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Res. 00075-2016 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · 19/07/2016
OutcomeResultado
The court declares the absolute nullity of subsection b) of point 2 of INCOPESCA’s agreement AJDIP/068-2013 that authorized semi-industrial trawling in the San Juanillo MPA, for lacking technical-scientific support and contravening the preventive and precautionary principles. INCOPESCA is ordered to determine, with scientific backing, the fishing methods feasible in the area, while maintaining the precautionary suspension of such activity.Se declara la nulidad absoluta del inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013 del INCOPESCA que autorizaba la pesca de arrastre semi-industrial en el AMPR de San Juanillo, por carecer de fundamentación técnico-científica y contravenir los principios preventivo y precautorio. Se ordena al INCOPESCA determinar con respaldo científico los métodos de pesca viables en la zona, manteniendo la medida cautelar de suspensión de dicha actividad.
SummaryResumen
The Contentious-Administrative Tribunal, Section V, partially annuls INCOPESCA Board of Directors’ agreement AJDIP/068-2013, which authorized semi-industrial shrimp trawling within the San Juanillo Responsible Fishing Marine Area. The ruling finds that subsection b) of point 2 of the agreement suffers from absolute nullity because it departs from the technical-scientific recommendations of the Inter-institutional Working Group and the Technical Director-General of INCOPESCA, without providing equivalent technical support. The court applies the principles of prevention, precaution, and in dubio pro natura, relying on the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries and domestic legislation, concluding that the administrative act lacks the required reasoning and contravenes the legal order by authorizing non-selective and harmful fishing methods. INCOPESCA is ordered to determine, based on scientific backing, the methods and bathymetric depths feasible for semi-industrial fishing in the MPA, while maintaining the precautionary measure suspending trawling until the judgment becomes final.El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V, anula parcialmente el acuerdo AJDIP/068-2013 de la Junta Directiva del INCOPESCA, que permitía la pesca de arrastre semi-industrial camaronera dentro del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo. La sentencia determina que el inciso b) del punto 2 de dicho acuerdo incurre en vicio de nulidad absoluta por apartarse de las recomendaciones técnico-científicas del Grupo Interinstitucional de Trabajo y del Director General Técnico del INCOPESCA, sin ofrecer fundamento técnico equivalente. El tribunal aplica los principios preventivo, precautorio e in dubio pro natura, apoyándose en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO y en legislación nacional, para concluir que el acto administrativo carece de la motivación requerida y contradice el ordenamiento jurídico al autorizar métodos de pesca no selectivos y perjudiciales para los recursos marinos. Se ordena al INCOPESCA que, con respaldo científico, determine los métodos y profundidades barimétricas viables para la pesca semi-industrial en el AMPR, manteniendo vigente la medida cautelar que suspende la pesca de arrastre hasta la firmeza del fallo.
Key excerptExtracto clave
IV. REGARDING THE LACK OF TECHNICAL BASIS OF THE CHALLENGED FORMAL CONDUCT. This Tribunal considers that subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, adopted by the Board of Directors of INCOPESCA at ordinary session number 10-2013 held on February 15, 2013, suffers from a defect of absolute nullity, for the reasons set forth below: a) While it is true that the establishment of an AMPR does not per se imply the exclusion of the various fishing sectors (article 6 of Executive Decree number 35502-MAG), it is also true that allowing the use of methods, gear or forms of fishing that, from a scientific and technical perspective, lead to a deterioration of marine resources and thereby prevent access to sustainable development – in this case to the detriment of the community of San Juanillo and its surroundings – is contrary to the principles of prevention, reasonableness and proportionality. [...] g) For all the foregoing reasons, this Tribunal declares that subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013 [...] suffers from a defect of absolute nullity, as it is manifestly and evidently contrary to the legal order, specifically to articles 16 and 136 of the General Public Administration Law; 11 and 50 of the Biodiversity Law; 59 of the Organic Environmental Law; 1 and 2 of Executive Decree number 27919; 2, 3 and 13 of Executive Decree 35502-MAG; the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea; the Inter-American Convention for the Protection of Sea Turtles; the 1982 World Charter for Nature; the Convention on Biological Diversity; the Rio Declaration and the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, which require the adoption of selective fishing techniques, the conservation of marine resources and ecosystems, prohibit overexploitation, and impose the application of principles, techniques and fishing and trade practices consistent with resource sustainability and the precautionary and preventive principles of Environmental Law.IV.- RESPECTO A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA CONDUCTA FORMAL IMPUGNADA. Este Tribunal considera que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado por la Junta Directiva del INCOPESCA, en sesión ordinaria número 10-2013 celebrada el 15 de febrero del 2013, adolece de un vicio de nulidad absoluta, por las razones que de seguido se exponen: a) Si bien es cierto, la constitución de una AMPR no implica per se la exclusión de los diversos sectores pesqueros (artículo 6 del Decreto Ejecutivo número 35502-MAG); también lo es, que resulta contrario a los principios preventivo, de razonabilidad y proporcionalidad, que se permita el uso de métodos, artes o formas de pesca que impliquen desde un punto de vista de la ciencia y de la técnica, una desmejora en los recursos marinos y por ende, en la imposibilidad de acceder a un desarrollo sustentable –en este caso- en perjuicio de la comunidad de San Juanillo y sus alrededores. [...] g) Por todo lo expuesto, este Tribunal declara que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013 [...] adolece de un vicio de nulidad absoluta, por resultar manifiesta y evidentemente contrario al ordenamiento jurídico, específicamente, a lo dispuesto en los artículos 16 y 136 de la Ley General de la Administración Pública; 11 y 50 de la Ley de Biodiversidad; 59 de la Ley Orgánica del Ambiente; 1 y 2 del Decreto Ejecutivo número 27919; 2, 3 y 13 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG; a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar de 1982; la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas; la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; la Convención sobre Diversidad Biológica; la Declaración de Río y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, que exigen la adopción de técnicas de pesca selectivas, la conservación del recurso y ecosistemas marinos, que prohíben la sobreexplotación e imponen la aplicación de principios, de técnicas y prácticas de pesca y comerciales acordes con la sostenibilidad de recurso y los principios precautorio y preventivo propios del Derecho Ambiental.
Pull quotesCitas destacadas
"El elemento motivación dista de ser una consideración meramente formal; por el contrario, constituye un elemento infranqueable de la conducta pública, en la medida que permite la comprensión de las razones en las que se basa la decisión."
"The element of reasoning is far from being a merely formal consideration; on the contrary, it constitutes an insurmountable element of public conduct, insofar as it allows understanding of the reasons on which the decision is based."
Considerando III
"El elemento motivación dista de ser una consideración meramente formal; por el contrario, constituye un elemento infranqueable de la conducta pública, en la medida que permite la comprensión de las razones en las que se basa la decisión."
Considerando III
"afirmar lo contrario, no sólo contradice abiertamente lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG, sino que además, implica –tal y como sucedió en este caso- apartarse de una recomendación sustentada en las reglas de la ciencia y de la técnica, sin un fundamento de la misma naturaleza que las desvirtúe."
"to affirm the contrary not only openly contradicts provisions of articles 2 and 3 of Executive Decree 35502-MAG but also implies — as happened in this case — departing from a recommendation supported by rules of science and technology without a basis of the same nature to refute it."
Considerando IV
"afirmar lo contrario, no sólo contradice abiertamente lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG, sino que además, implica –tal y como sucedió en este caso- apartarse de una recomendación sustentada en las reglas de la ciencia y de la técnica, sin un fundamento de la misma naturaleza que las desvirtúe."
Considerando IV
"resulta contrario a los principios de lógica, razonabilidad, preventivo y precautorio, que en el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, la Junta Directiva del ente demandado permitiera que dentro del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, se realizaran actividades y faenas de pesca por parte de las embarcaciones del sector pesquero semi-industrial camaronero, empleando métodos que desde un punto de vista de la ciencia y de la técnica, implican una desmejora en los recursos marinos."
"it is contrary to the principles of logic, reasonableness, prevention and precaution that in subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013 the Board of Directors of the defendant entity allowed that within the San Juanillo Responsible Fishing Marine Area, fishing activities and tasks be carried out by semi-industrial shrimp vessels, using methods that, from a scientific and technical point of view, entail a deterioration of marine resources."
Considerando IV
"resulta contrario a los principios de lógica, razonabilidad, preventivo y precautorio, que en el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, la Junta Directiva del ente demandado permitiera que dentro del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, se realizaran actividades y faenas de pesca por parte de las embarcaciones del sector pesquero semi-industrial camaronero, empleando métodos que desde un punto de vista de la ciencia y de la técnica, implican una desmejora en los recursos marinos."
Considerando IV
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It must be noted that the statement of reasons constitutes a substantive element of the administrative act, requiring the recording of the factual and/or legal matters that support the public will in the specific case. The element of reasons (motivación) is far from being a merely formal consideration; on the contrary, it constitutes an insurmountable element of public conduct, insofar as it allows for the understanding of the reasons on which the decision is based, which makes it possible, on one hand, to analyze the legality of that act in order to compare it with the legal system and weigh whether it satisfies the requirements imposed by the latter, in terms of accreditation of the grounds, legitimacy of the content, reasonableness, and proportionality between both elements. But in addition, it becomes a basic prerequisite for being able to exercise the recipient's right to appeal, given that this right could not be fully exercised if the act does not state its basis.
Now, this duty to state reasons (deber de motivación), as inferred from the aforementioned canon 136 of the General Law on Public Administration, can be satisfied directly or indirectly. In the former, the act expressly indicates the factual, technical, legal arguments, or precedents that support the will. In the latter (subsection 2 of the cited numeral), the act refers to proposals, opinions (dictámenes), or prior resolutions that have actually determined its adoption, provided that a copy is attached at the time of notification. A deficiency in this element entails a nullity defect that may result in the suppression of the conduct. The statement of reasons (motivación), despite the wording of the first subsection of the aforementioned numeral 136 of the previously referenced General Law, cannot be understood as a simple exposition of facts, or a simplistic and isolated mention of legal norms deemed pertinent to the case, nor the mere transcription of criteria without accompanying a detail of the reasons for which they are adopted.
The relevance of this requirement implies an analysis that allows linking the factual and legal aspects relevant to the matter being examined (doctrine of Article 132.1 LGAP), ergo, it supposes, as a principle thesis, a determination of the relevant facts for the decision (guided by the principle of real truth -214, 308 ibidem-) and the examination of the appropriateness or inappropriateness of a certain effect, in light of the legal norms relevant to the case. This requires an assessment of the implications of the determined factual aspects within the framework of the applicable law, an assessment that must be made explicit in the act, whether directly or reflexively, in order to express the reasoning that guided the administrative will. Therefore, it is not enough to conclude on the inappropriateness of a particular request; the factual and legal causes of that result must be set forth.
In matters where the conditioned effect is subject to the fulfillment of certain requirements previously established by some formal source, the statement of reasons (motivación) necessarily implies the clear mention of the reasons why it has been concluded that they have not been satisfied, as a backing premise for that result. The opposite would make it possible to reject requests based on assertions that, apart from their foundation, find no justification in the act itself, making it impossible to understand those causes and to appeal them [...]."
This Tribunal finds that subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, adopted by the Board of Directors of INCOPESCA, in ordinary session number 10-2013 held on February 15, 2013, suffers from a defect of absolute nullity, for the reasons set forth below: a) While it is true that the constitution of an AMPR does not imply per se the exclusion of the various fishing sectors (Article 6 of Decreto Ejecutivo number 35502-MAG); it is also true that it is contrary to the principles of prevention, reasonableness, and proportionality to permit the use of methods, gear, or forms of fishing that imply, from a scientific and technical standpoint, a degradation of marine resources and, therefore, the impossibility of achieving sustainable development—in this case—to the detriment of the community of San Juanillo and its surroundings. In this sense, the Code of Conduct for Responsible Fisheries of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) establishes the need not to use non-selective fishing methods, gear, or practices that involve the indiscriminate trawling and discarding of various marine species, an instrument that has been incorporated into our domestic legal system through various sources of law, for example: Decreto Ejecutivo number N° 27919, in force since June 14, 1999; Law 8436, in force since April 25, 2005; or judgment 2013-10540 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 3:50 p.m. on August 7, 2013; b) By reason of the foregoing, it is not appropriate to state that the proposal submitted by the Inter-institutional Working Group for the AMPR of San Juanillo (folios 1 to 23 of the judicial file; 94 to 70 of the administrative file) lacked a technical foundation, since precisely, and among other sources, it is based on the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, which establishes the need to improve and apply selective and environmentally safe fishing gear and practices in order to maintain biodiversity and conserve the structure of populations, aquatic ecosystems, and the quality of fish (Articles 6, subsections 5 and 6; 7, subsection 2, sub-subsection 2; 8, subsection 5, sub-subsection 1); an aspect that not only emerges from the proposed Fisheries Management Plan (Plan de Ordenamiento Pesquero) for San Juanillo itself (folios 94 to 70 of the administrative file; 1 to 23 of the judicial file), but also from the very witness statement given at trial by Ricardo Gutiérrez Vargas, Coordinator of the Inter-institutional Working Group for the AMPR of San Juanillo.
Consequently, and without prejudice to the opinion that the Technical Director General of INCOPESCA might render, in order to reconcile the interests of the different fishing sectors, as emerges from agreements AJDIP-405-2012 of ordinary session 50-2012 of September 7, 2012, and AJDIP/494-2012 of ordinary session 63-2012 of December 14, 2012, adopted by the Board of Directors of INCOPESCA (folios 163 and 162, 188 to 186 of the administrative file), it is not appropriate to claim that the technical recommendations proposed in the Fisheries Management Plan (Plan de Ordenamiento Pesquero) to establish the AMPR of San Juanillo lacked that character, since in accordance with the provisions of Articles 2 and 3 of Decreto Ejecutivo 35502-MAG, the discussion basis that the Board of Directors of INCOPESCA has to determine the viability of establishing a responsible fishing marine area and to issue the Fisheries Management Plan (Plan de Ordenamiento Pesquero) for that zone is precisely that document, together with what the Technical Director General of INCOPESCA may also contribute (folio 34 of the judicial file; 163 and 162 of the administrative file).
To assert the contrary not only openly contradicts the provisions of numerals 2 and 3 of Decreto Ejecutivo 35502-MAG, but also implies—as happened in this case—departing from a recommendation supported by the rules of science and technique, without a foundation of the same nature to refute it, which is contrary to the provisions of Articles 50 of the Biodiversity Law and 59 of the Organic Environmental Law, in the sense that human activities, especially those related to human settlements, agriculture, tourism, industry, or others that may affect vital ecological processes, must conform to the technical-scientific standards issued by the competent public entities; c) It is true that, in principle, it could be argued that in accordance with the provisions of subsection 1) of Article 159 of the General Law on Public Administration, a defect of absolute nullity occurred in the challenged formal conduct, given that at the time said act was issued—specifically subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013—the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice had not yet declared contrary to Constitutional Law Articles 2, subsection 27, point d); 43, subsection d); and 47, subsections a) and b) of Law 8436 of March 1, 2005, insofar as they recognized shrimp trawling as a lawful fishing gear, which explains why the challenged agreement states that fishing activities and operations will be permitted within the defined Marine Area for vessels of the semi-industrial shrimp fishing sector, using legally permitted fishing gear.
Notwithstanding the foregoing, it is also true that since June 14, 1999, Decreto Ejecutivo number 27919 has been in force—which responds to the provisions of numeral 6 of the Political Constitution—in which it was established "...the official application by the Costa Rican State of the Code of Conduct for Responsible Fisheries, approved by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Rome, Italy, on October 31, 1995, as an instrument of responsible practices with a view to ensuring the conservation, management, and effective development of aquatic resources...", with INCOPESCA being the "...entity responsible for monitoring and applying the provisions contained in the (sic) Code in Costa Rican fishing activity, and must provide and facilitate its dissemination and knowledge through suitable mechanisms to the national fishing sector, for which the Public Institutions of the country must provide due collaboration, within their respective fields of competence...".
In addition to the fact that Law 8436 itself, since its original version published in La Gaceta number 78 of April 25, 2005—and in force since that date—establishes in subsections j) and k) of Article 38 that the use of gillnets and pelagic high-seas trawl nets is prohibited, as well as any practice that threatens the sustainability of the fishery resource, which is complemented by the technical standards contained in the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, whose official application by the Costa Rican State has been in force since June 14, 1999. d) In this regard, it is important to highlight that it is the responsibility of INCOPESCA, in the exercise of the powers conferred by Articles 12 and 38 of Law 8436, as the executing authority of that same legal body and the Fisheries and Aquaculture Development Plan, to determine the prohibited methods, techniques, equipment, and fishing gear, in order to guarantee, defend, and preserve marine biodiversity, fishery resources, and sustainable development.
Therefore, it is contrary to the principles of logic, reasonableness, prevention, and precaution that in subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, the Board of Directors of the defendant entity permitted that within the Responsible Fishing Marine Area of San Juanillo, fishing activities and operations be carried out by vessels of the semi-industrial shrimp fishing sector, using methods that from a scientific and technical standpoint imply a degradation of marine resources and, therefore, an obstacle to achieving sustainable development for the community of San Juanillo and its surroundings, despite having national and international technical inputs contained in conventional, legal, and regulatory norms, to at least implement protective measures that would help to partially minimize the problems of lack of selectivity of the trawling fishing method, as recommended by the Technical Director General of INCOPESCA in official communication DGT-A-180-10-2012 of October 25, 2012, by stating: "...Regarding trawl fishing, I consider as a recommendation that it could be permitted beyond the bathymetric line of 15 meters depth, as long as they use a TED type fish-eye device in the upper part of the codend with two floats..." (folio 232 of the administrative file and witness statement given at trial by Antonio Porras Porras).
Consequently, there already existed in the Costa Rican legal system technical standards that imposed on INCOPESCA, as the executor of Law 8436 and the Fisheries and Aquaculture Development Plan (Article 12 of that same normative body), the duty to establish not only which fishing methods, gear, or practices were not contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, but also to take whatever measures were necessary to protect marine resources and the right to sustainable development of the communities dedicated to fishing and the exploitation of marine resources. And not, as in this case, where the objectives pursued with the creation of the AMPR of San Juanillo become nugatory due to the provisions of subsection b) of point 2 of the challenged agreement. e) In addition to the above, the technical reasons are also not apparent for which the Board of Directors of INCOPESCA departs both from the technical recommendations issued by the Interdisciplinary Working Group for the AMPR of San Juanillo (folios 5 to 2 of the administrative file) and from those contained in official communication DGT-A-180-10-2012 of October 25, 2012, signed by the Technical Director General of INCOPESCA (folios 233 and 232 of the administrative file), regarding the depth at which boats from the semi-industrial shrimp sector could fish, since it is merely established that the "...operations that may be carried out starting from a measured bathymetric depth of 60 meters from the coastline, beginning at coordinates 09º59´00´´ north latitude, 85º45´50´´ west longitude and from there in an imaginary straight line parallel to the coast in a northwest direction, ending at a depth of 75 meters, in accordance with the Official Nautical Chart of Costa Rica..." (folios 215 of the administrative file and 25 of the judicial file).
In this sense, it is worth highlighting that the Inter-institutional Working Group of the AMPR of San Juanillo stated, by means of a communication filed with INCOPESCA on August 28, 2012, in response to the provisions of agreement number AJDIP-352-2012 adopted by the Board of Directors of that entity in ordinary session number 41-2012 of July 19, 2012, that "...trawling from 40 meters onwards would mean the capture not only of shrimp, but mainly of snappers, carillas, and conger eels, which are the target species of artisanal fishers and which, due to their vital ecological and economic importance for them, are protected through the Fisheries Management Plan (Plan de Ordenamiento Pesquero) prepared for the responsible fishing marine area and which includes a total of 5 nautical miles from the coast and not up to the average 0.74 nautical miles that the shrimp trawlers' proposal would mean (Annex I).
It must be remembered that according to current regulations, based on scientific studies, in Guanacaste, the mesh size dimensions for trammel nets may not be less than 4.5 inches, therefore, it is contradictory to permit semi-industrial trawling that uses 1 ¼ inch mesh size in its nets, even more so in a zone proposed as a responsible fishing area where the artisanal fishers themselves are willing to use mesh sizes of up to 5 1/8 inches..." (folios 5 to 1, 45, 144, and 143 of the administrative file and witness statement given at trial by Ricardo Gutiérrez Vargas). For his part, the Technical Director General of INCOPESCA himself stated that "...Regarding trawl fishing, I consider as a recommendation that it could be permitted beyond the bathymetric line of 15 meters depth, as long as they use a TED type fish-eye device in the upper part of the codend with two floats...", given that the 15-meter bathymetry had already been applied with great success in other responsible fishing marine areas, such as Tárcoles, a provision which, according to his testimony, promotes the capture and subsequent commercialization of white shrimp (folio 232 of the administrative file and witness statement given at trial by Antonio Porras Porras); f) This situation is aggravated because, in evident contravention of the principles of prevention, precaution, in dubio pro natura, and environmental public interest (Article 11 of the Biodiversity Law), the Board of Directors of INCOPESCA established in subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, that "...for the purpose of determining the impact on the fisheries in the area, an initial investigation will be established for a period of one year from the present, which will allow for measuring, quantifying, and establishing the impacts and the recovery of hydrobiological resources, as well as the management measures that can be implemented, improved, or modified..." (folios 215 of the administrative file and 25 of the judicial file).
In this sense, while it is true that numeral 13 of Decreto Ejecutivo number 35502-MAG establishes that a Monitoring Commission will oversee the proper management of the Marine Area for Responsible Fishing and will keep the Executive Presidency of INCOPESCA informed through at least semi-annual reports; it is also true that the provisions of the previously cited portion of subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013 do not respond to a supervisory and verification task based on technical rules issued by the competent public entities—in this case, INCOPESCA—for the maintenance of vital ecological processes within and outside the responsible fishing marine areas, since it does not even suggest the possibility of applying protective measures that would help partially minimize the problems of lack of selectivity of the trawling fishing method, such as the fish-eye device or the turtle excluder device. g) For all the reasons set forth, this Tribunal declares that subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, adopted in ordinary session number 10-2013 held by the Board of Directors of INCOPESCA on February 15, 2013, suffers from a defect of absolute nullity, for being manifestly and evidently contrary to the legal system, specifically, to the provisions of Articles 16 and 136 of the General Law on Public Administration; 11 and 50 of the Biodiversity Law; 59 of the Organic Environmental Law; 1 and 2 of Decreto Ejecutivo number 27919; 2, 3, and 13 of Decreto Ejecutivo 35502-MAG; the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea; the Inter-American Convention for the Protection of Sea Turtles; the 1982 World Charter for Nature; the Convention on Biological Diversity; the Rio Declaration; and the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, which require the adoption of selective fishing techniques and the conservation of marine resources and ecosystems, prohibit overexploitation, and impose the application of principles, fishing techniques, and commercial practices consistent with the sustainability of the resource and the precautionary and preventive principles inherent to Environmental Law.
The foregoing is without prejudice to the provisions of the operative part (Por Tanto) of judgment number 2013-10540 issued by the Constitutional Chamber, in the sense that "...In consideration of rights acquired in good faith, the valid permits, authorizations, and licenses will retain their validity and effectiveness until the expiration of the term granted to each of them, provided that the holders thereof carry out the activity in absolute compliance with the legal system that is enacted on the matter and conditioned on their adoption, if scientifically possible, of the most environmentally friendly technologies under the supervision of INCOPESCA; once the validity period has expired, they may not be extended...". For the reasons giving rise to the declaration of partial absolute nullity of the aforementioned agreement, a ruling is omitted on the other arguments on which the plaintiff bases their claim for nullity and non-conformity with the legal system.
Vo.- REGARDING CLAIMS 3 AND 4 OF THE COMPLAINT, AND THE SCOPE OF JUDGMENT NUMBER 2013-10540 OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER IN THE SPECIFIC CASE. Firstly, it should be noted that by majority vote, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, through judgment number 2013-10540 of three fifty p.m. on August seventh, two thousand thirteen, considered—in what is relevant—that: "...Consequently, shrimp trawling, as long as there are no (sic) devices for the reduction of incidental catch (Bycatch Reduction Devices) that significantly reduce incidental catch (not all have the same effectiveness and it is not enough with those that save turtles), is contrary to the principles enshrined in international instruments on marine resources, applicable in our environment directly under the provisions of Article 6 as already stated, without prejudice to the supplementary and subsidiary application of Article 7 of the Constitution.
Indeed, in accordance with the provisions of Article 6 of our Magna Carta, the principles of International Law are applied directly, such that Articles 2 subsection 27 point d), 43 subsection d), and 47 subsections a) and b) of Law 8436 of March 1, 2005, insofar as it recognizes shrimp trawling as a lawful fishing gear, are in violation of this constitutional norm and the principles of International Law on the matter that the norm recognizes and which require the adoption of selective fishing techniques, the conservation of marine resources and ecosystems, prohibit overexploitation, and impose the application of principles of fishing techniques and commercial practices consistent with the sustainability of the resource and the precautionary and preventive principles inherent to Environmental Law...". By reason of the foregoing and in accordance with the provisions of Articles 10 of the Political Constitution; 1, 2 subsection b), and 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the plaintiffs must abide by what was decided by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in the judgment partially transcribed above, for the purposes of what is requested in claim number 3 of the complaint.
On the other hand, this Tribunal finds that claim number 4 is not appropriate, which seeks to order INCOPESCA to readjust subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013 to the provisions of point number 3.13.5 of the Fisheries Management Plan (Plan de Ordenamiento Pesquero) for the Responsible Fishing Area of San Juanillo, in the sense that "...In the entire zone and throughout the year, the use of bottom trawl nets will be prohibited; likewise, the use of purse seine nets will be prohibited. The foregoing due to the low or non-existent selectivity of these fishing gear and the consequent damage to the fishery and the economy of the artisanal fishers of the zone..." (folios 77 and 76 of the administrative file; 18 of the judicial file). This is because the Constitutional Chamber itself, in the operative part (Por Tanto) of judgment number 2013-10540 of three fifty p.m. on August seventh, two thousand thirteen, ordered: "...The foregoing does not prevent, through the corresponding legal reform, the future reinstatement of the annulled categories A and B, conditioned on express reference being made to the obligation to use devices for the reduction of incidental catch (Bycatch Reduction Devices), regarding which, prior to a legal reform and with the corresponding scientific and technological support, a significant reduction of said incidental catch is demonstrated that is compatible with democratic sustainable development.
In this regard, it must be warned that in the current state of technology, not every device of this type meets such a requirement nor has the same effectiveness...". Without prejudice to the fact that claim number 4 would imply a violation of the rights acquired in good faith that were recognized by the Constitutional Chamber in the operative part of judgment number 2013-10540, by ordering that "...In consideration of rights acquired in good faith, the valid permits, authorizations, and licenses will retain their validity and effectiveness until the expiration of the term granted to each of them, provided that the holders thereof carry out the activity in absolute compliance with the legal system that is enacted on the matter and conditioned on their adoption, if scientifically possible, of the most environmentally friendly technologies under the supervision of INCOPESCA; once the validity period has expired, they may not be extended...".
Consequently, since the Constitutional Chamber does not exclude the possibility of using trawling techniques, provided that "...a significant reduction of said incidental catch is demonstrated that is compatible with democratic sustainable development...", and since it recognizes the acquired rights of those who hold valid trawl fishing licenses, which they may continue to use until their expiration, provided they apply devices for the effective reduction of the incidental catch occurring with the trawl fishing method, this Tribunal orders the Board of Directors of INCOPESCA that it must establish, based on the corresponding technical and scientific support, the methods, gear, and practices that the semi-industrial shrimp sector could eventually use and from what bathymetric depths, within the AMPR of San Juanillo, clearly, if that is technically possible. For this purpose, a term of 1 year is granted, counted from the finality of this pronouncement, a period in which they must demonstrate every three months before the Judges of the sentence execution phase of this jurisdiction, the progress aimed at the effective fulfillment of said order.
Likewise, at the end of said 1-year term, they must submit to the Sentence Execution Judges of this Tribunal a complete report in which the specific actions adopted are accredited in detail, in order to establish if it is technically possible for the semi-industrial shrimp sector to carry out fishing operations in the AMPR of San Juanillo or not, under which techniques, and from what bathymetric depths. In any case, and in order not to render nugatory the effects of this pronouncement, it is ordered that the effects of the precautionary measure granted by the Processing Judge of the Administrative and Civil Treasury Tribunal, through resolution number 2013-002160 of 09:30 a.m. on October 9, 2013, be maintained until this judgment becomes final [...].
Vo.- Goicoechea, at ten thirty hours on the nineteenth of July, two thousand sixteen.- Ordinary proceeding filed by Nombre114292 , ID CED90401, MICHAEL JOSE RUIZ ELIZONDO, ID CED90402, Nombre114293 , ID CED90403, Nombre114294 , ID CED90404, Nombre114295 , ID CED90396- , Nombre114296 , ID CED90405, Nombre114297 , ID CED90406, Nombre114298 , residence ID CED90407, Nombre114299 , ID CED90408, Nombre114300 , ID CED90409, Nombre114301 , ID CED90397- , Nombre114302 , ID CED90398- , Nombre114303 , ID CED90399 ; represented by Nombre35104 , identity card number CED90400 , and Nombre114304 , ID CED90400 (does not include the plaintiffs Nombre114292 and Michael José Ruiz Elizondo), in their capacity as Special Judicial Attorneys-in-Fact (folios 115 and 128 of the judicial file and images 1 to 3 of the brief filed by the plaintiff party on 07-04-2016); against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA), legal entity ID number CED90410, represented by Nombre114305 , ID CED90411 and Nombre105357 , ID CED7990, in their capacity as Special Judicial Attorneys-in-Fact (folios 59 and 60 of the judicial file).
WHEREAS:
Drafted by Judge Álvarez Molina, with the affirmative vote of Judges Mena García and Campos Hidalgo; and, W H E R E A S:
Io.- PROVEN FACTS: The following facts, which are relevant to this proceeding, are deemed duly accredited:
IIo.- PURPOSE OF THE PROCEEDING. The plaintiff party maintains:
Nombre114309, based on the proposal of the group established to create a proposal for the Management Plan of the San Juanillo Responsible Fishing Marine Area. b) Considers that all fishing activity generates an environmental impact, some to a greater or lesser degree, but ultimately, environmental harm, so that if one starts from the premise of the complainants, no type of activity could be carried out, given that what is agreed is to establish a management framework among the different categories of fishing that can be carried out in the area in question. c) Points out that it is clear that the opinion of Licenciado Nombre114309 is contrary to the proposal of the Inter-institutional Working Group that prepared the proposal for the establishment of a RFMA in San Juanillo, regarding the issue of the zone for carrying out trawling and, in the end, the Board of Directors, taking into consideration all elements, but above all the principle of Sustainable Development in its ecological, economic, and social variables, determined and approved the creation of the San Juanillo RFMA, just as it stands today. d) Considers that the San Juanillo RFMA created by INCOPESCA in general complies not only with the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries but also with the Code of Conduct for Responsible Fisheries of the Central American Isthmus Countries, which are also closely related to our Political Constitution, regarding the principles applicable to our legal system for the protection and sustainable use of natural resources, including matters relating to trawling, on which the Constitutional Chamber has recently issued a ruling that directly affects the development of this fishery.
That by reason of the foregoing, requests that because Agreement AJDIP/068-2013 is in accordance with the law, it be maintained unaltered, in respect for the precautionary and preventive principles that govern our legal system.-
It must be noted that the statement of reasons constitutes a substantial element of the administrative act, which requires the recording of the factual and/or legal issues that support the public will in the specific case. The element of stating reasons is far from being a merely formal consideration; on the contrary, it constitutes an insurmountable element of public conduct, insofar as it allows for the understanding of the reasons on which the decision is based, which enables, on one hand, the analysis of the legality of that act in order to compare it with the legal system and weigh whether it satisfies the requirements imposed by it, in terms of accreditation of the motive, legitimacy of the content, reasonableness, and proportionality between both elements. But furthermore, it becomes a basic prerequisite for being able to exercise the recipient's right to appeal, given that this right could not be fully exercised if the act does not state its grounds.
Now, this duty to state reasons, according to what is inferred from the aforementioned canon 136 of the General Law of Public Administration, can be satisfied directly or indirectly. In the first, the act expressly indicates the factual, technical, legal arguments, or precedents that support the will. In the indirect (subsection 2 of the cited numeral), the act refers to proposals, opinions, or prior resolutions that have actually determined its adoption, provided that a copy is attached in the act of communication. A deficiency in this element entails a defect of nullity that may generate the suppression of the conduct. The statement of reasons, despite the wording of the first subsection of the aforementioned numeral 136 of the General Law previously referenced, cannot be understood as a simple exposition of facts, nor a simplistic and isolated mention of legal norms deemed pertinent to the case, nor the simple transcription of criteria without accompanying details of the reasons why they are adopted.
The relevance of this requirement implies an analysis that allows linking the factual and legal aspects relevant to the matter under examination (doctrine of article 132.1 LGAP), ergo, it supposes, as a principal thesis, a determination of the relevant facts for the decision (guided by the maxim of real truth -214, 308 ibid.-) and the examination of the appropriateness or inappropriateness of a given effect, in light of the legal norms relevant to the case. This requires an assessment of the implications of the factual aspects determined within the framework of the applicable law, an assessment that must be made explicit in the act, whether directly or indirectly, in order to express the reasoning that guided the administrative will. Therefore, it is not enough to conclude on the inappropriateness of a given petition; the factual and legal causes of that result must be set forth. In matters where the conditioned effect is subject to the fulfillment of certain requirements previously set by some formal source, the statement of reasons necessarily implies the clear mention of the reasons why it has been concluded that they have not been satisfied, as a supporting premise for that result. The opposite would enable rejection based on assertions that, regardless of their basis, find no justification in the act itself, making it impossible to understand said causes and to appeal them.
This Court considers that subparagraph b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, adopted by the Board of Directors of INCOPESCA, in ordinary session number 10-2013 held on February 15, 2013, suffers from a defect of absolute nullity, for the reasons set forth below: a) While it is true that the constitution of an RFMA does not per se imply the exclusion of the various fishing sectors (Article 6 of Executive Decree number 35502-MAG); it is also true that it is contrary to the preventive, reasonableness, and proportionality principles to allow the use of methods, gear, or forms of fishing that, from a scientific and technical point of view, imply a deterioration of marine resources and, therefore, the impossibility of accessing sustainable development –in this case- to the detriment of the community of San Juanillo and its surroundings. In that sense, the Code of Conduct for Responsible Fisheries of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) establishes the need not to use non-selective fishing methods, gear, or forms that involve the indiscriminate trawling and discarding of various marine species, an instrument that has been incorporated into our domestic legal system through various sources of law, such as, for example: Executive Decree number N° 27919, in force since 06-14-1999; Law 8436, in force since April 25, 2005; or ruling 2013-10540 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 3:50 p.m. on August 7, 2013; b) By reason of the foregoing, it is not appropriate to state that the proposal presented by the Inter-institutional Working Group for the San Juanillo RFMA (folios 1 to 23 of the judicial file; 94 to 70 of the administrative file) lacks technical grounds, because precisely, and among other sources, it is based on the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, which establishes the need to improve and apply selective, environmentally safe fishing gear and practices in order to maintain biodiversity and conserve the structure of populations, aquatic ecosystems, and fish quality (Articles 6, subsections 5 and 6; 7, subsection 2, sub-subsection 2; 8, subsection 5, sub-subsection 1); an aspect that not only emerges from the proposed San Juanillo Fisheries Management Plan itself (folios 94 to 70 of the administrative file; 1 to 23 of the judicial file), but also from the very testimonial statement given at trial by Nombre114307, Coordinator of the Inter-institutional Working Group for the San Juanillo RFMA.
Consequently, and without prejudice to the criteria that the Technical General Director of INCOPESCA might provide, in order to reconcile the interests of the different fishing sectors, as emerges from agreements AJDIP-405-2012 of ordinary session 50-2012 of September 7, 2012, and AJDIP/494-2012 of ordinary session 63-2012 of December 14, 2012, adopted by the Board of Directors of INCOPESCA (folios 163 and 162, 188 to 186 of the administrative file), it is not appropriate to claim that the technical recommendations proposed in the Fisheries Management Plan to establish the San Juanillo RFMA lacked that character, because in accordance with the provisions of Articles 2 and 3 of Executive Decree 35502-MAG, the basis of discussion that the Board of Directors of INCOPESCA has to determine the viability of establishing a responsible fishing marine area and to issue the Fisheries Management Plan for that zone, is precisely that document, along with what the Technical General Director of INCOPESCA may also contribute (folios 34 of the judicial file; 163 and 162 of the administrative file).
To affirm the contrary not only openly contradicts the provisions of numerals 2 and 3 of Executive Decree 35502-MAG, but also implies –as happened in this case- departing from a recommendation supported by the rules of science and technique, without a basis of the same nature to disprove it, which is contrary to the provisions of Articles 50 of the Biodiversity Law and 59 of the Organic Law of the Environment, in the sense that human activities, especially those related to human settlements, agriculture, tourism, industry, or others that may affect vital ecological processes, must conform to the technical-scientific standards issued by the competent public entities; c) It is true that, in principle, it could be argued that, in accordance with the provisions of subsection 1) of Article 159 of the General Law of Public Administration, a defect of absolute nullity befell the challenged formal conduct, since at the time said act was issued –specifically subparagraph b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013–, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice had not declared Articles 2 subsection 27 point d), 43 subsection d), and 47 subsections a) and b) of Law 8436 of March 1, 2005, contrary to the Law of the Constitution, in that they recognized shrimp trawling gear as lawful, which explains why the questioned agreement states that activities and fishing operations by vessels of the semi-industrial shrimp fishing sector will be permitted within the defined Marine Area, using legally permitted fishing gear.
Notwithstanding the foregoing, it is also true that since June 14, 1999, Executive Decree number 27919 has been in force –which responds to the provisions of numeral 6 of the Political Constitution–, which established "...the official application by the Costa Rican State of the Code of Conduct for Responsible Fisheries, approved by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Rome, Italy, on October 31, 1995, as an instrument of responsible practices with a view to ensuring the conservation, management, and effective development of aquatic resources...", with INCOPESCA being the "...body responsible for the monitoring and application of the provisions contained in (sic) the Code in Costa Rican fishing activity, and must provide and facilitate its dissemination and knowledge through suitable mechanisms to the national fishing sector, for which the Public Institutions of the country must provide due collaboration, or within their respective fields of competence...".
Coupled with the fact that Law 8436 itself, from its original version published in La Gaceta number 78 of April 25, 2005 –and in force since that date–, establishes in subsections j) and k) of Article 38 that it is prohibited to use gillnets and high-seas pelagic trawl nets and to carry out any practice that threatens the sustainability of the fishery resource, which is complemented by the technical standards contained in the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, whose official application by the Costa Rican State has been in force since June 14, 1999. d) At this point, it is worth highlighting that it corresponds to INCOPESCA, in the exercise of the powers conferred by Articles 12 and 38 of Law 8436, as the executing authority of that same legal body and the Fisheries and Aquaculture Development Plan, to determine the prohibited methods, techniques, equipment, and fishing gear, in order to guarantee, defend, and preserve marine biodiversity, fishery resources, and sustainable development.
Therefore, it is contrary to the principles of logic, reasonableness, prevention, and precaution, that in subparagraph b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, the Board of Directors of the defendant entity allowed activities and fishing operations by vessels of the semi-industrial shrimp fishing sector to be carried out within the San Juanillo Responsible Fishing Marine Area, using methods that, from a scientific and technical point of view, imply a deterioration of marine resources and, therefore, an obstacle to accessing the sustainable development of the community of San Juanillo and its surroundings, despite having national and international technical inputs contained in conventional, legal, and regulatory norms, to at least implement protection measures that would help partially minimize the problems of lack of selectivity of the trawling fishing method, as recommended by the Technical General Director of INCOPESCA in official letter DGT-A-180-10-2012 of October 25, 2012, when indicating: "...In relation to trawling, I consider as a recommendation that it could be permitted after the bathymetric line of 15 meters depth, provided that they use a TED type fisheye device in the upper part of the codend with two floats..." (folio 232 of the administrative file and testimonial statement given at trial by Nombre114309).
Consequently, there already existed in the Costa Rican legal system technical norms that imposed on INCOPESCA, as executor of Law 8436 and the Fisheries and Aquaculture Development Plan (Article 12 of that same regulatory body), the duty to establish not only which fishing methods, gear, or practices were not contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, but also to take the measures that were necessary to protect marine resources and the right to sustainable development of the communities dedicated to fishing and the exploitation of marine resources. And not, as in this case, in which the objectives pursued with the creation of the San Juanillo RFMA are rendered nugatory by the provisions of subparagraph b) of point 2 of the questioned agreement. e) In addition to the foregoing, the technical reasons are also not apparent by which the Board of Directors of INCOPESCA departs from both the technical recommendations issued by the Interdisciplinary Working Group for the San Juanillo RFMA (folios 5 to 2 of the administrative file) and those contained in official letter DGT-A-180-10-2012 of October 25, 2012, signed by the Technical General Director of INCOPESCA (folios 233 and 232 of the administrative file), regarding the depth at which the vessels of the semi-industrial shrimp sector could fish, since it is only established that the "...operations may be carried out from a measured bathymetric depth of 60 meters from the coastline, starting at coordinates 09º59´00´´ North latitude, 85º45´50´´ West longitude and from there in an imaginary straight line parallel to the coast in a northwest direction, ending at a depth of 75 meters, in accordance with the Official Nautical Chart of Costa Rica..." (folios 215 of the administrative file and 25 of the judicial file).
In this regard, it is worth noting that the Inter-institutional Working Group for the San Juanillo RFMA indicated, through an official letter submitted to INCOPESCA on August 28, 2012, in response to the provisions of agreement number AJDIP-352-2012 adopted by the Board of Directors of that entity, in ordinary session number 41-2012 of July 19, 2012, that "...trawling from 40 meters onwards would mean the capture not only of shrimp, but mainly of snappers, carillas, and congers, which are the target species of artisanal fishermen and which, due to their vital ecological and economic importance for them, are protected by the Fisheries Management Plan that was developed for the responsible fishing marine area and which includes a total of 5 nautical miles from the coast and not up to the 0.74 nautical miles average that the shrimp fishermen's proposal would mean (Annex I). It must be remembered that according to current regulations, based on scientific studies, in Guanacaste, the mesh size dimensions of trammel nets cannot be less than 4.5 inches, therefore it is contradictory to allow semi-industrial trawling that uses 1 ¼ inch mesh size in its nets, even more so when dealing with a zone proposed as a responsible fishing area where the artisanal fishermen themselves are willing to use mesh sizes of up to 5 1/8 inches..." (folios 5 to 1, 45, 144, and 143 of the administrative file and testimonial statement given at trial by Nombre114307).
For his part, the Technical General Director of INCOPESCA himself stated that "... In relation to trawling, I consider as a recommendation that it could be permitted after the bathymetric line of 15 meters depth, provided that they use a TED type fisheye device in the upper part of the codend with two floats...", given that the 15-meter bathymetry had already been applied with great success in other responsible fishing marine areas, such as Tárcoles, a provision that furthermore, and according to his saying, promotes the capture and subsequent commercialization of white shrimp (folio 232 of the administrative file and testimonial statement given at trial by Nombre114309); f) This situation is aggravated because, in evident contravention of the preventive, precautionary, in dubio pro natura, and environmental public interest principles (Article 11 of the Biodiversity Law), the Board of Directors of INCOPESCA established in subparagraph b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, that "... for the purposes of determining the impact on the fisheries in the area, an initial investigation will be established for a period of one year from the present date to allow measuring, quantifying, and establishing the impacts and the recovery of hydrobiological resources, as well as the management measures that can be implemented, improved, or modified..." (folios 215 of the administrative file and 25 of the judicial file).
In that sense, while it is true that numeral 13 of Executive Decree number 35502-MAG establishes that a Monitoring Commission shall ensure the proper management of the Responsible Fishing Marine Area and keep the Executive Presidency of INCOPESCA informed through at least semi-annual reports; it is also true that the provision in the previously cited section of subparagraph b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013 does not correspond to a task of oversight and verification based on technical rules issued by the competent public entities –in this case, INCOPESCA– for the maintenance of vital ecological processes inside and outside the responsible fishing marine areas, as it does not even suggest the possibility of applying protection measures that would help partially minimize the problems of lack of selectivity of the trawling fishing method, such as the fisheye device or the exclusion of turtles. g) For all the reasons stated, this Court declares that subparagraph b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, adopted in ordinary session number 10-2013 held by the Board of Directors of INCOPESCA on February 15, 2013, suffers from a defect of absolute nullity, as it is manifestly and evidently contrary to the legal system, specifically, to the provisions of Articles 16 and 136 of the General Law of Public Administration; 11 and 50 of the Biodiversity Law; 59 of the Organic Law of the Environment; 1 and 2 of Executive Decree number 27919; 2, 3, and 13 of Executive Decree 35502-MAG; the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982; the Inter-American Convention for the Protection of Sea Turtles; the World Charter for Nature of 1982; the Convention on Biological Diversity; the Rio Declaration; and the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, which require the adoption of selective fishing techniques, the conservation of marine resources and ecosystems, prohibit overexploitation, and impose the application of principles, techniques, and fishing and commercial practices consistent with the sustainability of the resource and the precautionary and preventive principles inherent to Environmental Law.
The foregoing is without prejudice to the provisions in the "Por tanto" section of ruling number 2013-10540 issued by the Constitutional Chamber, in the sense that "...In consideration of good faith acquired rights, the current permits, authorizations, and licenses shall retain their validity and effect until the expiration of the term granted to each one, provided that the holders thereof carry out the activity in absolute subjection to the legal system that is issued on the matter and conditioned on their adopting, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies possible under the supervision of INCOPESCA; once the validity period has expired, they may not be extended...". For the reasons giving rise to the declaration of partial absolute nullity of the aforementioned agreement, a ruling on the other arguments on which the plaintiff bases its claim for nullity and non-conformity with the legal system is omitted.
V.REGARDING CLAIMS 3 AND 4 OF THE COMPLAINT, AND THE SCOPE OF RULING NUMBER 2013-10540 OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER IN THE SPECIFIC CASE. In the first instance, it is worth noting that by majority vote, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, through ruling number 2013-10540 of three-fifty p.m. on August seventh, two thousand thirteen, considered –in relevant part– that: "...Consequently, shrimp fishing with trawl nets, as long as devices for reducing bycatch (Bycatch Reduction Devices) that significantly reduce bycatch are not available (not all have the same effectiveness, and those that save turtles are not sufficient), opposes the principles enshrined in international instruments on marine resources, directly applicable in our context under the provisions of Article 6 as already stated, without prejudice to the supplementary and subsidiary application of Article 7 of the Constitution.
Indeed, in accordance with the provisions of Article 6 of our Magna Carta, the principles of International Law apply directly, so that Articles 2 subsection 27 point d), 43 subsection d), and 47 subsections a) and b) of Law 8436 of March 1, 2005, insofar as they recognize shrimp trawling gear as lawful, are violative of this constitutional norm and of the principles of International Law on the matter that the norm recognizes, and which require the adoption of selective fishing techniques, the conservation of marine resources and ecosystems, prohibit overexploitation, and impose the application of principles of fishing and commercial techniques and practices consistent with the sustainability of the resource and the precautionary and preventive principles inherent to Environmental Law...". By reason of the foregoing and in accordance with the provisions of Articles 10 of the Political Constitution; 1, 2 subsection b), and 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the plaintiffs must abide by what was resolved by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in the ruling partially transcribed above, for the purposes of what is requested in claim number 3 of the complaint.
On the other hand, this Court considers that claim number 4, aimed at ordering INCOPESCA to readjust subparagraph b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013 to the provisions of point number 3.13.5 of the Fisheries Management Plan for the San Juanillo Responsible Fishing Area, in the sense that "...In the entire area and throughout the year, the use of bottom trawl nets shall be prohibited; likewise, the use of purse seine sardine nets shall be prohibited. The foregoing due to the little or no selectivity of these fishing gears and the consequent damage to the fishery and the economy of the artisanal fishermen in the area..." (folios 77 and 76 of the administrative file; 18 of the judicial file) is not appropriate. This is because the Constitutional Chamber itself, in the "Por tanto" section of ruling number 2013-10540 of three-fifty p.m. on August seventh, two thousand thirteen, ordered: "...The foregoing does not preclude, through the corresponding legal reform, the possibility of reinstating the annulled Categories A and B in the future, conditioned on express reference being made to the obligation to use devices for reducing bycatch (Bycatch Reduction Devices), regarding which, prior to a legal reform and with the corresponding scientific and technological support, a significant reduction of said bycatch compatible with democratic sustainable development is demonstrated.
In this regard, it must be warned that in the current state of technology, not every device of this type meets such a requirement nor has the same effectiveness...". Without prejudice to the fact that claim number 4 would imply a violation of the good faith acquired rights, which were recognized by the Constitutional Chamber in the operative part of ruling number 2013-10540, by ordering that "...In consideration of good faith acquired rights, the current permits, authorizations, and licenses shall retain their validity and effect until the expiration of the term granted to each one, provided that the holders thereof carry out the activity in absolute subjection to the legal system that is issued on the matter and conditioned on their adopting, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies possible under the supervision of INCOPESCA; once the validity period has expired, they may not be extended...".
Consequently, as the Constitutional Chamber does not exclude the possibility that trawling techniques may be used, provided that "...a significant reduction of said bycatch compatible with democratic sustainable development is demonstrated...", and recognizes the acquired rights of those who have current trawling fishing licenses, which they may continue to use until their expiration, provided they apply devices for the effective reduction of the bycatch occurring with the trawling fishing method, this Court orders the Board of Directors of INCOPESCA that it must establish, based on the corresponding technical and scientific support, the methods, gear, and practices that the semi-industrial shrimp sector could eventually use and from what bathymetric depths, in the San Juanillo RFMA, of course, if that is technically possible. For this purpose, a period of 1 year is granted, counted from the finality of this ruling, a period in which they must demonstrate every three months before the Judges of the sentence execution phase of this jurisdiction, the progress aimed at the effective compliance with said order.
Likewise, and at the end of said 1-year period, they must submit to the Judgment Execution Judges of this Court, a complete report in which the concrete actions adopted are accredited in detail, in order to establish whether it is technically possible for the semi-industrial shrimp sector to carry out fishing operations in the San Juanillo RFMA, under what techniques, and from what bathymetric depths. In any case, and so as not to render the effects of this ruling nugatory, it is ordered that the effects of the precautionary measure granted by the Processing Judge of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, through resolution number 2013-002160 at 09:30 hours on October 9, 2013, be maintained until this judgment becomes final.-
This Court reaches the conclusion that the plaintiffs have active standing to participate in this process in accordance with Article 105 of the Biodiversity Law, since in their capacity as residents of San Juanillo and, in some cases, fishermen of that area, they are acting in defense and protection of biodiversity.
Furthermore, the action is correctly directed against the Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, as provided in Article 12, subsection
POR TANTO.
The lawsuit filed by Nombre114292 against the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura is partially granted, in the following terms, it being understood as denied with respect to anything not expressly stated:
Tribunal Contencioso Administrativo Sección V Sentencias Relacionadas Sentencias en igual sentido Contenido de Interés:
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Análisis sobre el deber de motivación.
“III.- SOBRE EL DEBER DE MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Ha de indicarse, que la motivación se constituye en un elemento sustancial del acto administrativo, que exige la consignación de las cuestiones fácticas y/o jurídicas que sustentan la voluntad pública en el caso concreto. El elemento motivación dista de ser una consideración meramente formal; por el contrario, constituye un elemento infranqueable de la conducta pública, en la medida que permite la comprensión de las razones en las que se basa la decisión, lo que posibilita por un lado, el análisis de legalidad de ese acto a fin de confrontarlo con el ordenamiento jurídico y ponderar si satisface las exigencias que aquel le impone, en términos de acreditación del motivo, legitimidad del contenido, razonabilidad y proporcionalidad entre ambos elementos. Pero además, se transforma en un presupuesto de base para poder ejercer el derecho recursivo del destinatario, siendo que, no podría ejercerse plenamente ese derecho si el acto no señala su fundamentación.
Ahora, ese deber de motivación, según se colige del precitado canon 136 de la Ley General de la Administración Pública, puede satisfacerse de manera directa o indirecta. En la primera, el acto indica expresamente las argumentaciones fácticas, técnicas, jurídicas o precedentes que sustentan la voluntad. En la indirecta (inciso 2 del citado numeral) el acto remite a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente su adopción, a reserva de que se acompañe su copia en el acto de comunicación. La deficiencia en este elemento, conlleva un vicio de nulidad que puede generar la supresión de la conducta. La motivación, pese a la redacción del inciso primero del aludido numeral 136 de la Ley General de referencia previa, no puede entenderse como una simple exposición de hechos, o bien, una mención simplista y aislada de normas jurídicas que se estiman pertinentes al caso, ni la simple transcripción de criterios sin acompañar detalle de las razones por las cuales se prohijan.
La relevancia de esta exigencia implica un análisis que permita vincular los aspectos de hecho y de derecho atinentes al asunto que se examina (doctrina del artículo 132.1 LGAP), ergo, supone, como tesis de principio, una determinación de los hechos relevantes para la decisión (orientados por la máxima de verdad real -214, 308 ibídem-) y el examen de la procedencia o improcedencia de un determinado efecto, a la luz de las normas jurídicas atinentes al caso. Ello exige una valoración de las implicaciones de los aspectos fácticos determinados en el marco del derecho aplicable, valoración que ha de explicitarse en el acto, sea de manera directa o refleja, a fin de expresar los razonamientos que orientaron la voluntad administrativa. Por ende, no basta concluir sobre la improcedencia de una determinada petición, ha de exponerse las causas fácticas y jurídicas de ese resultado. En asuntos en los que el efecto condicionado se sujeta al cumplimiento de determinados requisitos de antemano fijados por alguna fuente formal, la motivación implica necesariamente, la mención diáfana de las razones por las cuales se ha concluido que no han sido satisfechos, como presupuesto de respaldo de ese resultado.
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Tema: Pesca Subtemas:
Consideraciones sobre el otorgamiento de permiso, autorización o licencia para la práctica de pesca con redes de arrastre.
“IV. RESPECTO A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA CONDUCTA FORMAL IMPUGNADA. Este Tribunal considera que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado por la Junta Directiva del INCOPESCA, en sesión ordinaria número 10-2013 celebrada el 15 de febrero del 2013, adolece de un vicio de nulidad absoluta, por las razones que de seguido se exponen: a) Si bien es cierto, la constitución de una AMPR no implica per se la exclusión de los diversos sectores pesqueros (artículo 6 del Decreto Ejecutivo número 35502-MAG); también lo es, que resulta contrario a los principios preventivo, de razonabilidad y proporcionalidad, que se permita el uso de métodos, artes o formas de pesca que impliquen desde un punto de vista de la ciencia y de la técnica, una desmejora en los recursos marinos y por ende, en la imposibilidad de acceder a un desarrollo sustentable –en este caso- en perjuicio de la comunidad de San Juanillo y sus alrededores.
En ese sentido, el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), establece la necesidad de no utilizar métodos, artes o formas de pesca no selectivas que impliquen el arrastre y descarte indiscriminado de diversas especies marinas, instrumento que ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico interno, mediante distintas fuentes de derecho, como por ejemplo: el Decreto Ejecutivo número N° 27919, vigente desde el 14-06-1999; la Ley 8436, vigente desde el 25 de abril del 2005; o la sentencia 2013-10540 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:50 horas del 07 de agosto del 2013; b) En razón de lo anterior, no resulta procedente indicar que la propuesta presentada por el Grupo Interinstitucional de Trabajo del AMPR de San Juanillo (folios 1 a 23 del expediente judicial; 94 a 70 del expediente administrativo), carezca de fundamento técnico, pues precisamente y entre otras fuentes, se basa en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, en el cual, se establece la necesidad de perfeccionar y aplicar artes y prácticas de pesca selectivas, ambientalmente seguras a fin de mantener la biodiversidad y conservar la estructura de las poblaciones, los ecosistemas acuáticos y la calidad del pescado (artículos 6 incisos 5 y 6, 7 inciso 2 sub inciso 2, 8 inciso 5 sub inciso 1); aspecto que no sólo se desprende de la misma propuesta de Plan de Ordenamiento Pesquero de San Juanillo (folios 94 a 70 del expediente administrativo; 1 a 23 del expediente judicial), sino también de la propia declaración testimonial rendida en juicio por Ricardo Gutiérrez Vargas, Coordinador del Grupo Interinstitucional de Trabajo del AMPR de San Juanillo.
En consecuencia y sin perjuicio del criterio que pudiera verter el Director General Técnico de INCOPESCA, a fin de conciliar los intereses de los diferentes sectores pesqueros, tal y como se desprende de los acuerdos AJDIP-405-2012 de la sesión ordinaria 50-2012 del 07 de setiembre del 2012 y AJDIP/494-2012 de la sesión ordinaria 63-2012 del 14 de diciembre del 2012, adoptados por la Junta Directiva del INCOPESCA (folios 163 y 162, 188 a 186 del expediente administrativo), no resulta procedente alegar que las recomendaciones técnicas propuestas en el Plan de Ordenamiento Pesquero para establecer el AMPR de San Juanillo, carecieran de ese carácter, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG, la base de discusión que tiene la Junta Directiva del INCOPESCA para determinar la viabilidad del establecimiento de un área marina de pesca responsable y de emitir el Plan de Ordenamiento Pesquero de esa zona, es precisamente ese documento, junto con lo que también pueda aportar el Director General Técnico de INCOPESCA (folios 34 del expediente judicial; 163 y 162 del expediente administrativo).
Afirmar lo contrario, no sólo contradice abiertamente lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG, sino que además, implica –tal y como sucedió en este caso- apartarse de una recomendación sustentada en las reglas de la ciencia y de la técnica, sin un fundamento de la misma naturaleza que las desvirtúe, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley de Biodiversidad y 59 de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que las actividades humanas, especialmente las relacionadas con asentamientos humanos, agricultura, turismo, industria u otras que puedan afectar los procesos ecológicos vitales, deben ajustarse a las normas técnico-científicas emitidas por los entes públicos competentes; c) Cierto es, que en principio podría sostenerse que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 159 de la Ley General de la Administración Pública, sobrevino un vicio de nulidad absoluta de la conducta formal impugnada, toda vez que al momento en que se dictó dicho acto –específicamente el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013-, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no había declarado contrarios al Derecho de la Constitución los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) de la Ley 8436 de 1º de marzo de 2005, en cuanto reconocían como lícito el arte de pesca de camarón con redes de arrastre, lo cual explica que en el acuerdo cuestionado se indique, que se permitirá la realización dentro del Área Marina definida, actividades y faenas de pesca por parte de las embarcaciones del sector pesquero semi-industrial camaronero, con el uso de las artes de pesca permitidas legalmente.
No obstante lo anterior, también lo es, que desde el 14 de junio de 1999 se encuentra vigente el Decreto Ejecutivo número 27919 –que responde a lo dispuesto en el numeral 6 de la Constitución Política-, en el cual se estableció “…la aplicación oficial por parte del Estado Costarricense del Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado por la Organización de las Nacionales Unidas para la Agricultura Alimentación (FAO) en Roma, Italia, el 31 de octubre de 1995, como un instrumento de prácticas responsables con miras a asegurar la conservación, la gestión y el desarrollo eficaz de los recursos acuáticos…”, siendo el INCOPESCA el “…encargado por el seguimiento y aplicación de las disposiciones contenidas en (sic) Código en la actividad pesquera costarricense debiendo proporcionar y facilitar su divulgación y conocimiento a través de mecanismos idóneos al sector pesquero nacional, para lo cual las Instituciones Públicas del país deberán brindarle la colaboración debida, o de sus respectivos campos de competencia…”.
Aunado a que la propia Ley 8436, desde su versión original publicada en La Gaceta número 78 del 25 de abril del 2005 –y vigente desde esa fecha-, establece en los incisos j) y k) del artículo 38, que se prohíbe emplear redes agalleras y redes de arrastre pelágicas de altura y realizar toda práctica que atente contra la sustentabilidad del recurso pesquero, lo cual, se complementa con las normas técnicas contenidas en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, cuya aplicación oficial por parte del Estado Costarricense se encuentra vigente desde el 14 de junio de 1999. d) En este punto, cabe resaltar que le corresponde al INCOPESCA, en ejercicio de las potestades que le confieren los artículos 12 y 38 de la Ley 8436, como autoridad ejecutora de ese mismo cuerpo legal y del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola, determinar los métodos, las técnicas, los equipos y las artes de pesca prohibidos, a fin de garantizar, defender y preservar la biodiversidad marina, los recursos pesqueros y el desarrollo sustentable.
Por ello, resulta contrario a los principios de lógica, razonabilidad, preventivo y precautorio, que en el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, la Junta Directiva del ente demandado permitiera que dentro del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, se realizaran actividades y faenas de pesca por parte de las embarcaciones del sector pesquero semi-industrial camaronero, empleando métodos que desde un punto de vista de la ciencia y de la técnica, implican una desmejora en los recursos marinos y por ende, en un obstáculo para acceder a un desarrollo sustentable de la comunidad de San Juanillo y sus alrededores, a pesar de que contaba con insumos técnicos tanto nacionales como internacionales contenidos en normas convencionales, legales y reglamentarias, para al menos implementar medidas de protección que coadyuvaran a minimizar en parte, los problemas de falta de selectividad del método de pesca de arrastre, tal y como lo recomendó el Director General Técnico del INCOPESCA en el oficio DGT-A-180-10-2012 del 25 de octubre del 2012, al indicar: “…En relación a la pesca de arrastre, considero como recomendación, que podría permitirse después de la línea barimétrica de los 15 metros de profundidad, siempre y cuando utilicen DET tipo de ojo de pescado en la parte superior del copo con dos flotadores…” (folio 232 del expediente administrativo y declaración testimonial rendida en juicio por Antonio Porras Porras).
En consecuencia, ya existían en el ordenamiento jurídico costarricense, normas de carácter técnico que le imponían al INCOPESCA como ejecutor de la Ley 8436 y del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola (artículo 12 de ese mismo cuerpo normativo), el deber de establecer no sólo cuáles métodos, artes o prácticas de pesca no resultaban contrarias al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino además, tomar las medidas que fueran necesarias para proteger los recursos marinos y el derecho a un desarrollo sustentable de las comunidades que se dedican al ejercicio de la pesca y a la explotación de los recursos marinos. Y no como en este caso, en que los objetivos que se persiguen con la creación del AMPR de San Juanillo, se tornan nugatorios con lo dispuesto en el inciso b) del punto 2 del acuerdo cuestionado. e) Aunado a lo anterior, tampoco se desprenden las razones técnicas por las cuales, la Junta Directiva del INCOPESCA se aparta, tanto de las recomendaciones técnicas emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Trabajo del AMPR de San Juanillo (folios 5 a 2 del expediente administrativo), como de las contenidas en el oficio DGT-A-180-10-2012 del 25 de octubre del 2012, suscrito por el Director General Técnico del INCOPESCA (folios 233 y 232 del expediente administrativo), en cuanto a la profundidad en que podrían pescar los barcos del sector semi-industrial camaronero, puesto que únicamente se establece que las “…faenas que se podrán realizar a partir de una profundidad barimétrica medida de 60 metros a partir de la línea de la costa, iniciando en las coordenadas 09º59´00´´ latitud norte, 85º45´50´´ longitud oeste y de ahí en una línea recta imaginaria paralela a la costa en dirección noroeste, que finalice en una profundidad de 75 metros, de conformidad con la Carta Náutica Oficial de Costa Rica…” (folios 215 del expediente administrativo y 25 del expediente judicial).
En ese sentido valga destacar que el Grupo Interinstitucional de Trabajo de la AMPR de San Juanillo, indicó mediante oficio presentado ante el INCOPESCA el 28 de agosto del 2012, en respuesta a lo dispuesto en el acuerdo número AJDIP-352-2012 adoptado por la Junta Directiva de esa entidad, en sesión ordinaria número 41-2012 del 19 de julio del 2012, que “…el arrastrar de los 40 metros en adelante, significaría la captura no sólo de camarones, sino principalmente de los pargos, carillas y congrios que son las especies objetivo de los pescadores artesanales y que por su vital importancia ecológica y económica para los mismos, son protegidas mediante el Plan de Ordenamiento Pesquero que se realizó para el área marina de pesca responsable y que incluye un total de 5 millas náuticas desde la costa y no hasta las 0.74 millas náuticas promedio que significaría la propuesta de los camaroneros (Anexo I).
Debe recordarse que según normativa vigente, basada en estudios científicos, en Guanacaste, las dimensiones de luz de malla de los trasmallos, no puede ser inferior a las 4.5 pulgadas, por lo tanto resulta un contrasentido el permitir el arrastre semi-industrial que utiliza en sus redes 1 ¼ pulgadas de luz de malla, más aún tratándose de una zona propuesta como área de pesca responsable donde los mismos artesanales están dispuestos a utilizar luz de malla de hasta 5 1/8 pulgadas…” (folios 5 a 1, 45, 144 y 143 del expediente administrativo y declaración testimonial rendida en juicio por Ricardo Gutiérrez Vargas). Por su parte, el propio Director General Técnico del INCOPESCA, manifestó que “… En relación a la pesca de arrastre, considero como recomendación, que podría permitirse después de la línea barimétrica de los 15 metros de profundidad, siempre y cuando utilicen DET tipo de ojo de pescado en la parte superior del copo con dos flotadores…”, dado que la barimetría de 15 metros ya se había aplicado con gran suceso en otras áreas marinas de pesca responsable, como la Tárcoles, disposición que además y según su dicho, fomenta la captura y posterior comercialización del camarón blanco (folio 232 del expediente administrativo y declaración testimonial rendida en juicio por Antonio Porras Porras); f) Dicha situación se agrava porque en evidente contravención a los principios preventivo, precautorio, in dubio pro natura e interés público ambiental (artículo 11 de la Ley de Biodiversidad), la Junta Directiva del INCOPESCA estableció en el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, que “… a efectos de determinar el impacto en de las pesquerías en la zona, se establecerá una investigación inicial por un período de un año a partir del presente que permita mediar, cuantificar y establecer los impactos y la recuperación de los recursos hidrobiológicos, así como las medidas de ordenación que pueden ser implementadas, mejoradas o modificadas…” (folios 215 del expediente administrativo y 25 del expediente judicial).
En ese sentido, si bien es cierto el numeral 13 del Decreto Ejecutivo número 35502-MAG, establece que una Comisión de Seguimiento velará por el buen manejo del Área Marina para la Pesca Responsable y mantendrá informada a la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA mediante al menos informes semestrales; también lo es, que lo dispuesto en el aparte antes citado del inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, no responde a una labor de fiscalización y verificación fundada en reglas técnicas emitidas por los entes públicos competentes –en la especie, el INCOPESCA- para el mantenimiento de los procesos ecológicos vitales dentro y fuera de las áreas marinas de pesca responsable, pues ni siquiera sugiere la posibilidad de aplicar medidas de protección que coadyuven a minimizar en parte, los problemas de falta de selectividad del método de pesca de arrastre, como el ojo de pescado o la exclusión de tortugas. g) Por todo lo expuesto, este Tribunal declara que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado en la sesión ordinaria número 10-2013 celebrada por la Junta Directiva del INCOPESCA el 15 de febrero del 2013, adolece de un vicio de nulidad absoluta, por resultar manifiesta y evidentemente contrario al ordenamiento jurídico, específicamente, a lo dispuesto en los artículos 16 y 136 de la Ley General de la Administración Pública; 11 y 50 de la Ley de Biodiversidad; 59 de la Ley Orgánica del Ambiente; 1 y 2 del Decreto Ejecutivo número 27919; 2, 3 y 13 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG; a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar de 1982; la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas; la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; la Convención sobre Diversidad Biológica; la Declaración de Río y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, que exigen la adopción de técnicas de pesca selectivas, la conservación del recurso y ecosistemas marinos, que prohíben la sobreexplotación e imponen la aplicación de principios, de técnicas y prácticas de pesca y comerciales acordes con la sostenibilidad de recurso y los principios precautorio y preventivo propios del Derecho Ambiental.
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Por Tanto de la sentencia número 2013-10540 dictada por la Sala Constitucional, en el sentido de que “…En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas…”. Por las razones que dan lugar a la declaratoria de nulidad absoluta parcial del acuerdo antes indicado, se omite pronunciamiento sobre los demás alegatos en que la parte actora fundamenta su pretensión de nulidad y de disconformidad con el ordenamiento jurídico.
Vo.- EN CUANTO A LAS PRETENSIONES 3 Y 4 DE LA DEMANDA, Y LOS ALCANCES DE LA SENTENCIA NÚMERO 2013-10540 DE LA SALA CONSTITUCIONAL EN EL CASO CONCRETO. En primera instancia, cabe indicar que por voto de mayoría la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia número 2013-10540 de las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece, consideró –en lo que interesa- que: “…En consecuencia, la pesca de camarón con redes de arrastre, mientras no se cuenta (sic) con dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con lo que salvan a las tortugas), se opone a los principios consagrados en los instrumentos internacionales sobre los recursos marinos, aplicables en nuestro medio de forma directa al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 como ya se dijo, sin perjuicio de la aplicación supletoria y subsidiaria del artículo 7 constitucional.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, los principios del Derecho Internacional se aplican directamente, de manera que los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) de la Ley 8436 de 1º de marzo de 2005, en cuanto reconoce como lícita el arte de pesca de camarón con redes de arrastre, resultan violatorios de esta norma constitucional y de los principios del Derecho Internacional sobre la materia que la norma reconoce y que exigen la adopción de técnicas de pesca selectivas, la conservación del recurso y ecosistemas marinos, prohíben la sobreexplotación e imponen la aplicación de principios de técnicas y prácticas de pesca y comerciales acordes con la sostenibilidad de recurso y los principios precautorio y preventivo propios del Derecho Ambiental…”. En razón de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 de la Constitución Política; 1, 2 inciso b) y 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, deberán estarse los accionantes a lo resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia parcialmente transcrita con anterioridad, para efectos de lo solicitado en la pretensión número 3 de la demanda.
Por otra parte, considera este Tribunal que no resulta procedente la pretensión número 4, tendente a que se ordene al INCOPESCA readecuar el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, a lo dispuesto en el punto número 3.13.5 del Plan de Ordenamiento Pesquero del Área de Pesca Responsable San Juanillo, en el sentido de que “…En toda la zona y durante todo el año quedará prohibido el uso de redes de arrastre por el fondo igualmente quedará prohibido el uso de redes sardineras de cerco. Lo anterior por la poca o ninguna selectividad de estos aparejos de pesca y el consiguiente daño a la pesquería y a la economía de los pescadores artesanales de la zona…” (folios 77 y 76 del expediente administrativo; 18 del expediente judicial). Ello por cuanto, la propia Sala Constitucional en el Por Tanto de la sentencia número 2013-10540 de las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece, dispuso: “…Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático.
Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad…”. Sin perjuicio de que la pretensión número 4, implicaría una violación de los derechos adquiridos de buena fe, que fueron reconocidos por la Sala Constitucional en la parte dispositiva de la sentencia número 2013-10540, al ordenar que “…En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas…”.
En consecuencia, al no excluir la Sala Constitucional la posibilidad de que se utilicen técnicas de arrastre, siempre que “…se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático…”, y al reconocer los derechos adquiridos de quienes tienen licencias de pesca por arrastre vigentes, las cuales podrán continuar utilizando hasta su vencimiento, siempre y cuanto apliquen dispositivos para la disminución efectiva de la captura incidental acaecida con el método de pesca de arrastre, este Tribunal ordena a la Junta Directiva del INCOPESCA, que deberá establecer con base en el correspondiente respaldo técnico y científico, los métodos, artes y prácticas que el sector semi-industrial camaronero podría eventualmente utilizar y a partir de qué profundidades barimétricas, en el AMPR de San Juanillo, claro está, si eso fuera técnicamente posible.
Para tal efecto, se le otorga el plazo de 1 año contado a partir de la firmeza de este pronunciamiento, período en el cual, deberán demostrar cada tres meses ante los Jueces de la fase de ejecución de sentencias de esta jurisdicción, los avances tendentes al cumplimiento efectivo de dicha orden. Asimismo y al término de dicho plazo de 1 año, deberán rendir ante los Jueces de Ejecución de Sentencias de este Tribunal, un informe completo en que de manera detallada se acrediten las acciones concretas adoptadas, a fin de establecer si técnicamente es posible que el sector semi industrial camaronero puede o no realizar faenas de pesca en el AMPR de San Juanillo, bajo qué técnicas y a partir de qué profundidades barimétricas. En todo caso y para no hacer nugatorios los efectos de este pronunciamiento, se dispone mantener los efectos de la medida cautelar otorgada por la Jueza Tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución número 2013-002160 de las 09:30 horas del 09 de octubre del 2013, hasta que esta sentencia adquiera firmeza […].” ...
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RESULTANDO:
Redacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de los jueces Mena García y Campos Hidalgo; y, C O N S I DE R A N D O:
Io.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso:
IIo.- OBJETO DEL PROCESO. La parte actora sostiene:
IVo.- RESPECTO A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA CONDUCTA FORMAL IMPUGNADA. Este Tribunal considera que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado por la Junta Directiva del INCOPESCA, en sesión ordinaria número 10-2013 celebrada el 15 de febrero del 2013, adolece de un vicio de nulidad absoluta, por las razones que de seguido se exponen: a) Si bien es cierto, la constitución de una AMPR no implica per se la exclusión de los diversos sectores pesqueros (artículo 6 del Decreto Ejecutivo número 35502-MAG); también lo es, que resulta contrario a los principios preventivo, de razonabilidad y proporcionalidad, que se permita el uso de métodos, artes o formas de pesca que impliquen desde un punto de vista de la ciencia y de la técnica, una desmejora en los recursos marinos y por ende, en la imposibilidad de acceder a un desarrollo sustentable –en este caso- en perjuicio de la comunidad de San Juanillo y sus alrededores.
En ese sentido, el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), establece la necesidad de no utilizar métodos, artes o formas de pesca no selectivas que impliquen el arrastre y descarte indiscriminado de diversas especies marinas, instrumento que ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico interno, mediante distintas fuentes de derecho, como por ejemplo: el Decreto Ejecutivo número N° 27919, vigente desde el 14-06-1999; la Ley 8436, vigente desde el 25 de abril del 2005; o la sentencia 2013-10540 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:50 horas del 07 de agosto del 2013; b) En razón de lo anterior, no resulta procedente indicar que la propuesta presentada por el Grupo Interinstitucional de Trabajo del AMPR de San Juanillo (folios 1 a 23 del expediente judicial; 94 a 70 del expediente administrativo), carezca de fundamento técnico, pues precisamente y entre otras fuentes, se basa en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, en el cual, se establece la necesidad de perfeccionar y aplicar artes y prácticas de pesca selectivas, ambientalmente seguras a fin de mantener la biodiversidad y conservar la estructura de las poblaciones, los ecosistemas acuáticos y la calidad del pescado (artículos 6 incisos 5 y 6, 7 inciso 2 sub inciso 2, 8 inciso 5 sub inciso 1); aspecto que no sólo se desprende de la misma propuesta de Plan de Ordenamiento Pesquero de San Juanillo (folios 94 a 70 del expediente administrativo; 1 a 23 del expediente judicial), sino también de la propia declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114307 , Coordinador del Grupo Interinstitucional de Trabajo del AMPR de San Juanillo.
En consecuencia y sin perjuicio del criterio que pudiera verter el Director General Técnico de INCOPESCA, a fin de conciliar los intereses de los diferentes sectores pesqueros, tal y como se desprende de los acuerdos AJDIP-405-2012 de la sesión ordinaria 50-2012 del 07 de setiembre del 2012 y AJDIP/494-2012 de la sesión ordinaria 63-2012 del 14 de diciembre del 2012, adoptados por la Junta Directiva del INCOPESCA (folios 163 y 162, 188 a 186 del expediente administrativo), no resulta procedente alegar que las recomendaciones técnicas propuestas en el Plan de Ordenamiento Pesquero para establecer el AMPR de San Juanillo, carecieran de ese carácter, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG, la base de discusión que tiene la Junta Directiva del INCOPESCA para determinar la viabilidad del establecimiento de un área marina de pesca responsable y de emitir el Plan de Ordenamiento Pesquero de esa zona, es precisamente ese documento, junto con lo que también pueda aportar el Director General Técnico de INCOPESCA (folios 34 del expediente judicial; 163 y 162 del expediente administrativo).
Afirmar lo contrario, no sólo contradice abiertamente lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG, sino que además, implica –tal y como sucedió en este caso- apartarse de una recomendación sustentada en las reglas de la ciencia y de la técnica, sin un fundamento de la misma naturaleza que las desvirtúe, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley de Biodiversidad y 59 de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que las actividades humanas, especialmente las relacionadas con asentamientos humanos, agricultura, turismo, industria u otras que puedan afectar los procesos ecológicos vitales, deben ajustarse a las normas técnico-científicas emitidas por los entes públicos competentes; c) Cierto es, que en principio podría sostenerse que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 159 de la Ley General de la Administración Pública, sobrevino un vicio de nulidad absoluta de la conducta formal impugnada, toda vez que al momento en que se dictó dicho acto –específicamente el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013-, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no había declarado contrarios al Derecho de la Constitución los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) de la Ley 8436 de 1º de marzo de 2005, en cuanto reconocían como lícito el arte de pesca de camarón con redes de arrastre, lo cual explica que en el acuerdo cuestionado se indique, que se permitirá la realización dentro del Área Marina definida, actividades y faenas de pesca por parte de las embarcaciones del sector pesquero semi-industrial camaronero, con el uso de las artes de pesca permitidas legalmente.
No obstante lo anterior, también lo es, que desde el 14 de junio de 1999 se encuentra vigente el Decreto Ejecutivo número 27919 –que responde a lo dispuesto en el numeral 6 de la Constitución Política-, en el cual se estableció “…la aplicación oficial por parte del Estado Costarricense del Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado por la Organización de las Nacionales Unidas para la Agricultura Alimentación (FAO) en Roma, Italia, el 31 de octubre de 1995, como un instrumento de prácticas responsables con miras a asegurar la conservación, la gestión y el desarrollo eficaz de los recursos acuáticos…”, siendo el INCOPESCA el “…encargado por el seguimiento y aplicación de las disposiciones contenidas en (sic) Código en la actividad pesquera costarricense debiendo proporcionar y facilitar su divulgación y conocimiento a través de mecanismos idóneos al sector pesquero nacional, para lo cual las Instituciones Públicas del país deberán brindarle la colaboración debida, o de sus respectivos campos de competencia…”.
Aunado a que la propia Ley 8436, desde su versión original publicada en La Gaceta número 78 del 25 de abril del 2005 –y vigente desde esa fecha-, establece en los incisos j) y k) del artículo 38, que se prohíbe emplear redes agalleras y redes de arrastre pelágicas de altura y realizar toda práctica que atente contra la sustentabilidad del recurso pesquero, lo cual, se complementa con las normas técnicas contenidas en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, cuya aplicación oficial por parte del Estado Costarricense se encuentra vigente desde el 14 de junio de 1999. d) En este punto, cabe resaltar que le corresponde al INCOPESCA, en ejercicio de las potestades que le confieren los artículos 12 y 38 de la Ley 8436, como autoridad ejecutora de ese mismo cuerpo legal y del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola, determinar los métodos, las técnicas, los equipos y las artes de pesca prohibidos, a fin de garantizar, defender y preservar la biodiversidad marina, los recursos pesqueros y el desarrollo sustentable.
Por ello, resulta contrario a los principios de lógica, razonabilidad, preventivo y precautorio, que en el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, la Junta Directiva del ente demandado permitiera que dentro del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, se realizaran actividades y faenas de pesca por parte de las embarcaciones del sector pesquero semi-industrial camaronero, empleando métodos que desde un punto de vista de la ciencia y de la técnica, implican una desmejora en los recursos marinos y por ende, en un obstáculo para acceder a un desarrollo sustentable de la comunidad de San Juanillo y sus alrededores, a pesar de que contaba con insumos técnicos tanto nacionales como internacionales contenidos en normas convencionales, legales y reglamentarias, para al menos implementar medidas de protección que coadyuvaran a minimizar en parte, los problemas de falta de selectividad del método de pesca de arrastre, tal y como lo recomendó el Director General Técnico del INCOPESCA en el oficio DGT-A-180-10-2012 del 25 de octubre del 2012, al indicar: “…En relación a la pesca de arrastre, considero como recomendación, que podría permitirse después de la línea barimétrica de los 15 metros de profundidad, siempre y cuando utilicen DET tipo de ojo de pescado en la parte superior del copo con dos flotadores…” (folio 232 del expediente administrativo y declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114309 ).
En consecuencia, ya existían en el ordenamiento jurídico costarricense, normas de carácter técnico que le imponían al INCOPESCA como ejecutor de la Ley 8436 y del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola (artículo 12 de ese mismo cuerpo normativo), el deber de establecer no sólo cuáles métodos, artes o prácticas de pesca no resultaban contrarias al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino además, tomar las medidas que fueran necesarias para proteger los recursos marinos y el derecho a un desarrollo sustentable de las comunidades que se dedican al ejercicio de la pesca y a la explotación de los recursos marinos. Y no como en este caso, en que los objetivos que se persiguen con la creación del AMPR de San Juanillo, se tornan nugatorios con lo dispuesto en el inciso b) del punto 2 del acuerdo cuestionado. e) Aunado a lo anterior, tampoco se desprenden las razones técnicas por las cuales, la Junta Directiva del INCOPESCA se aparta, tanto de las recomendaciones técnicas emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Trabajo del AMPR de San Juanillo (folios 5 a 2 del expediente administrativo), como de las contenidas en el oficio DGT-A-180-10-2012 del 25 de octubre del 2012, suscrito por el Director General Técnico del INCOPESCA (folios 233 y 232 del expediente administrativo), en cuanto a la profundidad en que podrían pescar los barcos del sector semi-industrial camaronero, puesto que únicamente se establece que las “…faenas que se podrán realizar a partir de una profundidad barimétrica medida de 60 metros a partir de la línea de la costa, iniciando en las coordenadas 09º59´00´´ latitud norte, 85º45´50´´ longitud oeste y de ahí en una línea recta imaginaria paralela a la costa en dirección noroeste, que finalice en una profundidad de 75 metros, de conformidad con la Carta Náutica Oficial de Costa Rica…” (folios 215 del expediente administrativo y 25 del expediente judicial).
En ese sentido valga destacar que el Grupo Interinstitucional de Trabajo de la AMPR de San Juanillo, indicó mediante oficio presentado ante el INCOPESCA el 28 de agosto del 2012, en respuesta a lo dispuesto en el acuerdo número AJDIP-352-2012 adoptado por la Junta Directiva de esa entidad, en sesión ordinaria número 41-2012 del 19 de julio del 2012, que “…el arrastrar de los 40 metros en adelante, significaría la captura no sólo de camarones, sino principalmente de los pargos, carillas y congrios que son las especies objetivo de los pescadores artesanales y que por su vital importancia ecológica y económica para los mismos, son protegidas mediante el Plan de Ordenamiento Pesquero que se realizó para el área marina de pesca responsable y que incluye un total de 5 millas náuticas desde la costa y no hasta las 0.74 millas náuticas promedio que significaría la propuesta de los camaroneros (Anexo I).
Debe recordarse que según normativa vigente, basada en estudios científicos, en Guanacaste, las dimensiones de luz de malla de los trasmallos, no puede ser inferior a las 4.5 pulgadas, por lo tanto resulta un contrasentido el permitir el arrastre semi-industrial que utiliza en sus redes 1 ¼ pulgadas de luz de malla, más aún tratándose de una zona propuesta como área de pesca responsable donde los mismos artesanales están dispuestos a utilizar luz de malla de hasta 5 1/8 pulgadas…” (folios 5 a 1, 45, 144 y 143 del expediente administrativo y declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114307 ). Por su parte, el propio Director General Técnico del INCOPESCA, manifestó que “… En relación a la pesca de arrastre, considero como recomendación, que podría permitirse después de la línea barimétrica de los 15 metros de profundidad, siempre y cuando utilicen DET tipo de ojo de pescado en la parte superior del copo con dos flotadores…”, dado que la barimetría de 15 metros ya se había aplicado con gran suceso en otras áreas marinas de pesca responsable, como la Tárcoles, disposición que además y según su dicho, fomenta la captura y posterior comercialización del camarón blanco (folio 232 del expediente administrativo y declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114309 ); f) Dicha situación se agrava porque en evidente contravención a los principios preventivo, precautorio, in dubio pro natura e interés público ambiental (artículo 11 de la Ley de Biodiversidad), la Junta Directiva del INCOPESCA estableció en el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, que “… a efectos de determinar el impacto en de las pesquerías en la zona, se establecerá una investigación inicial por un período de un año a partir del presente que permita mediar, cuantificar y establecer los impactos y la recuperación de los recursos hidrobiológicos, así como las medidas de ordenación que pueden ser implementadas, mejoradas o modificadas…” (folios 215 del expediente administrativo y 25 del expediente judicial).
En ese sentido, si bien es cierto el numeral 13 del Decreto Ejecutivo número 35502-MAG, establece que una Comisión de Seguimiento velará por el buen manejo del Área Marina para la Pesca Responsable y mantendrá informada a la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA mediante al menos informes semestrales; también lo es, que lo dispuesto en el aparte antes citado del inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, no responde a una labor de fiscalización y verificación fundada en reglas técnicas emitidas por los entes públicos competentes –en la especie, el INCOPESCA- para el mantenimiento de los procesos ecológicos vitales dentro y fuera de las áreas marinas de pesca responsable, pues ni siquiera sugiere la posibilidad de aplicar medidas de protección que coadyuven a minimizar en parte, los problemas de falta de selectividad del método de pesca de arrastre, como el ojo de pescado o la exclusión de tortugas. g) Por todo lo expuesto, este Tribunal declara que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado en la sesión ordinaria número 10-2013 celebrada por la Junta Directiva del INCOPESCA el 15 de febrero del 2013, adolece de un vicio de nulidad absoluta, por resultar manifiesta y evidentemente contrario al ordenamiento jurídico, específicamente, a lo dispuesto en los artículos 16 y 136 de la Ley General de la Administración Pública; 11 y 50 de la Ley de Biodiversidad; 59 de la Ley Orgánica del Ambiente; 1 y 2 del Decreto Ejecutivo número 27919; 2, 3 y 13 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG; a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar de 1982; la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas; la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; la Convención sobre Diversidad Biológica; la Declaración de Río y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, que exigen la adopción de técnicas de pesca selectivas, la conservación del recurso y ecosistemas marinos, que prohíben la sobreexplotación e imponen la aplicación de principios, de técnicas y prácticas de pesca y comerciales acordes con la sostenibilidad de recurso y los principios precautorio y preventivo propios del Derecho Ambiental.
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Por Tanto de la sentencia número 2013-10540 dictada por la Sala Constitucional, en el sentido de que “…En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas…”. Por las razones que dan lugar a la declaratoria de nulidad absoluta parcial del acuerdo antes indicado, se omite pronunciamiento sobre los demás alegatos en que la parte actora fundamenta su pretensión de nulidad y de disconformidad con el ordenamiento jurídico.
Vo.- EN CUANTO A LAS PRETENSIONES 3 Y 4 DE LA DEMANDA, Y LOS ALCANCES DE LA SENTENCIA NÚMERO 2013-10540 DE LA SALA CONSTITUCIONAL EN EL CASO CONCRETO. En primera instancia, cabe indicar que por voto de mayoría la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia número 2013-10540 de las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece, consideró –en lo que interesa- que: “…En consecuencia, la pesca de camarón con redes de arrastre, mientras no se cuenta (sic) con dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con lo que salvan a las tortugas), se opone a los principios consagrados en los instrumentos internacionales sobre los recursos marinos, aplicables en nuestro medio de forma directa al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 como ya se dijo, sin perjuicio de la aplicación supletoria y subsidiaria del artículo 7 constitucional.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, los principios del Derecho Internacional se aplican directamente, de manera que los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) de la Ley 8436 de 1º de marzo de 2005, en cuanto reconoce como lícita el arte de pesca de camarón con redes de arrastre, resultan violatorios de esta norma constitucional y de los principios del Derecho Internacional sobre la materia que la norma reconoce y que exigen la adopción de técnicas de pesca selectivas, la conservación del recurso y ecosistemas marinos, prohíben la sobreexplotación e imponen la aplicación de principios de técnicas y prácticas de pesca y comerciales acordes con la sostenibilidad de recurso y los principios precautorio y preventivo propios del Derecho Ambiental…”. En razón de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 de la Constitución Política; 1, 2 inciso b) y 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, deberán estarse los accionantes a lo resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia parcialmente transcrita con anterioridad, para efectos de lo solicitado en la pretensión número 3 de la demanda.
Por otra parte, considera este Tribunal que no resulta procedente la pretensión número 4, tendente a que se ordene al INCOPESCA readecuar el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, a lo dispuesto en el punto número 3.13.5 del Plan de Ordenamiento Pesquero del Área de Pesca Responsable San Juanillo, en el sentido de que “…En toda la zona y durante todo el año quedará prohibido el uso de redes de arrastre por el fondo igualmente quedará prohibido el uso de redes sardineras de cerco. Lo anterior por la poca o ninguna selectividad de estos aparejos de pesca y el consiguiente daño a la pesquería y a la economía de los pescadores artesanales de la zona…” (folios 77 y 76 del expediente administrativo; 18 del expediente judicial). Ello por cuanto, la propia Sala Constitucional en el Por Tanto de la sentencia número 2013-10540 de las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece, dispuso: “…Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático.
Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad…”. Sin perjuicio de que la pretensión número 4, implicaría una violación de los derechos adquiridos de buena fe, que fueron reconocidos por la Sala Constitucional en la parte dispositiva de la sentencia número 2013-10540, al ordenar que “…En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas…”.
En consecuencia, al no excluir la Sala Constitucional la posibilidad de que se utilicen técnicas de arrastre, siempre que “…se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático…”, y al reconocer los derechos adquiridos de quienes tienen licencias de pesca por arrastre vigentes, las cuales podrán continuar utilizando hasta su vencimiento, siempre y cuanto apliquen dispositivos para la disminución efectiva de la captura incidental acaecida con el método de pesca de arrastre, este Tribunal ordena a la Junta Directiva del INCOPESCA, que deberá establecer con base en el correspondiente respaldo técnico y científico, los métodos, artes y prácticas que el sector semi-industrial camaronero podría eventualmente utilizar y a partir de qué profundidades barimétricas, en el AMPR de San Juanillo, claro está, si eso fuera técnicamente posible.
Para tal efecto, se le otorga el plazo de 1 año contado a partir de la firmeza de este pronunciamiento, período en el cual, deberán demostrar cada tres meses ante los Jueces de la fase de ejecución de sentencias de esta jurisdicción, los avances tendentes al cumplimiento efectivo de dicha orden. Asimismo y al término de dicho plazo de 1 año, deberán rendir ante los Jueces de Ejecución de Sentencias de este Tribunal, un informe completo en que de manera detallada se acrediten las acciones concretas adoptadas, a fin de establecer si técnicamente es posible que el sector semi industrial camaronero puede o no realizar faenas de pesca en el AMPR de San Juanillo, bajo qué técnicas y a partir de qué profundidades barimétricas. En todo caso y para no hacer nugatorios los efectos de este pronunciamiento, se dispone mantener los efectos de la medida cautelar otorgada por la Jueza Tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución número 2013-002160 de las 09:30 horas del 09 de octubre del 2013, hasta que esta sentencia adquiera firmeza.- VIo.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS FONDO.
Este Tribunal llega a la conclusión de que los actores cuentan con legitimación activa para participar en este proceso conforme al artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, ya que en su condición de vecinos de San Juanillo y en algunos casos de pescadores de esa zona, accionan en defensa y protección de la biodiversidad. Además, la acción se dirige correctamente contra el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, tal y como lo dispone el artículo 12 inciso
POR TANTO.
Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Nombre114292 contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa:
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