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Res. 00235-2015 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 13/02/2015

Defamation against the President: threshold of tolerance and limits of free speech on social mediaDifamación contra la Presidenta: umbral de tolerancia y límites de la libertad de expresión en redes sociales

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The appeal is granted; the acquittal and the prior trial proceedings are annulled, and both are ordered to be repeated before a differently composed trial court.Se declara con lugar el recurso de apelación, se anula la sentencia absolutoria y el debate que la precedió, y se ordena la reposición de ambos actos ante un tribunal de instancia con diferente integración.

SummaryResumen

The Criminal Appeals Court overturns the acquittal of a defendant charged with defaming the then-President through a Facebook post that suggested illicit enrichment and inconsistent wealth. The lower court had applied an exceptionally restrictive threshold for the President's honor, requiring direct and unequivocal offense. The Appeals Court finds this subjective interpretation and the lower court's creation of an 'ideological basis' violated Constitutional Articles 39 and 41 and the binding jurisprudence of the Constitutional Chamber and Supreme Court Criminal Chamber on the balance between honor and free speech. These precedents require a comprehensive case-by-case assessment and do not admit prior categories that effectively empty the criminal protection of public officials' honor.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal anula la sentencia absolutoria dictada a favor del querellado por el delito de difamación contra la entonces Presidenta de la República, por falta de fundamentación. La publicación en Facebook sugería un enriquecimiento ilícito y contradicciones en su patrimonio. El tribunal de instancia había aplicado un umbral de tolerancia excepcionalmente restrictivo para el honor de la Presidenta, exigiendo ofensas directas y unívocas. La Sala de Apelación determina que esta interpretación subjetiva y la creación de una 'base ideológica' vulneran los artículos 39 y 41 constitucionales y los precedentes de la Sala Constitucional y Sala Tercera sobre el equilibrio entre honor y libertad de expresión, que exigen valorar de forma integral cada caso y no admiten categorías previas que vacíen la tutela penal del honor de los funcionarios públicos.

Key excerptExtracto clave

The comprehensive study of the descriptive, factual, intellectual and legal foundation of the lower court's judgment leads to the conclusion that the lower court did not base its decision to acquit the defendant of the defamation charge on the strict application of the rules of sound criticism nor on the proper application of the legally relevant criminal norms. (...) The correct legal interpretation of the previously defined normative framework does not permit the conclusion that it regulates, expressly or tacitly, that the level of tolerance of the holder of the Presidency is different from that of other public officials who are members of the Supreme Powers of the Republic, or of any other public official of lower rank. The distinction drawn by the lower court – distinguishing where the norm does not – regarding the point under analysis is neither objective nor legally supported; it derives from its subjective view on what the judges believe is the answer to the self-posed questions in their ruling: 'What kind of State and society do most Costa Ricans want? A strong State where the honor of public servants has greater legal protection than freedom of expression? Or a Constitutional State with a just protection between the honor of public officials and the freedom of expression of other Costa Ricans?'El amplio estudio del fundamento descriptivo, fáctico, intelectivo y jurídico de la sentencia de mérito, lleva a la conclusión de que el a quo no sustentó conforme a la estricta aplicación de las reglas de la sana crítica, ni conforme a la debida aplicación de las normas penales jurídicamente relevantes para la solución del presente caso, su decisión de absolver al justiciable [Nombre7] de toda pena y responsabilidad por el delito de difamación que se querelló en su contra. (...) El estudio e interpretación que conforme a Derecho corresponde del marco normativo previamente definido, no permite establecer que se regule expresa o tácitamente que el nivel de tolerancia de quien ostenta el […] de la […] sea distinto al del resto de los funcionarios públicos que son miembros de los Supremos Poderes de la República, o de cualquier otro público de grado inferior a los antes señalados. Así, la diferenciación que lleva a cabo el a quo –distinguiendo donde la norma no lo hace- en cuanto al punto objeto de análisis, no es objetiva ni jurídicamente sustentada, sino que deriva de su parecer o postura subjetiva en cuanto a lo que estiman los juzgadores de instancia que es la respuesta que corresponde a las interrogantes que se auto plantean en su fallo, sean éstas: “[…] ¿qué tipo de Estado y de sociedad quiere la mayoría de los costarricenses? ¿Se quiere un Estado fuerte donde el honor de los servidores públicos tenga mayor protección legal que la libertad de expresión? o ¿Se quiere un Estado Constitucional donde exista una justa protección entre el honor de los funcionarios públicos y la libertad de expresión de los demás costarricenses […]”

Pull quotesCitas destacadas

  • "No obstante lo anterior, y desde ya es preciso establecer, no es legalmente procedente la interpretación que de las normas supra expuestas lleva a cabo el tribunal penal en la sentencia de mérito. Esto, por cuanto tal e04 deri deriva de una interpretación subjetiva de la realidad político-social costarricense por parte de los juzgadores de instancia, postura conforme a la que definen una base ideológica de su decisión, la que, según expresamente e02 lo i lo indican en el fallo, sustenta el e04 o pa o parámetro esencial con base el que resuelven el fondo del presente asunto, sea éste, que los juzgadores aprecian o consideran que quien ocupa la […] debe soportar o tolerar aún mayores limitaciones a su derecho al honor con respecto al resto de los funcionarios públicos, en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, de modo que sólo las ofensas directas a tal derecho fundamental o la referencia a hechos que expresamente constituyen un delito, serían los supuestos en que podría darse la vulneración ilícita del derecho al honor del […] o […]."

    "Nevertheless, it must be established that the lower court's interpretation of the aforementioned norms in the challenged judgment is not legally admissible. This is because such interpretation derives from the trial judges' subjective interpretation of Costa Rica's political-social reality, based on which they defined an ideological basis for their decision. As expressly stated in the judgment, this basis supports the essential parameter on which they resolve the merits of the case—that the judges consider that the holder of the Presidency must bear or tolerate even greater limitations on their right to honor compared to other public officials regarding the exercise of freedom of expression, such that only direct offenses against this fundamental right or the reference to facts that expressly constitute a crime would be the situations in which an unlawful violation of the right to honor of the President could occur."

    Considerando IV.B, análisis del error de fundamentación

  • "No obstante lo anterior, y desde ya es preciso establecer, no es legalmente procedente la interpretación que de las normas supra expuestas lleva a cabo el tribunal penal en la sentencia de mérito. Esto, por cuanto tal e04 deri deriva de una interpretación subjetiva de la realidad político-social costarricense por parte de los juzgadores de instancia, postura conforme a la que definen una base ideológica de su decisión, la que, según expresamente e02 lo i lo indican en el fallo, sustenta el e04 o pa o parámetro esencial con base el que resuelven el fondo del presente asunto, sea éste, que los juzgadores aprecian o consideran que quien ocupa la […] debe soportar o tolerar aún mayores limitaciones a su derecho al honor con respecto al resto de los funcionarios públicos, en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, de modo que sólo las ofensas directas a tal derecho fundamental o la referencia a hechos que expresamente constituyen un delito, serían los supuestos en que podría darse la vulneración ilícita del derecho al honor del […] o […]."

    Considerando IV.B, análisis del error de fundamentación

  • "Así, la diferenciación que lleva a cabo el a quo –distinguiendo donde la norma no lo hace- en cuanto al punto objeto de análisis, no es objetiva ni jurídicamente sustentada, sino que deriva de su parecer o postura subjetiva en cuanto a lo que estiman los juzgadores de instancia que es la respuesta que corresponde a las interrogantes que se auto plantean en su fallo, sean éstas: “[…] ¿qué tipo de Estado y de sociedad quiere la mayoría de los costarricenses? ¿Se quiere un Estado fuerte donde el honor de los servidores públicos tenga mayor protección legal que la libertad de expresión? o ¿Se quiere un Estado Constitucional donde exista una justa protección entre el honor de los funcionarios públicos y la libertad de expresión de los demás costarricenses […]”"

    "Thus, the distinction drawn by the lower court – distinguishing where the norm does not – regarding the point under analysis is neither objective nor legally supported; it derives from its subjective view on what the judges believe is the answer to the self-posed questions in their ruling: 'What kind of State and society do most Costa Ricans want? A strong State where the honor of public servants has greater legal protection than freedom of expression? Or a Constitutional State with a just protection between the honor of public officials and the freedom of expression of other Costa Ricans?'"

    Considerando IV.B, crítica al parámetro ideológico del a quo

  • "Así, la diferenciación que lleva a cabo el a quo –distinguiendo donde la norma no lo hace- en cuanto al punto objeto de análisis, no es objetiva ni jurídicamente sustentada, sino que deriva de su parecer o postura subjetiva en cuanto a lo que estiman los juzgadores de instancia que es la respuesta que corresponde a las interrogantes que se auto plantean en su fallo, sean éstas: “[…] ¿qué tipo de Estado y de sociedad quiere la mayoría de los costarricenses? ¿Se quiere un Estado fuerte donde el honor de los servidores públicos tenga mayor protección legal que la libertad de expresión? o ¿Se quiere un Estado Constitucional donde exista una justa protección entre el honor de los funcionarios públicos y la libertad de expresión de los demás costarricenses […]”"

    Considerando IV.B, crítica al parámetro ideológico del a quo

  • "En este sentido es claro que la Sala Tercera no restringe los supuestos de tutela penal del derecho al honor de los funcionarios públicos, a los exiguos márgenes y supuestos subjetivamente definidos por el a quo en el fallo de mérito, sea a partir de su excepcionalidad absoluta o régimen de excepción de tutela penal, que el tribunal de instancia estima que corresponde al honor de quien ejerce la […]."

    "In this regard, it is clear that the Supreme Court Criminal Chamber does not restrict the scenarios of criminal protection of the right to honor of public officials to the meager margins and subjectively defined scenarios set by the lower court in its judgment, based on its absolute exceptionality or exceptional regime of criminal protection that the trial court considers applicable to the honor of the holder of the Presidency."

    Considerando IV.B, aplicación del precedente de Sala Tercera

  • "En este sentido es claro que la Sala Tercera no restringe los supuestos de tutela penal del derecho al honor de los funcionarios públicos, a los exiguos márgenes y supuestos subjetivamente definidos por el a quo en el fallo de mérito, sea a partir de su excepcionalidad absoluta o régimen de excepción de tutela penal, que el tribunal de instancia estima que corresponde al honor de quien ejerce la […]."

    Considerando IV.B, aplicación del precedente de Sala Tercera

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Sections

Procedural marks

JUDICIARY CRIMINAL JUDGMENT APPEALS COURT Decision: [Telf1] Case file: 13-000052-0016-PE (14) CRIMINAL JUDGMENT APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at sixteen hours five minutes on the thirteenth of February, two thousand fifteen.- APPEAL filed in the present proceeding against [Nombre1], date of birth January 10, 1958, male, marital status married to [Nombre2], resident of San Antonio de Belén Costa Rica, originally from Zarcero, who states that he is employed by the Faculty of Law of the Universidad de Nombre2042 and Baldí Hot Springs Resort & Spa, for the offense of DEFAMATION, to the detriment of [[Nombre3]]. Participating in the decision on the appeal are Judge Edwin Esteban Jiménez González and associate judges Mario Alberto Porras Villalta and [Nombre4]. Attorney [Nombre5] appeared before this Court as special counsel (apoderado especial) for the [Nombre6] party and civil plaintiff (actora civil).

BACKGROUND:

I.By judgment number 625-2014, issued at eight hours thirty minutes on the twenty-first of July, two thousand fourteen, the Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José ruled: "POR TANTO: In accordance with the foregoing; Articles 28, 29, and 41 of the Political Constitution; 1, 8, and 11 of the Universal Declaration of Human Rights; v and xviii of the American Declaration of the Rights and Duties of Man; 1, 13, and 14 of the American Convention on Human Rights; 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights; 30, 31, 145, 146, 147, 149, and 151 of the Criminal Code; 1 through 15, 34 through 41, 72 through 74, 141, 142, 143, 265 through 270, 360 through 368, and 103 of the Code of Criminal Procedure; the provisions currently in force concerning civil damages under the 1941 Criminal Code; 1048 of the Civil Code; and 221 through 234 of the Code of Civil Procedure, by unanimous vote, it is ruled: [Nombre7] is acquitted of one offense of DEFAMATION to the detriment of [[Nombre3]]. The civil action for damages (acción civil resarcitoria) brought by [[Nombre3]] AGAINST [Nombre8] is dismissed. No special award of costs is entered. The costs of the proceedings shall be borne by Nombre01 of the State.- (sic.,)"

II.Attorney [Nombre5], as special counsel for the [Nombre6] party and civil plaintiff, filed an appeal against the foregoing decision.

III.Following the corresponding deliberation in accordance with Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.

IV. The relevant statutory requirements have been observed in the proceedings

Criminal Judgment Appeals Judge [Nombre9] drafts the decision; and,

CONSIDERING:

I.During the processing of this criminal judgment appeal, an oral hearing was held at 9:30 hours on November 6, 2014. The Criminal Judgment Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José was composed of Judge [Nombre4] and Judges Edwin Esteban Jiménez González and Mario Alberto Porras Villalta. At that hearing, the [Nombre6] and civil plaintiff [Nombre443 [Nombre10]] was represented by attorney [Nombre5], and the private defendant (querellado) and civil defendant (demandado civil), [Nombre11] [Nombre12], was represented by Dr. [Nombre13]. Those legal professionals orally presented the arguments they considered relevant to defending the interests of their respective clients (cf. folio 452). At that procedural act, Dr. [Nombre14] also offered several documents into evidence, namely those appearing at folios 453 through 461 of the case record, and the decision concerning that offer was deferred until the issuance of this decision. The specific proceedings conducted at the hearing were digitally recorded and have been considered by this appellate panel in deciding the present criminal judgment appeal.

II.- a) By a brief filed on August 13, 2014, attorney [Nombre5] (cf. folios 379 through 416), as special counsel for the [Nombre6] and civil plaintiff, [[Nombre3]], appeals judgment N° 625-2014, issued by the Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José at 8:30 hours on July 21, 2014, on the grounds that it acquitted [Nombre7] of all punishment and liability for the offense of defamation alleged in the private criminal complaint (querella) against him as having been committed to the detriment of [[Nombre3]], and also dismissed the civil action for damages brought in the present criminal proceeding. The appeal is based on the provisions of Article 8.2(h) of the American Convention on Human Rights, Nombre02 as well as on the provisions of Sections 448 and 458 through 466 of the Code of Criminal Procedure. A review of the case record shows that the appeal was timely filed within the statutory period and in compliance with the requirements necessary for the challenge to permit proper and correct consideration of the appellant’s objections through a comprehensive review of the challenged judgment, as established by Article 8.2(h) of the American Convention on Human Rights and provided in Articles 458, 459, 460, and 462 of the Code of Criminal Procedure. b) In the pleading appearing at folios 421 through 437 of the main case file, Dr. [Nombre13], as representative of the private defendant and civil defendant, responded to the hearing granted to him regarding the criminal judgment appeal filed by attorney [Nombre5].

In that filing, attorney [Nombre14] sets forth the arguments supporting his request that the challenge raised in the matter sub judice be denied; those arguments have been considered for purposes of issuing this decision.

III.Regarding the evidence offered by Dr. [Nombre13] at the oral hearing held during the processing of this appeal. At the oral hearing held in the present matter, Dr. [Nombre14] offered the following evidence: i.- a certified photocopy of the digital version of a magazine in which the [Nombre6] and civil plaintiff [[Nombre3]] is mentioned (folios 453 and 454); ii.- Six certified photocopies obtained from the web address http//es.wikipedia.org/wiki/Forbes (folios 455 through 461). The request and offer of evidence made by the representative of the private defendant and civil defendant shall now be decided, for which purpose the following matters must be considered: a.- The adjectival criminal law (ley penal adjetiva) governing the criminal judgment appeal stage contains no provision establishing either the possibility of offering, or the admissibility of, evidence to assist in reaching a decision (prueba para mejor resolver) or new evidence (prueba nueva) in an absolute and unlimited manner on appeal, as may occur at other stages of criminal proceedings. b.- Evidentiary activity (actividad probatoria) at the criminal judgment appeal stage is directly linked to the effective protection of the right to appeal a criminal judgment; accordingly, the legislature established that the evidence that may be admitted in processing a challenge of this kind, Nombre03 be defined so as to guarantee comprehensive review of the judgment by the appellate court.

This is because that means of challenge seeks broad oversight and comprehensive review of the appealed judgment, Nombre02 as well as of the trial that preceded it, such that evidentiary activity on appeal Nombre03 be conducted cautiously and in strict adherence to the proper scope of the right to appeal, so as neither to distort nor disregard the legal and procedural importance and relevance of the oral and public trial. Thus, with respect to the offering and admission of evidence, the appeal stage Nombre03 be consistent with and respectful of the single-instance oral and public trial framework governing our criminal procedure system. Accordingly, what must be assessed in each case is whether the evidence offered and admitted is useful and relevant for broadly and comprehensively reviewing and overseeing the criminal judgment issued by the criminal court, Nombre02 as well as the trial that preceded it. d.- By virtue of the foregoing, Article 464 of the Code of Criminal Procedure, which governs evidentiary activity at the appeal stage, establishes that the appropriate course at that procedural stage is to examine the trial records and, exceptionally, to reproduce an item of evidence because of deficiencies in those records or, as applicable, to receive new evidence that is useful and relevant to resolving the appeal through comprehensive review of the judgment.

Under those criteria, the legislature provided that new evidence is admissible at the appeal stage only in the following circumstances: i.- evidence that was timely offered but arbitrarily rejected; ii.- evidence that emerges as new after the judgment; and iii.- evidence that, although previously existing, the interested party had no effective opportunity to offer at the proper time. e.- Likewise, in order to ensure that the appellate court had an adequate and sufficient legal-procedural instrument (instrumento jurídico-procesal) to conduct a comprehensive review of the judgment as a result of the criminal judgment appeal, the legislature established in Article 462, paragraph 3), of the Code of Criminal Procedure that the court may, on its own motion (de oficio), order the submission of evidence it deems necessary, useful, and relevant to substantiating the alleged grounds of prejudice (agravios).

Nombre02 matters stand, it is concluded that the documentation described above does not fall within the categories of new evidence established for the processing and resolution of a criminal judgment appeal, Nombre02 nor is such evidence useful and relevant to resolving the matters disputed in the matter sub judice, because the information contained in the printouts described above concerns aspects of the personal life of the [Nombre6] and civil plaintiff [[Nombre3]] that are in no way connected to the facts at issue in the matter sub judice. Accordingly, the evidence offered by Dr. [Nombre14] at the oral hearing held in the present proceeding is rejected.

IV.In view of the relationship among the three grounds of the appeal (recurso de apelación) filed by attorney [Nombre5], they are analyzed and decided jointly, as set forth below. FIRST GROUND: Attorney [Nombre15] alleges an inadequate statement of reasons (falta de fundamentación) concerning the theory developed by the trial court regarding the application of the offense of defamation when the affected party is a [...], according to which such unlawfulness arises only when the statements are direct, express, unequivocal, and insulting. He notes that the issue challenged is essential to resolving the case because the trial judges, on their own initiative, developed a theory concerning the application of the offense of defamation in the specific circumstance in which the victim of the criminal act is a [...]. In this regard, he argues that the a quo requires the statements to be “expressly” insulting, thereby violating the normative content of Article 142 of the Code of Criminal Procedure, because that assertion is not supported by clear and precise reasoning, Nombre02 nor does it adhere to the strict application of the rules of sound judicial reasoning (sana crítica) to evidence of decisive value, all of which, in turn, entails a violation of Article 363 of that procedural code.

The appellant states that, based on the foregoing argument, the judges divided into segments each of the paragraphs of the publication that he considers defamatory, thus concluding that “[…] as for the assertion that [Nombre [Nombre10]] acquired a property for the sum of two and a half million dollars, it contains neither an insult nor the unequivocal attribution of an offense. The judges state that this sentence does not expressly indicate that the acquisition resulted from the commission of an offense. Here the judges indicate that it is the injured party’s personal opinion that her honor was harmed because her income did not allow her to purchase a property of that value. The judges insist that the private defendant (querellado) does not expressly state that the purchase resulted from an offense. The judges assert that this is merely one possibility and immediately thereafter, without explaining what they consist of or where they derive them from, the judgment states that multiple inferences are possible.

They subsequently identify, among other hypotheses, acquisition through lawful sources such as inheritance, a gift, or the lottery. Continuing with the judges’ analysis of the text challenged as defamatory, with respect to the accused’s assertion that [Nombre [Nombre10]] owns a wind-power generation company, there is likewise no statement that harms her honor. The authors of the judgment say that this is again an assessment by [Nombre6], without first having weighed the testimony of [Nombre6] and that of the accused. In the same vein, they determine that there was no direct harm to honor regarding the alleged unlawful enrichment that appeared in the assets of [Nombre6] at the end of the term of office […]” (cf. folios 381 and 382). In this regard, the appellant alleges that, in the reasoning supporting their decision, the judges neither considered nor assigned any weight to the falsity of the accusations, a logical defect that he states he raises as a separate objection.

He further notes that the a quo clearly reads each fact through the lens of the theory it developed in the judgment, rejecting the contention that the publication at issue constitutes a direct insult against his client. He indicates that the judgment on the merits invokes the decision issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of [Nombre16] v. [Nombre17] concerning the degree of tolerance required of a [...]; however, he argues that the a quo gave no further consideration to what he argued at trial regarding the scope of that tolerance threshold. In this regard, he notes that the judgment established that anyone holding such Nombre01 public office may bring criminal proceedings only when a direct insult has been attributed to that person, an assertion that lacks support. He adds that the Nombre04 that the figure of the [...] Nombre05 required to endure all public complaints, criticism, and grievances lodged against that person’s administration was likewise unsupported, since the a quo failed to explain the considerations it took into account in distinguishing between protection of the right to honor of ordinary persons and protection of a person holding the aforementioned Nombre01 public office.

The appellant concludes that requiring a direct insult before a [...] Nombre06 obtain criminal-law protection of the right to honor is merely a subjective opinion with no doctrinal or jurisprudential basis whatsoever, to which Nombre03 be added that the Nombre04 outlined by the a quo lacks logical and sufficient reasoning. In this regard, the appellant alleges that the criminal court refers in its judgment to the ruling issued by the Inter-American Court of Human Rights in [Nombre18] v. Nombre2042, but fails to specify that the passage reproduced is from the concurring opinion of Judge [Nombre19], which is not equivalent to the Nombre04 of that judicial body’s majority opinion. He adds that the judgment at issue cites paragraphs 127, 128, and 129 of the referenced Inter-American Court decision, although their content does not support a direct-insult requirement for protecting the right to honor of a [...], a criterion he characterizes as arbitrary “[…] not only because it is not supported by autonomous or sufficient arguments validating it, but also because, in terms of its effects, the Trial Court’s unsubstantiated reasoning strips the [...]’s honor of its substance and protection.

This is particularly important in the present case because the judges also fail to rule on whether the accusations made by the private defendant [Nombre20] against the injured party [Nombre [Nombre10]] were false, when she then held the Nombre01 of […] […]” (Nombre07. folios 383 and 384). He requests that this ground of appeal be granted, that the judgment and the trial preceding it be vacated, and that both proceedings be conducted anew before a differently constituted trial court. SECOND GROUND. The appellant alleges that the judgment lacks an adequate statement of reasons concerning the arguments that, in the specific case, preclude a finding that the right to criticize was exercised. This is because he believes that the private defendant [Nombre12] relied on false assertions that he decided to publish. He alleges an inadequate statement of reasons because the a quo found that, in this case, the private defendant acted in the exercise of a right to criticize, without considering or rejecting the arguments presented in that regard by the [Nombre6] party and civil plaintiff at trial, according to which no such right to criticize existed in this case because the accused acted with full knowledge that the report he disseminated was false.

He adds that the trial court disregarded several decisions of the Inter-American Court of Human Rights, the Constitutional Chamber and the Third Chamber of the Supreme Court of Justice of our country, Nombre02 as well as Costa Rican Criminal Judgment Appellate Courts, whose holdings preclude the exercise of the rights to freedom of expression and to criticize public officials when such criticism is based on false assertions, thereby violating Article 142, in relation to Article 184, both of the Code of Criminal Procedure, concerning the duty to state the reasons for the judgment. Attorney [Nombre15] states that one of the central arguments around which the “Theory of the Case” of the [Nombre6] party and civil plaintiff revolved consisted of explaining to the trial court why the requirements justifying application of the doctrine of lawful exercise of a right (ejercicio legítimo de un derecho) were not met in this case.

He emphasizes that he raised this issue from the outset of the adversarial proceedings (contradictorio) so that the a quo would address it, and states that he likewise reiterated and developed the argument at length during the closing-argument stage of the trial. In this regard, the appellant states that during the adversarial proceedings he argued that, in the matter under review (subjudice), the private defendant [Nombre12] exceeded the bounds of freedom of expression by uttering and disseminating a series of falsehoods, which precludes reliance on the right to criticize a public official. Notwithstanding the foregoing, the text of the judgment contains no Nombre04 whatsoever concerning the positions advanced by the [Nombre6] party, thereby causing a denial of the right of defense and violating the trial court’s duty to decide all matters raised in the adversarial proceedings. He argues that this contravenes the principles established in that regard by the Inter-American Court of Human Rights in the judgment it issued in the case of [Nombre21] et al. on August 5, 2008.

Specifically, attorney [Nombre5] states that in his closing arguments he contended that the account given by the private defendant [Nombre12] was not credible, because he himself acknowledged that the assertions posted on his “Facebook” profile were false, Nombre08 stated that he had not verified them before disseminating them indiscriminately. He notes that the objections he raised at trial regarding the issue under review could be known only by someone who attended the trial, because anyone who merely reads the judgment will find no reference whatsoever to the arguments he presented to rule out the private defendant’s lawful exercise of a right. All of this was improperly omitted from consideration in the challenged judgment, thereby violating the right to be heard and to obtain a timely judicial response due to the failure to comply with the duty to provide reasons for the criminal judgment in the present case.

He argues that the essential issue the trial court failed to assess was that no right existed in this case to criticize [CED1 ], because the published comment concerned false facts, which no public official is required to tolerate, not even the person holding the highest office representing the State, as was the case here with [Nombre6] and civil plaintiff [Nombre443 [Nombre10]]. He notes that the reasons why [Nombre6] maintained before the trial judges that the right to criticize had not been exercised in the particular case were established at trial; rather, what occurred was the irresponsible assertion of falsehoods, which he believes the challenged judgment wholly failed to assess. He adds that in “[…] the closing presentation, it was also argued that Ms. [Nombre443 [Nombre10]] stated that the publication contained false facts, that it was disseminated from accused [Nombre22]’s Facebook page, and that it spread beyond that virtual community, to the point that she was confronted by the deputy who chaired the Legislative Assembly’s Public Revenue and Expenditure Committee, who requested explanations regarding the published text, to which she responded that it consisted of falsehoods concerning which they would take the appropriate legal action […]” (cf. folio 393).

Furthermore, appellate counsel states that at trial he explained to the criminal court that the Inter-American Court of Human Rights establishes criteria of legality, necessity, and suitability for balancing protection of honor Nombre09 freedom of expression, and that this judicial body has stipulated that the latter is not protected when the statements made are false, Nombre02 and has also established that freedom of expression has limits and that, when those limits are transgressed, liability may be imposed for the abusive exercise of that prerogative.

In this regard, the appellant alleges that, in the judgment on the merits, the lower-court judges did not analyze whether, in light of the “inter-American” precedents, the accused (imputado), [Nombre7], made false statements in the specific case, despite this being an issue extensively debated in the adversarial proceedings (contradictorio), Nombre02 nor did they consider jurisprudential precedent N° 1050-2002 of the Sala de Casación Penal, which establishes that the abuse of a right precludes the legitimate exercise of freedom of expression. He states that the court below (a quo) did not address the arguments of the private criminal complaint (querella) previously noted, Nombre02 and that it quoted only part of ruling N° [Telf2] of the Sala Constitucional, using the portions that suited its elaborate position while failing to assess the matters encompassed at the end of the quotation from that ruling, a passage referring to the fact that falsehoods, rumors, or insinuations lacking truthfulness do not form part of the exercise of freedom of expression.

Licenciado [Nombre15] states that “[…] It is unheard of that the Court stated that the subject matter of the trial was not whether, at the end of her term, Ms. [Nombre10 [Nombre10]] had acquired the property or whether she held any interest in wind-power generation companies (cf. folio 365). This is absurd because the complaint stated precisely that, since the content of the publication was false, there was no right to disseminate a falsehood indiscriminately. Now, from a comprehensive reading of the judgment, it may be inferred that the Court ASSUMES that the defendant exercised that right, but it cannot be interpreted, a contrario sensu, that by ruling in this manner it immediately excludes any other interpretation, such as the one advanced at trial by [Nombre6] and the civil plaintiff (actor civil) (…) As a decisive complement to the grievance (agravio), Nombre03 it should be considered that it was essential for the Court to clarify whether or not it was dealing with a text containing false assertions.

Instead of resolving this issue, the judges chose a single interpretation of the text, without considering that the injured party (ofendida) categorically denied every statement made therein and characterized them as false (failure to provide reasons for its assessment of her testimony), and that the accused himself insisted in his testimony that he took no steps to verify the source of the text, that he accepted and disseminated it without determining whether or not it was true, and insisted at trial that Ms. [Nombre10 [Nombre10]] was corrupt […]” (cf. folios 403 and 404). The appellant concludes that the seriousness of his grievance becomes apparent when the arguments he presented at trial but which were not assessed in the judgment are hypothetically incorporated, because, had those matters been analyzed, he believes the court below would have been compelled to establish that the defendant’s conduct satisfied the elements (típica) of the offense of defamation, Nombre02 and that the justification (causa de justificación) of the legitimate exercise of the right to freedom of expression was inapplicable.

He requests that this ground be upheld, that the judgment and the preceding trial be set aside, and that both be conducted anew. THIRD GROUND. Licenciado [Nombre5] claims that the judgment lacks a statement of reasons (fundamentación) because, in its reasoning, the trial court relied on precedents of the Corte Interamericana de Derechos Humanos that are inapplicable and unrelated to the facts alleged in the complaint against the accused, [Nombre7], in contravention of the rules established in Article 41 of the Constitución Política, Nombre02 as well as Articles 2, 6, and 142 of the Código Procesal Penal. He argues that “[…] the central thesis of the sentencing court was that public officials, particularly those elected by popular vote, as in the case of [Nombre6], Nombre03 must display a higher threshold of tolerance for criticism and questioning by citizens. It is this reasoning that then led the lower-court judges to conclude that the statements made by the accused through a social network had to be tolerated by my client.

However, the court below relied on two rulings of the Corte Interamericana de Derechos Humanos—which, incidentally, is not a continental court, as the judges inaccurately state, but a regional one—whose factual premises differ substantially from the case brought by Ms. [Nombre [Nombre10]]. Although the rulings cited by the court on the merits analyzed the scope of freedom of expression and its conflict with other fundamental rights, the facts concerned situations very different from those submitted to the judicial authorities in these proceedings. Accordingly, the legal doctrine incorporated into the challenged judgment was inapplicable, rendering it a plainly unreasoned decision […]” (cf. folios 406 and 407). In his argument, the appellant summarizes and discusses the contents of the ruling issued by the Corte Interamericana de Derechos Humanos on May 2, 2008, in [Nombre16] v. [Nombre17].

In that regard, he states that the crucial difference between that case and the case of [Nombre6] and civil plaintiff [Nombre10 [Nombre10]] is that the former involved an assessment or opinion concerning a judge’s work, rather than an allegation of unlawful or at least ethically questionable conduct, as occurred with his client. The appellant states that, “[…] with respect to Doña [Nombre [Nombre10]], no assessment was made and no critical opinion was shared regarding her then status as head of state. Instead, unlawful or ethically reprehensible conduct was attributed to her. The conclusion derived from the decision under review is that, as part of debate in a democratic society, a public official is obliged to endure attacks and negative and severe assessments. However, that rigorous scrutiny of the performance of a Nombre01 of the State, particularly a high-ranking Nombre01 such as the position held by Ms. [Nombre10 [Nombre10]], does not extend to allegations of false, criminal, or immoral acts.

This aspect—which was not included in the Court’s judgment—was disregarded by the criminal trial judges in order to assert that the accused’s statements conformed to the regional court’s standards, when that clearly is not Nombre02 […]” (cf. folio 409). Furthermore, Licenciado [Nombre15] discusses and summarizes the ruling issued by the Corte Interamericana de Derechos Humanos on July 2, 2004, in [Nombre18] v. Costa Rica. He states that those proceedings against our country differ markedly from the criminal case brought against [Nombre7], thereby establishing a defect consisting of a lack of reasons in the judgment. In this regard, the appellant alleges that “[…] the regional Court concluded that no offense had been committed because the journalist—who, in any event, had a public interest in reporting—merely reproduced information being published by European media. Perhaps the crucial point is that both regional proceedings, which brings them closer to one another while distancing them from the factual premises of the case against [Nombre12], concern statements or publications directed at acts performed by public officials in the exercise of their offices.

In the present case, no value judgments were expressed, nor was information from any source concerning [[Nombre3] ] published. What occurred instead was the making of statements that, based on conduct allegedly engaged in by the complainant, called her moral integrity into question […]” (cf. folios 411 and 412). In his argument, the appellant cites the judgment issued by the Tribunal Europeo de Derechos Humanos on March 15, 2011, in [Nombre23] v. España. In that regard, he states that the most relevant aspect of that precedent for the case at hand is that “[…] the European judges established a framework for examining the statements made by [Nombre23]. According to the Tribunal de Derechos Humanos, the statements made by the Basque leader did not attack the head of state’s personal life or honor: ‘…the statements at issue do not call into question the king’s private life or personal honor (…) they did not constitute a gratuitous personal attack against him [….]’” (cf. folio 413.

The transcription is verbatim). Thus, he alleges that in the case of the accused, [Nombre12], there was indeed a challenge to the personal honor of [Nombre6] or, equivalently, in the terms used by the Tribunal de Derechos Humanos Europeo, a gratuitous attack against her person. This was because a series of assertions concerning the surprising and inexplicable enrichment of [[Nombre3] ] while she held that office was published through a social network. Accordingly, the appellant considers that this factual scenario differs from those analyzed by the Corte Interamericana de Derechos Humanos in the two decisions considered by the lower-court judges in the judgment on the merits. He adds that no information was shared concerning any investigation being conducted against his client, nor was any assessment made of her administration; instead, specific conduct was attributed to her, to which Nombre03 must be added that, according to common experience, it is inconceivable that a person who had devoted herself to public service, such as [Nombre6] and civil plaintiff [[Nombre3] ], would have had the financial means lawfully to acquire a property such as the one [Nombre12] claimed his client owned.

The salaries of public officials “[…] could under no circumstances support a ‘millionaire lifestyle,’ in the words of the accused; hence, Mr. [Nombre12]’s assertion conveys that a person who was a public official for nearly two decades had engaged in illicit enrichment […]” (cf. folio 414). He states that the case at bar (subjudice) concerned a businessperson who published false and defamatory information about his client, which is wholly distinct from the discussion regarding the right to freedom of expression resolved in the precedents of the Corte Interamericana de Derechos Humanos that the court below improperly considered in the judgment on the merits. In his argument, the appellant poses the following question: “[…] Why did statements harmful to honor, suggesting that a […] Nombre11 became wealthy during her term in office, constitute the exercise of freedom of expression? That was the question the court below should have answered.

That answer was not set out in the challenged judgment […]” (cf. folio 415). He asserts that the grievance consists in the fact that, in entering the judgment of acquittal (sentencia absolutoria) in favor of the respondent to the complaint (querellado), [Nombre12], the court on the merits invoked and assessed rulings of the inter-American human-rights system that bear no factual relationship to the facts at issue, thereby violating the principle of derivation and sufficient reason and, consequently, leaving the judgment without an adequate statement of reasons. The claims are meritorious. A comprehensive review of the judgment, Nombre02 together with the arguments raised by Licenciado [Nombre5], establishes that the challenges brought against the judgment acquitting the accused, [Nombre7], are meritorious. This is because the judgment on the merits was not reasoned as legally required by Articles 39 and 41 of the Constitución Política, Nombre02 as well as Articles 1, 142, 180, 181, and 363 of the Código Procesal Penal.

The extensive examination of the descriptive, factual, intellectual, and legal grounds of the judgment on the merits leads to the conclusion that the court below did not base its decision to acquit the defendant [Nombre7] of all punishment and liability for the offense of defamation (difamación) alleged against him either on a strict application of the rules of sound judicial reasoning (sana crítica) or on the proper application of the criminal-law provisions legally relevant to resolving this case. This conclusion rests on three essential lines of legal reasoning, which are set forth below. A.- Analysis of the principal contents and grounds of the challenged judgment. To clarify the scope of the ruling on the merits, it is necessary to identify and analyze the most important grounds on which the trial judges acquitted the private defendant (querellado), [Nombre12]. Accordingly, the following is established: i.- The criminal court states that the challenged judgment establishes a novel line of case law—as the appellant alleges—which will govern the relationship between whoever holds the Nombre01 of [...] and citizens with respect to the boundary between the right to honor and freedom of expression. ii.- The court below states that, in order to “educate” the public regarding the use and abuse of social media—principally “Facebook”—it will define the legal nature of such networks.

In this regard, the trial judges state that “Facebook,” and social media generally, are means of communication like any others already known, because from the moment third parties have access to a particular person’s account or profile, whatever is posted is disseminated and made accessible to several people. They therefore conclude that it is clear that people may not publish just any statement through that channel of communication, Nombre08 social media are not excluded from the regulation established in our legal system, such that anyone who abuses freedom of expression through that medium is exposed to a criminal penalty; thus, if a person insults or offends another, or falsely accuses another of committing an offense, that person may be criminally prosecuted for the offenses of insult (injurias), false accusation (calumnias), or defamation. iii.- The trial court states that the analysis of the conduct alleged against [Nombre12], for purposes of determining whether or not he abused his freedom of expression to the detriment of [[Nombre3] ]’s honor, transcends the boundaries of Criminal Law, since the discussion Nombre03 take place in the field of Constitutional Law.

Accordingly, the trial judges consider that Nombre03 first assess the principle of equality, under which all persons are equal before the law, while it is necessary in every case to recognize that equal treatment Nombre03 be given to those who have the same status, position, or circumstances. A contrario sensu, persons who do not have a similar status, position, or circumstances cannot be treated in the same manner. The judgment establishes that the points set out above are fundamental to the proper resolution of the case, because [Nombre6] [[Nombre3] ] was the […] at the time of the events at issue, a status different from that of other persons, and it was in that capacity that [Nombre12] referred to [Nombre6] on his “Facebook” profile. In view of the foregoing, the court below held in the judgment that, in determining the scope of [[Nombre3] ]’s right to honor, account must be taken of the […] office then held by [Nombre6], because it finds that, for this reason, the content of her honor is not the same as that of other public officials, Nombre02 as that of other Costa Ricans.

In this regard, the criminal court states that all public officials are more exposed to criticism because they voluntarily assumed a Nombre01 of that nature; therefore, by accepting the greater exposure inherent in the position, they must also accept more criticism than those who do not perform public duties are required to tolerate. In this respect, the trial judges cite a precedent of the Inter-American Court of Human Rights issued on May 2, 2008, in the case of [Nombre16] v. [Nombre17], in which, in their view, that Inter-American Court held that “[…] the activities of public servants leave the realm of the private sphere and enter the sphere of public debate. This threshold (…) is grounded in the public interest of the activities they perform […]” (cf. folio 346 of the main case file). In this regard, the court below concludes as follows: “[…] Note that the highest human-rights body in the Americas establishes that public officials are more exposed to criticism, that this is inherent in the Nombre01 they voluntarily accepted, and that the activities they perform are matters of public interest.

However, Nombre03 be noted that these statements by the Inter-American Court were made in cases involving high-ranking public servants, but not the highest-ranking official, as in this private prosecution (querella), the […]. It is clear that the highest-ranking public Nombre01 in our country is the […]; it is an elected office, entails leadership of the Executive Branch, and whoever holds this Nombre01 represents the Costa Rican State nationally and internationally and directs the principal institutions of the central government, including, for example, the Ministry of Public Security, the Ministry of Health, and the Ministry of Finance. These considerations are important because, if we agree with the Inter-American Court ‘…that in a democratic society public officials are more exposed to public scrutiny and criticism’ (Case of [Nombre24] v. [Nombre17], idem), the highest authority in public service is subject to even greater exposure and, correspondingly, public criticism Nombre03 be even greater.

Note that the Court is interpreting the Inter-American Court’s line of case law in accordance with the principle of proportionality, Nombre08 if greater criticism and exposure are inherent for public officials than for persons who do not perform public duties, the gradation inherent in a fair, proportionate, and reasonable judicial assessment determines that, within the category of ‘public official,’ the level of tolerance for criticism Nombre03 increase according to the official’s rank. In other words, if premise number one dictates that a public official Nombre03 tolerate more criticism than those who are not public officials, then, as premise number two, it may be stated that within the category of ‘public servant,’ the level of tolerance will also increase as the official’s rank increases. This premise is justified for the following reasons. A public servant appointed through ordinary administrative procedures—for example, under the civil-service system—is not the same as a public servant appointed through national elections; the latter has a direct mandate from the Sovereign and holds a Nombre01 of greater responsibility.

Likewise, a public servant who does not make decisions is not the same as one who does; nor is a public servant who directs or presides over a public institution the same as a public servant who works at that same institution in a lower-ranking position. Therefore, the Court cannot disregard the office held by the [Nombre6] party, Nombre08 on the date the events occurred, Ms. [Nombre10 [Nombre10]] was the […]; therefore, although she was a public official like thousands of other people, she held the highest-ranking Nombre01 in the public sector, represented the Costa Rican State, and directed the policies of all public institutions under her authority; she was therefore in a special position that the Court cannot disregard. The pursuit of justice requires us to assess each case according to its particular characteristics, Nombre08 only Nombre02 can an equitable decision be reached that genuinely reflects an assessment of the facts, the evidence, and the litigants’ personal circumstances; this is proportionate and properly tailored justice; the contrary would be generic, impersonal justice and therefore would not be justice.

Along these lines, the Court faces the decision of defining the content of the right to honor of whoever holds the Nombre01 of [...], Nombre09 citizens’ freedom of expression [...]” (cf. folios 346 to 349. The transcription is verbatim). iv.- In its substantive reasoning, the court below transcribes the content of the post made on [Nombre7]’s “Facebook” profile, namely: “[…] ‘[…] MILLIONAIRE’ ‘... I am visiting the Nicoya Peninsula, and on these paradisiacal beaches I ask about a beautiful estate. A local tells me that our […] acquired it for two and a half million dollars...’. While speaking with some businesspeople about the […]’s multimillion-dollar acquisition, they tell me that it does not end there, but that she owns wind-power generation—that produced using the wind—Nombre02 that we have a […] Nombre13 finishing her term who has become quite the businesswoman...’. ‘It reminds me of the case of “Cinderella,” but that was a fictional story from a fairy tale; then I recall the case of [Nombre [Nombre25]], who, after five days of study, discovered the obvious at INCAE and became a millionaire who owned yachts and airplanes and enjoyed a life of luxury and fine clothing.

From Hatillo to Valle del Sol in an instant, merely by touching the ball. Now the leap is from Desamparados to Escazú. If that parallel of touching the ball yields substantial profit without any effort beyond the enjoyment of participating in the game, Nombre02 that I compare the Lady’s instantaneous wealth with that of this player, whose entrepreneurship and business acumen we applaud, that ability to pay millions of dollars without us mere mortals finding any explanation in our everyday lives, where earning money takes a lifetime of effort and work...’. ‘... This instantaneous wealth amazes us, and we can find no logical explanations. Could it be that they read The Book of Secrets and discovered the shortcut to wealth? In any event, we congratulate [Nombre [Nombre10]], who is preparing to leave public service as a millionaire and the owner of material wealth that would take any ordinary citizen a lifetime to acquire, while public officials and footballers appear to need only five days of touching the ball […]’” (cf. folios 348 and 349).

In this regard, in the judgment on the merits, the court below states that [Nombre6] [[Nombre3] ] considered the text defamatory because, from her perspective, it contains offensive and false assertions accusing her of illicit enrichment (enriquecimiento ilícito), since her salary from the Nombre01 of [Nombre443 [Nombre10]] that she held at the time did not permit the purchase of an estate costing two and a half million dollars; [Nombre6] further believed that her honesty had been attacked, Nombre08 Costa Ricans could have presumed to be true facts that were not. At this point in the judgment, the trial court refers to the contents of the testimony given at trial by [[Nombre3] ], noting that [Nombre6] emphatically denied participating in wind-power generation, Nombre02 as she also denied owning property in Guanacaste valued at two and a half million dollars.

Next, the trial judges assessed what the private defendant [Nombre12] stated at trial as follows: “[…] Regarding the accusation, at trial the accused [Nombre7]—in summary—acknowledged that he had made the aforementioned post on his ‘Facebook’ account; that he had not written it; that he did not know who had written it; that he had taken it from the same social network and ‘copied and pasted’ it onto his own account, making it public because he believed it was important for others to know about it. He said that he never intended to harm the honor of Ms. [Nombre6] and described himself as an activist who had undertaken to report actions by the government of Ms. [[Nombre3] ] that he considered improper or illegal, regarding which he had even filed separate complaints with the Public Prosecutor’s Office, whose ultimate outcomes he does not know. He argued that, by publishing the [Identificacion1], he was exercising his right to freedom of expression and his right to impart and receive information.

Based on his testimony at trial, the issue of authorship of the post ceases to be relevant: Nombre08 [Nombre12] admits that he adopted the contents of the text as his own and also published it through his Facebook account. Furthermore, as demonstrated by the notarized certification submitted by [Nombre6], that account is publicly accessible to any user of this social network. The Court also finds it proven that, when the text was disseminated, its contents reached an indeterminate number of persons, many of whom responded by expressing their opinions and perceptions in that regard, which are included both Nombre02 in the private-complaint pleading and in the notarized certification consisting of a printout from [Nombre12]’s ‘Facebook’ account, specifically the comments on his post […]” (cf. folio 360). After taking it as established that the post in question was made by the private defendant [Nombre12] and disseminated to an indeterminate number of third parties, the trial judges proceed to refer to freedom of expression as the normative foundation for forming free public opinion, as befits a populace that thinks and critically analyzes reality.

They likewise state that a democratic State that respects the Political Constitution Nombre03 facilitate its inhabitants’ effective participation in public debates by giving freedom of expression broad, but not permissive, scope, so that it may also fulfill the function of overseeing political power and the management of public affairs. In this regard, the judgment cites what the judges describe as a precedent of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice concerning the right to freedom of expression, although no information is provided that would identify that decision. Next, the trial criminal court establishes that the private defendant distributed the text in question to an indefinite number of persons, thereby reporting two facts—the purchase of the property and [Nombre6]’s participation in the wind-energy company—Nombre02 as well as expressing his opinion in that regard, which indicates that [Nombre443 [Nombre10]] stated that it harmed her honor.

Without conducting an in-depth assessment of the points noted above, the court below proceeds to establish that freedom of expression and the right to information are not unlimited, because they are constrained by the honor of individuals, as regulated by Article 41 of the Political Constitution, whose content the judges consider Nombre03 be read together with Article 33 of our Constitution, which recognizes the value of human dignity. They further state that Nombre03 be added the criminal-law protection of the right to honor through the offenses of insult (injurias), calumny (calumnias), and defamation (difamación) set forth in the Criminal Code. Thus, the trial judges conclude that every person has a right to honor, understood as the esteem, opinion, or regard in which others hold that person. The court below establishes that any statement affecting a person’s honor is, in principle, capable of being considered a criminal offense, because freedom of expression does not encompass or justify certain kinds of statements: those which, although presented as thoughts, ideas, or opinions, consist of phrases unnecessary to express what is intended to be said, as well as those that are directly insulting or expressly and unequivocally attribute the commission of a crime.

In this regard, the trial court invokes the contents of decision No. [Telf2] of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, a ruling that delineates the scope of the right to freedom of expression. The judges then state that, according to legal scholarship and case law, honor has two dimensions: a subjective dimension, corresponding to the view that a particular individual has of himself or herself, that person’s self-respect or self-esteem; and an objective dimension, consisting of the image that the person projects to others and therefore composed of how others perceive that image. Based on the foregoing, the court below establishes in its analysis that an expression or statement constitutes the offense of defamation or any other offense against honor when the affront affects that legally protected interest from an objective perspective, and Nombre03 be a literal or express affront, or one axiomatically understood as an insult.

Based on the foregoing, the trial judges indicate that, in this specific case, they choose to assess and take into consideration the office held by [Nombre6] [[Nombre3] ] on the date when [Nombre7] made the post in question on his ‘Facebook’ account, “[…] for the purpose of outlining a line of case law concerning the content of the right to honor of public servants generally, and of whoever holds the office of […] in particular. Only in this way, as will be seen, can it be established which statements are covered by the normative justification afforded by freedom of expression, and Nombre02 can the case submitted for this judicial body’s consideration be resolved. At the time of the events, [Nombre6] [Nombre10 [Nombre10]] held the office of […], Nombre14 and was therefore a public servant. But the assertion cannot end there. [Nombre6] [Nombre [Nombre10]] held the highest-ranking public office; it was an elective office that gave [Nombre [Nombre10]] not only greater responsibilities for the administration of the State, but also the greatest exposure to public scrutiny of all her actions.

And this is Nombre02 Nombre08 in Nombre04 of the Court, every public official, especially the highest-ranking officials and categorically the highest-ranking one, namely the […] Nombre05[…], subject to a paramount duty of transparency, which ‘entails access to public information and the broad, permanent, and impartial dissemination of public decisions. Only e02 c is the Principle of Maximum Disclosure fulfilled, which establishes the presumption that all information is accessible, subject to a restricted system of exceptions (Tiffer [Nombre26]. The constitutionality of the offenses of insult and defamation e09 to criticism of public officials), and there also comes into play, in the same hierarchical proportion mentioned above, the duty of accountability (rendición de cuentas), the latter duty enshrined in Article 11 of the Political Constitution, which required [[Nombre3] ] to withstand all public complaints, criticism, and grievances raised concerning her personally and her administration; yes, concerning her personally, because holding the e01 of m of the highest rank in the Executive Branch means that such official status extends into private life precisely because of the principles of transparency and accountability.

According to the doctrine of transparency, public activity e03 be and appear as a ‘Glass house’ […]” (cf. folios 354 and 355. The transcription is verbatim). In view of the foregoing, the trial judges reiterate that [Nombre6] [[Nombre3] ] was subject to a higher threshold of tolerance than other public officials e09 regarding thoughts, ideas, or challenges concerning her conduct, because she voluntarily entered public service and was therefore expected to maintain irreproachable public and private conduct. In its reasoning, the trial court reiterates that, under the principles of proportionality and equality, the higher the e01 public office held, the greater the required tolerance due to the duties of accountability and transparency to which the public official is subject. In that regard, it cites several paragraphs from the decision issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of [Nombre18] v. Costa Rica.

In the analysis set forth by the court below in the judgment on the merits, it develops reasoning that it defines as “the ideological basis” of its ruling, stating as follows: “[…] In the first recital (considerando) of this judgment, it was stated that this was a very important case. To what was said then, the Court adds the following considerations, which are intended to constitute the ideological basis supporting this ruling. In this judgment, the Court faces the difficult decision of interpreting social reality in order to determine, on that basis, what kind of State and society embody the aspirations of the majority of Costa Ricans. In attempting to do so, the Court will not simply impose its position; rather, we will seek to substantiate it through a reasonable reading of the reality of recent years. Premise number one: in 2005, as a swift response to criminal complaints involving […] and senior officials of State institutions, the Law Against Corruption and Illicit Enrichment was enacted.

This legislation created new offenses, such as influence peddling, and amended existing ones, such as embezzlement (peculado) and misappropriation (malversación), in order to send society a clear and forceful message: from within the Legislative Assembly, the body representing the popular will, public-servant corruption was rejected. This legislative voice constitutes the first historical and normative premise used by the Court to assert that, from a normative standpoint, a process of transforming the law in force began during the past decade and has now been strengthened by other laws that have bolstered the State’s fight not only against illicit enrichment generally, but also against organized crime infiltrating the public service. Thus, from the legislative sphere, there is a call for transparency in public service. Premise number two: again, for the purpose of giving full effect to the duty of transparency in public service, the strengthening of State oversight bodies has been evident during the past decade.

The Office of the Ethics Prosecutor was created so that ‘the State’s attorney’ would concern itself not only with the strict legality of official actions, but also with incorporating into the debate the ethical and moral duty that is itself an expression of transparency. The Office of the Comptroller General of the Republic has also assumed a more prominent role through rigorous oversight of the financial circumstances of public officials. Of particular note here is the duty of certain public officials to submit a sworn declaration of assets (declaración jurada de patrimonio); furthermore, what the Court considers most important is that the scope of this obligation has expanded during the past decade.

Indeed, over the years we have witnessed an ever-growing number of public offices being added to the list of public servants required to file a sworn asset declaration (declaración jurada de bienes)—covering their assets and liabilities—and such declarations have sought to provide an increasingly detailed and comprehensive account of public servants’ financial circumstances by including, for example, interests in corporations and de facto usufructs (usufructos de hecho). Incidentally, this Court is a clear example of this trend, since two years ago the Judges of the Republic—fortunately—also began filing sworn declarations with the Contraloría General de la República. It should be noted that, through this second premise, the Court wishes to illustrate that the national reality is clear: efforts have been made to give practical effect to the duty of accountability (deber de rendición de cuentas), always for the purpose of ensuring transparency in the functions performed by those of us who voluntarily serve the country in public office.

Premise number three: citizen complaints and public denunciations spearheaded by the media are also a reality that the Court wishes to highlight in this judgment. Over the past decade, the Courts of Justice have processed a large number of complaints filed by citizens against public officials. That is, citizens have understood the importance of transparency in public office and have assumed a leading role in the criminal investigation of public servants’ conduct. Without regard at this point to the outcome of those proceedings or to citing them individually, the fact remains that the Court is interpreting a reality of which everyone has been able to become aware in recent years. This trend of citizen complaints has been joined by the active role of the media, which have also undergone a process of change that is fundamental to this adjudicative body’s analysis. Over the past decade, most media outlets have moved beyond an exclusively informational form of journalism and added an investigative function.

This is evident: the press is no longer limited merely to reporting, but also investigates and seeks out the news. In that search, it has found fertile ground in public office, and a large number of public servants have been investigated in order to expose and denounce possible criminal acts. In the Court’s view, it is not a valid argument to claim that this new journalistic paradigm is driven by an interest in generating higher audience ratings; those ratings are understandable because of the public interest aroused by reports of possible crimes committed by public servants. What matters is that those ratings increase precisely because people’s interest in this type of investigative journalism stems from society’s interest in transparency and accountability by those who hold public office. These premises developed by the Court support the assertion that there is a social reality in Nombre2042, which constitutes the ideological basis of this judgment.

In this judgment, the Court must state its legal reasons by answering a fundamental question: what kind of State and society do most Costa Ricans want? Is a strong State desired, in which the honor of public servants receives greater legal protection than freedom of expression? Or is a Constitutional State desired, in which there is a fair balance between the honor of public officials and the freedom of expression of other Costa Ricans? Based on the premises set forth by the Court, we find that a fair decision consistent with social reality and constitutional standards is one that, without leaving the honor of the person exercising […] unprotected, affords greater protection to Costa Ricans’ freedom of expression […]” (cf. folios 358 to 360 of the principal case file. The transcription is verbatim). Based on what the court below presents as the “ideological basis” of its judgment—which it derives from its own particular reading of our country’s sociopolitical reality—it identifies the essential aspect or pillar supporting its decision, establishing a standard—which it deems consistent with the philosophical framework developed in its reasoning—through which it filters the statements made by the private defendant (querellado) in the publication that [Nombre6] [Nombre [Nombre10]] considered harmful to her honor, and which leads it to find that the content of the text disseminated on [Nombre12]’s “Facebook” profile does not affect the honor of said [Nombre6].

Thus, the court below defines that standard as follows: “[…], anyone who holds the office of […] shall be the victim of an offense against honor (delito contra el honor) solely and exclusively when another person makes an expressly and unequivocally insulting, defamatory, or slanderous statement, expresses such an idea, thought, or opinion, even if it is linguistically irritating, bothersome, suggestive, or even sarcastic. In other words, all statements constitute free expression when, although bothersome or irritating to the honor of the person who is [...], they are justified provided that they are not openly insulting or defamatory per se, and provided that the attribution of a crime is not the only reasonable inference that may be drawn from the statement. Against this background, the allegations in the private criminal complaint (querella) must now be read very carefully, first to determine whether the threshold of objective statutory elements (tipicidad objetiva)—that is, express and unequivocal defamation or slander—has been met, and second to establish whether the text contains a critical opinion or expression of thought exceeding the bounds of what a [...] must tolerate […]” (cf. folio 360 of the case record).

In this manner and under that standard, the trial court analyzed the facts comprising the complaint at issue in the sub judice matter and concluded that they contained no explicit insult or word that unquestionably constituted an offense, nor any specific and unequivocal attribution of a criminal act to [Nombre6] [[Nombre3] ]. Thus, when analyzing the content of the fourth point of the complaint, the trial court found that the private defendant [Nombre12] suggested, as “a possibility,” that [Nombre6] may have irregularly acquired a property for the sum of 2.5 million dollars, and the judges deemed it valid to interpret that, given her income, [[Nombre3] ] could not have acquired such an expensive real property. Notwithstanding that statement, the court below noted that this was only one of the possible inferences that could be drawn from the text in question and therefore concluded that there was no express and unequivocally sufficient allegation capable of affecting [Nombre6]’s objective honor (honor objetivo).

The trial court concluded that the objective element (elemento objetivo) of Article 146 of the Código Penal was absent because it found that the existence of “suitable statements” (“especies idóneas”), as a synonym for insult or offense, had not been established. Furthermore, in examining the fifth point of the complaint, the criminal court, applying the same standard indicated above, found that [Nombre6] [[Nombre3] ] drew her own inference, which likewise was not the only one that could be derived from the challenged text, and therefore ruled out the existence of any offense in [Nombre12]’s conduct. Regarding the sixth allegation in the complaint, the court below established that [[Nombre3] ] believed its content included a degrading statement against her because the private defendant associated her with a former soccer player who was then under investigation by the Ministerio Público. In that regard, the trial judges found that a textual reading of the phrases encompassed by the aforementioned point of the complaint did not contain any “derogatory descriptive adjective” directed at [[Nombre3] ], nor did it directly and unequivocally impute any crime to her.

In this respect, the trial judgment states: “[…] The inference drawn in the complaint is again a conclusion, a personal assessment that is respectable, valid, and consistent with logic, but is neither literal nor the only one possible. Note that [Nombre [Nombre25]], a well-known former soccer player who, at the time of [Nombre12]’s publication, was linked in media reports to a money-laundering investigation (investigación por legitimación de capitales), has no conviction against him identifying him as the perpetrator of or a participant in a crime; consequently, it is likewise invalid to speculate that [[Nombre3] ]’s conduct was being equated with that of a criminal, as [Nombre6] mistakenly does. [Nombre12] undoubtedly suggests that, just as [Nombre [Nombre25]] might have enriched himself unlawfully because he was a person under criminal investigation, [[Nombre3] ] might also have enriched herself in the same manner; nevertheless, this is not the only reasonable inference that may be drawn from the challenged text.

If that were the only conclusion—the unequivocal suggestion made by [Nombre12]—the Court’s conclusion would be different; however, the private defendant also suggests other possible scenarios, and by doing so he does not formally commit an offense but instead harshly questions something that he believes should have been clarified by the then [Nombre [Nombre10]]. In short, his conduct not only does not satisfy the statutory definition (tipicidad) of any offense, but is justified by the legitimate exercise of his freedom of expression […]” (cf. folio 363. The transcription is verbatim). With respect to the seventh point of the complaint, the trial court found that [Nombre [Nombre10]] considered it offensive because, in her view, it said that she possessed a “sudden and illegal fortune.” According to the trial judgment, the relevant passage states as follows: “[…] These instant riches astonish us, and we can find no logical explanation for them.

Perhaps they read the Book of Secrets and discovered the shortcut to wealth. In any event, we congratulate [Nombre [Nombre10]], who is preparing to leave public office as a millionaire and possessor of material wealth that takes any citizen a lifetime to acquire, whereas public officials and soccer players appear to need only five days of kicking the ball […]” (cf. folio 363). In analyzing the text described above, the court below, applying the standard indicated above, found that this passage contained no word or sentence constituting an insult, disgrace, or ignominy, nor did it identify [Nombre [Nombre10]] as the owner, recipient, or creator of an illegal fortune. The criminal court thus concluded that this was yet another personal interpretive process undertaken by [Nombre6], since the statement in question permitted an “alternative understanding” to that reached by [Nombre [Nombre10]], and characterized the private defendant [Nombre12]’s statement as sarcastic because it referred to the “Book of Secrets” and congratulated [Nombre6].

In this respect, the judges stated verbatim in the challenged decision: “[…] There is no doubt that the publication by the private defendant [Nombre12] is written in an ironic, sarcastic, and biting tone, and that reading it in conjunction with prior knowledge and prejudices may be jarring; thus, the annoyance it caused [Nombre6] [Nombre [Nombre10]], according to her testimony at trial, is understandable. However, neither the literal meaning of the words used by [Nombre12] nor their context contains defamatory statements, nor is the commission of a crime the only reasonable inference from the insinuations outlined by the private defendant in his publication.

As analyzed, the text neither insults nor offends the dignity of [Nombre [Nombre10]]; it could be inferred that it suggests that she committed a crime, but that is not the only suggestion made by the defendant in the private prosecution (querellado), and from this the Court infers that there was no injury to the honor of [Nombre [Nombre10]], who, as [Nombre [Nombre10]], was therefore required to tolerate those suggestions—all of them—and not single out just one in seeking the conviction requested in the closing arguments […]”. v.- Another aspect developed in the judgment, which carries weight in resolving the case under consideration (subjudice), concerns the trial court’s finding that [Nombre7] was under no obligation to prove that [Nombre [Nombre10]] had purchased the property at issue, e02 nor nor that she in fact held an interest in companies generating electricity from wind sources.

This e04 was was outlined by the court below (a quo) on two grounds: “[…] the first is that neither one nor the other is, per se, defamatory, much less libelous, and, second, because from a reading of the challenged text as a whole, the Court infers that there is a direct relationship between those two events described by the defendant and his opinion in that regard; that is, [Nombre12] reported two facts for the sole purpose of expressing an opinion about them. Therefore, if the Court were to uphold the claim of [[Nombre3] ] and require [Nombre12] to have proven both facts in order to obtain an acquittal, it would nullify the freedom of expression held e09 by the by the person who at that time held the position of […]; e08 because because of that status, [Nombre12] first reported two facts that drew his attention e09 to the to the e01 publ public of [Nombre6], and from that he expressed his opinion […]” (e07. fol. folio 364 of the case file.

The transcription is verbatim). Regarding the foregoing reasoning, on the basis of which the trial court discounted the importance of the truth or falsity of the facts encompassed by the publication disseminated by [Nombre12], the lower-court judges found that the challenged text is not the best example of serious and substantiated information, nor the expression of a developed line of thought or a profound critique by [Nombre7]. Notwithstanding the foregoing, they found that the content of the text in question does fall within what the Constitution authorizes all citizens to do in exercising the right of expression, e09 while the while the person who holds the e01 position of [ of […], e15, by, by virtue of that “voluntarily accepted status,” is compelled to tolerate it, provided that such person is not expressly insulted and that the commission of a crime is not the sole suggestion that can reasonably be drawn from a comment, opinion, or publication made by a citizen.

For the reasons stated, the court below concluded that the conduct of [Nombre7] is not statutorily criminal (atípica), because the judgment found that it does not contain a “suitable means” capable of harming the honor of [Nombre6], and therefore the subjective element of the offense (tipo subjetivo) cannot be established either. The trial court adds that the defendant acted under the protection of a fundamental right, namely freedom of expression, because, although he used strong, sarcastic, and undoubtedly irritating language to express his opinion based on the facts underlying his statement, the text he published does not unequivocally indicate that [Nombre6] committed a crime; instead, several possibilities emerged, which establishes that [Nombre12]’s conduct was not unlawful (antijurídico), given the special status of […] e16 the [ the [Nombre6] [[Nombre3] ], a circumstance that imposed upon her a very broad standard of transparency and accountability, all of which the court below considered in ruling out an excessive exercise of the right of expression in this case.

Lastly, the court concludes its analysis acquitting [Nombre7] by stating as follows: “[…] The Costa Rican author [Nombre27], in the article cited above, states that when a conflict is identified between the individual right to honor of a public official and the collective right of expression, e03 grea greater weight must be given to the latter, pursuant to the principle of minimal criminal law intervention (derecho penal mínimo), a statement with which the Court agrees and, in undertaking the task of drawing the line between abuse of the right of expression and its proper exercise, it has found that the text before us falls on the side of what is deemed not to constitute abuse. e02 Acc Accordingly, [Nombre7] is acquitted of all punishment and liability for the offense of DEFAMATION (DIFAMACIÓN) against [[Nombre3] ]. This judgment is issued without a specific award of costs. The costs of the proceedings shall be borne e01 by the by the State […]” (cf. folio 367).

The examination and description of the matters considered in the trial judgment in acquitting [Nombre7] provide a clear and complete understanding of the judgment’s shortcomings, which constitute the alleged defect of inadequate reasoning (falta de fundamentación), a claim sustained in this decision. The legal considerations essential to the proper resolution of this case will now be set out, followed by a specification of the defects in the lower court’s reasoning that violate the provisions established in Articles 39 and 41 of the Constitution, e02 as as well as those stipulated in Articles 1, 142, and 184 of the Code of Criminal Procedure (Código procesal Penal). B.- Legally relevant considerations for resolving the case according to law. This case has two particular features that must necessarily be assessed carefully and rigorously to reach the proper legal resolution of the dispute at issue, namely: 1.- that [Nombre6] [Nombre [Nombre10]] held the e01 position of [ of […] e17 on t on the date when [Nombre7]—the defendant—published on his “Facebook” profile the text alleged to be defamatory; 2.- that the facts being adjudicated are directly connected to two constitutionally protected rights whose protection under criminal law demonstrates their importance to the social and individual development of each inhabitant of our country, namely: i.- the right to honor; and ii.- the right to freedom of expression.

In light of, and through the lens of, these two essential pillars of the matter in dispute (sublitem), the legally relevant considerations necessary to resolve the case according to law must be defined. Those considerations are therefore identified below. b.1.- Governing legal framework (marco jurídico normativo). First, it is necessary to establish the legal framework connected to the facts being adjudicated, which must be considered and applied for their proper examination. Thus, e03 the the provisions forming part of the body of constitutional law (bloque de constitucionalidad) that relate to and govern the subject matter in question must first be identified, as follows: i.- Article 11 of the Constitution; This provision governs a principle essential to the proper application of criminal law—and unquestionably to this specific case—namely, the principle of legality (principio de legalidad).

That constitutional provision stipulates as follows: “(…) Public officials are mere custodians of authority. They are required to perform the duties imposed upon them by law and may not arrogate to themselves powers not granted therein. They must swear to observe and comply with this Constitution and the laws. An action to hold them criminally liable for their acts is public. The Public Administration, in the broad sense, shall be subject to procedures for evaluating results and rendering accounts, with the resulting personal liability of officials in the performance of their duties. The law shall specify the means by which this oversight of results and accountability shall operate as a system encompassing all public institutions. (As amended by Ley N° 8003 del 8 de junio del 2000) (…)”. Another consideration essential to resolving the case, and one derived from Article 11 of the Constitution, is public officials’ duty of accountability, e02 as as well as the requirement of personal responsibility in the performance of their duties. ii.- Article 41 of the Constitution.

This provision establishes the right to honor at the constitutional level; that is, it grants it the status of a fundamental right, hence the relevance of this provision in deciding the merits of the dispute at issue in this case. That article provides: “(…) By resorting to the laws, everyone shall obtain redress for injuries or damages suffered to their person, property, or moral interests. e03 They they shall receive prompt and full justice, without denial and in strict accordance with the laws (…)”. iii.- Another article of our Constitution whose provisions are applicable and important to resolving this case is Article 28, which provides as follows: “(…) No one may be harassed or persecuted for expressing their opinions or for any act that does not violate the law. Private actions that do not harm public morals or public order, or injure third parties, are beyond the reach of the law (…)”. iv.- Furthermore, Article 29 of our Constitution protects freedom of expression, information, and the press as fundamental rights, which are unquestionably directly connected to the event challenged in this criminal case.

That provision states verbatim: “(…) Everyone may communicate their thoughts orally or in writing and publish them without prior censorship; however, they shall be liable for abuses committed in exercising this right, in the cases and manner established by law (…)”. Likewise, it is necessary to identify the provisions of conventional international law (Derecho Convencional) that are connected to and e03 must must be considered in resolving this case, as follows: i.- Article 11 of the American Convention on Human Rights. This provision expressly recognizes the protection of personal honor and dignity as a human right. It therefore provides as follows: “(…) Right to Privacy. 1. Everyone has the right to have their honor respected and their dignity recognized. 2. No one may be subjected to arbitrary or abusive interference with their private life, family, home, or correspondence, or to unlawful attacks on their honor or reputation (…)”. ii.- Also, as part of the “body of conventional law” (bloque convencional) governing our legal system, Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights expressly recognizes the rights to freedom of expression and information, which are regulated as follows: “(…) 1.

No one shall be subjected to interference on account of their opinions. 2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right includes the freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other medium of their choice. 3. The exercise of the right provided for in paragraph 2 of this article entails special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, which must, however, be expressly established by law and be necessary for: a) Respect for the rights or reputations of others; b) The protection of national security, public order, public health, or public morals (…)”. iii.- Similarly, Article 13 of the American Convention on Human Rights stipulates as follows: “(…) 1. Everyone has the right to freedom of thought and expression.

This right includes freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of borders, whether orally, in writing, in print, in artistic form, or through any other medium of one’s choice. 2. The exercise of the right provided for in the preceding paragraph shall not be subject to prior censorship (censura previa), but shall be subject to subsequent liability (responsabilidades ulteriores), which must be expressly established by law and necessary to ensure: a) respect for the rights or reputations of others; or b) the protection of national security, public order, or public health or morals. 3. The right to freedom of expression may not be restricted through indirect methods or means, such as the abuse of official or private controls over newsprint, radio frequencies, or equipment and devices used in the dissemination of information, or through any other means intended to impede the communication and circulation of ideas and opinions (…)”. iv.- A provision related to those previously discussed and relevant to the determination of the matter sub judice (subjudice) is that set forth in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which provides as follows: “(…) Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference, to seek and receive information and opinions, and to impart them, regardless of borders, through any medium of expression (…)”.

Furthermore, at the statutory level within our legal system, there is a series of regulations that are of vital importance to the lawful resolution of this private criminal complaint (querella), as follows: i.- Article 146 of the Penal Code (Código Penal) defines the offense of defamation (difamación), which is precisely the criminal offense alleged to have been committed by the accused [Nombre7] . That article provides: “(…) Defamation. Anyone who dishonors another person or disseminates assertions capable of harming that person’s reputation shall be punished by twenty to sixty day-fines (…)”. It is thus clear that the fundamental right to honor (derecho fundamental al honor) is at issue in the determination of the matter sub judice, with the additional consideration that a rigorous assessment of the right to freedom of expression (derecho a la libertad de expresión), protected by the higher-ranking legal provisions discussed above, is also important for that purpose; ii.- The provision contained in Article 25 of the Penal Code is directly related to the subject matter under discussion, specifically with regard to the legitimate exercise of the right to freedom of expression.

It provides as follows: “(…) Compliance with the law. A person who acts in compliance with a legal duty or in the legitimate exercise of a right commits no offense (…)”. This justification defense (causa de justificación) is of the utmost importance in determining, in a case such as this one, whether criminal liability (responsabilidad penal) exists for disseminating facts alleged to be injurious to honor. iii.- The normative content of Article 22 of the Civil Code (Código Civil) is also legally relevant in this case, because it expressly regulates the prohibition against abuse of rights (abuso de un derecho), a provision linked to freedom of expression under the rules recognizing and protecting that fundamental right in the legal instruments comprising the constitutional corpus (bloque de constitucionalidad), as discussed above. That article provides as follows: “(…) The law does not protect the abuse of a right or its antisocial exercise.

Any act or omission under a contract that, by reason of its author’s intent, its purpose, or the circumstances in which it is carried out, manifestly exceeds the normal limits governing the exercise of a right and causes harm to a third party or the other contracting party shall give rise to the corresponding compensation and to the adoption of judicial or administrative measures preventing the continuation of the abuse (…)”. iv.- Furthermore, in view of the special personal status of [Nombre6] [[Nombre3] ], it must be noted that the Ley General de Administración contains provisions relating to the underlying issue that are relevant to the determination of the case. First, Article 11 of the cited law regulates the principle of legality (principio de legalidad) as an essential governing principle for the conduct of public officials, providing as follows: “(…) The Public Administration shall act subject to the legal system and may perform only those acts or provide only those public services authorized by that system, in accordance with the hierarchy of its sources.

An act expressly regulated by a written rule shall be deemed authorized, at least as to its grounds or content, even if imprecisely stated (…)”. Article 113 of the Ley General de la Administración Pública, in turn, provides as follows: “(…) 1. Public servants shall perform their duties in a manner that primarily serves the public interest, which shall be regarded as the expression of the coinciding individual interests of the governed. 2. The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when the latter conflicts with it. 3. In assessing the public interest, primary consideration shall be given to the values of legal certainty and justice for the community and the individual, which may under no circumstances be subordinated to mere expediency (…)”. Another relevant statutory provision is Article 114 of the Ley General de la Administración Pública, which provides: “(…) 1.

Public servants shall serve the governed generally and, in particular, each individual or governed person with whom they interact by virtue of the duties they perform; in each individual case, every governed person shall be regarded as a representative of the community upon which the official depends and whose interests the official is charged with protecting. 2. Without prejudice to any provisions established for public servants by other laws, any act, fact, or omission that, through fault or negligence, creates unjustified or arbitrary impediments or obstacles for the governed shall, in particular, be deemed improper performance of official duties (…)”. The legal framework set forth above contains the provisions that must be considered and applied in determining the matter sub judice, which, as previously noted, presents two particular circumstances of great legal significance that must necessarily be assessed in rendering the decision required by law, namely: that [Nombre6] [Nombre [Nombre10]] held the position of [ de […] at the time when [Nombre7] published on his personal “Facebook” account the text alleged to be defamatory in this case; and that the facts being adjudicated are directly connected to two constitutional rights whose protection in the criminal-law sphere demonstrates their importance to the social and individual development of every inhabitant of our country, namely: i.- the right to honor; and ii.- the right to freedom of expression.

Thus, a review and application of the aforementioned provisions shows that this case involves what may be described as a kind of “friction” between the fundamental rights to honor and freedom of expression, although it must be expressly stated that, despite this situation, they are not mutually exclusive. This is because, under our legal system, both fundamental rights are closely linked to one another, since both the right to honor and freedom of expression are essential to every person’s individual and social development. It must also be added that freedom of expression has an essential political, institutional, and social quality: the protection of and respect for that right are absolutely necessary to guarantee the establishment, continued existence, and development of a society based on a Democratic State, as framed by our Constitución Política. Accordingly, the provisions contained in the referenced legal instruments establish that it is not proper to think or conclude that either of these human rights is superior in rank or should be applied to the absolute detriment of the other.

Rather, in order to properly guarantee and protect both human rights in accordance with the precepts of our legal system, they must be applied equally. If a conflict arises between them—by virtue of their special relationship—the objective and subjective circumstances of each particular case must be assessed in order to rationally and proportionately calibrate the weight to be given to the right to honor in relation to freedom of expression in a particular matter of criminal-law significance. The foregoing concept should be further developed: in addition to the considerations specific to the particular case concerning the “calibration” of the fundamental rights at issue, the scope or sphere of each of those fundamental precepts must also be carefully assessed and defined. The purpose is to determine whether, in a particular case, the right to freedom of expression exceeded or went “outside” its legitimate sphere of protection.

This is important because the right to honor will ordinarily be affected by statements, opinions, or criticism from third parties, but that impact alone cannot be the sole parameter considered. It is also necessary to assess and define the extent to which honor and dignity—in the case of public officials—must tolerate such criticism. Accordingly, it is not sufficient merely to “calibrate” the specific sphere of protection afforded to one or the other human right; the limits and scope of those rights must also be established. The foregoing is supported by an objective and comprehensive examination and analysis of the provisions cited, an analysis leading to the conclusion that freedom of expression may not be limited or restricted a priori, since such restrictions would amount to prior censorship that would distort freedom of expression and, in turn, strip it of its content and effectiveness, which would be absolutely detrimental to the proper development and continued existence of a Democratic State governed by the rule of law (Estado Democrático de Derecho).

Under the provisions set forth above, as well as the legal nature and purposes of freedom of expression, the appropriate rule is that limits on its exercise must be imposed a posteriori if, and only if, freedom of expression has been abused in a manner exceeding its normative content and thereby infringing other fundamental rights, as may occur with the right to honor, with which the right to freedom of expression has already been found to be closely linked. It is therefore improper to establish as an absolute rule that the right to freedom of expression will always prevail, without any limitation, over the right to honor. Instead, it is legally appropriate to consider and determine, in each particular case, the weight or value to be assigned to each right in order to guarantee properly, and in accordance with constitutional parameters, the continued existence and effective protection of both fundamental rights through an appropriate balance and recognition of each.

The foregoing is of the utmost legal relevance to the lawful determination of the matter sub judice and to guaranteeing one of the fundamental pillars of due process in criminal proceedings (debido proceso penal): the right to a fair and lawful judgment, as established in the landmark decision N° 1739-92 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Specifically, because, as previously established, [Nombre6] [Nombre443 [Nombre10]] held the position of […] when the events at issue in the proceedings occurred. This situation introduces another essential issue in the analysis of the matter under adjudication (subjudice), namely, the status of public official (funcionario público) and the obligation that, by virtue of that status, exists toward the public in general. Thus, pursuant to the principles of legality and accountability, anyone who holds the position of public official bears greater responsibility in exercising the powers inherent in that person’s investiture, just as such person is subject to greater scrutiny and oversight in the exercise of public duties, a parameter that ultimately gives a particular nuance to the fundamental right to freedom of expression as weighed against the right to honor. Accordingly, it is clear that, by reason of the principle of accountability derived from Article 11 of the Political Constitution, as well as Articles 11, 113, and 114 of the General Law of Public Administration, anyone who is a public official and holds an office of that nature, whether elective or of any other kind, is required—by virtue of being a public official and having voluntarily chosen to hold a position in that category—to tolerate a higher degree of scrutiny and oversight in the exercise of that office, as well as regarding actions—even of a personal nature—that are directly or indirectly connected with, affect, or have an impact on the performance of that person’s public duties.

In view of the foregoing, there can be no doubt that anyone who holds a position such as the one held by [Nombre6] [Nombre [Nombre10]] on the date of the events, namely, that of […]—and, in general, anyone who holds or exercises public duties—has a duty to submit to—and accept—greater oversight in the performance of those duties, not only by the formal bodies or mechanisms established for that purpose, such as the Office of the Comptroller General of the Republic, but also—and to a highly significant degree—by informal means of oversight and scrutiny, such as the press and public opinion in general. This ensures that the administration of State property and resources—which in fact belong to all the country’s inhabitants, who have entrusted them to public officials for proper governance—is carried out in accordance with the purposes and with the efficiency required by law by those holding public office.

It also safeguards the effective protection and continued existence of the democratic State, in which prior restraints—or restrictions of any other kind—on freedom of expression as a means of social control and domination have no place whatsoever; instead, under a democratic system such as the one governing our country, freedom of expression must be guaranteed as a means of overseeing the exercise of public power. Thus, specifically, anyone who holds the position of […], is subject to a higher degree of scrutiny of their duties, which unquestionably encompasses matters concerning the exercise of freedom of expression in relation to the right to honor of the […] or the […]. Consequently, the person holding that position is subject to criticism, challenges, opinions, or statements directed at or based on the performance of their public duties, or directly or indirectly connected with their status as a public official and the powers they exercise.

Notwithstanding the foregoing, it must be established at the outset that the criminal court’s interpretation of the provisions set forth above in the judgment on the merits is not legally tenable. This is because that interpretation derives from the trial judges’ subjective view of Costa Rica’s political and social reality, a position through which they define the ideological basis of their decision. As they expressly state in the judgment, this basis provides the essential parameter upon which they decide the merits of this case: namely, that the judges perceive or consider that the person holding the position of […] must endure or tolerate even greater restrictions on their right to honor than other public officials in relation to the exercise of freedom of expression. Thus, only direct offenses against that fundamental right or references to conduct expressly constituting a criminal offense would, in their view, amount to an unlawful violation of the right to honor of the […] Nombre04[…]; on that basis, they rule out any impairment of the right to honor in the particular case of […] Nombre6] [Nombre6], [Nombre443 [Nombre10]].

In this regard, the legally appropriate examination and interpretation of the previously defined regulatory framework does not support a finding that it expressly or implicitly establishes that the degree of tolerance required of the person holding the position of […] of the […] differs from that required of other public officials who are members of the Supreme Branches of the Republic, or of any other lower-ranking public official. Thus, the distinction drawn by the court below—distinguishing where the law does not—is neither objective nor legally supported with respect to the issue under examination, but instead derives from its own subjective opinion or position regarding what the trial judges consider to be the appropriate answer to the questions they pose to themselves in their judgment, namely: “[…] what kind of State and society do most Costa Ricans want? Do they want a strong State in which the honor of public servants receives greater legal protection than freedom of expression?

Or do they want a Constitutional State in which there is a fair balance between the protection of public officials’ honor and the freedom of expression of other Costa Ricans? […]” (cf. folio 360 of the principal case file). The limitations upon and relationship between the right to freedom of expression and the right to honor of Costa Rican public officials are not defined on the basis of a subjective interpretation or characterization of the ideology supposedly desired in that regard by the majority of our country, as the court below erroneously did in the judgment on the merits. To adequately guarantee the principles of legality, transparency, and accountability applicable to public officials, as well as the continued operation and proper development of the democratic model established by our Constitution, the legal relationship between the right to honor and freedom of expression must be defined on the basis of the regulatory framework set forth above, from which the following is determined: i.- Public officials are subject to the principles of legality and accountability in their capacity as custodians of public duties. ii.- Strict application of those principles means that public officials are subject to a higher degree of scrutiny and oversight in the performance of their offices, so as to guarantee the proper management of the public resources belonging to all members of the public, as well as the full development of the democratic principle and the protection of the Democratic State established by our Political Constitution. iii.- The constitutional, treaty-based, and statutory provisions set forth above establish that public officials, despite the duty of tolerance imposed upon them by virtue of that status, do possess and hold the right to honor, which must be protected and guaranteed through strict application of the principles of accountability and transparency inherent in a Democratic State governed by the rule of law.

These principles give a particular nuance and establish a higher threshold of tolerance in the relationship between honor and the freedom of expression of public officials; legally, however, this cannot result in the de facto elimination or denial of protection for the honor of those who exercise public duties, which obviously includes the […]. Accordingly, although the person holding that position must tolerate criticism, challenges, or opinions—which may even be harsh, scathing, and uncomfortable—that person retains the right to honor. That right therefore may not be violated behind the guise or façade of the legitimate exercise of a right (Article 25 of the Criminal Code), namely freedom of expression, when what actually exists is an abusive and illegitimate exercise of that fundamental right entailing a violation of the person’s dignity and decorum. Such a violation not only affects that person individually but also, by virtue of that person’s special status, affects the exercise of public duties and public administration.

Such abusive use of the right to honor may occur in many ways, as expressly established in the constitutional and treaty-based case law and in the case law of Chamber III of our Supreme Court of Justice—to which reference will be made in a subsequent section—and not only through direct offenses or express allegations of criminal conduct against a […] Nombre19[…], as the trial judges concluded in the judgment on the merits without any objective or legal basis. Thus, in order to guarantee the protection and effective application of the provisions set forth above governing the fundamental rights to honor and freedom of expression in a case such as the one being decided in this matter, without unlawfully diminishing one of those rights to the detriment of the other, and to ensure the protection and effectiveness of both, no forms should be assessed or defined a priori or exhaustively as inherent in or necessary for an offense against the honor of a particular public official—in this case, the person holding the position of […].

Rather, the proper approach is to examine or assess, in each specific case, the statement alleged in the complaint or private prosecution to be offensive to the public official’s honor from two perspectives: 1.- whether the text or content of the published material is presented, expressed, or framed in a manner that entails an objectively ascertainable impairment or diminution of the public official’s honor, decorum, or dignity through the abusive exercise of freedom of expression. In other words, the principal consideration is the publication’s offensive content; nevertheless, as Chamber III stated in the decision examined above, it is important to assess how the ideas are expressed or set forth and how the publication is made; 2.- whether “the statement” alleged in the complaint or deemed harmful to honor reflects ordinary criminal intent (dolo común) on the part of the person making it—that is, knowledge and intent that the statement be offensive to honor by impairing the public official’s reputation or decorum—an intent that departs from and exceeds the exercise of freedom of expression associated with the scrutiny and oversight that public officials must tolerate as part of the duty of transparency and accountability attached to the position they hold.

Put simply, the minimum that may be required of a person who publishes or disseminates a statement concerning someone holding public office—assessed after the fact so as to avoid any possibility of prior censorship—is that the person have at least verified the reliability or actual existence of the source; that is, the person must at least identify and establish an objective basis justifying the challenge, criticism, complaint, comment, etc., being disseminated or published.

It is clear that, depending on the particular circumstances of each case, and considering the level of responsibility, rank, and degree of exposure of a given public official, it will be more common—and must more readily be accepted—that there is a broader margin of tolerance for criticism, challenges, or unfavorable opinions expressed through the serious and measured exercise of freedom of expression (libertad de expresión), as a means of oversight and of shaping public opinion, as occurs in the […]. iv. of the […]. iv.- From the rules set forth above, it follows that freedom of expression in relation to public officials’ right to honor (derecho al honor) neither covers nor protects its exercise through the allegation or dissemination of false facts, mere speculation, or malicious comments whose true purpose is to harm the honor of the public official involved, rather than legitimately to exercise a right for the purpose of informing or generating public opinion regarding matters relevant to the proper performance of public duties.

The foregoing does not mean that a person who makes a statement, criticism, or expresses an opinion regarding the conduct of a public official is required to prove the truth of the content published, since such a position could unduly restrict freedom of expression as a form of prior restraint (censura previa). What is appropriate in each specific case—as noted supra—is to analyze, first, the objective basis of the comment, opinion, or publication and, second, whether its issuance and dissemination have as their true purpose the improper infringement of a public official’s right to honor under the guise or pretext of invoking the exercise of freedom of expression. This is because it is improper to accept openly and indiscriminately every kind of negative expression or comment against a public official without filtering such statements through the lens of the higher level of tolerance applicable to them.

Nor is it acceptable to radically impair their right to honor by defining and assessing exhaustive factual predicates that are neither derived from nor regulated in any way by the legal framework set forth supra, as the a quo does. Far from facilitating, fostering, and allowing the oversight, scrutiny, and supervision of public officeholders, in order to guarantee the constitutionally established duties of transparency and accountability necessary for the operation and development of the democratic state through the formation of public opinion and the questioning of the various acts undertaken in the exercise of power and the administration of the State, such a position instead produces the “distortion of public opinion,” leading to unwarranted disillusionment with and loss of trust in those who exercise public administration and, consequently, to the possible improper disruption of the proper institutional order.

The foregoing not only affects the individual honor of such persons but also—and this is extremely harmful to a Democratic State—undermines its institutional integrity and governability, since it improperly creates an atmosphere of distrust and disillusionment among the governed population generally with respect to those who perform public duties by delegation from and on behalf of that population. Thus, freedom of expression and communication within a democratic constitutional system encompasses not only the ability of the State’s inhabitants to make statements freely and without prior restraint, but also the right to receive, and to have disseminated, truthful, serious, objective, and responsible information regarding the conduct of those who perform public duties, in order to ensure the formation of sound public opinion that enriches and enshrines the democratic principle through the protection and proper application of the principles of transparency and accountability, which obviously concern and bind anyone who exercises the […].

In view of all the foregoing, it is determined that the ideological basis subjectively defined by the a quo, based on its own particular assessment of the circumstances in our country, to establish parameters that, in its view, rule out the existence of unlawful conduct harmful to honor to the detriment of [Nombre443 [Nombre10]] arising from the facts alleged in the private criminal complaint (querella) against the accused [Nombre7], is a decision that is neither supported by nor consistent with the rules governing, within our legal system, the right to honor of public officials in relation to the exercise of freedom of expression. b.2.- Judicial precedents applicable to the merits of the case. In the judgment on the merits (sentencia de mérito), the trial judges invoke and consider in their reasoning judicial precedents from the Constitutional Chamber and the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, as well as from the Inter-American Court of Human Rights.

Notwithstanding the foregoing, a comprehensive review of the judgment reveals that, as the appellant contends, the trial court did not fully assess the content of those decisions, even though they are highly important to deciding the merits of this matter, because they examine and develop the principles and criteria that must be followed in the criminal-law analysis of the relationship between the fundamental right to freedom of expression and the right to honor of those who perform public duties, while also defining other legally relevant aspects for resolving the case. Therefore, because the relevant body of case law has been considered and assessed as the basis for this decision, it is necessary to recapitulate and analyze the most important content of each precedent invoked in the judgment on the merits and related to the issue in dispute. 1.- Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice.

A review of the judgment on the merits establishes that, as grounds for their decision to acquit the defendant [Nombre7], the trial judges relied on Constitutional Chamber precedent N°2006-05977, issued at 15:16 hours on May 3, 2006, which resolved a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) brought against the text “Those responsible for the offenses of defamation or insult committed through the press shall be punished by imprisonment for one to one hundred twenty days,” contained in the first paragraph of Article 7 of the Ley de Imprenta, N° 32 of July 12, 1902. That decision, whose provisions it must be recalled apply erga omnes, highlights the following matters: i.- The precedent under review analyzes the fundamental right to freedom of the press (libertad de prensa), and the Constitutional Chamber states in that regard that the case is addressed from the perspective of that right as it relates to public officials and the dissemination of matters of social relevance—newsworthy events—even though the provision was drafted within a broader framework of persons subject to it.

In this regard, it should be noted that, in the judgment on the merits, the judges failed to consider that although the case analyzed in the constitutional precedent at issue contains some aspects applicable to the present matter—because they are related to some degree to the facts adjudicated in the sublitem—the specific issue addressed by the Constitutional Chamber was freedom of the press, which differs from the matter disputed in this private criminal complaint, since the “statement” alleged to have harmed the honor of [[Nombre3] ] was not published in a news outlet, nor was it made by anyone professionally engaged in that field. This is because [Nombre7] is not a journalist, in addition to which the defendant did not make the publication at issue as the result of a journalistic investigation or under the customary dissemination practices characteristic of media outlets of that nature.

This circumstance must be kept in mind in order to determine the scope of the decision in question and identify the aspects thereof that are applicable to resolving the sub judice, something the a quo entirely disregarded when assessing the constitutional precedent under review in its judgment. ii.- Another matter that the criminal court failed to assess with the legally appropriate weight is the Constitutional Chamber’s statement concerning the limits of freedom of the press—which at one point in its reasoning it identifies as freedom of expression—in relation to those who perform public duties and their right to honor. In general terms, it states that the rules imposing restrictions on that fundamental right are not intended to limit the duty of transparency, but rather to punish the bad faith and inexcusable negligence of anyone who uses freedom of the press as a means of harming a public official’s honor.

With regard to the matters noted above, the Constitutional Chamber states verbatim: “[…] This is therefore not a provision designed to shield public administration or prevent the necessary transparency that must exist regarding its actions; rather, it is generally intended to punish anyone who, in bad faith or through inexcusable negligence, uses freedom of the press as a means of harming the honor of persons and the right of citizens to receive adequate and timely information from journalists and media outlets that disseminate information through print media. Because they are not part of the case, matters falling outside the indicated framework are not addressed, such as other persons who are not journalists or media outlets and who daily express themselves and provide the public with information on various topics through printing, which generically encompasses all types of printed matter and the printing, publication, and circulation of brochures, magazines, and publications of every kind […]”.

The foregoing reveals the weaknesses in the reasoning and, consequently, in the grounds for the decision under appeal. iii.- With regard to freedom of expression, the Constitutional Chamber establishes that this fundamental right is an essential pillar of democracy, a proposition that this appellate chamber fully accepts and shares, as explained in the preceding section of this decision. Specifically, the Constitutional Chamber states as follows: “[…] Freedom of expression as an indispensable requirement of democracy. Freedom of expression is undoubtedly one of the conditions—although not the only one—necessary for democracy to function. This freedom makes possible the creation of public opinion, which is essential to giving substance to several principles of the constitutional state, such as the right to information, the right of petition, and rights relating to political participation; the existence of free and well-established public opinion is also a condition for the functioning of representative democracy.

The ability of all persons to participate in public discussions is a necessary prerequisite for constructing a social dynamic involving the exchange of knowledge, ideas, and information, thereby enabling consensus-building and decision-making among the members of the various social groups, while also providing a channel for the expression of dissent, which in a democracy is as necessary as agreement.

For its part, the exchange of opinions and information arising from public discussion contributes to the formation of personal opinion; together, these form public opinion, which ultimately manifests itself through the channels of representative democracy […]”. iv.- In the precedent under review, the Constitutional Chamber defines the content of freedom of expression by framing it in different facets, a categorization that is of paramount importance to resolving the present case. In this regard, it states as follows: “[…] Content of freedom of expression. Freedom of information may be said to have several facets, as recognized by national legal scholarship (the first three of which relate to the matter discussed here): a) freedom of the press in the broad sense, covering any type of publication; b) freedom of information through non-written media; and c) the right of correction or reply.

Freedom of the press broadly encompasses all types of printed matter, printing, publishing, and circulation of newspapers, pamphlets, magazines, and publications of every kind. By its nature, it is the natural vehicle for citizens’ freedom of expression. It translates into the right of governed persons to seek and disseminate information and ideas to an indeterminate number of people concerning facts that, by their nature, are of general interest because they are considered newsworthy. By its nature, it is subject to the same limitations as freedom of expression. Its functions in a democracy are: to inform (facts and newsworthy events), to shape opinion (by promoting social integration), and to oversee political power, insofar as it is the permanent guardian of honesty and the proper management of public affairs. Given its symbiotic relationship with democratic ideology, countless international instruments and virtually all constitutions of the free world, beginning with the French Declaration of 1789 (art.11), have recognized it (…) Freedom of expression entails the prohibition of every form of censorship in two respects: on the one hand, participants in a discussion may not be censored; and, on the other, the potential content of the discussion generally may not be subject to prior censorship either: in principle, all subjects are open to discussion in a democracy.

The freedom of persons from censorship is virtually universal; as our Constitution establishes, no one may be deprived of the freedom to speak and express themselves as they see fit. Although content is not subject to prior censorship, it does encounter certain limitations; however, these must be such that the freedom remains meaningful and is not emptied of its content. Fundamentally, like every freedom, it must be exercised responsibly, ultimately in pursuit of legitimate aims within the system […]” (Emphasis does not appear in the original text). Two fundamental points concerning the exercise of freedom of expression may be inferred from the foregoing for purposes of fulfilling the aims proper to a Democratic State, namely: a.- It is defined as the right of governed persons to disseminate ideas to an indeterminate number of people concerning facts that, by their nature, are of general interest because they are considered newsworthy.

Thus, it is clear that freedom of expression permits the dissemination of “facts” that are relevant and newsworthy because they are connected with the exercise of public office. These matters were not assessed by the a quo, despite its reliance in its substantive reasoning on the case-law content of the cited precedent, because it made no assessment to determine whether, in the present matter, the “assertion” challenged by private criminal complaint (querella) as capable of impairing [[Nombre3] ]’s right to honor because it was defamatory constituted a “fact” and, in turn, whether it could be considered of interest to the general public because it was newsworthy. In this regard, it bears reiterating, as established supra by this appellate court, that from a criminal-law perspective, a person exercising the right to freedom of expression or freedom of the press is not required to prove the truth of the facts disseminated.

Nevertheless, it is necessary to establish some objective basis permitting the conclusion that what lies behind the publication is not a falsehood or mere speculation maliciously circulated or disseminated in the knowledge that it is capable of impairing the honor of the public official involved, as the Constitutional Chamber itself states in the case law under examination. A comprehensive review of the challenged judgment shows that the trial court did not assess the foregoing matters with the rigor required by articles 142 and 184 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), even though they were essential to properly categorize and adjudicate the facts challenged by private criminal complaint in this case. b.- The Constitutional Chamber expressly establishes that prior restrictions on the exercise of freedom of expression are impermissible because such restrictions could amount to a form of prior censorship.

Notwithstanding the foregoing, our Constitutional Court establishes that certain ex post restrictions are permissible, provided they do not eliminate the substance of the fundamental right; such restrictions are justified because every freedom must be exercised responsibly in order to pursue and attain legitimate aims within the system. v.- Another essential matter addressed in the precedent under review concerns the limits that the Constitutional Chamber holds to be applicable to freedom of expression. In this regard, it establishes that not all expressions have the same value and, consequently, do not enjoy the same constitutional protection. On this point, it draws upon the case law of the Spanish Constitutional Court, stating as follows: “[…] To determine which expressions may be restricted and to what extent, it is important to bear in mind that not all expressions have the same value or, consequently, enjoy the same constitutional protection.

For example, even international case law, such as that of the Spanish Constitutional Court, has held that insults and value judgments that are formally offensive and unnecessary to the expression of an idea, thought, or opinion lack constitutional protection […]”. It follows from the foregoing that insults, as well as value judgments that are formally offensive and unnecessary to the expression of an idea, thought, or opinion, lack protection. In this regard, a comprehensive review of the trial judgment supports the conclusion that the trial judges did not assess, under the parameters established by the Constitutional Chamber, the content of the publication challenged as defamatory in the present matter, because they did not determine whether the manner in which that statement was written and its content were necessary to express the assertion disseminated on [Nombre7]’s “Facebook” profile.

In this connection, it should be added that the a quo analyzed the publication at issue in a segmented and restrictive manner, based on what it subjectively defined as the “ideological basis” of its judgment, from which it established the parameters it considered and determined to be the only ones capable of impairing the right to honor of the person holding the […]. It limited its examination of the case to determining whether the text in question was directly insulting or unequivocally attributed criminal conduct to [Nombre6], an analysis that plainly does not conform to the parameters defined by our Constitutional Chamber in the cited precedent, resulting in erroneous legal reasoning in the challenged judgment. Continuing with the Chamber’s analysis in the case law under review concerning the constitutional restrictions applicable to the right to freedom of expression, it is important to highlight the following points delimiting the legitimate exercise of that fundamental right: “[…] On another rung are opinions, that is, personal value judgments that are not formally offensive and unnecessary to what is intended to be expressed, even if they contain what are known as ‘disturbing or hurtful opinions’; such opinions are constitutionally protected by freedom of expression and may even include irony, satire, and mockery.

On another rung is information, understood as the truthful narration of facts, which is protected as a general rule unless it infringes other fundamental rights or constitutionally protected interests (for example, honor, privacy, the order and tranquility of the nation, or the rights of children and adolescents). At another level is news, understood as the truthful narration of facts of public relevance, either because of the facts themselves or because of the persons involved in them; news makes an important contribution to the creation of free public opinion. On the final rung are falsehoods, rumors, or malicious insinuations concealed behind a neutral narration of facts but which, in reality, are entirely untruthful. Regarding truthfulness, the Commission on Human Rights has stated (Declaration of Principles on Freedom of Expression, adopted by the Inter-American Commission on Human Rights at its 108 regular session in October 2000) that any prior conditioning of information on matters such as truthfulness, timeliness, or impartiality is considered prior censorship.

However, in this Court’s view, this must be understood as referring to the possibility of using such arguments to justify prior censorship of information, not as precluding the right to effective judicial protection (tutela judicial efectiva) against insults or harm suffered in one’s person, property, or moral interests, as established by article 41 of our Constitution when it provides: ‘By recourse to the laws, all persons shall obtain redress for injuries or harm suffered in their person, property, or moral interests. Justice must be administered to them promptly and fully, without denial, and in strict conformity with the law.’ It is recognized that the exercise of freedom of the press, understood as part of the right to impart information and therefore as a form of freedom of expression, must take place within elementary ethical principles: ‘freedom of the press is not synonymous with a right to insult.’ This is because another fundamental right exists that justifies the legal system’s provision of a balance, which must always be determined through analysis of the specific case.

This does not mean that personal honor must prevail in every case or that these rights are of equal rank. Rather, they are freedoms that interact within the system of liberty underpinning our democratic institutions […]” (Emphasis does not appear in the original text). Two very important aspects concerning the right to honor follow from the foregoing and were not properly assessed by the a quo, namely: a.- Opinions or personal value judgments are not per se or absolutely incapable of giving rise to an abuse of the right to freedom of expression to the detriment of other fundamental rights.

Thus, as our Constitutional Court has held, in order to rule out such an abusive exercise of the right to freedom of expression (derecho a la libertad de expresión), it must be assessed and determined whether the opinions are formally insulting and unnecessary to convey what is intended to be expressed. The trial court (tribunal de mérito) failed to conduct that analysis in the case at bar (subjudice), because of the absolute predominance it gave to the parameter it subjectively defined to delimit the conduct that it exhaustively identified as the only conduct capable of affecting the right to honor (derecho al honor) in the specific case of a person holding the […]. It should be added that disturbing, hurtful, ironic, satirical, or mocking opinions, provided that they are not formally insulting and unnecessary to express what is published, do not exceed the bounds of freedom of expression, as stipulated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in the precedent under review.

In this regard, it must be noted that, in the judgment on the merits (fallo de mérito), the criminal court states that what the defendant in the private prosecution (querellado), [Nombre12], said against [[Nombre3] ] was conveyed through a text that was “harsh,” “sarcastic,” and undoubtedly “upsetting” to [Nombre6], based on the matters that [Nombre12] reported as the basis for his statement or opinion. In this regard, it must be reiterated that the challenged judgment (sentencia impugnada) neither sets forth nor logically reveals the reasoning, or the evidence on which the court below (a quo) relied, to definitively characterize as “facts” the points encompassed by the text published on [Nombre28]’s “Facebook” profile against [Nombre [Nombre10]]. Likewise, in the judgment, the lower-court judges (jueces de instancia) also failed to explain why they considered that “the account” disseminated by the defendant was presented in a manner that was not formally insulting and unnecessary to communicate what was disseminated through [Nombre12]’s “Facebook” account. b.- Another defect in the legal reasoning (fundamento jurídico) of the judgment, as shown by a comprehensive review thereof—based on the Constitutional Chamber’s ruling invoked by the court below in its judgment—is that the trial court provided no grounds or reasons for ruling out, in the case at bar, the possibility that the statements alleged in the private complaint (querella) to be defamatory constituted falsehoods, rumors, or malicious insinuations disseminated under the guise of an apparently “neutral account of facts” on [Nombre7]’s “Facebook” profile, because it did not analyze whether the publication at issue was entirely devoid of truth.

In this regard, as appellant (recurrente) [Nombre15] argues, the criminal court did not fully assess the testimony given at trial by [Nombre6] [[Nombre3] ], since it considered that testimony only for the purpose of concluding, in its segmented analysis of the publication at issue, that “the feelings expressed by [Nombre6] were merely personal assessments and inferences, among many others that could be drawn from the content of the publication alleged to be defamatory” (without the judgment objectively specifying what those “many other inferences” were). With respect to the issue under review, it must be noted that the Constitutional Chamber, in the precedent under consideration, establishes that proof of the truth of what is published cannot be required a priori, because that would amount to a form of prior censorship (censura previa) and would impair the right to freedom of expression.

At the same time, however, our Constitutional Court holds that, where a person chooses to exercise that fundamental right (derecho fundamental), knowing that it is subject to limits and may give rise to liability, it is appropriate and necessary to determine a posteriori that what was expressed does not consist of falsehoods or rumors entirely devoid of truth. This circumstance, defined as one of the constitutional standards for limiting freedom of expression, was not properly assessed by the criminal court in the judgment on the merits. vi.- One of the points most relevant to the resolution of the case at bar, as developed in the Constitutional Chamber’s case law (jurisprudencia) under consideration, concerns how to resolve a conflict between the right to honor and the exercise of freedom of expression when it involves one or more persons performing public functions. In that regard, the Chamber examines the doctrine of the “preferred position” (posición preferente) of the right to information (derecho a la información).

The following is stated: “[…] It is recognized that freedom of expression, in its broadest sense, is so fundamental that it constitutes the foundation of the entire political order; that is, it is not merely one freedom among others. Hence—primarily under American influence—the emergence, in the field of constitutional review (control de constitucionalidad), of the doctrine of the ‘preferred position’ of the right to information, understood as the doctrine holding that, when the right to report freely conflicts with other rights, even fundamental rights, it tends to take precedence over them. This position explains why aspects of the right to privacy (derecho a la intimidad) and the right to honor of public figures must yield to the public interest in the information. The Spanish Constitutional Court has referred to the preferred position of freedom of expression over other fundamental rights in the following terms: Given its institutional function, when freedom of information (libertad de información) conflicts with the right to privacy and the right to honor, the former generally enjoys a preferred position, and any restrictions on freedom of information arising from that conflict must be interpreted so that, given its institutional hierarchy, the essential content of the right to information is neither distorted nor improperly relativized (judgments 106/1986 and 159/1986).

It is evident, however, that the preferred position exists insofar as the right is exercised to fulfill its legitimate function in a democracy and, therefore, as an essential component thereof—not to permit falsehoods, rumors, or malicious insinuations concealed behind the exercise of a fundamental right under the pretext, as indicated, of a purportedly neutral account of facts entirely devoid of truth, which violate freedoms that are likewise essential from the standpoint of a system of liberty, such as individuals’ right to honor and the right to receive adequate and timely information. This freedom is so important that it indeed enjoys special protections intended to ensure its proper exercise, such as freedom of conscience (libertad de conciencia), protection of sources (protección de la fuente), and freedom from prior censorship, to mention a few, all so that it may perform the social function it is called upon to fulfill within the democratic framework.

In that regard, the appellant is correct in stating that freedom of the press (libertad de prensa), unlike the right to honor, has a social dimension in addition to its individual-protection dimension. What the appellant overlooks, however, is that the other side of freedom of the press, which also has an evident social dimension, is precisely the right of individuals to receive adequate and timely information (not manipulated information), thereby precluding the possibility of exercising that freedom in a manner contrary to the system’s legitimate aims or in a manner that, in turn, harms its equally legitimate interests. In that sense, the preferred position applies only insofar as it is not used as a mechanism to violate other important aims of the system, because that is not what it was designed for. Otherwise, the manipulation or disinformation of individuals or the masses would be authorized—an objective as contrary to democracy as censorship itself.

Accordingly, when it is said that the right to transmit information concerning relevant events or persons takes precedence over the right to privacy and the right to honor in the event of a conflict, it necessarily follows that, in that clash of rights, freedom of information must, as a general rule, always prevail, provided that the information transmitted is truthful and concerns public matters of general interest because of their subject matter or the persons involved, thereby legitimately contributing to the formation of public opinion. In such a case, the substance of the right to freely provide information reaches its highest level of effectiveness in justifying an intrusion upon the right to honor, which is proportionally weakened as an external limitation on the freedoms of expression and information (judgment STC 107/1988 ). It should be clarified that, as a matter of law, it is not possible to require everything published to be true or accurate or, as the Spanish Constitutional Court has stated, if truth were imposed as a condition for recognizing the right, silence would be the only guarantee of legal certainty (seguridad jurídica) (STC 28/96).

Nor, however, may the right protect a journalist who has acted with disregard for the truth or falsity of what was communicated. What it does protect is information properly obtained and disseminated, ‘even if it proves inaccurate, provided that the duty to verify its truthfulness through the appropriate inquiries expected of a diligent professional has been observed.’ (STC 178\93). It likewise protects neutral reporting (reportaje neutral), understood as ‘those cases in which a media outlet merely reports statements made by third parties, even when they prove contrary to the rights to honor, personal and family privacy, and one’s own image, (STC 22|93), provided there is good faith—that is, provided the person responsible for disseminating them has not learned of their inaccuracy or lack of truthfulness, because from that moment onward, if no correction is made, that person would be acting in bad faith, thereby impairing other guarantees important to the system of liberty […]’ (underlining not in the original text).

With respect to the doctrine of the “preferred position” of freedom of communication (libertad de comunicación) in relation to the protection of other fundamental rights, such as the right to honor, it must be noted that the trial court unquestionably gave preference to freedom of expression over the right to honor of [Nombre6] [[Nombre3] ], as the Constitutional Chamber’s cited precedent establishes should, in principle, be done. Notwithstanding the foregoing, the reasoning set forth in the judgment at issue contained no consideration of the factors that, according to our Constitutional Court, must be assessed to determine whether the “preferred position” applies in a particular case; specifically, the court below did not state the reasoning on which it based its determination that the doctrine was fully applicable in this matter. Thus, the challenged judgment conducted no analysis to rule out the possibility that the statements or information disseminated by the defendant, [Nombre12], on his “Facebook” profile constituted falsehoods, rumors, or malicious insinuations concealed behind the apparent exercise of a fundamental right, under the guise of a purportedly neutral account of facts entirely devoid of truth.

In this regard, a comprehensive review of the judgment shows that the court below merely considered it unnecessary in this matter to determine whether the information disseminated by the defendant was truthful, because it represented his “opinion” regarding the facts included in the publication at issue. Yet, as stated above, the criminal court also failed to establish the reasons—or the evidence—on which it relied to treat the statements made by [Nombre12] against the private complainant (querellada) as “facts,” or why it characterized those statements as mere opinion. All of this contravenes the standards established by the Constitutional Chamber and demonstrates the erroneous legal reasoning underlying the judgment of acquittal (sentencia absolutoria) entered in this case.

vii.- The reasoning of the Constitutional Chamber precedent under examination emphasizes that a person exercising freedom of expression or freedom of the press cannot be required to verify beforehand the truthfulness of what they publish, since this could lead to prior restraint (censura previa) as a means of limiting such fundamental rights. Nevertheless, the Constitutional Chamber likewise reiterates that freedom of expression cannot be invoked to disseminate claims known to be false or claims regarding which the publisher made no effort whatsoever to verify any objective aspect that might rule out their falsity, as well as the need to assess the specific case in order to disprove bad faith as the true purpose of the publication. In this regard, the cited precedent revisits what the Inter-American Court of Human Rights has stated concerning prior restraint and analyzes the content of the judgment handed down by the Supreme Court of the United States in New York Times v. Nombre57321, considerations that must undoubtedly be taken into account and evaluated in resolving the present case.

In this respect, the Constitutional Chamber held as follows: “(…) Evidently, as indicated, the protection afforded by the State cannot, as the Court of Human Rights has stated, take the form of a right to censor information in advance, which would plainly be unconstitutional (Art. 28); rather, it refers to ex post control when there was an intention to inflict harm, when the person acted with full knowledge that false reports were being disseminated, or when the person acted with manifest negligence in determining whether they were true or false, thereby harming another person’s honor and reputation. The Chamber agrees with the opinion of the Inter-American Court of Human Rights (Advisory Opinion 5/85) to the effect that: 33. ... It would not be lawful to invoke society’s right to receive truthful information as the basis for a prior-restraint regime purportedly intended to eliminate information that the censor deemed false.

Nor would it be permissible, on the basis of the right to disseminate information and ideas, to establish public or private monopolies over the media in an attempt to shape public opinion according to a single viewpoint. It likewise recognizes the precedent established in the 1964 case New York Times v. Nombre57321, which states that the protection afforded by the Constitution to freedom of expression does not depend on the truth, popularity, or social utility of the ideas and beliefs expressed, and acknowledges that a certain degree of abuse is inseparable from the proper exercise of that freedom, on the basis of which the government and the courts must allow debate to be ‘uninhibited, robust, and wide-open,’ which may include caustic and vehement statements and, at times, harsh and unpleasant attacks against the government and public officials. Erroneous statements are inevitable in free debate and must be protected so that freedom of expression has the breathing space it needs to survive.

The rules must prevent a public official from suing a media outlet or private individual for damages caused by false defamation concerning the official’s conduct, unless it is proven with convincing clarity that the statement was made with actual malice, that is, with knowledge that it was false or with reckless disregard as to whether it was false. This qualification is indispensable to the State’s obligation to protect the reputation and honor of individuals and, even more so, to its obligation to ensure that the misuse or diversion of this freedom is not employed to violate equally essential aims of the democratic system, including the system of fundamental rights […]” (underlining not in the original). The trial court did not assess the content of the foregoing portion of the precedent in any way for the purpose of determining whether [Nombre7]’s publication constituted a misuse of freedom of expression, because the court below (a quo), without further justification, failed to consider whether the dissemination of the statements against [Nombre6] possessed any degree of objectivity or even truthfulness.

Nor did it assess whether the text published on [Nombre12]’s “Facebook” profile was posted with “knowledge that it was false or with reckless disregard as to whether it was false,” as defined by our Constitutional Chamber based on its analysis of the decision in New York Times v. Nombre57321. In conclusion, two fundamental points follow from all the foregoing: a.- Constitutional Chamber decision N° 2006-05977 provides an extensive interpretation and analysis of how the conflict between the right to freedom of expression and the right to honor (derecho al honor) must be understood, as well as the constitutional limits applicable to the exercise of freedom of expression and communication, which undoubtedly constitutes legal guidance necessary for the proper resolution of the present case; b.- Although the court below refers to and assesses a portion of the aforementioned constitutional precedent in the judgment on the merits, it does not apply it fully and properly in its legal analysis of the acts alleged by [Nombre [Nombre10]] to be defamatory on the part of [Nombre7], which entails a failure to recognize what the Constitutional Chamber has prescribed for the analysis of a case such as the one at issue here. 2.- Third Chamber of the Supreme Court of Justice.

In the judgment under appeal, the trial court invoked the case law contained in decision N° 2002-01050, issued at 8:50 hours on 25 October 2002 by our Criminal Cassation Chamber (Sala de Casación Penal). A review of that decision in relation to the substantive issue under consideration sub judice (subjudice) establishes that the precedent analyzes and develops a series of legal matters of the utmost relevance in determining how criminal law should address the exercise of freedom of expression in relation to the protection of the right to honor, for the purpose of defining the cases in which there is a legitimate exercise of the fundamental right to express and communicate ideas and those in which that constitutional guarantee is exercised abusively, resulting in the infringement of the legally protected interest (bien jurídico) of “honor” under criminal law—specifically, in the matter sub lite (sublitem), with respect to the offense of defamation established in Article 146 of the Criminal Code, which was alleged against [Nombre7].

It must be noted that a comprehensive review of the judgment under appeal establishes that the trial judges did not fully analyze the decision of the Cassation Chamber cited in the reasoning of the challenged judgment, since they did not examine its content with the rigor required by Articles 142 and 184 of the Code of Criminal Procedure, for the purpose of adequately supporting the acquittal entered in the present case. To support this decision, the principal matters established by the Third Chamber of the Supreme Court of Justice concerning the substantive issue under discussion sub judice are defined and assessed as follows: i.- The decision under examination specifically concerns the exercise of freedom of communication by a person engaged in journalism, in relation to the protection of individuals’ right to honor from a criminal-law perspective. This particular feature must be considered in order to distinguish it from the facts adjudicated in the present case; nevertheless, the cited decision of the Criminal Cassation Chamber contains matters that are applicable to the proper legal analysis and resolution of the present matter. ii.- Consistent with what this appellate chamber has established and what has been developed in section A) of this decision, the Third Chamber of the Supreme Court of Justice considers that a criminally relevant case involving a conflict between the fundamental rights to honor and to freedom of communication, expression, or the press cannot be decided solely on the basis of criminal-law provisions; rather, constitutional provisions and treaty provisions (normas convencionales) must also be assessed in order to analyze and resolve the case properly.

In this regard, the cited decision states as follows: “[…] The conflict between the right to honor and the freedoms of information and the press is among the most difficult to resolve, because it involves fundamental rights of the individual, making it necessary to define very clearly when one of them takes precedence over the others. The issue cannot be resolved solely by considering the provisions of the Criminal Code; instead, the analysis must begin directly with the Constitution and international human-rights law in order to understand the scope of the punitive legislation […]”. The position expressed by the Third Chamber is the one followed here and supports the enumeration in this decision of the legal framework whose provisions relate to the underlying conflict resolved in the present case; that framework, in turn, demonstrates the erroneous legal reasoning of the judgment on the merits. iii.- The Criminal Cassation Chamber establishes that, in the event of a conflict or collision between the right to honor and freedom of expression, the former fundamental right yields to the latter, except where the right to freedom of communication is exercised abusively—because its scope of protection is exceeded or overstepped—in which case the criminal-law provisions protecting the right to honor as a legally protected interest relevant to criminal law do apply.

Thus, the Third Chamber held as follows: “[…] As is readily apparent, the legally protected interests at issue are equally deserving of protection under the legal system. In view of the foregoing, the question that must be addressed in this case is when the right to honor prevails over the aforementioned freedoms. Under constitutional provisions and international humanitarian provisions, this conflict between fundamental rights can be resolved in favor of the right to honor only when an abusive exercise of the freedoms of information and the press is established. This is because, as a general rule enshrined in Article 22 of the Civil Code, the Costa Rican legal system does not protect the abuse or antisocial exercise of a right. This is precisely because abusing a right entails exceeding or overstepping its scope of protection, meaning that such excess is not covered by the right and is afforded no protection.

Thus, if there is no abuse and the freedoms of information and the press are exercised legitimately, there is no possibility of imposing a criminal penalty on the communicator, because no offense against honor would have been committed […]”. It follows from the foregoing that, in cases involving excessive human conduct related to the substantive criminal-law issue—namely, the abuse of freedom of communication or expression to the point of its antisocial exercise—such excess is not covered by the content of the fundamental right and therefore receives no protection; instead, the criminal-law protection of the right to honor becomes applicable.

The foregoing applies fully where the persons involved are public officials, since it is not possible to discriminate or define areas of exclusion that would permit or justify an antisocial and abusive exercise of freedom of expression or communication merely because the affected person holds public office, regardless of the position, including that of […], because the position being challenged does not conform to the standards of reasonableness and proportionality that must be considered in protecting and applying fundamental rights. Thus, a constitutionally enshrined right such as the right to honor (derecho al honor) cannot be disregarded; persons who perform public functions retain that right in full, although it is qualified and tempered by the duty or obligation to tolerate greater scrutiny regarding challenges, criticism, opinions, oversight, and supervision—undoubtedly related to the right to honor—arising from the performance of their duties and their special status, and grounded in the constitutionally and legally established duties of transparency and accountability (rendición de cuentas).

Accordingly, the reasoning by which the a quo court defines a minimal and practically nonexistent scope of criminal-law protection (tutela penal) for the right to honor of the person holding the office of […], by virtue of holding that office, is strained and legally unfounded, since what actually follows from its reasoning is that it erroneously equates the aforementioned duty of tolerance with the de facto nullification of the legally protected interest (bien jurídico) of the honor of the person holding that office. Such a position would permit, without any possibility of limitation, the abusive and antisocial exercise of freedom of expression and communication, which—as stated above—far from guaranteeing and strengthening the democratic system under which we live, would impair the right to receive truthful information for the formation of sound public opinion, as well as the proper supervision of public functions and, obviously, the exercise of public powers by all persons subject to the administration.

iv.- The ruling of the Court of Cassation under review legally defines and frames the principle of accountability to which all public officials are subject, by virtue of which they undergo broad oversight and scrutiny by official or formal bodies established for that purpose—for example, the Contraloría General de la República—and by informal sectors—the press, mass media, and persons subject to the administration in general—which carry great weight and importance in a democratic system such as the one governing our country. Likewise, the Sala Tercera specifies which acts of persons performing public functions are subject to such scrutiny: in general terms, those that are of public interest and correspond to the public aspect of the lives of persons holding an office of that nature. These parameters make it possible to establish the criminal-law scope of the duty of tolerance, as well as the areas of the life or existence of a person holding public office in which that person is obligated to endure greater scrutiny and oversight.

In this regard, and concerning the relationship between the right to honor and freedom of expression, the Court of Cassation establishes that the public official’s right to honor prevails and must receive criminal-law protection when freedom of communication or expression is exercised excessively, including by persons engaged in journalism. The foregoing points were not considered in any way in the judgment on the merits, even though they are essential to the proper legal analysis of the acts alleged to be defamatory in this case. Regarding the matters set out above, the ruling under review states as follows: “[…] The events relevant here—namely, the video recording of [Nombre6]’s vehicle, the information broadcast by Noti-Catorce, and [Nombre29]’s response to that newscast’s reports—occurred between octubre y diciembre de 1999. At that time, Article 11 of the Constitución Política provided as follows: “Public officials are merely custodians of authority and may not assume powers that the law does not grant them.

They must swear to observe and comply with this Constitution and the laws. An action to hold them criminally liable for their acts is public.” (It should be noted that, following the constitutional amendment enacted through Ley N° 8003 de 8 de junio de 2000, published in the Diario Oficial La Gaceta N° 126 de 30 de junio de 2000, that article of the Constitution was amended and a provision was added stating that public officials must fulfill the duties imposed on them by law; in addition, the principle of accountability was formally instituted. This Chamber considers—as will be seen throughout this Considerando—that these matters could be inferred from the previous wording, read together with provisions of the Ley General de la Administración Pública, although the amendment certainly makes the constitutional status of that principle easier to discern). As may be observed, the Fundamental Law (as applicable to this specific case) clearly establishes that public servants are subject to the legal system (ordenamiento jurídico); that is what follows from their classification as mere “custodians of authority.” In other words, they are not above the law.

From this perspective, it follows from the constitutional provision under discussion—a provision revitalized by the aforementioned 2000 amendment—that public officials are bound by permissive, mandatory, and prohibitory rules alike; furthermore, they may do only what the law expressly authorizes them to do. In all circumstances, every public official in Nombre2042—whether popularly elected, appointed by another person or by a collegial body, or awarded the position through a competitive process; whether permanent, alternate, or interim; whether appointed indefinitely or for a fixed term; whether serving in a position of trust or enjoying job security; whether a career civil servant or otherwise; etc.—is subject, from the moment of assuming office, to supervision of the acts performed in that office. This is because everything that person does in connection with the public position held is of interest to the inhabitants of the Republic as a whole, since the purpose is to ensure that the person, as a public servant, acts in strict conformity with the legal system.

This constant supervision of the person’s acts is one of the consequences of being a public servant; therefore, anyone who assumes an office of this nature implicitly accepts that his or her conduct will be publicly examined. By virtue of holding office, the official is subject to the principle of legality (principio de legalidad), under which the official is authorized to do only what the law—in its broad sense and in accordance with the hierarchy of norms—expressly permits, and everything else is prohibited. In all circumstances, performing a public function entails being subject to controls designed to verify that the powers arising from the position are properly exercised and to prevent noncompliance with the duties inherent in the office. These controls include not only institutional controls—such as those of the Public Administration and the courts—but, in a democratic State—the Constitution defines Nombre2042 as such in its Article 1—the role of communicators must also be considered.

If every human being has the right to be informed, if there is also freedom to communicate thoughts and opinions, including by publishing them, and if communicators are understood to practice the profession of gathering and analyzing data and, on that basis, informing others about matters of interest to them, then it is evident that the practice of journalism is a perfect manifestation of freedom of information and freedom of the press (libertades de información y de prensa). From this perspective, it is indisputable that mass media outlets, journalists, and other communicators have the right to inform the inhabitants by making the information in their possession public. That is the premise that must prevail in a democratic society. The foregoing requires certain qualifications when the matter is one of public interest related to the conduct of a State official. First, a matter of public interest (asunto de interés público) is anything that may reasonably be presumed to attract the concurrent individual interest of persons subject to the administration (Article 113(1) of the Ley General de la Administración Pública); it should be noted that the use of “persons subject to the administration” shows that these are matters relating to the governance of the State—in the broad sense, meaning the Government of the Republic, as described in constitutional Article 9, and other public entities—and the management of its resources, matters that may validly be presumed to be of interest to a country’s inhabitants as a whole, since they are the ones who contribute to defraying the State’s expenses.

Second, in matters of public interest, the normal situation is that a State official is involved, although it is also possible—a matter that will be addressed at the end of this Considerando—for persons not vested as public servants to perform a task that is public in nature, in which case they too would be subject to supervision of their conduct in performing that public function. Thus, in matters of public interest, the freedoms of information and of the press protecting communicators are so important—as one of the means of overseeing public administration in a democratic State—that, when weighed against the right to honor also held by persons performing a public function, the latter may yield to the former, but only insofar as the public aspect of their conduct is concerned. Under this approach, only when a communicator abuses the act of reporting may the official’s right to honor take precedence over the freedoms of information and of the press protecting the communicator, as well as over every person’s right to be informed.

A great many provisions support this position. For example, constitutional Article 26 guarantees the country’s inhabitants the right to assemble peacefully and without weapons to examine the public conduct of officials. This is important because it is readily apparent that the framers were aware that the conduct of State servants has both public and private aspects, and that only the former may be openly examined and discussed by society. Those public acts of officials are precisely the ones established here as relating to the performance of their office; private acts—and therefore acts not subject to public debate—are those belonging to personal and family privacy and unrelated to the performance of the function. If aspects of State servants’ official conduct may be publicly debated at a meeting, it is therefore undeniable that information concerning their acts must be capable of being reported so that the inhabitants of the national territory may examine them. Furthermore, it must be recalled that, under constitutional Article 28, no one may even be disturbed because of the expression of opinions or because of acts that do not violate the law.

As a corollary to the foregoing, it must be observed that Article 29 of the Constitution expressly provides that every person may communicate (convey to another) his or her thoughts, orally or in writing, and may even publish them (make them known to the public) without prior censorship, such persons being liable only if they abuse these rights. Accordingly, the activity of communicators, which is indispensable to guaranteeing every person’s right to be informed, permits the free reporting of matters related to the performance of public duties (función pública), since this is plainly a matter of public interest […]”. It should be added to the foregoing that, in defining the criminal protection (tutela penal) of the right to honor (derecho al honor) applicable to the particular circumstances of public officials, the Third Chamber makes no distinction whatsoever as to the specific type of position held by a particular person, whether an elected office, a position filled through a public competition, etc. This demonstrates that the position adopted by the court below (a quo), on the basis of which it rejects any infringement of [Nombre6] [[Nombre3] ]’s right to honor, is inconsistent with the principles established by the Criminal Cassation Chamber concerning the protection of that fundamental right, which must be guaranteed to those who perform public duties, regardless of the type of position they hold, including positions filled by popular election, among which, of course, is that of […].

In this regard, a comprehensive examination of the judgment establishes that the criminal court provides no compelling legal arguments to justify departing from the jurisprudential principles defined by the Third Chamber concerning the matter under adjudication. The only thing that can be derived from the reasoning underlying the challenged judgment is what the trial judges conclude on the basis of their particular reading of Costa Rican reality and “the ideology” that they expressly state they derive from that reality. Based on that argument, they establish an exceptional and specific scope of criminal protection for the right to honor that, in their particular view, applies to the person holding the position of […]. As has been established throughout this ruling, that criterion lacks the reasoned and legal foundation required by law, pursuant to Articles 39 and 41 of the Political Constitution and Sections 1, 142, 184, and 363 of the Code of Criminal Procedure.

Another aspect that the Criminal Cassation Chamber identifies as legally relevant to determining the cases in which the right to honor of public officials may receive criminal protection against the abusive exercise of freedom of communication and expression concerns the ways in which comments, opinions, or thoughts sufficiently capable of infringing a public official’s honor may be disseminated or presented, thus warranting criminal protection of the official’s honor and dignity. In this respect, it is clear that the Third Chamber does not restrict the circumstances in which public officials’ right to honor receives criminal protection to the narrow parameters and situations subjectively defined by the court below in the judgment on the merits—that is, according to its conception of “absolute exceptionality” or an exceptional criminal-protection regime which, in the trial court’s view, applies to the honor of the person serving as […], namely, direct insults or allegations of criminal acts as the only possible interpretations of “the statement” published.

In this regard, the Criminal Cassation Chamber establishes that a public official’s honor and dignity may be affected by the manner in which ideas are expressed, the manner of publication, the knowing dissemination of false information, the failure to seek the version of the official involved in order to provide balanced information, etc. In this regard, the Third Chamber held as follows: “[…] Only when the freedoms of information and the press are abused (as might occur where information known to be false is disseminated, no attempt is made to obtain the official’s version in order to provide balanced information, the public servant is denied his or her rights of correction and/or reply, the matters are strictly private or involve sensitive information unrelated to the position held by the person, it is represented to the public as fact that the public servant’s conduct is criminal without a judicial decision to that effect, or the sole intent is to offend someone—an aspect that must be examined case by case and for which various factors may be relevant, such as the context in which information is disseminated, the manner in which photographs or images are used, the way in which the news or related comments are presented, or similar circumstances) may the communicator be held liable, since abusing a right (a circumstance that must be verified in each specific case) entails exceeding the scope of that right’s protection.

Such abuse is not protected by the legal system (Article 29 of the Constitution in conjunction with Article 22 of the Civil Code); consequently, any communicator engaging in abusive conduct must answer for his or her acts (which could eventually also entail liability for the media outlet that disseminated the information). […]”. Accordingly, it is determined that the criminal court did not properly consider or assess the jurisprudential principle at issue—despite having expressly mentioned it in its judgment—in support of the basis upon which it analyzed the acts alleged in the private criminal complaint (querella) and rejected them as harmful to [CED1 ]’s honor. This establishes the erroneous legal reasoning set forth by the court below and, consequently, the lack of a legal basis for its decision to acquit the accused [Nombre7] . v.- Another point addressed in the Criminal Cassation Chamber’s decision under review, which is relevant to the proper legal analysis of the matter sub judice, concerns public interest, which is defined as a parameter that must be considered in determining the degree of criminal protection afforded to a public official’s right to honor in relation to the exercise of freedom of expression and communication.

In this regard, the following is stated: “[…] It is clear that the coexistence of those two provisions in the same normative text shows that they are complementary. In this regard, the freedoms of information and the press concerning matters of public interest would displace the protection of honor and dignity as regards public officials; it should be noted at once that this rule would not apply to persons who do not hold that status. This is because, in such circumstances (when a matter of public significance involving public servants is at issue), what is involved is not a person’s privacy but the manner in which that person performs a public office, an aspect that—in the conflict between the legal interests at issue, namely, the right to honor and the freedoms of information and the press—is more important from the standpoint of the national community. If the information disseminated is accurate and does in fact concern a matter of public interest, the official has no basis whatsoever for claiming that his or her honor has been harmed (in any event, if the news concerns an improper act, it would be the public servant himself or herself, rather than the communicator, who harmed that honor, and the former’s liability therefore could not be shifted to the latter).

Of course, if the information is false or does not concern a matter of public interest, it could potentially constitute one of the instances of abusive conduct mentioned supra (which could even constitute a criminal offense), giving rise to a finding of liability against the communicator. Accordingly, the two international provisions under discussion (Articles 11 and 13 of the American Convention on Human Rights), viewed together, show that, in matters of public interest concerning the manner in which public servants perform their offices, the right to honor yields to the freedoms of information and the press, as well as to the right to be informed. To hold that it does not yield would amount to creating an exceedingly broad sphere of matters in which those freedoms could not be exercised, which would constitute an attack on the democratic system contemplated by the Costa Rican Constitution.

In addition to the foregoing, it should be noted that Articles 17 and 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights also address the issue before us. The former establishes that no one may be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, or to unlawful attacks on his or her honor or reputation. This wording is important because—when examined a contrario sensu—it shows that honor may be lawfully affected, thereby reinforcing the position that there are cases (such as those of concern here) in which, despite an adverse effect on that protected legal interest (bien jurídico), no one may be held liable for it. This Chamber considers that this occurs precisely when information is published concerning matters of public interest related to questionable conduct by public officials (or even by persons performing a public function), circumstances in which the honor of the persons involved is plainly affected as a consequence, rather than as an intended result.

In those situations in which the information disclosed will inevitably affect a public servant, and in which there is moreover no sole intent to offend, the freedoms of information and the press must prevail over the right to honor, because the communicator is exercising his or her right to inform and does not become liable for the resulting effect on the honor of the officials connected to the news report (which, in any event, as already stated, would be caused by their own acts and not by what is published). Of course—it bears repeating—if the information is not of public interest, the sole purpose is to offend someone, or the information reported is false, then the communicator (and potentially the media outlet) becomes liable for the abuse committed. In summary, both the Political Constitution and the international human-rights provisions applicable in Nombre2042 contain rules supporting the conclusion that public officials (but not private individuals, except where they perform a public function) are subject to public scrutiny of their conduct in office.

Consequently, the freedom to disseminate information concerning their acts in relation to matters of public interest displaces their right to honor, such that no communicator may be held criminally liable for such information unless the communicator acted abusively. This is because, pursuant to Article 25 of the Criminal Code, a person who lawfully exercises a right commits no offense. It should be added to the foregoing that statutory provisions also reinforce the position maintained here. Of particular importance are Articles 113 and 114 of the General Public Administration Act. The former provides: “1. A public servant shall perform his or her duties in a manner that primarily serves the public interest, which shall be understood as the expression of the converging individual interests of the governed. 2.

The public interest (interés público) shall prevail over the interest of the Public Administration when they are in conflict. 3. In assessing the public interest, primary consideration shall be given to the values of legal certainty and justice for the community and the individual, before which mere convenience may under no circumstances take precedence.” The second of the aforementioned provisions, in turn, stipulates: “1. A public servant shall be a servant of the governed, generally, and particularly of each individual or governed person with whom the public servant interacts by virtue of the function performed; in each individual case, every governed person shall be regarded as a representative of the community upon which the official depends and whose interests the official must safeguard. 2. Without prejudice to what other laws may establish for public servants, any act, fact, or omission that, through the public servant’s fault or negligence, causes unjustified or arbitrary impediments or obstacles for the governed shall, in particular, be deemed improper performance of duties.” As can be seen, the legislature attaches great importance to satisfying the public interest as the guiding principle of administrative activity, to such an extent that it frames the principle of objectivity in public service (principio de objetividad de la función pública) as acting for the purpose of satisfying that interest.

Moreover, the duty of accountability (rendición de cuentas) incumbent upon public servants is readily apparent, as they must regard themselves—in each specific case—as servants of the person with whom they interact by virtue of the duties they perform (it bears noting that these provisions have existed since 1978, such that, when read in conjunction with the previous wording of Article 11 of the Constitution, it was evident that the principle of accountability was enshrined in the Costa Rican legal system even before the constitutional reform of 2000 previously mentioned). This further underscores the public nature of officials’ actions insofar as they concern the performance of the duties inherent to the positions they hold. From that standpoint, it is unthinkable—unless the democratic principle established in the Constitución Política is disregarded—to impose criminal penalties on a person who acts in accordance with their right to disclose information concerning the actions of state officials in matters of public interest, unless that person committed some abuse (such as those discussed above) when making the information public. […]” (The bold emphasis is not part of the original text).

Based on the foregoing, it is appropriate to note that a comprehensive examination of the judgment on the merits (sentencia de mérito) shows that the trial judges gave no consideration to the factual and legal grounds upon which they concluded that the content of the text disseminated on the “Facebook” profile of the private defendant (querellado), [Nombre7], concerned a situation inherent in, or directly or indirectly connected with, the performance of the […], or with the public position that [Nombre6] [[Nombre3]] held at that time. Likewise, the appealed judgment contains no broad and sufficient analysis permitting a determination of whether the content of the publication disseminated by that defendant is accurate—or at least supported by certain objective and verifiable information—or whether it concerns conduct by [Nombre [Nombre10]] as […] that constitutes questionable conduct in the performance of that public role.

This is necessary in order to rule out the possibility that the publication at issue in this private prosecution (querella) is actually mere malicious speculation or a falsehood that is neither connected with nor derived from conduct by [[Nombre3]] during that person’s tenure. Such intellectual analysis must necessarily be carried out in the case at bar (subjudice) in order to determine with certainty whether the content of that publication concerns a matter of public interest, because it is in that circumstance that the Sala Tercera has held that a person exercising public office has no possibility of claiming that their right to honor or dignity has been infringed. This appellate chamber shares that view, which the a quo should have assessed more rigorously in order to satisfy the legally required standards of reasoning for the effectiveness and validity of a criminal judgment. In conclusion, in the decision under examination, the Sala de Casación Penal determines that the right to honor (derecho al honor) of persons exercising public office yields to the exercise of freedom of expression (libertad de expresión), by reason of the duty of accountability and their very status as public officials—which requires a greater degree of tolerance—when matters of public interest or questionable conduct by state servants in the performance of their duties or in matters related to such public functions are involved, regardless of the position held.

This has limits and justifies criminal-law protection of state servants’ right to honor in cases involving an abusive exercise of freedom of expression or communication that exceeds the scope of protection afforded by that fundamental right. The a quo did not assess or reason through such circumstances broadly, precisely, and sufficiently in the judgment on the merits, due to its subjective decision to restrict the circumstances that it defined ad hoc as appropriate for criminal-law protection of the right to honor of the person occupying the position of […]. Name of […]. Such reasoning is insufficient to disregard and fail to apply the interpretive and application criteria established by our Sala de Casación Penal on the basis of a thorough, broad, and comprehensive analysis of the rules relating to the underlying issue. It should be noted that those criteria follow the jurisprudential guidelines established by the Sala Constitucional in the precedent analyzed supra in this decision. 3.- Inter-American Court of Human Rights (Corte Interamericana de Derechos Humanos).

In the challenged judgment, the criminal court invokes and quotes certain passages from two precedents of the Inter-American Court of Human Rights, namely, the judgment issued in the case of [Nombre18] v. Nombre2042 on 2 July 2014 and the judgment issued in the case of [Nombre16] v. [Nombre17] on 2 May 2008. Those judgments addressed issues and set forth criteria concerning the exercise and protection of the right to freedom of expression and communication governed by Article 13 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3.1. Judgment in the case of [Nombre18] v. Nombre2042. Regarding the a quo’s analysis, in the judgment on the merits, of that precedent issued within the Inter-American Human Rights System (Sistema Interamericano de Derechos Humanos), as well as its relevance to the resolution of the case at bar, the following should be noted: i.- First, the appellant [Nombre15] is correct in asserting that the a quo erred in citing and assessing the decision in question.

This is because the criminal court, mistakenly and without any justification, referred to and assessed in the reasoning of the appealed judgment the specific position set forth in the “reasoned concurring opinion of Judge [Nombre19]” (in this regard, paragraphs identified as 26 and 27 in the verbatim quotation included in the judgment on the merits, appearing at folios 356 and 357 of the main case file), as though that judge’s individual views formed part of the decision issued by the Inter-American Court of Human Rights—as a collegiate judicial body—in the aforementioned case. This is plainly incorrect and reveals the weakness of the legal reasoning in the challenged judgment. The trial judges thus attributed inappropriate legal value and weight to a minority opinion by invoking and assessing its content as though it formed part of the reasoning considered and adopted by the majority of the members of the Inter-American Court when rendering judgment in the case of [Nombre18] v. Costa Rica, without even clarifying that the court endorsed the individual position of Judge [Nombre30].

Accordingly, the judgment on the merits is deficient in its legal reasoning concerning the standards and circumstances assessed by the a quo in support of its position defining a restrictive and specific scope for protecting the right to honor of the person holding the public position of […], on the basis of which it ruled out the existence of a criminal offense in the case at bar and decided to acquit [Nombre7] of all penalties and liability. ii.- It is important to note that the case of [Nombre31] involved two highly significant aspects that differ from those at issue in the present case: [Nombre18] is a journalist and was sued by private criminal complaint in the course of practicing that profession; and, second, the conduct consisted of reproducing, in four journalistic articles, the content of reports published by European newspapers referring to alleged unlawful acts by a person who was a member of the Costa Rican diplomatic service.

These aspects are important when determining the scope of the Inter-American Court’s ruling in [Nombre18] v. Nombre2042 and adapting its content to the objective and subjective circumstances of the case being adjudicated—an intellectual analysis that the a quo omitted from the judgment on the merits. iii.- A comprehensive examination of the challenged judgment establishes that the trial judges referred to and assessed the content of the judgment in the case of [Nombre18] to hold that the person occupying the position of […] of the […] must display the highest level of tolerance with respect to their right to honor, given the precedence accorded to the exercise of freedom of expression. The a quo considered that this tolerance threshold was not equivalent to that applicable to other public officials, specifically because of the hierarchical rank corresponding to the person occupying the […].

Notwithstanding the foregoing, the examination of the trial judges’ analysis of the cited Inter-American Court case law reveals insufficient grounds which, when compared with the provisions of the judgment in the case of [Nombre18], would support the conclusion reached by the trial court and relied upon in rendering the challenged acquittal. In this regard, a reading and study of the judgment issued in that case establishes that the Inter-American Court of Human Rights makes no distinction among the levels of protection afforded to the right to honor of persons exercising public office, in relation to the exercise of freedom of expression, regardless of the type or hierarchical rank of the position held by the person. Specifically, the Inter-American Court establishes that, in the situation under examination, a higher degree of tolerance is required of persons exercising public office so as not to restrict improperly the right to freedom of communication and expression, respect for and effectiveness of which it deems absolutely necessary for the consolidation and functioning of a democratic society.

Likewise, the Inter-American Court establishes that, although public officials are subject to a higher level of tolerance regarding the protection of their right to honor or dignity (derecho a la honra o al decoro), by virtue of the duties of transparency in governmental activities and integrity (probidad) to which they are subject—and in order to guarantee the continued existence and development of a democratic society—the exercise of freedom of expression (libertad de expresión) is not absolute and is subject to limits that must be observed. Such limits may not be applied as prior censorship (censura previa), but only through subsequent liability (responsabilidades ulteriores) expressly established by law and for the purpose of ensuring respect for the rights or reputations of others. In this regard, the judgment in question states: “[…] 120. It is important to emphasize that the right to freedom of expression is not an absolute right; it may be subject to restrictions, as stated in paragraphs 4 and 5 of Article 13 of the Convention.

Likewise, in Article 13.2, the American Convention provides for the possibility of establishing restrictions on freedom of expression, manifested through the imposition of subsequent liability for the abusive exercise of this right. Such restrictions must in no way limit the full scope of freedom of expression beyond what is strictly necessary or become a direct or indirect mechanism of prior censorship. To establish subsequent liability, three requirements must be met, namely:

  • 1)it must be expressly established by law;
  • 2)it must be intended to protect either the rights or reputations of others, or national security, public order (orden público), or public health or morals; and
  • 3)it must be necessary in a democratic society (…) 123. Thus, the restriction must be proportionate to the interest that justifies it and narrowly tailored to achieving that objective, interfering as little as possible with the effective exercise of the right to freedom of expression [...]”. iv.- It follows from the foregoing that the Inter-American Court recognizes that the right to freedom of expression is not absolute and may therefore be subject to limits or restrictions that must not be imposed a priori, but may only be subsequent and proportionate to the interest justifying those limitations, and limited to what is absolutely necessary to achieve that objective, so as to interfere as little as possible with the exercise of freedom of expression. This position of the Inter-American Court, considered in light of the provisions of our Political Constitution and the legislation analyzed supra in this decision, supports the conclusion that protecting public officials’ right to honor (derecho al honor) in cases involving the abusive exercise of freedom of expression and thought is proportionate to the interest of the criminal-law system (ordenamiento jurídico-penal) in safeguarding against intentional, malicious, and offensive attacks on the honor and dignity of persons who perform public functions under the guise of freely expressing ideas or thoughts or, as applicable, exercising freedom of communication. At the same time, such an exceptional and ex post facto limitation is proportionate and interferes only minimally with freedom of expression, as prescribed by the Inter-American Court. This is because, under our constitutional, conventional, and statutory framework, and as the Sala Constitucional and Sala Tercera of our country have held in the precedents analyzed supra, freedom of expression and information may be restricted only in cases of excesses and abuses in the exercise of that fundamental right (derecho fundamental) that exceed the proper scope of its protection. Such misconduct not only impairs the offended person’s right to honor, but also violates the social component of the right to communication and expression, insofar as it infringes society’s right to have ideas, thoughts, or information consistent with reality shared with it, thereby enabling and achieving the proper formation of public opinion and appropriate oversight of the performance of public functions. Fulfillment of these objectives strengthens society’s institutional and democratic framework as an inherent effect of the proper exercise of freedom of expression. This is not achieved—and may even produce the opposite result—if malicious attacks and abusive statements against the dignity and honor of public officials are permitted without limitation. Such conduct in no way constitutes oversight or scrutiny of the public sphere, but merely impairs public activity by unjustly discrediting the honor of those involved, which undoubtedly undermines the credibility of persons performing state functions. This situation would be extremely serious in the particular case of the person who holds the […], since it would improperly affect not only that person’s personal honor, but also the dignity of the office and respect for the position performed, generating public distrust, loss of faith in public institutions, and loss of confidence in state activity, none of which is appropriate for the development of a society based on a democratic model. Thus, under both the precedent being examined and the holdings of the Sala Constitucional and Sala Tercera, the right to honor of persons performing state functions—such as those holding political office—yields to the exercise of freedom of expression because, by virtue of their status, they must tolerate a greater degree of criticism in view of the protection afforded to the principles of transparency, integrity, and accountability (rendición de cuentas). This includes harsh, uncomfortable, and bothersome criticism concerning matters of public interest that are directly or indirectly connected with actions taken by state officials in performing their duties. The subsequent limit on such criticism is the abusive and improper exercise of freedom of expression or communication, which does not fall within and exceeds the scope of protection afforded to that fundamental right. A comprehensive examination of the judgment on the merits reveals that the court below (a quo) did not conduct an adequate and careful factual and legal analysis of the normative content of the provisions governing the matter at issue in our legal system, nor did it engage in a sufficient intellectual and rational exercise before declining to apply the precedents issued on the legal question under adjudication. Instead, the trial judges chose to create an ad hoc standard for resolving the case—as previously and repeatedly noted in this decision—which they based on their particular assessment of Costa Rica’s contemporary political, institutional, and social circumstances and on their definition of an equally particular ideology. Based on those considerations, they conceived and delineated—without sufficient objective support—a specific sphere of criminal-law protection that disproportionately restricted the right to honor of the person holding the […]. v.- It should be noted that the judgment issued by the Inter-American Court in the case of [Nombre18] v. Nombre2042—extensively transcribed, but not equally extensively or rigorously assessed in the trial court’s judgment—expressly establishes that “politicians” have a higher level of tolerance in the relationship between the right to honor and freedom of expression. Nevertheless, the Inter-American Court establishes that, despite the particular circumstances of persons performing state functions as described above, their right to honor and dignity must indeed be protected. In this regard, the judgment in [Nombre18] provides as follows: “[…] 127. Democratic oversight by society through public opinion fosters transparency in state activities and promotes officials’ accountability for their public administration (gestión pública); accordingly, there must be little scope for any restriction on political debate or debate concerning matters of public interest. 128. In this context, it is logical and appropriate that statements concerning public officials or other persons performing functions of a public nature should enjoy, under Article 13.2 of the Convention, broad latitude for debate on matters of public interest, which is essential to the operation of a truly democratic system. This in no way means that the honor of public officials or public figures should not receive legal protection, but rather that it must be protected in a manner consistent with the principles of democratic pluralism […]”. In this regard, it must be noted that, although the judgment on the merits cites several portions of the ruling in the [Nombre18] case, it does not comprehensively assess the jurisprudential principles (preceptos jurisprudenciales) articulated by the Inter-American Court in that judgment. Without adequate justification, the criminal court disregards the scope of protection of the right to honor that the Inter-American Court establishes as proportionate to public-official status and to the higher level of tolerance to which such officials are subject by virtue of that status. Likewise, in its substantive reasoning, the court below fails to recognize that, regarding protection of the right to honor afforded to persons holding public office, the Inter-American Court does not specify or determine that different degrees of protection of that fundamental right exist depending on the hierarchy or type of state office held by the person. It is therefore clear that the criminal court did not properly assess this precedent of the Inter-American Human Rights System, because it established ad hoc and disproportionately restrictive criteria regarding the criminal-law protection of the right to honor that it deemed to apply specifically to the person holding the […], that is, the […]. That position effectively entails and results in the almost complete evisceration of the constitutional and statutory protection afforded to that fundamental right under our legal system, which is improper. In this regard, it is important to note that the trial judges themselves stated in their ruling that certain meanings derived from the publication made by the defendant in the private prosecution (querellado), [Nombre12], could indeed be regarded as offensive to [Nombre6] [[Nombre3]]. Nevertheless, because those meanings were deemed not to be unequivocal or the only ones arising from the content of the published text—since, according to the court below, other meanings arise, although the ruling does not identify those other possible interpretations, which have nothing to do with offensive circumstances—the right to honor of [[Nombre3]] was not violated. To reach that conclusion, the criminal court set forth the standard it had defined, as discussed supra, to restrict the sphere of criminal-law protection that it considered applicable to the […], that is, the […]: namely, that only direct insults and the expression of ideas or opinions whose sole meaning is the allegation of a criminal act are punishable as violations of the honor and dignity of the person holding that public office.

Such reasoning does not derive from the legal guidelines established in the judicial precedents examined in this ruling—and cited in the challenged judgment—regarding the interpretation and application of the rules governing the factual and legal circumstances of a case such as the one under adjudication (subjudice), including the binding case law of the Constitutional Chamber, all of which reveals a serious weakness in the intellectual and legal reasoning underlying the challenged judgment. 3.2. Judgment in the case of [Nombre16] v. [Nombre17]. i.- The appealed judgment cites two passages from the judgment issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of [Nombre16] v. [Nombre17]. In this regard, the trial judges stated as follows: “[…] Now, on this point, the Inter-American Court of Human Rights has stated that the activities of public servants: ‘...leave the realm of the private sphere and enter the sphere of public debate.

This threshold (…) is grounded in the public interest of the activities they perform.’ (Case of [Nombre16] v. [Nombre17], 2 de mayo de 2008, paragraph 86). Note that the highest human-rights body in the Americas establishes that public officials are more exposed to criticism, that this is inherent in the role they voluntarily accepted, and that the activities they perform are matters of public interest. However, it should be noted that these statements by the Inter-American Court were made in cases involving high-ranking public servants, but not one holding the highest rank, as in this complaint, namely the [… […] These assessments are important because, if we affirm with the Inter-American Court ‘…that in a democratic society public officials are more exposed to public scrutiny and criticism’ (Case of [Nombre24] v. [Nombre17], ibid.), the exposure of the highest-ranking official in public service is even greater and, correspondingly, public criticism must be even greater […]” (Cf. folios 346 and 347.

The transcription is verbatim). In this regard, it must be established that the court below (a quo) did not assess the content of the decision issued in the case of [Nombre16] v. [Nombre17] in its entirety or correctly, because, referring to that precedent, the trial judges determined that a distinction must be made between the scope of protection afforded to the right to honor (derecho al honor) of the person holding the […] and that afforded to other public officials who do not possess that office or rank. This was because the court below considered that the [Nombre16] case establishes a greater degree of tolerance applicable to state officials and, consequently, independently concluded that the required degree of tolerance must increase according to the public office held, a conclusion reached by the criminal court even though that precedent draws no such distinction. Likewise, the trial judges concluded on their own initiative (motu proprio) that the person holding the […] is subject to a specific, more restrictive standard of protection for the right to honor than other public officials, a distinction they deemed appropriate because the case of [Nombre16] v. [Nombre17] did not rule on the particular circumstances of a person holding that type of public office.

Such an interpretation and analysis of the precedent in question is not logical and, in fact, reveals that the position of the court below does not derive in any way from what the Inter-American Court of Human Rights stipulated in the referenced case. Instead, it reflects an objective defined by the trial court on the basis of its own perception of what it believed to be the ideology desired by the majority of Costa Ricans concerning the administration of public offices, specifically attributing that popular desire to the case of the […]. ii.- Similarly, it is important to note that a comprehensive analysis of the precedents of the Constitutional Chamber and the Third Chamber, as well as the statements of the Inter-American Court, neither establishes nor permits the conclusion that all acts in the private lives of persons holding public office form part of, or may be included within, the broader scope of tolerance to which their right to honor is subject because of their status as public officials.

This is because the broader margin of tolerance affecting the right to honor of state officials in relation to the exercise of freedom of expression concerns acts that are matters of public interest and are directly, or at least indirectly, related to the performance of the activities inherent in their office. In addition, each specific case must be analyzed to determine the proportionality of the margin of tolerance that should be upheld in order to guarantee the continued effectiveness of the fundamental rights to honor and freedom of expression, none of which was properly assessed by the judges in the judgment on the merits. Specifically, regarding the points analyzed above, the judgment in the case of [Nombre32] stipulates as follows: “[…] 51. Regarding these facts, the parties presented various arguments underlying which is a conflict between the right to freedom of expression on matters of public interest and the protection of the honor of public officials.

The Court recognizes that both freedom of expression and the right to honor, as protected by the Convention, are of the utmost importance. The exercise of both must be guaranteed. In this regard, whether one prevails in a particular case will depend on the balancing carried out through a proportionality test (juicio de proporcionalidad). Resolving the conflict that arises between certain rights requires an examination of each case in light of its characteristics and circumstances, in order to assess the existence and intensity of the elements on which that test is based (…) 53. Regarding the content of freedom of thought and expression, the Court has indicated that persons under the protection of the Convention have the right to seek, receive, and disseminate ideas and information of every kind, as well as the right to receive and learn of information and ideas disseminated by others. Freedom of expression therefore has both an individual and a social dimension: on the one hand, it requires that no one be arbitrarily impaired or prevented from expressing their own thoughts and thus represents a right belonging to each individual; on the other hand, it also entails a collective right to receive any information and to learn of the expression of others’ thoughts. 54.

However, freedom of expression is not an absolute right. Article 13.2 of the Convention, which prohibits prior censorship, also provides for the possibility of imposing subsequent liability (responsabilidades ulteriores) for the abusive exercise of this right. These restrictions are exceptional and must not limit the full exercise of freedom of expression beyond what is strictly necessary or become a direct or indirect mechanism of prior censorship. 55. Article 11 of the Convention, for its part, establishes that everyone has the right to have their honor respected and their dignity recognized. This entails limits on interference by private individuals and the State. Accordingly, a person who considers their honor to have been harmed may legitimately resort to the judicial remedies provided by the State for its protection.. 56. The need to protect the rights to honor and reputation, as well as other rights that could be affected by an abusive exercise of freedom of expression, requires due observance of the limits established in this regard by the Convention itself.

These must satisfy a standard of strict proportionality. 57. Given the importance of freedom of expression in a democratic society and the significant responsibility this entails for those professionally engaged in social communication, the State must not only minimize restrictions on the circulation of information but also balance, to the greatest extent possible, the participation of different types of information in public debate, thereby promoting informational pluralism. Consequently, fairness must govern the flow of information. In these terms, one may explain the protection of the human rights of those confronting the power of the media and the effort to ensure structural conditions allowing for the equitable expression of ideas (…) 71. As established in paragraph 55 supra, judges, like any other person, are covered by the protection afforded by Article 11 of the Convention, which enshrines the right to honor.

Furthermore, Article 13.2(a) of the Convention establishes that the ‘reputation of others’ may constitute grounds for imposing subsequent liability in the exercise of freedom of expression. Consequently, protecting the honor and reputation of every person is a legitimate aim consistent with the Convention. Likewise, the use of criminal law is suitable because, through the threat of punishment, it serves the purpose of safeguarding the legally protected interest (bien jurídico) in question; that is, it may be capable of contributing to the achievement of that objective. However, the Court notes that this does not mean that criminal proceedings are necessary and proportionate in the particular case under examination, as will be discussed infra (…) 79. Moreover, within the framework of freedom of information, the Court considers that journalists have a duty to verify, reasonably though not necessarily exhaustively, the facts on which they base their opinions.

In other words, it is valid to require fairness and diligence in comparing sources and seeking information. This entails the right of individuals not to receive a manipulated version of the facts. Consequently, journalists have a duty to maintain some critical distance from their sources and compare them with other relevant information (…) 82. The representatives agreed with the Commission and argued that ‘the facts reported by Mr. [Nombre16] are matters of public interest,’ taking into account that the investigation concerned ‘a paradigmatic case of repression’ and that the ‘investigation conducted by the journalist forms part of [the] review that Argentine society must carry out and of the discussion concerning the reasons why the military government carried out its actions without encountering obstacles in the [J]udicial [B]ranch.’ They added that Mr. [Nombre16] ‘did not use any language that could be considered abusive,’ nor did he use ‘excessive words, much less insulting ones’; that he referred to the judge ‘solely and exclusively in connection with the performance of his official duties and did not delve into any aspect of his life or personality unrelated to his work as a public official’; that, in the sections of the book containing statements of fact, ‘everything he asserted corresponds to reality’; and that ‘the paragraphs that formed part of the criminal trial’ contain ‘critical value judgments concerning the judiciary of that period,’ for which reason ‘they are not susceptible of being true or false, nor can they, in and of themselves, justify a restriction on freedom of expression, insofar as they concern every person’s right to express opinions freely on matters of public interest and on a judge’s performance of official duties in a matter of the greatest public importance.’ 83.

In this final step of the analysis, consideration is given to whether the restriction is strictly proportionate, such that the sacrifice inherent in it is not exaggerated or excessive in relation to the benefits obtained through that limitation.

The Court has adopted this method, stating that, to be compatible with the Convention, restrictions must be justified by reference to collective objectives that, because of their importance, clearly outweigh society’s need for the full enjoyment of the right guaranteed by Article 13 of the Convention, and must not limit the right proclaimed in that article beyond what is strictly necessary. In other words, the restriction must be proportionate to the interest that justifies it and narrowly tailored to achieving that legitimate objective, interfering as little as possible with the effective exercise of the right to freedom of expression (derecho a la libertad de expresión). 84. In the case before us, the restriction would have to substantially protect the right to reputation (derecho a la reputación) without rendering the right to freely criticize the conduct of public officials ineffective.

To carry out this balancing test (ponderación), the following must be analyzed: i) the degree to which one of the interests at stake is affected, determining whether the impact was severe, intermediate, or moderate; ii) the importance of protecting the competing interest; and iii) whether protecting the latter justifies restricting the former. In some cases, the balance will favor freedom of expression and, in others, the protection of the right to honor (derecho a la honra) (…) 86. With respect to the right to honor, statements concerning a person’s suitability for holding public office or acts performed by public officials in the course of their duties enjoy greater protection, so as to foster democratic debate. The Court has held that, in a democratic society, public officials are more exposed to public scrutiny and criticism. This different threshold of protection is explained by the fact that they have voluntarily exposed themselves to more exacting scrutiny.

Their activities leave the private sphere and enter the realm of public debate. This threshold is based not on the status of the individual, but on the public interest in the activities that the individual performs, as when a judge investigates a massacre in the context of a military dictatorship, as occurred in the present case […]”. The foregoing demonstrates how the trial court (tribunal de mérito) conducted a biased and partial analysis of the precedent issued by the Inter-American Court in the case of [Nombre16] v. [Nombre17], limiting its considerations to a minimal segment of that ruling, which it forced to fit the particular framework on the basis of which it analyzed the facts alleged in the private criminal complaint (querella), namely, the exclusive distinction regarding the protection of the right to honor that the lower-court judges determined applies to the person who holds the […].

This shows that they neither analyzed nor accorded the legal weight properly due to the content of the decision in the [Nombre16] case for the correct resolution of the matter sub judice, which neither supports nor provides any basis whatsoever for justifying the grounds on which they dismissed the violation of [Nombre6] [[Nombre3] ]’s right to honor arising from the acts alleged against [Nombre7], all of which entails a lack of legal reasoning (fundamentación jurídica) in the judgment. In light of all the foregoing, it is concluded that the judicial precedents analyzed supra in this ruling are extremely important to the resolution of this matter. It is likewise established that those precedents were not fully and correctly assessed by the criminal court in the judgment on the merits, since none of them supports the reasoning on the basis of which the court below (a quo) almost entirely restricted the protection of the right to honor of the person holding the […] when balancing that fundamental right (derecho fundamental) against the exercise of freedom of expression and communication.

Although a greater margin of tolerance must be borne in the case of public officials than in the case of the rest of society, that limitation cannot result in the hollowing out of any person’s fundamental right to honor and dignity, including anyone who performs a public function, regardless of the rank held. Thus, there can be no doubt that, in a democratic society such as that established in the organic component of our Political Constitution, the exercise and effectiveness of freedom of expression must be guaranteed and given preference even over the protection of the right to honor of public servants. Accordingly, a broad margin must be afforded for denunciations, opinions, investigations, challenges, and strong and unwelcome criticism by society collectively, as well as by those who are directly involved in and connected with the exercise of freedom of the press and communication, regarding the scrutiny and oversight of activities related to the performance of public functions by those who are merely entrusted with them.

This keeps democratic pluralism alive, ensures oversight of the proper performance of public functions, and prevents improper restrictions on freedom of expression, thereby avoiding an environment or fertile ground for the emergence of authoritarian political systems. Notwithstanding the foregoing, as the Costa Rican Constitutional Chamber and Criminal Cassation Chamber, as well as the Inter-American Court of Human Rights, have stated with complete clarity and precision, freedom of expression and communication is not absolute, since it is subject to restrictions that must be applied after the fact in order to prevent prior censorship (censura previa), but that entail liability for the violation of other fundamental rights by those who exercise it abusively and disproportionately, as occurs with the constitutionally protected right to honor, including that of public officials. In this regard, it is important to emphasize that none of the judicial bodies cited above has established any discrimination or distinction concerning the right to, or scope of, protection of the honor and dignity of public servants based on the specific position or rank they hold.

Such a distinction arises solely from the position defined ad hoc by the trial court when analyzing the merits of the event being adjudicated in the present case. In this regard, it must be established that the lower court’s position is not properly reasoned—from a legal perspective—because it reflects a highly particular manner of reasoning and of defining an ideological standard in order to create a highly subjective thesis regarding the scope of protection of the right to honor that it considers applicable exclusively to the person holding the […], a position that lacks objective and rigorous legal and jurisprudential support. Accordingly, throughout this ruling it has been demonstrated that the court below neither rigorously applied nor sufficiently analyzed the legal framework governing the matter under discussion, nor did it fully and adequately assess the judicial precedents cited in its decision and previously analyzed in this ruling. b.3.

Social networks and their importance in the exercise of freedom of expression and communication in relation to the protection of the right to honor. In the present case, the publication challenged as defamatory by [Nombre [Nombre10]] against [Nombre7] was made through one of the most modern and undoubtedly most effective means of communication: an Internet social network, specifically, “Facebook”. To analyze and determine the criminal-law significance (importancia jurídico-penal) of such socio-virtual groups in relation to the protection of the right to honor, it should be noted that one of the principal characteristics of social networks in contemporary life is their amplification of the reach of ideas, comments, photographs, videos, news, texts, etc., shared and published by any of the members comprising the “virtual community,” whether to the entire community or to a group of its members forming their virtual circle or group on the social network.

In the specific case of “Facebook,” for example, the virtual community comprises everyone who has an account or profile, which allows them to have their own Internet page—or profile—within the social network, thereby making them part of that community and enabling them to remain in contact with all other members of “Facebook” and share all the information and content on their profile. Likewise, a person with a Facebook account may restrict access to their profile to a certain number of users, thus communicating with that group, and may limit access to part of the content of their profile, such as their “wall,” photographs, certain posts, friends, etc. Similarly, users may limit the dissemination of what they publish on their “Facebook” page, either to a group of members with whom they are virtually connected—what is known as the “group of friends”—or even to certain persons belonging to that group or to another group of which they are members.

Thus, the dissemination and communication power of “Facebook” is clear, since information of every kind may be shared “online,” or communications may take place through “chats” or conversations at any time and from anywhere in the world where any member of the virtual community may be located, whether nationally or even anywhere across the globe. The foregoing reveals the great importance of social networks in shaping public opinion today through the expression of ideas, thoughts, and criticism, as well as through the dissemination of information of every kind. Indeed, traditional mass media, such as radio, television, and the press, draw on the content and participate in the flow of information circulating on the Internet through social networks; hence the current importance of these forms of communication to the protection of the right to honor in relation to the exercise of freedom of expression.

Another highly important characteristic of social networks—not only “Facebook,” but also the many other groups of this kind existing in cyberspace, such as “Twitter,” “Instagram,” “Linkedin,” etc.—is the ease with which most of society can access the various virtual communities that exist and develop on the Internet and, consequently, all the information and the vast range of content transmitted, disclosed, shared, or disseminated by the members of such social networks—for example, through the publication of “posts,” photographs, videos, comments, etc. Today, the various events, viewpoints, news reports, among other aspects of social, political, economic, scientific, and other realities, are published and reproduced virtually “online” or in real time. Thus, any event may become highly significant on the network, and its dissemination may occur within a very short time among a great many people who have access to or form part of the virtual environment.

In this last respect, consideration must be given to the major advances in modern technology, which has produced electronic devices that allow a very large number of people to remain “online” at all times, for example through “smartphones,” “tablets,” laptop computers, etc.—devices that are becoming more economically accessible each day to the vast majority of the population of our country and of many countries around the world.

In the present case, examination of the body of evidence produced at trial shows that the post made by the private complainant (querellado), [Nombre7], generated a large number of comments and assessments regarding its content from numerous “Facebook” users, including a significant number containing direct insults against [Nombre6] [[Nombre3] ], who at that time was the […] (in this regard, see folios 23 to 37 of the main case file), a situation that demonstrates the enormous impact and significance that social media currently have in the dissemination of ideas and the formation of public opinion, with information being disseminated even faster than traditional media are able to achieve today. Thus, it is clear that conduct carried out on the Internet currently has substantial criminal-law relevance, and for that reason it has been necessary to enact specific legislation in this regard, such as the framework governing Computer Crimes introduced into the Criminal Code by Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012.

Likewise, ordinary criminal legislation contains provisions that govern and apply to conduct carried out through information technology, as occurs with offenses against honor (delitos contra el honor), defined in Articles 145, 146, and 147 of the Criminal Code. Based on all the foregoing, it is concluded that, in the present case, it is both appropriate and necessary to analyze thoroughly and with the rigor required by the duty to provide legal reasoning for a criminal judgment whether the post made by the private complainant, [Nombre7], on his public “Facebook” profile caused harm to the honor of [Nombre6] [[Nombre3] ]. For this purpose, it is necessary and important to consider the particular characteristics that, as explained above, social media possess in our present-day reality, as well as the matters concerning the relationship between the right to honor of public officials and the exercise of freedom of expression in a democratic society, in accordance with the limitations placed on that fundamental right as a result of its abusive and disproportionate exercise, as discussed throughout this decision.

C.- Specific defects in the challenged judgment constituting the flaw of insufficient reasoning. In the preceding sections of this decision, and based on this appellate court’s comprehensive review of the judgment, factual and legal grounds have been established and set forth that demonstrate and confirm that the judgment on the merits violates the duty to provide legal reasoning required for its validity and effectiveness, pursuant to Articles 39 and 41 of the Political Constitution, as well as Articles 1, 142, 184, and 363 of the Code of Criminal Procedure. Thus, as a supplement to the foregoing, it is appropriate to identify certain aspects of the judgment that likewise reveal its erroneous legal reasoning, as alleged by attorney [Nombre15]. Accordingly, the following is found: i.- Although it is true that public officials must display a greater degree of tolerance toward the exercise of freedom of expression in relation to the protection of their right to honor, because they voluntarily subjected themselves to greater public scrutiny arising from the principles of transparency and accountability, that particular circumstance does not entail the complete nullification of the right to reputation and dignity that must be protected for those who perform state functions.

The position adopted in this regard by the trial court results, in practical terms, in the nullification of that fundamental right, since virtually no conduct could affect the right to honor of a person who is […]. Those matters were not duly assessed by the court below (a quo), since it disregarded any objective consideration of the constitutional, treaty-based, and statutory provisions connected with the underlying issue, just as it failed to assess fully and objectively the judicial precedents previously issued on the matter in dispute by the Costa Rican Constitutional Chamber and Criminal Cassation Chamber, as well as by the Inter-American Court of Human Rights. This is because the trial judges confined themselves to basing their acquittal of the private complainant, [Nombre12], on their definition and assessment of the ideology that they considered to correspond to the majority of Costa Rican society regarding the matter under discussion.

On the basis of that reasoning, the trial court established an ad hoc and exclusive standard for delimiting the scope of protection of honor that it deemed applicable to a person holding the position of […]. That position is subjective and, under the principle of legality, exceeds the functions inherent in judicial activity—namely, interpreting and applying the law—because it is improper for a criminal court, motu proprio, to define an ideology that, according to its own assessment, corresponds to social majorities and, in that manner, evaluate purported ideological positions in order to define the parameters for protecting a fundamental and constitutionally recognized right such as the honor of public servants. Even more troubling and improper is the establishment of ad hoc and exclusive criteria for protecting that right of a male or female citizen holding the position of […]. Far from ensuring the principle of equality established in Article 33 of the Political Constitution, this entails discriminatory treatment and a failure to protect the essence of the human right at issue based on a particular circumstance that does not justify its complete suppression.

Thus, the criminal court fails to consider the applicable legal framework governing the underlying issue concerning the guarantee of freedom of expression and communication in relation to the protection of the reputation and dignity of those who perform public functions, demonstrating the weakness of the reasoning on which the court below based the challenged decision. Likewise, the trial judges do not set forth sufficient legal and objective grounds to justify their decision not to follow the judicial standards previously established concerning the manner in which the relationship between the right to honor and the exercise of freedom of expression in the case of public officials must be addressed under the law. Instead, they decline to conduct a comprehensive analysis of the judicial precedents that they merely cite and reproduce selectively in their judgment and limit their substantive reasoning to consideration of a subjective thesis that, in their particular assessment, creates a line of precedent concerning the scope of protection exclusively applicable to the person holding the position of […], an analysis that is legally incorrect.

This is because the scope of protection of a fundamental right may not be defined on the basis of purported ideological positions that, even if they might coincide with the majority view, might not coincide with the intent of the constituent authority. This is not a matter to be resolved through diffuse constitutional review (control difuso de constitucionalidad), but solely through the direct and centralized constitutional review entrusted to the Constitutional Chamber, a circumstance demonstrating that the court below exceeded its jurisdiction in establishing the basis on which it grounded its decision on the merits. ii.- As extensively analyzed in this decision, freedom of expression cannot be adequately protected in a democratic society if limitations are imposed that operate as prior restraint (censura previa) and discourage the exercise of that fundamental right, which is characteristic of authoritarian regimes and inconsistent with the framework established by our Political Constitution.

Thus, it is improper to require, generically and in advance, that anything to be published must be true or previously verified—proven—because that position entails imposing limitations that may result in prior restraint of opinions, questions, and criticism concerning matters of public interest, as would be the case with acts performed by state officials in the exercise of, or in connection with, their powers. Such matters are undoubtedly of public interest and subject to greater oversight and scrutiny by all persons subject to the administration, which, as indicated, derives from the principles of transparency and accountability applicable to public servants. Notwithstanding the foregoing, as established by the provisions set forth above and stipulated in the judicial precedents previously analyzed, ex post controls or subsequent liability (responsabilidades ulteriores) may be imposed on those who exercise those fundamental rights abusively and disproportionately, without violating freedom of expression and communication.

Thus, in each specific case, it must be determined whether the exercise of freedom of expression is merely a façade or screen used to disseminate false, speculative, or insidious assertions whose actual purpose is to harm the honor of a public official. Such a situation is not encompassed within the protection or scope of protection afforded to freedom of expression and communication, even when the reference concerns a person holding public office, irrespective of rank. This is because neither the Constitutional Chamber, the Third Chamber, nor the Inter-American Court of Human Rights establishes any distinction concerning the extent of the protection of the right to honor afforded to those who perform public functions, whether they hold popularly elected office or an office of some other kind, as noted above. Thus, the basis on which the court below declined to consider the arguments and theory of the defense of [Nombre6] [Nombre443 [Nombre10]] is improper, insofar as it was argued that, in the case under consideration (sub judice), it is necessary to determine whether the content of the post made by [Nombre7] is false and speculative and whether it was disseminated with knowledge of its capacity to harm the honor of the person who held the position of […].

In this regard, the trial judges confined themselves to finding that, because the person concerned was [[Nombre3] ], it was unnecessary to determine whether what the private complainant disseminated was true or false, since he had merely expressed his personal idea, opinion, or thought regarding the “facts” that he posted on his “Facebook” profile. Thus, the reasoning of the court below is determined to be unfounded, because it disregarded the scope of protection of the right to honor afforded to public officials, as established even by our Constitutional Chamber, whose case law is binding “erga omnes.” Likewise, it failed to conduct a legal analysis or rigorous assessment of the content of the “assertion” disseminated on [Nombre12]’s “Facebook” profile, limiting its reasoning in this regard to stating that it was unnecessary to determine whether that content was true, because it was an opinion and opinions need not be proven, which is incorrect according to the foregoing discussion of the matter.

It should also be added in this regard that the court below does not set forth the reasoning that legally permits it to characterize the post at issue as “a mere or simple opinion,” even though it begins by asserting a series of circumstances that, in principle, more closely resemble an allegation than an opinion concerning the “facts” forming part of the post.

To the foregoing must be added that the a quo court does not state in the grounds of the judgment on the merits what evidence it assessed or how it managed to characterize as “facts”—as stated in its reasoning—the events cited by the defendant in the private prosecution (querellado) in his publication, regarding which he merely stated that they had come to his attention and that, based on that circumstance, he gave his opinion and disseminated it on his public “Facebook” profile. Likewise, the challenged judgment does not specify the factors assessed by the a quo court in determining with certainty that the “facts” disseminated and criticized by the defendant [Nombre12] are of public interest because they relate to the activity—verifiable or objectively presumable—of [Nombre6] [[Nombre3]] in the performance of her public duties as […]. Accordingly, the trial court did not adequately assess the issue under examination in order to determine whether the “facts” brought before public opinion by [Nombre12] are manifestly false or merely speculative, for the purpose of establishing whether they were legally capable of being criticized because they concerned the exercise of public office by [Nombre6]; or, alternatively, whether presenting the content of the publication at issue without regard for, or while disregarding, the reliability or truthfulness of the information disseminated constitutes in itself conduct that pursues and reveals a defamatory purpose to the detriment of [Nombre6] [[Nombre3]], who emphatically denied in her testimony at trial that the events publicized by [Nombre12] were true—an aspect which, it bears repeating, the a quo court did not assess with the depth and rigor legally required. iii.- In connection with the foregoing, a comprehensive examination of the judgment reveals that the criminal court neither defines nor explains precisely how it reached the firm conclusion that the matter sub judice involved mere thoughts, ideas, or questions disseminated by the defendant [Nombre12], rather than a veiled affront to [[Nombre3]]’s right to honor (derecho al honor).

Thus, the a quo court did not assess whether the content and manner in which the unproven “facts” at issue were presented, under the appearance and assertion that they were true or accurate, and written in a way that could lead to the conclusion that [Nombre6] engaged in influence peddling or improper conduct to enrich herself through the exercise of public office, could constitute material capable, suitable, and sufficient to impair [Nombre6]’s right to honor. This occurred because the trial court analyzed the events underlying the private prosecution solely and exclusively on the basis of its ad hoc standard for determining the scope of protection of the right to honor that the a quo court deemed applicable to a person holding […], a standard which, as extensively explained throughout this decision, is not properly reasoned because it is inconsistent with the interpretation and application of the rules analyzed above governing the protection afforded to the right to honor as against the protection and exercise of freedom of expression in the case of persons exercising public office. iv.- The reasoning of a criminal judgment cannot rest on the definition of an ideology derived from what a court of ordinary criminal jurisdiction considers to be the position of “the majorities”; rather, it must be confined to the application and interpretation of the law, as well as consideration of binding case-law standards and those issued by higher judicial authorities which, without limiting the principle of judicial independence, are applicable to the specific case.

In this regard, it is appropriate to add that one cannot disregard the human nature of a person serving as a judge of the Republic, or that person’s relationship with the social environment, which entails holding a particular ideology that could indirectly carry some weight when interpreting and applying a legal rule. Nevertheless, it is unacceptable for a judicial decision to rest on a directly and manifestly ideological basis derived from a particular perception of social reality. In the present case, it is this latter circumstance that actually defines the scope of protection of the right to honor which the lower-court judges determined to apply to a person holding […], because they found that this legally protected interest (bien jurídico) can be impaired only when the affront is direct or when the commission of a crime is expressly imputed to the holder of such public office. As already stated, that assessment is not only unsupported but also disregards the principles established by the Sala Constitucional and the standards defined by the Sala Tercera and the Corte Interamericana de Derechos Humanos concerning the scope and limits of public officials’ right to honor as against the exercise of freedom of expression in a democratic State.

Those standards clearly establish that a greater degree of tolerance must indeed be recognized and exercised, while also emphasizing that excessive and abusive exercises of freedom of communication are not protected when, under the guise of exercising that fundamental right, they are actually intended to present false facts that are insulting and defamatory, with knowledge that such conduct may impair the public official’s right to honor. Far from safeguarding the continued existence of a democratic society, the foregoing instead harms it by violating the social component of the right to freedom of expression—namely, the right to receive relevant and adequate information for the proper formation of public opinion—and thereby undermining the proper conduct of public administration by allowing it to be affected by unjust attacks that harm the institutional order, governance, and credibility of those who wield public power.

This is especially sensitive and delicate in cases involving persons who exercise the Supreme Powers of the Republic. v.- The court conducts a fragmented analysis that does not encompass the entirety of the text alleged in the private prosecution to be defamatory. That approach is inconsistent with what the Sala Tercera has established as appropriate in this regard, as explained above, because each specific case requires consideration not only of the content of the disseminated information, but also of the manner in which it is disseminated—wording, vocabulary, placement of photographs, etc.—in order to determine whether the publication is capable of producing a defamatory result. Thus, analysis of the list of proven facts (elenco de hechos probados) in the judgment on the merits (cf. folios 323 and 324 of the principal case file) establishes that the judges deemed it proven that the publication at issue presented as true that [Nombre6] had acquired a property valued at two and a half million dollars and that she owned a wind-power generation enterprise.

On the basis of those assertions, the defendant [Nombre12] drew a comparison with the case of a person—a well-known soccer player—who was then under criminal investigation and of whom he stated that, by “reinventing the wheel” and after five days of study at INCAE, he became a millionaire who owned yachts and airplanes and lived a life of luxury. Likewise, the defendant expressly stated: “[…] I compare the Lady’s wealth with that of this player, whose entrepreneurship and business vision we applaud, that ease with which they pay millions of dollars, without us mortals finding an explanation in our everyday lives, where earning money takes an entire lifetime of effort and work (…) this instant wealth astonishes us, and we can find no logical explanations. Could it be that they read the Book of Secrets and discovered the shortcut to wealth? In any event, we congratulate [Nombre [Nombre10]], who is preparing to leave public office as a millionaire and the owner of material wealth that would take any ordinary citizen a lifetime to acquire, while for public officials and soccer players it seems to take only five days of kicking a ball […]” (cf. folio 324; transcription reproduced verbatim).

It follows from the foregoing that, in the present case, the content and manner of the publication disseminated by [Nombre12] must be analyzed comprehensively, rather than in the fragmented manner employed by the trial court, in order to determine whether it was disseminated as a pure exercise of the defendant’s right to freedom of expression, in an ironic, harsh, and annoying manner, or whether, on the contrary, the text published on [Nombre12]’s “Facebook” profile constituted an abusive and disproportionate exercise of that fundamental right. The a quo court did not conduct this analysis because it did not assess the content of the publication at issue as a whole and, moreover, because it analyzed the text in question solely on the premise that only direct affronts and the imputation of criminal acts, as the only possible meaning of a publication, can violate the right to honor of a person holding […].

In addition to the foregoing, the lower court found that [Nombre6] considered her honor to have been impaired based on subjective inferences she drew from the “material” published by [Nombre12], which the a quo court deemed not to be the only possible inferences that could be drawn from it—without providing further reasoning in this respect, as already noted—and relied on all of this in concluding that the facts underlying the private prosecution in the present case were not defamatory. Based on all the foregoing, it is concluded that the factual, intellectual, and legal analysis conducted in the judgment on the merits is inconsistent with the legal requirements established in Articles 39 and 41 of the Constitución Política and with Articles 1, 142, 184, and 363 of the Código Procesal Penal. This constitutes the defect of erroneous legal reasoning in the judgment alleged by the representative of [Nombre6] [[Nombre3]].

Accordingly, the appeal filed by attorney [Nombre5] is granted, and the challenged judgment is vacated in its entirety. The case is remanded to the court of origin so that, sitting with a different panel, it may issue the ruling required by law.

Por tanto:

The evidence offered at the oral hearing by the representative of the accused party is rejected. The appeal against the criminal judgment filed by counsel [Nombre5] is granted; consequently, the challenged judgment and the trial preceding it are annulled in their entirety, and a new trial is ordered before the same criminal court with a differently constituted panel, so that it may issue the ruling required by law. NOTICE SHALL BE GIVEN.- Edwin Esteban Jiménez González Mario Alberto Porras Villalta [Nombre4] Judges of the Criminal Judgment Appeals Court Case file: 13-000052-0016-PE (14) Defendant: [Nombre33].

Injured party: [[Nombre3]] Offense: Defamation Nombre22

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PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL Resolución: [Telf1] TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL . Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las dieciséis horas cinco minutos del trece de febrero de dos mil quince.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , fecha de nacimiento el 10 de enero de 1958, sexo hombre, situación sentimental casado con [Nombre2] , lugar de residencia San Antonio de Belén Costa Rica, ciudad de origen Zarcero, de empleo señala Facultad de Derecho de la Universidad de Nombre2042 y Baldí Hot Springs Resort & Spa, por el delito de DIFAMACIÓN, en perjuicio de [[Nombre3] ]. Intervienen en la decisión del recurso, el juez Edwin Esteban Jiménez González, y los co-jueces Mario Alberto Porras Villalta y [Nombre4] . Se apersonó en esta sede el licenciado [Nombre5] , en calidad de apoderado especial de la parte [Nombre6] y actora civil.

RESULTANDO:

I.Que mediante sentencia número 625-2014 , de las ocho horas treinta minutos, del veintiuno de julio de dos mil catorce, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 28, 29 y 41 de la Constitución Política; 1, 8 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; v y xviii de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1,13,y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, 30, 31, 145, 146, 147, 149 y 151 del Código Penal; 1 a 15, 34 a 41, 72 a 74, 141, 142, 143, 265 a 270, 360 a 368, 103 del Código Procesal Penal, normas vigentes sobre reparación civil del código penal de 1941, 1048 del Código Civil; 221 a 234 del Código Procesal Civil, por unanimidad de los votos emitidos, se resuelve: Se absuelve a [Nombre7] de un delito de DIFAMACION en perjuicio de [[Nombre3] ]. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por [[Nombre3] ] CONTRA [Nombre8] . Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Son los gastos del proceso a Nombre01 del estado.- (sic.,)"

II.Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de apelación el licenciado [Nombre5] , en calidad de apoderado especial de la parte [Nombre6] y actora civil.

III.Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes

Redacta el Juez de apelación de sentencia penal [Nombre9] ; y,

CONSIDERANDO:

I.En el trámite del presente recurso de apelación de sentencia penal se llevó a cabo una audiencia oral, sea a las 9:30 horas del 6 de noviembre de 2014. El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José estuvo integrado por la jueza [Nombre4] , y por los jueces Edwin Esteban Jiménez González y Mario Alberto Porras Villalta. En la realización de la misma, la [Nombre6] y actora civil [Nombre443 [Nombre10]] estuvo representada por el licenciado [Nombre5] , y el querellado y demandado civil, [Nombre11] [Nombre12] , se representó por el doctor [Nombre13] . Tales profesionales en derecho expusieron de manera oral los argumentos que estimaron pertinentes para la defensa de los intereses de su representada y representado (cfr. folio 452). Asimismo, en dicho acto procesal se ofrecieron como prueba varios documentos por parte del doctor [Nombre14] , sean éstos los visibles de folio 453 a 461 del sumario, siendo que la decisión en torno a tal ofrecimiento se difirió para el dictado de la presente resolución. Las actuaciones específicas realizadas en la audiencia se registraron digitalmente, y son apreciadas por esta cámara de alzada para la resolución del presente recurso de apelación de sentencia penal.

II.- a) Mediante escrito presentado en fecha 13 de agosto de 2014, el licenciado [Nombre5] (cfr. folios 379 a 416), en calidad de apoderado especial de la [Nombre6] y actora civil, [[Nombre3] ], interpone recurso de apelación en contra de la sentencia N° 625-2014 dictada por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, a las 8:30 horas del 21 de julio de 2014, en razón de que en la misma se absolvió de toda pena y responsabilidad a [Nombre7] por el delito de difamación que se querelló en su contra como cometido en daño de [[Nombre3] ], así como se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en el presente proceso penal. Fundamenta su impugnación en el contenido normativo del artículo 8.2h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Nombre02 como en lo estipulado en los numerales 448 y 458 a 466 del Código Procesal Penal. Del estudio del sumario se colige que dicho recurso se presentó en tiempo, conforme al plazo de ley, y de acuerdo a los presupuestos que se requieren para que la impugnación posibilite el adecuado y correcto conocimiento de las inconformidades planteadas por el recurrente en orden al examen integral de la sentencia impugnada, tal y como lo establece el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se dispone en los artículos 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal. b) En libelo visible de folios 421 a 437 del legajo principal, el doctor [Nombre13] en su calidad de representante de la parte querellada y demandada civil, contestó la audiencia que se le confirió en cuanto al recurso de apelación de sentencia penal incoado por el licenciado [Nombre5] .

En dicho escrito, el abogado [Nombre14] lleva a cabo la exposición de los argumentos con base en los que sustenta su petición de que se declare sin lugar la impugnación planteada en el subjudice, los que se aprecian a efecto de dictar el presente pronunciamiento.

III.En cuanto a la prueba ofrecida por el doctor [Nombre13] en la audiencia oral realizada en el trámite del presente recurso de apelación. En la audiencia oral realizada en el trámite del presente asunto, el doctor [Nombre14] ofreció la siguiente prueba: i.- fotocopia certificada de la versión digital de una revista en la que se hace mención a la [Nombre6] y actora civil [[Nombre3] ] (folios 453 y 454); ii.- Seis fotocopias certificadas obtenidas de la dirección electrónica http//es.wikipedia.org/wiki/Forbes (folios 455 a 461). Se procede a resolver la petición y ofrecimiento de prueba que planteó el representante de la parte querellada y demandada civil, para lo cual deben considerarse los siguientes aspectos: a.- En la ley penal adjetiva que regula la fase de apelación de sentencia penal, no se contempla norma alguna que establezca la posibilidad de ofrecer, ni que sea procedente, aceptar prueba para mejor resolver o prueba nueva de forma absoluta e ilimitada en alzada, tal y como se puede dar en otras etapas del proceso penal. b.- La actividad probatoria en fase de apelación de sentencia penal está directamente vinculada a la tutela efectiva del derecho de recurrir del fallo penal, por lo que el legislador estableció que la prueba que se puede acoger en el trámite de una impugnación de dicha especie, Nombre03 definirse en orden a garantizar el examen integral del fallo por parte del órgano jurisdiccional de alzada.

Lo anterior, por cuanto lo que se procura con dicho medio impugnativo es el amplio control y el examen comprensivo del fallo recurrido, Nombre02 como del juicio que le precedió, de modo que la actividad probatoria en apelación Nombre03 desarrollarse de manera cautelosa y en estricto apego a los alcances propios del derecho al recurso, a efecto de no desnaturalizar ni desconocer la importancia y relevancia jurídico-procesal del juicio oral y público. De ahí que la fase de apelación, con respecto al ofrecimiento y aceptación de prueba, Nombre03 ser afín y respetuosa del esquema de juicio oral y público de instancia única que rige en nuestro sistema procesal penal. Por lo anterior, lo que corresponde apreciar en cada caso es si la prueba ofrecida y aceptada es útil y pertinente para revisar y controlar de manera amplia e integral la sentencia penal dictada por el tribunal penal, Nombre02 como del juicio que le antecedió. d.- Es en virtud de lo anterior que en el artículo 464 del Código Procesal Penal, cuya normativa regula la actividad probatoria en fase de apelación, se establece que lo que procede en dicha sede procesal es el examen de los registros del debate y, excepcionalmente, la reproducción de algún medio probatorio en virtud de las debilidades de los registros o, en su caso, la recepción de prueba nueva que sea útil y pertinente para la solución del recurso en orden al examen integral del fallo.

Bajo tales criterios, el legislador reguló que es procedente prueba nueva en fase de apelación, sólo en los siguientes supuestos: i.- la prueba ofrecida en su oportunidad pero que haya sido arbitrariamente rechazada; ii.- la prueba que aparezca como novedosa con posterioridad a la sentencia y; iii.- aquella prueba que, aunque existiendo previamente, no estuvo en posibilidad efectiva de ser ofrecida por el interesado en su momento. e.- De igual forma, en aras de garantizar que el tribunal de alzada dispusiera de un instrumento jurídico-procesal adecuado y suficiente para lograr el examen integral del fallo, como producto del recurso de apelación de sentencia, el legislador estableció en el artículo 462 párrafo 3) del Código Procesal Penal que el tribunal puede ordenar traer de oficio prueba que estime necesaria, útil y pertinente para la comprobación de los agravios acusados. Nombre02 las cosas, se concluye que la documentación antes descrita no se engloba en los presupuestos de prueba nueva regulados para el trámite y resolución del recurso de apelación de sentencia penal, Nombre02 como tampoco tales probanzas son útiles y pertinentes para resolver los aspectos discutidos en el subjudice, ya que la información que se desprende de las impresiones supra descritas tiene que ver con ámbitos de la vida personal de la [Nombre6] y actora civil [[Nombre3] ] que no están vinculados en modo alguno con los hechos que son objeto de controversia en el sub litem. Por lo anterior, se rechaza la prueba ofrecida por el doctor [Nombre14] en la audiencia oral realizada en la presente causa.

IV.En virtud de la relación existente entre los tres motivos del recurso de apelación interpuesto por el licenciado [Nombre5] , los mismos se analizan y se resuelven de modo conjunto conforme de seguido se expone. PRIMER MOTIVO: El licenciado [Nombre15] alega falta de fundamentación respecto de la teoría elaborada por el tribunal de juicio sobre la aplicación del delito difamación cuando el afectado es un [...], según la cual, sólo se da tal ilicitud cuando las afirmaciones sean directas, expresas, inequívocas e injuriosas. Señala que el punto objeto de reclamo es esencial para la solución del caso, ya que los juzgadores de instancia elaboraron, oficiosamente, una teoría sobre la aplicación del delito de difamación para el caso específico en que la víctima de la acción delictiva sea un [...]. En tal sentido, aduce que el a quo exige que las expresiones sean “expresamente” injuriosas, con lo cual se violenta el contenido normativo del artículo 142 del Código Procesal Penal, ya que tal afirmación no se sustenta en una fundamentación clara y precisa, Nombre02 como tampoco respeta la estricta aplicación de las reglas de la sana crítica sobre elementos probatorios de valor decisivo, todo lo cual implica a su vez, la violación del artículo 363 de dicho cuerpo procesal.

Señala el recurrente que a partir del argumento antes expuesto, los juzgadores llevaron a cabo la segmentación de cada uno de los párrafos de la publicación que considera difamatoria, siendo que de esta forma concluyen que “[…] en cuanto a la afirmación sobre que la [Nombre [Nombre10]] adquirió una finca por la suma de dos millones y medio de dólares, no contiene ninguna ofensa, ni la atribución inequívoca de un delito. Señalan los jueces que esa frase no señala expresamente que la adquisición sea producto de la comisión de un delito. Aquí los jueces indican que es una opinión particular de la perjudicada afirmar que se lesionó su honor porque con sus ingresos no podía comprar una propiedad de ese valor. Insisten los jueces en que el querellado no dice expresamente que la compra fue producto de un delito. Afirman los jueces que esa es tan solo una posibilidad y acto seguido, sin indicar en qué consisten ni de dónde lo extraen, se señala en el fallo que concurre multiplicidad de inferencias.

Posteriormente señalan que entre otras hipótesis como la adquisición por fuentes lícitas como herencia, donación o lotería. Siguiendo con el análisis que hacen los jueces del texto querellado como difamatorio, en lo que se refiere a la afirmación del imputado en cuanto a que la [Nombre [Nombre10]] es dueña de una empresa de generación eólica, tampoco hay una frase que lesione el honor. Dicen los redactores del fallo que se trata nuevamente de una apreciación del [Nombre6], sin antes haber ponderado la declaración de la [Nombre6] y la del imputado. En igual sentido determinan que no hubo afectación directa al honor en cuanto al denunciado enriquecimiento ilegal y sobrevenido al final del mandato en el patrimonio de la [Nombre6] […]” (cfr. folios 381 y 382). Al respecto, el recurrente acusa que los juzgadores no consideraron ni dieron valor alguno, en el fundamento de su decisión, a la falsedad de las imputaciones, defecto lógico sobre el que indica que plantea un reparo independiente.

Además, señala que es claro que el a quo hace una lectura de cada hecho sobre la base de la teoría que elaboró en el fallo, descartando que la publicación de marras se trate de una ofensa directa en contra de su representada. Indica que en la sentencia de mérito se invoca la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso [Nombre16] vs. [Nombre17] en cuanto al margen de tolerancia que le corresponde al [...], sin embargo, alega que el a quo no llevó a cabo mayor consideración en cuanto a lo que argumentó en el debate con respecto los alcances de ese umbral de tolerancia. En tal sentido, indica que en el fallo se estableció que, quien ocupe dicho Nombre01 público, sólo podrá accionar penalmente cuando se le haya imputado una ofensa directa, afirmación que carece de fundamento. Agrega que tampoco se sustentó el Nombre04 de que la figura del [...] Nombre05 obligada a soportar todas la denuncias públicas, las críticas y las quejas que se presenten en contra de su gestión, siendo que el a quo no expuso cuáles fueron las consideraciones que tomó en cuenta para establecer una diferencia entre la tutela del derecho al honor de las personas comunes con respecto a quien ostenta el Nombre01 público antes referido.

Concluye el impugnante que la postura de exigir una ofensa directa para que un [...] Nombre06 acceder a la tutela penal de su derecho al honor, es meramente una opinión subjetiva que no tiene referente dogmático o jurisprudencial alguno, a lo que Nombre03 sumarse que tal Nombre04 esbozado por el a quo carece del razonamiento lógico y suficiente. En tal sentido el recurrente acusa que el tribunal penal en su fallo, hace referencia al pronunciamiento dictado en el caso [Nombre18] vs. Nombre2042 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, omite especificar que la cita que reproduce corresponde al voto concurrente del juez [Nombre19] , el que no equivale al Nombre04 del voto de mayoría de dicho órgano jurisdiccional. Añade que en la sentencia de marras se citan los párrafos 127, 128 y 129 de la resolución de la Corte Interamericana de referencia, siendo que de su contenido no se colige el requisito de ofensa directa para tutelar el derecho al honor de un [...], criterio que califica de arbitrario “[…] no solo porque en su respaldo no refiere argumentaciones autónomas ni suficientes que la validen, sino porque, en cuanto a sus efectos, el razonamiento insustantivado del Tribunal de Instancia, produce un vaciamiento del contenido y la tutela del honor del [...].

Esto reviste especial importancia en el caso concreto porque los jueces omiten, además, pronunciamiento sobre la falsedad o no de las imputaciones que realiza el querellado [Nombre20] a la perjudicada [Nombre [Nombre10]], cuando entonces ostentaba el Nombre01 de […] […]” (Nombre07. folios 383 y 384). Solicita que se declare con lugar el presente motivo de apelación, se anule la sentencia y el debate que le precedió, y reponer ambos ante una integración diferente del tribunal de mérito. SEGUNDO MOTIVO. El recurrente alega la falta de fundamentación de la sentencia con respecto a los argumentos que permiten excluir, en el caso concreto, la concurrencia del ejercicio del derecho a la crítica. Esto por cuanto considera que el querellado [Nombre12] se basó en la afirmación de falsedades que decidió publicar. Acusa falta de fundamentación, por haber considerado el a quo que en la especie el querellado actuó en el ejercicio de un derecho a la crítica, sin tomar en cuenta ni descartar los alegatos planteados en tal sentido por la parte [Nombre6] y actora civil en el juicio, argumentos según los cuales se establece que en este caso no existió tal derecho a la crítica, toda vez que el justiciable actuó con pleno conocimiento de la falsedad de la especie que difundió.

Agrega que el tribunal de instancia ignoró sendas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Sala Constitucional y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, Nombre02 como de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal costarricenses, cuyo contenido excluye el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la crítica de funcionarios públicos, cuando la misma se sustenta en afirmaciones que son falsas, con lo cual se vulnera la normativa del artículo 142 en relación con la dispuesta en el artículo 184, ambos del Código Procesal Penal, en cuanto al deber de fundamentación de la sentencia. El licenciado [Nombre15] establece que, uno de los argumentos centrales sobre los cuales gravitó la “Teoría del Caso” de la parte [Nombre6] y actora civil, consistió en exponer al tribunal de juicio las razones por las que en la especie no concurren los presupuestos que justifican la aplicación de la figura del ejercicio legítimo de un derecho, lo cual destaca que expuso desde el inicio del contradictorio, con el fin de que el a quo prestara atención a tal aspecto, argumento que, señala, de igual forma reiteró y desarrolló con amplitud en la fase de conclusiones del debate.

Al respecto, el impugnante señala que en el contradictorio alegó que en el subjudice hubo un exceso en los márgenes de la libertad de expresión por parte del querellado [Nombre12] , en virtud de haber proferido y propalado una serie de falsedades, lo cual excluye la procedencia del ejercicio del derecho a la crítica de un funcionario público. No obstante lo anterior, en el texto del fallo no se emitió Nombre04 alguno en cuanto a las tesis defendidas por la parte [Nombre6], con lo cual se generó indefensión y se quebrantó el deber del tribunal de juicio de resolver todos los aspectos alegados en el contradictorio, lo cual, alega, que quebranta los preceptos establecidos en tal sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia que dictó en el caso [Nombre21] y otros el 5 de agosto de 2008. Concretamente, el licenciado [Nombre5] señala que en las conclusiones del juicio argumentó que el relato del querellado [Nombre12] no era creíble, ya que él mismo reconoció que sus aseveraciones divulgadas en su perfil de “Facebook” eran falsas, Nombre08 manifestó que no las había verificado antes de llevar a cabo su difusión indiscriminada.

Señala que los reclamos que en cuanto al punto objeto de análisis expuso en el debate, sólo podrían ser conocidos por quien fue al juicio, puesto que quien solamente lee la sentencia no encontrará referencia alguna a los argumentos que planteó para descartar la existencia del ejercicio legítimo de un derecho por parte del querellado, todo lo cual se omitió apreciar, indebidamente, en el fallo impugnado, con lo cual se conculcó el derecho a ser oído y obtener una respuesta judicial oportuna por la inobservancia del deber de motivar la sentencia penal en el presente caso. Alega que el tema esencial que se omitió valorar por el tribunal de instancia fue que en la especie no existió un derecho a criticar a la [CED1 ], ya que el comentario divulgado se refirió a hechos falsos, lo cual ningún funcionario público está obligado a tolerar, ni siquiera quien ocupe la más alta representación del Estado, como lo fue en este caso la [Nombre6] y actora civil [Nombre443 [Nombre10]].

Señala que en el debate se establecieron las razones por las que la [Nombre6] postuló ante los jueces de mérito que en el caso particular no se ejerció el derecho a la crítica, sino que lo que se dio fue una afirmación irresponsable de falsedades, lo cual considera que se omitió valorar en lo absoluto en el fallo objeto de recurso. Agrega que en “[…] la exposición conclusiva también se argumentó que doña [Nombre443 [Nombre10]] indicó que la publicación contenía hechos falsos, que se divulgó desde la página de Facebook del imputado [Nombre22] , y trascendió fuera de esa comunidad virtual, al punto de que llegó a ser increpada por la diputada presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, quien requirió explicaciones sobre el texto divulgado, siendo su respuesta que se trataba de falsedades sobre las que tomarían las acciones legales pertinentes […]” (cfr. folio 393).

Por otra parte, el abogado recurrente señala que en el juicio le expuso al tribunal penal que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece criterios de legalidad, necesidad e idoneidad para delimitar la tutela del honor Nombre09 a la libertad de expresión, siendo que tal órgano jurisdiccional ha estipulado que no procede la protección de esta última, cuando lo que se afirma son falsedades, Nombre02 como ha establecido que la libertad de expresión tiene límites y cuando se transgreden, puede exigirse responsabilidad por el ejercicio abusivo de tal prerrogativa. Al respecto, el impugnante alega que en el fallo de mérito los juzgadores de instancia no analizaron si a la luz de los precedentes “interamericanos”, en el caso concreto el imputado [Nombre7] incurrió en falsedades a pesar de ser un extremo ampliamente debatido en el contradictorio, Nombre02 como dejó de lado considerar el precedente jurisprudencial N° 1050-2002 de la Sala de Casación Penal, en el que se establece que el abuso de un derecho excluye la legitimidad del uso de la libertad de expresión.

Indica que el a quo no razonó con respecto a los argumentos de la querella previamente apuntados, Nombre02 como llevó a cabo una cita parcial de la resolución N° [Telf2] de la Sala Constitucional, siendo que la utilizó en lo que le convenía para su elaborada posición, pero dejó de lado el valorar los aspectos que se engloban al final de la cita de dicho pronunciamiento, segmento de la tal resolución en el que se hace referencia a que las falsedades, rumores o insidias que carecen de veracidad, no son parte del ejercicio de la libertad de expresión. Señala el licenciado [Nombre15] que “[…] Resulta inaudito que el Tribunal señalara que el objeto del juicio no era si al final de su mandato la señora [Nombre10 [Nombre10]] había adquirido la finca o si tuviera alguna participación en empresas de generación eólica (cfr. folio 365). Esto es absurdo porque precisamente lo que se indicaba en la querella es que por ser falso el contenido de la publicación, no existía un derecho a diseminar indiscriminadamente una falsedad.

Ahora bien, de la lectura integral de la sentencia se deduce que el Tribunal ASUME que el justiciable ejerció ese derecho, pero no puede interpretarse que a contrario sensu, que al haber resuelto de esta forma, inmediatamente excluye cualquier otra interpretación, como la que se propuso en juicio de parte del [Nombre6] y actor civil (…) Como complemento decisivo para el agravio Nombre03 considerarse que era imprescindible que el Tribunal esclareciera si estaba o no ante un texto en que se afirmaban o no falsedades. En lugar de resolver esta cuestión, los jueces optan por una única interpretación del texto, sin tomar en cuenta que la ofendida negó categóricamente cada una de las afirmaciones ahí vertidas y las calificó como falsas (falta de fundamentación de su declaración), y que el propio imputado insistió en su deposición que no tomó ninguna medida para verificar la fuente del texto, que lo asumió y lo divulgó sin constatar si era verdadero o no, e insistió en el juicio en que la señora [Nombre10 [Nombre10]] era corrupta […]” (cfr. folios 403 y 404).

Concluye el impugnante, que la seriedad del agravio que plantea se constata al incluir hipotéticamente sus argumentos expuestos en el juicio que se dejaron de valorar en la sentencia, ya que de haberse analizado tales aspectos, estima que el a quo se hubiera visto obligado a establecer que la acción del justiciable era típica de un delito de difamación, Nombre02 como que no procedía la aplicación de la causa de justificación del ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión. Solicita que se declare con lugar el presente motivo, se anule la sentencia y el debate que le precedió, y se ordene la reposición de ambos. TERCER MOTIVO. El licenciado [Nombre5] reclama que la sentencia carece de fundamentación por cuanto el tribunal de juicio utilizó en su razonamiento precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no son aplicables y carecen de relación con los hechos querellados en contra del imputado [Nombre7] , lo cual contraviene la normativa establecida en el artículo 41 de la Constitución Política, Nombre02 como lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 142 del Código Procesal Penal.

Argumenta que “[…] la tesis central del tribunal sentenciador residió en argumentar que tratándose de funcionarios públicos, con mayor acento aquellos que fueron electos a través del voto popular, como ocurre en el caso de la [Nombre6], Nombre03 exhibirse un mayor umbral de tolerancia a las críticas y cuestionamientos de los ciudadanos. Es este razonamiento el que sirve a los jueces de instancia para concluir luego que las afirmaciones vertidas por el acusado, mediante una red social, debieron ser soportadas por mi representada. Sin embargo, el a quo se apoyó en dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que por cierto, no es un tribunal continental como con imprecisión afirman los jueces, sino regional- cuyos supuestos fácticos difieren sustancialmente del caso planteado por la señora [Nombre [Nombre10]]. En las sentencias referidas por el órgano de mérito aunque se analizaron los alcances de la libertad de expresión y su colisión con otros derechos fundamentales, los hechos respondían a situaciones muy distintas a las sometidas al conocimiento de las autoridades judiciales en este proceso.

De allí que la doctrina que se incorporó al fallo impugnado resultaba inaplicable lo que lo convierte en un voto claramente infundado […]” (cfr. folios 406 y 407). En su argumentación, el recurrente lleva a cabo un resumen y exposición del contenido de la resolución del caso [Nombre16] vs. [Nombre17] dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de mayo de 2008. Al respecto, señala que la diferencia crucial de dicho caso con el de la [Nombre6] y actora civil [Nombre10 [Nombre10]], radica en que lo que se dio en aquel fue una valoración u opinión sobre el trabajo de un juez, no una imputación de una conducta ilícita o al menos éticamente sospechosa, tal y como sucedió en contra de su representada. Señala el impugnante que en “[…] relación con doña [Nombre [Nombre10]], no se hizo una valoración ni se compartió una opinión crítica sobre su condición, entonces, de jefa de Estado.

Lo que se hizo fue atribuirle una conducta ilícita o éticamente reprochable. La conclusión que se deriva del voto bajo estudio es que un funcionario público tiene la obligación, como parte del debate de una sociedad democrática, de recibir ataques y valoraciones negativas y severas. Sin embargo, esa rigurosidad en el examen del desempeño de un Nombre01 del Estado, sobre todo de un alto Nombre01 como el que ejerció la señora [Nombre10 [Nombre10]], no cubre la imputación de hechos falsos, delictivos o inmorales. Este aspecto. Que no se incluyó en la sentencia de la Corte, fue marginado por los jueces de instancia penal para aseverar que las manifestaciones del endilgado se ajustaban a lo fijado por el tribunal regional cuando claramente no es Nombre02 […]” (cfr. folio 409). Por otra parte, el licenciado [Nombre15] lleva a cabo una exposición y resumen de la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de julio de 2004 en el caso [Nombre18] vs. Costa Rica.

Señala que dicho proceso seguido en contra de nuestro país, tiene diferencias notables con la causa penal tramitada en contra de [Nombre7] , lo que determina que exista un vicio de falta de fundamentación de la sentencia. Al respecto, el impugnante alega que “[…] la Corte regional concluyó que no se había cometido ningún delito porque el periodista a quien, como quiera, le asiste un interés público de informar solo reprodujo informaciones que se estaban generando en medios europeos. Quizás el punto crucial es que ambos procesos regionales, que al tiempo que los acerca entre ellos los aleja de los supuestos de hecho de la causa contra [Nombre12] , giran en torno a unas manifestaciones o unas publicaciones dirigidas contra actos de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. En la especie no se hicieron juicios de valor no se publicó información que proviniera de fuente alguna sobre la [[Nombre3] ].

Lo que se hizo fueron unas manifestaciones que cuestionaban, a partir de una conducta supuestamente desplegada por la querellada, su integridad moral […]” (cfr. folios 411 y 412). El recurrente cita en su argumento el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictado el 15 de marzo de 2011 en el caso de [Nombre23] contra España. En tal sentido señala que lo más relevante de dicho precedente, con respecto al caso que se juzga en la especie, es que “[…] los jueces europeos establecieron una línea de examen al valorar lo expresado por [Nombre23] . De acuerdo con el Tribunal de Derechos Humanos, lo indicado por el dirigente vasco no atacaban la vida personal del jede de Estado ni su honor: “…las declaraciones en litigio no cuestionan la vida privada del rey o su honor personal (…) no implicaban un ataque personal gratuito contra su persona [….]” (cfr. folio 413. La transcripción es literal).

Así, alega que en el caso del imputado [Nombre12] sí se dio un cuestionamiento al honor personal de la [Nombre6] o lo que es lo mismo en los términos que lo define el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, un ataque gratuito contra su persona. Esto, por cuanto se publicó a través de una red social una serie de afirmaciones sobre el sorpresivo e inexplicable enriquecimiento de la [[Nombre3] ], todo mientras ejercía dicho cargo. Por lo anterior, el recurrente considera que tal cuadro fáctico difiere de lo analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los dos votos apreciados por los juzgadores de instancia en la sentencia de mérito. Añade que no se compartió información sobre alguna investigación que se estuviera realizando en contra de su representada, no se llevó a cabo valoración alguna de su gestión, siendo que lo que se hizo fue el atribuirle una conducta específica, a lo que Nombre03 sumarse que conforme a la experiencia común no es pensable que una persona que se ha dedicado a la función pública como la [Nombre6] y actora civil [[Nombre3] ], tuviera la capacidad económica para obtener lícitamente una propiedad como la que [Nombre12] aseguró que poseía su patrocinada.

Los sueldos de los funcionarios públicos “[…] no permitían bajo ningún concepto alcanzar una “vida millonaria” según las palabras del acusado; de allí que la afirmación del señor [Nombre12] da cuenta de un enriquecimiento ilícito de parte de quien durante casi dos décadas fue funcionaria pública […]” (cfr. folio 414). Señala que en el subjudice lo que se trató fue de un empresario que publicó informaciones falsas e injuriosas contra su representada, lo cual dista rotundamente de la discusión en torno al derecho a la libertad de expresión que se resolvió en los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indebidamente apreció el a quo en la sentencia de mérito. El recurrente plantea la siguiente interrogante en su alegato: “[…] ¿Por qué razón unas afirmaciones lesivas del honor, sugerir que un […] Nombre11 enriqueció durante su mandato, constituían el ejercicio de la libertad de expresión?

Era la pregunta que el a quo debió responderse. Esa respuesta no se plasmó en la sentencia impugnada […]” (cfr. folio 415). Acusa que el agravio consiste en que para dictar la sentencia absolutoria a favor del querellado [Nombre12] , el tribunal de mérito invocó y valoró resoluciones del sistema interamericano de derechos humanos que no guardan relación fáctica con los hechos objeto de litigio, lo que implica el quebranto del principio de derivación y razón suficiente y en consecuencia la falta de fundamentación de la sentencia. Los reclamos son procedentes. Del examen integral del fallo, Nombre02 como de los alegatos planteados por el licenciado [Nombre5] , se establece que los cuestionamientos incoados en contra de la sentencia absolutoria dictada a favor del imputado [Nombre7] , son procedentes. Esto, por cuanto el fallo de mérito no se fundamentó conforme legalmente procede y lo exigen los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, Nombre02 como los numerales 1, 142, 180, 181 y 363 del Código Procesal Penal.

El amplio estudio del fundamento descriptivo, fáctico, intelectivo y jurídico de la sentencia de mérito, lleva a la conclusión de que el a quo no sustentó conforme a la estricta aplicación de las reglas de la sana crítica, ni conforme a la debida aplicación de las normas penales jurídicamente relevantes para la solución del presente caso, su decisión de absolver al justiciable [Nombre7] de toda pena y responsabilidad por el delito de difamación que se querelló en su contra. Tal conclusión se afinca en tres ejes esenciales de razonamiento jurídico, los que de seguido se exponen. A.- Análisis de los principales contenidos y fundamentos de la sentencia impugnada. A efecto de tener claridad en cuanto a los alcances del fallo de mérito, es menester puntualizar y analizar los aspectos de mayor importancia con base en los que los juzgadores de instancia absolvieron al querellado [Nombre12] . Así se tiene lo siguiente: i.- El tribunal penal establece que, a partir de la sentencia objeto de impugnación, se erige un línea jurisprudencial novedosa –tal y como lo alega el recurrente-, la cual regulará la relación de quien ostente el Nombre01 de [...] frente a los ciudadanos, en lo que atañe al límite entre el derecho al honor y la libertad de expresión. ii.- El a quo indica que con el fin de “educar” a la población en cuanto al uso y el abuso de las redes sociales –principalmente “Facebook”- definirá la naturaleza jurídica de dicho tipo de redes.

En tal sentido los juzgadores de instancia señalan que “Facebook”, y las redes sociales en general, son medios de comunicación iguales a cualquiera otro de los ya conocidos, ya que desde el momento en que terceros tienen acceso a la cuenta o perfil de una persona determinada, lo que se publica se difunde y está al alcance de varias personas. Así, concluyen que es claro que las personas no pueden publicar cualquier manifestación a través de tal canal de comunicación, Nombre08 las redes sociales no están excluidas de la regulación dispuesta en nuestro ordenamiento jurídico, de modo que quien abuse de su libertad de expresión por dicha vía se expone a una sanción penal, siendo que si insulta u ofende a otro, o en su caso atribuye falsamente la comisión de un delito, la persona puede ser perseguida penalmente por los delitos de injurias, calumnias o difamación. iii.- El tribunal de instancia señala que el análisis de la conducta querellada en contra de [Nombre12] , a efecto de definir si abusó o no de su libertad de expresión en detrimento del honor de la [[Nombre3] ], trasciende las barreras del Derecho Penal, ya que la discusión Nombre03 realizarse en el campo del Derecho Constitucional.

Por lo anterior, los juzgadores de instancia consideran que Nombre03 valorarse en primer término el principio de igualdad, según el cual todas las personas son iguales ante la ley, siendo necesario apreciar en todo caso que la igualdad de trato Nombre03 darse a quienes ostentan la misma condición, posición o situación. A contrario sensu, si hay personas que no están en una similar condición, posición o situación, no se les puede dar el mismo tratamiento. En el fallo se establece que los puntos antes expuestos son fundamentales para la correcta solución del caso, ya que la [Nombre6] [[Nombre3] ] era la […] para el momento de los hechos de marras, condición distinta a la del resto de las personas, y fue en esa condición que [Nombre12] hizo referencia a la [Nombre6] en su perfil de “Facebook”. En razón de lo expuesto, el a quo consideró en el fallo que, para determinar los alcances del derecho al honor de [[Nombre3] ], debe tomarse en cuenta la investidura […] que en aquel momento ostentaba la [Nombre6], ya que estima que por tal motivo el contenido de su honor no es el mismo que el del resto de los funcionarios públicos, Nombre02 como tampoco del de los otros costarricenses.

En tal sentido, el tribunal penal indica que todos los funcionarios públicos están más expuestos a la crítica por el hecho de haber asumido voluntariamente un Nombre01 de tal naturaleza, de modo que al estar de acuerdo a una mayor exposición inherente al puesto, también deben aceptar mayores críticas respecto de las que les corresponde tolerar a quienes no ejercen la función pública. Al respecto, los juzgadores de instancia citan un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictado el 2 de mayo de 2008 en el caso [Nombre16] vs [Nombre17], en el que, según su apreciación, dicha Corte Interamericana consideró que “[…] las actividades de los servidores públicos públicos salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral (…) se asienta en el interés público de las actividades que realiza […]” (cfr. folio 346 del principal). En tal sentido, el quo concluye lo siguiente: “[…] Nótese que el máximo órgano continental de los derechos humanos, establece que en América los funcionarios públicos están más expuestos a la crítica, que ello es inherente al Nombre01 que voluntariamente aceptaron, y que las actividades que realizan son de interés público.

Ahora bien, Nombre03 notarse que estas afirmaciones de la Corte Interamericana, han sido producidas en el marco de casos donde están involucrados servidores públicos de alto rango, pero no del máximo rango como lo es en esta querella, la […]. Está claro que el Nombre01 público de mayor jerarquía en nuestro país es la […], se trata de un puesto de elección popular, implica la jerarquía del Poder Ejecutivo, quien ostente este Nombre01 ejerce la representación nacional e internacional del Estado costarricense, y es la persona que dirige las principales instituciones del gobierno central, dentro de las que se incluyen por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda-. Estas valoraciones son importantes porque si afirmamos con la Corte Interamericana “…que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público.” (Caso [Nombre24] vs. [Nombre17], ídem), aún mayor es la exposición del máximo jerarca de la función pública y correlativamente, aún mayor Nombre03 ser la crítica pública.

Nótese que el Tribunal está interpretando conforme al principio de proporcionalidad la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana, Nombre08 si al funcionario público es inherente una mayor crítica y exposición que a las personas que no ejercen una función pública, la gradualidad inherente a una valoración judicial justa, proporcional y razonable, determina que dentro de la categoría “funcionario público”, el nivel de tolerancia a la crítica Nombre03 ser mayor conforme a la jerarquía del funcionario. Es decir, si la premisa número uno dicta que un funcionario público Nombre03 tolerar más críticas respecto de quienes no son funcionarios públicos, como premisa número dos puede afirmarse dentro de la categoría “servidor público”, será mayor el nivel de tolerancia conforme también sea mayor la jerarquía del funcionario. Esta premisa se justifica por las siguientes razones. No es lo mismo un servidor público nombrado por los procedimientos administrativos usuales -régimen de– servicio civil por ejemplo- respecto de un servidor público nombrado en elecciones nacionales; éste último servidor tiene un mandato directo del Soberano y tiene un Nombre01 de mayor responsabilidad; tampoco es lo mismo un servidor público que no toma decisiones, respecto de un servidor que sí toma decisiones; no es lo mismo un servidor público que dirige o preside una institución pública, respecto de un servidor público que trabaja en la misma institución pero en un puesto de menor jerarquía.

Por lo tanto, el tribunal no puede dejar de lado la investidura de la parte [Nombre6], Nombre08 para la fecha en que ocurrieron los hechos la señora [Nombre10 [Nombre10]] era la […], por lo tanto, si bien era funcionaria pública como miles de personas más, ejercía el Nombre01 de mayor jerarquía en el sector público, ostentaba la representación del Estado costarricense, tenía la dirección de las políticas de todas las instituciones públicas bajo su mandato y, por lo tanto, estaba en una condición especial que el Tribunal no puede desconocer. La aspiración a la justicia nos obliga a valorar cada caso de acuerdo a sus propias características, Nombre08 solo Nombre02 puede tomarse una decisión equitativa que responda verdaderamente a la valoración de los hechos, de las pruebas y de las condiciones personales de los litigantes; esta es la justicia proporcional y ajustada; lo contrario sería justicia genérica, impersonal y por tanto, no sería justicia.

En esta línea, el Tribunal se enfrenta a la decisión de fijar el contenido del derecho al honor de quien ostente el Nombre01 de [...], Nombre09 a la libertad de expresión de los ciudadanos [...]” (cfr. folios 346 a 349. La transcripción es literal). iv.- En su razonamiento de fondo, el a quo transcribe el contenido de la publicación realizada en el perfil de “Facebook” de [Nombre7] , sea: “[…] “[…] MILLONARIA” “... Estoy de visita en la Península de Nicoya, y en estas paradisiacas playas pregunto por una finca hermosa. Me responde el lugareño que la adquirió nuestra […] Nombre12 dos millones y medio de dólares...”. Conversando con unos empresarios sobre la adquisición millonaria de la […], me dicen que la cosa no termina ahí, sino que es dueña de generación eólica —esa que se hace con el viento-, Nombre02 que tenemos a una […] Nombre13 terminando su mandato se nos ha convertido en toda una empresaria...”.

“ Me recuerda el caso de la “cenicienta” pero esta era una historia ficticia salida de un cuento, entonces viene a mi memoria el caso de [Nombre [Nombre25]] que en cinco días de estudio descubrió en el INCAE el agua tibia y se hizo millonario poseedor de yates, aviones, vida de lujo y buen vestir. De Hatillo a Valle del Sol en un instante solo con tocar la bola. Ahora el brinco es de Desamparados a Escazú. Si ese paralelismo de tocar la bola deja mucha ganancia sin esfuerzo alguno, más que la diversión de participar en el juego, Nombre02 que comparo la instantánea riqueza de la Señora con este jugador, a quienes aplaudimos su emprendedurismo y visión para los negocios, esa facilidad para pagar millones de dólares, sin que los mortales encontremos una explicación en nuestra vida cotidiana en donde el dinero cuesta hacerlo toda una vida de esfuerzo y trabajo... “. “... Estas riquezas instantáneas nos asombran y no encontramos explicaciones lógicas.

Ahora bien, será que leyeron el Libro de los Secretos y descubrieron el camino corto a la riqueza. De cualquier manera felicitamos a la [Nombre [Nombre10]] quien prepara su salida de la función pública siendo millonaria y poseedora de riquezas materiales que a cualquiera de los ciudadanos les cuesta una vida y a los funcionarios públicos y futbolistas parece solo cinco días de tocar la bola […]” (cfr. folios 348 y 349). En tal sentido, en la sentencia de mérito el a quo señala que la [Nombre6] [[Nombre3] ] consideró que el texto es difamante porque, desde su perspectiva, contiene afirmaciones ofensivas y falsas que le sindican un enriquecimiento ilícito, ya que su salario por el Nombre01 de [Nombre443 [Nombre10]] que ostentaba en aquel entonces, no permitía la compra de una finca de dos millones y medio de dólares, siendo además que la [Nombre6] estimó que su honestidad fue atacada, Nombre08 los costarricenses pudieron presumir como ciertos, hechos que no lo son.

En este punto del fallo, el tribunal de mérito hace referencia al contenido de la declaración rendida en el juicio por [[Nombre3] ], siendo que aprecia que la [Nombre6] rechazó enfáticamente su participación en la generación de energía eólica, Nombre02 como negó ser la dueña de una propiedad en Guanacaste con un valor de dos millones y medio de dólares. De seguido, los juzgadores de instancia valoraron lo que el querellado [Nombre12] manifestó en el debate de la siguiente forma: “[…] Sobre la acusación, en el juicio el imputado [Nombre7] -en resumen- aceptó que en su cuenta de “facebook” hizo la citada publicación, la cual no fue redactada por él, que desconoce quién la redactó, que la tomó de la misma red social, la “copió y la pegó” en su propia cuenta, haciéndola pública porque le pareció importante que otros la conocieran. Dijo que nunca quiso dañar el honor de la señora [Nombre6] y se definió como un activista que se ha encargado de denunciar actuaciones del gobierno de la señora [[Nombre3] ] que consideró incorrectas o ilegales, por las que incluso planteó ante el Ministerio Público sendas denuncias, cuyo resultado final desconoce.

Alegó que al publicar el [Identificacion1], hacía uso de su derecho de expresión, de informar y ser informado. Sobre la base de su declaración en juicio, el tema de la autoría de la publicación deja de tener relevancia, Nombre08 [Nombre12] admite haber hecho suyo el contenido del texto y además lo publicó a través de su cuenta de Facebook. Además, conforme lo demuestra la certificación notarial aportada por la [Nombre6], la citada cuenta es de acceso público para cualquier persona usuaria de esta red social. También el Tribunal tiene por demostrado que al ser diseminado el texto, su contenido llegó a un número indeterminado de personas, muchas de las cuales reaccionaron expresando sus opiniones y percepciones al respecto, incluidas en el líbelo de la querella, Nombre02 como en la certificación notarial que corresponde a una impresión de la cuenta de “Facebook” de [Nombre12] , específicamente de los comentarios a su publicación […]” (cfr. folio 360).

Luego de dar por sentado que la publicación de marras fue realizada por el querellado [Nombre12] y que se difundió a un número indeterminado de terceras personas, los juzgadores de instancia proceden a hacer referencia a la libertad de expresión como el sustento normativo para la formación de una opinión pública libre, propia de un pueblo pensante, analítico y crítico de la realidad. Asimismo, señalan que un Estado democrático y respetuoso de la Constitución Política Nombre03 facilitar a sus habitantes una efectiva participación en debates públicos, dando un contenido amplio, mas no permisivo, de la libertad de expresión, de modo que permita cumplir a su vez con una función contralora del poder político y del manejo de los asuntos públicos. Al respecto, en el fallo se cita lo que los juzgadores enuncian como un precedente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que hace referencia al derecho de expresión, siendo que no se aporta dato alguno para identificar tal pronunciamiento.

De seguido, el tribunal penal de instancia establece que el querellado distribuyó el texto de marras a un número indefinido de personas, con lo cual informó de dos hechos –la compra del inmueble y la participación en la empresa de energía eólica por parte de la [Nombre6]-, Nombre02 como brindó su opinión en tal sentido, lo cual indica que [Nombre443 [Nombre10]] manifestó que afectó su honor, siendo que, sin llevar a cabo una valoración profunda de los puntos antes referidos, el a quo procede a establecer que la libertad de expresión y el derecho a la información no son irrestrictos, ya que estos últimos encuentran un límite en el honor de las personas regulado en el artículo 41 de la Constitución Política, cuyo contenido estiman los juzgadores que Nombre03 ser leído en conjunto con lo estipulado en el artículo 33 de nuestra Carta Magna, el que reconoce el valor de la dignidad humana, a lo que indican que Nombre03 sumarse la tutela penal del derecho al honor a través de los delitos de injurias, calumnias y difamación contemplados en el Código Penal.

Así, los juzgadores de instancia concluyen que toda persona tiene derecho al honor, entendido como la estima, opinión o consideración que los demás tienen de ella. Establece el a quo que toda manifestación que afecte el honor de una persona, es, en principio, idónea para ser considerada un delito, siendo que la libertad de expresión no abarca cierto tipo de expresiones y no las justifica, sean estas las que a pesar de tener forma de pensamientos, ideas u opiniones, resultan ser frases innecesarias para exteriorizar lo que se va a decir y, además, las que sean directamente insultantes o que atribuyan expresa e inequívocamente la comisión de un delito. En este sentido, el tribunal de mérito invoca el contenido de la resolución N° [Telf2] de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento en el que se deslindan los alcances del derecho a la libertad de expresión. De seguido, señalan los juzgadores que, según la doctrina y la jurisprudencia, el honor tiene dos vertientes: la subjetiva, que corresponde al concepto que de sí mismo tiene un individuo determinado, su amor propio o autoestima y; la objetiva, que es la imagen que el sujeto proyecta ante los demás, por lo que está compuesta por la forma en que los otros perciben esa imagen.

Con base en lo anterior, el a quo establece en su análisis que una expresión o manifestación constituye un delito de difamación o cualquier otro en contra del honor, cuando la ofensa afecta desde la perspectiva objetiva dicho bien jurídico, siendo que Nombre03 tratarse de una ofensa literal, expresa o que axiomáticamente se entienda como un insulto. Con base en lo expuesto, los juzgadores de instancia indican que en el caso concreto optan por valorar y tomar en consideración la investidura que tenía la [Nombre6] [[Nombre3] ] para la fecha en que [Nombre7] hizo la publicación de marras en su cuenta de “Facebook”, “[…] ello con el fin de perfilar una línea jurisprudencial acerca del contenido del derecho al honor de los servidores públicos en general, y de quien ostente la […] en particular. Solo así, como se verá, puede establecerse cuáles manifestaciones quedan cubiertas por la justificación normativa que otorga la libertad de expresión, y Nombre02 resolver el caso sometido a estudio de este órgano jurisdiccional.

La [Nombre6] [Nombre10 [Nombre10]] para la fecha de los hechos, ejercía la […], Nombre14 por tanto servidora pública. Pero la afirmación no puede quedar ahí. La [Nombre6] [Nombre [Nombre10]] tenía el puesto público de mayor jerarquía, era un puesto de elección popular que le daba a [Nombre [Nombre10]] no solo más responsabilidades administrativas del Estado, sino también la máxima exposición al examen público de todas sus actuaciones. Y ello es Nombre02 Nombre08 en Nombre04 del Tribunal, todo funcionario público, especialmente los de mayor jerarquía, y categóricamente el de mayor jerarquía, a saber el […] Nombre05[…], tidos a un deber mayúsculo de transparencia, que “implica acceso a la información pública y la difusión amplia, permanente e imparcial de las decisiones públicas. Sólo e02 se c se cumple con el Principio de Máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeta a un sistema restringido de excepción (Tiffer [Nombre26].

La constitucionalidad de los delitos de injurias y difamación e09 a la a la crítica a los funcionarios públicos), y también entra en juego, en la misma proporción jerárquica mencionada, la obligación de rendición de cuentas, éste último deber consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política, que le obligaba a [[Nombre3] ] a soportar todas las denuncias públicas, las críticas y las quejas que se presentaran sobre su persona y sobre su gestión; sí sobre su persona porque el ejercer el e01 de m de mayor jerarquía en el Poder Ejecutivo, esa investidura trasciende a la vida privada justamente por los principios de transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo con la doctrina de la transparencia. La actividad pública e03 ser ser y aparecer como un “Casa de cristal” […]” (cfr. folios 354 y 355. La transcripción es literal). En razón de lo expuesto, los juzgadores de instancia reiteran que a la [Nombre6] [[Nombre3] ] le correspondía un umbral de tolerancia más alto que al resto de los funcionarios públicos, e09 a lo a los pensamientos, ideas o cuestionamientos sobre su proceder, ya que se colocó voluntariamente en el servicio público, por lo que le corresponde un proceder público y privado intachable.

En su argumentación el tribunal de instancia reitera que, de acuerdo a los principios de proporcionalidad e igualdad, entre mayor es el e01 públ público que se ocupa, mayor es la tolerancia en razón de los deberes de rendición de cuentas y transparencia a los que está sometido el funcionario público, siendo que en tal sentido se citan algunos parágrafos de la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso [Nombre18] vs. Costa Rica. En el análisis que plantea el a quo en la sentencia de mérito, lleva a cabo una razonamiento que define como “la base ideológica” de su fallo, indicando en tal sentido lo siguiente: “[…] En el considerando primero de esta sentencia se afirmó que este era un caso muy importante. A lo dicho entonces el Tribunal agrega las siguientes consideraciones que pretenden constituir la base ideológica que sustenta este fallo. En esta sentencia el Tribunal afronta la difícil decisión de interpretar la realidad social para establecer a partir de ella, qué tipo de Estado y de sociedad constituye el anhelo de la mayoría de los costarricenses.

Al intentar hacerlo, el Tribunal no impondrá sin más su posición, sino que trataremos de fundamentarla en una lectura razonable de la realidad de los últimos años. Premisa número uno: en el 2005 y como respuesta rápida a las denuncias penales que involucraron a […] y altos funcionarios de instituciones del Estado, fue promulgada la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Esta normativa creó nuevos delitos como por ejemplo el tráfico de influencias, reformó otros ya existentes, como por ejemplo el peculado y la malversación, con el fin de enviar un mensaje claro y contundente a la sociedad: desde el seno de la Asamblea Legislativa, órgano representante de la voluntad popular, se le dijo no a la corrupción de los servidores públicos. Este voz legislativa constituye la primera premisa histórico normativa que utiliza el Tribunal, para afirmar que desde el punto de vista normativo, en la última década inició un proceso de transformación de la ley vigente, que hoy se ve vigorizado con otras leyes que han fortalecido la lucha del Estado no sólo contra el enriquecimiento ilícito en general, sino también contra la delincuencia organizada que se infiltra en la función pública.

De esta forma, desde el ámbito legislativo hay un llamado a la transparencia en la función pública. Premisa número dos: siempre, con el fin de dar plena vigencia al deber de transparencia en la función pública, durante la última década ha sido evidente el robustecimiento de los órganos de control estatales. Se ha creado la Procuraduría de la Ética con el fin de que “el abogado del Estado” no sólo se ocupe de la estricta legalidad de las actuaciones públicas, sino también para incorporar en el debate el deber ético y moral que también es una expresión de la transparencia. También la Contraloría General de la República ha tenido mayor protagonismo, mediante un riguroso control de la realidad patrimonial de los funcionarios públicos. Se destaca aquí, el deber que tienen algunos funcionarios públicos de rendir una declaración jurada de su patrimonio, además que para el Tribunal lo más importante es que en la última década ha aumentado el ámbito de cobertura de esta obligación.

En efecto, con el paso de los años hemos sido testigos de que cada vez más cargos públicos se añaden a la lista de servidores que deben rendir la declaración de sus bienes – de sus activos y sus pasivos -, y que la declaración cada vez pretende ser más detallada y comprensiva de la realidad patrimonial de los servidores, al incluir por ejemplo, participaciones en sociedades anónimas y usufructos de hecho. Dicho sea de paso, este Tribunal es claro ejemplo de esta vorágine, e08 hace hace dos años los Jueces de la República – enhorabuena – también rendimos declaración jurada ante la Contraloría General de la República. Nótese que con esta segunda premisa el Tribunal desea ilustrar que la realidad nacional es evidente: se ha buscado dar contenido efectivo al deber de rendición de cuentas, siempre con el fin de garantizar la transparencia en las funciones de quienes voluntariamente servimos al país en la función pública.

Premisa número tres: la denuncia ciudadana y la denuncia pública que han liderado los medios de comunicación, también son una realidad que el Tribunal desea visibilizar en este fallo. En la última década los Tribunales de Justicia han tramitado gran cantidad de denuncias de ciudadanos contra funcionarios públicos. e02 es, es, la ciudadanía asimiló la importancia de la transparencia en la función pública, y ha asumido un rol preponderante en la investigación penal de conductas de servidores públicos. Sin que ahora interese el resultado de esos procesos, o su cita puntual, lo cierto es que el Tribunal interpreta una realidad que todas las personas han podido conocer durante los últimos años. A esta dinámica de denuncias ciudadanas, se ha unido el papel activo de los medios de comunicación que también han vivido un proceso de cambio, fundamental en la consideración de este órgano jurisdiccional.

En la última década la mayoría de los medios de comunicación dejaron de lado una labor periodística exclusivamente informativa, para introducir a su lado una función investigativa. Ello es evidente, ahora la prensa no se limita sólo a informar, sino que investiga, busca la noticia. En esa búsqueda ha encontrado terreno fértil en la función pública, e08 se h se ha investigado a una gran cantidad de servidores públicos, con el fin de exponer y denunciar posibles hechos delictivos. En e04 del del Tribunal no es un argumento válido afirmar que este nuevo paradigma periodístico obedece al interés de generar mayores porcentajes de audiencia; razonables que son por el interés que despierta en la opinión pública la denuncia de posibles delitos cometidos por servidores públicos; e08 lo i lo importante es que aumentan esos porcentajes justamente porque el interés de las personas por este tipo de periodismo investigativo, obedece al interés del colectivo por la transparencia y la rendición de cuentas de quienes ejercen la función pública.

Estas premisas que ha elaborado el Tribunal, son aptas para afirmar que hay una realidad social en Nombre2042 y que constituye la base ideológica de este fallo. En esta sentencia el Tribunal e03 expr expresar sus razones jurídicas, a partir de la respuesta a una pregunta fundamental: ¿qué tipo de Estado y de sociedad quiere la mayoría de los costarricenses? ¿Se quiere un Estado fuerte donde el honor de los servidores públicos tenga mayor protección legal que la libertad de expresión? o ¿Se quiere un Estado Constitucional donde exista una justa proporción entre el honor de los funcionarios públicos y la libertad de expresión de los demás costarricenses? Sobre la base de las premisas expuestas por el Tribunal, estimamos que una decisión justa y acorde con la realidad social y con los parámetros constitucionales, es aquella donde sin dejar desprotegido el honor de la persona que ejerce la […], se brinde una mayor protección a la libertad de expresión de los costarricenses […]” (cfr. folios 358 a 360 del legajo principal.

La transcripción es literal). A partir de lo que el a quo expone como la “base ideológica” de su sentencia -la que extrae de su lectura particular de la realidad socio-política de nuestro país- concreta el aspecto o pilar esencial en que sustenta su fallo, siendo que individualiza un parámetro -que es el que estima que corresponde a la plataforma filosófica que desarrolla en su razonamiento- con base en el que tamiza las expresiones vertidas por el querellado en la publicación que la [Nombre6] [Nombre [Nombre10]] estimó como lesiva a su honor, y que le llevan a considerar que el contenido del texto difundido en el perfil de “Facebook” de [Nombre12] , no afecta el honor de dicha [Nombre6]. Así, tal parámetro es definido por el a quo de la siguiente forma: “[…], quien ostente la […] será víctima de un delito contra su honor, única y exclusivamente cuando alguna persona emita una manifestación, idea, pensamiento u opinión expresa y unívocamente injurioso, difamante o calumnioso, aún cuando sea lingüísticamente irritante, molesto, sugestivo y hasta sarcástico.

En otras palabras, son libre expresión todas las manifestaciones que aunque molestas o irritantes para el honor de quien sea [...], se hayan justificadas siempre y cuando no sean abiertamente injuriosas o difamatorias per se, y siempre y cuando la atribución de un delito no sea la única inferencia razonable que de la manifestación e06 extr extraerse. Con este panorama, ahora e03 hace hacerse una lectura muy cuidadosa de los hechos de la querella, en primer orden para saber si se alcanza el escalón de la tipicidad objetiva – es decir la expresa y única difamación o calumnia – y en segundo orden para establecer si el texto tiene un opinión crítica o expresión de pensamiento que rebase el límite de lo que un [...] e03 tole tolerar […]” (cfr. folio 360 del sumario). De esta forma y bajo tal parámetro, el tribunal de mérito realiza un análisis de los hechos que integran la querella discutida en el subjudice, siendo que concluye que los mismos no contienen ningún insulto explícito o palabra que incuestionablemente constituya una ofensa ni la atribución concreta y unívoca de un hecho delictivo a la [Nombre6] [[Nombre3] ].

De esta forma, al analizar el contenido del punto cuarto de la querella, el tribunal de mérito considera que el querellado [Nombre12] sugirió como “una posibilidad”, que la [Nombre6] haya adquirido una finca irregularmente, en la suma de 2.5 millones de dólares, siendo que los juzgadores estimaron que es válido interpretar que la [[Nombre3] ], con sus ingresos, no podía adquirir un bien inmueble tan costoso. No obstante tal afirmación, el a quo señala que esa es sólo una de las inferencias posibles de derivar del texto de marras, por lo que concluye que no existe una imputación expresa y unívocamente idónea para afectar el honor objetivo de la [Nombre6]. El tribunal de instancia concluye que no existe el elemento objetivo del artículo 146 del Código Penal, ya que estimó que no se constató la existencia de “especies idóneas” como un sinónimo de injuria o de ofensa. Por otra parte, al examinar el punto quinto de la querella, el tribunal penal, siguiendo el mismo parámetro supra indicado, considera que la [Nombre6] [[Nombre3] ] realiza una inferencia propia que tampoco es la única que se colige a partir del texto querellado, con lo cual descarta la existencia de algún delito en la actuación de [Nombre12] .

En relación con el hecho sexto de la querella, el a quo establece que [[Nombre3] ] estimó que, en el contenido del mismo existe una afirmación denigrante en su perjuicio, en razón de que el querellado la relacionó con un ex jugador de fútbol que en aquel entonces estaba siendo investigado por el Ministerio Público. Al respecto, los juzgadores de instancia consideraron que la lectura textual de las frases que se engloban en el punto de la querella supra enunciado, no contienen algún “adjetivo calificativo despectivo” a la [[Nombre3] ], ni le imputa directa y unívocamente algún delito. En tal sentido se establece en el fallo de mérito que “[…] La inferencia hecha en la querella es nuevamente una conclusión, una apreciación personal, respetable y válida, acorde a la lógica pero no literal ni única. Véase que [Nombre [Nombre25]], conocido exjugador de fútbol, a quien para la época de la publicación de [Nombre12] –mediáticamente se vinculó con una investigación por legitimación de capitales- no tiene en su contra sentencia condenatoria que lo señale como autor o partícipe de un delito, de modo que tampoco es válido conjeturar que se equipara el proceder de [[Nombre3] ] con el de un delincuente, como equivocadamente los realiza la [Nombre6].

Sin duda [Nombre12] sugiere que como [Nombre [Nombre25]] pudo haberse enriquecido ilícitamente al tratarse de una persona investigada penalmente, también [[Nombre3] ] pudo haberse enriquecido de la misma forma; no obstante, esta no es la única inferencia razonable que se extrae del texto querellado. Si fuera esa la única conclusión, la sugerencia unívoca de [Nombre12] , otra sería la conclusión del Tribunal; empero, el querellado también sugiere otros posibles escenarios y al hacerlo no comete formalmente un delito sino que cuestiona con dureza algo que le parece que e03 ser ser aclarado por la entonces [Nombre [Nombre10]], en suma, su proceder no sólo no es típico de ningún delito, sino que se haya justificado en el uso legítimo de su libertad de expresión […]” (cfr. folio 363. La transcripción es literal). Con respecto al punto sétimo de la querella, el tribunal de mérito estimó que [Nombre [Nombre10]] lo consideró ofensivo porque, según su parecer, se dijo en su contra que ella era poseedora de una “fortuna sobrevenida e ilegal”.

Según el fallo de mérito, en el segmento de referencia se dice lo siguiente: “[…] Estas riquezas instantáneas nos asombran y no encontramos explicaciones lógicas. Ahora bien, será que leyeron el Libro de los Secretos y descubrieron el camino corto a la riqueza. De cualquier manera felicitamos a la [Nombre [Nombre10]] quien prepara su salida de la función pública siendo millonaria y poseedora de riquezas materiales que a cualquiera de los ciudadanos les cuesta una vida y a los funcionarios públicos y futbolistas parece solo cinco días de tocar la bola […]” (cfr. folio 363). En el análisis del texto antes descrito, el a quo bajo la óptica de su parámetro supra indicado, consideró que en tal segmento no consta palabra u oración alguna, que constituyan un improperio, oprobio o ignominia, e02 como como tampoco se señala a [Nombre [Nombre10]] como la dueña, receptora o creadora de una fortuna ilegal.

Así, concluye el tribunal penal que se trata de un nuevo proceso personal de comprensión de la [Nombre6], ya que el enunciado de referencia permite una “aprehensión diversa” a la derivada por [Nombre [Nombre10]], la que califica de sarcástica de parte del querellado [Nombre12] puesto que hace referencia al “Libro de los Secretos” y expresa una felicitación a la [Nombre6]. En tal sentido, literalmente en la resolución impugnada los juzgadores consideraron lo siguiente: “[…] Es indudable que la publicación del querellado [Nombre12] está redactada en un tono irónico, sarcástico y mordaz y su lectura integrada con conocimientos previos y prejuicios, puede resultar chocante, de modo que es comprensible la molestia, que según lo que narró en juicio, ha provocado en la [Nombre6] [Nombre [Nombre10]]. Sin embargo, ni el sentido literal de las palabras usadas por [Nombre12] , ni su contexto contienen difamaciones ni tampoco la comisión de un delito es la única inferencia razonable de las insinuaciones que esbozó el querellado en su publicación.

Como se analizó, el texto no insulta ni ofende el decoro de [Nombre [Nombre10]], podría colegirse la sugerencia que cometió un delito pero esa sugerencia no es la única que hace el querellado, y de ahí el Tribunal infiere que no hubo lesión al honor de [Nombre [Nombre10]], quien como [Nombre [Nombre10]] debía en consecuencia, tolerar esas sugerencias, sí, todas ellas, y no hacer suya una sola para pretender la condenatoria solicitada en las conclusiones del debate […]”. v.- Otro aspecto que se desarrolla en la sentencia y es de peso en la solución del subjudice, es el atinente a que el tribunal de mérito consideró que [Nombre7] no tenía la obligación de probar que [Nombre [Nombre10]] había comprado el inmueble de marras, e02 como como tampoco que efectivamente ella tenía participación en empresas de generación eléctrica a partir de fuentes eólicas. Tal e04 se e se esbozó por parte del a quo a partir de dos razones: “[…] la primera consiste en que ni una cosa ni la otra son per se, afirmaciones difamatorias ni mucho menos calumniosas y, en segundo lugar, porque a partir de la lectura integral del texto querellado, el Tribunal infiere que hay una relación directa entre esos dos eventos que expone el querellado, y su opinión al respecto; es decir, [Nombre12] informó de dos hechos con el fin único de opinar al respecto.

Por lo tanto, si el Tribunal diera mérito a la pretensión de [[Nombre3] ] y exigiera que [Nombre12] haya debido probar los dos hechos para obtener una absolutoria, haría nugatoria la libre expresión de la que es titular e09 a la a la persona que en aquel momento ejercía al […], e08 por por esa condición [Nombre12] informó primero de dos hechos que le llamaron la atención e09 al N al e01 públ público de la [Nombre6], y a partir de eso expuso su opinión […]” (e07. fol. folio 364 del sumario. La transcripción es literal). En torno a los razonamientos antes expuestos, con base en los que el tribunal de mérito restó importancia a la veracidad o falsedad de los hechos que se engloban en la publicación difundida por [Nombre12] , los juzgadores de instancia consideraron que, el texto querellado no es el mejor ejemplo de una información seria y respaldada, ni la exposición de un pensamiento elaborado o de una crítica profunda de [Nombre7] .

No obstante lo anterior, estimaron que el contenido del texto en cuestión sí es propio de lo que faculta la Constitución Política a todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho de expresión e09 a la a la persona que ejerce el e01 de [ de […], e15, por, por esa “condición voluntariamente aceptada”, está compelida a tolerar, siempre y cuando, no se le ofenda expresamente, ni la comisión de un delito sea la única sugerencia que razonablemente se derive de un comentario, opinión o publicación realizada por un ciudadano. En razón de lo expuesto, el a quo concluyó que la acción realizada por [Nombre7] es atípica, ya que en el fallo se estimó que la misma no contiene una “especie idónea” para afectar el honor de la [Nombre6], por lo que tampoco se puede arribar a la corroboración del tipo subjetivo. Añade el tribunal de juicio que el querellado actuó amparado al ejercicio de un derecho fundamental como lo es la libertad de expresión, puesto que, a pesar de que usó un texto fuerte, sarcástico y sin duda molesto, para expresar su opinión a partir de los hechos que tomó como base para su manifestación, no surge unívocamente del texto que publicó que la [Nombre6] haya cometido un delito, sino que brotaron varias posibilidades, lo que determina que el proceder [Nombre12] no es antijurídico en virtud de la especial condición de […] e16 la [ la [Nombre6] [[Nombre3] ], situación que le significaba un margen de transparencia muy amplio por cumplir y de cuentas por rendir, todo lo cual apreció el a quo para descartar en la especie el ejercicio excesivo del derecho de expresión.

Por último, el tribunal cierra su análisis para absolver a [Nombre7] , señalando lo siguiente: “[…] El autor nacional [Nombre27] , en el artículo arriba citado afirma que cuando se detecta una colisión entre el derecho individual del honor de un funcionario público y el derecho colectivo de expresión, e03 dars darse prevalencia a este último, en aplicación del principio del derecho penal mínimo, afirmación que comparte el Tribunal y que en la tarea de establecer esta línea entre el abuso del derecho de expresión y su correcto uso, ha estimado que el texto que nos ocupa se encuentra dentro de la línea de lo que se considera que no es abuso. e02 las las cosas, se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre7] del delito de DIFAMACIÓN en perjuicio de [[Nombre3] ]. Se emite este fallo sin especial condena en costas. Los gastos del proceso, son a e01 del del Estado […]” (cfr. folio 367).

El examen y descripción de los aspectos que se apreciaron en la sentencia de mérito para absolver a [Nombre7] , permite tener claridad y total comprensión de las falencias del fallo, que implican el vicio de falta de fundamentación que se reclama y que se acoge en el presente pronunciamiento. De seguido se expondrán aspectos jurídicos que son de carácter esencial para la correcta solución del presente caso, y luego se puntualizarán los defectos en el razonamiento del tribunal de instancia que quebrantan la normativa establecida en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, e02 como como de la estipulada en los artículos 1, 142 y 184 del Código procesal Penal. B.- Aspectos jurídicamente relevantes para la solución del caso conforme a Derecho. El presente caso tiene dos particularidades que necesariamente deben valorarse con detenimiento y rigurosidad para la correcta solución jurídica del litigio que se conoce, sean en éstos: 1.- que la [Nombre6] [Nombre [Nombre10]] ostentaba el e01 de [ de […] e17 la f la fecha en que [Nombre7] –querellado- publicó en su perfil de “Facebook” el texto que se acusa como difamatorio; 2.- que los hechos objeto de juzgamiento están vinculados directamente con dos derechos de rango constitucional, cuya tutela en el ámbito penal revela su importancia para el desarrollo social e individual de cada uno de los habitantes de nuestro país, sean: i.- el derecho al honor y; ii.- el derecho a la libre expresión.

En atención y bajo el prisma de estos dos pilares de carácter esencial del sublitem, se deben definir los aspectos jurídicamente relevantes y necesarios para la solución del caso conforme a Derecho. Así, se procede a individualizar tales supuestos. b.1.- Marco jurídico normativo. En primer término es necesario establecer el marco normativo que está vinculado a los hechos que se juzgan y que es necesario apreciar y aplicar para su correcto conocimiento. De esta forma e03 defi definirse en primer lugar la normativa que es parte del bloque de constitucionalidad que está relacionada y que regula la temática en cuestión, siendo esta la siguiente: i.- Artículo 11 de la Constitución Política; En su normativa se regula un principio que es de carácter esencial para la debida aplicación del derecho penal –y sin duda alguna para el caso concreto- como lo es el principio de legalidad. En dicho precepto constitucional se estipula lo siguiente: “(…) Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad.

Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. (Así reformado por Ley N° 8003 del 8 de junio del 2000) (…)”. Otro aspecto de carácter esencial para la solución del caso, y que se deriva del artículo 11 constitucional, es el deber de rendición de cuentas de los funcionarios públicos e02 como como la exigencia de responsabilidad personal en el cumplimiento de sus deberes. ii.- Artículo 41 de la Constitución Política.

En este precepto se establece el derecho al honor con rango constitucional, es decir, se le concede el grado de derecho fundamental, de ahí la relevancia que tiene esta norma para resolver el fondo del litigio que se conoce en la especie. En dicho artículo se establece: “(…) Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. e03 hacé hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes (…)”. iii.- Otro artículo de nuestra Constitución Política cuya normativa es aplicable e importante para la solución del presente caso, es la establecida en su numeral 28, en el que se regula lo siguiente: “(…) Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley (…)”.iv.- Por otra parte, tenemos el artículo 29 de nuestra Carta Magna en el cual se tutelan como derechos fundamentales la libertad de expresión, información y prensa, las que sin duda alguna están directamente vinculadas al evento querellado en la presente causa penal.

Literalmente, en dicha norma se regula lo siguiente: “(…) Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca (…)”. De igual forma, es necesario puntualizar la regulación del Derecho Convencional que está vinculada y e03 ser ser valorada en la solución del presente caso, sea esta la siguiente: i.- Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta norma se reconoce expresamente como un derecho humano la protección a la honra y a la dignidad de la persona. Así, se dispone lo siguiente: “(…) Protección de la Honra y de la Dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación (…)”. ii.- También, como parte del “bloque convencional” que rige en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce expresamente el derecho a la libertad de expresión y de información, siendo que tales derechos se regulan de la siguiente forma: “(…) 1.

Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas (…)”. iii.- En el mismo orden, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se estipula lo siguiente: “(…) 1.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones (…)”. iv.- Una norma relacionada con las previamente expuestas y que es relevante para la decisión del subjudice, es la dispuesta en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual se establece lo siguiente: “(…) Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (…)”.

Por otra parte, en el ámbito legal de nuestro ordenamiento jurídico, se contempla una serie de regulaciones que son de vital importancia para la solución de la presente querella conforme a Derecho, sean éstas las siguientes: i.- El artículo 146 del Código Penal tipifica el delito de difamación, que es precisamente el hecho punible que se querelló como cometido por el imputado [Nombre7] . En dicho artículo se establece: “(…) Difamación. Será reprimido con veinte a sesenta días multa en que deshonrare a otro o propalare especies idóneas para afectar su reputación (…)”. Así, es claro que el derecho fundamental al honor está de por medio en la solución del subjudice, con la particularidad que también es importante para tal efecto la apreciación rigurosa del derecho a la libertad de expresión tutelado en las normas jurídicas superiores supra expuestas; ii.- La normativa que se regula en el artículo 25 del Código Penal, está directamente vincula con la temática objeto de discusión, específicamente, en cuanto al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión.

En su regulación se dispone lo siguiente: “(…) Cumplimiento de la ley. No delinque quien obrare en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de un derecho (…)”. Esta causa de justificación es de suma importancia a efecto de definir en un caso como el que se resuelve, si existe responsabilidad penal o no por la difusión de hechos que se querellan como lesivos al honor. iii.- También es jurídicamente relevante en el presente caso, el contenido normativo del artículo 22 del Código Civil, ya que en este se regula expresamente la prohibición del abuso de un derecho, disposición que está vinculada a la libertad de expresión según las normas que reconocen y tutelan tal derecho fundamental en los instrumentos jurídicos que conforman el bloque de constitucionalidad, tal y como supra se expuso. En dicho artículo se dispone lo siguiente: “(…) La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste.

Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o medidas administrativas que impidan la persistencia en el abuso (…)”. iv.-Por otra parte, en virtud de la especial condición personal de la [Nombre6] [[Nombre3] ], debe apreciarse que en la Ley General de Administración se regulan disposiciones relacionadas con el tema de fondo, las que son relevantes para la solución del caso. En primer término, en el artículo 11 de la ley citada se regula el principio de legalidad como rector esencial de la actuación de los funcionarios públicos, siendo que se estipula lo siguiente: “(…) La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.

Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa (…)”. Por su parte, en el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública se dispone lo siguiente: “(…) 1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. 2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando e06 esta estar en conflicto. 3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia (…)”. Otra norma legal relevante, es el artículo 114 de la Ley General de la Administración Pública, en la cual se establece: “(…) 1.

El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la función que desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el caso individual como representante de la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses e03 vela velar. 2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor, considérese, en especial, irregular desempeño de su función todo acto, hecho u omisión que por su culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los administrados (…)”. El marco normativo expuesto, contiene las disposiciones que deben considerarse y aplicarse en la solución del subjudice, el que , tal y como anteriormente se apuntó, presenta dos particularidades de gran relevancia jurídica que deben valorarse, necesariamente, para dictar la decisión que conforme a Derecho corresponde, sean éstos; que la [Nombre6] [Nombre [Nombre10]] ocupaba el e01 de [ de […] e17 el m el momento en que [Nombre7] publicó en su cuenta personal de “Facebook” el texto que se querelló como difamatorio en la presente causa y; que los hechos objeto de juzgamiento están vinculados directamente con dos derechos de rango constitucional, cuya tutela en el ámbito penal revela su importancia para el desarrollo social e individual de cada uno de los habitantes de nuestro país, sean: i.- el derecho al honor y; ii.- el derecho a la libre expresión.

Así, del estudio y aplicación de las normas supra apuntadas, se determina que en el presente caso existe lo que se puede enunciar como una especie de “fricción” entre los derechos fundamentales al honor y el de la libertad de expresión, sobre los que e03 indi indicarse, expresamente, que a pesar de tal situación no son excluyentes entre sí. Esto, por cuanto lo que se determina en tal sentido, con base en lo regulado en nuestro ordenamiento jurídico, es que ambos derechos fundamentales están estrechamente vinculados el uno con el otro, puesto que tanto el derecho al honor como la libertad de expresión, son esenciales para el desarrollo individual y social de toda persona, a lo que e03 suma sumarse que la libertad de expresión tiene una cualidad esencial desde el punto de vista político-institucional y social, como lo es que la tutela y respeto de tal derecho son absolutamente necesarios para garantizar la estructuración, vigencia y desarrollo de una sociedad basada en un Estado Democrático, como el que se enmarca en nuestra Constitución Política. e02 las las cosas, las disposiciones contenidas en los instrumentos normativos de referencia, permiten establecer que no es dable pensar o considerar, que uno de tales derechos humanos es de grado superior o que deba aplicarse en detrimento absoluto del otro, ya que lo que corresponde a efecto de garantizar y proteger ambos derechos humanos, debidamente, conforme a los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, es su aplicación igualitaria, siendo que en el supuesto de darse una colisión entre ambos –en virtud de su especial vinculación- lo que corresponde es valorar las circunstancias objetivas y subjetivas de cada caso concreto, con el fin de modular racional y proporcionalmente, el valor que corresponde otorgar al derecho al honor con respecto a la libertad de expresión en un determinado asunto de relevancia jurídico penal.

Es importante complementar la idea anterior, de modo que aunado a las consideraciones propias del caso en particular en cuanto a la “modulación” de los derechos fundamentales de referencia, e03 apre apreciarse también y definirse con cuidado, el alcance o ámbito de cada uno de tales preceptos fundamentales. Esto, con el objetivo de determinar si en un caso concreto el derecho a la libre expresión se extralimitó o se “salió” de su ámbito legítimo de tutela. Lo anterior es importante porque, normalmente, el derecho al honor se verá afectado con manifestaciones, opiniones o críticas de terceros, pero esa afectación –por sí sola- no e03 ser ser el parámetro único a considerar, ya que también e03 apre apreciarse y definirse hasta dónde la honra y el decoro –en el caso de los funcionarios públicos- e03 tole tolerar dichas críticas, de modo que no sólo es suficiente “modular” el ámbito de tutela específico de uno u otro derecho humano, sino que además, se deben fijar límites y alcances de tales derechos.

Lo anterior se sustenta en el estudio y análisis objetivo e integral de la normativa enunciada, análisis que lleva a concluir que la libertad de expresión no puede limitarse o restringirse a priori, lo cual implicaría que tales restricciones se traduzcan en una censura previa que desnaturalizaría y significaría a su vez, el vaciamiento del contenido y eficacia de la libertad de expresión, lo que es absolutamente nocivo para el adecuado desarrollo y vigencia de un Estado Democrático de Derecho. De la normativa expuesta, e02 como como de la naturaleza jurídica y fines de la libertad de expresión, lo pertinente es que los límites a su ejercicio se den a posteriori, sí y sólo sí, en los casos en que se haya dado un uso abusivo de la libertad de expresión que exceda su contenido normativo, y que implique, a su vez, la vulneración de otros derechos fundamentales, tal y como puede darse con respecto al derecho al honor, con el que ya se ha indicado que el derecho a la libre expresión está estrechamente vinculado.

De esta forma no procede establecer como regla absoluta que el derecho a la libertad de expresión va a prevalecer en todo caso y sin límite alguno sobre el derecho al honor, siendo lo jurídicamente procedente considerar y definir en cada cada caso concreto, cuál es el peso o el valor que le corresponde a uno u otro, a efecto de garantizar adecuadamente y conforme a los parámetros constitucionales, la vigencia y tutela efectiva de ambos derechos fundamentales bajo su equilibrio y reconocimiento adecuado. Lo antes expuesto es de suma relevancia jurídica para la solución del subjudice conforme a Derecho y para garantizar uno de los pilares fundamentales del debido proceso penal, como lo es el derecho a una sentencia justa y sujeta a la legalidad, tal y como se establece en la célebre resolución N° 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Específicamente en virtud de que, tal y como se ha establecido previamente, la [Nombre6] [Nombre443 [Nombre10]] ocupaba la […] en el momento en que acaecieron los hechos objeto de juzgamiento.

Tal situación introduce a otra temática esencial en el análisis del subjudice, a saber, la condición de funcionario público y la obligación que, en virtud de tal calidad, existe para con los administrados en general, de modo que en razón de lo preceptuado por los principios de legalidad y rendición de cuentas, todo aquel que ostente el e01 de f de funcionario público tiene una mayor responsabilidad en el ejercicio de las competencias propias de su investidura, e02 como como está sujeto a un mayor escrutinio y fiscalización en el ejercicio de la función pública, parámetro que en definitiva le da un matiz especial al derecho fundamental a la libertad de expresión versus el derecho al honor. Así, es claro que en razón del principio de rendición de cuentas derivado de los artículos 11 de la Constitución Política, e02 como como de los artículos 11, 113 y 114 de la Ley General de la Administración Pública, quien sea funcionario público y ejerza un e01 de t de tal naturaleza, ya sea de elección popular o de cualquier otro tipo, en virtud de su condición de funcionario público y por haber optado voluntariamente a la gestión de un puesto de esa categoría, está obligado a soportar un mayor nivel de tolerancia en el escrutinio y fiscalización del ejercicio de su cargo, e02 como como en la realización de sus actuaciones –incluso de carácter personal- que directa o indirectamente se vinculen, afecten o tengan incidencia en la gestión de su función pública.

En razón de lo anterior, no cabe duda que quien ostenta un e01 como como el que ocupaba para la fecha de los hechos la [Nombre6] [Nombre [Nombre10]], sea el de la […] –y en general todo aquel que ocupe o ejerza la función pública-, tiene el deber de someterse –y aceptar- un mayor control en el ejercicio de sus funciones, no sólo por los órganos o mecanismos formales creados para tal efecto, como por ejemplo la Contraloría General de la República, sino también –y en un grado de suma importancia- por los medios de control y fiscalización informal, tal como lo son los medios de prensa y la opinión pública en general. Así, se garantiza que la administración de los bienes y recursos del Estado –que en realidad pertenecen a todos los habitantes del país y los han delegado para su correcto gobierno a los funcionarios públicos- se realice conforme a los fines y con la eficiencia exigida por la ley, por parte de quienes ejercen algún e01 públ público.

A su vez, se tutela el efectivo resguardo y vigencia del Estado democrático, en el que no caben en modo alguno restricciones previas –o de algún otro tipo- a la libertad de expresión como medio de control y dominación social, siendo más bien que en un esquema democrático como el que rige en nuestro país e03 gara garantizarse la libertad de expresión como una forma de control del ejercicio del poder público. De esta forma, y concretamente, quien ejerza el e01 de l de la […], está sujeto a un mayor nivel de tolerancia en el escrutinio de sus funciones, lo cual sin duda alguna abarca los aspectos atinentes al ejercicio de la libertad de expresión con respecto al derecho al honor del […] o la […], de modo que quien ostenta el e01 está está sujeto a críticas, cuestionamientos, opiniones o manifestaciones que se dirijan o se sustenten en el ejercicio de su función pública o que estén vinculadas directa o indirectamente a su condición de funcionario público y a las competencias que desempeña.

No obstante lo anterior, y desde ya es preciso establecer, no es legalmente procedente la interpretación que de las normas supra expuestas lleva a cabo el tribunal penal en la sentencia de mérito. Esto, por cuanto tal e04 deri deriva de una interpretación subjetiva de la realidad político-social costarricense por parte de los juzgadores de instancia, postura conforme a la que definen una base ideológica de su decisión, la que, según expresamente e02 lo i lo indican en el fallo, sustenta el e04 o pa o parámetro esencial con base el que resuelven el fondo del presente asunto, sea éste, que los juzgadores aprecian o consideran que quien ocupa la […] debe soportar o tolerar aún mayores limitaciones a su derecho al honor con respecto al resto de los funcionarios públicos, en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, de modo que sólo las ofensas directas a tal derecho fundamental o la referencia a hechos que expresamente constituyen un delito, serían los supuestos en que podría darse la vulneración ilícita del derecho al honor del […] Nombre04[…], el cual descartan la afectación al derecho al honor en la especie de la […] Nombre6] [Nombre6], [Nombre443 [Nombre10]].

En tal sentido, el estudio e interpretación que conforme a Derecho corresponde del marco normativo previamente definido, no permite establecer que se regule expresa o tácitamente que el nivel de tolerancia de quien ostenta el e la […] de la […] sea distinto al del resto de los funcionarios públicos que son miembros de los Supremos Poderes de la República, o de cualquier otro úblico d público de grado inferior a los antes señalados. Así, la diferenciación que lleva a cabo el a quo –distinguiendo donde la norma no lo hace- en cuanto al punto objeto de análisis, no es objetiva ni jurídicamente sustentada, sino que deriva de su parecer o postura subjetiva en cuanto a lo que estiman los juzgadores de instancia que es la respuesta que corresponde a las interrogantes que se auto plantean en su fallo, sean éstas: “[…] ¿qué tipo de Estado y de sociedad quiere la mayoría de los costarricenses? ¿Se quiere un Estado fuerte donde el honor de los servidores públicos tenga mayor protección legal que la libertad de expresión? o ¿Se quiere un Estado Constitucional donde exista una justa protección entre el honor de los funcionarios públicos y la libertad de expresión de los demás costarricenses […]” (cfr. folio 360 del legajo principal).

Las limitaciones y relación existentes entre el derecho a la libertad de expresión con respecto al derecho al honor de los funcionarios públicos costarricenses, no se define a partir de la interpretación o individualización subjetiva de la ideología de lo que en tal sentido se considere que quieren las mayorías de nuestro país, tal y como equívocamente lo lleva a cabo el a quo en la sentencia de mérito. La relación jurídica entre el derecho al honor y la libertad de expresión en aras de garantizar adecuadamente los principios de legalidad, de transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos, para la vigencia y correcto desarrollo del modelo democrático que instaura nuestra Carta Magna, efinirse definirse con base en la aplicación del marco normativo supra expuesto, del cual se determina lo siguiente: i.- Los funcionarios públicos están sujetos a los principios de legalidad y de rendición de cuentas en su calidad de depositarios de la función pública. ii.- La aplicación estricta de tales principios implica que los funcionarios públicos tienen un mayor nivel de tolerancia en el escrutinio y fiscalización del ejercicio de sus cargos, a efecto de garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos de todos los administrados, omo para como para garantizar el desarrollo pleno del principio democrático y el resguardo del Estado Democrático que instaura nuestra Constitución Política. iii.- La normativa constitucional, convencional y legal supra expuesta, determina que los funcionarios públicos, a pesar del deber de tolerancia al que están sometidos por su condición de tal, sí poseen y son titulares del derecho al honor, el cual utelarse tutelarse y garantizarse bajo la aplicación estricta del principio de rendición de cuentas y transparencia propios de un Estado Democrático de Derecho, los que dan un especial matiz y un umbral de tolerancia mayor, en la relación honor versus libertad de expresión de los funcionarios públicos, el que jurídicamente no puede traducirse en el vaciamiento o desconocimiento de facto de la tutela al honor de quienes ejercen la función pública, en los que, obviamente, se incluye el e […].

A de […]. Así, si bien la persona que ostente dicho ombre03 oportar soportar críticas, cuestionamientos u opiniones, las que incluso, pueden ser fuertes, ácidas e incómodas, mantiene su derecho al honor, de modo que el mismo no puede vulnerarse bajo la cortina o la mampara del ejercicio legítimo de un derecho (artículo 25 del Código Penal), sea el de la libertad de expresión, cuando en realidad lo que existe es un ejercicio abusivo e ilegítimo de tal derecho fundamental que implica una vulneración del decoro y dignidad de la persona que no sólo la afecta en su ámbito individual, sino que además, en virtud de su condición especial, la afecta con respecto al ejercicio de la función y administración pública. Tal uso abusivo del derecho al honor se puede realizar de muchas formas, tal y como expresamente se ha estipulado en la jurisprudencia constitucional, convencional y de nuestra Sala III de la Corte Suprema de Justicia –a la cual se hará referencia en un acápite subsiguiente- y no sólo mediante ofensas directas o señalamientos delictivos expresos en contra de un […] Nombre19[…], mo sin un sustento objetivo y jurídico lo estimaron los jueces de instancia en la sentencia de mérito. sas, par las cosas, para garantizar la tutela y aplicación efectiva de la normativa supra expuesta que regula los derechos fundamentales al honor y a la libertad de expresión en un caso como el que se dilucida en el subjudice, sin que se dé un menoscabo ilegítimo de uno de tales derechos en detrimento del otro, y lograr guardo y el resguardo y eficacia de ambos, no deben valorarse o definirse formas a priori o taxativas como propias o necesarias para la ofensa al honor de un determinado funcionario público, sea en el presente asunto el de quien ocupe la […], sino que lo procedente es apreciar o valorar en cada caso concreto la especie que se acusa o querella como ofensiva al honor del funcionario público, desde dos perspectivas; 1.- que el texto o contenido del material publicado se realice, exprese o plantee de una forma o manera que conlleve a una afectación o un menoscabo objetivamente constatables del honor, decoro o dignidad del funcionario público, en virtud del ejercicio abusivo de la libertad de expresión.

Es decir, que lo principal es el contenido ofensivo de la publicación, mas sin embargo, tal y como lo ha indicado la Sala Tercera en la resolución supra estudiada, es importante valorar la forma en que se expresan, se plasman las ideas o se lleva a cabo la publicación; 2.- que de “la especie” que se querella o reputa como lesiva al honor, se derive la existencia de un dolo común de quien la realiza, es decir, el conocimiento y voluntad de que la manifestación es ofensiva al honor, sea afectar la honra o decoro del funcionario público, voluntad que se aparta y excede el ejercicio de la libertad de expresión que corresponde al escrutinio y fiscalización que deben tolerar los funcionarios públicos como parte del deber de transparencia y rendición de cuentas que está aparejada al tentan. que ostentan. En términos sencillos, puede puntualizarse que lo mínimo que puede requerírsele a una persona que lleva a cabo una publicación o difusión de una expresión con respecto a una persona que ostenta un o –a pos público –a posteriori a efecto de evitar cualquier posibilidad de censura previa-, es el que se haya cerciorado al menos, de la seriedad o existencia real de la fuente, es decir, apreciar y definir al menos una base objetiva que justifique el cuestionamiento, crítica, denuncia, comentario etc., que se difunde o publica.

Es claro que dependiendo de cada caso en particular, y en atención al grado de responsabilidad, jerarquía y grado de exposición del determin de un determinado funcionario público, será más común y se tendrá que aceptar con mayor habitualidad el margen de tolerancia a la crítica, cuestionamientos u opiniones desfavorables que se lleven a cabo en el ejercicio serio y mesurado de la libertad de expresión, como medio de control y formación de opinión pública, tal y como ocurre en el […]. iv. de la […]. iv.- De la normativa expuesta, se colige que la libertad de expresión en torno al derecho al honor de los funcionarios públicos, no cubre ni ampara el ejercicio de aquella mediante el señalamiento o divulgación de hechos falsos, simples especulaciones o comentarios maliciosos que tienen como verdadera finalidad la de afectar el honor del funcionario público involucrado, y no la de hacer efectivo el ejercicio legítimo de un derecho con el objetivo de informar o generar opinión pública con respecto a situaciones que son relevantes para el correcto ejercicio de la función pública.

Lo anterior no se traduce en que quien lleva a cabo una manifestación, crítica u opinión con respecto a la actuación de un funcionario público, esté obligado a demostrar la verdad del contenido de su publicación, ya que tal postura podría limitar indebidamente la libertad de expresión como una forma de censura previa. Lo que procede en cada caso concreto –tal y como supra se adelantó-, es analizar en primer término, la base objetiva del comentario, opinión o publicación, y en segundo lugar, que su emisión y difusión no tengan como verdadera finalidad la de afectar indebidamente el derecho al honor de un funcionario público bajo la apariencia o subterfugio de invocar el ejercicio de la libertad de expresión. Esto, en razón de que aceptar abiertamente y sin discriminación alguna cualquier tipo de expresión o comentario negativos en contra de un funcionario público, sin tamizar tales manifestaciones bajo la óptica del mayor nivel de tolerancia que les corresponde no es procedente.

Tampoco es de recibo, afectar radicalmente su derecho al honor, en virtud de la definición y apreciación de presupuestos de hecho taxativos que no se derivan ni regulan, en el marco jurídico supra expuesto en modo alguno, tal y como lo hace el a quo. Tal postura lejos de satisfacer, procurar y permitir el control, escrutinio y fiscalización de quienes ostentan cargos públicos, a efecto de garantizar los deberes de transparencia y rendición de cuentas constitucionalmente establecidos, para la vigencia y desarrollo del Estado democrático a través de la formación de opinión pública y el cuestionamiento de los distintos actos que se dan en el ejercicio del poder y la administración estatal, lo que genera es la “deformación de la opinión pública”, lo que conlleva al desencanto y pérdida de confianza indebidos en quienes ejercen la administración pública y, en consecuencia, a la posible afectación irregular del correcto orden institucional.

Lo anterior no solo afecta el honor individual de tales personas, sino que además y lo que es sumamente perjudicial para un Estado Democrático, menoscaba la institucionalidad y la gobernabilidad del mismo, ya que se produce indebidamente un ambiente de desconfianza y desencanto de los administrados en general, con respecto de quienes ejercen la función pública por su delegación y en su representación. De esta forma, la libertad de expresión y comunicación en un esquema constitucional democrático, no solo incluye la posibilidad de llevar a cabo las manifestaciones de modo libre y sin censura previa por los habitantes del Estado, sino que además, contempla el derecho a recibir y que se difunda información veraz, seria, objetiva y responsable sobre la actuación de quienes ostentan la función pública, a efecto de garantizar la formación de una adecuada opinión pública que enriquezca y consagre el principio de democrático a través de la tutela y correcta aplicación de los principios de transparencia y rendición de cuentas los que, obviamente, atañen y vinculan a quien ejerza la […].

En razón de todo lo expuesto, se determina que la base ideológica que se definió subjetivamente por el a quo, a partir de su apreciación particular de la realidad de nuestro país, para definir parámetros que según su apreciación descartan la existencia de conductas ilícitas lesivas al honor en perjuicio de la [Nombre443 [Nombre10]] por los hechos que querelló en contra del imputado [Nombre7] , es una decisión que no se acuerpa ni se ajusta a las normas que en nuestro ordenamiento jurídico regulan el derecho al honor de los funcionarios públicos con respecto al ejercicio de la libertad de expresión. b.2.- Precedentes jurisprudenciales aplicables al tema de fondo. En la sentencia de mérito los juzgadores de instancia invocan y aprecian en su argumentación, precedentes jurisprudenciales de las Salas Constitucional y Tercera, de la Corte Suprema de Justicia, e la Cor como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante lo anterior, el examen integral del fallo deja ver que, tal y como lo reclama el impugnante, el tribunal de juicio no valoró de modo íntegro el contenido de tales pronunciamientos, a pesar de que resultan muy importantes para decidir el fondo del presente asunto, toda vez que en ellos se estudia y desarrolla el tema relativo a los preceptos y criterios que deben seguirse en el abordaje jurídico-penal de la relación que existe entre los derechos fundamentales a la libertad de expresión con respecto al derecho al honor de quienes ejercen la función pública, ambién d como también definen otros aspectos jurídicamente relevantes para la solución del caso. Por tal motivo y en virtud de que el marco jurisprudencial de referencia ha sido apreciado y valorado a efecto de fundamentar el presente pronunciamiento, es necesario recapitular y analizar los contenidos más importantes de cada uno de los precedentes invocados en el fallo de mérito, relacionados con el tema objeto de litigio. 1.-Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El estudio del fallo de mérito permite establecer que los juzgadores de instancia utilizaron, en el fundamento de su decisión de absolver al querellado [Nombre7] , el precedente jurisprudencial de la Sala Constitucional N°2006-05977, de las 15:16 horas del 3 de mayo de 2006, en el que se resolvió una acción de inconstitucionalidad planteada en contra del texto "Los responsables de delitos de calumnias o injuria cometidos por medio de la prensa, serán castigados con la pena de arresto de uno a ciento veinte días", contenido en el párrafo primero del artículo 7º de la Ley de Imprenta, N° 32 del 12 de julio de 1902. En dicho pronunciamiento, cuyas disposiciones arse que recordarse que son erga omnes, se destacan los siguientes aspectos: i.- En el precedente objeto de estudio se analiza el derecho fundamental a la libertad de prensa, siendo que la Sala Constitucional indica en tal sentido, que el caso se aborda desde la perspectiva de dicho derecho en relación con funcionarios públicos y la divulgación de temas de relevancia social -hechos noticiosos-, esto aún y cuando la norma está concebida dentro de un marco más amplio de sujetos.

Al respecto, cabe señalar que en la sentencia de mérito los juzgadores no apreciaron en modo alguno que si bien el caso analizado en el precedente constitucional de referencia, tiene algunos aspectos que son aplicables al presente asunto -por estar relacionados en cierto grado con los hechos que se juzgan en el sublitem-, el tema que se trató en específico por la Sala Constitucional fue el de la libertad de prensa, lo cual difiere de lo que se discute en esta querella, toda vez que “la especie” que se querelló como lesiva al honor de [[Nombre3] ] no se publicó en un medio de prensa, ni tampoco se llevó a cabo por alguna persona dedicada a tal ámbito profesional. Esto, por cuanto [Nombre7] no es periodista, a lo e que el sumarse que el querellado tampoco realizó la publicación de marras como resultado de una investigación periodística, ni bajo las características de la difusión que se estila y que son propias de los medios de comunicación de tal naturaleza.

Esta situación e presen tenerse presente para poder dimensionar los alcances del pronunciamiento en cuestión, a efecto de derivar los aspectos que del mismo sí son aplicables en la solución del subjudice, lo cual se dejó totalmente de lado por el a quo en la valoración que llevó a cabo en el fallo del precedente constitucional que se estudia. ii.- Otro aspecto que no valoró el tribunal penal con el peso que jurídicamente corresponde, es la afirmación que hace la Sala Constitucional en cuanto a los límites que tiene la libertad de prensa –que en algún momento de su razonamiento identifica como libertad de expresión- con respecto a quienes ejercen la función pública y su derecho al honor. En tal sentido se estipula, en términos generales, que las normas que establecen restricciones a dicho derecho fundamental no tienen como finalidad limitar el deber de transparencia, pero sí la de sancionar la mala fe y la negligencia inexcusable de quien utiliza la libertad de prensa como medio para lesionar el honor de un funcionario público.

Literalmente, sobre los aspectos previamente apuntados la Sala Constitucional establece: “[…] No se trata entonces de una norma configurada para escudar la función pública, ni evitar la necesaria transparencia que r sobre existir sobre sus actos, sino que pretende en general, sancionar a quien de mala fe o por negligencia inexcusable, utiliza la libertad de prensa como medio para lesionar el honor de las personas y el derecho de los ciudadanos a recibir información adecuada y oportuna de parte de los periodistas y medios que difunden información a través de medios escritos. No se abordan por no ser parte del caso, los temas ajenos al marco señalado, como lo son los otros sujetos no periodistas o medios de comunicación, que se expresan e informan sobre los distintos temas diariamente a la ciudadanía por medio de la imprenta que engloba de manera genérica todos los tipos de impresos, impresión, edición, circulación de folletos, revistas y publicaciones de toda clase […]”.

Lo anterior revela las debilidades en el razonamiento y, en consecuencia, en el fundamento de la decisión objeto de impugnación. iii.- En cuanto a la libertad de expresión, la Sala Constitucional establece que tal derecho fundamental es un pilar esencial de la democracia, lo cual asume y comparte plenamente esta cámara de alzada, según lo expuesto en el punto precedente de este pronunciamiento. Específicamente, en tal sentido la Sala Constitucional estipula lo siguiente: “[…] La libertad de expresión como requisito indispensable de la democracia. La libertad de expresión sin duda alguna es una de las condiciones -aunque no la única-, para que funcione la democracia. Esta libertad es la que permite la creación de la opinión pública, esencial para darle contenido a varios principios del Estado constitucional, como lo son por ejemplo el derecho a la información, el derecho de petición o los derechos en materia de participación política; la existencia de una opinión pública libre y consolidada también es una condición para el funcionamiento de la democracia representativa.

La posibilidad de que todas las personas participen en las discusiones públicas constituye el presupuesto necesario para la construcción de una dinámica social de intercambio de conocimientos ideas e información, que permita la generación de consensos y la toma de decisiones entre los componentes de los diversos grupos sociales, pero que también constituya un cauce para la expresión de los disensos, que en la democracia son tan necesarios como los acuerdos. Por su parte, el intercambio de opiniones e informaciones que se origina con la discusión pública contribuye a formar la opinión personal, ambas conforman la opinión pública, que acaba manifestándose por medio de los canales de la democracia representativa […]”. iv.- En el precedente objeto de estudio, la Sala Constitucional define el contenido de la libertad de expresión encuadrándola en distintas facetas, categorización que es de capital importancia para solución del presente caso.

Al respecto se estipula lo siguiente: “[…] Contenido de la libertad de expresión . La libertad de información podría decirse que tiene varias facetas, según lo ha reconocido la doctrina nacional (de las cuales las tres primeras se relacionan con lo que aquí se discute): a) la libertad de imprenta en sentido amplio, que cubre cualquier tipo de publicación, b) la libertad de información por medios no escritos, c) el derecho de rectificación o respuesta. La libertad de prensa engloba de manera genérica todos los tipos de impresos, impresión, edición, circulación de periódicos, folletos, revistas y publicaciones de toda clase. Es por su naturaleza vehículo natural de la libertad de expresión de los ciudadanos. Se traduce en el derecho para los administrados de buscar y difundir las informaciones y las ideas a un número indeterminado de personas sobre hechos que por su naturaleza son de interés de la generalidad por considerarse noticiosos.

Por su naturaleza, está sujeta a las mismas limitaciones que la libertad de expresión. Tiene como funciones en la democracia: informar (hechos, acontecimientos noticiosos), integrar la opinión (estimulando la integración social) y controlar el poder político, en cuanto es permanente guardián de la honestidad y correcto manejo de los asuntos públicos. Dado su vínculo simbiótico con la ideología democrática, un sin fin de instrumentos internacionales y prácticamente todas las Constituciones del mundo libre, desde la Declaración Francesa de 1789 (art.11) la han reconocido (…) La libertad de expresión tiene como consecuencia la prohibición de toda forma de censura, en un doble sentido: no se puede censurar a los interlocutores, por una parte; y no se puede, en general, tampoco censurar en forma previa los contenidos posibles de la discusión: en principio, en una democracia, todos los temas son discutibles.

La no censurabilidad de los sujetos tienen un carácter prácticamente universal, como lo establece nuestra Constitución, nadie puede ser privado de la libertad de hablar y expresarse como mejor le parezca; la no censurabilidad de los contenidos, si bien no se da en forma previa, encuentra algunas limitaciones, sin embargo, éstas deben ser tales que la libertad siga teniendo sentido o no sea vaciada de su contenido, básicamente, como toda libertad, rse con ejercerse con responsabilidad, en fin para perseguir fines legítimos dentro del sistema […]” (El subrayado no es parte del texto original). De lo expuesto se coligen dos puntos fundamentales con respecto al ejercicio de la libertad de expresión, a efecto de cumplir con los fines propios de un Estado Democrático, a saber: a.- se le define como el derecho de los administrados a difundir ideas a un número indeterminado de personas sobre hechos que por su naturaleza con de interés de la generalidad por considerarse noticiosos.

Así, es claro que lo que la libertad de expresión permite difundir son “hechos” que sean relevantes y tengan el carácter de noticiosos, por estar vinculados al ejercicio de la función pública. Tales aspectos no fueron valorados por el a quo a pesar de utilizar en su razonamiento de fondo el contenido jurisprudencial del precedente de referencia, siendo que no llevó a cabo apreciación alguna para definir si en el presente asunto, “la especie” que se querelló como idónea para afectar el derecho al honor de [[Nombre3] ] por ser difamatoria, reviste el carácter de “hecho” y, a su vez, si puede considerarse de interés para la generalidad de las personas por ser de carácter noticioso. En este sentido cabe reiterar según fue establecido supra por este tribunal de alzada, que desde el punto de vista penal quien ejerce el derecho a libertad de expresión o de prensa no está obligado a demostrar la veracidad de los hechos que difunde, sin embargo, sí es necesaria la constatación de cierta base objetiva que permita descartar que lo que se esconde detrás de la publicación es una falsedad o una mera especulación que de manera maliciosa se pone a circular o se difunde a sabiendas de que es idónea para afectar el honor del funcionario público que se involucra, tal y como la misma Sala Constitucional lo estipula en la jurisprudencia que se examina.

El examen integral del fallo recurrido deja ver que el tribunal de mérito no valoró, con la rigurosidad que exigen los artículos 142 y 184 del Código Procesal Penal, los aspectos antes apuntados a pesar de ser esenciales para categorizar y decidir adecuadamente los hechos querellados en la presente causa. b.- La Sala Constitucional expresamente establece que no son procedentes límites previos al ejercicio de la libertad de expresión, ya que tal tipo de restricciones podría implicar una especie de censura previa. No obstante lo anterior, nuestro Tribunal Constitucional establece que sí son procedentes ciertos límites a posteriori, mismos que no supriman el contenido del derecho fundamental, límites que se justifican en que toda libertad rse con ejercerse con responsabilidad, a efecto de procurar y alcanzar los fines legítimos dentro del sistema. v.- Otro aspecto esencial que se toca en el precedente objeto de estudio, es el relativo a los límites que la Sala Constitucional estipula que le corresponden a la libertad de expresión.

En tal sentido se establece que no todas las expresiones tienen el mismo valor, y en consecuencia, no gozan de la misma protección constitucional. Al respecto, retoma la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, siendo que indica lo siguiente: “[…] Para determinar cuáles expresiones se pueden limitar y en qué medida, es importante tomar en cuenta que no todas las expresiones pueden tener el mismo valor ni gozar, en consecuencia, de la misma protección constitucional. emplo, i por ejemplo, incluso la jurisprudencia internacional, vgr. el Tribunal Constitucional español, ha señalado que carecen de protección constitucional, los insultos o los juicios de valor formalmente injuriosos e innecesarios para la expresión de una idea, pensamiento u opinión […]”. De lo anterior se colige que carecen de protección los insultos, os juici como los juicios de valor formalmente injuriosos e innecesarios para la expresión de una idea, pensamiento u opinión.

En tal sentido, el examen comprensivo del fallo de mérito permite concluir que los juzgadores de instancia no valoraron bajo los parámetros estipulados por la Sala Constitucional, el contenido de la publicación que se querelló como difamatoria en el presente asunto, siendo que no apreciaron si la manera en que se redactó tal manifestación y su contenido, eran necesarios para la expresión de la especie que se difundió en el perfil de “Facebook” del [Nombre7] . En este sentido cabe agregar que el a quo analizó la publicación de marras de manera segmentada y restrictivamente, a partir del modo su que de modo subjetivo definió como la “base ideológica” de su fallo, del cual estableció los parámetros que consideró y determinó como los únicos que pueden generar la afectación del derecho al honor de quien ocupa la […]. ó su exa, limitó su examen del caso en apreciar si el texto en cuestión era directamente injurioso o atribuía indubitablemente una conducta delictiva a la [Nombre6], análisis que evidentemente no se ajusta a los parámetros definidos por nuestra Sala Constitucional en el precedente de referencia, situación que se traduce en la errónea fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.

Siguiendo con el análisis que dicha Sala realiza en la jurisprudencia objeto de estudio, en cuanto a las limitaciones que constitucionalmente le corresponden al derecho a libertad de expresión, es importante destacar los siguientes puntos que delimitan el legítimo ejercicio de dicho derecho fundamental: “[…] En otro peldaño se encuentran las opiniones, es decir, los juicios de valor personales que no sean formalmente injuriosos e innecesarios para lo que se quiere expresar, aunque contengan lo que se conoce como "opiniones inquietantes o hirientes"; estas opiniones sí estaría protegidas constitucionalmente por la libertad de expresión y podría tener como contenido incluso la ironía, la sátira y la burla. En otro escalón estaría la información, entendiendo por tal la narración veraz de hechos, que estaría protegida como regla general, a menos que vulnere otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos (por ejemplo, el honor, la intimidad, el orden y tranquilidad de la nación, los derechos de los niños y adolescentes).

En otro nivel estaría la noticia, entendiendo por tal la narración veraz de hechos que tienen relevancia pública, ya sea por los hechos en sí mismos, o por las personas que intervienen en ellos; las noticias contribuyen de manera destacada a la creación de la opinión pública libre. En el último escalón se encontrarían las falsedades, los rumores o insidias que se esconden detrás de una narración neutral de hechos y que en realidad carecen por completo de veracidad. Sobre el tema de la veracidad, la Comisión de Derechos Humanos ha señalado (Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108 periodo ordinario de sesiones en octubre de 2000) que se considera censura previa cualquier condicionamiento previo, a aspectos tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad de la información, pero a e Tribun de este Tribunal, erse que entenderse que está referido a la posibilidad de utilizar dichos argumentos como justificantes de una censura previa de la información, no para impedir el derecho a una tutela judicial efectiva injurias a las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales, como lo establece el artículo 41 de nuestra Constitución al señalar: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. eles jus hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.” Se reconoce que el ejercicio de la libertad de prensa, entendida como parte del derecho a informar y por lo tanto una forma de libertad de expresión, rse dent ejercerse dentro de principios éticos elementales, bertad d “la libertad de prensa no es sinónimo de derecho a injuriar”.

Esto porque existe otro derecho fundamental que justifica que el sistema jurídico provea un equilibrio que será determinado siempre con análisis del caso concreto. No quiere esto decir que en todos los casos el honor de las personas ecer, o prevalecer, o que son derechos del mismo rango. Son más bien libertades que se relacionan entre sí dentro del sistema de libertad que soporta nuestra institucionalidad democrática […]” (El subrayado no es parte del texto original). De lo antes señalado se derivan dos aspectos muy importantes en cuanto al derecho al honor, que no fueron valorados debidamente por el a quo, a saber: a.- Las opiniones o juicios de valor personales no están exentos per se o de modo absoluto de generar un abuso del derecho a la libertad de expresión en detrimento de otros derechos fundamentales. Así, conforme lo dispone nuestro Tribunal Constitucional, para descartar tal uso abusivo del derecho a la libertad de expresión, arse y d apreciarse y definirse si las opiniones son formalmente injuriosas e innecesarias para difundir lo que se quiere expresar, análisis que omitió llevar a cabo el tribunal de mérito en el subjudice, en virtud de la preponderancia absoluta que le dio al parámetro que subjetivamente definió, para delimitar las conductas que taxativamente determinó como las únicas que pueden afectar el derecho al honor en el caso específico de quien ostenta la […].

Cabe agregar que las opiniones inquietantes, hirientes, irónicas, satíricas o burlescas, siempre que no sean formalmente injuriantes e innecesarias para expresar lo que se publica, no exceden la libertad de expresión según lo estipula la Sala Constitucional en el precedente que se analiza. Al respecto, rse que indicarse que en el fallo de mérito el tribunal penal señala que lo referido por el querellado [Nombre12] en contra de [[Nombre3] ], se llevó a cabo a través de un texto “fuerte”, “sarcástico” y sin duda “molesto” para dicha [Nombre6], a partir de los hechos que [Nombre12] informó como base para su manifestación u opinión. En tal sentido arse que reiterarse que en la sentencia impugnada, no se establece ni se deriva el razonamiento lógico ni tampoco con base en qué medios probatorios el a quo le otorgó, certeramente, el carácter de “hechos” a los puntos que se engloban en el texto publicado en el perfil de “Facebook” de [Nombre28] , en contra de la [Nombre [Nombre10]].

De igual manera, en el fallo los jueces de instancia tampoco expresaron los motivos por los que consideraron que “la especie” difundida por el querellado, se hizo de una manera que no es formalmente injuriosa e innecesaria para comunicar lo que se difundió en la cuenta de “Facebook” de [Nombre12] . b.- Otro defecto en el fundamento jurídico de la sentencia, que se constata de su examen integral –con base en lo preceptuado por la Sala Constitucional en el pronunciamiento que el a quo invocó en su fallo-, es que el tribunal de mérito no expresó n alguno o razón algunos en virtud de los que descartó en el subjudice que las manifestaciones que fueron querelladas como difamatorias no constituyen falsedades, rumores o insidias que se difundieron bajo una aparente “narración neutral de hechos” en el perfil de “Facebook” de [Nombre7] –pues no se analizó- si la publicación de marras carece por completo de veracidad.

En este sentido, tal y como lo alega el recurrente [Nombre15] , el tribunal penal no valoró íntegramente la declaración de la [Nombre6] [[Nombre3] ] rendida en el juicio, ya que sólo la apreció a efecto de concluir en el análisis segmentado de la publicación de marras que realizó en el fallo, que “los sentimientos expresados por la [Nombre6] eran meras apreciaciones personales y derivaciones entre muchas otras que se podían colegir del contenido de la publicación querellada como difamatoria” (sin que en el fallo se precisen objetivamente cuáles son esas “otras muchas derivaciones”). En relación con el punto que se analiza, rse que indicarse que la Sala Constitucional, en el precedente objeto de estudio, establece que no puede pretenderse la acreditación de la verdad de lo que se publica a priori, ya que tal situación implicaría una especie de censura previa y afectaría el derecho a la libertad de expresión, pero a su vez considera nuestro Tribunal Constitucional que en el caso en que una persona decidió ejercer tal derecho fundamental a sabiendas de que el mismo tiene límites y le puede generar responsabilidades, es procedente y necesario a posteriori establecer que lo expresado no se trata de falsedades o rumores que carecen por completo de veracidad.

Este supuesto, definido como uno de los parámetros constitucionales para limitar la libertad de expresión, no se valoró adecuadamente por el tribunal penal en la sentencia de mérito.vi.- Uno de los puntos de mayor relevancia para la solución del subjudice, que se desarrolla en la jurisprudencia de la Sala Constitucional objeto de estudio, es el relativo a la forma en que erse la resolverse la colisión que puede darse entre el derecho al honor y el ejercicio a la libertad de expresión, en el caso en que de por medio esté una persona o personas que ejerzan la función pública, siendo que en tal sentido la Sala valora la doctrina de la “posición preferente” del derecho a la información. Al respecto, se estipula lo siguiente: “[…] Es reconocido que la libertad de expresión en su más amplio sentido, es tan fundamental que representa el fundamento de todo el orden político, es decir, no es una libertad más, de ahí que haya surgido -principalmente por influencia norteamericana-, la doctrina de la "posición preferente" del derecho a la información en materia de control de constitucionalidad, entendida como aquella que afirma que cuando el derecho a informar libremente entra en conflicto con otros derechos, aunque sean derechos fundamentales, tiende a superponerse a ellos, posición que explica el porqué aspectos del derecho a la intimidad y al honor de las personas públicas deban ceder ante el interés de la información.

El Tribunal Constitucional español se ha referido a la posición preferente de la libertad de expresión s derech a otros derechos fundamentales en los siguientes términos: Dada su función institucional, cuando se produzca una colisión de la libertad de información con el derecho a la intimidad y al honor aquélla goza, en general, de una posición preferente y las restricciones que de dicho conflicto puedan derivarse a la libertad de información deben interpretarse de tal modo que el contenido fundamental del derecho a la información no resulte, dada su jerarquía institucional, desnaturalizado ni incorrectamente relativizado (sentencias 106/1986 y 159/1986). Sin embargo es evidente que la posición preferente existe en cuanto el derecho sea ejercido para cumplir con su función legítima en la democracia y por ende como parte esencial del mismo, no para permitir falsedades, rumores o insidias que se esconden detrás del ejercicio de un derecho fundamental con la excusa como se indicó, de una supuesta narración neutral de hechos carentes por completo de veracidad, que causan violaciones a libertades también esenciales desde el punto de vista del sistema de libertad, como lo son el honor de las personas y el derecho a ser informados en forma adecuada y oportuna.

Es tan importante esta libertad, que efectivamente goza de especiales protecciones en aras de su correcto ejercicio, como la libertad de conciencia, la protección de la fuente, la no censura previa para mencionar algunas, todo en aras de que ejerza la función social que está llamada a cumplir dentro del marco democrático. En ese sentido lleva razón el recurrente cuanto señala que la libertad de prensa, contrario al derecho al honor, tiene además de su dimensión de protección individual, una dimensión social. Se olvida sin embargo que la otra cara de la libertad de prensa, también con una dimensión social evidente, es precisamente el derecho de las personas a recibir una información, adecuada y oportuna (no manipulada), con lo cual se excluye la posibilidad de ejercer esta libertad en forma contraria a fines legítimos del sistema o que, a su vez, lesione intereses igualmente legítimos del mismo.

En ese sentido la posición preferente vale en tanto y en cuanto no se utilice como mecanismo para violar otros fines relevantes del sistema, porque para eso no fue concebida. De lo contrario se estaría autorizando una manipulación o desinformación de las personas o de las masas, objetivo tan contrario para la democracia, como la censura misma. En ese sentido, cuando se habla de que el derecho a transmitir información respecto de hechos o personas de relevancia con preeminencia sobre el derecho a la intimidad y al honor, en caso de colisión, resulta obligado concluir que en esa confrontación de derechos, el de la libertad de información, como regla general, ecer sie prevalecer siempre que la información transmitida sea veraz, y esté referida a asuntos públicos que son de interés general por las materias a que se refieren, por las personas que en ellas intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública en forma legítima.

En este caso el contenido del derecho de libre información alcanza su máximo nivel de eficacia justificadora echo al al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información (sentencia STC 107/1988 ). Cabe aclarar que jurídicamente no es posible exigir que todo lo que se publique sea verdadero o exacto, o ha señ como lo ha señalado el Tribunal Constitucional español, de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio (STC 28/96), pero tampoco puede amparar al periodista que ha actuado con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado. Lo que sí protege es la información rectamente obtenida y difundida “aunque resulte inexacta, con tal de que se haya observado el deber de comprobar su veracidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente”.

(STC 178\93). Igualmente protege, el reportaje neutral, entendido como “aquellos casos en que un medio de comunicación se limita a dar cuenta de declaraciones de terceros, aun y cuando resulten ser contrarias a los derechos de honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen, (STC 22|93), siempre que medie la buena fe, es decir que no se haya enterado el responsable de la difusión de su inexactitud o falta de veracidad, porque a partir de ese momento, de no corregirse se estaría actuando de mala fe, en afectación de otras garantías relevantes para el sistema de libertad […]” (el subrayado no es parte del texto original). En cuanto a la doctrina de la “posición preferente” de la libertad de comunicación con respecto a la tutela de otros derechos fundamentales como el derecho al honor, rse que indicarse que sin duda alguna, el tribunal de mérito le otorgó preferencia a la libertad de expresión por sobre el derecho al honor de la [Nombre6] [[Nombre3] ], tal y como en principio se establece que es lo que corresponde por la Sala Constitucional en el precedente de referencia.

No obstante lo anterior, en el razonamiento que se plasmó en el fallo de marras, no se realizó consideración alguna en cuanto a los aspectos que según nuestro Tribunal Constitucional, deben apreciarse para determinar si la “posición preferente” es aplicable o no en un caso determinado, sea específicamente, que el a quo no expresó los razonamientos con base en los que determinó que en el presente asunto era plenamente aplicable dicha doctrina. Así, en la sentencia impugnada no se realizó análisis alguno para descartar que las manifestaciones o información difundida por el querellado [Nombre12] en su perfil de “Facebook” no constituyan falsedades, rumores o insidias escondidas detrás del aparente ejercicio de un derecho fundamental bajo la fachada de una supuesta narración neutral de hechos carentes por completo de veracidad. En este sentido, el examen integral del fallo deja ver que el a quo se limitó a considerar que en el presente asunto no era necesario establecer si la información que difundió el querellado era veraz o no, ya que se trató de su “opinión” con respecto a los hechos que se incluyeron en la publicación de marras, siendo que tal y como supra se indicó, el tribunal penal tampoco estableció las razones -ni las pruebas- con base en las que estimó como “hechos” las afirmaciones expresadas por [Nombre12] en contra de la querellada, o por qué calificó dichas afirmaciones como una mera opinión, todo lo cual contraviene los preceptos definidos por la Sala Constitucional y evidencia la errónea fundamentación jurídica de la sentencia absolutoria dictada en la presente causa. vii.- En el fundamento del precedente de la Sala Constitucional objeto de estudio, se hace hincapié en cuanto a que no se puede exigir previamente a quien ejerce su libertad de expresión o de prensa, que constate de antemano la veracidad de lo que publica, ya que se estaría en presencia de una situación que puede degenerar en la censura previa como forma de limitar tales derechos fundamentales, empero, la misma Sala Constitucional, de igual forma, reitera que no es posible invocar la libertad de expresión para difundir situaciones que se sabe son falsas o respecto de las cuales no se hizo esfuerzo alguno por quien hace la publicación, para tratar de constatar algún aspecto objetivo que descarte su falsedad, a necesi como la necesidad de valorar el caso concreto para desvirtuar la mala fe como objetivo real de la publicación.

En tal sentido, en el precedente de referencia se retoma lo que ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la censura previa, e analiz como se analiza el contenido de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso New York Times vs. Nombre57321, consideraciones que sin duda alguna deben tenerse presentes y valorarse en la solución del presente caso. Al respecto, la Sala Constitucional consideró lo siguiente: “(…) Evidentemente que como se indicó, la protección del Estado no puede darse como lo ha señalado la Corte de Derechos Humanos, con el derecho a censurar previamente las informaciones, lo cual será a todas luces inconstitucional (art. 28), sino que se refiere a su control a posteriori, en el caso que haya existido intención de infligir daño o actuado con pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas y con ella resultó afectado el honor y reputación de alguna persona.

La Sala comparte la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (opinión consultiva 5/85) en el sentido de que: 33. ... No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a nsor. Co del censor. Como tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista. De igual forma reconoce la jurisprudencia sentada en el caso New York Times vs. Nombre57321 de 1964 en la que se señala que la protección que la Constitución ofrece a la libertad de expresión no depende de la verdad, popularidad o utilidad social de las ideas y creencias manifestadas, y reconoce que un cierto grado de abuso es inseparable del uso adecuado de esa libertad, a partir de la cual el gobierno y los tribunales deben permitir que se desarrolle un debate "desinhibido, robusto y abierto", lo que puede incluir expresiones cáusticas, vehementes y a veces ataques severos desagradables hacia el gobierno y los funcionarios públicos.

Los enunciados erróneos son inevitables en un debate libre, y deben ser protegidos para dejar a la libertad de expresión aire para que ar y sob respirar y sobrevivir. Las normas deben impedir que un funcionario público ar a un demandar a un medio de comunicación o a un particular por daños causados por una difamación falsa relativa a su comportamiento oficial, a menos que se pruebe con claridad convincente que la expresión se hizo con malicia real, es decir, con conocimiento de que era falsa o con indiferente desconsideración de si era o no falsa. Esta salvedad que se hace es indispensable bligació a la obligación del Estado de proteger la reputación y honra de las personas y más aún, dentro de la obligación que tiene de velar porque el mal uso o desvío de esta libertad no se utilice para violar fines igualmente esenciales del sistema democrático, entre los que se incluye el sistema de derechos fundamentales […]” (el subrayado no es parte del texto original).

El contenido del segmento del precedente antes expuesto no fue valorado en modo alguno por el tribunal de juicio, a efecto de establecer si, en el presente caso, con la publicación realizada por [Nombre7] se hizo un mal uso de la libertad de expresión, ya que el a quo sin mayor fundamento dejó de lado el considerar si la difusión de las afirmaciones en contra de la [Nombre6] tenían algún grado de objetividad o incluso de veracidad, ampoco v como tampoco valoró si el texto publicado en el perfil de “Facebook” de [Nombre12] , se hizo con “conocimiento de que era falsa o con indiferente desconsideración de si era o no falsa,” tal y como lo define nuestra Sala Constitucional a partir del análisis de lo resuelto en el caso New York Times vs. Nombre57321. En conclusión, de todo lo expuesto de determinan dos aspectos fundamentales: a.- El pronunciamiento N° 2006-05977 de la Sala Constitucional desarrolla una interpretación y análisis extensos de la forma en que erse la entenderse la colisión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, os límit como los límites que constitucionalmente corresponden al ejercicio de la libertad de expresión y comunicación, lo cual sin duda alguna constituye un insumo jurídico necesario para la correcta solución del presente caso; b.- A pesar de que en el fallo de mérito el a quo hace referencia y valora un segmento del precedente constitucional antes enunciado, no lo aplica de modo íntegro y adecuado en el análisis jurídico de los hechos que se querellaron como difamatorios por la [Nombre [Nombre10]] en contra de [Nombre7] , lo cual implica no sólo el desconocimiento de lo preceptuado por la Sala Constitucional para el análisis de un caso como el que se dilucida en la especie. 2.-Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En la sentencia objeto de impugnación, el tribunal de instancia invocó el contenido jurisprudencial de la resolución N° 2002-01050, de las 8:50 horas del 25 de octubre de 2002 de nuestra Sala de Casación Penal. El estudio de tal pronunciamiento con respecto al tema de fondo que se conoce en el subjudice, permite establecer que en tal precedente se analiza y desarrolla una serie de aspectos jurídicos que son de suma relevancia para determinar la forma en que procede abordar penalmente el tema relativo al ejercicio de la libertad de expresión versus la tutela del derecho al honor, a efecto de definir en qué casos existe un ejercicio legítimo del derecho fundamental a expresar y comunicar las ideas, y en qué supuestos se da un ejercicio abusivo de tal garantía constitucional que signifique la violación del bien jurídico “honor” penalmente tutelado, sea en el sublitem, en lo que respecta al delito de difamación dispuesto en el artículo 146 del Código Penal que se querelló en contra de [Nombre7] .

Es preciso indicar que el examen integral del fallo recurrido permite establecer que los juzgadores de instancia no analizaron de modo integral el pronunciamiento de la Sala de Casación que citaron en el fundamento de la sentencia impugnada, ya que no apreciaron con la rigurosidad que exigen los artículos 142 y 184 del Código Procesal Penal su contenido, a efecto de sustentar adecuadamente la absolutoria dictada en la presente causa. A efecto de sustentar el presente pronunciamiento, se procede a definir y valorar los principales aspectos establecidos por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en torno al asunto de fondo que es objeto de discusión en el subjudice, sean éstos los siguientes: i.- La resolución objeto de estudio versa, específicamente, sobre el ejercicio a la libertad de comunicación de quien se dedica al periodismo, en torno a la tutela del derecho al honor de las personas desde la perspectiva penal.

Tal particularidad arse con apreciarse con el fin de marcar la diferencia que existe con respecto a los hechos juzgados en la especie, sin embargo, de la resolución de la Sala de Casación Penal de referencia se derivan aspectos que sí son aplicables para el adecuado análisis jurídico y solución del presente asunto. ii.- Al igual que lo ha establecido esta cámara de apelaciones y se ha desarrollado en el acápite A) de esta resolución, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia considera que un caso de relevancia penal en el que existe colisión entre los derechos fundamentales al honor y la libertad de comunicación, expresión o prensa, no se puede decidir atendiendo únicamente a las normas de carácter penal, sino que es necesario valorar normas constitucionales y convencionales con el fin de analizar y resolver adecuadamente el caso. En tal sentido, en el voto de referencia se estipula lo siguiente: “[…] El conflicto entre el derecho al honor y las libertades de información y prensa es uno de los más difíciles de resolver, á ante d se está ante derechos fundamentales de la persona y ello obliga a definir muy bien cuándo alguno de ellos tiene primacía sobre los otros.

El problema no se resuelve teniendo en cuenta solamente lo dispuesto en el Código Penal, sino que se direc partirse directamente de la Constitución y de la normativa internacional sobre derechos humanos para nder los comprender los alcances de la legislación punitiva […]”. El ado por externado por la Sala Tercera es el que sigue y justifica en el presente pronunciamiento, que se haya enumerado el marco jurídico cuya normativa se vincula con el conflicto de fondo que se resuelve en la especie, y que a vez, es el que se aprecia para demostrar la errónea fundamentación jurídica de la sentencia de mérito. iii.- La Sala de Casación Penal establece que en caso de conflicto o colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión, el primero de tales derechos fundamentales cede ante el segundo, salvo en los casos en que se haga un uso abusivo del derecho a la libertad de comunicación – en razón de que excede o extralimita el ámbito de protección que este contempla-, supuesto en que el que sí son aplicables las disposiciones penales que tutelan el derecho al honor como un bien jurídico penalmente relevante.

Así, la Sala Tercera consideró lo siguiente: “[…] Como salta a la vista, se está en presencia de bienes jurídicos merecedores de igual tutela por parte del ordenamiento. En virtud de lo recién indicado, el problema que rse en e abordarse en este caso es el de cuándo prevalece el derecho al honor sobre las libertades indicadas. De conformidad con las disposiciones constitucionales e internacionales humanitarias, ese conflicto entre derechos fundamentales sólo puede resolverse a favor del derecho al honor cuando se constata un ejercicio abusivo de las libertades de información y de prensa. Lo anterior obedece a que el ordenamiento jurídico costarricense contempla como regla general (consagrada en el artículo 22 del Código Civil) el no amparar el abuso del derecho ni el uso antisocial de éste. Ello se amente a precisamente a que si se abusa de un derecho, eso implica que se ha excedido o extralimitado el ámbito de protección que el mismo contempla, de modo que dicho exceso no queda cubierto por éste y carece de tutela.

Así, si no se incurre en abuso alguno, sino que se ejercen legítimamente las libertades de información y de prensa, entonces no hay posibilidad alguna de sancionar penalmente al comunicador, ría come no habría cometido ningún delito contra el honor […]”. De lo expuesto se determina que, en los casos en que se da un exceso en la realización de conductas humanas relacionadas con el tema penal de fondo, sea por el abuso de la libertad de comunicación o de expresión y se llega a un uso antisocial de la misma, tal exceso no queda cubierto por el contenido del derecho fundamental, siendo que por tal motivo carece de tutela y más bien surge la tutela penal del derecho al honor. Lo anterior se aplica plenamente en el supuesto en que estén involucradas personas que sean funcionarios públicos, ya que no es posible discriminar o definir ámbitos de exclusión que permitan o justifiquen un ejercicio antisocial y abusivo de la libertad de expresión o comunicación, por el solo hecho de que la persona afectada ocupe un o, sea c público, sea cual sea dicho cargo, incluso el de la […], ya que la postura que se cuestiona no atiende a criterios de racionalidad y proporcionalidad que deben apreciarse para la tutela y aplicación de los derechos fundamentales.

Así, no se puede desconocer un derecho constitucionalmente consagrado como lo es el derecho al honor, el que conservan plenamente quienes ejercen la función pública, eso sí, matizado y atemperado por el deber o la obligación de soportar una mayor tolerancia en aspectos relativos a los cuestionamientos, críticas, opiniones, control y fiscalización –relacionados sin duda alguna con el derecho al honor- que se deriva del ejercicio de su función y de su especial condición, y que se sustenta en los deberes de transparencia y rendición de cuentas constitucional y legalmente estipulados. Por lo anterior, el te el qu mediante el que el a quo define un mínimo y prácticamente nulo ámbito de tutela penal del derecho al honor de quien ostenta la […], en virtud de ejercer tal cargo, es forzado y jurídicamente infundado, toda vez que lo que se deriva en realidad de su razonamiento es que erróneamente se equiparan el deber de tolerancia supra indicado con el vaciamiento de facto del bien jurídico honor de quien ocupa dicho cargo, siendo que tal postura permitiría sin posibilidades de exclusión, el ejercicio abusivo y antisocial de la libertad de expresión y comunicación, lo cual -tal y como supra se indicó- lejos de garantizar y reforzar el modelo democrático que nos rige, implicaría la afectación del derecho a recibir información veraz para la formación de una adecuada opinión pública, ara la i como para la idónea fiscalización de la función pública y, obviamente, del ejercicio de los poderes públicos por parte de todos los administrados. iv.- En la resolución de la Sala de Casación que se estudia, se define y encuadra jurídicamente el principio de rendición de cuentas al que están sujetos todos los funcionarios públicos, en virtud del cual están sometidos a un amplio control y escrutinio por parte de órganos oficiales o formales establecidos para tal efecto –por ejemplo la Contraloría General de la República- y por sectores informales –prensa, medios de comunicación colectiva, los administrados en general- los que tienen una gran peso e importancia en un régimen democrático como el que rige en nuestro país.

Asimismo, la Sala Tercera estipula cuáles son los actos de quienes ejercen la función pública que están sometidos a tal tipo de escrutinio, sea en términos generales, aquellos que son de interés público y que corresponden a la faceta pública de la vida de quienes ocupan un natural de tal naturaleza. Tales parámetros permiten establecer los alcances jurídico-penales del deber de tolerancia, n qué ám como en qué ámbitos de la vida o existencia de quien ejerce un o, tiene público, tiene la obligación de soportar un mayor escrutinio y control, siendo que en tal sentido y en torno a la relación derecho al honor versus libertad de expresión, la Sala de Casación establece que el derecho al honor del funcionario público prevalece y rse pena tutelarse penalmente cuando se da un exceso en el ejercicio de la libertad de comunicación o expresión, incluso, por quienes ejercen la actividad periodística.

Los puntos antes expuestos no fueron apreciados en modo alguno en la sentencia de mérito, a pesar de ser esenciales para el correcto análisis jurídico de los hechos querellados como difamatorios en la presente causa. En el contenido de la resolución que se examina en lo atinente a los aspectos previamente expuestos, se estipula lo siguiente: “[…] Los acontecimientos que aquí interesan –sea la grabación en video del vehículo del [Nombre6], a inform como la información divulgada por Noti-Catorce y la respuesta dada por [Nombre29]. a los reportajes de dicho noticiero- ocurrieron entre octubre y diciembre de 1999. En aquel entonces la Constitución Política disponía en su artículo 11 lo siguiente: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.

La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública.” (Cabe acotar que tras la reforma constitucional efectuada mediante Ley N° 8003 de 8 de junio de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 126 de 30 de junio de 2000, se modificó dicho artículo de la Constitución y se agregó una disposición en el sentido de que los funcionarios públicos deben cumplir los deberes que la ley les impone; además, se instauró formalmente el principio de rendición de cuentas, aspectos que estima esta Sala –como se verá a lo largo de este Considerando- podían extraerse de la redacción anterior aunada a disposiciones de la Ley General de la Administración Pública, aunque ciertamente la reforma hace más fácil de apreciar el rango constitucional de dicho principio). Como puede observarse, la Ley Fundamental (tal cual es aplicable al caso concreto) claramente establece que los servidores públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, eso es lo que se deriva de que se les califique como simples “depositarios de la autoridad”; en otras palabras, no están por encima del Derecho.

En esa tesitura, se desprende de la disposición constitucional de comentario (precepto que se revitaliza con la reforma del año 2000 ya aludida) que los funcionarios públicos se ven vinculados tanto por las normas permisivas, como por las ordenatorias y las prohibitivas, agregándose además que sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente les autoriza. sas, en las cosas, en Nombre2042 todo funcionario público (sea que haya sido elegido popularmente, haya sido designado por otro o algún cuerpo colegiado, o haya ganado la plaza mediante concurso; sea propietario, suplente o interino; esté nombrado indefinidamente o a plazo; sea de confianza o goce de estabilidad laboral; sea funcionario de carrera o no; etc.) está expuesto, desde que asume el cargo, a la fiscalización de sus actos en el desempeño del cargo. Ello obedece a que todo lo que haga esa persona con ocasión del puesto público que ocupa es de interés para la generalidad de habitantes de la República, ya que de lo que se trata es de velar porque actúe, como servidor, en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico.

Esa supervisión constante de sus actos es una de las consecuencias que acarrea el ser servidor público, de modo que quien asume un a natura de esta naturaleza acepta de forma implícita que se examine públicamente su actuación. Por la investidura, el funcionario está sujeto al principio de legalidad, según el cual sólo le está autorizado hacer aquello que la ley –en sentido amplio y en adecuación de la escala normativa- expresamente le permite, estándole prohibido todo lo demás. sas, des las cosas, desempeñar una función pública conlleva para la persona una sujeción a controles, los cuales han sido concebidos para verificar que el ejercicio de las atribuciones que derivan del puesto sea correcto, ara evit como para evitar que se incumplan los deberes inherentes al cargo. Ahora bien, dentro de estos controles se cuentan no sólo los institucionalizados (como lo son los propios de la Administración Pública, al igual que los judiciales), sino que en un Estado democrático –la Constitución define a Nombre2042 como tal en su artículo 1- es necesario considerar también el papel de los comunicadores.

Si todo ser humano tiene el derecho de ser informado, si existe además la libertad para comunicar pensamientos y opiniones, incluso publicándolos, y si se considera que los comunicadores tienen como profesión el recabar datos, analizarlos y con base en ellos informar a los demás sobre los temas que les interesan, entonces es evidente que la práctica del periodismo es una manifestación perfecta de las libertades de información y de prensa. En esa tesitura, es irrebatible que los medios de comunicación colectiva, los periodistas y demás comunicadores tienen el derecho de informar –haciendo públicos los datos que manejan- a los habitantes. Esa es la premisa que ecer en prevalecer en una sociedad democrática. Lo anterior requiere de ciertas precisiones cuando se está ante un asunto de interés público relacionado con la actuación de un servidor estatal. Lo primero es que asunto de interés público es todo aquello que de manera razonablemente presumible atrae de forma coincidente el interés individual de los administrados (artículo 113 inciso

  • 1)de la Ley General de la Administración Pública); obsérvese que al hablarse de “administrados” se pone en evidencia que se trata de temas relacionados con la conducción del Estado (en sentido amplio, es decir, el Gobierno de la República –descrito en el artículo 9 constitucional- y los demás entes públicos) y el manejo de sus recursos, aspectos que se puede válidamente presumir interesan a la generalidad de habitantes de un país, los quie son ellos quienes contribuyen a sufragar los gastos del Estado. Lo segundo es que lo normal, tratándose de asuntos de interés público, es que medie la intervención de un funcionario estatal, aunque también es posible (aspecto que se verá al final de este Considerando) que haya sujetos no investidos como servidores públicos que llevan a cabo una tarea que sí es pública, por lo que también estarían sujetos a la fiscalización de sus actuaciones en el ejercicio de esa función pública. Así, tratándose de asuntos de interés público, las libertades de información y de prensa que amparan a los comunicadores es tan importante, por constituir uno de los medios de control de la gestión pública en un Estado democrático, que si se le enfrenta con el derecho al honor que como personas también ostentan quienes cumplen una función pública, este último puede ceder ante las primeras, sólo en lo que atañe a la faceta pública de su conducta. De conformidad con ese planteamiento, únicamente cuando se incurra en abuso por parte del comunicador a la hora de informar, será posible anteponer el derecho al honor del funcionario libertad a las libertades de información y prensa que amparan al comunicador, l derech como al derecho de ser informado que le asiste a toda persona. Hay gran cantidad de normas que respaldan esta posición. Por ejemplo, obsérvese que el artículo 26 constitucional garantiza a los habitantes del país el reunirse pacíficamente y sin armas para examinar la conducta pública de los funcionarios. Esto es importante, a la vis salta a la vista que el constituyente tuvo conciencia de que hay aspectos públicos y privados en el comportamiento de los servidores del Estado, siendo sólo los primeros susceptibles de examen y discusión abiertos por parte de la sociedad. Esos actos públicos de los funcionarios son precisamente los que aquí se ha establecido se relacionan con el cumplimiento del cargo; los privados –y por ende no susceptibles de ser debatidos públicamente- son los propios de la intimidad personal y familiar no conexos con el ejercicio de la función. Si se puede debatir públicamente, en una reunión, aspectos de la actuación pública de los servidores estatales, es entonces innegable que ha de poderse informar sobre sus actos para que sean examinados por los habitantes del territorio nacional. Además, arse que recordarse que al tenor del artículo 28 constitucional, nadie puede ser siquiera inquietado por la manifestación de sus opiniones, ni por actos que no infrinjan la ley. Como corolario de lo anterior, arse que observarse que el artículo 29 de la Constitución expresamente prevé la posibilidad de que toda persona comunique (que dirija a otra) sus pensamientos, de palabra o por escrito, e incluso que los publique (que los haga de conocimiento público) sin previa censura, de modo que sólo serán responsables si abusan de estos derechos. En esa tesitura, resulta que el ejercicio de la actividad de los comunicadores, que es indispensable para garantizar el derecho de ser informado que le asiste a toda persona, permite informar libremente aspectos relacionados con el desarrollo de la función pública, por ser éste un asunto de evidente interés público […]”. Cabe agregar a lo supra expuesto, que la Sala Tercera al definir la tutela penal del derecho al honor que corresponde a la situación particular de los funcionarios públicos, no realiza discriminación alguna en cuanto al tipo de ecífico en específico que ocupe una persona determinada, sea de elección popular o que su nombramiento corresponda a un concurso público, etc. Lo anterior evidencia que la tesis sostenida por el a quo, y con base en la que descarta la afectación del derecho al honor de la [Nombre6] [[Nombre3] ], no atiende a los preceptos establecidos por la Sala de Casación Penal en cuanto a la tutela de dicho derecho fundamental que izarse a garantizarse a quienes ejercen la función pública, independientemente del tipo de upen, in que ocupen, incluso, los que se designan por elección popular, dentro de los que claro está el de la […]. En tal sentido, el examen integral del fallo permite establecer que el tribunal penal no establece argumentos jurídicos de peso que justifiquen apartarse de los preceptos jurisprudenciales definidos por la Sala Tercera en cuanto al tema objeto de juzgamiento, siendo que lo único que se deriva del fundamento intelectivo de la sentencia impugnada, es el finen lo que definen los juzgadores de instancia con base en su lectura particular de la realidad costarricense y “la ideología” que, expresamente, señalan que derivan de tal aspecto, determinando a partir de tal argumentación un margen de tutela penal excepcional y específico del derecho al honor que particularmente estiman que le corresponde a quien ocupa la […], criterio que, tal y como se ha venido estableciendo a lo largo del presente pronunciamiento, no está intelectiva ni jurídicamente fundamentado conforme legalmente se exige, según lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, y en los numerales 1, 142, 184 y 363 del Código Procesal Penal. Otro aspecto que la Sala de Casación Penal precisa como jurídicamente relevante, para definir en qué casos se r penalm tutelar penalmente el derecho al honor de los funcionarios públicos con respecto al ejercicio abusivo de la libertad de comunicación y expresión, es el atinente a las maneras en que puede darse la difusión o exposición de comentarios, opiniones o pensamientos que tienen la entidad suficiente para vulnerar el honor del funcionario público, y por tal motivo la procedencia de la tutela penal de su honra y decoro. En este sentido es claro que la Sala Tercera no restringe los supuestos de tutela penal del derecho al honor de los funcionarios públicos, a los exiguos márgenes y supuestos subjetivamente definidos por el a quo en el fallo de mérito , sea a partir de su cepciona de “excepcionalidad absoluta” o régimen de excepción de tutela penal, que el tribunal de instancia estima que corresponde al honor de quien ejerce la […], a saber, las injurias directas o la imputación de hechos delictivos como únicas interpretaciones posibles de “la especie” objeto de publicación. Al respecto, la Sala de Casación Penal establece que la honra y el decoro de un funcionario público puede afectarse por la manera en que se expresan las ideas, el modo en que se da la publicación, cuando se de la divulgación de datos falsos a sabiendas que los son, cuando no se trate de obtener la versión del funcionario involucrado con el fin de brindar información balanceada, etc. En tal sentido, la Sala Tercera estipuló lo siguiente: “[…] Sólo cuando se abuse de las libertades de información y de prensa (como podría ser el caso de que se divulguen datos falsos a sabiendas de que lo son, que no se trate de obtener la versión del funcionario para ofrecer una información balanceada, que se le niegue al servidor sus derechos de rectificación y/o respuesta, que se trate de asuntos meramente privados o información sensible que no se relacionen con el upa la p que ocupa la persona, que se dé por cierto ante el público que la conducta del servidor es delictiva sin que medie sentencia judicial en ese sentido, que se tenga como intención únicamente el ofender a alguna persona –aspecto que ha de examinarse caso por caso y en el que podrían tener relevancia varios factores, tales como el contexto en que se divulgue alguna información, la forma como se manejen fotografías o imágenes, la manera como se presente la noticia o los comentarios en torno a la misma, o situaciones semejantes) se podrá responsabilizar al comunicador, sar de u el abusar de un derecho (situación que habrá de verificarse en cada caso concreto) implica que se excede el ámbito de protección del mismo. Ese abuso no es amparado por el ordenamiento jurídico (artículo 29 constitucional relacionado con el 22 del Código Civil), por lo que aquel comunicador que incurra en una conducta abusiva habrá de responder por sus actos (lo cual podría incluso acarrear eventualmente la responsabilidad del medio que difundió la información). […]”. Así las cosas, se determina que el tribunal penal no apreció ni valoró adecuadamente el precepto jurisprudencial en cuestión –a pesar de haberlo mencionado expresamente en su fallo-, a efecto de sustentar el se en el con base en el que analizó los hechos querellados y los descartó como lesivos al honor de la [CED1 ], lo cual acredita la errónea fundamentación jurídica del do por e esbozado por el a quo y, en consecuencia, la falta de fundamento jurídico de su decisión de absolver al querellado [Nombre7] . v.- Otro punto tocado en la resolución de la Sala de Casación objeto de estudio, que es relevante para el adecuado análisis jurídico del subjudice, es el relativo al interés público, el que se define como un parámetro que arse par apreciarse para delimitar el grado de tutela penal que al derec darse al derecho al honor de un funcionario público con respecto al ejercicio de la libertad de expresión y comunicación. En tal sentido, se señala lo siguiente: “[…] Claro está que la coexistencia de esas dos disposiciones en el mismo texto normativo revela que son complementarias. En ese sentido, las libertades de información y de prensa relacionadas con asuntos de interés público desplazaría la protección de la honra y la dignidad en lo que se refiere a los funcionarios públicos; adviértase de una vez que esta regla no se aplicaría a las personas que no ostentan tal carácter. Ello se en estos a que en estos supuestos (cuando se está ante un caso de trascendencia pública relacionado con servidores estatales) de lo que se trata no es de la intimidad de una persona, sino de la forma como ella se desempeña en el ejercicio de un o, aspec público, aspecto que –ante el conflicto de los bienes jurídicos en cuestión, a saber el derecho al honor y las libertades de información y de prensa- es el más importante desde el punto de vista de la comunidad nacional. Si lo difundido es correcto y en efecto corresponde a un asunto de interés público, entonces no hay posibilidad alguna por parte del funcionario de reclamar que su honor se ha visto lesionado (en todo caso, si de lo que trata la noticia es de algún acto inapropiado, quien habría lesionado su honor sería el propio servidor y no el comunicador, de modo que a este último no podría trasladársele la responsabilidad de aquél). Claro que si la información es falsa o no se relaciona con un asunto de interés público, entonces eventualmente podría estarse ante alguno de los supuestos de conducta abusiva mencionados supra (que incluso podrían ser constitutivos de delito) que sí conllevan la declaratoria de responsabilidad del comunicador. En esa tesitura, las dos disposiciones internacionales de comentario (artículos 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), vistas en conjunto, revelan que tratándose de asuntos de interés público relativos a la forma como los servidores desempeñan sus cargos, el derecho al honor cede ante la libertades de información y de prensa, nte el d como ante el derecho de ser informado. Entender que no lo desplaza sería tanto como crear una esfera muy amplia de temas en la que no podrían ejercerse las libertades referidas, lo cual sería un atentado contra el régimen democrático que se contempla en la Constitución costarricense. Aunado a lo anterior rse que indicarse que en los artículos 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se aborda el problema que nos ocupa. En el primero de ellos se establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Esta redacción es importante destacarla porque –examinada a contrario sensu- evidencia que el honor puede verse afectado legalmente, lo cual refuerza la tesis de que hay casos (como los que aquí interesan) en que pese a existir una afectación de dicho bien jurídico no se puede responsabilizar a nadie por ello. Estima esta Sala que lo anterior se da precisamente en los casos en que se publican informaciones sobre asuntos de interés público relacionados con actuaciones cuestionables por parte de funcionarios públicos (o incluso de personas que cumplen una función pública), supuestos en los que evidentemente se ve afectado (como consecuencia y no como intención) el honor de las personas involucradas. En esos supuestos en que lo divulgado inevitablemente afectará a algún servidor público, en los cuales además no ha de mediar un único ánimo de ofender, las libertades de información y de prensa deben prevalecer sobre el derecho al honor, ya que el comunicador actúa cumpliendo con su derecho de informar y no deviene responsable por la consecuente afectación del honor de los funcionarios (que en todo caso, como ya se dijo, tendría su causa en sus propios actos y no en lo que se publica) relacionados con la noticia. Claro está –vale la pena reiterarlo- que si la información no es de interés público, se quiere solamente ofender a alguna persona, o lo que se informa es falso, ahí sí deviene responsable el comunicador (y eventualmente el medio) por el abuso cometido. En síntesis, tanto en la Constitución Política como en las disposiciones internacionales de Derechos Humanos aplicables en Nombre2042 hay normativa que permite afirmar que los funcionarios públicos (no rticular los particulares, salvo en los supuestos en que cumplen una función pública) están sometidos al examen público de sus actuaciones en el ejercicio del cargo, por lo que la libertad de difundir informaciones sobre sus actos en relación con asuntos de interés público desplaza su derecho al honor, de modo que ningún comunicador puede ser penalmente responsable por ese tipo de informaciones, salvo que hubiese actuado de manera abusiva. Esto obedece a que, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Código Penal, quien ejerce legítimamente un derecho no delinque. A lo ya expuesto rse que agregarse que también existen disposiciones de rango legal que refuerzan el uí se so que aquí se sostiene. Reviste especial importancia lo establecido en los artículos 113 y 114 de la Ley General de la Administración Pública. El primero de ellos dispone: “1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. 2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando en confl estar en conflicto. 3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.” Por su parte, el segundo de los numerales mencionados estipula: “1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la función que desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el caso individual como representante de la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses 2. Sin velar. 2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor, considérese, en especial, irregular desempeño de su función todo acto, hecho u omisión que por su culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los administrados.” Como puede apreciarse, el legislador otorga gran importancia a la satisfacción del interés público como eje rector de la actividad administrativa, tanto que formula el principio de objetividad de la función pública como el actuar en aras de satisfacer dicho interés. Además, salta a la vista el deber de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, quienes deben considerarse –en cada caso concreto- servidores de la persona con la que se relacionen en virtud del sempeñan que desempeñan (cabe acotar que estas disposiciones existen desde 1978, de modo que si se les relacionaba con la redacción anterior del artículo 11 constitucional era evidente la consagración en el ordenamiento costarricense del principio de rendición de cuentas, aún antes de la reforma constitucional del año 2000 a la que se aludió previamente). Esto realza aún más el carácter público de la actuación de los funcionarios en lo que se refiere al cumplimiento de las atribuciones propias del puesto que ocupan. En esa tesitura, es impensable –salvo que se desconozca el principio democrático establecido en la Constitución Política- sancionar penalmente a una persona que actúe de conformidad con su derecho de divulgar informaciones relacionadas con las actuaciones de funcionarios estatales en asuntos de interés público, salvo que haya incurrido en algún abuso (como los expuestos líneas atrás) a la hora de hacer pública la información. […]” (El resaltado en negrita no es parte del texto original) . Con base en lo antes expuesto es oportuno indicar que el examen comprensivo de la sentencia de mérito deja ver que los juzgadores de instancia no llevaron a cabo consideración alguna en cuanto a los motivos de hecho y de derecho por los que concluyeron que el contenido del texto difundido en el perfil de “Facebook” del querellado [Nombre7] , corresponde a una situación propia o vinculada directa o indirectamente, con el ejercicio de la […], o que la público que la [Nombre6] [[Nombre3] ] desempeñaba en aquel entonces. De igual forma, en la sentencia recurrida tampoco se observa un análisis amplio y suficiente que permita establecer si el contenido de la publicación difundida por dicho querellado es correcto -o al menos sustentada en ciertos datos objetivos y constatables-, o que se refiere a una actuación realizada por [Nombre [Nombre10]] como […] tuya una constituya una actuación cuestionable en el desempeño de dicho o. Lo an público. Lo anterior, con el fin de descartar que la publicación objeto de la presente querella no sea en realidad una mera especulación maliciosa o una falsedad que no se vincula o deriva de una actuación realizada por [[Nombre3] ] durante su gestión. Tal ejercicio intelectivo rse nece realzarse necesariamente en el subjudice, para determinar certeramente si el contenido de tal publicación corresponde a un asunto de interés público o no, ya que es en este supuesto en el que la Sala Tercera define que no existe posibilidad alguna por parte de quien ejerce la función pública, de reclamar que su derecho a la honra o decoro se ha lesionado, mparte e que comparte esta cámara de apelaciones y que debió apreciarse con mayor rigurosidad por el a quo para cumplir con los parámetros de fundamentación que legalmente se exigen para la eficacia y validez de la sentencia penal. En conclusión, la Sala de Casación Penal determina en el pronunciamiento objeto de estudio, que el derecho al honor de quienes ejercen la función pública cede ante el ejercicio de la libertad de expresión en razón del deber de rendición de cuentas y por la propia condición de funcionario público –mayor nivel de tolerancia-, cuando se trata de asuntos de interés público o actuaciones cuestionables de los servidores estatales en el desempeño de sus funciones o en asuntos relacionados con tales labores públicas, sin importar el sempeñe, que desempeñe, lo cual tiene su límite y justifica la protección o tutela penal del derecho al honor de los servidores estatales, en los casos en que se haga un uso abusivo de la libertad de expresión o comunicación que exceda el ámbito de protección de dicho derecho fundamental. Tales supuestos no fueron valorados ni razonados de forma amplia, precisa y suficiente por parte del a quo en la sentencia de mérito, en virtud de su ivo de r subjetivo de restringir los supuestos que definieron ad hoc, como propios para la procedencia de la tutela penal del derecho al honor de quien ocupa el . Nombre de […]. miento n razonamiento no es suficiente para desconocer y desatender los criterios de interpretación y aplicación que, a partir de un análisis profundo, amplio e integral de las normas vinculadas con el tema de fondo, han sido establecidos por nuestra Sala de Casación Penal, criterios sobre los que rse que indicarse que siguen los lineamientos jurisprudenciales estipulados por la Sala Constitucional, en el precedente analizado supra en la presente resolución. 3.- Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el fallo objeto de impugnación, el tribunal penal invoca y cita algunos segmentos contenidos en dos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sean éstos, el dictado en el caso [Nombre18] vs Nombre2042 el 2 de julio de 2014, l emitid como el emitido en el caso [Nombre16] vs [Nombre17] el 2 de mayo de 2008, sentencias en las que se tocaron temas y emitieron criterios relativos al ejercicio y tutela del derecho a la libertad de expresión y de comunicación regulado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3.1. Sentencia del caso [Nombre18] vs Nombre2042. En cuanto al análisis que de dicho precedente dictado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fue realizado por el a quo en la sentencia de mérito, on respe como con respecto a su relevancia para la solución del subjudice, es oportuno indicar los siguiente: i.- En primer término, rse que indicarse que lleva razón el impugnante [Nombre15] en cuanto a que el a quo yerra al citar y valorar el pronunciamiento de referencia. Esto, en virtud de que el tribunal penal equivocadamente y sin justificación alguna, hace referencia y valora en el fundamento del fallo recurrido el ular est particular establecido en el “voto concurrente razonado del juez [Nombre19] ” (En este sentido los párrafos que se identifican como 26 y 27 en la cita textual que se incluye en el fallo de mérito visible a folios 356 y 357 del legajo principal), como si las consideraciones individuales de dicho juez fueren parte de la decisión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos –como órgano jurisdiccional colegiado- dictó en torno al caso supra indicado, lo cual es evidentemente incorrecto y revela la debilidad del razonamiento jurídico de la sentencia impugnada. Lo anterior, en razón de que los juzgadores de instancia le otorgaron un valor y peso jurídicos a un voto de minoría que no le corresponde, al invocar y apreciar su contenido como si fuera parte del fundamento que la mayoría de los miembros de la Corte Interamericana consideró y estableció para dictar la sentencia del caso [Nombre18] vs Costa Rica, siendo que ni siquiera llevó a cabo aclaración alguna en cuanto a que avalaba la tesis unipersonal del juez [Nombre30] . Así las cosas, la sentencia de mérito tiene un defecto de fundamentación jurídica en cuanto a los parámetros y supuestos que valoró el a quo para sustentar su criterio, en cuanto a la definición de un ámbito restrictivo y específico para la tutela del derecho al honor de quien ocupa el o de la público de la […], se en el con base en el que descartó la existencia de un hecho punible en el subjudice y decidió absolver de toda pena y responsabilidad a [Nombre7] . ii.- Es importante indicar que en el caso de [Nombre31] estuvieron presentes dos aspectos muy importantes que difieren de los que se discuten en el presente caso, sea que [Nombre18] es periodista y fue en el ejercicio de tal profesión que se le querelló y, en segundo término, que su actuación consistió en reproducir en cuatro artículos periodísticos que elaboró, el contenido de reportajes realizados por periódicos europeos en los que se hacía referencia a supuestas actuaciones ilícitas de una persona que era parte del servicio diplomático costarricense. Tales aspectos son importantes de considerar a efecto de dimensionar los alcances de lo resuelto por la Corte Interamericana en el caso [Nombre18] vs Nombre2042 y modular su contenido a las circunstancias objetivas y subjetivas del caso que se juzga, análisis intelectivo que omitió realizar el a quo en la sentencia de mérito iii.- El examen integral del fallo impugnado permite establecer que los juzgadores de instancia hicieron referencia al contenido de la sentencia del caso [Nombre18] y lo valoraron, para establecer su quien o de que quien ostenta el […] Nomb de la […] imo nive el máximo nivel de tolerancia con respecto a su derecho al honor, en atención a la preferencia que tiene el ejercicio de la libertad de expresión, margen de tolerancia que el a quo consideró que no se equipara al del resto de los funcionarios públicos, específicamente, en virtud de grado jerárquico que le corresponde a quien ocupa la […]. No obstante lo anterior, del examen del análisis realizado por los juzgadores de instancia en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de referencia, no se coligen elementos de juicio suficientes que, al ser cotejados con lo dispuesto en la sentencia del caso [Nombre18] , permitan arribar al ido por sostenido por el tribunal de instancia y apreciado para dictar el fallo absolutorio objeto de impugnación. En tal sentido, la lectura y estudio de la sentencia dictada en el caso de referencia permite establecer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no lleva a cabo discriminación alguna en cuanto a los márgenes de tutela del derecho al honor que le corresponde a quien ejerce la función pública, con respecto al ejercicio de la libertad de expresión independientemente del o jerarq –tipo o jerarquía- que ocupe la persona. Concretamente, la Corte Interamericana establece que en la situación objeto de estudio, se exige un mayor nivel de tolerancia a quien ejerce la función pública, con el fin de no restringir inadecuadamente el derecho a la libertad de comunicación y expresión, cuyo respeto y efectividad establece como absolutamente necesarios para la consolidación y dinámica de una sociedad democrática. De igual forma, la Corte Interamericana establece que si bien existe un mayor nivel de tolerancia de los funcionarios públicos en cuanto a la tutela de su derecho a la honra o al decoro, en virtud de los deberes de transparencia de las actividades gubernamentales y probidad al que aquellos están sometidos -y con el objetivo de garantizar la vigencia y desarrollo de una sociedad democrática-, que el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto y tiene límites que deben observarse, los que no pueden aplicarse a modo de censura previa, sino a partir de responsabilidades ulteriores establecidas expresamente por ley, y con el fin de garantizar el respeto a los derechos de los demás o de su reputación. Al respecto, en el fallo en cuestión se establece: “[…] 120. Es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo señala el artículo 13 de la Convención en sus incisos 4 y 5. Asimismo, la Convención Americana, en su artículo 13.2, prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Para poder determinar responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos, a saber:
  • 1)deben estar expresamente fijadas por la ley;
  • 2)deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública; y
  • 3)deben ser necesarias en una sociedad democrática (…) 123. De este modo, la restricción oporcion ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión [...]”. iv.- De lo expuesto se determina que la Corte Interamericana reconoce que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, y que por tal motivo puede tener límites o restricciones que no deben darse a priori, sino que sólo pueden ser ulteriores y proporcionales al interés que justifica tales limitaciones, y conforme a lo absolutamente necesario para el logro de tal objetivo, de modo que se interfiera en el menor grado posible en el ejercicio de la libertad de expresión. Tal postura de la Corte Interamericana, apreciada con respecto a lo que establece nuestra Constitución Política y la normativa supra analizada en el presente pronunciamiento, permite concluir que la tutela del derecho al honor de los funcionarios públicos en los casos del ejercicio abusivo de la libertad de expresión y pensamiento, es proporcional con el interés del ordenamiento jurídico-penal de salvaguardar los ataques dolosos, malintencionados y ofensivos a la honra y el decoro de quienes ejercen la función pública bajo el aparente ejercicio de la libre expresión de las ideas o los pensamientos, o en su caso, de la libertad de comunicación, siendo a su vez que tal limitación excepcional y a posteriori, es proporcional e interfiere en un grado mínimo con la libertad de expresión, tal y como lo preceptúa la Corte Interamericana. Esto por cuanto, según nuestro marco normativo constitucional, convencional y legal, y como lo han establecido las Salas Constitucional y Tercera de nuestro país en los precedentes analizados supra, sólo procede la restricción de la libertad de expresión e información en el caso de excesos y abusos en el ejercicio de dicho derecho fundamental que sobrepasen el contenido propio de su tutela. Tal irregularidad no solo conlleva a la afectación del derecho al honor de la persona ofendida, sino que además, vulnera el componente social del derecho a la comunicación y expresión, por cuanto implica la vulneración del derecho que tiene la sociedad de que se compartan ideas, pensamientos o información ajustados a la realidad, de tal forma que se procure y se logre la correcta formación de la opinión pública y el debido control del ejercicio de la función pública. El cumplimiento de estos objetivos es lo que permite lograr el fortalecimiento del marco institucional y democrático de la sociedad, como un efecto propio del correcto ejercicio de la libertad de expresión, lo cual no se logra, e incluso se puede obtener un resultado contrario, si se avalan sin límite alguno ataques maliciosos y expresiones abusivas en contra del decoro y la honra de los funcionarios públicos, lo cual no constituye en modo alguno una labor de fiscalización y control del ámbito público, sino simplemente una forma de afectar la actividad pública mediante la desacreditación de su honor injustamente, lo cual sin duda afecta la credibilidad de quienes ejercen la actividad estatal. Esta situación sería sumamente grave en el caso particular de quien ejerce la […], ya que se afectaría indebidamente no sólo su honor personal, sino la envestidura y el respeto por el sempeña, que desempeña, lo que genera problemas de desconfianza pública, pérdida de fe en las instituciones públicas y la actividad estatal, lo cual no es adecuado para el desarrollo de una sociedad basada en un modelo democrático. Así, del precedente objeto de estudio como de lo estipulado por la Sala Constitucional y la Sala Tercera, el derecho al honor de quien ejerce la actividad estatal –como lo son quienes ocupan cargos políticos-, cede ante el ejercicio de la libertad de expresión, en virtud de tener que soportar por tal condición, un mayor grado de tolerancia, n razón como en razón de la tutela de los principios de transparencia, probidad y rendición de cuentas, siendo incluso que son procedentes las críticas fuertes, incómodas y molestas realizadas en torno a situaciones que son de interés público y están vinculadas directa o indirectamente con las actuaciones que en el desempeño de su función realicen los servidores estatales, lo cual tiene como límite –ulterior- el ejercicio abusivo e irregular de la libertad de expresión o comunicación, el que no se ajusta y excede el ámbito de tutela de tal derecho fundamental. El examen comprensivo de la sentencia de mérito evidencia que el a quo no realizó un análisis fáctico y jurídico adecuado y cuidadoso del contenido normativo de las disposiciones que en nuestro ordenamiento rigen la materia objeto de discusión, ampoco l como tampoco llevó a cabo un ejercicio intelectivo y racional suficiente para desaplicar los precedentes que se han dictado sobre el punto jurídico objeto de juzgamiento, siendo que los juzgadores de instancia optaron por crear un para la ad hoc para la solución del caso –previa y reiteradamente señalado en el presente pronunciamiento-, el que sustentaron en su particular apreciación de la realidad contemporánea político-institucional y social costarricense, n la def como en la definición de una ideología igualmente particular, aspectos con base en los que concibieron y particularizaron –sin mayor sustento objetivo- un ámbito de tutela penal específico y desproporcionadamente restrictivo del derecho al honor de la persona que ocupe la […]. v.- Es preciso acotar que en la sentencia dictada en el caso [Nombre18] vs Nombre2042 por la Corte Interamericana -ampliamente transcrita, pero sin embargo, no tan amplia ni rigurosamente valorada en la sentencia por el tribunal de mérito- expresamente se establece que “los políticos” tienen un mayor nivel de tolerancia en la relación derecho al honor versus libertad de expresión. No obstante lo anterior, la Corte Interamericana establece que a pesar de la situación particular de quienes ejercen la función estatal según lo antes expuesto, sí rse su d tutelarse su derecho a la honra y al decoro, siendo que en tal sentido en el fallo [Nombre18] se estipula lo siguiente: “[…] 127. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual r un mar existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público. 128. En este contexto es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Esto no significa, de modo alguno, que el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste de maner serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático […]”. Al respeto es necesario indicar que, a pesar de que en la sentencia de mérito se citan varios segmentos de lo resuelto en el caso [Nombre18] , en la misma no se valoran integralmente los preceptos jurisprudenciales señalados por la Corte Interamericana en el fallo de referencia, siendo que sin mayor justificación el tribunal penal desconoce el ámbito de tutela del derecho al honor que la Corte Interamericana establece que es proporcional a la condición de funcionario público y al mayor nivel de tolerancia al que están sometidos por tal condición. En este mismo sentido, el a quo no aprecia en su razonamiento de fondo, que la Corte Interamericana en cuanto a la tutela del derecho a la honra que corresponde a quienes ejercen cargos públicos, no puntualiza o determina que existan distintos grados de protección de tal derecho fundamental dependiendo de la jerarquía o el tipo de l que oc estatal que ocupe la persona. Así, es claro que el tribunal penal no valoró adecuadamente tal precedente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al establecer criterios ad hoc y desproporcionadamente restrictivos con respecto a la tutela penal del derecho al honor que consideraron que le corresponde particularmente a quien ejerza el […], sie de la […], siendo que tal postura implica y se traduce en realidad en el vaciamiento casi absoluto del contenido de la tutela constitucional y legal que en nuestro ordenamiento jurídico le corresponde a dicho derecho fundamental, lo cual es improcedente. Al respecto es importante señalar que los mismos juzgadores de instancia establecieron en su fallo que, de la publicación realizada por el querellado [Nombre12] , se derivan algunas acepciones que sí pueden considerarse como ofensivas para la [Nombre6] [[Nombre3] ], pero que sin embargo al estimarse que no son unívocas o las únicas que emanan del contenido del texto difundido, puesto que según el a quo surgen otras acepciones –sin que se definan en el fallo cuáles son las otras derivaciones posibles- que no tienen nada que ver con situaciones ofensivas, no se quebrantó el derecho al honor de la [[Nombre3] ]. Para arribar a tal conclusión, el tribunal penal expone el finió, c que definió, conforme a lo expuesto supra para restringir el ámbito de tutela penal que consideró que le corresponde al […], sea de la […], sea que sólo son punibles como lesivas del honor y el decoro de quien ocupa dicho o, las o público, las ofensas directas y la expresión de ideas u opiniones que tengan como única acepción la imputación de un hecho delictivo. Tal argumentación no deriva de los lineamientos jurídicos que han sido definidos en los precedentes jurisprudenciales estudiados en este pronunciamiento -y citados en el fallo impugnado-, en cuanto a la interpretación y aplicación de las normas que regulan la situación fáctica y jurídica de un caso como el que se discute en el subjudice, incluso, por la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, todo lo cual revela una seria debilidad en la fundamentación intelectiva y jurídica del fallo objeto de impugnación. 3.2. Sentencia del caso [Nombre16] vs [Nombre17]. i.- En el fallo recurrido se citan dos segmentos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso [Nombre16] vs. [Nombre17], siendo que en tal sentido los juzgadores de instancia establecieron lo siguiente: “[…] Ahora bien, acerca de este punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que las actividades de los servidores públicos: “...salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral (…) se asienta en el interés público de las actividades que realiza.” (Caso [Nombre16] vs. [Nombre17], 2 de mayo de 2008, párrafo 86). Nótese que el máximo órgano continental de los derechos humanos, establece que en América los funcionarios públicos están más expuestos a la crítica, que ello es inherente al luntaria que voluntariamente aceptaron, y que las actividades que realizan son de interés público. Ahora bien, e que es notarse que estas afirmaciones de la Corte Interamericana, han sido producidas en el marco de casos donde están involucrados servidores públicos de alto rango, pero no del máximo rango como lo es en esta querella, la [… […] Estas valoraciones son importantes porque si afirmamos con la Corte Interamericana “…que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público.” (Caso [Nombre24] vs. [Nombre17], ídem), aún mayor es la exposición del máximo jerarca de la función pública y, correlativamente, aún mayor crítica ser la crítica pública […]” (Cfr. folios 346 y 347. La transcripción es literal) . En tal sentido se ecer que establecer que el a quo no valora íntegra, ni tampoco correctamente, el contenido de la resolución dictada en el caso [Nombre16] vs. [Nombre17], ya que haciendo referencia a tal precedente, los juzgadores de instancia determinan que se nciar el diferenciar el ámbito de tutela del derecho al honor de quien ocupe la […] con respecto a los demás funcionarios públicos que no tienen tal envestidura ni jerarquía. Esto, en razón de que el a quo consideró que en el caso [Nombre16] se establece un mayor grado de tolerancia de los servidores estatales y, en consecuencia, de suyo propio consideran que el grado de tolerancia yor conf ser mayor conforme al o que se público que se ocupa, conclusión a la que arriba el tribunal penal a pesar de que en tal precedente no se hace tal diferenciación. Asimismo, los juzgadores de instancia concluyen motu proprio que a quien ostenta la […] le corresponde un parámetro específico de tutela más restrictivo de protección del derecho al honor con respecto al resto de los funcionarios públicos, diferenciación que estimaron que correspondía realizar en virtud de que en el caso [Nombre16] vs. [Nombre17] no se resolvió en cuanto a la situación particular de quien ostenta dicho tipo de o. Tal i público. Tal interpretación y análisis del precedente en cuestión no es lógica, y en realidad lo que deja ver es que la tesis del a quo no se deriva en modo alguno de lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de referencia, sino que es un fine el que define el tribunal de mérito a partir de su apreciación particular de lo que estimó que es la ideología que desea la mayoría de los costarricenses en cuanto a la gestión de los cargos públicos, particularizando tal deseo popular para el caso de la […]. ii.- En el mismo sentido es importante señalar que, del análisis integral de lo establecido en los precedentes de la Sala Constitucional y de la Sala Tercera, e lo señ como de lo señalado por la Corte Interamericana, no se deriva ni puede considerarse que la totalidad de los actos de la vida privada de quienes ejercen un o sean p público sean parte o puedan incluirse en el mayor ámbito de tolerancia que con respecto a su derecho al honor están sometidos por su condición de funcionarios públicos. Esto, por cuanto el mayor margen de tolerancia del derecho al honor de los servidores estatales con respecto al ejercicio de la libertad de expresión, versa sobre sus actuaciones que sean de interés público y que estén relacionadas directa o al menos indirectamente, con el ejercicio de las actividades propias del cargo, a lo que e que es sumarse que es preciso analizar cada caso en concreto para definir la proporcionalidad del margen de tolerancia que corresponde amparar a efecto de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales al honor y a la libertad de expresión, todo lo cual no se apreció debidamente por los juzgadores en la sentencia de mérito. Específicamente, en cuanto a los puntos previamente analizados, en el fallo del caso de [Nombre32] , se estipula lo siguiente: “[…] 51. En torno a estos hechos las partes presentaron diversos alegatos en los que subyace un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión en temas de interés público y la protección de la honra de los funcionarios públicos. La Corte reconoce que tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra, acogidos por la Convención, revisten suma importancia. Es necesario garantizar el ejercicio de ambos. En este sentido, la prevalencia de alguno en determinado caso dependerá de la ponderación que se haga a través de un juicio de proporcionalidad. La solución del conflicto que se presenta entre ciertos derechos requiere el examen de cada caso, conforme a sus características y circunstancias, para apreciar la existencia e intensidad de los elementos en que se sustenta dicho juicio (…)53.Respecto al contenido de la libertad de pensamiento y de expresión, la Corte ha señalado que quienes están bajo la protección de la Convención tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, ambién e como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. 54. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. 55. Por su parte, el artículo 11 de la Convención establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Esto implica límites a las injerencias de los particulares y del Estado. Por ello, es legítimo que quien se considere afectado en su honor recurra a los medios judiciales que el Estado disponga para su protección.. 56. La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, tros der como otros derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención. Estos deben responder a un ricta pr de estricta proporcionalidad. 57. Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo zar las minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad el flujo regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas (…) 71. Como quedó establecido en el párrafo 55 supra, los jueces, al igual que cualquier otra persona, están amparados por la protección que les brinda el artículo 11 convencional que consagra el derecho a la honra. Por otra parte, el artículo 13.2.a) de la Convención establece que la “reputación de los demás” puede ser motivo para fijar responsabilidades ulteriores en el ejercicio de la libertad de expresión. En consecuencia, la protección de la honra y reputación de toda persona es un fin legítimo acorde con la Convención. Asimismo, el instrumento penal es idóneo porque sirve el fin de salvaguardar, a través de la conminación de pena, el bien jurídico que se quiere proteger, es decir, podría estar en capacidad de contribuir a la realización de dicho objetivo. Sin embargo, la Corte advierte que esto no significa que, en la especie que se analiza, la vía penal sea necesaria y proporcional, como se verá infra (…) 79.De otro lado, en el marco de la libertad de información, el Tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes (…) 82. Los representantes concordaron con la Comisión y alegaron que “los hechos sobre los que informó el señor [Nombre16] son de interés público”, teniendo en cuenta que la investigación se refería “a un caso paradigmático de la represión” y que la “investigación efectuada por el periodista es parte de [la] revisión que la sociedad argentina ar y de realizar y de la discusión acerca de las causas por las cuales el gobierno militar desplegó su accionar sin haber encontrado obstáculos en el [P]oder [J]udicial”. Agregaron que el señor [Nombre16] “no utilizó lenguaje alguno que pudiera considerarse abusivo” ni utilizó “palabras desmedidas ni mucho menos ultrajantes”; que se refirió al juez “única y exclusivamente con motivo de su actuación funcional y no incursionó en ningún aspecto de su vida o de su personalidad que no guardara relación con su labor como funcionario público”; que en los apartados del libro donde se manifiestan afirmaciones de hecho “todo lo que sostuvo se ajusta a la realidad” y que “los párrafos que formaron parte del juicio penal” contienen “juicios de valor críticos sobre el poder judicial de aquella época”, razón por la cual “no son susceptibles de ser verdaderos o falsos, ni pueden justificar, por sí mismos, una restricción a la libertad de expresión, en tanto se trata del derecho de toda persona de opinar libremente sobre asuntos de interés público y sobre la actuación funcional de un juez en un asunto de la mayor relevancia pública”. 83.En este último paso del análisis se considera si la restricción resulta estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a aquella no resulte exagerado o desmedido ventajas a las ventajas que se obtienen mediante tal limitación. La Corte ha hecho suyo este método al señalar que: para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 de la Convención garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción oporcion ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 84.Para el caso que nos ocupa, la restricción tendría que lograr una importante satisfacción del derecho a la reputación sin hacer nugatorio el derecho a la libre crítica contra la actuación de los funcionarios públicos. Para efectuar esta ponderación se ar i) el analizar i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada; ii) la importancia de la satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro. En algunos casos la balanza se inclinará hacia la libertad de expresión y en otros a la salvaguarda del derecho a la honra (…) 86. Respecto al derecho a la honra, las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un o o a lo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático. La Corte ha señalado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza, como sucede cuando un juez investiga una masacre en el contexto de una dictadura militar, como ocurrió en el presente caso […]”. De lo expuesto se determina cómo el tribunal de mérito realizó un análisis sesgado y parcial del precedente dictado por la Corte Interamericana en el caso [Nombre16] vs. [Nombre17], siendo que limitó sus consideraciones a un segmento mínimo de tal resolución, el que ajustó forzadamente al ular con particular con base en el que analizó los hechos de la querella, sea la diferenciación exclusiva de la tutela del derecho al honor que los juzgadores de instancia definieron que le corresponde a quien ejerce la […], lo cual evidencia que no analizaron ni le dieron el valor que jurídicamente corresponde al contenido de la resolución del caso [Nombre16] para la correcta solución del subjudice, el que no ampara ni sirve de base para justificar en modo alguno el que des con el que descartaron la vulneración del derecho al honor de la [Nombre6] [[Nombre3] ] en virtud de los hechos acusados en contra del [Nombre7] , todo lo cual implica la falta de fundamentación jurídica de la sentencia. En razón de todo lo expuesto, se concluye que los precedentes jurisprudenciales analizados supra en el presente pronunciamiento, son sumamente importantes para la solución del presente asunto. Asimismo, se establece que tales precedentes no fueron apreciados íntegra y correctamente por el tribunal penal en la sentencia de mérito, siendo que ninguno de éstos acuerpa el se en el con base en el que el a quo limitó de modo casi absoluto la tutela al derecho al honor de quien ocupa la […] en la relación de dicho derecho fundamental con el ejercicio de la libertad de expresión y comunicación, el que si bien ar un ma soportar un margen de tolerancia mayor en el caso de los funcionarios públicos con respecto al resto de la colectividad, tal limitación no puede implicar el vaciamiento del derecho fundamental a la honra y el decoro de ninguna persona, incluso de quien ejerce la función pública sin importar la jerarquía del tente. A que ostente. Así, no cabe duda que en una sociedad democrática como la que se instituye en el componente orgánico de nuestra Constitución Política, se izar el garantizar el ejercicio y efectividad de la libertad de expresión dándole preferencia, incluso, por sobre la protección del derecho al honor de los servidores del Estado. De esta forma, es procedente amparar un amplio margen para la denuncia, opinión, investigación, cuestionamientos, la crítica fuerte y molesta del colectivo social, e quiene como de quienes directamente son actores y están vinculados al desarrollo de libertad de prensa y comunicación, con respecto al escrutinio y fiscalización de la actividades relacionadas con el ejercicio de la función pública por parte de aquellos que son sus simples depositarios, lo cual permite mantener vigente el pluralismo democrático, fiscalizar el correcto ejercicio de la función pública y evitar restricciones indebidas a la libertad de expresión a efecto de evitar un ambiente propicio o terreno fértil para el surgimiento de sistemas políticos autoritarios. No obstante lo anterior, tal y como ya lo han señalado con toda claridad y precisión las Salas Constitucional y de Casación Penal costarricenses, a Corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión y comunicación no es absoluta, ya que tiene restricciones que deben aplicarse a posteriori con el fin de evitar la censura previa, pero que implican la responsabilidad por la vulneración de otros derechos fundamentales por quienes la ejercen de modo abusivo y desproporcionado, tal y como sucede en el caso del derecho constitucionalmente tutelado al honor, incluso, de los funcionarios públicos. En tal sentido es importante resaltar que ninguno de los entes jurisdiccionales antes citados ha establecido discriminación o diferenciación algunas, en cuanto al derecho o ámbito de tutela del honor y el decoro de los servidores públicos, en virtud del fico o j específico o jerarquía que desempeñen, lo emana que solo emana de la postura definida ad hoc por el tribunal de mérito para analizar el fondo del evento que es objeto de juzgamiento en el presente caso. Al respecto ecerse q establecerse que la postura del tribunal de instancia no está debidamente fundamentada –desde la perspectiva jurídica-, ya que atiende a una forma muy particular de razonar y de definir un parámetro ideológico, para crear una tesis muy subjetiva en cuanto al ámbito de tutela del derecho al honor que estiman que le corresponde, exclusivamente, a quien ejerza la […], postura que carece de un objetivo y riguroso sustento jurídico y jurisprudencial En tal sentido, a lo largo del desarrollo del presente pronunciamiento se ha demostrado que el a quo no aplicó de modo riguroso ni analizó de modo suficiente, el marco jurídico que regula el tema objeto de discusión, ampoco v como tampoco valoró de modo íntegro y suficiente los precedentes jurisprudenciales que cita en su fallo, y que han sido previamente analizados en la presente resolución. b.3. Las redes sociales y su importancia en el ejercicio de la libertad de expresión y comunicación, en torno a la tutela del derecho al honor. En el presente caso la publicación que se querella como difamatoria por [Nombre [Nombre10]] en contra de [Nombre7] , se llevó a cabo en uno de los más modernos y, sin duda alguna, más efectivos medios de comunicación, sea, en una red social de la Internet, específicamente, “Facebook”. A efecto de analizar y definir la importancia jurídico-penal que tiene la existencia de tales grupos socio-virtuales, con respecto a la tutela del derecho al honor, rse que apuntarse que una de las principales características de las redes sociales en nuestra realidad contemporánea es el efecto amplificador del espectro de difusión de las ideas, comentarios, fotografías, videos, noticias, textos, etc., que se comparten y publican por cualesquiera de los miembros que conforman la “comunidad virtual”, hacia la totalidad de esta, o a un grupo de sus integrantes que conforman su entorno o grupo virtual en la red social. En el caso específico de “Facebook”, por ejemplo, la comunidad virtual está compuesta por todos aquellos que tienen una cuenta o perfil, lo que les permite tener su propia página –o perfil- en la Internet y dentro de la red social, con lo cual son parte de esa comunidad, y de esa forma pueden estar en contacto con todos los otros miembros de “Facebook” y compartir toda la información y contenido de su perfil. Asimismo, quien posee una cuenta de Facebook puede restringir el acceso a cierto número de usuarios a su perfil, de modo que comparte comunicación con ese grupo, uede lim como puede limitar el acceso a una parte del contenido de su perfil, por ejemplo de su “muro”, fotos, algunas publicaciones, amigos, etc. De igual forma, el usuario puede limitar la difusión de lo que publica en su página de “Facebook”, ya sea a un grupo de miembros con los que está vinculado virtualmente, o lo que se conoce como el “grupo de amigos” o incluso a algunos de los que pertenecen a ese grupo o algún otro del que sea parte. Así, es claro el poder de difusión y comunicación que tiene “Facebook”, siendo que se puede compartir información de todo tipo “on line” o comunicarse mediante “chats” o conversaciones en todo momento, y en cualquier parte del mundo en que se encuentre cualquiera de los miembros de la comunidad virtual, ya sea a nivel nacional o, incluso, del orbe. Lo anterior revela la gran importancia que tienen las redes sociales en la formación de la opinión pública en la actualidad, a través de la expresión de ideas, pensamientos y críticas, n la dif como en la difusión de información de cualquier tipo, al punto de que los mismos medios de comunicación colectiva tradicionales, como la radio, la televisión y la prensa, se nutren del contenido y participan en el tráfico de información que circula en Internet a través de las redes sociales, de ahí la importancia que para la tutela del derecho al honor con respecto al ejercicio de la libertad de expresión, tienen tales formas de comunicación en la actualidad. Otra característica de suma importancia de las redes sociales, no sólo de “Facebook”, sino también de otra importante cantidad de grupos de ese tipo que existen en el ciberespacio, como por ejemplo “Twitter”, “Instagram”, “Linkedin”, etc, es la facilidad de acceso de la mayor parte del conglomerado social a las distintas comunidades virtuales que existen y se desarrollan en la Internet y, en consecuencia, a toda la información y la gran gama de contenidos que se transmiten, divulgan, comparten o difunden por los miembros de tales redes sociales –por ejemplo mediante la publicación de “posts”, fotografías, videos, comentarios, etc-, siendo que hoy en día los distintos acontecimientos, puntos de vista, informaciones noticiosas -entre otros- de la realidad social, política, económica, científica, etc., se publican y reproducen prácticamente “on line” o en tiempo real. Así, cualquier acontecimiento puede llegar a ser de mucha importancia en la red, y su difusión se dará en un espacio muy corto de tiempo y entre una gran cantidad de personas que tienen acceso o son parte del entorno virtual. En este último aspecto se deben tener presentes los grandes avances de la tecnología actual, la que ha llegado a producir aparatos electrónicos que prácticamente permiten a una grandísima cantidad de personas estar “on line” -o en línea- en todo momento, como por ejemplo a través de los “smartphones” –teléfonos inteligentes-, las “tablets” –tabletas electrónicas-, computadoras personales portátiles, etc., artefactos que cada día son económicamente más accesibles para la gran mayoría de la población de nuestro país y de muchos países del mundo. En el presente caso el estudio del elenco probatorio producido en el juicio deja ver que la publicación realizada por el querellado [Nombre7] generó una gran cantidad de comentarios y apreciaciones respecto del contenido de la misma, por parte de un gran número de usuarios de “Facebook”, participaciones dentro de las que existe una cantidad importante que expresa ofensas directas en contra de la [Nombre6] [[Nombre3] ], quien para aquel entonces era la […] (En este sentido ver folios 23 a 37 del legajo principal), situación que evidencia el supremo impacto y trascendencia que tienen las redes sociales en la difusión de ideas y formación de opinión pública en la actualidad, difusión de información que incluso es más veloz que las hoy en día alcanzan los medios de comunicación tradicionales. sas, es las cosas, es claro que las conductas que se realicen en la Internet tienen gran relevancia jurídico-penal hoy en día, siendo que por tal motivo ha sido necesario crear legislación específica al respecto, como por ejemplo el marco de Delitos Informáticos introducidos al Código Penal mediante Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012. De igual forma existen normas en la legislación penal común que regulan y son aplicables a las conductas que se realicen a través de los medios informáticos, tal y como se da en el caso de los delitos contra el honor, tipificados en los artículos 145, 146 y 147 del Código Penal. Con base en todo lo expuesto, se concluye que en el presente caso es dable y necesario analizar con profundidad y con la rigurosidad que exige el deber de fundamentación jurídica de la sentencia penal, si la publicación realizada por el querellado [Nombre7] en su perfil público de “Facebook” generó una lesión al honor de la [Nombre6] [[Nombre3] ], para lo cual se requiere y es importante apreciar las particularidades que, según lo antes expuesto, tienen las redes sociales en nuestra realidad actual, eben con como deben considerarse los aspectos atinentes a la relación derecho al honor de los funcionarios públicos versus el ejercicio de la libertad de expresión, en una sociedad democrática, y conforme a los límites que este último derecho fundamental tiene como resultado de su ejercicio abusivo y desproporcionado, según lo considerado a lo largo del presente pronunciamiento. C.- Defectos puntuales de la sentencia impugnada que constituyen el vicio de falta de fundamentación. En los acápites precedentes de este pronunciamiento y con base en el examen integral del fallo por parte de esta cámara de apelaciones, se han establecido y expuesto razones de hecho y de derecho que evidencian y confirman, que la sentencia de mérito quebranta el deber de fundamentación jurídica que se requiere para su validez y eficacia, conforme a lo establecido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, n lo reg como en lo regulado en los artículos 1, 142, 184 y 363 del Código Procesal Penal. Así, y como complemento de lo previamente expuesto, es oportuno puntualizar ciertos aspectos del fallo que revelan de igual forma su erróena fundamentación jurídica, tal y como lo reclama el licenciado [Nombre15] . Así, se tiene lo siguiente: i.- Si bien es cierto los funcionarios públicos tienen un mayor nivel de tolerancia con respecto al ejercicio de la libertad de expresión en torno a la tutela de su derecho al honor, en razón de que voluntariamente se sometieron al mayor escrutinio público, el que se deriva de los principios de transparencia y rendición de cuentas, tal particularidad no está aparejada al vaciamiento absoluto del derecho a la honra y el decoro que se les r a quie tutelar a quienes ejercen la función estatal, siendo que el do en ta definido en tal sentido por el tribunal de mérito conlleva en términos prácticos al vaciamiento de dicho derecho fundamental, ya que prácticamente ninguna conducta podría afectar el derecho al honor de quien sea […]. Tales aspectos no fueron debidamente valorados por el a quo, toda vez que dejó de lado toda consideración objetiva respecto de la normativa constitucional, convencional y legal que está vinculada al tema de fondo, mitió va como omitió valorar íntegra y objetivamente los precedentes jurisprudenciales que en cuanto al punto objeto de litigio han sido dictados previamente por la Sala Constitucional y de Casación Penal costarricenses, y también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, por cuanto los juzgadores de instancia se limitaron a sustentar el se en el con base en el que decidieron absolver al querellado [Nombre12] , a partir de la definición y apreciación de la ideología que consideraron que es la que corresponde a la mayoría de la sociedad costarricense en cuanto al tema en discusión, razonamiento a partir del que el tribunal de mérito fijó un y exclu ad hoc y exclusivo para delimitar el ámbito de tutela al honor que estimó como propio de quien ocupa […]. Tal postura es subjetiva y, conforme al principio de legalidad, excede las funciones propias de la actividad jurisdiccional, sea esta la de interpretar y aplicar la ley, ya que no es procedente que un tribunal penal defina motu proprio una ideología que, según su apreciación particular, le corresponde a las mayorías sociales, y de esa forma, valorar supuestos ideológicos para definir parámetros de tutela de un derecho fundamental y constitucionalmente reconocido como lo es el honor de los servidores estatales, y lo que es más sensible e inadecuado aún, para establecer criterios ad hoc y exclusivos para la protección de tal derecho del ciudadano o ciudadana que ostenten la […], lo cual lejos de garantizar el principio de igualdad establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, implica un trato discriminatorio y la falta de protección de la esencia del derecho humano de referencia en virtud de una situación particular que no justifica la supresión absoluta del mismo. Así, el tribunal penal no aprecia el marco normativo que está vinculado y que regula el tema de fondo en cuanto a la garantía de la libertad de expresión y comunicación con respecto a la tutela del derecho a la honra y el decoro de quienes ejercen la función pública, lo cual evidencia la debilidad del razonamiento en que el a quo sustenta la decisión objeto de impugnación. Asimismo, los juzgadores de instancia no exponen razones jurídicas y objetivas suficientes que justifiquen su decisión de no seguir los criterios jurisprudenciales vertidos previamente sobre la forma en que rse lega abordarse legalmente la relación derecho al honor versus el ejercicio de la libertad de expresión en el caso de los funcionarios públicos, siendo que renuncian a llevar a cabo un análisis integral de los precedentes jurisprudenciales que solamente citan y reproducen sesgadamente en su fallo, y en su lugar, limitan su razonamiento de fondo a la consideración de una tesis subjetiva, la que según su particular apreciación crea una línea jurisprudencial en cuanto al ámbito de tutela que exclusivamente le corresponde a quien ostenta la […], análisis que es jurídicamente incorrecto. Esto, por cuanto no procede definir los ámbitos de protección de un derecho fundamental a partir de supuestos ideológicos que, aún y cuando podrían coincidir con la postura de las mayorías, podrían no coincidir con la voluntad del constituyente, aspecto que no es propio de dilucidar mediante el control difuso de constitucionalidad, sino únicamente, mediante el control directo y concentrado que le corresponde a la Sala Constitucional, situación que evidencia la extralimitación de sus competencias que el a quo llevó a cabo para establecer el se en el con base en el que afincó su decisión de fondo. ii.- Tal y como se ha analizado ampliamente en el presente pronunciamiento, no es posible lograr la tutela adecuada de la libertad de expresión en un sociedad democrática, si se establecen limitaciones que operen como una censura previa y que desmotiven el ejercicio de tal derecho fundamental, lo cual es propio de regímenes autoritarios que no corresponden al esquema que contempla nuestra Constitución Política. Así, no es procedente exigir genéricamente y de previo, que lo que se publicará tenga que ser cierto o previamente constatado –probado-, ya que tal postura implica establecer limitaciones que pueden tener como resultado la imposición de la censura previa de opiniones, cuestionamientos y críticas de situaciones que son de interés público, tal y como sucedería con los actos que realizan los funcionarios estatales en el ejercicio de su competencias o en relación a estas, supuesto que sin duda alguna es de interés público y está sujeto a un mayor control y fiscalización por parte de todos los administrados, lo cual como se indicó deriva de los principios de transparencia y rendición de cuentas de los servidores estatales. No obstante lo anterior, tal y como lo establece la normativa supra expuesta, y se estipula en los precedentes jurisprudenciales que previamente han sido objeto de análisis, sí es procedente, sin que se vulnere la libertad de expresión y comunicación, que se den controles a posteriori o se exijan responsabilidades ulteriores de quienes ejercen abusiva y desproporcionadamente tales derechos fundamentales. Así, en cada caso concreto ecerse s establecerse si el ejercicio de la libertad de expresión no es una mampara o cortina que se utiliza para difundir hechos falsos, especulativos o insidiosos que tengan como objetivo real, afectar el honor de un funcionario público, lo cual es un supuesto que no está cobijado por los alcances de la tutela o ámbito de protección que corresponde a la libertad de expresión y comunicación, incluso, cuando se haga referencia a quien ostenta un o sin im público sin importar su jerarquía. Esto, por cuanto ni la Sala Constitucional, la Sala Tercera, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecen alguna diferencia en cuanto al margen de tutela del derecho al honor que le corresponde a quienes ejercen la función pública, ya sea que su elecció sea de elección popular o de algún otro tipo, tal y como supra se apuntó. sas, no las cosas, no es procedente el se en el con base en el que el a quo renunció a conocer los argumentos y tesis de la defensa de la [Nombre6] [Nombre443 [Nombre10]], en cuanto a que en el subjudice es necesario definir si el contenido de la publicación realizada por [Nombre7] es falso y especulativo, y que se difundió con el conocimiento de la idoneidad para afectar el honor de quien ostentaba la […]. En tal sentido los juzgadores de instancia se limitaron a establecer que por tratarse de la [[Nombre3] ] no era necesario establecer si lo que se difundió por el querellado es cierto o falso, ya que aquel simplemente expuso su idea, opinión o pensamiento personal sobre los “hechos” que públicó en su perfil de “Facebook”. sas, se las cosas, se determina que el razonamiento del a quo es infundado, toda vez que dejó de lado los alcances de tutela del derecho al honor que le corresponde a los funcionarios públicos establecidos incluso, por nuestra Sala Constitucional, cuya jurisprudencia es vinculante “erga omnes”. En igual forma, omitió llevar a cabo un análisis jurídico o valoración rigurosa en cuanto al contenido de la “especie” difundida en el perfil de “Facebook” de [Nombre12] , limitando su razonamiento, en tal sentido, a indicar que no era necesario establecer si tal contenido era cierto o no, ta de un se trata de una opinión, y las opiniones no deben de acreditarse, lo cual es incorrecto según lo supra expuesto en tal sentido. En este sentido cabe agregar, que el a quo tampoco expone los razonamientos que jurídicamente le permiten calificar como “una mera o simple opinión” la publicación de marras, pese a que la misma parte de la afirmación de una serie situaciones que, en principio, se acerca más una imputación que a una opinión sobre “los hechos” que son parte de la publicación. A lo anterior e que el sumarse que el a quo no establece en el fundamento del fallo de mérito, qué pruebas valoró y de qué forma logró otorgarle el carácter de “hechos” –tal y como lo establece en su razonamiento- a los eventos que cita el querellado en su publicación, y con respecto a los que se limitó a indicar que fueron de su conocimiento, y a partir de tal situación, dio su opinión y la difundió en su perfil público de “Facebook”. En igual sentido, en la sentencia impugnada no se establecen los aspectos que valoró el a quo para establecer certeramente que los “hechos” difundidos y criticados por el querellado [Nombre12] , son de interés público en virtud de estar relacionados con la actividad –constatable u objetivamente presumible- de las funciones públicas de la [Nombre6] [[Nombre3] ] en el ejercicio de su …]. Nomb como […]. ene que , se tiene que el tribunal de mérito no valoró adecuadamente el punto objeto de análisis, a efecto de definir si los “hechos” puestos a la luz de la opinión pública por [Nombre12] son evidentemente falsos o meramente especulativos, esto con la finalidad de establecer la aptitud legal de aquellos para ser objeto de crítica, en virtud de corresponder al ejercicio de la función pública de la [Nombre6], o en su defecto, si la exposición del contenido de la publicación de marras sin atender o menospreciar la calidad o realidad de la información difundida, constituye por sí misma una actuación que persigue y evidencia una finalidad difamante en perjuicio de la [Nombre6] [[Nombre3] ], quien negó en su declaración en el debate de modo enfático, que los hechos ventilados por [Nombre12] fuesen ciertos, aspecto que se reitera el a quo no valoró con la profundidad y rigurosidad que legalmente se requiere. iii.- En relación con lo antes expuesto, el examen integral de la sentencia revela que el tribunal penal no define ni fundamenta con precisión, de qué forma concluye certeramente que en el subjudice se está en presencia de simples pensamientos, ideas o cuestionamientos difundidos por el querellado [Nombre12] , y no en presencia de una ofensa matizada del derecho al honor de [[Nombre3] ]. Así, el a quo no valoró si a través del contenido y la forma en que se dio la exposición de los “hechos” de marras, no acreditados, bajo la apariencia y afirmación de ser verdaderos o ciertos, y escritos de una forma que podría llevar a la conclusión de que existió un tráfico de influencias o conductas incorrectas de la [Nombre6] para enriquecerse en virtud del ejercicio de la función pública, se podría estar en presencia de una especie apta, idónea y suficiente para afectar el derecho al honor de la [Nombre6]. Tal situación se da en razón de que el tribunal de mérito analizó los eventos querellados, única y exclusivamente, con base en su do ad ho definido ad hoc para establecer el ámbito de tutela del derecho al honor que el a quo estimó que le corresponde a quien ejerce la […], criterio que conforme a lo ampliamente expuesto a lo largo del presente pronunciamiento, no está debidamente fundamentado ya que no se ajusta a la interpretación y aplicación de las normas supra analizadas que regulan la protección que le corresponde al derecho al honor versus a la tutela y ejercicio de la libertad de expresión en el caso de quienes ejercen la función pública. iv.- La fundamentación de una sentencia penal no puede radicar en la definición de una ideología derivada de lo que un órgano de la jurisdicción penal ordinaria, considere que es la postura de “las mayorías”, sino que scribirs circunscribirse a la aplicación e interpretación de la ley, ombre03 como ar los c apreciar los criterios jurisprudenciales vinculantes, os emana como los emanados de autoridades judiciales superiores que sin limitar el principio de independencia judicial, son aplicables al caso concreto. En tal sentido es oportuno agregar que no puede desconocerse la naturaleza humana de quien ostenta el z o juez de juez o jueza de la República, u relaci como su relación con el entorno social, lo cual conlleva a que tenga una ideología determinada que indirectamente podría tener algún peso al interpretar y aplicar la norma jurídica, mas sin embargo, no es aceptable que el sustento de una decisión judicial tenga un fundamento directa y manifiestamente ideológico, derivado de una percepción particular de la realidad social. En la especie, esta última situación es la que en realidad define los alcances de la tutela del derecho al honor que los juzgadores de instancia concretaron como la que le corresponden a quien ostente la […], al considerar que sólo puede verse afectado tal bien jurídico cuando la ofensa sea directa o expresamente se endilgue la comisión de un delito a quien ocupa tal o. Tal a público. Tal apreciación, como ya se indicó, no sólo es infundada, sino que, además, desconoce los preceptos que la Sala Constitucional y los criterios que la Sala Tercera y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han definido en torno a los alcances y límites del derecho al honor de los funcionarios públicos versus el ejercicio de la libertad de expresión en un Estado democrático, los que son muy claros en establecer que sí existe y cerse un reconocerse un mayor nivel de tolerancia, pero a su vez, recalcan que no son amparables los excesos y abusos de la libertad de comunicación, que en realidad procuren disfrazar a través del supuesto ejercicio de tal derecho fundamental, la exposición de hechos falsos que resulten injuriantes y difamatorios, a sabiendas de que con tal acción se puede afectar el derecho al honor del funcionario público. Lo anterior, lejos de garantizar la vigencia de la sociedad democrática, más bien le causa un perjuicio, al vulnerarse el componente social del derecho a la libertad de expresión de recibir información pertinente y adecuada para la correcta formación de la opinión pública, y de esa forma garantizar el correcto discurrir de la función pública de tal forma que la misma no sea vea afectada por ataques injustos, que afecten la institucionalidad, gobernabilidad y credibilidad de quienes ostenta el poder público, lo cual es más sensible y delicado en los casos de quienes ejercen los Supremos Poderes de la República. v.- El tribunal realiza un análisis segmentado y no comprensivo de la totalidad del texto que se querelló como difamatorio, abordaje que no corresponde a lo que la Sala Tercera ha establecido que procede en tal sentido conforme a lo supra expuesto, toda vez que arse en apreciarse en cada caso en concreto no sólo el contenido de la información difundida, sino que además rse la f valorarse la forma en que la misma se difunde –redacción, vocabulario, posición de fotografías, etc.- para establecer si la publicación es idónea o no, para alcanzar un resultado difamatorio. Así, el análisis del elenco de hechos probados de la sentencia de mérito (cfr. folios 323 y 324 del legajo principal), permite establecer que los juzgadores tuvieron por demostrado que en el contenido de la publicación de marras se presenta como cierto que la [Nombre6] adquirió una finca valorada en la suma de dos millones y medio de dólares, ue la mi como que la misma es dueña de generación eólica, siendo que partir de tales afirmaciones el querellado [Nombre12] hace una comparación con el caso de una persona -un reconocido futbolista- que en aquel entonces era investigada penalmente, respecto de quien indica que al “descubrir el agua tibia” y con cinco días de estudio en el INCAE se hizo millonario y poseedor de yates, aviones y una vida de lujo. Asimismo, de modo expreso el querellado señala que “[…] comparo la riqueza de la Señora con este jugador, a quienes aplaudimos su emprendedurismo y visión para los negocios, esa facilidad para pagar millones de dólares, sin que los mortales encontremos una explicación en nuestra vida cotidiana en donde el dinero cuesta hacerlo toda una vida de esfuerzo y trabajo (…) estas riquezas instantáneas nos asombran y no encontramos explicaciones lógicas. Ahora bien, será que leyeron el Libro de los Secretos y descubrieron el camino corto a la riqueza. De cualquier forma felicitamos a la [Nombre [Nombre10]] quien prepara su salida de la función pública siendo millonaria y poseedora de riquezas materiales que a cualquiera de los ciudadanos les cuesta una vida y a los funcionarios públicos y a los futbolistas parece solo cinco días de tocar bola […]” (cfr. folio 324, la transcripción es literal). De lo expuesto se colige que, en el presente caso, es necesario analizar de modo íntegro y no segmentado como lo realizó el tribunal de mérito, el contenido y la forma en que se dio la publicación difundida por [Nombre12] , a efecto de definir si la misma fue divulgada en el ejercicio puro del derecho de la libertad de expresión del querellado, de un modo irónico, pesado y molesto, o si por el contrario, el texto difundido en el perfil de “Facebook” de [Nombre12] corresponde al ejercicio abusivo y desproporcionado de tal derecho fundamental. Este análisis no se realizó por el a quo, en razón de que no apreció de modo integral el contenido de la publicación de marras, y a su vez, en virtud de que analizó el texto en cuestión, únicamente, a partir de su solo la de que solo las ofensas directas y la imputación de hechos delictivos como única acepción posible de una publicación, pueden vulnerar el derecho al honor de quien ejerce la […]. Sumado a lo expuesto, el tribunal de instancia consideró que la [Nombre6] estimó como afectado su honor a partir de apreciaciones subjetivas que derivó de “la especie” publicada por [Nombre12] , las que consideró el a quo que no son las únicas posibles de derivar de la misma –sin dar mayor fundamento en este sentido tal y como ya se ha apuntado-, todo lo cual apreció para concluir que los hechos querellados en el presente caso no son difamatorios. Con base en todo lo expuesto se concluye que el análisis fáctico, intelectivo y jurídico realizado en la sentencia de mérito, no se ajusta a los preceptos normativos establecidos en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, n lo est como en lo estipulado en los artículos 1, 142, 184 y 363 del Código Procesal Penal, lo que implica el vicio de errónea fundamentación jurídica del fallo que se reclama por el representante de la [Nombre6] [[Nombre3] ]. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación incoado por el licenciado [Nombre5] , y se anula totalmente el fallo recurrido. Se ordena el reenvío de la causa ante el tribunal de origen para que con distinta integración resuelva lo que en derecho corresponde.

POR TANTO:

Se rechaza la prueba ofrecida en la audiencia oral por el representante de la parte querellada. Se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia penal incoado por el licenciado [Nombre5] , en virtud de lo cual se anula en su totalidad el fallo impugnado y el juicio que le precedió, y se ordena la realización de un nuevo juicio ante el mismo tribunal penal con distinta integración, para que proceda a resolver lo que en Derecho corresponde. NOTIFÍQUESE.- Edwin Esteban Jiménez González Mario Alberto Porras Villalta [Nombre4] Jueces y Jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Imputado : [Nombre33] .

Ofendido : [[Nombre3] ] Delito : Difamación Nombre22

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        • Ley 6227 General Public Administration Law
        • Ley 30 Civil Code of Costa Rica
        • Ley 7594 Criminal Procedure Code
        • Ley 4573 Penal Code
        • Constitución Política 0 (Asamblea Nacional Constituyente, 07/11/1949) Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment — Article 50 of the Political Constitution

        Este documento cita

        • Ley 6227 Ley General de la Administración Pública
        • Ley 30 Código Civil de Costa Rica
        • Ley 7594 Código Procesal Penal
        • Ley 4573 Código Penal
        • Constitución Política 0 (Asamblea Nacional Constituyente, 07/11/1949) Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado — Artículo 50 de la Constitución Política

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