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Res. 00817-2010 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 30/08/2010

Strict liability for damages from agricultural burning and firesResponsabilidad objetiva por daños de quemas e incendios en predios agrarios

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OutcomeResultado

Partially grantedCon lugar parcialmente

The lower court's judgment is upheld, which jointly and severally ordered the property-owning company and its manager to pay damages for a fire caused by an illegal burn, reducing or rejecting certain claimed items.Se confirma la sentencia de primera instancia que condenó solidariamente a la empresa propietaria y a su gerente al pago de daños y perjuicios por un incendio provocado por una quema ilegal, reduciendo o rechazando algunos rubros reclamados.

SummaryResumen

This ruling by the Agrarian Tribunal addresses civil liability arising from a fire caused by an unauthorized burn on a farm. The plaintiffs sought compensation for damage to pastures, trees, fences, and livestock. The court analyzes the nature of liability for agricultural burns, concluding it is strict: whoever creates a risk through a dangerous activity must answer for the resulting harm, without the victim needing to prove fault. The tribunal examines the applicable legal framework, including the Law on Boundary Fences and Burns, the Forestry Law, the Soil Law, and the Civil Code, citing case law that upholds a presumption of guilt against the person who started the fire. Joint and several liability against the property-owning company and its manager is confirmed, and the appeals on the amount of damages are resolved. The core holding reaffirms that burning is an inherently risky activity incompatible with modern environmental protection, and that compliance with administrative requirements does not exempt civil liability for damage to third parties.Esta sentencia del Tribunal Agrario aborda la responsabilidad civil derivada de un incendio provocado por una quema no autorizada en una finca. Los actores reclamaron indemnización por daños a pastizales, árboles, cercas y ganado. Se discute la naturaleza de la responsabilidad en materia de quemas, concluyendo que es de tipo objetivo: quien crea el riesgo de una actividad peligrosa debe responder por el daño, sin que la víctima tenga que probar culpa. El tribunal analiza el marco normativo aplicable, incluyendo la Ley de Cercas Divisorias y Quemas, la Ley Forestal, la Ley de Suelos y el Código Civil, y cita jurisprudencia que sostiene la presunción de culpa contra el autor de la quema. Se confirma la condena solidaria contra la empresa propietaria del inmueble y su gerente, y se resuelven los recursos de apelación sobre la cuantía de los daños. En lo modular, se ratifica que la quema es una actividad intrínsecamente riesgosa, incompatible con la protección ambiental moderna, y que el cumplimiento de requisitos administrativos no exime de responsabilidad civil ante daños a terceros.

Key excerptExtracto clave

The regulatory framework for burns and fires follows the criterion of strict liability. Fault is presumed against whoever created the conditions of harm by having assumed the risk of damaging third parties through the burn or fire. The damages caused are at their expense. The injured party is exempt from proving fault. The burden of proof regarding absence of fault falls on whoever did the burning or started the fire. It is an iuris tantum presumption. Exemptions from liability would be force majeure, fault of the victim, or the act of a third party. X. Whoever assumes the risk accepts the effects of the contingency, foreseeing the eventuality or possibility of harm. Liability arises from creating the risk of harm. Upon initiating the activity, through their things, the subject increases, enhances, or multiplies the possibilities of danger. Even if the conduct is lawful, the person who assumed the risk must always indemnify the harm. (...) The activity of setting fires or burning is in itself directed against Nature. (...) The economic and social function of property also entails an ecological function: agriculture must develop in harmony, and not in antagonism, with Nature. For environmental preservation, social solidarity demands devising new mechanisms to prevent harm and threatening acts. This is the philosophy of the reform to Article 50 of the Political Constitution. [...] even if all possible precautions were taken and permission was obtained, whoever originates or causes a burn that produces damage to third parties is liable for it. This is so because it is a risky activity. Liability is strict as already explained.La normativa de quemas e incendios siguen el criterio de la responsabilidad objetiva. La culpa se presume en quien creó las condiciones del daño por haber asumido el riesgo de perjudicar a terceros con la quema o incendio. Los daños y perjuicios ocasionados son a su cargo. El damnificado está exento de probar la culpa. La carga de la prueba sobre la ausencia de culpa corresponde a quien quemó o incendió. Es una presunción iuris tantum. Sería eximente de responsabilidad la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero. X. Asume el riesgo quien previendo la eventualidad o posibilidad del daño acepta los efectos de la contingencia. La responsabilidad se funda en crear el riesgo para el daño. El sujeto al iniciar la actividad, por medio de sus cosas, aumenta, potencia o multiplica las posibilidades de peligrosidad. Aún cuando pueda tratarse de una conducta lícita, siempre debe indemnizar el daño quien asumió el riesgo. (...) La actividad de incendiar o quemar en si misma, va dirigida contra la Naturaleza. (...) La función económica y social de la propiedad entraña también una función ecológica: la agricultura debe desarrollarse en armonía, y no en antagonismo, con la Naturaleza. Para la preservación del medio ambiente la solidaridad social exige idear nuevos mecanismos para prevenir el daño y los hechos amenazantes. Este es la filosofía de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política. [...] aún en el caso de haberse tomado todas las previsiones posibles y de contarse con permiso, quien origina o cause una quema que produzca daños a terceros, es responsable de tales. Lo anterior es así por tratarse de una actividad riesgosa. La responsabilidad es de tipo objetivo como ya se explicó.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La normativa de quemas e incendios siguen el criterio de la responsabilidad objetiva. La culpa se presume en quien creó las condiciones del daño por haber asumido el riesgo de perjudicar a terceros con la quema o incendio."

    "The regulatory framework for burns and fires follows the criterion of strict liability. Fault is presumed against whoever created the conditions of harm by having assumed the risk of damaging third parties through the burn or fire."

    Considerando VI (citing Sala Primera)

  • "La normativa de quemas e incendios siguen el criterio de la responsabilidad objetiva. La culpa se presume en quien creó las condiciones del daño por haber asumido el riesgo de perjudicar a terceros con la quema o incendio."

    Considerando VI (citing Sala Primera)

  • "El damnificado está exento de probar la culpa. La carga de la prueba sobre la ausencia de culpa corresponde a quien quemó o incendió."

    "The injured party is exempt from proving fault. The burden of proof regarding absence of fault falls on whoever did the burning or started the fire."

    Considerando VI (citing Sala Primera)

  • "El damnificado está exento de probar la culpa. La carga de la prueba sobre la ausencia de culpa corresponde a quien quemó o incendió."

    Considerando VI (citing Sala Primera)

  • "Quien quema o incendia, aún con la autorización de la autoridad correspondiente, no puede ser eximido de responsabilidad."

    "Whoever burns or sets a fire, even with the authorization of the relevant authority, cannot be exempted from liability."

    Considerando VI (citing Sala Primera)

  • "Quien quema o incendia, aún con la autorización de la autoridad correspondiente, no puede ser eximido de responsabilidad."

    Considerando VI (citing Sala Primera)

  • "La función económica y social de la propiedad entraña también una función ecológica: la agricultura debe desarrollarse en armonía, y no en antagonismo, con la Naturaleza."

    "The economic and social function of property also entails an ecological function: agriculture must develop in harmony, and not in antagonism, with Nature."

    Considerando VI (citing Sala Primera)

  • "La función económica y social de la propiedad entraña también una función ecológica: la agricultura debe desarrollarse en armonía, y no en antagonismo, con la Naturaleza."

    Considerando VI (citing Sala Primera)

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Sections

Procedural marks

VOTE No. 0817-F-10 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. Goicoechea, at sixteen hours on treinta de agosto del dos mil diez.- ORDINARY PROCEEDING (proceso ordinario) brought by [Nombre1], of legal age, married, homemaker, resident of Palmares, holder of identity card number CED1 - - , and [Nombre2], of legal age, married, farmer, resident of Palmares, holder of identity card number CED2 - - , against MARSUPE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, corporate identification number CED3 - - ; and personally against its general attorney-in-fact without limitation as to amount (apoderada generalísima sin límite de suma), [Nombre3], of legal age, married, resident of Puntarenas, identity card number CED4 - - . Attorney Albino Solórzano Vega, whose personal details are unknown, participates as counsel of record (abogado director) for the plaintiffs, and attorney Guillermo Segura Amador, whose personal details are unknown, participates as counsel of record for the defendant.- RESULTS:

  1. 1The plaintiffs filed this ordinary action, requesting that the judgment declare: "... a) That both defendant [Nombre3] and co-defendant MARSUPE S.R.L. ARE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE TO PAY US ALL DAMAGES ARISING FROM THE FIRE THAT THEY NEGLIGENTLY CAUSED ON OUR PROPERTY. b) Consequently, the co-defendants must pay us, the co-plaintiffs, the following amounts in colones: 1) Payment for two hundred hectares of pastureland, at fifty thousand colones per hectare, totaling ten million colones. 2). Payment for at least fifty trees destroyed by the fire, totaling one million eight hundred seventy-five thousand colones. 3). Payment for fence posts burned along the perimeter of our property and around the paddocks, totaling two million colones. 4). Payment for and replacement of the damaged fencing wire, totaling five hundred thousand colones.5) Weight loss of two hundred animals, valued at seven million five hundred thousand colones.6) Payment for cattle feed, as set forth in fact VIII of the complaint, in the amount of two hundred ninety-one thousand four hundred colones.7) Payment for pasturing the animals for three months in the amount of five hundred forty thousand colones, and the additional sum of three hundred fifty thousand colones for transporting the animals.8) Payment for and transportation of wooden posts from Liberia, in the amounts of nine hundred thousand colones and one hundred twenty thousand colones, respectively. Labor costs for installing those posts and the wire, in the amount of two hundred fifty-nine thousand two hundred colones. In addition, the judgment must ultimately order payment of interest on the amount awarded from the time the wrongful act occurred, as well as both categories of costs in this proceeding... (folios 56 and 57)".
  2. 2The defendants denied the complaint and raised the following defenses (excepciones): lack of a legal right, lack of standing to sue and be sued, lack of a current interest, and statute of limitations. (see folios 65 to 69).-
  3. 3Attorney Mario Zamora Mata, the trial judge, ruled in the judgment issued at nine hours on once de agosto del dos mil cinco: "... POR TANTO: In accordance with the foregoing and the cited articles, the present ordinary proceeding brought by [Nombre1] and [Nombre2] against MARSUPE SRL AND [Nombre3] is hereby GRANTED. The defenses of lack of a legal right, lack of a current interest, lack of standing to sue and be sued, and statute of limitations are denied with respect to the relief granted, while the defense of lack of a legal right is sustained with respect to the relief denied. The judgment declares as follows: 1) Regarding compensation for two hundred hectares of pastureland, that item is denied because, as recorded during the judicial inspection (reconocimiento judicial), the grass grew back and is currently in use. According to the plaintiff’s own statements in his complaint and the relief requested, it follows that the cattle were off the property for a period of three months and, after that time, were returned to his property, where they have remained to date.It must be considered that the defendants’ conduct was negligent rather than intentional and that liability is being imposed on the basis of non-contractual liability (responsabilidad extracontractual). It must also be taken into account that the burned grass grew back naturally; there is no evidence in the record that it had to be fertilized or transplanted in order to grow again. 2). Regarding the trees destroyed, although the number was not duly established in the record, it is appropriate to recognize that, given the extent of the fire, the amount claimed by the plaintiff is logical and consistent. Accordingly, compensation is approved for fifty trees at twenty thousand colones each, totaling one million colones. 3). Regarding the item for burned fence posts, compensation is approved for one thousand five hundred posts at a price of twenty thousand colones each, totaling nine hundred thousand colones, and for transportation of the posts in the amount of one hundred twenty thousand colones. 4) Labor for installing posts: This item is approved in the amount of two hundred fifty-nine thousand two hundred colones. 5).The sum of one hundred fourteen thousand colones is approved for the purchase of barbed wire, staples, etc. 6). The sum of two hundred forty-five thousand colones is approved for the purchase of seven hundred sacks of poultry litter, because the cattle required additional feed, even though they were moved to another property, as they had been removed from their natural and stable habitat and the conditions would not have been the same. 7) The following amounts are approved for the stated purposes: THE SUM OF THREE HUNDRED FIFTY THOUSAND COLONES FOR TRANSPORTING THE ANIMALS TO AND FROM ANOTHER PROPERTY and back to the plaintiff’s property, and the sum of FIVE HUNDRED FORTY THOUSAND COLONES for leasing pastureland on another property for a period of three months. 8). The item for the animals’ weight loss is denied because, first, it was not shown that they lost weight and, second, the animals were taken elsewhere to graze and were provided with the additional feed that had to be purchased.Therefore, because the amounts for pastureland and the purchase of poultry manure are being awarded, this item is not warranted. Interest on the amount awarded is approved from the time this judgment becomes final, at the rate established for six-month term deposits by Banco Nacional de Costa Rica. The total amount is THREE MILLION FOUR HUNDRED NINETY-EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY COLONES. X. Costs: This Court considers that the defendants cannot be regarded as good-faith litigants and consequently orders them to pay the procedural costs and attorney’s fees of the proceeding. (Article 1045 of Código Civil and 1, 153, 155, 221, 290 et seq. of Código Procesal Civil)...". (see folios 328 to 344).-
  4. 4The plaintiffs and defendants filed appeals (recurso de apelación), stating the grounds on which they challenge the trial court’s position. (folios 364 and 367).-
  5. 5The statutory requirements were observed in the conduct of the proceeding, and the judgment contains no errors or omissions capable of rendering it null and void.-

Drafted by Judge ULATE CHACÓN, and,

CONSIDERING:

I.Legal Representative: Attorney Albino Solórzano Vega is deemed to have entered an appearance as counsel for the plaintiffs and designated fax number 2453-16-89 for service of notices, which the Case-Management Judge shall duly note.

II. The Court agrees with the statement of facts found to have been established, as it is consistent with the record

III.The Court likewise agrees with the findings regarding the facts not proven, because the parties’ assertions on those points lack evidentiary support.

IV.Counsel for the plaintiffs appealed, alleging the following grounds of error (agravios): 1.- The value of the pasturelands that burned was not recognized, although their destruction caused him to incur a series of expenses; the ruling proceeds as though it were sufficient to compensate only the associated damages, without considering the loss that had to be restored. This must be recognized and was estimated in the complaint at 10 million colones, pursuant to Article 1045 of Código Civil; he argues that the expert report (dictamen pericial) estimated the cost of one hectare of improved pasture at 71.000 colones. 2.- He also disagrees with the reduction of the number of burned posts to 1.500 when the report establishes 3.000 posts, and with the reduction of the value of each post to 600 colones when the expert valued them at 800. The judgment must therefore be corrected because it does not explain why it departed from the expert valuation (folios 4 and 7 of that report). 3.- He disagrees with awarding interest only from the date the judgment becomes final, because the judgment is declaratory rather than constitutive, and interest should be awarded from the filing of the complaint. 4.- He also disagrees with the consideration, in reaching the decision, of an estimated amount provided to OIJ when it had not yet been possible to assess all the consequences of the fire, given that the judge considered a limitation of 5 million even though the damages were far greater.

V.The defendant Marsupe Sociedad Anónima also appealed the judgment: 1.- It argues that the substantive law was erroneously interpreted, because there is no adequate causation (causalidad adecuada) between the conduct and the damage, this being one of the elements of subjective liability (responsabilidad subjetiva); proving fault (culpa) is not sufficient, as it is also necessary to demonstrate the causal relationship (relación causal) between fault and damage or loss (daño o perjuicio) (artículo 704 del Código Civil). It contends that the apparent damage suffered by the plaintiff is not a direct and immediate consequence of the conduct attributed to its principal, but instead constitutes indirect damage and is therefore not compensable, since, as can be seen, the claims are excessively burdensome for the party required to satisfy them, which instead gives rise to unjust enrichment (enriquecimiento injusto); moreover, the plaintiff has not proven fault on the part of Marsupe S.A., much less a causal relationship; 2.- It alleges a lack of standing to sue and be sued (falta de legitimación activa y pasiva), since the conduct falls outside the scope of artículo 1045 because no civil joint and several liability (solidaridad civil) on the part of its principal is identified.

The damages are not a consequence of the offense attributed in the contravention judgment (fallo contravencional) to [Nombre3] as attorney-in-fact (apoderada) for Marsupe, but rather to her personally; therefore, the civil action (acción civil) is improper and unlawful because there are no elements of culpability (culpabilidad) against it as a basis for attributing liability (criterio de imputación) under the contravention judgment. Nor is there civil liability (responsabilidad civil), because the Código Penal de 1941 excludes the liability of legal entities (personas jurídicas) whose ordinary activities should not be presumed to constitute risk-generating conduct; that is, this is not strict liability (responsabilidad objetiva). It argues that, in this case, the elements of subjective liability—culpability and causation (causalidad)—are not established, nor is the risk required for strict liability.

Joint and several noncontractual liability (responsabilidad solidaria extracontractual) is provided for in artículo 1046 when two or more perpetrators participate in causing damage; in this case, however, there is no evidence of fault on the part of Marsupe S.A., whether directly or indirectly under subjective liability (in eligendo or in vigilando), and artículo 1048 does not provide for vicarious liability (responsabilidad indirecta) for the unlawful acts (hechos ilícitos) of the directors of commercial companies. On the contrary, the Código Civil encompasses conduct committed with malicious intent (doloso) by a manager or director that breaks the causal connection, in which case liability does not fall upon the employer (patrono). It further argues that the principal (comitente) is not liable for conduct occurring outside the scope of the services entrusted. 3.- Finally, it alleges that the judgment lacks sufficient grounds (falta de fundamentación) insofar as it holds Marsupe S.A. jointly and severally liable, because it states that the fire that caused the alleged damage was started by the defendants, an assertion unsupported by the facts, much less by any showing of its principal’s participation, when the contravention judgment says no such thing.

The person who directly participated in the causative event was [Nombre3]. The judgment states that it “was proper” to sue its principal for damages because it owns the property and [Nombre3] was the manager, but it does not set forth the legal reasons or grounds necessary and sufficient to attribute that liability to the company. It argues that the judgment’s omission constitutes a serious defect that renders it void and that the Judge should instead have absolved it of liability; nor does the judgment explain whether [Nombre3] acted under express orders from the company or on her own initiative.

VI.Agrarian case law (Jurisprudencia Agraria) has been prolific in establishing strict liability for agro-environmental damage (daños agroambientales), particularly in cases involving controlled burns (quemas). The Court will therefore first analyze that issue:

“IV.- Our legal system contains several provisions that expressly and directly address burning and forest fires (incendios forestales) and the liability arising from them. These include: a) Ley de Cercas Divisorias y Quemas, N°121 of 26 de octubre de 1909: Article 5 prohibits burning in fields. It authorizes burning only when land is being cleared to make it suitable for agricultural purposes. This requires:

  • 1)Requesting permission from the local political authority;
  • 2)having safeguards and precautions in place to prevent destruction beyond that intended or harm to third parties;
  • 3)personally notifying all adjoining landowners or interested parties, or notifying them through a notice issued by the authority, of the date and time of the burn at least two days in advance;
  • 4)leaving a minimum distance of [Dirección1] around springs (manantiales) originating in the hills, and [Dirección2] meters around springs on flat land. Regarding liability, it expressly provides that, in all cases, anyone who conducts burning must pay compensation for the loss and damage caused by the fire. The owner, possessor, or lessee whose land was prepared for that purpose at the time of the fire is presumed to have caused the burn. B) The current Ley Forestal, N°7575 of 13 de febrero de 1996, in Chapter IV on “Forest Protection,” prohibits burning on forest land and adjacent land without first obtaining a permit from the State Forestry Administration. It refers to the Criminal Code for the punishment of anyone who conducts a burn without a permit (Article 35). Likewise, Articles 59 and 60 respectively punish intentionally or negligently causing a forest fire, with imprisonment of one to three years in the first case and three months to two years in the second. C) Regulations to the Ley Forestal, Decreto N°25721-MINAE of 17 de octubre de 1996: These provide that an official of the Forestry Administration must inspect the site before granting a burn permit (Article 34). D) Soil Use, Management and Conservation Law, N°7779 of 30 de abril de 1998: It requires that burns on agricultural land be conducted in accordance with MAG instructions and the permit issued for that purpose under the applicable burning regulations, as well as the provisions of the Organic Environmental Law and the Criminal Code (Article 24). E) Regulations on Soil Use, Management and Conservation, Decreto N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT of 8 de agosto del 2000: Chapter X, entitled “Agricultural Burning,” provides that MAG, in coordination with MINAE and the Ministry of Public Security, shall issue the fundamental principles under which agricultural burning may be authorized. Article 86 expressly requires prior authorization from MAG to conduct burns on land suitable for agriculture, and MAG must give the respective MINAE conservation area an opportunity to be heard so that it may issue its opinion regarding the effects on biota and ecosystems. It even states that deemed approval through administrative silence (silencio positivo) does not apply to MINAE’s opinion. Burning is prohibited on forest land, protective zones, national parks, and wildlife refuges (Article 88). F) Decreto N°17015-MAG, of 2 de mayo de 1986: It created the National Forest Fire Commission. Under Decreto N° 19434-MIRENEM of 11 de diciembre de 1990, that Commission is responsible for recommending national policies and preparing forest-fire prevention and suppression programs. G) Decreto N°21859-MIRENEM of 7 de diciembre de 1992: It established the Comité contra Incendios Guanacaste as a body for coordinating, supporting, and monitoring the Programa de Incendios Forestales de la Región Huetar Norte. H) Decreto N°23850-MAG-SP of 4 de noviembre de 1994, Regulations for Controlled Burning for Agricultural and Livestock Purposes: It establishes the minimum requirements for conducting burns and managing fires, particularly on land used for agriculture or livestock. A controlled burn (quema) is defined as a fire intentionally set and governed by a pre-established plan under which all preventive measures are taken to avoid damage to natural resources and adjoining landowners’ property. Fires are those that, whether occurring naturally or artificially, affect forests, forest land, agricultural land, or land used for livestock (Article 1). A written authorization from the Ministry of Agriculture and Livestock is required to conduct burns on agricultural and livestock land. In addition to the measures already taken and approved following the inspection that must be conducted before the permit is issued, the official must, if granting the permit, specify any additional measures deemed necessary (Articles 2 and 3). Article 6° establishes the following minimum requirements:
  • 1)Using firebreaks (rondas corta fuegos)—areas whose width is twice the height of the combustible material, as specified in the same Decree—to define the area to be burned and the combustible materials used;
  • 2)opening and clearing a firebreak around the perimeter of the area to be burned, which may not be less than one meter wide;
  • 3)having sufficient water and tools available to extinguish the fire in an emergency. The following additional measures may also be taken:
  • 4)notifying the local Police Directorate in advance of the date and time of the burn;
  • 5)having the assistance of at least one person;
  • 6)conducting the burn against the wind and downslope, after 16 and before 7 hours, and refraining from doing so on a windy day;
  • 7)verifying before leaving that the fire has been completely extinguished. Regardless of whether the respective permit has been obtained, however, Article 7° of the Decree clearly provides: “A person who conducts a burn, whether with or without a permit, shall be civilly liable for any loss and damage that may be caused, pursuant to Articles 41 and 50 of our Political Constitution and the rules governing non-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual) in our legal system.” I) Finally, “the general provisions contained in Articles 1045 et seq. of the Civil Code concerning non-contractual civil liability apply supplementarily to this matter” (see judgment of the First Chamber N°112 at 15:50 hours on 11 de octubre de1995). In the criminal sphere, the current Criminal Code punishes with a fine of 3 to 30 days anyone who violates provisions intended to prevent fires or prevent their spread (subsection 1° of Article 407), and anyone who violates the rules governing the burning of weeds, stubble, or other products of the land (subsection 2°).

VII.Modern legal scholarship, for its part, has supported the application of strict liability (objetivación de la responsabilidad) by including risk, in addition to negligence and intent, among the factors for imputing and legally attributing damage. It has even been proposed that other objective factors be included: guarantee, equity, abuse of rights, and exceeding the normal level of tolerance between neighbors. Damage is thus viewed not from the standpoint of the person who caused it, but from that of the injured party, in an effort to ensure that all unjustly caused damage is remedied. From another perspective, negligence has been separated from the unlawfulness of the act, with greater importance being given to the latter. “Once the equivalence between the unlawfulness of the act and negligence was broken, conduct acquired an autonomous character detached from the subjective aspect of the agent’s intent, becoming merely a means, cause, or criterion connecting a person deemed liable with a particular harmful event for which compensation must be paid.” (Franzoni (Massimo), La Actividad peligrosa, in Responsabilidad por daños en el tercer milenio, Abeledo Perrot, Buenos Aires,1997, p.120).

This is known as risk theory (Teoría del riesgo), which does not displace negligence but complements it, and may be summarized as the duty of anyone who creates a risk to compensate for the damage it causes to a third party. “Risk is a basis for imputation when, as a result of certain causes and particular activities classified as dangerous, damage occurs. Damage under these circumstances must be compensated, not because the agent acted intentionally or negligently, but because the legal system must protect the community from the performance of dangerous activities, such that anyone who carries them out incurs liability if damage is caused as a result thereof… Liability arising from risk does not depend on the agent’s intent or negligence, but originates solely from the occurrence of damage resulting from the dangerous activity. This consideration entails a special evidentiary regime under which the agent’s negligence is presumed solely because the unsafe activity was performed, relieving the victim of the burden of proving wrongful conduct.

The agent bears the burden of rebutting the presumption…” (Cubides Camacho Jorge, Hecho imputable dañoso in Del daño, Editora Jurídica, 1° Ed,Colombia,2001, p.260). According to other authors, “causation (relación causal) is an element of both the unlawful act and the contractual breach that directly links the damage to the unlawful act and indirectly links it to the element of subjective imputation or objective attribution. It is the unifying factor through which the damage and negligence—or, where applicable, the risk—are integrated into the single act that gives rise to the obligation to compensate” (see Bustamante Alcina (José), El perfil de la responsabilidad civil al finalizar el siglo XX in Responsabilidad por daños en el tercer milenio, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, p.24 a 26).

VIII.Conducting burns—regardless of their purpose—is undeniably a hazardous activity. Accordingly, and consistently with the legal scholarship cited, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has clearly stated: “VII.- Burns may give rise to civil and criminal liability for the person who conducts them. Civil liability is governed by the Ley de quemas y Cercas divisorias, which establishes the obligation of anyone who conducts burning to pay compensation for the loss and damage caused as a consequence of the fire (Article 5, paragraph 4). The owner, possessor, or lessee of land that was prepared for that purpose at the time of the fire is presumed to have caused the burn… VIII.- The Constitutional Chamber, through Voto N°3459 at 14 hours 42minutes on 20 de julio de 1993, held that Article 5°, fifth paragraph, of the Ley de Quemas y Cercas Divisorias had been repealed with respect to criminal liability…

The same Constitutional Chamber (Voto N°439-I-95 at 14:36 hours on 22 de agosto de 1995) clarified the aforementioned judgment N°3459-93 to the effect that Article 5°, paragraphs 5° and 6, of the Ley de Cercas Divisorias y Quemas is repealed only with respect to the criminal-law matters it contains… IX.- The regulations governing burns and fires follow the strict-liability standard. Negligence is presumed on the part of anyone who created the conditions giving rise to the damage by assuming the risk of harming third parties through a burn or fire. That person is liable for the resulting loss and damage. The injured party is exempt from proving negligence. The burden of proving the absence of negligence rests with the person who conducted the burn or caused the fire. This is a rebuttable presumption (presunción iuris tantum). Force majeure, fault by the victim, or the act of a third party would exempt that person from liability.

X. A person assumes a risk when, foreseeing the contingency or possibility of damage, that person accepts its potential consequences. Liability is based on creating the risk of damage. By initiating the activity through the use of their property, the person increases, heightens, or multiplies the potential for danger. Even when the conduct may be lawful, the person who assumed the risk must always compensate for the damage. There is even greater reason to impose liability when the act arises from unlawful conduct. The injured party cannot be required to bear damage resulting from conduct that the injured party did not initiate, unless that party placed themselves in circumstances in which the damage could occur.

Anyone who carries out a burn or sets a fire, even with authorization from the appropriate authority, cannot be exempted from liability. This is because, although the Ley de Quemas y Cercas Divisorias N° 121 del 26decotubre de 1909 establishes the guidelines for authorizing burns on agricultural holdings (fundos agrarios) and sets forth a series of obligations for anyone requesting authorization, this does not rebut the presumption of fault (presunción de culpabilidad). The requirements for authorizing burns are intended to ensure minimum risk. This is a precautionary measure, but it does not exempt anyone from liability. Therefore, compliance with the requirements necessary for authorization cannot operate to the detriment of neighboring landowners if the incident occurs. Accordingly, any damage to the property, crops, or persons of neighboring landowners must be compensated by the person who created the conditions giving rise to the risk through the fire or burn.

XI. The activity of setting fires or carrying out burns is itself directed against Nature. It is a practice of primitive agriculture in which fire is used as a substitute for human labor. Instead of using human or mechanical means to further agricultural activity, a destructive element is employed so that, upon the ashes of what has been destroyed, the cultivation of plants or raising of animals may begin. Actions of this kind are incompatible with present-day values. They threaten safety by placing the property, assets, and persons of neighboring landowners at risk. They likewise undermine the values associated with environmental protection. The economic and social function of property also entails an ecological function: agriculture must be conducted in harmony, and not in conflict, with Nature. For the preservation of the environment, social solidarity requires the development of new mechanisms to prevent harm and threatening acts.

This is the philosophy underlying the amendment to Article 50 of the Constitución Política. The Ley de Quemas y Cercas Divisorias and the entire issue of liability arising from that activity must be analyzed in accordance with those principles” (see judgment N° 112 of 15horas 50 minutos del11 de octubre de 1995. To the same effect, N° 113 of 16 horas del 11 de octubre de 1995). VII. The Chamber likewise clarified in the cited judgments that the obligation to compensate for damages and losses (daños y perjuicios) caused by burns, and the presumption of liability (presunción de responsabilidad) borne by the person who prepared the land for that purpose, cannot be limited to cases involving land clearing (desmontes). “Although it is true that Article 5 of the Ley de Cercas y Quemas Divisorias establishes a general prohibition against carrying out burns in fields, authorizing them in cases of land clearing to prepare land for agricultural purposes (first paragraph), this does not preclude that activity from being carried out under other conditions and for other purposes, as current realities demonstrate.

Accordingly, in the fourth paragraph of numeral 5°, the same Law establishes general liability when it states: ‘In all cases, anyone who carries out burns must pay the damages and losses…’. This falls squarely within the general principle of causing no harm to others. In this case, the defendant is liable for the damages and losses because it assumed the risk of harming its adjoining landowners through the burn. By beginning its activity and preparing the land to be burned, it increased the potential danger. This constituted unlawful conduct because it did not have authorization from the appropriate administrative authorities, as confirmed by the proven facts (hechos probados). It failed to take the minimum precautions required by law to prevent damage greater than that ordinarily caused. Although it took certain precautionary measures—constructing firebreaks (hechura de rondas)—this is insufficient to exempt it from liability for compensating the plaintiff for the damages and losses caused.

The only means of being released from that liability was to prove contributory fault by the victim (culpa de la víctima), a fortuitous event (caso fortuito), or the act of a third party (hecho de un tercero), none of which it did. Although the Ley de Quemas y Cercas Divisorias dates from 1909, it must be interpreted in accordance with Articles 10 of the Código Civil and 5 of the Ley Orgánica del poder Judicial. Modern interpretation—systematic, substantive, and evolutionary—requires adapting the content of the provision to the historical circumstances and the social and economic reality in which it is to be applied. To that end, account must be taken of the principles and values contained in the Constitución, as well as those contained in special legislation governing agricultural matters.” (see cited judgment N° 112-95). VIII. Based on the foregoing, burns may be carried out on land suitable for agricultural and livestock use (terrenos de vocación agropecuaria), provided that the requirements established in our legal system are met, including taking sufficient precautionary measures to control the fire, obtaining prior authorization from the respective public entities, particularly the relevant office of the Ministerio de Agricultura y Ganadería, and notifying the owners or persons responsible for neighboring properties.

This last requirement is of utmost importance because, even when every possible measure is taken, natural phenomena such as wind, air currents, and others may cause the fire to spread to areas beyond those originally intended to be burned. Notification of adjoining landowners is specifically intended to minimize or prevent the spread of the fire and the occurrence of greater damage, since it enables neighbors to monitor their own land more effectively and allows them to be prepared to fight the fire if necessary. However, even where every possible precaution has been taken and authorization has been obtained, anyone who initiates or causes a burn that damages third parties is liable for that damage. This is because it is a hazardous activity (actividad riesgosa). Liability is strict (responsabilidad objetiva), as already explained.” (Tribunal Agrario, No. 815-F-03 del 16 de diciembre del 2003).-

VII.Appeal (recurso) by co-defendant Marsupe Sociedad Anónima: The co-defendant company, Marsupe S.A., challenged the judgment, alleging three principal grounds: the lack of a causal relationship (relación causal) between the conduct and the damage; the lack of standing to sue and be sued (legitimación activa y pasiva), because no joint and several liability (responsabilidad solidaria) existed; and, finally, nullity (nulidad) for failure to state the grounds for the judgment. The appellant is incorrect on all three grounds of grievance, which shall be resolved in the reverse order from that in which they were raised in the appeal, as this is the logical order for their analysis. 1.- Regarding the alleged “failure to state the grounds for the judgment,” with respect to the joint and several judgment against Marsupe S.A., it contends that this has no basis in fact because the participation of the company it represents was not proven, the misdemeanor judgment (sentencia contravencional) does not so state, and the necessary and sufficient legal grounds were not provided, rendering the judgment null and void.

Those assertions are inaccurate. First, in proven fact 10, the trial court (a-quo) found that the fire occurred on the property of defendant Marsupe, that Ms. [Nombre3] Arias Jiménez ordered the burning, and that it subsequently spread to the plaintiffs’ properties. That fact, supported by the testimony of [Nombre4], [Nombre5], [Nombre6], [Nombre7], [Nombre8], and [Nombre9], has not been rebutted by the appellant; and, contrary to its assertion, in the misdemeanor judgment of 3 de mayo del 2001, the Judge concluded as follows: “...they breached their duty of care and failed to exercise due precaution because, on an unspecified date last year, they started a fire on the Marsupe property without requesting permission from the respective authorities, and although they took some precautions, these were insufficient and the fire spread to at least three neighboring properties...” (folio 23). Regarding the company’s liability, the trial court did provide grounds for attributing liability to it, clearly stating that “...it owns the property where the fire started, and Ms. [Nombre3] Arias Jiménez is the Manager of that corporation, which is the reason the matter was brought before the civil courts, as shown in the record...This manner of conducting burns without requesting permission from the corresponding authorities and without notifying adjoining landowners undoubtedly falls within the forms of fault (culpa) known as negligence (negligencia) and recklessness (imprudencia)....” (see judgment at folios 338-339).

In addition, the judgment cites the statutory provisions and legal scholarship concerning non-contractual liability (responsabilidad extracontractual), particularly Article 1045 et seq. of the Código Civil (Considerandos IV, IV bis y VII). As can be seen, the judgment did state its grounds, and therefore there is no basis for nullity. 2.- Regarding joint and several non-contractual liability (responsabilidad solidaria extracontractual) and the alleged lack of standing to sue and be sued, the appellants are likewise incorrect. Numerous provisions establish the joint and several liability of companies in cases involving strict liability (responsabilidad objetiva). Article 103 of the Código Procesal Penal, in conjunction with Article 106 thereof, establishes the joint and several liability of legal entities (personas jurídicas) whose managers, administrators, or legal representatives are found liable for criminal offenses (hechos punibles).

The same rule is contained in Articles 135 and 137, subsection 3, of the Código Penal de 1941, which identifies the following as jointly and severally liable: “Natural or legal persons owning establishments in which a criminal offense is committed as a result of the violation of police laws or regulations by the establishment’s administrators, employees, or servants.” Those provisions are also related to Articles 1046 and 1048, third paragraph, of the Código Cviil, insofar as they concern objective joint and several liability (responsabilidad solidaria objetiva). Both have also been interpreted in conjunction with Article 5 of the Ley de Quemas y Cercas Divisorias and the Ley Forestal, from which precisely the opposite of what the appellant asserts follows: both natural and legal persons are jointly and severally liable for agrarian damage (daño agrario) caused. Article 57 of the Ley Forestal provides: “...in the case of legal entities, civil liability (responsabilidad civil) shall extend to their legal representatives.

Likewise, both natural and legal persons shall be civilly liable for the ecological damage (daño ecológico) caused, in accordance with Article 1045 of the Código Civil”; in this case, sufficient evidence exists to establish the connection between Marsupe S.A. and [Nombre3], who was known as its representative. 3.- Regarding the causal relationship between the conduct and the damage, it has been more than sufficiently established, even though in these strict-liability cases proof of fault is not required, since what matters is the existence of a hazardous activity (actividad riesgosa), followed by the occurrence of the damage itself. As previously stated, the criminal judgment itself clearly established that the burn was carried out by a laborer, on the representative’s orders, on the property of Marsupe S.A., and that the fire subsequently spread across the adjoining lands, affecting at least three neighboring properties (see folios 22 and 23).

This logically caused extensive damage, as established in proven fact six, which was not rebutted by the appellant and is documented both in the OIJ report and in the photographic sequence entered into the record (folios 2 to 10). Indeed, even four years later, evidence of the burning on the plaintiffs’ property remained (see the judicial inspection report (acta de reconocimiento judicial) at folio 148 and expert-assessment photographs at folios 290 and 291). The testimonial evidence likewise attests to this causal relationship: “...I worked on a property located between the two, between that of Mr. [Nombre2] and that of Ms. [Nombre3], and we were there at around eleven in the morning when we began to see smoke on [Nombre3]’s property. Later, it was not merely smoke; the lady’s property was engulfed in flames. It was during the dry season, and sparks were flying everywhere, with whirlwinds of fire caused by the wind.

The wind carried the sparks onto the property where I was and onto Mr. [Nombre10]’s property. What happened was a major fire that devastated Mr. [Nombre2]’s property, including the land, pastures, fences, and trees...” (testimony of [Nombre7], at folio 140). In summary, the appellant defendant is incorrect on all of its grounds of grievance; accordingly, the judgment granting relief must be affirmed with respect to the plaintiffs’ standing to sue and the defendant’s standing to be sued.

VIII.Second, the issue of damages and losses (daños y perjuicios) shall be analyzed. The case law has defined those concepts as follows: “IV.- Damage (daño) is one of the prerequisites for non-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual), because the duty to compensate arises only where an unlawful and harmful act has occurred that injures a legally relevant interest capable of protection by the legal system. In the legal sense, damage consists of any impairment, loss, or detriment to a person’s pecuniary or non-pecuniary legal sphere, causing the injured party (damnificado) to be deprived of a legally protected interest whose preservation could objectively have been expected had the harmful event not occurred. Under this approach, there is no civil liability in the absence of damage, just as there is no damage in the absence of an injured party. Moreover, only damage that is proven as real or existing is compensable, this being a factual matter entrusted to the sound discretion of the adjudicator.

In short, damage constitutes the detrimental difference suffered by the victim, resulting from a comparison of the situation before the unlawful act with the situation after it. The terms ‘damage’ and ‘losses’ are often used indiscriminately. These two concepts must be clarified and distinguished. Damage consists of the loss inflicted upon the injured party—actual loss (damnum emergens)—whereas losses consist of the gain or benefit that was frustrated or not received—lost profits (lucro cesans)—which could reasonably and probably have been expected had the unlawful act not occurred. V. Not every form of damage gives rise to an obligation to compensate. For damage to be compensable, the following characteristics must essentially be present: A) It must be certain, real, and actual, rather than merely contingent or hypothetical; it cannot be based on supposed or conjectural outcomes. Damage does not lose this character merely because its quantification is uncertain, indeterminate, or difficult to assess or prove; nor should certainty be confused with present occurrence, since compensation is permissible for damage that is certain but future; future damage must not be confused with lost profits or losses.

Regarding the magnitude or amount—seriousness—of the damage, this is a matter solely within the subjective purview of the injured party; nevertheless, the law cannot entertain claims based on insignificant damage arising from excessive sensitivity. B) There must be injury to a legally relevant interest deserving compensation. Thus, there may be a directly injured party and an indirectly injured party: the former is the victim of the harmful event, and the latter consists of the victim’s successors. C) It must have been caused by a third party and remain outstanding; that is, it must not have been remedied. D) There must be a causal relationship between the unlawful act and the damage. VI. Among the categories of damage are, first, property damage (daño material) and bodily injury (daño corporal), the former affecting the tangible things or property comprising a person’s estate, while the latter affects bodily and physical integrity.

In legal scholarship, the generic term material or pecuniary damage (daño material o patrimonial) commonly encompasses the specific categories of bodily injury and property damage in the strict sense. The latter appears to be the more apt expression, since bodily injury commonly affects the injured party’s pecuniary interests—payment for medical treatment, hospitalization expenses, medications, etc.—as well as gains foregone if the injury has rendered the person unable to engage in his or her usual occupations—losses—etc.…” (Sala Primera de la Corte, No. 112 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992 y No. 714 de 16:20 horas del 18 de setiembre del 2002) – Underlining not in the original-.

IX.With regard to proof of damages (daños y perjuicios), the principle of the burden of proof (carga probatoria) enshrined in Article 317 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil) applies, and, in enforcement proceedings in agrarian matters, Article 62(c) of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria) applies. In this regard, national case law has established the following: “In matters of damages, a subject concerning which there is extensive experience, evidence plays a very important role. Whoever alleges damages must prove them, as must whoever denies them, except in the case of subjective non-pecuniary harm (daño moral subjetivo), which judges are permitted to assess according to the rules of experience, logic, and science, without being bound by any other evidentiary criterion. In the modern procedural system, the Roman maxim judex secundum allegata et probata partium decidere debet remains fully applicable.

This means that judges are limited to rendering their judgments on the basis of everything alleged and proven by the parties. The mere allegation of a fact is insufficient for an award, because it is the party who is required to offer the evidence in a timely manner, obtain its admission by the judge, present it so that it may be received, and, finally, within the process of assessing the evidence—a task that lies preeminently with the judge—have those evidentiary elements assigned the weight necessary to establish the alleged fact. This is the well-known principle of the burden of proof (carga de la prueba). It consists of the obligation of anyone alleging a fact or claim to prove legally what has been alleged. This differs greatly from the mere fact that an allegation or the evidence itself appears in the case file, because, for cassation purposes, evidence is only that to which the judgment accords such status after a rigorous assessment process.

And the principle has an important connotation not only in the affirmative sense but also in the negative sense, since whoever alleges the nonexistence, modification, or extinguishment of a fact or claim must also prove it. In a democratic and non-inquisitorial system, many other principles are linked to the burden-of-proof principle, foremost among them the principle of freedom of evidence (libertad probatoria). Under that principle, all parties must have broad authority to offer all lawful means of proof, particularly those lawfully obtained—that is, all means duly authorized by the legal system and entered into the case file in accordance with the procedures also prescribed by the procedural system, in which the parties must have the right to examine their own evidence and that of the opposing party, for the purpose of proving or denying facts and asserting or disputing claims.” (First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), No. 554 at 15:10 on 4 de agosto del 2000 – emphasis not in the original).

For an award of damages, case law has required proof of the causal link (nexo causal) between the general award imposed and the amount claimed in the enforcement proceedings (Sala Primera, No. 830 at 11:45 on 22 de setiembre, 2004, and No. 674 at 11:30 on 18 de agosto del 2004). Furthermore, case law has established that damages arising from an unlawful act or conduct are value debts (deudas de valor), rather than monetary debts, and therefore the amount must not become a reason for denying them, provided that they are proven (In this regard, Sala Primera,Voto No. 226 of 31 de marzo del 2004).

X.Appeal by the plaintiffs (Recurso de la parte actora): With regard to the damages, the plaintiffs challenge the failure to award them the value of the pastures, for which they claimed 10 million colones, given that the expert report (dictamen pericial) estimated the cost of one hectare of improved pasture at 71.000 colones. They also disagree with the reduction of the number of burned posts to 1.500 when the expert determined that there were 3000 posts with a value of 800 colones each, and no explanation was given as to why the lower court (a-quo) departed from the expert valuation. 1.- As to the first claim, the lower court rejected the item relating to the loss of pasture, finding that the grass grew back and is currently in use and, furthermore, that the cattle were kept off the property for three months and were then returned to it, since the grass grew back naturally. The Court agrees with the lower court’s decision, because the burning of the grasslands in no way caused their disappearance; rather, it was a temporary situation lasting approximately three months, for which the plaintiffs were awarded the cost of feed (poultry litter), transporting the animals to another property, and renting pastureland.

This compensates for the harm caused by the temporary loss of the pasture, since it plainly grew back several months after being razed by the fire. 2.- With regard to the posts, the lower court deemed it fair to award compensation for one thousand five hundred posts, totaling nine hundred thousand colones. The number of posts recognized was based on an approximate estimate of the paddocks that were damaged, the time when the damage occurred, and the date of replacement, since there was no certainty as to the total number of posts burned. An approximate figure was used because, according to the report of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial), 15 paddocks were razed (out of twenty in total), and some areas were more damaged than others (folios 3, 4 and 5), without absolute certainty as to how many posts were actually damaged. With regard to the value or estimate, it must be noted that Article 123 of the 1941 Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), concerning the rules for reparation of harm in this type of event, states that “...the responsible party shall be required to pay its value according to an expert appraisal as of the date of the offense.

If such an appraisal cannot be made because the item has been destroyed or has disappeared, the judges shall determine its value on the basis of the information in the proceedings.” Thus, in this case as well, the judge has discretion to establish the “quantum” of compensation; for that purpose, the lower court took into consideration the amount initially claimed by the plaintiffs in the criminal proceedings, which was the sum of five million colones. In light of the foregoing, the Court finds that the appellant’s grounds of appeal regarding compensation for paddocks and wooden posts are without merit. 3.- Regarding interest. The appellants state that they disagree with the award of interest beginning when the judgment becomes final. It must be noted that this is a claim for strict patrimonial liability (responsabilidad patrimonial objetiva); therefore, liability first had to be determined, followed by the value of the damages.

Article 706 of the Civil Code (Código Civil) establishes that “If the obligation is to pay a sum of money, damages shall always and exclusively consist of the payment of interest on the amount due, calculated from the expiration of the term.” In this case, the value becomes fixed when the judgment becomes final, and it is therefore from that point onward that compensation for the harm caused may be collected. 4.- Finally, regarding the use of the value estimated by the plaintiffs in the misdemeanor proceedings (causa contravencional), which appears in the OIJ report, it is evident that the lower court, like this Court, considers it to be the amount most closely corresponding to the time when the harm occurred and the date on which the plaintiffs had to make the replacements. Accordingly, Articles 123 and 124 of the 1941 Criminal Code (Código Penal) apply. Although there is an expert appraisal by [Nombre11] , it should be noted that it conducts the valuation in noviembre del 2004 at the “current cost” (folio 275), rather than as of the date of the offense, which is what Article 123 authorizes.

For that reason, the defendant challenged that valuation when it argued as follows: “...Fortunately, the expert determines what, according to him, is the CURRENT cost of ESTABLISHING—that is, planting—new pasture; however, on the one hand, the current price is not the same as it was 4 years ago...The same consideration must be applied when he determines the value of the damaged fences...” (folio 302). As stated in the preceding recital (considerando), there was no certainty as to the number of posts damaged and, in any event, their price was set as of the time of replacement.-

XI. In light of all the foregoing, the appealed judgment must be affirmed insofar as it was challenged on appeal

POR TANTO:

Insofar as it was challenged on appeal, the appealed judgment is AFFIRMED.

ENRIQUE ULATE CHACÓN ANTONIO DARCIA CARRANZA CARLOS PICADO VARGAS Nº EXPN1 Ordinary proceeding filed by Plaintiff [Nombre1] and another Against Marsupe SRL.

li.+++

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VOTO Nº 0817-F-10 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. Goicoechea, a las dieciséis horas del treinta de agosto del dos mil diez.- PROCESO ORDINARIO de [Nombre1] , mayor, casada, oficios domésticos, vecina de Palmares, con cédula de identidad número CED1 - - , y [Nombre2] , mayor, casado, agricultor, vecino de Palmares, con cédula de identidad número CED2 - - , contra MARSUPE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con cédula jurídica número CED3 - - ; y en su carácter personal contra la apoderada generalísima sin límite de suma [Nombre3] , mayor, casada, vecina de Puntarenas, cédula de identidad número CED4 - - . Intervienen el licenciado Albino Solórzano Vega de calidades desconocidas como abogado director de los actores, y licenciado Guillermo Segura Amador de calidades ignoradas como abogado director de la demandada.-

RESULTANDO:

  1. 1La parte actora formula la presente demanda ordinaria donde solicita que en sentencia se declare: "... a) Que tanto la demandada [Nombre3] , como la codemandada MARSUPE S.R.L. ESTAN OBLIGADAS A PAGARNOS SOLIDARIAMENTE TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PROVENIENTES DEL INCENDIO QUE CAUSARON CULPOSAMENTE EN NUESTRA FINCA. b) Que por consecuencia, los codemandados deberán pagarnos a los codemantes las siguientes sumas de colones: 1) Pago de doscientas hectáreas de potrero, a cincuenta mil colones por hectárea, lo que da un total de diez millones de colones. 2). Pago de un mínimo de cincuenta árboles destruidos por el fuego, por un total de un millón ochocientos setenta y cinco colones. 3). Pago de los postes de cerca quemados en el perímetro de nuestra finca y en el de los apartos, por un total de dos millones de colones. 4). Pago y reposición del alambre de cercar dañado, por el total de quinientos mil colones.5) Pérdida de peso de doscientos animales, por un valor de siete millones quinientos mil colones.6) Pago de alimento para ganado, contenido en el hecho VIII de la demanda por doscientos noventa y un mil cuatrocientos colones.7) Pago de potreraje para los animales por tres meses por quinientos cuarenta mil colones y la suma adicional de trescientos cincuenta mil colones por el traslado de los animales.8) Pago y traslado de postes de madera desde Liberia novecientos mil colones y ciento veinte mil colones respectivamente. Costo de mano de obra para poner dichos postes y los alambres, por un valor de doscientos cincuenta y nueve mil doscientos colones. Además deberá la sentencia ordenar en definitiva que se paguen intereses sobre la suma declarada desde la ocurrencia del ilíticito y ambas costas de este juicio... (folios 56 y 57)" .
  2. 2La parte accionada contestó negativamente la demanda y opuso las siguientes excepciones: falta de derecho, de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual y de prescripción. (ver folios 65 a 69).-
  3. 3El licenciado Mario Zamora Mata juez de primera instancia en sentencia de las nueve horas del once de agosto del dos mil cinco, resolvió: "... POR TANTO: De conformidad con lo antes expuesto y artículos citados se declara CON LUGAR el presente proceso ordinario establecido por [Nombre1] y [Nombre2] contra MARSUPE SRL Y [Nombre3] , se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual, falta de legitimación activa y pasiva y prescripción en cuanto a lo concedido, se acoge la excepción de falta de derecho en cuanto a lo denegado. Declarándose en sentencia lo siguiente: 1) En cuanto a la indemnización por concepto de pago de doscientas hectáreas de potrero, el mismo rubro se rechaza, ya que tal y como consta en el reconocimiento judicial, el zacate volvió a nacer y en la actualidad se encuentra en uso, de acuerdo a lo dicho por el mismo actor en su demanda y a lo solicitado, se desprende que el ganado estuvo fuera de la finca por espacio de tres y luego de ese tiempo se trajo de nuevo a su finca hasta la fecha, se debe considerar que la acción de los demandados fue culposa y no dolosa y que lo que se castiga es por la responsabilidad extracontractual, asimismo se debe tomar en cuenta que el zacate que se quemó volvió a nacer de forma natural, no esta demostrado en autos que se tuviera que abonar o transplantar para que naciera de nuevo. 2).En cuanto a los árboles destruidos, si bien es cierto no quedó debidamente demostrado en autos la cantidad, si es dable reconocer que por la extensión del incendio si es lógica y congruente la cantidad demandada por el actor, en ese sentido se aprueba en la cantidad de cincuenta árboles a una suma de veinte mil colones cada uno, para un total de un millón de colones. 3). En cuanto a la partida de postes de cerca quemados se aprueba en la cantidad de mil quinientos postes a un precio de veinte mil colones cada uno, para un total de novecientos mil colones, transporte de los postes en la suma de ciento veinte mil colones. 4) Mano de Obra por instalar postes: Dicha partida se aprueba en la suma de doscientos cincuenta y nueve mil doscientos colones. 5). Se aprueba la suma de ciento catorce mil colones por concepto de compra de alambre de púa, grapas, etc. 6). Se aprueba la suma de doscientos cuarenta y cinco mil colones por concepto de compra de setecientos sacos de pollinaza, ello en virtud de que el ganado necesitaba alimento extra, aunque fuera a otra finca ya que fue sacado de su habitad natural y estable y las condiciones no serían las mismas. 7) Se aprueban las siguientes sumas por los conceptos que se dirán: LA SUMA DE TRESCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LOS ANIMALES DE IDA Y REGRESO A OTRA FINCA y a la del actor, la suma de QUINIENTOS CUARENTA MIL COLONES, por concepto de alquiler de pastizales en otra finca por espacio de tres meses. 8).Se rechaza el rubro en cuanto a la pérdida de peso de los animales, ya que no se demostró que los mismos hayan perdido peso y segundo que los animales se llevaron a pastar a otro lugar y se les dió el alimento extra que hubo que comprar, razón por la cual el estarse concediendo los rubros por concepto de pago de pastizales y la compra de gallinaza, dicha partida no es procedente. Se aprueban los intereses por la suma concedida y a partir del momento en que esta sentencia se encuentre en firme, al tipo establecido para los depósitos a plazo de seis meses del Banco Nacional de Costa Rica. Siendo un total de TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE COLONES. X. costas: Considera este juzgador que los demandados no pueden ser considerados como litigantes de buena fe y en consecuencia se les condena al pago de las costas procesales y personales del proceso. (Artículo 1045 del Código Civil y 1, 153, 155, 221, 290 y siguientes del Código Procesal Civil)...". (ver folios 328 a 344).-
  4. 4Los actores y demandados formularon recurso de apelación indicando los motivos por los cuales refutan la tesis del juzgado de instancia. (folios 364 y 367).-
  5. 5En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-

Redacta el Juez ULATE CHACÓN, y,

CONSIDERANDO:

I.Representante Legal: Se tiene por apersonado al Licenciado Albino Solórzano Vega como abogado de los actores y señaló el número de fax 2453-16-89 para recibir notificaciones de lo cual deberá tomar nota la Jueza Tramitadora.

II. El Tribunal comparte la relación de hechos tenidos por acreditados, por ser conforme a los autos

III.De igual modo se comparte lo dispuesto en cuanto a los hechos indemostrados, por faltar respaldo probatorio de las afirmaciones de las partes en esos extremos.

IV.El apoderado de los actores apeló aduciendo los siguientes agravios: 1.- No se reconoce el valor de los potreros que se quemaron, cuya desaparición le provocaron una serie de gastos que tuvo que hacer, y se procede, como si fuera suficiente, a indemnizar solo los daños y perjuicios concomitantes, sin considerar la merma que tuvo que recuperarse; ello deberá reconocerse lo cual fue estimado en la demanda en 10 millones de colones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1045 del Código Civil; el dictamen pericial, aduce, estimó el costo de una hectárea de pasto mejorado en 71.000 colones. 2.- Tampoco está de acuerdo en que se haya reducido el número de postes quemados a 1.500, cuando el informe establece 3.000 postes, y que el valor de cada uno se haya reducido a 600 colones, si el perito les dio un valor de 800, por lo que deberá corregirse el fallo, porque no explica el motivo por el cual se apartó del valor pericial (folios 4 y 7 de dicho informe). 3.- No está de acuerdo en la fijación de intereses a partir de la firmeza de la sentencia, porque la misma es declarativa y no constitutiva, debiendo reconocerse desde la presentación de la demanda. 4.- Tampoco está de acuerdo que se haya tomado en consideración para resolver una suma estimativa realizada ante el OIJ, cuando no se había podido valorar todas las consecuencias del incendio, siendo que el juez tomó en cuenta una limitación a 5 millones, siendo que los daños fueron muy superiores.

V.La parte demandada Marsupe Sociedad Anónima, también recurrió el fallo: 1.- Aduce que existe una errónea interpretación de la ley sustantiva, dado que no existe la causalidad adecuada entre la conducta y el daño, siendo uno de los elementos de la responsabildad subjetiva, no bastando probar la culpa, sino que es necesario demostrar la relación causal entre culpa y daño o perjucio (artículo 704 del Código Civil); el aparente daño sufrido por la actora, aduce, no es consecuencia directa e inmediata de la conducta atribuida a su representada, sino más bien daños indirectos, y por ende no indemnizables, pues como se ve las pretensiones resultan demasiado onerosas respecto a la parte obligada a satisfacerlos, lo que más bien genera enriquecimiento injusto, siendo que el actor no ha probado la culpa de Marsupe S.A. y menos la relación de causalidad; 2.- Acusa que hay falta de legitmación activa y pasiva, siendo que la conducta está fuera de la aplicación del artículo 1045, porque no se señala alguna solidaridad civil por parte de su representada, los daños y perjuicios, no son consecuencia de la falta atribuida en el fallo contravencional a [Nombre3] , como apoderada de Marsupe, sino en forma personal, siendo impropia e ilegal la acción civil, porque en su contra no existe elementos de culpabilidad como criterio de imputación del fallo contravencional; tampoco a responsabilidad civil, porque el Código Penal de 1941 excluye la responsabilidad de personas jurídicas en las cuales su actividad normal no debe presumir una conducta generadora de riesto, es decir, no se trata de una responsabilidad objetiva; en este caso, aduce, no se configuran los elementos de la responsabilidad subjetiva (culpabilidad y causalidad), y tampoco el riesgo de la responsabilidad objetiva.

La responsabilidad solidaria extracontractual está dada en el artículo 1046, cuando concurren dos o más autores en la producción de un daño, siendo que en este caso se hecha de menos la prueba de la culpa de Marsupe S.A., en forma subjetiva directa o indirecta (in eligendo o in vigilando), y del 1048 no queda prevista la responsabilidad indirecta por hechos ilícitos de los administradores de sociedades mercantiles, por el contrario el código civil incluye los comportamientos cometidos con mala intención (doloso) del gerente o administrador que rompe la relación, siendo que la responsabilidad no recae sobre el patrono; además, aduce, el comitente no responde de las conductas realizadas fuera del servicio encomendado. 3.- Finalmente, reclama falta de fundamentación del fallo en cuando condena solidariamente a Marsupe S.A., porque se afirma que el incendio generador de los supuestos daños fue ocasionado por los demandados, lo cual no encuentra asidero en la realidad, menos que se demostrara la participación de su representada, cuando la sentencia contravencional no lo dice.

Quien participa directamente en la causa generadora lo es la señora [Nombre3] . En el fallo se afirma que "está bien hecho" que se haya demandado a su representada para el reclamo de los daños, dado que es la propietaria del inmueble y la señora [Nombre3] era la gerente, pero no se justifica las razones o motivos jurídicos necesarios y suficientes para la atribución de esa responsabilidad a su empresa. La omisión del fallo, aduce, provoca un vicio grave que lo anula, siendo que el Juzgador más bien debió eximirla de responsabilidad, tampoco explica si la señora [Nombre3] actuó bajo ordenes expresas de la Sociedad, o bajo su propia decisión.

VI.La Jurisprudencia Agraria ha sido prolifera en el establecimiento de la responsabilidad objetiva por daños agroambientales, y en particular ara el caso de las quemas, por lo que el Tribunal procederá, en primer lugar a analizar ese tema:

" IV.- Nuestro ordenamiento jurídico contiene varias disposiciones que en forma expresa y directa se refieren a las quemas e incendios forestales y la responsabilidad que se origina por ellos. Tenemos así: a) Ley de Cercas Divisorias y Quemas,N°121 de 26 de octubre de 1909: Su artículo 5 prohibe hacer quemazones en los campos. Únicamente las autoriza cuando se trate de desmontes para habilitar terrenos con fines agrícolas: Para ello se debe: 1) Solicitar permiso a la autoridad política local, 2) Tener garantías y precauciones para evitar mayor destrucción a la que se pretende o perjuicio a terceros,3) Notificar personalmente o por cédula de la autoridad a todos los colindantes o interesados el día y hora de la quema, por lo menos con dos días de antelación, 4) Dejar una distancia mínima de [Dirección1] sobre los manantiales nacidos en los cerros, y de [Dirección2] metros sobre los manantiales en terrenos planos.

En materia de responsabilidad, expresamente indica que ,en todo caso ,el que hiciere quemazones debe pagar los daños y perjuicios que a causa del fuego se ocasionen. Se presume autor de la quemazón el propietario, poseedor o arrendatario que en la época del fuego estaba preparado para ese objeto. B) La Ley Forestal vigente, N°7575 de 13 de febrero de 1996, en su capítulo IV sobre “Protección Forestal” prohibe la realización de quemas en terrenos forestales y aledaños a ellos, sin haberse obtenido el permiso de la Administración Forestal del Estado. Remite al Código Penal para sancionar a quien realice una quema sin permiso (artículo 35). Asimismo, los numerales 59 y 60 respectivamente sancionan el causar dolosa o culposamente un incendio forestal, con penas de uno a tres años en el primer caso y de tres meses a dos años en el segundo. C) Reglamento a la Ley Forestal, Decreto N°25721-MINAE de 17 de octubre de 1996: Establece que el funcionario de la Administración Forestal debe visitar el lugar previo a otorgar un permiso de quema (artículo 34).

  • D)Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N°7779 de 30 de abril de 1998: Exige se sigan, para practicar quemas en terrenos agrícolas, las indicaciones del MAG conforme al permiso extendido para esos efectos, según el Reglamento de quemas vigentes, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente y el Código Penal (artículo 24). E) Reglamento al Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT de 8 de agosto del 2000: En su capítulo X titulado “De las quemas agrarias”, dispone será el MAG en coordinación con el MINAE y el Ministerio de Seguridad quien emitirá los principios fundamentales mediante los cuales podrá autorizarse la práctica de quemas agrarias. Su artículo 86 expresamente exige el permiso previo del MAG para hacer quemas en terrenos de vocación Agrícola, el cual debe conferir audiencia al área de conservación del MINAE respectiva, para que emita su criterio sobre las repercusiones a la biota y los ecosistemas.

Indica incluso no opera el silencio positivo en cuanto al criterio del MINAE. En cuanto a los terrenos forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre, prohibe la realización de quemas (artículo 88). F) Decreto N°17015-MAG,del2 de mayo de 1986: Creó la comisión Nacional para los Incendios Forestales. Dicha Comisión, según el Decreto N° 19434-MIRENEM de 11 de diciembre de 1990, tiene como atribuciones recomendar las políticas nacionales y preparar los programas de prevención y combate de incendios forestales. G) Decreto N°21859-MIRENEN del 7 de diciembre de 1992: Estableció el Comité contra Incendios Guanacaste como una instancia de coordinación, apoyo y seguimiento del Programa de Incendios Forestales de la Región Huetar Norte. H) Decreto N°23850-MAG-SP del 4 de noviembre de 1994, Reglamento para quemas controladas con fines agrícolas y pecuarios: En él se establecen los requisitos mínimos para poder efectuar quemas e incendios, especialmente en terrenos de uso agrícola o pecuario.

Se define quema al fuego provocado intencionalmente, regulado por un plan preestablecido, en el cual se asumen todas las medidas preventivas para evitar daños a los recursos naturales y a las propiedades de los colindantes. Son incendios los que, natural o artificialmente, afecten bosques, terrenos forestales, terrenos agrícolas o de uso pecuario (artículo 1). Para efectuar quemas en terrenos agrícolas y pecuarios debe contarse con una autorización escrita del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El funcionario además de las medidas ya tomadas aprobadas según visita que debe hacer previo al permiso, debe indicar si lo concede las adicionales que considere necesario (artículos 2 y 3). El numeral 6° establece como requisitos mínimos los siguientes:

  • 1)Determinar mediante rondas corta fuegos (área con un ancho del doble al alto del material combustible según lo indica el mismo Decreto), el área a quemar y los materiales combustibles utilizados;
  • 2)abrir y barrer una ronda corta fuego en el perímetro del área a quemar, la cual no puede ser menos de un metro de ancho;
  • 3)tener agua suficiente y herramientas para apagar el fuego en caso de emergencia. Adicionalmente se puede:
  • 4)dar aviso previo a la Dirección Policial del lugar sobre la fecha y hora de la quema:
  • 5)contar con la asistencia de al menos una persona;
  • 6)hacer la quema contra viento y contra pendiente después de las 16 y antes de la 7 horas, evitando hacerla el día de viento:
  • 7)verificar antes de retirarse el fuego quede completamente apagado. Pero independientemente se cuente o no con el permiso respectivo, el Decreto claramente establece en su artículo 7° que: “La persona que realice una quema, ya sea con o sin permiso, será civilmente responsable de los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse ,de acuerdo con los artículos 41 y 50 de nuestra Constitución Política y las reglas sobre responsabilidad civil extracontractual que rigen nuestro ordenamiento jurídico..”. I) Finalmente “las disposiciones generales contenidas en los numerales “1045 y siguientes del Código Civil, sobre responsabilidad civil extracontractual, son de aplicación supletoria para esta materia” (ver sentencia de la Sala Primera N°112 de las 15:50 horas del 11 de octubre de1995). En el ámbito penal, el Código Penal vigente sanciona con 3 a 30 días multa quien contraviniere las disposiciones encaminadas a prevenir incendios o evitar su propagación (inciso 1° del Artículo 407) y a quien infringiere las reglas sobre quema de malezas, rastrojos u otros productos de la tierra (inciso 2°). VII. La doctrina moderna por su parte, ha apoyado la objetivación de la responsabilidad, al comprender dentro de los factores de imputabilidad y atribución legal del daño, aparte de la culpa y el dolo, el riesgo. Incluso se ha propuesto incluir como otros factores objetivos: garantía, equidad, abuso del derecho y exceso de la normal tolerancia entre vecinos. Se ve el daño entonces no desde el hecho del autor sino desde la posición del perjudicado, para procurar que todo daño causado en forma injusta sea reparado. Desde otro punto de vista, se ha separado la culpa de la ilicitud del hecho, dándole un rol más importante a éste. “Una vez rota la equiparación entre la ilicitud del hecho y la culpa, la conducta adquirió una fisonomía autónoma desligada del perfil subjetivo de la voluntad del agente, para constituirse en un simple medio, causa o criterio de conexión entre un sujeto tenido por responsable y un cierto evento dañoso a resarcir”. (Franzoni (Massimo), La Actividad peligrosa, en Responsabilidad por daños en el tercer milenio, Abeledo Perrot, Buenos Aires,1997, p.120). Se habla así de la Teoría del riesgo, la cual no desplaza la culpa sino que la complementa, y se resume como el deber de quien crea un riesgo de indemnizar el daño que provoque a un tercero. “El riesgo es causa de imputabilidad cuando debido a la realización de ciertas causas y determinadas actividades, calificadas como peligrosas, se produce un daño. El daño en estas circunstancias debe resarcirse, no porque su agente haya incurrido en dolo o culpa, sino porque el orden jurídico debe proteger a la comunidad por el desarrollo de actividades peligrosas, de forma que quien las realiza incurre en responsabilidad si se ocasiona un daño en virtud de tal realización… La responsabilidad derivada del riesgo no depende del dolo o la culpa del agente sino que se origina en la mera ocurrencia del daño consecuente de la actividad peligrosa. Esta consideración trae consigo un régimen especial de la prueba, según la cual, por el solo ejercicio de la actividad insegura se presume la culpa del agente, exonerándose la víctima de la tarea de demostrar una conducta indebida. Al agente le corresponde desvirtuar la presunción…” (Cubides Camacho Jorge, Hecho imputable dañoso en Del daño, Editora Jurídica, 1° Ed,Colombia,2001, p.260). Para otros autores, “la relación causal es un elemento del acto ilícito y del incumplimiento contractual que vincula el daño directamente con el hecho antijurídico, e indirectamente con el elemento de imputación subjetiva o atribución objetiva. Es el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar” (ver Bustamante Alcina (José), El perfil de la responsabilidad civil al finalizar el siglo XX en Responsabilidad por daños en el tercer milenio, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, p.24 a 26). VIII. Precisamente, la realización de quemas –independientemente de su fin- es una actividad innegablemente riesgosa. Por ello, en concordancia con la doctrina citada, La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha claramente indicado: “VII.- Las quemas pueden acarrear, para quien las produce, responsabilidades de tipo civil y penal. La responsabilidad civil está regulada en la Ley de quemas y Cercas divisorias al establecer la obligación, de quien hiciere quemazones, de pagar los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del fuego (artículo 5 párrafo 4). Se presume autor de la quemazón al propietario, poseedor o arrendatario del terreno que en la época del fuego estaba preparado para ese objeto… VIII.- La Sala Constitucional, mediante Voto N°3459 de las de las 14 horas 42minutos del 20 de julio de 1993, estableció la derogatoria del artículo 5°,párrafo quinto, de la Ley de Quemas y Cercas Divisorias sobre las responsabilidad penal… La misma Sala Constitucional (Voto N°439-I-95 de las 14:36 horas del 22 de agosto de 1995) aclaró la mencionada sentencia N°3459-93 en el sentido de que el artículo 5°, párrafos 5°y 6,de la Ley de Cercas Divisorias y Quemas está derogado únicamente en cuanto a los aspectos penales que contiene… IX.- La normativa de quemas e incendios siguen el criterio de la responsabilidad objetiva. La culpa se presume en quien creó las condiciones del daño por haber asumido el riesgo de perjudicar a terceros con la quema o incendio. Los daños y perjuicios ocasionados son a su cargo. El damnificado está exento de probar la culpa. La carga de la prueba sobre la ausencia de culpa corresponde a quien quemó o incendió. Es una presunción iuris tantum. Sería eximente de responsabilidad la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero. X. Asume el riesgo quien previendo la eventualidad o posibilidad del daño acepta los efectos de la contingencia. La responsabilidad se funda en crear el riesgo para el daño. El sujeto al iniciar la actividad, por medio de sus cosas, aumenta, potencia o multiplica las posibilidades de peligrosidad. Aún cuando pueda tratarse de una conducta lícita, siempre debe indemnizar el daño quien asumió el riesgo. Hay mayor razón para imputar la responsabilidad si el hecho proviene de una conducta ilícita. No puede el damnificado asumir daños sobre conductas no impulsadas por él mismo, salvo si se puso en condiciones para sufrir el daño. Quien quema o incendia, aún con la autorización de la autoridad correspondiente, no puede ser eximido de responsabilidad. Esto es así porque si bien la Ley de Quemas y Cercas Divisorias N° 121 del 26decotubre de 1909 establece las pautas para autorizar las quemas en fundos agrarios, y establece una serie de obligaciones respecto de quien solicita la autorización, ello no rompe la presunción de culpabilidad. Los requisitos para autorizar las quemas tienden a asegurar el mínimo riesgo. Se trata de una medida precautoria pero no es una eximente de responsabilidad. Entonces el cumplimiento de los requisitos indispensables para la autorización no pueden perjudicar a los vecinos si el siniestro ocurre. En esta forma los daños en los bienes, cosechas, o en las personas mismas, de los vecinos deben ser indemnizados por quien creo las condiciones del riesgo con el incendio o quema. XI. La actividad de incendiar o quemar en si misma, va dirigida contra la Naturaleza. En un recurso de una agricultura primitiva donde el fuego tiende a sustituir el trabajo del hombre. En vez de utilizar medios humanos o mecánicos para impulsar la actividad agraria se recurre a un elemento destructivo para, sobre las cenizas de lo destruido, iniciar el cultivo de vegetales o la cría de animales. Este tipo de acciones resultan incompatibles con los valores actuales. Atenta contra la seguridad en cuanto arriesga la propiedad de los colindantes, sus bienes y personas. Igualmente atenta contra los valores de protección al medio ambiente. La función económica y social de la propiedad entraña también una función ecológica: la agricultura debe desarrollarse en armonía, y no en antagonismo, con la Naturaleza. Para la preservación del medio ambiente la solidaridad social exige idear nuevos mecanismos para prevenir el daño y los hechos amenazantes. Este es la filosofía de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política. Sobre esos lineamientos debe ser analizada la Ley de Quemas y Cercas Divisorias y toda la problemática de la responsabilidad derivada de esa actividad” (ver sentencia N° 112 de las 15horas 50 minutos del11 de octubre de 1995.En igual sentido la N° 113 de las 16 horas del 11 de octubre de 1995). VII. Aclaró asimismo la Sala en las sentencias citadas, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por las quemas y el recaer la presunción de responsabilidad sobre quien preparó el terreno para ese fin, no se pueden limitar al caso de los desmontes. “Si bien es cierto el artículo 5 de la Ley de Cercas y Quemas Divisorias establece la prohibición general de hacer quemazones en los campos, autorizándolos cuando se trate de desmontes para habilitar terrenos confines agrícolas (párrafo primero),ello no enerva la posibilidad de efectuar dicha actividad bajo otras condiciones y para otros fines, como lo demuestra la realidad actual. Por eso la misma Ley establece, en el párrafo cuarto del numeral 5°, una responsabilidad genérica cuando indica: “En todo caso, el que hiciere quemazones debe pagar los daños y perjuicios…”. Lo cual enmarca perfectamente en el principio genérico de no hacer daño a los demás. En este caso, los daños y perjuicios son a cargo de la demandada porque asumió el riesgo de perjudicar a sus colindantes con la quema. Al iniciar su actividad, preparando el terreno para ser quemado, aumentó las posibilidades de peligrosidad. Se trató de una conducta ilícita pues no contaba con autorización de las autoridades administrativas correspondientes, según se corrobora en los hechos probados. No tomó las previsiones mínimas, requeridas por ley, para prevenir daños mayores de los normalmente producidos. Aunque tomó algunas medidas precautorias –hechura de rondas- ello no es suficiente para eximirla de su responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios causados a la demandante. La única forma de liberarse de dicha responsabilidad era demostrando la existencia de culpa de la víctima, caso fortuito o hecho de un tercero, lo cual no hizo. Aún cuando la Ley de Quemas y Cercas Divisorias es de 1909 su interpretación debe verificarse en consonancia con los artículos 10 del Código Civil y 5 de la Ley Orgánica del poder Judicial. La interpretación moderna (sistemática, material y evolutiva) exige adecuar el contenido de la norma a las circunstancias históricas y la realidad social y económica en la cual va a ser aplicada. Para ello debe tomarse en cuenta los principios y valores contenidos en la Constitución, así como en las leyes especiales en materia agraria “. (ver sentencia N° 112-95 citada). VIII. De acuerdo con lo explicado, es posible hacer quemas en terrenos de vocación agropecuaria siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos tomar las medidas de precaución suficientes para poder controlar el fuego, solicitar permiso previo ante los entes públicos respectivos, especialmente la oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería que sea del caso, y notificar a los dueños o encargados de los previos vecinos. Este último requisito es de suma importancia, porque aunque se tomen todas las medidas posibles, fenómenos naturales como lo es el viento, las corrientes de aire y otros, pueden ocasionar el fuego se extienda a otras zonas fuera de las que originalmente se pretendía quemar. Con la notificación de los colindantes se procura minimizar o evitar precisamente, propagarse el fuego, se produzca un daño mayor, dado que se posibilita una mejor vigilancia por parte de los vecinos en sus propios terrenos, y se les permite estar preparados para combatirlo si fuese necesario. Ahora bien, aún en el caso de haberse tomado todas las previsiones posibles y de contarse con permiso, quien origina o cause una quema que produzca daños a terceros, es responsable de tales. Lo anterior es así por tratarse de una actividad riesgosa. La responsabilidad es de tipo objetivo como ya se explicó." (Tribunal Agrario, No. 815-F-03 del 16 de diciembre del 2003).-

VII.Recurso de la co-demanda Marsupe Sociedad Anónima: La empresa co-demandada, Marsupe S.A. impugnó el fallo, aduciendo tres motivos fundamentales: la falta de relación causal entre la conducta y el daño, la falta de legimación activa y pasiva por no existir responsabilidad solidaria, y finalmente, la nulidad por falta de fundamentación del fallo. En ninguno de los tres agravios lleva razón la recurrente, y los cuales se resolverán a la inversa de como fueron interpuestos en el recurso, al ser el orden lógico para su análisis. 1.- En cuanto a la invocada "falta de fundamentación del fallo", sobre la condena solidaria de Marsupe S.A., considera que ello no encuentra asidero en la realidad, porque no se demostró la participación de su representada, y la sentencia contravencional no lo dice, y tampoco se justifica en motivos jurídicos necesarios y suficientes lo que vuelve en nula la sentencia.

Dichas afirmaciones no son exactas. El a-quo, en primer lugar, tuvo por acreditado en el hecho 10, que el incendio ocurrió en la finca de la demandada Marsupe, y que la quema la ordenó hacer la señora [Nombre3] Arias Jiménez y luego se extendió a las propiedades de los actores. Tal hecho, sustentado en las declaraciones de [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] y [Nombre9] , no ha sido desvirtuada por la apelante, y contrario a lo afirmado por ella, en la sentencia contravencional del 3 de mayo del 2001, el Juez concluyó lo siguiente: "...faltaron al deber de cuidado y no guardaron la debida precausión por cuanto sin precisar fecha pero el año pasado, provocaron un incendio en la finca de Marsupe, sin pedir permiso a las autoridades respectivas y aun cuando tomaron algunas precauciones estas no fueron suficientes y el fuego se pasó al menos a tres fincas vecinas..." (folio 23).

En cuanto a la responsabilidad de la empresa, el a-quo sí da fundamentos para atribuir la misma al indicar claramente que "..la misma es propietaria de la finca en que se inicio el fuego y la señora [Nombre3] Arias Jiménez es Gerente de dicha sociedad, siendo esa la razón por la que acude a la vía civil tal y como consta en autos...Esta forma de hacer quemas sin solicitar permiso a las autoridades correspondientes y sin avisarle a los colindantes; sin lugar a dudas enmarca dentro de una de las modalidades de la culpa como es la negligencia y la imprudencia...."(ver sentencia a folios 338-339). Además, en la sentencia se citan las normas y doctrina en materia de responsabilidad extracontractual, en particular el 1045 y siguientes del Código Civil (considerandos IV, IV bis y VII). Como se observa el fallo sí se fundamentó, y por ende no hay motivo de nulidad. 2.- En cuanto a la Responsabilidad solidaria extracontractual y la invocada falta de legitimación activa y pasiva, tampoco lleva razón los recurrentes.

Existen gran cantidad de normas que establecen las responsabilidad solidaria de las empresas, cuando de responsabilidad objetiva se trata. El artículo 103 del Código Procesal Penal en relación con el 106, disponen la responsabilidad solidaria de las personas jurídicas cuyos gerentes, administradores o personeros legales, resulten reponsables de los hechos punibles. La misma norma está contenida en los artículos 135 y 137 inciso 3, del Código Penal de 1941, señala como responsables solidarios "Las personas naturales o jurídicas dueñas de establecimientos en que se cometiere un hecho punible con motivo de la infracción de leyes o reglamentos de policía por parte de los administradores, dependientes o criados del establecimiento". Tales normas también se relacionan con los artículos 1046 y 1048 del Código Cviil, párrafo tercero, en cuanto a la responsabilidad solidaria objetiva se refieren.

Ambas incluso interpretadas también en relación con la Ley de Quemas y Cercas Divisorias, artículo 5 y la Ley Forestal, de los cuales se desprende todo lo contrario de lo indicado por el recurrente, en el sentido de que tanto las personas físicas como las jurídicas son responsables, solidariamente, del daño agrario causado. El artículo 57 de la Ley Forestal que dispone: "...cuando se trate de personas jurídicas, la responsabilidad civil se extenderá a sus representantes legales. Asimismo, tanto las personas físicas como jurídicas serán responsables, civilmente, por el daño ecológico causado, de acuerdo con lo que establece el artículo 1045 del Código Civil", siendo que en este caso existe suficiente prueba para tener por acreditada la vinculación de la empresa Marsupe S.A., con [Nombre3] , a quien se conocía como su representante. 3.- En cuanto a la relación de causalidad, entre la conducta y el daño, está más que demostrada, aún cuando en estos casos, de responsabildad objetiva, no se requiera demostrar la culpa, pues lo que interesa es que exista una actividad riesgosa, y luego la producción del daño en sí.

Véase, como se indicó anteriormente, que en la misma sentencia penal se estableció claramente que la quema la hizo, un peón, por orden de la representante, en la finca de Marsupe S.A., y luego el fuego se propagó por los terrenos colindantes afectando al menos a tres fincas vecinas (ver folios 22 y 23), lo cual lógicamente produjo una gran cantidad de daños, conforme está acreditado en el hecho sexto, no desvirtuado por quien recurre, y que constan tanto en el informe del OIJ como en la secuencia fotográfica agregadas a los autos (folios 2 a 10), incluso, cuatro años después todavía existían indicios de las quemas producidas en la finca de los actores (ver acta de reconocimiento judicial a folio 148 y fotografías de peritaje a folios 290 y 291). La misma prueba testimonial da fe de esta relación de causalidad: "...Yo trabajaba en una finca que está en medio de los dos, de don [Nombre2] y de doña [Nombre3], y estábamos ahí como a las once de la mañana y empezamos a ver humo en la finca de [Nombre3].

Después no fue sólo humo sino que la finca de la señora estaba envuelta en llamas. Eso fue en verano y se venían chispas por todas partes, remolinos de fuego por el viento que hacía, el viento se llevó las chispas a la finca en la que yo estaba ya la de don [Nombre10] de las chispas, lo que sucedió fue un gran incendio que arrazó con la finca de don [Nombre2], con terreno, pastos, cercas y árboles..." (declaración de [Nombre7] , a folio 140). En síntesis, no lleva razón la parte demandada, recurrente, en ninguno de sus agravios, por lo que deberá confirmarse la sentencia estimatoria en cuanto a la legitimación activa y pasiva de los actores y de la demandada.

VIII.En segundo lugar, se analizará lo relativo a los daños y perjuicios. La jurisprudencia ha definido dichos conceptos así: “IV.- El daño constituye uno de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, por cuanto el deber de resarcir solamente se configura si ha mediado un hecho ilícito dañoso que lesione un interés jurídicamente relevante, susceptible de ser tutelado por el ordenamiento jurídico. El daño, en sentido jurídico constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esa tesitura no hay responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no hay damnificado. Por otra parte, solo es daño indemnizable el que se llega a probar (realidad o existencia), siendo ello una cuestión de hecho reservada al prudente arbitrio del juzgador.

En suma, el daño constituye la brecha perjudicial para la víctima, resultante de confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior al mismo. En muchas ocasiones se utilizan indiscriminadamente las expresiones “daños” y “perjuicios”. Es menester precisar y distinguir ambos conceptos. El daño constituye la pérdida irrogada al damnificado (damnum emergens), en tanto el perjuicio está conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de percibir (lucro cesans), la cual era razonable y probablemente esperable si no se hubiese producido el hecho ilícito. V. No cualquier daño impone la obligación de resarcir. Para que sea indemnizable han de confluir, básicamente, las siguientes características: A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturables. El daño no pierde ese carácter si su cuantificación resulta incierta, indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero futuro; no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o perjuicio.

En lo relativo a la magnitud o monto (seriedad) del daño, constituye un extremo de incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el derecho no puede ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas de una excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de indemnización. Así puede haber un damnificado directo y otro indirecto: el primero es la víctima del hecho dañoso y el segundo serán los sucesores de la víctima. C) Debe ser causado por un tercero y subsistente; esto es, que no haya sido reparado. D) Debe mediar una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño. VI. Dentro de las clases de daños, se encuentra en primer término el daño material y el corporal, siendo el primero el que incide sobre las cosas o bienes materiales que conforman el patrimonio de la persona, en tanto el segundo repercute sobre la integridad corporal y física.

En doctrina, bajo la denominación genérica de daño material o patrimonial, suelen comprenderse las específicas de daño corporal y de daño material, en sentido estricto. La segunda parece ser la expresión más feliz, pues el daño corporal suele afectar intereses patrimoniales del damnificado (pago de tratamiento médico, gastos de hospitalización, medicamentos, etc.), ganancias frustradas si el daño lo ha incapacitado para realizar sus ocupaciones habituales (perjuicios), etc …” (Sala Primera de la Corte, No. 112 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992 y No. 714 de 16:20 horas del 18 de setiembre del 2002) – Lo subrayado no es del original-.

IX.En cuanto a la prueba de los daños y perjuicios, rige el principio de la carga probatoria consagrado en el artículo 317 del Código Procesal Civil, y para los casos de ejecución en materia agraria, en el artículo 62 inciso c) de la Ley de Jurisdicción Agraria. Al respecto, la jurisprudencia nacional ha establecido lo siguiente: "En materia de daños y perjuicios, tema sobre el cual existe una larga experiencia, el elemento probatorio juega un papel muy importante. Quien los alegue debe probarlos, igualmente quien los niegue, salvo el caso del daño moral subjetivo al cual es consentido a los jueces valorarlo según las reglas de la experiencia, la lógica y la ciencia, sin sujeción a ningún otro criterio probatorio. En el sistema procesal moderno aún tiene plena vigencia el aforismo romano judex secundum allegata et probata partium decidere debet. Esto significa la limitación de los jueces a poder dictar sus sentencias a todo cuanto las partes aleguen y prueben.

La simple alegación de un hecho no basta para su condena porque es la parte quien está en la obligación de ofrecer las pruebas en tiempo, lograr del juzgador su admisión, presentarlas para ser evacuadas, y finalmente, dentro del proceso de valoración probatoria, tarea por excelencia del juzgador, atribuirle a esos elementos probatorios el valor necesario para acreditar el hecho formulado. Se trata del conocido principio de la carga de la prueba. Consiste en la obligación de todo quien alegue un hecho o una pretensión en proceder a probar legalmente lo alegado. Esto difiere mucho del mero hecho de acreditar en el expediente el alegato o la misma prueba, porque prueba para efectos de la casación es sólo aquélla a la cual la sentencia le da ese rango después de un severo proceso de valoración. Y el principio no sólo tiene una importante connotación en el aspecto afirmativo sino también en el negativo, pues quien alegue la inexistencia, modificación o extinción de un hecho o de una pretensión también deberá probarlo.

Al principio de la carga de la prueba, en un régimen democrático y no inquisitorio, se vinculan muchos otros principios, dentro de los cuales sobresale el de la libertad probatoria. Según ese principio todas las partes deberán tener amplias facultades para ofrecer todos los medios lícitos de prueba, sobre todo obtenidos legítimamente, esto es todos los medios debidamente autorizados por el ordenamiento jurídico y llevados al expediente siguiendo los procedimientos también pautados por el sistema procesal, donde las partes deben tener el derecho de preguntar a la propia prueba y a la contraria, con el objeto de demostrar o negar los hechos, afirmar o contradecir las pretensiones." (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 554 de 15:10 horas del 4 de agosto del 2000 – la negrita no es del original). Para el otorgamiento de los daños y perjuicios, la Jurisprudencia ha exigido demostrar el nexo causal entre la condena en abstracto impuesta y lo que se reclama en la ejecución (Sala Primera, No. 830 de 11:45 del 22 de setiembre, 2004, y No. 674 de 11:30 horas del 18 de agosto del 2004).

Por otra parte, la Jurisprudencia ha establecido, que los daños y perjuicios derivados de un hecho o conducta ilícita, son deudas de valor, y no dinerarias, motivo por el cual la cuantía no debe convertirse en motivo para denegarlos, siempre y cuando resulten probados (Al respecto, Sala Primera,Voto No. 226 del 31 de marzo del 2004).

X.Recurso de la parte actora: En cuanto a los daños, la parte actora reclama que no se le hayan reconocido el valor de los potreros, lo cual reclamó en 10 millones de colones, siendo que el dictamen pericial estimó el costo de una hectárea de pasto mejorado en 71.000 colones, además, no está de acuerdo que se hayan reducido la cantidad de postes quemados a 1.500, si el perito establece que son 3000 postes con un valor de 800 colones, y no se explica porqué se apartó el a-quo del valor pericial. 1.- En cuanto al primer reclamo, el a-quo rechazó el rubro de la pérdida de los pastos, considerando que el zacate volvió a nacer y en la actualidad está en uso, y además, el ganado estuvo fuera de la finca por espacio de tres meses y luego se trasladó de nuevo el ganado a la finca, siendo que el zacate volvió a crecer en forma natural. El Tribunal está de acuerdo con la decisión tomada por el a-quo, toda vez que la quema de los pastizales en modo alguno provocó su desaparición, por el contrario, fue una cuestión temporal, de alrededor de tres meses, hecho por el cual se reconoció a los actores el pago de alimento (pollinaza), el transporte de los animales a otra finca, y el alquiler de los pastos, lo cual viene a reparar el daño causado por la pérdida temporal del pasto, pues evidentemente el mismo creció meses después de que fue arrazado por el fuego. 2.- En cuanto a los postes, el a-quo consideró justo reconocer una cantidad de mil quinientos postes, por un total de novecientos mil colones.

La cantidad de postes reconocidos obedecen a una estimación aproximada de los repastos que resultaron dañados, en la época en que ocurrieron y la fecha de reposición, toda vez que no se tuvo certeza de la cantidad total de postes quemados, y se hace un valor aproximativo, por cuanto según el informe del Organismo de Investigación Judicial, fueron arrazados 15 apartos (de veinte en total), y además habían unas partes más dañadas que otras (folios 3, 4 y 5), pero sin tenerse certeza absoluta de cuántos postes realmente resultaron dañados. En cuanto al valor o estimación, debe tomarse en cuenta que el artículo 123 del Código Procesal Penal de 1941, relacionado con las normas para la reparación del daño en este tipo de eventos, indica que "...estará obligado a satisfacer su valor conforme a estimación pericial referida a la fecha de la infracción. Si tal estimación no fuese posible hacerla por haber sido destriuida o haber desaparecido la cosa, los jueces fijarán el valor respectivo, ateniéndose a los datos del juicio.".

De manera tal que también en este caso existe discrecionalidad del juzgador para poder establecer el "quantum" de la indemnización, y para ello tomó en consideración el a-quo, el monto que en un primer momento reclamaron los actores, en sede penal, que fue la suma de cinco millones de colones. En razón de lo expuesto, considera el Tribunal que no lleva razón el recurrente en los agravios planteados en cuanto a la indemnización por repastos y postes de madera. 3.- Sobre los intereses. Reclaman los recurrentes que no están de acuerdo en la fijación de intereses a partir de la firmeza de la sentencia, debe indicarse que nos encontramos aquí frente a una demanda de responsabilidad patrimonial objetiva, por lo que debía fijarse, en primer lugar la responsabilidad, para luego establecer el valor de los daños y perjuicios. El artículo 706 del Código Civil establece que "Si la obligación es de pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios consisten siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida, contados desde el vencimiento del plazo.".

En este caso la fijación del valor se adquiere con la firmeza del fallo, y por ende es a partir de ahí que es posible cobrar los daños y perjuicios ocasionados. 4.- Finalmente, en cuanto a la utlización del valor estimado por los actores, en la causa contravencional, y que aparece en el informe del OIJ, es evidente que el a-quo, al igual que este Tribunal, considera que es el monto que más se ajusta al momento de la producción del daño y la fecha de la reposición que tuvieron que hacer los actores, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 123 y 124 del Código Penal de 1941. Si bien es cierto existe un peritaje de [Nombre11] , véase que el mismo realiza la valoración en el mes de noviembre del 2004 al "costo actual" (folio 275), y no a la fecha de la infracción que es lo que autoriza el artículo 123. Por ello la parte demandada impugnó esa valoración cuando alegó lo siguiente: "...El perito, felizmente, determina lo que según él es el costo ACTUAL para ESTABLECER, entiéndase sembrar pasto nuevo, sin embargo, por un lado, el precio actual no es el mismo que hace 4 años...Igual consideración debe hacerse cuando determina el valor de las cercas dañadas..." (folio 302). Como se indicó en el considerando anterior no se tuvo certeza de la cantidad de postes, dañados y en todo caso su precio se fijó al tiempo de la reposición.-

XI.En razón de todo lo anteriormente expuesto, deberá confirmarse, en lo que fue objeto de apelación, la sentencia recurrida.

POR TANTO:

En lo que fue objeto de apelación, se CONFIRMA la sentencia recurrida.

ENRIQUE ULATE CHACÓN ANTONIO DARCIA CARRANZA CARLOS PICADO VARGAS Nº EXPN1 Ordinario de Actor [Nombre1] y otro Contra Marsupe SRL.

li.+++

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        • Ley 7779 Soil Use, Management, and Conservation Law
        • Decreto Ejecutivo 25721 Regulation to the Forestry Law
        • Ley 7575 Forestry Law
        • Decreto Ejecutivo 29375 Soil Use, Management and Conservation Regulation

        Este documento cita

        • Ley 7779 Uso, Manejo y Conservación de Suelos
        • Decreto Ejecutivo 25721 Reglamento a la Ley Forestal
        • Ley 7575 Ley Forestal
        • Decreto Ejecutivo 29375 Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos

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