to end these abuses. At the same time, it agreed to transcribe this agreement to the Minister of the Interior, so that, after the relevant investigations, it might be determined to whom these lands belong, as it had the impression they were unclaimable due to laws enacted to that effect. (National Archive, Fondo Municipal de Barva, call number 16381, p. 48 v-49).
VI.- By the mid-20th century, the stone boundary markers (mojones) placed by Engineer Manuel Benavides in 1903 had disappeared, as on April 24, 1950, the Municipality of Heredia authorized the Governor to obtain collaboration in the demarcation of the Inalienable Zone, a request that was also addressed to the MAG (National Archive, Fondo Municipal de Heredia, call number 17531, f. 239, 241).
By then, regarding the existence of the survey plan for the Inalienable Zone, on September 30, 1958, the Chief of the Cadastre, when commenting on the proposed Land and Colonization Law, indicated: "…one might ask if the clause declaring the summit of the aforementioned mountain ranges inalienable is redundant, due to the validity of prior laws declaring it so; I cite as an example Law No. 55 (sic) of July 30, 1888, which demarcates the inalienable zone of the Zurquí and La Concordia hills, and for which a plan exists in the Cadastre…" (Archive of the Legislative Assembly. Law 2825. Volume 1/5, f. 53, 65-68).
Call number 14154 in the National Archive for the plan made by Moisés Rodríguez regarding the Inalienable Zone indicates that it comes from the Cadastre, and is an additional element to those already mentioned to support its official nature. This call number cites 1888 as the date of the plan, but according to the information gathered, it is from 1898, so a copy of this report is being sent to the National Archive for review of the date recorded under that call number.
The draft commented on by the Chief of the Cadastre culminated in the Land and Colonization Law, No. 2825 of October 14, 1961, which in its numeral 7 provided: "As long as the State, of its own volition or upon indication from the Ministry of Agriculture or the Institute of Lands and Colonization, taking into account reasons of national convenience, does not determine the lands that must remain under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by claim or possession, except for those that were under private domain, with legitimate title: … e) A zone of two kilometers in radius, centered on the crater, or main summit around the Barba, Poás… volcanoes; a zone of two kilometers in width on either side of the Cordillera between the Zurquí and Hondura Hills… i) All those lands that were previously declared unclaimable or inalienable by prior legal provisions." On this occasion as well, the possibility was not foreseen for the Executive Branch to increase or decrease these zones.
Starting in the 1960s, the necessity of protecting and conserving the forests and sources of drinking water in the northern zone of Heredia continued through inter-institutional coordination, reforestation projects, and surveillance activities to confront unauthorized logging and abuse in the use of water concessions; as well as the filing of complaints to impose sanctions on those who acted outside the law. The actions of State bodies also reveal the exercise of initiatives, including those managed by community organizations, to prevent the illegitimate reduction of or harm to the Inalienable Zone created by Law 65 of 1888, which in turn generated pronouncements on the validity of the encumbering regulations and the administration regime. A land-use capability map was prepared, and protected wild areas were created. ([42]) Let us look at some examples.
On February 1, 1961, the Municipality of Heredia, faced with the problem of potable water scarcity, ordered the piping of the Flores waters and the reinforcement of those of the río de la Hoja with a loan, offering as collateral the revenues from the Heredia Piped Water Service (Servicio de Cañería de Heredia) (National Archive, Fondo Municipal de Heredia, call number 17536, f. 264, 268).
On August 27, 1962, said Municipality received the report from the Head of the Legal Department regarding the municipal properties in the lands of El Gallito, jurisdiction of Ángeles de San Rafael de Heredia, and some properties not located due to having very old registrations, with very old boundaries, and that some could be confused with de facto amalgamations of several properties, and others located in the mountains of Barva (National Archive, Fondo Municipal de Heredia, call number 17537, f. 405, 409-410).
On October 15, 1968, the Municipality of Heredia, in view of the deforestation of the northern mountain range of the Province, agreed to address ICE, Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, Servicio Nacional de Electricidad, Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal, the Municipalities of Barba, San Isidro, San Rafael, and Moravia, and ITCO, so that they would interpose their good offices against that problem. Additionally, it requested from the municipal attorney a study of the applicable legislation, from the Resguardo Fiscal to seize the timber product of the deforestation until it was demonstrated that it came from properties registered in the Registry and not from national vacant lands or lands belonging to the two kilometers that the Law prohibited deforesting, and it requested the Public Registry not to accept registration of properties or land claims within the national reserve zone of the northern part of Heredia on both sides of the watershed divide. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17545, f. 150, 154-155).
On November 12, 1968, that Municipality learned of the report of its attorney where he stated:
“On this matter, there is ample legislation. For the case now at hand, we can cite the following: 1.- Ley de Aguas, No. 276 of August 26, 1942 and its amendments. Chapter IX.- Measures concerning the conservation of trees to prevent the diminution of waters.- Articles 145 to 159.- 2.- Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961 and its amendments. 3.- Decree No. LXV of July 30, 1888, which declares inalienable the zone of land two kilometers wide, on both sides of the mountain called Volcán Barba, from the Zurquí hill to La Concordia, whether it be national or municipal property. This law is practically involved in and expanded by the preceding one (Ley de Tierras y Colonización). 4.- Law Creating the Instituto Costarricense de Electricidad, Decree Law No. 449 of April 8, 1949, and its amendments. 5.- Constitutive Law of the Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, No. 2726 of April 14, 1961 and its amendments. 6.- Código Fiscal.- Chapter IV.- On Forests.- Articles 549 to 553.- I think that the collaboration of the Institutions indicated in the first part of the same agreement, in addition to the Instituto de Tierras y Colonización, and with the determined action of the Resguardo Fiscal and the Governor of the Province, any abuse currently being committed in the northern region of our Province can be immediately cut off.–“ (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17545, f. 177).
That Municipality transcribed the report to the Resguardo Fiscal with the request to inform on the actions taken regarding the tree felling. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17545, f. 177).
On June 26, 1975, the Municipality of Heredia requested from this Office the study of the laws that declared the Cordillera Norte as a forest reserve and the legal situation of those who administered it. On August 25, 1975, the Municipality learned of the official communication of August 12, 1975, where the Agrarian Procurator transcribed Legislative Decree LXV of July 31, 1888, and indicated that the Ley Forestal No. 4465 provided that the Executive Branch, through MAG, administered the National Reserves and rural state farms; and that the administration of the forests and forest lands of those national reserves and state farms was in charge of the Forest Service (Servicio Forestal), and since it was probable that there were private registered farms within the inalienable zone, he recommended addressing the Forest Directorate (Dirección Forestal) of MAG to provide the current state in which it found itself. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17555, f. 128, 262, 267).
On June 26, 1975, Decree No. 4961-A was issued, creating the Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central, in order to ensure that lands with forest vocation would always remain with their forest cover (cobertura de bosques) and guarantee the existence of water to supply the needs of the population in the present and in the future. Decree No. 5386-A of October 29, 1975, amended 4961-A (La Gaceta Nos. 130 of July 11, 1975; Supplement No. 185 to La Gaceta No. 215 of November 12, 1975. Colección de Leyes y Decretos, Semester I, Volume 4, Year 1975, p. 1569-1571; Semester II, Volume 3, Year 1975, p. 1052-1054).
According to the boundaries of the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central superimposed on the 1967 Barva cartographic sheet by the User Service Office (Oficina de Atención al Usuario) of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Decrees 4961 and 5386 fix a distance of 4569 m between the Guararí River (point 44) and point 45, which is in a southwest direction toward the town of Cinco Esquinas in the Carrizal district, but without reaching the provincial boundary line. Point 45 is within the province of Heredia, between the courses of the Hondo stream (yurro Hondo) to the north and the Seco stream (yurro Seco) to the south, approximately 600 m east of the boundary line. Then the imaginary straight line of the boundary of said Forest Reserve (Reserva Forestal) continues 1118 m northwest to point 46, located in a sector on the eastern margin of the public road that connects Heredia with Sarapiquí, approximately 200 m west of the boundary line, within the Carrizal district of the Province of Alajuela. That point 46 is approximately 650 m south in a straight line from the Chorreras River bridge in the town of Concordia, also in the Carrizal district. From point 46, a straight line 7333 m northeast is drawn, interconnecting with point 1, with that Forest Reserve encompassing an area of 1043 km².
Point 45 of the boundary of that Forest Reserve is located approximately 3800 m southwest of the Guararí (Concordia) hill, while point 46 is at approximately 3850 m, with said Reserve encompassing in that sector an approximate area of 9 km² to the west and contiguous to the Inalienable Zone (Zona Inalienable) of Law 65 of 1888 described in the map of surveyor Moisés Rodríguez Calvo, but the foregoing does not imply that that Inalienable Zone originally encompassed, nor does it currently, the lands of the Carrizal district of the province of Alajuela.
On September 1, 1975, the Municipality of Heredia, in view of the deforestation of the zone comprised between La Concordia and Zurquí, in a width of 2 km on both sides of the summit, and taking into account that it was the infiltration area for the hydrological resources of Heredia and Alajuela, San José, and Puntarenas, supported a request from the Comité Cívico de Heredia and made a request to the President of the Republic to decree it as a forest reserve and halt deforestation until MAG defined a program of reforestation and rational exploitation; however, that Reserve, as we saw, had just been created by Decrees 4961 and 5386. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17555, f. 283-284).
On October 2, 1975, the Municipality of Heredia sent a request to the Forest Department (Departamento Forestal) of MAG not to foster deforestation by authorizing the export of timber. It also asked the Legislative Assembly to amend the Ley Forestal because some of its articles, especially Article 96, violated the Inalienable Zone. On November 10 of that year, the Municipality also requested the Department of Urbanism (Departamento de Urbanismo) of INVU to interpose its good offices and not authorize any urbanization (urbanización) in the Northern zone of Heredia, within the Inalienable Zone provided for in the Law of 1888, an agreement it ordered to be communicated to the President of the Republic, the Legislative Assembly, the Minister of Agriculture, the Press, Radio, and Television. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17556, f. 52-53, 173-175).
On February 19, 1976, the same Municipality received documentation from the Asociación Pro-Reforestación de la Zona Norte concerning the protection of its forests to prevent their felling and to replace them with a reforestation plan, a struggle that had its basis in the Law of July 30, 1888, which declared inalienable the mountains in which the waters that supply Heredia and Alajuela originate, in force as the Office of the Procurator General (Procuraduría) had indicated, with MAG being, pursuant to the Ley Forestal, in charge of administering the national reserves and rural state farms, as well as the forests and forest lands existing within them. The Municipality supported that struggle for the conservation of the forests in the inalienable zone, and requested the Forest Utilization Office (Oficina de Aprovechamiento Forestal) of MAG to accelerate the procedures to demarcate it, and made an attentive request to the President of the Republic to stop the deforestation, ordering the National Emergency Commission (Comisión de Emergencia Nacional) and the Natural Resources Commission (Comisión de los Recursos Naturales) to, jointly with the Association, carry out the pertinent measures; it also asked the President to order the Ministers of Public Security and Governance to coordinate a permanent protection system to detain offenders and accuse them to the Public Ministry (Ministerio Público). (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17557, f. 115, 120-123).
On June 28, 1976, the same Municipality received the report of its legal advisor on the recovery of lands in the northern zone of Heredia, specifically of the Fuente de Flores farm and on an eviction lawsuit (juicio de desahucio) brought against a private individual, and in which he pointed out that according to the study of each of the farms from their origin, many of the farms had been created by the union of two or more purchased from different persons, who had titled them since the last century, the oldest being from 1871, and the rest acquired by possessory information (información posesoria) in the last quarter of the previous century, estimating their area at 600 manzanas. He added that those farms corresponded geographically to the Fuente de Flores farm, that is, the Cantón of Barva, extending to Los Ángeles de San Rafael de Heredia, as it had an area of approximately 10,000 manzanas, and that they were in possession of other persons because since the last century the inhabitants had been taking possession of them and subsequently appearing before the Civil Judges of the Province to obtain title deeds, and that in each of the possessory information proceedings conducted, the Municipality of Heredia had been considered an adjoining landowner, for which reason it had to be notified of the judicial acts being carried out, without being able to specify whether there was opposition or not, since it had not had time to review the very old case files (expedientes), and although there had been great concern on the part of the Regidores to recover those lands, legally it was not possible because, in his opinion and that of different persons knowledgeable on the subject, especially administrative lawyers whom he consulted, the validation periods (plazos de reconvalidación) had elapsed. He added that many of the registered farms that formerly formed part of the Fincas de Fuentes de Flores could have been registered with a smaller area than the current one, or that other persons could be possessing them de facto and never completed the possessory information procedures, so that the Municipality could only try to study who the possessors were, how much land they had registered in their name, and what the excess area (demasía) was, if any, in order to recover them. He also indicated that an innumerable number of persons possessed with title in the Fuente de Flores lands and to carry out that study it was necessary to make an inventory of those possessors, and then make a comparative study of the titles in relation to the possessed land. He requested that the eviction lawsuit be terminated because, in his opinion, the lands had legitimate titles. Having discussed the matter, the Council recommended that the Legal and Executive Attorney withdraw the eviction lawsuit filed. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17558, f. 183-187).
On September 27, 1977, the Municipality of Heredia noted the existence of firm agreements previously taken, relating to the 1978 Budget, and the inclusion of an item of 0.5% of the total Budget for the Deforestation Control and Reforestation Program (Programa de Control de Deforestación y Reforestación) in the Northern Zone of Heredia (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17564, f. 110, 112).
In 1978, on the occasion of the National Renewable Natural Resources Conservation Week (Semana Nacional de Conservación de Recursos Naturales Renovables), Mr. Rafael Cubero Barrantes, regarding the Cordillera Volcánica Central north of Heredia, cited its hills from left to right: Guararí, Las Tres Marías, where the Barva Volcano Lagoon is located, the Piedra hill, with these first three forming the massif of the volcano. Then the Chompipe, Delicias, and Tibás hills, in the territory of San Rafael. Finally, the Turú, Caricias, and Zurquí hills, in the territory of San Isidro. He added that in 1888 a provision was enacted to protect that Mountain Range, subsequently constituted a forest reserve and a member of the Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado). Furthermore, he cited deforestation that converted the forest into land for dairy cattle farming, as had happened on the slopes of Guararí; the replacement of the forest with conifers that did not fulfill its functions; and hunting that caused the disappearance of wild animals. And that produced a reduction in water flow, disrupted the environment, and unbalanced the climate, causing precipitation that generated landslides and floods that damaged agriculture, harmed the inhabitants, eroded the soils, caused the disappearance of precious woods and fauna, with it being everyone's duty to conserve and reforest that Mountain Range. (Cubero Barrantes, Rafael. Cordillera Volcánica Central al Norte de Heredia, Semana de Conservación de Recursos Naturales, 1978, p. 12. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-1978).
Thus we see how in 1978 people were aware of Law 65 of 1888, necessary for the conservation of the forests and waters of the Barva massif or mountain range and its extremes between the Concordia (Guararí) and Zurquí hills.
On October 25, 1978, Law No. 6280 was enacted, which in its Article 1 created the Braulio Carrillo National Park (La Gaceta No. 217 of November 14, 1978). Its boundaries were expanded by Decrees 17003 of April 13, 1986 (La Gaceta No. 98 of May 27, 1986) and 22620 of October 1, 1993 (La Gaceta No. 213 of November 8, 1993) to ensure that lands of great ecological value would remain with their forest cover, keeping together bioclimatic ecosystems from the very humid tropical forest to pluvial bioclimates of the montane floor for the survival of migratory birds and other animals benefited by the altitudinal corridor, serving the genetic diversification of plants and guaranteeing the protection of water sources to supply the needs of the population.
On November 13, 1978, the Municipality of Heredia received an official from the Department of Forest Protection (Departamento de Protección Forestal) of MAG and the person in charge of the Reforestation Project for the Northern Zone of Heredia (Proyecto de Reforestación de la Zona Norte de Heredia) so that they could present that Project. The official pointed out that deforestation had been caused by the expansion of the agricultural-livestock frontier, and reduced the water retention capacity, caused sedimentation of rivers, and a decrease in water for the population, industry, agricultural irrigation (coffee processing plants (beneficios de café), sugar cane mills), and hydroelectric plants. That these factors justified the execution of the project, for which in protected forested areas surveillance work would be carried out, and on totally or partially stripped lands, reforestation and surveillance work would be undertaken. Meanwhile, in forest exploitation areas, repopulation work would be carried out for commercial and protective purposes, in order to obtain technically managed forests of greater economic, protective, and scenic utility, as well as the immediate protection of aquifer sources. In support of the project presented by MAG, the Municipality of Heredia agreed to urge the Municipalities of the Province and the Empresa de Servicios Públicos to form an Ad-Hoc Commission to coordinate with all government agencies the study of reforestation and protection of the forests; as well as to request from the Directorate of Forest Protection (Dirección de Protección Forestal) a list of needs for that year and for 1979, so that the feasibility of helping them in such an important project could be studied jointly. On November 22, the person in charge of the Project sent the Municipality the list of needs for the development of the Project, where an agronomist engineer and 2 forest guards (guardas forestales) already work, it being essential to reinforce the staff with 6 laborers to work in the nursery and 3 agronomy assistants, and that materials such as fungicides, fertilizers, plastic mesh, etc., had also already been provided, and expenses for gasoline, grease, per diem, and other required items covered, which demonstrated the Directorate's interest and effort to develop the project, to which all entities of the zone should join, mainly the Municipalities. On March 20, 1979, said Municipality appointed a Commission to develop a policy on reforestation and forest protection with the municipalities of the Province and the Forest Directorate (Dirección Forestal). ([43]) On June 2, 1980, the same Municipality learned of the note that on May 19, 1980, the Asociación Pro Conservación de los Recursos Naturales Sociales, Culturales y Medio Ambiente de Heredia had sent to the President of the Republic requesting his good offices against deforestation in the Northern zone of Heredia, the granting of logging permits within the Inalienable Zone, forest reserve, and national park, and against the installation of sawmills and dairies within the zone of the aquifer mantles due to the imminent danger to health. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17578, f. 15, 20-22).
On October 3, 1980, the Bernardo Benavides Development Association (Asociación de Desarrollo Bernardo Benavides) informed the Municipality of Heredia of problems derived from the construction of urbanizations and the fact that “the northern zone of Heredia was being deforested even though the Law of 1888 had declared these lands as 'Inalienables',” and requested measures be taken. The Municipality ordered not to give approval to any new urbanization that did not include in the plans the foreseen sewage discharge system (desfogue de aguas negras), also requiring the submission of a declaration indicating what degree of participation the private sector would assume to finance the portion of the sewage collector and the treatment plant. (Archivo Nacional, Fondo Municipal Heredia, signatura 17581, p. 6 and 8).
On March 23, 1981, the Municipality of Heredia received a report from the Executive on the meeting held with officials of MAG, the Asociación de Recursos Naturales, the Plaza Command (Comandancia de Plaza), the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, and other bodies in an effort to resolve the problem of tree felling (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17583, f. 59, 66-67).
On June 16, 1981, the Governor reported to the Municipality of Santa Bárbara on the meetings to coordinate with the Municipalities of the province the problem of deforestation. He added that since that Municipality was carrying out a reforestation program, it would serve as an example to other municipalities, it also being necessary to control tree cutting, for which the cantonal or district delegate had to ensure that only authorized trees were cut. For his part, Mr. Orlando Bolaños Brenes, of the Natural Resources Conservation Committee of the Province (Comité de Conservación de Recursos Naturales de la Provincia), pointed out that Decree No. 65 of July 30, 1888, declared inalienable a zone of land two kilometers wide, national or municipal, on both sides of the summit called the mountain of the canton of Barva from the Zurquí hill to the one known by the name of La Concordia, and in its execution, agreement No. 17 of January 28, 1896, ordered that its measurement be carried out at the Government's expense, with the Municipalities of the cantons of Heredia being in charge of the conservation of trails or boundary markers (mojones) and the protection of that zone, as well as the cultivation of trees in the cleared parts; in view of which it was necessary to fight against those who destroyed it since from it came the water that supplied their homes. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Santa Bárbara, signatura 16203, p. 230, 232-235).
On August 18, 1981, in legal opinion C-180-81, it was indicated that Decree No. 65 of July 30, 1888, is a law that remains in force, and that over the zone indicated in that provision, others were issued such as the Law of the Instituto de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, which considered some portions of the indicated zone inalienable and not susceptible to being acquired (Article 7, subsection c) and Executive Decree No. 5386-A of October 28, 1975, which established the Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central, within which part of the zone indicated by Decree No. 65 of July 30, 1888, was inserted.
On August 10, 1982, the Municipality of Heredia received a response from the Department of Forest Management and Utilization (Departamento de Manejo y Aprovechamiento Forestal) of MAG, where it reported on the procedure for tree felling permits in accordance with the Ley Forestal No. 4465, amended by No. 6442 of May 22, 1980, and stated that only the General Forest Directorate (Dirección General Forestal) was empowered to grant permits for the utilization or exploitation of forest products on privately owned lands and in national reserves. It was agreed to acknowledge receipt and thank for the information provided. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17590, f. 59, 61).
On September 6, 1982, the Municipality of Heredia received Mr. Orlando Bolaños Brenes and other members of the Asociación Pro Conservación de los Recursos Naturales, Sociales, Culturales y Medio Ambiente de Heredia, who expressed their concern over the deforestation of the Northern Mountain Range (Cordillera Norte), whose lands were being used to build dairies and pastures even though Decree No. 65 of July 30, 1888, according to the opinion of the Office of the Procurator General, remained in force, and in relation to the zone indicated therein, other provisions of equal or lesser rank had been issued. In view of this, based on the Código Municipal and the duty of municipalities to protect natural resources, the Municipality agreed to address MAG to order the Forest Directorate to comply with Decree 65 of July 30, 1888, and that the processing of logging permits concerned it, and attached a copy of the statement of the Office of the Procurator General and the note sent by Marcos Rodríguez to the Municipality of Heredia on August 28, 1911. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17590, f. 166, 170, 175-176).
On October 4, 1982, the Municipality of Barva, based on subparagraph 7 of Article 4 of the Código Municipal, which charged it with protecting natural resources, including hydrographic sources and forests, agreed that henceforth trees could only be cut in the Northern Region of the Province of Heredia with its permission, and relying on Legislative Decree No. 65 of 1888, which declared inalienable the mountains north of Barva, and because due to the lack of care for that Zone, the hydrographic sources that supplied water to the entire province of Heredia and the Meseta Central had been weakened, for which reason the zone where timber harvesting was requested would be analyzed beforehand. On November 1 of that year, it thanked the Municipality of Santa Bárbara for supporting its action. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Barva, signatura 16403, p. 216, 218-219, 263, 265).
On December 2, 1982, the Municipality of Heredia received correspondence in which the President of the Republic was asked to prevent by decree the felling of the forest of the Forest Reserve comprised within the Inalienable Zone of the Law of 1888 to guarantee water for future generations. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17591, f. 246-247, 250, 252).
On May 19, 1983, the Municipality of Heredia learned of the publication in a nationally circulated newspaper reporting that the head of the Ministry of MAG and its General Director had ordered a halt to permits for forest felling for the entire year due to the serious problems the country was experiencing. The Council agreed to express its support to the Minister, since that Council had been fighting so that the northern zone of that Province would stop being exploited irrationally, because that had rationed water especially to the canton of San Rafael, and that the feeling of all the Municipalities was to stop the merciless deforestation that unscrupulous persons were carrying out for lucrative sums. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17593, f. 275-276).
On June 6, 1983, the Municipality of Barva learned of a note that the Comité de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de Barva had sent to the President of the Republic concerning the danger from the excessive cutting of trees in the northern zone of the canton of Barva in the part of the Cordillera Volcánica Central, despite the fact that legislation had existed since 1888 to prevent deforestation, since Decree No. 65 of July 30, 1888, after consultation with the Office of the Procurator General, remained in force, and that to prevent the said harm, the Forest Reserve and the Braulio Carrillo National Park had been created, but despite those provisions, permits continued to be granted for tree cutting in the Inalienable Zone, permits that came to the knowledge of the municipalities one month after having been issued, with the aggravating factor that the interested parties cut more trees than authorized, and given the possibility that the sources of drinking water would dry up, they asked him to interpose his good offices by means of a decree or to coordinate with MAG the immediate halt of the anomalies noted. The Council agreed to accept the text stipulated in that note, and considered it urgent to put an end to such harmful action, recommending that a copy of the note be sent to the municipalities of the respective cantons, requesting their support in that action before the President. (Archivo Nacional, Fondo Municipalidad de Barva, signatura 16404, p. 245, 248-250).
On September 19, 1983, Deputy Danilo Chaverri Soto sent a copy to the Municipality of Heredia of a note sent to MAG, where he asked him to indicate what measures he had taken or would take to protect the sources located north of the Province and the application of the decree of July 30, 1888. The Municipality pointed out that together with the Municipalities of San Rafael, Barva, and San Isidro, they had made multiple efforts denouncing the deforestation of the Northern zone and the large number of permits granted by the Department of Forest Utilization (Departamento de Aprovechamiento Forestal). (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17595, f. 194-197).
On March 13, 1984, the Municipality of Heredia approved the report of the Asociación Pro-Conservación de los Recursos Naturales, and sent it to the Forest Directorate, where it considered that the new National Reforestation chapter in the Ley Forestal made it more operative, since it obligated those who felled with a forest permit to reforest in the same proportion, and to reduce the forest deficit. It also asked the Municipal corporations, the Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural), the Asociación Pro-Conservación de los Recursos Naturales, and the Forest Directorate to monitor the areas designated for reforestation. Furthermore, it pointed out that the General Forest Directorate should be vigilant so that permits would have the endorsement or approval of the municipalities or Associations dedicated to protecting natural resources, in order to thus keep a true and better control of the thinning (ralea), technically and rationally, especially since laws and decrees of July 30, 1888, remained in force according to the opinion of August 18, 1981, of the Office of the Procurator General. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17598, f. 108-111).
On March 25, 1984, Armando Cedeño, a Promoter of Dinadeco, questioned before the Municipality of Heredia the water problems, and that the Empresa de Servicios Públicos froze the much-needed urban developments because it claimed not to have water, when it was being taken to San José, Alajuela, specifically to Ojo de Agua, and to Puntarenas. He added that according to studies conducted ten years ago, Heredia had an inexhaustible aquifer mantle and a Law of 1888 was in force pointing out that the country's aquifer mantles should be protected, that according to the studies of A y A, more water was being extracted than the springs (nacimientos) produced, and that if the struggles were not directed as they should be, they would later have a great number of problems. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17598, f. 242, 249-250).
VII.- Regarding the technical competencies of the Instituto Geográfico Nacional and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as well as what was agreed by other legal operators with respect to the demarcation (amojonamiento) of the Inalienable Zone of Law 65 of 1888, the following more recent background should be taken into account.
On August 16, 2005, by official memo No. 2005-136, the Head of the Territorial and Nomenclature Division and two engineers from the Department of Geodesy and Topography of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) informed their Director of the results of the analysis of the topographic survey available in the Archivo Nacional under call number 14154, scale 1:10000. They indicated that after some adjustments, an overlay was made at a scale of 1:50000 to determine the coverage of that surface on the official cartography (Hoja Barva II Edición 1967), fixing the orientation to the mountain ridge described on the plan onto the official map starting from cerro Zurquí (2119 masl), resulting in cerro Guararí (2599 masl) coming closest to matching the other extreme point of the plan, and they attached the cartographic sheet Barva II Edición 1967 with the scale overlay of the cited plan where the near coincidence of cerro Guararí with the hill that was at the time named Concordia can be seen.
By official memo No. 06-710 of November 16, 2006, the Department of Geodesy and Topography of the Instituto Geográfico Nacional sent to this Office the cartographic sheet Barva II Edición 1967 with the overlay of the plan of the inalienable zone between cerros Zurquí and la Concordia available in the Archivo Nacional under call number No. 14154, reproduced by personnel of that Institute as referenced in official memo No. 2005-136 of August 16, 2005.
In official memo No. 08-0279 of March 6, 2008, the Director of the IGN informed the Director of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) that on the plan surveyed by Surveyor Moisés Rodríguez by order of the Supreme Government, representing the inalienable area provided for in Article 1 of Decreto-Ley LXV of 1888, 2 km around the Barva volcano, from cerro Zurquí to Concordia, corresponding to cerro Guararí, a sinuous line is observed extending from cerro Zurquí and passing through cerros Turruses, Tibás, Delicias, and La Piedra, continuing to its end, and it corresponds to the watershed divide coinciding almost entirely with the dividing line between the cantons of Heredia, San Isidro, San Rafael, and Barva, for which reason he considered that survey to be quite accurate. Furthermore, he deemed sound the interpretation and research conclusions issued by the officials of that Institute in official memo 2005-136 of August 16, 2005. In a similar vein, Engineer Álvaro Álvarez Calderón, in charge of the Geodesy Unit of the Department of Geodesy and Topography of that Institute, issued an opinion in official memo No. DGT-137-08 of February 29, 2008.
In response to official memo No. SCM 731-2008 of March 28, 2008, which transcribed Article IV of ordinary session No. 173-2008 of March 17, 2008, of the Concejo Municipal de Heredia, wherein the Instituto Geográfico Nacional was requested to carry out the study to establish the boundary markers (mojones) referred to in the 1888 regulations, with the collaboration of the Escuela de Topografía y Geodesia of the Universidad Nacional, the Director of that Institute, in official memo No. 08-0460 of April 18, 2008, addressed to the Secretary of that Council, replied that this technical task was being coordinated with the ACCVC, and that a working team had been formed whose results would be communicated to them. He added that, in accordance with its cartographic and geodetic competencies, the Instituto Geográfico Nacional, through its own studies, determined that the hill named Cerro Concordia in 1888 is the one indicated on the second edition of the topographic sheet Barva at a scale of 1:50000 with the name Guararí at an altitude of 2599 masl, and the request for the participation of the aforementioned School was not applicable.
Official memo No. DGT-437-08 of June 16, 2008, from the Geodesy Unit of the Department of Geodesy and Topography of the IGN, cited the distances between each of the vertices contained in plan 14154, and noted that what is recorded in the tables as Concordia corresponds to cerro Guararí.
In official memo No. 08-01115 of September 12, 2008, the Director of the IGN cited the conclusions of legal opinion OJ-118-2004 and added that that Institute had precisely located the boundaries of the plan of decree-law No. LXV of October 1888 surveyed by surveyor Moisés Rodríguez by order of the Supreme Government, onto the official cartographic sheet Barva at a scale of 1:50000, information that was officially provided to the ACCVC. He added that the technical studies on geographic location and representation on current official cartography of the inalienable zone in the mountains where the waters that supply Heredia and Alajuela originate were based strictly on what is established by Decreto Ley LXV of July 30, 1888, and the plan surveyed by surveyor Moisés Rodríguez by order of the Supreme Government (call number 14154 of the Archivo Nacional).
On February 20, 2009, in legal opinion OJ-020-2009, it was noted that on the plan kept in the Archivo Nacional, under the series maps and plans, call number 14154, it is recorded that it is a "WORK EXECUTED BY COMMISSION OF THE SUPREME GOVERNMENT" and prepared by Moisés Rodríguez, and that the IGN made an overlay of it onto the Hoja Cartográfica Barva, determining that the Cerro de Concordia mentioned in the Decreto Ley No. LXV of July 30, 1888, first article, coincides with what is currently named Cerro Guararí: “The studies carried out by the I.G.N. allowed determining that the hill named La Concordia in 1888 is the one indicated on the second edition of the topographic sheet Barba scale 1:50,000 with the name of Guararí at an altitude of 2599 meters.” (Official memo No. 07-540 of April 9, 2007, signed by the Director of the IGN).
Official memo No. 09-0625 of June 22, 2009, from the Director of the IGN, addressed to the Director of the ACCVC, Rafael Gutiérrez Rojas, provided the detail of the coordinates of the surface comprising the 33 vertices of the plan that demarcates Ley LXV of 1888, according to analysis and assembly prepared by officials of that Institute in material annexed to official memo No. 2005136 of August 16, 2005, and the analysis carried out by Engineer Álvaro Álvarez Calderón in official memo DGT-437-08 of June 16, 2008.
Official memo No. 10-0140 of February 22, 2010, from the Director of the IGN, addressed to the Sala Constitucional, noted that in response to official memo D-960 of September 5, 2007, from the Directorate of the ACCVC, the IGN, as part of its competencies in the field of geodesy and cartography, with precise measurements provided geodetic technical support to the ACCVC in the process of topographic surveying and physical marking of the boundary of the inalienable zone established by Decreto Ley No. LXV of July 30, 1888. He added that that Institute had determined the coordinates in meters of the perimeter described by the plan prepared by Moisés Rodríguez according to the document from the Archivo Nacional call number 14154 (official memos 2005136 of August 16, 2005, and DGT-437-08 of June 16, 2008), and that the information on the coordinates of the points defining the perimeter of that plan had been provided to the ACCVC in official memo 09-0625 of June 22, 2010. He also noted that since official memo 2005136 of August 16, 2005, that Institute had carried out the pertinent technical assessments to position the plan on official cartography in response to a request submitted by Engineer Quírico Jiménez Madrigal, then Deputy (No. BPP-QJM-213-10-04 of October 4, 2004).
These studies and analyses carried out by the IGN in the exercise of its cartography and geodesy competencies, which establish the correspondence between cerro Concordia and cerro Guararí, are consistent with the documentation analyzed in the first, second, third, and fourth chapters of this legal opinion (dictamen), and therefore, for its knowledge and the exercise of its assigned powers, a copy of this pronouncement is also being sent to the Instituto Geográfico Nacional.
In official memo D-1445 of October 7, 2009, sent to the Registro Nacional and the Registro Inmobiliario, the Director of the ACCVC noted that since it was possible that property movements could occur, and in order to avoid future complications in the analysis of lands included under the boundaries of Decreto No. 65 of 1888, he recommended preventing cartographic shifts of registered properties to relocate them outside the area affected by that regulation, and he attached a copy of official memo No. 09-0625 sent by the Director of the IGN with the courses (derroteros) of the inalienable zone. In view of this, for its knowledge and the exercise of its assigned powers, a copy of this legal opinion is likewise being sent to the Directorate of the Registro Inmobiliario.
Regarding some land-use zoning provisions with potential impact on the area provided for by Ley 65 of 1888, by agreement No. 1 of September 13, 2006, the Municipalidad de San Rafael de Heredia adopted the proposal for a zoning declaration of the micro-watersheds between the Segundo, Bermúdez, and Tibás rivers, and declared them Water Protection Zones (Zonas de Protección Acuífera) with the objective of protecting and conserving surface and underground water resources. This declaration for Zone 1 has as its starting point the Volcán Barva. It also includes the Cerros Zurquí, Caricias, Tibás, Delicias, and Chompipe. On December 18, 2006, the previous agreement was clarified, indicating that the declaration is based on Articles 2, 4, and 6 of the Código Municipal and is exclusive to that canton. (La Gaceta Nos. 190 of October 4, 2006, and 7 of January 10, 2007, pp. 98-99).
On December 7, 2006, the Municipalidad de Santa Bárbara, by agreement No. 582.06 adopted in ordinary session 20-2006, declared Water Protection Zones for the micro-watersheds that are within its cantonal limits, with the objective of protecting and conserving surface and underground water resources (La Gaceta No. 172 of September 7, 2007, pp. 46-48).
On March 3, 2008, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, by Board of Directors Agreement No. 76 approved in ordinary session No. 2906, Article III, section 12, established restrictions on the granting of electric power and potable water services. It cited as grounds that Decreto Ley LXV of 1888 declared inalienable the aquifer recharge zones comprised in a strip 2 km wide between Cerro Zurquí and Cerro Concordia (today Cerro Guararí); that according to a legal opinion of the Procuraduría of September 27, 2004, “there is no law that expressly repeals Ley Nº LXV of July 30, 1888.” It added that in 2005 the Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia (CIMH) published a proposal for defining water protection zones in the upper parts of the micro-watersheds of the Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, and Pará rivers, with the aim of incorporating them into land-use plans (planes de ordenamiento territorial) and the systematic development of monitoring processes and concerted means to guarantee their implementation; that in Article II of extraordinary session No. 100-2007 of May 31, 2007, the Concejo Municipal de Heredia agreed not to grant permits for any type of development within its jurisdiction within the area of the Decreto de Ley LXV of July 30, 1888; and that in ordinary session No. 103-2007 of July 9, 2007, the Concejo Municipal de San Rafael de Heredia agreed not to grant permits for any type of urban development within the area covered by Decreto Ley LXV of 1888. It also cited constitutional judgment 2007-12094, which dismissed a recurso de amparo filed against ESPH S.A. for denying electric power service because the property was located in a zone declared inalienable. The restrictions on the granting of electric power and potable water services cover several zones, including the inalienable zone provided for in Ley 65 of 1888. (La Gaceta No. 70 of April 10, 2008).
On August 19, 2008, the Municipalidad de Barva, by agreement No. 1108 adopted in ordinary session No. 47-2008, declared Water Protection Zones certain parts of the micro-watersheds of the Ciruelas and Segundo rivers that are within its cantonal limits, with the objective of protecting and conserving surface and underground water resources (La Gaceta No. 170 of September 3, 2008).
On May 26, 2010, that same Municipality communicated agreement No. 602-2010 adopted in ordinary session No. 27-2010, which modified No. 1279-07 of July 31, 2007, in order to protect the Barva aquifer and offer future generations the possibility of having the precious liquid; while a regulatory plan was approved, a recurso de amparo relating to the 1888 Decree was resolved, and the area covered by that decree was delimited by the competent public institution, it prohibited within the inalienable zone granting construction permits for subdivisions with urban purposes (urbanizaciones), subdivision (fraccionamiento) for urban purposes, condominiums, any other urban settlement or housing construction, and operating permits for industrial or intensive agricultural and commercial activities within protected or reserve areas (La Gaceta No. 117 of June 17, 2010, pp. 37-38).
In our context, it is worth recalling that restrictions on zoning for land use (zonificación para uso del suelo) and the provision of public services are subject to constitutional and legality controls in accordance with Articles 10, 45, 49, and 50 of the Constitution, guarantors of fundamental rights.
Regarding the development of construction works within the Parque Nacional Braulio Carrillo in the Barva volcano sector, as well as environmental control by State bodies over private activities within the area of interest, it is worth observing what was decided in the constitutional court upon the exercise of the acción de amparo. On the first aspect, constitutional vote No. 12583-2008 of August 19, 2008, ordered the suspension of the construction of an Infrastructure Project in the Parque Nacional Braulio Carrillo, Sector Volcán Barva SINAC-MINAE, until it complied with the submission of environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) studies, obtained authorizations from SETENA, the Ministerio de Salud, the ICAA, and the Municipalidad de Barva; and complied with the recommendations contained in official memo ASUB-028-2007 from SENARA. It likewise ordered SETENA that, once the environmental impact assessment studies for that Project were submitted, the public hearing provided for by Article 95 of the Ley de Biodiversidad be held within a reasonable timeframe. Regarding the second scenario, in constitutional judgment No. 7549 of June 8, 2012, it was deemed proven that the environmental authorities acted in strict compliance with protective environmental legislation, given that the Administración Forestal del Estado, through the Sub-regional Office of Heredia of the ACCVC-SINAC, ensured environmental preservation by requiring the owner to respect all environmental requirements, conducted multiple on-site inspections, and by resolution ACCVC-D-686-2011 of June 29, 2011, ordered a precautionary measure (medida cautelar) halting forest harvesting (aprovechamiento forestal) activities due to the possible invasion of the protection area of the Las Caricias stream (quebrada); and the Tribunal Ambiental Administrativo, by resolution No. 635-11-TAA of July 1, 2011, ordered as a precautionary measure the halting of the project, work, or activity on the property located in the Concepción district of San Isidro de Heredia.
Furthermore, constitutional judgment No. 12109 of August 5, 2008, ordered the Head of MINAE to, within a period of seven months from its notification, carry out the steps within the scope of its powers to physically delimit the zone established by Ley 65 of 1888, and thereafter, to initiate proceedings for the recovery of lands located in that sector that were being occupied by private individuals; and ordered the representatives of local governments to refrain from granting any permit within that zone.
Constitutional judgment No. 412 of January 14, 2011, considered that there were sufficient reasons to grant MINAE's request to extend the deadline for compliance with judgment No. 12109-2008, and granted it one year from its notification. Constitutional vote No. 3731 of March 22, 2011, deemed it proven that the actions of the respondent authorities had been designed to fully comply with judgment 12109-2008, to carry out the demarcation of the inalienable zone already defined since the 1888 legislation, and once it was determined whether there were lands in private possession or ownership, the administration should proceed in accordance with the law. It added that the mere delimitation does not directly affect the private property of the appellant, since it is still unknown whether it is fully or partially within the inalienable zone established by law; and, should it be affected, the administration must follow the legally established procedures, within which the interested party may file the actions it deems pertinent for the defense of its rights. To that end, the administration shall ensure due process (debido proceso) for the owners of properties that may be affected, both in the delimitation and recovery efforts; the foregoing implies that if a property must be intervened with the opening of lanes in forested areas, by the very nature of this action and the impact it may have on the right to property, the administration must adequately and specifically inform the interested party, so as to guarantee their right to be heard and to exercise pertinent actions. Finally, it pointed out that the discussion on the right of property that the appellant claimed preferentially over the declaration of inalienability was a matter of ordinary legality to be raised and resolved in a contradictory proceeding proper to the ordinary jurisdiction.
By official memo No. D-974 of September 4, 2012, the Director of the ACCVC informed the Head of MINAE of the actions undertaken with the Instituto Geográfico Nacional to comply with constitutional judgments 12109-2008 and 412-2011. And in official memo No. D-233 of March 13, 2013, the same Director informed the Legal Advisory Directorate of MINAE about the processes of physical delimitation of the zone provided for in Ley 65 of 1888, as well as the recovery of lands, which includes compiling and processing information on cadastral plans and case files (expedientes) of various owners.
Having addressed the questions regarding plan 14154 from the Archivo Nacional, which describes the inalienable zone two kilometers wide on each side of the summit of the mountain of the Barva volcano, from cerro Zurquí to cerro Concordia, and the coincidence of the latter with the one named Guararí, it is pertinent to refer to the power provided for in Article 2 of Ley No. 65 of 1888 to reduce or increase the inalienable area provided for in its Article 1.
In May 1889, at the request of the Municipalidad de Heredia, the Secretaría de Gobernación appointed a Commission composed of the Director General of Public Works and Agronomist Engineer Enrique Jiménez to carry out the survey authorized by Ley 65 of 1888, and in December 1889, that Commission came to be composed of the aforementioned engineer Jiménez and Mr. Enrique Pittier. However, two years later, in May 1892, the Municipalidad de Heredia commissioned Dr. Policarpio Trejos to personally beg the President of the Republic to carry out that operation. Thus, by executive resolution No. 117 of January 28, 1896, for the fulfillment of what was ordered by the decree of July 30, 1888, it was ordered that, at the Government's expense, the measurement of the zone of land two kilometers wide on both sides of the summit of the mountain known by the name of Montaña del volcán de Barba, from the hill called Zurquí to the one known by the name of Concordia, be carried out. That executive agreement was made known to the Municipalidad de Heredia in the session of February 3 of that year, and it expressed its agreement by begging the Ministro de Gobernación to extend, in equal parts, the responsibility for conserving the lanes or boundary markers and for planting trees on cleared areas to the other municipalities of the minor cantons of Heredia, and that it be so within the aforementioned two kilometers.
Once the decision was made, it was put into practice. On April 28, 1898, the President of the Republic agreed that from the funds of the Cartera de Fomento, the sum of $500 be paid to the order of the Director General of Public Works, as an advance on the contract entered into between him and Moisés Rodríguez on May 17, 1897, for the measurement of the zone of land, from the hill called Zurquí to the one known by the name of Concordia, jurisdiction of Heredia, in accordance with agreement No. 117 of January 28, 1896. Said Inalienable Zone, based on the aforementioned studies and analyses of the IGN, was the one measured by surveyor Moisés Rodríguez Calvo, and which is contained in the plan he presented to the Dirección de Obras Públicas, currently held in the Archivo Nacional under call number 14154.
Plan 14154 indicates for the northern and southern slopes a distance of 2000 m from the summit or crest of the cerros Zurquí and Concordia. That measurement is also referred to in official memo No. DGT-437-08 of June 16, 2008, signed by Engineer Álvaro Álvarez Calderón of the Department of Geodesy and Topography of the IGN, indicating that the vertices of the plan can be identified by deriving them from the count starting from cerro Zurquí as follows: cerro Zurquí-vertex 2 (2000 m); vertex 14-cerro Concordia (2000 m); cerro Concordia-vertex 16 (2000 m); vertex 33-cerro Zurquí (2000 m).
Therefore, the Poder Ejecutivo chose not to increase or decrease the two-kilometer strip of Ley 65 of 1888. To date, the power provided for in Article 2 ibidem is not feasible to exercise, not only because, having knowledge of it, the Poder Ejecutivo ultimately chose not to use it, but also because, taking as a basis the plan prepared by surveyor Moisés Rodríguez Calvo, the Secretaría de Fomento, through the Dirección General de Obras Públicas, contracted in 1903 Engineer Manuel Benavides Rodríguez, who traced the material demarcation or boundary marking (amojonamiento) of the southern parallel.
Moreover, the Ley General de Terrenos Baldíos of 1939, Article 9, established the encumbrance (afectación) of the Inalienable Zone of the mountain of the Barva volcano between cerros Zurquí and Concordia, without the possibility of increase or reduction by the Poder Ejecutivo, and the same was done by the Ley de Tierras y Colonización of 1961, numeral 7, subsections e) and i).
Additionally, constitutional judgment 3731-2011, Considerando II, indicated that the delimitation it ordered MINAE to carry out is that of the area set forth in Article 1 of Ley 65 of 1888:
“This Chamber has already ruled on the applicability and significance of the provisions of Decreto Ley number 65 of 1888, noting that the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones had to implement what is established in the first article of the Law, and must for this purpose carry out the delimitation of the inalienable area defined therein.” Note that legal opinion OJ-020-2009 indicated: “According to official memo No. PNBC-007-ACCVC of February 12, 2009, requested by the undersigned for the purposes of this legal opinion from the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, and of which I attach a copy, within the area delimited by Decreto Ley No. LXV of July 30, 1888, there is 81 to 82% that is under the category of protected wilderness area (Parque Nacional Braulio Carrillo 47%, Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central 32%, and the wildlife refuges Cerro Dantas and Jaguarundi 2%) and only 18% that is located outside. However, it is in this 18% that the greatest number of lands occupied by people are found and which even includes towns like that of Sacramento.” And, let us remember that Patrimonio Natural del Estado is a public domain asset administered by MINAE-SINAC, and is composed of: a) protected wilderness areas, whatever their management category, declared by Law or Executive Decree, and b) other forests and forest lands or lands of forest aptitude owned by the State and public institutions, and their legal encumbrance is immediate (Articles 13, 14, 15, and 18 of the Ley Forestal; 32 of the Ley Orgánica del Ambiente; 22 and 28 of the Ley de Biodiversidad; constitutional judgment 16975-08; Sala Primera, judgment 1070-F-S1-2010; Tribunal Contencioso Administrativo, Section IV, judgment 68-2013; Section VI, 63-2009, 1842-2009, and 38-2010), and for its reduction, the legal system enacted after Ley 65 of 1888 requires a specific law with the technical studies justifying it (numerals 13 of Ley 6084; 38 of the Ley Orgánica del Ambiente; constitutional judgment 3113-09).
Therefore, legal opinion OJ-020-2009 noted: “In light of the legislative initiative that the inquiring Deputy states he is preparing, one might think of a possible legal removal of encumbrance (desafectación) of said 18%, the recognition of existing registered private property, and the imposition of limitations on property that allow and ensure adequate recharge of the aquifers existing in the area, such as minimum lot sizes for segregation, construction restrictions, prohibition of subdivisions (urbanizaciones) and subdivision (fraccionamientos), etc. This, provided that serious and exhaustive technical studies are provided that demonstrate the non-impact on the water resource.” Regarding lands registered before and after Ley 65 of 1888, opinion OJ-020-2009 noted: “The only possessory rights that could be recognized are those deriving from an occupation exercised in a quiet, public, uninterrupted manner and under claim of ownership for at least ten years before the encumbrance into the public domain of the area declared inalienable… As for registered properties, and as a matter of principle, only those that had been registered prior to the declaration of inalienability and meet the attributes of ten-year prior possession under claim of ownership could be recognized as legitimate. Regarding the rest, the action to reclaim them is imprescriptible. This principle, inherent to the general theory of public domain, is embodied, among others, in Article 14 of the Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996.” A position consistent with Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente: “Private properties affected as provided by this article, for being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be included within state protected areas only from the moment they have been paid for or legally expropriated, except when they voluntarily submit to the Forest Regime.” A similar criterion was expressed by the Head of the Ministerio Público in official memo No. 775 of August 12, 1937, where he noted that although Ley 65 of 1888 “declares inalienable a zone of land two kilometers wide on both sides of the summit of the mountain of Volcán Barba, from the hill called El Zurquí to the one known by the name of Concordia, whether said zone is national or municipal property,” its effects “could not have encompassed lands that were already titled before that law.” He supported his statements on titles duly issued in accordance with special laws, such as Nos. 2 of January 28, 1859; 42 of January 2, 1849; 18 of June 18, 1860; and 31 of December 19, 1848, and based on a study made in the Registro Público where titles to properties registered in 1875 and 1887 appeared in the Partido de Heredia.
Thus, the public domain character (demanialidad) over the lands referred to in Ley 65 of 1888 is in force for the national and municipal lands it originally covered, but that encumbrance does not govern over private properties that hold a legitimate title, and as long as they maintain ten-year prior and legitimate possession before the encumbrance. A legitimate title requires compliance with legal formalities for its acquisition, and those that would have unduly encompassed state properties would not qualify.
With respect to the competent forum for determining whether a title and property right are legitimate, the Sala Constitucional, in ruling on the encumbrance provided for in Ley 65 of 1888 in judgment No. 3731-2011, stated: “On the other hand, if what is sought is to discuss in this venue the right of property that the appellant claims to have preferentially over the declaration of inalienability, it must be noted that this is a matter of ordinary legality that must be raised and resolved within a contradictory proceeding proper to the ordinary jurisdiction, since certainly a pronouncement in that sense falls outside the scope of competencies of the constitutional jurisdiction.” Regarding the procedure and studies to address the requests of the administered parties, this will depend on the matters they raise, and the Administration must observe the block of legality (articles 11 of the Constitution, and 11 of the General Law of Public Administration), from which derives the observance of due process, encompassing the rights to a hearing and defense itself, with the opportunity to offer evidence and appeal the communicated decisions (constitutional judgment No. 3731-2011). Let us remember that, in general terms, the accreditation of private lands within the public domain (demanio público), in accordance with the law, corresponds to their holders. The Latin adage applies here that whoever has a presumption or precept in their favor bears the burden of proof before their adversary (legal opinion C-128-99).
However, since constitutional judgments 12109-2008 and 3731-2011 ordered MINAE to physically delimit the zone established in Article 1 of Law 65 of 1888, and then subsequently initiate the recovery processes for lands being occupied by private parties, it is necessary for the Administration to analyze the situation of those who hold a title of ownership, and those who are mere occupants or holders of the public domain who do not possess a title of ownership. In relation to registered properties, that study must necessarily encompass the registry entries from their origin, with the analysis of their eventual segregations, reunifications, and registry movements relevant to their identification, as well as the plans that describe them, including the study of those that are of interest to expropriate and insofar as the latter are legitimately registered because they are protected by the ten-year possession (posesión decenal) prior to the domain affectation (afectación demanial).
In a similar vein, in official memorandum AAA-901-2006 we instructed the Head of the Heredia Office, Central Subregion of the ACCVC, with a copy to Eng. Rafael Gutiérrez Rojas, then Director of the ACCVC, that for the fulfillment of the competencies of that Conservation Area, legal opinion C-128-99 should be taken into account for the protection of the domain in the case of irregular registrations, as well as the criterion regarding the exercise of the right of ten-year possession prior to the domain affectation, an analysis that the Legal Department of the Conservation Area could carry out in the cases presented to it, and consequently, the criterion contained in legal opinion OJ-020-2009, which was requested to be reviewed, is maintained.
Once the preliminary study has been carried out by the Legal Department of the Conservation Area, those registry entries that are not protected by the exercise of ten-year possession prior to the public domain affectation must be brought to the attention of the Directorate of the Real Property Registry so that it may evaluate the respective cautionary annotations, as well as to the Legal Advisory Office of the Ministry of Justice for the study and evaluation of the cases that would require a declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) prior to the exercise of judicial action for the cancellation of the registry and cadastre entries that improperly encompass the Inalienable Zone of Law 65 of 1888.
Sincerely,
Lic. Mauricio Castro Lizano Prosecutor C: Licda. Virginia Chacón Arias, Director, National Archive MSc. Oscar Rodríguez Sánchez, Director, Real Property Registry MSc. Max A. Lobo Hernández, Director, National Geographic Institute ([1]) National Archive, Municipal Fund of Heredia, call numbers 452, f. 5; 116; 167, f. 9; 227, f. 48 v-49; 518, f. 3 v, 24-25, 45 v; 436, f. 45-46; 621, f. 5; 469, f. 53-54; 674, f. 13 v; 5126, f. 1-2; Municipal Fund of Barva, call numbers 856, f. 1-3; 373, f. 2 v; 855, f. 4, 5 v and 6 f; Contentious Administrative Court Fund, call number 4134, f. 1-2. La Gaceta No. 263 of April 25, 1864, p. 4. National Archive, Governance Fund, call numbers 4157, f. 1-4; 2537, f. 52-54, 86-87; Central Archive of the Municipality of Heredia, call numbers SCM-124-4773, f. 117-119; SCM-124-4775, f. 13. La Gaceta Nos. 669 of May 15, 1880, p. 2; 1161 of January 5, 1882.
([2]) National Archive, Municipal Fund of Heredia, call numbers 7, f. 1-2; 518, f. 3 v, 24-25; 621, f. 5; 469, f. 53-54; 5126, f. 3-4, 93, 183 v-185; Contentious Administrative Court Fund, call numbers 4120, f. 3 v-25; 4134, f. 3 v-7 v; 4135, f. 9 v-10 f; 4210, f. 3-18; 4175, f. 1-7; 4142, f. 30; 4145, f. 1-19; 4194, f. 4-21; 4298, f. 45-69 v; 4183, f. 1-4, 8 v-35; 4206, f. 1-35 v; 4219, f. 1-4; 4125, f. 1-24 v; Governance Fund, call numbers 23322, f. 14 and 126; 7263, f. 45 v-46 f; Development Fund, call numbers 3617, f. 1-2; 3571, f. 56 v-57 f; Treasury Fund, call number 16013, f. 27. Hoffmann, Carl. Una excursión al volcán Barba de Costa Rica en 1855. Bonplandia, VI Jahrgang, No. 16 to 17, Hannover, 1st Sept. 1858, p. 302-320. In: Revista de los Archivos Nacionales. March and April. Number 3 and 4. Year V. San José. 1941. p. 133-156; and Viajes por Costa Rica, Introduced by Carlos Meléndez Chaverri, Ministry of Culture, Youth and Sports, Nos Ven Series, No. 6, San José, Costa Rica, 1976, p. 115-169. National Archive, Plans Fund, call numbers 8169, 8178 and 8104. Contribuciones al conocimiento de los Volcanes de Costa Rica by Dr. Av. Frantzius, Petermann´s Geogr. Mittcilungen 1861 Heft IX in the National Archive, José Fidel Tristán Fernández Fund, call number 72ª; Governance Fund, call numbers 4157, f. 1-4; 2537, f. 52-54, 86-87. Central Archive of the Municipality of Heredia, call numbers SCM-132-5066, f. 3-3 v, 10 v-16; SCM-124-4773, f. 117-118. La Gaceta Nos. 669 of May 15, 1880, p. 2; 778, of September 25, 1880, p. 2; 290 of December 22, 1884, p. 1194-1195; 103 of May 5, 1887, p. 456-457.
([3]) National Archive, Contentious Administrative Court Fund, call numbers 4120, f. 3v-25; 4134, f. 3 v-7 v; 4135, f. 9 v-10, 16 f, 21, 23, 28-30, 32-35, 38-40, 43-44 f; 4210, f. 3-18; 4211, f. 1 and 4; 4142, f. 29-30; 4144, f. 1, 7 v-8 f, 9; 4145, f. 1-12, 14-19; 4206, f. 1-35 v; 4125, f. 1-24 v; Municipal Fund of Heredia, call number 312, f. 75-76; Treasury Fund, call number 16013, f. 27; Hoffmann, Carl. Una excursión al volcán Barba de Costa Rica en 1855. National Archive, José Fidel Tristán Fernández Fund, call number 72ª; Congress Fund, call numbers 8929, f. 1-27; 11691, f. 46-47, 51 v- 52; Colección de Leyes y Decretos, Year 1885, Semester I, p. 47; La Gaceta No. 54 of March 6, 1885, p. 217.
([4]) La Gaceta No. 169 of July 22, 1888, p. 911-912. Apuntaciones sobre el clima y geografía de la República de Costa Rica, Boletín del Instituto Meteorológico Nacional. Volume I-1888, Tipografía Nacional, San José, Costa Rica, 1889, p. 28-33. Bergoeing, Jean Pierre. Geomorfología de Costa Rica. Instituto Geográfico Nacional. San José. 1998. p. 160-164. Denyer, Percy, comp. Atlas Geológico. Gran Área Metropolitana. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Cartago. 1994. p. 114; 135-137. Alvarado Induni, Guillermo. Volcanes de Costa Rica: geología, historias y riqueza natural. UNED. 2000. p. 2, 172-173.
([5]) National Archive, Mayor's Office Fund of Santa Bárbara, call numbers 136 and 148; Congress Fund, call number 11691, f. 46-47; Governance Fund, call number 7263, f. 15, 112-113; Contentious Administrative Court Fund, call numbers 4120, f. 3 v-25; 4135, f. 3, 9 v-10, 16-17 v, 21, 23, 28-30, 32-35, 38-40, 43-44 f, 52; 4144, f. 1, 7 v-8 f, 9; 4145, f. 1-12, f. 14-19; 4211, f. 1 and 4; Municipal Fund of Heredia, call numbers 469, f. 53-54; 593, f. 39-45 v; 674, f. 52 v; 17496, f. 24, 27-28; Plans Fund, call numbers 8104, 8169, 8178, 8181, 8189, 10285 and 15735; Heredia Colonial Protocols, call numbers 786, f. 17 v-18 v; 787, f. 3 v-6; 796, f. 16-26; Secretariat of Justice Fund, call number 543. Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-125-4808, f. 13. Colección de Leyes y Decretos, 1885, Semester I, p. 47. Supplement to La Gaceta No. 698 of June 19, 1880, p. 2. La Gaceta Nos. 54 of March 6, 1885, p. 217; 76 of May 1, 1885, p. 309; 89 of May 19, 1885, p. 369; 122 of June 28, 1885, p. 522; 33 of July 12, 1885, p. 570; 138 of July 18, 1885, between p. 590-591; 140 of July 21, 1885, p. 598; 141 of July 22, 1885, p. 602; 143 of July 24, 1885, p. 610; 151 of August 2, 1885, p. 642; 153 of August 5, 1885, p. 649; 125 of June 3, 1886, p. 558; 143 of June 24, 1886, p. 646; 145 of June 27, 1886, p. 656; 147 of June 30, 1886, p. 670; 42 of August 18, 1886, p. 213; 60 of September 8, 1886, p. 301; Diario de las sesiones del Congreso No. 49, printed with La Gaceta No. 184 of August 9, 1888, between pages 992-993; La Gaceta No. 268 of Thursday, November 19, 1891, p. 1327; Hoja cartográfica Barva of the Instituto Geográfico Nacional of 1967; Alvarado Induni, Guillermo. Volcanes de Costa Rica: geología, historias y riqueza natural. UNED. 2000. p. 2, 172-173.
([6]) Laws of October 13, 1825, November 4, 1825 and No. 120 of March 29, 1827. National Archive, Federal Fund, call number 668; Congress Fund, call numbers 356, 652 and 565; Municipal Fund of Heredia, call number 98, f. 19-20 f.
([7]) National Archive, Development Fund, call numbers 1708, Sheets 5-7; 1896, f. 1-2, 4-8; 3617, f. 1-2; 3791, f. 40; Governance Fund, call numbers 23322, f. 14 and 126; 24184, f. 20; Contentious Administrative Court Fund, call number 4183, f. 1-4, 8 v-35; Plans Fund, call numbers 8104, 8178, 8181 and 8189. Central Archive of the Municipality of Heredia, call numbers SCM-132-5066, f. 3, 10 v-16; SCM-4787, f. 1-2. Compilación de Leyes no insertas en las Colecciones Oficiales. Compiled by Lic. Don Cleto González Víquez, Volume II, p. 336-337. Hoffmann, Carl. Una excursión al volcán Barba de Costa Rica en 1855. Bonplandia, VI Jahrgang, No. 16 to 17, Hannover, 1st Sept. 1858, p. 302-320. La Gaceta Nos. 817 of November 10, 1880, p. 2, 820 of November 13, 1880, p. 3; 1161 of January 5, 1882; 103 of May 5, 1887, p. 456-457. Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional, Volume II. 2nd Part. Tipografía Nacional. San José. 1890, Notes 17 and 26, p. 185 and 191. Geografía de Costa Rica. Tip. Lit. de José Cunil Sala. Barcelona. 1892. p. 37-38; 209-212. Notas sobre la Geografía de Costa Rica. Tipografía Nacional. San José. 1893. p. 14. Noriega, Féliz F. Diccionario Geográfico de Costa Rica. De Avelino Alsina. San José. Costa Rica. 1904, call number CR 917.286/B 456, p. 19, 205, 234-235. Dobles Segreda, Luis. La Provincia de Heredia. Apuntamientos Geográficos. Imprenta y Librería Lehmann. San José. 1934, p. 59. Alvarado Induni, Guillermo. Volcanes de Costa Rica: geología, historias y riqueza natural. UNED. 2000. p. 2, 172-173.
([8]) On May 9, 1893, in consideration of the certificates proving their aptitude for surveying work, the President dispensed Pedro Nolasco Gutiérrez y Gutiérrez from the bachelor of science degree required by the Decree of July 25, 1891, to qualify for the title of Licenciado Geómetra. On April 18, 1895 he appointed him for service in the Instituto Físico Geográfico, and on May 25 of that year he designated him Head of the Meteorological Service of the Instituto Físico Geográfico. Don Pedro Nolasco Gutiérrez died on July 11, 1918 in the Hospital San Juan de Dios in San José (La Gaceta No. 107 of May 11, 1893. National Archive, Education Fund, call number 2506, f. 274 left and 285 left; José F. Tristán Fernández Fund, call number 98, f. 2).
([9]) Diego de Mercado, in a report of January 23, 1620, indicated that the Siripiquí River is navigable for more than 20 leagues, with a deep, gentle, clean current and without rapids, and originates from the place of a pass formed by a mountain range that is next to two volcanoes of the province of Costa Rica (FERNÁNDEZ BONILLA, León, Historia de Costa Rica, Editorial Costa Rica, Biblioteca Patria, volume 7, San José, Costa Rica, 1975, p. 84-86). Hernando de Sibaja, in a report of December 29, 1639, noted that having received news that waters flowing toward the North Sea, on the slopes of the volcanoes of Barva, there were a large number of Indian men and women, he arranged to go search for them, leaving the town of Barva and crossing the mountain range through a part they call "la loma del real de la miel," very gentle, and having descended to the plains on that other side, he came upon a mighty river that an Indian woman named María told him was called Siripiquí. Thus Governor Gregorio de Sandoval received certain news of how behind a mountain range and volcanoes that have their beginning in the town of San Bartolomé de Barva there were a large number of Indians. Another report of March 10, 1640 noted that the Siripiquí is commonly named so by seafaring people, and arises in the mountain ranges of the town of Barba (FERNÁNDEZ BONILLA, León, Indios, Reducciones y el Cacao, Biblioteca Patria, volume 4, Costa Rica, 1976, p. 156, 167-168, 180-181).
([10]) National Archive, Development Fund, call numbers 43, f. 2-5; 338, f. 3-5; 1015; 1594; 5436, f. 6; Municipal Fund, call number 9888, f. 3 v; Municipal Fund of Heredia, call number 17510, f. 108-109; Governance Fund, call numbers 2211, f. 35, 38 and 57; 7262; 7263, f. 16-20, 45 v-46 f; 3499, f. 149; 2914, f. 21. La Gaceta Nos. 817 of November 10, 1880, p. 2; 820 of November 13, 1880, p. 3; 1161 of January 5, 1882; 28 of February 5, 1897, p. 110; 103 of May 5, 1887, p. 456-457; 137 of June 15, 1887, p. 630-631; 55 of September 3, 1887, p. 371; 150 of June 30, 1889, p. 896; 151 of December 29, 1911, p. 804-806; 125 of November 26, 1911; of July 9, 1913, p. 38-39. Central Archive of the Municipality of Heredia, call numbers SCM-4787, f. 1-2; SCM-125-4801, f. 2; SCM-134-5102, f. 97-98; SCM-127-4855, f. 65, 141-142. Memorias de Fomento of 1898, f. 172; 1900, f. 23; 1908-1910, p. 32; 1911, p. XXXI; 1912, p. 336; 1913, p. 63-64, 184. Memoria de Gobernación, Policía y Fomento, 1900, p. 23.
([11]) National Archive, Governance Fund, call number 24993, f. 1-2; Development Fund, call number 3791, f. 40; call number 3571, f. 56 v-57 f; Judicial Fund, call number 43121, f. 1 and 7; MARR, Wilhelm, Viajes por Centroamérica, compiled by GUARDIA FERNÁNDEZ, Ricardo, Costa Rica en El Siglo XIX, Antología de Viajeros, EDUCA, 1982, p. 250-253.
([12]) Pittier describes the route, rivers, lagoons, flora, hills and geographic features of the region surrounding the Poás volcano as a result of his visits to that volcano for various scientific purposes (La Gaceta Nos. 221 of September 22, 1888, p. 1279-1281; 12 of January 17, 1889, p. 51-52; 213 of September 12, 1890, p. 1125-1126. Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional, Volume II. 2nd Part. Tipografía Nacional. San José. 1890, Notes 17 and 26, p. 185 and 191, respectively).
On September 11, 1911, the officials of the National Museum Anastasio Alfaro, Gustavo Michaud and Pablo Biolley, reported to the Undersecretary of Development on the effects of the earthquake that occurred in the village of Toro Amarillo surrounded by the cerros del Congo to the northeast; to the south the cerros del Roble, Alto del Portillo and el de los Alfaro; to the east the cerros del Gorrión, Los Anonos, the Poás volcano, the cerro del Angel and the Cariblanco, which reaches the Sarapiquí road; to the west the cerros de Quebrada grande, Río Segundo, el Barroso, Pelón and Volcán Viejo. They added that in San José the seismographs of the Observatory and the one that don Fidel Tristán installed in the Colegio de Señoritas gave the direction of the Poás volcanic region, and estimated the epicenter of the last earthquakes to be a point a few kilometers, between 6 and 9, northwest of the Poás volcano. (La Gaceta 62 of September 12, 1911, p. 331-332).
([13]) National Archive, Congress Fund, call numbers 8929, f. 1-27; 8936, f. 1-2; 9446, f. 1-11. Colección de Leyes y Decretos, Year 1866, Semester I, p. 109-110. La Gaceta No. 1371 of October 1, 1882, p. 1. Colección de Leyes y Decretos, Year 1882, Semester II, p. 261. Central Archive of the Municipality of Heredia, call numbers SCM-4787, f. 92-93. National Archive, Municipal Fund of Heredia, call number 17494, f. 40-43, 49-52. Central Archive of the Municipality of Heredia, call numbers SCM-136-5284, f. 8-8 v; SCM-128-4882, f. 1-11. National Archive, Municipal Fund of Heredia, call numbers 17494, f. 89-90; 17514, f. 194-195; 17515, f. 1-5; 17518, f. 82-89, f. 184-186, 188-193; 17519, f. 12-14; 17531, f. 215-216, 218, 221, 239, 241-244; 17532, f. 152-155; 17533, f. 37-38, 41-45; 17536, f. 49, 54; 17544, f. 242, 254; 17547, f. 172-173; 17548, f. 52; Governance Fund, call numbers 3, f. 44; 1156, f. 25; 1647, f. 59-60; 2211, f. 35, 38 and 57; 22166; Development Fund, call number 1418, f. 240 and 275; 5436, f. 1-8; Plans Fund, call number 10285. Law No. 17 of September 25, 1911. La Gaceta No. 76 of September 29, 1911. Colección de Leyes y Decretos, Year 1911, Semester II, Volume I, p. 191. National Archive, Municipal Fund of Santa Bárbara, call numbers 16184, f. 146-149, 150-151; 155-157; 16197, p. 50. Colección de Leyes y Decretos, Year 1970, Semester II, Volume 3, p. 990; Year 1971, Semester II, Volume 2, p. 869.
([14]) National Archive, Contentious Administrative Court Fund, call numbers 4120, f. 3-25; 4125, f. 1-24 v; 4134, f. 3v-7v; 4135, f. 3-52; 4142, f. 29-30; 4175, f. 1-7; 4144, f. 1, 7v-8f, 9; 4145, f. 14-19; 4183, f. 1-4, 8v-35; 4206, f. 1-35 v; 4211, f. 1 and 4; 4298, f. 17-17v, 45-69 v, 73v-75f, 76 v-81 v; 4183, f. 56-61; Congress Fund, call number 11691, f. 46-47, 51 v- 52; Secretariat of Justice Fund, call number 543; Governance Fund, call number 7263, f. 112-113; Municipal Fund of Heredia, call numbers 436, f. 115; 518, f. 2v-21v; 593, f. 39-45 v; Treasury Fund, call number 6251, f. 1-7; Plans Fund, call numbers 8104, 8169, 8178, 8181. Central Municipal Archive of Heredia, call numbers SCM-132-5066, f. 3, 10v-16, 71v-74v; SCM-124-4775, f. 13. La Gaceta Nos. 680 of May 29, 1880, p. 3; 698 of June 19, 1880, p. 2; 778 of September 25, 1880, p. 2; 290 of December 22, 1884, p. 1194-1195; 54 of March 6, 1885, p. 217; 125 of June 3, 1886, p. 558; 89 of May 19, 1885, p. 369; 33 of July 12, 1885, p. 570; Supplement to La Gaceta No. 138 of July 18, 1885, between p. 590-591; La Gaceta Nos. 140 of July 21, 1885, p. 598; 141 of July 22, 1885, p. 602; 143 of July 24, 1885, p. 610; 151 of August 2, 1885, p. 642; 153 of August 5, 1885, p. 649; 143 of June 24, 1886, p. 646; of the same year Nos. 145, June 27, p. 656 and 147, June 30, p. 670; 21 of July 24, 1886, p. 110; 42 of August 18, 1886, p. 213; 60 of September 8, 1886, p. 301. Colección de Leyes y Decretos, 1885, Semester I, p. 47. Property Registry, Oriental, registration number 4401, volume 63, folio 299, entry 1; Partido de Heredia, registration numbers 2759, volume 23, folios 127-131, entry 1; 13337, volume 210, folio 239, entry 1; 13338, volume 210, folio 241, entry 1.
([15]) National Archive, Congress Fund, call numbers 9702, f. 43 f-v, 47-48; 13612, f. 338-339; 363, 366, 375-376. Diario de las sesiones del Congreso No. 45, printed with La Gaceta Nos. 180 of August 4, 1888, between p. 966-967 and No. 46 with No. 181 of August 5, 1888, between p. 974-975.
([16]) Diario de las sesiones del Congreso No. 49, printed with La Gaceta No. 184 of August 9, 1888, between p. 992-993; Congress Fund, call numbers 9702, f. 48 v; 13612, f. 383 and 386.
([17]) National Archive, Congress Fund, call numbers 9396, f.1 f-v; 13612, f. 402, 409-410. Diario de las sesiones del Congreso No. 51, printed with La Gaceta No. 190 of August 16, 1888, between p. 1024-1025. La Gaceta of July 31, 1888. Colección de Leyes y Decretos, Year 1888, Semester II, Volume I, p. 296-297.
([18]) Apuntaciones sobre el clima y geografía de la República de Costa Rica, Observaciones y Exploraciones", Boletín del Instituto Meteorológico Nacional. Volume I-1888, Tipografía Nacional, San José, Costa Rica, 1889, p. 34).
([19]) La Gaceta Nos. 81 of April 8, 1888; 82 of April 10, 1888, p. 430; 12 of January 17, 1889, p. 51-52, 144 of June 23, 1889. Colección de Leyes y Decretos, Year 1888, Semester I, p. 138-141; Year 1888, Appendix Appointments. National Archive, Education Fund, call number 2501, f. 22 left, 29-29 v, 101 right, 105 right, 116 left, f 121 right-122 left, 126 left and right, 134 right, 227 left, 229 left and right, 234 right, 236 right. Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional, 1889, Tipografía Nacional, San José, Volume II, 1st Part, 1890, p. VIII.
([20]) Las Gacetas Nos. 309 of March 18, 1865, p. 3; 40 of November 30, 1867 and Supplement to No. 10 of March 23, 1868.
([21]) Based on Law 29 of September 20, 1858, Article 4, in 1869 the Fiscal Agent requested the Juez de Hacienda Nacional for the claim (denuncio) of two leagues for education in favor of the Municipality of Alajuela on the road to Sarapiquí with the following boundaries: north and west: vacant lands (terrenos baldíos); south: Legua de Fraijanes; east: private lands, Tambor River in between, the two Leagues of public instruction of Heredia and vacant lands, Sarapiquí road in between. The surveyor was Luis Chamier, who drew up the plan between April 8 and 13, 1869. The claim was adjudicated on June 23, 1874 (National Archive, Contentious Administrative Court Fund, call number 4598, f. 2-24).
([22]) National Archive, Governance Fund, call numbers 38, f. 9; 939, f. 1; 212, f. B first line; 939, f. 3; Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-137-5284, f. 85.
([23]) National Archive, Municipal Fund of Heredia, call number 17493, f. 31v-32, 37; Governance Fund, call numbers 3, f. 33; 7091, f. 36, 42, 44-45. Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-137-5284, f. 95).
([24]) National Archive, Development Fund, call number 1427, f. 648; Municipal Fund of Heredia, call number 17495, f. 120, 131-132, 144, 150-152; La Gaceta No. 79 of April 7, 1896, p. 333. Central Archive of the Municipality of Heredia, call numbers SCM-125-4800, f. 43-44; SCM-125-4802, f. 5.
([25]) National Archive, Development Fund, call number 1427, f. 648; Municipal Fund of Heredia, call number 17495, f. 120, 131-132; La Gaceta Nos. 22 of January 29, 1896, p. 96; 79 of April 7, 1896, p. 333; 136 of June 14, 1896, p. 593. Memoria de Gobernación y Policía, Tipografía Nacional, San José, 1896, expository part, p. XVIII).
([26]) National Archive, Development Fund, call numbers 596, f. 18 and 108; 600, f. 45; 1405; 1448; 2467; Governance Fund, call numbers 1897 and 1898; Memoria de Fomento 1898, f. 176 and 179; and 1899, p. 4, Sección Técnica, p. 58 and 71; Memoria de Gobernación y Policía, Tipografía Nacional, San José, 1898, Annexes. Gobernación, p. 72 and 78.
([27]) National Archive, Municipal Fund of Heredia, call number 17496, f. 137-138, 140-142; Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-125-4811, f. 74.
([28]) National Archive, Municipal Fund of Heredia, call number 17496, f. 173, 175-176; Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-125-4811, f. 126-127).
([29]) National Archive, Development Fund, call number 560, Letters C bis v-D, f. 228; Municipal Fund of Heredia, call number 17497, f. 62-63; Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-125-4815, f. 74.
([30]) National Archive, Civil Court of Heredia Fund, call number 1314, f. 4; Municipal Fund of Heredia, call number 17497, f. 236, 249, 254, 312; Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-126-4843, f. 13-14; La Gaceta Nos. 96 of April 27, 1902, p. 389; 11 of July 12, 1902, p. 55. Boletín Judicial No. 92 of April 23, 1901, p. 366.
([31]) National Archive, Municipal Fund of Heredia, call number 17499, f. 88-90; Governance Fund, call numbers 22 and 1566, f. 13-14, 29. Central Municipal Archive of Heredia, call number SCM-4824, f. 35. La Gaceta No. 12 of January 16, 1903, p. 45.
([32]) Official memorandum #108 of March 20, 1903 cites as Director of Public Works Mr. Alberto González. (Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-4828, f. 12).
([33]) National Archive, Development Fund, call numbers 540, f. 130; 545, f. 131; 546, f. 14 and 17; 565, f. 176 and 188; 1454; 2900. Municipal Fund of Heredia, call number 17501, f. 62-63; Memoria de Gobernación, Policía y Fomento, 1903-1904, p. 65, 75-76.
([34]) National Archive, Municipal Fund of Heredia, call number 17500, f. 15, 17, 32, 34. La Gaceta Nos. 72 of March 27, 1903, p. 45; 80 of April 5, 1903, p. 337).
([35]) National Archive, Municipal Fund of San Rafael de Heredia, call number 16013, f. 76, 78; 122, 124-125; 140-144; 254, 257-258. Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-122-4715, f. 45.
([36]) National Archive, Governance Fund, call numbers 3159, f. 1-3; 3310, f. 38; Municipal Fund of Heredia, call number 17508, f. 111-112; Municipal Fund of San Isidro, call number 15840, f. 18, 29-31.
([37]) National Archive, Municipal Fund of San Isidro, call number 15840, f. 59, 61, 79-81; Governance Fund, call numbers 3159, f. 7-9; 3408, f. 66; Judicial Fund, call number 1463, f. 7.
([38]) National Archive, Municipal Fund of Santa Bárbara, call number 16186, p. 242. Central Archive of the Municipality of Heredia, call number SCM-127-4855, f. 98-99.
([39]) Boletín Judicial Nos. 60 of March 14, 1914, p. 169; 73 of April 1, 1914, p. 186; 89 of April 23, 1914, p. 264; 96 of May 1, 1914, p. 287.
([40]) The topographical engineer Moisés Rodríguez Calvo died in Alajuela on January 28, 1912 at 11:30 am, at the age of 55, he was the son of José Rodríguez Arias and Josefa Calvo Andrade. Among the public offices he held, he was elected substitute deputy for the province of Heredia on December 12, 1897. The Municipality of Barva, on June 16, 1913, taking into consideration his valuable and disinterested services rendered to that canton, promoting progress in the various branches of human knowledge, agreed to commission his portrait to be placed in the Session Hall, an act it made effective on September 15, 1913. (La Gaceta Nos. 144 of December 17, 1897, p. 636; 273 of November 23, 1892, p. 1435. National Archive, Civil Court of Alajuela Fund, call number 3007, f. 1, 2 and 11; Municipal Fund of Barva, call number 16377, p. 98-99, 117. Dobles Segrega, Luis. La Provincia de Heredia. Apuntamientos Geográficos. Imprenta Lehmann. San José. 1934. p. 526-527).
([41]) National Archive, Municipal Fund of San Isidro, call number 15842, f. 18-19; Municipal Fund of San Rafael, call numbers 16015, f. 286-287; 16016, f. 33; Municipal Fund of Heredia, call number 17516, f. 130, 134.
([42]) National Archive, Municipal Fund of Heredia, call numbers 17537, f. 405, 409-410; 17545, f. 150, 154-155, 177; 17558, f. 115, 117-118; 17570, p. 1, 5-6; 17571, f. 2; 17595, f. 15, 18, 20-21; 17596, f. 158, 164, 166-168; 17601, f. 455-458; Municipality of Barva Fund, call number 16394, p. 424, 429-430; Municipal Fund of San Rafael, call number 16035, p. 1763-1764. La Gaceta Nos. 98 of May 27, 1986; 213 of November 8, 1993).
([43]) National Archive, Municipal Fund of Heredia, call number 17568, f. 49, 54; 17570, f. 157-159, 163; 17571, f. 292, 297-298; Central Archive of the Municipality of Heredia, call numbers SCM-1334-1978, SCM-468-b-1978, SCM-560-b-1978; SCM-1334-1978.
Dictamen : 480 del 19/12/2014 19 de diciembre de 2014 C-480-2014 Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta Ministro del Ambiente y Energía Estimado señor:
Con aprobación de la señora Procuradora General de la República nos referimos al oficio DM-315-2010 de 8 de marzo de 2010 relativo a la revisión de la opinión jurídica No. OJ-020-2009 con respecto a la oficialidad del plano 14154 del Archivo Nacional, la certeza de la ubicación del cerro Concordia, si se agotó la facultad del artículo 2 de la Ley No. 65 de 1888, y la condición de los terrenos inscritos antes y después de la vigencia de esa Ley.
Por oficio DVM-217-2010 de 7 de diciembre de 2010 se consultó sobre el ente al que compete determinar la legitimidad de los títulos y derechos de propiedad ubicados en la zona de la Ley No. 65 de 1888, el procedimiento para atender las solicitudes de los administrados y el destino de los expedientes que se confeccionen. Se aportó el criterio jurídico No. DAJ-V-628-2010 de 4 de marzo de 2010, que estima como documento público el plano elaborado por Moisés Rodríguez (Archivo Nacional, signatura 14154), a pesar de no haberse localizado documentos sobre su oficialización, y que según evidencias históricas analizadas por el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, es incompleto en el sector del cerro Concordia, y no podría estimarse agotada en ese sector la facultad del Poder Ejecutivo prevista en el numeral 2 ibídem, pues los estudios evidencian que las dificultades de la época no permitieron a Henry Pittier y Moisés Rodríguez terminar la exploración y ubicar con certeza científica dicho cerro, labor que requiere un estudio más riguroso.
Sobre las propiedades ubicadas geográficamente en la zona inalienable el criterio jurídico No. DAJ-V-628-2010 cita el oficio No. AAA-738-2009, que transcribió parte de la opinión jurídica No. OJ-020-2009, y en la que se apuntó: “Los únicos derechos de posesión que podrían ser reconocidos son aquellos que deriven de una ocupación ejercida de manera quieta, pública, ininterrumpida y a título de dueño con por lo menos diez años antes de la afectación al dominio público del área declarada inalienable…En los demás casos, la ocupación no genera derecho de posesión susceptible de ser tomado en cuenta para prescribir positivamente en perjuicio del dominio público…En cuanto a las propiedades inscritas, y en tesis de principio, sólo podrían reconocerse como legítimas aquellas que hubieran sido inscritas con anterioridad a la declaratoria de inalienabilidad y cumplan los atributos de la posesión decenal previa a título de dueño. Respecto de las demás, la acción para reivindicarlas es imprescriptible…” El criterio jurídico DAJ-V-628-2010 agrega que las propiedades inscritas conforme a los procedimientos de ley una vez entrada en vigencia la Ley No. 65 de 1888 deben respetarse. Afirma que la Ley 65 de 1888 no estableció un área silvestre protegida, sino que declaró inalienables los terrenos estatales afectándolos a un fin público para la protección del recurso hídrico, compatible con los usos económicos de los bienes particulares, pero sujetos a limitaciones. Respecto al límite sur de la zona inalienable sostiene que por no tratarse de un área silvestre protegida, no son aplicables los artículos 38 de la Ley 7554 y 58 de la Ley 7788, y el Poder Ejecutivo tiene facultades para reconocer el patrimonio natural del Estado, así como de definir el límite sur guiado por la ciencia. Estima que no es competencia de la Administración activa decidir sobre la legitimidad o no de las propiedades inscritas, y recomienda consultar sobre el procedimiento y requisitos para conformar los expedientes para el estudio de los casos.
En la opinión jurídica OJ-020-2009, cuya revisión se requiere, entre otras, se evacuaron las siguientes interrogantes:
“3) Partiendo del supuesto de la vigencia del Decreto LX V, ¿cuáles son los alcances de las facultades que el artículo No. 2 del mismo da al Poder Ejecutivo? Y en ese mismo sentido, ¿cuál es el procedimiento legal correspondiente para hacer uso de estas facultades?
Como se puede leer de su texto, el artículo 2° del Decreto Ley No. LXV de 30 de julio de 1888 es escueto en su redacción, por lo que no se puede ir más allá de su contenido.
De éste parece desprenderse que fue voluntad de los legisladores que el área declarada inalienable en el artículo primero se mantendría como tal hasta que una comisión científica viniera a definir, previo reconocimiento del sitio, si la misma sería aumentada o disminuida según el estudio que ella realizara; el cual, suponemos, habría de versar sobre la determinación del territorio indispensable en la zona para conservar los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela.
A ese efecto, valga indicar que la Procuraduría General de la República tiene conocimiento de la existencia de un plano levantado en octubre de 1888 a escala 1:10.000 que presumiblemente definiría la delimitación definitiva del área declarada inalienable y que se encuentra conservado en el Archivo Nacional, bajo la serie mapas y planos, signatura 14154. En dicho documento se consigna que es un “TRABAJO EJECUTADO POR COMISIÓN DEL SUPREMO GOBIERNO” y elaborado por Moisés Rodríguez.
Merced al citado levantamiento, el Instituto Geográfico Nacional hizo una sobreposición sobre la Hoja Cartográfica Barva, llegándose a determinar que el Cerro de Concordia mencionado en el Decreto Ley No. LXV de 30 de julio de 1888, artículo primero, coincide con el denominado actualmente como Cerro Guararí:
“Los estudios realizados por el I.G.N. permitieron determinar que el denominado cerro La Concordia en 1888, es el indicado en la segunda edición de la hoja topográfica Barba escala 1:50.000 con el nombre de Guararí a una altitud de 2599 metros.” (Oficio NO. 07-540 de 9 de abril de 2007, suscrito por el Director General del Instituto Geográfico Nacional).
En tanto no existan otros elementos de juicio de carácter histórico que lleven a una conclusión diferente, una modificación de los límites del área declarada inalienable por el Decreto Ley No. LXV de 30 de julio de 1888 sólo podría hacerse por vía de ley, al haberse determinado en forma definitiva el área declarada inalienable con la demarcación realizada por el señor Moisés Rodríguez.” El Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli en criterio del 18 de febrero de 2010 sostuvo que el mapa del ingeniero Moisés Rodríguez sobre la zona inalienable entre el cerro Zurquí y el Concordia si bien consignó el nombre de varios cerros en la cordillera de interés, omitió el punto exacto del cerro Concordia, siendo su trabajo incompleto e inexacto, y no hay sello de su recepción por los entes gubernamentales, por lo que estima carece de veracidad y oficialidad. Agrega que la documentación de épocas más recientes alude a las solicitudes institucionales para la realización de la demarcatoria. Cuestiona los estudios y mapas elaborados por el Instituto Geográfico Nacional sobre la coincidencia entre el cerro Guararí y el Concordia, en tanto según el Diccionario Geográfico de Costa Rica, y el libro de Luis Dobles Segreda “Heredia, Geografía, Historia y Literatura”, el Guararí tiene una altura de 2599 m.s.n.m. y el segundo de 1900 m.s.n.m. Considera que el cerro Concordia está en la vía a Sarapiquí, donde hoy existe un pequeño poblado con ese nombre, y una altura de 1900 m, por lo que no hay coincidencia en la ubicación de ambos cerros. Aduce que la Ley 65 de 1888 excluyó los terrenos particulares denunciados con anterioridad y resueltos favorablemente para adquirir la legítima propiedad en una zona foco de la expansión colonizadora, áreas que procedería excluir conforme a la facultad otorgada a la Comisión Científica en el artículo 2 de la Ley, pues el citado mapa no se ocupó de ello. Afirma que para fijar los límites de la zona inalienable en forma técnica y científica, además del Instituto Geográfico Nacional, deben intervenir las Escuelas de Geografía y la de Topografía y Catastro, ambas de la Universidad Nacional, tomando en cuenta el análisis histórico de los inmuebles.
En un addedum agregó que la Municipalidad de Heredia en sesión del 18 de agosto de 1890 requirió al Gobernador averiguar con el Secretario del Ramo sobre la comisión que recibió Pittier del Secretario de Gobernación para practicar la demarcatoria de la zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña del volcán Barva, por ser de interés separar las tierras municipales limítrofes a la zona referida. En la sesión del 17 de mayo de 1892, artículo 4, y con miras a alcanzar esa demarcatoria, la Municipalidad Heredia solicitó al Dr. Policarpo Trejos suplicar al Presidente de la República su práctica. En la sesión del 15 de junio de 1894 se conoció la nota del 9 de ese mes, suscrita por el Ministro de Gobernación donde indicó que la Comisión para demarcar la zona inalienable debía designarla el Municipio. En la sesión XXV del 1° de diciembre de 1894 se tuvo conocimiento de que la Municipalidad de Alajuela informó no tener presupuesto para esa tarea. En la sesión del 4 de marzo de 1895, artículo 4, se conoció memorial de los Jefes Políticos de Santo Domingo y San Rafael y del Agente de Policía de San Isidro y San Pablo, donde solicitaron a la Municipalidad de Heredia elegir un apoderado ante el juez de lo Contencioso Administrativo para gestionar la reposición de los terrenos que se estaban titulando con grave perjuicio a la provincia al hacerlas aparecer como baldías pues no estaban delimitadas. Como representante municipal se designó a Vicente Monge. En la sesión del 16 de junio de 1898, artículo 6, se conoció nota del agrimensor Moisés Rodríguez donde indicó que estaba próxima la terminación de la medida de la zona inalienable entre la “Concordia y Zurquí”, y que la corporación designara a alguien para recibir el trabajo. Informando el Gobernador que el señor Rodríguez había celebrado con el Supremo Gobierno el contrato relativo a ese trabajo, era éste a quien debía hacerse la entrega por medio de la persona que comisionara al efecto. Agrega que investigando minuciosamente los expedientes en el Archivo Nacional no se encontró ningún documento o referencia alguna que comprobara la entrega oficial y recepción del trabajo por parte del señor Rodríguez, por el contrario, ante una solicitud del señor Ramón Barrantes, en diciembre de 1898, se menciona que se consulte al señor Moisés Rodríguez por las medidas que está practicando. En la sesión del 15 de marzo de 1901, artículo 3, se conoció memorial de varios vecinos de San Isidro, donde a raíz de un denuncio publicado en el Boletín Judicial del 13 de ese mes, así como de otros ya publicados con terrenos dentro de la zona afectada y que eran municipales, solicitaron a la Municipalidad de Heredia presentar el plano que debió elaborar el señor Rodríguez y que debía existir en la Dirección General de Obras Públicas. Considera entonces que no había certeza sobre la existencia del plano en esa Dirección, ni que dicho Agrimensor hubiera informado a la Municipalidad sobre el mismo, ni de la entrega oficial de su trabajo, que no terminó, por lo cual hay incertidumbre sobre la ubicación del cerro Concordia, además de que el acta del 15 de marzo de 1901 refiere su localización en Alajuela. Agrega que en un mapa de 1932 el cerro Concordia aparece en la Provincia de Alajuela, al sur del paso del Desengaño, y de ser así, estaría ubicado en una cota muchísimo más baja de los 1700 m, confirmándose lo señalado en su informe inicial.
En escrito del 14 de abril de 2010, el Lic. Mauricio Méndez Z. aportó el documento Diagnóstico y análisis de la Ley LXV del 30 de julio de 1888 que “Declara inalienable las montañas en que tienen su origen las aguas que abastecen a Heredia y Alajuela” de febrero de 2010, que indicó haber realizado a solicitud de un grupo de vecinos de Santa Bárbara, Barva, San Rafael y San Isidro de Heredia, y que lo revisó el Lic. Fabián Volio E. En esa oportunidad también adjuntó el informe y addedum del Dr. Aguilar Bulgarelli. Afirma que su investigación no está concluida, pues aún resta revisar un período histórico importante, pero que es una fuente valiosa para aclarar la veracidad de criterios y presunciones sobre la delimitación de la zona inalienable. Pretende establecer el fundamento técnico jurídico del procedimiento para ese efecto y complementar los informes de la Comisión Técnica del MINAE creada para el cumplimiento de la sentencia constitucional No. 12109-2008.
Afirma que la Ley LXV de 1888 se originó en las observaciones y resultados de campo del Dr. Pittier según excursión del 3 al 6 de julio de 1888, cuyas conclusiones consignó bajo el título “Exploración de la Masa del Barba” (La Gaceta No. 169 de 22 de julio de 1888). Indica que sus preocupaciones fueron recogidas por el Poder Ejecutivo y remitidas al Congreso. De ese informe deriva que la zona a proteger está constituida por las crestas de las montañas desde la cima del Poás hasta la cima del Barva, pero comprendiendo sólo los terrenos nacionales o municipales, no así los de dominio privado, dado el conocimiento de la existencia de denuncios o propiedades inscritas que constituían la localización física de los desmontes mencionados por Pittier, y que requerirían expropiarse para extender su protección.
Conforme a datos del Registro Nacional, actas municipales y sentencias dictadas en denuncios, agrega que hay propiedades inscritas antes y después de la Ley LXV de 1888, de las que al menos treinta y nueve tienen títulos otorgados antes del 30 de julio de 1888, con extensiones muy importantes (70 caballerías o poco más de 3500 Ha), en su mayoría localizadas en los cantones de Barva y San Rafael, producto de la apertura de la frontera agrícola promocionada desde inicios del siglo XIX por el Gobierno, practicada desde la Colonia, incluida la corta de bosque para la siembra del sustento alimentario de los poseedores y el comercio de las especies de madera que originaron los desmontes y las preocupaciones de Pittier sobre la conservación de las aguas para abastecer las poblaciones de Alajuela y Heredia.
Refiere que los pobladores con más edad y originarios de Sacramento de Barva refieren que en 1925 el acceso a ese sector se hacía desde Santa Bárbara, alcanzando Santo Domingo del Roble y de ahí a Sacramento por caminos en muy mal estado. Sostiene que en la exploración a la Masa del Barva el Dr. Pittier utilizó la vía que actualmente comunica los sectores de El Roble, Carrizal, Cinco Esquinas, Concordia, Los Cartagos hasta Varablanca, camino que se aprecia tanto en un mapa de 1921, elaborado con base en levantamientos efectuados entre 1891 y 1898 por el propio Pittier, así como en uno del Ing. Arch. B. Williams, elaborado 1928 y publicado dos años después, que describe el cerro Zurquí, el Volcán Barva, el cerro Desengaño, el volcán Poás y La Concordia.
Indica que los límites extremos de la zona protegida creada por Ley LXV de 30 de julio de 1888, concretamente son cerro Zurquí y La Concordia, y se registran en mapas históricos de Costa Rica “con altitudes de 2200 msnm para el cerro Zurquí y 2523 para La Concordia”.
Afirma que en un mapa de 1930 La Concordia está al oeste del volcán Poás, y en otros registros históricos, como el Diccionario Geográfico de Costa Rica de 1923, La Concordia es “un sitio en la vía a Sarapiquí, en seguida del distrito Carrizal de Alajuela, situado en las faldas del cerro del Inglés, a 1900 m. sobre el nivel del mar”, altitud coincidente con la citada por Luis Dobles en “Heredia, geografía, historia y literatura” de 1934, y de acuerdo a la cartografía oficial de la hoja Barva del IGN, escala 1:50.000, corresponde al poblado Concordia, localizado en las faldas del cerro Guararí, desde entonces conocido con este nombre. Añade que la elevación dada al cerro menor denominado Concordia de 1900 m difiere ampliamente de la elevación del Guararí con 2599 m, y no hay correspondencia entre ambos sitios o hitos geográficos. Agrega que para los vecinos y pobladores el cerro Concordia está al este de la finca Concordia, la cual dio nombre al poblado homónimo registrado en esa hoja cartográfica, por lo que cuestiona el criterio utilizado por el IGN en oficios 07-01066 y 05-973 relativos a la ubicación del cerro Concordia y el resultado de aproximación o mayor acercamiento con el cerro Guararí.
Sobre la autorización del artículo 2 de la Ley LXV de 1888, y la conformación de la Comisión Científica que prevé, aduce que las comisiones eran una práctica común en el proceso de exploración del país, de relevancia para la Ley LXV de 1888 por el lapso reducido entre el reconocimiento efectuado por Pittier y la publicación de la ley. Enumera las dificultades de acceso, la carencia de cartografía oficial y el poco conocimiento de los terrenos, como factores determinantes para crear esa Comisión y determinar científicamente los límites y extensión necesaria de la zona protegida, como lo reconoció el propio Pittier:
“c) Exploraciones. A consecuencia de mi prolongada ausencia en el exterior, estas casi se han reducido al estudio de la parte de la serranía del Barba incluida en el territorio correspondiente á la provincia de Heredia. Me encargué de este trabajo á instancias del señor Secretario de Gobernación, con el objeto de fijar el límite inferior de los bosques inajenables. Tarea sumamente difícil es esta, especialmente para un solo ingeniero, y también porque no se trata solamente de trazar una línea alrededor de la montaña, como se pudiera suponer, sino de un estudio detenido de la naturaleza de los terrenos, de la inclinación de las pendientes y de las demás condiciones que han de tomarse en consideración en el asunto. En el levantamiento del mapa regional que ha de ir adjunto, no he podido todavía adelantar á medida de mis deseos, principalmente por no haber llegado sino hace sólo algunos días -y en pésimo estado- el taquímetro pedido para el Instituto. Debido á esta causa he tenido que limitarme á establecer una cadena de triángulos en la parte superior del cantón de Barba, y al levantamiento de ciertas partes por medio del aparato foto-topográfico. En compensación quedan muy adelantadas las demás investigaciones y pronto tendré el honor de remitir al señor Secretario de Gobernación el informe correspondiente, junto con mis conclusiones.” (Anales del Instituto Físico Geográfico, Museo Nacional, 1889, p. VIII).
Cita la normativa posterior a la Ley LXV de 1888 (Ley No. 13 de 10 de enero de 1939, artículo 9; Ley No. 2825 de 14 de octubre de 1961, numeral 7 incisos c), e), g) y f), que mantuvo la necesidad de proteger la zona prevista en 1888, como refiere la opinión jurídica OJ-118-2004, la cual señala que en las hojas cartográficas y datos suministrados para entonces por el Instituto Geográfico Nacional no se registra un cerro con nombre de Concordia, pero ante la existencia de un plano de la zona entre los cerros Zurquí y la Concordia, disponible en el Archivo Nacional, donde se ubican los cerros Zurquí, Turruces, Tibás, Delicias y Piedra, no así el Concordia, estima que para localizarlo a ciencia cierta o establecer si existe con otro nombre cabía requerir un estudio al Instituto Geográfico Nacional.
Agrega el Lic. Mauricio Méndez, que si bien a raíz de la opinión jurídica OJ-118-2004 el IGN interpretó la localización del Concordia, la referencia bibliográfica y cartográfica de su investigación revela las diferencias de elevación entre el Concordia y el Guararí, y frente a la opinión jurídica OJ-020-2009 relativa a la delimitación del área inalienable presumiblemente conforme al plano elaborado por Moisés Rodríguez y la sobreposición que de éste hizo el Instituto Geográfico Nacional en la Hoja Cartográfica Barva, determinando que el cerro de Concordia del Decreto Ley No. LXV de 30 de julio de 1888, artículo primero, coincide con el denominado actualmente cerro Guararí, señala que dicho plano no presenta la debida rotulación de todas las referencias geográficas del texto de la Ley y carece de la rigurosidad y precisión esperadas por Pittier, las municipalidades o el Supremo Gobierno, pues de haber cumplido el rigor técnico de la época no hubiera requerido los ajustes del IGN.
Refiere que en 1975 los Decretos 4961-A y 5386-A crearon la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, incluyendo aparentemente los terrenos de la Ley LXV de 1888. Que esa Reserva entró en vigencia considerando los terrenos como propiedad privada (la mayoría), con aspectos generales de uso y desarrollo. Señala que uno de los vértices de la Reserva coincide con la localización de Concordia, aspecto omitido en el análisis de la Procuraduría y el Instituto Geográfico Nacional.
Menciona la creación del Parque Nacional Braulio Carrillo y su ampliación, la vigencia del Plan Regional Metropolitano de 1982, con regulaciones de uso del suelo para los terrenos privados localizados fuera del Parque Nacional; modificado en 1997 por el Decreto 25902, y aplicable a 31 cantones del GAM, salvo para los que cuentan con plan regulador, y mantiene las condiciones de uso actual del suelo para los terrenos comprendidos al norte de los cantones de Heredia y Alajuela que no son parte del Parque Nacional. Cita el Plan de Ordenamiento Ambiental adoptado en el 2001 por Decreto 29393 (artículo 1), que para efecto del artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente regula las actividades de las fincas privadas incluidas dentro de reservas forestales, zonas protectoras, y refugios de vida silvestre estatales y mixtos. Que si bien en esa normativa no se observan derogaciones tácitas o expresas de la Ley LXV de 1888, sí afectó su delimitación y reconocimiento público.
Sostiene que al integrarse la Comisión Científica bajo su línea de pensamiento, se integrarían las diversas áreas silvestre protegidas dentro una única categoría de manejo que permitiría consolidar el objetivo planteado en 1888, así como ampliar el área neta de protección absoluta de las partes altas de Heredia y parte de Alajuela, al sumar terrenos poco regulados en el uso del suelo de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, evitando los procesos de fraccionamiento, titulación y usos del suelo que han tomado como referencia los límites de la Reserva Forestal y el Parque Nacional. Agrega que los terrenos legalmente inscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley LXV están exentos de sus afectaciones; no obstante, están sujetos a la regulación del uso del suelo conforme a los preceptos urbanísticos.
Afirma como poco probable la oficialización del croquis del agrimensor Moisés Rodríguez por no tener asociado un documento formal de oficialidad, por sus deficiencias técnicas y la reiteración pedidos municipales para delimitar la zona inalienable. Estima que los informes técnicos del IGN sobre los límites de esa zona están sesgados por la presunción de oficialidad de dicho plano, y la inexactitud de la localización del Concordia en relación con los mapas y bibliografía citados. Que si bien se nombraron al menos dos comisiones, una de ellas conformada por Pittier, no concluyeron su labor, pendiente aún para 1910 debido a la falta de referencia documental o material de un mapa o plano con los límites de la Ley LXV de 1888.
Indica que la tarea de delimitar la zona inalienable fue asumida por los municipios de Heredia y su gobernación sin resultados a nivel físico o cartográfico. Y, como no hay documento oficial que delimite cartográficamente o físicamente la zona inalienable, considera que la norma es ineficaz por no dotar a la Administración de referencias necesarias para su aplicación. Ante ello estima vigente la facultad del artículo 2 de la Ley 65 de 1888 para aumentar o disminuir la zona inalienable según criterio de la Comisión Científica, y solo en caso de modificar los límites de la zona con relación al texto vigente sería necesaria una nueva Ley.
I.- La respuesta a las interrogantes planteadas requirió recopilar y analizar numerosos antecedentes e información histórico-geográfica como hemos hecho en otros pronunciamientos (OJ-42-2005, OJ-50-2005, OJ-204-2005, C-351-2006). Veamos.
Con antelación a la Ley 65 de 1888, entre 1813 y 1882, debido a la escasez de aguas especialmente durante la estación seca, fueron requeridas y adoptadas disposiciones para evitar su desperdicio, exigir el otorgamiento de licencias de aprovechamiento, conservar sus cabeceras y márgenes, prohibir el derribo y destrucción de las montañas, repoblar los montes, nombrar guardabosques y agentes de policía rural e imponer multas en caso de infracción. ([1]) Entre ellas, la Ley de 13 de junio de 1828, las providencias del Supremo Gobierno del Estado de 25 de agosto y 30 de setiembre de 1831 y 29 de abril de 1833, dictadas, como reconocía la Municipalidad de Heredia en 1834 y 1847, para contener a todo trance la tumba de montes que probablemente exponía los pueblos a su exterminio, si sus autoridades subalternas no ponían diques a tan impetuoso torrente. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signaturas 518, f. 19 v-21v; 632, f. 79-101 v).
Entre 1823 y 1887 los datos recopilados, algunos relativos a denuncios, refieren a los ríos y quebradas que nacen en los cerros de la montaña del volcán Barva, tales como: Bermúdez, Ciruelas, Guararí, Hondo, Itiquís, Lajas, Las Vueltas, Mancarrón, Pacayas Gordas, Pará, Poró, Porrosatí, Sarapiquí, Seca, Segundo, Tibás, Tranqueras, Turales, Turrú, y además a la laguna de ese volcán. ([2]) Entre 1831 y 1885 la información también refiere a la cordillera, cima de la sierra o cadena de montañas del volcán Barva y varios de sus cerros: Guararí, Piedra, Turú, Caricias y Zurquí. ([3]) La cumbre de ese macizo volcánico del Barva está constituida por unos 10 conos y cráteres, algunos de los cuales se hallan ocupados por lagunas como la Danta y la Barva. La cumbre principal alcanza 2906 m. Al suroeste de la cima está el cono secundario de Guararí, antiguo cono adosado desde donde fluyeron tres coladas de lava contemporáneas a la formación del cono piroclástico, y por eso tiene forma de herradura abierta hacia el suroeste. ([4]) El cerro Guararí está ubicado al noreste de Santo Domingo del Roble de Santa Bárbara. Este cerro ha ostentando diversas denominaciones, entre las que destacan Montaña del Inglés y Concordia. ([5]) Al respecto señala Guillermo Alvarado Induni:
“Al igual que sus hermanos de Guanacaste, se pueden visualizar formando parejas o dúos volcánicos: Platanar-Porvenir, Poás-Botos, Barva-Guararí, Irazú-Turrialba. De estos volcanes, únicamente el Poás, el Irazú y el Turrialba son activos históricamente; el macizo del Barba es realmente el más grande de Costa Rica, presentando actividad solfatárica y de aguas termales. Estos volcanes muestran focos eruptivos menores (conos piroclásticos, estratovolcanes, calderas, cráteres de explosión), orientados N-S, que evidencian la existencia de fracturas corticales.”… “Al oeste de la laguna Barva se localiza el cerro Guararí (2599 m.s.n.m.) también conocido como Concordia, Pico Inglés o Cuerizí, que constituye un antiguo cono adosado con posible cráter abierto al suroeste. También se le denominaba en 1783 como Chibusú.” (Volcanes de Costa Rica: geología, historias y riqueza natural. UNED. 2000. p. 2, 172-173).
La denominación de Montaña del Inglés obedece a la procedencia de John Gerard Hale o Juan Hale, a quien en 1825 se le aprobó un proyecto para fundar una colonia. ([6]) Ricardo Fernández Guardia señaló que el propósito de Hale era conformar una colonia de inmigrantes norteamericanos y británicos en una región montañosa de Heredia, cerca de la vereda a Sarapiquí, conocida por ello como "Montaña del Inglés". Sin embargo, el proyecto no se realizó (Costa Rica en El Siglo XIX, Antología de Viajeros, EDUCA, 1982, p. 11).
El cerro Concordia (Guararí) de la montaña conocida con el nombre del volcán Barva se distingue del volcán Poás porque los separa la Depresión o Collado del Desengaño por donde pasa el camino a Sarapiquí. ([7]) En ese sentido en la excursión científica de Pittier al volcán Poás del 25 al y 27 de julio de 1888, en informe del 31 de ese mes indicó: “El Poás es la masa más occidental de la cordillera volcánica central de Costa Rica; queda comprendida entre la depresión del Desengaño, al Este, y la que pone en comunicación la meseta de Grecia con la hoya de Toro Amarillo, al Oeste.” (La Gaceta No. 221 de 22 de setiembre de 1888, p. 1279-1281). Los gastos de la gira fueron sufragados por Secretaría de Educación (Archivo Nacional, Fondo Educación, signatura 2501, f. 86).
En 1861 el Dr. Frantzius en sus Contribuciones al conocimiento de los Volcanes de Costa Rica, indicó que la cima del volcán Barva está poblada de árboles y en su pendiente norte hay una pequeña laguna de casi 200 pies de extensión que podía considerarse como un cráter apagado. Señaló que al suroeste del cráter del volcán “hay muchas montañas pobladas de bosque de casi la misma altura que el cráter, los cuales llevan el nombre de Guararí” y que “desde la pequeña villa de Barba entre los mensionados montes Guararí y Zurquí pasa un camino que conduce hasta el mismo volcán.” Agregó que el volcán Barva está separado de los volcanes Poás e Irazú por depresiones (Contribuciones al conocimiento de los Volcanes de Costa Rica por Dr. Av. Frantzius, Petermann´s Geogr. Mittcilungen 1861 Heft IX; Archivo Nacional, Fondo José Fidel Tristán Fernández, signatura 72a).
Similarmente en 1912 Pittier indicó que el Macizo del Barva tenía como extremos el cerro Zurquí y la cordillera Guararí, con los cerros de “Carizia” y “Zurquí” al este la cordillera continúa y concluye cerca del “Paso de la Palma”. Como verdadero grupo de Barva señaló el de formas redondas y la mayor altura (2903), con tres cimas que forman casi un triángulo, siendo la cima sur el volcán, y la presencia de una próxima laguna pequeña de agua dulce y clara con la altura de 2820 m. Añadió que las rocas volcánicas continúan formando una faja bien definida hasta la cordillera Guararí, que forma el compañero del “Cerro de Zurquí”. (Costa Rica. Su orografía e hidrografía. Por el Prof. Henri F. Pittier. Tomado de la Revista Dr. A. Petermann Mitteilungen No. 175-1912. Traducido del Alemán por la Sra. E. v. de Wiepking para la Revista de Costa Rica. Año III. Febrero de 1922. No. 6. Trejos Hnos. Imprenta, Librería y Encuadernación. San José. p. 102, 146-147, 204).
El 20 de diciembre de 1913 el Ingeniero Topógrafo Pedro Nolasco Gutiérrez, funcionario del Observatorio Meteorológico, como parte de los trabajos astronómicos y geodésicos hechos y recopilados para el mapa y geografía de Costa Rica, reportó para el cerro Concordia la altura de 2577,3 m, con Latitud 10.7.17.I y Longitud 84.7.35.5. Para el pico central del volcán Barva, de los tres visibles desde San José, asignó 2967.2 m, Latitud 10.8.4,8 y Longitud 84.5.41,7. (Archivo Nacional, Fondo José Tristán Fernández, signatura 145.15). ([8]) La altura de 2577,3 m del cerro Concordia dada por el Topógrafo Nolasco Gutiérrez guarda equivalencia con la de 2599 m que para el cerro Guararí refiere la hoja cartográfica Barva del Instituto Geográfico Nacional en su edición de 1967.
En 1934, Luis Dobles Segreda señaló para la cúpula más alta del volcán Barva 2967 m. Al paso del Desengaño asignó 1880 m y 2121 m para su punto más alto. Para el cerro Zurquí indicó 1890 m, para el cerro La Concordia 2661 m, y para la localidad La Concordia 1900 m. (Dobles Segreda, Luis. La Provincia de Heredia. Apuntamientos Geográficos. Imprenta Lehmann. San José. 1934, p. 71-72).
El plano de 1947 del Instituto Geográfico Nacional, denominado Meseta Central, Plano Parcial, segunda edición provisional, escala 1/50000, dibuja entre coordenadas verticales 84°5’ – 84°10’, horizontales 10°05’ – 10°10’, al norte del cantón de Barba: el Volcán Barba. Cima Oeste 2900, Cima Central 2926, Cima Este 2825. Al norte de la Cima Oeste dibuja Laguna Cratérica. Al noreste de la Cima Central y al este describe cráteres apagados. Al oeste del volcán Barba está el cerro Guararí, con su Cima Norte 2625 m y Cima Sur 2580 m. (Archivo Nacional, Fondo Planos, signatura 15735). La cima sur del cerro Guararí de 2580 m que reporta el plano Instituto Geográfico Nacional en 1947 es muy semejante a los 2577,3 m que el Topógrafo del Estado Nolasco Gutiérrez atribuyó al cerro Concordia en 1913, y los 2599 m que en 1967 indicó el Instituto Geográfico Nacional.
El cerro Concordia (Guararí) extremo oeste de la Montaña del volcán Barva se localiza en la provincia de Heredia, aproximadamente 3.3 km al este de la línea divisoria provincial, y ha de distinguirse de la localidad La Concordia, ubicada contigua a la carretera que conduce a Sarapiquí en el sector perteneciente a la provincia de Alajuela, aproximadamente 200 m al oeste de la misma línea divisoria en su menor distancia y a 450 m al oeste de esa línea en su mayor distancia con base en la hoja cartográfica Barva del Instituto Geográfico Nacional, edición de 1967.
A diferencia del cerro Concordia, la población La Concordia se ubica contigua a la carretera a Sarapiquí. Ese sitio o entonces caserío lo cita el Diccionario Geográfico de Costa Rica, primera edición de 1904, cuando al referirse al río Sarapiquí ([9]) anota:
“Uno de los ríos más importantes del país y el más caudaloso de los afluentes de San Juan. Nace en la vertiente septentrional del Volcán de Barba…En tiempos normales, los productos de Sarapiquí podrán exportarse por la Barra del Colorado si se establece la navegación proyectada por uno de los gobiernos pasados, y se podrán conducir fácilmente al interior, con muy buenos rendimientos para los cultivadores, si se establece una buena y perdurable carretera desde La Concordia hasta el Muelle.” (El destacado no es del original). (Noriega, Féliz F. Diccionario Geográfico de Costa Rica. De Avelino Alsina. San José. Costa Rica. 1904, signatura CR 917.286/B 456, p. 202-203).
En la edición de 1923, el mismo Diccionario Geográfico indica que Concordia es “un sitio en la vía a Sarapiquí, en seguida del distrito Carrizal de Alajuela, situado en las faldas del cerro del Inglés, a 1900 m. sobre el nivel del mar” (la negrita es nuestra). (2a. Ed. Imprenta Nacional. San José. Costa Rica. 1923, p. 51).
Los citados 1900 m de altitud son coincidentes con los que en 1934 atribuyó Luis Dobles Segreda al caserío La Concordia, a diferencia de los 2661 m de altura que el mismo autor asignó al cerro Concordia.
Entre 1877 y 1916 se ponen de manifiesto las solicitudes al Estado y sus acciones, especialmente a través de la Gobernación de Heredia, la Jefatura Política de Barva y la Secretaría de Fomento, por medio de la Dirección General de Obras Públicas, tendientes a la reparación del camino de Sarapiquí, comprendiendo el caserío “La Concordia”, así como la realización de inspecciones e informes para hacer en la vía desagües más precisos, rellenar los huecos profundos causados por derrumbes y arrastres de las maderas, ordenar su conducción en trozas y el retiro de palos, refaccionar los puentes para dejar el camino expedito al tráfico público, exigir a los propietarios de ambas márgenes contribuir razonablemente en el detalle de contribución para el presupuesto de las Juntas Itinerarias de Heredia y Alajuela para la composición de la vía, considerada por la Secretaría de Gobernación como límite entre ambas provincias, en tanto dirimían sus desacuerdos limítrofes, como también por la Secretaría de Fomento para designar los miembros de la junta de estadística. ([10]) El nombre “Concordia” lo encontramos asignado primeramente a un paraje denominado “Rancho de la Concordia” o de “La Buena Esperanza”, ubicado en la margen derecha del camino de Heredia a Sarapiquí en su recorrido de sur a norte. El denuncio de ese terreno fue presentado al Juzgado de Hacienda el 22 de enero de 1863 con los siguientes linderos: norte la legua de la enseñanza pública de Heredia, río del Tambor de por medio; sur terrenos del Carrisal; este terrenos de la Compañía descubridora de una vereda al río Sarapiquí; y oeste con el camino actual de Sarapiquí. El interesado señaló que presentaba el trámite a la espera de que fueran declarados caducos los derechos de la citada Compañía descubridora; obligándose al pago del terreno, costas de la medida y del expediente, no impedir las entradas y salidas a los terrenos baldíos limítrofes, y al pago de los daños y perjuicios si el terreno no fuese baldío conforme a la orden Suprema No. 59 de 15 de febrero de 1859. El 19 de agosto de 1864, el Fiscal de Hacienda Nacional no tuvo reparo en que se diera curso al expediente y se nombrara agrimensor para la medida, porque el Decreto 11 de 12 de agosto de 1861 había declarado caducas las concesiones de la sociedad Itinerario del Norte. El título se libró el 2 de diciembre de 1880. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4153, f. 1-47 v).
A esa finca refirió un informe transcrito el 11 de setiembre de 1937 por la Secretaría de Gobernación, donde el Gobernador de Heredia, en una disputa de aguas entre la finca La Concordia y otro particular, revocó la sentencia del Juez Cantonal de Aguas de Heredia que había obligado a una de las partes a hacer en su propiedad una punta de diamante dividiendo las aguas, porque no se podía restablecer una servidumbre de aguas que había cesado desde hacía varios años sin quebrantar los artículos 6, 9, 10 y 12 de la Ley de Aguas. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 22166).
Otro denuncio presentado en 1831 en esa zona daba cuenta de la necesidad de respetar los laboríos existentes y demás derechos preestablecidos, singularmente el de empresa encargada de la apertura del camino al río de Sarapiquí. Para la medida fue citada la Municipalidad de la villa de Barva, pidiéndole el Comisionado que informara a los demás vecinos con propiedades al norte de esa villa para que asistieran con los títulos o documentos de sus tierras. A Pio Murillo, de la misma villa, se le citó como empresario de la nueva vereda del camino de Sarapiquí. Esa empresa pretendía abrir y mantener un buen camino desde la villa de Barva hasta el punto donde comienza a ser navegable el río Sarapiquí, y hacer más fácil y ventajosa la comunicación de las necesidades de comercio con el océano Atlántico. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 196, f. 80-81; Compilación de Leyes no insertas en las Colecciones Oficiales. Formada por el Lic. Don Cleto González Víquez, Tomo II, p. 336-337).
En 1848, el camino para atravesar y faldear la Cordillera o Montaña del volcán Barva comprendía los ríos Segundo, Mancarrón, Porrosatí, la división de caminos entre Santa Bárbara y Barva, los ríos de las Ciruelas y Pacayas Gordas, los sectores de las Domingas, el rancho de la Quebrada de los Gallegos y el Rancho de Vara Blanca. Pasada la Cordillera se presenta un piso llano y firme. En 1852 en la composición de ese camino a Sarapiquí aparecen las denominaciones sobre el paso del río Guararí y el paso del Desengaño, éste último así llamado porque cuando se exploró el terreno inmediatamente situado al otro lado de la cadena de volcanes que limita la altiplanicie, se creía llegar al río San Juan; pero en vez de éste vieron los exploradores que tenían al frente una selva virgen que requería un viaje de varios días para atravesarla y en la cual, con motivo del proyecto de camino a la costa este, se abrió la vereda al río Sarapiquí. El 14 de diciembre de 1877, el dueño de un terreno situado también en el punto llamado “La Concordia”, que colindaba al oeste con el citado camino de Sarapiquí presentó en el Juzgado del Crimen denuncia por despojo y corta de árboles y montes. ([11]) En un informe del 14 de noviembre de 1911, el Gobernador de Heredia citó en el trayecto del camino del Gobierno de Heredia a Sarapiquí, a la ciudad de Barva, el distrito de Santo Domingo de Santa Bárbara (El Roble), el río Porrosatí, la Concordia (caserío), el río del mismo nombre y su puente recientemente refaccionado, el bajo del Desengaño, donde existía la casa de madera que el Gobierno hizo en la administración de Cleto González Víquez, que había funcionado para la escuela y oficina telegráfica, pero para entonces solo habitada por el guarda del telégrafo. Luego del Desengaño se pasaba por Vara Blanca, donde habían varias fincas de ganado, siendo el clima frío, el suelo feraz y los pastos verdes todo el año, estando casi deshabitado. Refirió que en Cariblanco la temperatura se acercaba a la del interior, y que pasando por el cerro Congo se llegaba a San Miguel, donde el clima era caluroso, con algunos ranchos, su terreno plano, muy feroz y producía tres cosechas de maíz al año; dándose bien los frijoles, el cacao, la caña de azúcar y los bananos. Sobre La Virgen citó su reducida población, con habitaciones como las de San Miguel y Chilamate, ranchos bonitos de palmilera en una extensa llanura por cuyo centro corre el río Sarapiquí con peces y aguas claras. Señaló que La Virgen era el punto intermedio entre La Concordia y la Trinidad (desembocadura del río Sarapiquí) y por ende el sitio más apropiado para residencia de la autoridad con las comodidades necesarias para Agencia de Policía, oficina telegráfica y cárcel. Agregó que el camino de Heredia a Sarapiquí no parecía que se hubiese trazado sin estudio, pero debía atenderse para que de herradura llegara a ser carretero. (La Gaceta No. 151 de 29 de diciembre de 1911, p. 804-806).
Entonces el caserío La Concordia debe su nombre a la citada finca ubicada en la margen oriental del camino de Heredia a Sarapiquí. En tanto el cerro localizado al este de esa propiedad, como vimos, también fue llamado Concordia, montaña del Inglés o Peñón de Guararí, y siempre como parte de la montaña del volcán Barva.
Luego no se halló algún cerro denominado “Concordia” en las inmediaciones del volcán Poás, más aún si tomamos cuenta que la zona declarada inalienable por la Ley 65 de 1888 es la cima de la Montaña del volcán Barva:
“Art. 1°— Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal.” Sobre el volcán Poás, veinticuatro años después de emitida la Ley 65 de 1888, su cráter y laguna, así como una zona de 2000 metros alrededor de ambos, fueron declarados indenunciables y propiedad del Estado por la Ley No. 44 de 13 de junio de 1913. Esa área inalienable del volcán Poás la describe el plano del Archivo Nacional con la signatura 9987. ([12]) En la ubicación del cerro Concordia (Guararí) dentro de la jurisdicción territorial de la Provincia de Heredia no incidieron finalmente las discrepancias entre Heredia y Alajuela sobre la demarcación material del límite entre ambas provincias, localización territorial reforzada con la creación del cantón de San Carlos en la Provincia de Alajuela y de los cantones de Santa Bárbara y Sarapiquí en la Provincia de Heredia, pues la normativa vigente sobre sus límites observa la línea divisoria que, con base en la Ley No. 22 del 19 de setiembre de 1865, el Decreto Ejecutivo No. 3 de 11 de abril de 1866 trazó a partir del Higuerón o mojón de Cascante en la línea recta al norte entre ambas Provincias. ([13]) Además, cabe tomar en cuenta que hubo sectores de montaña del volcán Barva y su cerro Concordia (Guararí o Montaña del Inglés) que fueron objeto de adjudicaciones y denuncios antes de emitirse la Ley 65 de 1888. ([14]) II.- Con anterioridad a la Ley 65 de 1888, Pittier, como Director del Instituto Meteorológico Nacional, exploró los tres volcanes próximos de la meseta central. En informe del 7 de abril de 1888 se refirió a la excursión al volcán Irazú del 27 al 31 de marzo de ese año. Indicó que el límite superior del cultivo de las papas se hallaba a 2850 m. Deseó que el Gobierno tomara medidas para conservar las faldas del Irazú y nuestra bellas montañas aún cubiertas de rica vegetación, para evitar se convirtieran en masas de rocas desnudas y barrancos secos, y que los valles se vieran Supremo Gobierno las siguientes medidas:
“1°. Prohibir la destrucción de estos bosques por medio del fuego; 2°. Comprar por cuenta del Erario todos los bosques superiores que no fuesen nacionales; 3°. Prohibir la enajenación de los bosques superiores nacionales; y 4°. Prohibir la destrucción de los que se hallaren próximos á los ríos y fuentes importantes. Por lo concerniente al primer punto, me parece oportuno llamar la atención de los propietarios de bosques hacia el valor considerable que adquirirán los robles, cedros y otras muchas maderas de ebanistería en cuanto se abra al tráfico del ferrocarril de Cartago al Atlántico, y en general para el comercio interior, cuando las comunicaciones se faciliten. Las prescripciones enumeradas adelante, como las vigentes, no obstante, serán letra muerta si el Gobierno no organiza una policía forestal regular, y si no dota al país de una buena legislación forestal, junto con las disposiciones gubernativas necesarias para hacerla efectiva.” (La Gaceta No. 88 de 17 de abril de 1888, p. 457-458).
Pittier externó similares preocupaciones en su informe del 10 de julio de 1888 sobre la excursión que realizó con el profesor José Moreno entre el 3 al 6 de julio de ese año al “grupo del Barba”, al que identificó como parte de la cordillera volcánica comprendida entre las hondonadas del Desengaño y La Palma. El más alto de esos cerros lo consideró el punto culminante del volcán de Barba, que visto desde San José, se componía de tres cúpulas de altura casi igual. Los cerros situados al oriente eran inferiores en elevación y conocidos con los nombres de Monte Caricia y Monte Zurquí. El 4 de julio Pittier y su acompañante pasaron la noche en la hacienda del “Recreo” del Doctor Flores, Gobernador de Heredia. Luego, continuaron su viaje en dirección a la Laguna de Barva. A su regreso comprobaron que habían utilizado el antiguo camino, ya casi abandonado, que conducía antes a las llanuras de Santa Clara por un sendero cortado entre las pendientes meridionales del cerro de Barva, atravesando sucesivamente varios brazos del río de las Ciruelas, en un periplo aproximadamente de cuatro horas hasta llegar a la Laguna, cuya elevación calculó Pittier en 2748 m. Sobre la hipsometría del grupo de Barva indicó que el término medio de tres medidas dio como altura aproximada 2835 m, tomando como base a San José (1135 m). Al noreste de la Laguna, en sus orillas, notaron que la civilización había marcado sus huellas con un desmonte y que los árboles tumbados aguardaban la estación seca para ser quemados. Ante ello, Pittier insistió nuevamente “acerca de la necesidad perentoria de declarar que todos aquellos bosques situados más allá de cierto límite fijado por la ley son inalienables y quedan bajo el amparo del Estado.” Agregó que los últimos maizales se hallaban situados a 1950 m., elevación que podía considerarse como límite inferior de los robles. (La Gaceta No. 169 de 22 de julio de 1888, p. 911-912).
En similar sentido en una publicación posterior, Pittier indicó que en “el Barba, los potreros se elevan hasta los 2200 m directamente al Norte de Heredia, al paso que la orilla inferior de la selva queda á la altura del Desengaño, más al Oeste.” Agregó que la línea general de separación entre los cultivos y la selva se encontraba demasiado alta, y ante los desmontes y por interés para el país estimaba de absoluta necesidad la intervención del Gobierno para proteger la irracional devastación de los pocos bosques que quedaban, porque éstos ayudan a la agricultura contrarrestando las ráfagas y la irradiación excesiva del suelo, conservan la humedad necesaria, regulan el régimen de lluvias y permiten la percolación de las aguas para que se tomen fuentes límpidas. (Apuntaciones sobre el clima y geografía de la República de Costa Rica, Boletín del Instituto Meteorológico Nacional. Tomo I-1888, Tipografía Nacional, San José, Costa Rica, 1889, p. 28-33).
En análogo sentido, ya en 1861 sobre la considerable altura de los cultivos en la montaña del volcán de Barva había dado fe el Dr. Frantzius cuando señaló que la pendiente sur de ese volcán era tan poco empinada que hasta muy alto había cultivos, y que desde la pequeña villa de Barva, entre los montes Guararí y Zurquí pasaba un camino que conducía hasta el volcán. (Archivo Nacional, Fondo José Fidel Tristán Fernández, signatura 72ª).
El camino a la montaña del volcán Barva no requería recorrer los sectores conocidos en la actualidad como El Roble de Santa Bárbara ni Sacramento, porque había ruta que comunicaba a la ciudad de Barva directamente con la Villa denominada en la actualidad San José de la Montaña. Ese camino se prolongaba hasta la hacienda del entonces Gobernador de Heredia, Dr. Juan Flores, ubicada en la “Isla” de la montaña del volcán Barva, donde el 4 de julio de 1888 se hospedó Pittier cuando, como vimos, visitó por primera vez el volcán Barva y su Laguna.
Con anterioridad una disposición del 8 de enero de 1875 había ordenado reparar el camino general que conducía el sitio de la “Isla”, medida retomada por la resolución suprema No. 92 de 13 de mayo de 1880 (La Gaceta No. 669 de 15 de mayo de 1880, p. 2). En noviembre de 1875 sobre el camino a la montaña del volcán Barva y sus terrenos municipales, en lo que respecta al ramal de la horqueta proveniente de la ciudad de San Rafael de Heredia, sin necesidad de pasar tampoco por el Roble de Santa Bárbara ni por Sacramento, se tiene noticia por la oposición que la Municipalidad de Heredia hizo en el Juzgado de Hacienda Nacional contra el denuncio de un terreno de treinta manzanas en el punto llamado “El Gallito” y que limitaba con ese camino. La Municipalidad sostuvo que el inmueble le pertenecía en condición de ejido. El particular desistió y el expediente se archivó el 18 de setiembre de 1876. (Archivo Nacional. Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4219, f. 1-4).
También sobre la composición de caminos de la Provincia de Heredia, el 3 de enero de 1882 el Gobernador de Heredia informó al Secretario de Fomento, conforme a datos suministrados por los Jefes Políticos de Barva y Santo Domingo y el Agente de Policía de Santa Bárbara, que en el cantón de Barva el camino que conduce a Santa Bárbara atravesando el barrio de San Pedro de Barva hasta el río “Porrosatí” estaba compuesto en el todo, y que se había iniciado la reparación del camino de “Sarapiquí” en un trayecto como de cuatro leguas hasta el “Desengaño”; y con respecto al camino general a la montaña del cantón de Barva se había comenzado a componer por cuenta de los interesados, habiendo para entonces más de mil varas compuestas. (La Gaceta No. 1161 de 5 de enero de 1882).
Para la conservación del mismo camino a la montaña del Barva, el 6 de junio de 1889 la Jefatura Política de Barva, con base en el artículo 221 del Reglamento de Policía, dispuso que no debía utilizarse para bajar palos arrastrando, bajo la pena de cinco pesos de multa y pérdida de palos, y encargó a los Jueces de Paz y comisarios su ejecución. La restricción comprendía los puntos llamados “Horqueta de caminos”, por la montaña de don Braulio Morales, y el “Higueroncito” por donde el Dr. Juan Flores. (La Gaceta No. 150 de 30 de junio de 1889, p. 896). Esa horqueta de caminos se aprecia en la hoja cartográfica Barva del Instituto Geográfico Nacional de 1967, entre las coordenadas verticales 525 y 526. El camino que viene de la Villa San José de la Montaña es denominado “CALLE HIGUERON”, la otra vía que forma la horqueta proviene de los Ángeles de San Rafael. Al norte de la horqueta, aproximadamente 2.5 km, la hoja cartográfica cita el sitio “Gallito” entre las coordenadas verticales 525 y 526, y horizontales 231 y 232.
El Plano 8104 con estudios de la localización de las leguas de Alajuela, Heredia, Santo Domingo, Barba, Fraijanes y La Unión e información de 1899, describe las dos leguas de Heredia colindantes por el este con la Legua de Santo Domingo y por el oeste con la legua de Barva, y contiene el camino que viene desde la ciudad de Heredia y pasa al este de la Laguna de Barva. (Archivo Nacional, Fondo Planos, signatura 8104).
Similarmente en el plano de la provincia de Heredia de mayo de 1911, signatura 10285, levantado por Daniel González V, escala 1:20,000, se aprecia el camino que desde la ciudad de Barva pasa directamente al noreste por la Villa hoy conocida como San José de la Montaña hasta llegar a la que fue propiedad del Dr. Juan Flores. En su recorrido la vía es atravesada por el río Mancarrón. En la cima el camino tiene a su izquierda al río Porrosatí y a la derecha el río Mancarrón. Al norte de la ciudad de San Rafael de Heredia dibuja la montaña y en un punto de ella identifica el nombre “El Gallito”. Describe al río Mancarrón como parte del límite entre San Rafael y Barva. Entre las márgenes de los ríos Mancarrón y Porrosatí y en la montaña señala el terreno de la “Isla de Barba” y dentro de éste la propiedad del “Dr. Juan Flores”. Al norte de esa propiedad el plano dibuja “La Laguna” del volcán Barva y la naciente del río Las Ciruelas en la parte de la montaña del volcán que pertenece al cantón del Barva. También dentro de la montaña del volcán de Barva se aprecian las nacientes del río Mancarrón y Porrosatí. Al norte de la ciudad de Barva dibuja el relieve de la montaña del volcán Barva y “La Laguna”. De la Laguna hacia al oeste, dentro de la misma montaña, describe el cerro “La Concordia”. Entre “La Laguna” del volcán y “La Concordia” dibuja la naciente del río Guararí. El cerro “La Concordia” se aprecia al noreste de Santo Domingo del Roble de Santa Bárbara. Además se aprecia la unión de las aguas del río Las Ciruelas con el de Pacayas Gordas, éste último con su naciente en la parte de la montaña que pertenece al cantón de Santa Bárbara. El plano traza el “camino de Sarapiquí” que de la ciudad de Barva se desplaza al noroeste hasta el Higuerón de Cascante, y en su recorrido es atravesado por los ríos Porrosatí, las Ciruelas, Pacayas Gordas y Guararí. (Archivo Nacional, Fondo Planos, signatura 10285).
Estando clara la ruta que utilizó Pittier para subir al volcán Barva del 3 al 6 de julio de 1888, ante sus recomendaciones sobre la necesidad de prohibir la destrucción y enajenación de los bosques superiores nacionales, en especial los próximos a los ríos y fuentes importantes, retomadas en informe del 10 de julio de ese año sobre excursión del grupo del Barva, el 11 de julio la Municipalidad de Heredia se pronunció favorablemente sobre tres peticiones que formuló el Gobernador, Dr. Juan J. Flores. La tercera de las recomendaciones del Gobernador era la relativa a declarar inalienables e inaplicables a la agricultura de cualquier género, las crestas de las montañas de terrenos baldíos o municipales donde tienen origen las fuentes que surten el agua potable. El 12 de julio el Gobernador remitió al Secretario de Gobernación el acuerdo municipal e indicó que hacía muchos años se venían sintiendo en la provincia de Heredia necesidades apremiantes sin remediar, y entre otras medidas, solicitaban al Congreso emitir una disposición que declarara inalienables e incultivables las crestas de las montañas de terrenos baldíos nacionales o municipales donde tienen origen las fuentes que forman los ríos que surten de agua potable a las poblaciones de esa Provincia, por la disminución de las aguas ocasionada por los desmontes que se estaban haciendo en las montañas circunvecinas, siendo necesario garantizar la estabilidad de las fuentes declarando sagradas las crestas de las montañas, pues éstas cubiertas de bosques naturales atraen a las nubes y sus aguas dan origen a las fuentes, y porque además de conservar la humedad y frescura del suelo, sirven de ornato a la perspectiva de no poca significación, especialmente para los tiempos futuros. El 18 de julio de 1888, el Secretario de Estado, Pedro Pérez Zeledón, acatando orden del Presidente de la República, envió a la Cámara la solicitud de la Gobernación de Heredia por encargo de la Municipalidad de Heredia, tocante a prescripciones dirigidas a conservar el caudal de los ríos y arroyos que sirven a los principales pueblos de esa Provincia, para que la despachara favorablemente. (Fondo Congreso, signatura 9702, f. 33-41; La Gaceta No. 166 de 19 de julio de 1888).
El 19 de julio de 1888, el Congreso Constitucional conoció la nota del Secretario de Estado donde sometió a su consideración la solicitud del Gobernador y la Municipalidad de Heredia, sobre el dictado de una ley que declarara inalienable las cimas de las montañas de propiedad nacional o municipal, y prohibiera la destrucción de sus bosques para impedir la de sus fuentes o manantiales. Los documentos aludidos pasaron a estudio de la Comisión de Fomento. El 21 de ese mes, la Comisión estimó que las solicitudes del Municipio procuraban el progreso y adelanto de esa provincia, que la reforma de la cañería y conservación del caudal de aguas eran de urgente necesidad, y propuso los respectivos proyectos de ley. En el proyecto original se indicaba como extremo oeste de la zona inalienable el punto llamado el Desengaño. Ese mismo día, la Secretaría del Congreso admitió los proyectos propuestos. En la sesión del 23 de julio de 1888, se dio primer debate al proyecto de ley, el 24 siguiente el segundo. ([15]) El 25 de julio de 1888 se discutió el proyecto y sobre el artículo 1° el Diputado Dávila expresó que no era necesario declarar indenunciables las cimas hasta el Desengaño, sino hasta el punto llamado Concordia. El Diputado Federico González estuvo de acuerdo con la moción porque le parecía muy justa, pues el Desengaño estaba muy lejos y sus manantiales corrían hacia el norte y no se consideraban indispensables para los fines de este proyecto. Estimó que los límites los fijara una comisión científica. El Diputado Echeverría indicó que luego de conversar con un profesor que se había ocupado de ese estudio, estaba de acuerdo con que los límites los fijara una comisión, porque dos kilómetros para unas vertientes sería suficiente, en otras demasiado y para otras muy poco, y ello dependía de las circunstancias especiales que apreciara esa comisión. El Diputado Carazo párrafo diciendo que la comisión determinara los puntos que quedarían como límites. El Diputado Félix González indicó que formularía el medio de llevarla a la práctica, fijando ellos la base y dejando “al Ejecutivo la facultad de ensanchar las medidas conforme al informe de la comisión científica.” El Diputado Dávila expresó que el Gobierno estaba convencido de la necesidad de conservar las crestas de las montañas para evitar la escasez de agua y además daría una ley general que prevenir ese grave daño, pero como esta ley precisaba, no tenía inconveniente en la indicada modificación. Puesto a votación el artículo 1°, fue aprobado con la enmienda propuesta por el representante González. Luego se discutió el numeral 2. El Diputado Federico González señaló: “Me parece que el objeto de ese artículo es evitar los desmontes y no los cultivos; pudiera haber cultivos que no requieren desmontes y en ese caso mejor sería quitar la palabra “cultivos”. No hago moción, sólo una observación.” Ante ello el Representante Jiménez manifestó: “No alcanzo á comprender qué cultivo se podrá hacer sin desmonte, salvo el de árboles en que pudiera traficarse con las resinas, etc., y no veo qué otros cultivos; desearía oir al señor González”. El Diputado Federico González respondió: “Me fijaba por ejemplo en el cultivo de la vainilla, parásitas, etc., que debido á circunstancias climatéricas, pueden ser cultivadas sin necesidad de desmontes y sin oponerse al propósito de la ley.” Sometido a votación el ordinal 2 fue aprobado. ([16]) El 28 de julio de 1888, se discutió la forma del decreto “que declara indenunciables las crestas de las montañas donde nacen los manantiales que forman los ríos que surten de agua á Heredia y parte de Alajuela”; y fue aprobado sin enmienda. El 30 de julio de 1888, el Poder Ejecutivo lo sancionó, indicando su numeral 1º: “Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal.” ([17]) El mismo 30 de julio el Gobernador de Heredia informó al Ministro de Gobernación de lo ocurrido en la provincia, con la noticia de que en las cabeceras del río Segundo se habían estado haciendo grandes desmontes que causaron la disminución de las aguas y completa sequía de algunas de las vertientes que surtían de agua potable a la ciudad, por lo que la Municipalidad había elevado solicitud al Gobierno para que el Congreso declarara inalienables las crestas de la cordillera de Barva, y poder así asegurar la estabilidad de las aguas de esta provincia, y aun de la de Alajuela, que en gran parte tienen origen en la misma cordillera. (La Gaceta No. 179 de 3 de agosto de 1888, p. 959-960).
El 25 de julio de 1888, cuando se aprobó la enmienda del artículo 1 del proyecto que culminó con la Ley 65 de 1888, Pittier apenas iniciaba su gira al volcán Poás para verificar si se podía admitir la presencia o no de las Coníferas en Costa Rica. En Alajuela partió de la aldea de San Pedro, situada entre los ríos Mastate y Prendas. En informe del 31 de ese mes indicó que ese volcán era la masa más occidental de la cordillera volcánica central comprendida entre la depresión del Desengaño, al este, y la que comunica la meseta de Grecia con la hoya de Toro Amarillo, al oeste, y que los últimos maizales se encontraban un poco más acá de la “Sabana de los Chiquizás”, a 1700 m, y sus bosques eran muy semejantes a los de Barva, pero a diferencia encontró un árbol que no había visto en otras partes: el Danto hediondo. (La Gaceta No. 221 de 22 de setiembre de 1888, p. 1279-1281).
Así en sus primeras expediciones a los volcanes Barva (del 3 al 6 de julio de 1888) y Poás (del 25 al 27 de julio de 1888) Pittier las hizo en ocasiones distintas y utilizando rutas diversas. Sus recomendaciones de entonces para declarar inalienables los bosques solo alcanzaron a la Provincia de Heredia. Ello quedó reflejado en el tercer debate del 25 de julio de 1888 sobre el proyecto que luego culminó en la Ley 65 de 1888, señalándose únicamente la montaña del volcán Barva, comprendida entre dos cerros, crestas o cimas localizadas en esa Provincia, es decir, entre el cerro Zurquí y el cerro Concordia (Guararí).
Ese mismo año señaló Pittier: “A instancias de las autoridades de la provincia de Heredia, la actual legislatura decretó en sus sesiones de 1888, una ley especial, fundada sobre las bases análogas á las que propuse. Pero esa medida no pasa de ser un mero paliativo, porque el límite fijado queda demasiado alto por la vertiente S y, sobre todo, porque lo que se ha juzgado bueno para Heredia, lo es también para las demás provincias de la República.” ([18]) Dos meses después de emitida Ley 65 de 1888, entre el 4 y el 13 de enero de 1889, Pittier visitó los volcanes Barva y Poás en la misma gira para estudiar el origen de los eventos sísmicos y volcánicos ocurridos en la meseta central en diciembre de 1888. En esa ocasión, en la misma tarde del 4 de enero se hospedó nuevamente en la casa del Doctor Flores, al pie del cerro de Barva. Durante el recorrido no encontró daños dignos de mención. Afirmó que el Barva no había tenido últimamente erupción, ni se podía considerar como el centro de los temblores. Luego se desplazó en dirección a El Desengaño, saliendo de las selvas en las cabeceras del río Segundo, y a una altura de 1600 m, aproximadamente, encontró las primeras señales del temblor, que consistían en grietas de una extensión variable y paralelas al curso de los ríos con derrumbamientos insignificantes. Los estragos se fueron haciendo mayores a medida que se acercaron al río de la Máquina, la cual quedó completamente ruinosa. Del 7 al 10 de enero, Pittier estableció cuartel en la casa de Pedro Mejía, de donde se dirigió hacia Vara Blanca, casi hasta el río Ángel, hallando idénticos estragos a este lado del paso de El Desengaño. De regreso, en dirección a San Pedro de la Calabaza, apreció que los efectos del sacudimiento habían sido más marcados en el trayecto del río de la Paz a Fraijanes, al pie de la falda sur-este del Poás, donde casi no había una casa que hubiera resistido. De Fraijanes visitó la Laguna, donde los deslizamientos tuvieron proporciones asombrosas, uno en el aparejo que separa el río Poás del brazo oriental del río Tambor y otro en la Laguna. En la falda este del gran derrumbamiento se produjo otro más pequeño que cortó el camino real de Alajuela al Desengaño y bajó seguidamente al río Tambor. En la Laguna, lo mismo que en Fraijanes, el terremoto vino acompañado de un fuerte y súbito huracán que bajó de las faldas del Poás, aumentando el terror de sus moradores. Después de unas horas consagradas a recorrer los tristes lugares regresó al citado cuartel general. El 10 de enero cruzó la depresión del Desengaño para subir al Poás, donde notó el mismo hundimiento del terreno y los mismos derrumbamientos hasta una altura de 2300 m, y tuvo oportunidad de presenciar otras erupciones. (La Gaceta No. 12 de 17 de enero de 1889, p. 51-52).
La tarea de Pittier al servicio del Gobierno inició como profesor del Liceo de Costa Rica en ciencias naturales según contrato suscrito en Bruselas el 20 de agosto de 1887. Sin embargo, pronto se le encargó dirigir el Instituto Meteorológico Nacional creado el 7 de abril de 1888, sin dejar por ello de atender la labor docente. Así dieron principio sus expediciones científicas a los volcanes Irazú, Barva, Poás y Turrialba. En junio de 1889, para atender asuntos familiares y viajar a Europa, se le concedió una licencia de tres meses para separarse de sus cargos en el Liceo de Costa Rica y el Instituto Meteorológico. Ese mes fue nombrado Presidente de la Junta Directiva del Instituto Físico-Geográfico, y la vez su Director. En su ausencia, la dirección del Observatorio Meteorológico Nacional la asumió el Lic. Pablo Biolley. En julio de 1889 se rescindió el contrato celebrado en Bruselas y se acordó otro con vigencia a partir del 1° de enero de 1890, por el cual, a su regreso de Europa, Pittier se comprometía a encargarse de la organización, dirección y administración del citado Instituto. También en julio de 1889 se le comisionó como Delegado del Ministerio de Instrucción Pública para asistir a las conferencias internacionales en París sobre servicios geográficos, meteorología, hidrografía y climatología y enseñanza superior. A su regreso, Pittier presentó al Secretario de Instrucción Pública un informe sobre la marcha del Instituto durante el año económico de 1° de abril del 1889 a 31 de marzo de 1890, e indicó la imposibilidad de fijar el límite inferior de los bosques inajenables de la serranía del Barva, según encargo del Secretario de Gobernación, pero no por el desconocimiento sobre la ubicación de los cerros extremos de la zona inalienable de la montaña del volcán Barba, sino por la falta de recursos humanos y técnicos para hacer el estudio de la naturaleza de los terrenos, la inclinación de las pendientes y de las demás condiciones a tomar en consideración, por lo que su labor inicial se había limitado a establecer una cadena de triángulos en la parte superior del cantón de Barva, y al levantamiento de ciertas partes por medio del aparato foto-topográfico. ([19]) A pesar de las importantes contribuciones de Pittier no debe perderse de vista que al llegar al país hacía tiempo la geometría era aplicada a la agrimensura. En 1864 en la Escuela Superior de Cartago se impartía el curso de geometría abarcando medición de superficies, levantamiento de planos, comparación de alturas, medidas por elevación, distancias y alturas inaccesibles. En 1867 a nivel universitario la clase de agrimensura comprendía disposiciones legales, explicación y uso del grafómetro de dos anteojos; escuadra de agrimensor, aguja de agrimensor, plancheta con alidada y nivel; círculo y nivel de Lenoir 4 clase; teodolito; círculo reflexor y repetidor de Borda; sestante de bolsillo; nivel de pendiente de Chezi y nivel de agua con miras parlante y común. En marzo de 1868 se daba a conocer el Nuevo Mapa de Costa Rica elaborado por el Dr. Frantzius y Felipe Valentini. ([20]) Durante 1890 Pittier nuevamente dio cuenta de sus labores. El Gobierno deseaba que acompañara a la Comisión de Límites en la exploración de la línea fronteriza que iniciaba el 6 de junio de ese año. Pittier esperaba que sus trabajos en el Instituto Físico-Geográfico sirvieran de base para el levantamiento del mapa del país, y siempre que el Secretario de Instrucción lo autorizara a colaborar con la Comisión de Límites y se nombrara previamente la Comisión del Instituto a su cargo para que en su ausencia continuara los trabajos del Observatorio Meteorológico Nacional. (Archivo Nacional, Fondo Educación, signatura 5186, f. 99).
Entre el 26 y el 31 de agosto de 1890, a solicitud del Presidente de la República, por tercera ocasión Pittier visitó el volcán Poás para averiguar acerca de la inminencia del desagüe repentino de la laguna superior en el cráter activo; suceso que podría tener graves consecuencias en la región circunvecina. El 1° de setiembre de ese año indicó que el volcán procedía de muchos sublevantamientos sucesivos. Citó la preciosa laguna cuyas aguas tenían gusto agradable y eran potables, teniendo su sobrante salida por el río Ángel, que se escapa por un corte del cerro situado en el extremo noroeste de la cuenca. Estimó en 15-20 litros por segundo el desagüe medio del riachuelo en su origen. Agregó que ese cauce tomaba rumbo este por el río Ángel, afluente del río de la Paz. Determinó una distancia aproximada de 100 metros entre el cráter y el río Ángel, y entre el fondo del cráter y el río la cuarta parte de un kilómetro. Aseguró que el peligro señalado era imaginario. (La Gaceta No. 213 de 12 de setiembre de 1890, pp. 1125-1126. Archivo Nacional, Fondo Educación, signatura 2542, f. 298 izquierdo).
El 29 de noviembre de 1890, Pittier reseñó sus estudios sobre la exploración botánica del país, elaborados con el auxilio del asistente botánico Tonduz: la meseta central (1887); la cordillera volcánica central desde el volcán de Turrialba hasta el de Poás (1887-1890); el camino de San José a Puntarenas y la mesa del Irazú (1888); los alrededores de Aguacaliente hasta Orosi (1888-1890); el valle del río Blanco hasta Carrillo (1888-90); la Candelaria y el valle de San Marcos de Dota (1890); el camino de Alajuela a Greytown por el valle del San Carlos, los alrededores de la bahía de Salinas, y el camino que va de la Cruz, frontera de Guanacaste, hasta el Bolsón (1890). Ese mismo día señaló que al comparar los límites inferiores de los robles en las tres serranías del Irazú, Barva y Poás, éstos se iban deprimiendo de este a oeste, siendo a 2200 m en el primer grupo, 1900 m en el segundo y 1600 m en el último, aproximadamente, y que en el Barva como en el Poás, la región superior del Irazú no existía y las arboledas muy a menudo alcanzaban las cimas. (Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional, Tomo II. 2ª Parte. Tipografía Nacional. San José. 1890, Notas 17 y 26, p. 185 y 191, respectivamente).
Sus informes continuaron. El 17 de setiembre de 1892, indicó al Ministro de Fomento los inconvenientes del Instituto Meteorológico Nacional por los recortes de gastos y la segregación del Museo Nacional que había quedado reducido al Observatorio Nacional a pesar de que 1889 se había creado el Departamento Botánico y en 1890 la Oficina Geográfica ocupada de la revisión del mapa de la República. Agregó que para 1891-1892 se habían tenido que juntar los empleados del Museo y del Instituto, y que éste estaba colocado entre dos ministerios, correspondiendo a Instrucción Pública lo relativo a sueldos, gastos corrientes, y a Fomento la mayor parte de tareas ordinarias, mapas, veredas de terrenos no habilitados, recursos de estos últimos y la conservación de la hora en San José, y recomendó trasladarlo a Fomento. (Archivo Nacional, Fondo Fomento, signatura 283). Así lo aconsejaba también un proyecto presentado el 21 de julio de 1891 por Mauro Fernández (Boletín del Congreso, La Gaceta entre las números 174 de 28 de julio de 1892, p. 884 y 175 de 29 de julio de 1892, p. 885).
El 6 de octubre de 1892, Pittier informó al Ministro de Fomento sobre dos viajes de exploración al valle del río Grande de Térraba, con descripción topográfica y recopilación de observaciones del clima durante seis meses, y otros trabajos por publicar relativos a su flora y fauna; agricultura y economía rural; orografía e hidrografía; estudio descriptivo sobre ese con mapa levantado, los cuales se verían afectados porque la Oficina Geográfica sería suprimida pues el Ministro de Instrucción Pública dispuso encargarlo nuevamente de la enseñanza en el Liceo, además se suspendía la impresión de los “Anales”. Señaló que el Presidente lo había autorizado acompañar la Comisión del Ferrocarril Intercontinental, lo que permitiría llenar algunas lagunas del mapa. (Archivo Nacional, Fondo Fomento, signatura 283).
El 29 de agosto de 1900 Pittier suscribió un convenio con la Secretaría de Instrucción Pública por el cual, a partir del 1° de setiembre de ese año asumía la Dirección del Instituto Físico- Geográfico, y continuaba el trabajo del levantamiento del mapa de la República, desempeñando las comisiones relacionadas con su profesión que el Gobierno le confiara. (Archivo Nacional, Fondo Educación, signatura 2507, f. 105). En 1903 se editó el Mapa de Costa Rica, a cargo de Pittier como Director del Instituto Físico-Geográfico según levantamientos efectuados entre 1891 y 1898, con la escala 1:500000. Este describe los ríos Itiquís, Tambor, Segundo, Ciruelas y Tacacorí provenientes del macizo del Barva. (Archivo Nacional, Fondo José F. del Tristán Fernández, signatura 126.10).
Entonces las labores de Pittier fueron valiosas y numerosas. Sobre el límite inferior de los robles en la serranía del Barva lo estableció en los 1900 m (Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional, Tipografía Nacional, San José, Tomo II, 2ª Parte. 1890, p. 191). Esa altitud hubiera aumentado el límite sur de la Zona Inalienable de dos kilómetros de la Ley 65 de 1888, abarcando además aproximadamente un kilómetro al sur del actual poblado de Sacramento, comprendiendo también a la comunidad de Porrosatí y medio kilómetro más al sur ella, para un total, en ese sector, de aproximadamente tres kilómetros adicionales a los dos kilómetros ya previstos. Lo anterior puede cotejarse en las curvas de nivel de la hoja cartográfica Barva de 1967.
Por eso no extraña que Pittier expresara que la Ley de 1888 era un paliativo al fijar para la conservación de los bosques en Heredia un límite demasiado alto en la vertiente sur. (Apuntaciones sobre el clima y geografía de la República de Costa Rica, Observaciones y Exploraciones”, Boletín del Instituto Meteorológico Nacional. Tomo I-1888, Tipografía Nacional, San José, Costa Rica, 1889, p. 34).
III.- Como la Ley 65 de 30 de julio de 1888 declaró inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña del volcán de Barva, desde el cerro de Zurquí hasta el conocido con el nombre de Concordia, donde nacen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a esa provincia y parte de la de Alajuela, el 15 de mayo de 1889 la Municipalidad de Heredia, con base en informes sobre desmontes perjudiciales a esos manantiales, por tener terrenos que podían estar dentro de esa Zona, y con el propósito de resolver peticiones para la venta de lotes en esas tierras, estimó necesario su reconocimiento para deslindar las que podían enajenarse, y solicitó al Gobernador suplicar al Gobierno nombrara la comisión científica a que aludía esa Ley. El 27 de agosto de 1889 la Secretaría de Gobernación nombró al Director General de Obras Públicas y al Ing. Agrónomo Enrique Jiménez para el estudio y presentación del plano respectivos (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 939, f. 2-3).
Cabe recordar que los terrenos municipales comprendidos en la Zona Inalienable de la montaña del volcán Barva habían sido adquiridos con base en normativa anterior a la Ley 65 de 1888. Así observamos que el 9 de julio de 1832 la Municipalidad de Heredia nombró a Antonio Reyes como agrimensor de los terrenos de ejidos (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 227, f. 44-45). El 2 de marzo de 1838, conoció la aceptación de Juan Agustín Rodríguez para la medida del terreno de las tres leguas. El 15 de mayo de 1838 reiteró su disposición de que todos los vecinos con terrenos sin matrícula, tanto en las tierras de ejidos, como en las de educación pública, debían gestionarla en dos meses ante Francisco Chaverri, mayordomo de dichos fondos, bajo la pena de perderlos (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 416, f. 17v-22v).
El 22 de febrero de 1855 con base en la medida y planos de las tierras de Ejidos de la ciudad de Heredia practicadas por el agrimensor Emilio Dibowski y la Disposición Suprema No. 109 del 1° de marzo de 1853, se aprobaron las diligencias comprendiendo 3 leguas 4 caballerías 38 manzanas y 9535 varas cuadradas, sin perjuicio de medirse las 34 caballerías 10 manzanas y 465 varas cuadradas que faltaban para completar las cuatro leguas de tierra que la ley había concedido a la Municipalidad de Heredia. Se ordenó librar el título de propiedad sobre las tierras ya vendidas para los usos destinados por disposición preexistente, debiendo tomarse en lugares que no ofrecieran cuestión con algún vecindario o compañía. Lo resuelto fue comunicado al Ministerio de Hacienda y a la Gobernación de la Provincia de Heredia. El 26 de febrero de 1855 se libró el título. El 29 de marzo de 1855, el Ministro de Hacienda resolvió tener al vecindario de la ciudad de Heredia como legítimo dueño de las citadas 3 leguas 5 caballerías 48 manzanas y 4500 varas cuadradas otorgando el título en forma y con las razones de estilo en los oficios de Hacienda Pública. El documento se inscribió en el Registro de la Propiedad, al tomo secsagésimo tercero, folio 299, finca número 4401, “Oriental”, inscripción número 1, el 27 de junio de 1871 (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4298, f. 73 v-75 f; Fondo Hacienda, signatura 6251, f. 1-7; Fondo Planos, signatura 8104).
El plano signatura 8169 No. 1° del Archivo Nacional, con información de 1859, describe las dos leguas de la enseñanza pública, así como las 5 caballerías, 39 manzanas 7000 varas cuadradas que faltaban para completar el número de la Municipalidad de Heredia, así como 2 caballerías en reposición de los terrenos del Cuascua, para un total de 5491 manzanas 2000 varas cuadradas según medida y cálculo del agrimensor D.L.Paz. Al sur describe los Terrenos del Inglés; al suroeste Terrenos de los vecinos de Alajuela; al oeste río Tambor y camino a Sarapiquí; y al este la vereda de Pío Murillo y la Laguna del volcán Barva.
A raíz de los denuncios hechos por el Procurador de Heredia el 12 de abril de 1853 y 22 de mayo de 1855, y por el Agente Fiscal de Heredia el 16 de junio de 1859, con base en la Ley XXI de 9 de mayo de 1833, el Decreto No. 15 de 12 de diciembre de 1846 y el Decreto No. 29 de 30 de setiembre de 1858, el 1° de julio de 1864, el Juzgado de Hacienda Nacional en el expediente de tierras por denuncios presentado por el Agente Fiscal de Heredia, como personero de la Municipalidad de Heredia, con presencia de las leyes citadas y de los artículos 90 y 96 Sección 1ª del Reglamento de Hacienda de 30 de julio de 1858, adjudicó en propiedad y posesión de toda la Provincia de Heredia y para la educación pública dos leguas cuadradas (77 caballerías 13 manzanas 2500 varas cuadradas) en las que se habían medido al norte de las llamadas del “Inglés”, según los linderos y mojones constantes en las diligencias. ([21]) También adjudicó en propiedad y posesión a la ciudad de Heredia, para el beneficio del común de sus vecinos, 7 caballerías 44 manzanas 950 varas cuadradas que sobraban en el expresado sitio contiguo al del “Inglés” de las dichas dos leguas que correspondían a la Ciudad, pudiendo la Municipalidad de Heredia separar esta parte en donde y cuando le conviniera para no confundirlas con las dos leguas para la enseñanza pública. Además, se adjudicó en propiedad de la Municipalidad de Heredia, como bienes llamados propios de la Ciudad, 4 caballerías 4 manzanas 1320 varas cuadradas medidas en río Nuevo, según los linderos y amojonamientos constantes en las diligencias por haberse rematado a su favor y satisfecho su valor. El expediente se remitió al Ministro de Hacienda para la aprobación del Supremo Gobierno. El 1 de setiembre de 1864 se libró el título rubricado por el señor Presidente. El 26 de diciembre de 1864 se expidió el título de propiedad a favor de la Municipalidad. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4183, f. 56-61; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-132-5066, f. 71 v-74v).
Sobre la defensa de los terrenos municipales, el 30 de octubre de 1875 se presentó al Juzgado de Hacienda Nacional un denuncio por 30 manzanas en San Rafael de Heredia, punto llamado “El Gallito”, limitando al norte con la calle que conduce a los terrenos municipales. El 16 de noviembre de 1875 la Municipalidad de Heredia informó que el terreno le pertenecía por estar comprendido en los ejidos de esa Provincia. Así fue comunicado al Juzgado el 19 de noviembre de ese año. El 24 de agosto de 1876 el denunciante desistió. El 18 de setiembre de 1876 se acogió el desistimiento con base en el artículo 327 del Código de Procedimientos y 129 Sección 1ª del Reglamento de Hacienda de 30 de julio de 1858. (Archivo Nacional. Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4219, f. 1-4).
Sobre la venta de terrenos municipales para atender las necesidades del gobierno local, el 5 de diciembre de 1878 el Jefe Político de Barva comunicó al Gobernador de Heredia que la Municipalidad de Barva, en sesión del 4 de ese mes, considerando que los fondos de propios y los de enseñanza del cantón eran insuficientes para llevar a cabo las obras de progreso de su población, y que era de vital importancia indemnizar de veinte a veinticinco manzanas de terreno de dominio particular para repoblarlas de árboles y evitar que se acabaran de secar las vertientes de las aguas que abastecían al cantón y gran parte del de la ciudad de Heredia, que además había que disponer recursos para deslindar la parte de terreno de enseñanza en la proporción que le correspondía y para los gastos de enajenación de denuncios de la Legua que el Supremo Gobierno había agraciado a ese vecindario, se hacía necesario enajenar los terrenos municipales situados al norte de la Villa marcados en el plano respectivo con los números 48 y 49, de 150 manzanas localizados en el terreno llamado “la Isla” y 33 y media manzanas más comprendidas entre los terrenos de don Braulio Morales y los llamados del “Inglés”, por lo que acordó suplicar al Supremo Gobierno aprobar su venta con base el artículo 114 de las Ordenanzas Municipales de 24 de Julio de 1867. (Archivo Central Municipal de Heredia, signatura SCM-124-4775, f. 13).
El 13 de mayo de 1880, atendiendo a que el 8 de enero de 1875 se dispuso la reducción a dominio particular del terreno del vecindario de Barva situado en la “Isla”, poseído por diversas personas que no habían pagado su precio, derivándose perjuicios para los intereses generales del cantón de Barva, y si bien el artículo 7 de la precitada disposición de 1875, disponía que el producto de la venta del terreno llamado la “Isla” se invirtiese de preferencia en la construcción del puente de la quebrada llamada del “Barba” y en la reparación del camino general que conduce de la Villa al mencionado sitio de la “Isla”, tal reparación debía hacerse por los interesados en esa ruta, y como dicho cantón tenía necesidades apremiantes que exigían pronto y eficaz remedio, siendo la principal la expropiación de los terrenos en que se hallan los “Ojos de agua” del río de la “Hoja”, lugar en que hubo abundantes manantiales que surtían de agua a Barva y la ciudad de Heredia, manantiales que estaban agotados casi completamente por los desmontes hechos, siendo necesario cerrarlos y plantarlos con árboles y plantas para que brotaran de nuevo los manantiales extinguidos, por resolución No. 92 se acordó: “Que la Municipalidad de Barba proceda sin demora á exigir, conforme á bases anteriormente fijadas, el precio de las diversas porciones de la “Isla” y del terreno anteriormente citado: la parte en que la Municipalidad tenga libre disposición, procederá á enajenarla conforme á los trámites establecidos por las Ordenanzas, cuidando de dejar á salvo la distancia legal en contorno del manantial llamado de los “Mancarrones.”- El producto de los agua” del río de la “Hoja” en cercarlos y replantar en ellos las arboledas destruidas.- A la hora de indemnizar, á consecuencia de dicha expropiación, no debe olvidarse que cincuenta varas á cada lado de los “Ojos de agua” es una parte de que no ha podido disponerse, conforme á leyes anteriores; y si la Municipalidad de Barba en vez de indemnizar en dinero el todo ó parte de la expropiación indicada, pudiera dar en pago terrenos de la “Isla” en que tenga libre disposición, queda facultada para hacerlo así, siempre mediando valúos de peritos y las formalidades debidas.” (La Gaceta No. 669 de 15 de mayo de 1880, p. 2).
En junio de 1880 el Juzgado de Hacienda Municipal de Barva, a solicitud de la Municipalidad de Barva, y con base en la resolución No. 92 de 1880, sacó a remate un terreno de montes situado en la montaña de barrio de San Pedro, colindante por el norte con terrenos denominados del “Inglés”, y parte del inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad, tomo veintitrés, folio ciento veintisiete, finca número dos mil setecientos cincuenta y nueve, Oriental, inscripción número uno (La Gaceta No. 698 de 19 de junio de 1880, p. 2). En setiembre de ese año, otro aviso dispuso el remate de un terreno de la misma propiedad, naturaleza de montes, comprensivo de noventa y una manzanas nueve mil ochocientas catorce varas cuadradas, situado en el “Comun de Barba” de barrio de San Pedro, limitando al norte con Terreno Municipal de Heredia, este terrenos llamados de la “Isla”, “Yurro Hondo” en medio; y oeste terrenos denominados del “Inglés”, río “Porrosatí” en medio, debiéndose excluir de la venta cuatro manzanas cuatro mil quinientas sesenta y siete varas cuadradas reservadas para el abrigo de las fuentes o vertientes de agua que existen en el enunciado terreno (La Gaceta No. 778 de 25 de setiembre de 1880, p. 2).
El 13 de enero de 1883 el Gobernador de Heredia remitió a la Municipalidad de Heredia nota del Jefe Político de Barva sobre el camino del “Desengaño”, perdido por el gran tráfico que hacían los vecinos sacando tablones arrastrándolos en los terrenos municipales y explotando la montaña de manera inconsiderada, y que no tardarían tiempo en internarse en los terrenos de enseñanza, por lo que le suplicaba adoptar medidas eficaces, como nombrar un guardabosques y abrir un camino en los terrenos de enseñanza para facilitar su venta (Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-4787, f. 1-2).
Por otra parte, el 18 de enero de 1883, con base en la resolución Suprema No. 91 de 13 de mayo de 1880, el Agente Fiscal en representación de la Municipalidad de Heredia, y las Villas de Barva y Santo Domingo, solicitó al Juzgado Civil de Heredia levantar a nombre de esos tres Municipios el título supletorio de dos leguas de tierra donadas por el Supremo Gobierno a los fondos de Instrucción pública de esa Provincia poseídos desde el 5 de diciembre de 1864 por adjudicación decretada por el Juez de Hacienda Nacional. El título supletorio se requería porque el expediente de adjudicación tenía defectos. Las dos leguas de tierra se distribuyeron así: a la Municipalidad de Heredia las seis décimas partes; a la Municipalidad de Barba, dos décimas partes; y a la de Santo Domingo, dos décimas partes. Agregó haber sido comisionado por la Municipalidad de Heredia para levantar también el título supletorio a su nombre de un terreno de 496 manzanas, 3469 varas cuadradas correspondientes al común de los vecinos de esa Ciudad comprado en subasta pública hecha por el Juez de Hacienda Nacional en condición de terreno baldío del Supremo Gobierno, el cual estaba cultivado por haberlo dado el Municipio en arrendamiento a varios agricultores. En tanto el primer terreno de dos leguas estaba cubierto en su mayor parte de montañas con unas pocas plantaciones de maíz sembradas por varios agricultores a quienes se había dado en arrendamiento. Ambos terrenos situados en el barrio de San Pedro, Distrito Segundo, Cantón Segundo de esa Provincia, separado el uno del otro por mojones de piedras en forma de pirámides, y colindan; el de las dos leguas: por el norte, con terreno de don Vicente Monje, la legua municipal de la Villa de Barba, denunciada y medida, y terrenos baldíos; al sur los terrenos llamados del “Inglés”, en toda la extensión del lindero; al este terrenos baldíos; y por el oeste con terreno del común de los vecinos de la ciudad de Heredia. El segundo terreno antes dicho, refería los siguientes linderos: norte y este, por las dos leguas de tierra de los tres municipios de que se ha había hecho relación; sur, con terrenos de don Joaquín Alfaro, “quebrada del “Tambor” en medio; y al oeste, camino de Sarapiquí” en medio, con terrenos de la vecindad de Alajuela. El Agente Fiscal requirió la inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre de los tres Municipios de esa Provincia, las dos leguas descritas en el primer lugar; y a nombre de la Municipalidad de Heredia las 496 manzanas, 3469 varas cuadradas. El Juzgado Civil y de Comercio de Heredia por resolución de las diez y media del 19 de enero de mil 1883 aprobó la solicitud y ordenó la inscripción en el Registro de la Propiedad en nombre de los tres municipios, sin perjuicio de tercero de mejor derecho conforme al artículo 335 de la Ley Hipotecaria. Su ejecutoria fue inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo 210, folios 239 y 241, originando las fincas números 13337 y 13338, Oriental, inscripciones números uno, el 1° de febrero de 1883. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4298, 76v-81v).
El 21 de julio de 1886 el Gobernador de Heredia comunicó a los poseedores matriculados en los terrenos municipales del “Gallito”, al noreste de Heredia, que por acuerdo municipal debían presentarse a esa Gobernación, a más tardar dentro de treinta días, a satisfacer el canon establecido en calidad de ejido, bajo la pena de perder el derecho. (La Gaceta No. 21 de 24 de julio de 1886, p. 110).
Continuando con la defensa de los terrenos municipales, a solicitud de la Municipalidad de Heredia, el 21 de mayo de 1888 el Promotor Fiscal se opuso a un denuncio por considerar que el terreno no era baldío, porque pertenecía a los barrios de San Isidro y San Pablo de los cantones de San Rafael y Santo Domingo. El Juzgado Contencioso Administrativo lo archivó el 24 de abril de 1896 con fundamento en el artículo 2 del Decreto 16 del 2 de abril de 1896. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4243, f. 9).
Por ende no extraña que 16 de noviembre de 1889 la Municipalidad de Heredia reiterara la necesidad de demarcar la Zona Inalienable para resolver varias solicitudes de vecinos que pedían la venta de lotes municipales que no podía efectuarse sin el deslinde de las que sí pudieran enajenarse. Así lo comunicó al Ministro de Gobernación el 10 de diciembre de 1889. El 12 de ese mes la Secretaría de Gobernación nombró a los señores Pittier y Enrique Jiménez para determinar la Zona, vertiendo el informe correspondiente con el plano respectivo. ([22]) El 6 de enero de 1890 la Municipalidad de Heredia suplicó de nuevo la práctica del reconocimiento de la zona de tierra de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña del volcán de Barva, sin el cual no podía saberse cuáles terrenos podían enajenarse. El acuerdo fue comunicado al Ministro de Gobernación el 24 de ese mes. El 18 de agosto de 1890 la Municipalidad encargó al Gobernador averiguar si se había practicado el reconocimiento por ser interés la separación de las tierras municipales limítrofes a la Zona Inalienable. El 16 de mayo de 1891 el Municipio requirió al Gobernador dirigirse al Gobierno para “que Dn H. Pittier, encargado de practicar el reconocimiento de la zona de tierra antes dicha la verifique ahora que el trabajo es mas oportuno para esta comisión”. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 939, f. 4; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-137-5284, f. 86-88).
Mientras se resolvía lo relativo a la demarcatoria de la Zona Inalienable, el 6 de noviembre de 1890, el apoderado de los municipios de Heredia, San Rafael y Santo Domingo, se opuso al denuncio de un terreno de 42 Ha situado en el Chilillal de San Isidro, ello por considerarlo propiedad de los municipios mandantes. El 29 de abril de 1896 el Juzgado archivó el expediente (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4259, f. 1-3).
El 14 de marzo de 1892 el apoderado de las municipalidades de Heredia, San Rafael y Santo Domingo, planteó tres demandas y una oposición contra denuncios de terrenos en San Isidro de Heredia indicando que según el artículo 10 del Código Civil los actos o contratos contra leyes prohibitivas serán nulos si las mismas leyes no disponen otra cosa, y que la Ley de 30 de julio de 1888 había declarado inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la montaña conocida con el nombre de montaña del volcán de Barba, desde el cerro llamado del Zurquí hasta el de la Concordia, ya fuese esa zona de propiedad nacional o municipal, que dictada esa ley para evitar la falta de agua en las provincias de Heredia y Alajuela, los municipios debían empeñarse en que se cumpliera, y como los terrenos denunciados estaban comprendidos dentro de la Zona Inalienable, pidió declarar ilegales y nulos los denuncios. En dos de los procesos el Juzgado tuvo por renunciada prueba pericial solicitada y no habiéndose comprobado que los terrenos estaban dentro de la zona del artículo 1° del decreto de 30 de julio de 1888, absolvió a los demandados (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signaturas 4319; 4322; 4323; 5785, f. 1-45).
El 16 de abril de 1892 el Gobernador de Heredia informó al Ministro de Gobernación como medida dictada a favor de la comunidad la de pedir al Supremo Gobierno disponer la mensura de la Zona Inalienable del volcán de Barva para averiguar si quedaban fuera de la ella unos terrenos municipales cuya venta solicitaban sus poseedores. En mayo de ese año la Municipalidad de Heredia, con la mira de alcanzar la demarcación de los dos kilómetros de tierra inalienables para la conservación de las aguas que tienen origen en la cima del volcán de Barva y abastecen a esa ciudad, comisionó al Dr. Policarpio Trejos para que suplicara al Presidente de la República su práctica (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 7097, f. 47; Fondo Municipal de Heredia, signatura 17491, f. 28; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-137-5284, f. 90).
El 2 de diciembre de 1892 ante un denuncio sobre un terreno situado en el Alto de la Hondura, fue nombrado el perito Leónidas Carranza para dictaminar si estaba dentro de la Zona Inalienable prevista en la Ley de 30 de julio de 1888. Señaló que el inmueble estaba fuera porque esa Zona se extendía del piso del Zurquí hacia noroeste, comprendiendo los cerros del Ladrillal o Ardillal, Caricias y otros, y el terreno estaba en la falda del Zurquí como a 600 m al sureste. El Juzgado considerando que no se había rendido prueba para demostrar que el lote estaba dentro de la Zona de la Ley de 30 de julio de 1888, declaró sin lugar la acción del apoderado municipal de Heredia, San Rafael y Santo Domingo (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signaturas 4258 y 4324).
El 9 de agosto de 1893 se presentó otra acción contra un denuncio cuyo terreno colindaba con el río Caricias y estaba dentro de la Zona de la Ley 30 de julio de 1888. El apoderado municipal indicó que el artículo 130 de la Ley de Aguas atribuía a los municipios la policía y cuidado de las aguas públicas y el numeral 22 de las ordenanzas municipales el dictado de providencias para conservación y mejoras del patrimonio común. El proceso se archivó en 1896. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4321).
El 13 de octubre de 1893 se presentó denuncio de 6 caballerías de un terreno situado en “Las Montañas de San Rafael” de Heredia, colindantes al norte y este con tierras baldías, al sur terrenos de la Municipalidad de Heredia y oeste quebrada Las Vueltas. El 10 de octubre de 1894 el Promotor Fiscal solicitó que el agrimensor informara si el terreno estaba dentro o fuera de la Zona de dos kilómetros del artículo 1° de la Ley de 30 de julio de 1888. El 1º de diciembre de 1894 el agrimensor Ricardo Alpízar informó que estaba fuera a más de 10 kilómetros. El 7 de noviembre de 1895 el Juzgado adjudicó el inmueble. (La Gaceta No. 260 de 9 de noviembre de 1893, p. 1515. Archivo Nacional, Fondo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, signatura 5673, f. 1-50).
El 16 de mayo de 1894 debido a desmontes practicados en las montañas y haber sido declarada inalienable la zona de terreno de dos kilómetros a uno y otro lado de la cima de la montaña del volcán de Barva, según Decreto LXV de 30 de Julio de 1888, la Municipalidad de Heredia acordó suplicar al Gobierno que nombrara una Comisión para medirla y demarcarla a fin de establecer penas en caso de infracción. El 21 de mayo de 1894 así lo comunicó el Gobernador a la Secretaría de Gobernación. El 15 de junio de 1894 la Municipalidad conoció el oficio del 9 de junio, donde esa Secretaría indicó que la Comisión para demarcar la Zona Inalienable correspondía designarla al Municipio. El Ayuntamiento solicitó al Supremo Gobierno autorizar a la Municipalidad de Alajuela a participar en una sesión para tratar el asunto porque sus poblaciones se beneficiarían con la obra, pues en esa Zona tenían nacimiento las aguas que las abastecían. El 19 de junio de 1894 se comunicó el acuerdo al Ministro de Gobernación. Ese mismo día la Municipalidad de Heredia acordó comunicarlo al Gobernador de Alajuela para que la Municipalidad de esa Provincia participara en la sesión extraordinaria del 29 de junio de 1894 donde se trataría “la demarcación de la zona á uno y otro lado del volcan Barba”. El 26 de junio ese acuerdo fue remitido al Gobernador de Alajuela por el de Heredia. ([23]) El 18 de setiembre de 1894 la Municipalidad de Heredia acordó suplicar a la de Alajuela disponer lo que estimara conveniente sobre la ayuda para los gastos en la operación de demarcar la Zona Inalienable de dos kilómetros que declaró el Decreto No. LXV de 30 de julio de 1888, según lo dispuesto en la sesión extraordinaria del 29 de junio. El 1° de diciembre de 1894 esa Municipalidad conoció la respuesta de Alajuela indicando que no le era posible ayudar por estar emprendiendo varias obras públicas cuyas erogaciones era de mucha consideración. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17494, f. 6 y 11, 49-50).
El 4 de junio de 1894 la Municipalidad de Heredia a fin de enajenar las dos leguas que poseía en “Vara Blanca” y “El Gallito”, comisionó al Agente Fiscal y lo autorizó a extender las escrituras a los poseedores que presentaran el recibo de su valor, cuyo pago debía hacerse en la Tesorería Municipal y de acuerdo con los planos y título escrito que debía suministrar el agrimensor González, corriendo su costo por cuenta de los interesados. Sin embargo, el 1º de diciembre de 1894 ese Municipio conoció una propuesta para la compra de las cuatro leguas y media de los terrenos situados en el punto llamado “Vara Blanca”, pertenecientes dos y media a las Juntas de Educación y dos a la Municipalidad, y no la aceptó por estimar que no le pertenecían en su totalidad dichos terrenos. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 7091, f. 41; Fondo Municipal de Heredia, signatura 17494, f. 51).
El 20 de noviembre de 1894 se formuló otro denuncio de un terreno de 50 Ha, quebrado, situado en el punto llamado “Cerro de Piedra”, en el barrio de San Pedro de Barva, lindante al norte y este con terrenos baldíos, sur terreno particular, y oeste terrenos llamados del “Inglés”. El 19 de diciembre de 1894 el Promotor Fiscal se opuso porque el terreno estaba dentro de la Zona del 1° de la Ley de 30 de julio de 1888. El 5 de mayo de 1896 se archivó (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4278).
El 4 de marzo de 1895 la Municipalidad de Heredia suplicó al Gobierno ordenar al Juez de lo Contencioso Administrativo no admitir denuncios de terrenos ubicados dentro del Cerro del Zurquí y La Concordia, por ser esa Zona la cima en donde dimanan las aguas que abastecen a la provincia y parte de San José, así como decretar el deslinde entre ambas provincias para que en lo sucesivo los derechos sobre denuncios fueran satisfechos en las respectivas Tesorerías. Además, nombró a Vicente Monge apoderado para los terrenos baldíos del cantón, muy especialmente los que servían de margen a las aguas que lo abastecen y de los previstos por el Decreto 65 de 1888, debiendo informar mensualmente de sus trabajos y resultados (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17494, f. 107, 109-110).
El 8 de marzo de 1895 se presentó denuncio de un terreno de 160 Ha al norte de las montañas de San Rafael, con los siguientes linderos: norte río “Las Vueltas” de por medio terrenos baldíos, sur río llamado de “San José” en medio con las dichas montañas de San Rafael, cabeceras del río Tibás y parte de los terrenos de un particular, este el mismo río de “San José” de por medio con terrenos baldíos, oeste terrenos municipales de San Rafael de Heredia. El Promotor Fiscal indicó que el denuncio comprendía la zona de terreno del artículo 1 de la Ley de 30 de julio de 1888. El 24 de abril de 1896 se archivó el expediente con base en el artículo 2 del Decreto 16 del 1º de abril de ese año. Esa disposición legislativa de 1896 ordenaba que por el término de 4 meses no se admitirían nuevos denuncios de tierras baldías, y que caducaban de hecho, y sin necesidad de declaratoria especial, todos los denuncios pendientes de terrenos baldíos en que los denunciantes o quienes los representaran hubieran dejado o dejaran trascurrir seis meses contados desde la fecha de la última notificación sin activarlos. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4255, f. 1-3; La Gaceta No. 77 de 2 de abril de 1896. Colección de Leyes y Decretos, Año 1896, Semestre I, Tomo I, p. 53-54).
El 14 de marzo de 1895 se presentó otro de un terreno a orillas del río Caricias, en el barrio de San Isidro de Heredia, con una medida de 34 Ha 94 áreas 48 decímetros cuadrados. El 13 de mayo de 1896 se archivó. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4303, f. 1).
El 18 de abril de 1895 a raíz de la respuesta de la Municipalidad de Alajuela sobre la imposibilidad de colaborar en los gastos para demarcar la Zona Inalienable, la Municipalidad de Heredia estimando que esa demarcatoria entrañaba intereses procomunales a ambas provincias por al ser cuna de las aguas que abastecían a ambas ciudades, y por ser el deslinde de vital importancia ante el incremento de los desmontes con perjuicio de las aguas, cuya escasez se hacía más notaria en verano, para dictar las medidas conducentes y evitar el mal apuntado, era indispensable su práctica, y que por tener las aguas que abastecen la ciudad de San José su origen en el cerro del Zurquí, el deslinde también le interesaba, y manifestó al Poder Ejecutivo la conveniencia para las tres provincias de demarcar la Zona por medio de la Dirección de Obras Públicas. Así lo comunicó el Gobernador de Heredia al Ministro de Fomento el 23 de abril de 1895. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17494, 150-152; Fondo Fomento, signatura 1669).
El 29 de agosto de 1895 un vecino de la Concordia solicitó a la Municipalidad de Heredia la escritura de los lotes municipales Nos. 63ª, 63b y 82 situados en Vara Blanca, que según recibo había sido comprado al Municipio. Adujo que los lotes estaban a mucha distancia de la zona de dos kilómetros inalienables del cerro de la Concordia previstos por el Decreto de 30 de Julio de 1888. Pidió se autorizara al Agente Fiscal a otorgarle la escritura. El 5 de febrero de 1896, a raíz de la resolución donde el Municipio decidió esperar el parecer de un encargado para aclarar si esos lotes estaban comprendidos o no dentro de la zona del Decreto de 30 de julio de 1888, considerando el interesado que se tardaría mucho en la decisión definitiva, propuso que el Fiscal, representando a la Corporación, le otorgara las escrituras aceptando la obligación expresa de pacto de retroventa a favor del Municipio si, una vez practicada la diligencia de Comisión Científica inserta en el citado Decreto de 1888, resultaba que el todo o parte de las fincas estaban dentro de la zona de los dos kilómetros de esa Ley. El 2 de marzo de 1896 la Municipalidad acordó manifestar al interesado que habiendo recibido orden del Supremo Gobierno, la Dirección General de Obras Públicas para practicar el deslinde de los dos kilómetros de montaña que declara indenunciables el decreto de 30 de julio de 1888, tan luego como se hubiere practicado aquél se procedería a allanar la dificultad. Además, excitó al Director General de Obras Públicas para que lo antes posible se cumpliera el acuerdo Supremo N° 117 sobre la medida de la zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la “Montaña del Volcán de Barba”, desde el cerro llamado de “Zurquí” hasta el que se conoce con el nombre de “Concordia”, aprovechando la época seca, pues la lluviosa presentaría -indudablemente- obstáculos a la comisión que practicara el estudio. ([24]) El 30 de diciembre de 1895 la Municipalidad de Heredia arrendó un terreno desmontado situado dentro de los 2 km que ordena la ley, limitando al norte con Montaña Pública y terreno particular, sur terreno particular, este calle pública y oeste la Montaña Municipal del mismo bosque dicho. El interesado indicó que lo tomaría con la intención de no aumentar los desmontes y para aprovechar los pastos y cuidarlo, lo que redundaría en bien del público por favorecer así la conservación y aumento de las aguas que abastecían a ese cantón y demás pueblos circunvecinos, obligándose a la conservación de árboles en las fajas de las orillas de las aguas. (Archivo Nacional, Fondo Municipal, signatura 16009, p. 61, 63-64).
Por acuerdo No. 117 de 28 de enero de 1896, para cumplir con la Ley 65 de 30 de julio de 1888, y ante la necesidad de conservar los bosques comprendidos en la zona en la cual tienen su origen la mayor parte de aguas que abastecen a la provincia de Heredia y en parte a San José y Alajuela, el Presidente de la República dispuso que por cuenta del Gobierno se practicara la medida de la zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña del volcán de Barva, desde el cerro llamado Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia. Mediante circular No. 11 del mismo 28 de enero, suscrita por el Ministro de Fomento, se comunicó ese acuerdo al Director General Obras Públicas. El 3 de febrero de ese año la Municipalidad de Heredia conoció el acuerdo 117 por oficio No. 95 de 29 febrero suscrito por el Gobernador. Lo archivó y suplicó al Ministro de Fomento hacer extensiva, y por partes iguales, la responsabilidad de la conservación de los carriles o mojones, lo mismo que el cultivo de los árboles, en las partes desmontadas, a los demás municipios de los cantones menores de Heredia en la zona de dos kilómetros donde tienen su nacimiento las aguas que los abastecían. ([25]) El 16 de marzo de 1896 la Municipalidad de San Rafael de Heredia, a raíz de que los propietarios a orillas de la zona de terreno entre los límites jurisdiccionales que dividían las montañas municipales de Barva y los terrenos de San Isidro, estaban haciendo desmontes entre los terrenos y la zona municipal, con graves perjuicios a los manantiales y arroyos de las aguas que abastecían a su cantón, a la ciudad de Heredia y a varios distritos y cantones de la misma Provincia, ante el acuerdo No. 117 publicado en La Gaceta del 29 de enero de ese año, suplicó al Gobernador comunicar al Ministro de Gobernación esas razones para mandar a realizar el deslinde en ese cantón, evitando el desmérito y escasez de aguas. (Archivo Nacional, Fondo Municipalidad de San Rafael de Heredia, signatura 16009, p. 79-80).
La Dirección de Obras Públicas en oficio No. 303 de 23 de marzo de 1896, comunicó a la Municipalidad de Heredia que no podía practicar la medida de la Zona de la Ley 65 de 1888 hasta terminar los estudios del Ferrocarril al Pacífico. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17495, f. 173).
Ello es otra prueba más de que la demarcatoria de la Zona Inalienable de dos kilómetros a ambos lados de la cima de la Montaña del volcán Barva no se había practicado no por la falta de certeza sobre la ubicación del cerro Concordia, sino más bien por el hecho de que la Dirección de Obras Públicas tenía enfocados sus recursos al análisis de las obras necesarias para el Ferrocarril al Pacífico, construcción de gran relevancia para el país como lo refiere la opinión jurídica No. OJ-42-2005.
El 1° de diciembre de 1896 la Municipalidad de San Rafael, con miras al cumplimiento del Decreto 117 publicado en La Gaceta de 29 de enero de ese año, reiteró la solicitud del 16 de marzo anterior y suplicó al Supremo Gobierno la práctica del deslinde de la Zona Inalienable. Además acordó cooperar con la Municipalidad de Heredia para el nombramiento de la comisión científica que Ciruelas, la Laguna de Barva o de algún otro punto de la Cordillera del Norte para surtir de aguas potables al cantón central y sus barrios. (Archivo Nacional, Fondo Municipalidad de San Rafael de Heredia, signatura 16009, p. 142-143).
El 17 de mayo de 1897, el Director de Obras Públicas suscribió el contrato No. 126 con Moisés Rodríguez Calvo para la medida de la conservación de bosques en la jurisdicción de la provincia de Heredia, que partiendo del “Cerro Zurquí termine en el de la Concordia”, con un plazo de 6 meses y pagos en tres partes. La mitad de $2500.oo al ser aprobado el mismo. El resto en dos pagos finales, efectuándose el 1° a la presentación del plano de la línea de divisiones 1225.oo y el 2° a la conclusión del trabajo 1225.oo para un total de $5000.oo. La Dirección de Obras Públicas designaría un agente especial que examinaría el amojonamiento de los deslindes y comprobaría por los medios oportunos la exactitud de las operaciones y de los planos presentados, siendo del contratista las rectificaciones que por omisión o error en sus operaciones fuera necesario efectuar. El 26 de ese mes se giró el monto inicial de $2500. El 2 de noviembre de 1897, por oficio No. 215 el contrato se prorrogó por la imposibilidad de concluir a causa de las fuertes lluvias según informó el Geómetra Moisés Rodríguez, y para hacerlo durante los meses de verano. Según consta en la Memoria de Fomento de 1899, y en los registros de Gobernación y Fomento, el 28 de abril de 1898, el Presidente de la República por acuerdo No. 8 ordenó que de eventuales de la Cartera de Fomento se pague a la orden del Director General de Obras Públicas la suma de $ 500-00, a buena cuenta del contrato celebrado entre él y Moisés Rodríguez el 17 de mayo próximo pasado para la medida de la zona de terreno desde el cerro llamado Zurquí hasta el conocido con el nombre de Concordia, jurisdicción de la provincia de Heredia, ello conforme a lo dispuesto en el acuerdo número 117 de 28 de enero de 1896. El 31 de marzo de 1899, la Dirección de Obras Públicas indicó “Medida de la línea, que partiendo de la cúspide del Cerro Zurquí, en la provincia de Heredia, y termina en el de La Concordia. A cuenta contrato $ 500.” Este dato fue reportado en la Memoria de Fomento, pues el 26 de abril de 1899, mediante oficio No. 24 la Secretaría de Fomento solicitó al Director de Obras Públicas para esa Memoria informe sobre los trabajos ejecutados por Moisés Rodríguez en la medida de la zona entre los cerros Zurquí y La Concordia según contrato que tiene celebrado con esa Dirección. El 31 de agosto de 1899 el Congreso aprobó los actos del Poder Ejecutivo contenidos en esa Memoria. ([26]) Sobre la medida de la Zona Inalienable que estaba realizando el Geómetra Moisés Rodríguez Calvo también se tuvo noticia a raíz del título supletorio presentado el 26 de abril de 1898 ante el Juzgado Civil de Heredia, donde el denunciante indicó haber comprado hacía más de año y medio a vecinos de Barva un terreno situado en el punto llamado “la Isla” de San Pedro de Barva, compuesto de los lotes números 18, 19, 20, 21 y 22 de la segunda Sección del terreno municipal de Barva, con una medida como nueve manzanas, o sean como seis hectáreas, treinta y nueve áreas y sesenta y cuatro decímetros cuadrados, limitado al norte con terrenos de la referida Municipalidad de Barva; por el sur con el lote número diez y siete de la misma Sección, de propiedad particular; por el este, con el río Mancarrón; y por el oeste, con el camino de entrada. Agregó que sus transmitentes lo habían poseído quieta, pacíficamente y sin interrupción por más de nueve años, y que conjuntamente tenía los diez años conforme a los artículos 846 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles. El 23 de mayo de 1898 el Agente Fiscal de Heredia se opuso porque según informes del Agrimensor que estaba practicando la demarcación de límites de la zona declarada inalienable por Ley de 1888, el terreno que se trataba de inscribir estaba incluido en esa Zona. El Juzgado remitió a las partes a juicio declarativo. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Civil de Heredia, signatura 6, f. 2-3, 6. Boletín Judicial No. 98 de 29 de abril de 1898, p. 391).
El 1° de junio de 1898 la Municipalidad de Heredia pidió informe al Geómetra Moisés Rodríguez que estaba practicando la medida de la Zona Inalienable, acerca de si otro terreno denunciado quedaba dentro de esa Zona. El 10 de ese mes el Agrimensor respondió que tan pronto como terminara la localización de la paralela que trazaba al norte de la Cordillera, que sería dentro de pocos días, informaría con gusto al Municipio si el inmueble quedaba dentro o fuera de esa línea. El 16 de junio de 1898 la Municipalidad conoció esa respuesta y la archivó. ([27]) El 15 de agosto de 1898 la Municipalidad San Rafael de Heredia, en vista del aviso de un título supletorio sobre un terreno ubicado en La Concepción de San Rafael, por ser municipal y encontrarse dentro de los dos kilómetros del artículo 1º del Decreto 65 de 30 de Julio de 1888, suplicó al Agente Fiscal que hiciera las gestiones del caso ante el Juzgado Civil de Heredia para evitar el título. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de San Rafael de Heredia, signatura 16010, f. 16).
El 16 de agosto de 1898 la Municipalidad de Heredia informada por el Gobernador de un título supletorio sobre un terreno que el interesado aseguraba haberle comprado al Municipio, situado en San Rafael, y habiendo señalado el Jefe Político y otros vecinos que el terreno estaba dentro de la Zona Inalienable, autorizó al Agente Fiscal a oponerse, y comisionó al Licenciado Geómetra Moisés Rodríguez para, que con estudio de los documentos que le presentará el titulante, informara si era el vendido por la esa Municipalidad y si estaba o no dentro de dicha Zona. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17496, f. 161-163).
El 13 de setiembre de 1898 el Gobernador transcribió al Presidente Municipal comunicación del Agrimensor Moisés Rodríguez del 12 de setiembre donde le expresó: “Ruego á U se digne poner en conocimiento de la Corporación Municipal de ese Cantón Central, que del veintitres del corriente en adelante, pienso terminar el trabajo entre la “Concordia” y “Zurquí”, y que sería muy conveniente que en su primera reunión nombrara, si lo estima conveniente, la persona que deba acompañarme a recibirlo. Igualmente y con vista y estudio de los carriles que queden localizados, daré cuenta á U en su oportunidad, entre que terrenos de los cuales se trata levantar título supletorio, quedan comprendidos dentro de la zona inalienable, conforme á la ley. Respecto á la cuestión propuesta por el Municipio de San Rafael, sobre los linderos de un terreno que se trata de inscribir, cuando llegue al punto donde está, tendré el gusto de avisarle á los interesados, para que asistan á la operación que practicaré con ese objeto”. El Gobernador le manifestó al Presidente Municipal “que el Señor Rodríguez hizo con el Supremo Gobierno el contrato de medir la zona á que se refiere la ley n° 65 de 30 de Julio de 1888, siendo por consiguiente á él á quién debe el señor Rodríguez hacer la entrega de tal trabajo, por medio de la persona que comisione al efecto”, y en su criterio agregó “que si los municipios tienen que intervenir en el asunto, no solo con los de esta provincia, sino también los de San José y Alajuela, por encontrarse dicha zona dentro de las tres provincias”. El 19 de setiembre la Municipalidad de Heredia se abstuvo de hacer el nombramiento relacionado. ([28]) Para entonces ese gobernador estimaba erróneamente que la Zona Inalienable comprendía parte de Alajuela, apreciación desvirtuada por lo indicado antes y por lo que se expondrá.
El 5 de diciembre de 1898 la Municipalidad de Heredia comisionó al Agente Fiscal para averiguar si un título supletorio de terrenos en “La Concordia” eran los mismos que el Municipio había vendido al solicitante de la escritura de los lotes municipales Nos. 63ª, 63b y 82 de Vara Blanca. El 20 de setiembre de 1899, como el interesado había pagado el precio de los lotes que le vendió hacía algún tiempo, acordó comisionar al Gobernador para que otorgara la escritura. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17496, f. 211-212, 373-374).
El 19 de mayo de 1899 el Gobernador de Heredia informó al Presidente Municipal sobre un título supletorio sobre un terreno de 17 hectáreas 47 áreas y 24 centiáreas, de uno de los lotes municipales en el “El Gallito” que no se había vendido porque se aguardaba el resultado de la medida que estaba haciendo Moisés Rodríguez para saber cuáles podían venderse y cuáles quedaban dentro de la zona que no debía enajenarse según la ley, para que si lo creía conveniente comisionara al Agente Fiscal para oponerse al título por ser ilegal. El 20 de ese mes la Municipalidad de Heredia acogió lo propuesta del Gobernador. El acuerdo fue comunicado al Agente Fiscal el 24 de dicho mes. El 6 de junio de 1899 el Agente Fiscal se opuso al trámite. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17496, f. 291, 294-295; Fondo Juzgado Civil de Heredia, signatura 1315, f. 1-6; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-125-4813, f. 82-83).
El 22 de mayo de 1899 el Director de Obras Públicas indicó a don Moisés Rodríguez que debía haber entregado los planos de la medida entre los cerros Zurquí y la Concordia, y que concluyera cuanto antes o avisara. (Archivo Nacional, Fondo Fomento, signatura 560, f. 1, 702, Letras A v-B).
Por oficio No. 23 de 11 de mayo de 1900, el Director de Obras Públicas, en atención a un telegrama del Gobernador de Heredia del día anterior le expuso:
“La falta de cumplimiento de Dn Moisés Rodríguez en su contrato para marcar la zona indenunciable entre los cerros de Zurquí y la Concordia, me obligó á dirigirme al fiador, pues el señor Rodríguez había recibido del Gobierno $3.000°° á buena cuenta del trabajo.- Con el requerimiento hecho al fiador, don Joaquín Calvo Andrade, vecino de Barba, se presentó dicho señor Rodríguez con el plano de la línea divisoria y para plantar los mojones en el terreno solicitó $750°° á que tenía derecho allá en su oportunidad.- El contrato se firmó por $5000°° de los que la mitad $2500°° al contado, que recibió.- Los otros $2500°°, mitad $1250°° al presentar el plano de las líneas divisorias y la otra mitad á la terminación del trabajo; pero necesitando de fondos ocurrio por el adelanto de otros $500°° que se le dieron á cuenta del segundo pago, quedando á su favor $750°°, suma que reclamo ha pocos días al presentar, como he dicho, el plano de las lineas divisorias, dos años y medio después del tiempo estipulado.- Con lo ocurrido, dí cuenta á la Secretaría de Fomento y en contestación recibí la orden de dejar en suspenso ese asunto”.
El Gobernador de Heredia, José Ma. Morales, en oficio No. 405 del 12 de mayo de 1900, transcribió esa comunicación al Presidente de la Municipalidad de Heredia para que conociéndola, si lo tenía a bien, dictara la providencia conveniente sobre el asunto. El 15 de mayo de 1900 la Municipalidad acordó estarse a lo dispuesto por la Secretaría de Fomento. ([29]) Obsérvese que el Director de Obras Públicas de la Secretaría de Fomento, conocedor del contrato suscrito con Moisés Rodríguez Calvo, en su oficio No. 23 de dicho año, refirió a la medida la zona indenunciable entre los cerros de Zurquí y la Concordia, y no identifica ningún caserío o poblado La Concordia, sino el cerro, por tratarse de uno de los extremos de las cima de la montaña conocida con el nombre del volcán Barva. Además reconoció que el plano de las líneas divisorias sí fue entregado por el propio agrimensor a esa Dirección.
Ese plano custodiado por el Archivo Nacional con la signatura No. 14154, indica que fue realizado por Moisés Rodríguez y tiene el título o denominación de: “Zona Inalienable entre los Cerros Zurquí y La Concordia”, ello conforme al decreto del 30 de julio de 1888 y por encargo del Supremo Gobierno. La escala es 1:10000, su material cartulina sobre tela, sus medidas 203x107 centímetros, y procede del Catastro. Además describe los siguientes detalles. Las paralelas norte y sur del cerro Zurquí están trazadas a 2000 m de su cúspide, misma distancia reportan las paralelas norte y sur del cerro Concordia, para un total de 4000 m que comprenden ambas vertientes. Entre el cerro Turruces y el cerro Zurquí dibuja un cerro sin nombre, que conforme a la hoja cartográfica Barva de 1967 es el cerro Caricias. El cerro Turruces se llama Turrú en esa hoja cartográfica. También aparecen los cerros Tibás, Delicias y La Piedra. Entre los cerros Delicias y La Piedra dibuja otro cerro, que de acuerdo con la hoja cartográfica es el cerro Chompipe. Describe un río para cada vertiente del extremo oeste de la Zona Inalienable donde está cerro Concordia de acuerdo con el título de dicho plano. Entre el cerro Concordia y el volcán Barva hay igualmente un río en cada vertiente. Luego, un río largo se une con otro que proviene de siete nacientes en el volcán Barva. Dibuja un río entre el cerro Piedra y el volcán Barva, que de acuerdo con la hoja cartográfica es el Porrosatí, y otro que nace en las faldas del volcán Barva, el cual conforme a la hoja cartográfica corresponde al río Ciruelas. Sobre el cerro Concordia dibuja un río que es el Yurro Seco en la hoja cartográfica. Entre los cursos de los ríos que corresponderían al Yurro Seco y al Ciruelas, dibuja cuatro corrientes sin nombre que, de acuerdo a la citada hoja cartográfica son dos afluentes que pertenecen al río Guararí y dos a la Quebrada Honda.
Entregado el plano de la medida de la Zona Inalienable de la montaña del volcán Barva a la Dirección de Obras Públicas, y suspendidas el resto de obligaciones del contrato con el agrimensor Rodríguez Calvo, incluidas las de amojonamiento que eventualmente hubiere iniciado en la paralela norte, pues en oficio No. 58 de 23 de junio de 1900 la Secretaría de Fomento indicó que el Gobierno no estaba dispuesto a continuar con los trabajos de amojonamiento porque el agrimensor había dejado transcurrir el término fijado. El 25 de junio de 1900 se dio cuenta que don Moisés Rodríguez participaba de lo acordado por el Ministro de Fomento (Archivo Nacional, Fondo Fomento, signaturas 259 y 1357).
No obstante la defensa de los terrenos municipales comprendidos en la Zona Inalienable se vio favorecida con el plano de Moisés Rodríguez pues en los procesos judiciales anteriores se dificultaba acreditar que los terrenos de denuncios o títulos supletorios estaban dentro dicha Zona, sobre todo ante los recursos municipales limitados para el pago de eventualmente costosos peritajes.
El 15 de marzo de 1901 la Municipalidad de Heredia ante un aviso publicado en el Boletín Judicial No. 60 de 13 de ese mes sobre un denuncio de un terreno de 300 Ha, situado a muy corta distancia del centro de San Isidro de Heredia, considerándolo municipal y por estar destinado a la conservación de los bosques y aguas que abastecían a la población de Heredia y parte de la de San José, pudiendo además estar dentro de la Zona Inalienable del Decreto 65 de 1888, dispuso que se trajera a la vista el plano que el agrimensor Rodríguez Calvo había levantado por orden del Supremo Gobierno y que debía existir en la Dirección General de Obras Públicas. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17497, f. 206-208). Como veremos más adelante, ese plano también fue utilizado en 1903 por el Ing. Manuel Benavides Rodríguez para amojonar o demarcar con mojones de piedra la paralela sur de la Zona Inalienable.
El 20 de abril de 1901 ante el Juzgado Civil de Heredia se solicitó título supletorio de un terreno con 69 Ha situado en “El Gallito” de Los Ángeles de San Rafael de Heredia. El 22 de mayo de ese año la Municipalidad de Heredia se opuso indicando que el Supremo Gobierno se lo había adjudicado. Sin embargo, el 21 de octubre de 1901 estimando esa Municipalidad que el título de propiedad de los terrenos “El Gallito” otorgado por el Supremo Gobierno en 1856 tenía defectos, autorizó al Gobernador a gestionar ante el Juez Civil la información supletoria de posesión para inscribirlos en el Registro de la Propiedad. El 1 de febrero de 1902 pidió informe al Gobernador acerca del estado del título supletorio que le había comisionado levantar. El 10 de julio de 1902, la Gobernación de Heredia avisó a los que hubieren tomado lotes de los terrenos de El Gallito que por acuerdo municipal del 21 de octubre de 1901, dentro de 30 días a partir de esa publicación, debían comparecer a satisfacer lo que adeudaban por el valor de los lotes y aceptar la escritura correspondiente, bajo el apercibimiento de perder sus derechos si no cumplían la prevención dentro del plazo dicho, o si dentro del mismo no presentaban sus reclamos respectivos. El 12 de agosto de 1902 la Gobernación informó al Presidente Municipal que ese día vencían los 30 días concedidos a los poseedores de los terrenos del Gallito y Vara Blanca para que hicieran sus reclamos para adquirirlos en propiedad. Agregó que esos terrenos como ejidos les eran aplicables las leyes de 3 de enero de 1849 y 28 de enero de 1859, pero que encontrándose parte considerable de los mismos dentro de los dos kilómetros a uno y otro lado de la cima de la “Montaña del Volcán de Barba” esa parte era inalienable conforme al decreto 65 de 30 de Julio de 1888, y que no habiéndose conservado las montañas en muchos de los lotes poseídos en esa parte debían mandarse replantar los árboles y alejar de ellos a los actuales poseedores. En esa oportunidad acompañó los planos, matrícula, expedientes y reclamos para que el Municipio pudiera ejecutar lo dispuesto en los artículos 5, 7, 11 y 12 de la primera ley citada. ([30]) El 18 de agosto de 1902 la Municipalidad de Heredia, ante reclamos sobre los terrenos del Gallito, comisionó a José Francisco Fonseca y Juan Rafael González para que informaran al respecto. El 13 de octubre de ese año indicaron que el agrimensor Moisés Rodríguez, a quien se le había encomendado el deslinde de los dos kilómetros a uno y otro lado de la cordillera de Barva, les manifestó que el plano que presentó a la Dirección de Obras Públicas no marcaba qué terrenos se encontraban comprendidos en esa zona, pues su trabajo tenía por objeto la conservación de las aguas que tenían su origen en esa cordillera y abastecían las poblaciones, y por encontrar que hasta la cima de la montaña se había practicado un desmonte completo, no creyó de necesidad hacer el deslinde dicho. Ante ello, los señores José Francisco Fonseca y Juan Rafael González se dirigieron a la Dirección de Obras Públicas para examinar dicho plano y vieron que consistía en la demarcación del eje de la Cordillera desde el cerro “Zurquí” hasta la “Concordia” y el trazo de una zona de dos kilómetros a uno y otro lado, con anotación de los rumbos respectivos, pero efectivamente no indicaba los nombres de los propietarios de los terrenos en cuestión, y que del informe del señor Rodríguez se deducía que muchos de los terrenos de la consulta estaban comprendidos en la Zona Inalienable, pues el señor Rodríguez había manifestado que la cordillera estaba desmontada hasta la cima y lo natural era suponer que el desmonte lo habían practicado personas que se creían con derecho a esos terrenos. Ante lo cual plantearon dos soluciones. La primera, adjudicar los inmuebles expresando en la escritura que quedaba a salvo la zona de dos kilómetros a uno y otro lado de la cordillera, advirtiéndoles a los adjudicatarios que si el terreno se encontraba totalmente en la Zona Inalienable se tendría por nula la adjudicación, obligándolos así a practicar individualmente la medida de los dos kilómetros, y si con esa advertencia seguían cultivando en dicha zona, a más de ser despojados, quedarían incursos en las penas indicadas en el capítulo IV título XVI del Código Fiscal. Como segunda medida propusieron colocar mojones en la línea que marca los dos kilómetros aludidos, y que el agrimensor que lo hiciera con vista de los planos levantados anteriormente, en cualquiera de las dos soluciones, les parecía de absoluta necesidad nombrar un guardabosque para evitar los desmontes y hacer efectiva la replantación de los terrenos ya desmontados. El 22 de octubre el Municipio expresó no estar satisfecho con el estudio de los títulos y documentos sobre los terrenos del Gallito. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signaturas 17498, f. 131, 134; 17499, p. 31, 38. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-126-4843, f. 1-2).
Recapitulando tenemos que el Geómetra Moisés Rodríguez Calvo elaboró el plano de la Zona Inalienable de la cima de las montañas del volcán Barva entre los cerros Zurquí y Concordia y lo entregó a la Dirección de Obras Públicas, como lo reconoció su Director el 11 de mayo de 1900. El propio Moisés Rodríguez también así lo indicó a dos comisionados de la Municipalidad de Heredia entre el 18 de agosto y el 13 de octubre de 1902, quienes efectivamente lo consultaron en la Dirección de Obras Públicas y lo describieron en un informe rendido a ese Municipio.
IV.- El 6 de enero de 1903 el Gobernador de Heredia le indicó al Presidente Municipal que el avance de los desmontes hacia la cima de la montaña del volcán de Barva provocaba la disminución de las aguas de los arroyos y manantiales que abastecían la Provincia, y para prevenir ese grave mal la Ley No. 65 de 30 de julio de 1888 había declarado inalienable una zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de esa cima desde el cerro Zurquí hasta el conocido con el nombre de Concordia, por lo que urgía su demarcación y el establecimiento de un guardabosque para impedir los desmontes y obligar a los dueños dentro de esa Zona a dejarla enmontañarse. El 12 de enero la Municipalidad de Heredia ante los desmontes en la zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la montaña del “Volcán de Barba” prevista en la Ley 65 de 1888, y el perjuicio por la disminución de las aguas que abastecían a su población, y en vista de que el Geómetra Moisés Rodríguez había levantado su plano, suplicó al Gobierno completar la demarcatoria con mojones estables para que el Ayuntamiento pudiera vigilar y conservar sus bosques. Ante esa solicitud para la demarcatoria estable de la zona de dos kilómetros a uno y otro lado del volcán de Barva de la Ley de 30 de julio de 1888, considerando la necesidad de conservar el arbolado del paraje en donde brotan los arroyos y manantiales que surtían de agua a la provincia de Heredia y una parte de la de Alajuela, el Presidente de la República por resolución suprema No. 17 del 15 de enero de 1903 acordó que la demarcación se hiciera por cuenta del Tesoro Público, imputándose su valor a los gastos de la Cartera de Gobernación. El 22 de enero el Gobernador de Heredia indicó que para realizarla estimaba competente al Ing. Manuel Benavides. ([31]) El 31 de enero de 1903 la Secretaría de Fomento solicitó a la Sección de Obras Públicas que para hacer la demarcatoria de la zona de dos kilómetros a uno y otro lado del volcán Barva formulara un proyecto de contrato con el Ing. Manuel Benavides teniendo a la vista los planos e informe del Lic. Moisés Rodríguez sobre la cumbre de esa montaña (Archivo Nacional, Fondo Fomento, signatura 1454, f. 308). El mes siguiente el Jefe de la Sección de Obras Públicas celebró el contrato con el Ing. Manuel Benavides Rodríguez para el trazado de la paralela sur de las montañas de Barva, entre el cerro Zurquí y la Concordia en la jurisdicción de Heredia. Para ese propósito el Ing. Manuel Benavides examinó detenidamente el plano que marca la cumbre de las montañas de Barva realizado por el Lic. Moisés Rodríguez, y aceptó trazar la paralela al sur de la Zona Inalienable a dos kilómetros de la cumbre indicando los materiales para su amojonamiento:
“1°- La Sección de Obras Públicas acepta la proposición del Señor Benavides que á la letra dice así: Señor Ministro: “He examinado detenidamente el plano que marca la cumbre de las montañas de Barba, trabajo del Licdo Don Moises Rodriguez. El trazado de la paralela al Sur de dichas montañas es largo y laborioso. La distancia del “Cerro Zurquí” á la Concordia (puntos extremos de la zona inalienable) siguiendo la paralela á dos kilometros de la cumbre es de 18.925 metros. A esto hay que agregar la distancia de cinco coordinales ó sean 10.000 metros mas; lo que forma un total de 28.925 metros. Salvo algunas partes sin montes hay que abrir un carril en toda esa distancia; y dejar un carril por los menos de dos metros de ancho a toda la longitud de la zona. Se necesita arreglar, llevar y colocar 24 postes de piedra para marcar los puntos mas importantes de dicho trazado. He calculado todo con economia y resulta un gasto que junto con mis honorarios alcanza á ¢1074.60. A pesar de este calculo pido en números redondos mil colones. En el calculo no va incluido el plano de los terrenos particulares que puede abarcar la zona inalienable pues creo que esto corresponde á la Municipalidad de Heredia si hay interes en ello.” 2°- El trabajo debe ser ejecutado correctamente; y á ese efecto Benavides hará todas las operaciones necesarias para llenar la prescripción de la ley de 30 de julio de 1888: en otras palabras, la Sección de Obras Públicas no responde la exactitud de las medidas anteriores de la cresta de la cordillera entre La Concordia y Zurquí.
3°- La Sección de Obras Públicas se reserva el derecho de verificar los trabajos del Señor Benavides.
4°- La Sección de Obras Públicas reconocerá á Benavides por su trabajo el valor de ¢1150 comprometiendose este á que los 24 postes de piedra á que se refiere la proposición deberán ser paralelipípedos rectangulares de 1 metro de altura por 25 centímetros de arista fuera del entierro que no será menor de cincuenta centímetros.
5°- El valor de ¢1150 oo colones se pagará así: ¢300 al principiar los trabajos y el resto de ¢850 concluido que sea y recibido á satisfacción del Gobierno.
6°- Cualquier cuestión que se suscite en virtud de este contrato, será resuelta por el Señor Secretario de Fomento cuyo fallo será inapelable.
7°- Este contrato necesita para su validez la aprobación de la Secretaría de Fomento. San José 5 de febrero de 1903. f.) A. González. f.) Manuel Benavides. San José á los veinticuatro días del mes de Febrero de mil novecientos tres. A González.” ([32]) (Archivo Nacional, Fondo Fomento, signaturas 1454, f. 318; y 2051, f. 34 derecha-35 izquierda).
En febrero se le pagaron a don Manuel Benavides los primeros $300, en marzo un segundo abono también de $300. El 18 de abril la Secretaría de Fomento solicitó al Jefe Sección de Obras Públicas informar si dicho Ingeniero había dado fiel cumplimiento al contrato para el trazado de la Zona Inalienable al lado sur de las Montañas de Barva y si procedía el pago del saldo. El reporte debió ser positivo, porque entre el 15 y el 22 de mayo de 1903 la Sección de Obras Públicas reportó en su informe de labores el Trazado de la Zona Inalienable y los montos de $550. $47.95. $597.95, este último comprendió el saldo del valor de la medida y amojonamiento de dicha Zona, que según contrato ascendió a ¢597.95 incluyendo el valor de postes para mojones. El 17 de junio de 1903 el Congreso aprobó los acuerdos y antecedentes contenidos en la Memoria de Fomento. El 24 de agosto 1903 la Municipalidad de Heredia señaló que ya se había practicado la demarcatoria de la Zona Inalienable de dos kilómetros por el lado sur. ([33]) Poco antes, el 2 de marzo de 1903 la Municipalidad de Heredia teniendo noticia que dentro la Zona Inalienable se hacían desmontes y quemas, y que los nacimientos de los ríos Tibases y de la Bermúdez estaban despoblados, llamó la atención del Gobernador para que a la brevedad dictara las medidas que evitaran los abusos. El 24 de ese mes, recibiendo noticia de que dentro de la misma Zona, en el punto “Caricia”, se pretendía inscribir terrenos, suplicó al Gobierno evitarlo al igual que otros con igual propósito dentro de los límites de la Zona Inalienable de propiedad nacional por ley especial. ([34]) El 20 de abril de 1903 el mismo Municipio ante la escasez de las aguas y previa inspección desde los estanques hasta su nacimiento en las montañas del Gallito, donde se apreció la tala de montes en los manantiales, y siendo urgente corregir esa mal, acordó construir una atarjea de cal y canto en los Pedregales para impedir la infiltración del agua en ese lugar y obtener del Supremo Gobierno un subsidio para invertirlo en la traída de nuevas aguas y la reparación del cauce general hasta los estanques de la ciudad, así como levantar el detalle de los vecinos y propietarios beneficiados para llevar a cabo la obra. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17500, f. 54-60. La Gaceta No. 130 de 7 de junio de 1903, p. 562-563).
El 27 de julio de 1903 dicha Municipalidad teniendo informes de que en los terrenos municipales del “El Gallito” algunos individuos hacían desmontes sin tener propiedad en ellos, destruyendo árboles cercanos al río de Las Vueltas, lo puso en conocimiento del Gobernador para que dictara medidas que impidieran esos abusos y los castigara con el rigor de ley. El 24 de agosto además de reconocer que se había demarcado la Zona Inalienable por el lado sur, estimó conveniente amojonarla por el lado norte del “Gallito”. El 4 de octubre el Ministro de Fomento respondió que tan pronto como fuera posible se dispondría lo conducente. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17501, f. 31, 35-36, 62-63. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-126-4833, f. 6).
Luego del amojonamiento de la paralela sur de la Zona Inalienable hecho por el Ing. Manuel Benavides en la estación seca de 1903, las solicitudes sobre los terrenos municipales ubicados dentro de la montaña del volcán Barba o cercanos a la misma se intensificaron. El 5 de octubre de 1903 un vecino de la ciudad de Heredia indicó que junto con otros habían solicitado terrenos en el “Gallito” de San Rafael de Heredia, decisión aplazada por el Municipio a la espera de los datos necesarios sobre los mismos, y por no tener respuesta reiteraba el pedido haciendo ver que los inmuebles que eligieran estarían fuera de los dos kilómetros indenunciables y no comprenderían aquéllos donde había nacimientos de las aguas que abastecían o podían abastecer a la ciudad o la provincia. La Municipalidad acordó no enajenar esos terrenos por ahora. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17501, f. 98-100. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-126-4833, f. 1-3).
El 19 de abril de 1904 la Municipalidad de Heredia conoció de otra propuesta donde se le ofrecía la venta de 51 manzanas de bosque comprendidas en los dos kilómetros de la Zona Inalienable y del cual salían las aguas que abastecían a la ciudad de Heredia. El Municipio comisionó al Gobernador para que adquiriera más detalles sobre su precio y condiciones. El 28 de noviembre, con base en el informe del Gobernador, por considerar que era de absoluta necesidad la conservación de los bosques en los terrenos donde tenían origen las aguas que abastecían a la mayor parte de esa provincia, acordó recuperarlo si el interesado acreditaba el documento o documentos donde constara que el Municipio había vendido el terreno y se había satisfecho su valor, en cuyo caso se procedería a un arreglo para adquirirlo, de lo contrario, se procedería por los medios legales a reivindicarlo por formar parte de las tierras que el pertenecían en propiedad con título inscrito. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17502, f. 64, 70, 212-213, 264-265).
El 29 agosto de 1904 la mismo Municipio tuvo conocimiento de que el Ing. Manuel Benavides había terminado los estudios sobre el deslinde entre San Isidro de Heredia y la provincia de San José, y para practicarlo restaba saber si los encargados de las Municipalidades de San José y de Santo Domingo estaban listos. Ante ello se comunicó lo expuesto por el Ingeniero a dichos municipios. El 3 de octubre la Municipalidad de Heredia conoció el comunicado del Jefe Político de Santo Domingo avisando que el Ministro de Gobernación había ordenado a la Dirección de Obras Públicas que designara el ingeniero de ese cantón para el asunto del deslinde, y otro del Gobernador de San José avisando que el Agrimensor Alberto Navarro, nombrado por la Municipalidad de San José, estaba listo para proceder al deslinde entre Santo Domingo y San Jerónimo de San José. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17502, f. 192-193, 212-213).
Sobre este tema cabe tomar nota que la Ley No. 40 de 13 de julio de 1905, numeral 1°, creó el cantón de San Isidro de Heredia, con los distritos San José y La Concepción. (Colección de Leyes y Decretos, Año 1905, Semestre II, p. 41-42).
Por su parte, la Ley No. 17 de 15 de noviembre de 1910 erigió el cantón de Coronado, perteneciendo a éste el barrio de San Jerónimo, y señaló como límites:
“Del “Mojón de Piedra del Cerro Zurquí”, una línea recta imaginaria que va hasta la margen derecha del río “La Patria”, en donde se encuentra un mojón; desde éste, otra línea va á rematar á la carretera de Carrillo en donde se encuentra otro mojón; se continúa luego por el río Sucio, aguas arriba, hasta el mojón colocado en la ribera izquierda del mismo río, mojón del cual parte otra línea recta imaginaria, hasta el denominado mojón “Cabeza de Vaca”, del cual prosigue por la ribera izquierda del río Chiquillo hasta el mojón colocado en la margen derecha de éste, se une por una recta con el colocado en el nacimiento del río Ipís, por el cual se continúa hasta el puente de la carretera sobre el mismo río. De ésta se sigue por la carretera de Carrillo hasta el puente del río Macho, del cual se desprende otra línea que va á morir en el “mojón de piedra del Alto de San Jerónimo”, continuándose después por la margen derecha del río Pará hasta el “Mojón de Piedra de San Luis” del cual parte la última línea que une este mojón con el “Mojón de Piedra del Cerro Zurquí” (Colección de Leyes y Decretos, Año 1910, Semestre II, p. 703-706).
La Ley No. 55 de 1° de abril de 1914, creó el cantón de Moravia asignándole, entre otros, el distrito de San Jerónimo, y tuvo como parte de sus límites el río Virilla y el límite provincial entre Heredia y San José. (Colección de Leyes y Decretos, Año 1914, Segundo II, p. 113-114).
La Ley No. 7894 del 8 de julio de 1999, artículo 3, estableció como parte de los límites del cantón de San Isidro de Heredia los siguientes: con el cantón de Heredia: “La cima de la cordillera Central, desde el cerro de 2.139 m de altitud, ubicado en coordenadas 227350N-531450E, pasando por el cerro Turú y el cerro Caricias hasta el cerro Zurquí”, y con el cantón de Moravia: “Del cerro Zurquí 1.150 m al Sureste, hasta el mojón de Cooper, luego unos 150 m al Este franco, hasta una de las cabeceras del río Pará Blanco, aguas abajo, primero por el río Pará Blanco y luego por el río Pará Grande, hasta la intersección de este último con la coordenada geodésica 533810E”. (Alcance No. 52 a La Gaceta No. 144 de 26 de julio de 1999).
Así el cerro Zurquí sirve de límite provincial entre Heredia y San José, como se aprecia en la hoja cartográfica Barva del Instituto Geográfico Nacional, edición de 1967, y por ende, también entre el cantón central de Heredia, el cantón de San Isidro de Heredia y el de San Jerónimo de Moravia. A partir del cerro Zurquí la recta imaginaria limítrofe provincial corre en dirección norte franco hasta el río Patria con un recorrido aproximado de 3 km. Conforme a la sobreposición del plano 14154 de la Zona Inalienable entre los cerros Zurquí y Concordia, una pequeña porción de los 2 km de la paralela norte quedó comprendida entre la línea limítrofe provincial y el cerro Hondura, y por ende dentro de la jurisdicción del distrito actualmente de San Jerónimo de Moravia, habiendo entre la línea limítrofe provincial y el derrotero 2 del plano 14154, partiendo su conteo del cerro Zurquí, aproximadamente 550 m.
Por ello no causa asombro que en 1894 la Municipalidad de Heredia estuviera pendiente de los límites entre Heredia y San José a fin de dar efectiva custodia a los terrenos de la Zona Inalienable comprendidos dentro de su jurisdicción (Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-137-5284, f. 94-95).
El amojonamiento de la paralela sur de la Zona Inalienable de la montaña del volcán Barva realizado por el Ing. Manuel Benavides permitió verificar si los desmontes estaban dentro de esa Zona, y también dio margen para que el Agente Fiscal de Heredia defendiera y reclamara en la sede judicial la restitución de terrenos municipales en ella comprendidos.
El 11 de abril de 1904 la Municipalidad de Heredia en su sesión ordinaria No. XVIII, con asistencia, entre otros, del regidor Ingeniero Manuel Benavides y del Gobernador de la Provincia, teniendo informes de que en el cerro “Caricias” se estaban haciendo grandes desmontes, suplicó al Gobernador que a la mayor brevedad procediera con energía contra las personas que los hacían y contra todas las que desmontaran en la línea inalienable debidamente marcada (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17502, f. 59-60).
El 22 de abril de 1904 ante la Alcaldía de Santa Bárbara se presentó denuncia por desmontes dentro de la zona donde es prohibido en la Montaña del Inglés en Santa Bárbara de Heredia. Los desmontes habían sido hechos dentro de las 50 varas de la Quebrada Dantas, y dentro de los mojones puestos últimamente en la medida para ponerles límite. El Alcalde de Santa Bárbara preguntó a uno de los testigos si el desmonte estaba dentro esos mojones. El 31 mayo de 1904, el Agente Fiscal solicitó el reconocimiento de los lugares por peritos que determinaran si los desmontes estaban dentro de la zona declarada inalienable, cuya línea estaba demarcada por mojones de piedra. El 15 de junio de 1904 se ordenó la pericia para determinar si los “desmontes están comprendidos dentro del perímetro inalienable ó sea dentro de los mojones últimamente colocados (del cerro) digo: por el Ingeniero don Manuel Benavides”. El 28 de junio de 1904, los peritos Julián Alfaro y Benjamín Bonilla informaron que a 400 m de la Quebrada Dantas había un desmonte y otro a 500 m, ambos hechos por donde pasó el fuego. Agregaron que esos “desmontes están dentro de los mojones de la Zona Inalienable”. (Archivo Nacional, Fondo Alcaldía de Santa Bárbara, signatura 148, f. 8-10).
También ante un título supletorio presentado en la Alcaldía de San Rafael de Heredia sobre un terreno de montaña en la “Breña de Mora”, el representante de la Municipalidad de San Rafael de Heredia formuló oposición porque el Municipio era dueño del terreno y estaba dentro de la Zona Inalienable. El 22 de agosto de 1904 la parte demandada contestó afirmativamente la acción salvo en las costas. El 26 de ese mes el Juzgado Civil de Heredia declaró con lugar la demanda municipal. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Civil de Heredia, signatura 3099, f. 1-24 v. Boletín Judicial No. 90 de 21 de abril de 1904, p. 358).
Por su parte, la Municipalidad de Heredia el 20 de noviembre de 1905, con base en un informe del Gobernador sobre un lote situado en “El Gallito”, comprendido totalmente dentro de la Zona Inalienable, dispuso que no podía otorgarse la escritura, y que debía comunicarse así al solicitante con la advertencia de que los terrenos de esa Zona no podían desmontarse y su posesión era ilegal. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17503, f. 175, 178). En otro caso, el 21 de enero de 1907, la misma Municipalidad ante una información posesoria presentada en la Alcaldía de San Rafael de Heredia para inscribir otro terreno también situado en el “Gallito”, distrito de Los Ángeles, dentro de la Zona Inalienable, y por ser terrenos municipales comisionó al Agente Fiscal para oponerse. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17505, f. 23, 26).
El 3 de enero de 1910 la Municipalidad de San Rafael de Heredia a raíz de un denuncio y estimando conveniente oponerse por estar los terrenos comprendidos en la Zona Inalienable, comisionó al Agente Fiscal de Heredia para las gestiones del caso ante el Juez de lo Contencioso Administrativo. El 10 de junio siguiente, la Municipalidad de Heredia, atendiendo solicitud de la Municipalidad de San Rafael del 1° de junio sobre la oposición al título supletorio de la finca localizada en “El Gallito”, comprendida dentro de la Zona Inalienable, igualmente solicitó al Agente Fiscal hacer las gestiones del caso conforme a la ley. El 2 de octubre de 1910 la Municipalidad de San Rafael, a raíz de dos comunicaciones del Gobernador de Heredia dirigidas al Jefe Político de San Rafael ordenándole levantar un censo de fincas en la Zona Inalienable e indicándole que solicitara al Municipio el auxilio pecuniario necesario, considerando como fin la conservación de las aguas, autorizó al Jefe Político a nombrar una comisión de dos o tres conocedores del asunto y asignarles de los fondos comunes dos colones de sueldo diario a cada uno por el tiempo que emplearen, concretándose únicamente a esa jurisdicción y dejando copia del informe con el resultado para el archivo municipal. ([35]) El 16 de agosto de 1910, ante información posesoria tramitada en la Alcaldía de San Rafael de Heredia sobre un terreno situado en el paraje “El Gallito”, el Fiscal presentó demanda ante el Juzgado Civil de Heredia porque el inmueble estaba dentro de la Zona Inalienable de la Ley de 30 de julio de 1888, dictada para la conservación de las montañas donde tienen origen los arroyos y manantiales que abastecían de agua a Heredia, por lo que en representación de la Municipalidad de Heredia y a instancia de la de San Rafael, solicitó declarar que no había derecho a reducirlo a dominio particular. El 20 de julio de 1911 durante la recepción de prueba el Fiscal repreguntó al testigo “para que diga si sabe que esa finca á que alude anteriormente está comprendida dentro de una extensión de terreno inalienable que fue deslindada por el ingeniero don Manuel Benavides cuya extensión comprende dos kilómetros de ancho partiendo de la cima de la montaña de Barba, desde el “Cerro Zurquí” hasta el cerro de Concordia”. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Civil de Heredia, signatura 3452, f. 1-2, 4-5, 8-9, 92 f-v, 98).
El 31 de agosto de 1911 la Municipalidad de Heredia resolvió que como la propiedad “El Gallito” estaba titulada e inscrita a su nombre en el Registro, y como una finca que se pretendía inscribir estaba dentro de ella, exhortó al Agente Fiscal a entablar nueva demanda acumulable a la establecida, para que se declarara que el título supletorio levantado ante el Alcalde de San Rafael era nulo por estar el inmueble dentro de esa propiedad municipal, debiendo restituírsele junto con el pago los daños y perjuicios, entre los cuales se incluían los desmontes hechos a orillas de los manantiales, inclusive los practicados dentro de la Zona Inalienable de acuerdo con la Ley de 30 de Julio de 1888. El 16 de setiembre de 1911 el Fiscal presentó otra demanda indicando que la finca “El Gallito” era propiedad inscrita a nombre de la Municipalidad de Heredia, número 21828, tomo 609, folio 400, asiento 1, y solicitó la nulidad del título supletorio levantado en la Alcaldía de San Rafael por estar inscrito a nombre de su mandante, debiendo restituírsele el inmueble junto con el pago de los daños y perjuicios ocasionados, entre ellos, los provenientes de los desmontes hechos a orillas de los manantiales, e inclusive los practicados dentro de la Zona Inalienable prevista en la Ley de 30 de julio de 1888. La resolución de 8 hrs. del 18 de setiembre de 1911 acumuló esta acción a una planteada con anterioridad. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17509, f. 107-108; Fondo Juzgado Civil de Heredia, signatura 3453, f. 1-11).
El 19 de abril de 1912 la Municipalidad de Heredia autorizó al Fiscal para entrar en arreglos con el Albacea de la Sucesión sobre los terrenos situados en “El Gallito” que estaban comprendidos en la Zona Inalienable. El 26 de abril de ese año, el Municipio aceptó el contrato de transacción del 20 de ese mes, suscrito entre el Fiscal y el Albacea, donde se acordó otorgar la escritura pública del terreno de pastos y montes situado en “El Gallito” relativo al título levantado ante el Alcalde de San Rafael, comprometiéndose el Albacea a nombre de la Sucesión a conservar la montaña existente sobre los arroyos y ríos que transcurrían por el terreno que se trataba de inscribir, y a no desmontar los nacimientos y márgenes de los ríos cincuenta varas a uno y otro lado, además de pagar a la Tesorería Municipal como canon por hectárea diez colones, más las costas procesales y personales de ambos juicios, así como los gastos de escritura y demás que se ocasionaran para obtener la propiedad del terreno situado en el punto denominado “El Gallito” jurisdicción de San Rafael de Heredia, conformada por los lotes 6 y 9 que marcaba “El Croquis” levantado por don Luis Chamier de los terrenos de “El Gallito”, y lo aprobó con la modificación de que la escritura pública se otorgaría advirtiendo que la extensión que resultare dentro de la Zona Inalienable no entraría en la compraventa y se rebajaría al interesado en la proporción de diez colones por hectárea. Además, autorizó al Fiscal para pedir la terminación de los juicios, y recoger los documentos pertenecientes a los archivos de la Municipalidad y la Gobernación. El 27 de abril de 1912, el Fiscal y el albacea de la Sucesión demandada, en virtud de la transacción acordada, pidieron al Juzgado dar por terminados los juicios, archivarlos, y devolver a la Municipalidad actora todos los documentos presentados. Ese día el Despacho en virtud de arreglo celebrado dio por terminados los juicios e hizo entrega de los documentos presentados. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17510, f. 67-68, 71-73; Fondo Juzgado Civil de Heredia, signatura 3453, f. 32).
El 1 de octubre de 1910 la Municipalidad de San Isidro de Heredia comisionó al Lic. Ricardo Coto Fernández para que averiguara si del lago de los Leones al cerro de Zurquí estaba comprendida la Zona Inalienable. La misma Municipalidad, probablemente por desconocimiento, el 15 de noviembre de 1910 solicitó al Poder Ejecutivo que por medio de la Dirección de Obras Públicas se demarcara materialmente la línea de la Zona Inalienable de 2 km de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña llamada del volcán de Barva a fin de impedir los desmontes. El 6 de diciembre de 1910, la Secretaría de Gobernación comunicó al Promotor Fiscal el oficio del 2 de ese mes donde el Gobernador de Heredia informó sobre el acuerdo municipal que apoyó la solicitud de San Isidro, pues tendía a evitar los daños que se originarían con la ocupación de esos terrenos, requiriendo además el desalojo de los particulares que se hubieren apropiado en esa Zona. El 12 de diciembre el Promotor Fiscal informó que como la Ley 65 de 1888 decretó inalienable la zona de 2 km de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña del volcán de Barva, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, el Ministerio Público se había opuesto a los denuncios que al sentir de las municipios estaban comprendidos en esa Zona, pero no tenía datos suficientes para saber si los interesados habían sido autorizados para entrar en posesión de lotes en ese punto y conocer si los desmontes se hacían al amparo de la ley. ([36]) El 15 de mayo de 1911 también Municipalidad de San Isidro con base en la Ley 65 de 1888, creyendo urgente y necesario efectuar el deslinde de la Zona Inalienable, acordó excitar al Concejo de Santo Domingo de Heredia a que tomara decisión para llevar a cabo esa medida sufragando por partes iguales los gastos que el trabajo demandara. El mismo Municipio, el 4 de setiembre de 1911, ante un denuncio presentado en el Juzgado Contencioso Administrativo sobre un terreno de montaña situado en la falda occidental del cerro Zurquí, estimando que estaba comprendido en la Zona Inalienable prevista en la Ley de 30 de julio de 1888, y no debía desmontarse pues disminuiría el caudal de aguas del brazo del río Pará que nacía en jurisdicción de Heredia, abastecía a la población de Santo Domingo, y corría al pie de la aludida falda del Cerro Zurquí, lo puso en conocimiento del Ministro de Gobernación para que el Promotor Fiscal se opusiera o pidiera la nulidad del denuncio porque el terreno no podía reducirse a propiedad privada de acuerdo con esa Ley. El 7 de setiembre de 1911 el Jefe Político de San Isidro informó haber inspeccionado el terreno en las faldas del Cerro Zurquí y notó desmontes de poca consideración por lo que le prohibió al particular proseguir y le ordenó resembrar, y que el 4 de ese mes lo había inspeccionado nuevamente encontrando talados de árboles, un poco desmontado y nada resembrado, por lo que procedió a impedir ese trabajo y a levantar una información que se estaba tramitando para imponer el castigo de ley. El 12 de setiembre de 1911, el Promotor Fiscal informó al Secretario de Gobernación que había formulado oposición al denuncio, y esperaba de las Municipalidades interesadas las pruebas para justificar que el terreno estaba dentro de la zona indenunciable. ([37]) Como el amojonamiento de la paralela sur de la Zona Inalienable ya lo había realizado el Ing. Manuel Benavides, la Municipalidad de San Isidro lo propuso como testigo. El 21 de setiembre de 1911, así lo informó el Jefe Político al Ministro de Gobernación, suministrando con igual propósito los nombres de seis declarantes más vecinos de San José de San Isidro y San Luis de Santo Domingo. El 25 de setiembre 1911, el Juez Primero de lo Contencioso Administrativo dirigió exhorto al Juez Civil de Heredia, con el legajo de pruebas del Promotor Fiscal propuestas en su oposición al denuncio, donde ofreció a Manuel Benavides Rodríguez, vecino de Heredia, para que declarara: “Si es cierto que el terreno…en estos autos, está comprendido en la zona inalienable”. El 28 de setiembre el Juzgado Civil de Heredia señaló las 9 de la mañana del 30 de ese mes para recibir su testimonio. Ese día se presentó don Manuel Benavides Rodríguez, mayor, viudo, ingeniero, vecino de Heredia, e impuesto de las penas del perjurio en lo civil y juramentado, examinado sobre la pregunta inserta en el exhorto contestó: “…que es cierto lo que se le pregunta y le consta por el conocimiento personal que tiene de los terrenos en referencia por haber trazado el límite de la zona inalienable por el rumbo sur; que tanto el terreno denunciado…como otros adyacentes se encuentran en la referida zona. Leída que fue por el testigo su declaración la aprobó y firma”. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 3421, f. 150; Fondo Judicial, signatura 1463, f. 21-22 f-v).
Las acciones de los gobiernos municipales no sólo se ejercieron en contra de los trámites de inscripción de terrenos comprendidos en la Zona Inalienable, sino también para recuperar aquéllos ya inscritos a nombre de particulares, con el fin de destinarlos a la conservación de los manantiales repoblándolos de bosques. En ese sentido, el 16 de enero de 1905 la Municipalidad de Heredia a fin de obtener los títulos de propiedad de lotes expropiados para amparo de los manantiales de agua que proveían esa localidad nombró como Apoderado General al señor Moisés Rodríguez Calvo, quien aceptó el cargo el 1° de febrero siguiente. (Archivo Municipal de Heredia, signatura SCM-126-4836, f. 6-9).
El 13 de agosto de 1906 el señor Samuel Uribe, representante de don Ricardo Güell, expuso que no existía plano de la finca ofrecida en venta al Municipio y de interés por nacer en ella las aguas del Porro o Porrosatí aprovechadas para la cañería de la ciudad de Heredia, que debía poblarse de árboles para evitar la disminución del caudal de las aguas, y su cliente, frente a varias opciones de compra, aceptaba que fuera previamente valorada por peritos idóneos de nombramiento municipal y en tanto se le garantiza el pago de la suma fijada con base en la medida registral. La Municipalidad acordó tratar el asunto en las sesiones extraordinarias del 15 y 18 de ese mes. El 20 de agosto de 1906 conoció la copia de un plano presentada por don Samuel Uribe, quien afirmó pertenecía a la finca donde estaban los manantiales protegidos por ley con 50 m a su alrededor. Propuso hacer un nuevo plano y practicar el deslinde respecto a los terrenos municipales, costeando los gastos partes iguales, y que de encontrarse las fuentes dentro de la propiedad municipal no se le comprara el inmueble a su cliente, caso contrario sí. El Municipio autorizó al Gobernador a contratar al Ing. Manuel Benavides para hacer el plano del terreno del señor Güell (antes del Dr. Flores) y el deslinde, determinando la situación de los manantiales y la línea divisoria del inmueble y los terrenos municipales, sufragando los costos por partes iguales. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17504, f. 17-18, 23, 25-26).
El 27 de agosto de 1906 la Municipalidad de Heredia conoció nota del Gobernador en la cual el Ing. Manuel Benavides respondió que cobraba ¢250 por el levantamiento del plano y práctica del deslinde. Se acordó proponer el mismo trabajo a los agrimensores Lisímaco Vargas y Moisés Rodríguez con el fin de ver si lo hacían por menos valor. El 3 setiembre se recibieron sus ofertas. El 10 de setiembre, la Municipalidad recibió el informe del Ing. Manuel Benavides acerca de la medida y plano, acompañando también la cuenta de su trabajo ¢250.oo. Estuvo presente Samuel Uribe como representante de Güell y reiteró las condiciones: plazo a opción del Municipio, interés ínfimo y el precio fijado pericialmente. Considerando que el objeto de la medida y demarcación del nacimiento de las vertientes fue para adquirir cabal convencimiento del lugar donde ellas nacen, si en propiedad particular o municipal; que del informe se deducía que las vertientes, la paja de agua de Flores y sus nacimientos, y las que aumentan el caudal de aguas del Porros nacen en la propiedad del señor Güell; que el Ing. Benavides opinó que esos terrenos eran de dominio particular y convenía adquirirlos para beneficio de la cañería y de cualesquiera otras obras que pudieran emprenderse, volviendo a propiedad municipal, convirtiendo en bosques los que no lo estaban pues de otro modo se secarían las aguas; y ante la conocida situación económica del Tesoro Municipal no se podían adquirir sin el auxilio del Supremo Gobierno. Se consignó que la Municipalidad debía tratar de comprar el inmueble, elevar a conocimiento del Poder Ejecutivo el informe y el plano, solicitando su auxilio en beneficio de la cañería, o que indicara el mejor procedimiento para el negocio, y obtenida su respuesta se dispondría la forma de determinar el precio de la finca, y en caso de acceder a lo pedido por Uribe, lo fijarían un perito del vendedor, otro del Municipio y un tercero del Supremo Gobierno. Se ordenó el pago de ¢125.oo por cuenta del Municipio, y se notificó a Uribe que podía satisfacer su parte. Se leyó una comunicación del agrimensor Lisímaco Vargas, en la cual ofreció verificar la medida por doscientos colones, y se dispuso que no era posible por estar ya terminado el trabajo. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17504, f. 30-31 y 36-39).
El plano de la finca llamada “El monte de don Juan Flores” es de setiembre de 1906, situada en San Pedro de Barva de Heredia al pie de las montañas de Barva. Para entonces propiedad de Ricardo Güell, y elaborado por Manuel Benavides R. Describe con áreas: Potrero “La Yerbabuena” 18 h. 6160,00 m2= 26 mzs. 6363 v.c2; Potrero Grande 34 h. 1880,60 m2=48 mzs. 9171 v.c2. Cerro y montes 70 h. 4806,86 m2=100 mzn. 8457 v.c2. Total 123 h. 2846,86=176 mzs. 3991 v.c2. El área de montañas tiene una cabida de 70 Ha 4806,86 m² y colinda en parte al norte con la cúspide de los Cerros Piedra e indicación de terrenos municipales, por el este con la quebrada “El Mancarrencito”, por el oeste y por el sur con el río Porrosatí en medio, en parte Potrero “La Yerbabuena” (18 Ha 6160,00 m²), y al sur en parte con Potrero Grande (34 Ha 1880,60 m²), y describe con el nombre de manantiales el curso de cinco de ellos, siendo el principal el proveniente del área de montañas. (Archivo Nacional, Fondo Planos, signatura 7091).
El 22 de abril de 1907 la Municipalidad de Heredia suplicó al Gobernador elevar a conocimiento del Poder Ejecutivo lo acordado el 10 de setiembre de 1906 para que resolviera la compra del terreno indispensable para el sostenimiento del caudal de aguas que abastecían a la ciudad y distritos vecinos. El 3 de junio de 1910 la Municipalidad de Heredia recibió oficio del Gobernador indicando que el Jefe Político de Barva había enviado una Comisión a los lotes comprados por el Municipio al señor Güell, y encontró ganado, que no se pudo coger, pasando por un portillo a propiedad de un particular; y que esos lotes estaban en común con la propiedad de otro particular, separada sólo por un río que no atajaba el paso del ganado. Para remediar ese daño se comisionó al Gobernador para que mandara cerrar la parte proporcional del Municipio, exigiendo lo mismo a los demás colindantes, y que de vez en cuando enviara a dos policías para su vigilancia. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signaturas 17505, f. 59, 61-63; 17508, f. 48-49).
La medida de la Zona Inalienable no sólo era de conocimiento de las Secretarías de Fomento y Gobernación, sino también de las Gobernaciones de Heredia y Alajuela. El 25 de agosto de 1911 el Secretario de Fomento, Enrique Jiménez Núñez, informó al de Gobernación que con el objeto de conservar las montañas en donde tienen origen los arroyos y manantiales que surten de agua a la Provincia de Heredia y una parte de la de Alajuela, por decreto No. 65 de 30 de julio de 1888, se declaró inalienable una zona de terreno de 2 km de ancho fuera nacional o municipal a uno y otro lado de la cima de la llamada Montaña del cantón de Barba, desde el cerro Zurquí hasta el conocido con el nombre de Concordia, por lo que en su ejecución esa Secretaría por acuerdo No. 117 de 28 de enero de 1896, dispuso que por cuenta del Gobierno se practicara su medida, quedando a cargo de las Municipalidades de los cantones Centrales en sus respectivas jurisdicciones, la conservación de carriles o mojones y su guarda, así como el cultivo de árboles en las partes desmontadas. Agregó que la medida había sido ejecutada por el Ing. Moisés Rodríguez y que los planos correspondientes y demás datos obraban en poder de los Gobernadores de Heredia y Alajuela. Asimismo, indicó que ante informes verídicos de estarse practicando desmontes dentro de la Zona Inalienable, tanto al sur como al norte de la cresta de la montaña, dentro de cinco años la cordillera quedaría completamente desnuda, trayendo desastrosas consecuencias por la merma o pérdida de las aguas que abastecen la meseta central, entre ellas las de los ríos Itiquís, Porrosatí, Guararí, Pacayas Gordas, Ciruelas, río Segundo, Tibás, etc., por lo que le rogaba dirigirse a las Municipalidades para que impidieran ese destrozo y se cumplieran las demás disposiciones de la ley. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 3407, f. 127-128).
Tampoco es extraño que los planos e informes sobre la demarcatoria y amojonamiento de la Zona Inalienable entre los cerros Zurquí y Concordia hubieran sido entregados también al Gobernador de Alajuela, como lo reconocía el Secretario de Fomento en 1911, pues varias de las poblaciones de Alajuela se veían favorecidas con la conservación de los bosques ubicados en la Montaña del volcán Barva, y además porque para entonces estaba pendiente el amojonamiento de la línea divisoria entre ambas provincias a partir del mojón de Cascante.
Sobre el beneficio que obtenía el cantón central de Alajuela en el uso de las aguas nacidas en la Montaña del volcán Barva, el 20 de febrero de 1911 su Municipalidad informó al Ministro de Gobernación que el río Ciruelas y sus afluentes el Guararí y Pacayas Gordas servían a su agricultura y abastecía de agua a varios distritos surtiendo los estanques de la cañería de esa ciudad y dando fuerza a los valiosos beneficios de café y máquinas de aserrar madera, y por tener noticia que la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia proyectaba otorgar a una empresa particular una concesión de aguas del río Porrosatí y requería la autorización para desviar las aguas de la quebrada las Cruces, y los ríos Guararí, Pacayas Gordas y Ciruelas, estimaba esa desviación inconsulta y grave. El Ministro de Gobernación requirió informe al Gobernador de Heredia, y éste al Jefe Político de Santa Bárbara. El 1° de marzo de 1911 la Municipalidad de Santa Bárbara manifestó que hasta la fecha no se había hecho concesión alguna sobre las aguas del Guararí, Pacayas Gordas y Ciruelas, y por consiguiente los interesados podían estar tranquilos. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signaturas 3009, f. 1-4; 3426, f. 47).
En otra situación para el aprovechamiento de las aguas localizadas dentro de la Zona Inalienable de la Montaña del Volcán Barva, vemos que el 26 de octubre de 1911 la Municipalidad de Heredia, a raíz del Acuerdo No. 210 de la Secretaría de Fomento del 21 de ese mes, publicado en La Gaceta del 25 último, que otorgó permiso a la Empresa del Alumbrado eléctrico de San José y Heredia para sacar agua de La Laguna de Barva y conducirla al río Porrosatí por medio de un canal de 300 m de largo, para regularizar en la estación de verano el volumen de la corriente de ese río que servía a su planta eléctrica en jurisdicción del distrito de San Juan de Santa Bárbara, estimó que el acuerdo no cumplía los requisitos del Decreto No. 2 de 16 de setiembre de 1911, reglamentario de la ley No. 14 de 31 de Octubre de 1910, y que además podía perjudicar notablemente los intereses de los cantones de Heredia, Barva, San Rafael y Santa Bárbara porque las filtraciones de “La Laguna de Barba” surtían de agua a la mayor parte de los arroyos que van a los ríos para el abasto público, especialmente para la cañería de Heredia, Barva y San Rafael, siendo probable que en la estación seca se quedara sin la cantidad necesaria para el abastecimiento indispensable, y que la Municipalidad estaba dando los pasos para instalar el alumbrado eléctrico de la ciudad, sirviéndose para ello de la fuerza motriz producida por el sobrante del agua de la cañería. Por ello acordó suplicar al Poder Ejecutivo revocar la concesión, recordando que la Laguna de Barva estaba comprendida dentro de la Zona Inalienable señalada por la Ley No. 65 de 1888. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17509, f. 134, 136-138).
El 31 de octubre de 1911 el Subsecretario de Fomento respondió al Gobernador de Heredia que el acuerdo era para “autorizar la práctica de un ensayo” para aprovechar una pequeñísima parte de las aguas de dicha Laguna en un servicio de beneficio público “sin perjuicio de tercero”, y si sus resultados eran perjudiciales como lo temía la Municipalidad, quedaría sin efecto la concesión. Así lo informó el 1 de noviembre de ese año, el Gobernador al Presidente Municipal de Heredia. El 3 de noviembre de 1911, la Municipalidad de Santa Bárbara ante la probabilidad de perjuicios por esa concesión, se adhirió a lo resuelto por la de Heredia, y suplicó al Gobierno revocarla. ([38]) La observación de la Municipalidad de Heredia en el sentido de que la Laguna de Barva estaba dentro de la Zona Inalienable de la Ley No. 65 de 1888 no fue objetada por la Secretaría de Fomento, pues partía del hecho cierto de que esa Zona ya había sido medida, y además amojonada su paralela sur, según sus registros.
El 5 de marzo de 1912 la Secretaría de Gobernación, a solicitud del Subsecretario de Fomento, ante quemas realizadas por agricultores de Heredia con perjuicio de los bosques que resguardaban los ríos y riachuelos que surtían de agua a las poblaciones de Alajuela, respondió que había ordenado a los Gobernadores de esas provincias dictar las enérgicas disposiciones que la gravedad del caso requería para prevenir las funestas consecuencias indicadas. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 3499, f. 149).
Con respecto a las aguas del río Itiquís citadas por el Secretario de Fomento el 25 de agosto de 1911 entre la de los ríos cuyas aguas procedían de la montaña del volcán Barva y surtían parte de las poblaciones de Alajuela, en unas diligencias sobre una paja de agua en los barrios de San Isidro y Carrizal de Alajuela según solicitud de 17 de diciembre de 1911, y que se unía con otro caudal proveniente del caserío la Concordia, y en la que además se solicitó permiso para desviar las aguas del segundo brazo del río Itiquís, llamado Las Domingas, en la cantidad de 15 litros por segundo, aumentándose el 28 de diciembre de 1911 dicha solicitud a 50 litros de agua, y tomando en cuenta que el 13 de agosto de 1912 los vecinos de San Isidro de Alajuela se habían opuesto porque desde tiempo inmemorial disfrutaban para sus servicios domésticos de la esa corriente, con base en informe de los peritos donde se indicó que la cantidad de agua aprovechada en los caseríos de San Isidro, el Rodeo y una planta particular era de 8,2 litros por segundo, o sea menos de una tercera parte del brazo llamado Las Domingas, y por ende tan solo podía concedérsele al solicitante 20 litros por segundo, quedando un sobrante de 30 litros para satisfacer los demás intereses, por Acuerdo No. 97 de 4 de julio de 1913, el Presidente de la República resolvió conceder el uso de 20 litros por segundo del brazo del río Itiquís llamado “Las Domingas” para desarrollar 33 caballos de potencia con una caída de siete metros para mover un trapiche pagando al Estado ¢ I-33 anual. (Memoria de Fomento. 1913, p. 63-64. La Gaceta de 9 de julio de 1913, p. 38-39).
Conforme a la hoja cartográfica Barva de 1967, el río Itiquís tiene como uno de sus afluentes el río Quizarraces, mismo que nace entre el cerro Guararí (Concordia) y el volcán Barva con el nombre de Yurro Seco. Al otro de los afluentes del río Itiquís, que pasa al norte del poblado Domingas de Carrizal, en esa hoja cartográfica lleva el nombre de quebrada Las Conejas.
Tampoco debe causar asombro que la Municipalidad de San Rafael estimara necesario el deslinde de los terrenos municipales de su jurisdicción, localizados dentro de la Zona Inalienable, como herramienta eficaz para evitar los desmontes. En ese sentido ha de entenderse lo acordado en la sesión del 15 de abril de 1912, cuando ante desmontes hechos en la Zona Inalienable de los distritos de los Ángeles y Concepción, y la falta de recursos para hacer el deslinde de los fundos municipales, y verificar el argumento de los particulares de su supuesta condición de propietarios, encargó al Jefe Político solicitar al Ministro de Gobernación un ingeniero para ese deslinde. El 22 de ese mes el Secretario de Gobernación solicitó al Subsecretario de Fomento acceder a la gestión. El 23 siguiente, el Subsecretario de Fomento ordenó al Director de Obras Públicas mandar hacer el deslinde en ambos distritos de San Rafael. El 5 de noviembre, el Jefe Político informó al Ministro de Fomento que las diligencias para la medida y el deslinde de los fundos municipales en los distritos de los Ángeles y Concepción estaban terminadas hacía dos meses, y como se deseaba hacerlo lo más pronto posible para dividir con cercas, y evitar el robo de madera y corta de árboles a la orilla de los ríos, le suplicaba ordenar nuevamente a la Dirección General de Obras Públicas enviar al ingeniero. El 6 de noviembre el Secretario de Fomento reiteró al Director de Obras Públicas la solicitud, y requirió al Gobernador de Heredia informárselo al Jefe Político. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 3499, f. 293; Fomento, signatura 8386).
El 26 de abril de 1912 la Municipalidad de Heredia facultó al Gobernador a nombrar una comisión que recorriera los terrenos en donde había manantiales y averiguara quiénes eran dueños de los terrenos donde se habían hecho desmontes. El 7 de junio de 1912 el Gobernador remitió al Presidente Municipal el informe vertido por los miembros de esa Comisión, Pedro Valerio y Aquileo Camacho, quienes elaboraron ese estudio sobre las fincas que había entre la Zona donde había manantiales. Ese informe pudo rendirse porque la Zona Inalienable había sido medida y amojonada en los términos ya expuestos. (Archivo Nacional, Fondo Municipal, signatura 17510, f. 75. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-127-4866, f. 140).
El 9 de octubre de 1912 la Municipalidad de San Rafael de Heredia acordó oponerse a la información posesoria de un terreno en Concepción por estar en la Zona Inalienable. Al día siguiente el Regidor Fiscal interpuso la demanda en el Juzgado Civil de Heredia por que el inmueble estaba comprendido en la Zona Inalienable prevista en la Ley de 30 de Julio de 1888. El 16 de octubre el demandado solicitó citar a sus transmitentes para que hicieran cesar el proceso, éstos se apersonaron en escrito del 25 de octubre. El 15 de noviembre el demandado pidió al Municipio suspender en litigio con el compromiso de sufragar las costas personales y procesales, y desistir del título que pretendía levantar dentro de la Zona Inalienable, la Municipalidad acordó autorizar al Regidor Fiscal para hacer la transacción y así se lo comunicó el 18 de noviembre de ese año. El 7 de diciembre de 1912 se presentó al Juzgado Civil el acuerdo de transacción suscrito entre todas las partes, asumiendo la parte demandada las costas personales y procesales, incluido el pago de los honorarios del Ing. Manuel Benavides y el alquiler de bestia en el viaje de inspección que hizo al terreno, así como el compromiso de suspender definitivamente el levantamiento del título dándose por concluido el litigio. Ese mismo día, ante la autorización municipal, el Despacho dio por terminado el asunto y lo archivó. (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Civil de Heredia, signatura 3457, folio 1, 3-4, 8, 11, 20-21; Fondo Municipal de San Rafael de Heredia, signatura 16014, f. 121-122).
Esa transacción aceptada en estrados judiciales en un proceso donde intervino el Ing. Manuel Benavides, quien en 1903 amojonó la paralela sur de la Zona Inalienable, pone de manifiesto la clara vigencia de la Ley 65 de 1888, y el conocimiento de las autoridades de la época sobre su demarcatoria. Ello también permitió que en 1914 esa faja o zona indenunciable de los cerros de Barba fuera indicada como lindero en algunos de los denuncios presentados ante el Juzgado Contencioso Administrativo. ([39]) En similar sentido, el plano catastrado H-7053-1935 de varias fincas situadas en Paso Llano del cantón segundo de la provincia de Heredia, elaborado por R.E. Roig. V., escala 1:4000, e inscrito por el Jefe de Catastro, Daniel González Víquez, describe como lindero norte: “antiguo carril de la zona indenunciable según ingeniero de la Municipalidad de Heredia”.
Retornando al tema de los terrenos inicialmente municipales, el 19 de setiembre de 1910 el Juzgado Civil de Heredia avisó que el 19 de octubre remataría al mejor postor la finca número 19837, situada en Vara Blanca, con 1712 Ha 29 áreas 52 centiáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad, Partido de Heredia, tomo 466, folio 2, asiento 1; y la número 20682, con 1782 Ha 18 áreas y 48 dm², del mismo Partido, tomo 522, folio 386, asiento 1, pertenecientes a la Municipalidad de Santo Domingo (Boletín Judicial No. 74 de 27 de setiembre 1910, p. 206), quedando en la obligación de permitir las entradas y salidas necesarias para los baldíos limítrofes e interiores. Se venderían en lotes no mayores a 100 Ha cada uno y con la base de 500 colones cada lote o sea de 5 colones la hectárea, a solicitud del apoderado judicial de esa Corporación y apoyado en el decreto No. 27 de 5 de julio de 1899, que autorizó a esa Municipalidad para de acuerdo con los trámites de ley a vender dichos lotes. El producto de la venta lo aplicaría al pago de sus deudas, a la construcción de una buena cañería y al fomento de otras obras de reconocida utilidad para el cantón. Similar disposición para la Municipalidad de Barva contenía el Decreto Ley No. 3 del 15 de mayo de 1896, que aprobó el No. 11 del 18 de enero de 1896, emitido por la Comisión Permanente, autorizando para enajenar la legua de terreno concedida por Decreto No. 9 de 21 de abril de 1877 y dividirla en lotes no mayores de 70 Ha. (Colección de Leyes y Decretos, Año 1896, Semestre I, p. 87-88).
El 7 de julio de 1911 el señor Fabio Baudrit presentó un proyecto donde indicó que las Municipalidades de Heredia, Barva y Santo Domingo eran dueñas de la finca 13337, inscrita en el Registro de la Propiedad, folio 239 del tomo 210, asiento 1, llamada Terrenos de Enseñanza, pero que en realidad correspondían a las Juntas de Educación respectivas. Que con base en el artículo 114 de las Ordenanzas Municipales y el Decreto de 23 de noviembre de 1875, mediante remate ante el Juez Municipal desde mayo de 1885 hasta 1907, se habían enajenado 241 Ha 56 áreas 84 centiáreas 39 dm, parte de las dos leguas que originariamente comprendía la finca. Agregó que el Alcalde Primero de Heredia, con base en el artículo 4 de la Ley de 28 de setiembre de 1887, y previo acuerdos de las corporaciones interesadas del 31 de marzo y el 16 de agosto de 1882, convino que los compradores recibirían las fincas dejando hipoteca a 10 años de plazo, y todas las ventas fueron hechas con esa franquicia. Pero, al no haber un interés actual, ni personero para el cobro, se abandonaron los créditos y los pocos pagos efectuados no beneficiaron a los dueños. Y además, otras personas que carecían de todo derecho se posesionaron de las tierras e intentaron e inscribieron algunas secciones por vía de título supletorio. Asimismo refirió que en el Banco de Costa Rica había depósitos a la orden del Gobernador de Heredia que no podían retirarse por no aparecer las boletas de entero, y que no habiendo legislación especial acerca del punto, estimaba que la suma valía la pena y el Congreso podía ayudar a recuperarla. Añadió que si bien esas Municipalidades habían promovido juicio de deslinde de las tierras para determinar cuáles quedan disponibles; a través de los años de publicar edictos y buscar interesados que no aparecían, la situación estaba como al principio, es decir, las tierras seguían ocupándose a pretexto de ser baldías y recuperarlas por trámites judiciales era casi imposible en el caso especial de derechos complicados y diversos que se venían consolidando desde hacía 30 años, y las Municipalidades no se avenían a gastar dinero en un asunto de incumbencia de las Juntas de Educación. Por ende el proyecto pretendía deslindar administrativamente el resto de la finca 13337, folio 239, tomo 210 del Registro de la Propiedad, tomando en cuenta solo los lotes inscritos, cubriendo los costos del trabajo con los giros depositados en el Banco de Costa Rica a la orden del Gobernador de Heredia y de ser necesario del Fondo Nacional de Educación, en la sección de edificaciones, cargándolo en cuenta a las Juntas de Heredia. Los interesados serían citados por un edicto en La Gaceta, con un mes de término y la indicación del día en que comenzaría la medida. Las personas que tuvieran posesión de los referidos terrenos con título hábil, acudirían al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dentro del plazo de dos meses a partir de la publicación de la ley, indicando linderos y medida de sus lotes y acompañando el título para poseer, sirviendo esos datos a su tiempo para medida general del resto, acreditado el pago correspondiente, el Juez ordenaría la inscripción como parte de la finca madre, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Liquidado el resto libre, sería vendido en subasta pública por lotes de 10 Ha ante el citado Juez, y su producto se pondría en la cuenta del Fondo Nacional de Educación de Heredia en proporción a la asistencia media escolar de cada distrito. Dos peritos para el valúo de los lotes poseídos serían nombrados uno por el Presidente Municipal de Barva y otro por el interesado, quedando a cargo del interesado el pago de su labor, medida, inscripción y demás necesarios para formalizar el título. (Archivo Nacional, Fondo Congreso, signatura 12205. La Gaceta No. 13 de 15 de julio de 1911, p. 64).
Sin embargo, el 11 de mayo de 1912 el Gobernador de Heredia remitió comunicación al Presidente Municipal donde el Jefe Político de Barva se refirió al encargo hecho a Fabio Baudrit relativo a los terrenos de la enseñanza, su división material y el juicio ordinario que en asocio con las Municipalidades condueñas se había establecido contra los que habían adquirido lotes en esos terrenos y colindantes, y que estaba en el término de pruebas para que los peritos presentaran el plano total de las enajenaciones legales con su respectiva situación y del resto que pertenecía a la Municipalidad. Agregó que Moisés Rodríguez Calvo perito técnico y práctico, conocedor del lugar, había fallecido ([40]), y otros agrimensores hallaban el trabajo demasiado engorroso y largo. Por lo que la Corporación consideró al señor Rothe apto para el peritaje y por haber ofrecido términos más moderados para hacer el plano del terreno con sus segregaciones localizadas y del lote definitivo del resto, en condiciones para efectuar la venta por lotes predeterminados evitando una ulterior disputa. (Archivo Central Municipalidad de Heredia, signatura SCM-127-4886, f. 98-100. Archivo Nacional, Fondo Municipal de Barva, signatura 16377, p. 3-6).
El 31 de mayo de 1912 la Municipalidad de Heredia recibió informe del Agente Fiscal sobre la proposición de Fabio Baudrit para que judicialmente se le autorizara a entrar en la posesión de las “Tierras de Enseñanza”, que el Decreto Legislativo No. 43 de 5 de octubre de 1858 había concedido a la provincia de Heredia. El Fiscal indicó que en su concepto las Municipalidades no tenían ya derecho sobre las “Tierras de Enseñanza” por cuanto correspondía a las Juntas de Educación su administración. El Municipio acordó convocar a las Municipalidades de Santo Domingo y Barva para tratar el asunto. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17510, f. 85-86).
El 31 de mayo de 1912 la Municipalidad de Heredia comisionó al Gobernador para que de la finca del “Gallito” inscrita en el Registro de la Propiedad se procediera de acuerdo con el plano a dividir en lotes y avisar por medio del Diario Oficial a sus poseedores para entrar en arreglos. Poco antes, el 21 de setiembre de 1911, se tuvo noticia de un terreno expropiado en “El Gallito” para efectos de vías públicas, pues la Municipalidad pidió informe al Gobernador para resolver la reclamación contra un particular por el paso de sus animales a la propiedad municipal en “El Gallito”. El apoderado del particular, el Lic. Alfredo González, expresó que una parte del terreno de su cliente había sido dividían las propiedades de su cliente y las del Municipio, dando lugar al paso de sus animales, y habiendo ya sido algunos conducidos al fundo de Barba, solicitó suspender la orden de que otros fueran también llevados mientras el Gobierno le pagaba a su cliente el terreno expropiado y reconstruía las cercas, declarándose también que no debía pagar la multa por ese hecho. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signaturas 17509, f. 119; 17510, f. 85-86).
El 4 de mayo de 1914 el Gobernador de Heredia recordó al Presidente de la Municipalidad sobre la conveniencia de pronunciarse sobre la situación de los poseedores de terrenos en el Gallito y si los mismos podían quedar de dominio particular. El 24 de julio de ese año, también le comunicó a la Municipalidad un oficio del Agente Fiscal donde informó que se había presentado ante el Juzgado Civil de Heredia una información posesoria para inscribir un terreno de 20 Ha 26 áreas 69 centiáreas y 80 dm², situado en “El Gallito” y consideraba que estaba comprendido dentro de terrenos municipales. (Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signaturas SCM-127-4869, f. 112; SCM-128-4870, f. 123-124).
El 1 de setiembre de 1914 la Municipalidad de Heredia autorizó al Gobernador a investigar quiénes habían talado montes en los nacimientos y márgenes de los ríos que abastecían la ciudad, y una vez verificado, obligarlas a replantar los bosques. Igualmente acordó excitar la Municipalidad de San Rafael para que nombrara una persona, que en unión de la designada por el Gobernador, levantara la nómina de las personas a las que debía exigírseles la reposición de los bosques destruidos. Ese mismo día, ante un título supletorio y un denuncio de fundos incluidos en la Zona Inalienable del Decreto de 30 de julio de 1888, la Municipalidad de San Rafael, procurando el mantenimiento de los bosques y manantiales que abastecen a la Provincia para el consumo y el uso de las fincas de los cuáles se forma el río Segundo, pidió al Promotor Fiscal evitar su enajenación en los Juzgados Civil de Heredia y Primero Contencioso Administrativo. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17512, f. 27, 29-30; Fondo Municipal de San Rafael, signatura 16014, f. 282-284).
En resumen, el plano sobre la cima de las montañas del volcán Barva elaborado por el Geómetra Moisés Rodríguez Calvo que entregó a la Dirección de Obras Públicas fue examinado detenidamente por el Ing. Manuel Benavides para establecer con mojones de piedra el trazado de la paralela sur a 2 km de su cumbre, desde el cerro Zurquí y hasta el cerro Concordia. Ante la autoridad judicial encargada de los procesos de inscripción de inmuebles donde fue requerida su participación, el Ing. Benavides reconoció haber practicado ese amojonamiento y de esa labor también dieron fe peritos judiciales en junio de 1904.
V.- Las autoridades encargadas de conservar la Zona Inalienable prevista en la Ley 65 de 1888 continuaron objetando trámites que pretendieron enajenarla, gestionaron y adoptaron medidas contra quienes no tenían derecho a ocuparla. La normativa posterior reiteró esa afectación demanial. Las actuaciones de los órganos del Estado también revelan el distingo entre los terrenos de dominio público comprendidos en esa Zona, de los que válidamente tenían título de propiedad.
El 6 de noviembre de 1918 la Municipalidad de Heredia informada por el Gobernador de que un particular gestionaba en el Juzgado Civil de Heredia la inscripción de un terreno en el punto llamado “El Gallito”, acordó requerir y autorizar al Agente Fiscal a oponerse conforme al artículo X inciso 2 Ley del Ministerio Público. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17515, f. 176-178).
El 15 de marzo de 1919 la Municipalidad de San Isidro teniendo noticias sobre gestiones para denunciar terrenos en la jurisdicción de San Rafael, en la cordillera donde nacen las aguas que forman el río Tibás que abastecía de agua al vecindario de esa Villa, y que al desmontar esa región habría escasez de agua en ese río y graves perjuicios para los habitantes que se verían privados de ella, suplicó a la Municipalidad de San Rafael hacer averiguaciones sobre ese denuncio y oponerse porque esos terrenos estaban situados dentro del perímetro de la zona indenunciable. El 1° de abril de 1919 la Municipalidad de San Rafael indicó que por no determinarse quién pretendía ese denuncio ni haberse presentado nadie a gestionarlo, estimó improcedente la solicitud. El 3 de noviembre de 1919 la Municipalidad de San Rafael tomó nota del oficio del 27 de octubre de ese año donde el Promotor Fiscal le suplicó tener el mayor cuidado posible de avisarle inmediatamente que tuviera conocimiento de que alguien iba a denunciar terrenos comprendidos en la Zona Inalienable de la Ley de 30 de julio de 1888, para oponerse a ello. El 5 de noviembre de 1919 la Municipalidad de Heredia, ante una similar comunicación del Promotor Fiscal, considerando que la excitativa revelaba un marcado interés por el bien de esa Provincia y merecía prestarle toda la atención, manifestó al Promotor Fiscal que le agradecía tan oportuna indicación, y que la atendería como era su deber. ([41]) El 13 de diciembre de 1920 la Municipalidad de Heredia ante la propuesta de don Fernando Rothe para hacer el estudio, deslinde y amojonamiento en el terreno “De la Enseñanza” situado en Vara Blanca, acordó que por no ser de su competencia hiciera su ocurso ante las Juntas de Educación. Sin embargo, el 3 de abril de 1922 en vista de que el Agente Fiscal pidió datos para empezar su trabajo sobre el asunto de los terrenos de Vara Blanca, el Gobernador informó a la misma Municipalidad de su labor al respecto en años anteriores, y que no había podido obtener nada de sus gestiones ante el Gobierno en 1906. El Regidor Jara presentó moción en virtud de un estudio que realizó en el Registro donde se enteró que había unas manzanas de propiedad municipal en ese lugar y que el Ing. Leoncio Martínez le había indicado que en Alajuela existía un juicio entre particulares, por lo que consideraba que el Agente Fiscal debía ir a estudiarlo e informar, por lo que se acordó girarle 25 colones para los primeros gastos, y que se solicitara al Registro Público la certificación, dando cuenta el Fiscal de los gastos que hiciera. (Archivo Nacional, Fondo Municipal Heredia, signaturas 17516, f. 297, 299; 17517, f. 187-189).
El 24 de abril de 1922 la Municipalidad de Heredia recibió informe del Agente Fiscal acerca de los terrenos municipales de Vara Blanca, con su historia y derechos del Municipio, así como de denuncios hechos por los particulares que eran posteriores al del Municipio. Ante ello acordó formar un terrenos, y se le girara de la partida de extraordinarias del Fondo Común del Centro el saldo de su trabajo e informe. El 5 de junio de 1922, el Ing. Leoncio Martínez manifestó en la Municipalidad de Heredia que particulares de San Pedro de Santa Bárbara habían denunciado entre 7 y 350 Ha, que él fue a medir y se encontró que esos terrenos pertenecían al Municipio inscritos en el Registro con el número 13337, y que era el último resto de esa finca porque habían algunas ventas hechas por la Corporación, que para ello había que estudiar escrituras defectuosas y hacer las correspondientes adicionales, medir esas tierras tomando el porcentaje para caminos y el tanto por ciento para aguas. El señor Sáenz preguntó si esos terrenos eran del Municipio o de la enseñanza, a lo cual el ingeniero respondió que del Municipio por estar a su nombre las escrituras. Discutido este asunto se acordó dirigirse al Promotor Fiscal para que se opusiera en todos aquellos denuncios que se presentaran en la zona comprendida en esos terrenos, y cuyos linderos se le darían y que el Ing. Martínez propusiera las bases de un contrato para la medida y localización de esos terrenos indicando las facilidades para su venta, planteamiento reiterado a dicho ingeniero el 26 de junio de ese año. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17518, f. 3, 32-33, 50, 56).
El 22 de agosto de 1922 la Municipalidad de Heredia acordó enviar nota al Supremo Gobierno manifestando la necesidad de evitar el peligro de quedarse la ciudad y distritos menores sin agua y sin luz por las constantes roturas de la tubería que los abastecía y daba fuerza a la planta Eléctrica, pues su ya deteriorada calidad exigía cambiarla en parte y los cálculos para hacerla nueva ascendían a $59.00000 dólares, y le requirió su auxilio; así como para obtener autorización para hacer un empréstito hasta por 50 mil colones para invertido en el ensanche y mejoras para aumentar la energía eléctrica de la planta, y una segunda autorización para vender dos propiedades municipales que poseía en la zona norte del cantón central, una en Vara Blanca de 496 manzanas y otra dos leguas al este de la primera inscritas en la sesión de la propiedad del Registro Público, Partido de Heredia tomo 210 folio 239 numeros 13337 y 13338 asiento 1 y obtener dinero efectivo mediante ventas prudenciales y pagos convencionales. El 28 de octubre de ese año, la misma Municipalidad a fin de reponer la aludida tubería que demandaba la inversión de $50.000 dólares, y para ensanchar el servicio de alumbrado eléctrico insuficiente para la demanda actual por el gran aumento de población otra no menos de $25.000 dólares, y deseosa de conseguir ese empréstito en las favorables condiciones de bajo tipo de interés y largo plazo, aprovechando las actuales sesiones extraordinarias del Congreso, acordó pedir al Poder Ejecutivo solicitar al Poder Legislativo autorizarla para su obtención por la suma de 75 mil dólares e invertirlo en las dos empresas antes dichas, obteniendo a la vez autorización para enajenar las fincas del Partido de Heredia números 13337 y 13338, del tomo 210, folio 239, asiento 1, ubicadas en Vara Blanca, y por ende suplicó al Poder Ejecutivo retirar del conocimiento del Supremo Congreso la solicitud de empréstito por la suma de 50 mil colones, sustituyéndola por la citada. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17518, f. 96, 105-107, 161-163).
El 18 de febrero de 1929 la Municipalidad de Heredia autorizó al Gobernador para que hiciera un contrato con el Ing. Benavides u otro ingeniero para la medida y localización de las leguas de Barva a fin de lotearlo y proceder a su venta conforme a la Ley No. 140 de 1923 (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17522, f. 147, 149). Poco antes, la Ley 68 de 1923 considerando la urgencia de dictar medidas y exigir el cumplimiento de las leyes tendientes a mantener y proteger el nacimiento de aguas, especialmente las que utilizan las poblaciones, dispuso: “Artículo 1°.- Queda en absoluto prohibido a las Municipalidades enajenar, hipotecar o de otra manera comprometer las tierras que posean o que adquieran en las márgenes de los ríos, arroyos o manantiales o en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales o en que tengan sus orígenes o cabeceras cualquier curso de agua de que se surta alguna población. En terrenos planos o de pequeño declive, tal prohibición abrazará desde luego una faja de cien metros a uno y otro lado de dichos ríos, arroyos y manantiales, y en las cuencas u hoyas hidrográficas doscientos cincuenta metros a uno y otro lado de la depresión máxima, en toda la línea a contar de la mayor altura inmediata”. El numeral 4 ibídem dispuso: “Es deber de las Municipalidades consultar al Departamento de Agricultura, y obtener de él el correspondiente permiso, antes de enajenar, hipotecar, dar en arriendo o a esquilmo o explotar por su cuenta, cualquier terreno que posean o adquieran. El Departamento de Agricultura decidirá si tales terrenos están comprendidos entre los descritos en el artículo 1 y si la disposición que se deseara hacer de ellos pudiera afectar la conservación de las aguas que utilizan las poblaciones”. En su ordinal 5 agregó: “Es también obligación de las Municipalidades consultar al Departamento de Agricultura todo lo que se relacione con trabajos de reforestación en terrenos de su propiedad”. (Colección de Leyes y Decretos, Año 1923, Semestre I, p. 498-500).
El 9 de agosto de 1926 el Agente Fiscal indicó a la Municipalidad de Heredia y a la Junta de Educación sobre la comunicación del Promotor Fiscal donde avisó que se había presentado un denuncio de 50 Ha entre “El Inglés” y “Los Cartagos”, y que esa Promotoría tenía informaciones que señalaban que el denuncio podía perjudicar sus intereses, por lo que les informó para su defensa. (Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-129-4912, f. 84).
El 11 de noviembre de 1926 la Secretaría de Gobernación y Policía informó a la Secretaría de Justicia que tenía informes de que en Santa Bárbara de Heredia se habían dedicado algunas personas al negocio y explotación de maderas, y para verificarlo hacían denuncios en terrenos reducidos a dominio particular, y mientras se ventilaban las diligencias tardías de oposición, extraían las maderas con grave daño para los propietarios, y que no había en aquel lugar terrenos baldíos, sino llegando a Vara Blanca, por lo que estimó que podrían darse instrucciones al representante del Ministerio Público para que se opusiera a los denuncios de esos lugares, mientras el interesado no justificara la efectiva calidad de baldíos de los terrenos que pretendía. El 24 de noviembre de 1926 la Secretaría de Justicia manifestó a la Gobernación que el Promotor Fiscal había requerido informe al Agente Fiscal de Heredia, quién le afirmó que al tener conocimiento de denuncios ante el Juzgado Primero de lo Contencioso había consultado a la Oficina de Catastro o a la Dirección General de Obras Públicas, y cuantas veces había recibido contestación que requiriera oposición lo había hecho, designando para notificaciones el despacho del Promotor Fiscal, y en cuanto a la jurisdicción de Santa Bárbara también había formulado algunas oposiciones contra denuncios establecidos recientemente por tres particulares, siendo la última oposición del 5 de ese mes. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 7890).
Recordemos que el plano de la Zona Inalienable entre los cerros Zurquí y Concordia efectivamente lo entregó don Moisés Rodríguez a la Dirección de Obras Públicas. El Archivo Nacional reporta que ese plano procede del Catastro. Por ende no cabe duda de que el Agente Fiscal de Heredia sabía a cuáles dependencias del Estado debía requerir informes para evacuar inquietudes sobre los terrenos que pretendían titularse y que pudiesen afectar la Zona Inalienable.
El 27 de mayo de 1929 la Municipalidad de Heredia conoció un informe rendido el 11 de ese mes por el Ing. Luis N. Fournier, Auxiliar de Departamento y dirigido al Secretario de Salubridad Pública y Protección Social, luego de las investigaciones que practicó en las montañas al norte de Barva con el fin de conseguir nuevas fuentes para aumentar las aguas de las cañerías que surtían a la ciudad de Heredia y sus pueblos. El 6 de ese mes partió hacia las cabeceras del río Patria, que las forman los ríos “Grande” y “Las Vueltas”, llegando ese día a las catorce horas y media a “Las Juntas” o sea a la confluencia de los ríos “Las Vueltas” y “Rio Grande”. El 7 en la mañana recorrió varios puntos tomando observaciones con el aneroide en diferentes lugares adyacentes al de las Juntas. Comprendió la imposibilidad de conducir por gravedad esas aguas hasta la depresión del Chompipe, situada entre el Cerro del mismo nombre y el de Barva, por estar 361 m más alta que las Juntas, no siendo tampoco dable intentar el elevar el agua por los medios mecánicos por su elevado costo y la carencia de fuerza motriz. El caudal de agua de ambos ríos en el punto de confluencia los calculó aproximadamente en 700 litros por segundo. Ese mismo día partió a otra depresión más debajo de la depresión del Chompipe, denominada “El Boqueron”, que ubicó entre el referido cerro del Chompipe y el de Caricias. El 8 hizo una excursión por la ruta del Boquerón, pero con resultado poco satisfactorio porque alcanzó la altura de 224 m sobre la altura de las “Juntas” faltando aún otros 100 m próximamente para llegar a la propia altura de la depresión del Boquerón, lo que demostraba que tan poco por esa ruta podría resolverse el problema de hacer venir las aguas de “Las Juntas” a ese otro lugar. Concluyó que por gravedad no era posible conducir las aguas de esos ríos, desde su confluencia, hasta alguna de estas depresiones, que son las más bajas de la cordillera entre el Cerro Zurquí y el Barva. Ante ello ideó otro plan para conseguir unos 300 litros por segundo próximamente suficientes para llenar las necesidades actuales de Heredia y sus pueblos, consistente en utilizar la paja de agua llamada “El Gallito” que conducía las aguas de los ríos Las Vueltas y río Grande, captadas casi desde sus nacimientos, conduciéndolas por una atarjea en tierra hasta la depresión del Chompipe, continuando por depresiones naturales hasta llegar a Heredia donde llegaba muy poca porque en el camino la tomaban diferentes vecinos para riegos y otros usos, y en tal estado de desaseo que no era posible aprovecharse como potable, además de que la atarjea construida entre los ríos las Vueltas y Grande hasta el Chompipe tenía una pendiente demasiado fuerte y en algunos lugares había sido lavado el terreno produciéndose continuos derrumbamientos y obstrucciones que obligaban a estarlas reparando, por lo que recomendó hacer un nuevo trazado de la paja de agua del Gallito, dándole una pendiente adecuada y uniforme que permitiera captar las aguas más debajo de las tomas para conseguir mayor caudal de agua pues en el curso de esos ríos entre las actuales captaciones y su confluencia había otras fuentes que aumentaban sus caudales y que no se aprovechaban. Por lo que el estudio nuevo debía consistir en salir de la depresión del Chompipe, siguiendo por la falda norte del Barva con una gradiente mínima, hasta encontrar los ríos Las Vueltas, Grande y la Quebrada de los Cañaverales, y luego seguir de la depresión del Chompipe hacia la Quebrada de Flores y de allí al río de la Hoja, que sería en donde descargaría sus aguas la atarjea revestida de concreto de cemento para evitar filtraciones en los terrenos por donde pasa o fuese distraída por los vecinos para otros servicios, y si se deseaba la tubería suponiendo que la gradiente adoptada sería de 1.25 por mil, bastaba un tubo de hierro de 70 cm de diámetro para conducir la cantidad de 300 litros por segundo que sería lo que aproximadamente se podría obtener en esos ríos en la época de mayor sequía. Agregó que la tubería sería de acero o hierro fundido, que siendo de acero su costo ascendería a 250 mil colones ya colocada, y no aconsejaba usar tubería de cemento en ninguna de sus formas porque no era adecuada para conducciones de aguas a largas distancias. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17522, f. 192-200).
Los cerros Zurquí, Caricias, Chompipe y el Barva están comprendidos dentro de la Zona Inalienable de la Ley 65 de 1888, y fueron dibujados como explicamos anteriormente en el plano No. 14154 elaborado por el agrimensor Rodríguez Calvo, por lo que no extraña que en el informe de 1929 sobre nuevas fuentes para aumentar las aguas de las cañerías que surtían a la ciudad de Heredia y sus pueblos, el Ing. Fournier los mencionara como parte de sus investigaciones topográficas.
En cuanto a los terrenos municipales la Ley No. 78 de 29 de junio de 1933 autorizó al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de Santo Domingo para permutar las fincas inscritas en el Partido de Heredia, la del Gobierno No. 20682, tomo 522, folio 386, asiento 2, y la de la Municipalidad de Santo Domingo No. 19837, tomo 466, folio 2, asiento 1. En el artículo 2 dispuso la fundación de la Colonia Agrícola de Vara Blanca en los terrenos de la finca 19837 que pasó al Estado, lindante al norte, sur y oeste con terrenos de Gustavo Rothe y al este con terrenos de propiedad del cantón de Barva, y una superficie de 1712 Ha 29 áreas y 52 centiáreas. (Colección de Leyes y Decretos, Año 1933, Semestre II, p. 1-3).
La citada finca 19837 se inscribió el 21 de diciembre de 1896 en el Partido de Heredia al tomo 466, folio 2, asiento 1, situado en Vara Blanca, distrito 2 cantón 2, lindante al Norte, Sur y Oeste con terrenos de Gustavo Rothe, y al Este, terrenos de propiedad del Cantón de Barba; con una medida de 1712 Ha 29 áreas 52 centiáreas, y como gravamen la obligación de permitir las entradas y salidas necesarias para los baldíos limítrofes e interiores. La Municipalidad de Santo Domingo por medio del Jefe Político denunció el terreno que correspondía a la legua cuadrada que por decreto de 28 de setiembre de 1879 concedió el Supremo Gobierno al cantón; y posteriormente, dado el decreto de 17 de junio de 1884, ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, el Regidor Fiscal amplió el denuncio hasta las dos leguas que tal decreto concedió a las Municipalidades de nueva creación y a las que por leyes anteriores no se hubiere hecho igual asignación. Seguidos los trámites de ley, el Juez de lo Contencioso Administrativo por auto del 4 de setiembre de 1896 lo adjudicó a la Municipalidad. El auto fue aprobado por acuerdo de 17 de setiembre de ese año, según escritura otorgada en San José el 12 de diciembre de 1896 ante el Notario Público Gregorio Martínez Soto, cuyo testimonio se presentó al Diario del Registro a la una y media del 18 de ese mes (asiento 4931, folio 550, tomo 61).
En el asiento 2, folios 2 y 3 del mismo tomo, por escritura del 21 de agosto de 1940, inscrita el 6 de diciembre de 1940, se consignó que la finca está situada en el distrito 6, cantón 1, y que fue dada al Estado en cambio de la número 20682, inscrita en el tomo 522, folio 386, debidamente autorizado con vista del oficio de la Secretaría de Fomento y Agricultura, No. 3363 de 18 de julio de 1940, en el cual consta que dicha permuta es de acuerdo con la Ley 38 de 23 de diciembre de 1939; y con el artículo 1° de la Ley 78 de 3 de julio de 1933. El 12 de agosto de 1955, al margen de este asiento se consignó que cualquier anotación o inscripción de esta finca, en que intervenga el Estado, debe transcribirse al folio 251, tomo 1 de Propiedades del Estado, Partido de Heredia.
La finca 20682 fue inscrita el 18 de marzo de 1899 en el Partido de Heredia al tomo 522, folio 386, asiento 1, como terreno situado en “Vara Blanca”, distrito 2, cantón 2 de la Provincia de Heredia, lindando al Norte, Sur y Este terrenos baldíos; y al Oeste, la legua de Heredia; con una medida superficial de 1782 Ha 18 áreas 48 dm²; y como gravamen la obligación de permitir por el terreno descrito, las entradas y salidas necesarias para los baldíos limítrofes e interiores de acuerdo al artículo 2 del decreto de 6 de agosto de 1892; en virtud del denuncio el Juez de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con el Promotor Fiscal y en consecuencia del Decreto de 17 de junio de 1884, por auto del 13 de enero de 1899 adjudicó la propiedad a la Municipalidad de Santo Domingo y el Poder Ejecutivo lo aprobó 19 de enero citado. Así consta de escritura otorgada en San José el 11 de marzo de 1899 ante el notario Gregorio Martínez Soto, testimonio presentado al Registro al asiento 555, tomo 66 del Diario. En el asiento 2, folios 386 y 387 del mismo tomo, por escritura del 21 de setiembre de 1918, inscrita el 19 de octubre de 1918, en cumplimiento del Decreto Legislativo No. 46 de 30 de julio de 1918, la Municipalidad traspasó al Estado la propiedad. En el asiento 3, folio 387 y 388 del mismo tomo, por escritura del 21 de agosto de 1940, inscrita el 6 de diciembre de 1940, se consignó que la finca está situada en el distrito sexto, cantón primero, y que fue dada a la Municipalidad a cambio de la inscrita en el tomo 466, folio 2, número 19837, debidamente autorizado con vista del oficio de la Secretaría de Fomento y Agricultura, No. 3363 de 18 de julio de 1940, en el cual consta que esa permuta es con base en la Ley 38 de 23 de diciembre de 1939 y el artículo 1 de la Ley 78 de 3 de julio de 1933.
El 3 de diciembre de 1934 la Ley No. 29, artículo 20, mantuvo la indenunciabilidad prevista en la Ley No. 65 de 1888. En su numeral 16, la Ley No. 29 de 1934 señaló que era absolutamente prohibido derribar montes, establecer cultivos, extraer leña, maderas o productos en tierras nacionales sin tener el título de dominio o arrendamiento legalmente establecido. (Colección de Leyes y Decretos, Año 1934, Semestre II, p. 452-454).
El 4 de junio de 1937 el Secretario de Gobernación comunicó al Jefe del Ministerio Público que el Gobernador de Heredia, en oficio del 25 de mayo de ese año, había señalado como motivo para la creciente disminución de las aguas de la ciudad la destrucción de los arbolados en la región Norte y los desmontes cerca de la Laguna del volcán Barva realizados por personas con denuncios pendientes comprendidos dentro de la Zona Inalienable de la Ley del 30 de julio de 1888, y que era necesario evitarlos, siendo lo más apropiado instruir a la Promotoría Fiscal a oponerse a los denuncios mientras no se justificara que estaban fuera de los dos kilómetros de la Ley. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 22163).
El 15 de junio de 1937 el Secretario de Gobernación informó al Gobernador de Heredia sobre las actividades del Reguardo Fiscal para impedir la despoblación de los arbolados, indicándole que la Inspección Provincial de Heredia había informado el 8 de ese mes que las comisiones practicadas en los campos habían girado instrucciones al personal del Resguardo para que si notaban alguna tala de árboles a orillas de las fuentes, ríos y arroyos lo informaran para su juzgamiento y reposición de los árboles, además le dio cuenta de las denuncias presentadas por los desmontes. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 22163).
El 22 de junio de 1937 el Secretario de Gobernación le indicó al Gobernador de Heredia que en atención a su iniciativa sobre los medios para impedir la despoblación de los arbolados que protegen las aguas que sirven a la ciudad de Heredia, que la Ley No. 65 de 30 de julio de 1888 no permitía la destrucción de los bosques en una Zona Inalienable de dos kilómetros a uno y a otro lado del volcán Barva, desde el cerro denominado El Zurquí hasta el de La Concordia, y que lo aconsejable era dar instrucciones determinantes a las autoridades para que con todo empeño hicieran respetar ese mandato legislativo, obteniendo los nombres de quiénes se habían instalado como poseedores, denunciantes o simples detentadores, y que con esos datos el Ministerio Público endilgaría sus gestiones contra los poseedores ilegalmente establecidos para desalojarlos y suspender los trabajos dentro del litoral prohibitivo con base en el artículo 16 de la Ley No. 29 de 3 de diciembre de 1934. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 22163).
El 21 de julio de 1937, el Secretario de Gobernación transcribió al Jefe del Ministerio Público el oficio del 16 de ese mes donde el Gobernador de Heredia le remitió el informe del Jefe Político de San Rafael, con las personas instaladas indebidamente dentro de la Zona Inalienable de dos kilómetros a uno y otro lado del volcán Barva, desde el cerro “El Zurquí hasta el de La Concordia”. El 5 de agosto de ese año, el Secretario remitió al Jefe del Ministerio Público la lista de personas establecidas dentro de la zona prohibida adyacente al volcán Barva según el Decreto No. 65 de 30 de julio de 1888. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signaturas 22164 y 22165).
El 19 de agosto de 1937 el Secretario de Gobernación a su vez informó al Gobernador de Heredia que a raíz de su gestión y en vista de las comunicaciones de los Jefes Políticos de Santa Bárbara y San Rafael, donde determinaron quiénes poseían terrenos dentro de la Zona Inalienable alrededor del volcán Barva, el Jefe del Ministerio Público en oficio No. 775 de 12 agosto último, le había indicado:
“Me es grato referirme a sus atentos oficios Nos. 4896, 5649 y 6286 de 4 de junio, 21 de julio y 5 de agosto último, que se relacionan con la instancia presentada por el señor Gobernador de la Provincia de Heredia a fin de que la Promotoría Fiscal se oponga a todo denuncio que se establezca cerca de la Laguna del Volcán Barba por estar esa región comprendida en la zona inalienable decretada por ley Nº LXV de 30 de julio de 1888, con el fin de proteger las fuentes de la cañería de Heredia.- La autoridad mencionada atribuye la creciente disminución de esas aguas a la despiada destrucción de los arbolados en la región Norte y pretende la conservación de los bosques mediante las oposiciones que debe presentar el Ministerio Público. –Efectivamente, la ley citada declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y a otro lado de la cima de la montaña del Volcán Barba, desde el cerro llamado El Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal.- Según investigación practicada en el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo, no aparecen como denunciante de esas tierras ninguna de las personas que indican los Jefes Políticos de Santa Bárbara y San Rafael de Heredia, en los oficios que Ud. se dignó remitirme. Pero sí, muchos de esos nombres, aparecen como dueños de fincas inscritas en toda esa región, según títulos debidamente extendidos de acuerdo con leyes especiales, entre ellas las siguientes: Nº 2 de 28 de enero de 1859; Nº 42 de 2 de enero de 1849; Nº 18 de 18 de junio de 1860 y Nº 31 de 19 de diciembre de 1848. Del estudio hecho en el Registro Público por el empleado auxiliar de esta oficina consta que muchos de los indicados por las autoridades de Santa Bárbara y San Rafael tienen inscritos sus títulos de propiedad y la mayor parte de sus fincas son segregaciones de las inscritas en el Partido de Heredia, tomos 123, y 1.023, folios 303 y 436, número 7.966 y 32.318, inscritas la primera desde 1875 y la segunda, desde 1887.- Los efectos, pues, de la ley de 1888 no han podido comprender las tierras que ya estaban tituladas antes de esa ley y sé que con posterioridad se han hecho varios títulos en la misma región que es muy extensa, con informaciones posesorias y con aplicación de gracias. Denuncios con la ley de 1934 no se han presentado, por lo menos, no hemos podido encontrarlos, pero si llegaran a presentarse, no hay el menor peligro de que las tierras lleguen a adjudicarse a los denunciantes, toda vez que al ser medidas esas tierras, el agrimensor encargado deberá consignar, según lo ordena el artículo 4º, inciso c) del Reglamento Nº 8 de 22 de julio de 1935, que se trata de terrenos no comprendidos en las prohibiciones de la ley, pues expresamente el artículo 20 de la ley Nº 29 de 3 de diciembre de 1934 mantiene la indenunciabilidad de las tierras a que se refiere el decreto Nº 65 de 30 de julio de 1888.- De manera que si el mal existe, no está el remedio en la actuación de la Promotoría Fiscal, sino en la acción de las autoridades administrativas que no han aplicado lo ordenado por el artículo 16 de la ley de 1934 citada, impidiendo a los que no tienen título de propiedad debidamente inscrito explotar las tierras baldías o reservadas para fines determinados. Yo creo que el camino que deben seguir las autoridades es impedir a todo trance que continúe la explotación que presenten su título de propiedad y de no presentarlo, aplicarles las sanciones de ley que son el juzgamiento como usurpadores de tierras de dominio público, sin lugar a indemnización alguna.- En cuanto a la actuación del Ministerio Público, el señor Gobernador de Heredia puede tener la seguridad de que se impedirá el otorgamiento de títulos de propiedad sobre la zona indenunciable de que se ha hecho referencia. Devuelvo a Ud, los papeles que se dignó enviarme y sin otro particular me suscribo de Ud. muy atentamente.- Horacio Castro – Jefe del Ministerio Público.” (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 22165).
Ante ello el Secretario de Gobernación instruyó al Gobernador de Heredia que de ser necesario aplicara el artículo 16 de la citada Ley de 1934 y para ello le remitió el estudio de las fincas de interés con la bondad de su devolución. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 22165).
El 27 de agosto de 1937 la Municipalidad de Heredia conoció la comunicación del Secretario de Gobernación donde transcribió el oficio 775 del Jefe de Ministerio Público que detallaba la forma de cómo varias personas adquirieron, desde hacía muchos años, títulos de propiedad sobre terrenos situados en la Zona Inalienable de la Ley No. LXV de 1888, comprendidos entre las montañas del volcán Barva y el cerro Zurquí, e informó también cómo impedir fueran usurpadas, adjuntando la nómina de terratenientes con sus respectivas citas en el Registro de la Propiedad. La Corporación estimó muy beneficiosa para la Provincia la labor empeñada por el Gobernador y el Jefe del Ministerio Público, e instó a tan distinguidos funcionarios a continuar en esa labor, dejando copias de sus estudios. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17527, f. 398, 400-401).
El 10 de enero de 1939, la Ley General de Terrenos Baldíos, también estableció la afectación de la Zona Inalienable de la montaña del volcán Barva entre los cerros Zurquí y Concordia, y sin la posibilidad de que el Poder Ejecutivo la aumentara o disminuyera: "Artículo 9°- Tampoco pueden ser enajenados los terrenos situados en una zona de dos mil metros alrededor de los bordes de los volcanes Irazú y Poás y de la Laguna vecina de éste último, así como los situados en una zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña del volcán Barba, desde el Cerro Zurquí hasta el de Concordia." (Archivo Nacional, Fondo Congreso, signaturas 18644, f. 89; y 18750, f. 232. Colección de Leyes y Decretos, Año 1939, Semestre I, Tomo II, p. 12).
El 29 de noviembre de 1939 el Jefe Político de la Municipalidad de Santo Domingo informó al Presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación y Policía, el acuerdo municipal unánime donde se aceptó la propuesta del Ministerio Público con instrucciones del Presidente, para la permuta de la finca de ese Municipio número 20682 del Partido de Heredia, tomo 522, folio 386, asiento 1, conforme a la ley 78 de 4 de julio de 1933, a fin de zanjar las dificultades existentes con 79 personas que ocupaban parcelas allí, por una finca libre de ocupantes; comprometiéndose los personeros del Estado a realizar y activar los trámites legales; considerando que el cambio era beneficioso a los intereses comunales y una mejor justicia social, para que cada costarricense tuviera una parcela para cultivar. El 11 de diciembre de 1939 la Secretaría de Gobernación y Policía informó al Jefe Político de Santo Domingo haber recibido acuerdo municipal alusivo a la permuta de su finca por otra propiedad del Estado y haberlo transcrito así al Presidente. (Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 8883.4).
El 7 de noviembre de 1941 la Municipalidad de San Rafael de Heredia, ante la solicitud de compra de hectáreas en las montañas al norte de ese cantón en las cuales es dueña de una gran extensión de terrenos, e ignorando si en realidad era cierto, para determinar si tenía derecho a venderlas y el trámite a emplear, encargó a Víctor Manuel Elizondo hacer las averiguaciones y autorizó al Jefe Político para el pago de ese trabajo. El 1 de diciembre de 1941 agradeció al Lic. Víctor Manuel Elizondo por el informe rendido de si el Municipio tenía terrenos inscritos situados en las cabeceras del río Tibás o colindantes con él, por cuya comisión no había cobrado honorarios. El 17 de junio de 1946 la misma Municipalidad a raíz de haberse presentado quince vecinos de Concepción manifestando que unos individuos del ese distrito estaban gestionando el denuncio de muchas hectáreas de terreno alrededor de los manantiales del río Tibás para explotar sus maderas, propiciando con ello la desaparición de los manantiales de los terrenos municipales, considerando que hasta ese momento lo relatado era un rumor, solicitó al Jefe Político estar al cuidado del asunto e informar para adoptar las medidas convenientes. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de San Rafael, signatura 16009, p. 167, 170-171; 16022, p. 115).
Ante denuncios presentados en el Juzgado Civil de Hacienda sobre terrenos en La Isla de Concepción bordeada por los ríos denominados Tibasillos, afluentes del río Tibás, el 28 de octubre de 1946 la Municipalidad de San Rafael considerando que los terrenos eran de propiedad municipal conforme al Decreto No. LXV de 30 de julio de 1888, que declaró inalienables los montañas en que tienen origen las aguas que abastecen a Heredia y Alajuela en una zona de 2 km de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña del volcán de Barva, desde el cerro llamado Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, dispuso oponerse a los mismos y autorizó al Ejecutivo Municipal para apersonarse al Juzgado de Hacienda. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de San Rafael, signatura 16022, p. 154-155).
El 15 de abril de 1947 la Municipalidad de San Rafael ante denuncios de terrenos en “La Isla” de Concepción, zona de propiedad municipal conforme al Decreto 65 de 1888, declarada inalienable por tener en ella origen las aguas que alimentan a las poblaciones de Concepción de San Rafael y San Isidro de Heredia, acordó dirigirse al Ministerio Público para que se opusiera. (Archivo Nacional, Fondo Municipalidad de San Rafael de Heredia, signatura 16022, p. 201, 205-206).
El 23 de marzo de 1952 la Municipalidad de Barva conoció el informe donde el Inspector Provincial de Heredia indicó que en las guías de inspección del curso que sus subalternos habían llevado a cabo en fechas recientes por las montañas al norte de la provincia, había observado carriles hechos e hilos de alambre de púas con el objeto de dividir esos terrenos situados entre los cerros “Zurquí” y “Concordia”, y que creyéndolos municipales, se dirigió al Jefe Político y al Ejecutivo Municipal para que tomaran las medidas que sobre el particular se estimaran convenientes. El Municipio señaló que la intromisión en esas montañas traía como consecuencia el desmonte de las mismas y desde luego el peligro para un futuro de la pérdida en el abastecimiento de las aguas y dispuso hacer excitativa a los organismos correspondientes superiores para la aplicación de las leyes sobre la materia con mayor rigor o se dictaran otros nuevos para terminar esos abusos. A la vez acordó transcribir ese acuerdo al Ministro de Gobernación, para que previas las investigaciones del caso se llegue a saber a quién corresponden esos terrenos, pues tenía la impresión de que son indenunciables por leyes dictadas al efecto. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Barva, signatura 16381, p. 48 v-49).
VI.- A mediados del siglo XX los mojones de piedra colocados por el Ing. Manuel Benavides en 1903 habían desaparecido, pues el 24 de abril de 1950 la Municipalidad de Heredia autorizó al Gobernador para obtener la colaboración en la demarcatoria la Zona Inalienable, solicitud que también se dirigió al MAG (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17531, f. 239, 241).
Para entonces sobre la existencia del plano de la medida de la Zona Inalienable, el 30 de setiembre de 1958 el Jefe de Catastro, al comentar el Proyecto de Ley de Tierras y Colonización, indicó: "…cabe preguntar si el inciso que declara inalienable la cima de las cordilleras en el mencionadas, está de por demás, debido a la vigencia de leyes anteriores que así lo declaran, pongo por ejemplo la Ley N° 55 (sic) del 30 de julio de 1888, que demarca la zona inalienable de los cerros Zurquí y la Concordia y de la que existe plano en el Catastro…" (Archivo de la Asamblea Legislativa. Ley 2825. Tomo 1/5, f. 53, 65-68).
La signatura 14154 del Archivo Nacional del plano hecho Moisés Rodríguez sobre la Zona Inalienable indica que procede del Catastro, y es un elemento adicional a los ya comentados para sustentar su oficialidad. Esa signatura cita como fecha del plano 1888, pero de acuerdo a la información recopilada es de 1898, por lo que de este dictamen se remite copia al Archivo Nacional para la revisión de la fecha consignada en esa signatura.
El proyecto comentado por el Jefe de Catastro culminó con la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de 1961, que en su numeral 7 dispuso: "Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes: … e) Una zona de dos kilómetros de radio, con centro en el cráter, o cima principal alrededor de los volcanes Barba, Poás…; una zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de la Cordillera entre los Cerros Zurquí y Hondura…i) Todos aquellos terrenos que hubieren sido declarados indenunciables o inalienables por disposiciones legales anteriores.” . Tampoco en esta ocasión se previó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo la aumentara o disminuyera dichas zonas.
A partir de la década del sesenta se mantiene la necesidad de proteger y conservar los bosques y las fuentes de agua potable en la zona norte de Heredia a través de la coordinación interinstitucional, proyectos de reforestación, y las actividades de vigilancia para enfrentar la tala no autorizada y el abuso en el aprovechamiento de la concesión de aguas; así como la interposición de denuncias para imponer sanciones a quienes actuaran al margen de la ley. Las actuaciones de los órganos del Estado también revelan el ejercicio de acciones, incluso gestionadas por organizaciones comunales, para evitar la reducción o perjuicio ilegítimo a la Zona Inalienable de la Ley 65 de 1888, que a su vez generaron pronunciamientos sobre la vigencia de la normativa afectante y el régimen de administración. Se elaboró un mapa de capacidad de uso y se crearon áreas silvestres protegidas. ([42]) Veamos algunos ejemplos.
El 1° de febrero de 1961 la Municipalidad de Heredia, ante el problema de escasez de aguas potables, dispuso el entubamiento de las aguas de Flores y reforzar las del río de la Hoja con un préstamo, ofreciendo como garantía las rentas provenientes del Servicio de Cañería de Heredia (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17536, f. 264, 268).
El 27 de agosto de 1962 dicha Municipalidad recibió el informe del Jefe del Departamento Legal sobre las propiedades municipales en los terrenos de El Gallito, jurisdicción de Ángeles de San Rafael de Heredia y de algunas fincas sin localizar por tener inscripciones muy antiguas, con linderos muy viejos, y que algunas podían estar confundidas con reuniones de hecho de varios inmuebles y otras situadas en las montañas de Barva (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17537, f. 405, 409-410).
El 15 de octubre de 1968 la Municipalidad de Heredia, ante la deforestación de la sierra norte de la Provincia, acordó dirigirse al ICE, Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, Servicio Nacional de Electricidad, Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal, Municipalidades de Barba, San Isidro, San Rafael y Moravia e ITCO, para que interpusieran sus buenos oficios contra ese problema. Además, requirió al apoderado municipal un estudio de la legislación aplicable, al Resguardo Fiscal requisar la madera producto de la deforestación, hasta que se demostrara que provenía de propiedades inscritas en el Registro y no de terrenos baldíos nacionales o pertenecientes a los dos kilómetros que la Ley prohibía desforestar, y solicitó al Registro Público no dar cabida a inscripción de propiedades ni a denuncios de tierras dentro de la zona de reserva nacional de la parte norte de Heredia a ambos lados de la división de aguas. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17545, f. 150, 154-155).
El 12 de noviembre de 1968 esa Municipalidad conoció el informe de su apoderado donde señaló:
“Sobre esa materia, hay una amplia legislación.- Para el caso que ahora interesa, podemos citar la siguiente: 1.- Ley de Aguas, Nº 276 de 26 de Agosto de 1942 y sus reformas. Capítulo IX.- Medidas referentes a la conservación de árboles para evitar la disminución de aguas.- Artículos 145 a 159.- 2.- Ley de Tierras y Colonización, Nº 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas. 3.- Decreto Nº LXV de 30 de Julio de 1888, que declara inalienable la zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a ambos lados de la montaña llamada Volcán Barba, desde el cerro Zurquí hasta La Concordia, sea propiedad nacional o municipal. Esta ley está prácticamente involucrada y ampliada en la anterior (Ley de Tierras y Colonización). 4.- Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, Decreto Ley Nº 449 de 8 de Abril de 1949, - y sus reformas. 5.- Ley Constitutiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, Nº 2726 de 14 de Abril de 1961 y sus reformas. 6.- Código Fiscal.- Capítulo IV.- De los Bosques.- Artículos 549 a 553.- Pienso que la colaboración de las Instituciones que se indican en el aparte primero del mismo acuerdo, además del Instituto de Tierras y Colonización, y con la acción decidida del Resguardo Fiscal y el señor Gobernador de la Provincia,- se puede cortar de inmediato cualquier abuso que en la actualidad se esté cometiendo en la región norte de nuestra Provincia.-“ (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17545, f. 177).
Esa Municipalidad transcribió el informe al Resguardo Fiscal con el ruego de informar sobre lo actuado en la tala de árboles. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17545, f. 177).
El 26 de junio de 1975 la Municipalidad de Heredia solicitó a este Despacho el estudio de las leyes que declararon la Cordillera Norte como reserva forestal y la situación legal de quienes la administraban. El 25 de agosto de 1975, el Municipio conoció el oficio de 12 de agosto de 1975, donde el Procurador Agrario transcribió el Decreto Legislativo LXV de 31 de julio de 1888, e indicó que la Ley Forestal No. 4465 dispuso que el Poder Ejecutivo, a través del MAG, administraba las Reservas Nacionales y las fincas rurales del Estado; y que la administración de los bosques y terrenos forestales de esas reservas nacionales y fincas del Estado, estaban a cargo del Servicio Forestal, y que siendo probable que hubiesen fincas particulares inscritas dentro de la zona inalienable, le recomendó dirigirse a la Dirección Forestal del MAG para que le proporcionara el estado actual en que se encontraba la misma. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17555, f. 128, 262, 267).
El 26 de junio de 1975 se emitió el Decreto No. 4961-A creador de la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central, a fin de asegurar que los terrenos de vocación forestal permanezcan siempre con su cobertura de bosques y garantizar la existencia de agua para suplir las necesidades de la población en el presente y en el futuro. El Decreto No. 5386-A de 29 de octubre de 1975 reformó el 4961-A (La Gaceta Nos. 130 de 11 de julio de 1975; Alcance No. 185 a La Gaceta No. 215 de 12 de noviembre de 1975. Colección de Leyes y Decretos, Semestre I, Tomo 4, Año 1975, p. 1569-1571; Semestre II, Tomo 3, Año 1975, p. 1052-1054).
De acuerdo con los límites de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central sobrepuestos en la hoja cartográfica Barva de 1967 por la Oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, los Decretos 4961 y 5386 fijan una distancia de 4569 m entre el río Guararí (punto 44) y el punto 45, que está en dirección suroeste hacia el poblado Cinco Esquinas del distrito Carrizal, pero sin alcanzar la línea divisoria provincial. El punto 45 está dentro de la provincia de Heredia, entre los cursos del yurro Hondo por el norte y el yurro Seco por el sur, aproximadamente 600 m al este de la línea limítrofe. Luego la línea recta imaginaria del límite de dicha Reserva Forestal continua 1118 m al noroeste hasta el punto 46, ubicado en un sector en la margen oriental de la vía pública que comunica Heredia con Sarapiquí, aproximadamente 200 m al oeste de la línea limítrofe, dentro del distrito Carrizal de la Provincia de Alajuela. Ese punto 46 está aproximadamente 650 m al sur en línea recta del puente del río Chorreras del poblado Concordia también del distrito Carrizal. Del punto 46 se traza una recta 7333 m al noreste que interconecta con el punto 1, abarcando esa Reserva Forestal un área de 1043 km².
El punto 45 del límite de esa Reserva Forestal se localiza aproximadamente 3800 m al suroeste del cerro Guararí (Concordia), en tanto, el punto 46 a 3850 m aproximadamente, abarcando en ese sector dicha Reserva una área aproximada de 9 km² al oeste y contigua a la Zona Inalienable de la Ley 65 de 1888 descrita en el plano del agrimensor Moisés Rodríguez Calvo, pero lo anterior no conlleva que esa Zona Inalienable originalmente abarcara, ni en la actualidad, los terrenos del distrito Carrizal de la provincia de Alajuela.
El 1° de setiembre de 1975 la Municipalidad de Heredia, ante la deforestación de la zona comprendida entre la Concordia y el Zurquí, en un ancho de 2 km a ambos lados de la cima, y tomando en cuenta que era el área de infiltración de los recursos hidrológicos de Heredia y Alajuela, San José y Puntarenas, apoyó una solicitud del Comité Cívico de Heredia y hizo excitativa al Presidente de la República para que se decretara como reserva forestal y se paraliza la deforestación hasta que el MAG definiera un programa de reforestación y explotación racional, sin embargo, esa Reserva, como vimos, acababa de ser creada por los decretos 4961 y 5386. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17555, f. 283-284).
El 2 de octubre de 1975 la Municipalidad de Heredia envió excitativa al Departamento Forestal del MAG para que no se fomentara la deforestación autorizando exportar maderas. También pidió a la Asamblea Legislativa modificar la Ley Forestal porque con algunos de sus artículos, en especial el 96, violaba la Zona Inalienable. El 10 de noviembre de ese año, el Municipio también solicitó al Departamento de Urbanismo del INVU interponer sus buenos oficios y no autorizar ninguna urbanización en la zona Norte de Heredia, dentro de la Zona Inalienable prevista en la Ley de 1888, acuerdo que dispuso comunicar al Presidente de la República, Asamblea Legislativa, Ministro de Agricultura, Prensa, Radio y Televisión. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17556, f. 52-53, 173-175).
El 19 de febrero de 1976 el mismo Municipio recibió documentación de la Asociación Pro- Reforestación de la Zona Norte relativa a la protección de sus bosques para impedir su tala y reponerlos con un plan de reforestación, lucha que tenía asidero en la Ley del 30 de julio de 1888, que declaró inalienables las montañas en que tienen su origen las aguas que abastecen a Heredia y Alajuela, vigente como lo había indicado la Procuraduría, siendo el MAG, conforme a la Ley Forestal, el encargado de administrar las reservas nacionales y las fincas rurales del Estado, así como los bosques y terrenos forestales existentes en ellas. El Municipio apoyó esa lucha para la conservación de los bosques en la zona inalienable, y solicitó a la Oficina de Aprovechamiento Forestal del MAG acelerar los procedimientos para deslindarla, e hizo atenta excitativa al Presidente de la República de parar la deforestación, ordenándole a la Comisión de Emergencia Nacional y a la Comisión de los Recursos Naturales que, en conjunto con la Asociación, llevaran a cabo las gestiones pertinentes; también solicitó al Presidente ordenar a los Ministros de Seguridad Pública y Gobernación coordinar un sistema de resguardo permanente para detener a los infractores y acusarlos al Ministerio Público. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17557, f. 115, 120-123).
El 28 de junio de 1976 la misma Municipalidad recibió el informe de su asesor legal sobre la recuperación de tierras en la zona norte de Heredia, específicamente de la finca Fuente de Flores y sobre un juicio de desahucio establecido contra un particular, y en el que señaló que conforme al estudio de cada una de las fincas desde su origen, muchas de las fincas habían sido fundadas por la unión de dos o más compradas a diferentes personas, quienes las habían titulado desde el siglo pasado, siendo la más antigua de 1871, y el resto adquiridas por información posesoria en el último cuarto del siglo anterior, calculando su cabida en 600 manzanas. Agregó que esas fincas correspondían geográficamente a la de Fuente de Flores, o sea el Cantón de Barva, extendiéndose hasta los Ángeles de San Rafael de Heredia, pues contaba con una extensión de aproximadamente 10000 manzanas, y que estaban en posesión de otras personas porque desde el siglo pasado los moradores se habían ido posesionando de ellas y posteriormente presentándose ante los Jueces Civiles de la Provincia para obtener los títulos de propiedad, y que en cada una de las informaciones posesorias levantadas se había tenido como colindante a la Municipalidad de Heredia, por lo que tuvo que ser notificada de los actos judiciales que se estaban llevando a cabo, sin poder precisar si hubo o no oposición, toda vez que no había tenido tiempo de revisar los expedientes antiquísimos, y aunque había existido una gran preocupación por parte de los Regidores de recuperar esas tierras, legalmente no era posible porque, en su criterio y el de diferentes personas entendidas en la materia, sobretodo abogados administrativistas a los que consultó, los plazos de reconvalidación estaban superados. Añadió que muchas de las fincas inscritas y que antiguamente formaban parte de las Fincas de Fuentes de Flores pudieron haber sido inscritas con menor cabida a la actual, o que bien otras personas las estuvieren poseyendo de hecho y que nunca hicieron los trámites de información posesoria, por lo que la Municipalidad podría únicamente tratar de estudiar quiénes eran los poseedores, qué cantidad de tierra tenían inscrita a su nombre y cuál era la demasía en caso de existir, para recuperarlas. Además indicó que una innumerable cantidad de personas poseían con título en las tierras de Fuente de Flores y para practicar ese estudio era necesario hacer un inventario de esos poseedores, y luego hacer un estudio comparado de los títulos en relación con la tierra poseída. Solicitó que el juicio de desahucio se diera por terminado porque, en su opinión, los terrenos tenían títulos legítimos. Discutido el asunto el Concejo recomendó al Apoderado Legal y Ejecutivo retirar el juicio de desahucio planteado. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17558, f. 183-187).
El 27 de setiembre de 1977 Municipalidad de Heredia señaló la existencia de acuerdos firmes tomados anteriormente, relativos al Presupuesto de 1978, y la inclusión de la partida de un ½ % del Presupuesto total para el Programa de Control de Deforestación y Reforestación en la Zona Norte de Heredia (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17564, f. 110, 112).
En 1978 con motivo de la Semana Nacional de Conservación de Recursos Naturales Renovables, el señor Rafael Cubero Barrantes sobre la Cordillera Volcánica Central al Norte de Heredia citó sus cerros de izquierda a derecha: el Guararí, Las Tres Marías, donde está la Laguna del volcán Barva, el cerro de Piedra, formando estos tres primeros el macizo del volcán. Luego los cerros Chompipe, Delicias y Tibás, en territorio de San Rafael. Finalmente, los cerros Turú, Caricias y Zurquí, en territorio de San Isidro. Agregó que en 1888 se promulgó una disposición para proteger esa Cordillera, constituida posteriormente reserva forestal e integrante del Patrimonio Forestal del Estado. Además, citó la deforestación que convertía el bosque en tierra para la ganadería de leche, como había sucedido en las faldas del Guararí; el cambio del bosque por coníferas que no cumplían las funciones de aquél y la cacería que provocaba la desaparición de los animales silvestres. Y ello producía la merma del caudal del agua, trastornaba el ambiente y desequilibraba el clima, provocando precipitaciones que generaban derrumbes e inundaciones que perjudicaban la agricultura, a los habitantes, erosionaba los suelos, desaparecían las maderas preciosas y la fauna, siendo deber de todos conservar y reforestar esa Cordillera. (Cubero Barrantes, Rafael. Cordillera Volcánica Central al Norte de Heredia, Semana de Conservación de Recursos Naturales, 1978, p. 12. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-1978).
Así vemos como en 1978 las personas tenían conocimiento de la Ley 65 de 1888, necesaria para la conservación de los bosques y las aguas del macizo o cordillera del Barva y sus extremos entre los cerros Concordia (Guararí) y Zurquí.
El 25 de octubre de 1978 se promulgó la Ley No. 6280, que en su artículo 1 creó el Parque Nacional Braulio Carrillo (La Gaceta No. 217 de 14 de noviembre de 1978). Sus límites fueron ampliados por los Decretos 17003 de 13 de abril de 1986 (La Gaceta No. 98 de 27 de mayo de 1986) y 22620 de 1° de octubre de 1993 (La Gaceta No. 213 de 8 de noviembre de 1993) para asegurar que terrenos de gran valor ecológico permanecieran con su cobertura boscosa, manteniendo unidos ecosistemas de bioclimas del bosque muy húmedo tropical hasta bioclimas pluviales del piso montano para la supervivencia de aves y otros animales migratorios beneficiados con el corredor altitudinal, sirviendo a la diversificación genética de plantas y garantizando la protección de las fuentes de agua para suplir las necesidades de la población.
El 13 de noviembre de 1978 la Municipalidad de Heredia, atendió a un funcionario del Departamento de Protección Forestal del MAG y a la Encargada del Proyecto de Reforestación de la Zona Norte de Heredia para que expusieran ese Proyecto. La funcionaria señaló que la deforestación había sido ocasionada por la expansión de la frontera agrícola-ganadera, y reducía de la capacidad de retención de agua, provocaba la sedimentación de los ríos, y la merma de agua tanto para la población, la industria, el riego agrícola (beneficios de café, ingenios de caña de azúcar) y plantas hidroeléctricas. Que esos factores justificaban la ejecución del proyecto, para lo cual en las áreas protegidas con bosque se harían labores de vigilancia, y en los terrenos despojados total o parcialmente se llevarían a cabo trabajos de reforestación y vigilancia. En tanto en las áreas de fin de obtener bosques técnicamente manejados de mayor utilidad económica, protectora y escénica, así como la inmediata protección a las fuentes acuíferas. En apoyo del proyecto presentado por el MAG, la Municipalidad de Heredia acordó instar a las Municipalidades de la Provincia y a la Empresa de Servicios Públicos, para que integrara una Comisión Ad-Hoc para coordinar con todas las dependencias gubernamentales el estudio de la reforestación y protección de los bosques; así como solicitarle a la Dirección de Protección Forestal una nómina de necesidades para ese año y el de 1979, para que conjuntamente se estudiara la factibilidad de ayudarles en tan importante proyecto. El 22 de noviembre la Encargada del Proyecto dirigió al Municipio la lista de necesidades para el desarrollo del Proyecto, donde ya laboran un ingeniero agrónomo y 2 guardas forestales, siendo indispensable reforzar el personal con 6 peones para laborar en el vivero y 3 auxiliares de agronomía, que también ya se habían aportado materiales como fungicidas, fertilizantes, cedazo plástico, etc. y cubierto los gastos de gasolina, grasa, viáticos y otros requeridos, lo que demostraba el interés y el esfuerzo de la Dirección para desarrollar el proyecto al que debían sumarse todas las entidades de la zona, principalmente las Municipalidades. El 20 de marzo de 1979, dicho Municipio nombró una Comisión para que con las municipalidades de la Provincia y la Dirección Forestal, elaborara una política sobre la reforestación y protección de los bosques. ([43]) El 2 de junio de 1980 la misma Municipalidad conoció la nota que el 19 de mayo de 1980 había dirigido la Asociación Pro Conservación de los Recursos Naturales Sociales, Culturales y Medio Ambiente de Heredia al Presidente de la República solicitando sus buenos oficios contra la deforestación en la zona Norte de Heredia, el otorgamiento de permisos de tala dentro de la Zona Inalienable, reserva forestal y parque nacional, y contra la instalación de aserraderos y lecherías dentro de la zona de los mantos acuíferos por el peligro inminente para la salud. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17578, f. 15, 20-22).
El 3 de octubre de 1980 la Asociación de Desarrollo Bernardo Benavides informó a la Municipalidad de Heredia sobre problemas derivados de la construcción de urbanizaciones y el hecho de que “la zona norte de Heredia, estaba siendo deforestada a pesar de que la Ley de 1888 había declarado estos terrenos como “Inalienables”, y requirió tomar medidas. La Municipalidad dispuso no dar visto bueno a ninguna nueva urbanización que no contemplara en los planos la prevista para el desfogue de aguas negras, debiéndose además presentar declaración señalando qué grado de participación asumiría el sector privado para financiar la parte del recolector de aguas negras y la planta de tratamiento. (Archivo Nacional, Fondo Municipal Heredia, signatura 17581, p. 6 y 8).
El 23 de marzo de 1981 la Municipalidad de Heredia recibió informe del Ejecutivo sobre la reunión sostenida con funcionarios del MAG, la Asociación de Recursos Naturales, la Comandancia de Plaza, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y otros organismos en procura de resolver el problema de la tala de árboles (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17583, f. 59, 66-67).
El 16 de junio de 1981 el Gobernador informó en la Municipalidad de Santa Bárbara sobre las reuniones para coordinar con las Municipalidades de la provincia el problema de la deforestación. Agregó que como ese Municipio estaba haciendo un programa de reforestación, el mismo serviría de ejemplo a otras municipalidades, siendo necesario además llevar el control de la corta de árboles, para lo cual el delegado cantonal o distrital debía vigilar que únicamente se cortaran los autorizados. Por su parte, el señor Orlando Bolaños Brenes, del Comité de Conservación de Recursos Naturales de la Provincia, señaló que el Decreto No. 65 del 30 de julio de 1888 declaró inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, nacional o municipal, a uno y otro lado de la cima llamada montaña del cantón de Barva desde el cerro Zurquí hasta el conocido con el nombre de la Concordia, y en su ejecución, el acuerdo No. 17 de 28 de enero de 1896 dispuso que por cuenta del Gobierno se practicara su medida, quedando a cargo de las Municipalidades de los cantones de Heredia la conservación de carriles o mojones y la guarda de esa zona, así como el cultivo de árboles en las partes desmontadas; ante lo cual cabía luchar contra quienes la destruían pues de ella provenía el agua que abastecía a sus hogares. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Santa Bárbara, signatura 16203, p. 230, 232-235).
El 18 de agosto de 1981 en el dictamen C-180-81 se indicó que el Decreto No. 65 de 30 de julio de 1888 es una ley que mantiene vigencia, y que sobre la zona señalada en esa disposición se emitieron otras como la Ley del Instituto de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de 1961, que consideró inalienables y no susceptibles de ser adquiridas algunas porciones de la indicada zona (artículo 7 inciso c) y el Decreto Ejecutivo No. 5386-A de 28 de octubre de 1975, que estableció la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central, dentro de la cual quedó inserta parte de la zona apuntada por el Decreto No. 65 de 30 de julio de 1888.
El 10 de agosto de 1982 la Municipalidad de Heredia conoció respuesta del Departamento de Manejo y Aprovechamiento Forestal del MAG, donde informó sobre el trámite para el permiso de la tala de árboles conforme a la Ley Forestal No. 4465, reformada por la No. 6442 del 22 de mayo de 1980, y señaló que solo la Dirección General Forestal estaba facultada para otorgar permisos de aprovechamiento o explotación de productos forestales en los terrenos de propiedad privada y en reservas nacionales. Se acordó acusar recibo y agradecer la información brindada. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17590, f. 59, 61).
El 6 de setiembre de 1982 la Municipalidad de Heredia atendió al señor Orlando Bolaños Brenes y demás integrantes de la Asociación Pro Conservación de los Recursos Naturales, Sociales, Culturales y Medio Ambiente de Heredia, quienes expresaron su preocupación por la deforestación de la Cordillera Norte, cuyos terrenos estaban siendo utilizados para construir lecherías y pastizales a pesar de que el Decreto No. 65 del 30 de julio de 1888, según criterio de la Procuraduría, mantenía vigencia y con relación a la zona señalada en él se habían emitido otras disposiciones de igual o menor rango. Ante ello, con base en el Código Municipal, y el deber de las municipalidades de proteger los recursos naturales, el Municipio acordó dirigirse al MAG para que ordenara a la Dirección Forestal cumplir el Decreto 65 del 30 de julio de 1888, y que la tramitación de permisos de corta le concernían, y adjuntó copia del pronunciamiento de la Procuraduría y de la nota enviada por Marcos Rodríguez a la Municipalidad de Heredia el 28 de agosto de 1911. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17590, f. 166, 170, 175-176).
El 4 de octubre de 1982 la Municipalidad de Barva, con base en el inciso 7 del artículo 4 del Código Municipal, que encargaba proteger los recursos naturales, entre ellos las fuentes hidrográficas y bosques, acordó que sólo con su permiso se podía en adelante cortar árboles en la Región Norte de la Provincia de Heredia, y apoyándose en el Decreto Legislativo No. 65 de 1888, que declaró inalienables las montañas al norte de Barva, y por no haberse tenido cuidado de esa Zona se habían debilitado las fuentes hidrográficas que abastecían de agua a toda la provincia de Heredia y Meseta Central, por lo cual se haría de previo el análisis de la zona donde fuera solicitado el aprovechamiento de maderas. El 1° de noviembre de ese año agradeció al Municipio de Santa Bárbara por el respaldo a su gestión. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Barva, signatura 16403, p. 216, 218-219, 263, 265).
El 2 de diciembre de 1982 la Municipalidad de Heredia recibió correspondencia en la que se pidió al Presidente de la República impedir por decreto la tala del bosque de la Reserva Forestal comprendida en la Zona Inalienable de la Ley de 1888 para garantizar el agua a las generaciones futuras. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17591, f. 246-247, 250, 252).
El 19 de mayo de 1983 la Municipalidad de Heredia conoció la publicación hecha en un diario de circulación nacional donde se informó que el titular de la Cartera del MAG y su Director General habían ordenado frenar los permisos para la tala de bosque por todo el año debido a los serios problemas que estaba viviendo el país. El Concejo acordó expresarle su apoyo al Ministro, ya que ese Concejo había venido luchando para que la zona norte de esa Provincia dejara de ser explotada en forma irracional, porque ello había racionado el agua especialmente al cantón de San Rafael, y que el sentir de todas las Municipalidades era frenar la deforestación inmisericorde que personas inescrupulosas estaban realizando por jugosas sumas. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17593, f. 275-276).
El 6 de junio de 1983 la Municipalidad de Barva conoció una nota que el Comité de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de Barva había enviado al Presidente de la República relativa al peligro por la corta desmedida de árboles en la zona norte del cantón de Barva en la parte de la Cordillera Volcánica Central, a pesar de que desde 1888 se había legislado para evitar la deforestación, pues el Decreto No. 65 del 30 de julio de 1888, consultado a la Procuraduría, mantenía vigencia, y que previniendo el citado mal se habían creado la Reserva Forestal y el Parque Nacional Braulio Carrillo, pero no obstante esas previsiones, se seguían otorgando permisos para la corta de árboles en la Zona Inalienable, permisos que llegaban a conocimiento de las municipalidades un mes después de haber sido extendidos, con el agravante de que los interesados cortaban más árboles de los autorizados, y ante la posibilidad de que se secaran las fuentes de agua potable, le solicitaban interponer sus buenos oficios mediante un decreto o coordinar con el MAG la paralización inmediata de las anomalías apuntadas. El Concejo acordó acoger el texto estipulado en esa nota, y consideró urgente poner término a tan perjudicial acción, recomendando el envío de una copia de la nota a las municipalidades de los respectivos cantones, solicitándoles su apoyo en esa gestión ante el Presidente. (Archivo Nacional, Fondo Municipalidad de Barva, signatura 16404, p. 245, 248-250).
El 19 de setiembre de 1983 el Diputado Danilo Chaverri Soto envió copia a la Municipalidad de Heredia de una nota remitida al MAG, donde le solicitó indicar cuáles medidas había tomado o tomaría para proteger las fuentes ubicadas al norte de la Provincia y la aplicación del decreto del 30 de julio de 1888. El Municipio señaló que junto con las Municipalidades de San Rafael, Barva y San Isidro, habían hecho múltiples gestiones denunciando la deforestación de la zona Norte y la gran cantidad de permisos otorgados por el Departamento de Aprovechamiento Forestal. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17595, f. 194-197).
El 13 de marzo de 1984 la Municipalidad de Heredia aprobó el informe de la Asociación Pro- Conservación de los Recursos Naturales, y lo dirigió a la Dirección Forestal, donde consideró que el nuevo capítulo de Reforestación Nacional en la Ley Forestal la hacía más operante, pues obligaba a los que talaban con permiso forestal a reforestar en la misma proporción, y a reducir el déficit de bosque. También pidió a las corporaciones Municipales, Guardia de Asistencia Rural, Asociación Pro- Conservación de los Recursos Naturales, y la Dirección Forestal, vigilar las áreas calificadas para reforestar. Además, señaló que la Dirección General Forestal debía estar atenta para que los permisos tuvieran refrendo o el visto bueno de las municipalidades o Asociaciones que se dedicaran a proteger los recursos naturales, para así llevar un verdadero y mejor control de la ralea, técnica y racionalmente, máxime que leyes y decretos del 30 de julio de 1888 mantenían su vigencia según criterio del 18 de agosto de 1981 de la Procuraduría. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17598, f. 108-111).
El 25 de marzo de 1984, Armando Cedeño, Promotor de Dinadeco, cuestionó ante la Municipalidad de Heredia los problemas de agua, y que la Empresa de Servicios Públicos congelara los desarrollos urbanísticos tan necesarios porque alegaba no tener agua, cuando la misma era llevada a San José, Alajuela propiamente al Ojo de Agua y a Puntarenas. Agregó que según estudios realizados hacía diez años Heredia tenía un manto acuífero inagotable y una Ley de 1888 estaba vigente señalando que los mantos acuíferos del país debían protegerse, que conforme a los estudios del A y A se estaba extrayendo más agua de la que producían los nacimientos, y que si las luchas no se encaminaban como debía ser, luego tendrían un sin número de problemas. (Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17598, f. 242, 249-250).
VII.- Sobre las competencias técnicas del Instituto Geográfico Nacional y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así como de lo acordado por otros operadores jurídicos respecto al amojonamiento de la Zona Inalienable de la Ley 65 de 1888 cabe tomar en cuenta los siguientes antecedentes más recientes.
El 16 de agosto de 2005 por oficio No. 2005-136 el Jefe de División Territorial y Nomenclatura y dos ingenieros del Departamento de Geodesia y Topografía del Instituto Geográfico Nacional (IGN), informaron a su Director los resultados del análisis del levantamiento topográfico disponible en el Archivo Nacional con la signatura 14154, escala 1:10000. Indicaron que luego de algunos ajustes se hizo un transparente a escala 1:50000 para determinar la cobertura de esa superficie en la cartografía oficial (Hoja Barva II Edición 1967), fijando la orientación a la fila montañosa descrita en el plano sobre el mapa oficial a partir del cerro Zurquí (2119 msnm) dando como resultado que el cerro Guararí (2599 msnm) se acerca más al resultado de coincidencia con el otro punto extremo del plano, y adjuntaron la hoja cartográfica Barva II Edición 1967 con la sobreposición a escala del citado plano donde se aprecia el acercamiento a la coincidencia del cerro Guararí con el cerro que en su momento se denominó Concordia.
Por Oficio No. 06-710 de 16 de noviembre de 2006 el Departamento de Geodesia y Topografía del Instituto Geográfico Nacional remitió a este Despacho la hoja cartográfica Barva II Edición 1967 con la sobreposición del plano de la zona inalienable entre los cerros Zurquí y la Concordia disponible en el Archivo Nacional con la signatura No. 14154 reproducido por personal de ese Instituto según refiere el oficio No. 2005-136 del 16 de agosto de 2005.
En oficio No. 08-0279 de 6 de marzo de 2008, el Director del IGN informó al Director del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) que en el plano levantado por el Agrimensor Moisés Rodríguez por mandato del Supremo Gobierno, y que representa el área inalienable prevista en el artículo 1 del Decreto-Ley LXV de 1888 de 2 km alrededor del volcán Barva, desde el cerro Zurquí hasta el Concordia, correspondiente al cerro Guararí, se observa una línea sinuosa que se extiende desde el cerro Zurquí y que pasa por los cerros Turruses, Tibás, Delicias y La Piedra, continuado hasta su final, y tiene correspondencia entre la línea divisoria de aguas coincidente casi en su totalidad con la línea divisoria entre los cantones de Heredia, San Isidro, San Rafael y Barva, por lo que consideró que ese levantamiento es bastante preciso. Además, estimó buenas las conclusiones de interpretación e investigación emitidas por los funcionarios de ese Instituto en el oficio 2005-136 del 16 de agosto de 2005. En análoga dirección se pronunció el Ing. Álvaro Álvarez Calderón encargado de la Unidad de Geodesia del Departamento de Geodesia y Topografía de ese Instituto, en oficio No. DGT-137-08 de 29 de febrero de 2008.
Ante el oficio No. SCM 731-2008 de 28 de marzo de 2008, que transcribió el artículo IV de la sesión ordinaria No. 173-2008 de 17 de marzo de 2008 del Concejo Municipal de Heredia, donde se solicitó al Instituto Geográfico Nacional realizar el estudio para establecer los mojones a que alude la normativa de 1888, contando para ello con la colaboración de la Escuela de Topografía y Geodesia de la Universidad Nacional, el Director de ese Instituto en oficio No. 08-0460 del 18 de abril de 2008, dirigido al Secretaría de ese Concejo, respondió que esa labor técnica se estaba coordinando con el ACCVC, y que había conformado un equipo de trabajo cuyos resultados le serían comunicados. Agregó, que conforme a las competencias en materia cartográfica y geodésica el Instituto Geográfico Nacional, con sus propios estudios, determinó que el denominado cerro Concordia en 1888 es el indicado en la segunda edición de la hoja topográfica Barva escala 1:50000 con el nombre de Guararí a una altitud de 2599 msnm, y no correspondía la solicitud para participación de la citada Escuela.
El oficio No. DGT-437-08 de 16 de junio de 2008 de la Unidad de Geodesia del Departamento de Geodesia y Topografía del IGN, citó las distancias entre cada uno de los vértices que contiene el plano 14154, y señaló que lo consignado en las tablas como Concordia corresponde al cerro Guararí.
En oficio No. 08-01115 de 12 de setiembre de 2008, el Director del IGN citó las conclusiones de la opinión jurídica OJ-118-2004 y agregó que ese Instituto había dado ubicación precisa a los límites del plano del decreto-ley No. LXV de octubre de 1888 levantado por el agrimensor Moisés Rodríguez por mandato del Supremo Gobierno, sobre la hoja cartográfica oficial Barva a escala 1:50000, información que fue suministrada oficialmente al ACCVC. Agregó, que los estudios técnicos sobre localización geográfica y representación en la cartografía oficial actual de la zona inalienable en las montañas en que tienen origen las aguas que abastecen a Heredia y Alajuela, se basaron estrictamente en lo que establece el Decreto Ley LXV del 30 de julio de 1888 y el plano levantado por el agrimensor Moisés Rodríguez por mandato del Supremo Gobierno (signatura 14154 de Archivo Nacional).
El 20 de febrero de 2009 en la opinión jurídica OJ-020-2009 se indicó que en el plano conservado en el Archivo Nacional, bajo la serie mapas y planos, signatura 14154, se consigna que es un “TRABAJO EJECUTADO POR COMISIÓN DEL SUPREMO GOBIERNO” y elaborado por Moisés Rodríguez, y que el IGN hizo una sobreposición del mismo sobre la Hoja Cartográfica Barva, llegándose a determinar que el Cerro de Concordia mencionado en el Decreto Ley No. LXV de 30 de julio de 1888, artículo primero, coincide con el denominado actualmente como Cerro Guararí: “Los estudios realizados por el I.G.N. permitieron determinar que el denominado cerro La Concordia en 1888, es el indicado en la segunda edición de la hoja topográfica Barba escala 1:50.000 con el nombre de Guararí a una altitud de 2599 metros.” (Oficio No. 07-540 de 9 de abril de 2007, suscrito por el Director del IGN).
El oficio No. 09-0625 de 22 de junio de 2009 del Director del IGN, dirigido al Director del ACCVC, Rafael Gutiérrez Rojas, brindó el detalle sobre las coordenadas de la superficie que comprenden los 33 vértices del plano que demarca la Ley LXV de 1888, según análisis y montaje elaborado por funcionarios de ese Instituto en material anexo al oficio No. 2005136 de 16 de agosto de 2005, y el análisis realizado por el Ing. Álvaro Álvarez Calderón en oficio DGT-437-08 de 16 de junio de 2008.
El oficio No. 10-0140 de 22 de febrero de 2010 del Director del IGN, dirigido a la Sala Constitucional, señaló que en atención al oficio D-960 de 5 de setiembre de 2007 de la Dirección del ACCVC, el IGN, como parte de las competencias en el campo de la geodesia y cartografía, con mediciones precisas le brindó apoyo técnico geodésico al ACCVC en el proceso de levantamiento topográfico y marcación física del límite de la zona inalienable establecida por el Decreto Ley No. LXV del 30 de julio de 1888. Añadió que ese Instituto había determinado las coordenadas en metros del perímetro que describe el plano elaborado por Moisés Rodríguez según documento del Archivo Nacional signatura 14154 (oficios 2005136 de 16 de agosto de 2005 y DGT-437-08 de 16 de junio de 2008), y que la información sobre las coordenadas de los puntos que define el perímetro de ese plano había sido suministrada al ACCVC en oficio 09-0625 de 22 de junio de 2010. Señaló también que desde el oficio 2005136 de 16 de agosto de 2005, ese Instituto había realizado las valoraciones técnicas pertinentes para dar posicionamiento al plano sobre la cartografía oficial en atención a solicitud presentada por el Ing. Quírico Jiménez Madrigal, entonces Diputado (No. BPP-QJM-213-10-04 de 4 de octubre de 2004).
Esos estudios y análisis realizados por el IGN en el ejercicio de sus competencias de cartografía y geodesia, que establecen la correspondencia entre el cerro Concordia y el cerro Guararí son acordes con la documentación analizada en los capítulos primero, segundo, tercero y cuarto de este dictamen, por lo que para su conocimiento y el ejercicio de las atribuciones a su cargo, de este pronunciamiento también se remite copia al Instituto Geográfico Nacional.
En oficio D-1445 de 7 de octubre de 2009, remitido al Registro Nacional y al Registro Inmobiliario, el Director del ACCVC señaló que siendo posible que se realizaran movimientos de inmuebles, y con el fin de evitar futuras complicaciones en el análisis de los terrenos incluidos bajo los límites del Decreto No. 65 de 1888, recomendaba impedir que se hicieran desplazamientos cartográficos de las propiedades inscritas para ubicarlas fuera del área afectada por esa normativa, y adjuntó copia del oficio No. 09-0625 remitido por el Director del IGN con los derroteros de la zona inalienable. Ante ello, para su conocimiento y el ejercicio de las atribuciones a su cargo, de este dictamen igualmente se remite copia a la Dirección del Registro Inmobiliario.
Sobre algunas disposiciones de zonificación para uso del suelo con eventual incidencia en el área prevista por la Ley 65 de 1888, por acuerdo No. 1 de 13 de setiembre de 2006 la Municipalidad de San Rafael de Heredia acogió la propuesta de declaración de zonificación de las microcuencas entre los ríos Segundo, Bermúdez y Tibás, y las declaró Zonas de Protección Acuífera con el objetivo de proteger y conservar los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Esa declaratoria para la Zona 1 tiene como punto de partida el Volcán Barva. También comprende los Cerros Zurquí, Caricias, Tibás, Delicias y Chompipe. El 18 de diciembre de 2006 se aclaró el acuerdo anterior indicando que la declaratoria se fundamenta en los artículos 2, 4 y 6 del Código Municipal y es exclusiva para ese cantón. (La Gaceta Nos. 190 de 4 de octubre de 2006 y, 7 de 10 de enero del 2007, p. 98-99).
El 7 de diciembre de 2006 la Municipalidad de Santa Bárbara por acuerdo No. 582.06 adoptado en la sesión ordinaria 20-2006, declaró Zonas de Protección Acuífera a las microcuencas que están dentro de sus límites cantonales, con el objetivo de proteger y conservar lo recursos hídricos superficiales y subterráneos (La Gaceta No. 172 de 7 de setiembre del 2007, p. 46-48).
El 3 de marzo de 2008 la Empresa de Servicios Públicos de Heredia por Acuerdo de Junta Directiva No. 76 aprobado en sesión ordinaria No. 2906, artículo III, inciso 12, dispuso restricciones para el otorgamiento de servicios de energía eléctrica y agua potable. Citó como fundamento que el Decreto Ley LXV de 1888 declaró inalienables las zonas de recarga acuífera comprendidas en una franja de 2 km de ancho entre el Cerro Zurquí y el Cerro Concordia (hoy Cerro Guararí); que según dictamen de la Procuraduría del 27 de setiembre del 2004 “no existe una ley que en forma expresa derogue la Ley Nº LXV del 30 de julio de 1888”. Agregó que en el 2005 la Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia (CIMH), publicó una propuesta para la definición de las zonas de protección acuífera de las partes altas de las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará, con la finalidad de incorporarlas a los planes de ordenamiento territorial y al desarrollo sistemático de procesos de seguimiento y medios concertados que garanticen su implementación; que en el artículo II de la sesión extraordinaria No. 100-2007 de 31 de mayo del 2007, el Concejo Municipal de Heredia acordó no otorgar permisos para ningún tipo de desarrollo en su jurisdicción dentro del área del Decreto de Ley LXV de 30 de julio de 1888; y, que en la sesión ordinaria No. 103-2007 de 9 de julio del 2007, el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia acordó no otorgar para ningún tipo de desarrollo urbanístico dentro del área que abarca el Decreto Ley LXV de 1888. Además citó la sentencia constitucional 2007-12094, que declaró sin lugar un recurso de amparo planteado contra la ESPH S.A. por denegar el servicio de energía eléctrica al encontrarse el inmueble en una zona declarada inalienable. Las restricciones en el otorgamiento de servicios de energía eléctrica y agua potable abarcan varias zonas, entre ellas, la zona inalienable prevista en la Ley 65 de 1888. (La Gaceta No. 70 de 10 de abril de 2008).
El 19 de agosto de 2008, la Municipalidad de Barva por acuerdo No. 1108 adoptado en sesión ordinaria No. 47-2008, declaró Zonas de Protección Acuífera algunas partes de las microcuencas de los ríos Ciruelas y Segundo que están dentro de sus límites cantonales, con el objetivo de proteger y conservar lo recursos hídricos superficiales y subterráneos (La Gaceta No. 170 de 3 de setiembre de 2008).
El 26 de mayo de 2010 esa misma Municipalidad comunicó el acuerdo No. 602-2010 adoptado en sesión ordinaria No. 27-2010, que modificó el No. 1279-07 de 31 de julio de 2007, en aras de proteger el manto acuífero Barva y ofrecer a las futuras generaciones la posibilidad de contar con el preciado líquido, en tanto se aprobara un plan regulador, se resolvía un recurso de amparo relativo al Decreto de 1888, y se delimitaba el área que cubre ese decreto por la institución pública competente, prohibió dentro de la zona inalienable otorgar permisos de construcción de urbanizaciones, fraccionamiento con fines urbanísticos, condominios, cualquier otro asentamiento urbano o construcción de viviendas, y permisos de funcionamiento para industrias o actividades agrícolas intensivas y comerciales dentro de áreas protegidas o de reserva (La Gaceta No. 117 del 17 de junio de 2010, p. 37-38).
En nuestro medio cabe recordar que las restricciones en materia de zonificación para uso del suelo y prestación de servicios públicos están sujetas a los controles de constitucionalidad y legalidad conforme a los artículos 10, 45, 49 y 50 Constitucionales, garantes de los derechos fundamentales.
En relación con el desarrollo de obras constructivas dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo en el sector del volcán Barva, así como del control ambiental por parte de los órganos del Estado sobre actividades de particulares dentro de la zona de interés valga observar lo resuelto en la sede constitucional ante el ejercicio de la acción de amparo. Sobre el primer aspecto, el voto constitucional No. 12583-2008 de 19 de agosto de 2008, ordenó suspender la construcción de un Proyecto de Infraestructura en el Parque Nacional Braulio Carrillo, Sector Volcán Barva SINAC-MINAE, hasta tanto no cumpliera con la presentación de estudios de impacto ambiental, la obtención de las autorizaciones de la SETENA, el Ministerio de Salud, el ICAA, y la Municipalidad de Barva; y cumpliera las recomendaciones contenidas en el oficio ASUB-028-2007 de SENARA. Asimismo ordenó a la SETENA que una vez presentados los estudios de impacto ambiental de ese Proyecto, se realizara dentro de un plazo razonable la audiencia pública dispuesta por el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad. En cuanto al segundo escenario, en la sentencia constitucional No. 7549 de 8 de junio de 2012 se tuvo por acreditado que las autoridades ambientales actuaron en estricto apego del cumplimiento de la legislación tutelar ambiental, en virtud de que la Administración Forestal del Estado, a través de la Oficina Sub-regional de Heredia del ACCVC-SINAC, veló por la preservación ambiental exigiendo a la propietaria respetar todos los requisitos ambientales, hizo múltiples inspecciones in situ, y por resolución ACCVC-D-686-2011 de 29 de junio de 2011 ordenó una medida cautelar paralizando las labores de aprovechamiento forestal ante la posible invasión del área de protección de la quebraba Las Caricias; y el Tribunal Ambiental Administrativo por resolución No. 635-11-TAA de 1 de julio de 2011 ordenó cautelarmente paralizar el proyecto, obra o actividad en la propiedad ubicada en el distrito Concepción de San Isidro de Heredia.
Además, la sentencia constitucional No. 12109 de 5 de agosto de 2008 ordenó al Jerarca del MINAE que, dentro del plazo de siete meses a partir de su notificación, realizara las gestiones dentro del ámbito de sus competencias para delimitar físicamente la zona establecida por la Ley 65 de 1888, y luego de ello, iniciara los procesos de recuperación de los terrenos ubicados en ese sector que estuvieran siendo ocupados por particulares; y a los personeros de los gobiernos locales abstenerse de otorgar cualquier permiso dentro de esa zona.
La sentencia constitucional No. 412 de 14 de enero de 2011 estimó que existían suficientes razones para acoger la solicitud del MINAE para ampliar el plazo de cumplimiento de la sentencia No. 12109-2008, y le otorgó un año a partir de su notificación. El voto constitucional No. 3731 de 22 de marzo de 2011 tuvo por acreditado que las actuaciones de las autoridades recurridas habían sido ideadas para dar pleno cumplimiento a la sentencia 12109-2008, hacer la demarcación de la zona inalienable ya definida desde la legislación de 1888, y una vez que determinara si habían terrenos en posesión o propiedad privada, la administración procediera conforme a derecho. Agregó que con la mera delimitación no se afecta de manera directa la propiedad privada del recurrente, pues aún se desconoce si la misma se encuentra plena o parcialmente dentro de la zona inalienable dispuesta por ley; y, en caso de resultar afectada, la administración deberá seguir los procedimientos legalmente establecidos, dentro de los cuales el interesado podrá interponer las acciones que estime pertinentes para la defensa de sus derechos. Para tal fin, la administración velará por garantizar el debido proceso a los propietarios de los inmuebles que pudieran verse afectados, tanto en las labores de delimitación como de recuperación; lo anterior implica que si una propiedad debe ser intervenida con la apertura de carriles en áreas boscosas, por la propia naturaleza de esta acción y el impacto que puede tener sobre el derecho de propiedad, deberá la administración informar de manera adecuada y particular al interesado, para que se le garantice ser escuchado y pueda ejercer las acciones pertinentes. Finalmente, hizo ver que la discusión sobre el derecho de propiedad que el recurrente adujo en forma preferente sobre la declaratoria de inalienabilidad era un asunto de legalidad a plantearse y resolverse en un proceso contradictorio propio de la jurisdicción ordinaria.
Mediante oficio No. D-974 de 4 de setiembre de 2012, la Directora del ACCVC informó al Jerarca del MINAE sobre las acciones emprendidas con el Instituto Geográfico Nacional para cumplir las sentencias constitucionales 12109-2008 y 412-2011. Y en el oficio No. D-233 de 13 de marzo de 2013 la misma Directora informó a la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE sobre los procesos de delimitación física de la zona prevista en la Ley 65 de 1888, así como de la recuperación de terrenos que comprende recopilar y procesar la información de planos catastrados y expedientes de los diversos propietarios.
Atendidas las interrogantes sobre el plano 14154 del Archivo Nacional, que describe la zona inalienable de dos kilómetros de ancho a cada lado de la cima de la montaña del volcán Barva, desde el cerro Zurquí hasta el cerro Concordia, y la coincidencia de éste último con el denominado Guararí, cabe referirse a la facultad que previó el artículo 2 de la Ley No. 65 de 1888 para reducir o aumentar el área inalienable prevista en su artículo 1.
En mayo de 1889 a solicitud de la Municipalidad de Heredia, la Secretaría de Gobernación nombró una Comisión integrada por el Director General de Obras Públicas y el Ing. Agrónomo Enrique Jiménez para que practicara el reconocimiento que facultaba la Ley 65 de 1888, y en diciembre de 1889 esa Comisión pasó a estar conformada por el citado ingeniero Jiménez y don Enrique Pittier. Sin embargo dos años después, en mayo de 1892, la Municipalidad de Heredia comisionó al Dr. Policarpio Trejos para que personalmente suplicara al Presidente de la República la práctica de esa operación. Así, por resolución ejecutiva No. 117 del 28 de enero de 1896, para el cumplimiento de lo dispuesto por decreto de 30 de julio de 1888, se dispuso que por cuenta del Gobierno se practicara la medida de la zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del volcán de Barba, desde el cerro llamado Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia. Ese acuerdo ejecutivo fue conocido por la Municipalidad de Heredia en la sesión del 3 de febrero de ese año, y se manifestó conforme al suplicar al Ministro de Gobernación que hiciera extensiva, y por partes iguales, la responsabilidad de conservar los carriles o mojones y de cultivar con árboles las áreas desmontadas a los demás municipios de los cantones menores de Heredia, y que así lo fuera en los citados dos kilómetros.
Tomada la decisión fue puesta en práctica. El 28 de abril de 1898 el Presidente de la República acordó que de los fondos de la Cartera de Fomento se pagara a la orden del Director General de Obras Públicas la suma de $500, a buena cuenta del contrato celebrado entre él y Moisés Rodríguez el 17 de mayo de 1897 para la medida de la zona de terreno, desde el cerro llamado Zurquí hasta el conocido con el nombre de Concordia, jurisdicción de Heredia, conforme al acuerdo No. 117 de 28 de enero de 1896. Dicha Zona Inalienable, con base en los estudios y análisis citados del IGN, fue la que midió el agrimensor Moisés Rodríguez Calvo, y que contiene el plano que presentó a la Dirección de Obras Públicas, actualmente custodiado en el Archivo Nacional con la signatura 14154.
El plano 14154 indica para las vertientes norte y sur una distancia de 2000 m desde la cima o cúspide los cerros Zurquí y Concordia. Esa medida también la refiere el oficio No. DGT-437-08 de 16 de junio de 2008, suscrito por el Ing. Álvaro Álvarez Calderón del Departamento de Geodesia y Topografía del IGN, indicando que los vértices del plano se pueden identificar derivándolos del conteo a partir del cerro Zurquí como sigue: cerro Zurquí-vértice 2 (2000 m); vértice 14-cerro Concordia (2000 m); cerro Concordia- vértice 16 (2000 m); vértice 33-cerro Zurquí (2000 m).
Por ende, el Poder Ejecutivo optó por no aumentar ni disminuir la franja de dos kilómetros de la Ley 65 de 1888. A la fecha la facultad prevista en el artículo 2 ibídem no es factible ejercerla, no solo porque teniendo conocimiento de la misma el Poder Ejecutivo finalmente optó por no utilizarla, sino también porque tomando como base el plano elaborado por el agrimensor Moisés Rodríguez Calvo, la Secretaría de Fomento, a través de la Dirección General de Obras Públicas, contrató en 1903 al Ing. Manuel Benavides Rodríguez, quien trazó la demarcatoria material o amojonamiento de la paralela sur.
Además, la Ley General de Terrenos Baldíos de 1939, artículo 9, estableció la afectación de la Zona Inalienable de la montaña del volcán Barva entre los cerros Zurquí y Concordia, sin la posibilidad de aumento o reducción a cargo del Poder Ejecutivo, y lo mismo hizo la Ley de Tierras y Colonización de 1961, numeral 7 incisos e) e i).
Adicionalmente, la sentencia constitucional 3731-2011, considerando II, indicó que la delimitación que ordenó hacer al MINAE es la del área dispuesta en el artículo 1 de la Ley 65 de 1888:
“La Sala ya se ha pronunciado sobre la aplicabilidad y trascendencia de lo dispuesto en el Decreto Ley número 65 de 1888, señalando que el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones debía implementar lo establecido en el artículo primero de la Ley, debiendo efectuar para ello la delimitación del área inalienable allí definida.” Obsérvese que la opinión jurídica OJ-020-2009 indicó que “Según consta en el Oficio No. PNBC-007-ACCVC de 12 de febrero de 2009, requerido por el suscrito para efectos de esta opinión jurídica al Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, y del cual le adjunto copia, dentro del área delimitada por el Decreto Ley No. LXV de 30 de julio de 1888, existe un 81 a 82% que se encuentra bajo la categoría de área silvestre protegida (Parque Nacional Braulio Carrillo 47%, Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central 32% y los refugios de vida silvestre Cerro Dantas y Jaguarundi 2%) y tan sólo un 18% que se ubica fuera. No obstante, es en este 18% que se encuentra la mayor cantidad de terrenos ocupados por personas y que incluso conforma poblados como el de Sacramento.” Y, recordemos que Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público administrado por el MINAE-SINAC, e integrado por: a) áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo, y, b) los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas y su afectación legal es inmediata (artículos 13, 14, 15 y 18 de la Ley Forestal; 32 de la Ley Orgánica del Ambiente; 22 y 28 de la Ley de Biodiversidad; sentencia constitucional 16975-08; Sala Primera, sentencia 1070-F-S1-2010; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, sentencia 68-2013; Sección VI, 63-2009, 1842-2009 y 38-2010), y para su reducción el ordenamiento jurídico posterior a la Ley 65 de 1888, exige una ley específica con los estudios técnicos que la justifiquen (numerales 13 de la Ley 6084; 38 de la Ley Orgánica del Ambiente; sentencia constitucional 3113-09).
Por ello la opinión jurídica OJ-020-2009 anotó: “En atención a la iniciativa de ley que afirma el señor Diputado consultante estar preparando, podría pensarse en la eventual desafectación legal de dicho 18%, el reconocimiento de la propiedad particular inscrita existente y la imposición de limitaciones a la propiedad que permita y asegure una adecuada recarga de los acuíferos existentes en la zona, tales como tamaños mínimos de lotes para segregación, restricciones constructivas, prohibición de urbanizaciones y fraccionamientos, etc. Ello, siempre y cuando se aporten estudios técnicos serios y exhaustivos que acrediten la no afectación del recurso hídrico.” Sobre los terrenos inscritos antes y después de la Ley 65 de 1888 la opinión OJ-020-2009 señaló: “Los únicos derechos de posesión que podrían ser reconocidos son aquellos que deriven de una ocupación ejercida de manera quieta, pública, ininterrumpida y a título de dueño con por lo menos diez años antes de la afectación al dominio público del área declarada inalienable…En cuanto a las propiedades inscritas, y en tesis de principio, sólo podrían reconocerse como legítimas aquellas que hubieran sido inscritas con anterioridad a la declaratoria de inalienabilidad y cumplan los atributos de la posesión decenal previa a título de dueño. Respecto de las demás, la acción para reivindicarlas es imprescriptible. Este principio, consustancial a la teoría general del dominio público, se encuentra recogido, entre otros, por el artículo 14 de Ley Forestal, No. 7575 de 13 de febrero de 1996.” Posición coincidente con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente: “Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal.” Análogo criterio expresó el Jefe del Ministerio Público en oficio No. 775 de 12 de agosto de 1937, donde señaló que si bien la Ley 65 de 1888 “declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y a otro lado de la cima de la montaña del Volcán Barba, desde el cerro llamado El Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal” sus efectos “no han podido comprender las tierras que ya estaban tituladas antes de esa ley”. Sustentó sus afirmaciones en los títulos debidamente extendidos de acuerdo con leyes especiales, como las Nos. 2 de 28 de enero de 1859, 42 de 2 de enero de 1849, 18 de 18 de junio de 1860 y 31 de 19 de diciembre de 1848, y con base en un estudio hecho en el Registro Público donde aparecían en el Partido de Heredia títulos de fincas inscritas en 1875 y 1887.
Entonces la demanialidad sobre los terrenos a los que refiere la Ley 65 de 1888 está vigente para los terrenos nacionales y municipales que originalmente abarcó, pero esa afectación no rige sobre las propiedades particulares que ostenten título legítimo, y en tanto mantengan una posesión decenal previa y legítima a la afectación. El título legítimo exige el cumplimiento de las formalidades de ley para su adquisición, y no lo estarían aquellos que hubiesen abarcado indebidamente propiedades estatales.
Con respecto a la sede competente para determinar si un título y derecho de propiedad son legítimos, la Sala Constitucional al pronunciarse sobre la afectación prevista en la Ley 65 de 1888 en sentencia No. 3731-2011 señaló: “Por otra parte, si lo pretendido es discutir en esta vía el derecho de propiedad que el recurrente aduce tener de manera preferente sobre la declaratoria de inalienabilidad, debe hacerse notar que ello es un asunto de legalidad ordinaria que debe ser planteado y resuelto dentro de un proceso contradictorio propio de la jurisdicción ordinaria, pues ciertamente un pronunciamiento en ese sentido se encuentra fuera del ámbito de competencias de la jurisdicción constitucional.” Sobre el procedimiento y estudios para atender las solicitudes de los administrados, ello dependerá de las materias que planteen, debiendo la Administración observar el bloque de legalidad (artículos 11 Constitucional, y 11 de la Ley General de Administración Pública), del cual deriva la observancia al debido proceso, comprensivo de los derechos de audiencia y defensa en sí, con oportunidad para ofrecer prueba y recurrir las decisiones comunicadas (sentencia constitucional No. 3731-2011). Recordemos que en términos generales la acreditación de fundos privados dentro del demanio público, con ajuste a derecho, corresponde a sus titulares. Vale aquí el adagio latino de que quién tiene presunción o precepto a su favor, carga el peso de la prueba a su adversario (dictamen C-128-99).
Sin embargo, como las sentencias constitucionales 12109-2008 y 3731-2011 ordenaron al MINAE la delimitación física de la zona establecida en el artículo 1º de la Ley 65 de 1888, para luego de ello iniciar los procesos de recuperación de los terrenos que estén siendo ocupados por particulares; es necesario que la Administración analice la situación de quienes ostentan título de propiedad, y quiénes son simples ocupantes o detentadores del dominio público que no ostentan título de propiedad. En relación con las propiedades inscritas, ese estudio ha de abarcar necesariamente los asientos registrales desde su origen, con el análisis de sus eventuales segregaciones, reuniones y movimientos registrales atinentes a su identificación, así como de los planos que los describan, incluido el estudio de aquellos que sea de interés expropiar y en tanto éstos últimos se encuentren legítimamente inscritos por estar amparados a la posesión decenal previa a la afectación demanial.
En similar sentido, en oficio AAA-901-2006 indicamos al Jefe de la Oficina de Heredia, Subregión Central del ACCVC, con copia al Ing. Rafael Gutiérrez Rojas, entonces Director ACCVC, que para el cumplimiento de las competencias de esa Área de Conservación se tomara en cuenta el dictamen C-128-99 para la protección del demanio en caso de inscripciones irregulares, así como el criterio referente al ejercicio del derecho de la posesión decenal previa a la afectación demanial, análisis que podía realizar el Departamento Legal del Área de Conservación en los casos que se le presentaran, y por consiguiente, se mantiene el criterio contenido en la opinión jurídica OJ-020-2009 que se requirió revisar.
Realizado el estudio preliminar por parte del Departamento Legal del Área de Conservación, aquellos asientos registrales que no estén amparados al ejercicio de la posesión decenal previa a la afectación del dominio público han de ser puestos en conocimiento de la Dirección del Registro Inmobiliario a efecto de que valore las anotaciones de advertencia respectivas, así como de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia para el estudio y valoración de los casos que requerirían declaratoria de lesividad previa al ejercicio de la acción judicial para la cancelación de los asientos de registro y catastro que comprendan indebidamente la Zona Inalienable de la Ley 65 de 1888.
Cordialmente, Lic. Mauricio Castro Lizano C: Licda. Virginia Chacón Arias, Directora, Archivo Nacional MSc. Oscar Rodríguez Sánchez, Director, Registro Inmobiliario MSc. Max A. Lobo Hernández, Director, Instituto Geográfico Nacional ([1]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signaturas 452, f. 5; 116; 167, f. 9; 227, f. 48 v-49; 518, f. 3 v, 24-25, 45 v; 436, f. 45-46; 621, f. 5; 469, f. 53-54; 674, f. 13 v; 5126, f. 1-2; Fondo Municipal de Barva, signaturas 856, f. 1-3; 373, f. 2 v; 855, f. 4, 5 v y 6 f; Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4134, f. 1-2. La Gaceta No. 263 de 25 de abril de 1864, p. 4. Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signaturas 4157, f. 1-4; 2537, f. 52-54, 86-87; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signaturas SCM-124-4773, f. 117-119; SCM-124-4775, f. 13. La Gaceta Nos. 669 de 15 de mayo de 1880, p. 2; 1161 de 5 de enero de 1882.
([2]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signaturas 7, f. 1-2; 518, f. 3 v, 24-25; 621, f. 5; 469, f. 53-54; 5126, f. 3-4, 93, 183 v-185; Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signaturas 4120, f. 3 v-25; 4134, f. 3 v-7 v; 4135, f. 9 v-10 f; 4210, f. 3-18; 4175, f. 1-7; 4142, f. 30; 4145, f. 1-19; 4194, f. 4-21; 4298, f. 45-69 v; 4183, f. 1-4, 8 v-35; 4206, f. 1-35 v; 4219, f. 1-4; 4125, f. 1-24 v; Fondo Gobernación, signaturas 23322, f. 14 y 126; 7263, f. 45 v-46 f; Fondo Fomento, signaturas 3617, f. 1-2; 3571, f. 56 v-57 f; Fondo Hacienda, signatura 16013, f. 27. Hoffmann, Carl. Una excursión al volcán Barba de Costa Rica en 1855. Bonplandia, VI Jahrgang, No. 16 a 17, Hannover, 1° Setbre. 1858, p. 302-320. En: Revista de los Archivos Nacionales. Marzo y Abril. Número 3 y 4. Año V. San José. 1941. p. 133-156; y Viajes por Costa Rica, Presentado por Carlos Meléndez Chaverri, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Serie Nos Ven, No. 6, San José, Costa Rica, 1976, p. 115-169. Archivo Nacional, Fondo Planos, signaturas 8169, 8178 y 8104. Contribuciones al conocimiento de los Volcanes de Costa Rica por Dr. Av. Frantzius, Petermann´s Geogr. Mittcilungen 1861 Heft IX en el Archivo Nacional, Fondo José Fidel Tristán Fernández, signatura 72ª; Fondo Gobernación, signaturas 4157, f. 1-4; 2537, f. 52-54, 86-87. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signaturas SCM-132-5066, f. 3-3 v, 10 v-16; SCM-124-4773, f. 117-118. La Gaceta Nos. 669 de 15 de mayo de 1880, p. 2; 778, de 25 de setiembre de 1880, p. 2; 290 de 22 de diciembre de 1884, p. 1194-1195; 103 de 5 de mayo de 1887, p. 456-457.
([3]) Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signaturas 4120, f. 3v-25; 4134, f. 3 v-7 v; 4135, f. 9 v-10, 16 f, 21, 23, 28-30, 32-35, 38-40, 43-44 f; 4210, f. 3-18; 4211, f. 1 y 4; 4142, f. 29-30; 4144, f. 1, 7 v-8 f, 9; 4145, f. 1-12, 14-19; 4206, f. 1-35 v; 4125, f. 1-24 v; Fondo Municipal de Heredia, signatura 312, f. 75-76; Fondo Hacienda, signatura 16013, f. 27; Hoffmann, Carl. Una excursión al volcán Barba de Costa Rica en 1855. Archivo Nacional, Fondo José Fidel Tristán Fernández, signatura 72ª; Fondo Congreso, signaturas 8929, f. 1-27; 11691, f. 46-47, 51 v- 52; Colección de Leyes y Decretos, Año 1885, Semestre I, p. 47; La Gaceta No. 54 de 6 de marzo de 1885, p. 217.
([4]) La Gaceta No. 169 de 22 de julio de 1888, p. 911-912. Apuntaciones sobre el clima y geografía de la República de Costa Rica, Boletín del Instituto Meteorológico Nacional. Tomo I-1888, Tipografía Nacional, San José, Costa Rica, 1889, p. 28-33. Bergoeing, Jean Pierre. Geomorfología de Costa Rica. Instituto Geográfico Nacional. San José. 1998. p. 160-164. Denyer, Percy, comp. Atlas Geológico. Gran Área Metropolitana. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Cartago. 1994. p. 114; 135-137. Alvarado Induni, Guillermo. Volcanes de Costa Rica: geología, historias y riqueza natural. UNED. 2000. p. 2, 172-173.
([5]) Archivo Nacional, Fondo Alcaldía de Santa Bárbara, signaturas 136 y 148; Fondo Congreso, signatura 11691, f. 46-47; Fondo Gobernación, signatura 7263, f. 15, 112-113; Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signaturas 4120, f. 3 v-25; 4135, f. 3, 9 v-10, 16-17 v, 21, 23, 28-30, 32-35, 38-40, 43-44 f, 52; 4144, f. 1, 7 v-8 f, 9; 4145, f. 1-12, f. 14-19; 4211, f. 1 y 4; Fondo Municipal de Heredia, signaturas 469, f. 53-54; 593, f. 39-45 v; 674, f. 52 v; 17496, f. 24, 27-28; Fondo Planos, signaturas 8104, 8169, 8178, 8181, 8189, 10285 y 15735; Protocolos Coloniales de Heredia, signaturas 786, f. 17 v-18 v; 787, f. 3 v-6; 796, f. 16-26; Fondo Secretaría de Justicia, signatura 543. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-125-4808, f. 13. Colección de Leyes y Decretos, 1885, Semestre I, p. 47. Alcance a La Gaceta No. 698 de 19 de junio de 1880, p. 2. La Gaceta Nos. 54 de 6 de marzo de 1885, p. 217; 76 de 1° de mayo de 1885, p. 309; 89 de 19 de mayo de 1885, p. 369; 122 de 28 de junio de 1885, p. 522; 33 de 12 de julio de 1885, p. 570; 138 de 18 de julio de 1885, entre p. 590-591; 140 de 21 de julio de 1885, p. 598; 141 de 22 de julio de 1885, p. 602; 143 de 24 de julio de 1885, p. 610; 151 de 2 de agosto de 1885, p. 642; 153 de 5 de agosto de 1885, p. 649; 125 de 3 de junio de 1886, p. 558; 143 de 24 de junio de 1886, p. 646; 145 de 27 de junio de 1886, p. 656; 147 de 30 de junio de 1886, p. 670; 42 de 18 de agosto de 1886, p. 213; 60 de 8 de setiembre de 1886, p. 301; Diario de las sesiones del Congreso No. 49, impreso con La Gaceta No. 184 de 9 de agosto de 1888, entre las páginas 992-993; La Gaceta No. 268 del jueves 19 de noviembre de 1891, p. 1327; Hoja cartográfica Barva del Instituto Geográfico Nacional de 1967; Alvarado Induni, Guillermo. Volcanes de Costa Rica: geología, historias y riqueza natural. UNED. 2000. p. 2, 172-173.
([6]) Leyes de 13 de octubre de 1825, 4 de noviembre de 1825 y No. 120 del 29 de marzo de 1827. Archivo Nacional, Fondo Federal, signatura 668; Fondo Congreso, signaturas 356, 652 y 565; Fondo Municipal de Heredia, signatura 98, f. 19-20 f.
([7]) Archivo Nacional, Fondo Fomento, signaturas 1708, Hojas 5-7; 1896, f. 1-2, 4-8; 3617, f. 1-2; 3791, f. 40; Fondo Gobernación, signaturas 23322, f. 14 y 126; 24184, f. 20; Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4183, f. 1-4, 8 v-35; Fondo Planos, signaturas 8104, 8178, 8181 y 8189. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signaturas SCM-132-5066, f. 3, 10 v-16; SCM-4787, f. 1-2. Compilación de Leyes no insertas en las Colecciones Oficiales. Formada por el Lic. Don Cleto González Víquez, Tomo II, p. 336-337. Hoffmann, Carl. Una excursión al volcán Barba de Costa Rica en 1855. Bonplandia, VI Jahrgang, N° 16 a 17, Hannover, 1° Setbre. 1858, p. 302-320. La Gaceta Nos. 817 de 10 de noviembre de 1880, p. 2, 820 de 13 de noviembre de 1880, p. 3; 1161 del 5 de enero de 1882; 103 de 5 de mayo de 1887, p. 456-457. Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional, Tomo II. 2ª Parte. Tipografía Nacional. San José. 1890, Notas 17 y 26, p. 185 y 191. Geografía de Costa Rica. Tip. Lit. de José Cunil Sala. Barcelona. 1892. p. 37-38; 209-212. Notas sobre la Geografía de Costa Rica. Tipografía Nacional. San José. 1893. p. 14. Noriega, Féliz F. Diccionario Geográfico de Costa Rica. De Avelino Alsina. San José. Costa Rica. 1904, signatura CR 917.286/B 456, p. 19, 205, 234-235. Dobles Segreda, Luis. La Provincia de Heredia. Apuntamientos Geográficos. Imprenta y Librería Lehmann. San José. 1934, p. 59. Alvarado Induni, Guillermo. Volcanes de Costa Rica: geología, historias y riqueza natural. UNED. 2000. p. 2, 172-173.
([8]) El 9 de mayo de 1893, en atención a los certificados que comprobaban sus aptitudes para dedicarse a los trabajos de agrimensura, el Presidente dispensó a Pedro Nolasco Gutiérrez y Gutiérrez del grado de bachiller en ciencias previsto por el Decreto de 25 de julio de 1891, para optar por el título de Licenciado Geómetra. El 18 de abril de 1895 lo nombró para el servicio en el Instituto Físico Geográfico, y el 25 de mayo de ese año lo designó Jefe del Servicio Meteorológico del Instituto Físico Geográfico. Don Pedro Nolasco Gutiérrez murió el 11 de julio de 1918 en el Hospital San Juan de Dios en San José (La Gaceta No. 107 de 11 de mayo de 1893. Archivo Nacional, Fondo Educación, signatura 2506, f. 274 izquierdo y 285 izquierdo; Fondo José F. Tristán Fernández, signatura 98, f. 2).
([9]) Diego de Mercado en informe de 23 de enero de 1620, indicó que el río Siripiquí es navegable más de 20 leguas, de corriente hondable, mansa, limpia y sin raudal, y proviene del paraje de una abra que hace una cordillera que está junto a dos volcanes de la provincia de Costa Rica (FERNÁNDEZ BONILLA, León, Historia de Costa Rica, Editorial Costa Rica, Biblioteca Patria, volumen 7, San José, Costa Rica, 1975, p. 84-86). Hernando de Sibaja en informe de 29 de diciembre de 1639, señaló que habiendo tenido noticia que aguas vertientes al mar del Norte, faldas de los volcanes de Barva, había mucha cantidad de indios e indias, se dispuso irlos a buscar saliendo del pueblo de Barva y atravesando la cordillera por una parte que llaman “la loma del real de la miel”, muy apacible, y habiendo bajado a los llanos de esa otra parte, dio con un río caudaloso que una india llamada María le dijo tener por nombre Siripiquí. Así el gobernador Gregorio de Sandoval tuvo noticia cierta de cómo detrás de una cordillera y volcanes que tienen su principio en el pueblo de San Bartolomé de Barva había mucha cantidad de indios. Otro informe de 10 de marzo de 1640 anotó que el Siripiquí es nombrado así comúnmente por la gente de mar, y nace en las cordilleras del pueblo de Barba (FERNÁNDEZ BONILLA, León, Indios, Reducciones y el Cacao, Biblioteca Patria, volumen 4, Costa Rica, 1976, p. 156, 167-168, 180-181).
([10]) Archivo Nacional, Fondo Fomento, signaturas 43, f. 2-5; 338, f. 3-5; 1015; 1594; 5436, f. 6; Fondo Municipal, signatura 9888, f. 3 v; Fondo Municipal de Heredia, signatura 17510, f. 108-109; Fondo Gobernación, signaturas 2211, f. 35, 38 y 57; 7262; 7263, f. 16-20, 45 v-46 f; 3499, f. 149; 2914, f. 21. La Gaceta Nos. 817 de 10 de noviembre de 1880, p. 2; 820 de 13 de noviembre de 1880, p. 3; 1161 de 5 de enero de 1882; 28 de 5 de febrero de 1897, p. 110; 103 de 5 de mayo de 1887, p. 456-457; 137 de 15 de junio de 1887, p. 630-631; 55 de 3 de setiembre de 1887, p. 371; 150 de 30 de junio de 1889, p. 896; 151 de 29 de diciembre de 1911, p. 804-806; 125 de 26 de noviembre de 1911; de 9 de julio de 1913, p. 38-39. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signaturas SCM-4787, f. 1-2; SCM-125-4801, f. 2; SCM-134-5102, f. 97-98; SCM-127-4855, f. 65, 141-142. Memorias de Fomento de 1898, f. 172; 1900, f. 23; 1908-1910, p. 32; 1911, p. XXXI; 1912, p. 336; 1913, p. 63-64, 184. Memoria de Gobernación, Policía y Fomento, 1900, p. 23.
([11]) Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signatura 24993, f. 1-2; Fondo Fomento, signatura 3791, f. 40; signatura 3571, f. 56 v-57 f; Fondo Judicial, signatura 43121, f. 1 y 7; MARR, Wilhelm, Viajes por Centroamérica, recopilado por GUARDIA FERNÁNDEZ, Ricardo, Costa Rica en El Siglo XIX, Antología de Viajeros, EDUCA, 1982, p. 250-253.
([12]) Pittier describe la ruta, ríos, lagunas, flora, cerros y accidentes geográficos de la región circunvecina al volcán Poás a raíz de sus visitas a ese volcán con diversos propósitos científicos (La Gaceta Nos. 221 de 22 de setiembre de 1888, p. 1279-1281; 12 de 17 de enero de 1889, p. 51-52; 213 de 12 de setiembre de 1890, p. 1125-1126. Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional, Tomo II. 2ª Parte. Tipografía Nacional. San José. 1890, Notas 17 y 26, p. 185 y 191, respectivamente).
El 11 de setiembre de 1911 los funcionarios del Museo Nacional Anastasio Alfaro, Gustavo Michaud y Pablo Biolley, informaron al Subsecretario de Fomento sobre los efectos del terremoto ocurrido en la aldea de Toro Amarillo circundada por los cerros del Congo al noreste; por el sur los cerros del Roble, Alto del Portillo y el de los Alfaro; al este los cerros del Gorrión, Los Anonos, el volcán de Poás, el cerro del Angel y el Cariblanco, que llega hasta el camino de Sarapiquí; al oeste los cerros de Quebrada grande, Río Segundo, el Barroso, Pelón y Volcán Viejo. Agregaron que en San José los sismógrafos del Observatorio y el que don Fidel Tristán instaló en el Colegio de Señoritas dieron la dirección de la región volcánica del Poás, y estimaron como epicentro de los últimos terremotos un punto a pocos kilómetros, entre 6 a 9, al noroeste del volcán Poás. (La Gaceta 62 de 12 de setiembre de 1911, p. 331-332).
([13]) Archivo Nacional, Fondo Congreso, signaturas 8929, f. 1-27; 8936, f. 1-2; 9446, f. 1-11. Colección de Leyes y Decretos, Año 1866, Semestre I, p. 109-110. La Gaceta No. 1371 de 1° de octubre de 1882, p. 1. Colección de Leyes y Decretos, Año 1882, Semestre II, p. 261. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signaturas SCM-4787, f. 92-93. Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17494, f. 40-43, 49-52. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signaturas SCM-136-5284, f. 8-8 v; SCM-128-4882, f. 1-11. Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signaturas 17494, f. 89-90; 17514, f. 194-195; 17515, f. 1-5; 17518, f. 82-89, f. 184-186, 188-193; 17519, f. 12-14; 17531, f. 215-216, 218, 221, 239, 241-244; 17532, f. 152-155; 17533, f. 37-38, 41-45; 17536, f. 49, 54; 17544, f. 242, 254; 17547, f. 172-173; 17548, f. 52; Fondo Gobernación, signaturas 3, f. 44; 1156, f. 25; 1647, f. 59-60; 2211, f. 35, 38 y 57; 22166; Fondo Fomento, signatura 1418, f. 240 y 275; 5436, f. 1-8; Fondo Planos, signatura 10285. Ley No. 17 de 25 de setiembre de 1911. La Gaceta No. 76 de 29 de setiembre de 1911. Colección de Leyes y Decretos, Año 1911, Semestre II, Tomo I, p. 191. Archivo Nacional, Fondo Municipal de Santa Bárbara, signaturas 16184, f. 146-149, 150-151; 155-157; 16197, p. 50. Colección de Leyes y Decretos, Año 1970, Semestre II, Tomo 3, p. 990; Año 1971, Semestre II, Tomo 2, p. 869.
([14]) Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signaturas 4120, f. 3-25; 4125, f. 1-24 v; 4134, f. 3v-7v; 4135, f. 3-52; 4142, f. 29-30; 4175, f. 1-7; 4144, f. 1, 7v-8f, 9; 4145, f. 14-19; 4183, f. 1-4, 8v-35; 4206, f. 1-35 v; 4211, f. 1 y 4; 4298, f. 17-17v, 45-69 v, 73v-75f, 76 v-81 v; 4183, f. 56-61; Fondo Congreso, signatura 11691, f. 46-47, 51 v- 52; Fondo Secretaría de Justicia, signatura 543; Fondo Gobernación, signatura 7263, f. 112-113; Fondo Municipal de Heredia, signaturas 436, f. 115; 518, f. 2v-21v; 593, f. 39-45 v; Fondo Hacienda, signatura 6251, f. 1-7; Fondo Planos, signaturas 8104, 8169, 8178, 8181. Archivo Central Municipal de Heredia, signaturas SCM-132-5066, f. 3, 10v-16, 71v-74v; SCM-124-4775, f. 13. La Gaceta Nos. 680 de 29 de mayo de 1880, p. 3; 698 de 19 de junio de 1880, p. 2; 778 de 25 de setiembre de 1880, p. 2; 290 de 22 de diciembre de 1884, p. 1194-1195; 54 de 6 de marzo de 1885, p. 217; 125 de 3 de junio de 1886, p. 558; 89 de 19 de mayo de 1885, p. 369; 33 de 12 de julio de 1885, p. 570; Alcance a La Gaceta No. 138 de 18 de julio de 1885, entre p. 590-591; La Gaceta Nos. 140 de 21 de julio de 1885, p. 598; 141 de 22 de julio de 1885, p. 602; 143 de 24 de julio de 1885, p. 610; 151 de 2 de agosto de 1885, p. 642; 153 de 5 de agosto de 1885, p. 649; 143 de 24 de junio de 1886, p. 646; de igual año Nos. 145, 27 de junio, p. 656 y 147, 30 de junio, p. 670; 21 de 24 de julio de 1886, p. 110; 42 de 18 de agosto de 1886, p. 213; 60 de 8 de setiembre de 1886, p. 301. Colección de Leyes y Decretos, 1885, Semestre I, p. 47. Registro de la Propiedad, Oriental, matrícula 4401, tomo 63, folio 299, asiento 1; Partido de Heredia, matrículas 2759, tomo 23, folios 127-131, asiento 1; 13337, tomo 210, folio 239, asiento 1; 13338, tomo 210, folio 241, asiento 1.
([15]) Archivo Nacional, Fondo Congreso, signaturas 9702, f. 43 f-v, 47-48; 13612, f. 338-339; 363, 366, 375-376. Diario de las sesiones del Congreso No. 45, impreso con La Gaceta Nos. 180 de 4 de agosto de 1888, entre p. 966-967 y No. 46 con la No. 181 de 5 de agosto de 1888, entre p. 974-975.
([16]) Diario de las sesiones del Congreso No. 49, impreso con La Gaceta No. 184 de 9 de agosto de 1888, entre p. 992-993; Fondo Congreso, signaturas 9702, f. 48 v; 13612, f. 383 y 386.
([17]) Archivo Nacional, Fondo Congreso, signaturas 9396, f.1 f-v; 13612, f. 402, 409-410. Diario de las sesiones del Congreso No. 51, impreso con La Gaceta No. 190 de 16 de agosto de 1888, entre p. 1024-1025. La Gaceta de 31 de julio de 1888. Colección de Leyes y Decretos, Año 1888, Semestre II, Tomo I, p. 296-297.
([18]) Apuntaciones sobre el clima y geografía de la República de Costa Rica, Observaciones y José, Costa Rica, 1889, p. 34).
([19]) La Gaceta Nos. 81 de 8 de abril de 1888; 82 de 10 de abril de 1888, p. 430; 12 de 17 de enero de 1889, p. 51-52, 144 de 23 de junio de 1889. Colección de Leyes y Decretos, Año 1888, Semestre I, p. 138-141; Año 1888, Apéndice Nombramientos. Archivo Nacional, Fondo Educación, signatura 2501, f. 22 izquierdo, 29-29 v, 101 derecho, 105 derecho, 116 izquierdo, f 121 derecho-122 izquierdo, 126 izquierdo y derecho, 134 derecho, 227 izquierdo, 229 izquierdo y derecho, 234 derecho, 236 derecho. Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional, 1889, Tipografía Nacional, San José, Tomo II, 1ª Parte, 1890, p. VIII.
([20]) Las Gacetas Nos. 309 de 18 de marzo de 1865, p. 3; 40 de 30 de noviembre de 1867 y Alcance a la No. 10 de 23 de marzo de 1868.
([21]) Con base en la Ley 29 de 20 de setiembre de 1858, artículo 4, en 1869 el Agente Fiscal solicitó al Juez de Hacienda Nacional el denuncio de dos leguas para la enseñanza a favor de Municipalidad de Alajuela en el camino a Sarapiquí con los siguientes linderos: norte y oeste: terrenos baldíos; sur: Legua de Fraijanes; este: terrenos particulares, río de Tambor de por medio, las Dos leguas de instrucción pública de Heredia y tierras baldías, camino de Sarapiquí de por medio. El agrimensor fue Luis Chamier, quien levantó el plano entre el 8 y 13 abril de 1869. El denuncio se adjudicó el 23 de junio de 1874 (Archivo Nacional, Fondo Juzgado Contencioso Administrativo, signatura 4598, f. 2-24).
([22]) Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signaturas 38, f. 9; 939, f. 1; 212, f. B línea primera; 939, f. 3; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-137-5284, f. 85.
([23]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17493, f. 31v-32, 37; Fondo Gobernación, signaturas 3, f. 33; 7091, f. 36, 42, 44-45. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-137-5284, f. 95).
([24]) Archivo Nacional, Fondo Fomento, signatura 1427, f. 648; Fondo Municipal de Heredia, signatura 17495, f. 120, 131-132, 144, 150-152; La Gaceta No. 79 de 7 de abril de 1896, p. 333. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-125-4800, f. 43-44; SCM-125-4802, f. 5.
([25]) Archivo Nacional, Fondo Fomento, signatura 1427, f. 648; Fondo Municipal de Heredia, signatura 17495, f. 120, 131-132; La Gaceta Nos. 22 de 29 de enero de 1896, p. 96; 79 de 7 de abril de 1896, p. 333; 136 de 14 de junio de 1896, p. 593. Memoria de Gobernación y Policía, Tipografía Nacional, San José, 1896, parte expositiva, p. XVIII).
([26]) Archivo Nacional, Fondo Fomento, signaturas 596, f. 18 y 108; 600, f. 45; 1405; 1448; 2467; Fondo Gobernación, signaturas 1897 y 1898; Memoria de Fomento 1898, f. 176 y 179; y 1899, p. 4, Sección Técnica, p. 58 y 71; Memoria de Gobernación y Policía, Tipografía Nacional, San José, 1898, Anexos. Gobernación, p. 72 y 78.
([27]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17496, f. 137-138, 140-142; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-125-4811, f. 74.
([28]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17496, f. 173, 175-176; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-125-4811, f. 126-127).
([29]) Archivo Nacional, Fondo Fomento, signatura 560, Letras C bis v-D, f. 228; Fondo Municipal de Heredia, signatura 17497, f. 62-63; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-125-4815, f. 74.
([30]) Archivo Nacional, Fondo Juzgado Civil de Heredia, signatura 1314, f. 4; Fondo Municipal de Heredia, signatura 17497, f. 236, 249, 254, 312; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-126-4843, f. 13-14; La Gaceta Nos. 96 de 27 de abril de 1902, p. 389; 11 de 12 de julio de 1902, p. 55. Boletín Judicial No. 92 de 23 de abril de 1901, p. 366.
([31]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17499, f. 88-90; Fondo Gobernación, signaturas 22 y 1566, f. 13-14, 29. Archivo Central Municipal de Heredia, signatura SCM-4824, f. 35. La Gaceta No. 12 de 16 de enero de 1903, p. 45.
([32]) El oficio #108 del 20 de marzo de 1903 cita como Director de Obras Públicas al señor Alberto González. (Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-4828, f. 12).
([33]) Archivo Nacional, Fondo Fomento, signaturas 540, f. 130; 545, f. 131; 546, f. 14 y 17; 565, f. 176 y 188; 1454; 2900. Fondo Municipal de Heredia, signatura 17501, f. 62-63; Memoria de Gobernación, Policía y Fomento, 1903-1904, p. 65, 75-76.
([34]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17500, f. 15, 17, 32, 34. La Gaceta Nos. 72 de 27 de marzo de 1903, p. 45; 80 de 5 de abril de 1903, p. 337).
([35]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de San Rafael de Heredia, signatura 16013, f. 76, 78; 122, 124-125; 140-144; 254, 257-258. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-122-4715, f. 45.
([36]) Archivo Nacional, Fondo Gobernación, signaturas 3159, f. 1-3; 3310, f. 38; Fondo Municipal de Heredia, signatura 17508, f. 111-112; Fondo Municipal de San Isidro, signatura 15840, f. 18, 29-31.
([37]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de San Isidro, signatura 15840, f. 59, 61, 79-81; Fondo Gobernación, signaturas 3159, f. 7-9; 3408, f. 66; Fondo Judicial, signatura 1463, f. 7.
([38]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de Santa Bárbara, signatura 16186, p. 242. Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signatura SCM-127-4855, f. 98-99.
([39]) Boletín Judicial Nos. 60 del 14 de marzo de 1914, p. 169; 73 del 1° de abril de 1914, p. 186; 89 del 23 de abril de 1914, p. 264; 96 del 1° de mayo de 1914, p. 287.
([40]) El ingeniero topógrafo Moisés Rodríguez Calvo murió en Alajuela el 28 de enero de 1912 a las 11:30 am, a la edad de 55 años, era hijo de José Rodríguez Arias y Josefa Calvo Andrade. Entre los cargos públicos que ocupó fue electo diputado suplente de la provincia de Heredia el 12 de diciembre de 1897. La Municipalidad de Barva, el 16 de junio de 1913, tomando en consideración sus valiosos y desinteresados servicios prestados a ese cantón, fomentando el progreso en los distintos ramos del saber humano, acordó mandar a hacer su retrato para colocarlo en el Salón de Sesiones, acto que hizo efectivo el 15 de setiembre de 1913. (La Gaceta Nos. 144 de 17 de diciembre de 1897, p. 636; 273 de 23 de noviembre de 1892, p. 1435. Archivo Nacional, Fondo Juzgado Civil de Alajuela, signatura 3007, f. 1, 2 y 11; Fondo Municipal de Barva, signatura 16377, p. 98-99, 117. Dobles Segrega, Luis. La Provincia de Heredia. Apuntamientos Geográficos. Imprenta Lehmann. San José. 1934. p. 526-527).
([41]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de San Isidro, signatura 15842, f. 18-19; Fondo Municipal de San Rafael, signaturas 16015, f. 286-287; 16016, f. 33; Fondo Municipal Heredia, signatura 17516, f. 130, 134.
([42]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signaturas 17537, f. 405, 409-410; 17545, f. 150, 154-155, 177; 17558, f. 115, 117-118; 17570, p. 1, 5-6; 17571, f. 2; 17595, f. 15, 18, 20-21; 17596, f. 158, 164, 166-168; 17601, f. 455-458; Fondo Municipalidad de Barva, signatura 16394, p. 424, 429-430; Fondo Municipal de San Rafael, signatura 16035, p. 1763-1764. La Gaceta Nos. 98 de 27 de mayo de 1986; 213 de 8 de noviembre de 1993).
([43]) Archivo Nacional, Fondo Municipal de Heredia, signatura 17568, f. 49, 54; 17570, f. 157-159, 163; 17571, f. 292, 297-298; Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, signaturas SCM-1334-1978, SCM-468-b-1978, SCM-560-b-1978; SCM-1334-1978.
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