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Res. 09040-2009 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/05/2009
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered the respondent public institutions to immediately begin cleanup of the pesticide-contaminated water sources under a joint plan coordinated by the Ministry of Health, with authority to impose restrictions on the company ranging from limits on agrochemical use to closure of the plantation.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó a las instituciones públicas demandadas iniciar de inmediato el saneamiento de las fuentes de agua contaminadas con plaguicidas, bajo un plan conjunto coordinado por el Ministerio de Salud, con facultades para imponer a la empresa desde restricciones en el uso de agroquímicos hasta el cierre de la plantación.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo filed by residents of Cairo, La Francia and Luisiana in Siquirres, who claimed that the pineapple plantation of Hacienda Ojo de Agua S.A. contaminated the water sources feeding their aqueducts with agrochemicals — primarily the herbicide Bromacil. The Chamber found it proven that the plantation sits atop the aquifer that feeds those springs, that pesticide levels exceed the European precautionary standard of 0.1 μg/L, and that there is evidence of potential carcinogenicity. It held that, in the absence of domestic regulation on pesticide residues in drinking water, the precautionary principle must apply, and ordered the respondent ministries and AyA to immediately begin a single cleanup plan to eliminate residues, coordinated by the Ministry of Health, with authority to impose restrictions on the company up to and including closure of the plantation. The amparo against the company was rejected because it is not a proper amparo respondent, though this does not exempt it from legal liability.La Sala Constitucional declaró con lugar un amparo interpuesto por vecinos de las comunidades de Cairo, La Francia y Luisiana en Siquirres, quienes denunciaron que la plantación de piña de la empresa Hacienda Ojo de Agua S.A. contaminaba con agroquímicos —principalmente el herbicida Bromacil— las fuentes de agua que abastecen sus acueductos. La Sala tuvo por probado que la plantación se asienta sobre el manto acuífero que nutre dichas nacientes, que los niveles de plaguicidas presentes en el agua superan la norma precautoria europea de 0.1 μg/L y que existe evidencia de potencial carcinogenicidad. Estableció que, ante la falta de normativa nacional sobre residuos de plaguicidas en agua de consumo humano, debe aplicarse el principio precautorio y ordenó a los ministerios demandados y al AyA iniciar de inmediato un plan único de saneamiento y eliminación de los residuos, bajo coordinación del Ministerio de Salud, con facultad para imponer a la empresa restricciones hasta el cierre de la plantación. Rechazó el amparo contra la empresa por no ser sujeto de amparo, aunque eso no la exime de responsabilidades legales.
Key excerptExtracto clave
III. THE MEASUREMENT PARAMETER TO BE USED. […] “Given that there is no domestic regulation for this type of substance in water for human consumption, ideally the target value to be admitted is the absence of such substances or a concentration below the detection or quantification limits of the best methods used for that purpose.” […] It is precisely that precaution that is sought in this case. According to the proven facts, the levels of pesticides present in the drinking water of the affected communities exceed the European protection standard. For that reason, and given the evidence that these products can cause cancer, it is impossible not to grant the amparo requested. Therefore: The amparo is granted. It is ordered that […] immediately begin the process of cleanup and elimination of pesticide residues from the water sources supplying the protected communities of El Cairo, Luisiana and La Francia. […] The respondents are warned that, in light of the objective set forth herein, they may order all measures technically and scientifically conducive to the complete cleaning and purification of the water from those sources, which includes ordering Hacienda Ojo de Agua S.A. to comply with the legally mandated setbacks, and even, if necessary, to absolutely prohibit the use of contaminating agrochemicals on its plantation and to order its immediate closure if the company fails in any way to comply with the orders and instructions given.III.- EL PARÁMETRO DE MEDICIÓN A UTILIZAR. […] “Dado que no existe normativa nacional de este tipo de sustancias, para el agua de consumo humano, idealmente se puede admitir como valor meta la ausencia o una concentración por debajo de los límites de detección o cuantificación de los mejores métodos utilizados para este propósito”. […] Ahora bien, precisamente esa precaución es la que se quiere tomar en este caso. De acuerdo con los hechos probados, los niveles de plaguicidas presentes en el agua de consumo de las comunidades afectadas, son superiores a la norma de protección europea. Por eso y existiendo evidencia de que esos productos pueden causar cáncer, resulta imposible no conceder el amparo que solicitan los recurrentes. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a […] que en forma inmediata se inice el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades amparadas de El Cairo, Luisiana y La Francia. […] Se les advierte a los accionados que en razón del objetivo aquí dispuesto, podrán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a la empresa Hacienda Ojo de Agua S. A., los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en su plantación y hasta ordenar el cierre inmediato de ésta, si esa empresa incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren.
Pull quotesCitas destacadas
"Dado que no existe normativa nacional de este tipo de sustancias, para el agua de consumo humano, idealmente se puede admitir como valor meta la ausencia o una concentración por debajo de los límites de detección o cuantificación de los mejores métodos utilizados para este propósito."
"Given that there is no domestic regulation for this type of substance in water for human consumption, ideally the target value to be admitted is the absence of such substances or a concentration below the detection or quantification limits of the best methods used for that purpose."
Considerando III — Informe del Director del Laboratorio Nacional de Aguas
"Dado que no existe normativa nacional de este tipo de sustancias, para el agua de consumo humano, idealmente se puede admitir como valor meta la ausencia o una concentración por debajo de los límites de detección o cuantificación de los mejores métodos utilizados para este propósito."
Considerando III — Informe del Director del Laboratorio Nacional de Aguas
"Los límites [de la Directiva Europea] no están basados en evidencia científica de efectos en la salud sino más bien en un principio precautorio según el que cualquier presencia de plaguicidas en agua de consumo humano es inaceptable."
"The limits [of the European Directive] are not based on scientific evidence of health effects but rather on a precautionary principle according to which any presence of pesticides in drinking water is unacceptable."
Considerando III — Informe del IRET
"Los límites [de la Directiva Europea] no están basados en evidencia científica de efectos en la salud sino más bien en un principio precautorio según el que cualquier presencia de plaguicidas en agua de consumo humano es inaceptable."
Considerando III — Informe del IRET
"Se les advierte a los accionados que en razón del objetivo aquí dispuesto, podrán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a la empresa Hacienda Ojo de Agua S. A. [...] prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en su plantación y hasta ordenar el cierre inmediato de ésta."
"The respondents are warned that, in light of the objective set forth herein, they may order all measures technically and scientifically conducive to the complete cleaning and purification of the water from those sources, which includes ordering Hacienda Ojo de Agua S.A. [...] to absolutely prohibit the use of contaminating agrochemicals on its plantation and to order its immediate closure."
Por tanto
"Se les advierte a los accionados que en razón del objetivo aquí dispuesto, podrán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a la empresa Hacienda Ojo de Agua S. A. [...] prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en su plantación y hasta ordenar el cierre inmediato de ésta."
Por tanto
"De acuerdo con los hechos probados, los niveles de plaguicidas presentes en el agua de consumo de las comunidades afectadas, son superiores a la norma de protección europea. Por eso y existiendo evidencia de que esos productos pueden causar cáncer, resulta imposible no conceder el amparo que solicitan los recurrentes."
"According to the proven facts, the levels of pesticides present in the drinking water of the affected communities exceed the European protection standard. For that reason, and given the evidence that these products can cause cancer, it is impossible not to grant the amparo requested."
Considerando III
"De acuerdo con los hechos probados, los niveles de plaguicidas presentes en el agua de consumo de las comunidades afectadas, son superiores a la norma de protección europea. Por eso y existiendo evidencia de que esos productos pueden causar cáncer, resulta imposible no conceder el amparo que solicitan los recurrentes."
Considerando III
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Date of Resolution: May 29, 2009 at 10:29 Case File: 07-013151-0007-CO Type of Matter: Amparo action * 070131510007CO * SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours and twenty-nine minutes on the twenty-ninth of May, two thousand nine.
Amparo action filed by ALEXIS CALVO FRANCIS, identification number 7-061- 704, ALEXIS GUTIERREZ ALVARADO, identification number 3-258-619, CARLOS HERRA MUÑOZ, identification number 1-522-636, CARMEN MORALES MORALES, identification number 9- 096-225, DAISY LOPEZ ARRIETA, identification number 7-186-995, DELROY MATTHEWS PORTER, identification number 7-044-537, DIEGO PEREZ MONTERO, identification number 7-193- 086, DORIS PEREZ MONTERO, identification number 9-097-895, EDDIE SANDI MENDEZ, identification number 7-057-843, EULOGIO JIMENEZ RODRIGUEZ, identification number 6-072-403, FRANCISCA ARRIETA G., identification number 7-059-041, GERARDO FERNANDEZ ARCE, identification number 7-057-048, MARIA ELENA ARRIETA GUZMAN, identification number 7-099-156, MARIO RODOLFO HUSTON, identification number 7-046-199, PERCIBAL MATTHEWS PORTER, identification number 7-038-316, ROGER CAMPOS ALVARADO, identification number 3- 191-412, ALEXANDER GAMBOA, identification number 3-323-052, IRENA GARCIA RIVERA, identification number 3-292-253, YORLENY GARCIA RIVERA, identification number 3-336-819, JOSE RAMIREZ PALMA, identification number 3-146-612, FRESSY SOJO SOLANO, identification number 3- 292-196, CRISTINA SOJO SOLANO, identification number 3-383-278, HAYDEE MURIAS OLIVARES, identification number 3-173-919, MISAEL MIRANDA RAMIREZ, identification number 3- 152-571, LEONEL CARPIO ARGUEDAS, identification number 2-415-090, MARIA ALFARO FUENTES, identification number 4-141-372, ALFONSO MURILLO FUENTES, identification number 2- 346-052, NEFTALI RAMIREZ ARIAS, identification number 1-509-707, ANDREY BARQUERO CASTILLO, identification number 7-161-698, MARIA ELENA VARGAS CARVAJAL, identification number 4-150-576, ANDREA RAMIREZ HERRERA, identification number 1-1177-298, JORGE REAL SABORIO, identification number 7-145-721, JUANA ARRIETA GUZMAN, identification number 7-085-536, MARIA EUGENIA M., identification number 3-221-687, WILLIAM ARANA CORDERO, identification number 1-828-167, NURIA GRANADOS ZUÑIGA, identification number 7- 090-731, WILSON ANCHIA SOTO, identification number 5-304-397, MAURICIO ANCHIA ALTAMIRANO, identification number 7-187-658, CELENIA JIMENEZ SOTO, identification number 1- 1233-847, DAMARIS JIMENEZ SOTO, identification number 3-326-615, CIANIE JAMES, identification number 7-091-284, CARMEN MARIA VARELA HERNANDEZ, identification number 1-591-652, WILLIAM CARRANZA JIMENEZ, identification number 6-159-615, LIXANIA ARIAS LOPEZ, identification number 7-159-387, EVELIO LOPEZ SALAZAR, identification number 3-273-046, YORLENY BERMUDEZ BERMUDEZ, identification number 9-104-131, MAYELA ZAMORA GUTIERREZ, identification number 7-093-547, ADRIAN SANCHEZ ALVARADO, identification number 1-768-410, CLARENCE MATTHEWS, identification number 7-035-740, MIRIAM MENA LOPEZ, identification number 7-056-974, JORGE CASCANTE ALVARADO, identification number 7- 147-480, DANILO MORALES CORRALES, identification number 1-412-1151, ELVIA RAMIREZ GOMEZ, identification number 6-158-043, HECTOR RAMIREZ VARGAS, identification number 2-138- 300, JOSE MOLINA M., identification number 5-245-487, EUNICE DIAZ OVIEDO, identification number 6-256-580, JULYETH ABARCA GARCIA, identification number 6-357-782, MARIA EUGENIA UMAÑA ROJAS, identification number 1-392-1186, KATTIA LOPEZ TORRES, identification number 7-158-457, MILENA VARGAS ANCHIA, identification number 7-179-536, DANIELA DANIELS VARGAS, identification number 7-181-899, ISABEL OCAMPO, identification number 9-078-260, HERMINIA VARGAS V., identification number 1-429-777, ADAN ANCHIA ANCHIA, identification number 1-496-813, ROGUIDO LOPEZ MARTINEZ, identification number 6-148- 287, ROSALBA OCAMPO ARGUEDAS, identification number 6-102-1360, JULIO ELIZONDO ZUÑIGA, identification number 1-617-563, ERCILIA PEREZ MORALES, identification number 7-090- 963, ELIZABETH MORA SOLANO, identification number 1-677-595, IRIA VARGAS VARGAS, identification number 7-067-081, TOBIAS MORA B., identification number 9-048-409, ALBA VEGA MORA, identification number 1-548-760, and HIGINIO JIMENEZ MONGE, identification number 9-793- 502, on their own behalf and on behalf of the communities of CAIRO, LA FRANCIA, and LUISIANA of the Canton of Siquirres; against HACIENDA OJO DE AGUA S.A., the MUNICIPALITY OF SIQUIRRES, the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA), the MINISTRY OF HEALTH, the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), the SECRETARÍA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), and the MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK.
Also parties—not sued—in the proceeding are the DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), the SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA), the INSTITUTO REGIONAL DE ESTUDIOS EN SUSTANCIAS TÓXICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HEREDIA, COSTA RICA (IRET-UNA), and the DIRECTOR OF THE LABORATORIO NACIONAL DE AGUAS OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Whereas:
1. That the Ministry of Health granted a sanitary operating permit to the company Hacienda Ojo de Agua; 2. That the Municipality of Siquirres issued an operating permit to the company Ojo de Agua; 3. That the Ministry of Environment and Energy (MINAE) apparently granted an operating permit to the company Hacienda Ojo de Agua; 4. That the petitioner is unaware of the technical, legal, and term conditions under which the previous permits were granted, given that the Director of the Health Area of Siquirres, the aforementioned Municipality, and SETENA (the latter in relation to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) that said company must have conducted) have not provided the precise information requested by the petitioner (it is noted that the information was requested by the representatives of the ASADAS of Cairo and Luisiana); 5. That the company Hacienda Ojo de Agua, located in the District of Cairo, began operations in the year 2000, with a plantation of approximately 20 hectares, which has expanded, presumably without a permit or environmental impact studies, to approximately 300 hectares; 6.
That the pineapple plantation of the company Ojo de Agua is located over the aquifer (manto acuífero) that gives rise to the spring (naciente) that supplies the aqueduct of El Cairo and Luisiana; 7. That this pineapple plantation, due to its location, slope, and intensified use of agrotoxins, causes its residues to connect directly with the hydraulic flow of the aquifer that gives rise to the spring where the intake for the aqueducts of Cairo and Luisiana is located; 8. That these soils are highly permeable; they become saturated with water very quickly, giving rise to large aquifer recharge zones (zonas de recarga acuífera), such as the one that supplies the aqueducts of Cairo and Luisiana; 9. That the aforementioned company has contaminated these aqueducts with agrotoxins; 10. That this zone is very rainy, which explains why the technology used in pineapple cultivation involves a high concentration and frequency of agrotoxin use, which aggravates the permanent contamination of the aquifers that are around this plantation; 11.
That what is happening with the aquifer over which said pineapple plantation sits is that its residues filter down to the hydraulic current, contaminating the water consumed by the families of the communities surrounding the company; 12. That the associations that administer the aqueducts (ASADAS) form a committee called Pro Agua Saludable for the Families of the Communities of Cairo, La Francia, Luisiana, a committee that is made up of the ASADAS of Cairo and Luisiana; 13. That this committee was formed to obtain a real solution to the persistent problem of water contamination in said aqueducts by the company Ojo de Agua; 14. That their families have been drinking water with agrotoxins for more than 6 years; 15. That the situation described violates the rights to life, health, a healthy and ecologically balanced environment, the principle of legality, and the legislation related to the protection of the environment, water, natural resources, and biodiversity; 16.
That we are facing a case of negligence in the fulfillment of the law by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Municipality of Siquirres, and the company Hacienda Ojo de Agua; 17. That a study conducted by the Universidad Nacional (UNA) over the years 2002-2004, called "Vulnerability of Groundwater to Pesticide Contamination in Costa Rica" (Vulnerabilidad de las Aguas Subterráneas a la contaminación por plaguicidas en Costa Rica), found the substance "Bromacil" in the water of the El Cairo de Siquirres aqueduct; 18. That the Cairo aqueduct supplies, in part, the Luisiana aqueduct; 19. That this study shows that the contaminant compound most frequently found in samples from these springs was the "herbicide Bromacil"; 20. That this substance was detected by the laboratory of the IRET (Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, of the School of Environmental Sciences of the UNA), which was confirmed by the laboratories of the USGS in Denver, United States, and Omegan in Holland; 21.
That said study concluded that the aforementioned substance is relatively mobile and persistent in the soil, which has caused, in other parts of the world, contamination of groundwater, just as is occurring in the springs of the El Cairo and Luisiana aqueducts; 22. That IRET scientists have investigated the seriousness of the expansion of crops such as pineapple, which, if unchanged, can cause more widespread contamination of groundwater and wells in the area, as is currently happening; 23. That the IRET study warns the public institutions involved to implement regulations on pesticide use and groundwater protection; 24. That of the recommendations issued by the IRET four years ago, none have been implemented by the responsible public institutions; 25. That an official study by the National Water Laboratory (Laboratorio Nacional de Aguas, LAN) of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) found that the toxin Bromacil is present in the El Cairo spring; 26.
That based on this LAN study, it is observed that practically four years later, the groundwater that makes up the hydrological network of these springs is exposed to contamination by chemical products (presence of Bromacil) used in pineapple cultivation; 27. That in this LAN study, it is indicated that in the EPA cancer descriptor for the pesticides Bromacil, Diuron, and Tradimefon, Diuron has an L classification, meaning probably carcinogenic to humans, and for the others, it is indicated that they have not been evaluated, but in the case of Bromacil, it has a C classification, that is, carcinogenic in animals, so it is probably carcinogenic to humans; 28. That the European standard for Bromacil establishes a limit of only 1 ug/L, and in the present case, this limit is very close to or exceeded by the concentrations found in the water, which is very serious and presumably constitutes the cause of the health ailments suffered by the citizens of the protected communities; 29.
That in the LAN report, among other things, it is recommended to propose solutions in areas defined as of interest for supply by the AyA, to develop tasks for water resource protection that require institutional presence, and to define preventive actions regarding land use (uso de suelos) in areas identified as of interest to the AyA, to reduce the real or potential danger to water resources (recursos hídricos); 30. That another official LAN study conducted in July 2007 indicated that the aforementioned toxins were present in the supply sources of the El Cairo Aqueducts, in addition to the appearance of another toxin known as Carbariol; 31. That this latest study demonstrates that it is not a matter of low or high concentration of toxins, but rather that the important thing is that these toxic substances are persistently present in the water that the protected parties are consuming, which puts people's lives at risk; 32.
That it is clear that as long as the company Ojo de Agua is operating on top of the aquifer, this situation will continue to occur; 33. That in another official study endorsed by the LAN, conducted in August 2007, it was again determined that the toxin Bromacil is present in the supply sources of the El Cairo aqueducts; 34. That however, in this latest study, the LAN made an error "on purpose," since apparently, they only analyzed whether there was Bromacil; however, when the study is "triangulated" with new analyses from the IRET laboratory of the UNA, a large quantity of toxin and alarming concentrations are again detected; 35. That the IRET study is more precise as it is conducted by a scientific laboratory using the same methodology as other studies nationally and internationally; 36. That what is important to emphasize is that from the last two studies, it can be deduced that the toxins prevail in the water, in specific but persistent concentrations, which is why the water is not potable but harmful to human health; 37.
That given the large amount of evidence of water contamination, the measures indicated by the country's legislation for these cases have not been taken; 38. That in the last official sampling, conducted on September 25, in which the Ministry of Health and the AyA were present, the IRET laboratory of the UNA, which is a neutral and objective entity, was not taken into account; 39. That from the aforementioned studies of the years 2004, 2006, and 2007, it can be seen that both the number of toxic substances present in the water and the concentrations of the substances between the first and the other studies have doubled and even tripled in the water that the families of the affected communities have been drinking; 40. That this situation has exposed people to the potential dangers of the effect of these toxic substances for nearly 7 years; 41. That Diuron and Bromacil are agrotoxins that prevail in the studies; they are dangerous substances for human life, very mobile products, and are already in the hydraulic torrent of the aquifer, meaning that once there, they are very persistent, as demonstrated by the different water analyses that have been conducted; 42.
That in the conditions of the Atlantic zone, large concentrations of these substances must be used, since the zone's conditions are very rainy and force this agricultural practice in order to keep the crop free of weeds; 43. That for this reason, the substances practically pass directly into the aqueduct pipes; 44. That these substances bioaccumulate in human tissues and organs, which is causing a large number of illnesses in the people of the affected communities; 45. That in these communities, there is a persistent frequency of diseases such as vision loss, occasional dizziness and vomiting, hair loss, diarrhea, strange deaths without a clear diagnosis, tumors, cancer, a high frequency of miscarriages with a high incidence of mutagenic malformations, increased perinatal mortality, and other ailments such as constant respiratory problems; 46. That the ASADAS have asked the Ministry of Health to conduct an epidemiological study to know exactly the true scope of this health situation for the people due to being exposed for more than 6 years to these toxic substances, but they have also not had a real resolution from the authorities; 47.
That information on the health conditions of the Canton of Siquirres can be consulted in the bulletins issued by the Ministry of Health and the Caja Costarricense de Seguro Social; 48. That regarding the above, information was requested from the Health Director of the Ministry of Health of Siquirres; however, it has not been delivered with the required precision; 49. That there is evidence that in the Canton of Siquirres, there is a high and abnormal incidence of a series of diseases compared to the other cantons of the Province of Limón, which is probably due, among other causes, to agrotoxins; 50. That therefore, the public institutions charged with ensuring compliance with environmental and human health protection laws are, in practice, not fulfilling their functions or complying with the laws; 51. That the Pro Agua Saludable Committee of the affected communities asked the Municipality of Siquirres to hold a session of the municipal council to provide official evidence on the water contamination situation of the Cairo aqueduct; 52.
That in the session of that municipal council held on July 19 before the entire community, that body took a resolution in favor of the lives of the families of these communities, but there is the problem that the municipality has not made it effective because the aforementioned company continues to carry out operations in defiance of what was established by the local government, specifically regarding numeral 1 of the resolution, which deals with declaring "the immediate and permanent moratorium on the productive processes carried out on the aquifer and recharge zone that serves as the base for the catchments of the Cairo and Luisiana aqueducts"; 53. That this Municipality has also not responded to the request for information made to it regarding the origin, technical, and legal conditions of the patent granted to the company Ojo de Agua, which makes it presumable that the Municipality is not complying with what is established by the Municipal Code and national laws for granting an operating permit to a company in its territory; 54.
That on June 28, 2007, the Pro Agua Saludable Committee of the affected communities delivered to the Office of the Minister of Health a brief in which it makes a series of requests related to the water contamination of the Cairo aqueduct and in which it warned of the grave danger to the lives of the families; however, they have not obtained a written response nor a prompt, sustainable, and permanent solution; 55. That the Minister of Health, in July 2007, declared before the Special Permanent Environmental Committee of the Legislative Assembly that the El Cairo aqueduct is effectively contaminated; 56. That before that legislative Committee, the Minister also said that she thought it was definitely necessary to intervene clearly, not only in Siquirres but in all the country's productive activities, to avoid risk to people and risk to the environment; 57. That the Ministry of Health has not attacked the root problems, because it has not made a declaration of national emergency regarding the situation of the protected communities, has not installed carbon filters at the water sources, and has allowed people to continue consuming contaminated water for a long time; 58.
That furthermore, the aforementioned company continues to operate without control over the aquifer, and the operational plans have not been evaluated nor have the corresponding legal sanctioning measures been taken; 59. That a judicial file has also not been opened against the company for non-compliance with the law, for the damage caused to natural resources and the health of the families; 60. That the exposed situation appears complacent towards the company, since its sanitary operating permit has not been revoked, as indicated by the Minister of Health during her visit to the affected communities and in the Legislative Assembly; 61. That the head of MINAE, also in an appearance before the Legislative Assembly, said that agrotoxins that are not officially authorized are being used; 62. That there is also no project for the construction of a new aqueduct at another, uncontaminated spring; 63.
That the Minister of Health has not ordered the official sampling to be carried out, with the objective that the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial) perform toxicological tests on the inhabitants and the Ministry conduct the epidemiological study; 64. That water is currently being distributed in tanker trucks, but they are doing it inequitably and every other day, which forces the community to drink water from the aqueduct; 65. That the Director of the Health Area of Siquirres has not responded to a brief sent to him by the petitioner, nor has he provided information on the actions taken by his Ministry, nor has he given participation to the ASADAS committee managing the process of obtaining healthy water; 66. That on June 28, 2007, the Pro Agua Saludable Committee of the affected communities delivered to the office of the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a brief providing official evidence on the water contamination situation and warning that this endangers the lives of the families; 67.
That in that brief, a series of requests related to its competence was made to the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, but the reality is that this entity has attacked the problem only partially and not at its root, since it has not responded to the brief; 68. That the Board of Directors of the AyA established clear guidelines for the head and officials of that institution, aimed at a definitive solution to the situation of the aforementioned aqueducts, but the Executive President of that Institute has not carried out a series of actions to which he committed jointly with the Minister of Health and MINAE, so it is clear that the AyA has failed to comply with its legal duties; 69. That on June 28, 2007, the Pro Agua Saludable Committee of the protected communities delivered to the Office of SETENA of MINAE a brief requesting the status of the environmental impact assessment (EIA) for the company Ojo de Agua, which is essential for granting the operating permit; 70.
That the previously requested information is key to clarifying the legal and technical situation under which the company operates and its relationship with the spatial location and contamination of the water of the Cairo aqueduct; 71. That however, this agency has not provided the requested information; 72. That in that Institute, the petitioners have been told by telephone that they cannot find the environmental impact assessment (EIA) of the company Ojo de Agua, which is a recurrent situation in the Municipality of Siquirres, the Ministry of Health, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; 73. That the negligence of MINAE is also clear, since it has not fulfilled its duties established in its organic law nor with the monitoring and application of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente); 74. That the Ministry of Agriculture has failed to fulfill its duties established in the laws and regulations for monitoring and preventing the use of agrochemicals in agricultural and livestock operations; 75.
That the company Ojo de Agua is responsible for this water contamination, since it is operating illegally over the aquifer that supplies the Cairo and Luisiana aqueducts, and this is what is causing damage to people's health, the environment, and natural resources; 76. That the results issued by the AyA amply demonstrate the contamination caused by the pineapple plantation of the company Ojo de Agua; 77. That the company's representatives committed to the Integral Development Association of Cairo (Asociación de Desarrollo Integral de Cairo) to stop using Bromacil, but in just two years, we see the results that the contamination continued and with greater danger, that the number of toxins and the concentration are higher, which demonstrates the recurrence and persistence of the company in its malpractice; 78. That this company has recklessly disseminated unofficial results where it is evident that in the study they contracted, a cocktail of 21 toxins is found, but they tell the communities that they are not harmful to health; 79.
That the foregoing demonstrates the company's lack of appreciation for the magnitude of the critical situation, because the scale used in the measurement by the company CHEMLABS (a company that has conducted laboratory studies on the water) is not a scientific scale like that used by the IRET, which demonstrates that the company is reckless regarding natural resources and the environment and disrespectful of the law, since the only thing it has shown is that its economic interest prevails; 80. That these laboratory analyses from the company CHEMLAB demonstrate that it is not a matter of low or high concentration of toxins, because what is important is that these toxic substances are present persistently, and this is called contamination, which puts people's lives at risk; 81. That since 2004, when the IRET conducted the first study, three years have passed, but the company has already been operating over the Cairo aquifer for approximately six years, all within sight and with the patience of public institutions, which have not exercised control and application of the respective laws; 82.
That therefore, the company is responsible, and the State institutions, through negligence, are co-responsible for this disaster that is occurring with the health of the people who have been exposed to contamination with these toxins; 83. That even the large number of workers of the companies Ojo de Agua and Fructa are subject to consuming water from the very wells of these companies, which are located in the contaminated aquifers, and therefore, the public institutions must look after this abnormal situation; 84. That the company has not approached to give a real solution to the affected communities and has focused only on defending its economic interest; 85. That this company has not complied with the resolution issued in the extraordinary session of July 19, 2007, in which the Municipal Council took the resolution to establish the situation as a local emergency and established a permanent moratorium on the company's operations, since it has been demonstrated over the years that as long as the company Ojo de Agua continues operating over the aquifer, this dangerous situation will continue to present itself for the population of these communities; 86.
That the Water Law (Ley de Aguas) No. 276 of August 27, 1942, and its amendments (especially articles 31, 32, and 33) declare as a reservation of ownership in favor of the Nation all those lands that surround the sites of recharge and discharge of groundwater, authorizing the imposition of a series of protective measures for river basins (cuencas) for the benefit of water resources; 87. That the State cannot permit that the activity carried out by an inhabitant in the exercise of free enterprise injures the rights of another and even causes irreparable damage to the health of the community; that it is clear and evident that any activity carried out must occur under conditions that allow harmony with the rights and interests of the population; 88. That it is in no way a matter of limiting the business freedom that can be enjoyed by all inhabitants of the Republic; it is a matter of establishing clear guidelines so that in the exercise of business activities, the rights of the rest of the inhabitants are not impaired or any damage is caused to the environment; 89.
That in the United Nations Conference on Environment and Development (Agenda 21: Rio Declaration), it is established (in Principle 15) that, "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation"; 90. That in this particular case, SETENA should have conducted the EIA to ensure that the pro natura principle was not violated, which it is evident was not guaranteed in the case at hand; 91. That in the particular case of water, it is a public domain good, so it must be conserved and used sustainably, as it is of social interest; 92. That in the particular case of contamination by Hacienda Ojo de Agua, it is evident that this company has not only altered the balance of the hydrological cycle but is also damaging natural resources and biodiversity; 93.
That regarding article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), it is evident that the company has carried out activities that generate residues, toxic or hazardous materials, in addition to having carried out earthworks (movimiento de tierras) and construction; therefore, it could not begin activities until the EIA had been conducted and SETENA had granted it the environmental viability (viabilidad ambiental); That in the absence of this environmental assessment, the SETENA permit could not have been granted, meaning we would be facing a clear case of violation of the preventive and precautionary or in dubio pro natura criteria, established in article 11 of the Biodiversity Law and the aforementioned article 17; 95. That in the event of non-compliance with the aforementioned rules, the administrative sanctions set forth in article 99 of the Organic Law of the Environment must be applied; 96.
That it is clear that the entity responsible for complying with article 50 of the Constitution is the Ministry of Health, which must prevent and detect environmental problems in order to guarantee citizens the right to health and a healthy environment; 97. That there is clear evidence that the Ministry of Health has not complied with full rigor with the provisions of the General Health Law; 98. That it is clear that the company violates the Pro Natura principle and all national legislation on environmental matters and guaranteeing people's health, by carrying out its operations in the aquifers that feed the aqueducts of the affected communities, with the complacent attitude of State institutions and the Municipality of Siquirres.
They request that the appeal be granted.
[It] requests that the appeal be dismissed.
Drafted by Justice González Quiroga; and,
Considering:
Of importance for the decision of this matter, the following facts are estimated as duly proven:
1. The respondent company here, called Hacienda Ojo de Agua Sociedad Anónima, has a pineapple plantation, with a current land use of 275 hectares, located in the District of Cairo, Canton of Siquirres, Province of Limón (see writing filing the appeal at folio 01; the company's response at folio 382; report from the Ministry of Environment at folio 303).
2. During the years 2003 and 2004, a group of scientists from the Regional Institute for Studies on Toxic Substances (IRET) of the National University of (Heredia) Costa Rica, conducted a study on groundwater in the aforementioned district, finding the presence of the herbicide called "Bromacil" in the drinking water aqueduct of Cairo. This substance was found in concentrations of 0.4 to 4 ug/L in almost all water samples taken from the spring (naciente) of Cairo (see IRET report to the Court, at folio 757).
3. The study by the aforementioned public University "confirmed the presence of pesticides in groundwater in the study area. The most frequently found pesticide was the herbicide bromacil used in pineapple cultivation." This herbicide was found in two springs (nacientes) that supply potable water for communities near Siquirres and in the wells close to them. This substance, relatively mobile and persistent in the soil, has, in other parts of the world, caused contamination of groundwater. This has resulted in the restriction of its use and even its prohibition in several European countries" (see IRET report to the Court, at folio 758).
4. Between 2003 and 2007, the IRET academics involved in said research "alerted" public institutions about this water contamination problem, presenting the results of their study "Vulnerability of Groundwater to Pesticide Contamination in Costa Rica," in workshops held in the communities of Guápiles and Siquirres, with the participation of community members and officials from the Ministry of Environment, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture, and the Instituto de Acueductos y Alcantarillados (see IRET report to the Court, at folio 758; copy at folio 798).
5. The report of that academic study also concludes: "Knowledge of this risk situation should alert the involved parties and facilitate decision-making regarding the need to expand monitoring of groundwater for the presence of critical substances in critical zones, and to implement regulations on the use of pesticides and the protection of groundwater. We consider it convenient and timely to develop a water quality surveillance system for rural aqueduct management associations and the environmental management departments of agricultural companies. The Laboratorio Nacional de Aguas of AyA [Instituto de Acueductos y Alcantarillados] has begun, with support from LAREP-IRET, monitoring the contamination trends in the two mentioned springs" (see IRET report to the Court, at folio 759).
6. The "samplings" carried out by IRET in the water supplying the Cairo aqueduct have provided evidence that "the levels [of Bromacil] 'have not changed'." Between February 26, 2003, and July 7, 2004, IRET took four samples from the main spring of the Cairo aqueduct, finding Bromacil residues in the water, with measurements ranging between 0.4 and 0.6 ug/L. Likewise, in another sampling carried out on July 19, 2008, in the Luisiana springs, measurements of 4.5 ug/L of Bromacil and 1.0 of Diuron were found. The reading of the El Cairo La Francia spring on that same day yielded 1.1 ug/L of Bromacil. Likewise, a sample study carried out by the Laboratorio Nacional de Aguas of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in December 2008 yielded the following results for the presence of Bromacil in the water: 0.40 ug/l in Luisiana, as well as 0.355 in Cairo and La Francia (see IRET report to the Court, at folio 759; copies of reports at folios 802 and 804; report of the Acting Director of the Laboratorio Nacional de Aguas at folio 613).
7. The Cairo springs (according to the petitioners, the Cairo aqueduct partially feeds the Luisiana aqueduct) and La Francia are for public supply and are captured for human consumption (see report of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento at folio 741; clarification made by the petitioners at folio 08; sketch at folio 693).
8. In addition to Bromacil and Diuron, which have already been cited, the presence of an agricultural pesticide called Triadimefon has also been found in the water of the Cairo and Luisiana aqueducts (see report of the Ministry of Environment at folio 302).
9. According to the Acting Director of the Laboratorio Nacional de Aguas of AyA, "Bromacil is classified in group C, possibly a human carcinogen, based on increased incidence of liver tumors in male mice and thyroid tumors in male rats." In the same vein, IRET informed this Court that through the PANNA database (pesticideinfo.org), it found that the EPA [acronym for the United States Environmental Protection Agency] classification for the substances indicated in the preceding section is as follows: i) Bromacil: "C. [carcinogen] Possible. Data show evidence in animals and limited evidence in humans." ii) Diuron: "Known/probable human carcinogen." iii) Triadimefon: "C. [carcinogen] Possible. Data show evidence in animals and limited evidence in humans." For its part, the Ministry of Health stated on the matter: "Although Bromacil, in studies conducted on rats and mice at the laboratory level, has shown positive tests for carcinogenicity, the doses that have caused these tumors have been extremely high" (see report of said Director at folio 613; IRET report at folio 760; supplementary report of the Ministry of Health at folio 703).
10. The company sued herein states that it has applied Bromacil: "my represented party made the decision, as of 2005, to completely minimize the use of the agrochemical Bromacil in its plantations, and as of April 2007, it suspended its use" (see response of that company at folio 385).
11. On August 10, 2007, a communication from the Instituto de Acueductos y Alcantarillados (number PRE-2007-069) was received at the Office of the Minister of Health, reporting the presence of pesticides in the water consumed by the protected communities and recommending that these be advised "not to consume that water until it is certain that water samplings do not show dangerous levels for the population" (see report rendered by the Acting Minister of Health, at folio 290).
12. On August 14, 2007, at a press conference held at the facilities of the Ministry of Health, the Minister of that Portfolio and the President of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados "pointed out to the press this aforementioned presence of pesticides in water for human consumption in the districts of Siquirres" to which this matter refers. On that occasion, the Instituto de Acueductos y Alcantarillados committed to distributing water by tanker trucks to the affected populations (see report rendered by the Acting Minister of Health, at folio 290).
13. On August 15, 2007, a copy of communication ARSS-PAH-SMR-139-2007, signed by the Director of the Área Rectora de Salud of Siquirres and two other officials, was received at the Office of the Minister of Health. It had been addressed to the Director of the Huetar Atlántica Region and stated that, in July of the same year, officials of that Área Rectora had conducted an inspection of the company Hacienda Ojo de Agua, sued herein, giving it "guidelines" to suspend the use of the three pesticides already indicated (Bromacil, Diuron, and Triadimefon) (see report rendered by the Acting Minister of Health, at folio 290).
14. "As a result of the statements in the press by some public authorities, revealing the presence of some agricultural pesticides (Bromacil, Diuron, and Triadimefon) in the Cairo and Luisiana aqueducts in the canton of Siquirres, the Ministry of Environment and Energy undertook the task of convening, on August 22 of this [2007] year, its agencies linked to this issue in order to develop an action plan for the immediate attention of the emergency" (see report rendered by the Acting Minister of Environment, at folio 302).
15. While making observations of a "preliminary nature" drawn from a hydrogeological study contracted by the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento has reported the following: "From the information gathered in the hydrogeological study, which is in its final stage, it is inferred that the pineapple plantation [of the company Ojo de Agua, sued herein] is located over an aquifer layer (manto acuífero), which feeds the springs (nacientes) that are captured by the El Cairo and Luisiana aqueduct […] The [aforementioned] pineapple plantation is located over the aquifer layer, and the water flow in the aquifer discharges into the El Cairo and Luisiana springs. From the studies currently underway, it is inferred that the water table levels are superficial and that the soils are permeable (although locally, sectors with covering materials of lower permeability may be found), meaning that the application of all types of toxic products easily reaches the aquifer, allowing their transport towards the springs […] The presence of permeable soils allows water infiltration through the soil profile towards the lower layers reaching the aquifer level; by developing in these soils [of said plantation] an activity where agrochemicals with high solubility and mobility characteristics, such as Bromacil, are used, this allows, due to the permeable soil, the dragging of those products by infiltration towards the aquifer water flow, and therefore towards the El Cairo and Luisiana springs, which are located downstream, according to the preliminary results of the water-table contour lines (isofreáticas)" (see report of the Servicio Nacional de Aguas, at folios 742-743).
16. The sued company, Hacienda Ojo de Agua, has held the corresponding sanitary operating permit. Likewise, that company has operated with the respective municipal license (patente municipal) (see report rendered by the Acting Minister of Health, at folio 295; report of the Municipality of Siquirres at folios 440-442).
From the analysis of the proven facts, a series of conclusions emerge that must be noted:
a. There is a danger to the protected communities due to the presence of agrochemicals in water for human consumption. In this sense, there is evidence that the products that have been indicated (Bromacil, Diuron, Triadimefon) can have a carcinogenic effect.
b. The pineapple plantation of the sued company is situated over the aquifer layer (manto acuífero) corresponding to the springs (nacientes) that supply water to the aqueducts of the protected communities.
c. The agrochemical Bromacil has been used on that pineapple plantation.
d. The sued Ministries, namely Health, Environment, and Agriculture, as well as the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, have known about the water contamination in those springs since at least 2003.
e. The levels of contamination by agrochemicals in the water of those springs have practically remained similar since 2003.
These are the most important aspects for determining the applicable Constitutional Law to the case.
In the report requested directly from the Director of the Laboratorio Nacional de Aguas of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, when answering one of the questions posed, he stated something considered essential for establishing a measurement parameter for water quality. As relevant, that official indicated:
"Given that there is no national regulation for this type of substance for human consumption water, ideally, the target value can be admitted as absence or a concentration below the detection or quantification limits of the best methods used for this purpose." "International regulations are very diverse, and as a matter of prevention and safety for the population that consumes two liters of water per day for 70 years (life expectancy), it is the policy of AyA to adopt the regulation with the lowest value, which simultaneously means the lowest health risk, that being the European regulation." "The European regulation establishes a maximum value of 0.1 ug/l for any pesticide" (see report at folios 612, 614, and 618).
Regarding the same topic, the Ministry of Health at a certain point reported the following:
"The analyses carried out in our country for this pesticide and the establishment of provisional tolerances, and from studies conducted, in accordance with the 'World Health Organization Guidelines' for contaminants in water for human consumption, have demonstrated that, in relation to international parameters, the values found in Costa Rica are well below the tolerances for human consumption water established in those countries […] Within this reasoning, and considering the importance that agricultural production and the economic development derived from this activity have, it would be desirable to establish tolerances, in this specific case, for Bromacil and Diuron. Including the fungicide Triadimefon within these tolerances is not justified, since there is no reason, given the approved use for the fungicide, that residues of this pesticide should appear in water samples" (see supplementary report at folios 703 and 704).
However, this Ministry later clarified its position, stating:
"...it was evidenced that the Ministry of Health, in the aforementioned communication, is not recommending the consumption of water with residues of any substance foreign to its chemical and physical nature, as has been misinterpreted. Accepting this position would violate the provisions of Chapter I 'Of Water for Human Use and Consumption and the Duties and Restrictions to Which Persons Are Subject in This Matter' of Law 5395, Ley General de Salud" (see copy at folios 840-842).
From the examination of the statements by the two State bodies responsible for ensuring the quality of the water consumed by the national population, it is not difficult to take a position. The policy of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados is to aim for the lowest risk for people, and therefore the best parameter or method it has chosen in its function is the European one. This position is also endorsed by the Ministry of Health, which clarified that it does not recommend the consumption of water with residues of any substance foreign to its chemical and physical nature, because doing otherwise would violate the provisions of the Ley General de Salud. Now, the Universidad Nacional has said something about that method that is relevant to record:
"The European Drinking Water Directive 98/83/EC establishes a limit value of 0.1 ug/L for any individual active ingredient of pesticide; with the exception of aldrin, dieldrin, heptachlor, and heptachlor epoxide, which have a limit value of 0.03 ug/L. For the sum of individual pesticide active ingredients present in concentrations above detection limits, the limit value that the European Union has established is 0.5 ug/L. These limits are not based on scientific evidence of health effects but rather on a precautionary principle according to which any presence of pesticides in water for human consumption is unacceptable" (see IRET report at folio 760).
Now, precisely that precaution is what is sought to be taken in this case. According to the proven facts, the levels of pesticides present in the drinking water of the affected communities are higher than the European protection standard. Therefore, and with evidence that these products can cause cancer, it is impossible not to grant the amparo sought by the petitioners. In this sense, it must be observed that the priority is the certainty that the population will suffer no harm. It could even be retorted that the parameter being chosen is too high for a country like ours, whose main export products are agricultural, that is, that we could not aspire to the European standard because Europe long ago ceased to be a region of agricultural preeminence, whereas this Central American country has not yet left that stage. However, that is an old argument that has caused social and legal problems in the past, as when it was thought in the mid-20th century that labor legislation could not cover rural workers because it could endanger the country's (agricultural) economy.
In one of the preceding citations, it is indicated that there is no national regulation for this type of substance for human consumption water. For its part, the Ministry of Environment has said the same:
"In Costa Rica, there is no legislation that specifically regulates the concentrations of these two pesticides" (see report at folio 306).
Now, from the analysis of that legal problem, that is, the lack of an instrument regulating that situation, it is inferred that the matter cannot be decided by norms of a rank lower than formal law. In this sense, the legal interests at stake must be considered, all of which concern fundamental rights: the right to health, the right to a healthy and balanced environment, the right to water. Therefore, it is not possible for the matter to be regulated by the Administration without a specific and special legal basis. The matter, from another perspective, is also a problem concerning Democracy, given that it must be the legislator, facing the citizenry, who decides the limit of the burdens that public power can impose on the population, mainly in an aspect concerning their health.
In the appeal, the company Hacienda Ojo de Agua Sociedad Anónima has been included as a sued party. In this regard, it must be stated that formally, the action filed against it is not admissible, given that it is not observed that this mercantile entity had acted in the exercise of public functions or powers, or that it is, in law or in fact, in a position of power against which the common jurisdictional remedies are clearly insufficient or untimely, as provided in Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. For the stated reason, the amparo filed against it must be rejected; this does not mean an exoneration from any legal liabilities it may have incurred, as it is clear (at least preliminarily) that its specific operation has been related to the contaminating substances found in the water of the referred aqueducts.
In light of the foregoing, this amparo is admissible as a means to protect the affected communities in their fundamental rights to health and a healthy and ecologically balanced environment. Consequently, it is appropriate to order the respondents to take the corresponding actions aimed at eliminating the cause of the contamination and remediating the referred water sources.
Therefore:
The appeal is granted. María Luisa Ávila Agüero, in her capacity as Minister of Health, Jorge Rodríguez Quirós in his capacity as Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, Javier Flores Galarza in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, and Ricardo Sancho Chavarría in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds those positions, are ordered to immediately begin the process of remediation and elimination of pesticide residues from the water sources that supply the protected communities of El Cairo, Luisiana, and La Francia. They are warned that each appealed body and entity shall determine, in accordance with its own legal competencies, the individual actions it is obligatorily required to carry out, within a SINGLE PLAN that, as parts of the State Administration, they must execute jointly.
The Minister of Health and whoever holds that position is designated as the principal responsible party for that plan and for its complete fulfillment, meaning that the Health Authority must immediately inform this Court if any obstacle arises in its coordinating role to fulfill the objective ordered herein. The respondents are warned that, by reason of the objective ordered herein, they may order all actions that are technically and scientifically conducive to the complete cleaning and purification of the water from those sources, which implies ordering the company Hacienda Ojo de Agua S. A. to legally undertake the corresponding withdrawals, and even, if necessary, absolutely prohibiting it from using contaminating agrochemicals in its plantation and even ordering the immediate closure thereof, if that company fails to comply in any way with the orders and instructions given to it. The foregoing, under the warning that, should they fail to comply with this order, they will incur the crime of disobedience, and that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with or enforce it, provided the crime is not more severely punished.
The State and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Let this judgment be personally notified to the officials indicated above, or to whoever exercises those positions in their stead. Also notify the President of the Legislative Assembly and the Minister of the Presidency, for their respective purposes. Let it be communicated.- Ana Virginia Calzada M.
Acting President Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Rosa María Abdelnour G.
Horacio González Q. Roxana Salazar C.
HGQ/198/vah Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 23-02-2026 15:15:10.
Sentencias Relacionadas * 070131510007CO * SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y veintinueve minutos del veintinueve de Mayo del dos mil nueve.
Recurso de amparo interpuesto por ALEXIS CALVO FRANCIS, cédula número 7-061- 704, ALEXIS GUTIERREZ ALVARADO, cédula número 3-258-619, CARLOS HERRA MUÑOZ, cédula número 1-522-636, CARMEN MORALES MORALES, cédula número 9- 096-225, DAISY LOPEZ ARRIETA, cédula número 7-186-995, DELROY MATTHEWS PORTER, cédula número 7-044-537, DIEGO PEREZ MONTERO, cédula número 7-193- 086, DORIS PEREZ MONTERO, cédula número 9-097-895, EDDIE SANDI MENDEZ, cédula número 7-057-843, EULOGIO JIMENEZ RODRIGUEZ, cédula número 6-072-403, FRANCISCA ARRIETA G., cédula número 7-059-041, GERARDO FERNANDEZ ARCE, cédula número 7-057-048, MARIA ELENA ARRIETA GUZMAN, cédula número 7-099-156, MARIO RODOLFO HUSTON, cédula número 7-046-199, PERCIBAL MATTHEWS PORTER, cédula número 7-038-316, ROGER CAMPOS ALVARADO, cédula número 3- 191-412, ALEXANDER GAMBOA, cédula número 3-323-052, IRENA GARCIA RIVERA, cédula número 3-292-253, YORLENY GARCIA RIVERA, cédula número 3-336-819, JOSE RAMIREZ PALMA, cédula número 3-146-612, FRESSY SOJO SOLANO, cédula número 3- 292-196, CRISTINA SOJO SOLANO, cédula número 3-383-278, HAYDEE MURIAS OLIVARES, cédula número 3-173-919, MISAEL MIRANDA RAMIREZ, cédula número 3- 152-571, LEONEL CARPIO ARGUEDAS, cédula número 2-415-090, MARIA ALFARO FUENTES, cédula número 4-141-372, ALFONSO MURILLO FUENTES, cédula número 2- 346-052, NEFTALI RAMIREZ ARIAS, cédula número 1-509-707, ANDREY BARQUERO CASTILLO, cédula número 7-161-698, MARIA ELENA VARGAS CARVAJAL, cédula número 4-150-576, ANDREA RAMIREZ HERRERA, cédula número 1-1177-298, JORGE REAL SABORIO, cédula número 7-145-721, JUANA ARRIETA GUZMAN, cédula número 7-085-536, MARIA EUGENIA M., cédula número 3-221-687, WILLIAM ARANA CORDERO, cédula número 1-828-167, NURIA GRANADOS ZUÑIGA, cédula número 7- 090-731, WILSON ANCHIA SOTO, cédula número 5-304-397, MAURICIO ANCHIA ALTAMIRANO, cédula número 7-187-658, CELENIA JIMENEZ SOTO, cédula número 1- 1233-847, DAMARIS JIMENEZ SOTO, cédula número 3-326-615, CIANIE JAMES, cédula número 7-091-284, CARMEN MARIA VARELA HERNANDEZ, cédula número 1-591-652, WILLIAM CARRANZA JIMENEZ, cédula número 6-159-615, LIXANIA ARIAS LOPEZ, cédula número 7-159-387, EVELIO LOPEZ SALAZAR, cédula número 3-273-046, YORLENY BERMUDEZ BERMUDEZ, cédula número 9-104-131, MAYELA ZAMORA GUTIERREZ, cédula número 7-093-547, ADRIAN SANCHEZ ALVARADO, cédula número 1-768-410, CLARENCE MATTHEWS, cédula número 7-035-740, MIRIAM MENA LOPEZ, cédula número 7-056-974, JORGE CASCANTE ALVARADO, cédula número 7- 147-480, DANILO MORALES CORRALES, cédula número 1-412-1151, ELVIA RAMIREZ GOMEZ, cédula número 6-158-043, HECTOR RAMIREZ VARGAS, cédula número 2-138- 300, JOSE MOLINA M., cédula número 5-245-487, EUNICE DIAZ OVIEDO, cédula número 6-256-580, JULYETH ABARCA GARCIA, cédula número 6-357-782, MARIA EUGENIA UMAÑA ROJAS, cédula número 1-392-1186, KATTIA LOPEZ TORRES, cédula número 7-158-457, MILENA VARGAS ANCHIA, cédula número 7-179-536, DANIELA DANIELS VARGAS, cédula número 7-181-899, ISABEL OCAMPO, cédula número 9-078-260, HERMINIA VARGAS V., cédula número 1-429-777, ADAN ANCHIA ANCHIA, cédula número 1-496-813, ROGUIDO LOPEZ MARTINEZ, cédula número 6-148- 287, ROSALBA OCAMPO ARGUEDAS, cédula número 6-102-1360, JULIO ELIZONDO ZUÑIGA, cédula número 1-617-563, ERCILIA PEREZ MORALES, cédula número 7-090- 963, ELIZABETH MORA SOLANO, cédula número 1-677-595, IRIA VARGAS VARGAS, cédula número 7-067-081, TOBIAS MORA B., cédula número 9-048-409, ALBA VEGA MORA, cédula número 1-548-760, e HIGINIO JIMENEZ MONGE, cédula número 9-793- 502, a su favor y en el de las comunidades de CAIRO, LA FRANCIA y LUISIANA del Cantón de Siquirres; contra HACIENDA OJO DE AGUA S.A., la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA), el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA, la SECRETARÍA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), y el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.
También son partes -no recurridas- en el proceso, la DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA), el INSTITUTO REGIONAL DE ESTUDIOS EN SUSTANCIAS TÓXICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HEREDIA, COSTA RICA (IRET-UNA), y el DIRECTOR DEL LABORATORIO NACIONAL DE AGUAS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Resultando:
1. Que el Ministerio de Salud otorgó permiso sanitario de funcionamiento a la empresa Hacienda Ojo de Agua; 2. Que la Municipalidad de Siquirres extendió permiso de funcionamiento a la empresa Ojo de Agua; 3. Que el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), aparentemente otorgó un permiso de funcionamiento a la empresa Hacienda Ojo de Agua; 4. Que la parte recurrente desconoce las condiciones técnicas, legales y de plazo en que se otorgaron los anteriores permisos, dado que el Director del Área de Salud de Siquirres, la referida Municipalidad y la SETENA (ésta última en relación con la evaluación del impacto ambiental que debió haber realizado dicha empresa), no han suministrado la información precisa solicitada por la parte recurrente (se indica que la información fue solicitada por los representantes de las ASADAS de Cairo y Luisiana); 5. Que la empresa Hacienda Ojo de Agua, ubicada en el Distrito de Cairo, inició operaciones en el año 2000, con una plantación de aproximadamente 20 hectáreas, que se ha expandido, presuntamente sin permiso ni estudios de impacto ambiental, en aproximadamente 300 hectáreas; 6.
Que la plantación de piña de la empresa Ojo de Agua, está sobre el manto acuífero que da origen a la naciente que nutre el acueducto de El Cairo y Luisiana; 7. Que esa plantación de piña, por la ubicación, pendiente e intensificación del uso de agrotóxicos, ocasiona que sus residuos se conecten directamente con el flujo hidráulico del manto acuífero que da origen a la naciente donde está la toma de los acueductos de Cairo y Luisiana; 8. Que estos suelos son muy permeables, se saturan de agua muy rápidamente, dando origen a grandes zonas de recarga acuífera, como la que nutre a los acueductos de Cairo y Luisiana; 9. Que la referida empresa ha contaminado con agrotóxicos estos acueductos; 10. Que esta zona es muy lluviosa, lo que explica por qué la tecnología utilizada en el cultivo de la piña es de gran concentración y frecuencia de uso del agrotóxico, lo que agrava la contaminación permanente de los mantos acuíferos que están en los alrededores de esta plantación; 11.
Que lo que está pasando con el manto acuífero sobre el cual está dicha plantación de piña, es que sus residuos se filtran hasta la corriente hidráulica, contaminando el agua que consumen las familias de las comunidades circundantes a la empresa; 12. Que las asociaciones administradoras de los acueductos (ASADAS), conforman un comité denominado Pro Agua Saludable para las Familias de las Comunidades de Cairo, La Francia, Luisiana, comité que está constituido por las ASADAS de Cairo y Luisiana; 13. Que este comité se constituyó para obtener una solución real a la problemática persistente de la contaminación del agua de dichos acueductos, por parte de la empresa Ojo de Agua; 14. Que sus familias están tomando agua con agrotóxicos desde hace más de 6 años; 15. Que la situación descrita viola los derechos a la vida, a la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el principio de legalidad y la legislación relacionada con la protección del ambiente, del agua, los recursos naturales y la biodiversidad; 16.
Que estamos ante un caso de negligencia en el cumplimiento de la ley por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Municipalidad de Siquirres y la empresa Hacienda de Ojo de Agua; 17. Que un estudio realizado por la Universidad Nacional (UNA), en el transcurso de los años 2002-2004, denominado “Vulnerabilidad de las Aguas Subterráneas a la contaminación por plaguicidas en Costa Rica”, encontró la sustancia “Bromacil” en el agua del acueducto de El Cairo de Siquirres; 18. Que el acueducto de Cairo nutre en una parte al acueducto de Luisiana; 19. Que ese estudio muestra que el compuesto contaminante con más frecuencia en las muestras de estas nacientes fue el “herbicida Bromacil”; 20. Que esa sustancia fue detectada por el laboratorio del IRET (Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, de la Escuela de Ciencias Ambientales de la UNA), lo que fue confirmado por los laboratorios del USGS de Denver Estados Unidos y Omegan de Holanda; 21.
Que dicho estudio concluyó que la referida sustancia es relativamente móvil y persistente en el suelo, lo que ha causado en otras parte del mundo, contaminación de las aguas subterráneas, tal y como está ocurriendo en las nacientes de los acueductos de El Cairo y Luisiana; 22. Que los científicos del IRET han investigado sobre la gravedad de la expansión de cultivos como la piña, lo que de no cambiar, puede causar una contaminación más generalizada de las aguas subterráneas y de los pozos de la zona, como está sucediendo actualmente; 23. Que el estudio del IRET previene a la institucionalidad pública involucrada implementar las regulaciones sobre uso de plaguicidas y de protección de las aguas subterráneas; 24. Que de las indicaciones emitidas por el IRET desde hace cuatro años, ninguna ha sido implementada por las instituciones públicas responsables; 25. Que un estudio oficial del Laboratorio Nacional de Aguas (LAN) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), encontró que en la naciente de El Cairo se presenta el tóxico Bromacil; 26.
Que con base en este estudio del LAN se observa que prácticamente cuatro años después, las aguas subterráneas que conforman la red hidrológica de estas nacientes, están expuestas a la contaminación por productos químicos (presencia de Bromacil) utilizados en el cultivo de la piña; 27. Que en ese estudio del LAN se indica que en el descriptor de cáncer de la “EPA” para los plaguicidas Bromacil, Diuron y Tradimefon, el Diuron tiene una clasificación L, de probablemente cancerígeno para los humanos, y de los otros se indica que no han sido evaluados, pero en el caso del Bromacil éste tiene una clasificación C, es decir, cancerígeno en animales, por lo que probablemente es cancerígeno para los humanos; 28. Que la norma europea para el Bromacil establece como límite tan solo 1 ug/L, y en el presente caso, este límite es muy cercano o superado por las concentraciones encontradas en el agua, lo cual es muy grave y presuntamente constituye la causa de los males a la salud que padecen los ciudadanos de las comunidades amparadas; 29.
Que en el informe del LAN, entre otras cosas se recomienda, proponer soluciones en las áreas definidas como de interés para el abastecimiento por parte del AyA, desarrollar tareas para la protección del recurso agua que requieran de la presencia institucional y definir acciones preventivas en materia de uso de suelos en las áreas identificadas de interés para el AyA, para disminuir el peligro real o potencial de los recursos hídricos; 30. Que otro estudio oficial del LAN realizado en el mes de julio del año 2007, indicó que había presencia de los tóxicos dichos en las fuentes de abastecimiento de los Acueductos de El Cairo, además de que apareció otro tóxico conocido como Carbariol; 31. Que este último estudio demuestra que no es un asunto de poca o alta concentración de los tóxicos, sino que lo importante es que estas sustancias tóxicas están presentes en forma persistente en el agua que están consumiendo los amparados, lo cual pone en riesgo la vida de las personas; 32.
Que es claro que mientras esté operando la empresa Ojo de Agua encima del manto acuífero, esta situación se va a seguir presentando; 33. Que en otro estudio oficial avalado por el LAN, realizado en agosto de 2007, se determinó nuevamente que hay presencia del tóxico Bromacil en las fuentes de abastecimiento de los acueductos de El Cairo; 34. Que sin embargo, en este último estudio el LAN cometió un error “adrede”, ya que aparentemente solo se analizó si había Bromacil, sin embargo, cuando el estudio se “triangula” con nuevos análisis del laboratorio IRET de la UNA, se vuelve a detectar una gran cantidad de tóxico y concentraciones alarmantes; 35. Que el estudio del IRET es más preciso ya que es realizado por un laboratorio científico que utiliza la misma metodología que otros estudios a nivel nacional e internacional; 36. Que lo importante es recalcar que de los dos últimos estudios se desprende que los tóxicos prevalecen en el agua, en concentraciones determinadas pero persistentes, razón por la que el agua no es potable, sino dañina para la salud humana; 37.
Que ante la gran cantidad de evidencias existentes de la contaminación del agua, no se han tomado las medidas que la legislación del país indica para estos casos; 38. Que en el último muestreo oficial, realizado el 25 de setiembre, en el que estuvieron presentes el Ministerio de Salud y el AyA, no se tomó en cuenta al laboratorio del IRET de la UNA, que es un ente neutral y objetivo; 39. Que de los referidos estudios de los años 2004, 2006 y 2007, se puede apreciar que tanto el número de sustancias tóxicas presentes en el agua, como las concentraciones de las sustancias entre el primero y los otros estudios, se han duplicado y hasta triplicado en el agua que han estado tomando las familias de las comunidades afectadas; 40. Que esta situación ha tenido expuesta a las personas a los peligros potenciales del efecto de estas sustancias tóxicas por cerca de 7 años; 41. Que el Diuron y el Bromacil son agrotóxicos que prevalecen en los estudios, son sustancias peligrosas para la vida humana, son productos muy móviles y ya están en el torrente hidráulico del manto acuífero, por lo que una vez ahí, son muy persistentes, tal y como lo demuestran los diferentes análisis del agua que se han realizado; 42.
Que en las condiciones de la zona atlántica se tienen que utilizar grandes concentraciones de estas sustancias, ya que la condición de la zona es muy lluviosa y obliga a esta práctica agrícola para poder tener el cultivo limpio de mala hierba; 43. Que por esta razón las sustancias prácticamente pasan directamente a la cañería de los acueductos; 44. Que estas sustancias se bioacumulan en los tejidos y órganos de los humanos lo que está causando gran cantidad de enfermedades en las personas de las comunidades afectadas; 45. Que en estas comunidades se presenta una frecuencia persistente de enfermedades tales como pérdida de la visión, mareos y vómitos ocasionales, pérdida del pelo, diarreas, muertes extrañas sin diagnóstico claro, tumores, cáncer, alta frecuencia de abortos con alta incidencia de malformaciones mutagénicas, aumento de mortalidad perinatal y otros males como constantes problemas respiratorios; 46.
Que las ASADAS han solicitado al Ministerio de Salud que realice un estudio epidemiológico para conocer exactamente los verdaderos alcances de esta situación de la salud de las personas, por el hecho de estar expuestas por más de 6 años a estas sustancias tóxicas, pero tampoco se ha tenido una resolución real por parte de las autoridades; 47. Que la información sobre las condiciones de la salud del Cantón de Siquirres, se pueden consultar en los boletines que emiten el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social; 48. Que sobre lo anterior se solicitó información al Director de Salud del Ministerio de Salud de Siquirres, sin embargo, no ha sido entregada con la precisión requerida; 49. Que existe evidencia de que en el Cantón de Siquirres existe una alta y anormal incidencia de una serie de enfermedades con respecto a los otros cantones de la Provincia de Limón, lo cual es probable que se deba entre otras causas, a los agrotóxicos; 50.
Que por lo anterior, la institucionalidad pública encargada de velar por el cumplimiento de las leyes de protección del ambiente y de la salud humana, en la práctica no está cumpliendo con sus funciones ni con las leyes; 51. Que el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades afectadas le solicitó a la Municipalidad de Siquirres se realizara una sesión del concejo municipal para aportar prueba oficial sobre la situación de contaminación del agua del acueducto de Cairo; 52. Que en la sesión de ese concejo municipal celebrada el 19 de julio ante toda la comunidad, ese órgano tomó un acuerdo a favor de la vida de las familias de estas comunidades, pero se tiene el problema de que el municipio no lo ha hecho efectivo, porque la citada empresa continúa realizando operaciones en desacato a lo establecido por el gobierno local, específicamente en lo relacionado con el numeral 1 del acuerdo, que versa sobre declarar “la moratoria inmediata y permanente de los procesos productivos que se realizan sobre el manto acuífero y zona de recarga que sirve de base para las captaciones de los acueductos de Cairo y Luisiana”; 53.
Que esa Municipalidad tampoco ha dado respuesta a la solicitud de información que se le hizo sobre las condiciones de origen, técnica y legal en que se encuentra la patente otorgada a la empresa Ojo de Agua, por lo que presumiblemente, la Municipalidad no está cumpliendo con lo que establece el Código Municipal y las leyes nacionales para otorgar un permiso de operación de una empresa en su territorio; 54. Que el 28 de junio de 2007, el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades afectadas, entregó en el Despacho de la Ministra de Salud, un escrito en el que formula una serie de peticiones relacionadas con la contaminación del agua del acueducto de Cairo y en el que se advertía sobre el grave peligro para la vida de las familias, sin embargo, no han obtenido respuesta por escrito, ni una pronta solución sostenible y permanente; 55. Que la Ministra de Salud en el mes de julio de 2007, declaró ante la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que el acueducto de El Cairo está efectivamente contaminado; 56.
Que ante esa Comisión legislativa la Ministra también dijo que le parece que definitivamente hay que intervenir de una manera clara, no solamente en Siquirres, sino en todas las actividades productivas del país, para evitar el riesgo a las personas y el riesgo al medio ambiente; 57. Que el Ministerio de Salud no ha atacado los problemas de fondo, porque no ha hecho declaratoria de emergencia nacional sobre la situación de las comunidades amparadas, no ha puesto los filtros de carbono en las fuentes de agua y ha dejado por mucho tiempo que la gente siguiera consumiendo agua contaminada; 58. Que además, la referida empresa sigue operando sin control sobre el manto acuífero y no se han evaluado los planes operativos ni se han tomado las medidas sancionatorias legales que correspondan; 59. Que tampoco se le ha iniciado a la empresa un expediente judicial por incumplimiento de la ley, por el daño ocasionado a los recursos naturales y a la salud de las familias; 60.
Que la situación expuesta parece complaciente con la empresa, ya que no se le ha revocado el permiso sanitario de funcionamiento, tal como lo indicó la Ministra de Salud en su visita a las comunidades afectadas y en la Asamblea Legislativa; 61. Que el titular del MINAE, también en una comparecencia ante la Asamblea Legislativa, dijo que se están utilizando agrotóxicos que no están autorizados oficialmente; 62. Que tampoco existe un proyecto para la construcción de un nuevo acueducto en otra naciente no contaminada; 63. Que la Ministra de Salud no ha ordenado la realización del muestreo oficial, con el objetivo de que el Organismo de Investigación Judicial realice pruebas toxicológicas en los habitantes y el Ministerio realice el estudio epidemiológico; 64. Que actualmente se está repartiendo agua en cisternas, pero lo están haciendo en forma inequitativa y cada dos días, lo cual empuja a la comunidad a tomar agua del acueducto; 65.
Que el Director del Área de Salud de Siquirres no ha contestado un escrito que le remitió la parte recurrente, ni ha suministrado información de las acciones realizadas por su Ministerio, ni le ha dado participación al comité de ASADAS que gestiona el proceso de obtención de agua saludable; 66. Que el 28 de junio de 2007, el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades afectadas entregó en el despacho del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, un escrito en el que se le aporta prueba oficial sobre la situación de contaminación del agua y se le advierte que esto pone en peligro la vida de las familias; 67. Que en ese escrito se le formuló al Instituto de Acueductos y Alcantarillados una serie de peticiones relacionadas con su competencia, pero la realidad es que ese ente ha atacado la problemática solo parcialmente y no en el fondo de la situación, ya que no ha dado respuesta al escrito; 68.
Que la Junta Directiva del AyA estableció directrices claras para el jerarca y los funcionarios de esa institución, dirigidas a una solución definitiva sobre la situación de los referidos acueductos, pero el Presidente Ejecutivo de ese Instituto no ha cumplido una serie de acciones con las que se comprometió en forma conjunta con la Ministra de Salud y el MINAE, por lo que es claro que el AyA ha incumplido con sus funciones legales; 69. Que el 28 de junio de 2007, el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades amparadas entregó en el Despacho del SETENA del MINAE un escrito donde se le solicita el estado en cuanto al estudio de impacto ambiental de la empresa Ojo de Agua, el cual es imprescindible para otorgarle el permiso de funcionamiento; 70. Que la anterior información solicitada es clave para dilucidar la situación legal y técnica en que la empresa opera y su relación con la ubicación espacial y la contaminación del agua del acueducto de Cairo; 71.
Que sin embargo, esta dependencia no ha brindado la información solicitada; 72. Que en ese Instituto se le ha indicado a los recurrentes por vía telefónica que no encuentran el estudio de impacto ambiental de la empresa de Ojo de Agua, lo cual es recurrente en la Municipalidad de Siquirres, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; 73. Que también resulta clara la negligencia del MINAE ya que no ha cumplido con sus funciones establecidas en su ley constitutiva y con la vigilancia y aplicación de la Ley Orgánica del Ambiente; 74. Que el Ministerio de Agricultura ha incumplido sus funciones establecidas en las leyes y el reglamento de vigilancia y prevención del uso de agroquímicos en las explotaciones agrícolas y pecuarias; 75. Que la empresa Ojo de Agua es la responsable de esta contaminación del agua, ya que está operando en forma ilegal sobre el manto acuífero que nutre los acueductos de Cairo y Luisiana y esto es lo que está causando el daño a la salud de las personas, al ambiente y los recursos naturales; 76.
Que los resultados emitidos por el AyA ampliamente demuestran la contaminación provocada por la plantación de piña de la empresa Ojo de Agua; 77. Que los representantes de la empresa se comprometieron con la Asociación de Desarrollo Integral de Cairo a dejar de utilizar el Bromacil, pero en solo dos años vemos los resultados de que la contaminación continuó y con más peligro, que el número de tóxicos y la concentración son más altos, lo que demuestra la recurrencia y persistencia de la empresa en su mala praxis; 78. Que esa empresa temerariamente ha difundido resultados no oficiales en donde es evidente que en el estudio que contrataron se encuentra un cóctel de 21 tóxicos, pero le indican a las comunidades que no son perjudiciales para la salud; 79. Que lo anterior demuestra la falta de apreciación de la magnitud de la situación crítica por parte de esa empresa, porque la escala que ha utilizado en la medición la empresa CHEMLABS (empresa que ha hecho estudios de laboratorio sobre el agua), no es una escala científica como la utilizada por el IRET, lo que demuestra que la empresa es temeraria en cuanto a los recursos naturales y el ambiente e irrespetuosa de la ley, ya que lo único que ha demostrado es que lo que prevalece es su interés económico; 80.
Que estos análisis de laboratorio de la empresa CHEMLAB demuestran que no es un asunto de poca o alta concentración de los tóxicos, porque lo importante es que estas sustancias tóxicas están presentes y en forma persistente y esto se llama contaminación, que pone en riesgo la vida de las personas; 81. Que desde el año 2004 cuando el IRET realizó el primer estudio, han transcurrido tres año, pero la empresa ya tiene aproximadamente seis años de operar sobre el manto acuífero de Cairo, esto a la vista y paciencia de la institucionalidad pública, la cual no ha ejercido el control y aplicación de las leyes respectivas; 82. Que por lo anterior, la empresa es responsable y las instituciones del Estado, por negligentes, son corresponsables de este desastre que está ocurriendo con la salud de las personas que han estado expuestas a la contaminación con estos tóxicos; 83. Que inclusive la gran cantidad de obreros de las empresas Ojo de Agua y Fructa, están sometidos al consumo de agua de los propios pozos de estas empresas que están ubicados en los mantos acuíferos contaminados y por la tanto, la institucionalidad pública debe velar por esta situación anormal; 84.
Que la empresa no se ha acercado para darle una solución real a las comunidades afectadas y se ha centrado en defender nada más el interés económico; 85. Que esta empresa no ha acatado la resolución emitida en la sesión extraordinaria del 19 de julio del año 2007, en la que el Concejo Municipal tomó el acuerdo de establecer la situación como emergencia local y estableció una moratoria permanente de las operaciones de la empresa, ya que está demostrado a lo largo de los años, que mientras la empresa Ojo de Agua siga operando sobre el manto acuífero esta situación peligrosa se va a seguir presentando para la población de estas comunidades; 86. Que la Ley de Aguas N° 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas (en especial artículos 31, 32 y 33) declaran como reserva de dominio a favor de la Nación, todas aquellas tierras que circunden los sitios de recarga y descarga de las aguas subterráneas, autorizando la imposición de una serie de medidas proteccionistas de las cuencas, en beneficio de los recursos hídricos; 87.
Que no puede permitir el Estado que la actividad que realice un habitante en ejercicio de la libre empresa, lesione los derechos de otro, e incluso, cause daños irreparables a la salud de la comunidad; que está claro y evidente que toda actividad que se realice debe darse en condiciones tales que permita la armonía con los derechos e intereses de la población; 88. Que no se trata de ninguna forma de limitar la libertad empresarial que pueda ser disfrutada por todos los habitantes de la República, se trata de establecer lineamientos claros para que en el ejercicio de las actividades empresariales, no se dé el menoscabo de los derechos del resto de los habitantes o se cause algún daño al ambiente; 89. Que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (Agenda XXI: Declaración de Río), se establece (en el Principio 15) que, “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”; 90.
Que en este caso particular la SETENA debió realizar el estudio de impacto ambiental para garantizar que no se infringiera el principio pronatura, lo cual es evidente que no se garantizó en el caso que nos ocupa; 91. Que en el caso particular del agua es un bien de dominio público, por lo que se debe conservar y hacer de él un uso sostenible, ya que es de interés social; 92. Que en el caso particular de la contaminación por la Hacienda Ojo de Agua, se pone en evidencia que esta empresa no solo ha alterado el equilibrio del ciclo hidrológico, sino que también está dañando los recursos naturales y la biodiversidad; 93. Que en cuanto al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, es evidente que la empresa ha realizado actividades que generan residuos, materiales tóxicos o peligrosos, además de que ha realizado movimiento de tierras y construcciones, por lo tanto, no podía iniciar actividades hasta que se hubiere realizado la evaluación de impacto ambiental y que la SETENA le haya otorgado la viabilidad ambiental; 94.
Que de no existir esta evaluación ambiental, el permiso de SETENA no se puede haber otorgado, por lo que estaríamos ante un claro caso de violación del criterio preventivo y el precautorio o indubio pronatura, establecido en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad y el referido artículo 17; 95. Que en caso de no cumplir las normas antes señaladas se deben aplicar las sanciones administrativas que señala el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente; 96. Que es claro que a quien le compete cumplir el artículo 50 de la Constitución es al Ministerio de Salud, el cual debe prevenir y detectar los problemas ambientales para proceder a garantizar a la ciudadanía el derecho a la salud y a un ambiente sano; 97. Que hay una clara evidencia de que el Ministerio de Salud no ha cumplido con todo rigor lo que establece la Ley General de Salud; 98. Que es claro que la empresa violenta el principio Pronatura y toda la legislación nacional en materia ambiental y de garantía de la salud de las personas, al realizar sus operaciones en los mantos acuíferos donde se nutren los acueductos de las comunidades afectadas, con la actitud complaciente de las instituciones del Estado y la Municipalidad de Siquirres.
Solicitan que se declare con lugar el recurso.
Redacta el Magistrado González Quiroga; y,
Considerando:
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
1. La empresa aquí demandada, denominada Hacienda Ojo de Agua Sociedad Anónima, tiene una plantación de piña, con un uso actual del suelo de 275 hectáreas, situada en el Distrito de Cairo, Cantón de Siquirres de la Provincia de Limón (ver escrito de interposición del recurso a folio 01; contestación de la empresa a folio 382; informe del Ministerio del Ambiente a folio 303).
2. Durante los años 2003 y 2004, un grupo de científicos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional de (Heredia) Costa Rica, realizó un estudio sobre aguas subterráneas en el distrito antes indicado, encontrando la presencia del herbicida llamado “Bromacil” en el acueducto de agua potable de el Cairo. Esa sustancia se encontró en concentraciones de 0,4 a 4 ug/L en casi todas las muestras de agua tomadas en la naciente del Cairo (ver informe del IRET a la Sala, a folio 757).
3. El estudio de la Universidad pública antes indicado, “confirmó la presencia de plaguicidas en aguas subterráneas en la zona de estudio. El plaguicida más encontrado fue el herbicida bromacil usado en el cultivo de piña. Se encontró este herbicida en dos nacientes que suministran agua potable para comunidades cerca de Siquirres y en los pozos cercanos a ellas. Esta sustancia, relativamente móvil y persistente en el suelo, ha causado, en otras partes del mundo contaminación de las aguas subterráneas. Ello ha resultado en la restricción en su uso y hasta en su prohibición en varios países Europeos” (ver informe del IRET a la Sala, a folio 758).
4. Entre los años 2003 y 2007, los académicos del IRET involucrados en dicha investigación, “alertaron” acerca de este problema de contaminación de aguas a las instituciones públicas, presentando los resultados de su estudio “Vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la contaminación por plaguicidas en Costa Rica”, en talleres llevados a cabo en las comunidades de Guápiles y Siquirres, con la participación de personas de la comunidad y funcionarios del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (ver informe del IRET a la Sala, a folio 758; copia a folio 798).
5. El informe de ese estudio académico también concluye: “El conocimiento de esta situación de riesgo debe alertar a las partes involucradas y facilitar la toma de decisiones en cuanto a la necesidad de ampliar el monitoreo de las aguas subterráneas por la presencia de sustancias críticas en zonas críticas, y de implementar las regulaciones al uso de plaguicidas y a la protección de las aguas subterráneas. Consideramos conveniente y oportuno desarrollar un sistema de vigilancia de la calidad del agua para asociaciones administradoras de acueductos rurales y los departamentos de gestión ambiental de empresas agrícolas. El Laboratorio Nacional de Aguas del AyA [Instituto de Acueductos y Alcantarillados] ha iniciado, con apoyo del LAREP-IRET, el seguimiento a las tendencias de la contaminación en las dos nacientes mencionadas” (ver informe del IRET a la Sala, a folio 759).
6. Los “muestreos” realizados por el IRET en el agua que abastece al acueducto del Cairo, han proporcionado evidencia de que “los niveles [de Bromacil] “no se han modificado”. Entre el 26 de febrero de 2003 y el 07 de julio de 2004, el IRET hizo cuatro tomas de muestras en la naciente principal del acueducto del Cairo, encontrando residuos de Bromacil en el agua, con medidas que oscilaron entre el 0,4 y el 0,6 ug/L. Asimismo, en otro muestreo realizado el 19 de julio de 2008, en las nacientes de Luisiana se encontraron medidas de 4,5 ug/L de Bromacil y 1,0 de Diuron. La lectura de la naciente El Cairo La Francia de ese mismo día arrojó 1,1 ug/L de Bromacil. Asimismo, un estudio de muestras realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en diciembre de 2008, dio los siguientes resultados de la presencia de Bromacil en el agua: 0.40 ug/l en Luisiana, así como 0.355 en el Cairo y la Francia (ver informe del IRET a la Sala, a folio 759; copias de informes a folios 802 y 804; informe del Director a.i. del Laboratorio Nacional de Aguas a folio 613).
7. Las nacientes del Cairo (según los recurrentes el acueducto de Cairo nutre en una parte al acueducto de Luisiana) y La Francia son de abastecimiento público y son captadas para el consumo humano (ver informe del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento a folio 741; aclaración que formulan los recurrentes a folio 08; croquis a folio 693).
8. Además del Bromacil y del Diuron que ya se han citado, también se ha encontrado en el agua de los acueductos del Cairo y Luisiana, la presencia del plaguicida de uso agrícola llamado Triadimefon (ver informe del Ministerio del Ambiente a folio 302).
9. Según el Director a.i. del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, “el Bromacil está clasificado en el grupo C es posible que sea un carcinógeno humano, basado en aumento de la incidencia de tumores de hígado en ratones machos y tumores de tiroides en ratas machos”. En el mismo sentido, el IRET informó a esta Sala que a través de la base de PANNA (pesticideinfo.org), encontró que la clasificación de la EPA [siglas en inglés de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos] para las sustancias indicadas en el acápite anterior es la siguiente: i) Bromacil: “C. [cancerígeno] Posible. Los datos muestran evidencia en animales y limitada evidencia en humanos”. ii) Diuron: “Conocido/probable, carcinógeno para humanos”. iii) Triadimefon: “C. [cancerígeno] Posible. Los datos muestran evidencia en animales y limitada evidencia en humanos”. Por su parte, el Ministerio de Salud dijo al respecto: “A pesar de que el bromacil en estudios practicados en ratas y ratones a nivel de laboratorio, ha mostrado pruebas positivas de carcinogenicidad, las dosis que han provocado estos tumores han sido sumamente altas” (ver informe de dicho Director a folio 613; informe del IRET a folio 760; ampliación de informe del Ministerio de Salud a folio 703).
10. La empresa aquí demandada manifiesta que ha aplicado el Bromacil: “mi representada, tomó la decisión, desde el año 2005, de minimizar totalmente el uso del agroquímico Bromacil en sus plantaciones y a partir de abril del año 2007 suspendió su uso” (ver contestación de esa empresa a folio 385).
11. El 10 de agosto de 2007, se recibió en el Despacho de la Ministra de Salud, un oficio del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (número PRE-2007-069), en el que informa de la presencia de plaguicidas en el agua que consumen las comunidades amparadas y recomienda comunicar a éstas “no consumir esa agua hasta estar seguros que los muestreos de agua no demuestran niveles peligrosos para la población” (ver informe rendido por la Ministra de Salud a.i., a folio 290).
12. El 14 de agosto de 2007 en conferencia de prensa efectuada en las instalaciones del Ministerio de Salud, la Ministra de esta Cartera y el Presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, “señalaron ante la prensa sobre esta la citada presencia de plaguicidas en el agua para consumo humano en los distritos de Siquirres” a que este asunto se refiere. En esa ocasión el Instituto de Acueductos y Alcantarillados se comprometió a distribuir agua en camiones cisterna a las poblaciones afectadas (ver informe rendido por la Ministra de Salud a.i., a folio 290).
13. El 15 de agosto de 2007, se recibió en el Despacho de la Ministra de Salud, copia del oficio ARSS-PAH-SMR-139-2007, suscrito por el Director del Área Rectora de Salud de Siquirres y otros dos funcionarios, que había sido dirigido al Director de la Región Huetar Atlántica, en el que se manifestaba que en el mes de julio del mismo año, funcionarios de esa Área Rectora, habían realizado una inspección a la empresa Hacienda Ojo de Agua, aquí demandada, dándole “lineamientos” para que suspendiera el uso de los tres plaguicidas que ya se han indicado (Bromacil, Diuron y Triadimefon) (ver informe rendido por la Ministra de Salud a.i., a folio 290).
14. “A raíz de las declaraciones en la prensa por parte de algunas autoridades públicas, donde se ponía de manifiesto la presencia de algunos plaguicidas de uso agrícola (Bromacil, Diuron y Triadimefon) en los acueductos del Cairo y Luisiana en el cantón de Siquirres, el Ministerio del Ambiente y Energía se dio a la tarea de convocar el 22 de agosto del presente [2007], a sus dependencias vinculadas con este tema con el fin de elaborar un plan de acción para la inmediata atención de la emergencia” (ver informe rendido por el Ministro a.i. del Ambiente, a folio 302).
15. Formulando observaciones de “carácter preliminar” extraídas de un estudio hidrogeológico contratado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, ha informado lo siguiente: “De la información que se ha recabado en el estudio hidrogeológico que se encuentra en su etapa final, se desprende que la plantación de piña [de la empresa Ojo de Agua aquí demandada] se encuentra sobre un manto acuífero, el cual nutre las nacientes que son captadas por el acueducto de El Cairo y Luisiana […] La plantación de piña [antes referida] se encuentra sobre el manto acuífero y el flujo del agua en el acuífero descarga en las nacientes de El Cairo y Luisiana. De los estudios que se encuentran en ejecución, se desprende que los niveles freáticos son superficiales y que los suelos son permeables (aunque localmente se puede encontrar sectores con materiales de cobertura de menor permeabilidad), por lo que, la aplicación de todo tipo de productos tóxicos llegan con facilidad al acuífero, permitiendo su traslado hacia las nacientes […] La presencia de suelos permeables permiten la infiltración del agua a través del perfil del suelo hacia las capas inferiores alcanzando el nivel acuífero; al desarrollarse en estos suelos [de dicha plantación] una actividad donde se utiliza agroquímicos con características de alta solubilidad y movilidad como el bromacil, permite, en función de un suelo permeable, el arrastre de esos productos por infiltración hacia el flujo del agua del acuífero y por tanto hacia las nacientes de El Cairo y Luisiana, que se encuentran aguas abajo, según los resultados preliminares de las isofreáticas” (ver informe del Servicio Nacional de Aguas, a folios 742-743).
16. La empresa demandada, Hacienda Ojo de Agua, ha contado con el permiso sanitario de funcionamiento correspondiente. Asimismo, esa sociedad ha operado con la respectiva patente municipal (ver informe rendido por la Ministra de Salud a.i., a folio 295; informe de la Municipalidad de Siquirres a folios 440-442).
Del análisis de los hechos probados se desprende una serie de conclusiones que resulta necesario anotar:
a. Existe peligro para las comunidades amparadas por la presencia de agroquímicos en el agua para consumo humano. En este sentido, hay evidencia de que los productos que se han venido indicando (Bromacil, Diuron, Triadimefon), pueden tener efecto cancerígeno.
b. La plantación de piña de la empresa accionada está asentada sobre el manto acuífero correspondiente a las nacientes que abastecen de agua a los acueductos de las comunidades amparadas.
c. En esa plantación de piña se ha utilizado el agroquímico Bromacil.
d. Los Ministerios accionados, sean, el de Salud, el de Ambiente, el de Agricultura, así como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, conocían de la contaminación del agua en esas nacientes desde, al menos, el año 2003.
e. Los niveles de contaminación por agroquímicos en el agua de esas nacientes prácticamente se han mantenido similares, desde el año 2003.
Estos son los aspectos más importantes a efecto de determinar el Derecho de la Constitución aplicable al caso.
En el informe que se le solicitó directamente al Director del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, al responder una de las preguntas que se le formularon, contestó algo que se considera esencial para establecer un parámetro de medición sobre la calidad del agua. En lo que interesa, ese funcionario indicó:
“Dado que no existe normativa nacional de este tipo de sustancias, para el agua de consumo humano, idealmente se puede admitir como valor meta la ausencia o una concentración por debajo de los límites de detección o cuantificación de los mejores métodos utilizados para este propósito”.
“La normativa internacional es muy diversa y por un aspecto de prevención y seguridad a la población que consume dos litros de agua por día durante 70 años (esperanza de vida) es política del AyA acoger la norma con el menor valor que significa al mismo tiempo, menor riesgo para la salud, sea esta, la normativa Europea”.
“La norma europea establece un valor máximo de 0.1 ug/l para cualquier plaguicida” (ver informe a folios 612, 614 y 618).
Respecto del mismo tema, el Ministerio de Salud en determinado momento informó lo siguiente:
“Los análisis practicados en nuestro país para este plaguicida y el establecimiento de tolerancias provisionales y de estudio realizados, de conformidad con las ‘Guías de la Organización Mundial de la Salud’ para contaminantes en aguas para consumo humano, han demostrado que con relación a los parámetros internacionales, los valores encontrados en Costa Rica están muy por debajo de las tolerancias para agua de consumo humano establecidas en esos países […] Dentro de este razonamiento, y considerando la importancia que tiene para la producción agrícola y el desarrollo económico derivado de esta actividad, sería deseable establecer tolerancias, en este caso específico, para el bromacil y el diuron. No se justifica incluir dentro de estas tolerancias al fungicida triadimefon, ya que no hay razón, por el uso aprobado para el fungicida, que residuos de este plaguicida aparezcan en muestreos de agua” (ver ampliación de informe a folios 703 y 704).
Sin embargo, posteriormente este Ministerio aclaró su postura expresando:
"...se evidenció de que el Ministerio de Salud en el mencionado oficio no está recomendando el consumo de aguas con residuos de sustancia alguna ajenas a su naturaleza química y física, como se ha malinterpretado. Aceptar esta posición sería violentar lo dispuesto en el capítulo I 'Del Agua para el Uso y Consumo Humano y de los Deberes y Restricciones a que Quedan Sujetas las Personas en la Materia' de la Ley 5395 Ley General de Salud" (ver copia a folios 840-842).
Del examen de lo expuesto por los dos órganos del Estado responsables de velar por la calidad del agua que consume la población nacional, no es difícil tomar una posición. La política del Instituto de Acueductos y Alcantarillados es apuntar al menor riesgo para las personas y por ello el mejor parámetro o método que ha escogido en su función es el europeo. Esta postura resulta además, avalada por el Ministerio de Salud, que aclaró que no recomienda el consumo de agua con residuos de sustancia alguna ajena a su naturaleza química y física, porque lo contrario violentaría lo dispuesto por la Ley General de Salud. Ahora bien, la Universidad Nacional ha dicho sobre ese método, algo que resulta relevante consignar:
“La Directiva Europea para Agua Potable 98/83/EC establece un valor límite de 0,1 ug/L para cualquier ingrediente activo individual de plaguicida; con excepción del aldrin, dieldrin, heptacloro y epóxido de heptacloro que tienen un valor límite de 0,03 ug/L. Para la suma de ingredientes activos de plaguicidas individuales presentes en concentraciones por encima de los límites de detección el valor límite que la Unión Europea ha establecido es de 0,5 ug/L. Estos límites no están basados en evidencia científica de efectos en la salud sino más bien en un principio precautorio según el que cualquier presencia de plaguicidas en agua de consumo humano es inaceptable” (ver informe del IRET a folio 760).
Ahora bien, precisamente esa precaución es la que se quiere tomar en este caso. De acuerdo con los hechos probados, los niveles de plaguicidas presentes en el agua de consumo de las comunidades afectadas, son superiores a la norma de protección europea. Por eso y existiendo evidencia de que esos productos pueden causar cáncer, resulta imposible no conceder el amparo que solicitan los recurrentes. En este sentido debe observarse que primero está la seguridad de que la población no sufrirá ningún daño. Podría incluso replicarse que el parámetro que se está escogiendo es muy alto para un país como el nuestro, cuyos principales productos de exportación son agrícolas, es decir, que no podríamos aspirar a la norma europea, porque Europa hace mucho tiempo dejó de ser una región de preeminencia agrícola y en cambio, este país centroamericano todavía no sale de esa etapa. Sin embargo, ese es un viejo argumento que ya en el pasado ha causado problemas sociales y jurídicos, como cuando se pensó a mediados del siglo XX, que la legislación de trabajo no podía cubrir a los trabajadores del campo, porque eso podía poner en peligro la economía (agrícola) del país.
En una de las citas anteriores se indica que no existe normativa nacional de este tipo de sustancias para el agua de consumo humano. Por su parte, el Ministerio del Ambiente ha dicho lo mismo:
“En Costa Rica no se cuenta con legislación que regule las concentraciones de estos dos plaguicidas de forma específica” (ver informe a folio 306).
Ahora bien, del análisis de ese problema jurídico, es decir, la falta de un instrumento que regule esa situación, se desprende que la cuestión no puede ser decidida por normas de rango inferior a la ley formal. En este sentido, deben verse los bienes jurídicos en juego, todos los cuales atañen a derechos fundamentales: derecho a la salud, derecho a un ambiente sano y equilibrado, derecho al agua. Por ello no es posible que el asunto pueda ser regulado por la Administración sin base legal especial y específica. El asunto, desde otra óptica, es también un problema que atañe a la Democracia, dado que debe ser el legislador de cara a la ciudadanía, el que decida el límite de las cargas que el poder público puede imponerle a la población, principalmente en un aspecto que atañe a su salud.
En el recurso se ha tenido como parte demandada a la empresa Hacienda Ojo de Agua Sociedad Anónima. Al respecto, debe decirse que formalmente no procede admitir la acción interpuesta en su contra, dado que no se observa que esa entidad mercantil hubiere actuado en ejercicio de funciones o potestades públicas o que se encuentre, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos, conforme lo dispone el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por la razón expuesta, debe rechazarse el amparo que en su contra se interpuso; lo cual no significa una exoneración de las eventuales responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido, al estar claro (por lo menos de manera preliminar), que su concreta operación ha tenido que ver con las sustancias contaminantes encontradas en el agua de los referidos acueductos.
A la luz de lo expuesto este amparo es procedente como medio para proteger a las comunidades afectadas en sus derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En consecuencia, corresponde ordenar a los recurridos que tomen las acciones que correspondan con el objetivo de eliminar la causa de la contaminación y sanear las referidas fuentes de agua.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra de Salud, a Jorge Rodríguez Quirós en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a Javier Flores Galarza en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería y a Ricardo Sancho Chavarría en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que en forma inmediata se inice el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades amparadas de El Cairo, Luisiana y La Francia. Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta.
Como principal responsable de ese plan y de su completo cumplimiento, se designa a la Ministra de Salud y a quienes ocupen ese cargo, lo que significa que el Jerarca de Salud deberá informar inmediatamente a esta Sala, si surgiere algún obstáculo en su labor de coordinador para cumplir el objetivo aquí ordenado. Se les advierte a los accionados que en razón del objetivo aquí dispuesto, podrán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a la empresa Hacienda Ojo de Agua S. A., los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en su plantación y hasta ordenar el cierre inmediato de ésta, si esa empresa incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta sentencia en forma personal a los funcionarios antes indicados, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos. Notifíquese también al Presidente de la Asamblea Legislativa y al Ministro de la Presidencia, para lo de sus cargos. Comuníquese.- Ana Virginia Calzada M.
Presidenta a.i.
Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Rosa María Abdelnour G.
Horacio González Q. Roxana Salazar C.
HGQ/198/vah
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