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Res. 12109-2008 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 05/08/2008
OutcomeResultado
The Court orders the physical delimitation of the Barva Volcano Mountain protection zone established by Decree-Law No. 65 of 1888, the recovery of lands occupied by private parties, a ban on construction permits in that zone, the incorporation of hydrogeological vulnerability maps into municipal planning, and action against the illegal dog shelter in the Jaguarundí Refuge.Se ordena delimitar físicamente la zona de protección de la Montaña del Volcán Barva establecida por el Decreto Ley No. 65 de 1888, recuperar los terrenos ocupados por particulares, prohibir permisos de construcción en esa zona, incorporar los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica en la planificación municipal, y proceder contra el refugio ilegal de perros en el Refugio Jaguarundí.
SummaryResumen
The Constitutional Court granted an amparo action filed by an environmental foundation against multiple state entities and municipalities for violating the right to a healthy environment (Article 50 of the Constitution). The Court found that Decree-Law No. 65 of 1888, which declared inalienable a two-kilometer strip on each side of the Barva Volcano Mountain ridge to protect water sources supplying Heredia, Alajuela, and part of San José, remains in force but has not been physically delimited or effectively protected. It also determined that construction permits have been granted in that zone and that the municipalities have not incorporated the hydrogeological vulnerability maps recommended by SENARA into their urban planning regulations. Additionally, it was proven that a shelter for abandoned dogs operated without permits in the Jaguarundí Wildlife Refuge, with potential contamination of water sources. The Court ordered the physical delimitation of the area protected by the 1888 Decree, the recovery of lands occupied by private parties, a ban on new permits in that zone, the incorporation of aquifer vulnerability studies into urban planning, and action against the illegal shelter. The State and municipalities were ordered to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por una fundación ambientalista contra múltiples entidades estatales y municipales, por violación al derecho a un ambiente sano (artículo 50 constitucional). La Sala constató que el Decreto Ley No. 65 de 1888, que declaró inalienable una franja de dos kilómetros a cada lado de la cima de la Montaña del Volcán Barva para proteger las fuentes de agua que abastecen a Heredia, Alajuela y parte de San José, se encuentra vigente y no ha sido delimitado físicamente ni protegido de forma efectiva. Asimismo, determinó que se han otorgado permisos de construcción en esa zona y que las municipalidades no han incorporado los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por el SENARA en sus normativas urbanísticas. Además, se acreditó que un refugio para perros abandonados operaba sin permisos en el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, con posible contaminación de fuentes de agua. La Sala ordenó delimitar físicamente la zona protegida por el Decreto de 1888, recuperar los terrenos ocupados por particulares, prohibir nuevos permisos en esa área, incorporar los estudios de vulnerabilidad acuífera en la planificación urbana, y proceder contra el refugio ilegal. Se condenó al Estado y a las municipalidades al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
As can be seen from the reading of the cited norm, the intention of the legislator of the century before last was to ensure that the provinces of Alajuela, Heredia, and San José could guarantee in the future the water resources necessary to meet the needs of the population. In the specific case, this Court finds a violation of Article 50 of the Constitution, attributable to the State and the respondent municipalities. Regarding the Costa Rican State, it is proven that over the years, it has not carried out the necessary work to physically delimit the zone covered by Law No. 65 of 1888, in order to ensure that no human activity takes place therein and thus fulfill the legislator's intention when enacting the cited norm. The appeal is granted, only with respect to the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado. It is ordered... a) That within seven months... carry out the actions within its competence to physically delimit the area established by Law No. 65 of 1888, and thereafter, initiate the processes to recover the lands located in that sector that are being occupied by private parties; b) That immediately verify compliance with Resolution R-069-SINAC-2007...Tal y como se desprende de la lectura de la norma de cita, la intención del legislador del siglo antepasado era la de asegurar que las provincias de Alajuela, Heredia y San José pudieran garantizarse en el futuro el recurso hídrico necesario para satisfacer las necesidades de la población. En el caso concreto, esta Sala considera que en el caso concreto se constata una violación a lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, la cual es achacable al Estado y a las municipalidades recurridas. En lo que respecta al Estado Costarricense, se tiene por probado que a lo largo de los años, éste no ha realizado las labores correspondientes a efecto de delimitar la zona comprendida por la ley número 65 de mil ochocientos ochenta y ocho, con el fin de garantizar que en dicho lugar no se llevara a cabo ningún tipo de actividad humana y cumplir así con la pretensión que tenía el legislador al momento de dictar la norma de cita. Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, y las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado. Se ordena... a) Que dentro del plazo de siete meses... realice las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se delimite físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, y luego de ello, inicie los procesos de recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares; b) Que de inmediato verifique el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución R-069-SINAC-2007...
Pull quotesCitas destacadas
"Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal."
"A two-kilometer-wide strip of land on both sides of the summit of the mountain known as the Barva Volcano Mountain, from the Zurquí hill to the one known as Concordia, whether said zone is national or municipal property, is declared inalienable."
Artículo 1 del Decreto Ley No. 65
"Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal."
Artículo 1 del Decreto Ley No. 65
"En el caso concreto, esta Sala considera que en el caso concreto se constata una violación a lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, la cual es achacable al Estado y a las municipalidades recurridas."
"In the specific case, this Court finds a violation of Article 50 of the Constitution, attributable to the State and the respondent municipalities."
Considerando VI
"En el caso concreto, esta Sala considera que en el caso concreto se constata una violación a lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, la cual es achacable al Estado y a las municipalidades recurridas."
Considerando VI
"En el caso concreto, esta Sala considera que en el presente asunto se constara la alegada violación a lo dispuesto por los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, la cual es achacable a la Municipalidad de San Rafael, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Ambiente y Energía."
"In the specific case, this Court finds the alleged violation of Articles 21 and 50 of the Constitution, which is attributable to the Municipality of San Rafael, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy."
Considerando VIII
"En el caso concreto, esta Sala considera que en el presente asunto se constara la alegada violación a lo dispuesto por los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, la cual es achacable a la Municipalidad de San Rafael, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Ambiente y Energía."
Considerando VIII
"No resulta de recibo el argumento planteado por los recurridos en el sentido de que no se les ha permitido ingresar al lugar donde se encuentra el refugio de cita, pues ambas autoridades debieron haber gestionado lo correspondiente con la Fuerza Pública, con el fin de garantizar su ingreso al lugar antes mencionado, ya que están de por medio el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
"The argument raised by the respondents that they have not been allowed to enter the place where the refuge is located is not acceptable, because both authorities should have made the necessary arrangements with the Public Force to guarantee their entry to said place, since the right to health and a healthy and ecologically balanced environment are at stake."
Considerando VIII
"No resulta de recibo el argumento planteado por los recurridos en el sentido de que no se les ha permitido ingresar al lugar donde se encuentra el refugio de cita, pues ambas autoridades debieron haber gestionado lo correspondiente con la Fuerza Pública, con el fin de garantizar su ingreso al lugar antes mencionado, ya que están de por medio el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
Considerando VIII
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The Constitutional Chamber Date of Resolution: August 5, 2008 at 15:16 Case File: 07-007996-0007-CO Type of matter: Amparo action Relevance Indicators Relevant ruling Structural ruling Related Rulings Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. CONSTITUTIONAL GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
PROTECTED AREA.
012109-08. ENVIRONMENT. PROTECTION OF THE BARVA VOLCANO MOUNTAIN IN HEREDIA. AQUIFERS. WATER SCARCITY PROBLEM. GROUNDWATER. PHYSICAL DELIMITATION OF THE ZONE ESTABLISHED BY LAW No. 65 WAS ORDERED. VCG06/2020 Other References: Ruling: 422-96, 1923-04 * 070079960007CO * * 070079960007CO * Res. No. 2008-12109 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and sixteen minutes of August fifth, two thousand eight.
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and sixteen minutes of August fifth, two thousand eight.
Amparo action processed in case file number 07-007996-0007-CO, filed by THE FOUNDATION FOR THE PROTECTION AND MONITORING OF NATURAL RESOURCES OF HEREDIA (PROVIRENA), with legal identification number three-zero zero six-three hundred twenty-four thousand eight hundred seven, represented by its President and General Attorney-in-Fact RAFAEL A. VARELA MONTERO, of legal age, married once, guidance counselor, bearer of identity document number 0401010249, resident of San José de la Montaña, Heredia; against THE NATIONAL SERVICE FOR GROUNDWATER, IRRIGATION AND DRAINAGE (SENARE), THE COSTA RICAN TOURISM INSTITUTE, THE MINISTRY OF HEALTH, THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK, THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA), THE NATIONAL INSTITUTE OF HOUSING AND URBAN PLANNING (INVU), THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA); THE PUBLIC SERVICES COMPANY OF HEREDIA; THE MUNICIPALITIES OF THE CENTRAL CANTON OF HEREDIA, of SANTA BÁRBARA DE HEREDIA, of BARVA DE HEREDIA, of SAN PABLO DE HEREDIA; of SAN ISIDRO DE HEREDIA, of SAN RAFAEL DE HEREDIA, of MORAVIA, and that of VÁZQUEZ DE CORONADO
Whereas:
Faced with that situation, he continues reporting, on November 9, 2005, ARSSR-B-1755-2005 was sent to Municipal Mayor Jorge Herrera Paniagua, requesting him to close the school, the animal refuge, the veterinary hospital, and the Regio Centro para la Conciencia de la Tierra, represented by Mrs. Karin Hanne Hoad, because it lacks operating permits from that Ministry. A copy was sent to the then Minister of Health. On November 14, 2005, a copy was received of the complaint filed by Jorge Valerio Lobo, Coordinator of the Environmental Commission of the Municipality of San Rafael de Heredia, before the Agrarian Environmental Prosecutor's Office of the Public Prosecutor's Office, First Judicial Circuit of San José, who argued the existence of an animal clinic that is discharging dirty water and animal remains on the property located 1.5 km north of the Monte de la Cruz Recreational Center, and therefore requested that the veracity of that situation be investigated and an on-site inspection be carried out.
On January 9, 2006, a copy was received of official letter DRCN-PAH-2189-2005 from the Regional Directorate, signed by the then Acting Director Dr. Marco Tulio Zumbado Ulate, responding to the Assistant Environmental Prosecutor's Office regarding Mr. Valerio's complaint, "where among other things specifically in point 4, they indicate that since the owners of the place did not allow our authorities to enter, we are unable to determine compliance with the regulations applicable to this type of activity, which could threaten health if they are contaminating the captured waters." (The boldface is from the original). On July 5, 2007, a copy was received of document 05-009973-647-PE from the Agrarian Environmental Prosecutor's Office, where Lic. Luis Herrera requested the Judge of the Preparatory Stage of the Criminal Court of Heredia to dismiss the case, for the arguments indicated therein. On June 26, 2006, a request was received for a location approval for the Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, Escuela en las Nubes de Asís, and due to the scope of the project, on June 10, 2006, via official letter ARS-SR-B-977-2006, said request was sent to the Regional Directorate for the respective processing.
On March 6, 2007, a copy was received in the Area of official letter DRCN-PAH-287-07 dated February 21, 2007, where the Regional Directorate informed Mr. Robert Hoad, Refugio de Vida Silvestre Jaguarundi, that until the requested information is provided, the sanitary operating permit could not be authorized. On March 7, 2007, in official letter ARS-SR-B-286-2007, Alberto Vargas Esquivel, Municipal Mayor of San Rafael de Heredia, was informed that a copy of official letter DRCN-PAH-287-07 was attached for his information and pertinent purposes. He indicates that on folios 66, 67, and 68, there is official letter GE-149-06 of February 28, 2006, where the General Manager of SENARA informed the Assistant Environmental Prosecutor of the Public Prosecutor's Office about the recharge or aquifer report related to the Crime of Invasion of Protection Area and others against Robert Hoad and others.
Official letter ASUB-071-2006 of February 17, 2006, was sent by the Director of the Operations Area and geologist Roberto Ramírez Ch. regarding the Environmental Center case, where it is considered in point 1. Conclusions, that SENARA considers the area where the Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí is located as an aquifer recharge area of medium to high vulnerability, and the development of high-density constructions is not permitted, nor the use of septic tanks as a treatment system for urbanizations, nor the sealing of said recharge area. By official letter ARS-SR-B-PAH-680-06 of September 5, 2006, that Area Directorate informed the Regional Director that, having reviewed the plans submitted by the Humane Society of the United States of America for the Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, located in Los Ángeles de San Rafael de Heredia, the plans for the completed works of the veterinary hospital and animal houses have not been provided.
The Minister of Health continues reporting that the Director of the Rector Health Area of Barva-San Rafael de Heredia, in official letter ARS-SR-B-1008-2007 of June 25, 2007, in her report related to all actions taken and the facts of this appeal, has pointed out that by official letter RCN-AJ-092-2007 of April 9, 2007, an Incident of Nullity of Notification of Resolution against official letter DRCN-PAH-287-07 of February 21, 2007, was sent to the Directorate of Legal Affairs, and in official letter RCN-AJ-101-2007 of April 30, 2007, an Appeal filed by the special administrative and judicial attorney-in-fact of the Humane Society of the United States of America against official letter DRCN-PAH-287-07 was also sent to that Directorate. She points out that this Office, in resolution DM-3507-M-07 at 10:30 a.m. on June 27, 2007, resolved, in an interlocutory manner, both the appeal and the incident, ordering the suspension of the issuance of the final resolution on the Appeal and the Incident of Nullity of Notification of Resolution until the Constitutional Chamber definitively resolves the merits of amparo 07-007996-0007-CO. She requests that the appeal be dismissed.
Only when the voluntary submission of the property or the direct purchase has been accepted will a resolution be issued delimiting said aquifer; otherwise, it will be necessary to wait for the competent judge to place the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado, AFE) in possession of the corresponding property. To date, it indicates, the ESPH has met the first two requirements for declaring aquifer recharge areas. 1) Technical study determining the direction of subterranean flow (Tecnoambiente Study). It refers to map 1 expd. Jaguarundí); 2) Land tenure study in those areas, which was contracted during 2006 (refers to map 2 exped. Jaguarundí). Therefore, it affirms, the next step to follow is to request the AFE for the possibility of making the declarations of aquifer recharge areas to restrict land use in those zones. It deems it important to mention in this regard that this is a difficult task, because although a land tenure study is available, it is necessary to make the declaration of the zones, and it is very probable that in many of those areas the forest has already disappeared and there is infrastructure built years ago, such as the hotels in the zone.
It reports that a recent technical report prepared by SENARA (2007), titled "Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifers, Central Valley of Costa Rica on the potential recharge of the Colima and Barva aquifers" ("Recarga potencial de los Acuíferos Colima y Barva, Valle Central de Costa Rica sobre la recarga potencial der los acuíferos Colima y Barva"), indicates that water extraction exceeds its natural recharge capacity, aggravated by the existence of 5198 wells, whereby the risks of overexploitation of the water resource add to the threat of contamination and impermeabilization of recharge areas. It says that the report was provided as evidence to the case file. It states that this worries the ESPH as a provider of drinking water services for many communities and obliges it, rather, to be vigilant of the environmental deterioration of the zone and of constructions that place the water supply at greater risk.
It informs that the ESPH is the only water user in that area that has a special tariff called the Water Tariff (Tarifa Hídrica), approved by ARESEP and paid by more than fifty-two thousand users from three cantons of Heredia, with the objective of paying for payment for environmental services (pago de servicios ambientales, PSA) for the protection of eight hundred sixty hectares of forest and for reforestation. It refers to map 3 exped. Jaguarundí which presents the properties submitted to the PSA. Regarding the Jaguarundí Refuge (Refugio Jaguarundí), as a Private Wildlife Refuge, it says that it is subject to compliance with a series of obligations and requirements before the Ministry of Environment and Energy. It points out that the forests of the Refuge are under the Forest Protection Certificates Regime, which also means that it is necessary to submit to a series of rules, requirements, and commitments before MINAE.
The Center for Earth Consciousness (Centro para la Conciencia de la Tierra), as this Refuge is also known, is an institution, supposedly non-profit, that presumably works for the protection and conservation of the environment, which is why—apparently—it was declared a Public Utility Institution in 1999. Within the Refuge, there is an Environmental Education Center and a School dedicated to the environmental education of school-age children operates there. It affirms that they have no record of the granting of electrical power services to the Refuge, so they assume that they were granted so that the refuge could fulfill its objectives requiring electrical power; furthermore, as a general rule, all protected wild areas of the country have basic services, so the fact that there is an electrical line in the zone is not for the purpose of opening the granting of permits indiscriminately to favor activities that are not environmental conservation.
This being the case, it says that it considers that the "Humane Society of the United States of America" ("Sociedad Humana de los Estados Unidos de América") and "Treinta y Ocho Seis S.A.", represented by Mrs. Karin Anne Hoad and representative of the Jaguarundí Wildlife Refuge (Refugio de vida Silvestre Jaguarundí), is the one who must answer for the irregular acts denounced in this amparo and that threaten the natural resources of the area in question. Regarding the request for electrical services for two cabins (hereinafter the Alfonso Bejarano case), on the slopes of the mentioned Hill, which has sparked a dispute at the level of the entire Heredia region, ESPH S.A. resolved to deny the request "(...) for two main reasons: firstly, the protectionist criterion of the zone must prevail and the refusal to grant the requested electricity permit must be maintained according to everything stated in that resolution; and secondly, the request must be rejected because it refers to an already denied and final request.
The Environmental Management Unit is commissioned to coordinate the necessary procedures to obtain a possible revocation of the respective construction permit number 10596 granted by the Municipality of Heredia to Mr. Bejarano Arguedas, likewise to proceed with the formal opposition using the corresponding legal remedies for the annulment and/or revocation of Resolution Number 1169-2004 SETENA administrative file number 403-2004 SETENA." It reports that for all purposes, it validates the technical arguments put forth so that they are taken into consideration in this Appeal (Recurso), in the response to the Bejarano siblings. It believes it can be observed that the Public Services Company of Heredia (Empresa de Servicios Públicos de Heredia) has not lent itself to the construction of chalets, cabins, and mountain hotels in the recharge zones; quite the contrary, it is preventing them. It indicates that at the extraordinary meeting of the Urbanizations Commission of its principal (session number 08-2007), it was agreed that a report be prepared by the Office of Environment, Electrical Energy, and Aqueducts and Sewers, on the areas where vegetative services will be provided, areas where no more services will be granted, and areas where service requests will be studied, given that although they are in protected zones, the constructive damage is done and it is not possible to stop growth.
It affirms that said report will be made known to the Commission and will be sent to the Board of Directors, so that an agreement in that regard may be issued (refers to the respective minutes, exhibit number four). This aspect, it says, is consistent with the petition made by the appellant to the Public Services Company of Heredia in their claims. It requests that this appeal be declared without merit as far as its principal is concerned, since it has been a responsible institution, to the point of having created the "water tariff" ("tarifa hídrica") with the consent of ARESEP, with the sole purpose of preserving the forests and aquifer layers. Likewise, it requests that notice be given to the representatives of the Jaguarundí Wildlife Refuge so that they may address the non-compliances referred to by the appellant, which do not correspond to actions of its represented entity.
. 13.- Mercedes Hernández Méndez reports under oath, in her capacity as Mayor of the Municipality of Barva (page 629), that this municipality has not granted permits beyond what is permitted in the zones adjacent to the Braulio Carrillo National Park and the part corresponding to them of the Forest Protection Area of the Central Volcanic Mountain Range (Área de Protección Forestal de la Cordillera Volcánica Central). She affirms that the Wildlife Refuge referred to by the appellant is outside the jurisdiction of the canton of Barva, so she does not rule on that point. She denies that this Municipality has granted or is granting construction permits indiscriminately, with a purely mercantilist interest, far from it, but rather that in the little that has been built there, the criteria that exist in this regard in the Metropolitan Regional Plan (popularly called the GAM Plan), of 1982 and its reforms of 1997 and 2000, have been respected, while its Regulatory Plan is approved, which will soon be submitted to public hearing, but which, unfortunately, is still not approved and, therefore, is not in effect.
However, she assures that while there is no Regulatory Plan in that canton, it is not a "free-for-all," but rather that this Municipality has been vigilant in complying with existing regulations and with the effective application of the GAM Plan. Based on the foregoing, they consider that what the appellant affirms, in the sense that in Barva—among others—construction permits are being approved indiscriminately, is not true. She maintains that there are no residential projects being approved in the aquifer recharge area, and even, in recent years, they have been reluctant to approve urban projects even in the canton's zones declared urban, that is, where these types of urban developments are permitted. Regarding the Decree alluded to by the appellant, she states that it raises many doubts about its current application, unless its scope can be detailed, since if one examines its content, in its first article it should be specified, among other things, what is understood by "...width, on one and the other side of the summit of the mountain known by the name of Mountain of the Barba Volcano..." ("...ancho, á uno y otros lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba..."), as it is unknown what the Decree refers to by "width" nor which is the referred summit.
She considers this an excellent opportunity for the institution responsible for this type of delimitation to officially define the scope of that Decree in terms of boundaries, that is, the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), as she also believes an interpretation should be made of the rest of what the Decree indicates, for example, when it establishes "...from the hill called Zurquí to the one known by the name of Concordia..." ("...desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia..."), given that—she affirms—on the cartographic sheets the Zurquí hill can indeed be located, but not the one called Concordia. The Decree also refers to "...whether said zone is of national or municipal property..." ("...ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal..."), which, in the judgment of the respondent, raises the doubt of whether it only applies to lands that at that time were municipal or national, but she asks what happens with the eventual private lands existing at this moment. She requests that this appeal be declared without merit as far as that Municipality is concerned.
states that while it is true that its Board of Directors has adopted agreements for the protection of aquifers and works on expanding the forest cover and monitoring natural resources, it is also true that there is a lack of coordination with the different public entities that regulate the protection of springs (nacientes), rivers, and aquifers to prevent the construction of housing complexes, chalets, and tourism projects practically on top of the springs, such as the Fuentes de Iris Hernández, despite the fact that the Water Law (Ley de Aguas) and the Forestry Law (Ley Forestal) establish a protection area of 200 and 100 meters of forest, as well as on lands owned by the State where even kilometers of electric lines have been placed. Regarding the Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillado (ICAA), it states that it has the obligation to coordinate with the different public institutions that have all or part of the responsibility for protecting springs, rivers, and the aquifer recharge areas of the Barva, Upper and Lower Colima, and Echeverría aquifers (Mantos Barva, Colima Superior e Inferior, Manto Echeverría), which are the foundation and life of the country's development, especially of the Central Intermountain Valley (Valle Intermontano Central); therefore, it must contribute to the demarcation of the protected areas established by the 1888 Decree, as well as the protected areas established by the different laws, and especially the springs that have been captured for human consumption by the Municipalities, ASADAS, ESPHSA, ICAA, and which today have buildings practically at the capture sites themselves.
It also indicates that the ICAA is a very important institution for the country's development, and therefore it must oversee any work carried out in the protected areas of springs, rivers, aquifers, and, consequently, the forest. It considers that it is obligated to demand compliance with the demarcation of the area established by the 1888 Decree, to protect the waters of Heredia, Alajuela, and San José, and thereby to be vigilant over them. Regarding the Jaguarundí Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí), it indicates that it is an area owned by the State, according to the 1888 Decree, that was purchased by the Humane Society of the United States, represented in Costa Rica by the Asociación Humanitaria de Costa Rica, and that it was established solely and exclusively to protect the forest and contribute to environmental education; it was not conceived to be converted into a shelter for stray dogs.
It alleges that it is an "aquifer recharge zone," as established by the SENARA reports, and is located in two micro-watersheds, 100 to 150 meters from the Río Segundo and La Quebrada Monge, which supply the water resource for human consumption for the populations of Heredia and San Rafael. It contends that there are volatile contaminants produced by the bad odors from 100 or more dogs, whose waste is deposited less than 150 meters from where the ESPHSA captures water from the Río Segundo. It refers that in the report rendered to the Court, MINAE, the Ministry of Health, and the Municipality of San Rafael de Heredia itself acknowledge this and evade their responsibility, arguing that it is the Court that should take action in the matter, when those entities, from the moment they became aware of such irregularities, should have proceeded to close the premises, as established by current legislation.
It deems this one more example of the apathy and indifference in respecting the laws and protecting the citizenry's Constitutional Right to enjoy a healthy environment. Regarding SETENA, it considers that it cannot be exonerated for many acts outside the law committed by private individuals. It alleges that it is not possible that they are unaware of the 1888 Decree and have not applied it to all those projects to which they have given environmental feasibility to build constructions. As an example, the DANTAS AND JAGUARUNDÍ REFUGE. It asks, what has been the control and authorization to open lanes five or seven meters wide within the mountain with primary forest, this being State property? Also, do SETENA officials have control over all the buildings that have been constructed on these State lands? Have they reported the institutions that have allowed constructions on the banks of springs, that is, in protected and public domain areas?
It affirms that the Municipality of Heredia itself acknowledges in its report the granting of construction permits, and the ESPHSA confirms this irregularity, indicating that it supplied them with electrical power. Regarding the municipal entities, it says:
Drafted by Magistrate Vargas Benavides; and,
Considering:
I.Proven Facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them according to what was set forth in the initial order:
a. On July 30, eighteen hundred eighty-eight, the Constitutional Congress of Costa Rica issued Law Number 65, by which a strip of land two kilometers wide on either side of the summit of the mountain known as Montaña del Volcán Barva, from Cerro Zurquí to Cerro Concordia, was declared inalienable. (Folio 130 of the file).
b. By Legal Opinion number OJ-118-2004 of September 27, two thousand four, the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) informed Deputy Quirico Jiménez Madrigal that there was no law expressly repealing Law Number 65, and therefore it remained in force. (Folios 80 to 91 of the file).
c. By official letter OH-418 of August 10, two thousand four, the Ministry of Environment and Energy filed a complaint before the Environmental Administrative Tribunal against Mr. Mario Ramírez Corrales, accusing said individual of having carried out construction in the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve without the corresponding permits. (Folios 193 to 196 of the file).
d. By resolution number 943-2004-SETENA at eleven hours and twenty minutes on June 22, two thousand four, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) granted environmental feasibility for the application to construct a small house in the District of Vara Blanca in Heredia, submitted by Mr. Mario Bejarano. (Folios 212 to 214 of the file).
e. By official letter SRC-OH-122 of March 7, two thousand five, the Ministry of Environment and Energy filed a complaint before the Environmental Administrative Tribunal against Maderas Comerciales del Monte S.A., accusing it of cutting trees near a spring. (Folios 199 to 202 of the file).
f. On April 23, two thousand five, officials from the Ministry of Environment and Energy conducted an inspection at Cerro Chompipe in the District of Vara Blanca, and were able to confirm that in the forested area, there was the construction of two rustic shelters (ranchos), an internal road, and ornamental trees that were not native to the area. (Report at folio 121 of the file).
g. By official letter SRC-OH-209 of April 26, two thousand five, Mr. Guillermo Jiménez Alfaro filed a complaint before the Environmental Administrative Tribunal, accusing Mr. Mario Bejarano of having caused environmental damage on his property located in Cerro Chompipe. (Folios 215 to 217 of the file).
h. By resolution 1467-05-3-TAA at ten hours and thirty-one minutes on October 31, two thousand five, the Environmental Administrative Tribunal ordered the National Environmental Technical Secretariat and the Heredia Subregional Office of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central) to submit a series of data necessary to resolve the complaint filed by Mr. Guillermo Jiménez Alfaro. (Folios 210 to 211 of the file).
i. By official letter SRC-497 of October 27, two thousand five, the Head of the Central Subregion of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) requested that the Environmental Administrative Tribunal report on the status of the complaint filed against Mr. Mario Bejarano. (Folios 205 to 206 of the file).
j. By resolution number 074-06-3-TAA, at ten hours and thirty-six minutes on January 16, two thousand six, the Environmental Administrative Tribunal ordered that file number 150-05-3-TAA, regarding the case of Mario Bejarano Arguedas, be transferred to the National Environmental Technical Secretariat, so that it could evaluate the report prepared by the Department of Waters of MINAE and take it into account when conducting the environmental impact assessment. (Folios 207 to 208 of the file).
k. By notification number 1087 of May 5, two thousand five, the Municipality of San Rafael warned the Humane Society of the United States of America that it had to comply with a series of requirements for the authorization of a veterinary hospital in the Jaguarundi Reserve. (Folio 769 of the file).
l. By official letter SRC-OH-280 of June 7, two thousand five, the Head of the Central Subregion and the Wildlife Coordinator of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area made several recommendations to the Director of said Area regarding the Jaguarundi Refuge. (Folios 67 to 69 of the file).
m. By notification number 1120 of June 20, two thousand five, the Municipality of San Rafael de Heredia warned the Humane Society of the United States of America that it had to comply with a series of requirements for the authorization of the dog shelter it had in the Jaguarundi Reserve. (Folio 54 of the file).
n. By official letter SRC-309 of July 4, two thousand five, the Ministry of Environment and Energy requested that the Jaguarundí Reserve provide the State Forestry Administration with a copy of the corresponding permits for the constructions being carried out at said location. (Report at folio 122 and folios 208 to 209 of the file).
o. By official letter CM-307-05 of August 1, two thousand five, the Secretary of the Municipal Council of San Rafael de Heredia informed the Environmental Commission of said Municipality that the Head of Engineering had verified that Mrs. Karin Anne Hoad was carrying out construction in the Jaguarundi Reserve without the respective permits. (Folio 51 of the file).
p. On August 5, two thousand five, the owner of the Jaguarundí Reserve submitted a management plan for said reserve, as well as the justification for the need to carry out a program with stray dogs. (Folio 177 of the file).
q. By official letter SRC-392 of August 22, two thousand five, the Head of the Central Subregion of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area requested from the Executive Director of the Jaguarundi Wildlife Refuge a series of data regarding the constructions and the disposal of blackwater, soapy water, and wash water in the aforementioned refuge. (Folio 58 of the file).
r. By official letter ARS-SR-B-696-2005 of October 11, two thousand five, Mr. Víctor Manuel Alfaro Carvajal, Professional in Human Environment of the San Rafael-Barva Health Area, reported that an inspection had to be carried out at the animal shelter located in the Jaguarundí Refuge. (Folio 255 of the file).
s. By official letter ARS-SR-B-1755-2005 of November 9, two thousand five, the Director of the San Rafael-Barva Health Governing Area and the Head of the Environment Protection Unit, Central North Region of the Ministry of Health, requested that the Municipal Mayor of San Rafael proceed to close the School, the Animal Refuge, the Veterinary Hospital, and the Refuge of the Center for Earth Consciousness, located in the Jaguarundi Reserve, as they lacked sanitary operating permits. (Folio 256 of the file).
t. By official letter GA-462-2005 of November 10, two thousand five, the Environmental Management Unit of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia informed the Coordinator of the Municipal Environmental Commission of San Rafael about the complaint filed by the Comité Salud de los Ángeles de San Rafael Group, which accused the Veterinary Clinic of the Jaguarundi Refuge of discharging dirty water and animal remains into the rivers that ran through that property. (Folio 49 of the file).
u. On November 14, two thousand five, the Coordinator of the Environmental Commission of the Municipality of San Rafael de Heredia filed a complaint with the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), requesting an investigation into the facts reported by the Comité Salud de los Ángeles de San Rafael Group. (Folios 55 to 56 of the file).
v. By official letter number 837-2005 AMSRH of November 14, two thousand five, the Municipal Mayor of San Rafael de Heredia filed a complaint with the Public Prosecutor's Office for the breaking of seals at the Center for Earth Consciousness. (Folio 257 of the file).
w. By official letter DRCN-PAH-2189-2005 of November 30, two thousand five, the Ministry of Health informed the Public Prosecutor's Office that it had not been possible to enter the Jaguarundí Refuge to investigate the alleged irregularities occurring at said location. (Folios 70 to 71 of the file).
x. By resolution number SRC-024-05 of December 9, two thousand five, the Head of the Central Subregion of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area rejected the management plan for the dog shelter intended to be built in the Jaguarundi Private Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre de Propiedad Privada Jaguarundi). (Folio 179 of the file).
y. On an unspecified date, the representatives of the Jaguarundí Wildlife Refuge filed a revocation motion with a subsidiary appeal against resolution number SRC-024-05. (Report at folio 122 of the file).
z. By a Technical Report of February 15, two thousand six, Ms. Ruth Tiffer Sotomayor, M.Sc., and Mr. Marlon Salazar Chacón, from the Tropical Science Center (Centro Científico Tropical), concluded that a shelter for stray dogs could be built in the Jaguarundi Wildlife Refuge without posing a risk to the environment. (Folios 134 to 147 of the file).
aa) On an unspecified date, Mr. Jorge Hernández, Biologist in charge of the Wildlife Component of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area, issued Technical Report number IT-VS-001-06, which indicates that a shelter for stray dogs could be developed in the Jaguarundí Wildlife Refuge, provided a series of recommendations were met. (Folios 132 to 133 of the file).
bb) By official letter ASUB-071 of February 27, two thousand six, the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage made a series of recommendations regarding water treatment at the Jaguarundí Wildlife Refuge. (Folios 275 to 276 of the file).
dd) By inspection record number 2440 of April 28, two thousand six, officials of the Municipality of San Rafael de Heredia attested that on that day they were not allowed to enter the Center for Earth Consciousness, a location where they intended to carry out an inspection. (Folio 759 of the file).
ee) By a document of June 12, two thousand six, the Public Prosecutor's Office requested the Criminal Court of Heredia to dismiss the complaint filed against the Jaguarundí Wildlife Refuge. (Folios 391 to 398 of the file).
ff) By official letter DRCN-PAH-287-07 of February 21, two thousand seven, the Ministry of Health informed the Representative of the Jaguarundí Wildlife Refuge that no sanitary operating permit would be authorized for the dog shelter it intended to build until it provided the duly authorized construction plans. (Folios 271 to 272 of the file).
gg) By official letter RCN-AJ-092 of April 9, two thousand seven, an incident of nullity of notification of resolution DRCN-PAH-287-07 of February 21, two thousand seven, was sent to the Directorate of Legal Affairs of the Ministry of Health. (Report at folio 236 of the file).
hh) By official letter RCN-AJ-101-2007 of April 30, two thousand seven, an appeal filed by the Humane Society of the United States of America against official letter DRCN-PAH-287-07 was sent to the Directorate of Legal Affairs of the Ministry of Health. (Report at folio 236 of the file).
jl) By official letter ASUB-228-2006 of June 14, two thousand six, the General Manager of SENARA was informed about the limitations to which the Center for Earth Consciousness was subject. (Folio 442 of the file).
kk) By resolution number DM-3507-M-07 at ten hours and thirty minutes on June 27, two thousand seven, the Minister of Health decided to suspend the resolution of the appeals filed against resolution DRCN-PAH-287-07, until the Constitutional Court resolved amparo action 07-007996-0007-CO. (Report at folio 236 and folios 248 to 251 of the file).
mm) By a resolution at nine o'clock in the morning of July 5, two thousand seven, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia denied the request for electrical installation made by Mr. José Alfonso Bejarano Arguedas, because there was a risk to nature. (Folios 341 to 357 of the file).
nn) By agreement number 3416, the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage ordered that the technical study called "Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley of Costa Rica," which contained a series of recommendations regarding the use of the water resource in various zones, including the one established by Law Number 65, be brought to the attention of the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Health, Municipalities, the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the National Environmental Technical Secretariat, and the Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Attached to said study was a matrix containing aquifer contamination vulnerability criteria, intended to serve as a guide and technical orientation for the development of land-use policies. (Folios 438 to 441 of the file).
ññ) As of the date they render their report within this amparo action, the authorities of the Municipality of the Central Canton of Heredia had only granted two construction permits within the zone established by Law Number 65, which were given after all requirements established by current legislation were met. (Report at folio 280 of the file) oo) In the Extraordinary Session number 100-2007 held on May 31, two thousand seven, the Municipal Council of the Municipality of the Central Canton of Heredia [agreed] not to grant any type of permit in the territorial jurisdiction of the canton that was within the area covered by Law Number 65.
(Folios 289 to 290 of the case file).
pp) By agreement 582.06, adopted at Regular Session No. 21, held on December ninth, two thousand five, the Municipal Council of Santa Bárbara agreed to approve the Study that the Interinstitutional Commission for Micro-Watersheds of Heredia presented to them, for which reason it declared the micro-watersheds of the Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, and Pará rivers as aquifer protection zones, with the aim of protecting and conserving the surface and underground water resources located in the canton’s territory. (Report at folios 455 to 456 of the case file).
qq) By official communication SA-230-109 of September nineteenth, two thousand five, the Municipality of Coronado requested the National Environmental Technical Secretariat to inform it of the procedure to follow regarding construction permits requested in certain areas of the canton. (Folios 839 to 842 of the case file).
rr) By official communication SG-2911-2005-SETENA of November seventeenth, two thousand five, the National Environmental Technical Secretariat responded to official communication SA-230-109. (Folio 843 of the case file).
ss) By official communication JD-126-06 of October second, two thousand six, SENARA sent the Municipality of Coronado a copy of the matrix of “Land-Use Criteria According to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources.” (Folios 844 to 851 of the case file).
tt) As of the date on which the National Environmental Technical Secretariat and the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers submitted their report in this amparo proceeding, no type of permit application had been filed before said institutions by the Center of Conscience for the Earth. (Report at folios 403 and 416 of the case file).
III.On the problem of water scarcity. In recent years, the issue of access to water has become a global problem due to the increasing scarcity of the precious liquid. According to the second United Nations Report on the Development of Water Resources, approximately one billion one hundred million people lack access to potable water in the world, a number that increases daily due to the contamination or disappearance of the sources that supply the planet. The aforementioned report notes that more than four thousand children die daily from diseases caused by the lack of potable water, such as diarrhea, which kills more than one million eight hundred thousand people annually, the majority of whom are under five years of age. It is also mentioned that by the year two thousand twenty-five, two billion seven hundred million people—equivalent to one-third of the world’s population—will experience problems of water scarcity, a situation that could generate demographic catastrophes never before seen.
The United Nations considers that the lives of one million six hundred thousand people could be saved each year if they were offered the possibility of accessing potable water; however, in most regions of the world, the necessary actions to fulfill this objective have not yet been adopted. In the specific case of Latin America, various studies consider that more than sixty million people lack access to potable water in the region, despite the fact that South America holds only six percent of the world’s population and enjoys twenty-six percent of the planet’s water resources. The data set forth above generate great concern within the United Nations, which has called upon the different governments of the globe to adopt the appropriate measures to mitigate the problem described above in their territories.
IV.On groundwaters and their protection. Groundwaters have become the primary means of public supply in the Central American region, as most surface sources have been contaminated by human action. In the specific case of Costa Rica, it is estimated that approximately seventy percent of the water consumed daily by the country’s inhabitants comes from groundwaters, a situation that highlights the importance of protecting this resource. Precisely on this particular topic, it is relevant to note what this Court stated in judgment number 2004-01923, of fourteen hours fifty-five minutes on February twenty-fifth, two thousand four, in which it indicated, in pertinent part:
“V.- GROUNDWATERS. In contrast to so-called surface waters, which flow over the earth’s crust and may be subject to common or special uses, there are groundwaters. Groundwaters are those found beneath the earth’s surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; their most important source is rainwater that infiltrates the soil. The soil, for its part, is composed of two levels, which are as follows: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another below this called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The waters contained in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, are called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the velocity of groundwater movement depends, in essence, on the hydraulic gradient.
Groundwaters are an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of which 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwaters, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the primary source of public supply is groundwaters, compared to surface waters, which are notably exposed to contamination and degradation by harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. For the particular case of our country, it has been estimated that the annual potential recharge of groundwaters is approximately 47,000 million cubic meters per year, representing 20% of precipitation; likewise, it has been calculated that of the 750,000 cubic meters of water used daily for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater intakes. The consumption and use of groundwaters, compared to surface waters, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages, such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwaters is carried out gradually depending on the increase in demand for the service, and the catchment areas can be located near the place where the demand arises, all of which reduces the costs of conveyance, treatment, and storage; b) the natural physical-chemical quality of groundwaters is more constant than that of surface waters and is potable with little or no treatment; c) because there is soil or rock above the groundwaters, they are more protected from contamination of natural or human origin; d) variations in quantity and availability in dry seasons or during rainfall are minimal compared to those of surface waters; e) they constitute a strategic reserve to confront states of emergency due to public calamity, internal unrest (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.
The topic of groundwaters is intimately linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its Article 50, proclaims the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and for maintaining the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Likewise, access to potable water ensures the rights to life—’without water no life is possible,’ states the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—to health—indispensable for nourishment, drinking, and hygiene—(Article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual a decent well-being and quality of life (Article 33 of the Political Constitution and Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights).
The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development in large proportions. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve human life and health and, of course, for the adequate development of any people. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, nearly 5.5 billion people will suffer from water scarcity, with 5 to 10 million people dying annually from the use of untreated water. Furthermore, at present, the duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited has been recognized (sustainable development), so present needs must be satisfied without compromising the capacity of future generations to meet their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972).
In essence, water, from an economic and ecological perspective, is a precious asset, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constitutive element for the maintenance of natural ecosystems—non-contaminating or environmentally compatible water use.” From the foregoing, the importance of groundwaters as a means of guaranteeing access to potable water for a large part of the national population is deduced. Therefore, the State is obligated to guarantee their protection, through the use of the powers conferred to it for this purpose by the Legal System, in order to comply with the provisions of Article 50 of the Constitution.
V.On decree-law number 65. By means of decree-law number 65 of July twenty-eighth, eighteen eighty-eight, the legislator ordered the protection of one of the zones in which the water springs that supply the inhabitants of the provinces of Heredia, Alajuela, and part of San José are located, providing for this purpose, in pertinent part, the following:
THE CONSTITUTIONAL CONGRESS OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA, Whereas the conservation of the mountains in which originate the streams and springs (manantiales) that supply water to the province of Heredia and a part of that of Alajuela is of public utility,
DECREES:
Art. 1—A zone of land two kilometers wide, on both sides of the summit of the mountain known by the name of Montaña del Volcán de Barba, from the hill called El Zurquí to that known by the name of Concordia, whether said zone be national or municipal property, is declared inalienable.
Art. 2—The Executive Branch is authorized to increase or decrease the extent of the zone referred to in the preceding article if, after carrying out the respective survey by means of a scientific commission, it deems it appropriate to modify it in the manner indicated by said commission.
As can be seen from the reading of the cited norm, the intention of the legislator of the century before last was to ensure that the provinces of Alajuela, Heredia, and San José could guarantee themselves, in the future, the water resources necessary to satisfy the needs of the population. To achieve this, the legislator provided for the creation of an inalienable zone, which could not be the object of any type of possession due to its public nature, as this Court has held in a series of pronouncements, such as judgment number 422-96 of January twenty-second, two thousand six, in which it was stated in pertinent part:
“(…) The public domain is composed of assets that manifest, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. These are public goods or things, or public assets, which do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men, that is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, are affected by the service they provide, and this service is invariably essential by virtue of an express norm. Therefore, their characteristics are being inalienable, imprescriptible, and unattachable; they may not be mortgaged nor be susceptible to any encumbrance. As they are outside commerce, these assets cannot be the object of possession, although one may acquire a right to the use, not a right to property. (…)”
VI.Based on the reasoning set forth in the preceding recitals (considerandos), this Chamber considers that in the present case a violation of the provisions of Article 50 of the Constitution is evident, which is attributable to the State and the respondent municipalities. With respect to the Costa Rican State, it is considered proven that over the years, it has not carried out the corresponding tasks to delimit the zone encompassed by law number 65 of eighteen eighty-eight, in order to ensure that no type of human activity is carried out in that place, thus fulfilling the intention of the legislator at the time of issuing the cited norm. Said inertia persists even to the present day, since the Ministry of Environment and Energy, as the authority charged with overseeing the country’s natural resources, has failed in its duty to delimit and effectively monitor the strip of land established by law number 65, despite the fact that the legislator affected said zone as part of the public domain in order to create an area free of any type of interference by private parties, an intention that has not been fulfilled to date, since the record shows that construction permits have even been granted in said terrain.
In the case of the respondent municipalities, it is deduced from the evidence provided in the case file that said corporations have granted construction permits in the zone encompassed by decree-law number 65, a situation that violates not only the desire of the legislator at the time of promulgating the cited norm, but also violates the provisions of Article 50 of the Constitution, for the reasons set forth above. It is worth mentioning that although law number 65 does not clearly establish the degree of limitation to which the zone established by said law was subject, the truth is that in application of the in dubio pro natura principle, and taking into account the spirit of the cited norm, this Chamber considers that it must be understood that said protection is total, and therefore no type of permit or concession may be granted in said strip of land. Likewise, this Court considers that none of the respondent authorities may claim ignorance of the provisions of law number 65, since although more than a century has passed since its creation, said norm remains in force, as deduced from Legal Opinion number OJ-118-2004 of the Office of the Attorney General of the Republic.
Thus, for the reasons set forth above, it is appropriate to grant the appeal (recurso) on this point, ordering the respondent Ministry to coordinate with the National Geographic Institute to physically delimit the zone encompassed by the aforementioned law, and then to recover the lands located therein that are being occupied by private parties; and ordering the respondent municipalities to refrain from granting any type of permit within the perimeter established by law number 65.
VII.On the study "Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica." In the case under study, the attention of this Chamber is drawn to the fact that as of the date on which the respondent municipalities submitted their report in this matter, there is no evidence whatsoever that they had prepared and incorporated into their regulations the hydrogeological maps recommended by SENARA in the study entitled “Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica,” despite the express recommendation to incorporate said documents into the cantonal urban planning, and despite the fact that they were even sent the Matrices of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability for the protection of water resources, to serve as a basis for making the aforementioned maps. In the opinion of this Court, said omission is contrary to the provisions of Article 50 of the Political Constitution, since the cited documentation allows for the determination of zones in which constructions may be carried out, the limitations to which said processes are subject, as well as the sites where it is not possible to carry out any type of building, due to the degree of soil vulnerability.
For the foregoing reasons, this Court considers that the amparo must be granted on this point, ordering the respondent municipalities to adopt the corresponding measures to incorporate into their urban development regulations and permit authorization processes the document prepared by SENARA.
VIII.On the refuge for abandoned dogs in the Jaguarundí Wildlife Refuge. In the present case, the petitioner complains that a refuge for abandoned dogs operates in the Jaguarundí Wildlife Refuge without the corresponding operating permits. Likewise, he alleges that personnel of the refuge have thrown animal waste into the river, contaminating the Quebrada Monge, which is a tributary of the Río Segundo, from which the Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. draws water to supply the population of the canton of San Rafael de Heredia. In their reports, the Municipality of San Rafael de Heredia and the Ministry of Health accept that the refuge for abandoned dogs operates without the corresponding permits; however, they explain that they have been unable to close it down because they have not been permitted to enter the site where it is located. On the other hand, in his report, the Minister of Environment and Energy explains that the respondent Ministry, by resolution number R-069-SINAC-2007 of nine hours forty minutes on June fifth, two thousand seven, granted the aforementioned refuge the corresponding operating permit, which was subject to compliance with a series of requirements.
In view of the foregoing, this Court considers that in this case the alleged violation of the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution is established, which is attributable to the Municipality of San Rafael, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy. In the case of the first two authorities, this Chamber considers that they have failed in their obligation to ensure that any type of activity carried out that may endanger people’s health has the corresponding permits, since in this matter they have not proceeded to close down the dog refuge located in the Jaguarundí Reserve, despite having full knowledge that it lacks the corresponding operating permits. In this regard, the argument raised by the respondents that they have not been permitted to enter the place where the cited refuge is located is not acceptable, since both authorities should have taken the appropriate steps with the Public Police Force to guarantee their entry to the aforementioned place, as the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment are at stake.
Likewise, the omission described above has prevented the respondents from carrying out the appropriate inspections to address the complaint filed by the Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael regarding the possible contamination of the Quebrada Quesada by refuge personnel, thus also violating their obligation to investigate any problem that could endanger the population’s health. Furthermore, with respect to the Ministry of Environment and Energy, this Court considers that said authority has failed in its duty to monitor that the personnel of the refuge for abandoned dogs complied with the recommendations set forth in resolution R-069-SINAC-2007, which were issued precisely to ensure that the refuge’s operation would not affect the environment or people’s health. Therefore, the appeal (recurso) must also be granted on this point, as is hereby done.
IX.Finally, with respect to the rest of the respondent authorities, this Chamber considers that it cannot be proven that they violated the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution; therefore, the appeal must be dismissed as to them.
Therefore (Por tanto):
The appeal (recurso) is declared with merit, solely with respect to the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado. Roberto Dobles Mora, or whoever holds the office of Minister of Environment and Energy, is ordered as follows: a) That within a period of seven months from the notification of this judgment, carry out the actions within the scope of his powers so that the zone established by law number 65 of 1888 is physically delimited, and thereafter, initiate the processes for the recovery of the lands located in said sector that are being occupied by private parties; b) That he immediately verify compliance with the provisions of resolution R-069-SINAC-2007 by the personnel of the Jaguarundí Wildlife Refuge, and in case of non-compliance with the provisions of said pronouncement, proceed in accordance with the law.
José Manuel Ulate Avendaño, or whoever holds the office of Municipal Mayor of the Central Canton of Heredia, Rolando Hidalgo Villegas, or whoever holds the office of Mayor, and Marta Lidia Segura Miranda, or whoever holds the office of President of the Municipal Council, both of the Municipality of Santa Bárbara de Heredia, Mercedes Hernández Méndez, or whoever holds the office of Mayor, and Adrián Varela Montero, or whoever holds the office of President of the Municipal Council, both of the Municipality of Barva de Heredia, Marvin Chaves Chinchilla, or whoever holds the office of Mayor, and Elvia Villalobos Argüello, or whoever holds the office of President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Isidro de Heredia, Aracelly Salas Eduarte, or whoever holds the office of Mayor of San Pablo de Heredia, Alberto Vargas Esquivel, or whoever holds the office of Mayor, and Yensi Alfaro Hernández, or whoever holds the office of President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, Rafael Isidro Bolaños Arce, or whoever holds the office of Municipal Mayor of Santo Domingo de Heredia, Edgar Vargas Jiménez, or whoever holds the office of Municipal Mayor of Moravia, and Leonardo Herrera Sánchez, or whoever holds the office of Municipal Mayor of Vásquez de Coronado, are ordered as follows: a) That they immediately refrain from granting any type of permit within the zone established by law number 65 of 1888, with respect to their jurisdictions; b) That they proceed to hire the necessary professionals for the preparation of the hydrogeological vulnerability maps recommended by SENARA in its report entitled “Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica,” which must be included in the urban development regulations of their jurisdictions, as recommended by the aforementioned authority.
María Luisa Ávila Argüello, or whoever holds the office of Minister of Health, Alberto Vargas Esquivel, or whoever holds the office of Mayor, and Yensi Alfaro Hernández, or whoever holds the office of President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, are ordered to immediately proceed to carry out the actions that, in accordance with the law, are applicable against the abandoned dog refuge that exists in the Jaguarundí Wildlife Refuge, and to investigate the complaint filed by the Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael regarding the alleged contamination existing at said site. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with it or to enforce it, provided the offense is not more severely punished.
The State and the Municipalities of Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, and Vásquez de Coronado are ordered to pay the damages (costas, daños y perjuicios) on which this declaration is based, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. As to the other respondent authorities, the appeal is dismissed.
Ana Virginia Calzada M. President Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Marta María Vinocour F. Roxana Salazar C.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
AREA PROTEGIDA.
012109-08. AMBIENTE. PROTECCIÓN A MONTAÑA DEL VOLCÁN BARVA DE HEREDIA. MANTOS ACUÍFEROS. PROBLEMÁTICA DE LA ESCASEZ DEL AGUA. AGUAS SUBTERRÁNEAS. SE ORDENÓ DELIMITAR FÍSICAMENTE LA ZONA ESTABLECIDA POR LA LEY N°65. VCG06/2020 Otras Referencias: Sentencia: 422-96, 1923-04 * 070079960007CO * * 070079960007CO * Res. Nº 2008-12109 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y dieciséis minutos del cinco de agosto del dos mil ocho.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 07-007996-0007-CO, interpuesto por LA FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES DE HEREDIA (PROVIRENA), con cédula de persona jurídica número tres- cero cero seis- trescientos veinticuatro mil ochocientos siete, representada por su Presidente y Apoderado General RAFAEL A. VARELA MONTERO, mayor, casado una vez, profesor de Orientación, portador de la cédula de identidad número 0401010249, vecino de a favor de San José de la Montaña, Heredia; contra EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARE), EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, EL MINISTERIO DE SALUD, EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA, EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), LA SECRETARÍA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA); LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA; LAS MUNICIPALIDADES DEL CANTÓN CENTRAL HEREDIA, de SANTA BÁRBARA DE HEREDIA, de BARVA DE HEREDIA, de SAN PABLO DE HEREDIA; de SAN ISIDRO DE HEREDIA, de SAN RAFAEL DE HEREDIA, de MORAVIA, y la de VÁZQUEZ DE CORONADO
Resultando:
. 13.- Informa bajo juramento Mercedes Hernández Méndez, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de Barva (folio 629), que por parte de ese municipal no se han otorgado permisos más allá de lo permitido en las zonas aledañas al Parque Nacional Braulio Carrillo y la parte que les corresponde del Área de Protección Forestal de la Cordillera Volcánica Central. Afirma que el Refugio de Vida Silvestre, al que se refiere el recurrente, se encuentra fuera de la jurisdicción del cantón de Barva, por lo que no se pronuncia al punto. Niega que esa Municipalidad haya otorgado o esté otorgando permisos de construcción de forma indiscriminada, con un interés meramente mercantilista ni mucho menos, sino que lo poco que ahí se encuentra construido se ha seguido respetando los criterios que al respecto existen en el Plan Regional Metropolitano (denominado popularmente como Plan GAM), de 1982 y sus reformas de 1997 y 2000, en tanto se aprueba su Plan Regulador, el cual pronto se someterá a audiencia pública, pero que, desafortunadamente, todavía no está aprobado y, por ende, no está vigente.
Sin embargo, asegura que mientras no se cuente con Plan Regulador en ese cantón no es que se está “a la libre”, sino que en esa Municipalidad han estado vigilantes de cumplir con la normativa existente y con la aplicación efectiva del Plan GAM. Por lo dicho consideran que no es cierto lo que afirma el recurrente en el sentido de que en Barva –entre otros- se están aprobando permisos de construcción en forma indiscriminada. Sostiene que no existen proyectos habitacionales que se estén aprobando en la parte de recarga acuífera e inclusive, en los últimos años han sido reacios a aprobar proyectos urbanísticos hasta en las zonas del cantón declaradas urbanas, sea, donde este tipo de desarrollos urbanísticos son permitidos. Sobre el Decreto al que alude el recurrente, manifiesta que plantea muchas dudas sobre su aplicación actual, salvo que se logre detallar sus alcances, puesto que si se aprecia su contenido, en su artículo primero debería precisarse, entre otros, qué se entiende por “…ancho, á uno y otros lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba…”, ya que no se sabe a qué se refiere el Decreto cuando se refiere a “ancho” ni cuál es la referida cima.
Considera esta una excelente oportunidad para que la institución encargada de este tipo de delimitaciones, de forma oficial, defina los alcances de ese Decreto en cuanto a límites, es decir, el Instituto Geográfico Nacional, como también estima que se debería realizar una interpretación de lo demás que señala el Decreto, por ejemplo cuando establece “…desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia…”, en vista de que –afirma- en las hojas cartográficas efectivamente se puede ubicar el cerro Zurquí, pero no el que se denomina Concordia. También se refiere el Decreto a “…ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal…”, con lo que a juicio del recurrido surge la duda de si solo aplica a las tierras que en esa época eran municipales o nacionales, pero se pregunta qué pasa con las eventuales tierras privadas existentes en este momento. Solicita se declare sin lugar este recurso en lo que atañe a esa Municipalidad.
26- Informa bajo juramento Mario Alberto Leiva Vega, en su calidad de Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo (folio 1152), que mediante resolución número 074-06-3- TAA de las diez horas con treinta y seis minutos del dieciséis de enero de dos mil seis, se acordó trasladar a la SETENA el expediente número 150-05-03-TAA, para que dicha Secretaría valorara el informe confeccionado por el Departamento de Aguas del MINAE, y lo tomara en cuenta al momento de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental. Indica que la resolución antes citada, le fue notificada al señor Guillermo Jiménez Alfaro el primero de febrero de dos mil seis, sin embargo no se planteó recurso alguno contra dicho pronunciamiento. En razón de lo expuesto, solicita que se desestime el presente recurso, en cuanto a su persona.
Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,
Considerando:
I.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
<![if !supportLists]>a. <![endif]>El treinta de julio de mil ochocientos ochenta y ocho, el Congreso Constitucional de Costa Rica, dictó la ley número 65, por el que se declaró inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida como Montaña del Volcán Barva, desde el cerro Zurquí hasta el cerro Concordia. (Folio 130 del expediente).
<![if !supportLists]>b. <![endif]>Por Opinión Jurídica número OJ-118-2004 del veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, la Procuraduría General de la República informó al Diputado Quirico Jiménez Madrigal, que no existía una ley que en forma expresa derogara la ley número 65, por lo que la misma se encontraba aún vigente. (Folios 80 a 91 del expediente).
<![if !supportLists]>c. <![endif]>Por oficio OH-418 del diez de agosto de dos mil cuatro, el Ministerio del Ambiente y Energía planteó ante el Tribunal Ambiental Administrativo, una denuncia en contra del señor Mario Ramírez Corrales, en la que acusaba que dicha persona había llevado a cabo una construcción en la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, sin contar con los permisos correspondientes. (Folios 193 a 196 del expediente).
<![if !supportLists]>d. <![endif]>Por resolución número 943-2004-SETENA de las once horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil cuatro, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, otorgó viabilidad ambiental, para la solicitud de construcción de una casa pequeña en el Distrito de Vara Blanca en Heredia, presentada por el señor Mario Bejarano. (Folios 212 a 214 del expediente).
<![if !supportLists]>e. <![endif]>Por oficio SRC-OH-122 del siete de marzo de dos mil cinco, el Ministerio del Ambiente y Energía presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo, una denuncia en contra de Maderas Comerciales del Monte S.A., en la que acusa la corta de árboles cerca de una naciente. (Folios 199 a 202 del expediente).
<![if !supportLists]>f. <![endif]>El veintitrés de abril de dos mil cinco, funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía procedieron a realizar una inspección en el Cerro Chompipe en el Distrito de Vara Blanca, y pudieron constatar que en el área boscosa, existía la construcción de dos ranchos, un camino interno, así como árboles ornamentales que no eran propios de la zona. (Informe a folio 121 del expediente).
<![if !supportLists]>g. <![endif]>Por oficio SRC-OH-209 del veintiséis de abril de dos mil cinco, el señor Guillermo Jiménez Alfaro presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo, en la que acusaba que el señor Mario Bejarano había causado daños al ambiente en su finca ubicada en el Cerro Chompipe. (Folios 215 a 217 del expediente).
<![if !supportLists]>h. <![endif]>Por resolución 1467-05-3-TAA de las diez horas con treinta y un minutos del treinta y uno de octubre de dos mil cinco, el Tribunal Ambiental Administrativo, ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y a la Oficina Subregional de Heredia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, que presentaran una serie de datos necesarios para resolver la denuncia planteada por el señor Guillermo Jiménez Alfaro. (Folios 210 a 211 del expediente).
<![if !supportLists]>i. <![endif]>Por oficio SRC-497 del veintisiete de octubre de dos mil cinco, el Jefe de la Subregión Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, solicitó al Tribunal Ambiental Administrativo que informara sobre el estado de la denuncia planteada contra el señor Mario Bejarano. (Folios 205 a 206 del expediente).
<![if !supportLists]>j. <![endif]>Por resolución número 074-06-3-TAA, de las diez horas con treinta y seis minutos del dieciséis de enero de dos mil seis, el Tribunal Ambiental Administrativo ordenó trasladar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el expediente número 150-05-3-TAA, referente al caso de Mario Bejarano Arguedas, con el fin de que valorara el informe confeccionado por el Departamento de Aguas del MINAE y lo tomara en cuenta al momento de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental. (Folios 207 a 208 del expediente).
<![if !supportLists]>k. <![endif]>Por notificación número 1087 del cinco de mayo de dos mil cinco, la Municipalidad de San Rafael previno a la Sociedad Humana de los Estados Unidos de América, que debía cumplir con una serie de requisitos para la habilitación de un hospital veterinario en la Reserva Jaguarundi. (Folio 769 del expediente).
<![if !supportLists]>l. <![endif]>Por oficio SRC-OH-280 del siete de junio de dos mil cinco, el Jefe de la Subregión Central y el Coordinador de Vida Silvestre del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central realizaron varias recomendaciones al Director de dicha Área, con respecto al Refugio Jaguarundi. (Folios 67 a 69 del expediente).
<![if !supportLists]>m. <![endif]>Por notificación número 1120 del veinte de junio de dos mil cinco, la Municipalidad de San Rafael de Heredia, previno a la Sociedad Humana de los Estados Unidos de América, que debía de cumplir una serie de requisitos para la habilitación del albergue de perros que tenía en la Reserva Jaguarundi. (Folio 54 del expediente).
<![if !supportLists]>n. <![endif]>Por oficio SRC-309 del cuatro de julio de dos mil cinco, el Ministerio del Ambiente y Energía solicitó a la Reserva Jaguarundí, que aportara a la Administración Forestal del Estado, copia de los permisos correspondientes para las construcciones que se estaban llevando a cabo en dicho lugar. (Informe a folio 122 y folios 208 a 209 del expediente).
<![if !supportLists]>o. <![endif]>Por oficio CM-307-05 del primero de agosto de dos mil cinco, la Secretaria del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, informó a la Comisión del Ambiente de dicha Municipalidad, que el Jefe de Ingeniería había constatado que la señora Karin Anne Hoad, estaba llevando a cabo una construcción en la Reserva Jaguarundi, sin contar con los permisos respectivos. (Folio 51 del expediente).
<![if !supportLists]>p. <![endif]>El cinco de agosto de dos mil cinco, la propietaria de la Reserva Jaguarundí, presentó un plan de manejo de dicha reserva, sí como la justificación de la necesidad de llevar a cabo un programa con perros callejeros. (Folio 177 del expediente).
<![if !supportLists]>q. <![endif]>Por oficio SRC-392 del veintidós de agosto de dos mil cinco, el Jefe de la Subregión Central del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central, solicitó a la Directora Ejecutiva del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundi, una serie de datos con respecto a las construcciones y disposición de aguas negras, jabonosas y de lavado en el refugio de cita. (Folio 58 del expediente).
<![if !supportLists]>r. <![endif]>Por oficio ARS-SR-B-696-2005 del once de octubre de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Manuel Alfaro Carvajal, Profesional del Ambiente Humano del Área de Salud San Rafael- Barva informó que debía efectuarse una inspección en el refugio de animales, ubicado en el Refugio Jaguarundí. (Folio 255 del expediente).
<![if !supportLists]>s. <![endif]>Por oficio ARS-SR-B-1755-2005 del nueve de noviembre de dos mil cinco, la Directora del Área Rectora de Salud San Rafael-Barva, y la Jefe de la Unidad Protección Ambiente Región Central Norte del Ministerio de Salud, solicitaron al Alcalde Municipal de San Rafael que procediera a clausurar la Escuela, el Refugio de Animales, el Hospital Veterinario y el Refugio del Centro para la Conciencia de la Tierra, ubicados en la Reserva Jaguarundi, por cuanto los mismos carecían de permisos sanitarios de funcionamiento. (Folio 256 del expediente).
<![if !supportLists]>t. <![endif]>Por oficio GA-462-2005 del diez de noviembre de dos mil cinco, la Unidad de Gestión Ambiental de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, informó al Coordinador de la Comisión Ambiental Municipal de San Rafael, sobre la denuncia planteada por el Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael, en la que se acusaba que la Clínica Veterinaria del Refugio Jaguarundi, estaba vertiendo las aguas sucias y restos de animales a los ríos que pasaban por esa propiedad. (Folio 49 del expediente).
<![if !supportLists]>u. <![endif]>El catorce de noviembre de dos mil cinco, el Coordinador de la Comisión Ambiental de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, planteó una denuncia ante el Ministerio Público, en la que solicitaba que se investigaran los hechos denunciados por el Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael. (Folios 55 a 56 del expediente).
<![if !supportLists]>v. <![endif]>Por oficio número 837-2005 AMSRH del catorce de noviembre de dos mil cinco, el Alcalde Municipal de San Rafael de Heredia, presentó ante el Ministerio Público, una denuncia por violación de sellos en el Centro de la Conciencia de la Tierra. (Folio 257 del expediente).
<![if !supportLists]>w. <![endif]>Por oficio DRCN-PAH-2189-2005 del treinta de noviembre de dos mil cinco, el Ministerio de Salud informó al Ministerio Público que no se había podido ingresar al Refugio Jaguarundí, para investigar las supuestas irregularidades que se presentaban en dicho lugar. (Folios 70 a 71 del expediente).
<![if !supportLists]>x. <![endif]>Por resolución número SRC-024-05 del nueve de diciembre de dos mil cinco, el Jefe de la Subregión Central del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central rechazó el plan de manejo del albergue de perros que se pretendía construir en el Refugio de Vida Silvestre de Propiedad Privada Jaguarundi. (Folio 179 del expediente).
<![if !supportLists]>y. <![endif]>En fecha no precisada, los representantes del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí plantearon un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra, la resolución número SRC-024-05. (Informe a folio 122 del expediente).
<![if !supportLists]>z. <![endif]>Por Informe Técnico del quince de febrero de dos mil seis, la Msc. Ruth Tiffer Sotomayor, y el Lic. Marlon Salazar Chacón, del Centro Científico Tropical, estimaron en el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundi, podía construirse un albergue para perros callejeros, sin que ello implicare un riesgo para el medio ambiente. (Folios 134 a 147 del expediente).
aa) En fecha no precisada, el señor Jorge Hernández, Biólogo Encargado del Componente de Vida Silvestre del Área de Conservación Volcánica Central, emitió el Informe Técnico número IT-VS-001-06, en el que se señala que en el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí podía desarrollarse un albergue para perros callejeros, siempre y cuando se cumpliera con una serie de recomendaciones. (Folios 132 a 133 del expediente).
bb) Por oficio ASUB-071 del veintisiete de febrero de dos mil seis, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, realizó una serie de recomendaciones con respecto al tratamiento de aguas en el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí. (Folios 275 a 276 del expediente).
dd) Por acta de inspección número 2440 del veintiocho de abril de dos mil seis, funcionarios de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, hicieron constar que ese día no se les permitió ingresar al Centro para Conciencia de la Tierra, lugar en el que pretendían llevar a cabo una inspección. (Folio 759 del expediente).
ee) Por escrito del doce de junio de dos mil seis, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Heredia, que se desestimara la denuncia presentada contra el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí. (Folios 391 a 398 del expediente).
ff) Por oficio DRCN-PAH-287-07 del veintiuno de febrero de dos mil siete, el Ministerio de Salud, informó al Representante del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, que no se autorizaría ningún permiso sanitario de funcionamiento para el refugio de perros que pretendía construir, hasta tanto no aportara los planos constructivos debidamente autorizados. (Folios 271 a 272 del expediente).
gg) Por oficio RCN-AJ-092 del nueve de abril de dos mil siete, se remitió a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, un incidente de nulidad de notificación de la resolución DRCN-PAH-287-07 del veintiuno de febrero de dos mil siete. (Informe a folio 236 del expediente).
hh) Por oficio RCN-AJ-101-2007 del treinta de abril de dos mil siete, fue remitido a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, un recurso de apelación interpuesto por la Sociedad Humana de los Estados Unidos de América, contra el oficio DRCN-PAH-287-07. (Informe a folio 236 del expediente).
jl) Por oficio ASUB-228-2006 del catorce de junio de dos mil seis, se informó al Gerente General de SENARA, sobre las limitaciones a las que estaba sometido el Centro para la Conciencia de la Tierra. (Folio 442 del expediente), kk) Por resolución número DM-3507-M-07 de las diez horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil siete, la Ministra de Salud dispuso suspender la resolución de los recursos planteados contra la resolución DRCN-PAH-287-07, hasta tanto la Sala Constitucional no resolviera el recurso de amparo 07-007996-0007-CO. (Informe a folio 236 y folios 248 a 251 del expediente).
mm) Por resolución de las nueve horas del cinco de julio de dos mil siete, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, denegó la solicitud de instalación eléctrica planteada por el señor José Alfonso Bejarano Arguedas, por cuanto existía un riesgo para la naturaleza. (Folios 341 a 357 del expediente).
nn) Por acuerdo número 3416, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento dispuso poner en conocimiento del Ministerio del Ambiente y Energía, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Municipalidades, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, el estudio técnico denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colina y Barva, Valle Central de Costa Rica”, en el que se hacían una serie de recomendaciones con respecto a la utilización del recurso hídrico varias zonas, entre ellas la establecida por la ley número 65. En dicho estudio se adjuntó una matriz que contenía los criterios de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, con el fin de que sirviera de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso de suelo. (Folios 438 a 441 del expediente).
ññ) A la fecha en que rinden su informe dentro del presente recurso de amparo, las autoridades de la Municipalidad del Cantón Central de Heredia, únicamente había otorgado dos permisos de construcción dentro de la zona establecida por la ley número 65, los cuales fueron dados luego de que se cumplieran todos los requisitos establecidos por la legislación vigente. (Informe a folio 280 del expediente) oo) En la Sesión Extraordinaria número 100-2007 celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil siete, el Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón Central de Heredia, no otorgar ningún tipo de permiso en la jurisdicción territorial del cantón, que se encontrara comprendida dentro del área que abarca la ley número 65. (Folios 289 a 290 del expediente).
pp) Por acuerdo 582.06, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 21, celebrada el nueve de diciembre de dos mil cinco, el Concejo Municipal de Santa Bárbara acordó aprobar el Estudio que la Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia les expuso, por lo que declaró las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará como zonas de protección acuífera, con el objetivo de proteger y conservar los recursos hídricos superficiales y subterráneos ubicados en el territorio del cantón. (Informe a folios 455 a 456 del expediente).
qq) Por oficio SA-230-109 del diecinueve de septiembre de dos mil cinco, la Municipalidad de Coronado, solicitó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que le informara cual era el procedimiento a seguir ante los permisos de construcción que son solicitados en ciertas zonas del cantó. (Folios 839 a 842 del expediente).
rr) Por oficio SG-2911-2005-SETENA del diecisiete de noviembre de dos mil cinco, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, respondió el oficio SA-230-109.(Folio 843 del expediente).
ss) Por oficio JD-126-06 del dos de octubre de dos mil seis, el SENARA remitió a la Municipalidad de Coronado, copia de la matriz de “Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico”. (Folios 844 a 851 del expediente).
tt) A la fecha en que la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, y el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados rinde su informe dentro del presente recurso de amparo, no se habían presentado ante dichas instituciones ningún tipo de solicitud de permiso por parte del Centro de Conciencia para la Tierra. (Informe a folios 403 y 416 del expediente).
III.Sobre el problema de la escasez del agua. Durante los últimos años el tema del acceso al agua se ha convertido en un problema de índole mundial, en razón de la escasez cada vez mayor, del preciado líquido. Según el segundo Informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, unas mil cien millones de personas no tienen acceso al agua potable en el mundo, número que aumenta cada día más en razón de la contaminación o desaparición de las fuentes que abastecen al planeta. En el informe antes mencionado, se señala que más de cuatro mil niños mueren a diario por enfermedades provocadas por la falta de agua potable, como es por ejemplo la diarrea, que mata al año más de un millón ochocientas mil personas, la mayoría de ellas menores de cinco años. Asimismo, se menciona que para el año dos mil veinticinco dos mil setecientos millones de personas –equivalente a un tercio de la población mundial-, tendrán problemas de escasez de agua, situación que podría generar catástrofes demográficas nunca antes vistas.
La Organización de las Naciones Unidas, considera que cada año se podría salvar la vida un millón seiscientas mil personas si se les ofreciera la posibilidad de acceder a agua potable, no obstante en la mayoría de las regiones del mundo no se han adoptado aún las acciones necesarias para cumplir con dicho objetivo. En el caso concreto de América Latina, diversos estudios consideran que más de sesenta millones de personas no tienen acceso al agua potable de la región, esto a pesar de que América del Sur alberga sólo el seis por ciento de la población mundial, y disfruta del veintiséis por ciento de los recursos hídricos del planeta. Los datos antes expuestos generan gran preocupación en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, quien ha llamado a los distintos gobiernos del orbe a adoptar las medidas del caso a efecto de mitigar en sus territorios la problemática descrita con anterioridad.
IV.Sobre las aguas subterráneas y su protección. Las aguas subterráneas se han convertido en el principal medio de abastecimiento público en la región Centroamericana, ya que la mayoría de las fuentes superficiales han sido contaminadas por la acción del hombre. En el caso concreto de Costa Rica, se estima que aproximadamente un setenta por ciento del agua que consumen a diario los habitantes del país proviene de las aguas subterráneas, situación que hace ver la importancia de proteger este recurso. Precisamente sobre este tema en particular, resulta de relevancia señalar lo dispuesto por este Tribunal en la sentencia número 2004-01923, de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, en la que se indicó en lo que interesa:
“V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas.
El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas.
El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.
El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972).
En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.” De lo expuesto anteriormente, se deduce la importancia que tienen las aguas subterráneas como medio de garantizar el acceso del agua potable a gran parte de la población nacional. Por lo anterior, el Estado se encuentra en la obligación de garantizar la protección de las mismas, mediante el uso de las potestades que al efecto le otorga el Ordenamiento Jurídico, ello con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 50 constitucional.
V.Sobre el decreto ley número 65. Por medio del decreto ley número 65 del veintiocho de julio de mil ochocientos ochenta y ocho, el legislador ordenó proteger una de las zonas en las que se encuentran las nacientes de agua que abastecen a los habitantes de las provincias de Heredia, Alajuela y parte de San José, disponiendo para tal efecto en lo que interesa lo siguiente:
EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y a una parte de la de Alajuela,
DECRETA:
Art. 1°—Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal.
Art. 2°—Se autoriza al Poder Ejecutivo para aumentar ó disminuir la extensión de la zona a que se refiere el artículo anterior si después de practicado el reconocimiento respectivo por medio de una comisión científica, juzga conveniente modificarla en el sentido que dicha comisión indique.
Tal y como se desprende de la lectura de la norma de cita, la intención del legislador del siglo antepasado era la de asegurar que las provincias de Alajuela, Heredia y San José pudieran garantizarse en el futuro el recurso hídrico necesario para satisfacer las necesidades de la población. Para lograr lo anterior, el legislador dispuso la creación de una zona inalienable, la cual no podía ser objeto de ningún tipo de posesión en razón de su naturaleza pública, tal y como lo ha sostenido este Tribunal en una serie de pronunciamientos, como es el caso de la sentencia número 422-96 del veintidós de enero de dos mil seis, en la que se señaló en lo que interesa:
“(…)El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Se trata de bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Por ello, son sus características el ser inalienables, imprescriptibles, inembargables; no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, no un derecho a la propiedad. (…)”
VI.Partiendo de lo externado en los considerandos anteriores, esta Sala considera que en el caso concreto se constata una violación a lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, la cual es achacable al Estado y a las municipalidades recurridas. En lo que respecta al Estado Costarricense, se tiene por probado que a lo largo de los años, éste no ha realizado las labores correspondientes a efecto de delimitar la zona comprendida por la ley número 65 de mil ochocientos ochenta y ocho, con el fin de garantizar que en dicho lugar no se llevara a cabo ningún tipo de actividad humana y cumplir así con la pretensión que tenía el legislador al momento de dictar la norma de cita. Dicha inercia se mantiene incluso hasta la actualidad, pues el Ministerio de Ambiente y Energía , como autoridad encargada de velar por los recursos naturales del país, ha incumplido con su labor de delimitar y vigilar en forma efectiva, la franja de terreno establecida por la ley número 65, ello a pesar de que el legislador afectó dicha zona al dominio público con el fin de crear un área libre de cualquier tipo de injerencia de particulares, intención que no se ha cumplido a la fecha, ya que en los autos consta que incluso se han otorgado permisos de construcción en el terreno de cita.
En el caso de las municipalidades accionadas, se deduce de la prueba aportada al expediente que dichas corporaciones han otorgado permisos de construcción en la zona comprendida por el decreto ley número 65, situación que vulnera no sólo el deseo que tenía el legislador al momento de promulgar la norma de cita, sino que además violenta lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, en razón de lo expuesto anteriormente. Conviene mencionar, que si bien en la ley número 65 no se establece claramente el grado de limitación al que estaba sometida la zona establecida por dicha ley, lo cierto es que en aplicación del principio de indubio pro natura, y tomando en cuenta el espíritu de la norma de cita, esta Sala considera que debe entenderse que dicha protección es total, por lo que no puede otorgarse ningún tipo de permiso o concesión en dicha franja de terreno. Asimismo, estima este Tribunal que ninguna de las autoridades recurrida puede alegar desconocimiento de lo dispuesto por la ley número 65, pues si bien ha transcurrido más de un siglo desde que la misma fuera creada, lo cierto es que dicha norma mantiene aún su vigencia, tal y como se deduce de la Opinión Jurídica número OJ-118-2004 de la Procuraduría General de la República.
Así, en razón de lo expuesto anteriormente, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a este extremo, ordenando al Ministerio recurrido coordinar lo correspondiente con el Instituto Geográfico Nacional para delimitar físicamente la zona comprendida por la ley antes citada, para luego recuperar los terrenos que se encuentren ahí y que estén siendo ocupados por particulares; y a las municipalidades accionadas abstenerse de otorgar cualquier tipo de permiso dentro del perímetro establecido por la ley número 65.
VII.Sobre el estudio Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica. En el caso en estudio, llama la atención de esta Sala el hecho de que a la fecha en que las municipalidades recurridas rinden su informe en el presente asunto, no existe prueba alguna de que éstas hubieran elaborado e incluido dentro su normativa los mapas hidrogeológicos recomendados por SENARA en el estudio denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica.” a pesar de que se recomienda expresamente incorporar dichos documentos en la planeación urbanística del cantón, y de que incluso se les remitieran las Matrices de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, con el fin de que se tomaran como base para realizar los mapas antes mencionados. A criterio de este Tribunal dicha omisión resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política, pues la documentación de cita permite determinar las zonas en las cuales se pueden llevar a cabo construcciones, las limitaciones a las que están sometidas dichos procesos, así como los sitios en los que no es posible llevar a cabo ningún tipo de edificación, en razón del grado de vulnerabilidad del suelo.
Considera este Tribunal que por lo anterior, el amparo debe ser acogido en cuanto a este punto, ordenando a las municipalidades recurridas adoptar las medidas correspondientes para incorporar en su normativa urbanística y procesos de autorización de permisos, el documento que elaborado por SENARA.
VIII.Sobre el refugio para perros abandonados en el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí. En el caso concreto, el recurrente reclama que en el Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, opera un refugio para perros abandonados que no cuenta con los permisos de funcionamiento correspondiente. Asimismo, acusa que personeros del refugio han lanzado los desechos de los animales al río, lo que contamina la Quebrada Monge que es afluente del Río Segundo, el cual es captado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. para abastecer de agua a la población del cantón de San Rafael de Heredia. En sus informes, la Municipalidad de San Rafael de Heredia, y el Ministerio de Salud aceptan que el refugio para perros abandonos funciona sin los permisos correspondientes, sin embargo explican que no han podido clausurar el mismo, por cuanto no se les ha permitido ingresar al sitio donde este se ubica. Por otra parte, en su informe el Ministro de Ambiente y Energía, explica que el Ministerio accionado mediante resolución número R-069-SINAC-2007 de las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil siete, otorgó al refugio antes mencionado, el permiso de funcionamiento correspondiente, el cual quedó sometido al cumplimiento de una serie de requerimientos.
Con vista en lo anterior, este Tribunal considera que en el presente asunto se constara la alegada violación a lo dispuesto por los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, la cual es achacable a la Municipalidad de San Rafael, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Ambiente y Energía. En el caso de las dos primeras autoridades, esta Sala considera que las mismas han faltado a su obligación de garantizar que cualquier tipo de actividad que se desarrolle y que pueda poner en riesgo la salud de las personas, cuente con los permisos correspondientes, ya que en el presente asunto no han procedido a clausurar el refugio para perros que se ubica en la Reserva Jaguarundí, a pesar de que tienen pleno conocimiento de que el mismo no cuenta con los permisos de funcionamiento correspondientes. En ese sentido, no resulta de recibo el argumento planteado por los recurridos en el sentido de que no se les ha permitido ingresar al lugar donde se encuentra el refugio de cita, pues ambas autoridades debieron haber gestionado lo correspondiente con la Fuerza Pública, con el fin de garantizar su ingreso al lugar antes mencionado, ya que están de por medio el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Asimismo, la omisión antes descrita ha impedido que los recurridos puedan llevar a cabo las inspecciones del caso, a efecto de atender la denuncia planteada por el Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael, con respecto a la posible contaminación de la Quebrada Quesada por parte de funcionarios del refugio, vulnerando así también su obligación de investigar cualquier problema que pudiera poner en riesgo la salud de la población. Por otra parte, en lo que respecta al Ministerio de Ambiente y Energía, este Tribunal considera que dicha autoridad ha faltado a su deber de vigilar que los personeros del refugio para perros abandonados cumplieran con las recomendaciones hechas en la resolución R-069-SINAC-2007, las cuales se emitieron precisamente para garantizar que el funcionamiento del refugio no afectara el medio ambiente ni la salud de las personas. Por lo anterior, el recurso debe ser acogido también en cuanto a este extremo, como en efecto se hace.
IX.Finalmente en lo que respecta al resto de las autoridades accionadas, esta Sala considera que no puede tenerse por probado que las mismas hubieran vulnerado lo dispuesto por los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, motivo por el cual el recurso debe ser desestimado en cuanto a las mismas..
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, y las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbabara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado. Se ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien ocupe su cargo como Ministro del Ambiente y Energía, lo siguiente: a) Que dentro del plazo de siete meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se delimite físicamente la zona establecida por la ley número 65 de 1888, y luego de ello, inicie los procesos de recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares; b) Que de inmediato verifique el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución R-069-SINAC-2007, por parte de los personeros del Refugio de Vida Silvestre Jaguarundí, y en caso de que no se haya cumplido con lo dispuesto por el pronunciamiento de cita, proceda conforme a derecho.
Se ordena a José Manuel Ulate Avendaño, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal del Cantón Central de Heredia, a Rolando Hidalgo Villegas, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y a Marta Lidia Segura Miranda, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Santa Bárbabara de Heredia, a Mercedes Hernández Méndez, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa, y a Adrián Varela Montero, o a quien ocupe su cargo como Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Barva de Heredia, a Marvin Chaves Chinchilla, o a quien ocupe su cargo como Alcalde, y al Elvia Villalobos Argüello,o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, a Aracelly Salas Eduarte, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa de San Pablo de Heredia, a Alberto Vargas Esquivel, o a quien ocupe su cargo como Alcalde y a Yensi Alfaro Hernández, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, a Rafael Isidro Bolaños Arce, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Santo Domingo de Heredia, a Edgar Vargas Jiménez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Moravia, y a Leonardo Herrera Sánchez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Vázquez de Coronado, lo siguiente: a) Que de inmediato se abstengan de otorgar cualquier tipo de permiso dentro de la zona establecida por la ley número 65 de 1888, en lo que respecta a sus jurisdicciones; b) Que procedan a contratar a los profesionales necesarios para la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por SENARA en su informe denominado “Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica.”, los cuales deberán ser incluidos en la normativa urbanística de sus jurisdicciones, tal y como lo recomienda la autoridad antes mencionada.
Se ordena a María Luisa Ávila Argüello, o a quien ocupe su cargo como Ministra de Salud, a Alberto Vargas Esquivel, o a quien ocupe su cargo como Alcalde y a Yensi Alfaro Hernández, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que de inmediato procedan a realizar las acciones que conforme a derecho procedan contra el refugio de perros abandonados que existe en el Refugio de Vida Silvestre Jaguandurí, e investiguen la denuncia planteada por el Grupo Comité Salud de los Ángeles de San Rafael, con respecto a la supuesta contaminación que existe en dicho sitio. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado y a las Municipalidades de Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vasquez de Coronado al pago de las costas daños y perjuicios que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a las demás autoridades recurridas, se declara sin lugar el recurso.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Marta María Vinocour F. Roxana Salazar C.
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