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Res. 00686-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · 31/07/2020

Forest Restoration Despite Criminal AcquittalRestitución del bosque pese a absolución penal

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Attorney General’s Office appeal was granted, the judgment was partially vacated, and the case was remanded for a differently constituted court to issue a reasoned decision on restoration of the affected forest.Se acogió la apelación de la PGR, se anuló parcialmente la sentencia y se ordenó el reenvío para que otro tribunal resolviera fundadamente si debía restaurarse el bosque afectado.

SummaryResumen

The Criminal Judgment Appeals Court granted the Attorney General’s Office appeal from a judgment that acquitted the defendant, under in dubio pro reo, of unlawful land-use change and denied restoration of the affected area. It held that every criminal court hearing an environmental offense must issue a reasoned decision—even sua sponte and whether the judgment convicts or acquits—on restoring conditions to their state before the act. In forest offenses, this duty is tied to the principle that forestland cannot be reduced and requires determining whether the event that caused the environmental harm occurred, even if the accused’s criminal responsibility is not established. Ownership by a third party and that owner’s absence from the criminal proceedings do not preclude restoration because no legitimate right exists to oppose recovery of the forest. Since the trial judgment failed to assess the evidence concerning the clearing and subsequent teak planting, the Appeals Court partially vacated it and remanded for a decision on restoration.El Tribunal de Apelación acogió el recurso de la Procuraduría General de la República contra la sentencia que absolvió al imputado, por in dubio pro reo, del delito de cambio de uso del suelo y rechazó la restauración del área afectada. Determinó que todo tribunal penal que conozca un delito ambiental debe resolver fundadamente, incluso de oficio y tanto en condena como en absolución, si corresponde restituir las cosas al estado anterior. En delitos forestales, este deber se vincula con el principio de irreductibilidad del bosque y exige analizar si ocurrió el hecho generador del daño ambiental, aunque no se demuestre la responsabilidad penal del acusado. La titularidad del inmueble en una tercera persona y su falta de participación en el proceso no impiden ordenar la restauración, pues no existe un derecho legítimo a oponerse a que el bosque sea recuperado. Como la sentencia omitió valorar la prueba sobre la tala y posterior plantación de teca, el Tribunal anuló parcialmente el fallo y ordenó el reenvío para decidir la restitución.

Key excerptExtracto clave

It follows that a trial court hearing a case involving an environmental offense must, even on its own motion, issue a reasoned ruling—whether a conviction or an acquittal—on restoring things to the condition they had before the act, whenever sufficient elements exist to decide the matter, pursuant to Articles 140, 142, and 361(d) of the Code of Criminal Procedure. In forest-offense cases such as this one, it has also been recognized that criminal judges are required to rule on restoration under the principle that forestland cannot be reduced, which requires reparation of environmental damage, such that “...there is no option but to order that forestlands subjected to the offense of land-use change become forest again,” pursuant to Articles 50 and 74 of the Constitution; Article 52 of the Soil Use, Management and Conservation Law; Articles 2, 6, 10(c), 19, and 38(f) of the Forestry Law; Articles 53, 54, and 55 of the Organic Environmental Law; and Articles 53 and 54 of the Biodiversity Law.Se sigue que, el Tribunal juzgador en una causa por un delito ambiental, inclusive, de oficio, debe pronunciarse en resolución fundada -condena u absolución- sobre el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo, con base en los arts. 140, 142 y 361 inciso d) del Código Procesal Penal. En caso de delitos forestales, como el que nos ocupa, también se ha analizado que los jueces penales están obligados a resolver sobre la restitución, en virtud del principio de irreductibilidad del bosque, el cual establece la necesaria reparación de los daños causados al ambiente, de manera que “...no hay opción para dejar de ordenar que los terrenos de bosque objeto del delito de cambio de uso vuelvan a ser bosque”, de conformidad con los arts. 50 y 74 de la Constitución Política; 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 2, 6, 10 inciso c), 19 y 38 inciso f) de la Ley Forestal; 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, y 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad.

Pull quotesCitas destacadas

  • "No se requiere la comisión de un hecho delictivo para que los tribunales, aún de oficio, decreten la restitución de las cosas al estado anterior a su modificación."

    "Commission of a criminal offense is not required for courts, even on their own motion, to order things restored to the condition existing before their alteration."

    Considerando II

  • "No se requiere la comisión de un hecho delictivo para que los tribunales, aún de oficio, decreten la restitución de las cosas al estado anterior a su modificación."

    Considerando II

  • "Asimismo, la circunstancia de que eventualmente el dueño de la propiedad forestal sea un particular y no la persona imputada, eso en nada impide la restitución oficiosa del bosque al estado precedente del hecho punible, si existe base probatoria y legal para disponerlo, por tratarse de un tema de interés público en tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    "Likewise, the circumstance that the forest property may be owned by a private individual rather than the accused does not in any way prevent the court from ordering restoration of the forest to its condition before the punishable act, if an evidentiary and legal basis exists, because this is a matter of public interest protecting the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment."

    Considerando II

  • "Asimismo, la circunstancia de que eventualmente el dueño de la propiedad forestal sea un particular y no la persona imputada, eso en nada impide la restitución oficiosa del bosque al estado precedente del hecho punible, si existe base probatoria y legal para disponerlo, por tratarse de un tema de interés público en tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    Considerando II

  • "En síntesis, la denegatoria del fallo de la solicitud de la PGR para que se restituyeran las cosas a su estado original, se encuentra viciada por falta de fundamentación, toda vez que en un delito forestal como el que aquí nos ocupa, era irrelevante que la propiedad en cuestión estuviera a nombre de un tercero y que a este no se le hubiera dado traslado del proceso, puesto que no le asiste derecho de oposición a que se restituya el bosque a su estado original."

    "In summary, the judgment’s denial of the Attorney General’s Office request to restore things to their original condition is defective for lack of reasoning because, in a forest offense such as this one, it was irrelevant that the property was registered to a third party who had not been brought into the proceedings, since that party has no right to oppose restoration of the forest to its original condition."

    Considerando II

  • "En síntesis, la denegatoria del fallo de la solicitud de la PGR para que se restituyeran las cosas a su estado original, se encuentra viciada por falta de fundamentación, toda vez que en un delito forestal como el que aquí nos ocupa, era irrelevante que la propiedad en cuestión estuviera a nombre de un tercero y que a este no se le hubiera dado traslado del proceso, puesto que no le asiste derecho de oposición a que se restituya el bosque a su estado original."

    Considerando II

  • "Se anula parcialmente el fallo y se ordena el reenvío al tribunal de origen para que, con distinta integración, y previa audiencia a las partes, resuelva en definitiva lo concerniente a la restitución de las cosas al estado que tenían antes del hecho."

    "The judgment is partially vacated, and the case is remanded to the court of origin so that, with a different panel and after hearing the parties, it may finally decide the restoration of things to the condition they had before the act."

    Por tanto

  • "Se anula parcialmente el fallo y se ordena el reenvío al tribunal de origen para que, con distinta integración, y previa audiencia a las partes, resuelva en definitiva lo concerniente a la restitución de las cosas al estado que tenían antes del hecho."

    Por tanto

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PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...]@ Fax: 24569029 __________________________________________________________________________________________ Decision No.: 2020-00686 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, FIRST SECTION. San Ramón, at fourteen hours fifty minutes on thirty-one July two thousand twenty.

APPEAL AGAINST JUDGMENT (RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA) filed in the present proceedings against [Nombre1], a Costa Rican national, identification document number CED1, for the offense of LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DEL SUELO), to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judges Francisco Lemus Víquez, José Asdrúbal Quirós Pereira, and Adriana Escalante Moncada participate in deciding the appeal. Criminal State Attorney Andrés Alfaro Ramírez and attorneys Xinia Campos Campos and Primo Ramón Chacón Barquero, both acting as privately retained defense counsel for the accused (imputado), [Nombre1], appear in the appeal against judgment.

BACKGROUND:

  1. 1By oral judgment number 318-P-2019, issued at thirteen hours fifteen minutes on twenty-eight May two thousand nineteen, the Tribunal de Juicio de Puntarenas ruled: “POR TANTO: In accordance with the foregoing; Articles 39 and 41 of the Constitución Política; Articles 1, 30, 45, and 61 of the Ley Forestal; and Articles 360, 361, 363, 364, 365, and 366 of the Código Procesal Penal, this single-judge court acquits [Nombre1] of all punishment and liability for the offense of LAND-USE CHANGE, to the detriment of NATURAL RESOURCES. This matter is decided without a special award of costs, and the expenses of the proceedings shall be borne by the State. The civil action for damages (Acción Civil Resarcitoria) filed by the Ministerio Publico is dismissed. The precautionary measure (medida cautelar) requested by the Ministerio Publico and the Procuraduría General de la República is denied. Once the judgment becomes final, it shall be removed from the system.That is all. At thirteen hours thirty-two minutes on twenty-eight May of the current year, this judgment concludes. The parties, as well as the accused, are hereby notified. (Signed) Licda. Nancy Fernández Rodríguez. It is hereby certified that the present matter was duly recorded in audio and video in Courtroom N° 8 of Puntarenas and was registered under case number 15-200128-0591-PE. That is all. Signed) Diego Delgadillo Garcia, Court Technician.”
  2. 2Attorney Andrés Alfaro Ramírez filed an appeal against judgment challenging the foregoing ruling.
  3. 3After conducting the corresponding deliberation, pursuant to Article 465 of the Código Procesal Penal, the Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal.
  4. 4The relevant legal requirements have been observed in the proceedings.

Appellate Judge Lemus Víquez drafts the decision; and,

CONSIDERING:

I.Criminal State Attorney Andrés Alfaro Ramírez files an appeal against judgment challenging decision number 318-P-2019, issued by the Tribunal de Puntarenas.

II.In a single ground for appeal, the appellant alleges insufficient reasoning regarding the request for restoration of things to their prior state (restitución de cosas al estado anterior), in violation of arts. 140 and 142 of the Code of Criminal Procedure. The appellant states that, in this matter, the judgment acquitted the accused pursuant to the principle of in dubio pro reo, as requested by both the Prosecutor’s Office and that party. However, the appellant notes that the Office of the Attorney General, in its capacity as legal representative of the State as Victim and protector of natural resources, submitted a substantiated request to the trial court that it order restoration of things to their prior state, because the judgment found it proven that, during the month of December 2014, underbrush clearing (socola) and the felling of 568 trees of different species, with diameters greater than 15 centimeters, were carried out on the property recorded under cadastral plan P-892505-90, located at [Dirección1]; those trees were located in a forest area and, after they had been felled, teak trees were planted at the cleared site, constituting a land-use change (cambio de uso de suelo).

The appellant adds that, during closing arguments at trial, it argued that restoration of things to their prior state could be ordered even when an acquittal of the accused was being requested and entered, and that the owner of the affected property would be required to bear it. Nevertheless, the appellant contends, the judgment at issue merely explained the acquittal of the accused and, regarding the aforementioned request, simply stated: “The request submitted by the Office of the Attorney General concerning restoration of things to their prior state is denied, the Judge indicating that there are insufficient grounds to impose it and, furthermore, that the registered owner of the affected real property was not brought into the criminal proceedings.” Regarding the Judge’s reasoning, the appellant states that the name and identifying particulars of the property’s registered owner did not become known until the adversarial hearing, which is why she had not previously been brought into the proceedings.

The appellant maintains that it disagrees with the ruling of the A quo, because restoration of things to their prior state must be ordered, as it was proven that teak trees had been planted in a forest area. It questions why the judgment, despite acknowledging the existence of the plantations on a forest site—that is, that a criminal offense had occurred—fails to explain the denial of the request for restoration of things to their prior state. In support, it cites an excerpt from voto 2010-341, issued by the former Criminal Cassation Court. Likewise, regarding the propriety of demolishing structures located within protection areas (áreas de protección) pursuant to a request for restoration of things to their prior state, it invokes voto 199-2014, issued by the Criminal Judgment Appeals Court of San Ramón, and voto 2014-292, issued by the Criminal Judgment Appeals Court of Cartago. It asserts that, under these decisions, failure to notify the registered owner of a property of judicial proceedings concerning an unlawful act committed on that property does not constitute any impediment to issuing an order for restoration of things to their prior state, contrary to the ruling in the judgment under appeal.

Regarding the alleged error, it argues that the challenged decision violates the duty to provide legal reasoning and analyze the evidence, thereby impairing the right of defense and effective judicial protection of the environment, because the request submitted by the PGR for restoration of things to their prior state was denied without adequate grounds, thus violating arts. 39, 41 and 50 of the Political Constitution concerning the principle of due process of law and the right to a healthy and ecologically balanced environment. It requests that the appeal be granted, that the judgment and the trial giving rise to it be declared invalid solely with respect to the denial of restoration of things to their prior state, and that the matter be remanded for new proceedings or, alternatively, in the interest of procedural economy, that restoration of things to their prior state be ordered by requiring the removal of the teak trees cultivated in the forest area.

This ground is granted, for the reasons stated below. In essence, the appellant’s objection centers on the trial judgment’s failure to provide adequate reasoning for denying its request that things be restored to the state in which they existed before the act. To resolve the case, it is important to note at the outset that, regarding restoration of things to their original state in environmental criminal matters, domestic case law has established: «The issue in question has already been addressed by this Chamber, among other decisions, in judgments No. 193-02, at 9:00 hours, on 8 March 2002, and No. 450-03, at 8:48 hours, on 22 May 2003. The latter judgment ruled as follows: “Regardless of the principal or ancillary penalty established by each criminal offense for the unlawful conduct, commission of the offense entails a series of civil consequences, as provided in articles 103 of the Criminal Code and 123 and 124 of the Rules in Force on Civil Liability under the Criminal Code of 1941, including restitution of the material object of the offense (restitución del objeto material del delito).

One of the effects of a criminal judgment is precisely to order that the injured party be restored to the full exercise of the right that was infringed. This is a fundamental right because it is governed by article 41 of the Political Constitution, which provides that ‘By resorting to the laws, everyone shall obtain redress for injuries or harm suffered to their person, property, or moral interests…’ (Sentencia 346-98 de 9:30 hrs del 03-04-98 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), which includes, among other matters, restitution of the material object of the offense (Sentencia 511-2000 de las 9:20 hrs. del 19-5-00 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). The first two paragraphs of article 123 of the Rules in Force on Civil Liability under the Criminal Code of 1941 provide that: ‘The convicted person must return to the injured party the thing that was the object of the punishable act, together with compensation for all deterioration or impairment; if unable to do so, that person shall be required to pay its value according to an expert appraisal as of the date of the offense.

If such an appraisal cannot be made because the thing has been destroyed or has disappeared, the judges shall determine its value based on the information in the proceedings. Restitution shall be ordered even when the thing is in the possession of a third party, without prejudice to the rights conferred upon that party by civil law.’; all of which may be ordered by the court on its own motion because the provisions of articles 103, 123 and 124 cited above are mandatory and do not require that a civil action for damages (acción civil resarcitoria) have been instituted, as case law has correctly established in holding that ‘... claims for loss and damages arising from an offense must be made through a civil action for damages because the procedural rules so require; however, that same requirement does not apply to restitution of the material object of the offense. This is so, as this same Chamber has previously held, because restitution does not constitute a form of compensation in the strict sense.’ (Sentencia Nº 52-F 10:35 hrs. 31 enero 1990 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, reiterado en Voto # 604-F-91, de 9:25 horas del 7 de noviembre de 1.991 y en Sentencia 511-2000 de 9:20 hrs. del 19-5-2000).

The right to the environment, characterized as a third-generation human right, has been recognized in Costa Rica as a fundamental right, because article 50 of the Political Constitution provides that: ‘Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment.’ It grants individuals and the State the right and duty to guarantee and defend that right on behalf of all inhabitants; consequently, commission of the offense makes the community the victim or injured party and, from that perspective, gives it the right to reparation for the harm caused. In the case of the offense of Violation of the Soil Use and Conservation Act (No. 7779 de 309 abril de 1998), article 52 of that Act provides that: ‘Anyone who pollutes or degrades soil resources, regardless of the existence of negligence or intent or the degree of participation, shall be liable to pay compensation, through the appropriate judicial proceedings, and to repair the harm caused to the environment.’ This constitutes a specific provision requiring the offender to compensate for loss and damages or repair the harm caused.

From a procedural standpoint, articles 140 and 466 of the Code of Criminal Procedure require the Judge to order restoration of things to the state existing before the offense, which the challenged judgment failed to do, as the Office of the Attorney General correctly notes in its application. Therefore, because the judgment established that the accused committed the act and that the environment was harmed by the opening of a road through the forest to the river, it is appropriate to order restoration of the affected area to the state existing before the act, so that the offender does not benefit from the unlawful conduct and the environment altered by that conduct is restored in furtherance of the protection of the community’s interests. This Court has similarly ruled as follows: ‘Regarding the condition imposed itself, this cassation court finds it reasonable and proportionate to the acts giving rise to the criminal conviction.

It should be noted that § 28 of the Political Constitution prohibits legal intervention in private actions that cause no harm, from which it follows that the limit of the State’s response is determined by the magnitude or seriousness of the injury or danger caused. In the present case, where the harm consists of changing the use of forest land to devote it to agriculture, the State’s response is limited by the reparation of that harm, which in any event will not be completed within the three-year suspended sentence, because a forest is the product of years and years of the birth, development, and death of many plant and animal organisms. Nevertheless, the removal of crops and of every element used to replace the forest, as well as the reestablishment of plant species to the extent necessary to regenerate what was destroyed, constitute a beginning toward the reparation that will be achieved in future years.

It must be clear that the protection of forest land enshrined in §§ 2, 6, 10.c, 19 and 38.f of the Ley Forestal, 52 of the Soil Use, Management and Conservation Act, 53, 54 and 55 of the Organic Law on the Environment, and 53 and 54 of the Biodiversity Law does not end or become suspended when the forest is diminished by human actions (deliberately set fires, illegal logging, etc.) or natural events (floods, earthquakes, fires, etc.); on the contrary, such situations require the State to act more aggressively in restoring and conserving the forest. To conclude that the duty to protect forest land and other forest components ends upon the occurrence of any of those events would promote unlawful activities harmful to the environment, replacing ecological systems with agricultural or other forms of exploitation, thereby eliminating genuine protection; in other words, the area occupied by forests cannot be reduced through such means (principle of forest irreducibility [principio de irreductibilidad del bosque]).’

Thus, anyone who damages the forest through logging or fires for the purpose of changing the designated use of the land, or anyone who seeks to profit from natural disasters that damage forestland (suelo forestal), must understand that there is no possible way to change the designated use of the land and that the State will do whatever is necessary to restore the forest. That is, in the instant case, agricultural activity must cease at the site where the forest is to be regenerated, whether this is done by the convicted person in compliance with the condition under which the benefit of a suspended sentence (ejecución condicional de la pena) is granted to him almost as an incentive, or through State action; the officials responsible for enforcement shall ensure the effectiveness of the judgment on the merits. There is no disproportionality or abuse in the condition imposed by the trial judge.

This manner of ruling by the trial judge reaffirms the normative force of the Constitución Política, which, in §§ 50 and 74, guarantees all humanity, on a non-waivable basis, the right to a healthy and ecologically balanced environment. In addition to the foregoing, the judicial ruling in this case is consistent with the legislative provision adopted in § 52 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779 de 30 de abril de 1.998…” (Sentencia 2003-0366, de 11:54 hrs. del 5 de mayo del 2003, drafted by Judge Dall'anese Ruiz. This criterion was reiterated in Sentencia 2003-396). With regard to the case before us, the judgment did not provide for restoring matters to their previous state (restitución de las cosas al estado anterior), as required by the cited legislation. Nevertheless, because the judgment arose from an abbreviated proceeding (procedimiento abreviado), and because restitution is a direct consequence of the commission of the offense and does not require a civil action, the appropriate course is to grant the appeal on points of law (recurso de casación) and rule at this stage by ordering the affected forest area to be restored to the state it was in before the events.

Because this involved the construction of a track or road through the mountain, which violated several provisions, it does not have the same characteristics as cases involving the erection of infrastructure, in which ordering demolition constitutes a solution; therefore, destruction of the road does not appear feasible. Similarly, it is not appropriate to impose payment of damages, since that would always allow the road to be used in exchange for payment, to the offender’s benefit. Restitution in this case must therefore be directed toward conserving the forest area, and accordingly the road is ordered closed, its use in any possible form is prohibited, and restoration of the forest through the planting of species suitable for that purpose is ordered, compliance with which may be monitored by the administrative or enforcement authorities.” In the case under review, it was established that a protection area (área de protección) had been encroached upon through the construction of a series of works, which must be demolished or destroyed in order to maintain the balance of nature.

The commission of a criminal offense is not required for courts, even on their own motion, to order matters restored to the state existing before their alteration. It should be noted that Article 103 of the Código Penal merely requires a punishable act (hecho punible), the scope of which is limited to a criminal wrong (injusto penal). In this case, the existence of the wrong was established, because the act of ordering the construction of the structures whose demolition is now ordered violated the Ley Forestal. Moreover, there was no provision authorizing those actions, and the conduct was therefore also unlawful. Thus, the judge was required to order the demolition or destruction of the series of works mentioned in the judgment, because they had been built in a protection area. Consequently, the objection raised cannot be sustained.» (cf. Tribunal de Casación Penal de San José, Voto 450-2003 de las 11:48 horas del 22 de mayo de 2003 and Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, Voto N° 2014-032 de las 14:57 horas del 28 de enero de 2014).

It follows that, in a proceeding involving an environmental offense, the trial court must, even on its own motion, rule in a reasoned decision—whether a conviction or an acquittal—on restoring matters to the state they were in before the act, provided that sufficient evidence exists to decide the issue, pursuant to Articles 140, 142, and 361(d) of the Código Procesal Penal. In cases involving forestry offenses, such as the one before us, it has also been held that criminal judges are required to rule on restitution by virtue of the principle of forest irreducibility (principio de irreductibilidad del bosque), which requires the repair of environmental damage, such that “...there is no option but to order that forestlands affected by the land-use change offense (delito de cambio de uso) be returned to forest,” pursuant to Articles 50 and 74 of the Constitución Política; 52 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 2, 6, 10(c), 19, and 38(f) of the Ley Forestal; 53, 54, and 55 of the Ley Orgánica del Ambiente; and 53 and 54 of the Ley de Biodiversidad (cf. voto 2003-0396 of the former Tribunal de Casación Penal de Guadalupe, de las 12:00 horas, del 08 de mayo de 2003, composed of Dall’Anese Ruiz, Salazar Murillo, and Arce Víquez).

Likewise, the circumstance that the owner of the forest property may be a private party rather than the accused in no way prevents the forest from being restored ex officio to the state preceding the punishable act, where there is an evidentiary and legal basis for ordering such restoration, because this is a matter of public interest concerning protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In other words, failure to give the owner of private forest property affected by an environmental offense an opportunity to be heard in criminal proceedings does not preclude restoring the forest to its original state, for the simple reason that, in such circumstances, there is no legitimate interest in opposing restoration, which would undermine the constitutional and statutory protection of natural resources under Articles 50 of the Constitución Política and 1, 19, and related provisions of the Ley Forestal.

A similar position was also adopted by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda, in resolution number 2015-291, de las 13:50 horas, del 15 de mayo de 2015: «III. […] It must be borne in mind that, as this appellate chamber previously stated with a partially different panel, “in Costa Rica, the system of ownership of real property is subject to a series of restrictions deriving precisely from the regulation, in Article 50 of the Constitución Política, of the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. To protect that Fundamental Right, the Costa Rican State has imposed restrictions on the right of ownership, as well as on certain rights derived from or related to it. As a consequence of the foregoing, one example is the absolute exclusion of private parties from exercising that property right with respect to the so-called State natural heritage (patrimonio natural del Estado), that is, the forests and forestlands of national reserves, areas declared inalienable, properties registered in the name of the State, and properties belonging to municipalities, autonomous institutions, and other agencies of the Public Administration; properties that the law itself declares inalienable and immune from attachment, and with respect to which it even provides that private parties, even when in possession thereof, may not perfect any right whatsoever, for example through adverse possession (usucapión) or acquisitive prescription (prescripción positiva) (as follows from a systematic reading of Article 50 of the Constitución Política and Articles 13 and 14 of the Ley Forestal).

With a different degree of intensity, but also derived from the fundamental right protected by Article 50 of the Fundamental Law of the Republic of Costa Rica, another example may be found in the limitations imposed on private-property rights over land with forest cover (cobertura boscosa), among which the following are well known: (1.) prohibitions on land-use change (cambio en el uso de suelos); (2.-) the mandatory application for and granting of permits to cut forest, and the restriction of that activity through proportionality criteria; and (3.-) the required preparation of management plans (planes de manejo), subject to mandatory prior approval by the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado), when a private party seeks to exploit a forest located on real property (Article 19 of the Ley Forestal). Further examples of limitations on the right of ownership over real property include precisely the designation of protection areas alongside springs (nacientes), on the banks of rivers, creeks, and streams, as well as around natural and artificial lakes and reservoirs, and in recharge areas and spring aquifers (Article 33 of the Ley Forestal).

In those zones, even when located on privately owned land, there are prohibitions on exploitation and on cutting or removing trees and, as relevant to the proper resolution of this issue, there is also a prohibition on encroachment (ergo, construction) both in conservation areas and in the aforementioned protection areas (Article 58 of the Ley Forestal). From this statutory prohibition, it may be concluded with certainty that no one could legitimately assert a right to exploit forest resources or to encroach upon spaces located in a protection area. In the specific case under review, this therefore means that no third party’s legitimate rights could be affected by a demolition order issued by reason of the offense adjudicated in these proceedings, because, irrefutably, in those protection areas, given the aforementioned prohibition, there is no possibility of asserting rights or an expectation of legitimate rights that could prevent demolition of the property referred to above.” (Cf. resolution number 2014-292, de las 11:00 horas del 10 de julio de 2014).

Based on those same considerations, no third party may claim a legitimate right to prevent or obstruct the restoration of those areas, by reason of the statutory restrictions governing the right of ownership.» In the judgment under review, this Chamber finds that the trial judge entered an acquittal based on in dubio pro reo in favor of the accused. Regarding the PGR’s request that matters be ordered restored to the state in which they existed before the act, she ruled that the request was denied because there was insufficient evidence and because the State’s representative had not presented, and it was still unknown, who the actual owner of the property affected by the offense in question was (cf. archivo digital 152001280591PE-28052019011550-2_Multi--0, contador 00:11:16 en adelante). This reasoning is invalid. First, because it does not explain or clarify what was meant by the statement that there was insufficient evidence to order restitution.

In this regard, it is observed that the judgment did not establish any relevant proven facts, other than that the accused had no criminal record (cf. minute visible at folio 177). Nor can it be inferred from the assessment of the evidence that the court found the existence of the punishable act of land-use change to have been established in the terms described in the indictment (cf. reverse of folio 45), namely: the felling of 568 trees of ten different species, each having a diameter greater than fifteen centimeters, for the planting of Teca trees in a forest area of approximately 2,33 hectares, without authorization from the State Forestry Administration, on the property identified by cadastral plan P-892505-90.

More precisely, the judgment avoided any substantive analysis to determine whether the evidence admitted at trial was sufficient to establish that the act had occurred and to rule on restoring matters to their original state. Second, it fails to explain why it was essential to bring the registered owner of the disputed property into the proceedings, considering that, in the case of an environmental offense in a privately owned forested area, such owner lacks standing to oppose restoration of the forest to its condition prior to the act. Third, it is not true that the evidence received at trial failed to identify the owner of the property at issue. Rather, the ruling is contradictory on this point because, in its analysis of the merits, it determined that, according to the evidence offered by the defense, consisting of a registry report, the owner of the property identified by cadastral plan P-892505-90 was a woman named [Nombre2] (cf. timestamp 00:06:00 onward), as corroborated on the reverse of folio 166 of the case file.

In summary, the judgment’s denial of the PGR’s request to restore matters to their original state is defective for lack of reasoning, since, in a forestry offense such as the one at issue here, it was irrelevant that the property in question was registered in the name of a third party and that such party had not been given notice of the proceedings, because that party has no right to oppose restoration of the forest to its original state. Additionally, the judgment failed to analyze whether the evidence presented made it possible to establish the occurrence of the act that caused the environmental damage: a change in land use through the illegal clearing of forest to plant teak trees, an essential prerequisite for deciding the disputed issue, which prevents this Court from correcting the matter in controversy at this stage. Consequently, pursuant to Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the claim is granted, the judgment is partially annulled, and the case is remanded to the court of origin so that, before a differently constituted panel and after hearing the parties, it may issue a final ruling concerning the restoration of matters to the condition they were in before the act.

The foregoing is without prejudice to affording the registered owner of the land identified by cadastral plan P-892505-90 an opportunity to be heard for a more complete adjudication of the matter. In all other respects, the judgment remains undisturbed.

THEREFORE:

The appeal filed by the Procuraduría General de la República is granted. The judgment is partially vacated, and the case is remanded to the court of origin so that, with a differently constituted panel and after hearing the parties, it may issue a final ruling regarding the restoration of things to the condition they were in before the act. The foregoing is without prejudice to affording the registered owner of the land identified by cadastral plan P-892505-90 an opportunity to be heard, to ensure more complete consideration of the matter. In all other respects, the judgment remains undisturbed. Let notice be given.

Francisco Lemus Víquez Adriana Escalante Moncada José Asdrúbal Quirós Pereira Appellate Judges Against: [Nombre1] Offense: Land-use change (cambio del uso del suelo) To the detriment of: Natural resources [Nombre3]

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PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...]@ Fax: 24569029 __________________________________________________________________________________________ Res: 2020-00686 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las catorce horas cincuenta minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte.

RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , costarricense, documento de identidad número CED1, por el delito de CAMBIO DE USO DEL SUELO en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Francisco Lemus Víquez, José Asdrúbal Quirós Pereira y Adriana Escalante Moncada. Se apersonan en apelación de sentencia, el Procurador Penal Andrés Alfaro Ramírez y los licenciados Xinia Campos Campos y Primo Ramón Chacón Barquero, ambos en calidad de defensores particular del imputado [Nombre1] .

RESULTANDO:

  1. 1Que mediante sentencia oral número 318-P-2019 de las trece horas quince minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal de Juicio de Puntarenas, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1,30,45, y art 61 de la ley forestal, 360,361,363,364,365, y 366 del Código Procesal Penal. Este Tribunal Unipersonal Absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre1] , por el delito de CAMBIO DE USO DE SUELO en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Se resuelve este asunto sin especial condena en costas, son los gastos del proceso a cargo del Estado. Se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria interpuesta por el Ministerio Publico. Se rechaza la medida cautelar solicitada por el Ministerio Publico y la Procuraduría General de la República. Una vez firme la sentencia sáquese del sistema. Es todo. Al ser las trece horas treinta y dos minutos del veintiocho de mayo del año en curso, finaliza la presente sentencia. Quedan notificadas las partes, así como el imputado. (Fs) Licda. Nancy Fernández Rodríguez. Se hace constar que el presente asunto quedó debidamente grabado en audio y video en la Sala de Juicios N° 8 de Puntarenas y quedó registrada bajo el número de expediente 15-200128-0591-PE . Es todo. Fs) Diego Delgadillo Garcia , Técnico Judicial".
  2. 2Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, interpuso recurso de apelación de sentencia.
  3. 3Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso.
  4. 4Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Lemus Víquez; y,

CONSIDERANDO:

I.El Procurador Penal, Andrés Alfaro Ramírez, interpone recurso de apelación de sentencia contra la resolución número 318-P-2019, dictada por el Tribunal de Puntarenas.

II.En un único motivo, alega falta de fundamentación respecto de la solicitud de restitución de cosas al estado anterior, por infracción a los arts. 140 y 142 del Código Procesal Penal. Señala que en este asunto la sentencia absolvió al imputado, en aplicación del principio in dubio pro reo, tal y como lo solicitó la Fiscalía y dicha representación. Si embargo, menciona que la Procuraduría, en su condición de representante judicial del Estado-Víctima y protector de los recursos naturales, solicitó de forma fundada al Tribunal de instancia que ordenara la restitución de las cosas al estado anterior, por cuanto en sentencia se tuvo por acreditado que durante el mes de diciembre de 2014, en la propiedad con plano catastrado P-892505-90, ubicada en [Dirección1] , se realizaron labores de socola y tala de 568 árboles de diferentes especies y con diámetros superiores a los 15 centímetros, los cuales se encontraban ubicados en un área de bosque, que luego de haber realizado dicha tala, se procedió a plantar en el sitio talado, árboles de teca, lo que constituye un cambio de uso de suelo.

Agrega que, en conclusiones de debate, argumentó que la restitución de las cosas al estado anterior podía darse aun y cuando se estuviera solicitando y dictando la absolutoria del imputado, debiendo soportarla el propietario del inmueble afectado. No obstante, aduce, el fallo en cuestión se limitó a explicar la absolutoria del endilgado y sobre la petición referida simplemente indicó: “Se rechaza la solicitud presentada por la Procuraduría acerca de la restitución de las cosas a su estado anterior, indicando la Juzgadora que no se cuenta con los suficientes elementos para interponerla, y además que no se trajo al proceso penal el propietario registral del bien inmueble afectado.” Sobre esta justificación de la juzgadora, indica que el nombre y calidades de la dueña registral del inmueble, fue un aspecto que se supo hasta en el contradictorio, y es por eso, que no se trajo al proceso con anterioridad.

Sostiene que no comparte lo resuelto por la A quo, toda vez que la restitución de las cosas a su estado anterior debe ordenarse, por comprobarse que estaban plantados árboles de la especie de teca en un área de bosque. Cuestiona que la sentencia no explica por qué a pesar de que reconoce la existencia de las plantaciones en un sitio de bosque, es decir, que existió un delito, se rechazaba la solicitud de restitución de cosas al estado anterior. En apoyo, cita un extracto del voto 2010-341, emitido por el antiguo Tribunal de Casación Penal. Asimismo, sobre la procedencia del derribo de obras ubicadas dentro de áreas de protección basadas en una solicitud de restitución de las cosas al estado anterior, invoca en apoyo el voto 199-2014, emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón, y el voto 2014-292, emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago.

Afirma que acorde con estos pronunciamientos, la falta de notificación al propietario registral de un fundo sobre un proceso judicial relacionado con un ilícito cometido dentro de ese inmueble no constituye impedimento alguno para el dictado de la orden de restitución de las cosas a su estado anterior, contrario a lo que se resolvió en el fallo apelado. En cuanto al agravio, manifiesta que la resolución recurrida violenta el deber de fundamentación jurídica y de análisis de la prueba, afectándose el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva del ambiente, toda vez que se rechaza de manera infundada la solicitud planteada por la PGR, consistente en la restitución de cosas al estado anterior, por lo que se incurre en la violación de los arts. 39, 41 y 50 de la Constitución Política, sobre el principio del debido proceso legal y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrada.

Solicita se declare con lugar el recurso, y se declare la ineficacia de la sentencia y el debate que le dio origen, únicamente sobre el rechazo de la restitución de cosas al estado anterior, y se ordene el reenvío para una nueva sustanciación, o bien, por economía procesal, se ordene la restitución de las cosas a su estado anterior, disponiéndose la eliminación de los árboles de la especie de teca cultivados en zona de bosque. Se declara con lugar el motivo, por lo que se dirá. En lo medular, la inconformidad del impugnante gravita en que el fallo de instancia incurrió en un vicio de falta de fundamentación respecto del rechazo de su petición para que se restituyeran las cosas al estado que tenían antes del hecho. Para la solución del caso, es importante adelantar que, sobre la restitución de las cosas a su estado original en materia penal ambiental, la jurisprudencia patria ha establecido: «El tema en cuestión ya ha sido objeto de pronunciamientos por esta Cámara, entre otros en las sentencias No. 193-02, de las 9:00 horas, del 8 de marzo del 2002 y No. 450-03, de las 8:48 horas, del 22 de mayo del 2003.

En el último fallo se dispuso sobre el particular: "Independientemente de la pena principal o accesoria que establece cada tipo penal para la conducta delictiva, la comisión del delito conlleva una serie de consecuencias civiles, tal como lo establecen los artículos 103 del Código Penal, 123 y 124 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, entre ellas la restitución del objeto material del delito. Precisamente, uno de los alcances de la sentencia penal es ordenar la restitución al ofendido en el ejercicio pleno de su derecho lesionado, que tiene la naturaleza de un derecho fundamental por su regulación en el artículo 41 de la Constitución Política que establece que "Ocurriendo a las leyes, todos han encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales…" (Sentencia 346-98 de 9:30 hrs del 03-04-98 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), lo cual comprende entre otros aspectos la restitución del objeto material del delito (Sentencia 511-2000 de las 9:20 hrs. del 19-5-00 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia).

El artículo 123 de las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, en sus dos primeros párrafos establece que: "Deberá el condenado restituir al ofendido, con abono de todo deterioro o menoscabo, la cosa objeto del hecho punible, y si no pudiere hacerlo, estará obligado a satisfacer su valor conforme a estimación pericial referida a la fecha de la infracción. Si tal estimación no fuese posible hacerla por haber sido destruida o haber desaparecido la cosa, los jueces fijarán el valor respectivo, ateniéndose a los datos del juicio. La restitución se ordenará aun cuando la cosa se hallare en poder de un tercero, dejando a salvo los derechos que la ley civil confiere a este."; todo lo cual puede ordenarse de oficio por ser imperativa la regulación del artículo 103, 123 y 124 antes citados, y no requiere que se haya instaurado la acción civil resarcitoria, como bien lo ha establecido la jurisprudencia en el sentido que “... el reclamo de los daños y perjuicios provenientes del delito debe hacerse por medio de la acción civil resarcitoria, porque así lo condiciona la normativa procesal; sin embargo esa misma condición no existe cuando se trata de la restitución del objeto material del delito.

Ello es así, conforme lo ha interpretado anteriormente esta misma Sala, porque la restitución no constituye una forma de indemnización en sentido estricto." (Sentencia Nº 52-F 10:35 hrs. 31 enero 1990 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, reiterado en Voto # 604-F-91, de 9:25 horas del 7 de noviembre de 1.991 y en Sentencia 511-2000 de 9:20 hrs. del 19-5-2000). El derecho al medio ambiente, calificado como un derecho humano de la tercera generación, ha sido reconocido en Costa Rica como un derecho fundamental, pues el artículo 50 de la Constitución Política cuando dispone que: " Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado ." y le otorga a los particulares y al Estado el derecho y el deber de garantizar y defender ese derecho en nombre de todos los habitantes, por lo que la comisión del delito convierte a la colectividad en víctima u ofendida con el hecho y desde esa perspectiva adquiere el derecho a la reparación del daño causado.

Tratándose de un delito de Infracción a la Ley de Uso y Conservación de Suelos ( No. 7779 de 309 abril de 1998) el artículo 52 de dicha ley establece que: "Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar los daños causados al ambiente.", de donde se deriva una regulación específica que obliga al infractor a indemnizar los daños y perjuicios o a reparar los daños causados. Desde la perspectiva procesal, el artículo 140 y 466 del Código Procesal Penal obligan al Juez a disponer la restitución de las cosas al estado anterior al delito, lo cual omite el fallo recurrido como bien lo apunta la Procuraduría en su gestión, por lo que establecido en la sentencia la autoría del hecho por parte del imputado y la lesión al medio ambiente por la apertura de un camino en el bosque hasta el río, es procedente ordenar la restitución del área afectada al estado anterior al hecho, a fin de que el infractor no derive provecho de la ilicitud realizada y se logre restaurar el medio ambiente alterado con su acción en pro de la tutela de los intereses de la colectividad.

En sentido similar ha resuelto este Tribunal lo siguiente: "En cuanto a la condición impuesta en sí, esta corte de casación la encuentra racional y proporcionada a los hechos generadores de la condena penal. Obsérvese que el § 28 de la Constitución Política establece la imposibilidad de intervención legal ante acciones privadas que no causen daño, de donde deriva que el límite de la reacción estatal viene marcado por la magnitud o gravedad de la lesión o peligro causados. En el presente caso, en que el daño es el cambio del uso del suelo del bosque para dedicarlo a agricultura, la reacción estatal tiene su límite en la reparación del daño, que de todas formas no se completará en los tres años de ejecución condicional de la pena, puesto que el bosque es producto de años y años de nacimiento, desarrollo y muerte de muchos seres vegetales y animales; sin embargo, la exclusión de los cultivos y de todo elemento con que se ha sustituido el bosque, así como el restablecimiento de especies vegetales en la medida adecuada para regenerar lo destruido, son un principio para la reparación que en algunos años se alcanzará.

Debe quedar claro que la protección del suelo de los bosques consagrada en los §§ 2, 6, 10.c, 19 y 38.f de la Ley Forestal, 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad, no termina o se suspende cuando por actos de seres humanos (incendios provocados, talas ilegales, etc.) o por hechos de la naturaleza (inundaciones, terremotos, incendios, etc.) el bosque viene a menos; antes por el contrario, ante esas situaciones se impone al Estado mayor agresividad en la recuperación y conservación del bosque. Pensar que el deber de protección del suelo forestal y de otros elementos del bosque termina por cualquiera de los hechos indicados, se traduciría en la promoción de actividades ilícitas lesivas del medio ambiente, para sustituir la ecología por explotaciones agrícolas o de otra naturaleza, con lo que no habría protección verdadera; es decir, el espacio ocupado por los bosques es irreductible por esas vías (principio de irreductibilidad del bosque).

De este modo, cualquiera que lesione el bosque con tala o incendios con el propósito de cambiar el destino del terreno, o cualquiera que pretenda obtener provecho de desastres naturales que dañen el suelo forestal, debe comprender que no hay forma posible de cambiar el destino del suelo, y que el Estado hará cuanto sea para recuperar el bosque. Esto es, en el caso de autos deben desaparecer la actividad agrícola del lugar donde corresponde regenerar el bosque, ya sea que lo haga el condenado en cumplimiento de la cláusula por la que se le otorga casi como incentivo el beneficio de ejecución condicional de la pena, ya sea por la acción del Estado; los funcionarios responsables de la ejecución verán por la eficacia del fallo de mérito. No hay desproporción o abuso en la condición impuesta por el juzgador. Esta forma de resolver por parte del juez de juicio, reafirma el valor normativo de laConstitución Política, que en sus §§ 50 y 74 garantizan a la humanidad entera, con carácter de irrenunciable, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Amén de lo anterior, la disposición judicial en este caso guarda identidad con la disposición legislativa adoptada en § 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779 de 30 de abril de 1.998…" (Sentencia 2003-0366, de 11:54 hrs. del 5 de mayo del 2003 con redacción del Juez Dall'anese Ruiz. Este criterio fue reiterado en sentencia 2003-396). Referido al caso que nos ocupa, la sentencia no contempló la restitución de las cosas al estado anterior como ordena la normativa citada, no obstante, por provenir el fallo de un procedimiento abreviado y por ser la restitución una consecuencia directa de la comisión del delito y no requerir acción civil, lo propio es acoger el recurso de casación planteado y resolver en esta sede disponiendo la restitución del área de bosque afectada a su estado anterior a los hechos. Por tratarse de la construcción de una trocha o camino en la montaña, que implicó infracción a varias normas, no presenta las mismas características que en casos de levantamiento de una infraestructura en que ordenar la demolición constituye una solución, por ello no se observa viable la destrucción del camino; de igual forma no resulta atinente imponer el pago de los daños y perjuicios, toda vez que ello siempre permitiría el uso del camino a cambio del pago con provecho al infractor, por lo que la restitución en este caso debe orientarse hacia la conservación del área de bosque y en atención a ello se dispone el cierre del camino y se prohíbe el uso en cualquiera de las formas posibles y se ordena la restitución del bosque mediante la siembra de especies propias para tal fin, cuyo cumplimiento podrá vigilarse por las autoridades administrativas o de ejecución".

En el caso en estudio quedó demostrado que se invadió un área de protección, mediante la construcción de una serie de obras, que deben ser derribadas o destruidas en aras de mantener el equilibrio de la naturaleza. No se requiere la comisión de un hecho delictivo para que los tribunales, aún de oficio, decreten la restitución de las cosas al estado anterior a su modificación. Nótese que el propio artículo 103 del Código Penal únicamente exige un hecho punible, cuyos alcances se limitan a un injusto penal. En esta causa se acreditó la existencia del injusto, pues la acción de ordenar las construcciones, cuyo derribo ahora se acuerda, resultaban violatorias de la Ley Forestal. Además, no había una norma que autorizara dichas acciones, con lo cual la acción también resultaba antijurídica. De tal forma que era obligación del juzgador ordenar el derribo o destrucción de la serie de obras que se mencionan en el fallo, pues estas fueron construidas en un área de protección.

Consecuentemente, no es atendible el reproche formulado.» (cf. Tribunal de Casación Penal de San José, Voto 450-2003 de las 11:48 horas del 22 de mayo de 2003 y Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, Voto N° 2014-032 de las 14:57 horas del 28 de enero de 2014). Se sigue que, el Tribunal juzgador en una causa por un delito ambiental, inclusive, de oficio, debe pronunciarse en resolución fundada -condena u absolución- sobre el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo, con base en los arts. 140, 142 y 361 inciso d) del Código Procesal Penal. En caso de delitos forestales, como el que nos ocupa, también se ha analizado que los jueces penales están obligados a resolver sobre la restitución, en virtud del principio de irreductibilidad del bosque, el cual establece la necesaria reparación de los daños causados al ambiente, de manera que “...no hay opción para dejar de ordenar que los terrenos de bosque objeto del delito de cambio de uso vuelvan a ser bosque”, de conformidad con los arts. 50 y 74 de la Constitución Política; 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 2, 6, 10 inciso c), 19 y 38 inciso f) de la Ley Forestal; 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, y 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad (cf. voto 2003-0396 del antiguo Tribunal de Casación Penal de Guadalupe, de las 12:00 horas, del 08 de mayo de 2003, integrado por Dall’Anese Ruiz, Salazar Murillo y Arce Víquez).

Asimismo, la circunstancia de que eventualmente el dueño de la propiedad forestal sea un particular y no la persona imputada, eso en nada impide la restitución oficiosa del bosque al estado precedente del hecho punible, si existe base probatoria y legal para disponerlo, por tratarse de un tema de interés público en tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, la falta de audiencia en un proceso penal al titular de una propiedad forestal privada objeto de un delito ambiental, no imposibilita la restitución del bosque a su estado original, por la sencilla razón de que en tal supuesto no existe un interés legítimo de oposición, lo que iría en detrimento de la protección constitucional y legal de los recursos naturales, al tenor de los arts. 50 Constitucional; 1, 19 y concordantes de la Ley Forestal. Una posición similar, también ha sostenido el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda, en resolución número 2015-291, de las 13:50 horas, del 15 de mayo de 2015: «III. […] Debe tenerse presente que como ya lo indicó esta Cámara de Apelación, con una integración parcialmente diferente, "en Costa Rica el régimen de propiedad sobre bienes inmuebles tiene una serie de restricciones que devienen, justamente, de la regulación que ha hecho la Constitución Política, en su artículo 50, del Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado.

En tutela de ese Derecho Fundamental, el Estado costarricense ha impuesto restricciones al derecho de propiedad, así como a algunos de aquellos derechos derivados o relacionados con el mismo . Como consecuencia de lo anterior se aprecia, por ejemplo, la exclusión absoluta de ejercicio de aquel derecho patrimonial para particulares, que se hace respecto del denominado patrimonio natural del Estado, es decir, los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a nombre de dicho Estado y de las pertenecientes a las municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública; inmuebles para los cuales la propia ley declara su condición de inalienables e inembargables, e incluso estipula que se trata de bienes sobre los cuales los particulares, incluso cuando los posean, no podrán consolidar derecho alguno, verbigracia por vía de usucapión o prescripción positiva (así se infiere de la lectura sistemática de los artículos 50 de la Constitución Política, y de los numerales 13 y 14 de la Ley Forestal).

Con distinta intensidad, pero también derivadas del derecho fundamental que tutela el artículo 50 de la Ley Fundamental de la República de Costa Rica, se pueden tener como otro ejemplo las limitaciones que se imponen al régimen de la propiedad privada en terrenos con cobertura boscosa, para el cual son bien conocidas, entre otras: (1.) las prohibiciones para el cambio en el uso de suelos, (2.-) la obligatoria solicitud y concesión de permisos para cortar el bosque, y la restricción de esa acción mediante criterios de proporcionalidad, (3.-) la necesaria conformación de planes de manejo, de obligatoria aprobación previa por la Administración Forestal del Estado, si lo que se pretende un particular es aprovechar un bosque ubicado en una propiedad inmueble (artículo 19 de la Ley Forestal). Para sumar más ejemplos de limitación al derecho de propiedad sobre inmuebles se tiene, justamente, la declaratoria de áreas de protección junto a nacientes, en las riberas de los ríos, quebradas y arroyos, así como también de los lagos y embalses naturales y artificiales, así como en las áreas de recarga y en los acuíferos de los manantiales (artículo 33 de la Ley Forestal).

Para esas zonas, aún cuando estén ubicadas en terrenos de dominio particular, existen prohibiciones de aprovechamiento, de tala o eliminación de árboles y, en lo que resulta relevante para la adecuada resolución de este tema, también existe una prohibición de invadir (ergo, de construir) tanto en zonas de conservación, como en las zonas de protección indicadas (art 58 de la Ley Forestal). De esta prohibición legal puede derivarse, con certeza, que nadie podría esgrimir legítimamente un derecho con el fin de aprovechar los recursos forestales, o para invadir esos espacios ubicados en una zona de protección. Para el caso concreto en estudio, quiere decir entonces que ningún tercero podría verse afectado en sus derechos legítimos mediante una orden de derribo dictada en virtud del delito juzgado en autos, por la razón de que, irrefutablemente, en aquellas zona de protección, dada la prohibición aludida, no existe ninguna posibilidad de reivindicación de derechos o de una expectativa de derechos legítimos, que pudiese evitar el derribo del inmueble a que se ha hecho mención." (Cfr. resolución número 2014-292, de las 11:00 horas del 10 de julio de 2014).

Con fundamento en esas mismas consideraciones, no puede ningún tercero alegar un derecho legítimo para impedir u obstaculizar que dichas áreas sean restauradas, en razón del régimen de restricción legal del derecho de propiedad.» En la sentencia bajo estudio, esta Cámara verifica que la Jueza de mérito dictó una absolutoria por in dubio pro a favor del acusado. Respecto de la solicitud de la PGR para que se ordenara la restitución de las cosas al estado que tenían antes del hecho, resolvió que lo rechazaba, porque no se contaba con elementos suficientes y porque la representación del Estado no trajo ni se sabe quién es aun el propietario real del inmueble objeto del delito en cuestión (cf. archivo digital 152001280591PE-28052019011550-2_Multi--0, contador 00:11:16 en adelante). Esta argumentación es inválida. En primer término, porque no se justifica o aclara a qué se refiere con que no se contaba con elementos suficientes para ordenar la restitución.

Sobre este aspecto, se observa que la sentencia no estableció hechos probados de relevancia, solo que el acusado no contaba con antecedentes penales (cf. minuta visible a folio 177). Tampoco se colige del análisis probatorio que tuviera por acreditado la existencia del hecho punible de cambio de uso de suelo, en los términos descritos en la acusación (cf. folio 45 vuelto), entiéndase: la tala de 568 árboles de diez especies diferentes, cada uno con un diámetro superior a quince centímetros, para la plantación de árboles de Teca en un área de bosque de aproximadamente 2,33 hectáreas, sin contarse con autorización de la Administración Forestal del Estado, en la propiedad con plano catastrado P-892505-90. Mejor dicho, la sentencia eludió todo análisis intelectivo para determinar si la prueba incorporada al juicio era suficiente para acreditar la existencia del hecho y pronunciarse sobre la restitución de las cosas a su estado original.

En segundo término, porque no se explica cuál era la esencialidad de que se trajera al proceso al titular registral del inmueble en disputa, considerando que en caso de un delito ambiental en una zona boscosa privada no tiene legitimidad procesal de oposición para que se restablezca el bosque a su estado anterior al hecho. En tercer término, porque no es cierto que de acuerdo con la prueba recibida en el juicio se desconociera quién era el dueño de la propiedad en litigio. Más bien, en este punto, el fallo es contradictorio, porque en el análisis de fondo, determinó que, conforme a la prueba ofrecida por la defensa, consistente en un informe registral, la persona propietaria del inmueble plano catastrado P-892505-90 era una señora de nombre [Nombre2] (cf. contador 00:06:00 en adelante), lo que así se corrobora a folio 166 vuelto del expediente. En síntesis, la denegatoria del fallo de la solicitud de la PGR para que se restituyeran las cosas a su estado original, se encuentra viciada por falta de fundamentación, toda vez que en un delito forestal como el que aquí nos ocupa, era irrelevante que la propiedad en cuestión estuviera a nombre de un tercero y que a este no se le hubiera dado traslado del proceso, puesto que no le asiste derecho de oposición a que se restituya el bosque a su estado original.

Adicionalmente, la sentencia fue omisa en analizar si conforme a la prueba evacuada era posible establecer la existencia del hecho generador del daño ambiental: cambio de uso de suelo mediante tala ilegal de bosque por siembra de árboles de teca, presupuesto esencial para decidir el extremo en litigio, y que imposibilita a este Tribunal enmendar el tema objeto de controversia en esta sede. En consecuencia, de conformidad con el art. 465 del Código Procesal Penal, se declara con lugar el reclamo, se anula parcialmente el fallo y se ordena el reenvío al tribunal de origen para que, con distinta integración, y previa audiencia a las partes, resuelva en definitiva lo concerniente a la restitución de las cosas al estado que tenían antes del hecho. Lo anterior, sin perjuicio de que se de audiencia al propietario registral, del terreno con plano catastrado P-892505-90 para una mejor sustanciación del asunto. En lo demás, se mantiene incólume la sentencia.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. Se anula parcialmente el fallo y se ordena el reenvío al tribunal de origen para que, con distinta integración, y previa audiencia a las partes, resuelva en definitiva lo concerniente a la restitución de las cosas al estado que tenían antes del hecho. Lo anterior, sin perjuicio de que se de audiencia al propietario registral, del terreno con plano catastrado P-892505-90 para una mejor sustanciación del asunto. En lo demás, se mantiene incólume la sentencia. Notifíquese.

Francisco Lemus Víquez Adriana Escalante Moncada José Asdrúbal Quirós Pereira Jueces de Apelación de Sentencia Contra: [Nombre1] Delito: Cambio del uso del suelo En perjuicio de: Los recursos naturales [Nombre3]

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7779 Soil Use, Management, and Conservation Law
      • Ley 7554 Organic Environmental Law
      • Ley 7788 Biodiversity Law
      • Ley 7575 Forestry Law

      Este documento cita

      • Ley 7779 Uso, Manejo y Conservación de Suelos
      • Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente
      • Ley 7788 Ley de Biodiversidad
      • Ley 7575 Ley Forestal

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