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Res. 01745-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/02/2011

Municipal Duty to Protect Drainage and Water EasementsDeber municipal de proteger drenajes y servidumbres hídricas

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber ordered the Municipality of Escazú to correct El Barro Street’s drainage within three months, conduct or update a hydrographic study, and mark the Puente de Mulas pipeline easement, while denying the remaining claims.La Sala ordenó a la Municipalidad de Escazú corregir en tres meses el drenaje de la calle El Barro, realizar o actualizar un estudio hidrográfico y demarcar la servidumbre de la tubería de Puente Mulas, pero rechazó los demás extremos del amparo.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber partially granted the amparo against the Municipality of Escazú for failures involving El Barro Street and the Quintanar residential development. It held that the municipality had not prescribed the technical requirements needed to improve the road without causing water pooling, had remained inactive in addressing residents’ complaints, and had failed to delimit and protect the easement for the Puente de Mulas main water pipeline, despite authorizing construction that could obstruct maintenance and emergency access. These omissions violated the rights protected by Articles 21, 41, and 50 of the Constitution. The Chamber ordered the municipality to provide adequate drainage for surface and subsurface water within three months, coordinate with ICAA, MINAET’s Water Department, and SENARA to update or conduct a hydrographic study, mark the pipeline easement, and take precautions when reviewing future construction permits. It denied the remaining claims, including those challenging the regulatory plan, whose environmental viability had already been established.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo contra la Municipalidad de Escazú por incumplimientos relacionados con la calle El Barro y la Urbanización Quintanar. Determinó que el municipio no estableció los requisitos técnicos necesarios para mejorar la vía sin provocar empozamientos, permaneció inactivo ante las denuncias vecinales y omitió delimitar y proteger la servidumbre de la tubería madre proveniente de Puente de Mulas, pese a haber autorizado construcciones que podían dificultar su mantenimiento y atención en emergencias. Estas omisiones vulneraron los derechos tutelados por los artículos 21, 41 y 50 de la Constitución. La Sala ordenó adecuar el drenaje de las aguas superficiales y subsuperficiales en tres meses, coordinar con el ICAA, el Departamento de Aguas del MINAET y SENARA la actualización o elaboración de un estudio hidrográfico, demarcar la servidumbre y adoptar previsiones para futuros permisos. Rechazó los restantes reclamos, incluidos los dirigidos contra el Plan Regulador, cuya viabilidad ambiental ya había sido acreditada.

Key excerptExtracto clave

The appeal is granted for violation of Articles 21, 41, and 50 of the Constitution, solely insofar as the Municipality of Escazú failed to prescribe and order the technical requirements under which El Barro Street could be improved so as to prevent the pooling caused by the absence of an adequate surface-water drainage channel; failed through its inaction to resolve the complaints submitted by the appellant and to restore the residential areas of the development; and omitted to delimit and safeguard significant water resources, such as the easement for the pipeline coming from Puente Mulas, after authorizing several buildings without accounting for the easement in the event of an emergency. Consequently, Marco Antonio Segura Seco, in his capacity as Mayor of Escazú, or whoever holds that office, is ordered, immediately upon notice of this judgment, to issue such orders as fall within his authority and powers to ensure that, within three months following notice of this judgment, El Barro Street meets the technical requirements necessary for the proper drainage of the surface and subsurface waters that pass over it. He must also immediately coordinate with ICAA, MINAET’s Water Department, and SENARA to update or conduct a hydrographic study of the area and, within the same three-month period, clearly delimit and mark the easement for the Puente de Mulas main pipeline and adopt precautions regarding future applications for construction permits.Se declara con lugar el recurso por violación a los artículos 21, 41 y 50 constitucionales, únicamente en cuanto la Municipalidad de Escazú no previó y ordenó los requisitos técnicos bajo los cuales podía ser mejorada la calle El Barro, con el objeto de evitar los empozamientos que la falta de un adecuado canal de drenaje de las aguas superficiales produjo, así como la inercia de esta Municipalidad en resolver las denuncias presentadas por la recurrente, así como de reestablecer las zonas residenciales de la Urbanización y su omisión en delimitar y resguardar recursos hídricos relevantes como la servidumbre del tubo que proviene de Puente Mulas, al haber autorizado varias construcciones sin su previsión en caso de emergencia. En consecuencia, se ordena a Marco Antonio Segura Seco, en su condición de Alcalde Municipal de Escazú, o a quien ocupe el cargo, que de forma inmediata a la comunicación de esta sentencia, proceda a emitir las órdenes que estén dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, a efecto de garantizar que en el plazo de tres meses contados a partir de la comunicación de esta sentencia, la calle El Barro cumpla con los requisitos técnicos necesarios para que discurran adecuadamente las aguas superficiales y subsuperficiales que pasan sobre ésta. Asimismo, deberá en forma inmediata coordinar con el ICAA, el Departamento de Aguas del MINAET y SENARA, la actualización o realización de un estudio hidrográfico de la zona, así como proceder dentro del mismo plazo de tres meses indicado anteriormente, a delimitar y demarcar claramente la servidumbre de paso de la tubería madre de Puente Mulas y tomar las previsiones frente a futuras solicitudes de permisos de construcción.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La servidumbre –al costado sur del Hotel Real Intercontinental- no está señalizada, ni resguardada en sus dimensiones legales, es decir, no existe una franja inalienable que tenga a la tubería libre de construcciones u obras civiles a lo largo de la misma."

    "The easement—on the south side of the Hotel Real Intercontinental—is neither marked nor protected according to its legal dimensions; that is, there is no inalienable strip keeping the pipeline free of buildings or civil works along its course."

    Informe del ICAA

  • "La servidumbre –al costado sur del Hotel Real Intercontinental- no está señalizada, ni resguardada en sus dimensiones legales, es decir, no existe una franja inalienable que tenga a la tubería libre de construcciones u obras civiles a lo largo de la misma."

    Informe del ICAA

  • "Más bien se puede afirmar, que la cantidad y tipo de edificaciones residenciales y comerciales que se han levantado encima de ella se convierten en barrera física que impide hoy y en el futuro su adecuado y oportuno mantenimiento y conservación."

    "Indeed, the number and type of residential and commercial buildings erected over it constitute a physical barrier that prevents its proper and timely maintenance and preservation, both now and in the future."

    Informe del ICAA

  • "Más bien se puede afirmar, que la cantidad y tipo de edificaciones residenciales y comerciales que se han levantado encima de ella se convierten en barrera física que impide hoy y en el futuro su adecuado y oportuno mantenimiento y conservación."

    Informe del ICAA

  • "Corresponde a las municipalidades a través de su autonomía regular la planificación de su territorio, por lo que son éstas las que finalmente deciden sobre el desarrollo de sus cantones."

    "Through their autonomy, municipalities are responsible for regulating territorial planning and therefore ultimately decide how their cantons are to be developed."

    Considerando V

  • "Corresponde a las municipalidades a través de su autonomía regular la planificación de su territorio, por lo que son éstas las que finalmente deciden sobre el desarrollo de sus cantones."

    Considerando V

  • "En cuanto a los demás extremos, se declara sin lugar el recurso."

    "As to the remaining claims, the appeal is denied."

    Por tanto

  • "En cuanto a los demás extremos, se declara sin lugar el recurso."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Decision No. 2011001745 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nueve horas y cincuenta y nueve minutos on once de febrero del dos mil once.

Application for amparo (recurso de amparo) processed under expediente número 09-006673-0007-CO, filed by MARÍA ELENA MORA ABARCA, holder of identity card number 0103780255, on behalf of ALLAN FLORES SANDÍ, CARLOS CASTRO HERRERA, CARLOS CASTRO MORA, GRETTCHEN FLORES SANDÍ, IVETH PICHARDO CÁRCAMO, MARIO ZÚÑIGA CASTRO, MICHAEL LÓPEZ POVEDA, NATALIA CASTRO MORA, SARA HAUSER KUNS, and VIRGINIA SANDÍ DELGADO, against the MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ.

Findings

  1. 1In a written submission received by the Chamber’s Clerk’s Office at siete horas cincuenta y siete minutos on 4 de mayo de 2009, the petitioner filed an application for amparo against the Municipalidad de Escazú and stated that the work being carried out by Grupo Roble and Grupo Meridiano on Calle El Barro—which is a public road separating Urbanización Quintanar from those projects—had seriously affected them because the road surface had been raised, filled with gravel, and then covered with a layer of asphalt extending up to the rear walls of their homes, without respecting the sidewalk area. She stated that the walls of their homes had cracked and that fractures were visible in the interior walls because of the weight and vibration of the machinery. She asserted that during the rainy season, water would flow toward the walls of those homes, which had not been built to withstand water currents.She stated that the residential development had experienced flooding problems in previous years and that the asphalt had made the situation worse. She asserted that the manner in which the work was being performed would restrict access along that road to the homes facing it. She stated that a hydrographic and topographic study of the entire area should be conducted to channel the water properly. She further stated that they doubted whether the rainwater originating from Grupo Roble and Torre Meridiano was being pumped toward Calle Matapalo as approved by the Municipality, because behind her house there was a pipe discharging directly onto Calle El Barro. She also stated that the warehouse located in their residential development should be ordered vacated, because since dos mil seis several lots had been occupied under the pretext that they would serve as temporary parking; however, that parking area had been converted into a warehouse and remained so to that day, despite being prohibited in residential areas. She requests that the Chamber grant the application with the consequences prescribed by law.
  2. 2MARCO ANTONIO SEGURA SECO, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Escazú, reported under oath (folio 154 of the record) that, following an inspection of Calle El Barro, it was determined to be a public road under cantonal administration, bordered on the east by Urbanización Quintanar and on the west by several properties that also front another road called Matapalo. He states that the improvements to the roadway surfaces (asphalt) on this road were made at its northern end, over an approximate length of 270 meters, as part of the half-width roadway improvements that condominium-project developers are required to construct; in this case, this concerned the Grupo El Roble condominium project, while the Proyecto Meridiano had not, as of that date, made any improvements to the portion of Calle El Barro that it fronts. He states that it is not true that the road surface was raised and that, because the project is organized as a condominium, the developer is responsible for carrying out the mandatory half-width roadway improvements at its own expense.In this case, Grupo Roble instead acted in good faith by constructing the entire right-of-way (derecho de vía), except for the sidewalks of the properties bordering it to the west, which are the sole responsibility of each property owner. Nevertheless, construction of the sidewalks on the west side of the road remains pending, and the residents will therefore be notified immediately of their obligation to construct them; in the event of noncompliance, the Municipality would proceed with their construction and the corresponding charge. Regarding the alleged damages, he states that they could have been avoided from the outset, but that the situation arose because the property owners failed to construct the sidewalk; consequently, there is no cause-and-effect relationship with the compaction of the asphalt-layer material placed on that road. He states that the petitioner’s assertions are untrue because the video and photographs submitted show that the road’s elevation does not impede access to the properties adjoining it.Neither the Municipality nor third parties are carrying out any work that would suggest that access to the properties facing Calle El Barro will be restricted; any work performed will maintain the land’s current elevation. Regarding rainwater runoff (surface stormwater flowing over undeveloped land), it is currently being channeled through an open channel located in the middle of the road, preventing overflow onto private properties. There is also a hydrological study of the area, which determines that stormwater from new projects to be developed in the area must be channeled to Quebrada Yeguas along national route No. 310. With respect to stormwater from the Torre Meridiano and Condominio Grupo El Roble projects, both construction projects fronting Calle Matapalo channel their stormwater into that public road’s storm-sewer system, as may be verified from the construction plans for both projects; no drainage pipe was found on the road in question during the inspection.Neither MINAET’s official map of springs (nacientes) nor its records establishes the existence of a spring in the area. He states that the Municipality has not failed to channel stormwater from new projects in the area (projects outside Urbanización Quintanar); all construction permits were approved, and completion of the work was verified through formal acceptance of the works, demonstrating that stormwater channels were constructed using storm-sewer systems outside Urbanización Quintanar. Projects approved and completed within Urbanización Quintanar do discharge their water into that development’s system because this was contemplated in its original designs. Regarding the warehouse, he states that Grupo El Roble had already been notified to remove the warehouse and parking area that it had temporarily constructed on land in Urbanización Quintanar; the infrastructure was expected to be removed within a maximum period of 15 days. He states that the residents’ questions were answered the previous April by official letter PTD-376-09-EXTERNO. He requests that the application be denied.
  3. 3In a written submission filed by the petitioner on 6 de octubre de 2009 at folio 96, she reports problems with Calle El Barro in Guachipelín near Urbanización Quintanar, because Grupo El Roble had closed the gate connecting Calle El Barro to the Multiplaza traffic circle and had also prohibited travel along that road. She states that Quintanar deeply regrets that dialogue has occurred in only one direction—between the Municipality and Grupo El Roble—and not with the affected residents. She asks that pedestrian passage be respected and that the safety of persons traveling through the area be guaranteed.
  4. 4By decision issued at trece horas y veinticinco minutos on seis de noviembre de dos mil nueve (folio 234), as evidence for a better ruling (prueba para mejor resolver), the Chamber ordered ICAA to submit a report indicating whether an easement (servidumbre) for the main pipeline carrying drinking water from the Puente de Mulas station crosses land in Urbanización Quintanar, located in Guachipelín de Escazú near the south side of Hotel Real Intercontinental. It was also ordered to indicate whether that easement is marked and protected or whether, to the contrary, it currently has or could in the future have any physical barrier that would prevent its proper and timely maintenance or preservation.
  5. 5By decision issued at trece horas y cincuenta minutos on seis de noviembre de dos mil nueve (folio 235), as evidence for a better ruling, the Chamber ordered the Ministra de Salud to submit a report indicating whether Condominio Los Olivos and the residences of Ms. Olga Shutaleva and Ms. Virginia Sandí, in Urbanización Quintanar, located in Guachipelín de Escazú, are affected by noise produced by fans installed at the rear of the Grupo El Roble building, which are located six meters from the homes and frequently operate twenty-four hours a day, including weekends. Specifically, the Ministerio de Salud was requested to take the appropriate sound-level measurement to determine the decibels produced by the operation of those fans and to report to this Chamber the results of the measurement, as well as the relationship between the measured decibel levels and the decibel levels permitted under the applicable regulations.
  6. 6By decision issued at trece horas y cincuenta minutos on seis de noviembre de dos mil nueve (folio 236), as evidence for a better ruling, the Chamber ordered ICAA, the Director del Departamento de Aguas del MINAET, and SENARA to submit a report indicating whether, in any area of Urbanización Quintanar, located in Guachipelín de Escazú on the west side of Plaza Roble, there is a spring located on a vacant lot that causes water runoff; if the existence of the spring is confirmed, they were to establish how it is used, its condition, whether it warrants any form of protection, and what type.
  7. 7In a written submission filed on 13 de noviembre de 2009, the Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud informed this Court that it had been unable to conduct the requested sound-level measurement because the petitioner could not be found at her residence (folio 245).
  8. 8On November 16, 2009, Ricardo Sancho Chavarría, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 246), reported that, based on the analyses and studies conducted in the jurisdictions of Escazú and Santa Ana, the spring (naciente) located in the Urbanización Quintanar sector is neither captured nor used by this Institute for the public water supply. He recommends that this Chamber request a technical report from SENARA concerning any measure that should be taken in this regard. According to an inspection conducted, it was determined that there is a pipeline running northwest to southeast from the Próspero Fernández highway, intersecting Urbanización Quintanar on its northwestern side and crossing the block containing lots Nos. 24, 25, and 26 and, although this was not verified, possibly No. 23, which border the Hotel Real Intercontinental to the south.It also crosses lot No. 22. The pipeline continues along that alignment until it reaches the restricted-access street of the Grupo Roble office complex, the owner of the Multiplaza shopping center. From that street, which is shared with the Hotel parking lot, the alignment runs west to east (in the direction of the water flow) until reaching the roundabout on the street between the aforementioned hotel and shopping center, and from there it turns south. On neither of the vacant lots 25 and 26 was it possible to verify the existence of any demarcation, such as boundary markers or anything similar, identifying the presence of the pipeline. The remaining lots contain occupied residences that were presumably built over the pipeline easement (servidumbre), where there are likewise no boundary markers or signs identifying the pipeline. In the case of the street shared by the parking lot of the Hotel Real Intercontinental and the Grupo Roble offices, there is an air valve inside a planter that makes it possible to identify the pipeline and that is relatively consistent with what is shown on the plans.This valve is located a few meters east of the point where the pipeline changes from its northwest-southeast alignment within Urbanización Quintanar to a west-east alignment outside it. Another planter to the west of this one appears to have been built over the pipeline. The observations and field verifications establish, by way of conclusion, that the easement—on the southern side of the Hotel Real Intercontinental—is neither marked nor safeguarded to its legally required dimensions; in other words, there is no inalienable strip keeping the pipeline free of buildings or civil works along its length. Indeed, it may be stated that the number and type of residential and commercial buildings erected over it constitute a physical barrier that now and in the future prevents its proper and timely maintenance and preservation. Under these circumstances, the pipeline may pose a potential threat to those properties and their occupants.
  9. 9On November 17, 2009, José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Head of the Departamento de Aguas del MINAET (folio 259), reports that two properties are located in Urbanización Quintanar, only one of which has water-related problems, according to the security service for that development, because the property contains a diffuse water seepage (afloramiento difuso de agua) originating from subsurface waters (aguas sub-superficiales) coming from properties on the higher parcel, that is, along its eastern side. He further emphasizes that the land has problems with the water table (nivel freático), so the only outlet for those waters would be the western sector, where the seepage occurs, since there are buildings on the northern and southern sides that obstruct the subsurface flow. Based on the foregoing, he concludes that this seepage does not create a public-domain watercourse (cauce del dominio público); therefore, Article 33 of the Ley Forestal and Article 149 of the Ley de Aguas would not apply.He notes that a tributary of the quebrada Yeguas is located near the site in question, approximately 50 meters south of the property. That water source would be the channel through which water from that sector would naturally flow if there were no surrounding buildings. That creek is located at the coordinates latitude: 213790-213900 and Longitude: 519432-519300 in L.C.R.N. He requests that the petition be denied.
  10. 10On November 18, 2009, Bernal Soto Zúñiga, in his capacity as Manager of the Servicio nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), at folio 268, reports that an inspection was conducted on November 17, 2009, which found that the terrain in the area is somewhat irregular, with slopes ranging from 5% to 8%, and lies within the watershed area on the right bank of an unnamed creek that runs southeast to northwest and discharges into the quebrada Yeguas. Surface runoff (aguas de escorrentía superficial) in that sector flows from northeast to southwest and is intercepted by an artificial interceptor ditch (canal de guardia)—an unlined earthen ditch—running almost perpendicular to the aforementioned direction. This ditch is located largely along Calle El Barro, which borders Urbanización Quintanar to the northeast. Its depth varies, averaging approximately 0.3 meters. Nevertheless, it is insufficient to prevent water from accumulating on the vacant lot fronting the paved public street that runs almost parallel to Calle El Barro.This area lies over rocks of the Fm. Depósitos de Avalancha Ardiente. This formation consists of pyroclastic volcanic materials, including tuffs and ignimbrites rich in obsidian and pumice. The soil cover is clayey—the product of alteration of the ashy matrix—and ranges in color from dark brown to black. It is highly plastic and is classified as having very low permeability. He indicates that the presence of water at this site is due to rainwater falling directly on the lot, together with surface runoff—and partly subsurface water that emerges because of the topographic gradient—flowing down the natural slope toward the unnamed creek and not being efficiently intercepted by the interceptor ditch. The water consequently accumulates in the low-lying areas of the lot, forming a type of small lagoon, large pool, or swampy area (zuampo), with a clay floor that slows water infiltration, particularly now during the rainy season; it may be expected to diminish or disappear during the dry season.He concludes that this is not a spring but rather an accumulation of surface runoff—with some evidence of subsurface water—and not groundwater (aguas subterráneas). Accordingly, it does not warrant special protection.
  11. 11In a written submission filed on January 27, 2010, the petitioner submitted a brief reiterating her allegations. She also states that the northern portion of Calle El Barro was paved by Grupo El Roble without any infrastructure for basic public utilities. In contrast, Grupo Ext. Promociones S.A. is being required to install such infrastructure west of her development, behind the Catholic church of Guachipelín. She states that her concern is that the pipes being installed do not comply with statutory requirements and are being made to discharge into the stream formed by the spring, which will flood nearby homes and contaminate the entire environment, because there is no watercourse during the dry season. She states that the Puente de Mulas trunk pipeline (tubo madre) passes through the lots located west of her development and that the easement is currently under threat. She indicates that none of the protected parties (amparados) was notified of the inspections to be conducted by the respondent authorities.Among other matters, she clarifies that in October 2009 a pipe with two culverts (alcantarillas) was installed across the street at the entrance to the development. The pavement of the newly completed street was broken up and remains covered with gravel, which has caused an increasingly large step to form, posing a risk of damage to automobiles and likely to worsen during the rainy season. The culverts were closed off with reinforcing bars, which have already been destroyed, turning them into a deadly trap for pedestrians, especially children. She also disputes the report submitted by the respondent Municipality. She alleges that green areas have not been protected in Guachipelín so as to reduce temperatures and allow water to filter into deeper layers. She asks the Chamber to inspect the construction model of the Grupo El Roble consortium that has been located at Multiplaza del Oeste for several years and in which two or three lots belonging to her development have been incorporated by them.She states that there have been two cases of dengue in her development and that the flooding (anegamiento) formed by all types of water on lots 5, 6, and 7 constitutes a threat to public health. Both cases were duly reported to the Ebais de Guachipelín. She indicates that in official letter 03147-2002-DHR and on page 0124 of this petition, she clarified that what she reported by telephone was that feces could no longer be seen flowing out, not that the Municipality had performed any work to prevent it. The Defensoría has not followed up on this matter.
  12. 12On May 17, 2010, the petitioner filed a written submission at folio 300 stating that the respondent Municipality has effectively converted the area into a commercial zone without respecting the residential character of her development. She alleges that the 2005 Regulatory Plan (Plan Regulador) was approved without SETENA’s environmental component (variable ambiental) and is therefore unlawful.
  13. 13By a decision issued at sixteen hours and four minutes on August 11, 2010, the Chamber deemed the factual allegations in this amparo proceeding (amparo) expanded to include the alleged noise pollution (contaminación sónica) in the homes of the protected parties Olga Shutaleva and Virginia Sandí caused by noise from the fans of the Edificio Grupo El Roble (folio 402).
  14. 14In a written submission filed on August 17, 2010, Marta Gabriela Calvo Venegas, in her capacity as Acting Mayor of the Municipalidad de Escazú (folio 408), states that she coordinated with representatives of the Ministerio de Salud and the condominium’s administrative personnel to conduct the corresponding inspection on August 16, 2010. She states that those fans were installed to recirculate the air concentrated in the underground parking facilities and thereby prevent the accumulation of CO2 emitted by vehicles. She indicates that, according to employees of that office complex, the fans operate only during the early morning hours, at midday, and at the end of the workday, because vehicular traffic is heaviest at those times and because of the electricity they consume. She reports that a complaint concerning these same events had already been filed with the Ministerio de Salud and that noise-level measurements could not be taken because the complainants denied officials access to the properties and behaved aggressively and offensively toward them; consequently, the complaint was ordered closed and archived.Regarding the distance from the fans, she confirms that it is 6 meters, but states that this is because the individual condominium units (filiales) of condominio Los Olivos did not comply with the front-yard setback line (línea de antejardín). She indicates that no complaint in this regard has been filed with the Municipality. In view of these irregularities detected in situ, the Mayor’s Office ordered the Proceso de Desarrollo Territorial, through official letter AL-621-10, to initiate notification procedures and the ensuing demolition proceedings concerning the individual condominium properties (fincas filiales) in the situation described above.
  15. 15In a brief filed on 17 de agosto de 2010, María Luisa Ávila Agüero, in her capacity as Ministra de Salud (folio 414), states that on 11 de noviembre de 2009, by order of the Sala, a sound measurement (medición sónica) was requested for these reasons; according to technical report URS-RCS-2430-2009 of 13 de noviembre de 2009, it could not be performed because it was impossible to locate or coordinate with the complainants. On 13 de enero de 2010, through official letter ARSE-D-017-2010, a new sound measurement was requested. Official letter URS-RCS-177-2010 of 2 de febrero de 2010 indicates that the four visits to conduct the sound measurement had the following results: a- on 23 de enero de 2010 at 23:00 hours, it was impossible to contact the complainants despite multiple attempts; b- on 29 de enero de 2010 at 21:00 hours, the complainant parties did not authorize the sound measurement because no noise was being generated, and therefore a new sound-level measurement (fonometría) was arranged for 1 de febrero; c- on 1 de febrero de 2010 at 10:00 hours, no noise was being produced when the inspection was conducted, and it was rescheduled for 12:00 that same day; d) on 1 de febrero de 2010 at 12:00 hours, while the fans were operating, the spouse of Ms.Olga Shutavela objected to the sound measurement on the grounds that only three fans were operating, whereas twelve ordinarily operate. Officials from the Ministerio de Salud appeared at the establishment complained of, where they were received by the Maintenance Manager. They verified the existence of three panels, each with four air extractors, with only one fan per panel operating. The manager informed them that the fans operate on defined schedules, namely from 7:00 to 9:00 hours, from 12:00 to 14:00 hours, and from 17:00 to 18:30 hours, because vehicular traffic is heavier at those times and because of the electricity they consume. In view of this situation, Mr. Tsafrir prevented the technician from taking the measurement until all twelve fans were operating, and the case was therefore filed and closed. By decision No. 2010-269, the Sala dismissed the amparo proceeding (recurso de amparo) in this respect.Subsequently, at a meeting with Mr. Tsafrir, the health authorities agreed that he would specify a convenient date and time, but he has not done so. According to technical report ARSE-276-10 of 16 de agosto de 2010, personnel from the Ministerio de Salud and the Municipalidad de Escazú appeared to conduct the corresponding inspection, during which the office-center manager informed them that the fans had been installed to recirculate the air concentrated in the underground parking areas and thereby prevent the accumulation of CO2 emitted by vehicles. They state that the inspection could not be conducted from the residence of Ms. Virginia Sandí because no one could provide its location, and they therefore remain awaiting that information. They request that the proceeding be dismissed.
  16. 16By means of a copy of a note dated 17 de agosto de 2010, received by the Secretaría de la Sala at eight hours twenty-nine minutes on 24 de agosto de 2010 (folio 439), Mr. Shon Tsafrir attaches a complaint filed with the Área Rectora de Salud de Escazú concerning the operation of the industrial fans at the Condominio de Grupo Roble.
  17. 17By decision of this Sala issued at seven hours forty-two minutes on 26 de agosto de 2010 (folio 441), an on-site judicial inspection (Inspección Ocular) and a sound measurement were ordered at the residences of Ms. Virginia Sandí and Ms. Olga Shutaleva in the Urbanización Quintanar.
  18. 18Folio 455 contains the record of the on-site judicial inspection conducted at eight hours fifty minutes on 26 de agosto de 2010.
  19. 19In a brief received by the Secretaría de la Sala at eleven hours twenty-two minutes on 31 de agosto de 2010 (folio 473), María Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud, addresses the service of notice of the decision scheduling the on-site judicial inspection.
  20. 20At ten hours thirty-five minutes on 2 de setiembre de 2010 (folio 475), an Ambient Noise Measurement Report prepared by a consulting company was submitted, together with a report on the cost of damage to Mr. Shon Tsafrir’s residence.
  21. 21In a brief received by the Secretaría de la Sala at nine hours fifty-eight minutes on 6 de setiembre de 2010 (folio 492), Marco Antonio Segura Seco, Alcalde Municipal de Escazú, states that he is unable to attend the scheduled on-site judicial inspection and therefore suggests that a new date and time be set for the proceeding.
  22. 22In a brief received by the Secretaría de la Sala at ten hours on 7 de setiembre de 2010 (folio 502), Álvaro Porras Vega, Acting Director of Water of the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, addresses the scheduling of the on-site judicial inspection, indicating that this matter falls within the jurisdiction of the Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio.
  23. 23By decision of this Sala issued at nine hours ten minutes on 8 de setiembre de 2010 (folio 503), the Organismo de Investigación Judicial was ordered to produce evidence for a better determination of the matter (prueba para mejor resolver) concerning the mechanical condition of the air extractors and the distances between the buildings of the Condominio Plaza Roble and the Condominio Los Olivos.
  24. 24By decision issued at nine hours forty-eight minutes on 8 de setiembre de 2010 (folio 504), a precautionary measure (medida cautelar) was ordered directing the Municipalidad de Escazú to suspend all actions related to any notice and demolition proceedings that might arise concerning the individual units (filiales) of the Condominio Los Olivos.
  25. 25In a brief received by the Secretaría de la Sala at fourteen hours fifty-eight minutes on 13 de setiembre de 2010 (folio 510), Jorge Arturo Ruiz Ramos, Head of the Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial, requests an extension of the deadline for submitting the report requested as evidence for a better determination of the matter.
  26. 26Through documentation received by the Secretaría de la Sala at nine hours twenty-five minutes on 21 de setiembre de 2010 (folio 512), the Sección de Ingeniería Forense del Organismo Judicial submitted the report requested as evidence for a better determination of the matter. It describes the mechanical, dimensional, and operational conditions and differences of the air extractors located at the Condominio Plaza Roble, as well as the distances between that Condominium’s extractors and the rear of the Condominio Los Olivos.
  27. 27By decision of this Sala issued at eight hours fifty-two minutes on 27 de octubre de 2010 (folio 518), the Ministra de Salud and the Alcalde Municipal de Escazú were ordered to produce evidence for a better determination of the matter.
  28. 28In a brief received by the Secretaría de la Sala at fifteen hours ten minutes on 4 de noviembre de 2010 (folio 519), Marco Antonio Segura Seco, Alcalde Municipal de Escazú, reports that the distance between the fans of the Condominio Grupo Roble and the Condominio Los Olivos is nine meters along one section and eleven meters along another, but asserts that this distance should be greater because the individual units of the latter condominium were built beyond the building line by failing to respect the front-yard setback area (área de antejardín), whereas the Oficentro complied with the authorization granted.
  29. 29In a brief received by the Secretaría de la Sala at sixteen hours eleven minutes on 8 de noviembre de 2010 (folio 549), María Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud, submits her report and forwards a copy of a report prepared by the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur.
  30. 30The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Drafted by Magistrado Mora Mora; and,

Considering

I. Proven facts. The following facts relevant to deciding this matter are deemed proven

1- On 31 de enero de 2007, the petitioner (recurrente) submitted a written request to the respondent Alcalde Municipal asking that an inspector be sent to determine the use being made of a street connecting her residential development with the roundabout and the entrance to Multiplaza. She also requested information concerning the category assigned to calle El Barro and its planned future use, because it lacked the minimum conditions for maintenance and rainwater collection (folio 28).

2- On 29 de mayo de 2007, the protected parties (amparados) reiterated before the respondent Municipality their complaint concerning problems with calle El Barro. (folio 12) 3- On 12 de junio de 2007, through official letter JDU EXT-07-07, the Municipalidad de Escazú granted Grupo El Roble permission to install a barrier arm at the gate located between the Urbanización Quintanar and the private street north of Oficentro Plaza Roble, to install a sign indicating private property, to close the gate at night, and to permit heavy machinery traffic (6 heavy vehicles per week) along the route beginning at Plaza Mundo and connecting with the Ruta Nacional de Guachipelín. (folio 62) 4- Through official letter CTPRE/051-07 of 18 de junio de 2007, the Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú replied to the petitioner regarding calle El Barro, stating that she needed to describe the location of that street in greater detail before her concerns could be answered.

(folio 71) 5- On 19 de junio de 2009, the petitioner sent the respondent authority a note specifying the location of calle El Barro. (folio 72) 6- On 5 de julio de 2009, the petitioner, as representative of the urbanización Quintanar, reiterated her allegations and the respondent Municipality’s failure to respond. (folio 74) 7- On 24 de abril de 2008, through official letter CTPR-INT-95-08, the Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú replied to the petitioner regarding calle El Barro, stating that the official road map of the Plan Regulador does not identify streets by name and that it was therefore unable to address the matter, for which reason she was required to submit a registered cadastral survey (plano catastrado). (folio 78) 8- On 31 de marzo de 2009, the petitioner, on behalf of the urbanización Quintanar, reported to the respondent Municipalidad that calle El Barro had been paved, raising it by two meters until it abutted her wall, without any outlet or drainage, thereby creating a flood risk.

She also reported problems caused by passing machinery, including cracks in the plaster and stones falling against the perimeter wall. (folio 84) 9- Through official letter PDT-376-09-EXTERNO of 20 de abril de 2009, the Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad de Escazú informed the protected party (amparada) that calle El Barro is an existing, consolidated road that maintains the topographical elevation of the properties adjoining that road; that an inspector would be sent to the site; that the construction permit had been issued for improvements to one-half of the roadway adjoining the condominium; and that paving the entire roadway was an act of goodwill by the interested party, except for the sidewalks of the adjoining properties to the west, which are the responsibility of each owner. It further stated that the infrastructure is, in itself, suitable for carrying stormwater runoff (aguas pluviales) from the undeveloped land because, on the properties where buildings exist, the stormwater pumping system was consolidated and discharges toward Calle Matapalo, and therefore the water collected in that channel is the same as, or less than, the amount previously carried.

(folio 85) 10- Once El Barro Street had been inspected by the respondent Municipality (Municipalidad recurrida), it was determined to be a public road (vía pública) under cantonal administration, bordering Urbanización Quintanar to the east and several properties to the west that also front another street called Matapalo. (folio 154) 11- Improvements to the roadway surfaces (asphalt) of El Barro Street were made at the northern end of the road, over an approximate length of 270 meters, as part of the half-road improvements that condominium project developers are required to construct, in this case the condominium project of Grupo El Roble. To date, Proyecto Meridiano has made no improvements to the portion of El Barro Street on which it fronts. (folios 154 y 155) 12- Construction of sidewalks on the west side of El Barro Street is currently pending. (folio 155) 13- Neither the respondent Municipality nor any third parties are carrying out any work that restricts access to the properties fronting El Barro Street.

(folio 155) 14- Surface stormwater (aguas pluviales superficiales) on the currently undeveloped land is being channeled through an open channel located in the middle of the street, thereby preventing it from overflowing onto private properties. (folio 156) 15- The stormwater from the Torre Meridiano and Condominio Grupo El Roble projects, both of which front Calle Matapalo, is channeled into the storm sewer system (sistema de alcantarillado pluvial) serving that public road. (folio 156) 16- On 20 de mayo de 2009, the respondent Municipality notified Grupo El Roble that it was required to remove the warehouse and parking area that it had temporarily constructed on land belonging to Urbanización Quintanar. (folio 169) 17- On 18 de junio de 2009, by official letter PDTJ-INT-53-09, the Coordinator of the Territorial Development Process of the respondent Municipality informed Engineer Sandra Blanco, Director of MIDT, that the road between the Multiplaza roundabout and El Barro Street, west of Oficentro Plaza Roble, is private because it is subject to the condominium ownership regime (régimen de propiedad horizontal).

Nevertheless, on various occasions the gate providing access to El Barro Street had been kept open for long periods and closed at other times; therefore, in view of the most recent complaints, Grupo Roble was ordered to open it and remove the no-entry sign, as the Municipality had requested. This is a road that is in fact used by the public, but is legally private and belongs to Grupo Roble. (folio 205) 18- Within the jurisdictions of Escazú and Santa Ana, there is a spring (naciente) located in the Urbanización Quintanar area that is neither tapped nor used by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to supply the population. (folio 248) 19- According to an inspection conducted by ICAA in noviembre de 2009, it was determined that a pipeline runs northwest to southeast from the Próspero Fernández highway, intersecting the northwestern portion of Urbanización Quintanar and crossing the block comprising lots Nos. 24, 25 y 26 and, although this was not verified, possibly No. 23, which border the south side of Hotel Real Intercontinental, as does lot No. 22.

The pipeline continues along this alignment until it reaches the restricted-access street of the Grupo Roble office complex, Grupo Roble being the owner of the Multiplaza shopping center. From that street, which is shared with the Hotel parking area, the alignment runs west to east, in the direction of the water flow, until reaching the roundabout on the street between the aforementioned hotel and shopping center, from which point it turns south. (folio 249) 20- On vacant lots 25 y 26 of Urbanización Quintanar, there are no markers, such as boundary monuments or anything else identifying the existence of the easement (servidumbre) for the pipeline that carries water from the Puente Mulas pumping station. The remaining lots contain occupied residences that were presumably built over the pipeline easement, and there are likewise no boundary monuments or signs identifying the pipeline. In the case of the street shared by the parking areas of Hotel Real Intercontinental and the Grupo Roble offices, an air valve is located within a planter, making it possible to identify the pipeline in a position relatively consistent with that shown on the plans.

This valve is located a few meters east of the point where the pipeline changes from its northwest-southeast alignment within Urbanización Quintanar to a west-east alignment outside it. Another planter farther west shows evidence of having been constructed over the pipeline. (folios 248 y 249) 21- The pipeline easement—on the south side of Hotel Real Intercontinental—is neither marked nor protected in accordance with its legal dimensions; that is, there is no inalienable strip keeping the pipeline free of buildings or civil works along its entire length. (folio 250) 22- The number and type of residential and commercial buildings erected in Guachipelín de Escazú over the easement for the pipeline that carries water from the Puente Mulas pumping station constitute a physical barrier that currently prevents, and will continue to prevent, its proper and timely maintenance and preservation; under these circumstances, the pipeline may pose a potential threat to those properties and their occupants.

(folio 250) 23- Urbanización Quintanar contains a diffuse water outcrop (afloramiento difuso de agua) originating from subsurface waters (aguas sub-superficiales) flowing from the properties on the higher lot, that is, on its east side. It also has problems with the water table (nivel freático), meaning that the only outlet for this water would be the western sector where the outcrop occurs, since buildings on the north and south sides obstruct the subsurface flow. (folio 260) 24- There is a tributary of quebrada Yeguas 50 meters south of Urbanización Quintanar, which would be the channel through which water from that area would naturally flow if there were no surrounding buildings. (folio 260) 25- On 17 de noviembre de 2009, SENARA conducted an inspection in the area at issue in the constitutional relief proceeding (amparo) and concluded that the terrain is somewhat irregular, with slopes between 5% and 8%, and lies within the watershed area on the right bank of an unnamed stream that flows southeast to northwest and empties into quebrada Yeguas.

It also determined that surface runoff (aguas de escorrentía superficial) in that area flows northeast to southwest and is intercepted by an artificial interceptor channel (canal de guardia artificial)—an unlined earthen ditch—running almost perpendicular to that direction. (folios 268 y 269) 26- The artificial interceptor channel that intercepts surface runoff in the area at issue in the constitutional relief proceeding is located largely along El Barro Street, which borders Urbanización Quintanar to the northeast. Its depth varies, averaging approximately 0.3 meters; nevertheless, it is insufficient to prevent water from accumulating on the vacant lot fronting the paved public street, which runs almost parallel to El Barro Street. (folio 269) 27- The presence of water at the site in question is attributable to rainwater falling directly on the vacant lot, together with surface runoff—and, in part, subsurface water manifested because of the topographic gradient—that flows down the natural slope toward the unnamed stream and is not efficiently intercepted by the artificial interceptor channel.

It therefore accumulates in the low-lying portions of the lot, forming a sort of small lagoon, large puddle, or swampy area, with a clay bed that slows water infiltration, particularly during the rainy season. (folio 269) 28- There is no natural spring (manantial) in the area in question, but rather an accumulation of surface runoff, with some evidence of subsurface water but not groundwater; therefore, it does not warrant special legal protection. (folio 269) 29- According to technical report URS-RCS-2340-2009 of 13 de noviembre de 2009, issued by the Dirección Regional Central Sur de Salud, the sound-level measurement (medición sónica) ordered by the Sala as court-ordered supplementary evidence (prueba para mejor resolver) could not be performed because it was not possible to locate or coordinate with the complainants. (folio 55 del expediente administrativo adjunto)

  1. 30Official letter URS-RCS-177-2010 of 2 de febrero de 2010, signed by the Dirección Regional Central Sur de Salud, states that the conclusions from the 4 visits made to the site to conduct the sound-level measurement were as follows: a-on 23 de enero de 2010 at 23:00 hours, it was not possible to contact the complainants despite multiple attempts; b-on 29 de enero de 2010 at 21:00 hours, the complainants did not authorize the sound-level measurement because no noise was being generated, and therefore a new sound measurement (fonometría) was scheduled for 1 de febrero; c-on 1 de febrero de 2010 at 10:00 hours, no noise was being produced when the inspection was conducted, and it was rescheduled for 12:00 that same day; d) on 1 de febrero de 2010 at 12:00 hours, while the fans were operating, the spouse of Mrs. Olga Shutaleva objected to the sound-level measurement on the grounds that only 3 fans were operating, whereas 12 usually operate. (folio 40 del expediente administrativo adjunto)
  2. 31According to technical report ARSE-276-10 of 16 de agosto de 2010, officials from the Ministerio de Salud and the Municipalidad de Escazú appeared to conduct the sound-level measurement ordered by this Tribunal. However, the measurement was not performed because the fans were off at the time, and the office complex administrator informed them that the fans had been installed to recirculate air concentrated in the underground parking facilities and thereby prevent the accumulation of CO2 emitted by vehicles. He further stated that they operate on defined schedules, namely from 7:00 to 9:00 hours, from 12:00 to 14:00 hours, and from 17:00 to 18:30 hours, because vehicular traffic is heavier at those times, and that no more than 5 of the 12 fans are turned on. (folio 8 del expediente administrativo adjunto)
  3. 32The Ministerio de Salud was unable to conduct the sound-level measurement from the residence of Mrs. Virginia Sandí because no one could provide its location. (folio 417)
  4. 33During the visual inspection (Inspección Ocular) conducted at the property of the protected party (amparado) and at the Condominio de Grupo de Roble on 26 de agosto de 2010 (folio 455).
  5. 34Criminalistics Analysis Opinion (Dictamen de Análisis Criminalístico) number 1173-ING-2010, issued by the Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial on 20 de setiembre de 2010, establishes the differences in the size, amperage, horsepower, and speed of the fans installed in the basements of Condominio de Grupo Roble, as well as the distances between those fans and the centerline of the street and the building line (línea de construcción) of Condominio Los Olivos (folio 512).
  6. 35Report number URS-RCS-2387-10 of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, Ministerio de Salud, dated 4 de noviembre de 2010, establishes that the health regulations currently in force do not set standards governing the use of equipment in ventilation and gas-extraction systems (folios 550 y 551).

II.Subject matter of the amparo proceeding (amparo). The petitioner alleges that the work carried out by Grupo Roble Internacional de Costa Rica and Grupo Meridiano de Centroamérica on Calle El Barro, which borders Urbanización Quintanar, raised the road surface because it was filled with asphalt without taking the necessary measures for water drainage, since there is a sidewalk on only one side, while on the other side the flowing water affects her walls; access via that street to the homes facing it is also restricted. She states that she has requested construction permits, plans, permits for elevation work and earthworks (movimientos de tierra), but has received no response whatsoever. She reports that the easement (servidumbre) for the Puente Mulas main pipeline has not been demarcated and is therefore concerned about what would happen if it were to rupture. She indicates that lots in the residential development (urbanización) designated for residential use are being used as commercial warehouses and parking facilities, without oversight by the Municipalidad, which has also failed to include Urbanización Quintanar in the Regulatory Plan (Plan Regulador) as a residential zone or to incorporate the environmental variable (variable ambiental).

III.On environmental protection. This Tribunal has repeatedly held that the right to a healthy environment enshrined in Article 50 of the Constitución Política has broad scope, equivalent to the aspiration to improve the environment in which human beings live. It therefore extends beyond criteria of nature conservation to encompass every sphere in which a person develops, whether the family sphere, the workplace, or the environment in which the person lives. Hence, it is described as a cross-cutting right, meaning that it permeates the entire legal system, shaping and reinterpreting its legal institutions. Accordingly, our Constitución establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right—that is, safeguard and protect it against any risk or need, prohibit and prevent any activity that threatens it, and shield it in advance from potential dangers. Consequently, the State must adopt a twofold course of conduct, comprising both action and restraint: on the one hand, it must refrain from itself infringing the right to a healthy and ecologically balanced environment; on the other, it must undertake the task of enacting the measures necessary to satisfy constitutional requirements (see judgment Nº 2002-10340).

IV.On municipal powers. Pursuant to Article 169 of the Constitución Política and the Código Municipal, the municipalities are responsible for administering local services and interests in order to promote the comprehensive development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipalidad must establish a comprehensive urban-planning policy in accordance with the applicable law, aimed at the efficient and harmonious development of urban centers and guaranteeing—at a minimum—efficient electricity and communications services; sound systems for supplying drinking water and disposing of wastewater, through adequate aqueduct and sewerage systems; modern systems for lighting and beautifying cities; efficient services for the construction, repair, and cleaning of streets and other public thoroughfares; and, in general, concrete and practical plans to make life safe and comfortable for the population.

Thus, the Ley de Planificación Urbana (No. 4240 of November 15, 1968), based on Article 169 of the Constitución Política, imposed on them the duty to enact a Regulatory Plan to plan and control urban development, together with the related urban-development regulations (Articles 15 et seq.). Within that Regulatory Plan and the zoning regulations (reglamento de zonificación), the Municipalidades must identify—for the purpose of regulating, controlling, and restricting human activities (industrial, urban-development, agricultural, etc.)—areas or zones reserved because they contain an aquifer (manto acuífero) or its recharge or discharge area. This is because, in application of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitución Política), to human life and health (Article 21 ibídem), and in the interest of sustainable development (desarrollo sostenible), cantons whose geomorphological characteristics include within their jurisdiction lands containing aquifers, their recharge and discharge areas, springs (manantiales), and water sources (nacientes) are especially called upon and required to regulate and govern such matters responsibly, efficiently, and effectively.

This is because groundwater sometimes supplies not only the consumption and other needs of the canton’s population but also those of several cantons, demonstrating a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of land and water arising from the designation and establishment of such protected areas, because this benefits them, the inhabitants of the other cantons supplied by the water flowing through the aquifer and surfacing or discharging in other cantons, and, of course, future generations (judgment No. 2004-1923). Local interests and services have been defined by the Sala as indeterminate legal concepts (conceptos jurídicos indeterminados) whose precise content for application to specific cases is not resolved by law; consequently, the authority responsible for applying them must resort to criteria of value and experience to determine their content.

The creation of adequate drainage facilities within a community so as not to cause damage to property or health or environmental problems for its residents, for example, falls within the terms set forth by the Constitución Política as a matter of interest to the canton and is unquestionably among the services that the Municipalidad is required to provide. In the same vein, Article 285 of the Ley General de Salud establishes that stormwater (aguas pluviales) must be disposed of properly and hygienically in order to prevent contamination of the soil and of natural water sources intended for human use and consumption, the formation of breeding grounds for disease vectors, and air pollution caused by conditions that undermine its purity and quality (judgment No. 2004-1840). For this reason, the Municipalidades are required to adopt specific conduct in fulfillment of their purposes by taking the measures necessary to provide communities with an efficient wastewater and stormwater drainage system.

This means that the Municipalidad must build the infrastructure necessary to channel such waters properly, thereby guaranteeing the right to health and to an environment free from pollution without harming third parties.

V.On the petitioner’s allegations. Since several different arguments have been raised, they will be addressed separately, as set forth below:

  • a)Regarding Calle El Barro. On this point, the petitioner alleges that, as a result of the work performed by Grupo Roble Internacional de Costa Rica and Grupo Meridiano de Centroamérica on Calle El Barro, which borders Urbanización Quintanar, where the protected parties reside, the road surface was raised when it was filled with asphalt, without taking the necessary precautions for water drainage, since it has a sidewalk on only one side, while on the other side the flowing water affects their walls. She also alleges that access along that street to the homes fronting it is restricted. On this particular issue, the respondent authority states in its report submitted under oath that Calle El Barro is a public road under cantonal administration, bordered to the east by Urbanización Quintanar and to the west by several properties that also front another street called Matapalo. It acknowledges that improvements were indeed made to the roadway surfaces (asphalt) of this street at its northern end, over a length of approximately 270 meters, as part of the half-road improvements that condominium project developers are required to construct, in this case the Grupo Roble condominium project, although the Meridiano Project has not, to date, made the corresponding improvements along its frontage on Calle El Barro.

It reports that it is not true that the level of the street surface was raised and that, because the project is organized as a condominium, the developer is required to carry out the mandatory half-road improvements at its own expense; in this case, Grupo Roble, as the interested party, instead acted in good faith by constructing the entire right-of-way (derecho de vía), except for the sidewalks of the properties bordering it to the west, which are the sole responsibility of each owner. Nevertheless, construction of the sidewalks on the west side of this road remains pending, and the neighbors will therefore be notified immediately of their obligation to construct them; in the event of noncompliance, the Municipality would proceed with their construction and charge the corresponding cost. Regarding the alleged damages, it states that they could have been avoided from the outset, but that the situation arose because the owners failed to construct the sidewalk; consequently, there is no causal relationship between the situation and the compaction of the asphalt-layer material placed on that route.

The report states that the petitioner’s assertions are untrue because, according to the video and photographs submitted, there is no impediment, arising from the street level, to access the properties bordering that street. Neither the Municipality nor any third party is performing any work from which it could be inferred that access to the properties fronting Calle El Barro is being restricted, and any work carried out will maintain the current ground level. Nevertheless, despite the Municipality’s statements in its report, in an official letter dated 18 de junio de 2009, the Coordinator of the Territorial Development Process of the respondent Municipality informed Engineer Sandra Blanco, MIDT Director, through official letter PDTJ-INT-53-09, that the road between the Multiplaza roundabout and Calle El Barro, west of Oficentro Plaza Roble, is private because it is subject to the horizontal property regime (régimen de propiedad horizontal).

However, on different occasions, the gate providing access to Calle El Barro has been kept open for long periods and closed at other times; therefore, in light of the latest complaints, Grupo Roble was ordered to open it and remove the “No Entry” sign that the Municipality had asked it to install. The road is, in fact, used by the public, but is legally private and belongs to Grupo Roble (folio 205). Accordingly, given the contradictory evidence in this case file and because an amparo proceeding (amparo) is a summary proceeding, this jurisdiction cannot determine the true nature of this street at each precise boundary or where access to that road should or should not be allowed. That issue must be litigated, if the parties so choose, through the appropriate ordinary legal proceedings. Regardless of the street’s legal status, however, asphalt work was carried out on this road without any resolution in the record from the respondent Municipality setting forth the technical requirements for performing it and without providing for coordinated action with the other neighboring developers, without whom the work would remain unfinished.

This caused the current problem: the road has no gutters or sewer system, and its paving did in fact affect its elevation (see photograph at folio 133 of the case file) and water runoff, because the water will no longer be absorbed by the previously existing soil, as the asphalt will cause it to flow uncontrolled. Regarding this issue, the respondent authority states in its report that stormwater runoff (aguas de escorrentía de lluvias)—surface rainwater flowing over undeveloped land—is currently being channeled through an open channel located in the middle of the street, preventing it from overflowing onto private properties. It stated that the Municipality has not failed to channel stormwater from new projects in the area (projects outside Urbanización Quintanar), because all building permits have been approved and the construction work verified through formal acceptance of the works, demonstrating that stormwater channels were constructed using storm-sewer systems outside Urbanización Quintanar.

Projects approved and completed within Urbanización Quintanar do discharge their water into that development’s system because the original development plans so provided. However, according to the inspection conducted by SENARA on 17 de noviembre de 2009 in connection with this amparo, it was determined that the terrain in the area at issue is somewhat irregular, with slopes ranging between 5% and 8%, and lies within the watershed area on the right bank of an unnamed stream that flows southeast to northwest and empties into quebrada Yeguas. It was also determined that surface runoff in that area flows northeast to southwest and is intercepted by an artificial interceptor channel (canal de guardia artificial)—an unlined earthen ditch—running almost perpendicular to that direction (folios 268 and 269). It further concluded that the artificial interceptor channel intercepting surface runoff in the area covered by the amparo lies largely along Calle El Barro, which borders Urbanización Quintanar to the northeast.

The channel has a variable depth averaging approximately 0.3 meters; nevertheless, it is insufficient to prevent water from accumulating on the vacant lot fronting the paved public street that runs almost parallel to Calle El Barro (folio 269). Thus, the presence of water at the site in question is attributable to rain falling directly on the vacant lot, combined with surface runoff—and partly subsurface runoff arising from the topographic gradient—that flows down the natural slope toward the unnamed stream and is not efficiently intercepted by the channel, accumulating in the lot’s low-lying areas and forming a kind of small lagoon or large pool over clay soil that slows water infiltration, particularly in winter (folio 269). This is consistent with the photograph submitted at folio 82, especially during the winter season. In addition, the Municipality’s argument that the petitioners also bear responsibility for failing to construct the sidewalk assigned to them is unpersuasive, because several written submissions dating from 2007 show that the protected parties requested complete information about this street and reported the risks and problems that would arise and worsen with the arrival of winter.

Nevertheless, in most of its written responses, the respondent authority stated that it did not know the street’s location, while simultaneously authorizing Grupo El Roble to use it to transport heavy machinery. Specifically, the case file contains a written request submitted on 31 de enero de 2007 by the petitioner, asking the respondent Municipal Mayor to send an inspector to determine how a street connecting her residential development with the roundabout and the Multiplaza entrance was being used. She also requested information concerning the classification of Calle El Barro and its planned future use, because it lacked the minimum maintenance and stormwater-collection conditions (folio 28). On 29 de mayo de 2007, the protected parties reiterated before the respondent Municipality their complaint regarding problems with Calle El Barro (folio 12). On 12 de junio de 2007, through official letter JDU EXT-07-07, Municipalidad de Escazú granted Grupo El Roble permission to install a barrier arm at the gate located between Urbanización Quintanar and the private street north of Oficentro Plaza Roble, to install a sign indicating that it was private property, to close it at night, and to allow heavy machinery—6 heavy vehicles per week—to travel along the route beginning at Plaza Mundo and connecting with the Ruta Nacional de Guachipelín (folio 62).

Through official letter CTPRE/051-07 dated 18 de junio de 2007, the Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú responded to the petitioner regarding Calle El Barro, stating that she needed to describe the street’s location more precisely before it could address her concerns (folio 71). On 19 de junio de 2009, the petitioner sent the respondent authority a note identifying the location of Calle El Barro (folio 72). On 5 de julio de 2009, the petitioner, acting as the representative of Urbanización Quintanar, reiterated her allegations and the respondent Municipality’s failure to respond (folio 74). On 24 de abril de 2008, through official letter CTPR-INT-95-08, the Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú responded to the petitioner regarding Calle El Barro, stating that the official road map of the Plan Regulador does not identify streets by name and that it was therefore unable to address the matter, so she was required to submit a registered cadastral plan (plano catastrado) (folio 78).

On 31 de marzo de 2009, the petitioner, representing Urbanización Quintanar, complained to the respondent Municipality that Calle El Barro had been paved, raising it two meters until it abutted her wall, without any outlet or drainage whatsoever. This created a flooding risk, as well as problems caused by passing machinery, including cracks in the plaster and stones falling onto the perimeter wall (folio 84).

By official letter (oficio) PDT-376-09-EXTERNO dated April 20, 2009, the Engineering and Public Works Department of the Municipalidad de Escazú informed the protected petitioner (amparada) that El Barro Street is an existing, fully established roadway that maintains the topographic elevation of the properties adjoining it; that an inspector would be sent to the site; that the construction permit had been issued for improvements to one half of the roadway serving the condominium; and that the interested party had voluntarily paved the entire roadway, except for the sidewalks of the properties adjoining it to the west, because those are the responsibility of each property owner. It further stated that the infrastructure was itself adequate for conveying the stormwater (aguas pluviales) running off the undeveloped land, since the stormwater pumping system had been established on the properties containing buildings and discharges toward Calle Matapalo, such that the amount of water collected in that channel is equal to or less than the amount previously conveyed (folio 85).

The foregoing shows that the petitioners (recurrentes) were not negligent in failing to build the sidewalk, because whenever they attempted to obtain the information, they were told that it could not be provided to them, as though the officials themselves were unaware of it. In any event, if the Municipality determined that the sidewalk had not been built by the condominium developer, then, as it correctly states in its report, it should have proceeded to build it and subsequently recover its cost. Nevertheless, this Court finds it unacceptable that a Municipal Government constitutionally charged with addressing the problems of its locality disregarded the complaints submitted to it throughout all these years, limiting itself solely to providing written responses without inspecting and carrying out the corresponding works necessary to resolve the stormwater drainage problems. The fact remains that, even if it is stated that the developer paved this street as an act of good faith, the Municipality was required to ensure compliance with the minimum requirements applicable to it in order to prevent future consequences.

The existence of small ponds or swamps, which SENARA states in its report form on the vacant lot adjoining Quintanar, undoubtedly entails a risk of contamination, flooding, and a potential pest outbreak, thereby jeopardizing the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the inhabitants’ right to health. Accordingly, without determining whether El Barro Street is a public or private roadway, or its exact location and boundaries—because those are matters of ordinary legality (mera legalidad)—the fact remains that, with the full knowledge of the municipal authorities, paving works were carried out on that street without regard for other technical guidelines, causing surface water to flow to the detriment of the residents of Urbanización Quintanar. Despite complaints concerning this situation having been filed for years, the respondent (recurrida) has taken no preventive measures and carried out no action aimed at resolving it, thereby violating Articles 21, 41, and 50 of the Constitución Política. The petition for constitutional relief (amparo) must therefore be granted with respect to this issue.

  • b)Regarding the location of the Puente Mulas Main Pipeline easement (servidumbre) and the existence of a spring (naciente). The appellant alleged that the respondent Municipality has allowed large-scale construction without delineating the easement and verifying that, should a pipeline of this nature rupture, it could eventually be repaired, thereby placing her life and property, as well as the spring that runs through her properties, at risk. In this regard, the respondent Municipality reported that there is a hydrological study of the area, which determines that stormwater (aguas pluviales) from new projects to be developed in the area must be channeled to Quebrada Yeguas along national route No. 310; that no drainage pipe was found on the street in question during the inspection; and that neither the official MINAET spring map nor its records establishes the existence of a spring in the area.

In connection with this issue, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados reported that, based on the analysis and study conducted within the jurisdictions of Escazú and Santa Ana, it acknowledges the existence of a spring located in the Urbanización Quintanar area, but states that this Institute neither captures nor uses it for the public water supply. It further states that an inspection determined that a pipeline runs northwest to southeast from the Próspero Fernández highway, intersecting the northwestern portion of Urbanización Quintanar and crossing the block comprising lots Nos. 24, 25, and 26 and, although unverified, possibly No. 23, which border the Hotel Real Intercontinental to the south. It also crosses lot No. 22. It states that the pipeline continues along this alignment until it reaches the restricted-access street serving the Grupo Roble office complex, whose owner owns the Multiplaza shopping center.

From that street, which is shared with the Hotel parking area, the alignment runs west to east (in the direction of the water flow) to the roundabout on the street between the Hotel and the aforementioned shopping center, and from there turns south. It reports that, on neither of the vacant lots 25 and 26, was it possible to verify the existence of boundary markers (mojones) or anything similar identifying the presence of the pipeline. The remaining lots contain occupied residences that were presumably built over the pipeline easement and where there are likewise no boundary markers or signs identifying the pipeline. On the street shared by the Hotel Real Intercontinental parking area and the Grupo Roble offices, an air valve located within a planter identifies the pipeline at a location relatively consistent with that shown on the plans. This valve is located a few meters east of the vertex where the pipeline changes from its northwest-to-southeast alignment within Urbanización Quintanar to a west-to-east alignment outside it.

Another planter west of this one is evidently built over the pipeline. It concludes from the conditions observed and verified in the field that the easement—along the south side of the Hotel Real Intercontinental—is neither marked nor protected to its legally prescribed dimensions; that is, there is no inalienable strip keeping the pipeline free from buildings or civil works along its length. Rather, it states that the number and type of residential and commercial buildings erected over it constitute a physical barrier that now and in the future prevents its proper and timely maintenance and preservation, and that under such circumstances the pipeline may pose a potential threat to those properties and their occupants. For its part, SENARA, in the report it was asked to submit to this Court, concludes that the area in question does not contain a natural spring (manantial), but rather an accumulation of surface runoff (aguas de escorrentía superficial), with some evidence of subsurface water (aguas sub-superficiales), but not groundwater (aguas subterráneas), and therefore does not warrant special protection.

In conclusion, it has not been shown that the spring referred to by the appellant has been adversely affected, although the conflicting reports from ICAA and the respondent Municipality lead the Chamber to presume that, even though the canton of Escazú has a regulatory plan (Plan Regulador), the area’s hydrography has not been properly determined, since one institution denies and another acknowledges the existence of the spring. Nor does the regulatory plan address the location of this easement, an omission that has led to construction being irresponsibly allowed over this pipeline without clearly delineating it, which currently poses a risk to persons in the event of a rupture. This unquestionably infringes the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, to life, to health, and to sustainable development, because, as stated above, cantons whose geomorphological characteristics include lands containing aquifers (mantos acuíferos), their recharge and discharge areas, natural springs, springs, or sources of drinking water are especially called upon and required to regulate these matters responsibly, efficiently, and effectively, since groundwater sometimes supplies not only the population of the canton but also several other cantons, demonstrating a clear supra-local or national interest.

The inhabitants of those localities, in turn, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of land and water arising from the determination and establishment of such protected areas, including as easements, because this benefits them, the residents of the other cantons supplied by the waters flowing through those areas, and future generations. For this reason, it has been repeatedly emphasized that, within the regulatory plan and zoning regulations (reglamento de zonificación), Municipalities must identify reserved areas or zones containing an aquifer or its recharge or discharge area in order to regulate, control, and restrict human activities (industrial, urban-development, agricultural and livestock activities, etc.). The respondent Municipality’s statements in this amparo proceeding (amparo)—that it lacks reliable data concerning the existence of a spring—and its failure to ensure that the pipeline in question is delineated are matters that violate the precautionary principle (principio precautorio), which must be upheld to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the rights to health and life, because this omission has resulted in inadequate planning for the canton and has placed at risk persons who live in or travel through the places where this main pipeline is located in the event of a rupture.

Consequently, this appeal must also be granted on this issue, and the respondent Municipality must be ordered to coordinate with ICAA, the MINAET Water Department, and SENARA to update or conduct a hydrographic study of the area, to clearly delineate and mark the right-of-way easement (servidumbre de paso) for the Puente Mulas main pipeline, and to account for this situation when considering future applications for building permits.

  • c)Regarding the commercial use of a residential lot. The appellant states that lots in the residential development (urbanización) designated for residential use are being used as a commercial warehouse and parking area without oversight by the Municipality. Although this Court acknowledges that this issue was dismissed pursuant to decision No. 2010-0269, in this amparo proceeding—which predates the proceeding conducted under expediente No. 09-9460-0007-CO—the respondent authority admitted the allegation and submitted notification No. 2786 del 20 de mayo de 2009, in which the Municipality ordered Grupo Roble to remove the warehouse and parking area that it had temporarily constructed on land in Urbanización Quintanar (folio 169). For purposes of this review, that action occurred after notice of this appeal had been served (see folio 149), which means that this amparo proceeding must indeed be granted, at least for compensation purposes, in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  • d)Regarding the alleged noise pollution (contaminación sónica). In a brief filed after the submission of this appeal, the protected party (amparada) expanded upon its allegations, stating that Grupo Roble also caused noise pollution by installing fans that remained on 24 hours a day, thereby infringing her right to rest. Regarding the allegation, this Court ordered the Ministry of Health to conduct a sound-level measurement (medición sónica) at the site in question; however, this could not be carried out because, according to technical report URS-RCS-2340-2009 of 13 de noviembre de 2009, issued by the Dirección Regional Central Sur de Salud, it was not possible to locate or coordinate with the complainants. For this reason, the respondent authority conducted 4 additional inspections, which, according to official letter URS-RCS-177-2010 of 2 de febrero de 2010, signed by the Dirección Regional Central Sur de Salud, yielded the following results: a- on 23 de enero de 2010 at 23:00 hours, it was not possible to contact the complainants despite multiple attempts; b- on 29 de enero de 2010 at 21:00 hours, the complainant parties did not authorize the sound-level measurement because no noise was being generated, and therefore a new sound-level test (fonometría) was scheduled for 1 de febrero; c- on 1 de febrero de 2010 at 10:00 hours, no noise was being produced when the inspection was conducted, and it was rescheduled for 12:00 that same day; d) on 1 de febrero de 2010 at 12:00 hours, while the fans were operating, Mrs.

Olga Shutaleva’s spouse objected to the sound-level measurement on the ground that only 3 fans were operating, whereas 12 ordinarily operated. By order of this Court, the Ministry of Health and the respondent Municipality appeared at Mrs. Shutaleva’s residence on 16 de agosto de 2010; however, according to technical report ARSE-276-10 of 16 de agosto de 2010, the sound-level measurement was not conducted because the fans were turned off at that time. They further stated that the manager of the office complex in question had informed them that the fans were installed to recirculate the air concentrated in the underground parking facilities and thus prevent the accumulation of CO2 emitted by vehicles; that they also operated according to fixed schedules, namely from 7:00 to 9:00 hours, from 12:00 to 14:00 hours, and from 17:00 to 18:30 hours, because vehicular traffic was heavier at those times; and that no more than 5 of the 12 fans were turned on.

Likewise, the Ministry of Health informed the Chamber that it could not conduct the sound-level measurement from Mrs. Virginia Sandí’s residence because no one could provide information regarding its location. For its part, the respondent Municipality acknowledges that the fans are located 6 meters from Mrs. Shutaleva’s residence; nevertheless, it states that this is because those condominium subsidiary properties (fincas filiales) were constructed within the front-yard setback area (área de antejardín), and therefore, through official letter AL-621-10, it ordered the Proceso de Desarrollo Territorial to initiate the notification procedures and the resulting demolition proceedings concerning the subsidiary properties in that situation. This Court has repeatedly held that both the right to health and the right to an environment free of pollution—without which the former could not be made effective—are fundamental rights, such that the State is obligated to protect them, whether through general policies intended to achieve that objective or through specific acts by the administration—see judgment number 1994-1763, at dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, reiterated, among others, by judgment of this Chamber number 2008-3659, at dieciséis horas cuarenta y cuatro minutos del siete de marzo de dos mil ocho. Regarding noise or acoustic pollution, in judgment number 1994-709, of dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro—likewise reiterated in judgment 2008-3659—the Chamber held that:

“[T]he presence in the environment of one or more pollutants, or a combination thereof, at such concentrations and for such a period of persistence that they cause the environment to develop characteristics harmful to human life, human health or well-being, flora or fauna, or produce significant deterioration in the habitat of living beings, the air, water, soils, landscapes, or natural resources in general. To pollute is to introduce substances or foreign elements into the environment at levels and for durations that cause pollution in the foregoing sense. Conversely, to decontaminate is to reduce the concentration of pollutants present in the environment to acceptable levels in accordance with specific environmental-quality standards.

An environment free of pollution is, therefore, the condition of the surroundings in which we live when alterations to the immediate or distant environment, whether caused by human beings or by nature, do not exceed the maximum permissible levels established by those standards.”

III.With respect to acoustic pollution (contaminación acústica), although various regulations establish maximum permitted noise-exposure limits for persons inside industrial facilities or other workplaces, other factors must also be considered, such as the location of those enterprises—whether in areas classified strictly as industrial or in mixed-use, commercial, or residential areas—as well as the effect that their sound emissions have outside the premises, that is, on the neighbors of those establishments. It is undeniable that disturbing noise exists in certain areas, which logically causes considerable harm to those who, like the petitioner in these proceedings, have the right to live in peace, free from acoustic pollution, in accordance with the guarantee repeatedly upheld by this Chamber: the right of every human being to a healthy environment, free of pollution, which permits no interruptions such as those that require persons to endure for several hours, entire days, and even at night forms of pollution that, like auditory pollution, we have held to be contrary to the right to health—an absolute right because it is grounded in human dignity.

Although the production process generates waste and pollution of different kinds, it is clear that, through technological development, humankind has come to master and control its surroundings and, consequently, must comply with the imperative that a balance exist between a country’s economic development and the right of its inhabitants to a healthy environment free of pollution. It must be borne in mind that the conduct of commerce, in any of its forms, cannot be so unrestricted that it may disturb the inhabitants’ right to restorative rest, peace, and tranquility, or cause deterioration in the health of neighboring residents, as components of the right to life.”

In the case under review, it proved impossible to conduct a measurement establishing the noise pollution alleged by the petitioner and the protected party, despite the attempts made, which even included an on-site judicial inspection (Inspección Ocular) with the participation of technicians from the Ministry of Health. To the contrary, the evidence added to the case file (expediente) at this Chamber’s own initiative demonstrates that the fans are located at a distance different from that initially reported by the Municipalidad de Escazú; that the fans do, in fact, have different dimensions, amperages, and horsepower ratings, which clearly affects the noise they may produce; and that, from a technical standpoint, ordinary legislation lacks parameters establishing standards for regulating the use of these devices. The Chamber would therefore act improperly if it attempted to define matters that have not yet been addressed technically. Accordingly, because there is no evidence establishing the existence of noise pollution, the appeal must be denied with respect to this claim.

  • e)Regarding the environmental variable (variable ambiental) of the Plan Regulador de Escazú. In a brief filed after the submission of this appeal for constitutional relief (amparo), the petitioner also challenged the Plan Regulador of this canton, stating that it had not incorporated the environmental variable when it was approved and had not included Urbanización Quintanar. Regarding this matter, this Chamber already had the opportunity to rule in judgment No. 2005-9765, as follows:

“IV.- Regarding the violation of Article 50 of the Political Constitution. The record also shows that the Escazú Regulatory Plan (Plan Regulador) was approved by the Escazú Municipal Council at extraordinary session number 59, held on the seventeenth of December, two thousand four, pursuant to Agreement AC-396-04, which was published on the third of February, two thousand five, in the Official Gazette La Gaceta; an erratum was subsequently published through the same official medium on Thursday, the seventeenth of March following, in La Gaceta number 54. The respondent Municipality argues, and the record so establishes, that since May two thousand four it had submitted the draft Regulatory Plan to SETENA together with other documents, that is, before the obligation embodied in the Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures (EIA) (Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), dated the twenty-eighth of June, two thousand four, had entered into force; however, no response was received from SETENA.

Thus, in view of that Secretariat’s failure to act, the Municipality continued with the proceedings that culminated in approval of the Regulatory Plan, which, as stated under oath and subject to the legal consequences thereof, does incorporate the environmental-impact variable (variable de impacto ambiental), although it did not undergo SETENA’s environmental-viability process (proceso de viabilidad ambiental) prior to approval, for the reason stated above. SETENA, for its part, reports that it has not assessed the Regulatory Plan for the canton of Escazú or that of any other canton because the procedural manual for conducting strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica) has not been issued. In that context, the Chamber finds that, although the respondent Municipality is incorrect in maintaining that SETENA’s silence may be regarded as completion of the environmental-viability process required by section 67 of the Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures, the evidence submitted in the case file also shows that this municipal entity has made a substantial effort to issue the regulations necessary for the orderly urban development of the canton of Escazú and, to that end, issued the Regulatory Plan at issue with community participation, as required by law.

Moreover, during the proceedings it sought constant coordination with SETENA, to the extent that it not only invited SETENA to send a representative to the public hearing scheduled for the fifteenth of May, two thousand four, but also forwarded the requested information concerning the environmental regulations included in the Regulatory Plan, as well as the document itself. In this regard, it is also deemed proven that the Liaison Coordinator of the Escazú Regulatory Plan Working Committee attended the hearing convened for the thirteenth of October, two thousand four, by the SETENA Plenary Committee, at which the incorporation of the environmental variable into the Proposed Regulatory Plan for the canton of Escazú was discussed. Likewise, by official letter CTPRE/86-04 of the twentieth of October, two thousand four, Mr. Angel Barrantes R., Liaison Coordinator of the Escazú Regulatory Plan Working Committee, addressed Licda. Patricia Campos, Secretary General of SETENA, forwarding a diskette containing the Escazú Regulatory Plan Project Proposal, as well as two “CDS” (sic) containing maps of zoning and land uses, roads, potential hazards, and districts, in order to comply with the request made by the Plenary Committee at the hearing held on Wednesday, the thirteenth of October, two thousand four.

In that context, this Constitutional Court finds no grounds for granting this appeal against the Municipalidad de Escazú with respect to this issue, not only because the omission established is attributable to circumstances beyond its control, but also because, as the respondent authority argues, the Regulatory Plan for that canton may be reviewed subsequently by SETENA, as SETENA must do for all regulatory plans in force before the promulgation of the Regulations of the twenty-eighth of June, two thousand four. Furthermore, annulment of the approved Regulatory Plan, as sought by the appellant, would in no way provide greater protection for the fundamental right enshrined in Article 50 of the Constitution, because, as the respondent Mayor argues, “…the canton’s urban growth had been proceeding very rapidly, and there was no uniform regulation adapted to its circumstances, which means that the environmental harm being caused to the canton and to the Escazú community generally was more serious without the Plan than with its promulgation.” Consideration is likewise given to the regulatory content of every regulatory plan concerning such important matters as construction, roads, subdivision (fraccionamiento), and zoning, the regulation of which would be left with a gap that, far from benefiting the inhabitants of the canton of Escazú, could cause them harm if the recently published Regulatory Plan were annulled.

Nevertheless, as ordered in the operative portion of this judgment, immediately after SETENA publishes the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental), the Municipalidad de Escazú must submit the Regulatory Plan at issue in this constitutional rights action (amparo) to the environmental-viability process so that it may promptly make the adjustments determined by SETENA.

Likewise, in judgment No. 2007-15000, this Court was able to establish that the Regulatory Plan currently has environmental viability (viabilidad ambiental):

“VI.- Finally, the Chamber finds that the Escazú Regulatory Plan was received by SETENA on the eighteenth of December, two thousand six, with the environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental) regulated by Decreto Ejecutivo 32967-MINAE, of the fourth of May, two thousand six, incorporated therein. When the Regulatory Plan was received, it was under analysis to determine whether the submitted environmental fragility indices should be approved and the corresponding environmental viability granted to the Regulatory Plan. SETENA was emphatic, however, in clarifying to this Court that the Secretariat does not have jurisdiction to determine what type of development must be implemented in each zone established in a regulatory plan—for example, whether it is to be commercial or residential—or what activities must be conducted therein, because that falls within the direct jurisdiction of each municipality, pursuant to Article 169 of the Political Constitution.

The municipalities, through their autonomy, are responsible for regulating the planning of their territories and therefore ultimately decide upon the development of their cantons.” By virtue of the foregoing precedents, it is therefore established that the Escazú Regulatory Plan currently has environmental viability and that it is not for this Court to determine whether the Municipality must include a particular housing development or area in the Regulatory Plan, because this is a matter within its municipal autonomy, without losing sight, of course, of its duty to safeguard the fundamental rights of the inhabitants of its canton. Accordingly, the appeal must be dismissed with respect to these claims.

VI.Regarding the demolition proceedings (gestión de demolición). The Chamber notes that, having learned that the rear portion of Condominio Los Olivos was erected outside the building line (línea de construcción), the Municipalidad de Escazú ordered the commencement of proceedings for its demolition, an action that the Chamber stayed as a precaution to allow the taking of the additional evidence it had ordered for a better determination of the matter. With that issue resolved, the Municipality must be advised that, before conducting any proceeding intended to regulate construction in the canton, it must first ensure compliance with all established requirements. It must therefore assess its own administrative conduct in light of the Corporation’s duty to authorize and oversee the proper execution of construction work in accordance with validly issued permits. It follows that, within the proceeding that the Municipality has indicated it will commence, it must afford the residents full respect for due process (debido proceso), while also assessing whether municipal powers were properly exercised when controlling or supervising the erection of a structure that, years later, it considers to have been improperly built, so that the residents are not made to bear responsibilities that may properly arise from the Municipality’s own acts or omissions.

Por tanto

The appeal is granted for violation of Articles 21, 41, and 50 of the Constitution, solely insofar as the Municipalidad de Escazú failed to establish and order the technical requirements under which El Barro Street could be improved in order to prevent the pooling caused by the absence of an adequate surface-water drainage channel, as well as because of the Municipality’s inaction in resolving the complaints filed by the appellant, restoring the residential zones of the housing development (urbanización), and delineating and safeguarding significant water resources such as the easement (servidumbre) for the pipeline coming from Puente Mulas, having authorized several construction projects without making provision for it in the event of an emergency. Consequently, Marco Antonio Segura Seco, in his capacity as Municipal Mayor of Escazú, or whoever holds that office, is ordered, immediately upon notification of this judgment, to issue such orders as fall within the scope of his powers and jurisdiction in order to ensure that, within three months following notification of this judgment, El Barro Street meets the technical requirements necessary for the proper flow of surface and subsurface waters passing over it.

He must also immediately coordinate with ICAA, the MINAET Water Department, and SENARA to update or conduct a hydrographic study (estudio hidrográfico) of the area and, within the same three-month period stated above, clearly delineate and mark the right-of-way easement (servidumbre de paso) for the Puente Mulas main pipeline and make appropriate provision when considering future applications for construction permits. The Mayor of the Municipalidad de Escazú is advised that, pursuant to Article 71 of the Law governing this jurisdiction, anyone who receives an order issued in a constitutional rights action that must be complied with or enforced and fails to comply with or enforce it shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipalidad de Escazú is ordered to pay the damages arising from the acts that form the basis of this ruling, the amount of which shall be determined during enforcement of the judgment before the administrative-law courts.

The appeal is dismissed in all other respects. This judgment shall be communicated and served upon Marco Antonio Segura Seco, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Escazú, as well as upon the representatives of MINAET, ICAA, and SENARA.

Ana Virginia Calzada M.

Presiding Justice Luis Paulino Mora M.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Roxana Salazar C.

Rosa María Abdelnour G.

Jorge Araya G.

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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y cincuenta y nueve minutos del once de febrero del dos mil once.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 09-006673-0007-CO, interpuesto por MARÍA ELENA MORA ABARCA, con cédula de identidad número 0103780255; a favor de ALLAN FLORES SANDÍ, CARLOS CASTRO HERRERA, CARLOS CASTRO MORA, GRETTCHEN FLORES SANDÍ, IVETH PICHARDO CÁRCAMO, MARIO ZÚÑIGA CASTRO, MICHAEL LÓPEZ POVEDA, NATALIA CASTRO MORA, SARA HAUSER KUNS, y VIRGINIA SANDÍ DELGADO; contra la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ.

Resultando

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las siete horas cincuenta y siete minutos del 4 de mayo de 2009, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Escazú y manifiesta que las obras que han venido realizando el Grupo Roble y Grupo Meridiano sobre la Calle El Barro -misma que es calle pública que separa la Urbanización Quintanar de dichos proyectos-, los ha estado afectando seriamente, toda vez que subieron el nivel del piso, rellenaron con lastre y luego colocaron una capa de asfalto hasta pegar con las paredes traseras de sus casas, irrespetando la zona de acera. Que las paredes de sus casas se rajaron, y se ven quebraduras en las paredes internas debido al peso y vibración de la maquinaria. Que durante el invierno el agua correrá hacia las paredes de esas casas, ya que no fueron hechas para detener corrientes de agua. Que ya en años anteriores esa urbanización ha tenido problemas de inundaciones, lo cual se agravó con el asfalto.Que por la forma en que se están efectuando los trabajos, se limitará el acceso por esa calle a las viviendas que tienen frente a esa calle. Que se debe realizar un estudio hidrográfico y topográfico de toda la zona a fin de canalizar las aguas de forma adecuada. Que aunado a ello, tienen dudas de que las aguas llovidas provenientes del Grupo Roble y Torre Meridiano, estén siendo bombeadas hacia la Calle Matapalo, tal y como se aprobó por esa Municipalidad, pues detrás de su casa hay un tubo que desagua directamente a la Calle El Barro. Que además se debe ordenar el desalojo de la bodega ubicada en su urbanización, pues desde el dos mil seis fueron tomados varios lotes bajo el pretexto de que era un parqueo provisional; sin embargo, dicho parqueo fue convertido en bodega hasta el día de hoy, a pesar de que está prohibido en zonas residenciales. Solicita a la Sala se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.
  2. 2Informan bajo fe de juramento MARCO ANTONIO SEGURA SECO, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Escazú (folio 154 del expediente), que una vez inspeccionada la calle El Barro, se determinó que es una vía pública de administración cantonal y colinda al este con la Urbanización Quintanar y al oeste con varias propiedades que tienen además frente a otra calle denominada Matapalo. Refiere que las mejoras a las superficies de ruedo (asfalto) de esta calle se realizaron en el extremo norte de la vía, aproximadamente a 270 metros de longitud, como parte de las mejoras a media vía que deben construir los desarrolladores de proyectos de condominio, en este caso el proyecto de Condominio del Grupo El Roble, el Proyecto Meridiano en su frente a la Calle El Barro no ha realizado hasta la fecha mejoras en la vía. Indica que no es cierto que se subiera el nivel del piso de la calle y que por estar el proyecto bajo la figura de condominio, corresponde al Desarrollador proceder a su costa con las mejoras a media vía de carácter obligatorio, obras que como en este caso, más bien el interesado Grupo Roble, procedió de buena voluntad con la construcción del derecho de vía completo, exceptuando las aceras de los predios colindantes al oeste con ésta, las cuales son responsabilidad única de cada propietario, sin embargo sí está pendiente la construcción de aceras en el costado oeste de esta vía, por lo que se estará notificando de manera inmediata a los vecinos su obligación de construir las aceras y en caso de incumplimiento se procedería con su construcción y su correspondiente cobro.Respecto a los daños y perjuicios acusados, indica que éstos se hubieran evitado desde un principio, pero debido a la omisión por parte de los propietarios, de no construir la acera es que se presenta esta situación, por lo que no existe relación causa y efecto debido a la compactación del material de la capa asfáltica colocada en esa ruta. Señala que no es cierto que lo dicho por la recurrente, ya que según el video y fotos aportadas, se puede observar que no existe impedimento de acceso por nivel de la calle a las propiedades ubicas en la colindancia de dicha calle. No se está realizando ningún tipo de trabajo por parte de la Municipalidad, ni de terceros que haga presumir que se limite el acceso a las propiedades que tienen frente a la calle El Barro, toda obra que se realice mantendrá el nivel actual del terreno. Con respecto al tema de las aguas de escorrentía de lluvias (aguas pluviales superficiales sobre el terreno sin construir) actualmente están siendo canalizadas por medio de un canal abierto, ubicado en el medio de la calle, de manera que no permite desbordamiento sobre las propiedades privadas.Existe además un estudio de hidrología del sector, el cual determina que las aguas pluviales de proyectos nuevos a desarrollar en la zona se deberán canalizar hasta la Quebrada Yeguas en la ruta nacional No. 310. En el tema de las aguas pluviales de los proyectos Torre Meridiano y Condominio Grupo El Roble, ambos procesos constructivos con frente a la Calle Matapalo, canalizan sus aguas pluviales al sistema de alcantarillado pluvial que tiene dicha vía pública, lo que se puede verificar mediante los planes constructivos de ambos proyectos, en la calle en cuestión no se ubicó ningún tubo de desagüe durante la inspección. No existe registro en el mapa oficial de nacientes de MINAET, ni en sus documentos se acredita la existencia de una naciente en la zona. Refiere que la municipalidad no ha sido omisa en la canalización de las aguas pluviales de proyectos nuevos en el sector (proyectos fuera de la Urbanización Quintanar) todos los permisos de construcción han sido aprobados y verificada la construcción de las obras mediante la recepción de obras que demuestran que las canalizaciones de aguas pluviales se han realizado mediante sistemas de alcantarillado pluvial fuera de la Urbanización Quintanar, aquellos proyectos aprobados y ejecutados en la Urbanización Quintanar sí descargan sus aguas al sistema de dicha urbanización, ya que los diseños originales de la urbanización así lo contemplaron.Con respecto a la bodega, indica que el Grupo El Roble ya fue notificado para que eliminen la bodega y el parqueo que construyeron de manera temporal en los terrenos de la urbanización Quintanar, se estima que en un plazo máximo de 15 días esta infraestructura será retirada. Indica que por oficio PTD-376-09-EXTERNO, se dio respuesta a los cuestionamientos de los vecinos el mes de abril pasado. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
  3. 3Por escrito presentado el 6 de octubre de 2009 por la recurrente a folio 96, manifiesta problemas con la calle El Barro en Guachipelín por la Urbanización Quintanar, ya que el Grupo El Roble ha cerrado el portón que comunica la calle El Barro con la rotonda de Multiplaza, así como la prohibición de transitar por esa calle. Indica que Quintanar lamenta profundamente que el diálogo se de en una sola orientación, municipalidad-Grupo El Roble, y no con los vecinos afectados. Pide que se respete el paso peatonal y se garantice la seguridad de las personas que transitan por ahí.
  4. 4Por resolución de las trece horas y veinticinco minutos del seis de noviembre de dos mil nueve (folio 234), como prueba para mejor resolver la Sala ordenó al ICAA rendir informe a fin de que indique si en los terrenos de la Urbanización Quintanar, situada en Guachipelín de Escazú, cercanos al costado sur del Hotel Real Intercontinental, transcurre una servidumbre del tubo madre que transporta agua potable desde la estación de Puente de Mulas. Asimismo, si esta servidumbre se encuentra señalizada y resguardada, o si, por el contrario, manifiesta algún tipo de barrera física que impida en la actualidad o pudiere impedir en el futuro su adecuado y oportuno mantenimiento o conservación.
  5. 5Por resolución de las trece horas y cincuenta minutos del seis de noviembre de dos mil nueve (folio 235), como prueba para mejor resolver la Sala ordenó a la Ministra de Salud rendir informe, a fin de que indique si en la Urbanización Quintanar, situada en Guachipelín de Escazú, específicamente en el Condominio Los Olivos y en las casas de habitación de las señores Olga Shutaleva y Virginia Sandí, se ven afectados por el ruido producido por los ventiladores instalados en la parte trasera del edificio de Grupo El Roble, lo cuales están colocados a seis metros de las viviendas y que ha menudo funcionan las veinticuatro horas del día, incluyendo los fines de semana. De manera concreta se solicita al Ministerio de Salud efectuar la medición sónica que corresponda para determinar los decibeles producidos por el funcionamiento de tales ventiladores e informar a esta Sala los resultados de la medición efectuada, así como la relación entre los decibeles acreditados con respecto a los decibeles permitidos según la regulación que rige la materia.
  6. 6Por resolución de las trece horas y cincuenta minutos del seis de noviembre de dos mil nueve (folio 236), como prueba para mejor resolver la Sala ordenó al ICAA, al Director del Departamento de Aguas del MINAET y al SENARA rendir informe a fin de que indique si en algún sector de la Urbanización Quintanar, situada en Guachipelín de Escazú, costado oeste de Plaza Roble, existe una naciente de agua ubicada en un lote baldío que cause escorrentía de aguas; en caso de determinar que sí existe la naciente, acreditar el uso que se da a la misma, el estado en que se encuentra, si merece algún tipo de protección y de qué tipo.
  7. 7Por escrito presentado el 13 de noviembre de 2009, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud informó a este Tribunal que no pudo llevar a cabo la medición sónica solicitada, toda vez que no fue posible ubicar en la residencia a la recurrente (folio 245).
  8. 8El 16 de noviembre de 2009, Ricardo Sancho Chavarría, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 246), que del análisis y estudios realizados en las jurisdicciones de Escazú y Santa Ana, se tiene que la naciente ubicada en el sector de la Urbanización Quintanar, no es captada ni utilizada por este Instituto para el abastecimiento poblacional. Recomienda a esta Sala solicitar informe técnico a SENARA sobre cualquier medida que haya de tomarse al respecto. Que según inspección realizada se determinó que existe una tubería que discurre en sentido noroeste-sureste desde la autopista Próspero Fernández, intersectando la urbanización Quintanar al noroeste de la misma, atravesando el bloque de lotes Nos. 24, 25 y 26 y, no verificado, quizás el No. 23, que son colindantes al sur del Hotel Real Intercontinental. Igualmente el lote No. 22.La tubería mantiene su trazado en el sentido indicado hasta llegar a la calle de acceso restringido del complejo de oficinas del Grupo Roble, propietario del centro comercial Multiplaza. A partir de esa calle, que es compartida con el parqueo del Hotel, el trazado adopta sentido oeste-este (en dirección del flujo de agua) hasta la rotonda de la calle intermedia del hotel y el centro comercial indicados, y de ahí adopta dirección sur. En ninguno de los lotes baldíos 25 y 26 se pudo verificar la existencia de la demarcación, tipo mojones o cosa por el estilo, que identifique la existencia de la tubería. En el resto de lotes hay residencias habitadas que presumiblemente se levantaron encima de la servidumbre de la tubería y en donde tampoco hay mojones, ni señalización que identifique la tubería. En el caso de la calle común del parqueo del Hotel Real Intercontinental y las oficinas del grupo Roble, dentro de una jardinera se encuentra una válvula de aire, que permite identificar la tubería, relativamente concordante con el indicado en planos.Esta válvula se ubica a unos cuantos metros al este del vértice en donde la tubería modifica su alineamiento noroeste-sureste dentro la urbanización Quintanar por el sentido oeste-este fuera de ella. Otra jardinera hacia el oeste de ésta evidencia estar construida encima de la tubería. Como conclusiones de los aspectos observados y verificados en campo se establece que la servidumbre –al costado sur del Hotel Real Intercontinental- no está señalizada, ni resguardada en sus dimensiones legales, es decir, no existe una franja inalienable que tenga a la tubería libre de construcciones u obras civiles a lo largo de la misma. Más bien se puede afirmar, que la cantidad y tipo de edificaciones residenciales y comerciales que se han levantado encima de ella se convierten en barrera física que impide hoy y en el futuro su adecuado y oportuno mantenimiento y conservación. Y en estas circunstancias la tubería puede representar una amenaza potencial contra tales inmuebles y sus ocupantes.
  9. 9El 17 de noviembre de 2009, José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Jefe del Departamento de Aguas del MINAET (folio 259), informa que en la Urbanización Quintanar se ubican dos propiedades de las cuales, sólo una de ellas presenta problemas de agua, esto según el servicio de seguridad de dicha urbanización, ya que en la propiedad se ubica un afloramiento difuso de agua el cual tiene su origen en las aguas sub-superficiales provenientes de las propiedades en el previo superior, es decir, costado este de la misma, además recalca que dicho terreno presenta problemas con el nivel freático, por lo que la única salida de las mismas sería el sector oeste donde se presenta el afloramiento, toda vez que en los costados norte y sur se encuentran construcciones que obstruyen el flujo sub-superficial. De lo anterior concluye que dicho afloramiento no origina un cauce del dominio público, por lo que no aplicaría el artículo 33 de la Ley Forestal, ni el artículo 149 de la Ley de Aguas.Señala que del sitio en cuestión se ubica un afluente de la quebrada Yeguas, el cual se ubica a 50 metros aproximadamente del terreno en dirección sur, dicha fuente sería el cauce por donde discurren naturalmente las aguas de dicho sector si no hubieran construcciones aledañas, dicha quebrada se ubica en las coordenadas latitud: 213790-213900 y Longitud: 519432-519300 en L.C.R.N. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
  10. 10El 18 de noviembre de 2009, Bernal Soto Zúñiga, en su condición de Gerente del Servicio nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) a folio 268, informa que el 17 de noviembre de 2009 realizaron la inspección, de la cual se obtuvo que el relieve de la zona es algo irregular con pendientes entre un 5% y un 8% y está dentro del área de la vertiente de la margen derecha de una quebrada sin nombre, que transcurre con dirección sureste-noroeste y que descarga en la quebrada Yeguas. Las aguas de escorrentía superficial de ese sector tienen una dirección noreste-suroeste y las mismas son interceptadas con un canal de guardia artificial (zanja de tierra sin revestimiento alguno) orientado casi perpendicularmente a la dirección antes mencionada. Este canal se ubica en gran parte y a lo largo de la calle El Barro que colinda al noreste con la Urbanización Quintanar. Tiene una profundidad variable, para un promedio de unos 0.3 metros.No obstante, es insuficiente para evitar la presencia de aguas en el lote baldío con frente en calle pública asfaltada, orientada casi paralelamente a la calle El Barro. Esta zona se ubica sobre rocas de la Fm. Depósitos de Avalancha Ardiente. Esta formación es producto de materiales volcánicos piroplásticos, que incluyen tobas e ignimbritas ricas en obsidiana y pómez. La cobertura es arcillosa (producto de la alteración de la matriz cenicienta) y es de coloración café oscuro a negro. Presenta mucha plasticidad, catalogándose como muy poco permeable. Indica que la presencia de aguas en este sitio se debe a agua de lluvia que cae directamente en el lote, aunada a agua de escorrentía superficial (y en parte subsuperficial que se manifiesta por gradiente topográfico) que baja por la vertiente natural hacia la quebrada sin nombre y que no es interceptada eficientemente por el canal de guardia acumulándose en los bajorrelieves del lote, formándose una especie de laguneta o charco grande o zuampo, con un piso arcilloso que retarda la infiltración del agua principalmente ahora que estamos en invierno, siendo de esperar que disminuyan o desaparezca en la época del verano.Concluye que no estamos en presencia de un manantial sino de una acumulación de aguas de escorrentía superficial (con algún comprobante de aguas sub-superficiales), pero no de aguas subterráneas. Por lo anterior no amerita protección especial.
  11. 11Por escrito presentado el 27 de enero de 2010 la recurrente presenta un escrito en el que reitera sus alegatos. Asimismo señala que la parte norte de la Calle El Barro fue asfaltada por el Grupo El Roble sin ninguna infraestructura para los servicios públicos básicos. En cambio por el oeste de su urbanización (parte trasera de la iglesia católica de Guachipelín) al Grupo Ext. Promociones S.A. sí se le está exigiendo hacerlas. Señala que lo que le preocupa es que las tuberías que están colocando no cumplen con los requisitos de ley y las están haciendo desfogar en el riachuelo que forma la naciente, lo cual inundará las casas cercanas y contaminará todo el ambiente, pues no hay un cauce en verano. Manifiesta que por los lotes que existen al oeste de su urbanización pasa el tubo madre de Puente de Mulas y en este momento la servidumbre está siendo amenazada. Indica que ninguno de los amparados fue notificado de las inspecciones a realizar por parte de las autoridades recurridas.Aclara entre otras cosas, que en octubre del 2009 se colocó un tubo que atraviesa la calle de la entrada a la urbanización con dos alcantarillas. Rompieron el asfalto de la calle recién hecha, el cual permanece en lastre, lo que ha provocado la formación de una grada cada vez más grande con peligro de daño para los automóviles, la cual aumentará con el invierno. Las alcantarillas se cerraron con varilla de construcción, las cuales ya se encuentran destruidas convirtiéndose en trampa mortal para los peatones, especialmente los niños. Asimismo, difiere del informe rendido por la Municipalidad recurrida. Acusa que en Guachipelín no se ha hecho respetar las áreas verdes para permitir bajar la temperatura y la filtración de agua a capas más profundas. Solicita a la Sala hacer una inspección en la maqueta de construcción del consorcio Grupo El Roble que se encuentra en Multiplaza del Oeste, desde hace ya varios años y en el que se encuentran tomados por ellos dos o tres lotes de su urbanización.Refiere que han tenido en su urbanización dos casos de dengue y el anegamiento que forman las aguas de todo tipo en los lotes 5, 6 y 7 constituye una amenaza a la salud pública. Ambos casos fueron debidamente reportados al Ebais de Guachipelín. Indica que en el oficio 03147-2002-DHR y en la página 0124 de este recurso, aclara que lo que informó por teléfono es que ya no se veían salir heces, no que la Municipalidad hubiese hecho un trabajo para evitarlo. Sobre este aspecto la Defensoría no ha dado el seguimiento al caso.
  12. 12El 17 de mayo de 2010 la recurrente presenta un escrito a folio 300 en el que indica que la Municipalidad recurrida ha convertido la zona prácticamente en zona de comercio, sin respetar la residencialidad de su urbanización. Acusa que el Plan Regulador del 2005 se aprobó sin la variable ambiental de SETENA, por lo que es ilegal.
  13. 13Por resolución de las dieciséis horas cuatro minutos del once de agosto de dos mil diez la Sala tuvo por ampliados los hechos de este amparo, por la acusada contaminación sónica en las casas de habitación de las amparadas Olga Shutaleva y Virginia Sandí por el ruido producido por los ventiladores del Edificio Grupo El Roble (folio 402).
  14. 14Por escrito presentado el 17 de agosto de 2010, Marta Gabriela Calvo Venegas en su condición de Alcaldesa interina de la Municipalidad de Escazú (folio 408), manifiesta que coordinó con personeros del Ministerio de Salud y con personal administrativo del condominio para realizar la inspección correspondiente el día 16 de agosto de 2010. Señala que esos ventiladores se colocaron para la recirculación del aire que se concentra en los estacionamientos subterráneos y así evitar la acumulación del CO2 que emana de los vehículos. Indica que según colaboradores de ese oficentro, los ventiladores inician operación únicamente en las primeras horas de la mañana, al mediodía y al finalizar la jornada laboral, ya que en esos momentos hay mayor tránsito vehicular y por el consumo eléctrico que implican. Refiere que ya existía una queja ante el Ministerio de Salud sobre estos mismos hechos y que no se pudieron realizar las mediciones sónicas porque no se les permitió por parte de los quejosos el acceso a las propiedades comportándose en forma agresiva y ofensiva contra los funcionarios, por lo que se ordenó el cierre y archivo de la denuncia.En cuanto a la distancia de los ventiladores, ciertamente es de 6 metros pero que esto es así porque las filiales del condominio Los Olivos no respetó la línea de antejardín. Indica que en la Municipalidad no se ha presentado denuncia alguna en este sentido. Que en virtud de estas irregularidades detectadas in situ, la Alcaldía le ordenó al Proceso de Desarrollo Territorial por oficio AL-621-10 que se iniciaran los trámites de notificación y consecuente procesos de demolición sobre las fincas filiales que se encuentra en la situación indicada anteriormente.
  15. 15Por escrito presentado el 17 de agosto de 2010, María Luisa Ávila Agüero en su condición de Ministra de Salud (folio 414), manifiesta que el 11 de noviembre de 2009 por orden de la Sala se solicitó realizar una medición sónica por estos motivos, la cual según informe técnico URS-RCS-2430-2009 del 13 de noviembre de 2009 no pudieron efectuarse porque no fue posible localizar ni coordinar con los denunciantes. El 13 de enero de 2010 por oficio ARSE-D-017-2010 se solicitó una nueva medición sónica. El 2 de febrero de 2010 por oficio URS-RCS-177-2010 se indica que las conclusiones de las 4 visitas para medición sónica tuvieron los siguientes resultados: a-el 23 de enero de 2010 a las 23:00 horas no fue posible contactar a los denunciantes a pesar de los múltiples intentos, b-el 29 de enero de 2010 a las 21:00 horas las partes denunciantes no autorizaron que se realizara la medición sónica porque no se estaba generando ruido, motivo por el cual se coordinó una nueva fonometría para el 1 de febrero, c-el 1 de febrero de 2010 a las 10:00 horas al hacer la inspección no se estaba produciendo ruido y se reprogramó para ese mismo día a las 12:00, d) el 1 de febrero de 2010 a las 12:00 horas y estando en funcionamiento los ventiladores el cónyuge de la señora Olga Shutavela se opuso a la realización de la medición sónica, con el argumento de que únicamente estaban funcionando 3 ventiladores, cuando lo usual es que funcionen 12.Los funcionarios del Ministerio de Salud se apersonaron al establecimiento denunciado, donde fueron atendidos por el Jefe de Mantenimiento, se constata la existencia de tres paneles con cuatro extractores de aire cada uno, estando en funcionamiento solo un ventilador por panel. El administrador les indicó que los mismos funcionan con horarios definidos, a saber de 7:00 a 9:00 horas, de las 12:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 18:30 horas, ya que en esos momentos hay mayor tránsito vehicular y por el consumo eléctrico que implican. Ante esta situación el señor Tsafrir impide al técnico realizar la medición hasta que estén funcionando los 12 ventiladores, por lo que se archivó y se cerró el caso. Por resolución No. 2010-269 la Sala declaró sin lugar el recurso de amparo en este sentido. Posteriormente en reunión con el señor Tsafrir, las autoridades sanitarias acordaron que este señor definiría la hora y fecha de su conveniencia, sin embargo no lo ha hecho.Según informe técnico ARSE-276-10 de 16 de agosto de 2010 personeros del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Escazú se apersonaron a realizar la inspección correspondiente, donde el administrador del oficentro les indicó que esos ventiladores se colocaron para la recirculación del aire que se concentra en los estacionamientos subterráneos y así evitar la acumulación del CO2 que emana de los vehículos. Manifiestan que no se pudo realizar la inspección desde la casa de habitación de la señora Virginia Sandí, ya que nadie dio razón de su ubicación, por lo que queda a la espera de esta información. Solicitan se declare sin lugar el recurso.
  16. 16Mediante copia de nota de 17 de agosto de 2010, recibida en la Secretaría de la Sala a las ocho horas veintinueve minutos del 24 de agosto de 2010 (folio 439), el señor Shon Tsafrir adjunta queja presentada ante el Área Rectora de Salud de Escazú, sobre el funcionamiento de los ventiladores industriales en el Condominio de Grupo Roble.
  17. 17Por resolución de esta Sala, de las siete horas cuarenta y dos minutos del 26 de agosto de 2010 (folio 441), se dispone la realización de una Inspección Ocular y una medición sónica en las viviendas de las señores Virginia Sandí y Olga Shutaleva, en la Urbanización Quintanar.
  18. 18A folio 455 consta el Acta de la Inspección Ocular realizada a las ocho horas cincuenta minutos del 26 de agosto de 2010.
  19. 19Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas veintidós minutos del 31 de agosto de 2010 (folio 473), María Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud, se refiere a la notificación de la resolución por la que se programó la inspección ocular.
  20. 20A las diez horas treinta y cinco minutos del 2 de setiembre de 2010 (folio 475), se aporta Informe de Medición de Ruido Ambiente elaborado por una empresa consultora, así como un informe de costos por daños en la casa de habitación del señor Shon Tsafrir.
  21. 21Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las nueve horas cincuenta y ocho minutos del 6 de setiembre de 2010 (folio 492), Marco Antonio Segura Seco, Alcalde Municipal de Escazú, manifiesta la imposibilidad de concurrir a la Inspección Ocular programada, por lo que sugiere se señale nueva fecha y hora para realizar la diligencia.
  22. 22Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas del 7 de setiembre de 2010 (folio 502), Álvaro Porras Vega, Director a.i. de Agua del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se refiere a la programación de la Inspección Ocular realizada, indicando que esta gestión es competencia de la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio.
  23. 23Mediante resolución de esta Sala, de las nueve horas diez minutos del 8 de setiembre de 2010 (folio 503), se solicita prueba para mejor resolver al Organismo de Investigación Judicial, respecto de las condiciones mecánicas de los extractores de aire y las distancias entre las edificaciones del Condominio Plaza Roble y el Condominio Los Olivos.
  24. 24Por resolución de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del 8 de setiembre de 2010 (folio 504), se dicta medida cautelar ordenando a la Municipalidad de Escazú suspender toda gestión tendente al proceso de notificación y demolición que pueda generarse respecto de las filiales del Condominio Los Olivos.
  25. 25Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas cincuenta y ocho minutos del 13 de setiembre de 2010 (folio 510), Jorge Arturo Ruiz Ramos, Jefe de Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial, solicita ampliación del plazo para rendir el informe solicitado como prueba para mejor resolver.
  26. 26Por documentación recibida en la Secretaría de la Sala a las nueve horas veinticinco minutos del 21 de setiembre de 2010 (folio 512), la Sección de Ingeniería Forense del Organismo Judicial, presenta el informe solicitado como prueba para mejor resolver. Refiere las condiciones y diferencias mecánicas, de dimensión y funcionamiento de los extractores de aire ubicados en el Condominio Plaza Roble, así como las distancias existentes entre los extractores de este Condominio y la parte trasera del Condominio Los Olivos.
  27. 27Mediante resolución de esta Sala, de las ocho horas cincuenta y dos minutos del 27 de octubre de 2010 (folio 518), se solicita prueba para mejor resolver a la Ministra de Salud y al Alcalde Municipal de Escazú.
  28. 28Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas diez minutos del 4 de noviembre de 2010 (folio 519), informa Marco Antonio Segura Seco, Alcalde Municipal de Escazú, quien señala que la distancia entre los ventiladores del Condominio Grupo Roble y el Condominio Los Olivos, es de nueve metros en un tramo, y de once metros en otro, pero asegura que esa distancia debería ser mayor porque las filiales del último condominio se encuentran construidas fuera de línea, al no respetar el área de antejardín, mientras el Oficentro sí se ajustó a lo autorizado.
  29. 29Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas once minutos del 8 de noviembre de 2010 (folio 549), informa María Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud, quien remite copia de informe elaborado por la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur.
  30. 30En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Mora Mora; y,

Considerando

I. Hechos probados. Como hechos de relevancia para resolver este asunto se tiene por probado que

1- El 31 de enero de 2007 la recurrente solicitó por escrito al Alcalde Municipal recurrido que se enviara un inspector para determinar el uso que se estaba dando a una calle que comunicaba a su residencial con la rotonda y el ingreso de Multiplaza, también le solicitó que se le informara cuál categoría es la que tiene la calle El Barro y lo proyectado a futuro con la misma, ya que no contaba con las condiciones mínimas de mantenimiento ni de recolección de aguas de lluvia (folio 28).

2- El 29 de mayo de 2007 los amparados reiteraron ante el Municipio recurrido su denuncia por problemas con la calle El Barro. (folio 12) 3- El 12 de junio de 2007 por oficio JDU EXT-07-07 la Municipalidad de Escazú le otorgó permiso a Grupo El Roble para poner una pluma en el portón colocado entre la Urbanización Quintanar y la calle privada al norte del Oficentro Plaza Roble, la posibilidad de instalar un rótulo que indique propiedad privada y cerrar en la noche, así como el tránsito de maquinaria pesada (6 vehículos pesados por semana) por la ruta que inicia en Plaza Mundo y que comunica con la Ruta Nacional de Guachipelín. (folio 62) 4- Por oficio CTPRE/051-07 del 18 de junio de 2007, la Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú le contestó a la recurrente, en cuanto a la calle El Barro, que debía detallar mejor la ubicación de dicha calle para poder contestar sus inquietudes.

(folio 71) 5- El 19 de junio de 2009 la recurrente remitió a la autoridad recurrida una nota señalando la ubicación de la calle El Barro. (folio 72) 6- El 5 de julio de 2009 la recurrente como representante de la urbanización Quintanar reiteró sus alegatos y la falta de respuesta por parte del Municipio recurrido. (folio 74) 7- El 24 de abril de 2008 por oficio CTPR-INT-95-08 la Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú le contestó a la recurrente, en cuanto a la calle El Barro, que en el mapa oficial de vialidad del Plan Regulador no se hace referencia a nombre de calles, por lo que estaba imposibilitado para referirse al respecto, por lo que debía presentar algún plano catastrado. (folio 78) 8- El 31 de marzo de 2009 la recurrente en representación de la urbanización Quintanar acusó ante la Municipalidad recurrida que se había asfaltado la calle El Barro elevando la misma dos metros y pegando con su pared, sin desagüe o drenaje alguno, lo cual significaba un riesgo de inundación, así como problemas con la maquinaria que pasaba por quebraduras en el repello y caída de piedras en la tapia.

(folio 84) 9- Por oficio PDT-376-09-EXTERNO del 20 de abril de 2009 el Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad de Escazú le contestó a la amparada que la calle El Barro es una vía existente ya consolidada que mantiene el nivel topográfico de los predios colindantes de dicha vía, que se enviaría a un inspector al sitio, que el permiso de construcción obedeció a realizar mejoras a media vía del condominio y que fue buena voluntad del interesado asfaltar la vía completa, exceptuando las aceras de los predios colindantes al oeste, por ser responsabilidad de cada propietario, que de por sí la infraestructura es conforme para la conducción de las aguas pluviales que escurren por los terrenos sin construir, ya que en las fincas donde existen edificios se consolidó el sistema de bombeo de aguas pluviales que desfoga hacia Calle Matapalo, por lo que el agua que sea captada en dicho canal es la misma o menor que la que anteriormente se conducía.

(folio 85) 10- Una vez inspeccionada la calle El Barro por la Municipalidad recurrida se determinó que es una vía pública de administración cantonal, que colinda al este con la Urbanización Quintanar y al oeste con varias propiedades que tienen además frente a otra calle denominada Matapalo. (folio 154) 11- Las mejoras a las superficies de ruedo (asfalto) de la calle El Barro se realizaron en el extremo norte de la vía, aproximadamente a 270 metros de longitud, como parte de las mejoras a media vía que deben construir los desarrolladores de proyectos de condominio, en este caso el proyecto de Condominio del Grupo El Roble, el Proyecto Meridiano en su frente a la Calle El Barro no ha realizado hasta la fecha mejoras en la vía. (folios 154 y 155) 12- Actualmente está pendiente la construcción de aceras en el costado oeste de la calle El Barro. (folio 155) 13- La Municipalidad recurrida ni terceros están realizando ningún tipo de trabajo que limite el acceso a las propiedades que tienen frente a la calle El Barro.

(folio 155) 14- Las aguas pluviales superficiales sobre el terreno sin construir actualmente están siendo canalizadas por medio de un canal abierto, ubicado en el medio de la calle, de manera que no permite desbordamiento sobre las propiedades privadas. (folio 156) 15- Las aguas pluviales de los proyectos Torre Meridiano y Condominio Grupo El Roble, ambos con frente a la Calle Matapalo, canalizan sus aguas pluviales al sistema de alcantarillado pluvial que tiene dicha vía pública. (folio 156) 16- El 20 de mayo de 2009 la Municipalidad recurrida notificó a Grupo El Roble que debía eliminar la bodega y el parqueo que construyeron de manera temporal en los terrenos de la urbanización Quintanar. (folio 169) 17- El 18 de junio de 2009 el Coordinador del Proceso de Desarrollo Territorial de la Municipalidad recurrida le comunicó a la Ing. Sandra Blanco Directora MIDT por oficio PDTJ-INT-53-09 que la vía entre la rotonda de Multiplaza y la calle el Barro al oeste del Oficentro Plaza Roble tiene carácter privado dado que está bajo el régimen de propiedad horizontal, sin embargo en diferentes ocasiones el portón que da acceso hacia la calle El Barro lo han mantenido abierto durante largos períodos y otros cerrado, por lo que en virtud de las últimas quejas se ordenó abrir y quitar el rótulo de prohibido el paso que la Municipalidad le había solicitado a Grupo Roble, se trata de una vía que de hecho es transitada públicamente, pero que de derecho es privada y del Grupo Roble.

(folio 205) 18- En las jurisdicciones de Escazú y Santa Ana existe una naciente ubicada en el sector de la Urbanización Quintanar, que no es captada ni utilizada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el abastecimiento poblacional. (folio 248) 19- Según inspección realizada por el ICAA en el mes de noviembre de 2009 se determinó que existe una tubería que discurre en sentido noroeste-sureste desde la autopista Próspero Fernández, intersectando la urbanización Quintanar al noroeste de la misma, atravesando el bloque de lotes Nos. 24, 25 y 26 y, no verificado, quizás el No. 23, que son colindantes al sur del hotel Real Intercontinental, igualmente el lote No. 22. La tubería mantiene su trazado en el sentido indicado hasta llegar a la calle de acceso restringido del complejo de oficinas del grupo Roble, propietario del centro comercial Multiplaza. A partir de esa calle, que es compartida con el parqueo del Hotel, el trazado adopta sentido oeste-este (en dirección del flujo de agua) hasta la rotonda de la calle intermedia del hotel y el centro comercial indicados, y de ahí adopta dirección sur.

(folio 249) 20- En los lotes baldíos 25 y 26 de la Urbanización Quintanar no existe demarcación, tipo mojones u otra cosa que identifique la existencia de la servidumbre de la tubería que transporta agua desde la estación de bombeo de Puente Mulas, en el resto de lotes hay residencias habitadas que presumiblemente se levantaron encima de la servidumbre de la tubería y en donde tampoco hay mojones, ni señalización que identifique la tubería. En el caso de la calle común del parqueo del Hotel Real Intercontinental y las oficinas del grupo Roble, dentro de una jardinera se encuentra una válvula de aire, que permite identificar la tubería, relativamente concordante con el indicado en planos. Esta válvula se ubica a unos cuantos metros al este del vértice en donde la tubería modifica su alineamiento noroeste-sureste dentro la urbanización Quintanar por el sentido oeste-este fuera de ella. Otra jardinera hacia el oeste de ésta evidencia estar construida encima de la tubería.

(folios 248 y 249) 21- La servidumbre –al costado sur del Hotel Real Intercontinental- de la tubería no está señalizada, ni resguardada en sus dimensiones legales, es decir, no existe una franja inalienable que tenga a la tubería libre de construcciones u obras civiles a lo largo de la misma. (folio 250) 22- La cantidad y tipo de edificaciones residenciales y comerciales que se han levantado en Guachipelín de Escazú sobre la servidumbre de la tubería que transporta agua desde la estación de bombeo de Puente Mulas se convierten en barrera física que impide hoy y en el futuro, su adecuado y oportuno mantenimiento y conservación; y en estas circunstancias la tubería puede representar una amenaza potencial contra tales inmuebles y sus ocupantes. (folio 250) 23- En la Urbanización Quintanar se ubica un afloramiento difuso de agua que tiene su origen en las aguas sub-superficiales provenientes de las propiedades en el previo superior, es decir, costado este de la misma, además presenta problemas con el nivel freático, por lo que la única salida de esta agua sería el sector oeste donde se presenta el afloramiento, toda vez que en los costados norte y sur se encuentran construcciones que obstruyen el flujo sub-superficial.

(folio 260) 24- Existe un afluente de la quebrada Yeguas a 50 metros sur de la Urbanización Quintanar, que sería el cauce por donde discurrirían naturalmente las aguas de dicho sector si no hubieran construcciones aledañas. (folio 260) 25- El 17 de noviembre de 2009 SENARA realizó una inspección en el sector objeto del amparo y concluyó que el relieve de la zona es algo irregular con pendientes entre un 5% y un 8% y está dentro del área de la vertiente de la margen derecha de una quebrada sin nombre, que transcurre con dirección sureste-noroeste y que descarga en la quebrada Yeguas; también determinó que las aguas de escorrentía superficial de ese sector tienen una dirección noreste-suroeste y las mismas son interceptadas con un canal de guardia artificial (zanja de tierra sin revestimiento alguno) orientado casi perpendicularmente a la dirección antes mencionada. (folios 268 y 269) 26- El canal de guardia artificial que intercepta las aguas de escorrentía superficial en el área objeto de amparo se ubica en gran parte y a lo largo de la calle El Barro que colinda al noreste con la Urbanización Quintanar, tiene una profundidad variable, para un promedio de unos 0.3 metros, no obstante, es insuficiente para evitar la presencia de aguas en el lote baldío con frente en calle pública asfaltada, orientada casi paralelamente a la calle El Barro.

(folio 269) 27- La presencia de aguas en el sitio en cuestión se debe a agua de lluvia que cae directamente en el lote baldío, aunada a agua de escorrentía superficial (y en parte subsuperficial que se manifiesta por gradiente topográfico) que baja por la vertiente natural hacia la quebrada sin nombre y que no es interceptada eficientemente por el canal de guardia acumulándose en los bajorrelieves del lote, formándose una especie de laguneta o charco grande o zuampo, con un piso arcilloso que retarda la infiltración del agua principalmente en invierno. (folio 269) 28- En la zona en cuestión no hay un manantial, sino una acumulación de aguas de escorrentía superficial (con algún comprobante de aguas sub-superficiales), pero no de aguas subterráneas, por lo que no amerita protección legal especial. (folio 269) 29- Según informe técnico URS-RCS-2340-2009 del 13 de noviembre de 2009 emitido por la Dirección Regional Central Sur de Salud no pudieron efectuar la medición sónica ordenada por la Sala como prueba para mejor resolver porque no fue posible localizar, ni coordinar con los denunciantes. (folio 55 del expediente administrativo adjunto)

  1. 30El 2 de febrero de 2010 por oficio URS-RCS-177-2010 suscrito por la Dirección Regional Central Sur de Salud se indica que las conclusiones de las 4 visitas realizadas al lugar de los hechos para llevar a cabo la medición sónica tuvieron los siguientes resultados: a-el 23 de enero de 2010 a las 23:00 horas no fue posible contactar a los denunciantes a pesar de los múltiples intentos, b-el 29 de enero de 2010 a las 21:00 horas las partes denunciantes no autorizaron que se realizara la medición sónica porque no se estaba generando ruido, motivo por el cual se coordinó una nueva fonometría para el 1 de febrero, c-el 1 de febrero de 2010 a las 10:00 horas al hacer la inspección no se estaba produciendo ruido y se reprogramó para ese mismo día a las 12:00, d) el 1 de febrero de 2010 a las 12:00 horas y estando en funcionamiento los ventiladores el cónyuge de la señora Olga Shutaleva se opuso a la realización de la medición sónica, con el argumento de que únicamente estaban funcionando 3 ventiladores, cuando lo usual es que funcionen 12. (folio 40 del expediente administrativo adjunto)
  2. 31Según informe técnico ARSE-276-10 de 16 de agosto de 2010 personeros del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Escazú se apersonaron a realizar la medición sónica ordenada por este Tribunal, sin embargo no se realizó por estar apagados en ese momento los ventiladores y el administrador del oficentro les indicó que éstos se colocaron para la recirculación del aire que se concentra en los estacionamientos subterráneos y así evitar la acumulación del CO2 que emana de los vehículos, que además funcionan con horarios definidos, a saber de 7:00 a 9:00 horas, de las 12:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 18:30 horas, ya que en esos momentos hay mayor tránsito vehicular y que se encienden de los 12 un máximo de 5 ventiladores. (folio 8 del expediente administrativo adjunto)
  3. 32El Ministerio de Salud no pudo realizar la medición sónica desde la casa de habitación de la señora Virginia Sandí, ya que nadie dio razón de su ubicación. (folio 417)
  4. 33En la Inspección Ocular realizada en la propiedad del amparado y del Condominio de Grupo de Roble el 26 de agosto de 2010 (folio 455).
  5. 34El Dictamen de Análisis Criminalístico de la Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial, número 1173-ING-2010, de 20 de setiembre de 2010, acredita las diferencias de tamaño, amperaje, caballaje y velocidad de los ventiladores instalados en los sótanos del Condominio de Grupo Roble, así como las distancias entre estos ventiladores y el centro de la calle y la línea de construcción del Condominio Los Olivos (folio 512).
  6. 35Mediante Informe de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, del Ministerio de Salud, número URS-RCS-2387-10, de 4 de noviembre de 2010, se acredita que la normativa de salud vigente no establece estándares para regular el uso de artefactos en sistemas de ventilación y extracción de gases (folios 550 y 551).

II.Objeto del amparo. La recurrente acusa que con las obras realizadas por el Grupo Roble Internacional de Costa Rica y el Grupo Meridiano de Centroamérica sobre la calle el Barro que colinda con la Urbanización Quintanar, subieron el nivel del piso, al haber rellenado la misma con asfalto, sin tomar las previsiones necesarias para el desfogue de aguas, ya que cuenta con acera solo de un lado y el otro sector afecta sus paredes por el agua que discurre, asimismo se limita el acceso por esa calle a las viviendas que tienen frente a ella. Señala que ha solicitado permisos de construcción, planos, permisos para elevación y movimientos de tierra, sin que se le haya dado respuesta alguna. Refiere que la servidumbre del tubo madre de Puente Mulas no está delimitada, por lo que le preocupa lo que pasaría ante un eventual rompimiento de la misma. Indica que lotes de la urbanización que son de uso residencial están siendo utilizados como bodega y parqueo comerciales, sin que la Municipalidad lo fiscalice, y tampoco ha procedido a incluir a la Urbanización Quintanar en el Plan Regulador como zona residencial ni a incluir la variable ambiental.

III.Sobre la protección ambiental. Este Tribunal en reiteradas ocasiones ha señalado que el derecho a un ambiente sano contenido en el artículo 50 de la Constitución Política tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del medio en el cual habita. De ahí que se afirme que se trata de un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento jurídico, modelando y reinterpretando sus institutos. Por ello, nuestra Constitución establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho, es decir, asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho y poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros. En consecuencia, el Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales (ver sentencia Nº 2002-10340)

IV.Sobre las competencias municipales. De conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, mediante adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, modernos sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; eficientes servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; y en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población.

Así, la Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968), con fundamento en el ordinal 169 de la Constitución Política les impuso el deber de promulgar un plan regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los reglamentos de desarrollo urbano conexos (artículos 15 y siguientes). Dentro de ese plan regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.), las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Esto porque en aplicación de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política), a la vida y la salud humanas (artículo 21 ibídem) y en aras de un desarrollo sostenible los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales y nacientes están especialmente llamados y obligados a regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos, puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón, sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supralocal o nacional.

Los habitantes de esas localidades, por su parte, deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas, puesto que, es en beneficio de ellos y de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que discurren por el manto acuífero y que afloran o descargan en otros cantones y, desde luego, de las futuras generaciones (sentencia No. 2004-1923). Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como conceptos jurídicos indeterminados donde la ley no resuelve con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido. La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de ambientales a sus vecinos, por ejemplo, está dentro de los términos indicados por la Constitución Política, como un asunto de interés del cantón y sin duda alguna es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar.

En este mismo sentido la Ley General de Salud en su artículo 285 establece que las aguas pluviales deben ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza y calidad (sentencia No. 2004-1840). Por tal motivo, las Municipalidades están obligadas a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a las comunidades, de un sistema eficiente de drenaje de las aguas servidas y pluviales, lo que implica que la Municipalidad debe construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente esas aguas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros.

V- Sobre los alegatos de la recurrente. Tratándose de diversos argumentos, se procederán a resolver en forma separada, como de seguido se indicará:

  • a)Sobre la Calle El Barro. Sobre este aspecto alega la recurrente que con las obras realizadas por el Grupo Roble Internacional de Costa Rica y el Grupo Meridiano de Centroamérica sobre la calle el Barro que colinda con la Urbanización Quintanar, en la cual habitan los amparados, se subió el nivel del piso al haber rellenado la misma con asfalto, sin tomar las previsiones necesarias para el desfogue de aguas, ya que cuenta con acera solo de un lado y el otro sector afecta sus paredes por el agua que discurre. Asimismo acusa que se limita el acceso por esa calle a las viviendas que tienen frente a ella. Sobre este tema en particular, la autoridad recurrida sostiene en el informe rendido bajo la fe de juramento, que la calle El Barro es una vía pública de administración cantonal, que colinda al este con la Urbanización Quintanar y al oeste con varias propiedades que tienen además frente a otra calle denominada Matapalo.

Acepta que efectivamente fueron realizadas mejoras a las superficies de ruedo (asfalto) de esta calle en el extremo norte de la vía, aproximadamente a 270 metros de longitud, como parte de las mejoras a media vía que deben construir los desarrolladores de proyectos de condominio, en este caso el proyecto de Condominio del Grupo Roble, aunque el Proyecto Meridiano en su frente a la Calle El Barro no ha realizado hasta la fecha las mejoras correspondientes. Informa que no es cierto que se subiera el nivel del piso de la calle y que por estar el proyecto bajo la figura de condominio, corresponde al desarrollador proceder a su costa con las mejoras a media vía de carácter obligatorio, obras que como en este caso, más bien el interesado Grupo Roble, procedió de buena voluntad con la construcción del derecho de vía completo, exceptuando las aceras de los predios colindantes al oeste con ésta, las cuales son responsabilidad única de cada propietario, sin embargo sí está pendiente la construcción de aceras en el costado oeste de esta vía, por lo que estará notificando de manera inmediata a los vecinos su obligación de construir las aceras y en caso de incumplimiento procedería con su construcción y su correspondiente cobro.

Respecto a los daños y perjuicios acusados, indica que éstos se hubiesen evitado desde un principio, pero debido a la omisión por parte de los propietarios de no construir la acera es que se presenta esta situación, por lo que no existe relación causa y efecto debido a la compactación del material de la capa asfáltica colocada en esa ruta. Señala el informe que no es cierto lo dicho por la recurrente, ya que según el video y fotos aportadas, se puede observar que no existe impedimento de acceso por nivel de la calle a las propiedades ubicas en la colindancia de dicha calle. No se está realizando ningún tipo de trabajo por parte de la Municipalidad, ni de terceros que haga presumir que se limite el acceso a las propiedades que tienen frente a la calle El Barro, y que toda obra que se realice mantendrá el nivel actual del terreno. No obstante, a pesar de lo señalado en el informe por la Municipalidad, en oficio del 18 de junio de 2009 el Coordinador del Proceso de Desarrollo Territorial de la Municipalidad recurrida le comunicó a la Ing. Sandra Blanco Directora MIDT por oficio PDTJ-INT-53-09, que la vía entre la rotonda de Multiplaza y la calle el Barro al oeste del Oficentro Plaza Roble tiene carácter privado dado que está bajo el régimen de propiedad horizontal, sin embargo en diferentes ocasiones el portón que da acceso hacia la calle El Barro lo han mantenido abierto durante largos períodos y otros cerrado, por lo que en virtud de las últimas quejas se ordenó abrir y quitar el rótulo de prohibido el paso que la Municipalidad le había solicitado a Grupo Roble, que se trata de una vía que de hecho es transitada públicamente, pero que de derecho es privada y del Grupo Roble (folio 205).

Así las cosas y frente a la existencia de prueba contradictoria en este expediente y tratándose el amparo de una vía sumaria, no es posible dilucidar en esta jurisdicción cuál es la verdadera naturaleza de esta calle en cada límite exacto y por dónde debería o no permitirse el acceso a esa vía, lo cual deberá ser discutido, si a bien lo tienen las partes, en la vía de legalidad correspondiente. Ahora bien, independientemente de la naturaleza de la calle, lo cierto es que se llevaron a cabo obras de asfalto en esta vía sin que conste en resolución alguna del Municipio recurrido en autos, las exigencias técnicas para llevar a cabo la misma y sin prever las acciones coordinadas con los demás desarrolladores vecinos, sin los cuales la obra quedaría inconclusa y con ello se produjo el problema actual, que es que no cuenta con cunetas, sistema de alcantarillado y que efectivamente al ser asfaltado afecta su altura (ver foto a folio 133 del expediente) y la escorrentía de las aguas, pues éstas ya no serán absorbidas por la tierra que existía previamente, ya que el asfalto las hará discurrir sin control.

Con respecto al tema, la autoridad recurrida en su informe señala que las aguas de escorrentía de lluvias (aguas pluviales superficiales sobre el terreno sin construir) actualmente están siendo canalizadas por medio de un canal abierto, ubicado en el medio de la calle, de manera que no permite desbordamiento sobre las propiedades privadas. Indicó que la municipalidad no ha sido omisa en la canalización de las aguas pluviales de proyectos nuevos en el sector (proyectos fuera de la Urbanización Quintanar) pues todos los permisos de construcción han sido aprobados y verificada la construcción de las obras mediante la recepción de obras que demuestran que las canalizaciones de aguas pluviales se han realizado mediante sistemas de alcantarillado pluvial fuera de la Urbanización Quintanar, aquellos proyectos aprobados y ejecutados en la Urbanización Quintanar sí descargan sus aguas al sistema de dicha urbanización, ya que los diseños originales de la urbanización así lo contemplaron.

Sin embargo, de conformidad con la inspección realizada por SENARA el 17 de noviembre de 2009, en atención a este amparo, se logró determinar que en el sector en discusión, que el relieve de la zona es algo irregular con pendientes entre un 5% y un 8% y está dentro del área de la vertiente de la margen derecha de una quebrada sin nombre, que transcurre con dirección sureste-noroeste y que descarga en la quebrada Yeguas; también determinó que las aguas de escorrentía superficial de ese sector tienen una dirección noreste-suroeste y las mismas son interceptadas con un canal de guardia artificial (zanja de tierra sin revestimiento alguno) orientado casi perpendicularmente a la dirección antes mencionada (folios 268 y 269). Asimismo concluyó que el canal de guardia artificial que intercepta las aguas de escorrentía superficial en el área objeto de amparo se ubica en gran parte y a lo largo de la calle El Barro que colinda al noreste con la Urbanización Quintanar, el cual tiene una profundidad variable, para un promedio de unos 0.3 metros, no obstante, es insuficiente para evitar la presencia de aguas en el lote baldío con frente en calle pública asfaltada, orientada casi paralelamente a la calle El Barro (folio 269).

De manera que, la presencia de aguas en el sitio en cuestión se debe al agua de lluvia que cae directamente en el lote baldío, aunada al agua de escorrentía superficial (y en parte subsuperficial que se manifiesta por gradiente topográfico) que baja por la vertiente natural hacia la quebrada sin nombre y que no es interceptada eficientemente por el canal de guardia acumulándose en los bajorrelieves del lote, formándose una especie de laguneta o charco grande, con un piso arcilloso que retarda la infiltración del agua principalmente en invierno (folio 269), lo cual es conteste con la foto aportada a folio 82, sobretodo en la estación de invierno. Aunado a lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la Municipalidad al señalar que la responsabilidad también es de los recurrentes por no haber realizado la acera que les corresponde, toda vez que consta en varios escritos desde el año 2007 que los amparados solicitaron la información completa sobre esta calle y denunciaron los riesgos y problemas que se avecinarían e incrementaría con la llegada del invierno; sin embargo, en la mayoría de los escritos de respuesta, la autoridad recurrida manifestaba desconocer la ubicación de esa calle aunque concomitantemente autorizaba a la empresa El Roble a utilizarla para el traslado de maquinaria pesada.

Veamos, del expediente se tiene escrito presentando el 31 de enero de 2007 por la recurrente en la que solicitó al Alcalde Municipal recurrido que se enviara un inspector para que determinara el uso que se estaba dando a una calle que comunicaba a su residencial con la rotonda y el ingreso de Multiplaza, también le solicitó que se le informara cuál categoría es la que tiene la calle El Barro y lo proyectado a futuro con la misma, ya que no contaba con las condiciones mínimas de mantenimiento, ni de recolección de aguas de lluvia (folio 28). El 29 de mayo de 2007 los amparados reiteraron ante el Municipio recurrido su denuncia por problemas con la calle El Barro (folio 12). El 12 de junio de 2007 por oficio JDU EXT-07-07 la Municipalidad de Escazú le otorgó permiso a Grupo El Roble para poner una pluma en el portón colocado entre la Urbanización Quintanar y la calle privada al norte del Oficentro Plaza Roble, la posibilidad de instalar un rótulo que indique propiedad privada y cerrar en la noche, así como el tránsito de maquinaria pesada (6 vehículos pesados por semana) por la ruta que inicia en Plaza Mundo y que comunica con la Ruta Nacional de Guachipelín (folio 62).

Por oficio CTPRE/051-07 del 18 de junio de 2007, la Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú le contestó a la recurrente, en cuanto a la calle El Barro, que debía detallar mejor la ubicación de dicha calle para poder contestar sus inquietudes (folio 71). El 19 de junio de 2009 la recurrente remitió a la autoridad recurrida una nota señalando la ubicación de la calle El Barro (folio 72). El 5 de julio de 2009 la recurrente, como representante de la urbanización Quintanar, reiteró sus alegatos y la falta de respuesta por parte del Municipio recurrido (folio 74). El 24 de abril de 2008 por oficio CTPR-INT-95-08 la Oficina del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú le contestó a la recurrente, en cuanto a la calle El Barro, que en el mapa oficial de vialidad del Plan Regulador no se hace referencia a nombre de calles, por lo que estaba imposibilitado para referirse al respecto, por lo que debía presentar algún plano catastrado (folio 78).

El 31 de marzo de 2009 la recurrente en representación de la urbanización Quintanar acusó ante la Municipalidad recurrida que se había asfaltado la calle El Barro elevando la misma dos metros y pegando con su pared, sin desagüe o drenaje alguno, lo cual significaba un riesgo de inundación, así como problemas con la maquinaria que pasaba por quebraduras en el repello y caída de piedras en la tapia (folio 84). Por oficio PDT-376-09-EXTERNO del 20 de abril de 2009 el Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad de Escazú le contestó a la amparada que la calle El Barro es una vía existente ya consolidada que mantiene el nivel topográfico de los predios colindantes de dicha vía, que se enviaría a un inspector al sitio, que el permiso de construcción obedeció a realizar mejoras a media vía del condominio y que fue buena voluntad del interesado asfaltar la vía completa, exceptuando las aceras de los predios colindantes al oeste, por ser responsabilidad de cada propietario, que de por sí la infraestructura es conforme para la conducción de las aguas pluviales que escurren por los terrenos sin construir, ya que en las fincas donde existen edificios se consolidó el sistema de bombeo de aguas pluviales que desfoga hacia Calle Matapalo, por lo que el agua que sea captada en dicho canal es la misma o menor que la que anteriormente se conducía (folio 85).

De lo anteriormente expuesto se tiene que no fue negligencia de los recurrentes el no haber procedido a realizar la acera, si en las ocasiones en que intentaron obtener la información se les indicaba que no podían dárselas, como si desconocieran la misma. En todo caso, si la Municipalidad constató que la acera no había sido realizada por el desarrollador del Condominio, como bien lo indica en su informe debió proceder a su realización y luego cobrar el costo de la misma, sin embargo es inaceptable para este Tribunal que un Gobierno Municipal llamado constitucionalmente a atender los problemas de su localidad, haya hecho caso omiso de las denuncias que se le han realizado en todos estos años, avocándose únicamente a contestar por escrito sin verificar y ejecutar las obras correspondientes, a fin de resolver los problemas que hay con el drenaje de estas aguas. Lo cierto es que aunque se indique que fue de buena fe por parte del desarrollador que se asfaltó esta calle, la Municipalidad tenía que garantizar los requisitos mínimos con los que debe contar a fin de evitar consecuencias futuras.

La existencia de lagunetas o zuampos como indica SENARA en su informe que se forman en el lote baldío adjunto a Quintanar, sin duda alguna implica un riesgo por contaminación, inundaciones y por una eventual crisis de plagas, lo que pone en riesgo el derecho a un ambiente sano y equilibrado, así como el derecho a la salud de los habitantes. En razón de lo anterior, sin entrar a determinar si la calle El Barro se trata de una vía pública o privada, su ubicación exacta y límites -por tratarse de un asunto de mera legalidad-, lo cierto es que con pleno conocimiento de las autoridades municipales se realizaron obras de asfalto en dicha calle, que no contemplaron otras directrices técnicas, que han provocado el discurrimiento de aguas superficiales en detrimento de los vecinos de la Urbanización Quintanar y que a pesar de haberse denunciado así desde hace años, la recurrida no ha tomado previsión ni ha ejecutado acción alguna que conlleve a su solución, lo que ha lesionado los artículos 21, 41 y 50 de la Constitución Política, por lo que el amparo debe estimarse en cuanto a este aspecto.

  • b)Sobre la ubicación de la servidumbre del Tubo Madre de Puente Mulas y la existencia de una naciente. La recurrente acusó que el Municipio recurrido ha permitido grandes construcciones sin delimitar y verificar que en caso de rompimiento de un tubo de esta naturaleza, pueda ser reparado eventualmente y con ello se ponga en riesgo su vida y posesiones, así como de la naciente que pasa por sus predios. Sobre este particular la Municipalidad recurrida informó que existe un estudio de hidrología del sector, el cual determina que las aguas pluviales de proyectos nuevos a desarrollar en la zona se deben canalizar hasta la Quebrada Yeguas en la ruta nacional No. 310, que en la calle en cuestión no se ubicó ningún tubo de desagüe durante la inspección y que no existe registro en el mapa oficial de nacientes de MINAET, ni en sus documentos se acredita la existencia de una naciente en la zona. Con relación a este tema, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informó que del análisis y estudio realizado en las jurisdicciones de Escazú y Santa Ana, reconoce la existencia de una naciente ubicada en el sector de la Urbanización Quintanar, pero indica que no es captada ni utilizada por este Instituto para el abastecimiento poblacional.

Asimismo indica que según inspección realizada se determinó que existe una tubería que discurre en sentido noroeste-sureste desde la autopista Próspero Fernández, intersectando la urbanización Quintanar al noroeste de la misma, atravesando el bloque de lotes Nos. 24, 25 y 26 y, no verificado, quizás el No. 23, que son colindantes al sur del Hotel Real Intercontinental. Igualmente el lote No. 22. Señala que la tubería mantiene su trazado en el sentido indicado hasta llegar a la calle de acceso restringido del complejo de oficinas del Grupo Roble, propietario del centro comercial Multiplaza. A partir de esa calle, que es compartida con el parqueo del Hotel, el trazado adopta sentido oeste-este (en dirección del flujo de agua) hasta la rotonda de la calle intermedia del hotel y el centro comercial indicados, y de ahí adopta dirección sur. Refiere que en ninguno de los lotes baldíos 25 y 26 se pudo verificar la existencia de la demarcación, tipo mojones o cosa por el estilo, que identifique la existencia de la tubería.

En el resto de lotes hay residencias habitadas que presumiblemente se levantaron encima de la servidumbre de la tubería y en donde tampoco hay mojones, ni señalización que identifique la tubería. En el caso de la calle común del parqueo del Hotel Real Intercontinental y las oficinas del Grupo Roble, dentro de una jardinera se encuentra una válvula de aire, que permite identificar la tubería, relativamente concordante con el indicado en planos. Esta válvula se ubica a unos cuantos metros al este del vértice en donde la tubería modifica su alineamiento noroeste-sureste dentro la urbanización Quintanar por el sentido oeste-este fuera de ella. Otra jardinera hacia el oeste de ésta evidencia estar construida encima de la tubería. Concluye que de los aspectos observados y verificados en campo se establece que la servidumbre –al costado sur del Hotel Real Intercontinental- no está señalizada, ni resguardada en sus dimensiones legales, es decir, no existe una franja inalienable que tenga a la tubería libre de construcciones u obras civiles a lo largo de la misma, más bien afirma que la cantidad y tipo de edificaciones residenciales y comerciales que se han levantado encima de ella se convierten en barrera física que impide hoy y en el futuro su adecuado y oportuno mantenimiento y conservación; y que tales circunstancias la tubería puede representar una amenaza potencial contra tales inmuebles y sus ocupantes.

Por su parte, SENARA en el informe que se le solicitó rendir a este Tribunal concluye que en la zona en cuestión no estamos en presencia de un manantial, sino de una acumulación de aguas de escorrentía superficial (con algún comprobante de aguas sub-superficiales), pero no de aguas subterráneas, por lo anterior no amerita protección especial. En conclusión, no se demuestra que exista una afectación de la naciente a la cual hace alusión la recurrente, aunque los informes contradictorios del ICAA y de la Municipalidad recurrida hacen presumir a la Sala, que aún y cuando el cantón de Escazú cuenta con un Plan Regulador, no está bien determinada la hidrografía del lugar, toda vez que una institución niega y otra acepta la existencia de la naciente, así como tampoco se refiere a la ubicación de esta servidumbre, omisión que ha ocasionado que se hayan permitido irresponsablemente construcciones sobre esta tubería, sin delimitarla claramente lo que actualmente significa un riesgo para las personas en caso de que se produzca una eventual ruptura.

Esto sin duda alguna lesiona los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la vida, a la salud y a un desarrollo sostenible, ya que como se indicó anteriormente, los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales, nacientes o fuentes de agua para uso potable, están especialmente llamados y obligados a regular y normar, responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos, puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón, sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supralocal o nacional. Los habitantes de esas localidades, por su parte, deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas incluso como servidumbres, puesto que, es en beneficio de ellos y de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que por ahí discurren y de las futuras generaciones.

Por eso es que se ha insistido que dentro del Plan Regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identificar, a efecto de regular, controlar y restringir las actividades humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.), las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Lo señalado por la Municipalidad recurrida en este amparo al no contar con datos ciertos respecto a la existencia de una naciente y la omisión de asegurar la delimitación de la tubería en cuestión son aspectos que lesionan el principio precautorio que debe resguardarse en tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la salud y a la vida, ya que con esta omisión no se ha planificado adecuadamente el cantón, poniendo en riesgo a las personas que habiten o transiten por los lugares donde se ubica esta tubería madre, en un eventual rompimiento.

Por consiguiente procede estimar el presente recurso también en cuanto a este extremo y ordenar a la Municipalidad recurrida que proceda a coordinar con el ICAA, el Departamento de Aguas del MINAET y SENARA, la actualización o realización de un estudio hidrográfico de la zona, así como proceder a delimitar y demarcar claramente la servidumbre de paso de la tubería madre de Puente Mulas y a prever tal situación frente a futuras solicitudes de permisos de construcción.

  • c)Sobre el uso comercial dado a un lote residencial. La recurrente Indica que lotes de la urbanización que son de uso residencial están siendo utilizados como bodega y parqueo comerciales, sin que la Municipalidad lo fiscalice. Aún y cuando este Tribunal reconoce que este aspecto fue desestimado según resolución No. 2010-0269, en este amparo que resulta anterior al tramitado bajo expediente No. 09-9460-0007-CO, sobre este aspecto la autoridad recurrida aceptó lo acusado y aportó la notificación No. 2786 del 20 de mayo de 2009 en que la Municipalidad ordenaba a Grupo Roble que debía eliminar la bodega y el parqueo que construyeron de manera temporal en los terrenos de la urbanización Quintanar (folio 169), actuación que resultó, para efectos de este estudio, con posterioridad a la notificación del presente recurso (ver folio 149), lo que implica que sí deba estimarse el presente amparo, al menos para efectos indemnizatorios, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  • d)Sobre la acusada contaminación sónica. Por escrito posterior a la presentación de este recurso, la amparada amplió los alegatos del mismo indicando que, además, Grupo Roble producía contaminación sónica por la colocación de unos ventiladores que permanecían encendidos durante 24 horas, lo que lesionaba su derecho al descanso. En relación a lo acusado, este Tribunal ordenó al Ministerio de Salud que procediera a realizar una medición sónica en el lugar de los hechos; sin embargo ésta no se logró llevar a cabo porque según informe técnico URS-RCS-2340-2009 del 13 de noviembre de 2009, emitido por la Dirección Regional Central Sur de Salud, no fue posible localizar ni coordinar con los denunciantes. Motivo de lo anterior, la autoridad recurrida realizó 4 inspecciones más, las cuales según oficio URS-RCS-177-2010 del 2 de febrero de 2010 suscrito por la Dirección Regional Central Sur de Salud tuvieron los siguientes resultados: a- que el 23 de enero de 2010 a las 23:00 horas no fue posible contactar a los denunciantes a pesar de los múltiples intentos, b-que el 29 de enero de 2010 a las 21:00 horas las partes denunciantes no autorizaron que se realizara la medición sónica porque no se estaba generando ruido, motivo por el cual se coordinó una nueva fonometría para el 1 de febrero, c-que el 1 de febrero de 2010 a las 10:00 horas al hacer la inspección no se estaba produciendo ruido y se reprogramó para ese mismo día a las 12:00, d) que el 1 de febrero de 2010 a las 12:00 horas y estando en funcionamiento los ventiladores el cónyuge de la señora Olga Shutaleva se opuso a la realización de la medición sónica, con el argumento de que únicamente estaban funcionando 3 ventiladores, cuando lo usual es que funcionen 12.

Por orden de este Tribunal, el Ministerio de Salud y la Municipalidad recurrida se apersonaron el 16 de agosto de 2010 a la casa de habitación de la señora Shutaleva, sin embargo según informe técnico ARSE-276-10 de 16 de agosto de 2010 la medición sónica no se realizó por estar apagados en ese momento los ventiladores, agregaron además que el administrador del Oficentro en cuestión, les indicó que éstos se colocaron para la recirculación del aire que se concentra en los estacionamientos subterráneos y así evitar la acumulación del CO2 que emana de los vehículos, que además funcionan con horarios definidos, a saber de 7:00 a 9:00 horas, de las 12:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 18:30 horas, ya que en esos momentos hay mayor tránsito vehicular y que se encienden de los 12 un máximo de 5 ventiladores. Asimismo, el Ministerio de Salud informó a la Sala que no pudo realizar la medición sónica desde la casa de habitación de la señora Virginia Sandí, ya que nadie dio razón de su ubicación.

Por su parte, la Municipalidad recurrida admite que los ventiladores están ubicados a 6 metros de la casa de habitación de la señora Shutaleva, no obstante refiere que esto se debe a que dichas fincas filiales del condominio fueron construidas en el área de antejardín, por lo que ordenó al Proceso de Desarrollo Territorial por oficio AL-621-10 que se iniciaran los trámites de notificación y consecuente procesos de demolición sobre las fincas filiales que se encuentran en dicha situación. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha indicado que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien, a través de actos concretos por parte de la administración –ver sentencia número 1994-1763, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, reiterada, entre otras, por sentencia de esta Sala número 2008-3659, de las dieciséis horas cuarenta y cuatro minutos del siete de marzo de dos mil ocho-.

Sobre la contaminación sónica o acústica, mediante sentencia número 1994-709, de dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro –reiterada igualmente por sentencia 2008-3659-, la Sala definió que:

"[L]a presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en dicho ambiente características negativas para la vida humana, la salud o el bienestar del hombre, la flora o fauna, o produzcan en el habitat de los seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general, un deterioro importante. Contaminar es introducir sustancias o elementos extraños al ambiente en niveles y con una duración tales, que produzcan contaminación en el sentido expuesto. Contrariamente, descontaminar es reducir el nivel de concentración de los contaminantes que se encuentren presentes en el ambiente, a sus valores aceptables conforme a las normas específicas sobre calidad ambiental.

Ambiente libre de contaminación es, pues, la condición en que se encuentra el medio que nos rodea, cuando las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza en el entorno próximo o lejano, no sobrepasan los máximos permisibles fijados por aquellas normas."

III.En materia de contaminación acústica, si bien es cierto existen diferentes reglamentos que fijan límites máximos permitidos de exposición de ruido a que pueden ser sometidos quienes se encuentran en el interior de industrias u otros centros de trabajo, deben también tomarse en consideración otros aspectos tales como, por ejemplo, la ubicación donde se encuentran dichas empresas, ya sea en zonas calificadas estrictamente como industriales, o bien, zonas mixtas, comerciales, residenciales, así como el efecto que sus emisiones sonoras producen hacia el exterior, sea, en lo vecinos de dichos establecimientos. Es innegable que los ruidos molestos existen en algunos sectores, lo cual lógicamente perjudica notablemente a quienes, como la que recurre en esta vía, tienen derecho a vivir tranquilos, libres de contaminación acústica, de acuerdo a la garantía que reiteradamente ha sostenido esta Sala: el derecho que tiene todo ser humano a un medio ambiente sano, libre de contaminación, que no admite interrupciones, cual es el caso de aquéllas que imponen tener que soportar durante varias horas, días enteros e, incluso, en las noches, las contaminaciones que, como la auditiva, hemos sostenido como contraria al derecho a la salud, que es un derecho absoluto, ya que está basado en la dignidad del ser humano.

Si bien es cierto, el proceso productivo genera desechos y contaminaciones de diferente orden, es evidente que el hombre ha llegado, a través del desarrollo tecnológico, a someter y controlar su entorno y, en consecuencia, al imperativo de que debe existir un equilibrio entre el desarrollo económico de un país y el derecho de sus habitantes a tener un ambiente sano, libre de contaminación. Debe tenerse presente que el ejercicio del comercio, bajo cualquiera de sus modalidades, no puede ser tan ilimitado, que pueda perturbar el derecho de los habitantes al descanso reparador, a la paz y tranquilidad, o que implique un deterioro de la salud de los vecinos, como integrantes del derecho a la vida.”

En el caso bajo estudio, resultó imposible realizar una medición que acreditara la contaminación sónica aducida por la recurrente y el amparado, a pesar de los intentos efectuados, y que incluso se realizó una Inspección Ocular con participación de los técnicos del Ministerio de Salud. Por el contrario, la prueba allegada al expediente por gestión propia de esta Sala, demuestra que los ventiladores se sitúan a una distancia diferente a la inicialmente indicada por la Municipalidad de Escazú, que efectivamente tales ventiladores tienen dimensiones, amperajes y caballajes distintos, lo cual de manera evidente incide en el ruido que pudieren producir, y que técnicamente la legislación ordinaria carece de parámetros que determinen los estándares que permitan regular el uso de estos artefactos, por lo que mal haría la Sala intentando definir situaciones que técnicamente aún no han sido atendidas. En este sentido, al carecer de prueba que acredite la existencia de contaminación sónica, el recurso debe ser declarado sin lugar en cuanto a este extremo.

  • e)Sobre la variable ambiental del Plan Regulador de Escazú. En escrito posterior a la presentación de este amparo, la recurrente también objetó el Plan Regulador de este cantón, indicando que el mismo no incluyó la variable ambiental al momento de su aprobación y que no había incluido a la Urbanización Quintanar en el mismo. Respecto a este tema, esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto en la sentencia No. 2005-9765, en el siguiente sentido:

“IV.- En cuanto a la violación al artículo 50 de la Constitución Política. Se desprende también de los autos que el Plan Regulador de Escazú fue aprobado por el Concejo Municipal de Escazú en la sesión extraordinaria numero 59, efectuada el diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, Acuerdo AC-396-04, el cual se publicó el tres de febrero de dos mil cinco en el Diario Oficial La Gaceta y posteriormente se publicó una fe de erratas, que se comunicó por el mismo medio oficial el jueves diecisiete de marzo siguiente, en La Gaceta número 54. Argumenta la Municipalidad recurrida y así acredita en autos, que desde mayo de dos mil cuatro remitió el borrador del Plan Regulador a la SETENA conjuntamente con otros documentos, es decir, antes de que se encontrara vigente la obligación que se plasma en el Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que data del veintiocho de junio de dos mil cuatro; sin embargo, no se recibió respuesta alguna de la SETENA.

Fue así como, ante la omisión de esa Secretaría, la Municipalidad continuó con los trámites que desembocaron en la aprobación del Plan Regulador, el cual, según se afirma bajo fe de juramento con las consecuencias de ley, sí integra la variable de impacto ambiental aunque no pasó por el proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación, por el motivo antes indicado. La SETENA, por su parte informa que no ha llevado a cabo la evaluación del Plan Regulador del cantón de Escazú ni de ningún otro cantón, porque no se ha emitido el manual de procedimientos para llevar a cabo la evaluación ambiental estratégica. En ese contexto, estima la Sala que si bien es cierto no lleva razón la Municipalidad recurrida en punto a que el silencio de la SETENA pueda tenerse como superación del proceso de viabilidad ambiental, que exige el ordinal 67 del Reglamento sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, también lo es que se desprende de la prueba allegada al expediente que ese ente municipal ha hecho un gran esfuerzo por emitir la normativa necesaria tendiente al ordenamiento del desarrollo urbanístico del cantón de Escazú y que, al efecto, emitió el Plan Regulador que nos ocupa contando con la participación de la comunidad, como en Derecho corresponde, aparte de que durante la tramitación procuró una constante coordinación con la SETENA, al punto que no sólo le cursó invitación para que enviara su representación a la audiencia pública señalada para el quince de mayo de dos mil cuatro, sino que, además, le remitió la información solicitada en cuanto a las regulaciones de índole ambiental incluidas en el Plan Regulador, así como el documento propiamente dicho.

En ese sentido, se tiene por probado también que el Coordinador de Enlace Comisión de Trabajo Plan Regulador Escazú asistió a la audiencia convocada para el trece de octubre de dos mil cuatro, por parte de la Comisión Plenaria de la SETENA, en la que se trató el tema de la introducción de la variable ambiental en la Propuesta del Plan Regulador para el cantón de Escazú y, de igual forma, que mediante oficio CTPRE/86-04 del veinte de octubre de dos mil cuatro el señor Angel Barrantes R., Coordinador de Enlace Comisión de Trabajo Plan Regulador Escazú se dirigió a la Licda. Patricia Campos, Secretaria General SETENA, remitiéndole un diskett con la Propuesta del Proyecto del Plan Regulador de Escazú, así como dos "CDS" (sic) con los mapas de zonificación y usos de suelos, vialidad, amenazas potenciales y el de distritos, con el fin de cumplir con la solicitud hecha por la Comisión Plenaria en la audiencia efectuada el miércoles trece de octubre de dos mil cuatro.

En ese contexto, a juicio de este Tribunal Constitucional no se encuentra mérito para acoger este recurso en cuanto a la Municipalidad de Escazú, en lo que atañe a este extremo, no sólo porque la omisión que se constata obedece a razones ajenas a su voluntad sino también porque, como alega la autoridad recurrida, el Plan Regulador de ese cantón puede ser revisado a posteriori por la SETENA, como deberá hacer en el caso de todos los planes reguladores vigentes desde antes de la promulgación del Reglamento del veintiocho de junio de dos mil cuatro. Además, la anulación del Plan Regulador aprobado, según pretende la recurrente, de forma alguna representaría una mayor tutela al derecho fundamental consagrado en el artículo 50 constitucional, puesto que tal como alega el Alcalde recurrido "…el crecimiento urbano del cantón venía siendo muy apresurado y no existía una regulación uniforme adaptada a la realidad de este, lo que significa que el daño ambiental que se estaba provocando al cantón y a la comunidad escazuceña en general, era más grave sin la existencia del Plan que con su promulgación." Se tiene presente, asimismo, el contenido normativo de todo plan regulador en aspectos tan importantes como la construcción, vialidad, fraccionamiento y zonificación, en cuya regulación quedaría una laguna que, lejos de beneficiar a los pobladores del cantón de Escazú les podría acarrear perjuicios en caso de que se anulara el Plan Regulador recientemente publicado.

No obstante, como se ordena en la parte dispositiva de esta resolución, inmediatamente después de que la SETENA publique el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, debe la Municipalidad de Escazú someter el Plan Regulador objeto de este amparo al proceso de viabilidad ambiental, para que sin dilación alguna efectúe los ajustes que la SETENA determine.

Asimismo, en la sentencia No. 2007-15000, este Tribunal pudo constatar que actualmente dicho Plan Regulador cuenta con la viabilidad ambiental:

“VI.- Finalmente, constata la Sala que el Plan Regulador de Escazú fue recibido en SETENA el dieciocho de diciembre del dos mi seis, llevando incorporados los índices de fragilidad ambiental regulados en el Decreto Ejecutivo 32967-MINAE, del cuatro de mayo del dos mil seis. En la época recibido el Plan Regulador se encontraba en fase de análisis, con el fin de determinar si corresponde aprobar los índices de fragilidad ambiental aportados, otorgándole la viabilidad ambiental respectiva al Plan Regulador. Sin embargo, SETENA fue firme al aclarar a este Tribunal, que esta secretaría no cuenta con la competencia para determinar qué tipo de desarrollo se debe implementar en cada zona establecida en un plan regulador, por ejemplo, si es comercial o residencial, ni qué actividades se deben desarrollar en las mismas, por cuanto eso es competencia directa de cada municipio, de conformidad con lo que dispone el artículo 169 de la Constitución Política.

Corresponde a las municipalidades a través de su autonomía regular la planificación de su territorio, por lo que son éstas las que finalmente deciden sobre el desarrollo de sus cantones.” En virtud de tos antecedentes citados se tiene entonces que el Plan Regulador de Escazú actualmente cuenta con la viabilidad ambiental y que no le corresponde a este Tribunal determinar si la Municipalidad debe o no incluir una urbanización o una zona determinada en el Plan Regulador, por tratarse de un asunto propio de su autonomía municipal, sin perder de vista, claro está, que debe velar por los derechos fundamentales de los habitantes de su cantón. Así las cosas, sobre estos alegatos debe desestimarse el recurso.

VI.Sobre la gestión de demolición. Advierte la Sala que habiendo adquirido noción de que la parte trasera del Condominio Los Olivos fue levantada fuera de la línea de construcción, la Municipalidad de Escazú ordenó el inicio del procedimiento tendente a la demolición de la misma, actuación que precautoriamente fue detenida por la Sala para la realización de la prueba para mejor resolver ordenada. Solventada la misma, debe indicarse a la Municipalidad que para la realización de todo procedimiento tendente a la ordenación constructiva en el cantón, debe observar previamente el cumplimiento de todos los requisitos establecidos, de donde resulta que debe valorar la propia actuación administrativa por el deber que tiene la Corporación de autorizar y vigilar que las construcciones se efectúen adecuadamente y según los permisos válidamente emitidos. De lo anterior resulta que dentro del procedimiento que la Municipalidad ha indicado iniciará, debe otorgar a los vecinos el pleno respeto al debido proceso, al mismo tiempo que valorar el cumplimiento otorgado a las competencias municipales al momento de controlar o vigilar el levantamiento de una obra que años después estima que se encuentra inadecuadamente construida, de manera que no se traslade a los vecinos responsabilidades que pudieren ser propias de la misma actuación u omisión municipal.

Por tanto

Se declara con lugar el recurso por violación a los artículos 21, 41 y 50 constitucionales, únicamente en cuanto la Municipalidad de Escazú no previó y ordenó los requisitos técnicos bajo los cuales podía ser mejorada la calle El Barro, con el objeto de evitar los empozamientos que la falta de un adecuado canal de drenaje de las aguas superficiales produjo, así como la inercia de esta Municipalidad en resolver las denuncias presentadas por la recurrente, así como de reestablecer las zonas residenciales de la Urbanización y su omisión en delimitar y resguardar recursos hídricos relevantes como la servidumbre del tubo que proviene de Puente Mulas, al haber autorizado varias construcciones sin su previsión en caso de emergencia. En consecuencia, se ordena a Marco Antonio Segura Seco, en su condición de Alcalde Municipal de Escazú, o a quien ocupe el cargo, que de forma inmediata a la comunicación de esta sentencia, proceda a emitir las órdenes que estén dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, a efecto de garantizar que en el plazo de tres meses contados a partir de la comunicación de esta sentencia, la calle El Barro cumpla con los requisitos técnicos necesarios para que discurran adecuadamente las aguas superficiales y subsuperficiales que pasan sobre ésta.

Asimismo, deberá en forma inmediata coordinar con el ICAA, el Departamento de Aguas del MINAET y SENARA, la actualización o realización de un estudio hidrográfico de la zona, así como proceder dentro del mismo plazo de tres meses indicado anteriormente, a delimitar y demarcar claramente la servidumbre de paso de la tubería madre de Puente Mulas y tomar las previsiones frente a futuras solicitudes de permisos de construcción. Se advierte al Alcalde de la Municipalidad de Escazú, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Escazú al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

En cuanto a los demás extremos, se declara sin lugar el recurso. Comuníquese y notifíquese la presente resolución a Marco Antonio Segura Seco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Escazú, así como a los representantes del MINAET, ICAA y SENARA.

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Luis Paulino Mora M.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Roxana Salazar C.

Rosa María Abdelnour G.

Jorge Araya G.

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    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones

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      • Ley 4240 Urban Planning Law
      • Ley 7135 Constitutional Jurisdiction Law
      • Ley 7794 Municipal Code
      • Ley 5395 General Health Law
      • Constitución Política 0 (Asamblea Nacional Constituyente, 07/11/1949) Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment — Article 50 of the Political Constitution

      Este documento cita

      • Ley 4240 Ley de Planificación Urbana
      • Ley 7135 Ley de la Jurisdicción Constitucional
      • Ley 7794 Código Municipal
      • Ley 5395 Ley General de Salud
      • Constitución Política 0 (Asamblea Nacional Constituyente, 07/11/1949) Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado — Artículo 50 de la Constitución Política

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