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Res. 15449-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/07/2021
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the unconstitutionality action against Executive Decree No. 40675-MINAE, upholding its validity and the constitutionality of the national convenience declaration for the Atenas water supply project.La Sala Constitucional declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N° 40675-MINAE, confirmando su validez y la constitucionalidad de la declaratoria de conveniencia nacional del proyecto de abastecimiento de agua para Atenas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismisses the unconstitutionality action against Executive Decree No. 40675-MINAE, which declared the “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas” project a matter of national convenience, to be developed by AyA. Petitioners argued it violated the principle of forest irreducibility and the right to a healthy environment by authorizing tree cutting in the Los Chorros Municipal Recreational Park, which they considered State Natural Heritage. The Court weighs the environmental right against the fundamental right to potable water, highlighting the existing sanitary emergency due to water shortage in Atenas, that the decree explicitly prohibits cutting on State Natural Heritage lands, and that the affected trees are few (six) and located on easements over private property, not on public lands requiring absolute protection. It concludes that the national convenience declaration, based on a cost-benefit analysis, is constitutional, with the human right to water prevailing, without breaching the forest irreducibility principle. Objections regarding municipal autonomy and international treaties are also rejected.La Sala Constitucional desestima la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N° 40675-MINAE que declaró de conveniencia nacional el proyecto “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas” a desarrollar por el AyA. Los accionantes alegaban violación al principio de irreductibilidad del bosque y al derecho a un ambiente sano, por cuanto el decreto autoriza la corta de árboles en el Parque Recreativo Municipal Los Chorros, que consideraban Patrimonio Natural del Estado. La Sala pondera el derecho al ambiente con el derecho fundamental al agua potable, destacando que existía una emergencia sanitaria por insuficiencia de agua en Atenas, que el decreto no permite tala en Patrimonio Natural del Estado, que los árboles afectados son escasos (seis árboles) y ubicados en servidumbres sobre propiedad privada, no en terrenos públicos que ameriten protección absoluta. Concluye que la declaratoria de conveniencia nacional, basada en un análisis costo-beneficio, es constitucional al prevalecer el derecho humano al agua potable, sin que se infrinja el principio de irreductibilidad del bosque. También desestima los alegatos de violación a la autonomía municipal y a tratados internacionales.
Key excerptExtracto clave
“…in the opinion of the Constitutional Chamber, the regulation clearly establishes that lands acquired or expropriated by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for forest protection, water catchment, treatment, and distribution, in this case, form part of the national heritage. This must include easements in protection zones. They have a vocation or clear legal purpose, so that the State’s empowerment to declare national convenience projects under Articles 3(m) and 34 of the Forestry Law, together with the broad conception of Law No. 6126, serve the purpose not only of conservation, but also of expansion and maintenance of the use of the different resources and legal assets the State has to fulfill that practical end, public potable water service, and efficient provision cannot be achieved without facilities maintaining priority in maintenance and preservation of those properties. Regarding properties considered State Natural Heritage, it is absurd that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers should not remain within that special legal regime to allow indispensable works of expansion, maintenance, and preservation of its facilities, complying of course with environmental law applied reasonably and proportionately, for the specific purpose of bringing potable water to communities.…”“…en opinión de la Sala Constitucional, la norma evidentemente establece con toda claridad que los terrenos adquiridos o expropiados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la protección del bosque, la captación, tratamiento y distribución del agua, en el caso que nos ocupa, forman parte del patrimonio nacional. Esto debe incluir las servidumbres en las zonas de protección. Tienen una vocación o claro fin legal, de modo que, la habilitación del Estado para declarar proyectos de conveniencia nacional según los artículos 3, inciso m), y 34, de la Ley Forestal, lo que junto con la amplia concepción con la que fue concebida la Ley N° 6126, sirven el propósito no solo de conservación, sino para la ampliación y mantenimiento de uso de los diferentes recursos y bienes jurídicos que tiene el Estado para cumplir con ese fin práctico, el servicio público a la prestación del agua potable, y que, para una prestación eficiente no se puede alcanzar sin que las instalaciones mantengan una prioridad en el mantenimiento y conservación de esas propiedades. En cuanto a las propiedades consideradas Patrimonio Natural del Estado, resulta absurdo que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no debe mantenerse dentro de ese régimen jurídico especial para permitirle obras indispensables de ampliación, mantenimiento y conservación de sus instalaciones, cumpliendo por supuesto con la legislación ambiental aplicada de modo razonable y proporcional, para el cumplimiento de los fines específicos de llevar agua potable a las comunidades.…”
Pull quotesCitas destacadas
"En momentos de crisis, no sería posible otro resultado que exigir institucionalmente actuaciones diligentes, racionales y proporcionadas."
"In times of crisis, no outcome would be possible other than demanding diligent, rational, and proportionate institutional actions."
Considerando V, epígrafe B
"En momentos de crisis, no sería posible otro resultado que exigir institucionalmente actuaciones diligentes, racionales y proporcionadas."
Considerando V, epígrafe B
"… la autorización de la corta, poda o eliminación de árboles, conforme al artículo 33, de la Ley Forestal, se podrá dar siempre que no se ubiquen en terrenos del Patrimonio Natural del Estado."
"… the authorization for cutting, pruning, or removal of trees, pursuant to Article 33 of the Forestry Law, may take place as long as they are not located on State Natural Heritage lands."
Considerando VI, epígrafe C
"… la autorización de la corta, poda o eliminación de árboles, conforme al artículo 33, de la Ley Forestal, se podrá dar siempre que no se ubiquen en terrenos del Patrimonio Natural del Estado."
Considerando VI, epígrafe C
"… no tiene sentido declarar que las propiedades e instalaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al servicio del agua son patrimonio nacional y de utilidad pública; y sin embargo, no podría cumplir sus objetivos legítimos que esperan todas las poblaciones a las que brinda servicios por estar automáticamente situadas en Patrimonio Natural del Estado."
"… it makes no sense to declare that the properties and installations of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for water service are national heritage and of public utility; and yet, it cannot fulfill its legitimate objectives expected by all the populations it serves because they are automatically located in State Natural Heritage."
Considerando VI, epígrafe C
"… no tiene sentido declarar que las propiedades e instalaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al servicio del agua son patrimonio nacional y de utilidad pública; y sin embargo, no podría cumplir sus objetivos legítimos que esperan todas las poblaciones a las que brinda servicios por estar automáticamente situadas en Patrimonio Natural del Estado."
Considerando VI, epígrafe C
"… no es posible derivar del Decreto impugnado la autorización de una corta indiscriminada de árboles, mucho menos de aquellos que sean parte del Patrimonio Natural del Estado, con lo que es posible inferir que esta normativa no infringe el principio de irreductibilidad del bosque."
"… it is not possible to derive from the challenged Decree the authorization of indiscriminate tree cutting, much less of those that are part of the State Natural Heritage, thus it can be inferred that this regulation does not infringe the principle of forest irreducibility."
Razones particulares de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal
"… no es posible derivar del Decreto impugnado la autorización de una corta indiscriminada de árboles, mucho menos de aquellos que sean parte del Patrimonio Natural del Estado, con lo que es posible inferir que esta normativa no infringe el principio de irreductibilidad del bosque."
Razones particulares de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal
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Constitutional Chamber Date of Resolution: July 7, 2021, at 9:20 a.m.
Docket: 17-016246-0007-CO Type of matter: Unconstitutionality action Constitutional control: Dismissing judgment Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with separate note Judgments from the same docket Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
NOT APPLICABLE.
Topic: UNCONSTITUTIONALITY ACTION Subtopics:
NOT APPLICABLE.
015449-21. ENVIRONMENT. IMPROVEMENTS TO THE WATER SUPPLY SYSTEM OF ATENAS. (LOS CHORROS RECREATIONAL PARK). Unconstitutionality action against the declaration of National Convenience for the Project "Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas" to be developed by the ICAA. Executive Decree No. 40675-MINAE. Published in Supplement No. 244 of La Gaceta of 10/11/2017 Operative part: The action is declared WITHOUT MERIT. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal add particular reasons. Magistrate Garro Vargas attaches a note.- "…in the opinion of the Constitutional Chamber, the rule evidently establishes with complete clarity that the lands acquired or expropriated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, for forest protection, the collection, treatment, and distribution of water, in the case before us, form part of the national heritage. This must include the easements (servidumbres) in the protection zones. They have a vocation or clear legal purpose, so that the State's authorization to declare projects of national convenience under Articles 3, subsection m), and 34, of the Ley Forestal, which together with the broad conception with which Law No. 6126 was conceived, serve the purpose not only of conservation, but also for the expansion and maintenance of use of the different resources and legal assets that the State has to fulfill that practical purpose, the public service of providing potable water, and that, for efficient provision, cannot be achieved unless the installations maintain a priority in the maintenance and conservation of those properties. Regarding properties considered Natural Heritage of the State, it is absurd that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados should not remain within that special legal regime to allow it indispensable works of expansion, maintenance, and conservation of its installations, complying of course with the environmental legislation applied in a reasonable and proportional manner, for the fulfillment of the specific purposes of bringing potable water to the communities.…" CO01/22 ... See more Related Judgments Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 6. LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE Topic: 075- Pending prior matter in judicial or administrative proceedings Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 75 OF THE LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION. DIFFUSE INTERESTS. "…diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a certain social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a certain personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has listed various rights to which it has given the qualifier of 'diffuse,' such as: the environment, cultural heritage, defense of the country's territorial integrity, and the proper management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the referred assets transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not particular groups within it; environmental damage does not only affect the residents of a region or the consumers of a product, but rather injures or puts at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity; similarly, the defense of the proper management of public funds authorized in the National Budget is an interest that concerns all inhabitants of Costa Rica, not just any one group of them. On the other hand, the listing made by the Constitutional Chamber is nothing more than a simple description inherent to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible, in any way, to understand that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights…" CO01/22 ... See more Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE Topic: Environmental protection Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ENVIRONMENTAL PRINCIPLES. "…the existence of an international obligation, enforceable against the Costa Rican State, to adopt measures for the satisfaction of certain rights requiring state action, among them, one as important as the supply of potable water for human use, without forgetting that economic, social, and cultural rights, as well as other political and civil rights, are universal, indivisible and interdependent, as well as interrelated. The foregoing obliges that the determination of a prevailing right not be solely the product of an isolated or closed analysis, but rather the weighing of the other rights that come into consideration, especially if several are concurrent. What does this mean? For the sustainable development of any Nation, resources must be observed as goods and assets of the population, so that the State must not allow access to them to be exclusive, exclusionary, unattainable, and inaccessible for its inhabitants, hence important reforms come to consolidate a human rights approach to the potable water service. The opposite only invites the fostering of an unfinished society for some and not for others. Evidently, it highlights a problem of inequity in the distribution of resources, in which everyone loses, as happens in the most unjust societies on the globe. Hence, it must be affirmed that, like other rights such as the right to a healthy and ecologically balanced environment, one must be in tune with a sustainable development approach in harmony with all other rights…" CO01/22 ... See more Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 050- Environment Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. RIGHT TO WATER. "…Potable water is an asset that the State must ensure for all to achieve a complete society; it clearly provides security and health to the population, and also because it influences productive activities, as well as other own activities that ensure the population's well-being. Adequate strategic planning of the public water service provision is required, especially taking into account periods of reduced annual rainfall. The increased demand for the vital liquid must be addressed by public institutions through timely planning and concrete actions, to satisfy something that is obvious for a social State of Law like Costa Rica's, when it comes to observing the international obligations of economic, social, and cultural rights, and also guaranteeing equity among the population, especially for those who find themselves in vulnerable conditions due to the effect of scarcity. Hence, this Chamber understands the importance of seeking mechanisms that allow balancing the conflicts that may arise between the right to water, which public authorities have been protecting in their reports, and the more general rights to a healthy and ecologically balanced environment, specifically, the alleged protection of forests, protected wilderness areas, or the Natural Heritage of the State, etc. In times of crisis, no other result would be possible than to institutionally demand diligent, rational, and proportionate actions.…" CO01/22 ... See more Content of Interest:
Type of content: Separate note Branch of Law: 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS Topic: CONSTITUTIONAL JURISDICTION Subtopics:
NOT APPLICABLE.
NOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS.
Sole.- THE NORMATIVE COMPLEX GOVERNING THE CONSTITUTIONAL CHAMBER. In previous notes (see judgments 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582, 2016-018351, 2020-013316, 2020-023743) I have made some considerations regarding the exercise of constitutionality control and international instruments as a parameter for assessment. In this regard, in what is pertinent and in summary, I indicated the following:
"The function of controlling the conformity of laws and general provisions with treaties and conventions is not expressly provided for in the constitutional text but only in Art. 73.d) LJC, but it is not contrary to the former, as it allows guaranteeing the effectiveness of Art. 7 CP. That function of controlling said conformity is a function distinct from the one exercised by the Chamber under Art. 10 CP—constitutionality control—and from that established in Art. 48 CP—jurisdictionally guaranteeing constitutional rights and those of a fundamental nature established in international human rights instruments.
When this Chamber exercises its constitutionality control function, it is not appropriate for it to resort to treaties and use them de facto as if they formed part of the constitutionality parameter. Such instruments, and only if they are duly ratified, can become a parameter of conformity of legal and infra-legal norms with themselves, by reason of what is established in Art. 7 CP and 73.d) LJC. This is consistent with a systematic interpretation of the Constitution and the LJC and with respect for the separation of powers, a fundamental principle of every democratic State of Law." (The highlighting does not correspond to the original votes).
In the specific case, in whereas clause V, sections A and B, reference is made to international instruments or documents that are not duly ratified treaties. I consider that the invocation of these is pertinent if it is understood that it is done for hermeneutical purposes.
Anamari Garro V.
Magistrate CO01/22 ... See more Content of Interest:
Type of content: Separate note Branch of Law: 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
NOT APPLICABLE.
Docket: 17-016246-0007-CO Particular reasons of Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal, with drafting by the former. Access to water transcends local or cantonal interests.
We have concurred with the judgment that declared this unconstitutionality action without merit. However, we also set forth these particular reasons regarding this dismissing judgment.
This action is brought against Executive Decree No. 40675-MINAE of September 25, 2017, which is the Declaration of National Convenience for the Project "Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas" to be developed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. The petitioning association considers that this decree violates Articles 7, 50, 89, and 169 of the Political Constitution, in addition to the international obligations contained in numerals 5, of the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the American Countries (Law No. 3763); 4 and 5, of the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Law No. 5980).
It is indicated in the judgment that the promulgation of the Executive Decree accused of being unconstitutional occurred before the Constitutional Reform that enshrines the right to water in constitutional Art. 50 and before the amendment to the Ley Forestal, with the "Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado, Law No. 9590 of July 3, 2018," so it is evident that at the time during which the challenged Executive Decree of National Convenience was being processed, there was no synchronicity of legal provisions, which clearly affected the fundamental right to water in some cases and, unfortunately, prevented the use of water resources that could be extracted from areas considered Natural Heritage of the State.
Furthermore, it is indicated in the judgment that the challenged decree has as its backdrop the Executive Decree declaring a health emergency in the city of Atenas, since the State verifies that the flow is insufficient for the supply of potable water suitable for human consumption given the population growth. For this reason, the Ministry of Health declares the emergency, with support of the precautionary principle in health matters, defining concrete actions by the State, thus avoiding the worsening of the situation and preserving human life.
It is added, moreover, that the water intake in the Parque Recreativo Municipal Los Chorros had come before this Constitutional Chamber on many occasions, resolving that the project to supply water to the communities of Atenas is legitimate.
Pursuant to the background, we set forth these additional reasons for this judgment:
1- There has been a clear situation of insufficiency in the supply of potable water in the city of Atenas, which constituted a health emergency. This scarcity could not be resolved with the existing regulations at the time, as they prevented the use of water resources that could be extracted from certain areas of the country. This provides support and foundation for the challenged decree.
On the other hand, it is indicated that the national convenience declared by the challenged Decree was established when there was technical certainty that the social benefits were greater than the socio-environmental costs. Likewise, in the justification of the Decree, it is indicated that there is a real demand required by a specific population and that according to the report of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it seeks to satisfy a demand until the year 2030 for thirty thousand inhabitants of Atenas and is based on the health emergency of its communities declared by the Ministry of Health. The establishment of projects of national convenience allows the land-use change (cambio de uso del suelo) in infrastructure projects, state or private, as long as these protection areas are not located within lands of the Natural Heritage of the State.
It is established that, according to the review by MINAE, there are more social benefits than socio-environmental costs; the Decree itself even contemplates the prohibition of tree felling on lands of the Natural Heritage of the State and that any felling carried out must be done in a limited, proportional, and reasonable manner (Articles 2 and 4 of the challenged Executive Decree).
2- According to the review by the competent authorities, in this specific case, the declaration of "national convenience" that would allow certain changes to bring potable water to the city of Atenas would produce more benefits than costs. Moreover, such benefits would likewise not permit the felling of trees on lands of the Natural Heritage of the State. In this way, without unprotecting this heritage, certain (lesser) environmental costs would be allowed compared to the benefits, related to the right of access to water and, therefore, to the right to health. It is not just any type of benefit that must be weighed in this case, but benefits of such magnitude and as fundamental as those mentioned.
The petitioners allege the prohibition of forest cutting in the Parque Recreativo Municipal Los Chorros, because in their opinion it is an area of Natural Heritage of the State (pursuant to the principle of the irreductibility of the forest). For its part, the Procuraduría General de la República indicates that it does not agree that said recreational park is a protected area or natural heritage of the State; and the rest of the reporting authorities in this action insist that the location of the area covered by the declaration of convenience involves protected wilderness areas where it could occur. In this regard, it is stated here that, by virtue of judgment No. 2013-11525, it was established that the tree felling actions would be carried out on protected wilderness areas where legal authorization may exist, provided there is compliance with the legal requirements that incorporate the mechanisms for weighting and rational use of natural resources. It was also indicated that, being on privately owned lands and in protected wilderness areas, these would be trees that could be felled, always mediating a decree or declaration of national interest, as alleged by the authorities of the Ministerio de Ambiente y Energía.
Subsequently, the Chamber clarifies that it is not possible to derive from the challenged Decree the authorization for indiscriminate felling of trees, much less of those that are part of the Natural Heritage of the State, with which it is possible to infer that this regulation does not infringe the principle of irreductibility of the forest.
3- It was established that the tree felling actions would be carried out on protected wilderness areas where legal authorization may exist and prior compliance with legal requirements. Additionally, on privately owned lands and in protected wilderness areas, these would be trees that could be felled. Hence, the principle of irreductibility of the forest, which operates in environmental law matters, is not affected.
It is indicated in the judgment that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has as its mission or legal purpose to ensure the proper functioning and maintenance of the potable water distribution networks to the communities, with sufficiency and continuity. This is precisely one of the problems for which it is necessary to increase the amount of water that the institution must provide to the community of Atenas. We must highlight, as the judgment indicates, that the declaration of the Parque Recreativo Municipal Los Chorros has as its purpose and vocation forest protection linked to the water resource. Furthermore, it is indicated that it makes no sense to declare that the properties and installations of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the service of water are national heritage and of public utility; and yet, it could not fulfill its legitimate objectives expected by all the populations it serves because they are automatically located in the Natural Heritage of the State.
4- In a case like these, the exercise of weighing rights must consider that, without serious detriment to others (such as the fundamental right to the environment), it is also possible to satisfy the right of access to potable water. Thus, then, an aspect to consider is the obligation that the Institute in question has, regarding providing access to potable water to the entire population.
As stated in the judgment, it is observed that Article 1 of the challenged decree agrees on required prevention, mitigation, or compensation works approved by SETENA. It is also indicated that the felling of trees will not be carried out in an uncontrolled or arbitrary manner, but on the contrary, it must be done in accordance with the technical criteria that determine that need.
5- The challenged decree itself establishes in its regulations the manner in which tree felling can be compensated, mitigated, and prevented, further understanding that it will not be an uncontrolled or arbitrary felling but only that which is technically necessary to fulfill the right of access to potable water.
These are the arguments that support these particular reasons in a case so important for the communities that demand the right to water.
Water is an essential common good, whose content and benefit transcends local or even particular interests. This is one of the topics discussed in this judgment. The view on the right to water has changed, and the discussion raised in this decision clearly demonstrates it. A few decades ago, this controversy was unthinkable.
Fernando Cruz C.Paul Rueda L.
MagistrateMagistrate CO01/22 ... See more *170162460007CO* Docket: 17-016246-0007-CO Res. No. 2021015449 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on July seventh, two thousand twenty-one.
Unconstitutionality action brought by ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTOS DE TACARES DE GRECIA, with legal identification number 3-002-247987, represented by CARLOS EDGAR GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, holder of identity card number 02-0254-0769; against the Declaration of National Convenience for the Project "Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas" to be developed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Executive Decree No. 40675-MINAE of September 25, 2017, published in Supplement No. 244 of La Gaceta of October 11, 2017.
Whereas:
1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 7:38 a.m. on October 17, 2017, the petitioner requests that the unconstitutionality of the Declaration of National Convenience for the Project "Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas" to be developed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Executive Decree No. 40675-MINAE of September 25, 2017, published in Supplement No. 244 of La Gaceta of October 11, 2017, be declared. He alleges that he challenges the decree because, in the text of the declaration, aspects are pointed out that, in the petitioner's opinion, are fallacious, such as that the water will be extracted from an area that is not a protected wilderness area, when the Constitutional Chamber in Judgment No. 2013-011525 recognized that the entire area was Natural Heritage of the State; it omits mentioning that the water will be extracted from the Parque Recreativo Los Chorros, created by Law No. 6126, which establishes an express prohibition on eliminating forest cover (cobertura boscosa) and, also, that the competence for oversight of the Park is shared by the Municipalidad de Grecia and SINAC, without mentioning the corporation in the challenged act. He specifies that, according to the mentioned judgment of the Constitutional Chamber, the area of the Parque Recreativo Los Chorros is Natural Heritage of the State; it cannot be logged, without modifying the law that constituted the park; it is a site of high environmental fragility; it is a park that in its entirety is public domain and the collection sites are in it. He adds that the second article of the challenged Decree, which allows the felling, pruning, or elimination of trees including species declared under a ban or in danger of extinction located on lands covered with forest or in protection areas, is unconstitutional, given that the site where the water intakes are located is part of the natural heritage of the State. He indicates that official letter No. OG-1069-2013 of SINAC, dated June 16, 2013, mentioned in Whereas Clause VI of the challenged Decree, is today non-existent for being unconstitutional, given that the cited Judgment No. 2013-011525 is posterior and recognized that Los Chorros is a fragile ecosystem and natural heritage of the State. He believes that, with the challenged Decree, the Executive Branch wishes to make it appear that part of the forest can be felled, pruned, or eliminated, as if it were a private farm, on a site of high environmental fragility, which is where the water intakes are and where the pipeline passes, which results in a violation of the principle of irreductibility of the forest and the right to a healthy and ecologically balanced environment, since it even expressly transgresses said constitutional jurisprudence. He considers that allowing deforestation in the protection zones, as authorized by the second article of the challenged Decree, along the Río Prendas, is contrary to the principle of irreductibility of the forest. He states that there is no possibility of differentiating between the watercourse protection zone and the site that is natural heritage of the State, as the challenged Decree intends to do in its second article, because the entire park is a single block, an indivisible whole, a fragile ecosystem to be protected. He clarifies that the water intake, which has been taken from the Río Prendas for many years (since 1961, before the park became public domain), is not being questioned, but rather the elimination of the already existing pipeline to install a new one, as this entails unconstitutional logging. He points out a violation of the principle of legal reservation and of singular inderogability of the rule, because Law No. 6126, which constituted the Parque Recreativo Los Chorros, provides several prohibitions that the challenged Decree disregards; a decree could not override a law that expressly establishes the prohibition of logging, disturbing animals, or causing damage to the existing water collection works. He adds that if Law No. 6126 establishes the condition of public domain land and, therefore, the obligation of protection and of not logging, the application of a declaration of national convenience, used on lands of private law subjects, is unconstitutional for contravening the Park Law, the Ley Forestal, and Articles 50 and 89 of the Constitution. He appreciates, according to numerals 2 and 3, of the Law of the Parque Recreativo Los Chorros -Law No. 6126-, that in the declaration of national convenience it was fundamental that the consent or opinion of the Municipalidad de Grecia be considered and introduced; which is lacking in violation of the municipal administrative autonomy provided for in Article 169 of the Constitution. He requests that the Decree of National Declaration of the Project "Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas" to be developed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be declared unconstitutional, for transgressing numerals 7, 50, 89, and 169 of the Political Constitution and the principles of environmental law, such as that of irreductibility of the forest, singular inderogability of the rule, objectification or scientific guardianship, and that of legal reservation.
2.- In order to substantiate the standing he holds to bring this unconstitutionality action, he indicates that it is brought based on paragraph 2 of Article 75 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, as it deals with the defense of diffuse interests by acting in defense of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
3.- On October 26, 2017, the petitioner requests that the action proceed and indicates that Article 5, subsection a), of Law No. 6126, insofar as it prohibits "Felling trees and extracting plants, flowers, or any other object of plant origin," be considered as an expansion of the arguments.
4.- By resolution at eleven hours eleven minutes on November 3, 2017, the action was admitted, granting a hearing to the Procuraduría General de la República and the Ministerio de Ambiente y Energía.
5.- The Procuraduría General de la República submitted its report and indicates that the petitioners' allegations concern four points: 1) The violation of the principle of irreductibility of the forest, since Articles 2, 3, and 4 of the challenged decree allow tree felling in the protection area of the Río Prendas and that the Project's pipelines will cross until reaching a public street—this, despite the Parque Recreativo Municipal Los Chorros (created by Law No. 6126) being a protected area, natural heritage of the State—; 2) Violations of the principle of legal reservation and of singular inderogability of the rule, since the previous articles oppose the provisions of Law No. 6126 and constitutional Articles 50 and 89, which prohibit tree felling in protected areas; 3) Violation of the municipal autonomy of the Municipalidad de Grecia, because "the Executive Branch disposed of a public land that is partly under municipal jurisdiction," without obtaining its opinion; 4) Violation of international norms and obligations, where Articles 7, 50, and 89 of the Constitution are transgressed, because the Costa Rican State committed to adopting laws and regulations ensuring the protection and conservation of the flora in its territory and protecting the different ecosystems—the foregoing, in accordance with the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the American Countries (Law No. 3763), Article 5, and the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Articles 4 and 5-.
The Office of the Attorney General notes that, pursuant to article 121 of the General Law of Public Administration, the legal nature of the challenged regulation corresponds to an administrative agreement and not a decree—therefore, being a specific administrative act, it is not subject to review through this channel; it concludes the foregoing based on this criterion of the Constitutional Chamber: “(…) the executive decree that declares a project to be of public interest and national convenience and enables the developer, ‘with prior authorization from the corresponding office of the National System of Conservation Areas, for the felling of trees (including prohibited species) and the development of infrastructure works in protection areas (...), despite the designation of ‘executive decree’ given to it, it is a concrete and particularized provision, limited to qualifying the public interest and national convenience of a project clearly individualized in terms of subject and content (…)”. It states that the Parque Recreativo Municipal Los Chorros—in the act of its creation—was not declared a protected wilderness area, of state public domain, since it did not meet the necessary requirements for that purpose, nor does it fall within any of the legally established management categories, and therefore, it could not be asserted that it has that condition. It adds that the expression “protected area” used by the Constitutional Chamber—in Judgment 2013-11525—is in a broad sense and not a strict one; also, that the lands of the Parque Recreativo Municipal Los Chorros that form part of the Natural Heritage of the State are only those that fall within the assumptions of article 13 of the Forestry Law, to be verified with the proper technical studies of the State Forestry Administration—therefore, on this point, it would be improper to assert that the entirety of the park area is Natural Heritage of the State. It refers that, in Opinion C-285-2013, it was stated that the lands forming part of the protected wilderness areas of the Natural Heritage of the State are those of public property—not those of private property, even if geographically comprised by them, and that the municipality does not administer privately owned lands; furthermore, that according to judgment 389-2016 of the Administrative and Civil Tax Court, the aqueduct and right-of-way easement in favor of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, for the project Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas—cause of public utility—was imposed on a privately owned property, Folio Real System, registration number 197596, Partido de Alajuela, rights 001, 003, 004, and 005. It states that it is incorrect to assert that the challenged Decree permits pruning, felling, or elimination of trees in the Natural Heritage of the State, since they are authorized on lands with forest cover or in the protection areas defined in article 33 of Forestry Law No. 7575, provided they are not located on lands of the Natural Heritage of the State; moreover, that such acts will be carried out on privately owned lands, which is in accordance with the provisions of articles 19, subsection b), and 34 of that regulation, the postulates of sustainable development, and the Law of the Constitution—that is, the prohibition of article 5, subsection a), of Law No. 6126 is not absolute and must instead be interpreted systematically with the provisions of the Forestry Law. It observes that, with respect to article 3 of the challenged Decree, the plaintiffs did not explain the reasons why that norm contradicts the Law of the Constitution, thereby failing to meet the requirement of article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction, to state clearly and precisely, with specific citation of the norms or principles they consider infringed. It points out that, related to the transgression of municipal autonomy, the Constitutional Chamber has established that when a claim of unconstitutionality alleges the defense of institutional interests, such as autonomy, “one is before a case of individual and direct harm.” It states that numerals 1, 2, 3, and 4 of Decree 40675-MINAE do not authorize pruning, felling, or elimination of trees on lands of the Natural Heritage of the State, and therefore, the State has fulfilled the international commitment to adopt laws and regulations to conserve and protect forests, within the concept of environmentally sustainable development; likewise, the plaintiffs do not confront, nor state, clearly and precisely, the reasons why each of the norms of the Decree are contrary to the texts of the cited international conventions. For the reasons stated above, it requests that the action be declared without merit.
6.- Fernando Mora Rodríguez, in his capacity as Acting Minister of Environment and Energy, indicates that his represented party always acted in accordance with the powers conferred by articles 2 of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy (Law No. 7152), 3, subsection m), and 34 of the Forestry Law (Law No. 7575), by which Executive Decree No. 40675-MINAE of September 25, 2017 (challenged norm) declared the project “Mejoras al sistema de abastecimiento de Atenas” to be of national convenience, to be developed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; prior to this declaration, a cost-benefit assessment of the project was conducted in order to determine if it was technically viable and feasible, and in fact, Considering IX of the challenged decree establishes that the “(…) AyA, prepared the socio-economic evaluation of the cited project, which was submitted by the Ministry of Environment and Energy for assessment, in order to weigh that the social benefits exceed the socio-environmental costs, (…) the foregoing for the purpose of issuing the respective recommendations, which, as relevant, indicated that the procedure used by AyA was adequate for the estimation of the indicated externalities, and ultimately it was concluded that: ‘… there is a positive social benefit and it is evident that it will satisfy a real demand required by a specific population, such as potable water service. For this reason, the project can be considered of national convenience… because due to the project results (positive IRR and NPV), it is considered that the project can be granted the declaration of national convenience.’” He adds that this declaration of national convenience for the project seeks to satisfy the demand (until the year 2030) for potable water for thirty thousand inhabitants of the community of Atenas given the deficiencies in the supply of water suitable for human consumption—a problem previously considered in Executive Decree No. 38005-S “Declares a sanitary emergency in the communities of the canton of Atenas due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption,” issued on October 15, 2013—; furthermore, another purpose of the project is to safeguard the human right to water and hence it was considered appropriate to declare its national convenience. He states that the plaintiffs point out the prohibitions of: felling or exploitation of trees in the Natural Heritage of the State, land-use change on private lands with forest cover, and regarding felling trees in protection areas (articles 1, 18, and 33 of the Forestry Law; as well as 148-150 of the Water Law); however, said prohibition is not absolute since the legislator included exceptions that allow changing land use on private lands with forest cover and felling trees in protection areas, in the case of projects declared of national convenience (lands of the Natural Heritage of the State are excluded)—the foregoing in accordance with articles 3, subsection m), 19 subsection b), 33, and 34 of the Forestry Law (related to articles 2 and 4 of the challenged decree). He states that, based on the foregoing, the plaintiffs are not correct in their argument since the Ministry of Environment and Energy is not authorizing felling in “Natural Heritage of the State”—nor is any type of clear-cutting discussed—but rather the felling or pruning must be limited, proportional, and reasonable; furthermore, according to information presented by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (via memorandum of October 25, 2017), it is reiterated that approximately six trees located in the right-of-way easement and properties of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados need to be felled, but it was specified that “the decision to fell will be made when executing the work on site,” so the felling would not necessarily be carried out. He explains that the challenged decree does not conflict with Law No. 6126 (“Declares Parque Recreativo Municipal Los Chorros Grecia” of November 9, 1977), and in fact, in Legislative File No. 7679, it was anticipated that said waters could supply populations that require them, as in this case occurs with the canton of Atenas. He points out that, by means of Official Communication No. SINAC-DE-1871 of November 8, 2017, “(…) the figure of ‘Parque Recreativo Los Chorros’ is not contemplated within the management categories of protected wilderness area, but rather corresponds to a special law, No. 6126, and which even considered in its articles that privately owned properties were also included in the Recreational Park (...); on the other hand, according to Considering V of the challenged decree ‘(…) the project consists of expanding the capacity of the water conveyance line (63.50 l/s) from the current source located at the Prendas spring, to a new storage tank in Sabana Larga de Atenas (…)’ which technically implies that the project is not necessarily located in the Natural Heritage of the State, nor is it limited solely to the Parque Recreativo Los Chorros, but rather extends to the canton of Atenas. He adds that the challenged decree respects Constitutional article 50 since, through Resolution No. 1614-2014-SETENA of 8:20 a.m. on August 14, 2014, environmental feasibility was granted to the project (grounds for declaring the national convenience of the project)—thus, what was required in Judgment No. 11525-2013 of 10:05 a.m. on August 30, 2013, is already complied with, wherein the Constitutional Chamber noted the need for this project to have environmental feasibility and therefore it was decided to suspend it. He emphasizes that the plaintiffs' argument that the Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados cannot carry out the project works in the Parque Recreativo Los Chorros does not proceed because said entity was attributed the power to acquire real estate property it deems convenient (expropriating if necessary) and thus carry out the construction required for the collection and conveyance of water for populations; this in accordance with articles 2, subsections a), b), f), h), and i), 5 subsections c), and e), and 18 of the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Law No. 2726). He requests, for the foregoing, that this action be declared without merit.
7.- The edicts referred to in the second paragraph of article 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction were published in numbers 240, 241, and 242 of the Judicial Bulletin, of December 19, 20, and 21, 2017.
8.- The hearing indicated in articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9, ibidem, deeming this resolution sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.
9.- By resolution of 10:08 a.m. on January 25, 2018, the responses to the hearings by the Office of the Attorney General of the Republic and the Ministry of Environment and Energy are deemed answered, and the case file being ready, the claim of unconstitutionality is passed to the office of Magistrate Luis Fernando Salazar Alvarado, who, by rotation, is responsible for the substantive review.
10.- The prescriptions of law have been complied with in the proceedings.
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,
Considering:
I.- Regarding admissibility. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction regulates the requirements that determine the admissibility of claims of unconstitutionality, requiring the existence of a matter pending resolution in an administrative or judicial venue where unconstitutionality is invoked, a requirement not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when by the nature of the norm there is no individual or direct harm, when it is based on the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole, or when it is filed by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, or the Ombudsman, in these latter cases, within their respective spheres of competence. The text in question provides that it proceeds when “by the nature of the matter, there is no individual or direct harm.” Secondly, the possibility of appearing in defense of “diffuse interests” is provided; this concept, whose content has been gradually delineated by the Chamber, could be summarized in the terms used in Judgment No. 1993-3750 of 3:00 p.m. on July 30, 1993:
“... Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership merges with that of the national community as a whole, nor so concrete that determined or easily identifiable persons, or personalized groups, are identified in relation to them, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones that concern a community as a whole. It thus concerns individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of persons who share an interest and, therefore, suffer a harm, actual or potential, more or less the same for all, so it is rightly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a double nature, since they are at once collective—being common to a generality—and individual, for which they can be claimed in such character.” In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons not formally organized, but united based on a determined social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a determined personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualification of “diffuse,” such as: the environment, cultural heritage, defense of the country's territorial integrity, and sound management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on one hand, the referred goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; an environmental damage does not only affect the residents of a region or the consumers of a product, but rather harms or puts at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity; similarly, the defense of the sound management of the public funds authorized in the Budget of the Republic is an interest that concerns all the inhabitants of Costa Rica, not just any particular group of them. On the other hand, the enumeration that the Constitutional Chamber has made amounts to no more than a simple description inherent to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible, in any way, to come to the understanding that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights.
II.- Regarding standing in the specific case. The claim of unconstitutionality filed by Carlos Edgar Gutiérrez Jiménez, in his capacity as President of the Asociación Administradora de Acueductos de Tacares Sur de Grecia, seeks the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, in that he accuses that the challenged decree authorizes the felling of a forest in an unconstitutional manner, and contrary to what was established by Judgment No. 2013-11525 of 10:25 a.m. on August 30, 2013, issued within case file 13-007790-0007-CO. In this sense, the action is admissible given that the plaintiff's claim is the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as he points out that it was alleged that the Executive Decree permits an unconstitutional felling of a forest, in accordance with Constitutional article 50.
III.- Object of the challenge. The claim of unconstitutionality filed by the representative of the plaintiff Association seeks the declaration of unconstitutionality of the following Executive Decree:
No. 40675-MINAE THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC AND THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY In the exercise of the powers conferred by article 140 subsections 3) and 18) and 146 of the Political Constitution; the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments; articles 16, 28 paragraph 2 subsection b), and 136 subsection 2) of the General Law of Public Administration No. 6227 of May 2, 1978; article 2 subsection e), 50, 51, and 52 subsection d) of the Organic Law of the Environment No. 7554 of October 4, 1995; articles 3 subsection m), 19 subsection b), and 34 of Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996; article 2 subsection m) of the Regulation to the Forestry Law, Executive Decree No. 25721-MINAE of October 17, 1996.
Considering:
I.—That article 2 subsection c) of the Organic Law of the Environment No. 7554 establishes that the State shall ensure the rational use of environmental elements, in order to protect and improve the quality of life of the inhabitants of the national territory. Likewise, it has the obligation to foster economic and environmentally sustainable development, understood as development that satisfies basic human needs without compromising the options of future generations.
II.—That the Organic Law of the Environment in its articles 51 subsection c) and 52 subsection b), establishes:
“Article 51.—Criteria. For the conservation and sustainable use of water, the following criteria must be applied, among others: (…)
IV.—That in accordance with article 50 of the Organic Law of the Environment No. 7554, it is established that water is of public domain and its conservation and sustainable use are of social interest, and it is the State's responsibility to apply these in the preparation and execution of any management plan for water resources, as well as in the operation and administration of potable water systems and their collection.
V.—The aqueduct of Atenas was built based on the capture of the Prendas spring, dating back to the year 1961. This supplies, besides the Central District, the communities of Santa Eulalia, Mercedes Norte, Sabana Larga, and Río Grande, which are located a short distance from the main conveyance line coming from the Prendas source.
The project consists of expanding the capacity of the water conveyance line (63.50 l/s) from the current source located at the Prendas spring, to a new storage tank in Sabana Larga de Atenas, as there is a deficit of 20 l/s to supply the community.
To date, the demand projection made for the population located within the zone of influence supplied by the Atenas aqueduct indicates that 119 l/s will be gradually required by the year 2030, according to the increase in population demand, which corresponds to the maximum daily flow demanded by a benefited population of approximately 30,000 inhabitants.
The expansion of the aqueduct consists of utilizing part of the overflow that is currently not used, to satisfy the current and future demand of the city of Atenas. These works are of public interest, because they provide potable water to places that currently have serious deficiencies in service, mainly regarding the quantity and continuity thereof. This is the case of the Canton of Atenas, for which an analysis was conducted of the priority works that will improve the potable water supply service and solve the problem, where it was identified that the necessary components consist of expanding the capacity of the water conveyance line, replacing some distribution networks, and improving storage.
VI.—That in accordance with official communication number OG-1069-2013 of June 15, 2013, signed by the Cordillera Volcánica Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas: “...the place where the waters are captured to supply the aforementioned places..., does not have a protected wilderness area category administered by SINAC-MINAE according to what is established in the Organic Law of the Environment. This means that said sources are located on a private property...” VII.—That the Project called “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas,” under article 17 of the Organic Law of the Environment No. 7554, has the respective environmental feasibility issued by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), according to resolution No. 1614-2014-SETENA of eight hours twenty minutes on August fourteenth, two thousand fourteen (administrative file No. D1-11811-2013-SETENA).
VIII.—That articles 19 subsection b) and 34 of Forestry Law No. 7575 prohibit the change of land use on lands with forest cover, as well as the felling of trees in protection areas, except in state or private projects that the Executive Branch declares of national convenience, being those projects whose social benefits exceed the socio-environmental costs, as is the case with the Project called “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas.” IX.—For that purpose, the AyA prepared the socio-economic evaluation of the cited project, which was submitted by the Ministry of Environment and Energy for assessment, in order to weigh that the social benefits exceed the socio-environmental costs, under subsection m) of article 03 of Forestry Law No. 7575, for the purpose of issuing the respective recommendations, which, as relevant, indicated that the procedure used by AyA was adequate for the estimation of the indicated externalities, and ultimately it was concluded that:
“...there is a positive social benefit and it is evident that it will satisfy a real demand required by a specific population, such as potable water service. For this reason, the project can be considered of national convenience... because due to the project results (positive IRR and NPV), it is considered that the project can be granted the declaration of national convenience.” X.—That, for this reason, it is required to declare the national convenience of the cited project, given that it is a potable water supply infrastructure work of a public actor and its development will contribute to meeting the water demand of the community of Atenas. Likewise, the project aligns with national policies to improve potable water systems, so as to guarantee the reliability, timeliness, and quality of this service available for consumption nationwide.
XI.—That, because the project contemplates the expansion and improvement of existing works or the construction of new works located within the protection areas of rivers or streams or areas of forest aptitude, in which it would be necessary to generate environmental impacts, which will represent the minimum possible, a legal and technical framework is required so that said activities can be carried out.
XII.—That, in accordance with the Regulation to the Law for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures, Executive Decree No. 37045-MPMEIC and its amendments, it was determined that this proposal does not establish or modify procedures, requirements, or processes that the citizen must comply with, a situation for which the prior control process was not undertaken.
Therefore,
THEY DECREE:
DECLARATION OF NATIONAL CONVENIENCE OF THE PROJECT “MEJORAS AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ATENAS” TO BE DEVELOPED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Article 1.—The construction, operation, and maintenance, as well as the execution of prevention, mitigation, or compensation works required according to the provisions of the Environmental Management Plan approved by SETENA, for the Project “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas,” hereinafter the Project, are declared of National Convenience, which will be carried out by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (hereinafter AyA) or the companies it contracts for its execution.
Article 2.—By virtue of the declaration of National Convenience of the construction, operation, and maintenance of the AyA Project “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas,” the felling, pruning, or elimination of trees—including species declared subject to a ban or in danger of extinction—located on lands with forest cover or in the protection areas defined in article 33 of Forestry Law No. 7575 is authorized, provided they are not located on Natural Heritage of the State lands.
Article 3.—The Central and Decentralized Public Administration, within a framework of inter-institutional cooperation, shall contribute, according to the powers attributed to them by legislation, in a prioritized and effective manner with the real streamlining of procedures linked to the permits and execution of works related to the Project.
Article 4.—The developer is obliged to proceed under the parameters established by the last paragraph of article 19 of Forestry Law No. 7575, in the sense that the felling of trees must be carried out in a limited, proportional, and reasonable manner, prior processing of the respective permits before the pertinent Conservation Area of the National System of Conservation Areas.
Article 5.—As part of the execution of the Project, it shall allocate funds for the formulation and execution of actions that promote compensation directly and indirectly, through alliances with public or private entities, for the various numbers of trees of the same species that need to be felled for the construction of the Project.
Article 6.—The AyA must comply with the requirements of the National Environmental Technical Secretariat, as well as with the obligations undertaken in the Environmental Impact Study, the Sworn Declaration of Environmental Commitments, and the approved environmental mitigation and compensation measures.
Article 7.— Effective as of its publication.
Given at the Presidency of the Republic.—San José, the twenty-fifth of September of the year two thousand seventeen.
LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—The Minister of Environment and Energy.—1 time.—O.C. No. 2134.—Request No. 42183.—(D40675 - IN2017174590).
The challenged Executive Decree was published at the following electronic address: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/11/ALCA244_11_10_2017.pdf It is considered that the Executive Decree violates articles 7, 50, 89, and 169 of the Political Constitution, in addition to the international obligations contained in numerals 5 of the Convention on the Protection of Flora, Fauna, and Scenic Beauties of the American Countries (Law No. 3763); 4 and 5 of the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Law No. 5980).
IV.- On the merits. As transcribed, the claim of unconstitutionality is brought to request the unconstitutionality of Executive Decree No. 40675-MINAE, which is the Declaration of National Convenience of the Project “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas” to be developed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
The action of unconstitutionality seeks the protection of the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado), on the one hand, insofar as—it is argued—what is sought is to protect the forest cover (cobertura del bosque) as an integral part of the right to a healthy and ecologically balanced environment—which the petitioner alleges is State Natural Heritage—and on the other hand, the State for allowing access to water originating from lands covered by Law No. 6126, which includes the special encumbrance of private and public properties established under that law, for the protection of water resources and their use by communities. In this regard, it is alleged that the property from which water is captured passed into public domain, in the name of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados while the administrative procedure for the Declaration of National Convenience (Declaratoria de Conveniencia Nacional) was being processed, which, in accordance with article 13 of the Ley Forestal, makes the property State Natural Heritage.
The action seeks protection of the right to the environment in conjunction with the fundamental right to a universal service of potable water, rights that must be weighed by this Court. Furthermore, the authorities refute the scope of the petitioner's assertion, since it must be taken into account that the Declaration of National Convenience involves—in reality—the cutting of six trees along a pre-existing pipeline corridor of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which are reduced to fewer trees through natural processes, such that it would not involve a forest as was initially alleged. Consequently, the Chamber must frame the discussion of the action within a balance between these rights, which in principle should not be antagonistic, as they are rights that serve the biota and human beings, for their own survival.
V.- On the background regarding the right to water in the jurisprudence of the Chamber.
A.- The right to water as a human right.
The issue has been addressed by the Chamber on multiple occasions, in which the constitutionality of specific actions of the administrations providing potable water service has been examined. In Judgment No. 2003-04654 of 3:44 p.m. on May 27, 2003, this Chamber addressed the right to water from the perspective of an economic, social, and cultural right, interdependent and interconnected with other rights, including the environmental right, insofar as it established that:
"V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American System of Human Rights, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which provides that:
"Article 11. Right to a Healthy Environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services." Furthermore, recently, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights reiterated that having access to water is a human right that, in addition to being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights.
VI.- From the foregoing normative framework derives a series of fundamental rights linked to the State's obligation to provide basic public services, which imply, on the one hand, that persons cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of potable water, ownership of an enforceable right by any individual for the State to supply the public service of potable water, immediately and wherever it may be, cannot be sustained; rather, in the manner provided in the same Protocol of San Salvador, this class of rights obligates States to adopt measures, as provided in the first article of the same Protocol:
"The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through cooperation among the States, especially economic and technical, to the maximum of available resources and taking into account their degree of development, in order to achieve progressively, and in accordance with domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol." From this, it also cannot be interpreted that this fundamental right to public services has no concrete enforceability; on the contrary, when the State reasonably must provide them, the rights holders can demand it, and public administrations or, where applicable, private parties providing them in their stead, cannot shield themselves behind presumed lack of resources, which has been the secular public excuse to justify non-fulfillment of their duties." The transcribed Judgment serves to illustrate the existence of an international obligation, enforceable against the Costa Rican State, to adopt measures for the satisfaction of certain entitlement rights, among them, one as important as the supply of potable water for human use, without forgetting that economic, social, and cultural rights, as well as other political and civil rights, are universal, indivisible, and interdependent, as well as interrelated. The foregoing obliges that the determination of a prevailing right not be solely the product of an isolated or closed analysis, but rather the weighing of the other rights that come into consideration, especially if several are concurrent. What does this mean? For the sustainable development of any Nation, resources must be observed as assets and goods of the population, such that the State must not permit access to them to be exclusive, exclusionary, unattainable, and inaccessible for its inhabitants; hence, important reforms are consolidating a human rights approach to potable water service. The contrary only invites the fostering of an incomplete society for some and not for others. Evidently, it highlights a problem of inequity in the distribution of resources, in which everyone loses as happens in the most unjust societies of the world. Hence, it must be affirmed that, like other rights such as that to a healthy and ecologically balanced environment, one must be in tune with a sustainable development approach in harmony with all other rights. It is not correct to interpret the right to the environment in isolation from other legitimate claims, because if one depends on its analysis and it is found to be interrelated with other rights, such as the right to adequate housing and clothing, or to the health and hygiene of basic necessity items, together with the right to water, among others, these are rights that generally must be associated so that the State can fulfill a general right to an adequate standard of living, as expressed in the different human rights instruments of the United Nations.
The jurisprudential doctrine of this Tribunal is eloquent in enunciating the degree of interrelation and interdependence of the right to water with other rights. In Judgment No. 2006-5606 of 3:21 p.m. on April 26, 2006, it was established:
"It is maintained that without equitable access to a minimum requirement of potable water, other established rights would be unattainable—such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate quantities of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the fulfillment of articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that 'the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.' It is also emphasized that the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.
Furthermore, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access potable water to satisfy their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equality of opportunity for all to enjoy basic resources.
The concept of satisfying basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that 'in developing and using water resources, priority must be given to the satisfaction of basic needs and the conservation of ecosystems.' Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to 'using all policy instruments, including regulation, monitoring…. and recovery of costs of water services,' without the cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. There are also dozens of international instruments that directly and indirectly deal with water as a human right of all persons and peoples, such that it is not only an issue that by its nature tends towards nationalization, but also towards the internationalization of its use and utilization." B.- The constitutional reform.
Although the challenged Executive Decree (Decreto Ejecutivo) was enacted before the constitutional reform to article 50, Constitutional, it is important to bring it up, especially because, although the recognition of the right to potable water was recently formally included by the derived Constituent, this Tribunal's jurisprudence on the matter already existed. However, it cannot be ignored that its inclusion in Constitutional Law has—in itself—weight and a significant quota to promote legal changes and institutional practices in the country.
Through Judgment No. 2020-003982 of 11:50 a.m. on February 26, 2020, this Chamber resolved the legislative consultation related to the partial reform seeking the "Addition of a paragraph to article 50 of the Political Constitution to recognize and guarantee the human right of access to water." On the occasion of that reform, this Chamber reasoned the importance of the reform, as follows:
"The proposal thus presented and already approved in first debate, refers not only to the express recognition of access to water as a human right, but is directly related to the fact that this human right, which is positively recognized therein, is about access to potable water, since it is based on the consideration of water—and especially potable water—as an essential and intrinsic element for the life and health of persons, thus being in consonance with what is stated in article 21 and in the first part of the same article 50 of the Political Constitution, and the jurisprudential developments of this same Chamber deriving from such norms.
The Chamber warns that the right of access to water, and especially to potable water, forms part of various pronouncements in the field of international human rights law, through different instruments with different scope or legal nature, but which by their own condition and pursuant to the provisions of article 48 of the Political Constitution, must necessarily be considered insofar as this matter corresponds. Thus, this right has already been related and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment of the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions are found in subsection 1) of article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights—Protocol of San Salvador—, and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself. And in terms of general resolutions, there is, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution: E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution number 70/169, of December 17, 2015, which expressly state that water must be 'safe and of acceptable quality for personal and domestic uses,' and access to 'potable water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner.' In this sense, it is valid to affirm that the proposal for the addition to article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to potable water, is in consonance with the legal developments on the matter shown internationally and reflected in declarations, conventions, and resolutions of different nature, whence its conformity with the legal progress shown in this respect internationally, and that by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact on the internal sphere of States, as this constitutional reform proposal intends to formalize at that level.
It is important to note that reference is made to the proposal aiming to formalize the situation at the constitutional level, because certainly the issue of access to water, and to potable water, is regulated in our country at the level of legality, by a profuse normative framework ranging from the Water Law (Ley de Aguas) of 1942, the General Potable Water Law (Ley General de Agua Potable) of 1953, the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of 1961, the General Health Law (Ley General de Salud) of 1973, the Law for the Creation of SENARA of 1983, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) of 1995, and the Ley Forestal of 1996, among others.
Likewise, the protection of the environment and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life, but also the consubstantial and necessary protection that must be provided to it by the institutional framework in general, from specialized agencies such as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), to others of broader scope such as the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) itself, the Ministry of Health, and the Municipalities of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of water resources, but also their legitimate provision for human consumption under compliance with established parameters and the real possibilities of their effective supply—see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262, and 2016-1791—.
It is important to note the emphasis that the reform proposes not only on recognizing access to potable water as a human right, but also its particular condition as a public domain asset (bien demanial), in the same sense that the diverse legislation enunciated here already refers. Note that the normative proposal states that 'water is a good of the Nation,' that is, an asset that belongs in general to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, an asset that is diffused throughout society and its actors, a public domain asset that requires not only full protection due to its condition of being essential for life, but also to permit its use for the various spheres that may be required, provided that due sustainability and its comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are attended to. Note that the recognition of the human right is about potable water, with it being noted below that water—thus, in general terms—is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this implying in any way the impossibility of using the resource for other types of purposes—agricultural, industrial, or developmental—, provided it is done in a manner adjusted to the provisions on the aforementioned right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for potable water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and upon it, a human right of access to potable water, whence it follows that the normative formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to potable water as a human right.
On the other hand, take into consideration that, according to what has already been stated, this access must be sought and provided in accordance with the prior fulfillment of established parameters and according to the real possibilities of supply. That is, as has been established in the copious jurisprudence of this Chamber on the matter, although the recognition of access to potable water is configured as a human right, its effective provision can be subject to the concrete and certain possibilities of granting, whence it follows that this access that is recognized as fundamental, can well be subject to the fulfillment of concrete conditions that in turn allow guaranteeing the existence and preservation of this good.
It is for this reason that the aforementioned United Nations General Assembly resolution, number 70-169, of December 17, 2015, states in its section 5 the exhortation to States to:
"Guarantee the progressive realization of the human rights to potable water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities of access, in particular for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion, and national or social origin or for any other reason, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as disparity in rural and urban areas, residence in marginal neighborhoods, income level, and other relevant factors." –the highlighting is not from the original- This progressivity referred to in this resolution develops the homologous provision that in conventional terms is enshrined in the first paragraph of article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by stating that:
"Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures." –emphasis added- Thus, legitimate regulation that permits adequate and orderly access to potable water, here recognized as a human right, is valid, as it is about fostering its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.
It is for this reason that the legislation regulating the matter—as the one thus proposed in the same paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposed transitional provision XX—, must, in due course, necessarily be in accordance with the load of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to potable water also as a human right that it is, so that certainly this legislation indicated there, must adjust to Constitutional Law and to the provisions contemplated therein on this matter" (the highlighting is from the original).
The decision of the Chamber reflects the relevance of a reform to the Political Constitution, within the approach of Constitutional Law and obviously the one that international human rights law has had regarding universal access to water, especially to its potability. Although water as a natural resource must be provided with non-discriminatory access for the entire population, evidently as an economic, social, and cultural right, this Chamber has always established, in its jurisprudence, the relevance of a collective effort towards availability and service for all inhabitants, which on not a few occasions has considered adjusted to the Constitution, scheduled rationings in pursuit of non-discriminatory distribution, or even, the impossibility of providing accessibility to water from a technical and legal standpoint. It is not superfluous to indicate that national legislation even before the Political Constitution of 1949 already contained legislation to declare water as public domain and prioritize the infrastructure of water distribution systems for the populations (Ley de Aguas, No. 276 of August 27, 1942), or the establishment of the declaration of public utility of works for the provision of water (Ley General de Agua Potable, No. 1634 of September 18, 1953). It is equally important to point out that article 18 of Law No. 2726 (Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) establishes that "All properties and installations of State bodies that are destined for the provision of services related to the collection, treatment, and distribution of potable waters and evacuation of sewage or stormwater in the country, are national heritage (…)".
Although the quality of water has an impact on this right due to its indisputable relationship with human, animal, and plant life, it is vital, if you will, because it is a strategic resource, that the quantity (sufficiency) of its provision as a public service requires planning and foresight by specialized authorities, to procure adequate and safe distribution. Proven scarcity declared by health authorities must put into action all administrative and judicial instances for the solution of possible infractions of international obligations of economic, social, and cultural rights, and even more so, to the extent possible, this Constitutional Chamber in the face of a proven scarcity of potable water, as will be discussed below.
Potable water is an asset that the State must ensure for all to achieve a complete society; it is clear that it provides security and health to the population, and also because it affects productive activities, as well as other own activities that ensure the well-being of the population. Adequate strategic planning of the public service of water is required, especially taking into account the seasons of reduced annual rainfall. The increased demand for the vital liquid must be faced by public institutions through timely planning and concrete actions, to satisfy something that is obvious for a social State under the rule of law like Costa Rica, when it comes to observing international obligations of economic, social, and cultural rights, and also, to guarantee equity among the population, especially for those who are in vulnerable conditions due to the effect of scarcity. Hence, this Chamber understands the importance of seeking mechanisms that allow balancing conflicts that may arise between the right to water that public authorities have been protecting in their reports, and the more general rights of a healthy and ecologically balanced environment, specifically, the alleged protection of forests, protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), or the State Natural Heritage, etc. In times of crisis, no other outcome would be possible than to institutionally demand diligent, rational, and proportionate actions.
C.- Continuation.
Today, with the reform to article 50, Constitutional, the binding force of Constitutional Law is established, with the following express text:
"Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable to protect such human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by the law that will be created for these effects and the supply of potable water for consumption by persons and populations shall have priority." In the case at hand, the Chamber is clear that the enactment of the Executive Decree challenged as unconstitutional occurred before the Constitutional Reform, and the amendment to the Ley Forestal, with the "Law to Authorize the Use of Water for Human Consumption and Construction of Related Works in the State Natural Heritage, Law No. 9590 of July 3, 2018", such that it is evident that during the time the challenged Executive Decree of National Convenience was being processed, there was a lack of synchronization of legal provisions that clearly had repercussions in some cases on the fundamental right to water, and which unfortunately prevented the use of water resources that could be extracted from areas considered State Natural Heritage.
In the statement of purposes for the reform to the Ley Forestal, processed under legislative file No. 20,447, it was made very clear that:
"Article 18 cited above indicates which activities are authorized, so the principle of administrative legality closes off the possibility of carrying out other activities within the forest heritage that do not imply forest use, such as would be the use of water resources for public purposes. The rules invoked are compatible with numeral 58, subsection b), ibidem, by typifying as a crime, punishable by imprisonment of up to three years, the use of forest resources on lands of the State Natural Heritage and in protection areas for purposes other than those provided for in the law" (the underline is from the original).
The statement of purposes continues by establishing that:
"…the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados posed to the Procuraduría General de la República the consultation concerning the possibility of authorizing works to capture such sources in those areas. In response, the advisory body of the State issues opinion C-134-2016 of June 8, 2016, concluding categorically: '… From the foregoing, it follows that AyA is not legally authorized to use water resources within protected wilderness areas, of state public domain, for population supply, spaces where article 2, subsection f, of Law 2726 of 1961 is not applicable. In order to carry out such use, an express law is required that expands the activities permitted in the State Natural Heritage by article 18 of the Ley Forestal, and sets the terms and conditions.' Given the response provided, the only viable option is presented through a reform to the Ley Forestal or, failing that, an express authorization to public potable water service providers, to carry out water use activities and construction of infrastructure within protected wilderness areas of state property." Additionally, it must be considered that there are wooded lands outside the management categories that would be subject to the State's natural heritage upon being acquired by public institutions, a situation that would likewise limit the activities to be carried out within the provisions of Article 18 of the Forest Law; therefore, express authorization is also required for that purpose.
Potable water supply projects are vital for the country's present and for meeting the great challenges ahead, given the growth in demand for potable water, the change in climatic conditions, and the complexity involved, under the environmental legal framework, in utilizing the water resource to provide potable water services whose sources are located in the State's natural heritage." It is clear that the legislators themselves understood the need for the legal framework to clearly establish provisions that would meet the legitimate demands for water resources for human consumption. The reforms are important because they truly highlight the serious problems in the adequate use of the water resource as a public service accessible to all citizens, as a public utility asset. Indeed, in the study for the resolution of this unconstitutionality action, it was possible to verify that the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), in opinion (dictamen) N° 151 of June 21, 2018, partially reconsiders criteria C-134-2016 and C-103-2018, by interpreting that it is possible for the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) to carry out repair and maintenance works.
D.- Executive Decree (Decreto Ejecutivo) N° 38005-S of October 15, 2013, which “Declares a health emergency in the communities of the canton of Atenas due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption”, in effect since November 11, 2013.
Now, as a backdrop to the challenged Executive Decree of National Convenience (Decreto Ejecutivo de Conveniencia Nacional), there is the Executive Decree declaring a health emergency in the city of Atenas, given that it has maintained population growth, that the State verifies that the flow is insufficient for the supply of potable water suitable for human consumption (Considering VI), that “… every water supply system intended for the use and consumption of the population must supply potable water, continuously, in sufficient quantity to satisfy the needs of the people, and with the necessary pressure to allow the correct functioning of the sanitary fixtures in use” (Considering IV). That the studies, from that time, reveal the problem of insufficient flow in the aqueducts (Considering V). The grounds add: “That the deficiencies in the supply of potable water in said communities represent a potential danger of the proliferation of diseases that could affect the health of around 17,500 people.” Similarly, it qualifies the situation as high risk for the communities it names (Considerings VI and VIII), and that the right to health is sought as a fundamental right of immediate application and its protection by the State (Considerings IX, X and XI). It establishes that technical and administrative actions must be carried out to improve the potable water flow of the Atenas aqueduct (Considering XII) and declares the emergency situation in health matters (Considering XIII). Among other reasons, the Executive Branch then proceeds to decree the “Health Emergency due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption and declaration of public and national interest of the project for the expansion of the Atenas aqueduct, Tacares-Atenas Conduction Line Phase I, Developed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers.” Based on the foregoing, the following is established:
“Article 1.- Declare a health emergency in the communities of Atenas Centro, El Brasil, La Presa, Barrio Los Ángeles, Calle Real, Cementerio, Invu, Boquerón, Pan de Azúcar, Río Grande, Sistema Alto López, El Vainilla, La Puebla, Santa Eulalia, Barrio Mercedes, Barroeta, and Sabana Larga, located in the canton of Atenas, Province of Alajuela, due to deficiencies in the supply of water suitable for human consumption”.
“Article 2.- Declare of public and national interest the project “Expansion of the Atenas Aqueduct, Tacares-Atención Conduction Line Phase I”, in charge of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which aims to improve standards regarding the quantity and continuity of the supply of potable water for the affected communities.
Article 3 (…)”.
As is evident, the State, upon verifying the existence of a health emergency, adopts the technical and administrative measures to solve the detected problems, since, evidently, the problem must be solved as quickly as possible, as it could escalate into a more serious health situation if unattended.
Hence, the Ministry of Health declares, supported by the precautionary principle in health matters, the emergency to allow the development of concrete actions by the State; and logically, in response to the above, effective actions must be sought to prevent the worsening of the situation and to preserve human life.
VI.- On the forest regime submitted in the Parque Recreativo Municipal Los Chorros.
A.- On the reports. The Office of the Attorney General of the Republic points out that, although the Chamber, in Judgment N° 2013-11525 of 10:25 a.m. on August 30, 2013, indicated that the Parque Recreativo Municipal Los Chorros involved lands of protected area or State's natural heritage, it does not share this view, because a protected wild area (área silvestre protegida) is the “Space, whatever its management category, structured by the Executive Branch to conserve and protect it…” (Forest Law, Article 3, subsection i). But it points out that the Parque Recreativo Municipal Los Chorros was not declared as such, nor as state public domain (Organic Law of the Environment, Articles 32, 36, and 70, of Executive Decree 34433/2008; previously Law N° 4465, Articles 18 and 37, of its Regulation, Decree 2923-A). Furthermore, it must jointly present three elements as determined characteristics of the ecosystem: presence of mature trees of different ages, with one or more canopies covering more than seventy percent (70%) of that surface, and sixty trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter (Forest Law, Article 3, subsection d), and 2, subsection e, of its Regulation, Executive Decree 25721/1996). Additionally, forest lands or lands of forest aptitude (terrenos forestales o de aptitud forestal) are those contemplated in the classes established by the official methodology to determine the land-use capacity (Forest Law, Article 3, subsection b), Executive Decree 23214/1994, and Judgment N° 2012-12716 of the Constitutional Chamber). Even the opinion C-172-2017 of the Attorney General's Office indicates that defining whether the Municipal Park was or was not State Natural Heritage, under the terms of Article 13 of the Forest Law, “involves the assessment of technical aspects, foreign to our attributions, …”. From this, it concludes that the expression used by the Chamber, of “protected area” in Judgment N° 2013-11525 of 10:25 a.m. on August 30, 2013, was used in a broad and not strict sense, and that for an area to fit as State Natural Heritage, technical studies by the State Forest Administration must mediate.
It adds that the properties of the Municipal Park remain under the administration of MINAE, through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) (Forest Law, Article 13, paragraph 2), and that within the area of this park there are privately owned lands (Law N° 6126/1977, Articles 4, and 9, paragraph 2). If a private party does not agree with the submission to the forest regime, it is the responsibility of the Municipality of Grecia to request expropriation from the Forest Directorate. Finally, it highlights some details of opinion C-172-2017, among which are that privately owned farms (fincas) are not the State's natural heritage, and that according to C-285-2013, the lands that form part of the protected wild areas of the State Natural Heritage are those of public property, not private, even if it geographically includes them. Then the Office of the Attorney General of the Republic indicates that the pruning, felling, or elimination of trees on private land is in accordance with Articles 19, subsection b), and 34 of the Forest Law, so the prohibition on tree felling in Article 5, subsection a), of Law N° 6126, must be interpreted according to the unity and logical coherence of the legal system, in accordance with Constitutional Law, the principle of legal hermeneutics, and the jurisprudence of the Constitutional Chamber. Interpreting both laws, especially the Forest Law, is what enables the Executive Branch to issue, nationwide, and whenever it deems appropriate, Decrees of National Convenience on privately owned properties. Through them, land-use change (cambio de uso del suelo) on forest-covered lands and the felling of trees in protection areas are excepted.
The Minister of Environment and Energy maintains that the declaration of national convenience (conveniencia nacional) has its basis in Articles 2 of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy (Law N° 7152), and 34, which establishes that:
"Article 34.- Prohibition on felling in protected areas. The felling or elimination of trees in the protection areas described in the previous article is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as of national convenience…” (highlighted in the report).
Article 3.- Definitions. For the effects of this law, it is considered:
(…)
The Balance must be made through the appropriate instruments." The National Convenience declared by the challenged Decree was established when there was technical certainty that the social benefits were greater than the socio-environmental costs, which would be reflected in its Considering IX. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers produced an economic-social evaluation (evaluación económica-social) of the project, which was submitted for study by the Ministry to comply with the provisions of subsection m) of Article 3 of the Forest Law (Law N° 7575). In addition to establishing in the grounds of the Decree that there is a real demand required by a specific population, it adds in the action's report that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, through official communication (oficio) PRE-2017-00648, seeks to meet demand up to the year 2030 for thirty thousand inhabitants of Atenas, and is in response to the health emergency of its communities declared by the Ministry of Health.
It points out that Forest Law N° 7575 emerged to confront the serious problem of deforestation that had been occurring for decades before, but according to the transcribed articles, the legislator's intention was never an absolute prohibition on the matter of tree felling in protection areas or land-use change on forest-covered lands or in protection areas or land-use change on privately owned forested lands. Hence, the possibility for the Executive Branch to establish National Convenience projects for land-use change in infrastructure projects, state or private, provided that these protection areas are not located within State Natural Heritage lands according to opinion C-103-1998 of the Office of the Attorney General of the Republic. MINAE alleges that it reviewed the project of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to determine that there were more social benefits than socio-environmental costs. It points out that the Decree itself contemplates the prohibition of felling on State Natural Heritage lands, and that any such felling must be carried out in a limited, proportional, and reasonable manner (Articles 2 and 4 of the challenged Executive Decree). Likewise, it points out that water exploitation in the geographical area covered by Law N° 6126 has been taking place even since before the enactment of this law, for more than a decade and a half.
B.- On the problem of the legal and jurisprudential protection of the Parque Recreativo Municipal Los Chorros. An obligatory point of discussion brought up by the petitioners is directly related to the alleged prohibition on felling the forest in the Parque Recreativo Municipal Los Chorros, because, in their opinion, it is a State Natural Heritage area (according to the principle of lifetime tenure of the forest (irreductibilidad del bosque)), while the authorities insist that the location of the area covered by the declaration of national convenience involves protected wild areas where it could be possible. The petitioners derive this prohibition from Article 4 of Law N° 6126, from Judgment N° 2013-11525 of 10:25 a.m. on August 30, 2013, and from the provisions of the Organic Law of the Environment. However, the Chamber itself did not further pursue that argument, because precisely by Judgment N° 2017-19249 of 9:30 a.m. on December 1, 2017, the same facts were discussed in an appeal for constitutional protection (recurso de amparo). In this way, it was resolved that:
"As for the cited Executive Decree, the Chamber observes that it was preceded by the “Environmental Cost-Benefit Study of the Project: Improvements to the Atenas Supply System”, which concluded that there is a positive social benefit. Said study specifies the felling of 8 trees, which are located on the banks of the Colorado and Prendas rivers. Now, regarding the specific claim, the Chamber notes that the questioned Decree establishes that: “…the felling, pruning, or elimination of trees -including species declared in a closed season (veda) or in danger of extinction- that are located on forest-covered lands or in the protection areas defined in Article 33 of Forest Law N° 7575, provided they are not located on State Natural Heritage lands.” Furthermore, it provides: “the developer is obligated to proceed under the parameters established in the last paragraph of Article 19 of Forest Law N° 7575, in the sense that tree felling must be carried out in a limited, proportional, and reasonable manner, after processing the respective permits before the pertinent Conservation Area of the National System of Conservation Areas.” The analysis of the decree allows the Chamber to reach various conclusions. This Tribunal highlights that said Decree makes no specific mention of the Parque Recreativo Los Chorros, but rather of the areas defined by Article 33 of the Forest Law, which states:
“ARTICLE 33.- Protection Areas The following are declared protection areas:
“ARTICLE 19.- Authorized Activities On forest-covered lands, land-use change shall not be permitted, nor shall forest plantations be established. However, the State Forest Administration may grant permits in these areas for the following purposes:
(…)
“ARTICLE 34.- Prohibition on Felling in Protected Areas The felling or elimination of trees in the protection areas described in the previous article is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as of national convenience.
The alignments that must be processed in relation to these areas will be carried out by the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).” In this sense, it was taken as proven that the 8 trees, which may be felled as a consequence of the project, are located on the banks of the Colorado and Prendas rivers, so their protection could be derived from the cited subsection b) of Article 33, making the declaration of national convenience necessary for their felling, in accordance with the mentioned numeral 34.
In support of what has been expressed, the decree clearly establishes that “… tree felling must be carried out in a limited, proportional, and reasonable manner, after processing the respective permits before the pertinent Conservation Area of the National System of Conservation Areas.” That is, it not only obligates adjusting tree felling to criteria of proportionality and reasonableness, but also obligates processing the respective permits before SINAC. As for the reasonableness of the measure, it is highlighted that the project would involve the felling of 8 trees along an approximate 20-kilometer route. Regardless of this, the proven facts and the preceding normative analysis reflect that the claim raised by the protected party lacks support, because the decree refers to compliance with the provisions of Article 34 of the Forest Law, in relation to the areas protected by Article 33, without making any particular provision for the Parque Recreativo Los Chorros, which leads the Chamber to declare it without merit".
IV.- The second issue raised refers to official communication Nº SG-AJ-867-2017-SETENA. The petitioner disputes that SETENA denies the character of State Natural Heritage to the Parque Recreativo Los Chorros. It considers this a disobedience to what was ordered by this Chamber (resolution N° 2013-11525) and the Office of the Attorney General of the Republic. Based on what was established in the previous considering clause, regarding the scope of Executive Decree 40675, the Chamber does not observe a concrete act or threat to fundamental rights in the raised issue, but rather a dispute over the legal nature of the referred park, a situation that, in abstract, is beyond the competence of this Chamber. Recall that the constitutional protection process aims to “… guarantee the fundamental rights and freedoms…” (Article 29 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Consequently, this point is declared without merit, and, with it, the appeal".
In other words, despite the claim of the alleged prohibition on tree felling established in the legislation and the mentioned Judgment N° 2013-11525, based on the principle of lifetime tenure of the forest over areas -presumably- of State Natural Heritage, it was deemed accredited, in accordance with what was discussed in the appeal for constitutional protection, that the tree-felling actions would be carried out in protected wild areas, where legal authorization may exist provided there is compliance with the legal requirements that incorporate the mechanisms of assessing and rational use of natural resources (mechanisms that were considered constitutional since Judgment N° 2006-17126 of 3:05 p.m. on November 28, 2006), but additionally, a specific location for the works was not accredited. Being on privately owned lands and in protected wild areas, these would be trees that could be felled, always mediated by a decree or declaration of national interest, as alleged by the authorities of the Ministry of Environment and Energy.
C.- The immediate legal affectation to a public domain asset granted by law.
The conflict over the water intake at Parque Recreativo Municipal Los Chorros has come before this Constitutional Chamber on many occasions, times at which it has been concluded that the project to provide water to the communities of Atenas is legitimate. But now, in effect, the underlying problem claimed in the challenged Decree does not -truly- involve the felling of forest cover (cobertura boscosa) as the petitioner indicates, but rather, according to a sketch within the administrative file, it points to four trees (some of which have fallen due to natural causes), presumably, in an area that, as the Attorney General's Office indicates, has also not been clearly defined by the petitioners. These, certainly, refer abstractly to the entire area of the park as a State Natural Heritage zone, which is imprecise and with the aggravating factor that it puts the State in a predicament to fulfill benefit rights of a vital and urgent nature, as explained supra. Consequently, it is not possible to derive from the challenged Decree the authorization for indiscriminate tree felling, much less of those that are part of the State's Natural Heritage, from which it is possible to infer that this regulation does not infringe the principle of lifetime tenure of the forest.
Although one of the properties of interest was acquired by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as well as another of interest by the Municipality of Grecia, the petitioners did not bother to specify which were the areas of the geographical space of the Municipal Park that would be in conflict. They did not even bother to point out the location of trees, and instead, unfortunately, they appeared before the Chamber to denounce the alleged felling of the forest cover protected as State Natural Heritage. For this, it must be clear that, as indicated by the Office of the Attorney General of the Republic, it is clear that Law N° 6126, which declares the Parque Recreativo Municipal Los Chorros, can include real estate titled in the name of the State, or privately owned, because its clear purpose was to establish a forest regime for the properties of private parties (Article 4) and imposes on them some prohibitions, such as felling trees (Article 5, subsection a) as part of the forest regime.
But the situation is quite different, as recorded and pointed out by the Office of the Attorney General of the Republic, especially due to the existence of an easement (servidumbre) of way, imposed by Judgment N° 389-2016 of the Administrative and Civil Treasury Court (Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) (without other data on the ruling), which allows understanding the magnitude of the problem, since it would be through that easement that the passage of water would be allowed, as it represents the most practical way for the execution of works on the pipeline owned by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. This implies that the easement is constituted over a privately owned property (451.39 meters) and on a much smaller section belonging to the Municipality of Grecia (68.16 meters), which would carry the water to a public road from where the project would continue. Hence, the true conflict is one of application of the challenged Executive Decree, because evidently, Article 3 establishes the safeguard for the protection of the trees claimed by the petitioners, and from there it should be determined on which portion of the lands the trees would presumably be located, primarily, if it is over the State Natural Heritage. As the authorities of the Ministry of Environment and Energy, and the Attorney General's Office state, the problem that the petitioners bring to the Chamber is one of the location of tree felling on private real estate, which are not public property. According to Article 2 of the challenged Decree, the authorization for the felling, pruning, or elimination of trees, in accordance with Article 33 of the Forest Law, may be given provided they are not located on State Natural Heritage lands.
Now then, if the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has by law the possibility of establishing temporary and permanent easements, as well as expropriating forest-covered real estate for the protection of the water resource, it is clear that the cause for expropriation (causa expropiandi) imposes a specific purpose on the asset that the institution acquires: the protection and collection of water for a public service. In this sense, it is important to cite Judgment N° 116-92 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, of 4:20 p.m. on December 18, 1992, insofar as it established that: “The causa expropiandi is a constant element of expropriation, whose presence must exist from its origin until its execution, that is, the institute remains linked to the purpose of public interest invoked as cause; so much so that if its destiny is not fulfilled, the expropriated party may exercise the right of reversion (retrocesión) to reincorporate the expropriated object into their patrimonial sphere”.
In addition to the above, the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in its Article 1, establishes that it may “direct, set policies, establish and apply standards, carry out and promote planning, financing, and development, and resolve everything related to the supply of potable water”.
And in numeral 2 of the aforementioned Law, it also establishes:
"ARTICLE 2.- It corresponds to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers:
Under no circumstances may it delegate the administration of the aqueduct and sanitary sewer systems of the Metropolitan Area." Nor may it delegate the administration of systems for which there is financial responsibility while that responsibility corresponds directly to the Institute.
The institution is empowered to agree with local bodies on the administration of such services or to administer them through administrative boards of mixed composition between the Institute and the respective communities, provided that this is agreed for the better provision of services and in accordance with the respective regulations.
For the same reasons and with the same characteristics, regional administrative boards encompassing several municipalities may also be created; h) Enforce the General Drinking Water Law, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the ministries and municipalities indicated in said law; i) Build, expand, and modify aqueduct and sewer systems in those cases where necessary and advised for the better satisfaction of national needs; and j) Control the adequate investment of all resources that the State allocates for aqueduct and sanitary sewer works.
(Thus amended by Article 1 of Law No. 5915 of July 12, 1976).” For its part, the General Water Law establishes that:
“Article 1°- The planning, design, and execution of drinking water supply works in the towns of the Republic are declared of public utility.” In this same sense, Article 5 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers further establishes that:
“ARTICLE 5º.- For the better fulfillment of the purposes referred to in Article 2° of this law, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers shall have the following powers and prerogatives, in addition to those that general laws grant to establishments of its nature:
…
(Thus amended this first paragraph by Article 65, subsection a), of the Expropriations Law No. 7495 of May 3, 1995).
The lands necessary for the conservation and protection of water resources, as well as for the constructions necessary for the catchment, conveyance, treatment, and distribution of water for the purpose of establishing towns, or related to the evacuation of wastewater and its treatment, are declared of public utility and social interest, and may be expropriated.
…” In the same line of reasoning, it is important to highlight that the General Drinking Water Law establishes:
“Article 1°.- The planning, design, and execution of drinking water supply works in the towns of the Republic are declared of public utility.” In turn, the Organic Environmental Law specifies in its provisions that:
“Article 60.- Prevention and control of pollution. To prevent and control environmental pollution, the State, the municipalities, and other public institutions shall give priority, among others, to the establishment and operation of adequate services in areas fundamental to environmental health, such as:
(…)”.
Finally, it is important to highlight that the General Health Law establishes that:
“Article 267.- Every water supply system intended for the use and consumption of the population must supply potable water, continuously, in sufficient quantity to satisfy the needs of persons and with the necessary pressure to allow the correct functioning of sanitary fixtures in use.” The transcription of the regulations demonstrates the importance that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has at a legal level, as well as the need to highlight the strong link that the aforementioned institution has with the universal public service of potable water for human life. As established by the jurisprudence of this Constitutional Court, the aforementioned Institute is the governing body in water matters and in the actions it undertakes so that, through it or other public and private institutions, a quality and safe public service is delivered. But, furthermore, in that mission or legal purpose, it must be recognized that it is a public institution that must ensure the proper functioning and maintenance of potable water distribution networks to the communities, with sufficiency and continuity, which is one of the problems necessitating the increase in the quantity of water that the institution must provide to the community of Atenas. To this end, the record contains multiple efforts, such as the initiative to purchase land for the protection of water resources, and in turn, the imposition of easements (servidumbres) over private property rights, for the expansion and modification of existing aqueduct works, since citizens of several communities facing a shortage of the vital liquid depend on this, and as has been determined by health authorities.
Thus, the legal purpose of imposing an easement (servidumbre) on private and public lands is evident because of its link to an expropriation cause (causa expropiandi), which is constituted and imposed on private property for a very specific purpose, through special legislation, which is none other than improving the infrastructure for water provision that is integrated into the national patrimony (Article 18 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers), in compliance with Law No. 6126 on protection and provision of water as indicated by the report of the Ministry of Environment and Energy, and the institutional purposes of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Thus, it is clear that the legislator reserved the “Parque Recreativo Municipal Los Chorros” to provide water to communities in need. The name itself, of course, allows understanding that this was a legislative action that arose especially to cover needs for protection and water catchment, particularly within the competence of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. This geographical area fulfilled that function even before it was declared as such, as it already supplied water to several communities in Atenas and Grecia. In line with the foregoing, the report of the Minister of Environment and Energy brings up and transcribes part of the text of the explanatory statement of Law No. 6126, as follows:
“On the other hand, it must be made clear that Executive Decree No. 40675 in no way contrasts with the spirit of Law No. 6126, much less with the intention of the legislator at the time in proposing it, and for this purpose, it is worth citing what was mentioned about this in legislative record (expediente) No. 7679 of said Law, at folio 35:
‘…and was able to verify, on the very terrain, not only the scenic beauty of the place, but the enormous flow of the waters, which currently feed the pipes of the canton of Atenas, of Tacares, and of Rincón de Salas of Grecia, and whose surplus could be used to supply potable water to many other towns in the Central Valley or the Pacific Coast, in the near future…’ (Emphasis added).
In a similar sense, at folio 68 of the same record (expediente), it is explained:
‘…these waters serve to supply the piping of the canton of Atenas and the districts of Rincón de Salas and Tacares of Grecia: but what is even more important is that this water surplus is of such quantity that it could well be used in the near future to supply other towns, whether in the Central Valley or the Pacific Coast…’ (Emphasis added).
As can be appreciated without great effort of interpretation, Law No. 6126 -in its essence- foresaw as a priority idea the safeguarding of the water resource, in order to be able to supply populations that require it in the future, just as is currently happening with the canton of Atenas.” Regarding this, it must be concluded that Law No. 6126 is a special law that originated with the protection of lands in private hands in mind, so that they are conserved and destined for water use. They are at the service of human beings and the communities that need it.
The declaration of the Parque Recreativo Municipal Los Chorros has as its purpose and vocation forest protection linked to the water resource. Hence, as a special rule, it prevails to support the fundamental right to potable water, which would be a reasonable and proportional conclusion. This is possible to observe more clearly in light of the declaration of sanitary emergency due to the lack of water in Atenas, which is the underlying problem. Law No. 6126, when it was born into legal life, did so with the specific purpose of water supply. To view it otherwise would expose economic, social, and cultural rights and endanger very specific communities previously determined by the Costa Rican State, and worse still, leave them with insufficient and discontinuous access to the water provision service.
The prohibition of land-use change (cambio de uso de suelos) and the felling of trees, which can be well understood from Article 18 of the Forestry Law (Ley Forestal), could not be applied to an easement (servidumbre), because it refers to a right-of-way (servidumbre de paso) over a private property, upon which the authorization of the National Convenience Decree (Decreto de Conveniencia Nacional) would be applied, and because that is necessary for being within the protection area of the Río Prendas. The foregoing, according to what is regulated in Articles 3, subsection m), and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), and that numeral 5, subsection a), of Law No. 6126 is applicable to the framework and legal purpose of prohibitions for owners of private properties within the “Parque Recreativo Municipal Los Chorros.” That is, there would be no prohibition for the State, if what is involved is seeking the materialization of a purpose whose vocation is very clear, of public interest. Nor would the State be derogating or disapplying the norm of Law No. 6126, in a concrete manner. In this sense, it would be a contradiction to apply prohibitions of private properties to scenarios of public interest, to the State institutions called upon for the maintenance or expansion of the previously installed aqueduct.
In this case, the National Convenience Decree (Decreto de Conveniencia Nacional) demonstrates more clearly an extraordinary justification that requires the felling of an extremely limited number of trees in the protection zone of the Río Prendas, so one should not fall into the error of affirming that private properties are in turn State Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado), because expropriation must necessarily proceed. As a consequence of that last affirmation, one would fall into the legal impossibilities that motivated the previously mentioned reform to Article 18 of the Forestry Law (Ley Forestal). On the other hand, from a practical viewpoint, it makes no sense to declare that the properties and installations of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers serving water are national patrimony and of public utility; and yet, it could not fulfill its legitimate objectives that all the populations to which it provides services expect, because they are automatically situated in State Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado). It is worth asking: what could be the basis for insisting on such a contradiction, that lands of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which the law authorizes it to purchase or expropriate to fulfill purposes of forest cover (cobertura boscosa) protection and for potable water catchment, cannot subsequently carry out water supply works? This would clearly include the necessary easements (servidumbres) to carry out that service right. This Chamber considers that there cannot be a disconnect between the provisions if what is involved is the protection of the water resource, which is the very reason for forest protection in the first place. It is curious that forest protection is proclaimed while at the same time attempting to prevent water catchment with it, because accepting it in those terms is to truncate a fundamental right. The purported forest protection is not enough without ending in a contradiction, as the legislator has understood as indicated above, since the mission of the aforementioned Institute is to carry out its mission of fulfilling an effective provision, through the necessary maintenance or expansion works of infrastructure.
Certainly, the State, when interpreting norms, is obliged to weigh the fundamental rights involved, under the perspective of reasonableness and proportionality, which requires questioning the degree of intervention of the rights, interests, and values that are confronted.
It could be understood that the special purpose of Law No. 2726 (Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers) and Law No. 6126 (Declaration of the Parque Recreativo Municipal Los Chorros) pursue legitimate aims for fundamental rights to the essential public service of potable water, such that they can displace those interpretations that prove excessively restrictive or even dangerous for human life. From a point of view of legal teaching in Anglo-Saxon countries, it is brought up, as an example, that when interpreting Law, one cannot always sustain extremes that prove absurd or dangerous, for if a norm establishes: “Vehicles are prohibited from circulating within the park,” it implies a restriction to such an extreme that it prevents children from entering to play with bicycles or toy vehicles, or worse yet, emergency vehicles to attend an event of that nature that is occurring, and which, due to that emergency, is advisable to address. The felling of trees, justified in a regulation for private law subjects in a protected wilderness area (área silvestre protegida), is a problem that should not impede State action in the face of the Sanitary Emergency declared by the Ministry of Health, and therefore, using a legal instrument established in Articles 3, subsection m), and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), and issuing the National Convenience Decree (Decreto de Conveniencia Nacional), Executive Decree No. 40675-MINAE of September 25, 2017, entitled “Mejoras al sistema de abastecimiento de Atentas”. For the issuance of this decree, a cost-benefit assessment study was conducted to determine the technical viability of the project, with the social benefits outweighing the socio-environmental costs. It allows understanding that there are other fundamental rights that have the virtue of supporting the broad and sufficient justification to reject the specific claim of the petitioners, regarding the evident and verified need for water and its function of public domain or utility that cannot be appropriated by a community.
Finally, it is reiterated that Article 18 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers establishes that the properties and installations that are destined to fulfill a specific legal purpose for which they were created belong to the special regime of national patrimony. Thus, it states:
“All properties and installations of State bodies that are destined for the provision of services related to the catchment, treatment, and distribution of potable water and the evacuation of sewage or stormwater in the country are national patrimony.
For legal, administrative, financial, and tariff purposes, they shall be considered part of the capital of the entity under whose administration they are found.” Consequently, in the opinion of the Constitutional Chamber, the norm evidently establishes with all clarity that the lands acquired or expropriated by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for forest protection, water catchment, treatment, and distribution, in the case at hand, form part of the national patrimony. This must include the easements (servidumbres) in protection zones. They have a vocation or clear legal purpose, so that the State’s authorization to declare projects of national convenience according to Articles 3, subsection m), and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), which together with the broad conception with which Law No. 6126 was conceived, serve the purpose not only of conservation but also for the expansion and maintenance of the use of the different resources and legal assets that the State has to fulfill that practical purpose, the public service of providing potable water, and that for efficient provision cannot be achieved without the installations maintaining a priority in the maintenance and conservation of those properties. Regarding properties considered State Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado), it is absurd that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers should not remain within that special legal regime to allow it indispensable works of expansion, maintenance, and conservation of its installations, complying of course with environmental legislation applied in a reasonable and proportional manner, for the fulfillment of the specific purposes of bringing potable water to communities.
VII.- On Executive Decree No. 40675-MINAE. For all the foregoing, the enactment of the National Convenience Decree (Decreto de Conveniencia Nacional), Executive Decree No. 40675-MINAE of September 25, 2017, entitled “Mejoras al sistema de abastecimiento de Atentas” and published in Supplement No. 244 to La Gaceta of October 11, 2017, is not unconstitutional. This Chamber observes that, from Article 1, works of prevention, mitigation, or compensation required and approved by SETENA are agreed; in Article 2, the authorization for cutting, pruning, or elimination of trees is established, in forest lands or in the protection areas defined in numeral 33 of the Forestry Law (Ley Forestal). In that same norm, it is established that the authorization is given except on lands considered State Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado); numeral 3 seeks to facilitate the achievement of the institutional purposes of providing potable water to communities in need. Moreover, it is important that Article 4 of the impugned Decree does not authorize a generalized or indiscriminate felling of trees, as the petitioner attempts to imply, since a weighting by the responsible administration is extracted from the norm, in situ, that “must be carried out in a limited, proportional, and reasonable manner, with the permits from the pertinent Conservation Area of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación).” That is, tree felling will not be carried out in an uncontrolled or whimsical manner, but on the contrary, must be done in accordance with the technical criteria that determine that need. And finally, it is clear in Articles 5 and 6 that the provision of budgetary content is considered for the fulfillment of the requirements of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), the Sworn Statement of Environmental Commitments, and the approved environmental mitigation and compensation measures. In view of all the foregoing, the action must be dismissed on these points.
VIII.- On the allegations of municipal autonomy. The petitioners likewise allege that for the Executive Branch to make the declaration of national convenience, it was necessary to obtain the consent or opinion of the Municipality of Grecia. On this matter, the Procuraduría General de la República brings up the jurisprudence of the Chamber indicating that if the defense of institutional interests, such as autonomy, is alleged, it is the responsibility of the respective public entity to do so, not a third party.
By Judgment No. 2017-13843 of 9:15 a.m. on August 30, 2017, this Court established that:
“The Chamber considers that the petitioner does not have standing to bring this action, since he questions several norms as unconstitutional, but on the grounds that he considers they infringe municipal autonomy, recognized in Article 169 of the Political Constitution. In this regard, it must be noted that, repeatedly, this Constitutional Court has indicated that the defense of an institution’s autonomy must be made before this instance by that same entity and not by a third party (votes Nos. 2008-014190 at 10:00 hrs. of September 24, 2008, 2008-017295 at 14:48 hrs. of November 19, 2008, 2016-01669 at 09:30 hrs. of February 3, 2016, and 2017-008159 at 9:15 hrs. of June 2, 2017). In the case sub judice, the petitioner acts in his capacity as representative of a corporation, reason why he does not have standing to act in defense of municipal autonomy.” In the Chamber’s view, the advisory body is correct regarding long-standing jurisprudence, which requires not only the formalities proper to the representative of the corporation to claim municipal autonomy, but also the necessity that the municipal institution itself pursues the legal defense of its autonomy. In the case at hand, it is not for the petitioner to make this claim, reason why the action must also be dismissed on this point.
For greater abundance, it is not superfluous to note that, through Judgment No. 2010-20958 of 4:21 p.m. on December 15, 2010, it stated: “…this Tribunal has also recognized, in its jurisprudence, the need to harmonize national competences and local competences, because the matter that integrates the general purpose of ‘local interests and services’ must coexist with ‘national’ or ‘state’ public interests and services, as well as that the autonomy of the Municipalities granted by the Constituent Assembly in Article 170 of the Political Constitution cannot be understood to be a full or unlimited autonomy, as it is always subject to certain limits, since the territorial decentralization of the municipal regime does not imply the elimination of the competences assigned to the organs and entities of the State (see, to that effect, judgment 2007-013577 of 14:40 hours of September 19, 2007). It is for this reason that there are local interests whose guardianship corresponds to the Municipalities and, alongside them, others whose constitutional and legal protection is attributed to other public organs, including the Executive Branch and the Legislative Branch.” The general doctrine established in the transcribed judgment is applicable to the case at hand, given that the universal service of potable water as a human right imposes a regional and national vision, over a localist and unilateral one that disregards the human needs and life itself that are guaranteed through potable water. The foregoing, in view of Executive Decree No. 38005-S “Declares sanitary emergency in the communities of the canton of Atenas due to deficiencies in the supply of water fit for human consumption.” IX.- On the international environmental legislation claimed. Finally, the violation of the Convention on Nature Protection and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere is alleged, regarding Article 5, insofar as it establishes the international obligation of States to adopt laws and regulations that ensure the protection and conservation of flora and fauna within their respective territories, but immediately thereafter, it also permits the hunting or collection of specimens of fauna and flora for scientific studies and research by duly authorized individuals and bodies. The infringement of Articles 4 and 5 of the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage is also alleged, as an obligation to protect various natural ecosystems. Indeed, as argued by the Procuraduría General de la República, the Costa Rican State has been complying with the international obligations contemplated in international norms, which is evident and manifest with the significant number of norms for the protection of the environment and forest resources. Additionally, this Chamber observes that the regulations contain provisions that the legislator can develop for the protection and for the utilization of the resources offered by protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) and the State Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado), according to the assigned category, as applies to a municipal recreational park so as not to hinder sustainable development for the benefit of the human being, which is no less important, to satisfy economic, social, and cultural rights contained in the international obligations of Human Rights, such as the right to potable water, contemplated in national legislation, since Law No. 6126 itself was born into legal life with the purpose of being a source of water for several communities, all in pursuit of the sustainable development contemplated in Article 50 of the Constitution. All of this, as mentioned before, would be duly supported by the Ministry of Health, with Executive Decree No. 38005-S “Declares sanitary emergency in the communities of the canton of Atenas due to deficiencies in the supply of water fit for human consumption.” Likewise, the Chamber again brings up Article 5 of the impugned Executive Decree, insofar as it establishes that: “As part of the execution of the Project, it shall allocate funds for the formulation and execution of actions that promote compensation directly and indirectly, through partnerships with public or private entities, regarding the various quantities of trees of the same species that it needs to cut with the construction of the Project.” With this provision, compliance with the respective environmental regulations would be contemplated, given that it contemplates the budgetary contents to comply with mitigation measures – for a very limited number of trees – at the time of executing the maintenance and/or expansion works of the aqueduct, thereby seeking a balance between environmental sacrifice and the sustainable development that the State must always seek to satisfy, on the other hand, a very specific economic and social right which the State would be equally obliged to fulfill and satisfy, according to the other international human rights treaties, to the maximum of its resources. Therefore, having established the mitigation measures on this point, the action must also be dismissed.
X.- Conclusion. For all the foregoing, the proper course is to declare the action without merit in all its points.
XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE RECORD (EXPEDIENTE). The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The action is declared WITHOUT MERIT. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal add particular reasons. Magistrate Garro Vargas enters a note.- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
NOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS.
Sole.- THE NORMATIVE PLEXUS GOVERNING THE CONSTITUTIONAL CHAMBER. In previous notes (see judgments 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582, 2016-018351, 2020-013316, 2020-023743), I have made some considerations regarding the exercise of constitutional control and international instruments as a parameter of assessment. In this regard, as relevant and in summary, I indicated the following:
“The function of controlling the conformity of laws and general provisions with treaties and conventions is not expressly provided for in the constitutional text but only in Article 73.d) LJC, but it is not contrary to it, as it permits guaranteeing the efficacy of Article 7 CP. That function of controlling said conformity is a function distinct from the one exercised by the Chamber by reason of Article 10 CP – control of constitutionality – and from the one established in Article 48 CP – to jurisdictionally guarantee constitutional rights and those of a fundamental nature established in international instruments on human rights.
When this Chamber exercises its function of constitutional control, it is not appropriate to resort to treaties and use them as if they formed part of the constitutionality parameter. Such instruments, and only if they are duly ratified, can be established as a parameter of conformity of legal and sub-legal norms with themselves, by reason of the provisions of Article 7 CP and 73.d) LJC. This is consistent with a systematic interpretation of the Constitution and the LJC and with respect for the separation of powers, a basic principle of every democratic State governed by the rule of law.” (The highlighted text does not correspond to the original votes).
In the specific case, in recital V, sections A and B, reference is made to international instruments or documents that are not duly ratified treaties. I believe that invoking these is pertinent if it is understood to be done for hermeneutical purposes.
Anamari Garro V. Magistrate Particular reasons of Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal, with drafting by the former. Access to water transcends local or cantonal interests.
We have concurred with the judgment that dismissed this action of unconstitutionality. However, we also set forth these particular reasons regarding this dismissal judgment.
This action is brought against Executive Decree No. 40675-MINAE of September 25, 2017, which is the Declaration of National Convenience (Declaratoria de Conveniencia Nacional) for the Project "Improvements to the Atenas Supply System" to be developed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. The petitioner association considers that this decree violates Articles 7, 50, 89, and 169 of the Political Constitution, as well as the international obligations contained in numerals 5 of the Convention on the Protection of the Flora, Fauna, and the Natural Scenic Beauties of the Countries of America (Law No. 3763); and 4 and 5 of the Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Law No. 5980).
It is indicated in the judgment that the promulgation of the Executive Decree accused of being unconstitutional occurred before the Constitutional Reform that enshrines the right to water in Article 50 of the Constitution and before the amendment to the Forestry Law (Ley Forestal), with the "Law to authorize the use of water for human consumption and construction of related works in the natural heritage of the State, Law No. 9590 of July 3, 2018," so it is evident that during the time in which the challenged Executive Decree of National Convenience was being processed, there was a lack of synchrony among legal provisions that clearly impacted the fundamental right to water in some cases and that, unfortunately, prevented the use of water resources that could be extracted from areas considered Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado).
Furthermore, it is indicated in the judgment that the challenged decree has as its backdrop the Executive Decree declaring a sanitary emergency in the city of Atenas, since the State verified that the flow is insufficient for the supply of potable water suitable for human consumption given population growth. For this reason, the Ministry of Health declared the emergency, with support from the precautionary principle in sanitary matters, defining concrete actions by the State, thus preventing the worsening of the situation and preserving human life.
It is added, moreover, that the water intake at Parque Recreativo Municipal Los Chorros had come before this Constitutional Chamber on many occasions, resolving that the project to provide water to the communities of Atenas is legitimate.
In accordance with the background, we present these additional reasons for this judgment:
1- There has been a clear situation of insufficiency in the supply of potable water in the city of Atenas, which constituted a sanitary emergency. This scarcity could not be resolved with the regulations existing at the time, as these prevented the use of water resources that could be extracted from certain areas of the country. The challenged decree finds its support and foundation in this.
On the other hand, it is indicated that the national convenience declared by the challenged Decree was established when there was technical certainty that the social benefits were greater than the socio-environmental costs. Likewise, the Decree's statement of grounds indicates that there is a real demand required by a specific population and that, according to the report of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it seeks to meet a demand until the year 2030 for thirty thousand inhabitants of Atenas and is based on the sanitary emergency of its communities declared by the Ministry of Health. The establishment of national convenience projects allows for land-use change (cambio de uso del suelo) in infrastructure projects, whether state or private, provided that these protection areas are not located within lands of the Natural Heritage of the State.
It is established that, according to a review by MINAE, there are more social benefits than socio-environmental costs; the Decree itself even includes the prohibition of logging on lands of the Natural Heritage of the State and that any logging undertaken must be done in a limited, proportional, and reasonable manner (Articles 2 and 4 of the challenged Executive Decree).
2- According to a review by the competent authorities, in this specific case, the declaration of "national convenience" that would allow certain changes to bring potable water to the city of Atenas would produce more benefits than costs. These benefits, likewise, would not permit the felling of trees on lands of the Natural Heritage of the State. In this way, without leaving this heritage unprotected, certain environmental costs (minor) would be allowed compared to the benefits related to the right of access to water and, therefore, to the right to health. It is not any type of benefit that must be weighed in this case, but benefits of such magnitude and as fundamental as those mentioned.
The petitioners allege the prohibition of clearing forest in Parque Recreativo Municipal Los Chorros, because in their opinion it is a Natural Heritage of the State zone (in accordance with the principle of the lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest). For its part, the Procuraduría General de la República indicates that it does not share the view that said recreational park is a protected area or natural heritage of the State; and the rest of the reporting authorities in this action insist that the location of the area covered by the national convenience declaration involves protected wild areas where this could occur. In this regard, it is indicated here that, by virtue of judgment No. 2013-11525, it was accepted as proven that the tree felling actions would be carried out on protected wild areas where there can be legal authorization, provided there is compliance with the legal requirements that incorporate consideration and rational use mechanisms for natural resources. It was also indicated that, being on privately owned lands and in protected wild areas, these would be trees that could be felled, provided a national interest decree or declaration intervenes, as alleged by the authorities of the Ministerio de Ambiente y Energía.
Subsequently, the Chamber clarifies that it is not possible to derive from the challenged Decree the authorization of indiscriminate tree felling, much less of those that are part of the Natural Heritage of the State, from which it is possible to infer that this regulation does not infringe the principle of the lifetime tenure of the forest.
3- It was accepted as proven that the tree felling actions would be carried out on protected wild areas where there can be legal authorization and prior compliance with legal requirements. Furthermore, on privately owned lands and in protected wild areas, these would be trees that could be felled. Thus, the principle of the lifetime tenure of the forest that operates in matters of environmental law is not affected.
It is indicated in the judgment that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has the legal mission or purpose of ensuring the proper functioning and maintenance of potable water distribution networks to the communities, with sufficiency and continuity. This is precisely one of the problems for which the increase in the amount of water that the institution must provide to the community of Atenas is necessary. We must highlight, as indicated in the judgment, that the declaration of Parque Recreativo Municipal Los Chorros has the purpose and vocation of forest protection linked to the water resource. Moreover, it is indicated that it makes no sense to declare that the properties and installations of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in service of water are national heritage and of public utility; and yet, it could not fulfill its legitimate objectives that all the populations it serves expect because they are automatically situated in the Natural Heritage of the State.
4- In a case such as this, the exercise of weighing rights must ensure that, without serious detriment to others (such as the fundamental right to the environment), the right of access to potable water can also be satisfied. Thus, an aspect to consider is the obligation of the Institute in question to provide access to potable water for the entire population.
As stated in the judgment, it is observed that Article 1 of the challenged decree agrees to the required prevention, mitigation, or compensation works approved by SETENA. It is also indicated that tree felling will not be carried out in an uncontrolled or arbitrary manner, but on the contrary, must be done in accordance with the technical criteria that determine that need.
5- The same challenged decree establishes in its regulations the manner in which tree felling can be compensated, mitigated, and prevented, furthermore, with the understanding that it will not be an uncontrolled or arbitrary felling, but that which is technically necessary to fulfill the right of access to potable water.
These are the arguments that support these particular reasons in a case so important for the communities demanding the right to water.
Water is an essential common good, the content and benefit of which transcends local or even particular interests. This is one of the issues discussed in this judgment. The vision regarding the right to water has changed, and the discussion raised in this decision clearly demonstrates this. A few decades ago, this controversy was unthinkable.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Magistrate Magistrate Observations of SALA CONSTITUCIONAL voted with ballot Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 01:29:42.
Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia desestimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas:
NO APLICA.
Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtemas:
NO APLICA.
015449-21. AMBIENTE. MEJORAS AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE ATENAS. (PARQUE RECREATIVO LOS CHORROS). Acción de inconstitucionalidad contra la declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto "Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas" a desarrollar por el ICAA. Decreto Ejecutivo No. 40675-MINAE. Publicado en el Alcance No. 244 de La Gaceta de 11/10/2017 Parte dispositiva: Se declara SIN LUGAR la acción. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal agregan razones particulares. La magistrada Garro Vargas pone nota.- “…en opinión de la Sala Constitucional, la norma evidentemente establece con toda claridad que los terrenos adquiridos o expropiados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la protección del bosque, la captación, tratamiento y distribución del agua, en el caso que nos ocupa, forman parte del patrimonio nacional. Esto debe incluir las servidumbres en las zonas de protección. Tienen una vocación o claro fin legal, de modo que, la habilitación del Estado para declarar proyectos de conveniencia nacional según los artículos 3, inciso m), y 34, de la Ley Forestal, lo que junto con la amplia concepción con la que fue concebida la Ley N° 6126, sirven el propósito no solo de conservación, sino para la ampliación y mantenimiento de uso de los diferentes recursos y bienes jurídicos que tiene el Estado para cumplir con ese fin práctico, el servicio público a la prestación del agua potable, y que, para una prestación eficiente no se puede alcanzar sin que las instalaciones mantengan una prioridad en el mantenimiento y conservación de esas propiedades. En cuanto a las propiedades consideradas Patrimonio Natural del Estado, resulta absurdo que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no debe mantenerse dentro de ese régimen jurídico especial para permitirle obras indispensables de ampliación, mantenimiento y conservación de sus instalaciones, cumpliendo por supuesto con la legislación ambiental aplicada de modo razonable y proporcional, para el cumplimiento de los fines específicos de llevar agua potable a las comunidades.…” CO01/22 ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 075- Asunto previo en vía judicial o administrativa pendiente de resolución Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. INTERESES DIFUSOS. “…los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como: el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés que atañe a todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda, de ninguna manera, llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales…” CO01/22 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Protección al ambiente Subtemas:
NO APLICA.
PRINCIPIOS AMBIENTALES. “…la existencia de una obligación internacional, exigible al Estado costarricense de adoptar medidas para la satisfacción de ciertos derechos prestacionales, entre ellos, uno tan importante como es el suministro de agua potable para el uso humano, sin olvidar que los derechos económicos, sociales y culturales, así como otros políticos y civiles son universales, indivisibles e interdependientes, como también interrelacionados. Lo anterior obliga a que la determinación de un derecho prevalente no sea solo producto de un análisis aislado o cerrado, sino la ponderación de los otros derechos que entran en consideración, especialmente si son varios concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Para el desarrollo sustentable de cualquier Nación, los recursos deben observarse como bienes y activos de la población, de modo que, el Estado no debe permitir que el acceso a ellos sea exclusivo, excluyente, inalcanzable e inaccesible para sus habitantes, de ahí que importantes reformas vienen a consolidar un enfoque de derechos humanos al servicio potable de agua. Lo contrario, lo único que invita es a fomentar una sociedad inacabada para unos y para otros no. Evidentemente, pone de relieve un problema de inequidad en la distribución de los recursos, en el que todos pierden como sucede en las sociedades más injustas del orbe. De ahí que, se debe afirmar que, al igual que otros derechos como al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debe estarse en sintonía con un enfoque del desarrollo sustentable en armonía con todos los demás derechos…” CO01/22 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. DERECHO AL AGUA. “…El agua potable es un activo que el Estado debe asegurar a todos para alcanzar una sociedad completa, es claro que dota de seguridad y sanidad a la población, y también porque incide en las actividades productivas, como también otras propias que aseguran el bienestar de la población. Se requiere de una adecuada planificación estratégica de la prestación del servicio público del agua, especialmente, tomando en cuenta las épocas de reducción de las precipitaciones anuales. La demanda incrementada del líquido vital debe ser enfrentada por las instituciones públicas a través de la oportuna planificación y acciones concretas, para satisfacer algo que es obvio para un Estado social de Derecho como el costarricense, cuando se trata de observar las obligaciones internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales, y también, garantizar la equidad entre la población, especialmente para quienes se encuentren en condiciones vulnerables por el efecto de la escasez. De ahí que, esta Sala comprende la importancia de procurar mecanismos que permiten balancear los conflictos que se pueden producir entre el derecho al agua que viene protegiendo las autoridades públicas en sus informes, de los derechos más generales del ambiente sano y ecológicamente equilibrados, específicamente, la alegada protección de los bosques, áreas silvestres protegidas, o el Patrimonio Natural del Estado, etc. En momentos de crisis, no sería posible otro resultado que exigir institucionalmente actuaciones diligentes, racionales y proporcionadas.…” CO01/22 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Subtemas:
NO APLICA.
NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS.
Único.- EL PLEXO NORMATIVO QUE RIGE LA SALA CONSTITUCIONAL. En anteriores notas (véanse las sentencias 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582, 2016-018351, 2020-013316, 2020-023743) he hecho algunas consideraciones en relación con el ejercicio del control de constitucionalidad y los instrumentos internacionales como parámetro de valoración. Al respecto, en lo conducente y en resumen, indiqué lo siguiente:
“La función de controlar la conformidad de las leyes y disposiciones generales con los tratados y convenios no está expresamente prevista en el texto constitucional sino sólo en el art. 73.d) LJC, pero no es contraria a aquél, pues permite garantizar la eficacia del art. 7 CP. Esa función de controlar dicha conformidad es una función distinta de la que ejerce la Sala en razón del art. 10 CP –el control de constitucionalidad– y de la establecida en el art. 48 CP –garantizar jurisdiccionalmente los derechos constitucionales y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos–.
Cuando esta Sala ejerce su función de control de constitucionalidad, no corresponde que eche mano de tratados y los utilice de hecho como si integraran el parámetro de constitucionalidad. Tales instrumentos, y sólo si están debidamente ratificados, pueden erigirse en parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales con ellos mismos, en razón de lo establecido en el art. 7 CP y 73.d) LJC. Esto es conteste con una interpretación sistemática de la Constitución y la LJC y con el respeto a la separación de poderes, principio basilar de todo Estado democrático de Derecho”. (Lo resaltado no corresponde a los votos originales).
En el caso concreto, en el considerando V, epígrafes A y B, se hace referencia a instrumentos internacionales o documentos que no son tratados debidamente ratificados. Estimo que la invocación de estos es pertinente si se entiende que se hace para efectos hermenéuticos.
Anamari Garro V.
CO01/22 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas:
NO APLICA.
Razones particulares de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, con redacción del primero. El acceso al agua trasciende los intereses locales o cantonales.
Hemos concurrido con la sentencia que declaró sin lugar esta acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, exponemos además estas razones particulares sobre esta sentencia desestimatoria.
Esta acción se presenta en contra del Decreto Ejecutivo N° 40675-MINAE del 25 de septiembre de 2017, que es la Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto "Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas" a desarrollar por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. La asociación accionante considera que este decreto violenta los artículos 7, 50, 89 y 169, de la Constitución Política, además de las obligaciones internacionales contenidas en los numerales 5, de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Ley N° 3763); 4 y 5, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Ley N° 5980).
Se indica en la sentencia que la promulgación del Decreto Ejecutivo que se acusa de inconstitucional, sucede antes de la Reforma Constitucional que plasma el derecho al agua en el art.50 constitucional y de la enmienda a la Ley Forestal, con la “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado, Ley N° 9590 de 3 de julio de 2018”, de manera que se evidencia que para el tiempo durante el cual se tramitaba el Decreto Ejecutivo de Conveniencia Nacional impugnado, había no existía sincronía de disposiciones legales que claramente repercutía en algunos casos en el derecho fundamental al agua y que desafortunadamente, impedía utilizar los recursos hídricos que podían extraerse de áreas consideradas Patrimonio Natural del Estado.
Además, se indica en la sentencia que el decreto impugnado tiene como telón de fondo el Decreto Ejecutivo que declara emergencia sanitaria en la ciudad de Atenas, toda vez que el Estado constata que el caudal resulta insuficiente para el suministro de agua potable apta para el consumo humano ante el crecimiento de la población. Por esta razón el Ministerio de Salud declara la emergencia, con apoyo del principio precautorio en materia sanitaria, definiendo acciones concretas por parte del Estado, evitando así el agravamiento de la situación y la conservación de la vida humana.
Se agrega, además, que la toma de agua en el Parque Recreativo Municipal Los Chorros había venido en muchas ocasiones a esta Sala Constitucional, resolviéndose que es legítimo el proyecto de dotación de agua a las comunidades de Atenas.
Conforme a los antecedentes, exponemos estas razones adicionales a esta sentencia:
1- Ha existido una clara situación de insuficiencia en el suministro de agua potable en la ciudad de Atenas, lo cual supuso una emergencia sanitaria. Esa carestía no podría ser solventada con la normativa existente en el momento, pues esta impedía utilizar los recursos hídricos que podían extraerse de ciertas áreas del país. En ello encuentra sustento y fundamento del decreto impugnado.
Por otro lado, se indica que la conveniencia nacional que declara el Decreto impugnado fue establecida cuando se tuvo la certeza técnica que los beneficios sociales eran mayores a los costos socio-ambientales. Asimismo, en la fundamentación del Decreto se indica que hay una demanda real requerida por una población específica y que según el informe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se busca satisfacer una demanda hasta el año 2030 de treinta mil habitantes de Atenas y va en función de la emergencia sanitaria de sus comunidades declarada por el Ministerio de Salud. Con el establecimiento de proyectos de conveniencia nacional se permite el cambio de uso del suelo en proyectos de infraestructura, estatales o privados, siempre y cuando estas áreas de protección no se encuentren dentro de terrenos de Patrimonio Natural del Estado.
Se establece que, según revisión del MINAE, hay más beneficios sociales que los costos socioambientales, incluso el mismo Decreto contempla la prohibición de no talar en terrenos del Patrimonio Natural del Estado y que la que se realice, se deberá hacer en forma limitada, proporcional y razonable (artículos 2 y 4, del Decreto Ejecutivo impugnado).
2- Según revisión de las autoridades competentes, en este caso específico, la declaratoria de “conveniencia nacional” que permitiría realizar ciertos cambios para poder llevar agua potable a la ciudad de Atenas, produciría más beneficios que costos. Siendo además que tales beneficios igualmente no permitirían la tala de árboles en terrenos del Patrimonio Natural del Estado. De esta forma, sin desproteger este patrimonio se permitirían ciertos costos ambientales (menores) en comparación con los beneficios, relacionados, con el derecho de acceso al agua y por ende, con el derecho a la salud. No es cualquier tipo de beneficio el que debe ponderarse en este caso, sino beneficios de tal envergadura y tan fundamentales como los mencionados.
Los accionantes alegan la prohibición de corta del bosque en el Parque Recreativo Municipal Los Chorros, porque en su criterio se trata de zona de Patrimonio Natural del Estado (conforme al principio de la irreductibilidad del bosque). Por su parte, la Procuraduría General de la República indica que no comparte que dicho parque recreativo sea un área protegida o patrimonio natural del Estado; y el resto de las autoridades informantes en esta acción insisten en que la localización del área cubierta por la declaratoria de conveniencia involucra áreas silvestres protegidas donde si podría darse. Al respecto, aquí se indica que, en virtud de sentencia n°2013-11525, se tuvo por acreditado que las acciones de corta de árboles se realizarían sobre áreas silvestres protegidas donde puede haber autorización legal, siempre que haya cumplimiento de los requisitos legales que incorporan los mecanismos de ponderación y de uso racional de los recursos naturales. Se indicó, además, que al estar sobre terrenos de propiedad privada y en áreas silvestres protegidas se trataría de árboles que podrían ser cortados, siempre mediando un decreto o declaratoria de interés nacional, como lo alegan las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía.
Posteriormente, la Sala aclara que no es posible derivar del Decreto impugnado la autorización de una corta indiscriminada de árboles, mucho menos de aquellos que sean parte del Patrimonio Natural del Estado, con lo que es posible inferir que esta normativa no infringe el principio de irreductibilidad del bosque.
3-Se tuvo por acreditado que las acciones de corta de árboles se realizarían sobre áreas silvestres protegidas donde puede haber autorización legal y previo cumplimiento de los requisitos legales. Además, en los terrenos de propiedad privada y en áreas silvestres protegidas se trataría de árboles que podrían ser cortados. Con lo cual, no se ve afectado el principio de irreductibilidad del bosque que opera en materia del derecho al ambiente.
Se indica en la sentencia que Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tiene como misión o fin legal velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de las redes de distribución de agua potable a las comunidades, con suficiencia y continuidad. Este es casualmente uno de los problemas por las cuales es necesario el incremento de la cantidad de agua que debe prestar la institución a la comunidad de Atenas. Debemos resaltar, tal como lo indica la sentencia, que la declaratoria del Parque Recreativo Municipal Los Chorros tiene como fin y vocación la protección forestal ligada al recurso del agua. Además, se indica que no tiene sentido declarar que las propiedades e instalaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al servicio del agua son patrimonio nacional y de utilidad pública; y sin embargo, no podría cumplir sus objetivos legítimos que esperan todas las poblaciones a las que brinda servicios por estar automáticamente situadas en Patrimonio Natural del Estado.
4- En un caso como estos, el ejercicio de la ponderación de derechos debe atender a que, sin demérito grave de otros (como el derecho fundamental al ambiente) se pueda llegar también a satisfacer el derecho de acceso al agua potable. Así entonces, es un aspecto a considerar, la obligación que tiene el Instituto en cuestión, en cuanto a brindar acceso al agua potable a toda la población.
Tal como se dice en la sentencia, se observa que artículo 1 del decreto impugnado se acuerdan obras de prevención, mitigación o compensación requeridas aprobadas por la SETENA. También se indica la corta de los árboles no se realizará de forma incontrolada o antojadiza, sino por el contrario, deberá hacerse de conformidad con los criterios técnicos que determinen esa necesidad.
5- El mismo decreto impugnado establece en su normativa la forma como se puede compensar, mitigar y prevenir la corta de árboles, además, entendiéndose que no se tratará de una corta incontrolada o antojadiza sino la que es técnicamente necesaria para cumplir con el derecho de acceso al agua potable.
Estos son los argumentos que sustentan estas razones particulares en un caso tan importante para las comunidades que reclaman el derecho al agua.
El agua es un bien común esencial, cuyo contenido y beneficio trasciende los intereses locales o incluso particulares. Este es uno de los temas que se discute en esta sentencia. La visión sobre el derecho al agua ha cambiado y la discusión planteada en esta decisión, lo demuestra claramente. Hace unas décadas, esta polémica, era impensable.
Fernando Cruz C.Paul Rueda L.
MagistradoMagistrado CO01/22 ... Ver más *CO* Res. Nº 2021015449 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y veinte minutos del siete de julio del dos mil veintiuno.
Acción de inconstitucionalidad promovida por ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTOS DE TACARES DE GRECIA, con cédula jurídica N° 3-002-247987, representada por CARLOS EDGAR GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, portador de la cédula de identidad número 02-0254-0769; contra la Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto "Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas" a desarrollar por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Decreto Ejecutivo N° 40675-MINAE del 25 de septiembre de 2017, publicado en el Alcance N° 244 de La Gaceta del 11 de octubre de 2017.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 7:38 horas del 17 de octubre de 2017, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto "Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas" a desarrollar por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Decreto Ejecutivo N° 40675-MINAE del 25 de septiembre de 2017, publicado en el Alcance N° 244 de La Gaceta del 11 de octubre de 2017. Alega que impugna el decreto por cuanto, en el texto de la declaratoria, se señalan aspectos, en criterio del accionante, falaces, como que el agua se extraerá de una zona que no es área silvestre protegida, cuando la Sala Constitucional en Sentencia N° 2013-011525 reconoció que toda esa área era Patrimonio Natural del Estado; se omite mencionar que el agua se extraerá del Parque Recreativo Los Chorros, creado por la Ley N° 6126, que establece una prohibición expresa de eliminar cobertura boscosa y, también, que la competencia de fiscalización del Parque la tienen compartida la Municipalidad de Grecia y el SINAC, sin mencionar a la corporación en el acto impugnado. Precisa que, según la mencionada sentencia de la Sala Constitucional, el área del Parque Recreativo Los Chorros es Patrimonio Natural del Estado; no se puede talar, sin que se modifique la ley que constituyó el parque; es un sitio de alta fragilidad ambiental; es un parque que en su totalidad es demanio público y los sitios de captación están en este. Agrega que el artículo segundo del Decreto impugnado, que permite la corta, poda o eliminación de árboles incluyendo especies declaradas en veda o en peligro de extinción que se ubiquen en terrenos cubiertos de bosque o en las áreas de protección, es inconstitucional, dado que, el sitio donde están las tomas de agua son parte del patrimonio natural del Estado. Indica que el oficio N° OG-1069-2013 del SINAC, del 16 de junio del 2013, mencionado en el Considerando VI del Decreto impugnado, es hoy en día inexistente por ser inconstitucional, dado que, la citada Sentencia N° 2013-011525 es posterior y reconoció que Los Chorros es un ecosistema frágil y patrimonio natural del Estado. Estima que, con el Decreto impugnado, el Poder Ejecutivo quiere hacer ver que se puede talar, podar o eliminar, parte del bosque, como si fuera una finca privada, en un sitio de alta fragilidad ambiental, que es donde están las tomas de agua y por donde pasa la tubería, lo que resulta violatorio del principio de irreductibilidad del bosque y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, puesto que, incluso se transgrede, de forma expresa, la jurisprudencia constitucional dicha. Considera que permitir la tala de las zonas de protección, como lo autoriza el artículo segundo del Decreto impugnado, a lo largo del Río Prendas, es contrario al principio de irreductibilidad del bosque. Manifiesta que no existe posibilidad de diferenciar entre la zona de protección del cauce y el sitio que es patrimonio natural del Estado, como lo pretende hacer el Decreto impugnado, en su artículo segundo, por cuanto todo el parque es uno solo bloque, es un conjunto indivisible, es un ecosistema frágil a proteger. Aclara que no se cuestiona la toma de agua, que se hace del Río Prendas desde hace muchos años (desde 1961, antes que el parque entrara a ser demanio público), sino la eliminación de la tubería ya existente para poner una nueva, pues esto conlleva una tala inconstitucional. Señala una violación al principio de reserva de ley y de inderogabilidad singular de la norma, por cuanto, la Ley N° 6126, que constituyó el Parque Recreativo Los Chorros, dispone varias prohibiciones que desconoce el Decreto impugnado; un decreto no podría sobrepasar una ley que, expresamente, establece la prohibición de talar, perturbar animales, o generar daños a las obras existentes de captación de agua. Añade que si la Ley N° 6126 establece la condición de terreno demanial y, por ende, la obligación de protección y de no talar, la aplicación de una declaratoria de conveniencia nacional, usada en terrenos de sujetos de derecho privado, es inconstitucional por contravenir la Ley del Parque, la Ley Forestal y los artículos 50 y 89, Constitucionales. Aprecia, de acuerdo a los numerales 2 y 3, de la Ley del Parque Recreativo Los Chorros -Ley N° 6126-, que en la declaratoria de conveniencia nacional era fundamental se considerara y se introdujera la anuencia o el parecer de la Municipalidad de Grecia; lo cual se echa de menos en violación a la autonomía administrativa municipal dispuesta en el artículo 169, Constitucional. Solicita declarar inconstitucional el Decreto de Declaratoria Nacional de Proyecto Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas a desarrollar por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por transgredir los numerales 7, 50, 89 y 169, de la Constitución Política y los principios de derecho ambiental, tales como el de irreductibilidad del bosque, inderogabilidad singular de la norma, objetivación o tutela científica y el de reserva de ley.
2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que se promueve con fundamento en el párrafo 2°, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por cuanto se trata de la defensa de intereses difusos por estar actuando en defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
3.- El 26 de octubre de 2017, el accionante ruega dar curso a la acción y señala que se tenga como ampliación de los argumentos el artículo 5, inciso a), de la Ley N° 6126, en cuanto prohíbe “Talar árboles y extraer plantas, flores o cualquier otro objeto de origen vegetal”.
4.- Por resolución de las once horas once minutos del 3 de noviembre de 2017, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Ambiente y Energía.
5.- La Procuraduría General de la República rindió su informe e indica que los alegatos de los accionantes versan en cuatro puntos: 1) La violación al principio de irreductibilidad del bosque, ya que los artículos 2, 3, y 4, del decreto impugnado permiten la tala de árboles en el área de protección del Río Prendas y que atravesarán las tuberías del Proyecto hasta salir a calle pública- esto, a pesar de que el Parque Recreativo Municipal Los Chorros (creado por la Ley N° 6126) es área protegida, patrimonio natural del Estado-; 2) Violaciones al principio de reserva de ley y de inderogabilidad singular de la norma, puesto que los artículos anteriores se oponen a lo dispuesto por la Ley N° 6126 y los artículos constitucionales 50 y 89, que prohíben la tala de árboles en las áreas protegidas; 3) Violación a la autonomía municipal de la Municipalidad de Grecia, porque "el Poder Ejecutivo dispuso de un terreno público que es en parte competencia municipal", sin obtener su criterio; 4) Violación a normas y obligaciones internacionales, donde se transgreden los artículos 7, 50 y 89, Constitucionales, debido a que el Estado Costarricense se comprometió a adoptar leyes y reglamentos que aseguren la protección y conservación de la flora en su territorio y proteger los diferentes ecosistemas- lo anterior, de acuerdo a la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los Países de América (Ley N° 3763), artículo 5, y la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, artículos 4 y 5-. La Procuraduría señala que, al tenor del artículo 121, de la Ley General de la Administración Pública, la naturaleza jurídica de la normativa impugnada corresponde a un acuerdo administrativo y no un decreto- por lo que, al ser un acto administrativo concreto, no procede revisarse en esta vía-; concluye lo anterior basándose en este criterio de la Sala Constitucional “(…) el decreto ejecutivo que declara de interés público y conveniencia nacional un proyecto y habilita al desarrollador, "previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para la corta de árboles (inclusive de especies vedadas) y el desarrollo de obras de infraestructura en áreas de protección (...), no obstante la denominación de 'decreto ejecutivo' que se le otorgó, se trata de una disposición concreta y particularizada, que se limita a calificar el interés público y la conveniencia nacional de un proyecto claramente individualizado en cuanto a sujeto y contenido(…)". Expone, que el Parque Recreativo Municipal Los Chorros- en el acto de su creación- no fue declarado área silvestre protegida, de dominio público estatal, ya que no cumplió los requisitos necesarios al efecto, ni se enmarca en ninguna de las categorías de manejo legalmente establecidas, y por lo tanto, no podría afirmarse que tenga esa condición. Añade, que la expresión "área protegida" empleada por la Sala Constitucional- en la Sentencia 2013-11525- lo es en sentido amplio y no estricto; también, que los terrenos del Parque Recreativo Municipal Los Chorros, que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, son sólo los que se encuadren dentro de los supuestos del artículo 13, de la Ley Forestal, a constatar con los debidos estudios técnicos de la Administración Forestal del Estado- por lo que, en este punto, sería impropio afirmar que la totalidad del área del parque es Patrimonio Natural del Estado-. Refiere, que en el Dictamen C-285-2013 se dijo que los terrenos que forman parte de las áreas silvestres protegidas del Patrimonio Natural del Estado son los de propiedad pública- no los de propiedad privada, aunque los comprendan geográficamente, y que la municipalidad no administra terrenos de particulares-; además, que de acuerdo con la sentencia 389-2016 del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la servidumbre de acueducto y de paso a favor del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para el proyecto Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas- causa de utilidad pública-, se impuso sobre una finca de propiedad privada, Sistema de Folio Real, matrícula 197596, Partido de Alajuela, derechos 001, 003, 004 y 005. Manifiesta, que es incorrecto aseverar que el Decreto impugnado permite la poda, corta o eliminación de árboles en el Patrimonio Natural del Estado, ya que se autorizan en terrenos cubiertos de bosque o en las áreas de protección definidas en el artículo 33, de la Ley Forestal N° 7575, siempre que no se ubiquen en terrenos del Patrimonio Natural del Estado; además, que dichos actos se realizarán en terrenos de propiedad privada, lo que es conforme a lo dispuesto en los artículos 19, inciso b), y 34, de esa normativa, los postulados del desarrollo sostenible y el Derecho de la Constitución- es decir, la prohibición del artículo 5, inciso a), de la Ley N° 6126 no es absoluta y más bien debe interpretarse sistemáticamente con lo dispuesto por la Ley Forestal-. Observa que, respecto al artículo 3 del Decreto impugnado, los accionantes no explicaron los motivos por los que esa norma contradice el Derecho de la Constitución, con lo que incumplen el requisito del artículo 78, de la Ley de Jurisdicción Constitucional, de exponer en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que estiman infringidos. Apunta que, relacionado a la transgresión de la autonomía municipal, la Sala Constitucional ha establecido que cuando en una acción de inconstitucionalidad se alega la defensa de intereses institucionales, como la autonomía, "se está ante un supuesto de lesión individual y directa". Expone, que los numerales 1, 2, 3 y 4, del Decreto 40675-MINAE, no autorizan podas, talas o eliminación de árboles en terrenos del Patrimonio Natural del Estado, y por lo tanto, el Estado ha cumplido el compromiso internacional de adoptar leyes y reglamentos para conservar y proteger los bosques, dentro del concepto de desarrollo ambientalmente sostenible; asimismo, los accionantes no confrontan, ni exponen, en forma clara y precisa, las razones por las que cada una de las normas del Decreto son contrarias a los textos de las convenciones internacionales de cita. Por lo anteriormente expuesto, solicita se declare sin lugar la acción.
6.- Fernando Mora Rodríguez, en su calidad de Ministro a.i. de Ambiente y Energía, indica que su representada siempre actuó a tenor de las facultades conferidas por los artículos 2, de la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía (Ley N° 7152), 3, inciso m), y 34, de la Ley Forestal (Ley N°7575), con los que el Decreto Ejecutivo N°40675-MINAE del 25 de septiembre de 2017 (norma impugnada) declaró de conveniencia nacional el proyecto “Mejoras al sistema de abastecimiento de Atenas” a desarrollar por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; de previo a esta declaratoria, se procedió a la valoración costo-beneficio del proyecto con el fin de determinar si era técnicamente viable y factible, y de hecho el Considerando IX del decreto impugnado establece que el “(…) AYA, elaboró la evaluación económica-social del citado proyecto, misma que fue sometida por parte del Ministerio de Ambiente y Energía a valoración, en aras de ponderar que los beneficios sociales sean superiores a los costos socioambientales, (…) lo anterior a efecto de que se emitieran las recomendaciones respectivas, mismas que en lo conducente, refirieron que el procedimiento utilizado por el AYA, fue adecuado para la estimación de las externalidades señaladas, y a la postre se concluyó que: “… existe un beneficio social positivo y se evidencia que satisfará una demanda real que requiere una población específica, como es el servicio de agua potable. Por tal motivo, el proyecto puede considerarse de conveniencia nacional… debido a que los resultados del proyecto (TIR y VAN positivos), se considera que el proyecto se le puede otorgar la declaratoria de conveniencia nacional”. Añade, que esta declaratoria de conveniencia nacional del proyecto lo que busca es satisfacer la demanda (hasta el año 2030) de agua potable para treinta mil habitantes de la comunidad de Atenas ante las deficiencias en el suministro de agua apta para consumo humano- problemática previamente considerada en el Decreto Ejecutivo N° 38005-S “Declara emergencia sanitaria en las comunidades del cantón de Atenas debido a deficiencias en el suministro de agua apta para consumo humano", dado el 15 de octubre de 2013-; además, otra finalidad del proyecto es resguardar el derecho humano al agua y de ahí se consideró oportuno declarar su conveniencia nacional. Expone, que los accionantes advierten las prohibiciones de: corta o aprovechamiento de árboles en Patrimonio Natural del Estado, cambio de uso de suelo en terrenos privados con bosque y en cuanto a cortar árboles en áreas de protección (artículos 1, 18, y 33, de la Ley Forestal; como 148-150, de la Ley de Aguas); sin embargo, dicha prohibición no es absoluta puesto que el legislador incluyó excepciones que permiten cambiar el uso de suelo en terrenos privados con bosque y cortar árboles en áreas de protección, esto ante proyectos declarados como de conveniencia nacional (quedan por fuera los terrenos patrimonio natural del Estado)-lo anterior de conformidad con los artículos 3, inciso m), 19 inciso b), 33, y 34, de la Ley Forestal (relacionados con los artículos 2, y 4, del decreto impugnado)-. Manifiesta que, con base a lo anterior, los accionantes no llevan razón en su argumento ya que el Ministerio de Ambiente y Energía no está autorizando la corta en “Patrimonio Natural del Estado”- ni mucho menos se habla de algún tipo de tala rasa- sino que la corta o poda deberá ser limitada, proporcional y razonable; además, de acuerdo a información presentada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (mediante memorando de 25 de octubre de 2017) se reitera que se requiere talar aproximadamente seis árboles que están ubicados en servidumbre de paso y propiedades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pero se especificó “la decisión de corta se tomará al ejecutar la obra en sitio”, por lo que no necesariamente se llevaría a cabo la corta. Explica, que el decreto impugnado no contrasta con la Ley N° 6126 (“Declara Parque Recreativo Municipal Los Chorros Grecia” del 9 de noviembre de 1977), y de hecho en el Expediente Legislativo N°7679, se previó que dichas aguas pudieran abastecer a poblaciones que la requirieran, como en este caso sucede con el cantón de Atenas. Apunta que, por medio del Oficio N°SINAC-DE-1871 del 8 de noviembre de 2017, “(…) la figura del “Parque Recreativo Los Chorros” no está contemplado dentro de las categorías de manejo de área silvestre protegida, sino que corresponde a una ley especial, la N°6126, y que incluso consideró en su articulado que en el Parque Recreativo, también se incluían fincas de propiedad particular (...); por otra parte, según el Considerando V del decreto impugnado “(…) el proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de la línea de conducción de agua (63.50 l/s) desde la fuente actual ubicada en la naciente Prendas, hasta un nuevo tanque de almacenamiento en Sabana Larga de Atenas (…)” lo que técnicamente implica que no necesariamente el proyecto se ubique en Patrimonio Natural del Estado, ni que se limite únicamente en el Parque Recreativo Los Chorros, sino que se extiende hasta el cantón de Atenas. Agrega, que el decreto impugnado respeta el artículo 50 Constitucional puesto que, por medio de la Resolución N°1614-2014-SETENA de las 8:20 horas del 14 de agosto de 2014, se le dio viabilidad ambiental al proyecto (fundamento para declarar la conveniencia nacional del proyecto)- por lo que ya se cumple con lo que fue requerido en la Sentencia N°11525-2013 de las 10:05 horas del 30 de agosto de 2013, en donde la Sala Constitucional acusó la necesidad de que este proyecto contara con viabilidad ambiental y por lo tanto se optó por suspenderlo-. Recalca, que el argumento de los accionantes por cuanto el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados no puede llevar a cabo las obras del proyecto en el Parque Recreativo Los Chorros, no procede porque a dicho ente se le atribuyó la facultad de adquirir bienes inmuebles en propiedad que considere convenientes (expropiando si fuere necesario) y así llevar a cabo la construcción requerida para la captación y conducción del agua para poblaciones; esto de conformidad con los artículos 2, incisos a), b), f), h), e i), 5 incisos c), y e), y 18, de la Ley Constitutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Ley N° 2726). Solicita, por lo anterior, se declare sin lugar la presente acción.
7.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 81, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fueron publicados en los números 240, 241 y 242 del Boletín Judicial, de los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2017.
8.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10, y 85, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9, ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.
9.- Por resolución de las 10:08 horas del 25 de enero de 2018, se tienen por contestadas las audiencias a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Ambiente y Energía, estando listo los autos, se pasa la acción de inconstitucionalidad a la oficina del magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, que por turno le corresponde el estudio de fondo.
10.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- Sobre la admisibilidad. El artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa, cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el procurador General de la República, el contralor General de la República, el fiscal General de la República o el defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. Dispone el texto en cuestión que procede cuando "por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa". En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la Sentencia N° 1993-3750 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993:
"… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como: el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés que atañe a todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda, de ninguna manera, llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales.
II.- Sobre la legitimación en el caso concreto. La acción de inconstitucionalidad interpuesta por Carlos Edgar Gutiérrez Jiménez, en su condición de Presidente de la Asociación Administradora de Acueductos de Tacares Sur de Grecia, pretende la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el tanto acusa que el decreto impugnado autoriza la tala de un bosque de modo inconstitucional, y contrario a lo establecido por la Sentencia N° 2013-11525 de las 10:25 horas del 30 de agosto de 2013, dictada dentro del expediente 13-007790-0007-CO. En este sentido, la acción es admisible dado que la pretensión del accionante es la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en cuanto señala que se alegó que el Decreto Ejecutivo permite una tala inconstitucional de un bosque, de conformidad con el artículo 50, Constitucional.
III.- Objeto de la impugnación. La acción de inconstitucionalidad interpuesta por el representante de la Asociación accionante, pretender la declaratoria de inconstitucionalidad del siguiente Decreto Ejecutivo:
N° 40675-MINAE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA En el ejercicio de las facultades que les confieren los artículo 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados N° 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas; los artículos 16, 28 párrafo 2 inciso b) y 136 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública N° 6227 del 2 de mayo de 1978; artículo 2 inciso e), 50, 51 y 52 inciso d) de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995; los artículos 3 inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996; el artículo 2 inciso m) del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N°25721-MINAE del 17 de octubre de 1996.
Considerando:
I.—Que el artículo 2 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 establece que el Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, tiene la obligación de propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.
II.—Que la Ley Orgánica del Ambiente en sus artículos 51 inciso c) y 52 inciso b), establecen:
“Artículo 51.—Criterios. Para la conservación y el uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: (…)
“Artículo 52.—Aplicación de criterios. Los criterios mencionados en el artículo anterior deben aplicarse:
IV.—Que de conformidad con el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, se establece que el agua es de dominio público y su conservación y uso sostenible son de interés social, correspondiéndole al Estado aplicar estos en la elaboración y ejecución de cualquier ordenamiento del recurso hídrico, así como en la operación y administración de los sistemas de agua potable y su recolección.
V.—El acueducto de Atenas se construyó a partir de la captación de la naciente Prendas que data desde el año 1961. Este abastece además del Distrito Central, a las comunidades de Santa Eulalia, Mercedes Norte, Sabana Larga y Río Grande, que se encuentran localizadas a corta distancia de la línea de conducción principal procedente de la fuente Prendas.
El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de la línea de conducción de agua (63.50 l/s) desde la fuente actual ubicada en la naciente Prendas, hasta un nuevo tanque de almacenamiento en Sabana Larga de Atenas, pues existe un déficit de 20 lis(sic) para suplir a la comunidad.
A la fecha, la proyección de demanda realizada para la población ubicada dentro de la zona de influencia que se abastece del acueducto de Atenas, indica que se requerirán gradualmente 1191/s al ario 2030 (sic), según aumento de la demanda de la población, lo cual corresponde al caudal máximo diario demandado por una población beneficiada de aproximadamente 30.000 habitantes.
La ampliación del acueducto consiste en utilizar parte del rebalse que actualmente no se utiliza, para satisfacer la demanda actual y futura de la ciudad de Atenas. Estas obras son de interés público, debido a que dotan de agua potable a lugares que actualmente tienen serias deficiencias en el servicio, principalmente en cuanto a cantidad y continuidad del mismo. Este es el caso del Cantón de Atenas, para el cual se realizó un análisis de las obras prioritarias que mejorarán el servicio de abastecimiento de agua potable y solucionarán el problema donde se identificó que los componentes necesarios consisten en ampliar la capacidad de la línea de conducción de agua, la sustitución de unas redes de distribución y mejorar el almacenamiento.
VI.—Que de conformidad con el oficio número OG-1069-2013 del 15 de junio del 2013, suscrito por el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación: “...el lugar donde se captan las aguas para abastecer los lugares antes mencionados..., no tiene categoría de área silvestre protegida administrada por el SLNAC-MINAE según lo establecida en la Ley Orgánica del Ambiente. Lo que quiere indicar que dichas fuentes se encuentran en una propiedad privada...”.
VII.—Que el Proyecto denominado “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas” al amparo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, cuenta con la respectiva viabilidad ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), según resolución N° 1614-2014-SETENA de las ocho horas veinte minutos del catorce de agosto de dos mil catorce (expediente administrativo N° D1-11811-2013SETENA).
VIII.—Que los artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal N° 7575, prohíben el cambio de uso del suelo en terrenos cubiertos de bosque, así como la corta de árboles en áreas de protección, excepto en proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare de conveniencia nacional, sean aquellos proyectos cuyos beneficios sociales son mayores a los costos socio ambientales, tal y como acontece con el Proyecto denominado “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas”.
IX.—Para tal efecto, el AyA, elaboró la evaluación económica-social del citado proyecto, misma que fue sometida por parte del Ministerio de Ambiente y Energía a valoración, en aras de ponderar que los beneficios sociales sean superiores a los costos socioambientales, al amparo del inciso m) del artículo 03 de la Ley Forestal N° 7575, lo anterior a efecto de que se emitieran las recomendaciones respectivas, mismas que en lo conducente, refirieron que el procedimiento utilizado por el AyA, fue adecuado para la estimación de las externalidades señaladas, y a la postre se concluyó que:
“...existe un beneficio social positivo y se evidencia que satisfará una demanda real que requiere una población específica, como es el servicio de agua potable. Por tal motivo, el proyecto puede considerarse de conveniencia nacional... debido a que los resultados del proyecto (TIR Y VAN positivos), se considera que al proyecto se le puede otorgar la declaratoria de conveniencia nacional.” X.—Que, en razón de lo anterior, se requiere declarar la conveniencia nacional del citado proyecto, habida cuenta que se trata de una obra de infraestructura de abastecimiento de agua potable de un actor público y su desarrollo contribuirá a atender la demanda de agua de la comunidad de Atenas. Asimismo, el proyecto se ajusta a las políticas nacionales de mejorar los sistemas de agua potable, de forma que se garantice la confiabilidad, oportunidad y calidad de este servicio disponible para el consumo a nivel nacional.
XI.—Que, debido a que el proyecto contempla la ampliación y mejora de obras ya existentes o bien, la construcción de obras nuevas que se localizan dentro de las áreas de protección de ríos o quebradas o bien áreas de aptitud forestal, en las que sería necesario generar impactos ambientales, que representarán los mínimos posibles, es requerido un marco jurídico y técnico para que dichas actividades puedan ser llevadas a cabo.
XII.—Que, de conformidad con el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MPMEIC y sus reformas, se determinó que la presente propuesta no establece ni modifica trámites, requisitos o procedimientos, que el administrado deba cumplir, situación por la que no se procedió con el trámite de control previo.
Por tanto,
DECRETAN:
DECLARATORIA DE CONVENIENCIA NACIONAL DEL PROYECTO “MEJORAS AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ATENAS” A DESARROLLAR POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Artículo 1º—Se declara de Conveniencia Nacional la construcción, operación y mantenimiento, así como la ejecución de las obras de prevención, mitigación o compensación requeridas según lo dispuesto en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por SETENA, para el Proyecto “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas” en adelante el Proyecto, las que serán realizadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, (en adelante el AyA) o las empresas a que éste contrate para su ejecución.
Artículo 2º—En virtud de la declaratoria de Conveniencia Nacional de la construcción, operación y mantenimiento del Proyecto “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas” del AyA, se autoriza la corta, poda o eliminación de árboles -incluyendo especies declaradas en veda o en peligro de extinción- que se ubiquen en terrenos cubiertos de bosque o en las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575, siempre que no se ubiquen en terrenos Patrimonio Natural del Estado.
Artículo 3º—La Administración Pública Central y Descentralizada, dentro de un marco de cooperación interinstitucional, contribuirá, de acuerdo a las potestades que la legislación les atribuye, en forma prioritaria y efectiva con la agilización real de trámites vinculados a los permisos y ejecución de obras vinculadas con el Proyecto.
Artículo 4º—Que el desarrollador está en la obligación de proceder bajo los parámetros que establece el último párrafo del artículo 19 de la Ley Forestal N° 7575, en el sentido de que la corta de árboles deberá realizarse de forma limitada, proporcional y razonable, previa tramitación de los respectivos permisos ante el Área de Conservación pertinente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Artículo 5º—Como parte de la ejecución del Proyecto, el mismo destinará fondos para la formulación y ejecución de acciones que promuevan la compensación en forma directa e indirecta, por medio de alianzas con entes públicos o privados, sobre las cantidades diversas de árboles de la misma especie que requiera cortar para la construcción del Proyecto.
Artículo 6º—El AyA deberá cumplir con los requerimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, así como con las obligaciones contraídas en el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las medidas ambientales de mitigación y compensación aprobadas Artículo 7°— Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, el veinticinco de setiembre del año dos mil diecisiete.
LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Ambiente y Energía.—1 vez.—O.C. N° 2134.— Solicitud N° 42183.—( D40675 - IN2017174590 ).
El Decreto Ejecutivo impugnado, fue publicado en la siguiente dirección electrónica: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/11/ALCA244_11_10_2017.pdf Se considera que el Decreto Ejecutivo violenta los artículos 7, 50, 89 y 169, de la Constitución Política, además de las obligaciones internacionales contenidas en los numerales 5, de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Ley N° 3763); 4 y 5, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Ley N° 5980).
IV.- Sobre el fondo. Como se transcribió, se incoa la acción de inconstitucionalidad para solicitar la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 40675-MINAE, que es la Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas” a desarrollar por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
La acción de inconstitucionalidad pretende la protección del patrimonio natural del Estado, por una parte, en cuanto -se dice- que lo que se pretende es proteger la cobertura del bosque como integrante del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado -que el accionante alega es Patrimonio Natural del Estado-, y por otra parte, el Estado por permitir el acceso al agua proveniente de terrenos cubiertos por la Ley N° 6126, que comprende la afectación especial de propiedades privadas y públicas establecidas bajo esa ley, para la protección de recurso hídrico y su utilización por las comunidades. En este sentido, se alega que la propiedad desde donde se capta el agua pasó a dominio público, a nombre del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mientras se tramitaba el procedimiento administrativo para la Declaratoria de Conveniencia Nacional, lo que, acorde con el artículo 13, de la Ley Forestal, hace de la propiedad Patrimonio Natural del Estado.
La acción procura una protección del derecho al ambiente en concurso con el derecho fundamental a un servicio universal al agua potable, derechos que deberán ser ponderados por este Tribunal. Más aún, las autoridades desmienten la envergadura de la afirmación del accionante, pues se debe tener en cuenta que la Declaratoria de Conveniencia Nacional involucra -realmente- la corta de seis árboles a lo largo de un corredor de una tubería -prexistente- del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que se reducen a menos árboles por procesos propios de la naturaleza, de modo que no se trataría de un bosque como inicialmente se alegó. En consecuencia, la Sala debe enmarcar la discusión de la acción en un balance entre estos derechos, en principio no deberían ser antagónicos, pues se trata de derechos que están al servicio de la biota y el ser humano, para su propia supervivencia.
V.- Sobre los antecedentes sobre el derecho al agua en la jurisprudencia de la Sala.
A.- El derecho al agua como derecho humano.
El tema ha sido abordado por la Sala en múltiples oportunidades, en el que se ha examinado la constitucionalidad de actuaciones concretas de las administraciones que brindan el servicio de agua potable. En Sentencia N° 2003-04654 de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003, esta Sala abordó el derecho al agua desde un enfoque de un derecho económico, social y cultural, interdependiente e interconectado con otros derechos, incluido el ambiental, en cuanto estableció que:
“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que:
“Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”.
Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.
VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo:
“Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”.
De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos”.
La Sentencia transcrita permite ilustrar la existencia de una obligación internacional, exigible al Estado costarricense de adoptar medidas para la satisfacción de ciertos derechos prestacionales, entre ellos, uno tan importante como es el suministro de agua potable para el uso humano, sin olvidar que los derechos económicos, sociales y culturales, así como otros políticos y civiles son universales, indivisibles e interdependientes, como también interrelacionados. Lo anterior obliga a que la determinación de un derecho prevalente no sea solo producto de un análisis aislado o cerrado, sino la ponderación de los otros derechos que entran en consideración, especialmente si son varios concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Para el desarrollo sustentable de cualquier Nación, los recursos deben observarse como bienes y activos de la población, de modo que, el Estado no debe permitir que el acceso a ellos sea exclusivo, excluyente, inalcanzable e inaccesible para sus habitantes, de ahí que importantes reformas vienen a consolidar un enfoque de derechos humanos al servicio potable de agua. Lo contrario, lo único que invita es a fomentar una sociedad inacabada para unos y para otros no. Evidentemente, pone de relieve un problema de inequidad en la distribución de los recursos, en el que todos pierden como sucede en las sociedades más injustas del orbe. De ahí que, se debe afirmar que, al igual que otros derechos como al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debe estarse en sintonía con un enfoque del desarrollo sustentable en armonía con todos los demás derechos. No es correcto interpretar el derecho al ambiente aislado de otros reclamos legítimos, porque si de su análisis se depende y se encuentra interrelacionado a otros derechos, como el derecho a una vivienda y al vestido adecuados, o a la salud e higiene de los artículos de necesidad básica, junto al derecho al agua, entre otros, son derechos que generalmente se deben asociar para que el Estado pueda cumplir con un derecho general a un nivel de vida adecuado, así como se encuentra expresado en los diferentes instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
La doctrina jurisprudencial de este Tribunal, es elocuente al enunciar el grado de interrelación e interdependencia del derecho al agua a otros derechos. En la Sentencia N° 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006, se estableció:
“Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.
Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.
El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo…. y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento”.
B.- La reforma constitucional.
Aunque el Decreto Ejecutivo impugnado fue promulgado antes de la reforma constitucional al artículo 50, Constitucional, es importante traerlo a colación, especialmente, porque si bien el reconocimiento al derecho al agua potable hace poco tiempo fue incluido formalmente por el Constituyente derivado, ya existía la jurisprudencia de este Tribunal en el tema. Sin embargo, no se puede dejar de lado que su inclusión, en el Derecho de la Constitución, tiene -por sí mismo- un peso y gran cuota para potenciar cambios jurídicos y de prácticas institucionales en el país.
Por medio de la Sentencia N° 2020-003982 de las 11:50 horas del 26 de febrero del 2020, esta Sala evacuó la consulta legislativa relacionada con la reforma parcial al procurarse la “Adición de un párrafo al artículo 50 de la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua”. Con oportunidad de esa reforma, esta Sala razonó la importancia de la reforma, de la siguiente manera:
“La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.
La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».
En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.
Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.
Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.
Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.
Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.
Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:
“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original- Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido- De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular” (los resaltado es del original).
La decisión de la Sala refleja la pertinencia de una reforma a la Constitución Política, en el enfoque del Derecho de la Constitución y obviamente el que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos sobre el acceso universal al agua, sobre todo a su potabilidad. Si bien, el agua como recurso natural debe procurarse con un acceso no discriminatorio para toda la población, evidentemente como derecho económico, social y cultural, esta Sala siempre ha establecido, en su jurisprudencia, la pertinencia de un esfuerzo colectivo hacia la disponibilidad y servicio para todos los pobladores, lo que en no pocas ocasiones ha considerado ajustado a la Constitución, los racionamientos horarios en procura de una distribución no discriminatoria, o incluso, la imposibilidad de dar accesibilidad al agua desde un punto de vista técnico y jurídico. No está demás indicar que la legislación nacional desde antes de la Constitución Política de 1949 ya contenía legislación para declarar el agua como de dominio público y priorizar la infraestructura de los sistemas de distribución de agua para las poblaciones (Ley de Aguas, N° 276 de 27 de agosto de 1942), o el establecimiento de la declaratoria de utilidad pública de obras para la dotación de agua (Ley General de Agua Potable, N° 1634 de 18 de septiembre de 1953). Es igualmente importante señalar, que el artículo 18, de la Ley N° 2726 (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) establece que “Todas las propiedades e instalaciones de los organismos del Estado que estén destinadas a la prestación de servicios relativos a la captación, tratamiento y distribución de aguas potables y evacuación de aguas servidas o pluviales en el país, son patrimonio nacional (…)”.
Si bien, la calidad del agua tiene un impacto sobre este derecho por su indiscutible relación con la vida humana, animal y vegetal, resulta vital, si se quiere, por ser un recurso estratégico, que la cantidad (suficiencia) de su prestación como servicio público requiere de la planificación y previsión de las autoridades especializadas, para procurar una adecuada y segura distribución. La escasez comprobada y declarada por las autoridades de salud debe poner en acción todas las instancias administrativas y judiciales para la solución de posibles infracciones a obligaciones internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales, y más aún en todo lo posible, a esta Sala Constitucional de cara a una comprobada escasez de agua potable, como se dirá abajo.
El agua potable es un activo que el Estado debe asegurar a todos para alcanzar una sociedad completa, es claro que dota de seguridad y sanidad a la población, y también porque incide en las actividades productivas, como también otras propias que aseguran el bienestar de la población. Se requiere de una adecuada planificación estratégica de la prestación del servicio público del agua, especialmente, tomando en cuenta las épocas de reducción de las precipitaciones anuales. La demanda incrementada del líquido vital debe ser enfrentada por las instituciones públicas a través de la oportuna planificación y acciones concretas, para satisfacer algo que es obvio para un Estado social de Derecho como el costarricense, cuando se trata de observar las obligaciones internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales, y también, garantizar la equidad entre la población, especialmente para quienes se encuentren en condiciones vulnerables por el efecto de la escasez. De ahí que, esta Sala comprende la importancia de procurar mecanismos que permiten balancear los conflictos que se pueden producir entre el derecho al agua que viene protegiendo las autoridades públicas en sus informes, de los derechos más generales del ambiente sano y ecológicamente equilibrados, específicamente, la alegada protección de los bosques, áreas silvestres protegidas, o el Patrimonio Natural del Estado, etc. En momentos de crisis, no sería posible otro resultado que exigir institucionalmente actuaciones diligentes, racionales y proporcionadas.
C.- Continuación.
Hoy en día, con la reforma al artículo 50, Constitucional, se establece la fuerza vinculante del Derecho de la Constitución, con el texto expreso siguiente:
“Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.
En el caso que nos ocupa, la Sala tiene claro que la promulgación del Decreto Ejecutivo que se acusa de inconstitucional, sucede antes de la Reforma Constitucional, y de la enmienda a la Ley Forestal, con la “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado, Ley N° 9590 de 3 de julio de 2018”, de manera que se evidencia que para el tiempo durante el cual se tramitaba el Decreto Ejecutivo de Conveniencia Nacional impugnado, había una falta de sincronía de disposiciones legales que claramente repercutía en algunos casos en el derecho fundamental al agua, y que desafortunadamente impedía utilizar los recursos hídricos que podían extraerse de áreas consideradas Patrimonio Natural del Estado.
En la exposición de motivos de la reforma a la Ley Forestal, tramitada bajo el expediente legislativo N° 20.447, se dejó muy claro que:
“El artículo 18 antes citado señala cuáles actividades están autorizadas, por lo que el principio de legalidad administrativa cierra la posibilidad de realizar otras actividades dentro del patrimonio forestal, que no impliquen aprovechamiento de bosques, tal y como sería el aprovechamiento de recurso hídrico para fines públicos. Las normas invocadas se compaginan con el numeral 58, inciso b), ibídem, al tipificar como delito, reprimible con prisión de hasta tres años el aprovechamiento de recursos forestales en terrenos del patrimonio natural del Estado y en las áreas de protección para fines distintos a los previstos en la ley”(el subrayado es del original).
Continúa la exposición de motivos estableciendo que:
“…el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados planteó ante la Procuraduría General de la República la consulta referente a la posibilidad de autorización de obras para captar dichas fuentes en esas áreas. Como respuesta, el órgano asesor del Estado emite el dictamen C-134-2016 del 08 de junio de 2016, concluyendo de manera categórica: “… De lo expuesto se colige que AyA no está legalmente autorizado para aprovechar el recurso hídrico dentro de las áreas silvestres protegidas, de dominio público estatal, para abastecimiento poblacional, espacios donde no es aplicable el artículo 2°, inciso f, de la Ley 2726 de 1961. A fin de realizar ese aprovechamiento se requiere una ley expresa que amplíe las actividades permitidas en el Patrimonio Natural del Estado por el artículo 18 de la Ley Forestal, y fije los términos y condiciones.
Ante la respuesta brindada, la única opción viable se presenta a través de una reforma a la Ley Forestal o, en su defecto, de una autorización expresa a los prestadores de servicios públicos de agua potable, para la realización de actividades de aprovechamiento de agua y construcción de infraestructuras dentro de las áreas silvestres protegidas de propiedad estatal. Adicionalmente, debe considerarse que existen fuera de las categorías de manejo terrenos boscosos que estarían afectos a patrimonio natural del Estado a partir de ser adquiridos por instituciones públicas, situación que de igual forma limitaría las actividades a realizar dentro de lo que establece el artículo 18 de la Ley Forestal, por lo que se requiere de igual forma una autorización expresa para dicho fin.
Los proyectos de abastecimiento de agua potable son vitales para el presente del país y para poder solventar los grandes retos que se avecinan, en vista del crecimiento de la demanda de agua potable, del cambio en las condiciones climáticas y la complejidad que implica a partir del marco legal ambiental, aprovechar el recurso hídrico para brindar servicios de agua potable cuyas fuentes de ubican en el patrimonio natural del Estado”.
Es claro, que los mismos legisladores comprendieron la necesidad de que el entramado legal pudiera establecer con claridad disposiciones que cumplieran con las demandas legítimas del recurso hídrico para el consumo humano. Las reformas son importantes porque en realidad evidencian los problemas serios en la adecuada utilización del recurso del agua como servicio público accesible a todos los ciudadanos, como bien de utilidad pública. Incluso, en el estudio para la resolución de esta acción de inconstitucionalidad, se pudo comprobar que la propia Procuraduría General de la República, en el dictamen N° 151 del 21 de junio de 2018 reconsidera parcialmente el criterio C-134-2016 y C-103-2018, al interpretar que es posible para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realizar obras de reparación y mantenimiento.
D.- Decreto Ejecutivo N° 38005-S del 15 de octubre de 2013, que “Declara emergencia sanitaria en las comunidades del cantón de Atenas debido a deficiencias en el suministro de agua apta para consumo humano”, vigente desde el 11 de noviembre de 2013.
Ahora bien, como telón de fondo al Decreto Ejecutivo de Conveniencia Nacional impugnado, está el Decreto Ejecutivo que declara emergencia sanitaria en la ciudad de Atenas, toda vez que ha mantenido un crecimiento de la población, que el Estado constata que el caudal resulta insuficiente para el suministro de agua potable apta para el consumo humano (considerando VI), que “… todo sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de la población, deberá suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso” (considerando IV). Que los estudios, desde esa época, revelan la problemática de la insuficiencia de caudal en los acueductos (Considerando V). Se agrega en la fundamentación “Que las deficiencias en el suministro de agua potable en dichas comunidades, representan un peligro potencial en la proliferación de enfermedades que podrían afectar la salud de alrededor de 17.500 personas”. De igual manera, califica la situación de alto riesgo para las comunidades que enuncia (Considerandos VI y VIII), y que se procura el derecho a la salud como derecho fundamental de aplicación inmediata y su tutela por parte del Estado (Considerandos IX, X y XI). Establece que se deben llevar a cabo las acciones técnicas y administrativas de mejoramiento del caudal de agua potable del acueducto de Atenas (Considerando XII) y declara la situación de emergencia en materia de salud (Considerando XIII). Entre otras motivaciones, el Poder Ejecutivo entonces procede a decretar la “Emergencia sanitaria debido a deficiencias en el suministro de agua apta para consumo humano y declaratoria de interés público y nacional el proyecto de ampliación del acueducto de Atenas línea de conducción Tacares-Atenas Fase I Desarrollado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”.
Con base en lo anterior, se procede a establecer lo siguiente:
“Artículo 1°- Declárese emergencia sanitaria en las comunidades de Atenas Centro, El Brasil, La Presa, Barrio Los Ángeles, Calle Real, Cementerio, Invu, Boquerón, Pan de Azúcar, Río Grande, Sistema Alto López, El Vainilla, La Puebla, Santa Eulalia, Barrio Mercedes, Barroeta y Sabana Larga, situadas en el cantón de Atenas, Provincia de Alajuela, debido a deficiencias en el suministro de agua apta para consumo humano”.
“Artículo 2°- Declárese de interés público y nacional el proyecto “Ampliación del Acueducto de Atenas Línea de Conducción Tacares-Atención Fase I”, a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que tiene como objetivo mejorar los estándares con respecto a la cantidad, cantidad y continuidad del suministro de agua potable para las comunidades afectadas.
Artículo 3° (…)”.
Como es evidente, el Estado, al constatar la existencia de una emergencia sanitaria, adopta las medidas técnicas y administrativas para dar solución a los problemas detectados, pues evidentemente, el problema debe solucionarse a la mayor brevedad posible, ya que podría escalar a una situación sanitaria más grave, de no atenderse.
De ahí que, el Ministerio de Salud declara, con apoyo del principio precautorio en materia sanitaria, la emergencia para permitir el desarrollo de acciones concretas por parte del Estado; y lógicamente, en atención de lo anterior, se debe procurar acciones efectivas para evitar agravamiento de la situación y la conservación de la vida humana.
VI.- Sobre el régimen forestal sometido en el Parque Recreativo Municipal Los Chorros.
A.- Sobre los informes. La Procuraduría General de la República señala que, no obstante la Sala, en la Sentencia N° 2013-11525 de las 10:25 horas del 30 de agosto de 2013, señaló que el Parque Recreativo Municipal Los Chorros se trataba de terrenos de área protegida o patrimonio natural del Estado, ello no lo comparte, pues el área silvestre protegida es el “Espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, estructurado por el Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo…” (Ley Forestal, artículo 3, inciso i). Pero señala que el Parque Recreativo Municipal Los Chorros no fue declarado así, ni como de dominio público estatal (Ley Orgánica del Ambiente, artículos 32, 36 y 70, del Decreto Ejecutivo 34433/2008; antes Ley N° 4465, artículos 18 y 37, de su Reglamento, Decreto 2923-A). Además, debe presentar en conjunto tres elementos como determinadas características del ecosistema: presencia de árboles maduros de diferentes edades, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie, y sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro (Ley Forestal, artículo 3, inciso d), y 2, inciso e, de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 25721/1996). Además, los terrenos forestales o de aptitud forestal son los contemplados en las clases que establezca la metodología oficial para determinar la capacidad de uso de las tierras (Ley Forestal, artículo 3, inciso b), Decreto Ejecutivo 23214/1994, y la Sentencia N° 2012-12716 de la Sala Constitucional). Incluso, señala en el dictamen C-172-2017 de la Procuraduría, que definir si el Parque Municipal era o no Patrimonio Natural del Estado, en los términos del artículo 13, de la Ley Forestal, “involucra la valoración de aspectos técnicos, ajenos a nuestras atribuciones, …”. De ahí concluye que la expresión utilizada por la Sala, de “área protegida” en la Sentencia N° 2013-11525 de las 10:25 horas del 30 de agosto de 2013, la utilizó en sentido amplio y no estricto y que para que un área encuadre como Patrimonio Natural del Estado, debe mediar estudios técnicos de la Administración Forestal del Estado.
Agrega, que los inmuebles del Parque Municipal quedan bajo administración del MINAE, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, artículo 13, párrafo 2°), además de que dentro del área de este parque hay terrenos de propiedad privada (Ley N° 6126/1977, artículos 4, y 9, párrafo 2°). En caso de que el particular no esté de acuerdo con el sometimiento al régimen forestal, corresponde a la Municipalidad de Grecia solicitar a la Dirección Forestal la expropiación. Finalmente, destaca algunos detalles del dictamen C-172-2017, entre las cuales está que las fincas de dominio privado no son patrimonio natural del Estado, que conforme al C-285-2013, los terrenos que forman parte de las áreas silvestres protegidas del Patrimonio Natural del Estado son los de propiedad pública, no los privados, aunque los comprenda geográficamente. Luego la Procuraduría General de la República señala que la poda, corta o eliminación de árboles en terrenos privados, es conforme con los artículos 19, inciso b), y 34, de la Ley Forestal, de modo que la prohibición de corta de árboles en el artículo 5, inciso a), de la Ley N° 6126, debe hacerse conforme a la unidad y coherencia lógica del ordenamiento jurídico, en concordancia con el Derecho de la Constitución, del principio de hermenéutica jurídica, además de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Interpretadas ambas leyes, en especial la Ley Forestal, es que se habilita al Poder Ejecutivo a dictar, en todo el país, y cuando lo juzgue procedente, Decretos de Conveniencia Nacional en inmuebles de dominio privado. Mediante ellos, se exceptúa el cambio de uso de suelo en terrenos cubiertos de bosque y la corta de árboles en áreas de protección.
El Ministro de Ambiente y Energía sostiene que la declaratoria de conveniencia nacional tiene su fundamento en los artículos 2, de la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía (Ley N° 7152), y el 34, que establece que:
“Artículo 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas. Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional…” (destacado en el informe).
Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se considera:
(…)
El Balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados”.
La Conveniencia Nacional que declara el Decreto impugnado fue establecido cuando se tuvo la certeza técnica de que los beneficios sociales eran mayores a los costos socio-ambientales, lo que estaría reflejado en su Considerando IX. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados produjo una evaluación económica-social del proyecto, fue sometida a estudio por parte del Ministerio para cumplir con lo establecido en el inciso m) del artículo 3, de la Ley Forestal (Ley N° 7575). Además de establecer en la fundamentación del Decreto que hay una demanda real requerida por una población específica, agrega en el informe de la acción que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por oficio PRE-2017-00648 que busca satisfacer una demanda hasta el año 2030 de treinta mil habitantes de Atenas, y va en función de la emergencia sanitaria de sus comunidades declarada por el Ministerio de Salud.
Señala que la Ley Forestal N° 7575 surgió para enfrentar la grave problemática de la deforestación que venía sucediendo décadas antes, pero conforme a los artículos transcritos, la intención del legislador nunca fue una prohibición absoluta en el tema de la corta de árboles en áreas de protección o cambio de uso de suelo en terrenos o en áreas de protección o de cambio de uso del suelo en terrenos privados con bosque. De ahí, la posibilidad del Poder Ejecutivo de establecer proyectos de Conveniencia Nacional, para el cambio de uso del suelo en proyectos de infraestructura, estatales o privados, siempre y cuando estas áreas de protección no se encuentren dentro de terrenos de Patrimonio Natural del Estado conforme al dictamen C-103-1998 de la Procuraduría General de la República. Alega el MINAE que revisó el proyecto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para determinar que había más beneficios sociales que los costos socioambientales. Señala que el mismo Decreto contempla la prohibición de no talar en terrenos del Patrimonio Natural del Estado, y que la que se realice, se deberá hacer en forma limitada, proporcional y razonable (artículos 2 y 4, del Decreto Ejecutivo impugnado). De igual manera, señala que la explotación del agua en la zona geográfica cubierta por la Ley N° 6126, se ha estado llevando a cabo incluso desde antes de la promulgación de esta ley, por más de década y media.
B.- Sobre el problema de la protección legal y jurisprudencial del Parque Recreativo Municipal Los Chorros. Un obligado punto de la discusión que traen a colación los accionantes tiene relación directa con la alegada prohibición de corta del bosque en el Parque Recreativo Municipal Los Chorros, porque en su criterio se trata de zona de Patrimonio Natural del Estado (conforme al principio de la irreductibilidad del bosque), mientras que, las autoridades insisten en que la localización del área cubierta por la declaratoria de conveniencia involucra áreas silvestres protegidas donde si podría darse. Los accionantes derivan del artículo 4° de la Ley N° 6126 dicha prohibición, de la Sentencia N° 2013-11525 de las 10:25 horas del 30 de agosto de 2013, y de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente. Sin embargo, la propia Sala no transitó más por ese argumento, pues precisamente por Sentencia N° 2017-19249 de las 9:30 horas del 1° de diciembre de 2017, se discutieron los mismos hechos en un recurso de amparo. De este modo, se resolvió que:
“En cuanto al citado Decreto Ejecutivo, la Sala observa que él estuvo precedido del “Estudio de Costo Beneficio Ambiental del Proyecto: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas ” , el cual concluyó que existe un beneficio social positivo. En dicho estudio se especifica la corta de 8 árboles, los cuales se encuentra en las riberas de los ríos Colorado y Prendas. Ahora bien, en cuanto al reclamo concreto, la Sala nota que el Decreto cuestionado establece que: “…la corta, poda o eliminación de árboles -incluyendo especies declaradas en veda o en peligro de extinción- que se ubiquen en terrenos cubiertos de bosque o en las áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575, siempre que no se ubiquen en terrenos Patrimonio Natural del Estado.” Además, dispone: “ el desarrollador está en la obligación de proceder bajo los parámetros que establece el último párrafo del artículo 19 de la Ley Forestal N° 7575, en el sentido de que la corta de árboles deberá realizarse de forma limitada, proporcional y razonable, previa tramitación de los respectivos permisos ante el Área de Conservación pertinente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. ” El análisis del decreto permite a la Sala llegar a diversas conclusiones. Este Tribunal resalta que dicho Decreto no hace mención concreta al Parque Recreativo Los Chorros, sino a las áreas definidas por el artículo 33 de la Ley Forestal, el cual señala:
“ARTICULO 33.- Areas (sic) de protección Se declaran áreas de protección las siguientes:
“ARTICULO 19.- Actividades autorizadas En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines:
(…)
“ARTICULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.
Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.” En este sentido, se tuvo por probado que los 8 árboles, que pueden ser talados como consecuencia del proyecto, se encuentran en los márgenes de los ríos Colorado y Prendas, de manera que su protección podría derivarse del citado inciso b) del artículo 33, tornándose necesaria la declaratoria de conveniencia nacional para su corta, de conformidad con el numeral 34 mencionado.
En abono a lo expresado, el decreto establece con claridad que “… la corta de árboles deberá realizarse de forma limitada, proporcional y razonable, previa tramitación de los respectivos permisos ante el Área de Conservación pertinente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.” Es decir, no solo se obliga a ajustar la corta de árboles a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, sino que se obliga a tramitar los permisos respectivos ante el SINAC. En cuanto a la razonabilidad de la medida, se destaca que el proyecto implicaría la corta de 8 árboles en un trayecto aproximado de 20 kilómetros. Independientemente de esto, los hechos probados y el análisis normativo anterior reflejan que el reclamo planteado por la tutelada carece de sustento, pues el decreto se refiere al cumplimiento de lo establecido en el artículo 34 de la Ley Forestal, en relación con las áreas protegidas por el artículo 33, sin que se haga una previsión particular para el Parque Recreativo Los Chorros, lo que lleva a la Sala a declararlo sin lugar”.
IV.- El segundo tema planteado se refiere al oficio Nº SG-AJ-867-2017-SETENA. La accionante disputa que la SETENA niegue el carácter de Patrimonio Natural del Estado al Parque Recreativo Los Chorros. Considera que se trata de una desobediencia a lo dispuesto por esta Sala (resolución N° 2013-11525) y la Procuraduría General de la República. Partiendo de lo establecido en el considerando anterior, respecto a los alcances del Decreto Ejecutivo 40675, la Sala no observa un acto o amenaza concreta a derechos fundamentales en el tema planteado, sino una disputa sobre la naturaleza jurídica del referido parque, situación que, in abstracto, es ajena a la competencia de esta Sala. Recuérdese que el proceso de amparo tiene la finalidad de “… garantiza los derechos y libertades fundamentales…” (artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En consecuencia, se declara sin lugar el extremo y, con ello, el recurso”.
En otras palabras, a pesar del alegato de la supuesta prohibición de talar árboles establecida en la legislación y la mencionada Sentencia N° 2013-11525, basado en el principio de irreductibilidad del bosque sobre áreas -presuntamente- de Patrimonio Natural del Estado, se tuvo por acreditado de conformidad con lo discutido en el recurso de amparo, que las acciones de corta de árboles se realizarían sobre áreas silvestres protegidas, donde puede haber autorización legal siempre que haya cumplimiento de los requisitos legales que incorporan los mecanismos de ponderación y de uso racional de los recursos naturales (mecanismos que fueron considerados constitucionales desde la Sentencia N° 2006-17126 de las 15:05 horas del 28 de noviembre de 2006), pero además, no se tuvo por acreditado una ubicación concreta de las obras. Al estar sobre terrenos de propiedad privada y en áreas silvestres protegidas se trataría de árboles que podrían ser cortados, siempre mediando un decreto o declaratoria de interés nacional, como lo alegan las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía.
C.- La afectación legal inmediata a un bien de dominio público otorgada por ley.
El conflicto de la toma de agua en el Parque Recreativo Municipal Los Chorros ha venido en muchas ocasiones a esta Sala Constitucional, momentos en los que, se ha concluido que es legítimo el proyecto de dotación de agua a las comunidades de Atenas. Pero ahora, en efecto, el problema de fondo reclamado en el Decreto impugnado, no implica -realmente- la corta de la cobertura boscosa como lo indica el accionante, sino conforme a un croquis dentro del expediente administrativo, que señala cuatro árboles (algunos de los cuales se han caído por razones naturales), presuntamente, en una zona que, como lo indica la Procuraduría, tampoco ha sido claramente definida por los accionantes. Éstos, ciertamente, se refieren en forma abstracta, a toda el área del parque como zona de Patrimonio Natural del Estado, lo cual es impreciso y con el agravante de que pone en mal predicamento al Estado para dar cumplimiento a derechos prestaciones de naturaleza vital y urgente, como se ha explicado supra. En consecuencia, no es posible derivar del Decreto impugnado la autorización de una corta indiscriminada de árboles, mucho menos de aquellos que sean parte del Patrimonio Natural del Estado, con lo que es posible inferir que esta normativa no infringe el principio de irreductibilidad del bosque.
Si bien, una de las fincas de interés fue adquirida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como otra de interés por la Municipalidad de Grecia, los accionantes no se ocuparon de precisar cuáles eran las áreas del espacio geográfico del Parque Municipal que estaría en conflicto. Ni siquiera, se ocuparon de señalar la ubicación de árboles, y más bien, desafortunadamente, se presentaron a la Sala para denunciar la presunta tala de la cobertura boscosa protegida como Patrimonio Natural del Estado. Para ello, debe quedar claro que, al igual que lo indica la Procuraduría General de la República, es claro que la Ley N° 6126, que declara Parque Recreativo Municipal Los Chorros, puede comprender bienes inmuebles tituladas a nombre del Estado, o de propiedad privada, pues tuvo el claro propósito de establecer un régimen forestal a las fincas de particulares (artículo 4) y les impone, algunas prohibiciones como talar árboles (artículo 5, inciso a) como parte del régimen forestal.
Pero, la situación es bastante diferente, según lo hace constar y lo señala la Procuraduría General de la República, más que todo por la existencia de una servidumbre de paso, impuesta por Sentencia N° 389-2016 del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (sin otros datos de la resolución), que permite entender la magnitud del problema, pues sería a través de esa servidumbre que se permitiría el paso del agua, por representar la forma más práctica para la ejecución de obras de la tubería propiedad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Esto implica que la servidumbre se constituye sobre una finca de propiedad privada (451.39 metros) y en un tramo mucho más pequeños de la Municipalidad de Grecia (68.16 metros), la que llevaría el agua hasta una vía pública por donde continuaría el proyecto. De ahí que, el verdadero conflicto es de aplicación del Decreto Ejecutivo impugnado, pues evidentemente, el artículo 3, establece la salvaguardia de protección de los árboles que reclaman los accionantes, de ahí que se debería determinar sobre qué porción de los terrenos estarían presuntamente los árboles, principalmente, si es sobre el Patrimonio Natural de Estado. Conforme lo exponen las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, y la Procuraduría, el problema que traen a la Sala los accionantes es en uno de la ubicación de la corta de árboles sobre bienes inmuebles privados, que no son de propiedad pública. Conforme al artículo 2, del Decreto impugnado, la autorización de la corta, poda o eliminación de árboles, conforme al artículo 33, de la Ley Forestal, se podrá dar siempre que no se ubiquen en terrenos del Patrimonio Natural del Estado.
Ahora bien, si el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tiene por ley la posibilidad de establecer servidumbres temporales y permanentes, así como expropiar bienes inmuebles con cobertura boscosa para la protección del recurso del agua, es claro, que la causa expropietaria le impone un fin concreto al bien que la institución adquiere: la protección y la captación del agua para un servicio público. En este sentido, es importante citar la Sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 116-92 de las 16:20 horas del 18 de diciembre de 1992, en cuanto estableció que: “La causa expropiandi es un elemento constante de la expropiación, cuya presencia debe existir desde el origen hasta su ejecución, es decir el instituto permanece vinculado a la finalidad de interés público invocado como causa; tan es así que de no cumplirse su destino, el expropiado puede ejercitar la retrocesión para reincorporar el objeto expropiado a su esfera patrimonial”.
Además de lo anterior, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en su artículo 1°, establece que puede “dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planteamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable”.
Y en el numeral 2°, de la mencionada Ley, también establece:
“ARTICULO 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana. Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.
Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos.
Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades; h) Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley; i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario.
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976)”.
Por su parte, la Ley General de Aguas establece que:
“Artículo 1°- Se declaran de utilidad pública el planeamiento, proyección y ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable en las poblaciones de la República”.
En este mismo sentido, el artículo 5, de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, establece además que:
“ARTICULO 5º.- Para el mejor cumplimiento de los fines a que se refiere el artículo 2° de la presente ley, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tendrá las siguientes atribuciones y prerrogativas, además de aquellas que las leyes generales otorgan a los establecimientos de su naturaleza:
…
(Así reformado este párrafo primero por el artículo 65, inciso a), de la Ley de Expropiaciones Nº 7495 de 3 de mayo de 1995).
Se declaran de utilidad pública y de interés social, y podrán ser expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación, conducción, tratamiento y distribución de aguas con el fin de establecer poblaciones, o relacionadas con la evacuación de las aguas residuales y su tratamiento.
…” En el mismo orden de ideas, es importante destacar que la Ley General de Agua Potable, establece:
“Artículo 1°.- Se declaran de utilidad pública el planeamiento, proyección y ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable en las poblaciones de la República”.
A su vez, la Ley Orgánica del Ambiente, precisa en sus disposiciones que:
“Artículo 60.- Prevención y control de la contaminación. Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como:
(…)”.
Finalmente, es importante destacar que en la Ley General de Salud, se establece que:
“Artículo 267.- Todo sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de la población, deberá suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios en uso”.
Con la transcripción de la normativa se evidencia la importancia que a nivel legal tiene el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como también, la necesidad de destacar el fuerte ligamen que tiene la mencionada institución en el servicio público universal del agua potable para la vida humana. Como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Tribunal Constitucional, el mencionado Instituto es rector en materia del agua, y de las acciones que éste lleva a cabo para que, a través de él o de otras instituciones públicas y privadas, entreguen un servicio público de calidad y de seguridad. Pero, además, en esa misión o fin legal, hay que rescatar que se trata de una institución pública que debe velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de las redes de distribución de agua potable a las comunidades, con suficiencia y continuidad, que es uno de los problemas por las cuales es necesario el incremento de la cantidad de agua que debe prestar la institución a la comunidad de Atenas. Para ello, consta en el expediente múltiples esfuerzos, como la iniciativa de la compra de terrenos para la protección del recurso del agua, a su vez, la imposición de servidumbres sobre derechos de propiedades privadas, para la ampliación y modificación de las obras existentes de acueductos, toda vez que de ello dependen los ciudadanos de varias comunidades, que afrontan la escasez del vital líquido y que así ha sido determinado por las autoridades de salud.
Entonces, el fin legal de la imposición de una servidumbre sobre terrenos privados y públicos es evidente por su ligamen con una causa expropiandi, que se constituye e impone a la propiedad particular con un fin muy concreto, mediante legislación especial, que no es otra que mejorar la infraestructura para la dotación de agua que se integra al patrimonio nacional (artículo 18, de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), en cumplimiento de la Ley N° 6126 de protección y dotación de agua conforme lo indica el informe del Ministerio de Ambiente y Energía, y los fines institucionales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. De modo, es claro que el legislador reservó el “Parque Recreativo Municipal Los Chorros”, para dotar a las comunidades que necesitasen del agua. El mismo nombre, claro está permite entender que esta fue una acción legislativa que nació especialmente para cubrir necesidades de protección y de captación del agua, particularmente dentro de la competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Esa zona geográfica cumplía esa función incluso antes de que fuera declarada así, pues ya dotaba de agua a varias comunidades de Atenas y Grecia. En dirección con lo anterior, el informe del Ministro de Ambiente y Energía trae a colación y transcribe parte del texto de la exposición de motivos de la Ley N° 6126, de la siguiente manera:
“Por otra parte, debe dejarse claro que el Decreto Ejecutivo N°40675, en nada contrasta con el espíritu de la Ley N° 6126, ni mucho menos con la intención del legislador en aquel momento al proponerla, y para tal efecto cabe citar lo mencionado al respecto en el expediente legislativo N° 7679 de la cita Ley (sic), a folio 35:
“…y pudo constatar, sobre el terreno mismo, no solo la belleza escénica del lugar, sino el enorme caudal de las aguas, que alimentan actualmente las cañerías del cantón de Atenas, de Tacares y de Rincón de Salas de Grecia, y cuyo sobrante podría ser utilizado para dotar de agua potable a muchas otras poblaciones del Valle Central o el Litoral del Pacífico, en un futuro próximo …” (El destacado es propio).
En sentido similar, a folio 68 del mismo expediente, se explica:
“… sirven esas aguas para abastecer la cañería del cantón de Atenas y de los distritos de Rincón de Salas y de Tacares de Grecia: pero lo más importante aún es que ese sobrante de agua es de tal cantidad, que bien podría utilizarse en un futuro próximo para abastecer a otras poblaciones, bien sea del Valle Central o del Litoral Pacífico…”(El destacado es propio).
Como puede apreciarse sin un gran esfuerzo de exegesis, la Ley N° 6126 -en su esencia- previó como una idea prioritaria, el resguardo del recurso hídrico, para en un futuro, poder abastecer a poblaciones que de él requieran, tal y como acontece actualmente, con el cantón de Atenas”.
Sobre esto, hay que concluir que la Ley N° 6126, es una ley especial que se origina pensando en la protección de los terrenos en manos de los particulares, para que se conserven y se destinen a la utilización del agua. Están al servicio del ser humano y de las comunidades que lo necesitasen.
La declaratoria del Parque Recreativo Municipal Los Chorros tiene como fin y vocación la protección forestal ligada al recurso del agua. De ahí que, como norma especial, prevalece para dar sustento al derecho fundamental al agua potable, que sería una conclusión razonable y proporcional. Ello es posible observarlo con mayor claridad, a la luz de la declaratoria de emergencia sanitaria por la falta de agua en Atenas, que es el problema de fondo. La Ley N° 6126, cuando nació a la vida jurídica, lo hizo con el propósito concreto de abastecimiento del agua. Otro modo de verlo, dejaría al descubierto derechos económicos, sociales y culturales, y sumiría en peligro a comunidades muy concretas previamente determinadas por el Estado costarricense, y peor aún, dejarlos con un acceso insuficiente y discontinuo del servicio prestacional al agua.
La prohibición de cambio de uso de suelos y de la corta de árboles, que bien puede entenderse del artículo 18, de la Ley Forestal, no se podría aplicar a una servidumbre, porque se refiere a la servidumbre de paso por una finca privada, sobre la cual, se aplicaría la autorización del Decreto de Conveniencia Nacional, y por ser eso necesario por estar dentro del área de protección del Río Prendas. Lo anterior, según lo regulado en los artículos 3, inciso m), y 34, de la Ley Forestal, y que, el numeral 5, inciso a), de la Ley N° 6126, es aplicable al marco y fin legal de prohibiciones para los dueños de fincas privadas dentro del “Parque Recreativo Municipal Los Chorros”. Es decir, no habría una prohibición para el Estado, si lo que se trata es de buscar la materialización de una cuya vocación de suyo muy clara, de interés público. Tampoco estaría el Estado derogando o desaplicando la norma de la Ley N° 6126, en forma concreta. En este sentido, sería un contra sentido, la aplicación de prohibiciones de fincas privadas a supuestos de interés público, a las instituciones del Estado llamadas al mantenimiento o ampliación del acueducto previamente instalado.
En este caso, el Decreto de Conveniencia Nacional, evidencia con más claridad una justificación extraordinaria que requiere de la tala de un número extremadamente limitada de árboles en la zona de protección del Río Prendas, por lo que, no se debe caer en el error de afirmar que las fincas privadas son a su vez Patrimonio Natural del Estado, porque forzosamente debe procederse con la expropiación. Como consecuencia de esa última afirmación se caería en las imposibilidades legales que motivaron la reforma al artículo 18, de la Ley Forestal, antes mencionada. Por otra parte, desde un punto de vista práctico, no tiene sentido declarar que las propiedades e instalaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al servicio del agua son patrimonio nacional y de utilidad pública; y, sin embargo, no podría cumplir sus objetivos legítimos que esperan todas las poblaciones a las que brinda servicios por estar automáticamente situadas en Patrimonio Natural del Estado. Cabe preguntar: ¿cuál podría ser la base para insistir en tal contradicción, de que terrenos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que la ley le autoriza para comprar o expropiar para cumplir fines de protección de cobertura boscosa y para la captación del agua potable, no pueda posteriormente realizar obras de abastecimiento de agua? Esto claramente incluiría las servidumbres necesarias para llevar a cabo ese derecho prestacional. Estima esta Sala que no puede haber un divorcio entre las disposiciones si de lo que se trata es de la protección del recurso hídrico, que es la razón de ser de la protección de los bosques en primer lugar. Es curioso, que se pregone la protección del bosque a la vez que se pretenda impedir con esto la captación del agua, porque aceptarlo en esos términos es truncar un derecho fundamental. No basta con la pretendida protección del bosque, sin terminar en un contrasentido, como lo ha entendido el legislador según se indicó supra, pues la misión del Instituto mencionado es la de llevar a cabo su misión de cumplir con una prestación efectiva, mediante las obras de mantenimiento o ampliación necesarias de infraestructura.
Ciertamente el Estado, a la hora de interpretar las normas, se ve obligado a ponderar los derechos fundamentales involucrados, bajo la óptica de la razonabilidad y proporcionalidad, que le exige cuestionar cuál es el grado de intervención de los derechos, intereses y valores a los que están enfrentados.
Podría entenderse que la finalidad especial de la Ley N° 2726 (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) y de la Ley N° 6126 (Declaratoria del Parque Recreativo Municipal Los Chorros), persiguen fines legítimos de cara a los derechos fundamentales al servicio público esencial al agua potable, de modo que pueden desplazar aquellas interpretaciones que resulten excesivamente restrictivas o incluso peligrosas para la vida humana. Desde un punto de vista de la enseñanza del derecho en países anglosajones, se trae a colación, como ejemplo, que al interpretar el Derecho no siempre se puede sostener extremos que resulten absurdos o peligrosos, pues si bien una norma que establezca: “Se prohíbe circular vehículos dentro del parque”, implique una restricción a tal extremo que impida la entrada a los niños y niñas a jugar con bicicletas o con vehículos de juguete, o peor aún, de vehículos de emergencia para atender un evento de ese carácter, que se esté presentando, y que, por esa emergencia, sea conveniente para abordarlo. La corta de árboles, justificada en una normativa para los sujetos de derecho privado en una área silvestre protegida, es un problema que no debe impedir la actuación del Estado de cara a la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, y por ende, a utilizar un instrumento legal establecido en los artículos 3, inciso m), y 34, de la Ley Forestal, y emitir el Decreto de Conveniencia Nacional, Decreto Ejecutivo N° 40675-MINAE del 25 de septiembre de 2017, intitulado “Mejoras al sistema de abastecimiento de Atentas”. Para la emisión de este decreto, se realizó un estudio de valoración costo-beneficio que permitiría determinar la viabilidad técnica del proyecto, superando los beneficios sociales sobre los costos socioambientales. Permite entender que existen otros derechos fundamentales que tienen la virtud de sustentar la justificación amplia y suficiente para rechazar el reclamo concreto de los accionantes, sobre la evidente y constatada necesidad del agua y su función de dominio o utilidad pública que no puede ser apropiada por una comunidad.
Finalmente, se insiste en que el artículo 18, de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, establece que las propiedades e instalaciones que estén destinadas a cumplir con un destino legal específico para el cual fueron creados, pertenecen al régimen especial del patrimonio nacional. Así, dice:
“Todas las propiedades e instalaciones de los organismos del Estado que estén destinadas a la prestación de servicios relativos a la captación, tratamiento y distribución de aguas potables y evacuación de aguas servidas o pluviales en el país, son patrimonio nacional.
Para los efectos jurídicos, administrativos, financieros y de tarifas se considerarán parte del capital del ente bajo cuya administración se encuentren”.
En consecuencia, en opinión de la Sala Constitucional, la norma evidentemente establece con toda claridad que los terrenos adquiridos o expropiados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la protección del bosque, la captación, tratamiento y distribución del agua, en el caso que nos ocupa, forman parte del patrimonio nacional. Esto debe incluir las servidumbres en las zonas de protección. Tienen una vocación o claro fin legal, de modo que, la habilitación del Estado para declarar proyectos de conveniencia nacional según los artículos 3, inciso m), y 34, de la Ley Forestal, lo que junto con la amplia concepción con la que fue concebida la Ley N° 6126, sirven el propósito no solo de conservación, sino para la ampliación y mantenimiento de uso de los diferentes recursos y bienes jurídicos que tiene el Estado para cumplir con ese fin práctico, el servicio público a la prestación del agua potable, y que, para una prestación eficiente no se puede alcanzar sin que las instalaciones mantengan una prioridad en el mantenimiento y conservación de esas propiedades. En cuanto a las propiedades consideradas Patrimonio Natural del Estado, resulta absurdo que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no debe mantenerse dentro de ese régimen jurídico especial para permitirle obras indispensables de ampliación, mantenimiento y conservación de sus instalaciones, cumpliendo por supuesto con la legislación ambiental aplicada de modo razonable y proporcional, para el cumplimiento de los fines específicos de llevar agua potable a las comunidades.
VII.- Sobre el Decreto Ejecutivo N° 40675-MINAE. Por todo lo expuesto, la promulgación del Decreto de Conveniencia Nacional, Decreto Ejecutivo N° 40675-MINAE del 25 de septiembre de 2017, intitulado “Mejoras al sistema de abastecimiento de Atentas” y publicado en el Alcance N° 244 a La Gaceta del 11 de octubre de 2017, no resulta inconstitucional. Observa la Sala que, del artículo 1, se acuerda obras de prevención, mitigación o compensación requeridas aprobadas por la SETENA, en el artículo 2, se establece la autorización de corta, poda o eliminación de árboles, en terrenos de bosque o en las áreas de protección definidas en el numeral 33, de la Ley Forestal. En esa misma norma, se establece que la autorización se gira salvo en terrenos considerados Patrimonio Natural del Estado; el numeral 3, busca facilitar la consecución de los fines institucionales de dotación del agua potable a las comunidades en necesidad. Por otra parte, resulta importante que el artículo 4, del Decreto impugnado, no autoriza una corta generalizada o indiscriminada de árboles, como pretende dar a entender el accionante, pues se extrae de la norma una ponderación de la administración encargada, in situ que “deberá realizarse de forma limitada, proporcional y razonable, con los permisos del Área de Conservación pertinente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”. Es decir, la corta de los árboles no se realizará de forma incontrolada o antojadiza, sino por el contrario, deberá hacerse de conformidad con los criterios técnicos que determinen esa necesidad. Y finalmente, es claro que en los artículos 5 y 6, se toma en consideración la dotación de contenido presupuestario, para el cumplimiento de los requerimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las medidas ambientales de mitigación y compensación aprobadas. En razón de todo lo anterior, se debe desestimar la acción, en estos extremos.
VIII.- Sobre los alegatos de la autonomía municipal. Los accionantes, de igual forma, alegan que para que el Poder Ejecutivo pudiera hacer la declaratoria de conveniencia nacional era necesario obtener la anuencia o el parecer de la Municipalidad de Grecia. Sobre el particular, la Procuraduría General de la República trae a colación la jurisprudencia de la Sala que señala que si se alega la defensa de intereses institucionales, como la autonomía, corresponde hacerlo al ente público respectivo, y no a un tercero.
Por Sentencia N° 2017-13843 de las 9:15 horas del 30 de agosto de 2017, este Tribunal estableció que:
“La Sala estima que el accionante no se encuentra legitimado para interponer esta acción, toda vez que cuestiona como inconstitucionales varias normas, pero por estimar que infringen la autonomía municipal, reconocida en el artículo 169 de la Constitución Política. En este sentido, debe señalarse que, reiteradamente, este Tribunal Constitucional ha indicado que la defensa de la autonomía de una institución debe hacerla ante esta instancia esa misma entidad y no un tercero (votos Nos. 2008-014190 de las 10:00 hrs. del 24 de septiembre de 2008, 2008-017295 de las 14:48 hrs. del 19 de noviembre del 2008, 2016-01669 de las 09:30 hrs. del 03 de febrero de 2016 y 2017-008159 de las 9:15 hrs. del 2 de junio de 2017). En el sub judice, el accionante actúa en su condición de representante de una sociedad anónima, motivo por el cual, no se encuentra legitimado para actuar en defensa de la autonomía municipal”.
En criterio de la Sala, lleva razón el órgano asesor, sobre la jurisprudencia de larga data, en el que se requiere no solo de las formalidades propias del representante de la corporación para reclamar la autonomía municipal, sino que también, la necesidad de que sea la propia institución municipal la que procure la defensa jurídica de su autonomía. En el caso que nos ocupa, no corresponde al accionante hacer este reclamo, razón por la cual también debe desestimarse la acción, sobre este extremo.
Para mayor abundamiento, no está demás señalar que, mediante Sentencia N° 2010-20958 de las 16:21 horas del 15 de diciembre de 2010, señaló “… este Tribunal también ha reconocido, en su jurisprudencia, la necesidad de armonizar las competencias nacionales y las competencias locales, por cuanto la materia que integra el fin general de “los intereses y servicios locales” debe coexistir con los intereses y servicios públicos “nacionales” o “estatales”, así como que la autonomía de las Municipalidades otorgada por el Constituyente en el artículo 170 de la Constitución Política no puede entenderse que se trata de una autonomía plena o ilimitada, pues siempre se encuentra sujeta a ciertos límites, ya que la descentralización territorial del régimen municipal no implica eliminación de las competencias asignadas a los órganos y entes del Estado (ver, al efecto, sentencia 2007-013577 de las 14:40 horas del 19 de septiembre del 2007). Es por ello que existen intereses locales cuya custodia corresponde a las Municipalidades y, junto a ellos, coexisten otros cuya protección constitucional y legal es atribuida a otros órganos públicos, entre ellos el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”. La doctrina general establecida en la sentencia transcrita, es aplicable al caso que nos ocupa, toda vez que el servicio universal de agua potable como derecho humano, impone una visión regional y nacional, sobre una localista y unilateral que se desentiende de las necesidades humanas y de la vida misma que se garantiza a través del agua potable. Lo anterior, de cara al Decreto Ejecutivo N° 38005-S “Declara emergencia sanitaria en las comunidades del cantón de Atenas debido a deficiencias en el suministro de agua apta para consumo humano”.
IX.- Sobre la legislación internacional ambiental reclamada. Finalmente, se acusa la violación a la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los países de América, en el artículo 5, en el tanto establece la obligación internacional de los Estados en la adopción de leyes y reglamentos que aseguren la protección y conservación de la flora y la fauna dentro de sus respectivos territorios, pero acto seguido, también permite la posibilidad de la caza o recolección de ejemplares de fauna y flora para estudios e investigaciones científicas por individuos y organismos debidamente autorizados. Se alega también la infracción de los artículos 4 y 5, de la Convención sobre la Protección de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, como obligación de proteger los diferentes ecosistemas naturales. En efecto, como lo argumenta la Procuraduría General de la República, el Estado costarricense ha venido cumpliendo con las obligaciones internacionales contempladas en la normativa internacional, lo cual, resulta evidente y manifiesto con la importante cantidad de normas de protección del ambiente y de los recursos forestales. Adicionalmente, observa la Sala, que la normativa cuenta con disposiciones que el legislador puede desarrollar para la protección, como para el aprovechamiento de los recursos que ofrecen las áreas silvestres protegidas y el Patrimonio Natural del Estado, según la categoría asignada, como corre con un parque recreativo municipal para no obstaculizar un desarrollo sostenible en beneficio del ser humano, lo que no es menos importante, para satisfacer derechos económicos, sociales y culturales contenido en las obligaciones internacionales de los Derechos Humanos, como el derecho al agua potable, contemplado en la legislación nacional, pues la propia Ley N° 6126 nació a la vida jurídica con el propósito de ser fuente de agua para varias comunidades, todo en procura del desarrollo sostenible contemplado en el artículo 50, Constitucional. Todo esto, como se ha mencionado antes, estaría debidamente sustentado por el Ministerio de Salud, con el Decreto Ejecutivo N° 38005-S “Declara emergencia sanitaria en las comunidades del cantón de Atenas debido a deficiencias en el suministro de agua apta para consumo humano”.
De igual forma, trae nuevamente a colación la Sala, el artículo 5°, del Decreto Ejecutivo impugnado, en el tanto establece que: “Como parte de la ejecución del Proyecto, el mismo destinará fondos para la formulación y ejecución de acciones que promuevan la compensación entre forma directa e indirecta, por medio de alianzas con entes públicos o privados, sobre las cantidades diversas de árboles de la misma especie que requiera cortar con la construcción del Proyecto”. Con esta disposición, estaría contemplado el cumplimiento de la normativa ambiental respectiva, toda vez que contempla los contenidos presupuestarios para dar cumplimiento a medidas de mitigación -para una cantidad muy limitada de árboles- a la hora de ejecutarse las obras de mantenimiento y/o ampliación del acueducto, con lo cual se procura un balance entre el sacrificio ambiental y el desarrollo sostenible que el Estado, que siempre debe procurar para satisfacer, por otro lado, un derecho económico y social muy concreto al cual el Estado estaría igualmente obligado a cumplir y satisfacer, según los otros tratados internacionales de derechos humanos hasta el máximo de sus recursos. Entonces, establecida las medidas de mitigación en este extremo, también, debe desestimarse la acción.
X.- Conclusión. Por todo lo expuesto, lo propio es declarar sin lugar la acción, en todos sus extremos.
XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara SIN LUGAR la acción. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal agregan razones particulares. La magistrada Garro Vargas pone nota.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS.
Único.- EL PLEXO NORMATIVO QUE RIGE LA SALA CONSTITUCIONAL. En anteriores notas (véanse las sentencias 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582, 2016-018351, 2020-013316, 2020-023743) he hecho algunas consideraciones en relación con el ejercicio del control de constitucionalidad y los instrumentos internacionales como parámetro de valoración. Al respecto, en lo conducente y en resumen, indiqué lo siguiente:
“La función de controlar la conformidad de las leyes y disposiciones generales con los tratados y convenios no está expresamente prevista en el texto constitucional sino sólo en el art. 73.d) LJC, pero no es contraria a aquél, pues permite garantizar la eficacia del art. 7 CP. Esa función de controlar dicha conformidad es una función distinta de la que ejerce la Sala en razón del art. 10 CP –el control de constitucionalidad– y de la establecida en el art. 48 CP –garantizar jurisdiccionalmente los derechos constitucionales y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos–.
Cuando esta Sala ejerce su función de control de constitucionalidad, no corresponde que eche mano de tratados y los utilice de hecho como si integraran el parámetro de constitucionalidad. Tales instrumentos, y sólo si están debidamente ratificados, pueden erigirse en parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales con ellos mismos, en razón de lo establecido en el art. 7 CP y 73.d) LJC. Esto es conteste con una interpretación sistemática de la Constitución y la LJC y con el respeto a la separación de poderes, principio basilar de todo Estado democrático de Derecho”. (Lo resaltado no corresponde a los votos originales).
En el caso concreto, en el considerando V, epígrafes A y B, se hace referencia a instrumentos internacionales o documentos que no son tratados debidamente ratificados. Estimo que la invocación de estos es pertinente si se entiende que se hace para efectos hermenéuticos.
Anamari Garro V.
Razones particulares de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, con redacción del primero. El acceso al agua trasciende los intereses locales o cantonales.
Hemos concurrido con la sentencia que declaró sin lugar esta acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, exponemos además estas razones particulares sobre esta sentencia desestimatoria.
Esta acción se presenta en contra del Decreto Ejecutivo N° 40675-MINAE del 25 de septiembre de 2017, que es la Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto "Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas" a desarrollar por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. La asociación accionante considera que este decreto violenta los artículos 7, 50, 89 y 169, de la Constitución Política, además de las obligaciones internacionales contenidas en los numerales 5, de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Ley N° 3763); 4 y 5, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Ley N° 5980).
Se indica en la sentencia que la promulgación del Decreto Ejecutivo que se acusa de inconstitucional, sucede antes de la Reforma Constitucional que plasma el derecho al agua en el art.50 constitucional y de la enmienda a la Ley Forestal, con la “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado, Ley N° 9590 de 3 de julio de 2018”, de manera que se evidencia que para el tiempo durante el cual se tramitaba el Decreto Ejecutivo de Conveniencia Nacional impugnado, había no existía sincronía de disposiciones legales que claramente repercutía en algunos casos en el derecho fundamental al agua y que desafortunadamente, impedía utilizar los recursos hídricos que podían extraerse de áreas consideradas Patrimonio Natural del Estado.
Además, se indica en la sentencia que el decreto impugnado tiene como telón de fondo el Decreto Ejecutivo que declara emergencia sanitaria en la ciudad de Atenas, toda vez que el Estado constata que el caudal resulta insuficiente para el suministro de agua potable apta para el consumo humano ante el crecimiento de la población. Por esta razón el Ministerio de Salud declara la emergencia, con apoyo del principio precautorio en materia sanitaria, definiendo acciones concretas por parte del Estado, evitando así el agravamiento de la situación y la conservación de la vida humana.
Se agrega, además, que la toma de agua en el Parque Recreativo Municipal Los Chorros había venido en muchas ocasiones a esta Sala Constitucional, resolviéndose que es legítimo el proyecto de dotación de agua a las comunidades de Atenas.
Conforme a los antecedentes, exponemos estas razones adicionales a esta sentencia:
1- Ha existido una clara situación de insuficiencia en el suministro de agua potable en la ciudad de Atenas, lo cual supuso una emergencia sanitaria. Esa carestía no podría ser solventada con la normativa existente en el momento, pues esta impedía utilizar los recursos hídricos que podían extraerse de ciertas áreas del país. En ello encuentra sustento y fundamento del decreto impugnado.
Por otro lado, se indica que la conveniencia nacional que declara el Decreto impugnado fue establecida cuando se tuvo la certeza técnica que los beneficios sociales eran mayores a los costos socio-ambientales. Asimismo, en la fundamentación del Decreto se indica que hay una demanda real requerida por una población específica y que según el informe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se busca satisfacer una demanda hasta el año 2030 de treinta mil habitantes de Atenas y va en función de la emergencia sanitaria de sus comunidades declarada por el Ministerio de Salud. Con el establecimiento de proyectos de conveniencia nacional se permite el cambio de uso del suelo en proyectos de infraestructura, estatales o privados, siempre y cuando estas áreas de protección no se encuentren dentro de terrenos de Patrimonio Natural del Estado.
Se establece que, según revisión del MINAE, hay más beneficios sociales que los costos socioambientales, incluso el mismo Decreto contempla la prohibición de no talar en terrenos del Patrimonio Natural del Estado y que la que se realice, se deberá hacer en forma limitada, proporcional y razonable (artículos 2 y 4, del Decreto Ejecutivo impugnado).
2- Según revisión de las autoridades competentes, en este caso específico, la declaratoria de “conveniencia nacional” que permitiría realizar ciertos cambios para poder llevar agua potable a la ciudad de Atenas, produciría más beneficios que costos. Siendo además que tales beneficios igualmente no permitirían la tala de árboles en terrenos del Patrimonio Natural del Estado. De esta forma, sin desproteger este patrimonio se permitirían ciertos costos ambientales (menores) en comparación con los beneficios, relacionados, con el derecho de acceso al agua y por ende, con el derecho a la salud. No es cualquier tipo de beneficio el que debe ponderarse en este caso, sino beneficios de tal envergadura y tan fundamentales como los mencionados.
Los accionantes alegan la prohibición de corta del bosque en el Parque Recreativo Municipal Los Chorros, porque en su criterio se trata de zona de Patrimonio Natural del Estado (conforme al principio de la irreductibilidad del bosque). Por su parte, la Procuraduría General de la República indica que no comparte que dicho parque recreativo sea un área protegida o patrimonio natural del Estado; y el resto de las autoridades informantes en esta acción insisten en que la localización del área cubierta por la declaratoria de conveniencia involucra áreas silvestres protegidas donde si podría darse. Al respecto, aquí se indica que, en virtud de sentencia n°2013-11525, se tuvo por acreditado que las acciones de corta de árboles se realizarían sobre áreas silvestres protegidas donde puede haber autorización legal, siempre que haya cumplimiento de los requisitos legales que incorporan los mecanismos de ponderación y de uso racional de los recursos naturales. Se indicó, además, que al estar sobre terrenos de propiedad privada y en áreas silvestres protegidas se trataría de árboles que podrían ser cortados, siempre mediando un decreto o declaratoria de interés nacional, como lo alegan las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía.
Posteriormente, la Sala aclara que no es posible derivar del Decreto impugnado la autorización de una corta indiscriminada de árboles, mucho menos de aquellos que sean parte del Patrimonio Natural del Estado, con lo que es posible inferir que esta normativa no infringe el principio de irreductibilidad del bosque.
3-Se tuvo por acreditado que las acciones de corta de árboles se realizarían sobre áreas silvestres protegidas donde puede haber autorización legal y previo cumplimiento de los requisitos legales. Además, en los terrenos de propiedad privada y en áreas silvestres protegidas se trataría de árboles que podrían ser cortados. Con lo cual, no se ve afectado el principio de irreductibilidad del bosque que opera en materia del derecho al ambiente.
Se indica en la sentencia que Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tiene como misión o fin legal velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de las redes de distribución de agua potable a las comunidades, con suficiencia y continuidad. Este es casualmente uno de los problemas por las cuales es necesario el incremento de la cantidad de agua que debe prestar la institución a la comunidad de Atenas. Debemos resaltar, tal como lo indica la sentencia, que la declaratoria del Parque Recreativo Municipal Los Chorros tiene como fin y vocación la protección forestal ligada al recurso del agua. Además, se indica que no tiene sentido declarar que las propiedades e instalaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al servicio del agua son patrimonio nacional y de utilidad pública; y sin embargo, no podría cumplir sus objetivos legítimos que esperan todas las poblaciones a las que brinda servicios por estar automáticamente situadas en Patrimonio Natural del Estado.
4- En un caso como estos, el ejercicio de la ponderación de derechos debe atender a que, sin demérito grave de otros (como el derecho fundamental al ambiente) se pueda llegar también a satisfacer el derecho de acceso al agua potable. Así entonces, es un aspecto a considerar, la obligación que tiene el Instituto en cuestión, en cuanto a brindar acceso al agua potable a toda la población.
Tal como se dice en la sentencia, se observa que artículo 1 del decreto impugnado se acuerdan obras de prevención, mitigación o compensación requeridas aprobadas por la SETENA. También se indica la corta de los árboles no se realizará de forma incontrolada o antojadiza, sino por el contrario, deberá hacerse de conformidad con los criterios técnicos que determinen esa necesidad.
5- El mismo decreto impugnado establece en su normativa la forma como se puede compensar, mitigar y prevenir la corta de árboles, además, entendiéndose que no se tratará de una corta incontrolada o antojadiza sino la que es técnicamente necesaria para cumplir con el derecho de acceso al agua potable.
Estos son los argumentos que sustentan estas razones particulares en un caso tan importante para las comunidades que reclaman el derecho al agua.
El agua es un bien común esencial, cuyo contenido y beneficio trasciende los intereses locales o incluso particulares. Este es uno de los temas que se discute en esta sentencia. La visión sobre el derecho al agua ha cambiado y la discusión planteada en esta decisión, lo demuestra claramente. Hace unas décadas, esta polémica, era impensable.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Magistrado Magistrado Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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