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Res. 00138-2013 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · 19/11/2013
OutcomeResultado
The lawsuit of the Keköldi Indigenous Association is dismissed, and the third-party claim of the landowning company is partially granted, upholding the legality of the decrees that modified the reserve's boundaries.Se declara sin lugar la demanda de la Asociación Indígena de Keköldi y se acoge parcialmente la tercería de la sociedad propietaria, confirmando la legalidad de los decretos que modificaron los límites de la reserva.
SummaryResumen
The Contentious-Administrative Court reviewed the partial legality of Executive Decrees No. 25296 (1996) and No. 29956 (2001), which modified the boundaries of the Bribri Indigenous Reserve of Keköldi (Cocles), excluding a coastal strip and southeastern portion. The plaintiff association claimed these exclusions violated their communal property rights, the principle of legal reserve, the prior consultation requirement of ILO Convention 169, and the principle of legality, seeking annulment and land recovery. The Court rejected the statute of limitations defense because the measures are general acts with continued effects. On the merits, it found that indigenous consultation did take place, the decrees did not reduce the reserve area (but compensated it with other lands), and the excluded territories were not traditionally or ancestrally occupied by the Keköldi community, but rather by non-indigenous private parties since at least 1946. Furthermore, no special spiritual relationship with the excluded area was proven. The Court held the decrees are valid and do not harm indigenous property, dismissed the lawsuit, and partially granted the third-party claim of a company owning land in the area, recognizing its ownership but without making abstract declarations about possession. No costs were awarded.El Tribunal Contencioso Administrativo analizó la legalidad parcial de los Decretos Ejecutivos No. 25296 (1996) y No. 29956 (2001), que modificaron los límites de la Reserva Indígena Bribri de Keköldi (Cocles), excluyendo una franja costera y sureste. La Asociación actora alegó que tales exclusiones violentaban su derecho de propiedad comunal, el principio de reserva de ley, la consulta previa del Convenio 169 de la OIT y el principio de legalidad, y solicitó la nulidad y la recuperación de tierras. El Tribunal rechazó la caducidad de la acción por tratarse de actos de alcance general de efectos continuados. En cuanto al fondo, determinó que la consulta indígena sí fue realizada, que los decretos no disminuyeron la cabida de la reserva (sino que la compensaron con otros territorios), y que los terrenos excluidos no fueron ocupados tradicional o ancestralmente por la comunidad Keköldi, sino por particulares no indígenas desde al menos 1946. Asimismo, no se demostró una relación espiritual especial con la zona excluida. Concluyó que los decretos son válidos y no lesionan la propiedad indígena, por lo que declaró sin lugar la demanda y acogió parcialmente la tercería de la sociedad propietaria de fincas en el área, reconociendo su dominio pero sin hacer declaratorias abstractas sobre posesión. Se resolvió sin especial condena en costas.
Key excerptExtracto clave
Thus, the joint evaluation of the evidence under the rules of sound critical reasoning leads to the conclusion that the territory excluded from the Keköldi Indigenous Reserve by Decrees No. 25296 and No. 29956 was not a territory traditionally or ancestrally occupied by that indigenous community. [...] In conclusion, the Court considers that the challenged Decrees No. 25296 and No. 29956 were issued by the competent body (Executive Branch) in compliance with the substantial procedural formalities required. They are also based on a legitimate and certain ground (essentially, that the boundaries set out in Decree No. 7267 were inappropriate because they included territories that had not been traditionally occupied by the indigenous people represented by the plaintiff association, and which were instead occupied or owned by other persons, reason why they had to be excluded from the Reserve) that existed just as it was considered at the time of enactment (Article 133 of the LGAP). The content ordered, that is, the new delimitation that excludes the territories not traditionally occupied by that indigenous community, is lawful, clear, possible and covers all factual and legal issues arising from the grounds (Article 132 of the LGAP).Pues bien, la valoración de las probanzas en forma conjunta y bajo las reglas de la sana crítica racional, llevan a concluir que el territorio excluido de la Reserva Indígena Nombre142238 mediante los Decretos No. 25296 y No. 29956, no constituía un territorio que tradicional o ancestralmente hubiese sido ocupado por esa comunidad indígena. [...] En conclusión, el Tribunal estima que los Decretos No. 25296 y No. 29956 impugnados fueron dictados por el órgano competente (Poder Ejecutivo) cumpliendo con las formalidades sustanciales del procedimiento requeridas. Cuentan, también, con un motivo legítimo y cierto (en lo medular, que la delimitación dispuesta en el Decreto No. 7267 fue inapropiada porque incluyó territorios que no habían sido tradicionalmente ocupados por los indígenas que representa la asociación accionante y que más bien eran ocupados o pertenecían a otras personas, razón por la cual debían ser excluidos de la Reserva) que existía tal y como fue tomando en cuenta al momento de su dictado (numeral 133 de la LGAP). El contenido ordenado, esto es, la nueva delimitación que excluye los territorios no ocupados tradicionalmente por esa comunidad indígena, es lícito, claro, posible y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho del surgidas del motivo (artículo 132 de la LGAP).
Pull quotesCitas destacadas
"El territorio excluido de la Reserva Indígena Nombre142238 mediante los Decretos No. 25296 y No. 29956, no constituía un territorio que tradicional o ancestralmente hubiese sido ocupado por esa comunidad indígena."
"The territory excluded from the Keköldi Indigenous Reserve by Decrees No. 25296 and No. 29956 was not a territory that had been traditionally or ancestrally occupied by that indigenous community."
Considerando XI
"El territorio excluido de la Reserva Indígena Nombre142238 mediante los Decretos No. 25296 y No. 29956, no constituía un territorio que tradicional o ancestralmente hubiese sido ocupado por esa comunidad indígena."
Considerando XI
"No obstante, somos del criterio de que, en el caso concreto, tal disposición no ha sido violentada porque los decretos impugnados no disminuyeron la cabida del territorio indígena Nombre142238."
"Nevertheless, we are of the view that, in this specific case, such provision has not been violated because the challenged decrees did not reduce the area of the Keköldi indigenous territory."
Considerando IX
"No obstante, somos del criterio de que, en el caso concreto, tal disposición no ha sido violentada porque los decretos impugnados no disminuyeron la cabida del territorio indígena Nombre142238."
Considerando IX
"La valoración armónica de esos elementos permite al Tribunal concluir que, como argumentan los demandados y el tercero con pretensiones propias, la referida consulta sí fue efectuada como, insistimos, indican las normas cuestionadas."
"The harmonious evaluation of these elements allows the Court to conclude that, as argued by the defendants and the third-party claimant, the said consultation was indeed carried out, as, we insist, the challenged rules indicate."
Considerando VIII
"La valoración armónica de esos elementos permite al Tribunal concluir que, como argumentan los demandados y el tercero con pretensiones propias, la referida consulta sí fue efectuada como, insistimos, indican las normas cuestionadas."
Considerando VIII
"Los decretos impugnados no cercenan ni violentan el derecho de propiedad de la comunidad indígena Nombre142238 porque los territorios excluidos no fueron ocupados tradicional o ancestralmente por ellos."
"The challenged decrees do not curtail or violate the property rights of the Keköldi indigenous community because the excluded territories were not traditionally or ancestrally occupied by them."
Considerando XII
"Los decretos impugnados no cercenan ni violentan el derecho de propiedad de la comunidad indígena Nombre142238 porque los territorios excluidos no fueron ocupados tradicional o ancestralmente por ellos."
Considerando XII
Full documentDocumento completo
Tribunal Contencioso Administrativo, Main Line 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Email ...01 ________________________________________________________________________ CASE FILE: 10-000273-1028-CA PLAINTIFF: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA Nombre142238 DEFENDANTS: THE STATE, THE INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, THE COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, and THE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE TALAMANCA INTERESTED THIRD PARTY: TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS S.A.
DEFENDANT-SIDE INTERVENORS: LA CHEROKEANA TRES LIMITADA, JUMGLEBUNGALO LIMITADA, Nombre105706, TRES-CIENTO UNO-CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO S.A., LOCO BRAVO DE COCLES S.A., Nombre142239, Nombre142240, Nombre142241, Nombre142242, Nombre142243, Nombre142244, Nombre142245, Nombre142246, Nombre142247, LORAXX PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA, OROPEL EXPOSICIONES INTERNACIONALES SRL, AND THE ESTATE OF Nombre142248.
No. 138-2013-VI TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SIXTH SECTION. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, at ten o’clock on November nineteenth, two thousand thirteen.
Ordinary proceeding (proceso de conocimiento) designated for expedited processing, brought by the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA Nombre142238, legal entity identification number CED8667, represented by its special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial), Danilo Chaverri Barrantes, attorney, identity card number CED104828, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter INDER), represented by its general judicial attorney-in-fact (apoderado general judicial), Carlos Enrique García Anchía, married, attorney, identity card number CED27295, and resident of San Ramón; the STATE, represented by State Attorney Bernardo Lara Flores, married, attorney, identity card number CED10238, and resident of San José; the COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (hereinafter CONAI), represented by its President, Nombre136655, married, farmer, identity card number CED89170, resident of the Comunidad Indígena de Nairí Awari; and the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA Nombre142249, represented by its president, Nombre142250, married, farmer, identity card number CED111803, and resident of Amubri de Talamanca.
The company TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS S.A., represented by its president, Nombre142251, married, businessperson, identity card number CED30530, and resident of San José, participates as an interested third party (tercero interesado) asserting its own claims. Participating as defendant-side intervenors (coadyuvantes pasivos) are LA CHEROKEANA TRES LIMITADA, represented by its manager, Nombre142252, married, homemaker, identity card number CED111804, and resident of Montes de Oca; JUMGLE BUNGALO LIMITADA, represented by manager Nombre142253, married, attorney, identity card number CED111805, and resident of Montes de Oca; Nombre105706, married, attorney, identity card number CED111806, and resident of San José; the companies TRES-CIENTO UNO-CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO S.A. and LOCO BRAVO DE COCLES S.A., represented by their unrestricted general attorney-in-fact (apoderado generalísimo sin límite de suma), Nombre142254, bearing only one surname by virtue of his Canadian nationality, married, businessperson, holder of passport number CED111801 issued by his country, and resident of Dirección17222; Nombre142239, widow, homemaker, identity card number CED111807, and resident of Dirección17223; Nombre142240, divorced, agricultural engineer, identity card number Placa27825, and resident of Dirección17222; CARIBIANA GS LIMITADA, represented by its unrestricted general attorney-in-fact, Emilio de Gómez-Selléz Antoranz, in a domestic partnership, businessperson, Spanish citizen holding residence card number CED111808, and resident of Dirección17222; Nombre142242, bearing only one surname because of her Italian nationality, married, psychologist, holder of passport CED111809 issued by her country, and resident of Puerto Viejo de Talamanca; Nombre142243, bearing only one surname by virtue of his Italian nationality, married, administrative assistant, residence card number CED111810, and resident of Puerto Viejo de Talamanca; Nombre142244, bearing only one surname because of her Italian nationality, married twice, administrator, residence card number CED111811, and resident of Puerto Viejo de Talamanca; Nombre142245, single, farmer, identity card number CED111812, and resident of Puerto Viejo de Talamanca; Nombre142246, divorced, builder, passport CED111813, and resident of Cocles de Talamanca; Nombre142247, bearing only one surname because of his United States nationality, divorced, writer, passport Placa27826, resident of Puerto Viejo de Talamanca; LORAXX PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA, represented by its deputy manager, Nombre142255, bearing only one surname by virtue of her Canadian nationality, divorced, businesswoman, passport CED111802, and resident of Cocles; OROPEL EXPOSICIONES INTERNACIONALES SRL, represented by its manager, Encarnación García Vila, single, biologist, passport CED111814, resident of Dirección17222; and the ESTATE OF Nombre142248, represented by its executor (albacea), Nombre142256, married, taxi driver, identity card number CED111815, and resident of Puerto Viejo de Talamanca.
Also appearing are attorneys Shirley Campos García and Maribel Aguilar Cedeño, in their capacities as INDER’s general judicial attorney-in-fact and special judicial attorney-in-fact, respectively; María Teresa Fernández Chinchilla as CONAI’s special judicial attorney-in-fact; Luis Manuel Castro Ventura, Mauricio Salas Villalobos, Luis Ortiz Zamora, and Esteban Alfaro Calderón as special judicial attorneys-in-fact for the interested third party asserting its own claims; Nombre98251 as special judicial attorney-in-fact for defendant-side intervenor La Cherokeana Tres Limitada; and Nombre105706 as special judicial attorney-in-fact for the remaining defendant-side intervenors.
BACKGROUND (RESULTANDO)
CONSIDERING
I.Proven facts. The following facts relevant to the decision are deemed proven:
II.Unproven facts. For purposes of this dispute, the following facts of significance are deemed unproven: 1) That the Indigenous community Nombre142238 had a special relationship (physical, material, or spiritual) with the territories excluded by the challenged decrees, such that an Indigenous private property right (derecho de propiedad privada indígena) could arise therefrom (there is no evidence). 2) That the territory excluded from the Nombre142238 Indigenous Reserve (Reserva Indígena) by Decrees No. 25296 and No. 29956 constitutes territory traditionally or ancestrally occupied by that Indigenous community (no suitable evidence was submitted that would support that conclusion). 3) That the State had denied the Indigenous population of Nombre142238 access to the coast or coastal plain of Cocles (not proven).
III.Subject matter of the proceeding. Based on the parties’ claims (pretensiones) and arguments, the Court considers that this proceeding concerns, at its core, review of the legality of Articles 2 and 3 of Executive Decree No. 25296 and Sections 1 and 3 of Executive Decree No. 29956. Fundamentally, the challenge concerns the boundary demarcation (delimitación) of the Reserva Indígena Bribri de Kekoldi, insofar as the claimant believes that a portion of the property it owns, recorded in the Limón Registry District under real-property folio (folio real) registration Placa2092, was unlawfully excluded. This is because the excluded portion is, in fact, land traditionally occupied by them and to which they are entitled. Fundamentally, the plaintiff alleges that the formal acts are invalid because they violate the Principle of Legality and Statutory Reservation (Principio de Legalidad y Reserva de Ley) and disregard its private property right (derecho de propiedad privada).
Based on the requested declaration of nullity (declaratoria de nulidad), a series of ancillary claims (pretensiones accesorias) are asserted, since they depend on a declaration of the alleged invalidity. In that regard, the plaintiff requests a declaration that they own the entirety of the aforementioned property 19056-000, that is, including the portion unlawfully excluded from them by the challenged decrees. It also requests a declaration of the alleged administrative inaction (inactividad) of INDER, CONAI, and the State for failing to fulfill the obligation imposed by the legislation in force, particularly Article 5 of the Ley Indígena, to conduct the studies and appraisals (avalúos) necessary for approval of a supplemental budget that would permit the expropriation of and payment of compensation to all non-Indigenous persons occupying the Indigenous territory Nombre142238 (in the portion unlawfully excluded from them), so that such persons may be effectively evicted and those lands effectively recovered by that Indigenous people.
Regarding this final issue—the omission—the plaintiff requests that the Court order performance of the aforementioned actions in order to end the unlawful inaction that has persisted over the years. The Court admitted the participation of Tres-ciento uno-quinientos treinta mil quinientos cincuenta y seis S.A. in this proceeding as a third party asserting its own claims (tercero con pretensiones propias). That company alleges that it owns two properties located in the area that, according to the claimant association, was unlawfully excluded from its territory and that the association now seeks to recover. Accordingly, the third party requests that all claims brought by the plaintiff be dismissed and that it be declared that the plaintiff has no right over the properties in the Limón Registry District recorded under real-property folio registrations No. Placa27827 and Placa27828, which are owned by the third party.
It further requests a declaration that no other private or state entity, including CONAI and IDA, has any ownership or possessory right (derecho de propiedad o posesión) over those properties, and that the claimant Asociación be ordered to refrain, now and in the future, from any form of factual or legal interference (perturbación de hecho o de derecho) with the specified parcels (fundos), and to abandon any proceeding seeking a declaration of rights in rem (derechos reales) over them. In view of the various assertions submitted by the litigating parties in support of their respective positions in the dispute, and for the sake of better organization, the following sections will address each of the thematic issues raised by the claimant association in its grounds of grievance, as well as the arguments of the respondents, the supporting respondents (coadyuvantes pasivos), and the third party asserting its own claims, in order to avoid unnecessary repetition, while duly analyzing, of course, all arguments presented.
IV.Recognition of Indigenous property under the Costa Rican legal system. Given the issue under discussion, the Court considers it necessary to outline some brief observations regarding the legislation governing Indigenous property (propiedad indígena) in our country and the interpretation that, in this Court’s view, should be given to those legal provisions. Thus, the first statutory provision expressly recognizing the property right of Indigenous communities is the Ley Sobre Terrenos Baldíos, No. 13, dated 10 January 1939, Article 8 of which provided, as relevant here: “(...) an area of reasonable size, as determined by the Executive Branch, in places where Indigenous tribes exist, is hereby declared inalienable and the exclusive property of the Indigenous people, in order to preserve our native race and protect them from future injustices. (...)” (emphasis not in the original). That provision was implemented by Executive Decree No. 45, dated 3 December 1945, Article One of which stated: “(...) The undeveloped public lands (terrenos baldíos) occupied by the native Indigenous tribes are hereby declared inalienable and their exclusive property, except for the strips designated for the Carretera Interamericana.
(...)” (emphasis not in the original). With the promulgation in 1949 of the Constitución Política that currently governs us, Article 45 recognized and protected the right to property, implying recognition of ownership (dominio) with all its inherent attributes (the individualistic conception of property under Roman law). From this follows protection of the collective property right (derecho a la propiedad colectiva) of Indigenous peoples, who predated the Constitution, first under the Spanish Colony, then under the Provincias Unidas de Centroamérica, and later under the República de Costa Rica as an Independent State. Subsequently, through Ley No. 2330, dated 9 April 1959, our country approved Convention No. 107 of the Organización Internacional del Trabajo (hereinafter OIT), entitled “Convention concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries.” Regarding the matter at issue, Article 11 established that, in the bound States: “The right of ownership, collective or individual, of the members of the populations concerned over the lands traditionally occupied by them shall be recognized.” (Emphasis not in the original).
Thereafter, Article 75 of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825, dated 14 May 1961, provided that the then Instituto de Tierras y Colonización (hereinafter ITCO) “(...) in coordination with the relevant agencies, shall ensure the settlement of Indigenous communities or families, in accordance with the spirit of this law. The extensive areas in which these communities live in isolation shall not be declared to belong exclusively to them; instead, efforts shall be made to bring all such communities together into a single agrarian center in the area that the Instituto considers suitable, for which purpose the amount of land required shall be used.” Likewise, Article 76 states that “(...) Parcels that the Instituto determines to be the minimum necessary to meet the needs of Indigenous families, and that can be worked by that group without the need for paid workers, shall be conveyed to those families free of charge and in ownership.
(...)” Furthermore, Article 4(e) of the Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas No. 5251, dated 11 July 1973, establishes as one of CONAI’s objectives: “(...) To ensure respect for the rights of Indigenous minorities by encouraging State action to guarantee Indigenous persons efficient individual and collective ownership of land; (...)”. We also have the Ley Indígena, No. 6172 dated 29 November 1977, Article 1 of which provided that Indigenous persons are those who constitute ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and who preserve their own identity, and declared as Indigenous reserves those established, among others, by Executive Decrees No. 5904-G dated 10 April 1976, 6036-G dated 12 June 1976, 6037-G dated 15 June 1976, 7267-G and 7268-G dated 20 August 1977, as well as the Reserva Indígena Guaymi de Conteburica. It further stated that the boundaries established for the reserves in those decrees could not be modified so as to reduce their area except by express statute.
Article 2 establishes that Indigenous reserves are the property of those communities and that all such reserves must be recorded in the Registro Nacional in their names. Section 3, in turn, reiterates that these territories are inalienable, not subject to acquisitive prescription (imprescriptibles), nontransferable, and exclusive to the Indigenous communities that inhabit them; non-Indigenous persons are prohibited from renting, leasing, purchasing, or otherwise acquiring lands or properties located within these reserves; and any conveyance or transaction involving lands or improvements thereon within Indigenous reserves between Indigenous and non-Indigenous persons is absolutely null and void, with the corresponding legal consequences. Reinforcing all the foregoing, Ley No. 7316, dated 3 November 1992, approved Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries of the Organización Internacional del Trabajo, which also governs Indigenous property.
As relevant here, Article 13 states: “1. In applying the provisions of this Part of the Convention, governments shall respect the special importance, for the cultures and spiritual values of the peoples concerned, of their relationship with the lands or territories, or both, as applicable, that they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of that relationship. 2. The use of the term ‘lands’ in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, which encompasses the entire habitat of the regions that the peoples concerned occupy or otherwise use.” Article 14 establishes: “1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands they traditionally occupy shall be recognized. In addition, where appropriate, measures shall be taken to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them but to which they have traditionally had access for their traditional and subsistence activities.
In this regard, particular attention shall be paid to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators. 2. Governments shall take the necessary measures to identify the lands traditionally occupied by the peoples concerned and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims submitted by the peoples concerned.” Finally, Section 16 states, as relevant here: “1. Subject to the provisions of the following paragraphs of this Article, the peoples concerned shall not be removed from the lands they occupy.
V.From the cited legal provisions, we can reach several relevant conclusions concerning the property right (derecho de propiedad) recognized for Indigenous peoples. First, this right includes, among others, the rights of members of Indigenous communities within the framework of communal property (propiedad comunal). As the Inter-American Court of Human Rights (hereinafter CIDH) aptly stated in Nombre635, Case of the Saramaka People v. Suriname, Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs, Judgment of 28 de noviembre de 2007, Series C No. 172: “(...) the concepts of property and possession in Indigenous communities may have a collective meaning, in the sense that ownership is centered not on an individual but on the group and its community” (...)”. Thus, this is a collective right (derecho colectivo) benefiting these peoples, but it exists without prejudice to the substantive rights (derechos sustantivos) and procedural actions (acciones procedimentales) to which individual members of these communities are entitled by virtue of their status as inhabitants of our country.
In this regard, it should be emphasized that although the owners of those territories do not enjoy any special regime of self-help protection (autotutela) over them, domestic law does recognize a duty of public entities to afford those territories Special Protection (Protección Especial), a concept having a uniform meaning under the International Law of Human Rights governing this matter. Second, such collective or communal property is in no way equivalent to the public domain (demanio público). Although, under the express text of Article 3 of the Ley Indígena, Indigenous territories are inalienable, not subject to acquisition by prescription, and nontransferable, those characteristics do not confer upon them the status of public-domain property (bienes de dominio público), since they do not meet the indispensable elements common to all public-domain assets (bienes dominicales). Accordingly, the Indigenous territories recognized in Costa Rica are privately owned property of the Indigenous peoples inhabiting the national territory, each of which has its own legal personality (personalidad jurídica) and is entirely autonomous from the others, because each constitutes a distinct cultural, social, ethnic, and historical unit.
Third, this collective or communal property right extends to the territories traditionally and ancestrally used or occupied by Indigenous peoples. This encompasses not only those territories but also the natural resources found there that are connected to their culture, as well as the intangible elements (elementos incorporales) arising therefrom, an aspect that is essential to the Indigenous community’s physical, cultural, economic, and food security. From this perspective, the scope of communal private property (propiedad privada comunal) in relation to the territories extends beyond traditional or physical possession and includes spiritual aspects grounded in the special relationship Indigenous peoples have with their traditional lands. In this regard, the CIDH stated in its Judgment in Indigenous Community Nombre139487 v. Paraguay, Merits, Reparations, and Costs, Judgment of 24 de agosto de 2010, Series C No. 214, that “(...) To determine the existence of Indigenous peoples’ relationship with their traditional lands, the Court has established that: i) it may be expressed in different ways depending on the Indigenous people concerned and the specific circumstances in which it finds itself; and ii) the relationship with the lands must be possible.
Some forms of expression of this relationship may include traditional use or presence through spiritual or ceremonial ties; occasional settlements or cultivation; seasonal or nomadic hunting, fishing, or gathering; use of natural resources connected to their customs; and any other element characteristic of their culture. The second element entails that the members of the Community must not be prevented, for reasons beyond their control, from carrying out activities that demonstrate the persistence of their relationship with their traditional lands. (...)” It should nevertheless be added that, in this Court’s view, the Indigenous community’s special relationship with the lands traditionally occupied by it must necessarily be proven through the means deemed appropriate in each specific case. Finally, the collective property right that Indigenous peoples hold over their territories begins with recognition—not establishment—by statute or administrative act (acto administrativo).
From that moment onward, certain parcels of land (fundos) are vested with the attributes and legal protection described above, without prejudice to the existence of any other real right or claim (derecho real o de crédito) that the Indigenous community or any of its members may hold over such immovable property by reason of ancestral possession. Such recognition in no way constitutes conduct involving discretion in the exercise of the jurisdictional element (elemento competencia) of the respective administrative action by the bodies authorized to grant such recognition. Once the existence of an Indigenous people within a particular geographic area of ancestral settlement has been established, the respective Public Administrations must necessarily exercise their powers in the terms governed by Article 60 of the Ley General de la Administración Pública (hereinafter LGAP). Once an Indigenous territory has been recognized, it may lose that status only if two requirements are met.
The first is formal in nature: namely, the enactment of a legal provision in both the substantive and formal sense so providing. The second is substantive in nature and entails an informed decision by the Indigenous people itself to relinquish the collective property system in which its members participate. Accordingly, it is clear that both recognition of the existence of an Indigenous territory and its protection entail mandatory actions by the public entities having authority over the matter.
VI.On the Delimitation of the Nombre142238 Indigenous Reserve. Before examining the legality of the challenged formal actions, the Court also deems it necessary to address specifically the recognition of the territory of the indigenous community represented by the plaintiff association. Thus, by Executive Decree No. 5904, dated 11 de marzo de 1976, the Chirripó, Guaymi de Coto Brus, La Estrella, and Talamanca Indigenous Reserves were initially established. The recitals (parte considerativa) of that regulatory instrument stated, among other things, “(...) 5°- That there are still territories populated exclusively by indigenous people, making it possible to delimit those Reserves; (…) 10.- That it is the duty of the State to safeguard the security of its citizens and prevent injustice and mistreatment, especially in the case of currently marginalized indigenous minorities. (...)” (Emphasis not in the original).
Furthermore, its first article ordered that their exact delimitation would be carried out by the ITCO, in coordination with the CONAI. Of relevance to the subject matter of these proceedings, Executive Decree No. 6036-G, dated 12 de junio de 1976, amended the boundaries of the Chirripó, Guaymi de Coto Brus, La Estrella, and Talamanca Indigenous Reserves and established the Telire Reserve. Its recitals Nombre635 that “(...) Decreto N° 5904-G del 14 de marzo de 1976, published in Supplement N° 60 to ‘La Gaceta’ N ° 70 dated 10 de abril de 1976, excluded from the Reserves created by that decree significant indigenous population centers in areas populated exclusively by them (...)” (emphasis not in the original). With regard to the Talamanca Indigenous Reserve, it was stated that it was located on the maps of the Instituto Geográfico Nacional, Dirección17224, Amubri 3644-IV, Sukut Placa27836, Siola 3544-II, scale 1: 50.000, with its fourth article specifying its bearings, distances, and coordinates.
An area of 56,829 hectares and 9.275 square meters was also established. As an important point for the matter to be decided here, the provision in question states that the Talamanca Reserve would include, as an administrative annex, the “Cocles Indigenous Reserve,” corresponding to portions of ITCO properties 1.089 and 1.050, and that its exact delimitation would be carried out by the ITCO, in coordination with the CONAI. Subsequently, by Executive Decree No. 7267, dated 9 de agosto de 1977, the Cocles Indigenous Reserve (currently the Nombre142249 de Nombre142238 (Cocles) Indigenous Reserve) was established. It bears emphasizing that the recitals of that provision refer to the aforementioned Decree No. 6036-G, specifically insofar as it states that the Talamanca Reserve would include, as an administrative annex, the Cocles Indigenous Reserve, corresponding to portions of ITCO properties 1089 and 1050, and indicates that studies had already been conducted to locate the indigenous population of that region and determine the exact boundaries of that reserve.
Thus, Article 3 states that the Nombre142249 de Këköldi Indigenous Reserve is located on the cartographic maps of the Instituto Geográfico Nacional, scale 1:50.000, Amubri 3644 IV, Sixaola 3644 I, and Cahuita Placa27823, and proceeds to delimit it according to the coordinates specified therein. Accordingly, the land owned by this indigenous community having been recognized as indicated, the Indigenous Law (Ley Indígena), in Article 1, declared the indigenous reserve established, among others, by the aforementioned Executive Decree No. 6036-G to be the Nombre142238 indigenous community. Nombre635, furthermore, that the boundaries established for the reserve in that decree could not be altered so as to reduce its area except by an express law. Subsequently, pursuant to Executive Decree No. 16568, dated 25 de setiembre de 1985, the Cocles Indigenous Reserve was constituted as a reserve independent of the Nombre142249 de Talamanca Indigenous Reserve.
Finally, mention should be made of the challenged provisions. First, Executive Decree No. 25296, dated 24 de junio de 1996, whose recitals stated, insofar as relevant: “(...) That the Nombre142249 de Cocles (Keköldi) Indigenous Reserve was delimited by Decree 7267-G dated 9 de agosto de 1977, Supplement No 114 to ‘La Gaceta’ No 157 dated 20 de agosto de 1977, and confirmed by Indigenous Law No 6172 dated 29 de noviembre de 1977, ‘La Gaceta’ No 240 dated 20 de diciembre de 1977. By Decree 16568-G dated 25 de setiembre de 1985, ‘La Gaceta’ 191 dated 8 de octubre de 1985, it was established as an Independent Reserve. 2°—That the delimitation of the Cocles Indigenous Reserve was not the most appropriate because it includes a coastal area near the mouth of the Río Cocles that has not been inhabited by indigenous people during the past two hundred years. Moreover, the southeastern portion of the Cocles Reserve corresponds to IDA settlements occupied exclusively by a non-indigenous farming population. 3°—That it follows from the foregoing that there is no indigenous population in the eastern half of the Cocles Indigenous Reserve, and that recovering these lands would entail (sic) enormous expense for the State and great losses and all manner of harm to the current owners and occupants. 4°—That this boundary problem has caused conflicts and tensions over the past ten years among the various communities and institutions involved. 5°—That the most appropriate solution in this case is to modify the boundaries of the Indigenous Reserve without harming the indigenous people. 6°—That the aforementioned Indigenous Law No 6172, in Article 1, permits the modification of boundaries by executive decree, provided there is no reduction in the Reserve’s area. 7°—That the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, conducted studies aimed at modifying the boundaries of the Cocles Reserve by excluding the problematic lands and compensating for them through the inclusion of forested lands to the west and south of the current Reserve. 8°—That this modification would, furthermore, make it possible to include within the Reserve lands belonging to indigenous people that, to date, were not protected under Indigenous Reserve status. 9°—That pursuant to the Article of Ley 7316 dated 3 de noviembre de 1992, ‘La Gaceta’ 234 dated 4 de diciembre de 1992, the local Indigenous Community was consulted and gave its consent to the proposed boundary amendment. 10.—That the indigenous population also requests that, henceforth, the Reserve preferably be known by its indigenous name, ‘Nombre142238.’ (...)” That factual background resulted in the amendment of the boundaries of the Kekoldi de Cocles Indigenous Reserve, with the new delimitation established beginning in Article 2.
Subsequently, Executive Decree No. 29956, dated 22 de marzo del 2001, stated that “(...) in the modification of the boundaries of the Këköldi Indigenous Reserve, as defined by Article 2º of Decree 25296-G, published in La Gaceta 134 dated 15 de julio de 1996, an important area of protection and conservation possessing great natural wealth, located in the northwestern sector of the reserve between the springs (nacientes) of the Ríos Carbón ‘Uno’ and Carbón ‘Dos,’ was not included. 4º—That this area comprises territory traditionally occupied by indigenous people and must be included within the indigenous reserve pursuant to Ley Nº 7316, I.L.O. Convention 169, Article 14. 5º—That this area possesses abundant water resources of great benefit, including to the communities of Bribrí, Home Creek, Patiño, Carbón Dos, and Punta Caliente, requiring its protection because it is the area that sustains the main source of that mineral for those communities. 6º—That this area geographically connects the indigenous population of Këköldi with the Nombre142249 indigenous population, thereby demonstrating that it is an area traditionally occupied by indigenous people, and its inclusion likewise promotes the social unity of a Nombre142249 indigenous population that was spatially separated for many years. 7º—That, in light of these considerations, it is necessary to modify the northwestern boundary of the Këköldi Indigenous Reserve in order to include this important area. 8º—That the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) has already conducted studies of the area claimed by the Këköldi indigenous community and that the aforementioned community, having been consulted pursuant to I.L.O.
Convention 169, expresses its agreement with the study submitted by CONAI. (...)” and ordered that Article 2 of Decree 25296-G be amended so that the boundaries of the Reserve would be understood to be those now specified in the second section of this provision.
VII.On the Preliminary Defense That the Annulment Action Is Time-Barred (caducidad de la acción anulatoria). INDER and the State argued that the annulment action sought against several provisions of the challenged decrees was time-barred, a position supported by the passive intervenors (coadyuvantes pasivos) and the third party asserting its own claims (tercero con pretensiones propias). In essence, the defendants raising that defense contend that the challenged provisions, namely Executive Decree No. 25296 dated 24 de junio de 1996 and No. 29956, dated 22 de marzo de 2001, are administrative acts (actos administrativos), and therefore the annulment action should have been brought within the one-year period established for such purposes by Article 175 of the LGAP and section 200(7) of the CPCA, under which the annulment is being sought long after the deadline. The plaintiff association, for its part, states that, pursuant to ILO Conventions 107 and 169, a human right is at issue and indigenous property is not subject to prescription (imprescriptible).
Therefore, it argues, the action is not time-barred. Having analyzed the arguments of all the parties, the Court finds that the asserted preliminary defense (defensa previa) is without merit for the following reasons. This case concerns a challenge to administrative acts of general application (actos administrativos de carácter general), which, in principle, is contingent upon the complaint being filed within one year after the date of their publication (Article 175 of the LGAP and sections 37(3), 39.1.b, and 200(7) of the CPCA). Notwithstanding the foregoing, it should be recalled that acts of general application of this kind, by their very nature, continuously produce effects while they remain in force. Accordingly, this collegiate body (órgano colegiado) holds that the possibility of challenging them cannot lapse while they remain in force and the plaintiff can establish that it has at least a legitimate interest (interés legítimo) for that purpose, pursuant to section 10(2) of the CPCA (see, to similar effect, judgments number 262-2011-VI and 052-2012-VI, both issued by the Sixth Section of this Court at 14 horas 50 minutos del primero de diciembre del 2011 and 7 horas 30 minutos del 22 de marzo del 2012, respectively).
On this point, it should be recalled that, pursuant to section 40 of the CPCA, administrative acts of general application may be challenged for as long as their continuing effects (efectos continuados) persist; therefore, the maximum period for commencing the proceeding shall be one year beginning on the day after those effects cease. The action, however, shall be solely for purposes of annulment and future inapplicability. In addition to the foregoing, we reiterate that, in cases involving self-executing provisions (normas de aplicación automática)—as in this case—an individual implementing act (acto de aplicación individual) is not required in order to challenge them, because they become immediately binding by virtue of their promulgation alone, without any need for other provisions or acts to develop them or make them applicable to the injured party. Accordingly, we find that the plaintiff association has at least a legitimate interest in challenging these decrees insofar as it considers them harmful and violative of its private property.
Moreover, these are provisions whose effects continue on an ongoing basis while they remain in force. For the foregoing reasons, the Court rejects the time-bar defense raised by the representatives of INDER and the State and proceeds to analyze the claims asserted by the plaintiff.
VIII.Regarding the claim for annulment (pretensión anulatoria) asserted. The plaintiff seeks the partial absolute nullity (nulidad absoluta parcial) of Executive Decrees No. 25296 and 29956, mentioned in the following terms. With respect to Executive Decree No. 25296, it requests that Article 2 be annulled solely insofar as the new boundary demarcation (delimitación) of the Indigenous Reserve excludes part of the property recorded in the Limón Registry District (Partido de Limón), under real-property folio registration Placa2092. It also requests the nullity of Article 3 in its entirety. With respect to Executive Decree No. 29956, it requests that Article 1 be annulled solely insofar as it reiterates the exclusion from the indigenous territory of part of property Placa2092, cited above, in the same manner as Executive Decree No. 25296. It further requests the nullity of Article 3 solely insofar as it deems Article 3 of Decree 25296 to remain in force.
The Tribunal’s review of legality (examen de legalidad) begins from two premises: first, that, fundamentally, nullity is sought in relation to the new boundary demarcation carried out and confirmed by the challenged provisions of general scope (normas de alcance general) concerning the territory comprising Reserva Indígena Nombre142238, which the plaintiff considers illegal and violative of its rights. Second, that the alleged defects of illegality (vicios de ilegalidad) apply to both provisions, and therefore they will be analyzed jointly. In that regard, the claimant alleges four defects:
IX.A violation of the Principle of Statutory Reservation (Principio de Reserva de Ley) is also alleged, fundamentally because it is asserted that, pursuant to Article 1 of the Ley Indígena, the demarcation (delimitación) established in the cited decrees No. 6036-G and No. 7267 acquired the force of law and could not be modified through the challenged generally applicable provisions; particularly when the aforementioned article establishes that the boundaries set for the reserves in the cited decrees could not be altered so as to reduce their area, except by express legislation. Nevertheless, the Court considers that a proper interpretation of Article 1 under discussion permits the alleged defect to be rejected. The Court has no doubt that this provision declares as Indigenous Reserves those established, insofar as relevant here, in the cited Executive Decrees numbers 5904-G, 6036-G, and 7267.
Such a declaration entails endorsing, through a provision having the force of law, the demarcation established in those generally applicable acts. Precisely for that reason, the aforementioned Article 1 goes on to provide that the boundaries set for the reserves in the cited decrees could not be altered so as to reduce their area, except by express legislation. Nevertheless, we are of the view that, in this specific case, that provision has not been violated because the challenged decrees did not reduce the area of the Nombre142238 Indigenous territory. This is clear from the recitals of Decree No. 25296, which state that “(...) 2°—That the demarcation of the Cocles Indigenous Reserve was not the most appropriate because it includes a coastal area near the mouth of Río Cocles that has not been inhabited by Indigenous people during the last two hundred years. Furthermore, the southeastern portion of the Cocles Reserve corresponds to IDA settlements occupied exclusively by a non-Indigenous rural population. 3°—That it follows from the foregoing that there is no Indigenous population in the eastern half of the Cocles Indigenous Reserve, and that the recovery of these lands would cause (sic) enormous expense to the State and great losses and all manner of harm to the current owners and occupants. 4°—That this boundary issue has caused conflicts and tensions during the last ten years among the various communities and institutions involved. 5°—That the most appropriate solution in this case is to modify the boundaries of the Indigenous Reserve without harming the Indigenous people. 6°—That the aforementioned Ley Indígena N o 6172, in its Article 1. permits boundaries to be modified by executive decree, provided that there is no reduction in the area of the Reserve. 7°—That the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, conducted studies aimed at modifying the boundaries of the Cocles Reserve, excluding the disputed lands from it and compensating for them by including forested lands west and south of the current Reserve. 8°—That this modification would also permit the inclusion within the Reserve of lands belonging to Indigenous people that, to date, were not protected under Indigenous Reserve status.(...)”; and from the recitals of Decree No. 29956, which state that “(...) 2º—That the boundaries of the Këköldi Indigenous Reserve were modified by Article 2 of Decreto Ejecutivo 25296-G, published in La Gaceta 134 of 15 de julio 1996. 3º—That the modification of the boundaries of the Këköldi Indigenous Reserve, as defined by Article 2º of Decreto 25296-G, published in La Gaceta 134 of 15 de julio de 1996, did not include an important area of protection and conservation possessing great natural wealth, located in the northwestern sector of the reserve, between the springs (nacientes) of Ríos Carbón ‘Uno’ and Carbón ‘Dos.’ 4º—That this area encompasses territory traditionally occupied by Indigenous people, which must be included within the Indigenous Reserve pursuant to the provisions of Ley Nº 7316, Convenio 169 O.I.T., Article 14. 5º—That this area contains abundant water resources of great benefit, including to the communities of Bribrí, Home (sic) Creek, Patiño, Carbón Dos, and Punta Caliente, which necessitates its protection because it is the area that sustains the principal source of that resource for those communities. 6º—That this area geographically connects the Indigenous population of Këköldi with the Indigenous population Nombre142249, demonstrating that it is an area traditionally occupied by Indigenous people, and its inclusion likewise promotes the social unity of an Indigenous population Nombre142249 that was spatially separated for many years. 7º—That, in light of these considerations, it is necessary to modify the northwestern boundary of the Këköldi Indigenous Reserve in order to include that important area.(...)”.
The foregoing passages support the conclusion that, although Decreto Ejecutivo No. 25296 excluded from the reserve the lands corresponding to the coastal area near the mouth of Río Cocles and the southeastern portion of the Cocles Reserve, it compensated for them by including forested lands west and south of the current reserve. Thus, there was no reduction in area that would give rise to a violation of the Principle of Statutory Reservation. The situation is even clearer in Decree No. 29956, because that provision reiterates the demarcation established in Decreto Ejecutivo No. 25296 and expands the territory to include, along the northwestern boundary, an important area of protection and conservation possessing great natural wealth, located in the northwestern sector of the reserve between the springs of Ríos Carbón “Uno” and Carbón “Dos.” To that extent, it is evident that this generally applicable provision likewise does not reduce the area of the reserve and, therefore, the alleged illegality does not exist.
We reiterate that the limitation imposed by the Ley Indígena is that boundaries may not be altered by regulation in a manner entailing a reduction in the area of the Indigenous territory, which did not occur in this case because the aforementioned generally applicable acts instead increased that area, as the plaintiff acknowledges in its claims for relief. To suppose that, pursuant to Article 1 of the Ley Indígena, the boundaries of the reserves may be modified only by a statutory provision would lead not only to disregarding and declining to apply the very text of the provision itself (under which this is impermissible only if the area is reduced), but also to interpreting it to mean that modifications intended to increase the area must likewise be established by statutory provision. A conclusion of this nature (which the Court does not share) would entail declaring the entire text of the challenged decrees unlawful, including the provisions relating to the inclusion of territories and the increase in area.
Accordingly, we find that there is no quantitative impairment of the Nombre142238 Indigenous territory because, we reiterate, although the generally applicable provisions modified the boundaries of the reserve, they did not reduce its area but instead increased it considerably. Moreover, there is no qualitative reduction either because, as will be analyzed infra, the excluded territories consisted of lands that were not traditionally or ancestrally occupied by the Indigenous community in question, while the lands included were those that, according to the studies conducted at that time, consisted of lands that had indeed traditionally been occupied by it. For the foregoing reasons, we find that the challenged decrees do not violate the Principle of Statutory Reservation.
X.On the other hand, it is alleged that the challenged decrees infringe upon and curtail the claimant Indigenous community’s right to property. The first argument on which the claimant bases this defect is that it owns the entirety of Limón property No. 19056-000, whose registration appears in the National Registry. Therefore, that right cannot be curtailed by means of a decree. In this regard, we must indicate that it has been established that, through Decreto Ejecutivo No. 7267, del 09 de agosto de 1977, an initial delimitation of the Nombre142249 de Cocles Indigenous Reserve was carried out. The recitals of that provision refer to the aforementioned Decreto No. 6036-G, specifically insofar as it states that the Talamanca Reserve would include, as an administrative annex, the Cocles Indigenous Reserve, corresponding to part of ITCO properties 1089 and 1050. To comply with the provisions of that rule, by deed number 85 executed before notary Nombre142257 at 12 hours on 5 de abril de 1989, the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre142249 de Talamanca donated to the claimant Association the property registered in the Public Registry, Limón Division, volume 2548, folio 35, number 19056, entry 1.
That deed was submitted to the National Registry on 19 de abril de 1990 under filing references 378-18219-001 and, to date, has not been registered. Consequently, as of today, the property in question remains registered in the name of the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre142249 de Talamanca. It is important to note at this point that, according to the statements of the representatives of the claimant and of the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre142249, the transfer has not been registered because the property in question does not have a survey plan (plano). Nevertheless, we consider that this deficiency—the lack of registration of the transfer—does not support the conclusion that the property does not belong to the claimant Association, as the State representative appears to question. For one thing, the deed of donation is duly noted, as shown at folios 154 to 156 of the judicial case file, and there is an express statement by the representative of the registered owner that the transfer was completed and that “(...) if it is necessary to execute another transfer or supplement the deed executed at the appropriate time, when IDA prepares the corresponding plan, we are willing to do so.
(...)” (reverse of folio 286 of the judicial case file). This is reinforced by the fact that a review of the registry information for the property in question shows that its designated nature is the Cocles Indigenous Reserve. Thus, the Court agrees with the statements of the representatives of INDER, the passive intervenors (coadyuvantes pasivos), and the company acting as a third party asserting its own claims (tercero con pretensiones propias), to the effect that there is no dispute that the property belongs to the claimant Association. Strictly speaking, the crux of the matter is different, as will be discussed. In this regard, it must be emphasized that it has been established that the property in question (19056-000) has no survey plan. This fact is established by the expert report submitted by Nombre142257, General Coordinator of the Implementing Unit of the Regularization and Registry Program, who states as much at folios 357 and 358 of the judicial case file.
Moreover, the claimant, the State, and the company participating as a third party asserting its own claims all acknowledge it. Although the Court considers that the absence of a registered cadastral plan (plano catastrado) is a factor that must be assessed when deciding this litigation, the fact remains that it is not the fundamental consideration but rather a secondary one, as will be explained. We agree with expert Nombre142257’s assessment that “(...) under cadastral law (materia catastral), the location of a property can be determined only if there is a registered cadastral plan describing it (...)” (folio 358 of the judicial case file); however, in the case of Indigenous territories, that condition must be assessed together with the regulations in force on this subject and the case law issued by both national and international courts, under which delimitation by States constitutes recognition of the right of Indigenous peoples to collective ownership (propiedad colectiva) of their territories.
However, that right arose and applies to the territories that they have traditionally or ancestrally occupied. Therefore, once the existence of an Indigenous people in a specific geographic area of ancestral possession has been established, the administrative authorities are required to recognize it as such, which entails, among other actions, the recovery and return of those lands, even if they are held by non-Indigenous persons. Thus, the fact that the Indigenous community’s traditional territory is privately held would not, per se, constitute an objective and substantiated reason preventing its restitution claim (reivindicación). In this regard, Article 5 of the Ley Indígena establishes the procedure to be followed to compensate for or expropriate registered private property in territories ancestrally occupied by Indigenous people in order to return it to that community. The Inter-American Court of Human Rights (CIDH) stated as much, among other decisions, in Judgment, Nombre139487 Indigenous Community v. Paraguay.
Merits, Reparations, and Costs. Judgment of 24 de agosto de 2010 Series C No. 214, in which it stated: “(...) 2.1.2. Possession of the claimed lands and its requirement for recognition of communal property1. With regard to possession of the claimed lands, the Commission considered that the State is obligated to recognize and respond to the Community’s claim ‘even when they do not have full possession thereof and the lands are privately held.’ The representatives alleged that the Community ‘has maintained a form of partial possession of the lands it claims and the surrounding areas through access to natural resources.’ They added that the members of the Community had carried out their traditional activities on the lands under claim ‘since before the lands were transferred to the company Eaton y Cía., until the beginning of 2008[,] when those activities were prohibited following the establishment of the private [nature] reserve.’ The State maintained that ‘the petitioners do not have duly registered ownership in the Real Property Registry, nor possession of the property claimed.’ 2. The Court recalls its case law concerning communal ownership of Indigenous lands, according to which:
XI.Accordingly, the evidence, assessed as a whole and under the rules of sound rational judgment (sana crítica racional), leads to the conclusion that the territory excluded from the Reserva Indígena Nombre142238 by Decrees No. 25296 and No. 29956 was not territory that had traditionally or ancestrally been occupied by that Indigenous community. Let us examine this. Although the plaintiff sets forth in its complaint a series of historical antecedents that it seeks to relate to the matter under discussion, we find that they are not relevant, since they generally concern matters about which there has been no substantial dispute. That is, no one doubts that when the Spaniards arrived, our country was occupied by Indigenous peoples and that they occupied territories in the Caribbean region. Certified copies of two books are also submitted in an attempt to prove such occupation. However, we are of the view that, given its nature, that evidence is insufficient to reach such a conclusion.
It should even be noted that the third-party claimant company (sociedad tercerista) submits certified copies of excerpts from three different books, which it asserts—contrary to what is stated in those submitted by the plaintiff—show that, according to the testimony of two Indigenous persons (Nombre142260 and Nombre142261), this was territory not occupied by them and that an error was made in the decree that originally included it as part of the Indigenous territory, since the boundary demarcation (delimitación) was not the most appropriate. The fact that Nombre142262 (and only she) now states that she did not say what the books submitted by the third-party claimant indicate does not shed any further light on the matter and instead creates more doubts. Thus, in the Tribunal’s weighing of the evidence (ponderación probatoria), the books in question do not constitute suitable evidence (prueba idónea), nor are they determinative of the grounds for the decision that has been adopted.
Furthermore, the grounds underlying Decree No. 25296 are apparent from that same instrument, specifically: “(...) That the boundary demarcation of the Reserva Indígena de Cocles was not the most appropriate because it includes a coastal area near the mouth of Río Cocles that has not been inhabited by Indigenous persons during the last two hundred years. In addition, the southeastern portion of the Reserva de Cocles corresponds to IDA settlements, occupied exclusively by a non-Indigenous rural population. 3°—That it follows from the foregoing that there is no Indigenous population in the eastern half of the Reserva Indígena de Cocles, and that recovery of these lands would cause enormous expense to the State, as well as substantial losses and all manner of harm to the current owners and occupants. 4°—That this boundary issue has caused conflicts and tensions over the last ten years among the various communities and institutions involved. 5°—That the most appropriate solution in this case is to modify the boundaries of the Reserva Indígena without harming the Indigenous population.
(...)”; on these grounds, the boundaries of the Indigenous territory Nombre142238 were modified, excluding the portion disputed here. In the Tribunal’s view, those factual and legal antecedents are supported by the record. On the one hand, the earliest provisions governing Indigenous persons’ property rights refer to public wastelands (terrenos baldíos) occupied by them (Article 8 of Law No. 13), and, in the specific case of the creation of Reserva Nombre142238, it was located on lands that were also owned by ITCO, even specifying the property numbers on which it was to be established and which formed its antecedent. This is clearly stated in Executive Decree No. 6036-G, which provides: “(...) In addition, the Reserva de Talamanca shall include, as an administrative annex, the ‘Reserva Indígena de Cocles,’ corresponding to part of ITCO properties 1.089 and 1.050. Its exact boundary demarcation shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI.
(...)”. It is important to emphasize that, according to the recitals of that provision, the territorial location was determined by taking into account significant centers of Indigenous population in areas populated exclusively by them. Under the aforementioned provisions, at the time these regulations were issued, the Indigenous community of Kekoldi was located in those areas (public wastelands, ITCO lands, and specified properties), but not on real properties registered as privately owned by individuals. On this point, it should be emphasized that, according to the expert report (peritaje) rendered by Nombre142257, various registered survey plans (planos inscritos) have existed since 1946 within the territory excluded from the Reserva Indígena de Kekoldi by Decree No. 25296, some of them linked to registry entries and referenced in the list of proven facts (hechos probados). We reiterate that these plans date from 1946 (that is, before Decree No. 6036-G) through 2004 (folios 354 to 372 of the court file).
Of particular relevance is plan 7-0009380-1946, which was recorded in the cadastre (catastrado) in 1946 by Nombre142248 and corresponds to land owned by her, located at the mouth of Río Cocles, measuring 25 hectares 2750 square meters, situated within the maritime mile of the Atlantic zone, in Puerto Viejo, district one, canton one of the province of Limón; it covered a significant area of what is now the coastal plain at playa Cocles de Limón (folios 390, 391, 570 to 572 of the court file). According to the same expert opinion, that plan is linked in the property registry to the property registered with the Registro Nacional under real-property folio No. 7-05365-000 (expert report rendered by Nombre142257 at folios 388 to 392 of the court file, CD containing the cadastral mosaic). Thus, Executive Decree No. 6036-G and the expert evidence establish that the grounds considered in the challenged decrees—namely, that the initial boundary demarcation in 1976 included a coastal area near the mouth of Río Cocles and the southeastern portion of the reserve, which had not been inhabited by Indigenous persons but instead by owners or occupants who were not Indigenous, as in the case of Doña Nombre142248—existed exactly as they were considered at the time those decrees were issued.
That conclusion is further reinforced by the testimony of Nombre142258 and Nombre142263. Don Nombre142258 told the Tribunal that he grew up in Puerto Viejo and that, for as long as he could remember, people had lived in houses along the shores of Cocles. He stated that he had been told that his relatives came from Panamá to Puerto Viejo in the eighteenth century. Nombre635 that, for as long as he could remember (when he was five or six years old, since he was born in 1965), people had lived in Cocles, almost all of them Black and some white. The houses were situated along the coast and the farms behind them. Among the oldest families, he mentioned that of Don Nombre142264, who was Colombian and was the father of Doña Nombre142248. Nombre635 that by the time he was a child, Don Nombre142264 was already living there, and he named other families that also inhabited the area. He explained that the Black population came from Puerto Viejo (where there was a school and grocery stores) to Cocles to harvest cacao, which was the most important commercial activity.
He stated that he did not recall seeing Indigenous settlements or persons in the lowlands or along the coast of Cocles; rather, they came from Alta Talamanca to help with the cacao harvest and sometimes stayed overnight in the homes of those who hired them. He insisted that the Indigenous population Nombre142238 was located in the higher parts of Baja Talamanca: there were coconuts in the lower area, cacao farms in the intermediate area, and Indigenous persons in the upper area, and each group always had its own space. Don Bernardo, who visited Cocles during his childhood, agreed that there were no Indigenous settlements in the coastal area; instead, it was occupied by private landowners, while the Indigenous population was located inland beyond Nombre142249. He also agreed regarding the principal activities (growing cacao and tubers) and that the Nombre29395 came down to Cocles to perform work such as clearing brush (chapia), breaking open cacao pods, and generally working as laborers.
He stated that owners would sometimes give them a small piece of land so that they could live near their work, but that they never formed settlements in that area. It should be noted that even Nombre142262 admits that some Afro-descendants (not many) lived in Cocles and that there were coconut and almond trees in the area. Nombre635, also, that many Nombre29395 (not all) formerly lived in the higher areas, that they had relations with the Afro-descendants, and that Indigenous children attended the latter’s school. Faced with this evidence, the fact remains that the plaintiff did not introduce into the proceedings any evidence rebutting it or demonstrating that this Indigenous community physically or materially occupied that territory. Thus, assessment of the body of evidence (comuna probatoria) as a whole allows the Tribunal to conclude that the territory excluded from the Reserva Indígena Nombre142238 by Decrees No. 25296 and No. 29956 was neither inhabited nor physically occupied by that Indigenous community, but rather by private individuals (Afro-descendants and white persons) and by those who had plans recorded in the cadastre and registered private ownership beginning in 1946, as in the case of Doña Nombre142248.
XII.Nevertheless, the fact that it has been established that the territory excluded from the Nombre142238 Indigenous Reserve by Decrees No. Placa27837 and No. 29956 was neither inhabited nor physically occupied by that indigenous community, but rather by private individuals, is not sufficient to conclude that its communal property right (derecho de propiedad comunal) was not violated. As we explained in a previous Recital (Considerando), the scope of indigenous communal private property (propiedad privada comunal indígena) in relation to territories extends beyond traditional or physical possession (posesión tradicional o material), involving spiritual aspects based on the special relationship indigenous peoples have with their traditional lands, which must also be analyzed. In this regard, the plaintiff states that the indigenous conception of property rights differs because it is also founded on a spiritual relationship.
As explained in previous Recitals, this special relationship manifests itself in different ways depending on the indigenous people concerned in each case. Thus, for example, reference is made to traditional use or presence through spiritual or ceremonial ties; sporadic settlements or cultivation; seasonal or nomadic hunting, fishing, or gathering; use of natural resources connected to their customs; and any other element characteristic of their culture. This also follows from Articles 13, 14, and 15 of ILO Convention No. 169. The Court now finds that this special relationship between indigenous peoples and their territories must necessarily be proven in order for it to be so declared and for recovery and restitution (recuperación y devolución) to proceed, where appropriate. The need to demonstrate that relationship has also been recognized by the CIDH. Thus, for example, in the Judgment Xákmok Kásek Indigenous Community v. Paraguay.
Merits, Reparations and Costs. Judgment of 24 de agosto de 2010 Series C No. 214, it was stated that “(...) The members of the Community’s connection with those territories is fundamental and inseparable from their subsistence and cultural survival, hence the importance of their restitution. Contrary to the State’s assertion, the lands to be conveyed to the members of the Community are not just any property ‘within the historical territory of the Enxet Lengua,’ but rather the territory that the members of the Community have demonstrated in this case to be their specific traditional territory and the one best suited for the indigenous settlement (supra para. 107). (...)” (emphasis and underlining not in the original). It was also Nombre635 that “(...) With respect to the possibility of recovering traditional lands, on previous occasions the Court has established that the spiritual and material foundation of indigenous peoples’ identity rests primarily on their unique relationship with their traditional lands; therefore, as long as that relationship exists, the right to reclaim (derecho a la reivindicación) those lands shall remain in force.
If that relationship has ceased to exist, that right would likewise be extinguished. (...)” (emphasis and underlining not in the original). Indeed, in the specific case decided there, the CIDH credited an anthropologist’s report as evidence establishing the existence of that special and spiritual relationship. In this regard, the judgment states that “(...) In the present case, the Court observes that the members of the Community’s relationship with their traditional territory is manifested, inter alia, in the conduct of their traditional activities within those lands (supra paras. Placa27824, , ). In this regard, the anthropologist Nombre142265 stated in his report prepared in 1995 that the Community continued ‘occupying its territory and practicing its traditional economy, notwithstanding the constraints [imposed by] private property.’ Of particular relevance is the fact that, even in the face of the restrictions imposed on the members of the Community, ‘they still snuck in to hunt.’ Likewise, some members of the Community stated that when they lived at Estancia Salazar, although subject to serious limitations, some traditional medicine was still practiced, shamans searched for medicinal plants in the forest, and they buried their dead in accordance with their customs.
(...)” In the present case, however, the Court finds that this special and spiritual relationship of the Kekoldi indigenous community with the territories excluded by the challenged decrees (which essentially correspond to the coast and coastal plain of Cocles) was not demonstrated. The only evidence submitted by the petitioner for that purpose was the testimony of doña Nombre142266, an indigenous member of that community. We find that evidence insufficient, however, for the following reasons. She described to the Court at length the relationship of the Nombre29395 with the sea and stated that Talamanca was Bribri territory, from the top of the mountain range to the coast. She also stated that children who lived far from the sea were baptized in the sea and that they also made use of it: they made salt and used white shells and coconuts (they ate the nut, used the shell, and stored the salt).
However, don Nombre142258 stated that he did not recall seeing any sacred, religious, or ritual ceremonies of indigenous persons in Cocles. He emphasized that, because it was a small community, they would have known if any such ceremonies had occurred. He explained that indigenous persons came down to the coast to obtain salt and took crabs with them. He even told the Court that during the work and excavations carried out on their lands, they never found any indication that would lead them to presume an indigenous presence in that area. The existence of conflicting testimony as to whether ceremonies, rituals, or spiritual ties existed in that area prevents the Court from finding that relationship established. Furthermore, it is noteworthy that when doña Nombre142266 explained that, for them, there were sacred places that were protected and for which permission had to be sought from the gods before entering, Nombre635 among them wetlands, lagoons, estuaries, and hills, she never indicated that the sea or coast was one of them.
This is compounded by the fact that there was likewise no showing that settlements existed in that area or that cultivation, hunting, fishing, or seasonal or nomadic gathering took place there sporadically. In our view, the testimony received establishes only that the indigenous people of Kekoldi used and benefited from the sea and its resources, but not in any manner different from how anyone else might do so. Thus, the evidence received does not support a finding that the Nombre142238 indigenous community had a special relationship—whether physical, material, or spiritual—with the area excluded by the challenged decrees that could serve as the basis for a property right. It should also be borne in mind that some of the excluded territories consist of registered private property (propiedad privada inscrita), registered before the decrees that originally delimited the reserve, or of the maritime-terrestrial zone (zona marítima terrestre).
Both are protected by the legal system, a circumstance that must also be weighed by this Court. Nor, therefore, can it be concluded that those territories were traditionally and ancestrally occupied by them. To reach that conclusion, we find that the plaintiff should have introduced suitable evidence into the proceeding, such as testimony from an anthropologist whose expertise could establish that special relationship, particularly with respect to matters such as movements and these peoples’ use of or spiritual relationship with the sea, the coast, and the plains of Cocles. However, it was the representative of the petitioner association who withdrew that evidence, which had previously been admitted by the Court. From this perspective, since the burden of proof (carga probatoria) rested with the petitioner and it failed to discharge it, the petitioner must bear the adverse consequences of that failure.
For the reasons stated, the Court finds that the challenged decrees neither curtail nor violate the Nombre142238 indigenous community’s property right because the excluded territories were not traditionally or ancestrally occupied by them. Rather, as demonstrated, they were occupied by others. Based on the foregoing, the Court finds no defect in the grounds or content of the challenged decrees; instead, as explained, they respond to the need to correct an error in the location originally set forth in Decreto Ejecutivo No. 7267, which has since been repealed. It is not true, as the plaintiff asserts, that its registered property right was curtailed by the challenged decrees. We reiterate that Decreto Ejecutivo No. 7267 merely provided, at that time, a general location of the Nombre142238 indigenous territory which, as the challenged decrees indicate and as has been demonstrated here, erroneously included lands that had neither been occupied nor used by that indigenous community.
Because property No. 7-19056-000 was registered without a cadastral plan (plano catastrado) properly delimiting it, that error extended to properties that have been used and occupied by, and registered in the names of, non-indigenous persons. It was precisely because of that error—the imprecise location established by Decreto No. 7267—and because, in any event, that Decreto does not have the legal force necessary to disregard private property lawfully registered in the names of third parties on which, and this is fundamental, that indigenous community has not traditionally or ancestrally maintained an occupation, that the State issued the challenged decrees and delimited the Nombre142238 Indigenous Reserve in a manner consistent with the substantive content of its collective property right (derecho de propiedad colectiva), namely, so that it encompasses territories traditionally or ancestrally occupied by them.
Based on the evidence received here in relation to the rules applicable to this specific case, the Court finds that those formal administrative acts (conductas formales administrativas) do not infringe the indigenous people’s property right. It is unnecessary to seek annulment (nulidad) of the title corresponding to property number 19056-000 of the Limón Registry District. As stated at the beginning of the examination of this defect, that property belongs to the petitioner. This is, of course, subject to the terms under which its property right is conceived, namely, within the territory traditionally occupied by them, which, as explained, corresponds to the territory currently described by Decreto No. 29956 challenged herein.
XIII.The foregoing does not imply, even remotely, a violation of the Principle of Legality (Principio de Legalidad) or a disregard of the rules governing indigenous property rights (derecho de propiedad indígena). Article 11 of ILO Convention 107 states that the collective or individual right of ownership (derecho de propiedad, colectivo o individual) of the members of the populations concerned over the lands traditionally occupied by them must be recognized. In this specific case, the Court has established that the territories excluded by the challenged decrees do not meet that requirement because they are not lands that traditionally were or are occupied by the Nombre142238 indigenous community. Accordingly, they do not form part of its property rights and cause it no injury; rather, those decrees recognize that right to its proper extent. Articles 13 through 18 of ILO Convention No. 169 refer, in general, to the State’s duty to respect the special importance, for the cultures and spiritual values of the peoples concerned, of their relationship with the lands or territories—or both, as applicable—that they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of that relationship (Article 13); that provision is not violated in this specific case because such a relationship has not been established.
Article 14 refers, in general, to the duty to recognize the right of ownership and possession (derecho de propiedad y de posesión) of the peoples concerned over the lands they traditionally occupy; that rule is not violated because, we reiterate, the excluded territories do not have that status. That same provision then states: “(...) In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their traditional and subsistence activities. Particular attention shall be paid in this regard to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators. (...)” We find that this provision likewise has not been violated in this specific case because it was not established that the State had denied the Nombre142238 indigenous population access to the coast or the coastal plain of Cocles.
In addition to the public-domain status (carácter demanial) of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), the witnesses stated that members of that indigenous community came down from the highlands of Talamanca to the coast, demonstrating their use and enjoyment of it. Articles 15, 16, 17, and 18 likewise have not been violated because their provisions apply on the assumption that the territories in question have traditionally been occupied by indigenous people, which was not established here. For the same reason, and in accordance with the discussion in the preceding Whereas clause (Considerando), Article 45 of our Political Constitution has not been violated either. As to Article 2 of the Indigenous Law (Ley Indígena), the territory owned by the claimant indigenous community—as lands traditionally occupied by indigenous people and corresponding to the territory identified by the challenged decrees—is duly registered in the National Registry under registration number Placa2092, Limón Province.
Article 3 has not been violated because the territory excluded by the challenged decrees is not owned by the claimant indigenous community and, accordingly, does not enjoy the special protection established by that provision. Nor is Article 5 applicable: because the land is not indigenous private property, as it has not traditionally been occupied by indigenous people, the State has no grounds justifying the relocation, compensation, or expropriation of the non-indigenous persons who occupy or own those lands excluded from the originally established boundaries. Rather, we reiterate that the rights of those who have occupied or own real property in that area must be protected. Finally, no violation of Article 267 of the Civil Code is apparent. As explained, the claimant’s property rights extend to those territories traditionally occupied by that community. Accordingly, the registry entry for property No. 19056-000 in Limón Province encompasses only that territory, which, for purposes of this case, was identified by the aforementioned Decree No. 29956.
To conclude, as the claimant’s representative seeks, that No. 19056-000 includes the lands identified by Decree No. 7267 would constitute an abuse of rights (abuso de derecho) for the following reasons. That administrative act (acto administrativo) was repealed because it included lands that neither were nor are traditionally occupied by the Nombre142238 community—and therefore do not form part of its communal property rights—but that were also registered, with their corresponding cadastral plans (plano catastrado), in the names of non-indigenous persons and had been devoted to other activities since before that community’s territory was originally identified. Indeed, the aforementioned Article 267 would be violated if this Court disregarded the registered title held by those persons, including the company appearing as a third party asserting its own claims and some of the supporting respondents (coadyuvantes pasivos).
XIV.In conclusion, the Court finds that the challenged Decrees No. 25296 and No. 29956 were issued by the competent authority (the Executive Branch) in compliance with the required material procedural formalities. They also have a legitimate and factually supported basis (motivo legítimo y cierto)—essentially, that the boundaries established in Decree No. 7267 were inappropriate because they included territories that had not traditionally been occupied by the indigenous people represented by the claimant association and that, instead, were occupied by or belonged to other persons, for which reason they had to be excluded from the Indigenous Reserve (Reserva Indígena)—which existed as considered at the time those decrees were issued (Article 133 of the LGAP). The prescribed content—namely, the new boundaries excluding territories not traditionally occupied by that indigenous community—is lawful, clear, feasible, and encompasses all factual and legal matters arising from that basis (Article 132 of the LGAP).
It should even be noted that Decree No.25296 does not reduce the area of the Indigenous Reserve because it offsets the excluded area by granting lands that are in fact occupied by indigenous people, while Decree No. 29956 confirms the provisions of Decree No.25296 and includes other lands that had not previously been recognized and that have traditionally been occupied by those indigenous people. That content also corresponds to its basis and is proportionate to its purpose, which reflects the public interest in having the State, on the one hand, recognize the Kekoldi indigenous people’s communal private ownership (propiedad privada comunal) of the territories traditionally occupied by them and, on the other, protect the private property rights of non-indigenous persons over lands occupied by them, registered in their names, and in which no form of physical, material, or spiritual occupation by the claimant indigenous community was established.
Furthermore, the act states its reasons (se encuentra motivado) as required by Article 136 of the LGAP, insofar as it expressly identifies the grounds supporting the new boundaries, which have also been verified in these judicial proceedings. Given that the alleged defects are unfounded for the reasons set forth above, we find that the challenged formal actions substantially conform to the legal system, and it must be so declared.
XV.Regarding the claimant’s other claims. The claimant association also requests a declaration that the party it represents owns the property registered in the Real Property Registry, Limón Province, under Real Folio registration number Placa2092; an order directing INDER and CONAI to conduct the studies and proceedings necessary to identify the non-indigenous persons who are owners or good-faith possessors (poseedoras de buena fe) within our indigenous territory, specifically the portion of the Limón property under Real Folio registration number Placa2092 that is not recognized as ours in Decreto Ejecutivo No. 25296-G del 24 de junio de 1996; an order directing INDER and CONAI to begin those studies and proceedings once the judgment becomes final and to complete them two months thereafter; an order directing INDER and CONAI to take the necessary steps to relocate those persons if they so desire or, if relocation is impossible or they do not accept it, to begin proceedings to expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones); an order directing INDER to begin the relocation or expropriation measures and proceedings immediately after completing the studies and proceedings referenced in the claim, in compliance with the prescribed time limits; an order directing the Executive Branch to provide INDER and CONAI with the financial resources necessary to carry out the aforementioned expropriations and compensation; and an order directing the Executive Branch, once the judgment becomes final, to begin the process of providing those institutions with the necessary resources, preparing, if necessary, a special budget to be submitted to the Legislative Assembly no later than two months after the judgment becomes final.
Given the ancillary nature of those requests, insofar as they depend on the claim for annulment (pretensión anulatoria) having been granted—which has not occurred here—all of them are unfounded. Because the challenged decrees have been found valid, the boundaries established therein are lawful because they correspond to the territories traditionally occupied by the Kekoldi indigenous community. Accordingly, and as stated in preceding Whereas clauses (Considerandos), the claimant owns the property registered in the Real Property Registry, Limón Province, under Real Folio registration number Placa2092, but only with respect to the territory identified and demarcated in the challenged decrees. It therefore does not own the lands excluded by those provisions precisely because they had not been ancestrally occupied by that community and are, moreover, registered in the names of private parties.
From that perspective, the obligations imposed upon the State by Article 5 of the Ley Indígena—such as studies, appraisals, relocations, and territorial recovery—do not apply to those excluded territories, because those duties are contingent upon the land constituting communal indigenous property (propiedad indígena comunal), understood as territories traditionally occupied by indigenous people, which was not established here. Accordingly, those requests must also be denied, as they hereby are.
XVI.Regarding the alternative claims (pretensiones subsidiarias). The plaintiff association requests, as such, a declaration that CONAI, INDER, and the State (Executive Branch) must jointly and severally pay it the sum of twelve billion colones as compensation for the de facto expropriation (expropiación de hecho) that occurred (the material value of the land, the material value of the natural and forest resources and other resources commonly used by the indigenous communities, and the spiritual value of the territory). This request is likewise inadmissible. Compensation for de facto expropriation presupposes the existence of private property upon which a series of restrictions have been imposed that prevent the owner from exercising the rights inherent in ownership. In this specific case, and for the reasons extensively set forth, that condition is not present because the lands excluded from Reserva Indígena Nombre142238 by means of the challenged decrees are not the private property of that indigenous community. This is because they are territories that have not been traditionally or ancestrally occupied by them. If the plaintiff does not hold private property, there clearly can be no restriction or de facto expropriation of that fundamental right because, we reiterate, it does not possess that right, and any compensation sought is therefore inadmissible.
XVII.Regarding the defenses (excepciones) raised by the defendants. Counsel for the State raised the defenses of lack of standing to be sued (falta de legitimación pasiva) and lack of a legal right (falta de derecho), the latter also having been raised by counsel for INDER. Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre142249 de Talamanca raised no defenses, and CONAI was declared in default (rebelde) for failing to answer the complaint. The defense of lack of standing to be sued asserted by the State must be rejected. This case challenges generally applicable administrative acts (actos administrativos de alcance general) issued by the Executive Branch. Accordingly, the State has standing as a defendant pursuant to Article 12, subsections 1) and 8), of the CPCA. Nevertheless, the defense of lack of a legal right raised by the State and INDER must be upheld, and the same defense is recognized by the Court on its own motion with respect to the other defendants.
This is because, as explained in the preceding Considerandos, the challenged formal governmental actions substantially conform to the legal system, and the boundary delimitation ordered therein is lawful because it excluded lands that had not traditionally been occupied by the indigenous people of Nombre142238. Accordingly, those lands do not form part of that indigenous community’s collective private-property right. In addition, it was established in these proceedings that the excluded territory has been occupied and registered in the names of non-indigenous persons who have conducted their activities there since before the Reserva was originally delimited. If the excluded lands are not the property of that indigenous community, the State has no duty to conduct studies, appraisals, relocations, or expropriations, because all such duties depend upon the prerequisite that the territories be shown to have been traditionally occupied by that indigenous community, which has not been established in this case.
For the same reasons, there is no duty to compensate the plaintiff for any de facto expropriation because none has occurred. The complaint must therefore be dismissed in its entirety, as to both the principal and alternative claims.
XVIII.Regarding the third-party claim (tercería) filed by Tres-ciento uno-quinientos treinta mil quinientos cincuenta y seis S.A. This entity was admitted to these proceedings as a third party asserting its own claims. Given the disposition of the complaint in these proceedings, the first of its requests must be granted, since all the plaintiff’s claims have already been dismissed. It also requests a declaration that the plaintiff association has no rights whatsoever over the properties in Partido Limón registered under real-property folio numbers Placa1768, Placa27827, and Placa27828, which are owned by the petitioning company. Because it has been deemed established that those properties belong to the third-party company, the logical consequence of that registry record is that the plaintiff association has no ownership right in them. It was also established that those properties form part of the lands lawfully excluded by the challenged decrees, precisely because the plaintiff association failed to establish that it had traditionally occupied them.
With respect to the claims seeking a declaration that no other private or State entity, including CONAI and IDA, has any ownership or possessory right over properties No. 0122172-000 and Placa27828 registered in its name, and an order requiring the plaintiff association, both now and in the future, to refrain from any form of factual or legal interference with the specified properties and to waive any proceeding intended to obtain a declaration of rights in rem (derechos reales) over them, the following must be noted. Pursuant to Article 264 of the Código Civil, ownership or absolute title to a thing encompasses the rights of possession, usufruct, transformation, disposition, defense, exclusion, recovery, and compensation. Possession is one of the attributes of the right of ownership, and its exercise is protected by the legal system, which establishes a series of substantive and procedural mechanisms through which the lawful owner may protect it.
From that perspective, it is not for the Court to issue a general and abstract declaration concerning those matters. Instead, it is for the titleholder—in this case, Tres-ciento uno-quinientos treinta mil quinientos cincuenta y seis S.A.—to use those lawful mechanisms to repel any act of unlawful possession or factual or legal interference with its properties. Nor could the Court order the plaintiff to waive any proceeding intended to obtain a declaration of rights in rem over them. The right of action (derecho de acción) is a guarantee enjoyed by every legal subject and one that this Court cannot restrict. Accordingly, the petitioner must avail itself of the mechanisms provided by the legal system to protect its ownership right. The third and fourth claims in the third-party proceeding must therefore be rejected on the terms stated.
XIX.Regarding the defenses raised by the plaintiff association in the third-party proceeding. Counsel for the plaintiff raised the defenses of lack of standing as a defendant on the merits (falta de legitimación ad causam pasiva), lack of interest (falta de interés), and lack of a legal right. The first must be rejected. The claims adjudicated in the third-party proceeding concern the plaintiff association insofar as they seek, among other relief, an order that it refrain from acts of possession or interference with the property registered in the name of the party filing the third-party claim. The defense of lack of a present interest must also be rejected, because such an interest has existed since a dispute arose concerning ownership of the territories excluded from Reserva Indígena Nombre142238 by means of the challenged decrees. Accordingly, a judicial decision resolving those issues is required. The defense of lack of a legal right must be upheld solely with respect to the rejection of the third and fourth claims. It is rejected in all other respects because all claims in the complaint were dismissed. Consequently, the claims in the third-party proceeding are partially granted on the terms stated.
XX.Regarding costs (costas). Section 193 of the CPCA provides that procedural costs and attorneys’ fees (costas procesales y personales) constitute a burden imposed upon the losing party solely by virtue of having lost. Relief from such an award is available only when, in the Court’s judgment, there was sufficient reason to litigate or when judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, we find that there was sufficient reason to litigate both the complaint and the third-party claim. This is because the plaintiff indigenous association challenges boundary delimitations made by the State in an effort to protect its communal private-property right. Moreover, this right involves elements distinct from those applicable to the rights of non-indigenous persons, which adds technical complexity to the matter under discussion. We therefore find that the proceedings—both the complaint and the third-party claim—must be resolved without a specific award of costs.
POR TANTO
The defense of lack of standing to be sued raised by the State is rejected. The defense of lack of a legal right raised by the State and INDER is upheld; that absence of a legal right is also declared by the Court on its own motion with respect to CONAI and Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre142249 de Talamanca. Consequently, the complaint is dismissed in its entirety. With respect to the third-party claim, the defenses of lack of standing to be sued and lack of a present interest raised by the plaintiff association are rejected. The defense of lack of a legal right is upheld solely insofar as it is inadmissible for this Court to declare that no other private or State entity, including CONAI and IDA, has any possessory right over properties No. Placa27827 and Placa27828 registered in the name of the third-party company, or to order the plaintiff association, both now and in the future, to refrain from any form of factual or legal interference with the specified properties and to waive any proceeding intended to obtain a declaration of rights in rem over them.
The defense is rejected in all other respects. Consequently, the third-party claim filed by the third-party company is granted insofar as the claims of the plaintiff association are inadmissible and the third-party company is the owner of the properties in Partido Limón registered under real-property folio No. Placa27827 and Placa27828. These proceedings, as to both the complaint and the third-party claim, are resolved without a specific award of costs.
Cynthia Abarca Gómez José Roberto Garita Navarro Rosa María Cortés Morales CASE FILE: 10-000273-1028-CA PLAINTIFF: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA Nombre142238 DEFENDANTS: THE STATE, INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO, COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, and ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE TALAMANCA INTERESTED THIRD PARTY: TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS S.A.
PARTIES SUPPORTING THE DEFENDANTS: LA CHEROKEANA TRES LIMITADA, JUMGLEBUNGALO LIMITADA, Nombre105706, TRES-CIENTO UNO-CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO S.A., LOCO BRAVO DE COCLES S.A., Nombre142239, Nombre142240, Nombre142241, Nombre142242, Nombre142243, Nombre142244, Nombre142245, Nombre142246, Nombre142247, LORAXX PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA, OROPEL EXPOSICIONES INTERNACIONALES SRL, AND THE ESTATE OF Nombre142248.
Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 ________________________________________________________________________ PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTORA: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA Nombre142238 DEMANDADOS: EL ESTADO, El INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, LA COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE TALAMANCA TERCERO INTERESADO: TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS S.A.
COADYUVANTES PASIVOS: LA CHEROKEANA TRES LIMITADA, JUMGLEBUNGALO LIMITADA, Nombre105706 , TRES-CIENTO UNO-CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO S.A., LOCO BRAVO DE COCLES S.A.,Nombre142239 , Nombre142240 , Nombre142241 , Nombre142242 , Nombre142243 , Nombre142244 , Nombre142245 , Nombre142246 , Nombre142247 , LORAXX PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA,OROPEL EXPOSICIONES INTERNACIONALES SRL Y LA SUCESIÓN DE Nombre142248 .
No. 138-2013-VI TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SEXTA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las diez horas del diecinueve de noviembre del dos mil trece.
Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente interpuesto por la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA Nombre142238 , cédula jurídica CED8667, representada por su apoderado especial judicial Danilo Chaverri Barrantes, abogado, cédula de identidad CED104828 contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en adelante INDER), representado por su apoderado general judicial Carlos Enrique García Anchía, casado, abogado, cédula de identidad CED27295 y vecino de San Ramón; el ESTADO representado por el procurador Bernardo Lara Flores, casado, abogado, cédula de identidad CED10238 y vecino de San José; la COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (en adelante CONAI), representada por su Presidente Nombre136655 , casado, agricultor, cédula de identidad CED89170, vecino de la Comunidad Indígena de Nairí Awari y la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA Nombre142249 , representada por su presidente Nombre142250 , casado, agricultor, cédula de identidad CED111803 y vecino de Amubri de Talamanca.
Participa la empresa TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS S.A., representada por su presidente Nombre142251 , casado, empresario, cédula de identidad CED30530 y vecino de San José, en condición de tercero interesado con pretensiones propias. Participan como coadyuvantes pasivos LA CHEROKEANA TRES LIMITADA, representada por su gerente Nombre142252 , casada, de ocupaciones en el hogar, cédula de identidad CED111804 y vecina de Montes de Oca; JUMGLE BUNGALO LIMITADA, representada por gerente Nombre142253 , casado, abogado, cédula de identidad CED111805 y vecino de Montes de Oca; Nombre105706 , casado, abogado, cédula de identidad CED111806 y vecino de San José; las empresas TRES-CIENTO UNO-CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO S.A. y LOCO BRAVO DE COCLES S.A., representadas por su apoderado generalísimo sin límite de suma Nombre142254 , de único apellido en virtud de su nacionalidad canadiense, casado, empresario, con pasaporte de su país número CED111801 y vecino de Dirección17222, ;Nombre142239 , viuda, ama de casa, cédula de identidad CED111807 y vecina de Dirección17223 , ; Nombre142240 , divorciado, ingeniero agrónomo, cédula de identidad Placa27825 y vecino de Dirección17222, ; CARIBIANA GS LIMITADA, representada por su apoderado generalísimo Emilio de Gómez-Selléz Antoranz, en unión libre, empresario, ciudadano español con cédula de residencia CED111808 y vecino de Dirección17222, ; Nombre142242 , de un único apellido por su nacionalidad italiana, casada, psicóloga, pasaporte de su país CED111809 y vecina de Puerto Viejo de Talamanca; Nombre142243 , de un único apellido en virtud de su nacionalidad italiana, casado, asistente administrativo, cédula de residencia CED111810 y vecino de Puerto Viejo de Talamanca; Nombre142244 , de un único apellido por su nacionalidad italiana, casada dos veces, administradora, cédula de residencia CED111811 y vecina de Puerto Viejo de Talamanca; Nombre142245 , soltero, agricultor, cédula de identidad CED111812 y vecino de Puerto Viejo de Talamanca; Nombre142246 , divorciado, constructor, pasaporte CED111813 y vecino de Cocles de Talamanca; Nombre142247 , de un único apellido por su nacionalidad estadounidense, divorciado, escritor, pasaporte Placa27826, vecino de Puerto Viejo de Talamanca; LORAXX PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA, representada por su subgerente Nombre142255 , de un único apellido en virtud de su nacionalidad canadiense, divorciada, empresaria, pasaporte CED111802 y vecina de Cocles; OROPEL EXPOSICIONES INTERNACIONALES SRL, representada por su gerente Encarnación García Vila, soltera, bióloga, pasaporte CED111814 vecina de Dirección17222, y la SUCESIÓN DE Nombre142248 ., representada por su albacea Nombre142256 , casado, taxista, cédula de identidad CED111815 y vecino de Puerto Viejo de Talamanca.
Intervienen, además, los (as) abogados (a) Shirley Campos García y Maribel Aguilar Cedeño, en su condición de apoderadas general judicial y especial judicial del INDER, respectivamente; María Teresa Fernández Chinchilla como apoderada especial judicial de la CONAI; Luis Manuel Castro Ventura, Mauricio Salas Villalobos, Luis Ortiz Zamora y Esteban Alfaro Calderón como apoderados especiales judiciales del tercero interesado con pretensiones propias; Nombre98251 como apoderado especial judicial de la coadyuvante pasiva La Cherokeana Tres Limitada y Nombre105706 como apoderado especial judicial de los demás coadyuvantes pasivos.
RESULTANDO
CONSIDERANDO
I.Hechos probados. De importancia para lo que se resuelve, se tiene por demostrado lo siguiente:
II.Hechos no probados. De importancia para los efectos de esta contienda se por indemostrados los siguientes: 1) Que la comunidad indígena Nombre142238 tuviera una relación especial (física, material o espiritual) con los territorios excluidos por los decretos impugnados, de modo tal que de ello pudiera derivarse un derecho de propiedad privada indígena (hay ayuno de prueba) . 2) Q ue el territorio excluido de la Reserva Indígena Nombre142238 mediante los Decretos No. 25296 y No. 29956, constituya un territorio que tradicional o ancestralmente hubiese sido ocupado por esa comunidad indígena (no se aportan probanzas idóneas que permitan llegar a esa conclusión). 3) Que el Estado hubiese negado el acceso de la población indígena de Nombre142238 a la costa o llanura costera de Cocles (no se prueba).
III .- Objeto del proceso. De las pretensiones y alegatos de las partes , estima el Tribunal que el presente proceso versa, en lo medular, sobre el examen de legalidad de los artículos 2 y 3 del Decreto Ejecutivo No. 25296 y los numerales 1 y 3 del Decreto Ejecutivo No. 29956. En lo fundamental, se impugna la delimitación efectuada respecto de la Reserva Indígena Bribri de Kekoldi, en cuanto la accionante estima que se excluyó, ilegítimamente, una parte de la finca de su propiedad inscrita en el Partido de Limón, al folio real matrícula Placa2092. Lo anterior por cuanto, en realidad, la parte excluida constituye una tierra tradicionalmente ocupada por ellos y a la cual tienen derecho. En lo fundamental, la parte actora acusa que las conductas formales son inválidas porque violentan el Principio de Legalidad y Reserva de Ley, y desconocen su derecho de propiedad privada. A partir de la declaratoria de nulidad se formulan una serie de pretensiones accesorias, en tanto dependen de que se declare la invalidez acusada.
En ese sentido, se pide que se declare que son propietarios de la totalidad de la referida finca 19056-000, esto es, incluyendo la porción que les fue ilegítimamente excluida por los decretos impugnados. Además, se declare la presunta inactividad del INDER, la CONAI y el Estado, al no cumplir con la obligación impuesta por la normativa vigente, en especial el artículo 5 de la Ley Indígena, de realizar los estudios y avalúos necesarios para que se apruebe un presupuesto extraordinario que permita expropiar e indemnizar a todas las personas no indígenas que ocupen el territorio Indígena Nombre142238 (en la parte que les fue ilegítimamente excluida) para proceder a su efectivo desalojo y a la recuperación efectiva de esos terrenos por parte de ese pueblo indígena. En este último tema (la omisión) se pide que el Tribunal ordene el cumplimiento de las actuaciones referidas para hacer cesar la inactividad ilegítima en la que se ha incurrido a lo largo de los años.
Ahora bien, el Tribunal admitió la participación de la entidad Tres-ciento uno-quinientos treinta mil quinientos cincuenta y seis S.A. en este proceso, como tercero con pretensiones propias. La referida sociedad alega ser la propietaria de dos inmuebles que se ubican en la zona que, según la asociación demandante, les fue ilegítimamente excluida de su territorio y que ahora pretenden recuperar. Por ello, el tercero pide que se declaren sin lugar todas las pretensiones formuladas por actora y que ésta no tiene ningún derecho sobre las fincas del Partido Limón inscritas con la matrícula de folio real No. Placa27827 y Placa27828, que son de su propiedad. Además, que se declare que ninguna otra entidad privada o estatal, incluyendo a CONAI y al IDA, tiene derecho de propiedad o posesión sobre las referidas fincas y se ordene a la Asociación actora abstenerse actualmente y a futuro de cualquier forma de perturbación de hecho o de derecho sobre los fundos indicados y que renuncien a cualquier proceso tendiente a obtener una declaratoria de derechos reales sobre ellos.
Dadas las diversas manifestaciones que en abono a las posiciones en controversia aportan las partes litigantes, para lo que se considera un mejor orden, en los siguientes apartes se abordará cada uno de los ejes temáticos que en sus agravios plantea la asociación demandante así como las argumentaciones de los accionados, los coadyuvantes pasivos y el tercero con pretensiones propias, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, con el debido análisis, claro está, de todo lo argüido.
IV.Sobre el reconocimiento de la propiedad indígena en el ordenamiento jurídico costarricense. Por el tema que se debate, el Tribunal estima necesario esbozar unas breves consideraciones sobre la normativa que regula, en nuestro país, la propiedad indígena y la interpretación que, a juicio de este Tribunal, cabe darle a esos preceptos normativos. Así, tenemos que la primera disposición legislativa que reconoce expresamente el derecho de propiedad de las comunidades indígenas es la Ley Sobre Terrenos Baldíos , No. 13, del 10 de enero de 1939, que en su artículo 8 disponía, en lo que interesa, "(...) se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de éstos , a fin de conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias.(...)" (el resaltado no es del original). Esa norma fue desarrollada por el Decreto Ejecutivo No. 45, del 3 de diciembre de 1945, que en su artículo primero indicó “(...) Declárense inalienables y de propiedad exclusiva de las tribus indígenas autóctonas, los terrenos baldíos por ellas ocupados ; con excepción de las fajas destinadas a Carretera Interamericana .(...)"(el resaltado no es del original).
Con la promulgación, en 1949, de la Constitución Política que actualmente nos rige, en su artículo 45, se reconoce y tutela el derecho a la propiedad, lo que implica un reconocimiento del dominio con todos sus atributos inherentes (concepción individualista de la propiedad en términos del Derecho Romano). De ahí se desprende una protección del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, preexistentes a la Constitución, primero de la Colonia Española, después de las Provincias Unidas de Centroamérica y más tarde, de la República de Costa Rica como Estado Independiente. Posteriormente, mediante Ley No. 2330, de 9 de abril 1959, nuestro país aprueba el Convenio No. 107 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), denominado "Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes".
En relación con lo que nos ocupa, el artículo 11 estableció que en los Estados vinculados: “Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas”. (El resaltado no es del original). Luego, la Ley de Tierras y Colonización No. 2825, del 14 de mayo de 1961 dispuso en su artículo 75 que el, en ese entonces, Instituto de Tierras y Colonización (en adelante ITCO) “(...) de acuerdo con los organismos pertinentes, velará por el acondicionamiento de las comunidades o familias indígenas, de conformidad con el espíritu de esta ley. No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades viven aisladamente, pertenecen exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a todas estas comunidades, formando un solo centro agrario, en la zona que el Instituto considere adecuada y para lo cual se hará uso del área de terreno que sea necesaria”.
Asimismo, el artículo 76 señala que "(...) A título gratuito y en propiedad, se entregarán a las familias indígenas parcelas que el Instituto señale como mínimo indispensable para satisfacer las necesidades de las mismas, y explotables por ese grupo, sin necesidad de trabajadores asalariados. (...)". Por otra parte, la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas No. 5251, del 11 de julio de 1973, establece en su artículo 4 inciso e) como uno de los objetivos de la CONAI, "(...) Velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra eficiente; (…)". Tenemos, también, que la Ley Indígena, No. 6172 del 29 de noviembre de 1977 dispuso en su artículo 1 que son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad, y declaró reservas indígenas, las establecidas, entre otras, en los Decretos Ejecutivos No. 5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la Reserva Indígena Guaymi de Conteburica.
Señaló, además, que límites fijados a las reservas, en esos decretos, no podrían ser variados disminuyendo la cabida de aquéllas, sino mediante ley expresa. El artículo 2 establece que las reservas indígenas son propiedad de esas comunidades y que se habrían de encontrar todas inscritas en el Registro Nacional a su nombre. Por su parte, el numeral 3 reitera que se trata de territorios inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos de las comunidades indígenas que los habitan, no encontrándose permitido a los no indígenas, alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas, siendo todo traspaso o negociación de tierras o las mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, absolutamente nulo con las consecuencias legales del caso. En refuerzo de todo lo anterior, mediante Ley No. 7316, de 3 de noviembre de 1992, se aprobó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo, el cual regula, también, el tema de la propiedad indígena.
En lo que interesa, el artículo 13 señala que "1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera." El artículo 14 establece que "1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.
A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados." Finalmente, el numeral 16 indica, en lo que interesa, que "1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
V.De la normativa citada podemos arribar a varias conclusiones relevantes en cuanto al derecho de propiedad reconocido a los pueblos indígenas. Primero , se trata de un derecho que comprende entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal. Como bien Nombre635 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172 "(...)los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas pueden tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad" (...)" . Así, se trata de un derecho colectivo que beneficia a estos pueblos, pero que existe sin perjuicio de los derechos sustantivos y de las acciones procedimentales a las que individualmente tienen derecho las personas miembros de estas colectividades en razón de su condición de habitantes de nuestro país.
En ese sentido, cabe destacar que aunque los propietarios de dichos territorios, no cuentan con ningún régimen especial de autotutela de dichos territorios, el derecho patrio sí reconoce un deber de los entes públicos de brindar a dichos territorios una Protección Especial, concepto de contenido unívoco en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que rige esta materia. Segundo, dicha propiedad colectiva o comunal no es equiparable, desde ninguna perspectiva, al demanio público. Pese a que a partir del texto expreso del artículo 3 de la Ley Indígena los territorios indígenas, son inalienables e imprescriptibles e intransferibles; esas características no les brindan la calidad de bienes de dominio público, dado que éstos no satisfacen los elementos indispensables y comunes de todos los bienes dominicales. Así, los territorios indígenas reconocidos en Costa Rica, son bienes propiedad privada de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, cada uno con personalidad jurídica propia y absolutamente autónomos entre sí, en virtud de que cada uno es una unidad cultural, social, étnica e histórica.
Tercero, ese derecho de propiedad colectiva o comunal se extiende a los territorios que tradicional y ancestralmente han sido usados o ocupados por los pueblos indígenas. Lo anterior, abarca no solo los referidos territorios sino además los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren y los elementos incorporales que se desprendan de ello, aspecto que para la comunidad indígena resulta fundamental para su supervivencia física, cultural, económica y alimentaria. Desde esta perspectiva, el alcance de la propiedad privada comunal en relación con los territorios va más allá de la posesión tradicional o material, involucrando aspectos espirituales basados en la relación especial que tienen con sus tierras tradicionales. En ese sentido, ha señalado la CIDH en la Sentencia Comunidad Indígena Nombre139487 . Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214 , que "(...) Para determinar la existencia de la relación de los indígenas con sus tierras tradicionales, la Corte ha establecido que: i) ella puede expresarse de distintas maneras según el pueblo indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que se encuentre, y ii) la relación con las tierras debe ser posible.
Algunas formas de expresión de esta relación podrían incluir el uso o presencia tradicional, a través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costumbres, y cualquier otro elemento característico de su cultura. El segundo elemento implica que los miembros de la Comunidad no se vean impedidos, por causas ajenas a su voluntad, a realizar aquellas actividades que revelan la persistencia de la relación con sus tierras tradicionales.(...)". Cabe agregar, eso sí, que en criterio de este Tribunal, esa relación especial de la comunidad indígena con las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos debe, necesariamente, ser demostrada a través de los medios que se estimen idóneos en cada caso concreto. Finalmente, que el derecho a la propiedad colectiva que respecto de sus territorios tienen los pueblos indígenas, inicia con el reconocimiento (que no constitución) mediante ley o acto administrativo.
Es a partir de ese instante que se le otorga a determinados fundos los atributos y tutela jurídica antes descrita, todo lo cual sin menoscabo de la existencia de algún otro tipo de derecho real o de crédito que pueda tener la comunidad indígena o alguno de sus miembros sobre tales inmuebles en razón de la posesión ancestral. Dicho reconocimiento en lo absoluto se constituye como una conducta en la que exista discrecionalidad en el ejercicio del elemento competencia de la respectiva conducta administrativa, por parte de los órganos habilitados para hacer tal reconocimiento. Establecida la existencia de un pueblo indígena en un entorno geográfico determinado de posición ancestral, resulta indefectible para las Administraciones Públicas respectivas, el ejercicio de sus competencias en los términos regulados en el artículos 60 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP).
Reconocido el territorio indígena, éste únicamente puede perder tal condición en tanto se satisfagan dos requerimientos. El primero, de naturaleza formal, a saber, la emisión de una norma legal en sentido material y formal que así lo disponga. El segundo, de naturaleza material, que implica la decisión informada del propio pueblo indígena de renunciar al sistema de propiedad colectiva del que son partícipes. Por lo anterior, es claro que tanto el reconocimiento de la existencia de un territorio indígena, como su protección, implican conductas obligatorias para los entes públicos con competencias en la materia.
VI.Sobre la delimitación de la Reserva Indígena Nombre142238 . Previo a examinar la legalidad de las conductas formales impugnadas, el Tribunal estima, también, necesario referirse puntualmente al reconocimiento del territorio de la comunidad indígena de la asociación accionante. Así, se tiene que mediante Decreto Ejecutivo No. 5904, del 11 de marzo de 1976, se e stablecieron inicialmente las Reservas Indígenas Chirripó, Guaymi de Coto Brus, La Estrella y Talamanca. En la parte considerativa de ese instrumento normativo se indicó, entre otros, "(...) 5°- Que aún existen territorios poblados exclusivamente por indígenas haciendo posible la delimitación de dichas Reservas; (…) 10.- Que es deber del Estado vigilar la seguridad de sus ciudadanos, e impedir las injusticias y malos tratos, especialmente en el caso de minorías indígenas actualmente marginadas. (...)" (El resaltado no es del original) .
Además, en su artículo primero se ordenó que su delimitación exacta sería efectuada por el ITCO, en coordinación con la CONAI. De relevancia para lo que es objeto de este proceso, el Decreto Ejecutivo No. 6036-G, del 12 de junio de 1976, reformó los límites de las Reservas Indígenas Chirripó, Guaymi de Coto Brus, La Estrella y Talamanca y establece la Reserva de Telire. En su parte considerativa se Nombre635 que "(...) el Decreto N° 5904-G del 14 de marzo de 1976, publicado en el Alcance N° 60 a "La Gaceta" N ° 70 del día 10 de abril de 1976, dejó fuera de las Reservas creadas por dicho decreto, importantes núcleos de población indígena, en zonas pobladas exclusivamente por ellos (...)" (el resaltado no corresponde al original). En lo que a la Reserva Indígena de Talamanca se refiere, se indicó que se localizaba en las hojas del Instituto Geográfico Nacional, Dirección17224 , Amubri 3644-IV, Sukut Placa27836, Siola 3544-II, escala 1: 50.000, señalando en su artículo cuarto, sus rumbos, distancias y coordenadas.
También, se establece un área de 56,829 hectáreas con 9.275 metros cuadrados. Como un aspecto importante en lo que aquí se resolverá, la norma en cuestión señala que la Reserva de Talamanca incluirá, como anexo administrativo, la "Reserva Indígena de Cocles", correspondiente a parte de las fincas 1.089 y 1.050 del ITCO y que su delimitación exacta será efectuada por el ITCO, en coordinación con la CONAI. Luego, mediante Decreto Ejecutivo No. 7267, de 9 de agosto de 1977, se estableció la Reserva Indígena de Cocles (actualmente Reserva Indígena Nombre142249 de Nombre142238 (Cocles)). Interesa destacar que la parte considerativa de esa norma refiere al Decreto No. 6036-G citado, específicamente en cuanto menciona que la Reserva de Talamanca incluiría como anexo administrativo la Reserva Indígena de Cocles, correspondiente a parte de las finca 1089 y 1050 del ITCO e indicó que ya se habían hecho los estudios tendientes a localizar la población indígena de esa región y a determinar los límites exactos de esa reserva.
Así, en el artículo 3 se indica que la Reserva Indígena Nombre142249 de Këköldi se localiza en las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:50.000, Amubri 3644 IV, Sixaola 3644 I y Cahuita Placa27823, y procede a delimitarla según las coordenadas que ahí se indican. Pues bien, encontrándose reconocido el terreno propiedad de esta comunidad indígena de la forma que se indicó, la Ley Indígena, en su artículo 1, declaró reserva indígena la establecida, entre otras, en el Decreto Ejecutivo No. 6036-G, ya citado, la comunidad indígena Nombre142238 . Nombre635, además, que los límites fijados a la reserva, en ese decreto, no podrían ser variados disminuyendo la cabida de aquéllas, sino mediante ley expresa. Posteriormente, conforme al Decreto Ejecutivo No. 16568, del 25 de setiembre de 1985, se constituyó la Reserva Indígena de Cocles como una reserva independiente de la Reserva Indígena Nombre142249 de Talamanca.
Finalmente, cabe hacer mención a las normas impugnadas. Primero, el Decreto Ejecutivo No. 25296, del 24 de junio de 1996, el cual en su parte considerativa indicó, en lo que interesa, "(...) Que la Reserva Indígena Nombre142249 de Cocles (Keköldi) fue delimitada por el Decreto 7267-G del 9 de agosto de 1977, Alcance No 114 a "La Gaceta" No 157 del 20 de agosto de 1977 y confirmada por la Ley Indígena No 6172 del 29 de noviembre de 1977, "La Gaceta" No 240 del 20 de diciembre de 1977. Por Decreto 16568-G del 25 de setiembre de 1985, "La Gaceta" 191 del 8 de octubre de 1985, se estableció como Reserva Independiente. 2°—Que la delimitación de la Reserva Indígena de Cocles no fue la más apropiada porque incluye una zona costera cerca de la desembocadura del Río Cocles, que no ha sido habitada por indígenas en los últimos doscientos años. Además, la parte sureste de la Reserva de Cocles corresponde a asentamientos del IDA, ocupada exclusivamente por una población campesina no indígena.3°—Que de lo anterior resulta que, en la mitad oriental de la Reserva Indígena de Cocles, no hay población indígena, y que la recuperación de estos terrenos causara (sic) un gasto enorme para el Estado, y grandes pérdidas y toda clase de perjuicios a los actuales propietarios y ocupantes. 4°—Que este problema de límites ha sido causa de conflictos y tensiones en los últimos diez años, entre las diferentes comunidades y las instituciones involucradas. 5°—Que la solución más conveniente en este caso es modificar los límites de la Reserva Indígena, sin perjudicar a los indígenas. 6°—Que la citada Ley Indígena No 6172, en su Artículo 1. permite la modificación de límites por decreto ejecutivo, con tal que no haya reducción de la superficie de la Reserva. 7°—Que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, realizó estudios tendientes a modificar los límites de la Reserva de Cocles, excluyendo de esta los terrenos problemáticos y compensándolos por la inclusión de terrenos boscosos al oeste y al sur de la actual Reserva. 8°—Que esta modificación permitir por otra parte incluir en la Reserva tierras de indígenas que hasta la fecha no estaban amparadas al estatuto de Reserva Indígena. 9°—Que conforme al Artículo de la Ley 7316 del 3 de noviembre de 1992, "La Gaceta" 234 del 4 de diciembre de 1992, se consultó a la Comunidad Indígena local, y que esta dio su acuerdo al proyecto de reforma de límites. 10.—Que la población indígena solicita también que en adelante, la Reserva sea conocida preferentemente por su nombre indígena de "Nombre142238".(...)".
Esos antecedentes fácticos dan lugar a que se reformen los límites de la Reserva Indígena Kekoldi de Cocles, estableciéndose la nueva delimitación a partir del artículo 2. Luego, el Decreto Ejecutivo No. 29956, de 22 de marzo del 2001, consideró que "(..) en la modificación de los límites de la Reserva Indígena de Këköldi, definidos por el artículo 2º del Decreto 25296-G, publicado en La Gaceta 134 de 15 de julio de 1996, no se incluyó un área importante de protección y conservación de gran riqueza natural, ubicada en el sector noroeste de la reserva, entre las nacientes de los Ríos Carbón "Uno" y Carbón "Dos".4º—Que esa área comprende un territorio tradicionalmente de ocupación indígena, que es necesario incluirlo dentro de la reserva indígena por disposiciones de la Ley Nº 7316, Convenio 169 O.I.T., artículo 14. 5º—Que esa área guarda una riqueza hídrica de gran beneficio, inclusive para las comunidades de Bribrí, Home Creek, Patiño, Carbón Dos y Punta Caliente, que obliga a su protección ya que es el área que sostiene la fuente principal de ese mineral para dichas poblaciones.6º—Que dicha área une geográficamente a la población indígena de Këköldi con la población indígena Nombre142249 , lo que demuestra ser un área tradicionalmente de ocupación indígena, y su inclusión favorece así mismo la unidad social de una población indígena Nombre142249, que estuvo espacialmente separada por muchos años. 7º—Que bajo tales consideraciones, se hace necesario modificar el límite noroeste de la Reserva Indígena de Këköldi, a fin de incluir esa importante área.8º—Que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), ya realizó los estudios sobre el área que reclama la comunidad indígena de Këköldi y que la comunidad citada, bajo consulta según Convenio 169 de la O.I.T., manifiesta su acuerdo con el estudio presentado por CONAI. (...)", y dispuso modificar el artículo 2 del Decreto 25296-G, para que se entiendan como límites de la Reserva los que, ahora, se señalan en el numeral segundo de esta norma.
VII.Sobre la defensa previa de caducidad de la acción anulatoria. El INDER y el Estado alegaron la caducidad de la acción anulatoria que se pretende contra varias normas de los decretos impugnados, lo cual fue apoyado por los coadyuvantes pasivos y el tercero con pretensiones propias. En lo medular, los accionados que la gestionan sostienen que las normas cuestionadas, a saber, los Decretos Ejecutivos No. 25296 del 24 de junio de 1996 y el No. 29956, de 22 de marzo de 2001, son actos administrativos, por lo que la acción anulatoria debió de ser ejercida dentro del plazo del año que, para tales efectos, señalan los artículos 175 de la LGAP y el numeral 200 inciso 7) del CPCA, y conforme a los cuales, la anulación se pide de forma sobradamente extemporánea. Por su parte, la asociación demandante manifiesta que, de conformidad con los Convenios 107 y 169 de la OIT, se está frente a un derecho humano y la propiedad indígena es imprescriptible.
Por ende, dice, la acción no está caduca. Una vez analizados los argumentos de todas las partes, el Tribunal estima que la defensa previa alegada es improcedente por las siguientes razones. En el presente asunto, estamos frente a la impugnación de actos administrativos de carácter general que , en principio, está condicionada a que la demanda se presente dentro del año posterior a la fecha de su publicación (artículos 175 de la LGAP y numerales 37 inciso 3, 39.1.b y 200 inciso 7) del CPCA). No obstante lo anterior, cabe recordar que este tipo de actos de alcance general, por su propia naturaleza, surten sus efectos de manera continua mientras estén en vigencia, motivo por el cual, es criterio de este órgano colegiado que esa posibilidad no puede caducar mientras ellas estén en vigor y la parte accionante pueda acreditar que cuenta, al menos, con interés legítimo para tales efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 inciso 2) del CPCA (ver en sentido similar, la sentencia número 262-2011-VI y 052-2012-VI, ambas dictadas por la Sección Sexta de este Tribunal, a las 14 horas 50 minutos del primero de diciembre del 2011 y de las 7 horas 30 minutos del 22 de marzo del 2012, respectivamente) .
En este punto, cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 40 del CPCA, es posible impugnar los actos administrativos de alcance general, mientras subsistan en el tiempo sus efectos continuados, por lo que, el plazo máximo para interponer el proceso será de un año a partir del día siguiente al cese de aquellos. Eso sí, la acción será únicamente para efectos de su anulación e inaplicabilidad futura. Aunado a lo anterior, insistimos que en los supuestos de normas de aplicación automática -como en este caso-, no se requiere de un acto de aplicación individual para impugnarlas, en virtud de que resultan obligatorias inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado. Pues bien, estimamos que la asociación demandante tiene, al menos, un interés legítimo, en la impugnación de estos decretos en tanto, estima, que le son lesivos y conculcan su propiedad privada.
Además, se trata de normas que surten sus efectos perviven de manera continuada mientras estén en vigencia. Por lo expuesto, el Tribunal rechaza la defensa de caducidad planteada por la representación del INDER y el Estado , e ingresa al análisis de las pretensiones formuladas por la demandante.
VIII.Sobre la pretensión anulatoria que se formula. La parte actora pide la nulidad absoluta parcial de los Decretos Ejecutivos No. 25296 y 29956 mencionados en los siguientes términos. Del Decreto Ejecutivo No. 25296 pide se anule el artículo 2 únicamente en cuanto que la nueva delimitación de la Reserva Indígena excluye una parte de la finca inscrita en el Partido de Limón, al folio real matrícula Placa2092. También, solicita la nulidad del artículo 3 en su totalidad. Respecto del Decreto Ejecutivo No. 29956 pide que se anule el artículo 1 únicamente en cuanto reitera la exclusión del territorio indígena de una parte de la finca Placa2092, antes citada, de la misma forma que lo hace el Decreto Ejecutivo No. 25296. Además, solicita la nulidad del artículo 3 únicamente en cuanto considera vigente el artículo 3 del Decreto 25296. El examen de legalidad que efectuará el Tribunal parte de dos premisas: la primera de ellas que, en lo fundamental, la nulidad se pide en relación con la nueva delimitación que efectuaron y confirmaron las normas de alcance general impugnadas respecto del territorio que comprende la Reserva Indígena Nombre142238 , que la parte actora estima ilegal y violatoria de sus derechos. La segunda, que los vicios de ilegalidad que se acusan lo son para ambas normas; razón por la cual se analizarán en forma conjunta. En ese sentido, son cuatro los vicios que la accionante reclama:
IX.Se acusa, también, violación al Principio de Reserva de Ley fundamentalmente porque se estima que conforme al artículo 1 de la Ley Indígena la delimitación efectuada en los decretos No. 6036-G y No. 7267 citados asumió rango de ley y no podrían ser modificados mediante las normas de alcance general impugnadas; máxime cuando el referido artículo establece que los límites fijados a las reservas, en los citados decretos, no podrían ser variados disminuyendo la cabida de aquéllas, sino mediante ley expresa. No obstante, el Tribunal considera que la debida interpretación del artículo 1 en comentario permite descartar el vicio que se acusa. No existe duda para el Tribunal de que esa norma declara reservas indígenas las establecidas, en lo que viene al caso, en los Decretos Ejecutivos números 5904-G, 6036-G y 7267 citadas. Tal declaratoria supone avalar, en norma de rango legal, la delimitación establecida en aquellos actos de alcance general.
Precisamente por ello, el referido artículo 1 dispone de seguido que los límites fijados a las reservas, en los citados decretos, no podrían ser variados disminuyendo la cabida de aquéllas, sino mediante ley expresa. No obstante, somos del criterio de que, en el caso concreto, tal disposición no ha sido violentada porque los decretos impugnados no disminuyeron la cabida del territorio indígena Nombre142238 . Así se desprende, con claridad, de la parte considerativa del Decreto No. 25296 cuando indica que "(...) 2°—Que la delimitación de la Reserva Indígena de Cocles no fue la más apropiada porque incluye una zona costera cerca de la desembocadura del Río Cocles, que no ha sido habitada por indígenas en los últimos doscientos años. Además, la parte sureste de la Reserva de Cocles corresponde a asentamientos del IDA, ocupada exclusivamente por una población campesina no indígena. 3°—Que de lo anterior resulta que, en la mitad oriental de la Reserva Indígena de Cocles, no hay población indígena, y que la recuperación de estos terrenos causara (sic) un gasto enorme para el Estado, y grandes pérdidas y toda clase de perjuicios a los actuales propietarios y ocupantes. 4°—Que este problema de límites ha sido causa de conflictos y tensiones en los últimos diez años, entre las diferentes comunidades y las instituciones involucradas. 5°—Que la solución más conveniente en este caso es modificar los límites de la Reserva Indígena, sin perjudicar a los indígenas. 6°—Que la citada Ley Indígena N o 6172, en su Artículo 1. permite la modificación de límites por decreto ejecutivo, con tal que no haya reducción de la superficie de la Reserva. 7°—Que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, realizó estudios tendientes a modificar los límites de la Reserva de Cocles, excluyendo de esta los terrenos problemáticos y compensándolos por la inclusión de terrenos boscosos al oeste y al sur de la actual Reserva. 8°—Que esta modificación permitir por otra parte incluir en la Reserva tierras de indígenas que hasta la fecha no estaban amparadas al estatuto de Reserva Indígena.(...)"; y de la del Decreto No. 29956 cuando señala que "(...) 2º—Que los límites de la Reserva Indígena de Këköldi fueron modificados por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 25296-G, publicado en La Gaceta 134 de 15 de julio 1996. 3º—Que en la modificación de los límites de la Reserva Indígena de Këköldi, definidos por el artículo 2º del Decreto 25296-G, publicado en La Gaceta 134 de 15 de julio de 1996, no se incluyó un área importante de protección y conservación de gran riqueza natural, ubicada en el sector noroeste de la reserva, entre las nacientes de los Ríos Carbón "Uno" y Carbón "Dos". 4º—Que esa área comprende un territorio tradicionalmente de ocupación indígena, que es necesario incluirlo dentro de la reserva indígena por disposiciones de la Ley Nº 7316, Convenio 169 O.I.T., artículo 14. 5º—Que esa área guarda una riqueza hídrica de gran beneficio, inclusive para las comunidades de Bribrí, Home (sic) Creek, Patiño, Carbón Dos y Punta Caliente, que obliga a su protección ya que es el área que sostiene la fuente principal de ese mineral para dichas poblaciones. 6º—Que dicha área une geográficamente a la población indígena de Këköldi con la población indígena Nombre142249 , lo que demuestra ser un área tradicionalmente de ocupación indígena, y su inclusión favorece así mismo la unidad social de una población indígena Nombre142249, que estuvo espacialmente separada por muchos años. 7º—Que bajo tales consideraciones, se hace necesario modificar el límite noroeste de la Reserva Indígena de Këköldi, a fin de incluir esa importante área.(...)".
Lo transcrito permite concluir que si bien el Decreto Ejecutivo No. 25296 excluyó de la reserva los terrenos correspondientes a la zona costera cercana a la desembocadura del Río Cocles y la parte sureste de la Reserva de Cocles, lo compensó con la inclusión de terrenos boscosos al oeste y al sur de la actual reserva. Así, no hubo una disminución de la cabida que de pie a la violación del Principio de Reserva de Ley. La situación es todavía más clara en el Decreto No. 29956, toda vez que esa norma reitera la delimitación efectuada en el Decreto Ejecutivo No. 25296 y amplía el territorio para incluir, en el límite noroeste un área importante de protección y conservación de gran riqueza natural, ubicada en el sector noroeste de la reserva, entre las nacientes de los Ríos Carbón "Uno" y Carbón "Dos". En ese tanto, es evidente que esta norma de alcance general tampoco disminuye la cabida de la reserva y, por ende, no existe la ilegalidad acusada.
Insistimos que la limitación que impone la Ley Indígena es que, vía reglamentaria, se varíen los límites de modo que supongan una disminución de la cabida del territorio indígena, lo que no sucedió en este caso ya que los referidos actos de alcance general, más bien, aumentaron la referida cabida, tal y como lo admite la parte actora en sus pretensiones. Suponer que conforme a al artículo 1 de la Ley Indígena los límites de las reservas solo pueden ser modificados por norma legal llevaría no solo a desconocer y desaplicar el propio texto de la norma (conforme a la cual eso no es posible únicamente sí se disminuye la cabida), sino además, a interpretar que las modificaciones que pretendan el aumento de la cabida deben ser, también, dispuestas por norma legal. Una conclusión de esta naturaleza (que el Tribunal no comparte) supondría la declaratoria de ilegalidad de todo el texto de los decretos impugnados, incluido lo relativo a la inclusión de territorios y aumento de la cabida.
Así, estimamos que cuantitativamente no existe una lesión al territorio indígena Nombre142238 ya que, reiteramos, las normas de alcance general si bien modificaron los límites de la reserva, no disminuyeron su cabida sino que más bien la aumentaron considerablemente. Pero, además, tampoco existe una disminución cualitativa toda vez que, conforme se analizará infra, los territorios excluidos correspondían a tierras que no fueron tradicional o ancestralmente ocupadas por la comunidad indígena en cuestión; y los terrenos incluidos fueron aquellos que, conforme a los estudios realizados en aquel entonces, correspondían a tierras que sí habían sido tradicionalmente ocupados por ello. Por las razones expuestas, estimamos que los decretos impugnados no violentan el Principio de Reserva de Ley.
X.Por otra parte, se reclama que los decretos impugnados lesionan y cercenan el derecho de propiedad de la comunidad indígena accionante. Un primer argumento en que la parte actora fundamenta este vicio es en el hecho de que ella es propietaria de la totalidad de la finca de Limón No. 19056-000, cuya inscripción consta en el Registro Nacional. Por ende, no es posible que a través de un decreto se cercene ese derecho. En ese sentido, debemos indicar que se ha tenido por acreditado que, mediante Decreto Ejecutivo No. 7267, del 09 de agosto de 1977 se efectuó una primera delimitación de la Reserva Indígena Nombre142249 de Cocles. La parte considerativa de esa norma refiere al Decreto No. 6036-G citado, específicamente en cuanto menciona que la Reserva de Talamanca incluiría como anexo administrativo la Reserva Indígena de Cocles, correspondiente a parte de las fincas 1089 y 1050 del ITCO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta norma, mediante escritura número 85 otorgada ante el notario Nombre142257 a las 12 horas del 5 de abril de 1989, la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre142249 de Talamanca donó a la Asociación accionante la finca inscrita en el Registro Público, Partido de Limón, al tomo 2548, folio 35, número 19056, asiento 1.
Esa escritura fue presentada al Registro Nacional el 19 de abril de 1990 bajo las citas 378-18219-001 y a la fecha no ha sido inscrita. Es por ello que al día de hoy, la propiedad en cuestión permanece inscrita registralmente a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre142249 de Talamanca. Interesa destacar en este punto que conforme a las manifestaciones de los representantes de la parte actora y de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre142249 , el traspaso no se ha inscrito porque el inmueble en cuestión no cuenta con plano. No obstante, estimamos que esa deficiencia (la falta de inscripción del traspaso) no da pie a concluir que el referido inmueble no pertenezca a la Asociación accionante, como parece cuestionar el representante estatal. Por una parte, la escritura de donación se encuentra debidamente anotada según consta del folio 154 al 156 del expediente judicial y existe una manifestación expresa del representante de la propietaria registral en el sentido que el traspaso se efectuó y que "(...) si es necesario hacer otro traspaso o adicionar la escritura otorgada oportunamente, cuando el IDA confeccione el plano respectivo, estamos dispuestos a hacerlo.
(...)" (folio 286 vuelto del expediente judicial). Lo anterior se refuerza con el hecho de que, si se revisa la información registral del inmueble en cuestión, se observa que su naturaleza corresponde a la Reserva Indígena de Cocles. Así, el Tribunal comparte lo señalado por los representantes del INDER, de los coadyuvantes pasivos y de la sociedad que actúa como tercero con pretensiones propias, en el sentido que no existe cuestionamiento respecto de que la referida finca es titularidad de la Asociación actora. En rigor, el meollo del asunto es otro, según se analizará. En este sentido, es necesario resaltar que se ha tenido por acreditado que la finca en cuestión (19056-000) carece de plano. Se trata de un hecho que se acredita con el informe pericial rendido por Nombre142257 , Coordinador General de la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización y Registro, quien así lo indica a folios 357 y 358 del expediente judicial.
Pero, además, la actora, el Estado y la sociedad que participa como tercero con pretensiones propias así lo admiten. Si bien el Tribunal estima que la ausencia del plano catastrado es un elemento que debe ser valorado al momento de resolver esta litis, lo cierto es que no es el aspecto fundamental a considerar, sino más bien secundario, según se explicará. Compartimos la apreciación del perito Nombre142257 en el sentido de que "(...) según la materia catastral, la localización de una finca solo puede derivarse si existe un plano catastrado que la que la describa (...)" (folio 358 del expediente judicial); sin embargo, tratándose de territorios indígenas, esa condición debe valorarse en conjunto con la normativa vigente en esta materia y la jurisprudencia emitida tanto los Tribunales nacionales e internacionales; conforme a la cual la delimitación que hagan los Estados constituye un reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva que respecto de sus territorios tienen los pueblos indígenas.
Sin embargo, el derecho se constituyó y recaerá sobre los territorios que tradicionalmente o ancestralmente han sido ocupados por ellos. Por ende, establecida la existencia de un pueblo indígena en un entorno geográfico determinado de posición ancestral, las Administraciones están en la obligación de reconocerlo como tal, lo que supone entre otras acciones, la recuperación y devolución de esas tierras, aunque se encuentren en manos de sujetos no indígenas. Así, el hecho de que el territorio tradicional de la comunidad indígena se encuentre en manos privadas, no sería per ser un motivo objetivo y fundamentado que impida su reivindicación. En este sentido, el artículo 5 de la Ley Indígena establece el procedimiento a seguir para indemnizar o expropiar la propiedad privada inscrita en territorios que han sido ancestralmente ocupados por indígenas para devolverlos a esa comunidad. Así lo señalado la CIDH, entre otras, en la Sentencia Comunidad Indígena Nombre139487 .
Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214 , en la que señaló: "(...) 2.1.2. Posesión de las tierras reclamadas y su exigencia para el reconocimiento de la propiedad comunitaria1. En relación a la posesión de las tierras reclamadas, la Comisión consideró que el Estado está obligado a reconocer y responder el reclamo de la Comunidad “aún cuando no tengan plena posesión de las mismas y se encuentren en manos privadas”. Los representantes alegaron que la Comunidad “ha mantenido una forma de posesión parcial sobre las tierras que reclaman y los alrededores en cuanto al acceso a los recursos naturales”. Agregaron que los miembros de la Comunidad han desarrollado sus actividades tradicionales en las tierras bajo reclamación “desde antes de la transferencia de las tierras a la empresa Eaton y Cía., hasta el comienzo del 2008 [,] cuando aquellas actividades les fueron prohibidas con el establecimiento de la reserva [natural] privada”.
El Estado sostuvo que “los peticionarios no tienen la propiedad debidamente inscri[ta] en el Registro de Inmuebles, ni la posesión del inmueble pretendido”. 2. El Tribunal recuerda su jurisprudencia respecto a la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, según la cual:
XI.Pues bien, la valoración de las probanzas en forma conjunta y bajo las reglas de la sana crítica racional, llevan a concluir que el territorio excluido de la Reserva Indígena Nombre142238 mediante los Decretos No. 25296 y No. 29956, no constituía un territorio que tradicional o ancestralmente hubiese sido ocupado por esa comunidad indígena. Veamos. Si bien la parte actora enuncia en su demanda una serie de antecedentes históricos que pretende relacionar al tema que se discute, estimamos que no resultan pertinentes toda vez que refieren, en general, a aspectos sobre los cuales no ha existido mayor discusión. Es decir, nadie duda que a la llegada de los españoles nuestro país estaba ocupado por pueblos indígenas y que éstos ocupaban territorios del Caribe. Se aportan, también, copias certificadas de dos libros con los que se pretende demostrar tal ocupación. Sin embargo, somos del criterio que, dada su naturaleza, ese elemento es insuficiente para llegar a tal conclusión.
Nótese, incluso, que la sociedad tercerista aporta copias certificadas de extractos de tres libros diferentes, de los que afirma, en contradicción con lo que dicen los aportados por la demandante que, según el testimonio de dos indígenas (Nombre142260 y Nombre142261 ), se trataba de un territorio no ocupado por ellos y que lo que se presentó fue un error en el decreto que originalmente lo incluyó como parte del territorio indígena, toda vez que la delimitación no fue la más apropiada. El hecho de que Nombre142262 (y únicamente ella) manifieste, ahora, que ella no afirmó lo que los libros aportados por la tercerista señalan, no aportan mayor claridad al asunto y más bien, generan más dudas. Así, en la ponderación probatoria que efectúa el Tribunal, los libros en cuestión no constituyen prueba idónea ni son determinantes en la fundamentación de la decisión que se ha adoptado. Por otra parte, tenemos que los motivos que sirvieron de base al Decreto No. 25296, se desprenden de ese mismo acto, específicamente "(...) Que la delimitación de la Reserva Indígena de Cocles no fue la más apropiada porque incluye una zona costera cerca de la desembocadura del Río Cocles, que no ha sido habitada por indígenas en los últimos doscientos años.
Además, la parte sureste de la Reserva de Cocles corresponde a asentamientos del IDA, ocupada exclusivamente por una población campesina no indígena. 3°—Que de lo anterior resulta que, en la mitad oriental de la Reserva Indígena de Cocles, no hay población indígena, y que la recuperación de estos terrenos causara un gasto enorme para el Estado, y grandes pérdidas y toda clase de perjuicios a los actuales propietarios y ocupantes. 4°—Que este problema de límites ha sido causa de conflictos y tensiones en los últimos diez años, entre las diferentes comunidades y las instituciones involucradas. 5°—Que la solución más conveniente en este caso es modificar los límites de la Reserva Indígena, sin perjudicar a los indígenas. (...)"; aspectos por los cuales se dispuso la modificación de los límites del territorio indígena Nombre142238 , excluyendo la porción aquí en disputa. Esos antecedentes fácticos y jurídicos encuentran, a juicio del Tribunal, respaldo en los autos.
Por una parte, las primeras normas que regulan el derecho de propiedad de los indígenas refieren a terrenos baldíos por ellos ocupados (artículo 8 de la Ley No. 13) y, en el caso específico de la creación de la Reserva Nombre142238 , se localizó ésta en terrenos que además eran propiedad del ITCO, indicando incluso los números de finca sobre los cuales debía establecerse y que le sirven de antecedente. Así lo señala, claramente, el Decreto Ejecutivo No. 6036-G, que establece "(...) Además, la Reserva de Talamanca incluirá, como anexo administrativo, la "Reserva Indígena de Cocles", correspondiente a parte de las fincas 1.089 y 1.050 del ITCO. Su delimitación exacta será efectuada por el ITCO, en coordinación con la CONAI. (...)". Es importante destacar que conforme a la parte considerativa de esa norma, la localización territorial que se efectúa fue tomando en cuenta importantes núcleos de población indígena, en zonas pobladas exclusivamente por ellos.
De conformidad con las normas referidas, para la época en la que se emitieron estas regulaciones, la comunidad indígena de Kekoldi se ubicaba en esos entornos (terrenos baldíos, del ITCO y fincas determinadas), más no en inmuebles inscritas como propiedad privada de particulares. Sobre este punto, merece destacarse que conforme al peritaje rendido por Nombre142257 , en el territorio que fue excluido de la Reserva Indígena de Kekoldi mediante Decreto No. 25296, han existido diferentes planos inscritos desde 1946, algunos de ellos vinculados a asientos registrales y a los cuáles se hizo referencia en el elenco de hechos probados. Insistimos que esos planos datan de 1946 (sea, con anterioridad al Decreto No. 6036-G) al 2004 (folios 354 a 372 del expediente judicial). Interesa referirnos al plano 7-0009380-1946, el cual fue catastrado en 1946 por Nombre142248 y que correspondiente a un terreno de su propiedad, situado en la desembocadura del Río Cocles, que medía 25 hectáreas 2750 metros cuadrados ubicados en la milla marítima de la zona atlántica, sito en Puerto Viejo, distrito uno, cantón uno de la provincia de Limón cubría un área importante de lo que hoy es la llanura costera en playa Cocles de Limón (folios 390, 391, 570 al 572 del expediente judicial).
Conforme al mismo dictamen pericial, ese plano se vincula registralmente con la finca inscrita en el Registro Nacional bajo el sistema folio real No. 7-05365-000 (peritaje rendido por Nombre142257 a folios 388 al 392 del expediente judicial, cd con mosaico catastral). Así, el Decreto Ejecutivo No. 6036-G y la prueba pericial permite constatar los motivos que fueron considerados en los decretos impugnados (que la delimitación inicial en 1976, incluyó una zona costera cerca de la desembocadura del Río Cocles y la parte sureste de la reserva que no ha sido habitada por indígenas sino más bien por propietarios u ocupantes que no lo eran, como es el caso de doña Nombre142248 ) existían tal y como fueron considerados al momento de dictarlos. Esa conclusión se refuerza, además, con el testimonio de Nombre142258 y Nombre142263 . Don Nombre142258 relató al Tribunal que él creció en Puerto Viejo y que desde que nació recuerda que había gente viviendo en casas en las costas de Cocles.
Manifestó que le contaron que sus parientes vinieron de Panamá a Puerto Viejo en el siglo XVIII. Nombre635 que, desde que tiene uso de razón (cuando tenía cinco o seis años, ya que nació en 1965), había gente viviendo en Cocles, casi todos negros y algunos blancos. Las casas se situaban en la costa y las fincas atrás. Mencionó entre las familias más antiguas a la de don Nombre142264 , quien era colombiano y era el padre de doña Nombre142248 . Nombre635 que ya para cuando él era niño don Nombre142264 vivía ahí y cita los nombres de otras familias que también habitaba la zona. Explicó que la población negra llegaban de Puerto Viejo (en donde había escuela y pulperías) a Cocles a recolectar cacao, que era la actividad comercial más importante. Manifestó que no recordaba haber visto asentamientos o personas indígenas en las zonas bajas o costa de Cocles, sino que más bien llegaban de la Alta Talamanca a ayudar en la cosecha de cacao y algunas veces se quedaban a dormir en las casas de quienes los contrataban.
Insistió en que la población indígena Nombre142238 se ubicaba en las partes altas de la baja Talamanca: en la baja había coco, en la intermedia las fincas de cacao y en la parte de arriba los indígenas y cada uno siempre tuvo su espacio. Don Bernardo, quien visitaba Cocles en su niñez, coincidió en cuanto a que no existían asentamientos indígenas en la zona costera, sino que más bien ésta era ocupada por propietarios privados y los indígenas se ubicaban de Nombre142249 para adentro. También coincidió en cuanto a las actividades principales (siembra de cacao y tubérculos) y que los Nombre29395 bajaban a Cocles a trabajar en labores como la chapia, quebrar cacao y, en general, de peones. Indicó que algunas veces los propietarios les regalaban un pedacito de tierra para que vivieran cerca del trabajo pero que nunca constituyeron asentamientos en esa zona. Cabe destacar que, incluso, Nombre142262 admite que en Cocles vivían algunos afrodescendientes (no tantos) y que en la zona habían cocos y árboles de almendros.
Nombre635, también, que antes muchos Nombre29395 (no todos) vivían en las partes altas, que existía relación con los afrodescendientes y que los niños indígenas iban a la escuela de éstos. Frente a estas probanzas, lo cierto es que la parte actora no allegó al proceso elementos que las rebatieran o que demostraran la ocupación física o material de esa comunidad indígena en ese territorio. Así, la valoración de la comuna probatoria en su conjunto permite concluir al Tribunal que el territorio excluido de la Reserva Indígena Nombre142238 mediante los decretos No. 25296 y No. 29956, no fue habitado ni ocupado físicamente por esa comunidad indígena sino más bien por personas particulares (afrodescendientes y blancos) y los que catrastraron planos e inscribieron propiedad privada desde 1946, como es el caso de Doña Nombre142248 .
XII.No obstante, el hecho de que se tenga por demostrado que el territorio excluido de la Reserva Indígena Nombre142238 mediante los decretos No. Placa27837 y No. 29956, no fue habitado ni ocupado físicamente por esa comunidad indígena, sino por sujetos particulares, no es suficiente para concluir que no haya existido violación a su derecho de propiedad comunal. Como explicamos en un Considerando anterior, el alcance de la propiedad privada comunal indígena en relación con los territorios va más allá de la posesión tradicional o material, involucrando aspectos espirituales basados en la relación especial que tienen con sus tierras tradicionales y que también han de ser analizados. En ese sentido, la parte actora manifiesta que la concepción del derecho de propiedad de los indígenas es diferente porque se funda, además, en una relación espiritual. Conforme lo expuesto en Considerandos anteriores esa relación especial se manifiesta de diferentes maneras dependiendo del pueblo indígena que, en cada caso corresponda.
Así, por ejemplo, se menciona el uso o presencia tradicional, a través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costumbres, y cualquier otro elemento característico de su cultura. Así se deriva, también de los artículos 13, 14 y 15 del Convenio No. 169 de la OIT. Ahora, el Tribunal estima que esa relación especial de los indígenas con sus territorios debe, necesariamente, ser probada a efectos de que se así se declare y proceda con la recuperación y devolución, si así corresponde. La necesaria demostración de esa relación ha sido reconocida, también por la CIDH. Así, por ejemplo, en la Sentencia Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214 , se indicó que "(...) El vínculo de los miembros de la Comunidad con dichos territorios es fundamental e inescindible para su supervivencia alimentaria y cultural, por ello la importancia de su devolución.
Contrario a lo que señala el Estado, las tierras a entregarse a los miembros de la Comunidad no es cualquier inmueble “dentro del territorio histórico de los Enxet Lengua”, sino el territorio que los miembros de la Comunidad han demostrado en este caso que es su territorio tradicional específico y más apto para el asentamiento indígena (supra párr. 107).(...)"(el resaltado y subrayado no corresponde al original). También, se Nombre635 que "(...) Con respecto a la posibilidad de recuperar las tierras tradicionales, en anteriores oportunidades la Corte ha establecido que la base espiritual y material de la identidad de los pueblos indígenas se sustenta principalmente en su relación única con sus tierras tradicionales, por lo que mientras esa relación exista, el derecho a la reivindicación de dichas tierras permanecerá vigente. Si esta relación hubiera dejado de existir, también se extinguiría ese derecho.(...)"(el resaltado y subrayado no corresponde al original).
Incluso, en el caso concreto que ahí se resolvió, la CIDH dio credibilidad al informe de un antropólogo que sirvió como elemento demostrativo para acreditar la existencia de esa relación especial y espiritual. En ese sentido, el fallo indica que "(...) En el presente caso, la Corte observa que la relación de los miembros de la Comunidad con su territorio tradicional se manifiesta, inter alia, en el desarrollo de sus actividades tradicionales dentro de dichas tierras (supra párrs. Placa27824, , ). Al respecto, el antropólogo Nombre142265 expresó en su informe elaborado en 1995, que la misma seguía “ocupando su territorio y practicando su economía tradicional, no obstante los condicionamientos [que imponía] la propiedad privada”. De particular relevancia resulta que inclusive ante las restricciones impuestas a los miembros de la Comunidad, “igual entrab[an] a cazar a escondidas”. Asimismo, algunos miembros de la Comunidad indicaron que cuando vivían en la Estancia Salazar, aunque con serias limitaciones, todavía se practicaba algo de medicina tradicional y los chamanes buscaban plantas medicinales en el monte, así como enterraban a sus muertos de acuerdo a sus costumbres.
(...)". Pues bien, en el presente caso el Tribunal estima que esa relación especial y espiritual de la comunidad indígena de Kekoldi con los territorios excluidos por los decretos impugnados (que, en lo medular, corresponde a la costa y llanura costera de Cocles) no fue demostrada. La única prueba que el accionante aportó para tales efectos fue el testimonio de doña Nombre142266 , indígena de esa comunidad. Sin embargo, estimamos que esa probanza resulta insuficiente por las siguientes razones. Ella relató al Tribunal, con amplitud, la relación de los Nombre29395 con el mar y que Talamanca era dominio bribrí, desde lo alto de la cordillera hasta la costa. También que en el mar se llevaban a cabo bautizos de niños que vivían lejos del mar y que también se aprovechaban de él: hacían sal, utilizaban las conchas blancas y los cocos (comían la nuez, usaban la concha y guardaban la sal). Sin embargo, don Nombre142258 manifestó que no recordaba haber visto ceremonias sagradas, religiosas o rituales de los indígenas en Cocles.
Recalcó que, al ser un pueblo chico, si hubieran habido lo hubiesen sabido. Explicó que los indígenas bajaban a la costa a buscar sal y se llevaban cangrejos. Incluso, relató al Tribunal que en los trabajos y excavaciones que habían hecho en sus tierras nunca hallaron algún indicio que les hiciera presumir la presencia de indígenas en esa zona. La existencia de testimonios contrarios respecto a que en esa zona se efectuaran ceremonias, rituales o lazos espirituales impide al Tribunal tener por demostrado esa relación. Luego, llama la atención que cuando doña Nombre142266 explicó que para ellos, existían lugares sagrados, que se protegían y a los cuales había que pedir permiso a los dioses para entrar, Nombre635 entre estos los los humedales, las lagunas, los esteros y los cerros, pero nunca indicó que el mar o la costa fuera uno de ellos. Lo anterior aunado a que tampoco se demostró la existencia de asentamientos en esa zona o que en ella se efectuaran cultivos, caza, pesca en forma esporádica recolección estacional o nómada.
En nuestro criterio, los testimonios evacuados permiten, únicamente, acreditar que los indígenas de Kekoldi usaban y se aprovechaban del mar y sus recursos; pero no en modo distinto de lo que cualquier persona podría hacerlo. Así, con la prueba evacuada no podría afirmarse que la comunidad indígena Nombre142238 tuviera una relación especial (física, material o espiritual) con la zona excluida por los decretos impugnados, que pudiera servir de base a un derecho de propiedad. Tómese en cuenta, además, que algunos de los territorios excluidos corresponden a propiedad privada inscrita (desde antes de los decretos que originalmente la delimitaron) o a la zona marítima terrestre. Ambos supuestos, cuentan con protección por parte del ordenamiento jurídico, situación que debe, también, ser ponderada por este Tribunal. Así, tampoco puede concluirse que esos territorios excluidos hayan sido tradicional y ancestralmente ocupados por ellos.
Para llegar a esa conclusión, estimamos que la parte actora debió allegar al proceso probanzas idóneas, como por ejemplo, un antropólogo quien, con base en su experticia, permitiera establecer esa relación especial, principalmente en aspectos como desplazamientos, uso o relación espiritual de esos pueblos con el mar, la costa y las llanuras de Cocles. Sin embargo, fue el propio representante de la asociación accionante quien desistió de esa probanza que fuera, en su momento, admitida por el Tribunal. Desde esta perspectiva, si la carga probatoria le correspondía y no la ejerció, deberá la accionante asumir las consecuencias negativas de su desatención. Por las razones expuestas, el Tribunal estima que los decretos impugnados no cercenan ni violentan el derecho de propiedad de la comunidad indígena Nombre142238 porque los territorios excluidos no fueron ocupados tradicional o ancestralmente por ellos.
Más bien, fueron otros sus ocupantes, como se demostró. Con base en lo expuesto, no se encuentra deficiencia alguna en el motivo y contenido de los decretos impugnados; pues más bien responden, según se explicó, a la necesidad de corregir un error en la localización que, originalmente, planteara el Decreto Ejecutivo No. 7267, ya derogado. No es cierto, como afirma la actora, que su derecho de propiedad inscrito fuera cercenado por los decretos impugnados. Reiteramos que el Decreto Ejecutivo No. 7267 lo que hizo, en su momento, fue una localización genérica del territorio indígena de Nombre142238 que, como señalan los decretos impugnados y aquí se ha demostrado, por error incluyó tierras que no habían sido ocupadas ni usadas por esa comunidad indígena. Al haberse inscrito la finca No. 7-19056-000 sin que hubiese un plano catastrado que delimitara correctamente, ese error se extendió a propiedades que han sido usadas, ocupadas e inscritas a nombre de personas no indígenas.
Precisamente, en virtud de ese error (la difusa localización en la que incurre el Decreto No. 7267) y en el hecho de que, en todo caso, el referido Decreto no tiene la potencia necesaria para desconocer propiedad privada inscrita legalmente a nombre de terceros y en la que, y esto es fundamental, no ha existido tradicional o ancestralmente ocupación de esa comunidad indígena; que el Estado emite los decretos impugnados y delimita la Reserva Indígena de Nombre142238 de una forma acorde al contenido sustancial de su derecho de propiedad colectiva, esto es, para que cubra territorios que han sido tradicional o ancestralmente ocupados por ellos. Por la prueba que aquí se ha evacuado en relación con las normas aplicables al caso concreto, el Tribunal estima que esas conductas formales administrativas no lesionan el derecho de propiedad de los indígenas. No es necesario que se pida la nulidad del título correspondiente a la finca del Partido de Limón, número 19056-000.
Tal y como se indicó al inicio del examen de este vicio, ese inmueble es propiedad de la accionante. Claro está, en los términos en que se concibe su derecho de propiedad, esto es, en el territorio tradicionalmente ocupado por ellos, el cual se corresponde, según se ha explicado, al que describe, a la fecha, el Decreto No. 29956 aquí impugnado.
XIII.Lo expuesto no supone, ni por asomo, violación al Principio de Legalidad o desconocimiento de normas que regulan el derecho de propiedad indígena. El artículo 11 del Convenio 107 de la OIT señala que se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas. En el caso concreto, el Tribunal ha establecido que los territorios excluidos por los decretos impugnados no cumplen ese presupuesto porque no corresponden a tierras que tradicionalmente hubiesen sido o sean ocupadas por la comunidad indígena Nombre142238 . En ese tanto, no forman parte de su derecho de propiedad y ninguna lesión les ocasiona, siendo que más bien les reconocen ese derecho en su justa dimensión. Los artículos 13 al 18 del Convenio No. 169 de la OIT refieren, en general, al deber del Estado de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación (artículo 13); que en el caso concreto no se violenta porque esa relación no ha sido acreditada.
El artículo 14 refiere, en general, al deber de reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; norma que no se violenta porque, reiteramos, los territorios excluidos no ostentan tal condición. Luego, esa misma norma señala que "(...) Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. (...)". Estimamos que la disposición tampoco se violenta en el caso concreto porque no se acreditó que el Estado hubiese negado el acceso de la población indígena de Nombre142238 a la costa o llanura costera de Cocles.
Aunado al carácter demanial de la zona marítimo terrestre, los testigos manifestaron los integrantes de esa comunidad indígena bajaban de las partes altas de Talamanca a la costa, lo que dice de su uso y aprovechamiento. El ordinales 15, 16, 17 y 18 tampoco se lesionan porque lo que se dispone aplica bajo el supuesto de que se trata de territorios tradicionalmente ocupados por indígenas, lo que en la especie no se acreditó. Por la misma razón y conforme lo expuesto en el Considerando anterior tampoco se lesiona el artículo 45 de nuestra Constitución Política. En relación con el numeral 2 de la Ley Indígena ya que el territorio propiedad (en tanto tierras que han sido tradicionalmente ocupadas por indígenas) de la comunidad indígena accionante (y que corresponde al que localizan los decretos impugnados) se encuentra debidamente inscrito en el Registro Nacional, bajo la matrícula Placa2092, del Partido de Limón.
El artículo 3 no se violenta porque el territorio excluido por los decretos cuestionados no es propiedad de la comunidad indígena demandante y, en ese tanto, no goza de la protección especial que esa norma establece. Tampoco resulta aplicable el numeral 5: si no es propiedad privada indígena porque no ha sido tradicionalmente ocupada por ellos, el Estado no tiene motivo alguno que justifique la reubicación, indemnización o expropiación de las personas no indígenas que ocupan o son propietarios de esos terrenos excluidos de la delimitación originalmente establecida. Más bien, insistimos que deben tutelarse los derechos de quienes han venido ocupando o son propietarios de inmuebles en esa zona. Finalmente, no se observa lesión alguna al artículo 267 del Código Civil. Como explicamos, el derecho de propiedad de la actora lo es para aquellos territorios que han sido tradicionalmente ocupados por ellos.
En ese tanto la inscripción registral de la finca No. 19056-000 del Partido de Limón abarca únicamente ese territorio, que para el caso que nos ocupa fue localizado mediante el Decreto No. 29956 referido. Entender, como pretende el representante de la parte actora, que la No. 19056-000 incluye las tierras localizadas por el Decreto No. 7267 llevaría a un abuso de derecho por las siguientes razones. Ese acto administrativo fue derogado porque incluía terrenos que no fueron ni son tradicionalmente ocupados por la comunidad Nombre142238 (y en ese tanto no forman parte de su derecho de propiedad comunal) sino que además, estaban inscritos (con su correspondiente plano catastrado) a nombre de personas no indígenas y dedicado a otras actividades desde antes de que se localizara originalmente esa comunidad. Más bien, se violentaría el numeral 267 referido si este Tribunal desconociera el título inscrito que poseen esas personas, entre ellas, la sociedad que actúa como tercero con pretensiones propias y algunos de los coadyuvantes pasivos.
XIV.En conclusión, el Tribunal estima que los Decretos No. 25296 y No. 29956 impugnados fueron dictados por el órgano competente (Poder Ejecutivo) cumpliendo con las formalidades sustanciales del procedimiento requeridas. Cuentan, también, con un motivo legítimo y cierto (en lo medular, que la delimitación dispuesta en el Decreto No. 7267 fue inapropiada porque incluyó territorios que no habían sido tradicionalmente ocupados por los indígenas que representa la asociación accionante y que más bien eran ocupados o pertenecían a otras personas, razón por la cual debían ser excluidos de la Reserva) que existía tal y como fue tomando en cuenta al momento de su dictado (numeral 133 de la LGAP). El contenido ordenado, esto es, la nueva delimitación que excluye los territorios no ocupados tradicionalmente por esa comunidad indígena, es lícito, claro, posible y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho del surgidas del motivo (artículo 132 de la LGAP).
Nótese incluso que el Decreto No.25296 no disminuye la cabida de la Reserva Indígena porque compensa lo excluido con el otorgamiento de tierras que sí tienen ocupación indígena, y Decreto No. 29956 lo viene es a confirmar lo dispuesto en el Decreto No.25296 e incluye otras tierras que, no habían sido reconocidas y que han sido tradicionalmente ocupadas por esos indígenas. Ese contenido es, además, correspondiente al motivo y proporcional al fin que se traduce en el interés público que hay detrás de que, por un lado, el Estado reconozca a los indígenas de Kekoldi la propiedad privada comunal sobre los territorios que han sido tradicionalmente ocupados por ellos y, por otro, proteja el derecho de propiedad privada de las personas no indígenas en tierras que han sido ocupadas por ellos e inscritas a su nombre y en las que no se probó que ningún tipo de ocupación física, material o espiritual de la comunidad indígena accionante.
Por demás, el acto se encuentra motivado en los términos que exige el numeral 136 de la LGAP en tanto refiere explícitamente a los motivos que dan cabida a la nueva delimitación, los que, además, han sido constatados en esta sede judicial. Tomando en cuenta que los vicios reclamados son improcedentes por las razones que se han venido exponiendo, estimamos que las conductas formales impugnadas se conforman sustancialmente con el ordenamiento jurídico y así debe declararse.
XV.Sobre las otras pretensiones que formula la actora. La asociación demandante pide, también, que se declare que su representada es la propietaria de la Finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Limón, al Folio Real Matrícula Placa2092, que se ordene al INDER y a la CONAI que realicen los estudios y trámites para identificar a las personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de nuestro territorio indígena, propiamente el sector de la finca de Limón, folio real matrícula Placa2092, que no es reconocido como nuestro en el Decreto Ejecutivo No. 25296-G del 24 de junio de 1996, que se ordene al INDER y a la CONAI que esos estudios y trámites los inicie cuando la sentencia queda firme y los concluya dos meses después, que se ordene al INDER y a la CONAI realizar las gestiones para reubicar a esas personas si ellas lo desearen, o si no fuera posible reubicarlas o ellas no la aceptaran, se inicien los trámites para expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones, que se ordene al INDER que las gestiones y trámites de reubicación o expropiación los inicie inmediatamente después de hechos los estudios y trámites a que se refiere la pretensión, respetando los plazos designados para ello, que se ordene al Poder Ejecutivo dotar de los recursos financieros necesarios al INDER y a la CONAI para que procedan a las expropiaciones e indemnizaciones mencionadas y que se ordene al Poder Ejecutivo que inicie las gestiones para dotar a esas instituciones de los recursos, cuando quede firme la sentencia, preparando, si fuere necesario un presupuesto extraordinario que debe presentarse a la Asamblea Legislativa no más de dos meses después de esa firmeza.
Dado el carácter accesorio de esos pedimentos, en tanto dependen de que se hubiere acogido la pretensión anulatoria lo que aquí no ha sucedido, todas ellas resultan improcedentes. Si se ha establecido que los decretos impugnados son válidos, la delimitación ahí establecida resulta legítima porque se corresponde con los territorios que han sido tradicionalmente ocupados por la comunidad indígena de Kekoldi. En ese tanto, y como se indicó en Considerandos anteriores, la accionante es propietaria de la finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Limón, al Folio Real Matrícula Placa2092, pero solo respecto del territorio localizado y delimitado en los decretos impugnados. Por ende, no lo es de las tierras que fueron en esas normas excluidas precisamente por no haber sido ocupadas ancestralmente por ellos y que, además, se encuentran inscritas a nombre de particulares. Bajo esa perspectiva, no resultan aplicables a esos territorios excluidos las obligaciones que para el Estado establece el artículo 5 de la Ley Indígena como lo son los estudios, avalúos, reubicaciones y recuperación de territorios porque esos deberes tienen como condición que estemos frente a propiedad indígena comunal, entendiendo por esta territorios que han sido tradicionalmente ocupados por ellos, lo que en la especie no fue acreditado. Así las cosas, debe ordenarse también el rechazo de esos pedimentos, como en efecto se hace.
XVI.Sobre las pretensiones subsidiarias. La asociación demandante pide como tales que se declare que la CONAI, el INDER y el Estado (Poder Ejecutivo), deben pagarle solidariamente la suma de doce mil millones de colones como indemnización por la expropiación de hecho que produjo (valor material de la tierra, valor material de los recursos naturales-forestales y otros de uso común de las comunidades indígenas- y valor espiritual del territorio). Lo pedido resulta, también improcedente. La indemnización por expropiación de hecho parte de la base de la existencia de propiedad privada a la que le han sido impuestas una serie de limitaciones en virtud de las cuales, se impide al propietario el ejercicio de los atributos del dominio. En el caso concreto, y por las razones que han sido ampliamente expuestas esa condición no se presenta porque las tierras excluidas de la Reserva Indígena Nombre142238 mediante los decretos impugnados no son propiedad privada de esa comunidad indígena. Lo anterior por cuanto se trata de territorios que no han sido tradicional o ancestralmente ocupados por ellos. Si no estamos frente a propiedad privada de la accionante, evidente no hay limitación o expropiación de hecho de ese derecho fundamental porque, insistimos, no lo tiene, y resulta improcedente cualquier indemnización que se solicite.
XVII.Sobre las excepciones formuladas por los demandados. El representante estatal formuló las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho, esta última opuesta, también, por los representantes del INDER. La Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre142249 de Talamanca no opuso excepciones y la CONAI fue declarada rebelde por no haber contestado la demanda. La falta de legitimación pasiva que alega el Estado debe ser rechazada. En la especie se impugnan actos administrativos de alcance general que fueron dictados por el Poder Ejecutivo. En ese tanto, el Estado resulta legitimado pasivamente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 incisos 1) y 8) del CPCA. No obstante, debe acogerse la excepción de falta de derecho formulada por el Estado y el INDER, y que se aprecia de oficio con relación a los otros demandados. Lo anterior toda vez que, conforme lo expuesto en los Considerandos previos, las conductas formales impugnadas se conforma sustancialmente con el ordenamiento jurídico y la delimitación en ellas ordenadas es legítima por cuanto excluyó tierras que no habían sido ocupadas tradicionalmente por los indígenas de Nombre142238 .
En ese tanto, no forman parte del derecho de propiedad privada colectivo de esa comunidad indígena. Aunado a lo anterior, se demostró en esta litis que el territorio excluido ha sido ocupado e inscrito a nombre de personas no indígenas quienes han desarrollado ahí sus actividades desde antes de que se delimitara originalmente la Reserva. Si los terrenos excluidos no son propiedad de esa comunidad indígena, el Estado no tiene el deber de hacer estudios, avalúos, reubicaciones o expropiaciones porque todos esos deberes parten del presupuesto condicionante de que se haya demostrado que se trataba de territorios tradicionalmente ocupados por esa comunidad indígena, lo que en la especie no ha sido demostrado. Por las mismas, razones, no hay deber de indemnizar a la demandante ninguna expropiación de hecho porque ésta no ha surgido. Lo anterior supone el rechazo de la demanda en todos sus extremos, tanto principales como subsidiarios.
XVIII.Sobre tercería que formula la sociedad Tres-ciento uno-quinientos treinta mil quinientos cincuenta y seis S.A. Esta entidad fue admitida en este proceso, como tercero con pretensiones propias. En atención a la forma en que ha sido resuelto la demanda en este proceso, el primero de sus pedimentos debe ser acogido en tanto ya fueron rechazadas todas las pretensiones de la demandante. Pide, también, que se declare que la Asociación actora no tiene ningún derecho sobre las fincas del Partido Limón inscritas con la matrícula de folio real Placa1768. Placa27827 y Placa27828, que son propiedad de la sociedad gestionante. Si se ha tenido por acreditado que esos inmuebles pertenecen a la sociedad tercerista, la consecuencia lógica de esa inscripción registral es que la asociación actora no tiene derecho de propiedad sobre ellas. Además, también se acreditó que esas fincas forman parte de los terrenos excluidos (legítimamente, según se demostró) por los decretos impugnados, precisamente porque la asociación actora no demostró haberlos ocupado tradicionalmente.
En relación con las pretensiones referidas a que se declare que ninguna otra entidad privada o estatal, incluyendo a CONAI y al IDA, tiene derecho de propiedad o posesión sobre las fincas No. 0122172-000 y Placa27828 inscritas a su nombre y que se ordene a la Asociación actora abstenerse actualmente y a futuro de cualquier forma de perturbación de hecho o de derecho sobre los fundos indicados y que renuncien a cualquier proceso tendiente a obtener una declaratoria de derechos reales sobre ellos; debe señalarse lo siguiente. De conformidad con el artículo 264 del Código Civil, el dominio o propiedad absoluta de una cosa comprende los derechos de posesión, usufructo, transformación, enajenación, defensa, exclusión, restitución e indemnización. La posesión constituye uno de los atributos del derecho de propiedad; cuyo ejercicio se encuentra tutelado en el ordenamiento jurídico que establece una serie de instrumentos, sustantivos y procesales, para que el legítimo propietario los tutele.
Desde esa perspectiva, no corresponde al Tribunal efectuar una declaratoria genérica y abstracta sobre esos aspectos. Más bien, corresponde al titular del dominio, en este caso, la sociedad Tres-ciento uno-quinientos treinta mil quinientos cincuenta y seis S.A., hacer uso de esos instrumentos legítimos para repeler cualquier acto de posesión ilegítima, perturbación de hecho o derecho sobre sus propiedades. Tampoco podría el Tribunal ordenar a la actora que renuncie a cualquier proceso tendiente a obtener una declaratoria de derechos reales sobre ellos. El derecho de acción es una garantía de la que goza cualquier sujeto y que este Tribunal no podría limitar. En ese sentido, deberá la accionante estarse al uso de los instrumentos que el ordenamiento jurídico regula en aras de proteger su derecho de propiedad. Así, deben rechazarse las pretensiones tercera y cuarta de la tercería, en los términos expuestos.
XIX.Sobre las excepciones formuladas por la asociación accionante en la tercería. El representante de la parte actora formuló las excepciones de falta de legitimación ad causam pasiva, falta de interés y falta de derecho. La primera debe ser rechazada. Las pretensiones que se dirimen en la tercería se vinculan con la asociación accionante en tanto se pide, entre otros que se le ordene que no puede ejercer actos de posesión o perturbar la propiedad inscrita a nombre de quien formula la tercería. Debe también rechazarse la falta de interés actual ya que éste existe desde el momento en que existe algún conflicto respecto de la propiedad de los territorios que fueron excluidos mediante los decretos impugnados de la Reserva Indígena Nombre142238 . En ese tanto, se requiere de una resolución judicial que los resuelva. La falta de derecho debe ser acogida únicamente en cuanto al rechazo de las pretensiones tercera y cuarta. En lo demás se rechaza, toda vez que se declararon sin lugar todas las pretensiones de la demanda. En consecuencias, las pretensiones de la tercería se acogen parcialmente y en los términos que han sido expuestos.
XX.Sobre las costas. El numeral 193 del CPCA dispone que las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estimamos que, tanto en la demanda como en la tercería ha existido motivo suficiente para litigar. Lo anterior en tanto la asociación indígena demandante impugna delimitaciones efectuadas por el Estado, en procura de la tutela de su derecho de propiedad privada comunal. Este derecho, además, involucra elementos distintos a los del derecho de quienes no son indígenas, lo que da complejidad técnica al asunto en discusión. Por ende, estimamos que el proceso (tanto la demanda como la tercería) deben ser resueltos sin especial condena en costas.
POR TANTO
Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva formulada por el Estado. Se acoge la de falta de derecho opuesta por el Estado y el INDER; ausencia de derecho que también se declara de oficio respecto del CONAI y de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Nombre142249 de Talamanca. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Respecto de la tercería gestionada, se rechazan las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de interés actual formuladas por la asociación demandante. Se acoge la de falta de derecho únicamente en cuanto es improcedente que este Tribunal declare que ninguna otra entidad privada o estatal, incluyendo a CONAI y al IDA, tiene derecho de posesión sobre las fincas No. Placa27827 y Placa27828 inscritas a nombre de la sociedad tercerista y que se ordene a la Asociación actora abstenerse actualmente y a futuro de cualquier forma de perturbación de hecho o de derecho sobre los fundos indicados y que renuncien a cualquier proceso tendiente a obtener una declaratoria de derechos reales sobre ellos.
En lo demás se rechaza. En consecuencia, se acoge la tercería formulada por la sociedad tercerista en cuanto a que las pretensiones de la asociación actora son improcedentes y que la sociedad tercerista es la propietaria de las fincas del Partido Limón inscritas con la matrícula de folio real No. Placa27827 y Placa27828. Se resuelve este proceso, tanto en la demanda como en la tercería, sin especial condena en costas.
Cynthia Abarca Gómez José Roberto Garita Navarro Rosa María Cortés Morales PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTORA: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA Nombre142238 DEMANDADOS: EL ESTADO, El INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO, LA COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE TALAMANCA TERCERO INTERESADO: TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS S.A.
COADYUVANTES PASIVOS: LA CHEROKEANA TRES LIMITADA, JUMGLEBUNGALO LIMITADA, Nombre105706 , TRES-CIENTO UNO-CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO S.A., LOCO BRAVO DE COCLES S.A.,Nombre142239 , Nombre142240 , Nombre142241 , Nombre142242 , Nombre142243 , Nombre142244 , Nombre142245 , Nombre142246 , Nombre142247 , LORAXX PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA,OROPEL EXPOSICIONES INTERNACIONALES SRL Y LA SUCESIÓN DE Nombre142248 .
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