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Res. 00075-2016 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · 19/07/2016

Invalidation of Trawl-Fishing Authorization in San JuanilloNulidad de autorización de pesca de arrastre en San Juanillo

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Tribunal partially invalidated Resolution AJDIP/068-2013 and ordered INCOPESCA to determine scientifically, within one year and subject to quarterly judicial oversight, whether semi-industrial shrimp fishing may occur in the San Juanillo Responsible Marine Fishing Area and under what conditions.El Tribunal anuló parcialmente el acuerdo AJDIP/068-2013 y ordenó al INCOPESCA determinar científicamente, en un año y bajo supervisión judicial trimestral, si puede practicarse pesca semiindustrial camaronera en el AMPR de San Juanillo y bajo cuáles condiciones.

SummaryResumen

The Tribunal partially granted the claim against INCOPESCA and declared subsection (b) of item 2 of Resolution AJDIP/068-2013 absolutely null. That provision had allowed semi-industrial shrimp-fishing operations within the San Juanillo Responsible Marine Fishing Area. The Tribunal held that the claimant residents and fishers had standing under Article 105 of the Biodiversity Law because they acted to defend biodiversity. It ordered INCOPESCA’s Board of Directors to determine, on the basis of scientific evidence, whether semi-industrial shrimp fishing could occur in the area and, if technically feasible, which methods, gear, selective practices, and bathymetric depths would be permissible. INCOPESCA received one year to comply and was required to submit quarterly progress reports and a final detailed report to the enforcement judges. The ruling preserved valid permits and good-faith acquired rights under Constitutional Chamber judgment 2013-10540 and maintained the precautionary suspension until the judgment became final.El Tribunal declaró parcialmente con lugar la demanda contra el INCOPESCA y anuló, por vicio de nulidad absoluta, el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, que permitía faenas de pesca semiindustrial camaronera en el Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo. Reconoció legitimación activa a los vecinos y pescadores demandantes conforme al artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, pues actuaron en defensa de la biodiversidad. Ordenó a la Junta Directiva del INCOPESCA determinar, con respaldo científico, si la pesca semiindustrial camaronera puede realizarse en esa área y, de ser posible, cuáles métodos, artes, prácticas selectivas y profundidades barimétricas serían admisibles. Concedió un año para cumplir, exigió informes trimestrales de avance y un informe final ante los jueces de ejecución. La nulidad quedó sujeta al respeto de los permisos vigentes y derechos adquiridos de buena fe en los términos del voto 2013-10540, y la medida cautelar permaneció vigente hasta la firmeza de la sentencia.

Key excerptExtracto clave

Subsection (b) of item 2 of Resolution AJDIP/068-2013, adopted by INCOPESCA’s Board of Directors during Ordinary Session No. 10-2013 on February 15, 2013, is declared to be affected by a defect of absolute nullity. INCOPESCA’s Board of Directors is ordered to establish, on the basis of the corresponding scientific evidence, the methods, gear, and practices that the semi-industrial shrimp-fishing sector might use, and from which bathymetric depths, within the San Juanillo Responsible Marine Fishing Area, if technically feasible. For that purpose, it is granted one year from the date this judgment becomes final, during which it must demonstrate every three months before the judges responsible for enforcing judgments in this jurisdiction the progress made toward effective compliance with that order.Se declara que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado en la sesión ordinaria número 10-2013 celebrada por la Junta Directiva del INCOPESCA el 15 de febrero del 2013, adolece de un vicio de nulidad absoluta. Se ordena a la Junta Directiva del INCOPESCA, que deberá establecer con base en el correspondiente respaldo científico, los métodos, artes y prácticas que el sector semi industrial camaronero podría eventualmente utilizar y a partir de qué profundidades barimétricas, en el AMPR de San Juanillo, si eso fuera técnicamente posible. Para tal efecto, se le otorga el plazo de 1 año contado a partir de la firmeza de este pronunciamiento, período en el cual, deberán cada tres meses, demostrar ante los Jueces de la fase de ejecución de sentencias de esta jurisdicción, los avances tendentes al cumplimiento efectivo de dicha orden.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Este Tribunal llega a la conclusión de que los actores cuentan con legitimación activa para participar en este proceso conforme al artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, ya que en su condición de vecinos de San Juanillo y en algunos casos de pescadores de esa zona, accionan en defensa y protección de la biodiversidad."

    "This Tribunal concludes that the claimants have standing to participate in these proceedings under Article 105 of the Biodiversity Law because, as residents of San Juanillo and, in some cases, fishers from that area, they bring the action in defense and protection of biodiversity."

    Considerando VI

  • "Este Tribunal llega a la conclusión de que los actores cuentan con legitimación activa para participar en este proceso conforme al artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, ya que en su condición de vecinos de San Juanillo y en algunos casos de pescadores de esa zona, accionan en defensa y protección de la biodiversidad."

    Considerando VI

  • "En toda la zona y durante todo el año quedará prohibido el uso de redes de arrastre por el fondo igualmente quedará prohibido el uso de redes sardineras de cerco. Lo anterior por la poca o ninguna selectividad de estos aparejos de pesca y el consiguiente daño a la pesquería y a la economía de los pescadores artesanales de la zona…"

    "Throughout the entire area and year-round, the use of bottom-trawl nets shall be prohibited, as shall the use of purse-seine nets for sardines. This is due to the low or nonexistent selectivity of this fishing gear and the resulting harm to the fishery and the local artisanal fishers’ economy."

    Hechos probados, punto 8

  • "En toda la zona y durante todo el año quedará prohibido el uso de redes de arrastre por el fondo igualmente quedará prohibido el uso de redes sardineras de cerco. Lo anterior por la poca o ninguna selectividad de estos aparejos de pesca y el consiguiente daño a la pesquería y a la economía de los pescadores artesanales de la zona…"

    Hechos probados, punto 8

  • "En todo caso y para no hacer nugatorios los efectos de este pronunciamiento, se dispone mantener los efectos de la medida cautelar otorgada por la Jueza Tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución número 2013-002160 de las 09:30 horas del 09 de octubre del 2013, hasta que esta sentencia adquiera firmeza."

    "In any event, and to prevent the effects of this ruling from being rendered ineffective, the precautionary measure granted by the Pretrial Judge of the Administrative and Civil Treasury Tribunal in Resolution No. 2013-002160 of 9:30 a.m. on October 9, 2013, shall remain in effect until this judgment becomes final."

    Por tanto

  • "En todo caso y para no hacer nugatorios los efectos de este pronunciamiento, se dispone mantener los efectos de la medida cautelar otorgada por la Jueza Tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución número 2013-002160 de las 09:30 horas del 09 de octubre del 2013, hasta que esta sentencia adquiera firmeza."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal Contencioso Administrativo, Main Office 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Email _______________________________________________________________________ CASE FILE: 13-003412-1027-CA ORDINARY PROCEEDINGS (PROCESO DE CONOCIMIENTO) PLAINTIFFS: Nombre114292 AND OTHERS DEFENDANT: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) No. 75-2016-V TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. FIFTH SECTION. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Address144. Goicoechea, at ten thirty a.m. on July nineteenth, two thousand sixteen.- Ordinary proceedings brought by Nombre114292, identification card CED90401, MICHAEL JOSE RUIZ ELIZONDO, identification card CED90402, Nombre114293, identification card CED90403, Nombre114294, identification card CED90404, Nombre114295, identification card CED90396-, Nombre114296, identification card CED90405, Nombre114297, identification card CED90406, Nombre114298, residence card CED90407, Nombre114299, identification card CED90408, Nombre114300, identification card CED90409, Nombre114301, identification card CED90397-, Nombre114302, identification card CED90398-, Nombre114303, identification card CED90399; represented by Nombre35104, identification card number CED90400, and Nombre114304, identification card CED90400 (not including plaintiffs Nombre114292 and Michael José Ruiz Elizondo), in their capacity as Special Judicial Attorneys-in-Fact (Apoderados Especiales Judiciales) (pages 115 and 128 of the court case file and images 1 through 3 of the brief filed by the plaintiffs on 04-07-2016); against INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA), legal entity identification number CED90410, represented by Nombre114305, identification card CED90411, and Nombre105357, identification card CED7990, in their capacity as Special Judicial Attorneys-in-Fact (pages 59 and 60 of the court case file).

BACKGROUND:

  1. 1By ruling number 2013-2160 issued at 09:30 on October 09, 2013, the Case Management Judge (Jueza Tramitadora) ordered: “The application for a provisional measure (medida cautelar) is granted and, consequently, the effects of resolution No. AJDIP 068-2013 of February 15, 2013, subsection b) of item 2, adopted by the Board of Directors of Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), are stayed, and semi-industrial shrimp-fishing operations using trawl nets shall not be conducted until devices for reducing incidental catch (Bycatch Reduction Devices) that significantly reduce incidental catch are available, within the area identified in the aforementioned resolution AJDIP 068-2013, unless and until this Tribunal Contencioso orders otherwise. The plaintiffs are granted a period of FIFTEEN DAYS to file the complaint initiating the ordinary proceedings. This ruling may be appealed in the manner and under the terms provided in the Código Procesal Contencioso Administrativo…” (pages 50 through 57 of the court case file concerning the provisional measure). The case file does not indicate that an appeal was filed against that ruling.-
  2. 2The relief sought by the plaintiffs—which was established at the preliminary hearing held at 09:02 on July 02, two thousand fifteen—is as follows: “... 1. That subsection b) of item 2 of Resolution No. INCOPESCA-AJDIP-068-2013, issued by the Board of Directors of INCOPESCA on February 15, 2013, which permits vessels in the semi-industrial shrimp-fishing sector to conduct fishing operations in Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, be declared inconsistent with the legal system and, specifically, with Constitutional Chamber Decision No. 2013-10540 issued at 15:50 on August 07, 2013, which prohibits trawl fishing because it causes environmental harm. 2. That Resolution No. INCOPESCA-AJDIP-068-2013, issued by the Board of Directors of INCOPESCA on February 15, 2013, be declared partially null and void, specifically subsection b) of item 2 of said resolution, which is affected by the defect of absolute nullity (nulidad absoluta) because there is no technical or legal basis for permitting vessels in the semi-industrial shrimp-fishing sector to conduct fishing operations in Área de Pesca Responsable de San Juanillo by means of trawl fishing, since this type of fishing causes environmental harm. 3.Subsection b) of Item 2 of Resolution No. INCOPESCA-AJDIP-068-2013, issued by the Board of Directors of INCOPESCA on February 15, 2013, constitutes an imminent risk or threat because it endangers the environment and marine resources of Área de Pesca Responsable de San Juanillo by permitting the semi-industrial sector to conduct fishing operations using trawl fishing. 4. That subsection b) of Item 2 of Resolution No. INCOPESCA-AJDIP-068-2013 be brought into conformity with the technical recommendation set forth in the Plan de Ordenamiento Pesquero del Área de Pesca Responsable San Juanillo, pursuant to item No. 3.13.5. 5. That INCOPESCA be ordered to pay all costs of these proceedings....” (pages 99, 100, and 131 of the court case file and the digital recording of the preliminary hearing of 02-07-2015).
  3. 3The representative of INCOPESCA opposed the complaint, raised the preliminary defense (defensa previa) of failure to join a necessary defendant (falta de integración de la litis consorcio pasivo necesario) with respect to the State—in view of the reference made to it in the first claim for relief originally asserted in the complaint, which was subsequently amended by a brief appearing at pages 98 through 104 of the case file—; he did not raise any defenses on the merits (excepciones de fondo), and requests that all claims for relief be denied as contrary to law; that INCOPESCA not be ordered to pay costs because it litigated in good faith; and that the plaintiffs be ordered to pay all costs of these proceedings (pages 53 through 57 of the court case file).
  4. 4By ruling number 1225-2014 issued at 10:00 on May 30, 2014, the Case Management Judge granted the preliminary defense of failure to join a necessary party raised by INCOPESCA and ordered that the State be joined (pages 67 through 68 of the court case file).
  5. 5The representative of the STATE opposed the complaint, raised the defenses of improper joinder of necessary defendants (indebida integración de la litis consorcio pasivo necesario), expiration (caducidad), and statute of limitations (prescripción); and asserted the defenses of lack of active and passive procedural standing (falta de legitimación ad procesum activa y pasiva) and lack of active and passive standing on the merits (falta de legitimación ad causam activa y pasiva); lack of a present interest, lack of a legal right, fault of the victim, and act of a third party. Accordingly, he requests that the complaint be dismissed in its entirety; that the plaintiffs be ordered to pay all costs of this action, as well as interest thereon; and that such award be made pursuant to the Decreto de Honorarios del Colegio de Abogados in effect at the time it is issued, with the amount to be determined at the appropriate procedural stage.-
  6. 6The preliminary hearing was held at 08:46 on April 21, 2015; it was recorded in the corresponding electronic system and has been included in the case file as a separate record. During that hearing, the Case Management Judge denied the withdrawal of the complaint against the State sought by the plaintiffs’ representative in the brief appearing at pages 98 through 104, as well as the motions for reconsideration (recursos de revocatoria) filed against that decision by both the claimants and the representative of the State. She also established the relief sought by the plaintiffs in the terms indicated in the first background paragraph of this judgment; determined that all facts were disputed, material to the case, and therefore subject to proof. Lastly, she admitted the documentary evidence appearing at pages 1 through 34 and 129 of the court case file; the entire administrative case file (a physical folder containing 233 pages); and the testimony of three witnesses (pages 130 through 133 of the court case file and the digital recording of the preliminary hearing).-
  7. 7The case file was forwarded to the Reporting Judge (Jueza Ponente) of the Fifth Section of that Tribunal on October 14, 2015, and the order setting the matter for an oral and public trial was issued at 07:40 on October 20, 2015 (page 142 of the court case file).-
  8. 8By a brief received by this Court Office at 15:30 on July 01, 2016, the Deputy Attorney General stated that “…Pursuant to the powers conferred upon me by article 114 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, I authorize the Attorney assigned to handle these proceedings to acquiesce to all the claims for relief asserted by the plaintiffs, none of which entails any claim against the State. It shall likewise be understood that this authorization entails the application of article 197 of the same Code, in the sense that no costs shall be imposed as a result of this acquiescence…” (image 1 of the digital document filed by the State’s representative on 01-07-2016).
  9. 9The oral and public trial hearing was held at 08:40 on July 06, two thousand sixteen; it was recorded in the corresponding electronic system and has been included in the case file as a separate record. During that hearing, by ruling number 71-2016 issued orally at 09:26 on that same date, this Tribunal granted the request to withdraw the complaint against the State, without a special award of costs. The testimony of Nombre114306 was then deemed withdrawn, as indicated by the representative of INCOPESCA; the opening arguments of both parties were heard; and the testimony of the two witnesses offered by each party was received. Lastly, the parties presented their closing arguments orally. At the conclusion, the Tribunal verified the means designated for service and informed the parties that the judgment would be issued in writing within the period of fifteen business days provided for in subsection 1) of article 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, calculated from the day following the conclusion of the hearing (see the digital recording of the oral and public trial hearing).-
  10. 10In the proceedings before this Tribunal, no procedural defects requiring correction or resulting in denial of due process have occurred, and this judgment is issued within the period established in article 111, subsection 1), of the Código Procesal Contencioso Administrativo.-

Judge Álvarez Molina drafts the judgment, with the affirmative votes of Judges Mena García and Campos Hidalgo; and, C O N S I D E R I N G:

I. ESTABLISHED FACTS

The following facts, which are relevant to these proceedings, are deemed duly established:

  • 1)By resolution number AJDIP/014-2011, adopted by the Board of Directors of INCOPESCA at ordinary session 04-2010 (sic), held on 14 de enero del 2011, it resolved: “…1. To endorse the proposal submitted by Mr. Nombre114307, Regional Director of Guanacaste, for the establishment of the San Juanillo Responsible Fishing Marine Area (Área Marina de Pesca Responsable). 2. To instruct the General Technical Directorate to issue its corresponding technical opinion within three calendar months following notification of this resolution. 3. To instruct the Executive Presidency to establish the Working Group and the Monitoring Commission for the San Juanillo Responsible Fishing Marine Area…” (folios 37 to 9 of the administrative record (expediente administrativo); folio 26, front, of the court record (expediente judicial));
  • 2)By decision number PEP-082-02-2011 of 15 de febrero del 2011, the Executive President of INCOPESCA ordered the establishment of the Interinstitutional Working Group to prepare the Fisheries Management Plan (Plan de Ordenamiento Pesquero), which would set forth the specific characteristics and regulations for the creation and commencement of operations of the Responsible Fishing Marine Area (Área Marina de Pesca Responsable, AMPR) of the Community of San Juanillo, Guanacaste. Among others, that Interinstitutional Working Group would comprise two representatives of the Asociación de Pescadores de San Juanillo and one representative of the shrimp-fishing sector. That Interinstitutional Working Group was to commence its functions on primero de marzo del 2011 and, no later than 30 de mayo del 2011, was to submit to the Board of Directors of INCOPESCA the proposed Fisheries Management Plan for the creation and commencement of operations of the San Juanillo AMPR (folios 26, reverse, and 27 of the court record);
  • 3)By official letter number DRG-95-S-2011 of 5 de mayo del 2011, the Regional Director of INCOPESCA in Guanacaste and Coordinator of the Interinstitutional Working Group informed the Executive President of INCOPESCA that the deadline for submitting the proposed Fisheries Management Plan for the creation and commencement of operations of the San Juanillo AMPR could not be met because, as of that date, the representative of the shrimp-fishing sector had not been appointed (folios 28, reverse, and 29 of the court record; witness testimony given at trial by Nombre114307);
  • 4)By email sent on 09 de junio del 2011, the General Technical Director of INCOPESCA informed the Coordinator of the Interinstitutional Working Group for the San Juanillo AMPR that “…for purposes of initiating discussions among the sectors involved in the proposal for the San Juanillo Responsible Fishing Marine Area, I hereby inform you that Mr. Gerardo Marín is the representative of the shrimp-trawling sector. Mr. Marín has stated that he would be available to participate in an initial meeting during the first week of July…” (folio 30 of the court record);
  • 5)Pursuant to the notice issued by the Coordinator of the Interinstitutional Working Group for the San Juanillo AMPR, the first meeting was held on 06 de julio del 2011; however, the representative of the shrimp-fishing sector failed to attend that meeting without justification (folios 30, reverse, and 31 of the court record);
  • 6)By note dated 19 de julio del 2011, the representative of the shrimp-fishing sector before the Interinstitutional Working Group for the San Juanillo AMPR informed the Executive President of INCOPESCA that “…it is not that I personally object to the meetings being called, but rather to the place where those meetings were scheduled, since it is very far from the province of Puntarenas (…) I hereby inform you in advance that I will not be able to attend because I am busy (sic) with my work and the designated meeting place is very far from the province…” (folio 32, reverse, of the court record);
  • 7)By official letter number DRG-145-Q7-2011 of 21 de julio del 2011, the Coordinator of the Interinstitutional Working Group for the San Juanillo AMPR informed the Executive President of INCOPESCA that, with regard to the note submitted by the representative of the shrimp-fishing sector, “…it was unanimously agreed (…) that the Group does not agree with Mr. Nombre114308’s proposal and therefore does not agree to the meetings being moved outside the Community of San Juanillo, where the fishing area proposed for management is located…” (folio 33 of the court record; witness testimony given at trial by Nombre114307);
  • 8)On 20 de octubre del 2011, the Interinstitutional Working Group for the San Juanillo AMPR and the Asociación de Pecadores of that same community submitted to the Board of Directors of INCOPESCA the Fisheries Management Plan for the San Juanillo Responsible Fishing Area, Santa Cruz, Guanacaste, which—among other matters—provides in section 3.13.5 that “…Throughout the entire area and year-round, the use of bottom trawl nets shall be prohibited, as shall the use of purse-seine sardine nets. The foregoing is due to the low or nonexistent selectivity of these fishing gears (aparejos de pesca) and the resulting harm to the fishery and to the economy of the area’s artisanal fishers…” (folios 94 to 70 of the administrative record; 1 to 23 of the court record);
  • 9)The proposal submitted by the Interinstitutional Working Group for the San Juanillo AMPR is technically supported—among other sources—by the Code of Conduct for Responsible Fisheries of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), concerning sustainable fishing gear, practices, and methods (folios 94 to 70 of the administrative record; 1 to 23 of the court record; witness testimony given at trial by Nombre114307);
  • 10)By resolution number AJDI/65-2011 of 11 de noviembre del 2011, the Board of Directors of INCOPESCA resolved—insofar as relevant—that: “…1- The proposal for the Creation of the San Juanillo Responsible Fishing Marine Area is hereby acknowledged as received. 2- In view of the objections that must necessarily be addressed, this initiative is referred to the Costa Rican shrimp-fishing sector for study, comment, and analysis, so that it may submit its observations and assessment of proposals or additional alternatives to the Commission for the Creation of the AMPR-San Juanillo within a mandatory period of two calendar months, with written notice duly served upon the Chambers. 3- Likewise, Mr. Martín Contreras, in his capacity as Board Member representing the Province of Guanacaste, is requested to submit the project presented for consideration by the communities neighboring the AMPR-San Juanillo, so that they may likewise submit any observations they deem pertinent within the mandatory period of two calendar months…” (folios 122 and 121 of the administrative record);
  • 11)By official letter number CAMAPUN OF-05-01-2012 of 25 de enero del 2012, the Cámara Puntarenense de Pescadores informed the Executive President of INCOPESCA that “…it is important that projects be submitted to regulate the different fishing areas, while never losing sight of the fact that people likewise need work in order to provide for their families. Therefore, we are willing to withdraw from the coast beginning at a depth of 40 meters…” (folios 45 and 44 of the court record);
  • 12)In an official letter submitted to INCOPESCA on 28 de agosto del 2012, the Interinstitutional Working Group for the San Juanillo AMPR stated, in response to the provisions of resolution number AJDIP-352-2012 adopted by the Board of Directors of that entity at ordinary session number 41-2012 of 19 de julio del 2012, that “…trawling from 40 meters onward would mean catching not only shrimp, but primarily snappers, carillas, and conger eels, which are the target species of artisanal fishers and which, because of their vital ecological and economic importance to those fishers, are protected under the Fisheries Management Plan prepared for the responsible fishing marine area, which encompasses a total of 5 nautical miles from the coast, rather than the average 0.74 nautical miles that the shrimp fishers’ proposal would entail (Anexo I). It must be recalled that, under the regulations currently in force, based on scientific studies, the mesh size of gillnets in Guanacaste may not be less than 4.5 inches; it is therefore contradictory to permit semi-industrial trawling using nets with a mesh size of 1 ¼ inches, particularly in an area proposed as a responsible fishing area, where the artisanal fishers themselves are willing to use a mesh size of up to 5 1/8 inches…” (folios 5 to 1, 45, 144, and 143 of the administrative record and witness testimony given at trial by Nombre114307);
  • 13)By resolution AJDIP-405-2012, adopted by the Board of Directors of INCOPESCA at ordinary session 50-2012 of 07 de setiembre del 2012, it was ordered that the record compiled to date concerning the San Juanillo Responsible Fishing Marine Area be referred to the General Technical Directorate of INCOPESCA “…so that it may immediately assess the record compiled to date concerning the San Juanillo Responsible Fishing Marine Area, analyze the differing positions of the sectors involved, and submit to this Board of Directors one or more viable alternative proposals for consideration and final determination by this Board of Directors…” (folios 163 and 162 of the administrative record);
  • 14)By official letter DGT-A-180-10-2012 of 25 de octubre del 2012, the General Technical Director of INCOPESCA stated—among other matters—that: “…With regard to trawling, my recommendation is that it could be permitted beyond the 15-meter-depth bathymetric line (línea barimétrica), provided that a fisheye-type turtle excluder device (DET) is used in the upper portion of the codend, with two floats…”. This was because the 15-meter bathymetric limit had already been applied with great success in other responsible fishing marine areas, such as Tárcoles, and because that measure also promotes the capture and subsequent sale of white shrimp (folios 233 and 232 of the administrative record and witness testimony given at trial by Nombre114309);
  • 15)By resolution number AJDIP/494-2012, adopted at ordinary session 63-2012 of 14 de diciembre del 2012, the Board of Directors of INCOPESCA acknowledged official letter DGT-A-180-10-2012 of 25 de octubre del 2012 and instructed the General Technical Director of that entity to “…schedule and hold, during January 2013, a series of meetings with the working group that prepared this Marine Area proposal in order to analyze the observations set forth in official letter DGT-A-180-10-2012, with a view to reaching a consensus regarding the Management Plan (Plan de Manejo), the Thematic Areas (Ejes Temáticos), and every observation placed on the record, so as to supplement, with technical, scientific, and social support, the final proposal concerning (sic) the creation of this important Responsible Fishing Marine Area. 3- Likewise, a final decision must be made concerning the shrimp-fishing sector’s position on its 40-meter-depth proposal, with the participation of the Executive Presidency and two representatives of the shrimp-fishing sector…” (folios 188 to 186 of the administrative record);
  • 16)By resolution number AJDIP/068-2013, adopted by the Board of Directors of INCOPESCA at ordinary session number 10-2013, held on 15 de febrero del 2013, the San Juanillo, Santa Cruz Responsible Fishing Marine Area was approved and officially established for all legal purposes.

That subparagraph b) of point 2 of that resolution established that “…Within the defined Marine Area, vessels belonging to the semi-industrial shrimp-fishing sector shall be permitted to conduct fishing activities and operations using legally permitted fishing gear (artes de pesca); such operations may be conducted beginning at a measured bathymetric depth (profundidad barimétrica) of 60 meters from the coastline, starting at coordinates 09º59´00´´ north latitude, 85º45´50´´ west longitude, and from there along an imaginary straight line parallel to the coast in a northwesterly direction, ending at a depth of 75 meters, in accordance with the Official Nautical Chart of Costa Rica. For this purpose, and in order to determine the impact on fisheries in the area, an initial study shall be conducted for a period of one year from the date hereof to measure, quantify, and establish the impacts and recovery of hydrobiological resources (recursos hidrobiológicos), as well as the management measures (medidas de ordenación) that may be implemented, improved, or modified…” (folios 214, 215 of the administrative record; 24 and 25 of the judicial record); 17) That, in adopting subparagraph b) of point 2 of resolution number AJDIP/068-2013, the INCOPESCA Board of Directors departed from the recommendations grounded in scientific and technical principles issued by both the San Juanillo AMPR Interinstitutional Working Group and the General Technical Director of INCOPESCA, without any basis of the same nature capable of refuting them, both with respect to the use of unsustainable fishing methods, gear, or practices and with respect to the bathymetric depth at which vessels belonging to the semi-industrial shrimp-fishing sector could operate (folios 214, 215, 233, 232, 5 to 1, 94 to 70 of the administrative record; 1 to 25 of the judicial record; witness testimony given at trial by Nombre114309 and Nombre114307); 18) That, by judgment number 2013-10540, issued at fifteen hours and fifty minutes on siete de agosto del dos mil trece, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, by majority vote, declared articles 2, subsection 27, point d); 43, subsection d); and 47, subsections a) and b), of Ley 8436 of 1º de marzo de 2005 contrary to Constitutional Law (Derecho de la Constitución), insofar as they recognized shrimp fishing using trawl nets (redes de arrastre) as lawful (see the digital version of that judgment on the website: www.poder-judicial.go.cr/scij).

II. PURPOSE OF THE PROCEEDING

The plaintiffs contend:

  • 1)They consider that the authorization permitting shrimp fishers to enter, issued by the INCOPESCA Board of Directors in subsection
  • 2)of Resolution AJDIP 068-2013, departs from the technical criteria of the Fisheries Management Plan (Plan de Ordenamiento Pesquero) for the San Juanillo Responsible Marine Fishing Area (Área de Pesca Responsable San Juanillo), prepared by a team of professionals from INCOPESCA and MINAE and by fishers, based on technical studies and analyses (for example, those of FAO).
  • 2)They state that the establishment of Responsible Marine Fishing Areas (Áreas Marinas de Pesca Responsable) draws inspiration from the provisions of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, officially adopted in Costa Rica through Decree No 27919 of 16 December 1998, section 6.5 of which establishes how action must be taken when scientific information is unavailable. Likewise, that guiding instrument refers to the importance of applying environmentally sound practices, establishing them as a priority when fisheries management measures (medidas de ordenación en las pesquerías) are developed.
  • 3)They maintain that shrimp trawling (pesca de arrastre de camarón) is a technique widely known for its harmful effects on marine habitats and, therefore, should be completely prohibited within a Responsible Marine Fishing Area, since its use places species at serious risk and limits the sustainability of the resource. This is so much the case that the Constitutional Chamber, recently, in judgment number 10540-2013 of the seventh of August of August 2013, declared the phrase “shrimp using trawl nets” in paragraph d), subsection 27 of Article 2, subsection d) of Article 43, and subsections a) and b) of Article 47, all of Fisheries and Aquaculture Law No 8436 of the first of March 2005, unconstitutional.
  • 4)They believe that a technique such as that permitted in the resolution challenged herein would contradict the responsible-fishing rules established in Executive Decree number 35502- MAG of 3 August 2009, entitled “Regulations for the Establishment of Responsible Marine Fishing Areas and Declaration of the ‘Responsible Marine Fishing Areas’ as Being in the National Public Interest,” the first article of which defines responsible fishing as: “…the sustainable use of fishery resources in harmony with the environment; ·the use of fishing and aquaculture practices that are not harmful to ecosystems, resources, or their quality…”.
  • 5)They consider that the technical recommendation of the working team, composed of interdisciplinary authorities from several state institutions, adhered to the proper management of the resource, and therefore zoning and uses were defined on the basis of technical and scientific studies consistent with the parameters of that form of fishing; these were subsequently modified at the discretion of the INCOPESCA Board of Directors, without any technical justification, which is contrary to the provisions of Article 16 of the LGAP. They state that the Constitutional Chamber is emphatic on this issue, as related to scientific certainty, holding that: “…In this regard, the Chamber reiterates the obligation of public institutions to respect and rigorously apply the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters, from which arises the obligation to prevent the execution of works that lack the technical certainty necessary to conclude that their implementation is harmless to the environment and, in this specific case, to the aquifer in question…”.
  • 6)They allege that the legal principle prohibiting arbitrariness (principio jurídico de interdicción de la arbitrariedad), which entails the prohibition of arbitrary, unreasoned, and unjust decisions, is relevant. The resolution at issue embodies an act of this nature because it lacks a statement of reasons (fundamentación) for the modifications made to the proposal, departs from the studies conducted, and imposes guidelines contrary to reasonableness and the standards of justice. ) In view of the foregoing, they state that, in order to guarantee protection of the right to the environment as a fundamental right of all Costa Ricans enshrined in Article 50 of the Political Constitution, the marine ecosystem must be effectively protected in accordance with responsible fishing and environmental principles, so that the principle of legality (principio de legalidad) is observed; that is, the technical studies must be taken into account and action must conform to them. Accordingly, the resolution must be amended so that it conforms to the technical criteria on which it is based. For his part, the representative of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture states that: a) The Board of Directors did not depart from the group’s technical recommendations, because the group prepared a proposal for the Fisheries Management Plan for the Responsible Marine Fishing Area, whereas the technical opinion was issued by Lic. Nombre114309, INCOPESCA’s General Technical Director and thus the authority responsible for issuing technical opinions on the subject, through official letter DGT-A-180-10-2012; accordingly, the respective resolution creating the San Juanillo Responsible Marine Fishing Area (AMPR) was adopted on the basis of that opinion. In view of the foregoing, he considers that this decision by INCOPESCA never departed from the technical recommendation issued by Lic. Nombre114309, which was itself based on the proposal of the group established to prepare a proposed Management Plan for the San Juanillo Responsible Marine Fishing Area. b) He considers that all fishing activity causes an environmental impact, to a greater or lesser degree, but ultimately causes environmental harm (daño ambiental); therefore, if the complainants’ premise were accepted, no type of activity could be carried out, whereas the resolution establishes a management framework for the different categories of fishing that may be conducted in the area in question. c) He states that it is clear that Licenciado Nombre114309’s opinion differs from the proposal of the Interinstitutional Working Group that prepared the proposal to establish an AMPR in San Juanillo with regard to the area in which trawling may be conducted, and that ultimately the Board of Directors, taking all factors into consideration, but above all the principle of Sustainable Development (principio de Desarrollo Sostenible) in its ecological, economic, and social dimensions, determined and approved the creation of the San Juanillo AMPR as it remains to this day. d) He believes that the San Juanillo AMPR created by INCOPESCA generally complies not only with the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, but also with the Code of Conduct for Responsible Fisheries of the Countries of the Central American Isthmus, both of which are likewise closely related to our Political Constitution with respect to the principles applicable within our legal system to the protection and sustainable use of natural resources, including matters relating to trawling, concerning which the Constitutional Chamber has recently issued a judgment that directly affects the operation of this fishery. In view of the foregoing, he requests that Resolution AJDIP/068-2013 remain unaltered because it is consistent with the law, in observance of the precautionary and preventive principles (principios precautorio y preventivo) governing our legal system.-

III. THE DUTY TO STATE REASONS FOR ADMINISTRATIVE ACTS

It must be noted that the statement of reasons (motivación) constitutes a substantive element of an administrative act (acto administrativo), requiring the specification of the factual and/or legal matters supporting the public authority’s intent in the particular case. The statement-of-reasons element is far from being a merely formal consideration; on the contrary, it is an indispensable element of public action, insofar as it enables an understanding of the reasons underlying the decision. This makes it possible, on the one hand, to review the legality of the act by comparing it with the legal system and determining whether it meets the requirements imposed by that system in terms of substantiating the grounds (motivo), the legitimacy of the content, and the reasonableness and proportionality between those two elements. Moreover, it becomes a fundamental prerequisite for the addressee to exercise the right to appeal (derecho recursivo), since that right could not be fully exercised if the act did not state its legal and factual basis.

That duty to state reasons, as may be inferred from the aforementioned provision 136 of the General Law of Public Administration, may be satisfied directly or indirectly. In the first case, the act expressly sets forth the factual, technical, or legal arguments or precedents supporting the decision. In the second case (subsection 2 of the cited provision), the act refers to prior proposals, opinions, or decisions that actually determined its adoption, provided that a copy thereof is included when the act is communicated. A deficiency in this element entails a defect rendering the act null and void (vicio de nulidad), which may result in the annulment of the action. Notwithstanding the wording of subsection one of the aforementioned provision 136 of the previously cited General Law, a statement of reasons cannot be understood as a mere account of facts, a simplistic and isolated reference to legal rules deemed relevant to the case, or the mere transcription of opinions without details of the reasons for adopting them.

The importance of this requirement calls for an analysis connecting the factual and legal aspects relevant to the matter under examination (the doctrine of Article 132.1 LGAP); therefore, as a matter of principle, it entails determining the facts relevant to the decision (guided by the principle of objective truth (verdad real)—214, 308 ibídem—) and examining whether a particular legal consequence is or is not appropriate in light of the legal rules applicable to the case. This requires an assessment of the implications of the established factual circumstances within the framework of the applicable law, which assessment must be expressly set forth in the act, either directly or by reference, in order to state the reasoning that guided the administrative decision. Accordingly, it is not enough to conclude that a particular petition is inadmissible; the factual and legal grounds for that outcome must be stated.

In matters where the conditional consequence depends on compliance with certain requirements established beforehand by a formal source of law (fuente formal), the statement of reasons necessarily entails a clear explanation of why it was concluded that those requirements had not been met, as the basis supporting that outcome. The opposite would permit rejection on the basis of assertions that, irrespective of their underlying grounds, are not justified in the act itself, making it impossible to understand those grounds or to challenge the act on appeal.

IV. REGARDING THE LACK OF TECHNICAL GROUNDS FOR THE CHALLENGED FORMAL CONDUCT

This Court finds that subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, adopted by the Board of Directors of INCOPESCA at ordinary session number 10-2013 held on 15 de febrero del 2013, is affected by a defect of absolute nullity (nulidad absoluta), for the reasons set forth below: a) Although it is true that the establishment of a Responsible Marine Fishing Area (Área Marina de Pesca Responsable, AMPR) does not per se entail the exclusion of the various fishing sectors (Article 6 of Decreto Ejecutivo number 35502-MAG), it is also true that allowing the use of fishing methods, gear, or practices which, from a scientific and technical standpoint, lead to the deterioration of marine resources and, consequently, make it impossible to achieve sustainable development (desarrollo sustentable)—in this case to the detriment of the community of San Juanillo and its surrounding areas—is contrary to the preventive principle (principio preventivo) and the principles of reasonableness and proportionality (principios de razonabilidad y proporcionalidad).

In this regard, the Code of Conduct for Responsible Fisheries of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) establishes the need to refrain from using non-selective fishing methods, gear, or practices that entail the indiscriminate trawling and discarding of various marine species. This instrument has been incorporated into our domestic legal system through various sources of law, including, for example: Decreto Ejecutivo number N° 27919, in force since 14-06-1999; Ley 8436, in force since 25 de abril del 2005; and judgment 2013-10540 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 15:50 hours on 07 de agosto del 2013; b) In light of the foregoing, it is not appropriate to state that the proposal submitted by the Interinstitutional Working Group of the San Juanillo AMPR (folios 1 to 23 of the judicial case file; 94 to 70 of the administrative case file) lacks a technical basis, since, among other sources, it is based precisely on the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, which establishes the need to refine and apply selective and environmentally safe fishing gear and practices in order to maintain biodiversity and preserve population structures, aquatic ecosystems, and fish quality (Articles 6, subsections 5 and 6; 7, subsection 2, sub-subsection 2; and 8, subsection 5, sub-subsection 1).

This is evident not only from the San Juanillo Fisheries Management Plan (Plan de Ordenamiento Pesquero) proposal itself (folios 94 to 70 of the administrative case file; 1 to 23 of the judicial case file), but also from the testimony given at trial by Nombre114307, Coordinator of the Interinstitutional Working Group of the San Juanillo AMPR. Consequently, and without prejudice to the opinion that the Technical Director General of INCOPESCA might issue in order to reconcile the interests of the different fishing sectors, as reflected in agreements AJDIP-405-2012 of ordinary session 50-2012 of 07 de setiembre del 2012 and AJDIP/494-2012 of ordinary session 63-2012 of 14 de diciembre del 2012, adopted by the Board of Directors of INCOPESCA (folios 163 and 162, 188 to 186 of the administrative case file), it is not appropriate to claim that the technical recommendations proposed in the Fisheries Management Plan for establishing the San Juanillo AMPR lacked such technical character.

Under Articles 2 and 3 of Decreto Ejecutivo 35502-MAG, the basis for the Board of Directors of INCOPESCA to discuss and determine the feasibility of establishing a responsible marine fishing area and issuing the Fisheries Management Plan for that area is precisely that document, together with any input provided by the Technical Director General of INCOPESCA (folio 34 of the judicial case file; 163 and 162 of the administrative case file). To assert otherwise not only openly contradicts the provisions of sections 2 and 3 of Decreto Ejecutivo 35502-MAG, but also entails—as occurred in this case—departing from a recommendation grounded in scientific and technical principles without grounds of the same nature capable of rebutting it. This is contrary to Article 50 of the Ley de Biodiversidad and Article 59 of the Ley Orgánica del Ambiente, which provide that human activities, particularly those related to human settlements, agriculture, tourism, industry, or other activities that may affect vital ecological processes, must comply with the technical and scientific standards issued by the competent public entities; c) It is true that, in principle, it could be maintained that, pursuant to Article 159(1) of the Ley General de la Administración Pública, the challenged formal conduct became affected by a defect of absolute nullity, since, at the time that act was issued—specifically subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013—the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice had not declared Articles 2, subsection 27, point d); 43, subsection d); and 47, subsections a) and b), of Ley 8436 of 1º de marzo de 2005 to be contrary to Constitutional Law insofar as they recognized shrimp trawling gear (arte de pesca de camarón con redes de arrastre) as lawful.

This explains why the challenged agreement states that vessels belonging to the semi-industrial shrimp-fishing sector would be allowed to conduct fishing activities and operations within the defined Marine Area using legally permitted fishing gear. Nevertheless, Decreto Ejecutivo number 27919—which implements the provisions of section 6 of the Constitución Política—has been in force since 14 de junio de 1999 and established “…the official application by the Costa Rican State of the Code of Conduct for Responsible Fisheries, approved by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Rome, Italy, on 31 de octubre de 1995, as an instrument of responsible practices intended to ensure the conservation, management, and effective development of aquatic resources…,” with INCOPESCA being “…responsible for monitoring and applying the provisions contained in the Code (sic) to Costa Rican fishing activity and required to promote and facilitate its dissemination and understanding through appropriate mechanisms for the national fishing sector, for which purpose the country’s Public Institutions shall provide it with the necessary cooperation within their respective fields of authority….” Furthermore, since its original version published in La Gaceta number 78 of 25 de abril del 2005—and in force since that date—Ley 8436 has established in Article 38, subsections j) and k), that the use of gillnets (redes agalleras) and high-seas pelagic trawl nets (redes de arrastre pelágicas de altura), as well as any practice that threatens the sustainability of fishery resources, is prohibited.

These provisions are supplemented by the technical standards contained in the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, whose official application by the Costa Rican State has been in force since 14 de junio de 1999. d) At this juncture, it should be emphasized that INCOPESCA, in exercising the powers conferred upon it by Articles 12 and 38 of Ley 8436 as the authority responsible for implementing that same body of law and the Fisheries and Aquaculture Development Plan (Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola), is responsible for determining the prohibited fishing methods, techniques, equipment, and gear in order to safeguard, defend, and preserve marine biodiversity, fishery resources, and sustainable development. Accordingly, it is contrary to the principles of logic and reasonableness and to the preventive and precautionary principles (principios preventivo y precautorio) for the Board of Directors of the respondent entity, in subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, to have allowed vessels belonging to the semi-industrial shrimp-fishing sector to conduct fishing activities and operations within the San Juanillo Responsible Marine Fishing Area using methods that, from a scientific and technical standpoint, cause deterioration of marine resources and consequently create an obstacle to the sustainable development of the community of San Juanillo and its surrounding areas.

This was so even though the Board had both national and international technical inputs contained in treaty, statutory, and regulatory provisions that would have allowed it, at a minimum, to implement protective measures to help mitigate, at least in part, the lack of selectivity inherent in trawl fishing methods, as recommended by the Technical Director General of INCOPESCA in official letter DGT-A-180-10-2012 of 25 de octubre del 2012, which stated: “…With regard to trawl fishing, my recommendation is that it could be permitted beyond the 15-meter depth contour, provided that a fisheye-type TED is used on the upper portion of the codend with two floats…” (folio 232 of the administrative case file and testimony given at trial by Nombre114309). Consequently, the Costa Rican legal system already contained technical standards imposing upon INCOPESCA, as the implementing authority for Ley 8436 and the Fisheries and Aquaculture Development Plan (Article 12 of that same body of law), the duty not only to determine which fishing methods, gear, or practices were not contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, but also to adopt the measures necessary to protect marine resources and the right to sustainable development of communities engaged in fishing and the exploitation of marine resources.

This was not done in the present case, where the objectives pursued through the creation of the San Juanillo AMPR are rendered ineffective by subsection b) of point 2 of the challenged agreement. e) Moreover, the technical reasons for which the Board of Directors of INCOPESCA departed both from the technical recommendations issued by the Interdisciplinary Working Group of the San Juanillo AMPR (folios 5 to 2 of the administrative case file) and from those contained in official letter DGT-A-180-10-2012 of 25 de octubre del 2012, signed by the Technical Director General of INCOPESCA (folios 233 and 232 of the administrative case file), regarding the depth at which vessels of the semi-industrial shrimp-fishing sector could operate, are likewise not apparent. The agreement merely provides that the “…operations may be conducted beginning at a measured bathymetric depth of 60 meters from the coastline, starting at coordinates 09º59´00´´ north latitude, 85º45´50´´ west longitude, and from there along an imaginary straight line parallel to the coast in a northwesterly direction, ending at a depth of 75 meters, in accordance with the Official Nautical Chart of Costa Rica…” (folio 215 of the administrative case file and 25 of the judicial case file).

In this regard, it bears noting that, in an official letter submitted to INCOPESCA on 28 de agosto del 2012 in response to agreement number AJDIP-352-2012, adopted by the Board of Directors of that entity at ordinary session number 41-2012 of 19 de julio del 2012, the Interinstitutional Working Group of the San Juanillo AMPR stated that “…trawling at depths of 40 meters and beyond would mean catching not only shrimp, but primarily snappers, carillas, and conger eels, which are the target species of artisanal fishers and which, because of their vital ecological and economic importance to them, are protected under the Fisheries Management Plan prepared for the responsible marine fishing area, encompassing a total of 5 nautical miles from the coast rather than the average of 0.74 nautical miles that the shrimp fishers’ proposal would entail (Anexo I).

It must be recalled that, under the regulations currently in force, which are based on scientific studies, the mesh size (luz de malla) of trammel nets (trasmallos) in Guanacaste may not be less than 4.5 inches; it is therefore contradictory to permit semi-industrial trawling (arrastre semi-industrial), which uses nets with a mesh size of 1 ¼ inches, particularly in an area proposed as a responsible fishing area (área de pesca responsable), where the artisanal fishers themselves are willing to use a mesh size of up to 5 1/8 inches…” (folios 5 a 1, 45, 144 y 143 del expediente administrativo and testimony given at trial by Nombre114307 ). For his part, the Technical Director General of INCOPESCA himself stated that “… With regard to trawling (pesca de arrastre), my recommendation is that it could be permitted beyond the 15-meter-depth bathymetric line (línea barimétrica), provided that fish-eye-type bycatch reduction devices (DET tipo de ojo de pescado) are used in the upper part of the codend (copo), with two floats…,” given that the 15-meter bathymetric line had already been applied with great success in other responsible fishing marine areas (áreas marinas de pesca responsable), such as Tárcoles, a provision which, according to his statement, also promotes the capture and subsequent marketing of white shrimp (folio 232 del expediente administrativo and testimony given at trial by Nombre114309 ); f) This situation is aggravated because, in evident contravention of the preventive principle (principio preventivo), precautionary principle (principio precautorio), in dubio pro natura principle (in dubio pro natura), and the environmental public interest (interés público ambiental) (artículo 11 de la Ley de Biodiversidad), the Board of Directors of INCOPESCA established in subsection b) of item 2 of agreement AJDIP/068-2013 that “… for purposes of determining the impact on fisheries in the area, an initial study shall be conducted for a period of one year from the present date, allowing the impacts and the recovery of hydrobiological resources (recursos hidrobiológicos) to be measured, quantified, and established, as well as the management measures (medidas de ordenación) that may be implemented, improved, or modified…” (folios 215 del expediente administrativo y 25 del expediente judicial).

In this regard, although numeral 13 of Decreto Ejecutivo número 35502-MAG establishes that a Monitoring Commission (Comisión de Seguimiento) shall ensure the proper management of the Responsible Fishing Marine Area (Área Marina para la Pesca Responsable) and shall keep the Executive Presidency of INCOPESCA informed through reports issued at least every six months, it is also true that the provision in the aforementioned passage of subsection b) of item 2 of agreement AJDIP/068-2013 does not constitute monitoring and verification work based on technical rules issued by the competent public entities—in this case, INCOPESCA—for the maintenance of vital ecological processes within and outside responsible fishing marine areas, since it does not even suggest the possibility of applying protective measures that would help partly minimize the problems arising from the trawling method’s lack of selectivity, such as fish-eye devices or turtle-exclusion devices. g) For all the foregoing reasons, this Court declares that subsection b) of item 2 of agreement AJDIP/068-2013, adopted at ordinary session number 10-2013 held by the Board of Directors of INCOPESCA on 15 de febrero del 2013, is vitiated by absolute nullity (nulidad absoluta), because it is manifestly and evidently contrary to the legal system, specifically to the provisions of artículos 16 y 136 de la Ley General de la Administración Pública; 11 y 50 de la Ley de Biodiversidad; 59 de la Ley Orgánica del Ambiente; 1 y 2 del Decreto Ejecutivo número 27919; 2, 3 y 13 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG; the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea; the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles; the 1982 World Charter for Nature; the Convention on Biological Diversity; the Rio Declaration; and the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, which require the adoption of selective fishing techniques, the conservation of marine resources and ecosystems, prohibit overexploitation, and mandate the application of fishing and commercial principles, techniques, and practices consistent with resource sustainability and with the precautionary and preventive principles inherent in Environmental Law (Derecho Ambiental).

The foregoing is without prejudice to the provisions of the Por Tanto of judgment number 2013-10540 issued by the Sala Constitucional, stating that “…In consideration of rights acquired in good faith, the permits, authorizations, and licenses currently in force shall remain valid and effective until the expiration of the term granted to each of them, provided that their holders conduct the activity in absolute compliance with the legal rules issued on the matter and on condition that they adopt, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies available, under the supervision of INCOPESCA; once the term of validity has expired, they may not be extended…”. For the reasons giving rise to the declaration of partial absolute nullity (nulidad absoluta parcial) of the aforementioned agreement, no ruling is made on the other arguments on which the plaintiff bases its claim for nullity and nonconformity with the legal system.

V.REGARDING CLAIMS 3 AND 4 OF THE COMPLAINT, AND THE SCOPE OF JUDGMENT NUMBER 2013-10540 OF THE SALA CONSTITUCIONAL IN THIS PARTICULAR CASE. First, it should be noted that, by majority vote, the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, in judgment number 2013-10540 of fifteen hours and fifty minutes on siete de agosto del dos mil trece, held—insofar as relevant—that: “…Consequently, shrimp fishing with trawl nets, while no devices are available (sic) to reduce incidental catch (Bycatch Reduction Devices) that significantly reduce incidental catch (not all have the same effectiveness, and it is not enough that they save turtles), contravenes the principles enshrined in international instruments concerning marine resources, which are directly applicable in our jurisdiction pursuant to the provisions of Article 6, as already stated, without prejudice to the supplementary and subsidiary application of Article 7 of the Constitution.

Indeed, pursuant to Article 6 of our Constitution, the principles of International Law apply directly; therefore, Articles 2 subsection 27 point d), 43 subsection d), and 47 subsections a) and b) of Ley 8436 of 1º de marzo de 2005, insofar as they recognize shrimp fishing with trawl nets as a lawful fishing gear (arte de pesca), violate this constitutional provision and the principles of International Law governing the matter that the provision recognizes, which require the adoption of selective fishing techniques, the conservation of marine resources and ecosystems, prohibit overexploitation, and require the application of fishing and commercial techniques and practices consistent with resource sustainability and the precautionary and preventive principles inherent in Environmental Law…”. In view of the foregoing and pursuant to Articles 10 of the Constitución Política; 1, 2 subsection b), and 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the petitioners shall abide by the ruling of the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia in the judgment partially transcribed above with respect to the relief sought in claim number 3 of the complaint.

Furthermore, this Court finds claim number 4, which seeks an order requiring INCOPESCA to bring subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013 into conformity with point number 3.13.5 of the Plan de Ordenamiento Pesquero del Área de Pesca Responsable San Juanillo, to be inadmissible. That point provides: “…Throughout the entire area and year-round, the use of bottom trawl nets shall be prohibited, as shall the use of purse-seine sardine nets. The foregoing is due to the limited or nonexistent selectivity of this fishing gear and the resulting harm to the fishery and the economy of artisanal fishers in the area…” (folios 77 and 76 of the administrative case file (expediente administrativo); 18 of the judicial case file (expediente judicial)). This is because the Sala Constitucional itself, in the operative provisions (Por Tanto) of judgment number 2013-10540 of fifteen hours and fifty minutes on siete de agosto del dos mil trece, ordered: “…The foregoing does not preclude categories A and B, which have been annulled, from being reinstated in the future through the corresponding statutory amendment, provided that express reference is made to the obligation to use devices to reduce incidental catch (Bycatch Reduction Devices), with respect to which, prior to any statutory amendment and with the corresponding scientific and technological support, a significant reduction in such incidental catch must be demonstrated that is compatible with democratic sustainable development.

In this regard, it must be noted that, given the current state of technology, not every device of this type satisfies that requirement or has the same effectiveness…”. This is without prejudice to the fact that claim number 4 would entail a violation of vested rights acquired in good faith (derechos adquiridos de buena fe), which were recognized by the Sala Constitucional in the operative portion of judgment number 2013-10540 when it ordered that: “…In consideration of vested rights acquired in good faith, current permits, authorizations, and licenses shall remain valid and effective until the expiration of the term granted for each of them, provided that their holders conduct the activity in full compliance with the legal framework enacted on the matter and on the condition that they adopt, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies available, under the supervision of INCOPESCA; once their term of validity has expired, they may not be extended…”.

Consequently, because the Sala Constitucional did not exclude the possibility of using trawling techniques, provided that “…a significant reduction in such incidental catch is demonstrated that is compatible with democratic sustainable development…”, and because it recognized the vested rights of holders of current trawl-fishing licenses, which they may continue to use until expiration, provided that they apply devices effectively reducing the incidental catch caused by the trawling method, this Court orders the Junta Directiva del INCOPESCA to determine, on the basis of the corresponding technical and scientific support, the methods, gear, and practices that the semi-industrial shrimp-fishing sector might eventually use and the bathymetric depths (profundidades barimétricas) from which they may be used in the AMPR de San Juanillo, provided, of course, that this is technically possible. For this purpose, it is granted a period of 1 year from the date this ruling becomes final, during which it shall demonstrate every three months to the Judges responsible for the judgment-enforcement phase (fase de ejecución de sentencias) of this jurisdiction the progress made toward effective compliance with that order.

Likewise, at the end of that 1-year period, it shall submit to the Judgment-Enforcement Judges (Jueces de Ejecución de Sentencias) of this Court a complete report providing detailed evidence of the specific actions taken, in order to determine whether it is technically possible for the semi-industrial shrimp-fishing sector to conduct fishing operations in the AMPR de San Juanillo, the techniques under which it may do so, and the bathymetric depths from which it may do so. In any event, and to prevent the effects of this ruling from being rendered ineffective, the effects of the interim measure (medida cautelar) granted by the Jueza Tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda through ruling number 2013-002160 at 09:30 hours on 09 de octubre del 2013 shall remain in force until this judgment becomes final.-

VI. REGARDING THE SUBSTANTIVE REQUIREMENTS

This Court concludes that the plaintiffs have standing to bring suit (legitimación activa) in these proceedings pursuant to Article 105 of the Ley de Biodiversidad because, as residents of San Juanillo and, in some cases, fishers from that area, they bring this action in defense and protection of biodiversity. In addition, the action is properly directed against the Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, as provided in Article 12 subsection

  • 1)of the aforementioned Code, because it is the entity that issued the act challenged here, namely subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, adopted at ordinary meeting number 10-2013 held by the Junta Directiva del INCOPESCA on 15 de febrero del 2013. The legal interest (interés), for its part, remains current insofar as the challenged conduct continues to have effects within the plaintiffs’ legal sphere and a judicial ruling is required to resolve the matter. Finally, for all the reasons set forth in recitals (considerandos) III through V of this judgment, this collegiate body finds that the complaint filed by Nombre114292 against the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura is partially granted on the following terms, with any relief not expressly specified being deemed denied:
  • 1)Subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, adopted at ordinary meeting number 10-2013 held by the Junta Directiva del INCOPESCA on 15 de febrero del 2013, is declared to be affected by a defect of absolute nullity (nulidad absoluta). The foregoing is without prejudice to the provisions of the Por Tanto of judgment number 2013-10540 issued by the Sala Constitucional, stating that: “…In consideration of vested rights acquired in good faith, current permits, authorizations, and licenses shall remain valid and effective until the expiration of the term granted for each of them, provided that their holders conduct the activity in full compliance with the legal framework enacted on the matter and on the condition that they adopt, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies available, under the supervision of INCOPESCA; once their term of validity has expired, they may not be extended…”.
  • 2)In view of the grounds supporting the declaration of absolute nullity solely of subsection b) of point 2 of agreement AJDIP/068-2013, no ruling is issued on the remaining arguments on which the plaintiff grounds its claim of nullity and nonconformity with the legal framework.
  • 3)The petitioners shall abide by the ruling of the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia in judgment number 2013-10540 of fifteen hours and fifty minutes on siete de agosto del dos mil trece with respect to the relief sought in claim number 3 of the complaint.
  • 4)The Junta Directiva del INCOPESCA is ordered to determine, on the basis of the corresponding scientific support, the methods, gear, and practices that the semi-industrial shrimp-fishing sector might eventually use and the bathymetric depths from which they may be used in the AMPR de San Juanillo, provided, of course, that this is technically possible.
  • 5)For this purpose, it is granted a period of 1 year from the date this ruling becomes final, during which it shall demonstrate every three months to the Judges responsible for the judgment-enforcement phase of this jurisdiction the progress made toward effective compliance with that order. Likewise, at the end of that 1-year period, it shall submit to the Judgment-Enforcement Judges of this Court a complete report providing detailed evidence of the specific actions taken, in order to determine whether it is technically possible for the semi-industrial shrimp-fishing sector to conduct fishing operations in the AMPR de San Juanillo, the selective methods, forms, or practices under which it may do so, and the bathymetric depths from which it may do so.
  • 6)In any event, and to prevent the effects of this ruling from being rendered ineffective, the effects of the interim measure granted by the Jueza Tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda through ruling number 2013-002160 at 09:30 hours on 09 de octubre del 2013 shall remain in force until this judgment becomes final.-

VII. REGARDING COSTS

Pursuant to Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, court costs and attorneys’ fees (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of having lost. Waiver of such an award is permissible only when, in the Court’s judgment, there were sufficient grounds to litigate or when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable provisions and depart from the principle that costs are awarded against the losing party. Accordingly, both categories of costs are imposed on the State, and their amounts shall be assessed during enforcement of the judgment.-

POR TANTO.

The action filed by Nombre114292 against the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura is partially granted on the following terms, and is deemed denied as to any matter not expressly indicated:

  • 1)Subparagraph b) of item 2 of resolution AJDIP/068-2013, adopted at ordinary session number 10-2013 held by the Board of Directors of INCOPESCA on 15 de febrero del 2013, is declared to be vitiated by absolute nullity (nulidad absoluta). The foregoing is without prejudice to the provisions of the Por Tanto of judgment number 2013-10540 issued by the Sala Constitucional, to the effect that “…In consideration of rights acquired in good faith (derechos adquiridos de buena fe), current permits, authorizations, and licenses shall remain valid and effective until the expiration of the term granted for each of them, provided that their holders conduct the activity in absolute compliance with the legal system (ordenamiento jurídico) established for this subject matter, and on the condition that they adopt, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies available, under the supervision of INCOPESCA; once their term of validity has expired, they may not be extended…”.
  • 2)For the reasons supporting the declaration of absolute nullity solely with respect to subparagraph b) of item 2 of resolution AJDIP/068-2013, no ruling is made on the other arguments on which the plaintiff bases the claims of nullity and nonconformity with the legal system.
  • 3)With respect to the relief requested in claim number 3 of the action, the claimants shall abide by the ruling of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia in judgment number 2013-10540 of fifteen hours and fifty minutes on siete de agosto del dos mil trece.
  • 4)The Board of Directors of INCOPESCA is ordered to determine, on the basis of the corresponding scientific evidence, the methods, fishing gear, and practices that the semi-industrial shrimp-fishing sector might potentially use, and the bathymetric depths (profundidades barimétricas) from which they might be used, in the AMPR of San Juanillo, if technically feasible.
  • 5)For this purpose, it is granted a period of 1 year from the date this ruling becomes final (firmeza), during which it must demonstrate, every three months, to the judges responsible for the judgment-enforcement phase (fase de ejecución de sentencias) in this jurisdiction the progress made toward effective compliance with that order. Furthermore, upon expiration of that 1-year period, it must submit to the judgment-enforcement judges of this Court a complete report setting forth in detail the specific measures adopted to determine whether it is technically possible for the semi-industrial shrimp-fishing sector to conduct fishing operations in the AMPR of San Juanillo and, if so, using which selective methods, means, or practices and beginning at which bathymetric depths.
  • 6)In any event, and to prevent the effects of this ruling from being rendered ineffectual, the interim relief (medida cautelar) granted by the Presiding Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda through ruling number 2013-002160 at 09:30 hours on 09 de octubre del 2013 shall remain in effect until this judgment becomes final.
  • 7)Both categories of costs (ambas costas) shall be borne by the unsuccessful party, and those amounts shall be assessed during the judgment-enforcement phase before this Court.- Marianella Álvarez Molina Sergio Mena García Rodrigo Alberto Campos Hidalgo CASE FILE: 13-003412-1027-CA ORDINARY PROCEEDING (PROCESO DE CONOCIMIENTO) PLAINTIFFS: Nombre114292 AND OTHERS DEFENDANT: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA)

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Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico _______________________________________________________________________ PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTORES: Nombre114292 Y OTROS DEMANDADO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) Nº 75-2016-V TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección144 . Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del diecinueve de julio del dos mil dieciséis.- Proceso de conocimiento interpuesto por Nombre114292 , cédula CED90401, MICHAEL JOSE RUIZ ELIZONDO, cédula CED90402, Nombre114293 , cédula CED90403, Nombre114294 , cédula CED90404, Nombre114295 , cédula CED90396- , Nombre114296 , cédula CED90405, Nombre114297 , cédula CED90406, Nombre114298 , cédula de residencia CED90407, Nombre114299 , cédula CED90408, Nombre114300 , cédula CED90409, Nombre114301 , cédula CED90397- , Nombre114302 , cédula CED90398- , Nombre114303 , cédula CED90399 ; representados por Nombre35104 , cédula de identidad número CED90400 , y Nombre114304 , cédula CED90400 (no incluye a los actores Nombre114292 y Michael José Ruiz Elizondo), en su carácter de Apoderados Especiales Judiciales (folios 115 y 128 del expediente judicial e imágenes 1 a 3 del escrito presentado por la parte actora el 04-07-2016); contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA), cédula jurídica número CED90410, representado por Nombre114305 , cédula CED90411 y Nombre105357 , cédula CED7990, en su condición de Apoderados Especiales Judiciales (folios 59 y 60 del expediente judicial).

RESULTANDO:

  1. 1Por resolución número 2013-2160 de las 09:30 horas del 09 de octubre del 2013, la Jueza Tramitadora, dispuso: “Se acoge la solicitud de medida cautelar interpuesta y en consecuencia se suspenden los efectos del acuerdo Nº AJDIP 068-2013 del 15 de febrero de 2013, inciso b) del punto 2 adoptado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y se ordena no practicar faenas de pesca semiindustrial camaronera con redes de arrastre, mientras no se cuente con dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental, dentro del área señalada en el citado acuerdo AJDIP 068-2013 hasta que no se disponga otra cosa distinta por este Tribunal Contencioso. Se concede a la parte actora el plazo de QUINCE DÍAS para que presente la demanda del proceso de conocimiento. Contra lo aquí resuelto procede recurso en la forma y términos contemplados en el Código Procesal Contencioso Administrativo…” (folios 50 a 57 del expediente judicial de medida cautelar). No se desprende del expediente que se haya planteado recurso de apelación contra ese pronunciamiento.-
  2. 2Las pretensiones de la parte actora –que se fijaron en la audiencia preliminar que se realizó a las 09:02 horas del 02 de julio del dos mil quince-, son para que “... l. Se declare la disconformidad del inciso b) del punto 2 del Acuerdo N° INCOPESCA-AJDIP-068-2013 dictado por la Junta Directiva del INCOPESCA en fecha 15 de febrero del 2013 que permite realizar faenas de pesca a las embarcaciones del sector pesquero semi-industrial camaronero en el Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, por ser contrario al ordenamiento jurídico y puntualmente al Voto de la Sala Constitucional Nº 2013-10540 de las 15:50 hrs del 07 de agosto del 2013, donde prohíbe la pesca de arrastre por ocasionar daño ambiental. 2. Se declare la nulidad parcial del Acuerdo N° INCOPESCA-AJDIP-068-2013 dictado por la Junta Directiva del INCOPESCA en fecha 15 de febrero del 2013, específicamente en el inciso b) del punto 2 del referido acuerdo; que adolece el vicio de nulidad absoluta al no contar con asidero técnico y jurídico para la permisividad para realizar faenas de pesca a las embarcaciones del sector pesquero semi-industrial camaronero en el Área de Pesca Responsable de San Juanillo, mediante la pesca de arrastre que ocasionan daño ambiental dicho tipo de pesca. 3.El inciso b) del Punto 2 del Acuerdo N° INCOPESCA-AJDIP-068-2013 dictado por la Junta Directiva del INCOPESCA en fecha 15 de febrero del 2013 constituye un riesgo o amenaza inminente al poner en peligro el medio ambiente y del recurso marino del Área de Pesca Responsable de San Juanillo al permitir la faena de pesca al sector semi-industrial mediante pesca de arrastre. 4. Que el inciso b) del Punto 2 del Acuerdo No INCOPESCA-AJDIP-068-2013 se readecue a lo dispuesto en la recomendación técnica plasmada en el Plan de Ordenamiento Pesquero del Área de Pesca Responsable San Juanillo conforme al punto N° 3.13.5. 5. Que se condene al INCOPESCA al pago de ambas costas del presente proceso...." (folios 99, 100 y 131 del expediente judicial y respaldo digital de la audiencia preliminar del 02-07-2015).
  3. 3El representante del INCOPESCA contestó de manera negativa la demanda, planteó la defensa previa de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesario con relación al Estado –dada la alusión que se hacía a éste en la primera pretensión que originalmente se planteó en la demanda, que con posterioridad fue modificada mediante escrito visible de folio 98 a 104 del expediente-; no interpuso excepciones de fondo, y solicita que se rechacen todas las pretensiones por no estar ajustadas a derecho; que no se les condene en costas por litigar de buena fe, y se condene a los actores al pago de ambas costas de este proceso (folios 53 a 57 del expediente judicial).
  4. 4Por resolución número 1225-2014 de las 10:00 horas del 30 de mayo de 2014, la Jueza Tramitadora acogió la defensa previa de falta de integración de la litis interpuesta por el INCOPESCA y ordenó integrar al Estado (folios 67 a 68 del expediente judicial).
  5. 5El representante del ESTADO contestó de manera negativa la demanda, planteó las defensas de indebida integración de la litis consorcio pasivo necesario, caducidad y prescripción; e interpuso las excepciones de falta de legitimación ad procesum y ad causam activa y pasiva; falta de interés actual, falta de derecho, culpa de la víctima y hecho de un tercero. Por ende, solicita que se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos; se condene a la parte actora al pago de ambas costas de esta acción, como los intereses sobre éstas, y que dicha condenatoria se haga ·con base en el Decreto de Honorarios del Colegio de Abogados vigente al momento de la misma, las cuales, se liquidarán en el momento procesal oportuno.-
  6. 6La audiencia preliminar se celebró a las 08:46 horas del 21 de abril del 2015, la cual, fue grabada en el sistema electrónico correspondiente y corre agregada al expediente en un legajo especial. Que durante esta audiencia la Jueza Tramitadora rechazó el desistimiento de la demanda contra el Estado, que planteó el representante de los actores en escrito visible de folio 98 a 104; como también, el recurso de revocatoria interpuesto contra esa decisión, tanto por los accionantes como por el representante del Estado. Asimismo, fijó las pretensiones planteadas por la parte actora, en los términos de lo indicado en el resultado primero de esta sentencia; estableció que todos los hechos se tienen por controvertidos, trascendentales para el caso y por ende, objeto de prueba. Por último, admitió la prueba documental visible de folios 1 a 34, 129 del expediente judicial; la totalidad del expediente administrativo (carpeta física de 233 folios); así como, la declaración de 3 testigos (folios 130 a 133 del expediente judicial y respaldo digital de la audiencia preliminar).-
  7. 7El expediente fue remitido a la Jueza Ponente de la Sección Quinta de ese Tribunal, el 14 de octubre del 2015 y la resolución de señalamiento a juicio oral y público, fue dictada a las 07:40 horas del 20 de octubre del 2015 (folio 142 del expediente judicial).-
  8. 8Que por escrito recibido en este Despacho a las 15:30 horas del 01 de julio del 2016, la Procuradora General Adjunta, manifestó que “…De conformidad con las facultades que me confiere el artículo 114 del Código Procesal Contencioso Administrativo, autorizo al Procurador designado para la atención de este proceso para que se allane a todas las pretensiones establecidas por la parte actora, y que no suponen ninguna de las mismas pretensión en contra del Estado. Entiéndase igualmente que la autorización supone la aplicación del artículo 197 del mismo Código, en el sentido de que no se impondrán costas por este allanamiento…” (imagen 1 del documento digital presentado por el representante estatal el 01-07-2016).
  9. 9La audiencia de juicio oral y público se celebró a las 08:40 horas del 06 de julio del dos mil dieciséis, la cual, fue grabada en el sistema electrónico correspondiente y corre agregada al expediente en un legajo especial. Durante esa audiencia, este Tribunal mediante resolución número 71-2016 dictada de manera oral a las 09:26 horas de esa misma fecha, acogió la solicitud de desistimiento de la demanda con relación al Estado, sin especial condenatoria en costas. De seguido, se tuvo por desistida la declaración testimonial de Nombre114306 , conforme a lo indicado por el representante del INCOPESCA; se escucharon los alegatos de apertura de ambas partes; se evacuó la declaración de los dos testigos ofrecidos por cada una de las partes. Por último, las partes rindieron de manera oral sus conclusiones. Al finalizar, el Tribunal verificó los medios de notificación e indicó a las partes que la sentencia se dictaría de manera escrita, en el plazo de quince días hábiles previsto en el inciso 1) del artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo, contado a partir del día siguiente de finalizada la audiencia (ver respaldo digital de la audiencia de juicio oral y público).-
  10. 10En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión y la sentencia se dicta dentro del plazo establecido en el artículo 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo.-

Redacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de los jueces Mena García y Campos Hidalgo; y, C O N S I DE R A N D O:

Io.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso:

  • 1)Que por acuerdo número AJDIP/014-2011 adoptado por la Junta Directiva del INCOPESCA en la sesión ordinaria del 04-2010 (sic) celebrada el 14 de enero del 2011, dispuso: “…1. Avalar propuesta presentada por el señor Nombre114307 , Director Regional de Guanacaste, para la formulación del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo. 2. Girar instrucciones a la Dirección General Técnica, para que emita su respectivo criterio técnico en un plazo de tres meses calendario, a partir de la comunicación, del presente acuerdo. 3. Girar instrucciones a la Presidencia Ejecutiva, para que conforme el Grupo de Trabajo y la Comisión de Seguimiento del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo…” (folios 37 a 9 del expediente administrativo; 26 frente del expediente judicial);
  • 2)Que por resolución número PEP-082-02-2011 del 15 de febrero del 2011, el Presidente Ejecutivo del INCOPESCA, dispuso conformar el Grupo de Trabajo Interinstitucional para la elaboración del Plan de Ordenamiento Pesquero, que establecería las características y regulaciones particulares para la creación y entrada en funcionamiento del Área Marina de Pesca Responsable (AMPR) de la Comunidad de San Juanillo, Guanacaste. Que entre otros, dicho Grupo Interinstitucional de Trabajo estaría conformado por dos representantes de la Asociación de Pescadores de San Juanillo y un representante del sector camaronero. Que dicho Grupo Interinstitucional de Trabajo, debía iniciar sus funciones a partir del primero de marzo del 2011 y debía presentar a más tardar el 30 de mayo del 2011 ante la Junta Directiva del INCOPESCA, la propuesta de Plan de Ordenamiento Pesquero para la creación y entrada en funcionamiento del AMPR de San Juanillo (folios 26 vuelto y 27 del expediente judicial);
  • 3)Que por oficio número DRG-95-S-2011 del 5 de mayo del 2011, el Director Regional del INCOPESCA en Guanacaste y Coordinador del Grupo Interinstitucional de Trabajo, le indica al Presidente Ejecutivo del INCOPESCA, que no se podrá cumplir el plazo para entregar la propuesta de Plan de Ordenamiento Pesquero para la creación y entrada en funcionamiento del AMPR de San Juanillo, toda vez que a la fecha, no se había designado al representante del sector camaronero (folios 28 vuelto y 29 del expediente judicial; declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114307 );
  • 4)Que por mensaje de correo electrónico, enviado el 09 de junio del 2011, el Director General Técnico del INCOPESCA, le comunicó al Coordinador del Grupo Interinstitucional de Trabajo del AMPR de San Juanillo que “…para efectos de iniciar conversaciones entre los sectores involucrados en la propuesta de Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, me permito comunicarte que el señor Gerardo Marín es el representante por el Sector camaronero de arrastre. El señor Marín me manifiesta que para la primera semana de julio, estaría en disposición de participar en una primera reunión…” (folio 30 del expediente judicial);
  • 5)Que de conformidad con la convocatoria realizada por el Coordinador del Grupo Interinstitucional de Trabajo de la AMPR de San Juanillo, la primera reunión se realizó el 06 de julio del 2011, sin embargo, el representante del sector camaronero no asistió a dicha reunión de forma injustificada (folios 30 vuelto y 31 del expediente judicial);
  • 6)Que por nota fechada 19 de julio del 2011, el representante del sector camaronero ante el Grupo Interinstitucional de Trabajo de la AMPR de San Juanillo, comunicó al Presidente Ejecutivo del INCOPESCA que “…no es que mi persona se oponga a las reuniones citadas sino al lugar donde se citaron dichas reuniones ya que se encuentra muy alejado de la provincia de Puntarenas (…) De antemano hago saber a su persona que no voy a poder asistir ya que me encuentro ocupa (sic) con mis labores y el lugar citado de la reunión se encuentra muy alejado de la provincia…” (folio 32 vuelto del expediente judicial);
  • 7)Que por oficio número DRG-145-Q7-2011 del 21 de julio del 2011, el Coordinador del Grupo Interinstitucional de Trabajo de la AMPR de San Juanillo, le comunicó al Presidente Ejecutivo del INCOPESCA, que con relación a la nota presentada por el representante del sector camaronero, “…se estableció mediante acuerdo unánime (…) que el Grupo no está de acuerdo con el planteamiento del señor Nombre114308 y que por ello no aceptan que las reuniones sean trasladadas fuera de la Comunidad de San Juanillo donde se ubica el área de pesca que se propone manejar…” (folio 33 del expediente judicial; declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114307 );
  • 8)Que el 20 de octubre del 2011, el Grupo Interinstitucional de Trabajo del AMPR de San Juanillo y la Asociación de Pecadores de esa misma comunidad, presentaron ante la Junta Directiva del INCOPESCA, el Plan de Ordenamiento Pesquero del Área de Pesca Responsable de San Juanillo, Santa Cruz, Guanacaste, en el cual –entre otros aspectos- se establece en el punto 3.13.5 que “…En toda la zona y durante todo el año quedará prohibido el uso de redes de arrastre por el fondo igualmente quedará prohibido el uso de redes sardineras de cerco. Lo anterior por la poca o ninguna selectividad de estos aparejos de pesca y el consiguiente daño a la pesquería y a la economía de los pescadores artesanales de la zona…” (folios 94 a 70 del expediente administrativo; 1 a 23 del expediente judicial);
  • 9)Que la propuesta presentada por el Grupo Interinstitucional de Trabajo del AMPR de San Juanillo, encuentra fundamento técnico -entre otras fuentes-, en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre el tema de las artes, prácticas y métodos de pesca sustentables (folios 94 a 70 del expediente administrativo; 1 a 23 del expediente judicial; declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114307 );
  • 10)Que por acuerdo número AJDI/65-2011 del 11 de noviembre del 2011, la Junta Directiva del INCOPESCA dispuso –en lo que interesa-: “…1- Dar por recibida la propuesta de Creación del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo. 2- En atención con las objeciones que necesariamente deben ser ajustadas, trasladar esta iniciativa para estudio, comentario y análisis por parte del sector camaronero costarricense para que realicen sus observaciones y la valoración de propuestas o alternativas adicionales a la Comisión de Creación del AMPR-San Juanillo, en un plazo perentorio de dos meses calendario, debidamente notificado por escrito a las Cámaras. 3- En igual sentido, requerir al Sr. Martín Contreras, en su condición de Directivo en representación de la Provincia de Guanacaste, someta a consideración de las comunidades aledañas al AMPR-San Juanillo, el proyecto presentado a efecto de que igualmente en el plazo perentorio de dos meses calendario presenten las observaciones que consideren pertinentes…” (folios 122 y 121 del expediente administrativo);
  • 11)Que por oficio número CAMAPUN OF-05-01-2012 del 25 de enero del 2012, la Cámara Puntarenense de Pescadores, comunicó al Presidente Ejecutivo de INCOPESCA, que “…es importante que se presenten proyectos para ordenar las diferentes áreas de pesca, no sin antes dejar de pensar que de igual manera la gente necesita trabajo para poder llevar el sustento a las familias. Por lo tanto estamos anuentes a retirarnos de la costa a partir de una profundidad equivalente a 40 metros de profundidad…” (folios 45 y 44 del expediente judicial);
  • 12)Que el Grupo Interinstitucional de Trabajo de la AMPR de San Juanillo, mediante oficio presentado ante el INCOPESCA el 28 de agosto del 2012, indicó en respuesta a lo dispuesto en el acuerdo número AJDIP-352-2012 adoptado por la Junta Directiva de esa entidad, en sesión ordinaria número 41-2012 del 19 de julio del 2012, que “…el arrastrar de los 40 metros en adelante, significaría la captura no sólo de camarones, sino principalmente de los pargos, carillas y congrios que son las especies objetivo de los pescadores artesanales y que por su vital importancia ecológica y económica para los mismos, son protegidas mediante el Plan de Ordenamiento Pesquero que se realizó para el área marina de pesca responsable y que incluye un total de 5 millas náuticas desde la costa y no hasta las 0.74 millas náuticas promedio que significaría la propuesta de los camaroneros (Anexo I). Debe recordarse que según normativa vigente, basada en estudios científicos, en Guanacaste, las dimensiones de luz de malla de los trasmallos, no puede ser inferior a las 4.5 pulgadas, por lo tanto resulta un contrasentido el permitir el arrastre semi-industrial que utiliza en sus redes 1 ¼ pulgadas de luz de malla, más aún tratándose de una zona propuesta como área de pesca responsable donde los mismos artesanales están dispuestos a utilizar luz de malla de hasta 5 1/8 pulgadas…” (folios 5 a 1, 45, 144 y 143 del expediente administrativo y declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114307 );
  • 13)Que por acuerdo AJDIP-405-2012 adoptado por la Junta Directiva del INCOPESCA en la sesión ordinaria 50-2012 del 07 de setiembre del 2012, se dispuso trasladar a la Dirección General Técnica del INCOPESCA, “…para que proceda de inmediato a valorar el expediente recabado a la fecha sobre el Área Marina para la Pesca Responsable de San Juanillo, a efecto que analice las diferentes posiciones de los sectores involucrados, para que presente a ésta Junta Directiva una o varias propuestas alternativas que resulten viables, para someterlas al conocimiento y resolución definitiva por parte de esta Junta Directiva…” (folios 163 y 162 del expediente administrativo);
  • 14)Que por oficio DGT-A-180-10-2012 del 25 de octubre del 2012, el Director General Técnico del INCOPESCA, indicó –entre otros aspectos- que: “…En relación a la pesca de arrastre, considero como recomendación, que podría permitirse después de la línea barimétrica de los 15 metros de profundidad, siempre y cuando utilicen DET tipo de ojo de pescado en la parte superior del copo con dos flotadores…”. Ello por cuanto, la barimetría de 15 metros ya se había aplicado con gran suceso en otras áreas marinas de pesca responsable, como la Tárcoles, disposición que además, fomenta la captura y posterior comercialización del camarón blanco (folios 233, 232 del expediente administrativo y declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114309 );
  • 15)Que por acuerdo número AJDIP/494-2012 adoptado en la sesión ordinaria 63-2012 del 14 de diciembre del 2012, la Junta Directiva del INCOPESCA, dio por conocido el oficio DGT-A-180-10-2012 del 25 de octubre del 2012 y instruyó al Director General Técnico de esa entidad, para que “…programe y realice en el mes de enero de 2013, una serie de reuniones con el grupo e trabajo que elaboró esta propuesta de Área Marina a efecto de analizar las observaciones vertidas con su oficio DGT-A-180-10-2012, a fin de concretar una posición consensuada sobre el Plan de Manejo, los Ejes Temáticos y toda aquella observación que ha quedado plasmada, a fin de complementar bajo sustentos técnicos, científicos y sociales la propuesta final sobre (sic) creación de esta importante Área Marina para la Pesca Responsable. 3- Igualmente deberá decidirse finalmente la posición del sector camaronero sobre su propuesta de los 40 metros de profundidad, con participación de la Presidencia Ejecutiva y dos representantes del sector camaronero…” (folios 188 a 186 del expediente administrativo);
  • 16)Que por acuerdo número AJDIP/068-2013, adoptado por la Junta Directiva del INCOPESCA en la sesión ordinaria número 10-2013, celebrada el 15 de febrero del 2013, se aprobó y estableció oficialmente para todos los efectos legales, el Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, Santa Cruz. Que en el inciso b) del punto 2 de ese acuerdo, se estableció que “…Se permitirá dentro del Área Marina definida, la realización de actividades y faenas de pesca por parte de las embarcaciones del sector pesquero semiindustrial camaronero, con el uso de las artes de pesca permitidas legalmente, faenas que se podrán realizar a partir de una profundidad barimétrica medida de 60 metros a partir de la línea de la costa, iniciando en las coordenadas 09º59´00´´ latitud norte, 85º45´50´´ longitud oeste y de ahí en una línea recta imaginaria paralela a la costa en dirección noroeste, que finalice en una profundidad de 75 metros, de conformidad con la Carta Náutica Oficial de Costa Rica y para lo cual y a los efectos de determinar el impacto en de las pesquerías en la zona, se establecerá una investigación inicial por un período de un año a partir del presente que permita mediar, cuantificar y establecer los impactos y la recuperación de los recursos hidrobiológicos, así como las medidas de ordenación que pueden ser implementadas, mejoradas o modificadas…” (folios 214, 215 del expediente administrativo; 24 y 25 del expediente judicial);
  • 17)Que la Junta Directiva del INCOPESCA al dictar el inciso b) del punto 2 del acuerdo número AJDIP/068-2013, se apartó de las recomendaciones sustentadas en las reglas de la ciencia y de la técnica, emitidas tanto por el Grupo Interinstitucional de Trabajo de la AMPR de San Juanillo, como por el Director General Técnico del INCOPESCA, sin un fundamento de la misma naturaleza que las desvirtúe, tanto respecto al empleo de métodos, artes o prácticas de pesca no sustentables, como en cuanto a la profundidad barimétrica en que podrían operar los barcos del sector semiindustrial camaronero (folios 214, 215, 233, 232, 5 a 1, 94 a 70 del expediente administrativo; 1 a 25 del expediente judicial; declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114309 y Nombre114307 );
  • 18)Que por sentencia número 2013-10540 de las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró contrarios al Derecho de la Constitución -por voto de mayoría-, los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) de la Ley 8436 de 1º de marzo de 2005, en cuanto reconocían como lícito el arte de pesca de camarón con redes de arrastre (ver la versión digital de esa sentencia, en la página web: www.poder-judicial.go.cr/scij).

IIo.- OBJETO DEL PROCESO. La parte actora sostiene:

  • 1)Consideran que lo referente a la autorización para permitir el ingreso de camaroneros dispuesta por la Junta Directiva del INCOPESCA en el inciso
  • 2)del Acuerdo AJDIP 068-2013, se aparta del criterio técnico del Plan de Ordenamiento Pesquero del Área de Pesca Responsable San Juanillo, elaborado por un equipo de profesionales del INCOPESCA, del MINAE y pescadores, basado en estudios y análisis técnicos (por ejemplo: de la FAO).
  • 2)Indican que el establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable asumen como inspiración lo dispuesto por el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, oficializado en Costa Rica mediante el decreto No 27919 del 16 de diciembre de 1998 en su apartado 6.5 establece la manera en la que se debe actuar ante la falta de información científica disponible. Asimismo, dicho cuerpo orientador hace mención a la importancia que tiene la aplicación de prácticas ambientalmente seguras estableciéndolas como prioridad al generarse medidas de ordenación en las pesquerías.
  • 3)Sostienen que la pesca de arrastre de camarón, es una técnica ampliamente conocida por sus efectos lesivos en el hábitat marino, por lo cual, debería de encontrarse totalmente prohibida dentro de un Área Marina de Pesca Responsable, ya que su aplicación pone en grave riesgo a las especies y limita la sostenibilidad del recurso. Tan es así, que recientemente la Sala Constitucional en el voto número 10540-2013 del siete de agosto de agosto del 2013, declaró la inconstitucionalidad de la frase "del camarón con red de arrastre" el punto d) inciso 27 del artículo 2, el inciso d) del artículo 43, incisos a) y b) del artículo 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura No 8436 del primero de marzo de 2005.
  • 4)Estiman que una técnica como la permitida en el acuerdo aquí impugnado sería una contradicción a las reglas de la pesca responsable establecidas en el Decreto Ejecutivo número 35502- MAG del 3 de agosto del 2009, denominado "Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable y Declaratoria de Interés Público Nacional de las “Áreas Marinas de Pesca Responsable" que en su numeral primero define la pesca responsable como: “…el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros en armonía con el medio ambiente; ·la utilización de prácticas de pesca y acuicultura que no sean nocivas para los ecosistemas, los recursos o la calidad de los mismos…”.
  • 5)Consideran que la recomendación técnica del equipo de trabajo, formado por autoridades interdisciplinarias de varias instituciones estatales se apegaba al adecuado manejo del recurso, por lo cual se definió una zonificación y usos basados en estudios técnicos y científicos que se adecuaban a los parámetros de dicha forma de pesca, los cuales fueron luego modificados por la Junta Directiva del INCOPESCA a discrecionalidad, sin mediar justificación técnica, lo cual, resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 16 de la LGAP. Indica que la Sala Constitucional es enfática en este tema, relacionado con la certeza científica afirmando que: “…Sobre el particular, la Sala reitera la obligación de las instituciones públicas de respetar y aplicar de manera sólida el principio precautorio en materia ambiental, de donde surge la obligación de impedir la realización de obras que carezcan de la certeza técnica necesaria para concluir que su ejecución resulta inocua para el ambiente, y, en el caso concreto, para el acuífero en cuestión…”.
  • 6)Alegan que cobra relevancia el principio jurídico de interdicción de la arbitrariedad, el cual supone la prohibición de la arbitrariedad, cómo decisiones carentes de razonamiento e injustas. En el acuerdo en cuestión se materializa un acto de esta naturaleza, debido a que carece de fundamentación en cuanto a las modificaciones a la propuesta realizada, alejándose de los estudios realizados e imponiendo pautas contrarias a la razonabilidad y a los parámetros de justicia. ) En razón de lo expuesto, señalan que en aras a garantizar la protección al derecho al ambiente como derecho fundamental de todos y todas las costarricenses plasmado en el artículo 50 de la Constitución Política, se debe reali.zar una protección eficaz del ecosistema marino, en consecuencia con la pesca responsable y los principios ambientales, de manera que· se cumpla con el principio de legalidad,· es decir, tomar en cuenta los estudios técnicos y actuar en apego a los mismos, por lo cual, se debe modificar dicho acuerdo de manera que se apegue a los criterios técnicos que sirven de base. Por su parte, el representante del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, manifiesta que: a) La Junta Directiva, no se apartó de las recomendaciones técnicas del grupo, pues lo que el grupo realiza es una propuesta del Plan de Ordenamiento Pesquero, para el Área Marina de Pesca responsable, siendo que el criterio técnico lo emitió el Lic. Nombre114309 , Director General Técnico de INCOPESCA y por ende la autoridad responsable de emitir criterios de orden técnico en la materia, por medio del oficio DGT-A-180-10-2012, por lo que, con base en dicho criterio es que se adopta el acuerdo respectivo de creación del Área Marina de Pesca Responsable De San Juanillo (AMPR). En razón de lo anterior, considera que nunca tal disposición del INCOPESCA, se alejó de la recomendación técnica, misma que es dada por el Lic. Nombre114309 , teniendo como base para ello la propuesta del grupo que se estableció para hacer una propuesta del plan de Ordenamiento del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo. b) Considera que toda actividad pesquera genera un impacto ambiental, unas en mayor o menor grado, pero al fin y al cabo, daño ambiental, por lo que si se parte de la premisa de los denunciantes, no se podría realizar ningún tipo de actividad, siendo que lo que se acuerda es establecer un ordenamiento entre las diferentes categorías de pesca que se pueden realizar en la zona en cuestión. c) Señala que es claro, que el criterio del Licenciado Nombre114309 es contrario a la propuesta del Grupo de Trabajo Interinstitucional que elaboró la propuesta para el establecimiento de un AMPR en San Juanillo, en cuanto al tema de la zona para realizar la pesca de arrastre y al final la Junta Directiva tomando en consideración todos los elementos, pero sobre todo el principio de Desarrollo Sostenible en sus variables de lo ecológico, económico y social, es que determina y aprueba la creación del AMPR de San Juanillo, tal y como está hasta el día de hoy. d) Estima que la AMPR de San Juanillo creada por el INCOPESCA en general, da cumplimiento no solo al Código de Conducta para la Pesca responsable de FAO sino también al Código de Conducta para la Pesca Responsable de los Países del Istmo Centroamericano, mismos que igualmente guardan relación estrecha con nuestra Constitución Política, en cuanto a los principios aplicables a nuestro jurídico para la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluso lo relativo a lo que se refiere a la pesca de arrastre y sobre la cual ya la Sala Constitucional ha emitido recientemente sentencia que afecta de manera directa el desarrollo de esta pesquería. Que en razón de lo expuesto, solicita que por estar ajustado a derecho el Acuerdo AJDIP/068-2013, se mantenga el mismo incólume, en respeto a los principios precautorio y preventivo que rigen nuestro ordenamiento jurídico.- IIIo.- SOBRE EL DEBER DE MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Ha de indicarse, que la motivación se constituye en un elemento sustancial del acto administrativo, que exige la consignación de las cuestiones fácticas y/o jurídicas que sustentan la voluntad pública en el caso concreto. El elemento motivación dista de ser una consideración meramente formal; por el contrario, constituye un elemento infranqueable de la conducta pública, en la medida que permite la comprensión de las razones en las que se basa la decisión, lo que posibilita por un lado, el análisis de legalidad de ese acto a fin de confrontarlo con el ordenamiento jurídico y ponderar si satisface las exigencias que aquel le impone, en términos de acreditación del motivo, legitimidad del contenido, razonabilidad y proporcionalidad entre ambos elementos. Pero además, se transforma en un presupuesto de base para poder ejercer el derecho recursivo del destinatario, siendo que, no podría ejercerse plenamente ese derecho si el acto no señala su fundamentación. Ahora, ese deber de motivación, según se colige del precitado canon 136 de la Ley General de la Administración Pública, puede satisfacerse de manera directa o indirecta. En la primera, el acto indica expresamente las argumentaciones fácticas, técnicas, jurídicas o precedentes que sustentan la voluntad. En la indirecta (inciso 2 del citado numeral) el acto remite a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente su adopción, a reserva de que se acompañe su copia en el acto de comunicación. La deficiencia en este elemento, conlleva un vicio de nulidad que puede generar la supresión de la conducta. La motivación, pese a la redacción del inciso primero del aludido numeral 136 de la Ley General de referencia previa, no puede entenderse como una simple exposición de hechos, o bien, una mención simplista y aislada de normas jurídicas que se estiman pertinentes al caso, ni la simple transcripción de criterios sin acompañar detalle de las razones por las cuales se prohijan. La relevancia de esta exigencia implica un análisis que permita vincular los aspectos de hecho y de derecho atinentes al asunto que se examina (doctrina del artículo 132.1 LGAP), ergo, supone, como tesis de principio, una determinación de los hechos relevantes para la decisión (orientados por la máxima de verdad real -214, 308 ibídem-) y el examen de la procedencia o improcedencia de un determinado efecto, a la luz de las normas jurídicas atinentes al caso. Ello exige una valoración de las implicaciones de los aspectos fácticos determinados en el marco del derecho aplicable, valoración que ha de explicitarse en el acto, sea de manera directa o refleja, a fin de expresar los razonamientos que orientaron la voluntad administrativa. Por ende, no basta concluir sobre la improcedencia de una determinada petición, ha de exponerse las causas fácticas y jurídicas de ese resultado. En asuntos en los que el efecto condicionado se sujeta al cumplimiento de determinados requisitos de antemano fijados por alguna fuente formal, la motivación implica necesariamente, la mención diáfana de las razones por las cuales se ha concluido que no han sido satisfechos, como presupuesto de respaldo de ese resultado. Lo opuesto posibilitaría el rechazo por aseveraciones que al margen de su fundamento, no encuentran justificación en el acto mismo, imposibilitando la comprensión de dichas causas y su recurribilidad.

IVo.- RESPECTO A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA CONDUCTA FORMAL IMPUGNADA. Este Tribunal considera que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado por la Junta Directiva del INCOPESCA, en sesión ordinaria número 10-2013 celebrada el 15 de febrero del 2013, adolece de un vicio de nulidad absoluta, por las razones que de seguido se exponen: a) Si bien es cierto, la constitución de una AMPR no implica per se la exclusión de los diversos sectores pesqueros (artículo 6 del Decreto Ejecutivo número 35502-MAG); también lo es, que resulta contrario a los principios preventivo, de razonabilidad y proporcionalidad, que se permita el uso de métodos, artes o formas de pesca que impliquen desde un punto de vista de la ciencia y de la técnica, una desmejora en los recursos marinos y por ende, en la imposibilidad de acceder a un desarrollo sustentable –en este caso- en perjuicio de la comunidad de San Juanillo y sus alrededores.

En ese sentido, el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), establece la necesidad de no utilizar métodos, artes o formas de pesca no selectivas que impliquen el arrastre y descarte indiscriminado de diversas especies marinas, instrumento que ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico interno, mediante distintas fuentes de derecho, como por ejemplo: el Decreto Ejecutivo número N° 27919, vigente desde el 14-06-1999; la Ley 8436, vigente desde el 25 de abril del 2005; o la sentencia 2013-10540 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:50 horas del 07 de agosto del 2013; b) En razón de lo anterior, no resulta procedente indicar que la propuesta presentada por el Grupo Interinstitucional de Trabajo del AMPR de San Juanillo (folios 1 a 23 del expediente judicial; 94 a 70 del expediente administrativo), carezca de fundamento técnico, pues precisamente y entre otras fuentes, se basa en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, en el cual, se establece la necesidad de perfeccionar y aplicar artes y prácticas de pesca selectivas, ambientalmente seguras a fin de mantener la biodiversidad y conservar la estructura de las poblaciones, los ecosistemas acuáticos y la calidad del pescado (artículos 6 incisos 5 y 6, 7 inciso 2 sub inciso 2, 8 inciso 5 sub inciso 1); aspecto que no sólo se desprende de la misma propuesta de Plan de Ordenamiento Pesquero de San Juanillo (folios 94 a 70 del expediente administrativo; 1 a 23 del expediente judicial), sino también de la propia declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114307 , Coordinador del Grupo Interinstitucional de Trabajo del AMPR de San Juanillo.

En consecuencia y sin perjuicio del criterio que pudiera verter el Director General Técnico de INCOPESCA, a fin de conciliar los intereses de los diferentes sectores pesqueros, tal y como se desprende de los acuerdos AJDIP-405-2012 de la sesión ordinaria 50-2012 del 07 de setiembre del 2012 y AJDIP/494-2012 de la sesión ordinaria 63-2012 del 14 de diciembre del 2012, adoptados por la Junta Directiva del INCOPESCA (folios 163 y 162, 188 a 186 del expediente administrativo), no resulta procedente alegar que las recomendaciones técnicas propuestas en el Plan de Ordenamiento Pesquero para establecer el AMPR de San Juanillo, carecieran de ese carácter, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG, la base de discusión que tiene la Junta Directiva del INCOPESCA para determinar la viabilidad del establecimiento de un área marina de pesca responsable y de emitir el Plan de Ordenamiento Pesquero de esa zona, es precisamente ese documento, junto con lo que también pueda aportar el Director General Técnico de INCOPESCA (folios 34 del expediente judicial; 163 y 162 del expediente administrativo).

Afirmar lo contrario, no sólo contradice abiertamente lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG, sino que además, implica –tal y como sucedió en este caso- apartarse de una recomendación sustentada en las reglas de la ciencia y de la técnica, sin un fundamento de la misma naturaleza que las desvirtúe, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley de Biodiversidad y 59 de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que las actividades humanas, especialmente las relacionadas con asentamientos humanos, agricultura, turismo, industria u otras que puedan afectar los procesos ecológicos vitales, deben ajustarse a las normas técnico-científicas emitidas por los entes públicos competentes; c) Cierto es, que en principio podría sostenerse que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 159 de la Ley General de la Administración Pública, sobrevino un vicio de nulidad absoluta de la conducta formal impugnada, toda vez que al momento en que se dictó dicho acto –específicamente el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013-, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no había declarado contrarios al Derecho de la Constitución los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) de la Ley 8436 de 1º de marzo de 2005, en cuanto reconocían como lícito el arte de pesca de camarón con redes de arrastre, lo cual explica que en el acuerdo cuestionado se indique, que se permitirá la realización dentro del Área Marina definida, actividades y faenas de pesca por parte de las embarcaciones del sector pesquero semi-industrial camaronero, con el uso de las artes de pesca permitidas legalmente.

No obstante lo anterior, también lo es, que desde el 14 de junio de 1999 se encuentra vigente el Decreto Ejecutivo número 27919 –que responde a lo dispuesto en el numeral 6 de la Constitución Política-, en el cual se estableció “…la aplicación oficial por parte del Estado Costarricense del Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado por la Organización de las Nacionales Unidas para la Agricultura Alimentación (FAO) en Roma, Italia, el 31 de octubre de 1995, como un instrumento de prácticas responsables con miras a asegurar la conservación, la gestión y el desarrollo eficaz de los recursos acuáticos…”, siendo el INCOPESCA el “…encargado por el seguimiento y aplicación de las disposiciones contenidas en (sic) Código en la actividad pesquera costarricense debiendo proporcionar y facilitar su divulgación y conocimiento a través de mecanismos idóneos al sector pesquero nacional, para lo cual las Instituciones Públicas del país deberán brindarle la colaboración debida, o de sus respectivos campos de competencia…”.

Aunado a que la propia Ley 8436, desde su versión original publicada en La Gaceta número 78 del 25 de abril del 2005 –y vigente desde esa fecha-, establece en los incisos j) y k) del artículo 38, que se prohíbe emplear redes agalleras y redes de arrastre pelágicas de altura y realizar toda práctica que atente contra la sustentabilidad del recurso pesquero, lo cual, se complementa con las normas técnicas contenidas en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, cuya aplicación oficial por parte del Estado Costarricense se encuentra vigente desde el 14 de junio de 1999. d) En este punto, cabe resaltar que le corresponde al INCOPESCA, en ejercicio de las potestades que le confieren los artículos 12 y 38 de la Ley 8436, como autoridad ejecutora de ese mismo cuerpo legal y del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola, determinar los métodos, las técnicas, los equipos y las artes de pesca prohibidos, a fin de garantizar, defender y preservar la biodiversidad marina, los recursos pesqueros y el desarrollo sustentable.

Por ello, resulta contrario a los principios de lógica, razonabilidad, preventivo y precautorio, que en el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, la Junta Directiva del ente demandado permitiera que dentro del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, se realizaran actividades y faenas de pesca por parte de las embarcaciones del sector pesquero semi-industrial camaronero, empleando métodos que desde un punto de vista de la ciencia y de la técnica, implican una desmejora en los recursos marinos y por ende, en un obstáculo para acceder a un desarrollo sustentable de la comunidad de San Juanillo y sus alrededores, a pesar de que contaba con insumos técnicos tanto nacionales como internacionales contenidos en normas convencionales, legales y reglamentarias, para al menos implementar medidas de protección que coadyuvaran a minimizar en parte, los problemas de falta de selectividad del método de pesca de arrastre, tal y como lo recomendó el Director General Técnico del INCOPESCA en el oficio DGT-A-180-10-2012 del 25 de octubre del 2012, al indicar: “…En relación a la pesca de arrastre, considero como recomendación, que podría permitirse después de la línea barimétrica de los 15 metros de profundidad, siempre y cuando utilicen DET tipo de ojo de pescado en la parte superior del copo con dos flotadores…” (folio 232 del expediente administrativo y declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114309 ).

En consecuencia, ya existían en el ordenamiento jurídico costarricense, normas de carácter técnico que le imponían al INCOPESCA como ejecutor de la Ley 8436 y del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola (artículo 12 de ese mismo cuerpo normativo), el deber de establecer no sólo cuáles métodos, artes o prácticas de pesca no resultaban contrarias al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino además, tomar las medidas que fueran necesarias para proteger los recursos marinos y el derecho a un desarrollo sustentable de las comunidades que se dedican al ejercicio de la pesca y a la explotación de los recursos marinos. Y no como en este caso, en que los objetivos que se persiguen con la creación del AMPR de San Juanillo, se tornan nugatorios con lo dispuesto en el inciso b) del punto 2 del acuerdo cuestionado. e) Aunado a lo anterior, tampoco se desprenden las razones técnicas por las cuales, la Junta Directiva del INCOPESCA se aparta, tanto de las recomendaciones técnicas emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Trabajo del AMPR de San Juanillo (folios 5 a 2 del expediente administrativo), como de las contenidas en el oficio DGT-A-180-10-2012 del 25 de octubre del 2012, suscrito por el Director General Técnico del INCOPESCA (folios 233 y 232 del expediente administrativo), en cuanto a la profundidad en que podrían pescar los barcos del sector semi-industrial camaronero, puesto que únicamente se establece que las “…faenas que se podrán realizar a partir de una profundidad barimétrica medida de 60 metros a partir de la línea de la costa, iniciando en las coordenadas 09º59´00´´ latitud norte, 85º45´50´´ longitud oeste y de ahí en una línea recta imaginaria paralela a la costa en dirección noroeste, que finalice en una profundidad de 75 metros, de conformidad con la Carta Náutica Oficial de Costa Rica…” (folios 215 del expediente administrativo y 25 del expediente judicial).

En ese sentido valga destacar que el Grupo Interinstitucional de Trabajo de la AMPR de San Juanillo, indicó mediante oficio presentado ante el INCOPESCA el 28 de agosto del 2012, en respuesta a lo dispuesto en el acuerdo número AJDIP-352-2012 adoptado por la Junta Directiva de esa entidad, en sesión ordinaria número 41-2012 del 19 de julio del 2012, que “…el arrastrar de los 40 metros en adelante, significaría la captura no sólo de camarones, sino principalmente de los pargos, carillas y congrios que son las especies objetivo de los pescadores artesanales y que por su vital importancia ecológica y económica para los mismos, son protegidas mediante el Plan de Ordenamiento Pesquero que se realizó para el área marina de pesca responsable y que incluye un total de 5 millas náuticas desde la costa y no hasta las 0.74 millas náuticas promedio que significaría la propuesta de los camaroneros (Anexo I).

Debe recordarse que según normativa vigente, basada en estudios científicos, en Guanacaste, las dimensiones de luz de malla de los trasmallos, no puede ser inferior a las 4.5 pulgadas, por lo tanto resulta un contrasentido el permitir el arrastre semi-industrial que utiliza en sus redes 1 ¼ pulgadas de luz de malla, más aún tratándose de una zona propuesta como área de pesca responsable donde los mismos artesanales están dispuestos a utilizar luz de malla de hasta 5 1/8 pulgadas…” (folios 5 a 1, 45, 144 y 143 del expediente administrativo y declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114307 ). Por su parte, el propio Director General Técnico del INCOPESCA, manifestó que “… En relación a la pesca de arrastre, considero como recomendación, que podría permitirse después de la línea barimétrica de los 15 metros de profundidad, siempre y cuando utilicen DET tipo de ojo de pescado en la parte superior del copo con dos flotadores…”, dado que la barimetría de 15 metros ya se había aplicado con gran suceso en otras áreas marinas de pesca responsable, como la Tárcoles, disposición que además y según su dicho, fomenta la captura y posterior comercialización del camarón blanco (folio 232 del expediente administrativo y declaración testimonial rendida en juicio por Nombre114309 ); f) Dicha situación se agrava porque en evidente contravención a los principios preventivo, precautorio, in dubio pro natura e interés público ambiental (artículo 11 de la Ley de Biodiversidad), la Junta Directiva del INCOPESCA estableció en el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, que “… a efectos de determinar el impacto en de las pesquerías en la zona, se establecerá una investigación inicial por un período de un año a partir del presente que permita mediar, cuantificar y establecer los impactos y la recuperación de los recursos hidrobiológicos, así como las medidas de ordenación que pueden ser implementadas, mejoradas o modificadas…” (folios 215 del expediente administrativo y 25 del expediente judicial).

En ese sentido, si bien es cierto el numeral 13 del Decreto Ejecutivo número 35502-MAG, establece que una Comisión de Seguimiento velará por el buen manejo del Área Marina para la Pesca Responsable y mantendrá informada a la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA mediante al menos informes semestrales; también lo es, que lo dispuesto en el aparte antes citado del inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, no responde a una labor de fiscalización y verificación fundada en reglas técnicas emitidas por los entes públicos competentes –en la especie, el INCOPESCA- para el mantenimiento de los procesos ecológicos vitales dentro y fuera de las áreas marinas de pesca responsable, pues ni siquiera sugiere la posibilidad de aplicar medidas de protección que coadyuven a minimizar en parte, los problemas de falta de selectividad del método de pesca de arrastre, como el ojo de pescado o la exclusión de tortugas. g) Por todo lo expuesto, este Tribunal declara que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado en la sesión ordinaria número 10-2013 celebrada por la Junta Directiva del INCOPESCA el 15 de febrero del 2013, adolece de un vicio de nulidad absoluta, por resultar manifiesta y evidentemente contrario al ordenamiento jurídico, específicamente, a lo dispuesto en los artículos 16 y 136 de la Ley General de la Administración Pública; 11 y 50 de la Ley de Biodiversidad; 59 de la Ley Orgánica del Ambiente; 1 y 2 del Decreto Ejecutivo número 27919; 2, 3 y 13 del Decreto Ejecutivo 35502-MAG; a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar de 1982; la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas; la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; la Convención sobre Diversidad Biológica; la Declaración de Río y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, que exigen la adopción de técnicas de pesca selectivas, la conservación del recurso y ecosistemas marinos, que prohíben la sobreexplotación e imponen la aplicación de principios, de técnicas y prácticas de pesca y comerciales acordes con la sostenibilidad de recurso y los principios precautorio y preventivo propios del Derecho Ambiental.

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Por Tanto de la sentencia número 2013-10540 dictada por la Sala Constitucional, en el sentido de que “…En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas…”. Por las razones que dan lugar a la declaratoria de nulidad absoluta parcial del acuerdo antes indicado, se omite pronunciamiento sobre los demás alegatos en que la parte actora fundamenta su pretensión de nulidad y de disconformidad con el ordenamiento jurídico.

Vo.- EN CUANTO A LAS PRETENSIONES 3 Y 4 DE LA DEMANDA, Y LOS ALCANCES DE LA SENTENCIA NÚMERO 2013-10540 DE LA SALA CONSTITUCIONAL EN EL CASO CONCRETO. En primera instancia, cabe indicar que por voto de mayoría la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia número 2013-10540 de las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece, consideró –en lo que interesa- que: “…En consecuencia, la pesca de camarón con redes de arrastre, mientras no se cuenta (sic) con dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con lo que salvan a las tortugas), se opone a los principios consagrados en los instrumentos internacionales sobre los recursos marinos, aplicables en nuestro medio de forma directa al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 como ya se dijo, sin perjuicio de la aplicación supletoria y subsidiaria del artículo 7 constitucional.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, los principios del Derecho Internacional se aplican directamente, de manera que los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) de la Ley 8436 de 1º de marzo de 2005, en cuanto reconoce como lícita el arte de pesca de camarón con redes de arrastre, resultan violatorios de esta norma constitucional y de los principios del Derecho Internacional sobre la materia que la norma reconoce y que exigen la adopción de técnicas de pesca selectivas, la conservación del recurso y ecosistemas marinos, prohíben la sobreexplotación e imponen la aplicación de principios de técnicas y prácticas de pesca y comerciales acordes con la sostenibilidad de recurso y los principios precautorio y preventivo propios del Derecho Ambiental…”. En razón de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 de la Constitución Política; 1, 2 inciso b) y 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, deberán estarse los accionantes a lo resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia parcialmente transcrita con anterioridad, para efectos de lo solicitado en la pretensión número 3 de la demanda.

Por otra parte, considera este Tribunal que no resulta procedente la pretensión número 4, tendente a que se ordene al INCOPESCA readecuar el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, a lo dispuesto en el punto número 3.13.5 del Plan de Ordenamiento Pesquero del Área de Pesca Responsable San Juanillo, en el sentido de que “…En toda la zona y durante todo el año quedará prohibido el uso de redes de arrastre por el fondo igualmente quedará prohibido el uso de redes sardineras de cerco. Lo anterior por la poca o ninguna selectividad de estos aparejos de pesca y el consiguiente daño a la pesquería y a la economía de los pescadores artesanales de la zona…” (folios 77 y 76 del expediente administrativo; 18 del expediente judicial). Ello por cuanto, la propia Sala Constitucional en el Por Tanto de la sentencia número 2013-10540 de las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece, dispuso: “…Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático.

Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad…”. Sin perjuicio de que la pretensión número 4, implicaría una violación de los derechos adquiridos de buena fe, que fueron reconocidos por la Sala Constitucional en la parte dispositiva de la sentencia número 2013-10540, al ordenar que “…En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas…”.

En consecuencia, al no excluir la Sala Constitucional la posibilidad de que se utilicen técnicas de arrastre, siempre que “…se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático…”, y al reconocer los derechos adquiridos de quienes tienen licencias de pesca por arrastre vigentes, las cuales podrán continuar utilizando hasta su vencimiento, siempre y cuanto apliquen dispositivos para la disminución efectiva de la captura incidental acaecida con el método de pesca de arrastre, este Tribunal ordena a la Junta Directiva del INCOPESCA, que deberá establecer con base en el correspondiente respaldo técnico y científico, los métodos, artes y prácticas que el sector semi-industrial camaronero podría eventualmente utilizar y a partir de qué profundidades barimétricas, en el AMPR de San Juanillo, claro está, si eso fuera técnicamente posible.

Para tal efecto, se le otorga el plazo de 1 año contado a partir de la firmeza de este pronunciamiento, período en el cual, deberán demostrar cada tres meses ante los Jueces de la fase de ejecución de sentencias de esta jurisdicción, los avances tendentes al cumplimiento efectivo de dicha orden. Asimismo y al término de dicho plazo de 1 año, deberán rendir ante los Jueces de Ejecución de Sentencias de este Tribunal, un informe completo en que de manera detallada se acrediten las acciones concretas adoptadas, a fin de establecer si técnicamente es posible que el sector semi industrial camaronero puede o no realizar faenas de pesca en el AMPR de San Juanillo, bajo qué técnicas y a partir de qué profundidades barimétricas. En todo caso y para no hacer nugatorios los efectos de este pronunciamiento, se dispone mantener los efectos de la medida cautelar otorgada por la Jueza Tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución número 2013-002160 de las 09:30 horas del 09 de octubre del 2013, hasta que esta sentencia adquiera firmeza.- VIo.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS FONDO.

Este Tribunal llega a la conclusión de que los actores cuentan con legitimación activa para participar en este proceso conforme al artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, ya que en su condición de vecinos de San Juanillo y en algunos casos de pescadores de esa zona, accionan en defensa y protección de la biodiversidad. Además, la acción se dirige correctamente contra el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, tal y como lo dispone el artículo 12 inciso

  • 1)del citado Código, dado que es la entidad que emitió el acto que aquí se impugna, sea el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado en la sesión ordinaria número 10-2013 celebrada por la Junta Directiva del INCOPESCA el 15 de febrero del 2013. Por su parte, el interés se mantiene actual, en el tanto las conductas impugnadas siguen surtiendo efectos en la esfera jurídica de los demandantes y se requieren de una resolución jurisdiccional que las resuelva. Finalmente, encuentra este órgano colegiado que por todo lo expuesto en los considerandos III a V de esta sentencia, se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Nombre114292 contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa:
  • 1)Se declara que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado en la sesión ordinaria número 10-2013 celebrada por la Junta Directiva del INCOPESCA el 15 de febrero del 2013, adolece de un vicio de nulidad absoluta. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Por Tanto de la sentencia número 2013-10540 dictada por la Sala Constitucional, en el sentido de que “…En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas…”.
  • 2)Por las razones que dan lugar a la declaratoria de nulidad absoluta únicamente del inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, se omite pronunciamiento sobre los demás alegatos en que la parte actora fundamenta su pretensión de nulidad y de disconformidad con el ordenamiento jurídico.
  • 3)Esténse los accionantes a lo resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia número 2013-10540 de las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece, para efectos de lo solicitado en la pretensión número 3 de la demanda.
  • 4)Se ordena a la Junta Directiva del INCOPESCA, que deberá establecer con base en el correspondiente respaldo científico, los métodos, artes y prácticas que el sector semi-industrial camaronero, podría eventualmente utilizar y a partir de qué profundidades barimétricas, en el AMPR de San Juanillo, claro está, si eso fuera técnicamente posible.
  • 5)Para tal efecto, se le otorga el plazo de 1 año contado a partir de la firmeza de este pronunciamiento, período en el cual, deberán demostrar cada tres meses ante los Jueces de la fase de ejecución de sentencias de esta jurisdicción, los avances tendentes al cumplimiento efectivo de dicha orden. Asimismo y al término de dicho plazo de 1 año, deberán rendir ante los Jueces de Ejecución de Sentencias de este Tribunal, un informe completo en que de manera detallada se acrediten las acciones concretas adoptadas, a fin de establecer si técnicamente es posible que el sector semi industrial camaronero puede o no realizar faenas de pesca en el AMPR de San Juanillo, bajo qué métodos, formas o prácticas selectivas y a partir de qué profundidades barimétricas.
  • 6)En todo caso y para no hacer nugatorios los efectos de este pronunciamiento, se dispone mantener los efectos de la medida cautelar otorgada por la Jueza Tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución número 2013-002160 de las 09:30 horas del 09 de octubre del 2013, hasta que esta sentencia adquiera firmeza.- VIIo.- SOBRE LAS COSTAS. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas al Estado, extremos que se liquidarán en ejecución de sentencia.-

POR TANTO.

Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Nombre114292 contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa:

  • 1)Se declara que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado en la sesión ordinaria número 10-2013 celebrada por la Junta Directiva del INCOPESCA el 15 de febrero del 2013, adolece de un vicio de nulidad absoluta. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Por Tanto de la sentencia número 2013-10540 dictada por la Sala Constitucional, en el sentido de que “…En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas…”.
  • 2)Por las razones que dan lugar a la declaratoria de nulidad absoluta únicamente del inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, se omite pronunciamiento sobre los demás alegatos en que la parte actora fundamenta su pretensión de nulidad y de disconformidad con el ordenamiento jurídico.
  • 3)Esténse los accionantes a lo resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia número 2013-10540 de las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece, para efectos de lo solicitado en la pretensión número 3 de la demanda.
  • 4)Se ordena a la Junta Directiva del INCOPESCA, que deberá establecer con base en el correspondiente respaldo científico, los métodos, artes y prácticas que el sector semi industrial camaronero podría eventualmente utilizar y a partir de qué profundidades barimétricas, en el AMPR de San Juanillo, si eso fuera técnicamente posible.
  • 5)Para tal efecto, se le otorga el plazo de 1 año contado a partir de la firmeza de este pronunciamiento, período en el cual, deberán cada tres meses, demostrar ante los Jueces de la fase de ejecución de sentencias de esta jurisdicción, los avances tendentes al cumplimiento efectivo de dicha orden. Asimismo y al término de dicho plazo de 1 año, deberán rendir ante los Jueces de Ejecución de Sentencias de este Tribunal, un informe completo en que de manera detallada se acrediten las acciones concretas adoptadas, a fin de establecer si técnicamente es posible que el sector semi-industrial camaronero pueda o no realizar faenas de pesca en el AMPR de San Juanillo, bajo qué métodos, formas o prácticas selectivas y a partir de qué profundidades barimétricas.
  • 6)En todo caso y para no hacer nugatorios los efectos de este pronunciamiento, se dispone mantener los efectos de la medida cautelar otorgada por la Jueza Tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución número 2013-002160 de las 09:30 horas del 09 de octubre del 2013, hasta que esta sentencia adquiera firmeza.
  • 7)Son ambas costas a cargo de la parte vencida, extremos que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencias de este Tribunal.- Marianella Álvarez Molina Sergio Mena García Rodrigo Alberto Campos Hidalgo PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTORES: Nombre114292 Y OTROS DEMANDADO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA)

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Biodiversity Law 7788Ley de Biodiversidad 7788

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7554 Organic Environmental Law
      • Ley 7788 Biodiversity Law
      • Ley 8436 Fisheries and Aquaculture Law
      • Decreto Ejecutivo 35502 Regulation for the Establishment of Marine Areas for Responsible Fishing

      Este documento cita

      • Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente
      • Ley 7788 Ley de Biodiversidad
      • Ley 8436 Ley de Pesca y Acuicultura
      • Decreto Ejecutivo 35502 Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable

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