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27/01/2010
OutcomeResultado
The Comptroller General's claim is partially granted; the transfer and registration acts of the North Recreational Park are annulled as based on an unconstitutional norm; its transfer to the Municipality of Moravia and eviction of private occupants are ordered.Se declara parcialmente con lugar la demanda de la Contraloría General de la República, se anulan los actos de traspaso e inscripción del Parque Recreativo del Norte por basarse en una norma inconstitucional, se ordena su traspaso a la Municipalidad de Moravia y el desalojo de ocupantes privados.
SummaryResumen
The Contentious Administrative Court ruled in favor of the Comptroller General of the Republic against the Agrarian Development Institute (IDA) and the Association Pro Construction of the North Recreational Park. The court declared that the property known as the North Recreational Park is a public domain asset (demanial) destined for public use as a park, with the characteristics of inalienability, imprescriptibility, and immunity from seizure. It annulled the IDA Board of Directors' agreement authorizing the transfer, the deed of segregation and donation, and the registration in favor of the Association, as they were based on a budget provision (Art. 16(22) of Law 7097) declared unconstitutional. The court found that the association engaged in improper and exclusive use of the land, renting it to a church and a nursery, contrary to its public purpose. It ordered the eviction of private occupants, the transfer of the property to the Municipality of Moravia for administration, and the cancellation of the registration. It also declared the IDA's omission in recovering the asset and ordered it to initiate internal proceedings to establish responsibilities. The defenses of prescription and lack of standing were rejected, and costs were imposed on the defendants.El Tribunal Contencioso Administrativo resolvió una demanda de la Contraloría General de la República contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. La sentencia declaró que el inmueble conocido como Parque Recreativo del Norte es un bien de dominio público (demanial) afectado al uso público de parque, con las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. Se anuló el acuerdo de la Junta Directiva del IDA que autorizó el traspaso, la escritura de segregación y donación, y la inscripción registral a favor de la Asociación, por basarse en una norma presupuestaria (art. 16 inciso 22 de la Ley 7097) declarada inconstitucional por la Sala Constitucional. El Tribunal determinó que la asociación incurrió en un uso indebido y privativo del terreno, arrendándolo a una iglesia y a un vivero, contrario a su destino público. Se ordenó el desalojo de los ocupantes privados, el traspaso del inmueble a la Municipalidad de Moravia para su administración, y la cancelación de la inscripción registral. Además, se declaró la omisión del IDA en recuperar el bien y se le ordenó iniciar procedimientos internos para establecer responsabilidades. Las excepciones de prescripción y falta de legitimación fueron rechazadas, y se condenó en costas a los demandados.
Key excerptExtracto clave
VI.- ON THE PUBLIC DOMAIN NATURE OF THE NORTH RECREATIONAL PARK. This Court considers that the property with cadastral plan number ... known as the North Recreational Park ... constitutes a public domain asset affected to the public use of a park, for the following reasons: 1) From the perspective of its relationship with the parent property number 267183-000... The North Recreational Park constitutes a lot of 25,000.06 square meters... which was segregated from property number 267183-000... based on section 22 of article 16 of the Extraordinary Budget Law number 7097... IX.- ON THE SCOPE OF THE DECLARATION OF UNCONSTITUTIONALITY OF SECTION 22 OF ARTICLE 16 OF LAW 7097 AND ITS IMPACT ON THE TRANSFER AND REGISTRATION ACTS OF THE NORTH RECREATIONAL PARK. The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, by judgment number 2008-00056... declared the unconstitutionality action filed under case number 07-13901-0007-CO to be with merit, considering that “...the authorization introduced in article 16, section 22) of the Extraordinary Budget Law, Law No. 7097 of August 18, 1988, insofar as it allowed the Agrarian Development Institute to segregate and donate to an Association a plot of twenty-five thousand square meters and six decimeters of its property, is unconstitutional due to the legislative procedure followed. It is an atypical norm foreign to budget content... which is contrary to the Law of the Constitution. Therefore, it is clear that the norm analyzed herein is unconstitutional, and consequently, must be annulled, warning that it will be in the ordinary courts where the existence of acquired rights or the need to pay or not improvements on the property whose transfer is being annulled with the norm in question will be determined...” XIII.- COROLLARY. For all the reasons stated in this resolution, it is appropriate to grant the claim, in the following terms: 1) It is declared that the property... constitutes a public domain asset affected to the public use of a park, which is unattachable, imprescriptible, inalienable and outside the commerce of men. Likewise, the entity competent to exercise its administration is the Municipality of Moravia. 2) The absolute nullity of the following acts is declared: i) agreement number 4 of the Board of Directors of the Agrarian Development Institute... ii) deed number 1... iii) The registration in the Public Registry of Property...VIo.- SOBRE LA NATURALEZA DEMANIAL DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Este Tribunal considera que el inmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte y que actualmente se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula de folio real número Placa28291 del Partido de San José, a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios 102, 103 y 106 del expediente judicial; 3, 6, 7, 8 y 11 del legajo de prueba de la CGR), constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, por las siguientes razones: 1) Desde la perspectiva de su relación con la finca madre número 267183-000 del Partido de San José. El Parque Recreativo del Norte constituye un lote de 25.000,06 metros cuadrados, con plano catastrado número SJ-770593-88, que fue segregado de la finca número 267183-000 del Partido de San José, con base en lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 (ver folios 3 a 11 del legajo de prueba de la CGR; 11 a 14 del expediente administrativo del IDA). IXo.- SOBRE LOS ALCANCES DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO 22 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 7097 Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTOS DE TRASPASO E INSCRIPCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia número 2008-00056 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada en expediente número 07-13901-0007-CO, pues consideró que “...la autorización introducida en el artículo 16 inciso 22) de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, en cuanto permitió al Instituto de Desarrollo Agrario segregar y donar a una Asociación un terreno de veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros de su propiedad, es inconstitucional por el procedimiento legislativo que se siguió. Se trata de una norma atípica ajena al contenido presupuestario, a través de la cual se dispone que una propiedad de un ente autónomo del Estado, por lo que resulta contraria al Derecho de la Constitución. Por lo anterior, es claro que la norma que aquí se analiza resulta inconstitucional, y en consecuencia, debe anularse, advirtiendo que será en la vía ordinaria donde se determine la existencia de derechos adquiridos, o la necesidad de pagar o no mejoras sobre la propiedad cuyo traspaso se está anulando con la norma en cuestión...” XIIIo.- COROLARIO. Por todas las razones expuestas en esta resolución procede declarar con lugar la demanda, en los siguientes términos: 1) Se declara que el inmueble... constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia. 2) Se declara la nulidad absoluta de los siguientes actos: i) el acuerdo número 4 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario... ii) la escritura número 1... iii) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad...
Pull quotesCitas destacadas
"Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público."
"Public things are those which, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those which everyone may use because they are delivered to public use."
Considerando IV (citando art. 261 Código Civil)
"Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público."
Considerando IV (citando art. 261 Código Civil)
"Frente al dominio público, las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad, no tienen la virtud de generar derechos subjetivos sobre el inmueble afectado a un servicio o uso público."
"Against the public domain, private detentions, however prolonged in time and even if protected by entries in the Property Registry, do not have the virtue of generating subjective rights over property affected to a public service or use."
Considerando VI, punto 4.a
"Frente al dominio público, las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad, no tienen la virtud de generar derechos subjetivos sobre el inmueble afectado a un servicio o uso público."
Considerando VI, punto 4.a
"Para el ejercicio de las acciones tendentes a su recuperación y tutela, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que los medios con los que cuentan las Administraciones Públicas para su efectiva recuperación son imprescriptibles."
"For the exercise of actions tending to their recovery and protection, no prescription or expiration periods run, as the means available to Public Administrations for their effective recovery are imprescriptible."
Considerando VIII, punto a
"Para el ejercicio de las acciones tendentes a su recuperación y tutela, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que los medios con los que cuentan las Administraciones Públicas para su efectiva recuperación son imprescriptibles."
Considerando VIII, punto a
"Se declara que el inmueble... constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia."
"It is declared that the property... constitutes a public domain asset affected to the public use of a park, which is unattachable, imprescriptible, inalienable and outside the commerce of men. Likewise, the entity competent to exercise its administration is the Municipality of Moravia."
Por Tanto, apartado 1
"Se declara que el inmueble... constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia."
Por Tanto, apartado 1
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Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 ______________________________________________________________________ FILE: 09-000076-1027-CA ORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING PLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE No. 235-2010 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, at seven thirty hours on the twenty-seventh of January, two thousand ten.- Ordinary proceeding declared of preferential processing, filed by Nombre71822, of legal age, married, Licenciada in Law and Business Administration, resident of San José, identity card number CED29778, in her capacity as CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), represented by Nombre34867, of legal age, married, attorney, resident of San Ramón de Alajuela, identity card number CED112349, in his capacity as general judicial attorney-in-fact of that entity; the ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, legal identification number CED112350, represented by Nombre143067, identity card number CED112351, in his capacity as President with powers of general attorney-in-fact without limit of sum of that association.
Appearing as an interested third party is the ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, legal identification number CED112352, represented by Nombre143068, of legal age, married, businessperson, resident of San José, identity card number CED112353, in his capacity as President with powers of general attorney-in-fact without limit of sum of that association.
WHEREAS:
Drafted by Judge Álvarez Molina, with the affirmative vote of Judges Garita Navarro and González Vílchez; and,
WHEREAS:
The following facts are deemed duly accredited as relevant to this proceeding:
The following facts that are relevant to this process are deemed undemonstrated: a) That the facilities built in the Parque Recreativo del Norte were financed with private funds (this circumstance cannot be inferred from the documents visible on folios 14 and 15 of the CGR evidence file; 9, 17, and 18 of the IDA administrative file); b) That the specific budget line items incorporated in the Budget Laws for the 1987-1992 period were not granted to the Asociación Pro Parque Recreativo del Norte for construction, works, or maintenance services in the park (this circumstance cannot be inferred from the documents visible on folios 14 and 15 of the CGR evidence file; 9, 17, and 18 of the IDA administrative file); c) That the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte was declared of public utility by the competent authorities (there is no evidence in the case file).
The plaintiff considers that Agreement number 4 adopted by the Board of Directors of the IDA in session number 21-89 of March fourteenth, nineteen eighty-nine, by which the transfer of the property with cadastral map number SJ-770593-88 was authorized in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, based on the provisions of subsection 22 of Article 16 of the Extraordinary Budget Law number 7097; as well as deed number 1 granted by Notary Public Julio Sánchez Carvajal at four o'clock in the afternoon on November fourteenth, nineteen eighty-nine, by which the transfer of the indicated property was carried out; and finally, the registration in the Public Property Registry of the Partido de San José under title number Placa28293, with presentation entries 376-14871-01, suffer from a defect of absolute nullity, for the following reasons:
In judgment number 019-2009-SVII delivered at thirteen hours thirty minutes on February twelfth, two thousand nine, the Seventh Section of the Contentious-Administrative Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, considered regarding the concept of public and private domain properties of public administrations that: "(...) The State and other public entities possess two types of properties: public and private. Article 261 of the Civil Code provides: 'Public things (cosas públicas) are those that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those which all can avail themselves of because they are dedicated to public use. All other things are private and the object of particular ownership, even if they belong to the State or the Municipalities, who in this case, as civil persons, are no different from any other person.' The foregoing must be related to Article 121 subsection 4) of the Political Constitution, which establishes as an attribution of the Legislative Assembly, to decree the alienation or the application to public uses of the Nation's own properties.
Characteristics of public domain properties are that they are inalienable, imprescriptible, and unseizable, consequently outside commerce among men. On the subject, the Constitutional Chamber has expressed: / 'II.- THE CONCEPT OF PUBLIC DOMAIN AND THE LEGAL MEANS TO INTEGRATE IT.- By public domain is understood the set of properties subject to a special and distinct legal regime from that governing private domain, which in addition to belonging to or being under the administration of public legal entities, are affected or destined to purposes of public utility and which manifests itself in the direct or indirect use that any person can make of them. Doctrine recognizes public domain under different meanings, such as dominical properties (bienes dominicales), demanial properties (bienes demaniales), public things (cosas públicas), public properties (bienes públicos) or public domain properties (bienes demaniales).
On this concept, the Chamber expressed in its Judgment No. 2306-91 of 14:45 hours on November sixth, nineteen hundred ninety-one, the following: / 'The public domain is integrated by properties that manifest, by the express will of the legislator, a special destiny to serve the community, the public interest. They are the so-called dominical properties (bienes dominicales), demanial properties (bienes demaniales), public properties or things (bienes o cosas públicas), which do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, outside commerce among men. That is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these properties belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of express norm. Characteristic notes of these properties are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged nor be susceptible to liens in terms of Civil Law, and administrative action substitutes for possessory interdicts to recover the domain...
Consequently, the national regime of public domain properties, such as the roadways of the Capital City, whether municipal or national streets, sidewalks, parks, and other public places, places them outside commerce among men...' (see in a similar sense, judgment number 035-2009-SVII delivered by the Seventh Section of the Contentious-Administrative Tribunal, at fourteen hours forty minutes on March thirteenth, two thousand nine). At this point, it should be highlighted that private domain properties of the Administration that are not affected to a public purpose are seizable (Article 169.1.a of the CPCA). On the contrary, properties of public ownership destined for common use and enjoyment are not seizable, nor are those directly linked to the provision of public services of an essential nature, or that are indispensable or irreplaceable for the fulfillment of public purposes or services (Articles 261 of the Civil Code and 170 of the CPCA).
Now then, regarding the means of affectation to the public domain, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice considered in judgment number 2003-6926 of fourteen hours forty-five minutes on July fifteenth, two thousand three, that in accordance with the provisions of Article 261 of the Civil Code, '...to consider a property as demanial, the existence of a law is required that affects it to the fulfillment of a public purpose, or that the thing itself is considered of public use, such as a street, a bridge, a park among others...'. In accordance with the foregoing, it follows that a formal and material law is required to affect a property to a public purpose, that is, to a public use or service. In that sense, it is worth highlighting that in accordance with the provisions of Article 170 of the Contentious-Administrative Procedure Code, properties must be directly linked to the provision of the public services to which they are destined, or must be indispensable or irreplaceable for the fulfillment of those purposes or services.
Now then, there are properties that by virtue of their nature and special characteristics (for example: streets –Public Roads Law-, forests –Forestry Law-, parks –Urban Planning Law and Constructions Law, among others), the legislator has dedicated or destined them for public use, so that everyone can avail themselves of them. In this sense, it is worth remembering that not every demanial property is destined for public use, since –such as in the case of the maritime terrestrial zone or mining exploitation, among other cases-, Public Administrations grant concessions for private use of properties that form part of the public domain, within certain limits and conditions. Now then, the principle of non-registration (inmatriculación) of demanial properties constitutes one of the aspects that characterize public domain properties, according to which, even if the lands have not been registered in the real estate registry with that character, they have material publicity derived from '...the appearance of the lands in official maps –public-, in national or municipal cadastres, or in archives, museums, or libraries, together with the reliable proof of effective public use, makes affectation the principal characteristic...' (judgment number 1996-3145 delivered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at nine hours twenty-seven minutes on June twenty-eighth, nineteen hundred ninety-six).
Consequently, the principle of registry non-registration implies that the existence and publicity of public domain properties occurs '... with autonomy from the Registry, without it being possible for the registered titleholder to allege ignorance as a means to distort it and counteract the affectation. The principles of inalienability and imprescriptibility that characterize the public domain prevent the figure of the third-party registry holder from being wielded against it to consolidate private property illicitly subtracted from that regime (...) Against the public domain, private detentations suffer from a lack of adverse value, however prolonged they may be in time and even if they appear protected by entries in the Property Registry. The condition of a public domain and public use property affects a third party, even if such quality does not appear from the Property Registry. These are properties that, by their nature, do not need registry inscription.(...)" (judgment number 868-2001 delivered by the Third Section of the Contentious-Administrative Tribunal, at ten hours fifteen minutes on October sixteenth, two thousand one).
Finally, in order to guarantee that demanial properties fulfill the public purpose to which they have been destined by express or presumed affectation, and as a consequence of the characteristics of inalienability and imprescriptibility inherent to them, Public Administrations have the obligation to exercise the administrative and jurisdictional actions provided for by the legal system, in order to protect and conserve public domain properties, in accordance with the provisions of Articles 121 subsection 14 in relation with 11 and 50 of the Political Constitution; 261 and 263 of the Civil Code; 14 of the Forestry Law; 7, 8, 9, and 10 of the Internal Control Law; 37 of the Constructions Law; 110 and following of the Law of the Financial Administration of the Republic and Public Budgets –among others-. Therefore, for the exercise of actions aimed at their recovery and protection, no statutes of limitation or expiration periods run, given that the means available to Public Administrations for their effective recovery are imprescriptible, as established in Articles 34 subsection 2 and 40 of the Contentious-Administrative Procedure Code.
V.ON PARKS AND THEIR INCORPORATION INTO THE PUBLIC DOMAIN AS A MANIFESTATION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. A public property can be natural or artificial, depending on whether it involves properties declared public by the legislator considering them in the state that nature presents or offers them (a river, for example), or properties declared public by the legislator but whose creation or existence depends on a human action (construction of a street or a public park). Now then, in accordance with Article 37 of the Constructions Law, parks, gardens, and public promenades are freely accessible to all the inhabitants of the country and "... In general, it is forbidden to make use of gardens, lawns, etc., different from that for which they were created)". In that sense, paragraph 1 of Article 44 of the Urban Planning Law establishes that "...the municipal domain over areas of streets, plazas, gardens, parks or other open spaces of general use, is constituted by that same use and its inscription in the Property Registry can be dispensed with, if it is recorded in the Official Map...".
For its part, Article 43 of that same law provides that "The Official Map, together with the plans or the cadastre that complete it, shall constitute a special reliable registry on the ownership or affectation to public domain of the lands or spaces already dedicated to public uses...". From the norms partially transcribed above and the parameters established in Article 261 of the Civil Code, it follows that parks constitute public domain properties, whose essential purpose, according to the provisions of Article 50 of the Political Constitution, is to grant people green recreational areas, as a way to guarantee them the enjoyment of spaces that allow them to have a good quality of life and therefore, to develop fully as human beings in freedom. At this point, it is worth highlighting that if we start from the premise that the express or presumed affectation to a public service or use constitutes the factor that determines or not the public domain status of a property, then it is possible that cases of dissociation between ownership and affectation of that property may arise, such as for example: when there are parks, plazas, or gardens, whose public use can be reliably demonstrated through official maps or other means, even when the ownership of the real estate is of a private character.
In such cases, even if the land has not been registered in the registry as a public domain property, it is presumed, in accordance with the principle of non-registration, that it constitutes a property of a demanial nature insofar as it is proven that, due to its special characteristics, it has been destined by the legislator for public use and enjoyment.
This Tribunal considers that the property with cadastral map number Placa28295, located at Dirección1832 , of Canton 14 Moravia, of the Province of San José, which is called Parque Recreativo del Norte and is currently registered in the Public Property Registry under real folio registration number Placa28291 of the Partido de San José, in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (see folios 102, 103, and 106 of the judicial file; 3, 6, 7, 8, and 11 of the evidentiary file of the CGR), constitutes a public domain asset (bien demanial) designated for the public use of a park, for the following reasons:
VII.REGARDING CONDUCT INCONSISTENT WITH THE LEGAL SYSTEM ATTRIBUTABLE TO THE ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE AND THE NON-EXISTENCE OF GOOD-FAITH ACQUIRED RIGHTS OVER THE PROPERTY OF THE PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. As already indicated in considerando VI of this judgment, regarding public domain assets (bienes demaniales)—which are characterized by being inalienable, imprescriptible, and unattachable—private occupations, no matter how prolonged in time and even if they appear protected by entries in the Property Registry, do not have the power to generate subjective rights over the real property affected to a public service or use (see, among others, judgments number 2009-1056 and 2009-3113 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). In the specific case, although real property number 370440-000 of the Partido de San José has been registered in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte for more than nineteen years, the truth is that this circumstance did not imply the removal of the affectation (desafectación) of that land—which was segregated from another public domain asset, namely, the parent property number 267183-000—since the legislator, through Article 16, subsection 22 of Law number 7097, merely limited itself to varying its purpose, given that it affected it exclusively to a public use, which is, the construction of the Parque Recreativo del Norte, an affectation that is based not only on the express text of the law—not only the one that was declared unconstitutional, but mainly on the provisions of Articles 43 and 44 of the Ley de Planificación Urbana, and 37 of the Ley de Construcciones—but also on the public use and, therefore, the real condition of a park that said real property holds.
Consequently, the defendant's argument that it has a good-faith acquired right over the property of the public domain asset called Parque Recreativo del Norte is inadmissible, not only because, by reason of the public domain nature (naturaleza demanial) of that real property and in accordance with the provisions of Articles 121, subsection 14 of the Constitución Política and 261 to 263 of the Código Civil, it is not possible to acquire a property right over an asset affected to a public service or use, but also because the term acquired rights refers to "...that consummated circumstance in which a thing—material or immaterial, be it a previously unowned good or a previously non-existent right—has entered into (or had an impact on) the patrimonial sphere of the person, such that the latter experiences a verifiable advantage or benefit..." (judgment number 1997-2765 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).
In this case, the acquired rights to which the defendant Association refers would be reduced to a purely patrimonial aspect, related to the liquid funds that are indeed already forming part of the Association's patrimony and not to the ownership of the Parque Recreativo del Norte, nor to the temporal validity of the contracts it currently maintains with a private legal entity that allow it to dispose of the area where the gymnasium (gimnasio) is located. In any case and by reason of the object of the proceeding, it is not for this Court to determine whether or not good-faith acquired rights exist, in the terms set forth, for which reason, if the defendant were to seek to assert any type of right on this matter, it must resort to the corresponding legal avenue, so that what is legally appropriate may be resolved. Now then, this Court considers that the defendant Association has incurred in a series of conducts that are inconsistent with the legal system and, therefore, contrary to the principle of good faith, by making improper use of the real property that was transferred to it, which, in any case, is contrary to the very purposes it pursues in accordance with the provisions of Article 3 of its bylaws. Said assertion is supported by the following reasons:
VIII.ON THE INACTIVITY OF THE AGRARIAN DEVELOPMENT INSTITUTE (IDA) RELATED TO THE FAILURE TO EXERCISE ACTIONS TO RECOVER THE NORTHERN RECREATIONAL PARK. This Court finds that the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario) engaged in an omissive conduct contrary to the legal order, regarding the duty to protect, safeguard, and recover the Northern Recreational Park (Parque Recreativo del Norte), which was severed from a public domain property registered in its name, based on a rule that was subsequently declared contrary to Constitutional Law. The foregoing is based on the following reasons: a) In order to guarantee that public domain assets fulfill the public purpose for which they have been designated by express or presumed affectation, and as a consequence of the inherent characteristics of inalienability and imprescriptibility, Public Administrations have the obligation to exercise the administrative and/or jurisdictional actions provided for by the legal order, in order to protect and conserve public domain assets, in accordance with the provisions of articles 121 subsection 14 in relation to 11 and 50 of the Political Constitution (Constitución Política); 261 and 263 of the Civil Code (Código Civil); 14 of the Forestry Law (Ley Forestal); 7, 8, 9 and 10 of the Internal Control Law (Ley de Control Interno); 37 of the Construction Law (Ley de Construcciones); 110 and following of the Financial Administration Law of the Republic and Public Budgets (Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos)—among others—.
Therefore, for the exercise of actions aimed at their recovery and protection, no statutes of limitations (prescripción) or expiry (caducidad) periods run, and the means available to Public Administrations for their effective recovery are imprescriptible, as established by articles 34 subsection 2 and 40 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo); b) Now, this Court has deemed it proven that the conduct in which the IDA maintains that it has fulfilled the duty imposed by the legal order to recover the property with cadastral plan (plano catastrado) number SJ-770593-000, has been the following: b.1) By official letter number DAMM 675-04-06 of April twenty-fifth, two thousand six, the Municipal Mayor of Moravia, brought to the attention of the Agrarian Development Institute "...some irregularities that have been occurring over time, in relation to a property now known as the Northern Recreational Park (Parque Recreativo del Norte), so that good offices may be interposed to give a definitive solution to them (...) We add, that the members of the Board of Directors of the Association have changed the nature of the property, turning the sports gymnasium located therein into a supposed convention center, but the truth is, its new direction is that of a church..." (folios 80 to 89 of the administrative file of the Agrarian Development Institute; and audiovisual backup of the judicial inspection (reconocimiento judicial) of September sixteenth, two thousand nine); b.2) That by official letter number DAJ-409 of May sixteenth, two thousand six, the Directorate of Legal Affairs of the IDA, submitted to the Board of Directors of that same entity, a report related to the facts brought to its attention by the Municipal Mayor of Moravia, by official letter DAMM 675-04-06 of April twenty-fifth, two thousand six, in whose conclusions it indicates: "...Pursuant to what has been stated, the only possibility the Institute has is to resort to an action of Unconstitutionality against the atypical norm and consequently request the nullity of the transfer deed, since in all other cases our rights are time-barred (prescritos) or expired (caducos).
The observation is made that if the Chamber accepts our thesis, we would eventually have to recognize for the Association Pro Construction of the Northern Recreational Park (Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte), the improvements introduced by them on the land, as we cannot affect good faith acquired rights. If the recommendation of the Directorate of Legal Affairs is accepted, it would be advisable for the Board to take an agreement in that sense and authorize the Executive President to file the respective action. This Directorate does not share the position of the Municipal Mayor in the sense that only the Institute has standing to take action since, as explained, we are not in the presence of a direct or individual injury, hence the action can be filed by any person..." (see folios 75 to 79 of the administrative file of the IDA); b.3) That by agreement number 33 adopted in session number 018-06 held on May twenty-second, two thousand six, the Board of Directors of the IDA, in accordance with official letter number DAJ-409-06 from the Directorate of Legal Affairs of that same entity, agreed: "...1.
To grant a hearing to the Municipal Mayor of Moravia; 2. To commission the Executive Presidency, in order to formulate a consultation, both to the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), and to the Internal Audit Office of the Institute, on the merits of this matter taking into account the criteria
b.4) That by official letter number FOE-DDJ-3035 of September twenty-first, two thousand six, the Comptroller General's Office (Contraloría General de la República), forwarded to the Agrarian Development Institute a complaint against the Association Pro Construction of the Northern Recreational Park and its President, "...for alleged irregularities in the handling of funds and assets donated by the State for the construction of that park, specific budget items and lot from the IDA and for the closure of this property to the public...". That the Board of Directors of the IDA by agreement number 33 adopted in session number 033-06 held on October second, two thousand six, took cognizance of official letter FOE-DDJ-3035 of September twenty-first, two thousand six, from the Comptroller General's Office and agreed "...to commission the Legal Advisor of the Board of Directors, to present to this Board of Directors a report on the current status of this case in order to inform the interested party..." (see folios 17, 18, 73 of the administrative file of the IDA); b.5) That by official letter number FOE-DDJ-0317 received on March eighth, two thousand seven, the Comptroller General's Office, requested "...information on the actions taken by the IDA in relation to the problems presented with the use of the so-called Northern Recreational Park...".
That the Board of Directors of the IDA by agreement number 9 of session 010-07 held on March twelfth, two thousand seven, took cognizance of official letter number FOE-DDJ-0317 and agreed "...to inform the Comptroller General’s Office, that the unconstitutionality action has already been drafted and in turn to petition that Body to cooperate in said unconstitutionality action, which is going to be filed in due course..." (see folio 71 of the administrative file of the IDA); b.6) That on October sixteenth, two thousand seven, the Comptroller General’s Office filed an unconstitutionality action against article 16 subsection 22 of the Extraordinary Budget Law number 7097 of August eighteenth, nineteen hundred eighty-eight, which had authorized the IDA to segregate a lot of up to 25,000.06 square meters from farm number 267183, a property currently registered under real folio registration number Placa28287.
That said unconstitutionality action was assigned file number 07-013901-0007-CO (folios 17 to 26 of the evidence bundle of the CGR); b.7) That by official letter number PE-0123-2008 of January fourteenth, two thousand eight, the Executive President of the Agrarian Development Institute, requested the Directorate of Legal Affairs of that same entity, to analyze "...the ruling of the Constitutional Chamber that annulled the budgetary norm by which land was donated for the northern recreational park. In accordance with the information obtained, this Executive Presidency requires a legal opinion on the situation raised, the possibility of recovering the asset in question, if there are rights in favor of private parties that could affect it or, if there are rights in favor of the IDA that must be safeguarded..." (see folio 96 of the evidence bundle of the CGR and 9 of the administrative file of the IDA); b.8) That by official letter number DAJ-048-08 of January twenty-third, two thousand eight, the Directorate of Legal Affairs, in response to official letter number PE-0123-2008 of January fourteenth, two thousand eight signed by the Executive President of the Agrarian Development Institute, reported that: "...Although it is true, the Constitutional Chamber annuls the norm by which the IDA transferred a property to the Northern Recreational Park Association (Asociación Parque Recreativo del Norte), in accordance with article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), this declaration has declarative and retroactive effects, thus the administrative act that authorized the transfer would be considered as non-existent, returning things to their original state, that is, reverting the land to the Institution's patrimony.
However, there is currently no certainty regarding whether, in the ruling, the Constitutional Chamber annuls the transfer in and of itself and orders the cancellation of the registry entry or, if it is silent in that sense. In the event that the Constitutional Chamber annuls the transfer act and orders the cancellation of the registry entry as a consequence, said act could only be executed by the Comptroller General's Office, since it was that entity that filed the action and, the IDA was not given participation within the process (...)" Now, the ruling is currently in the process of signatures by the Magistrates of the Constitutional Chamber, so its comprehensive knowledge will be once this procedural stage is concluded (sic), which will allow us to know with greater certainty what is pertinent regarding the nullity of the transfer act itself, the nullity of the registry entry as an immediate consequence and, the reversion of the property to the institution's patrimony..." (folios 97 to 98 of the evidence bundle of the CGR; 7 to 8 of the administrative file of the IDA); b.9) That the notice referred to by articles 88 and 90 paragraph 1 of the Constitutional Jurisdiction Law, regarding the publication of the operative part of the judgment, was published in the Judicial Bulletins (Boletines Judiciales) numbers 41, 42 and 43, dated 27, 28 and 29 February two thousand eight, respectively (folios 72, 93 to 95 of the evidence bundle of the CGR); b.10) That by official letter number Placa28292 of December 16, two thousand eight, the General Manager of the IDA requested the Director of Legal Affairs, to "...as soon as possible, inform me of the effects that the declaration of nullity of article 16, subsection 22, of Law No. 7097 of August 18, 1988, Extraordinary Budget Law of the Republic, had with respect to the act by which the IDA transferred the property to the Northern Recreational Park Association..." (folio 6 of the administrative file of the IDA); b.11) That by official letter number DAJ-205 of March 16, two thousand nine, the Directorate of Legal Affairs of the IDA, informed the General Manager, that by judgment number 00056-2008 of fourteen hours forty-seven minutes on January ninth, two thousand eight, the unconstitutionality action filed by the Comptroller General’s Office was declared with merit and consequently, article 16 subsection 22) of Law No. 7097 of August 18, 1988, published in Alcance No. 25 to La Gaceta No. 166 of September 1, 1988, which is the Extraordinary Budget Law of the Republic, was annulled for being unconstitutional, without prejudice to good faith acquired rights.
Likewise, it was indicated that in file number 09-00076-1027-CA, a contentious-administrative process is being processed, filed by the Comptroller General’s Office against the Agrarian Development Institute and the Association Pro Construction of the Northern Recreational Park (see folios 3 and 4 of the administrative file of the IDA); b.12) That by official letter DAJ-667-09 of July twentieth, two thousand nine, the Directorate of Legal Affairs of the IDA, submitted to the Secretary General of the Institute of Agrarian Development, a report on the Northern Recreational Park and recommended "...the authorization of the initiation of proceedings, whether administrative or judicial, in order to proceed with the recovery of the property registration Placa28291 of the San José District (Partido de San José) that is in the name of the mentioned Association and to order the cancellation of the registration in the Public Registry, to be able to include the land within the Institute's patrimony...", which were approved by the Board of Directors of the IDA, by agreement number 27 of ordinary session number 026-2009 held on July 28, two thousand nine (folios 157 to 160, 274 of the judicial file); c) From the foregoing, this Court considers that there is no administrative or jurisdictional action on the part of the IDA, that is relevant for achieving the effective recovery of the property with cadastral plan number Placa28295.
In this sense, it should be noted that even though the defendant entity was made aware since the year two thousand six, of the irregularities that both the Municipality of Moravia and the Comptroller General’s Office imputed to the defendant Association, (folios 73, 80 to 89 of the administrative file of the Agrarian Development Institute), it was not until by agreement number 9 of session 010-07 of March twelfth, two thousand seven and as a result of the CGR by official letter number FOE-DDJ-0317-07 requesting information about the actions related to the Northern Recreational Park, that it resolved to file in due course the unconstitutionality action against the provisions in subsection 22 of article 16 of Law number 7097, which authorized the transfer of the property to the defendant Association (folio 71 of the administrative file of the IDA). However, the unconstitutionality action was not filed by the Agrarian Development Institute, but by the Comptroller General's Office, even though the IDA had standing to file the unconstitutionality action in accordance with the provisions of article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law; d) On the other hand, it should be highlighted that the IDA had knowledge of the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of article 16 of Law 7097, even before on the twenty-seventh, twenty-eighth, and twenty-ninth of February two thousand eight, the notice with the operative part of the judgment, referred to by article 90 of the Constitutional Jurisdiction Law, was published (see folios 7 to 9 of the administrative file of the IDA; 55, 93 to 95 of the Evidence Bundle of the CGR).
Although it is true, it was argued by official letter number DAJ-048-08 of January twenty-third, two thousand eight, that they should wait for the full publication of the judgment to "...know with greater certainty, what is pertinent regarding the nullity of the transfer act itself, the nullity of the registry entry as an immediate consequence and, the reversion of the property to the institution's patrimony..." (folio 8 of the administrative file of the IDA); it is also true, that in accordance with the provisions in the second paragraph of article 88 of the Constitutional Jurisdiction Law, from the first time the notice referred to in article 90 of the same law is published, the elimination from the legal order of the norm declared contrary to the Political Constitution shall take effect. Added to the above, it should be highlighted that despite the full publication of the judgment occurring in Judicial Bulletin number 103 of May twenty-ninth, two thousand eight (folios 82 to 85 of the evidence bundle of the CGR), it was not until that by official letter number Placa28292 of December sixteenth, two thousand eight, the General Manager of the IDA requested to be informed as quickly as possible about "...the effects that the declaration of nullity of article 16, subsection 22, of Law No. 7097 of August 18, 1988, Extraordinary Budget Law of the Republic, had with respect to the act by which the IDA transferred the property to the Northern Recreational Park Association..." (folio 6 of the administrative file of the IDA); e) Finally, it was not until July twentieth, two thousand nine, that by official letter number DAJ-667-09 and as a result of the period of three business days granted by this Court in a decree of the eight hours thirty minutes of July seventh, two thousand nine and in accordance with the provisions of article 35.2 of the CPCA (folios 148 to 150 of the judicial file), the Directorate of Legal Affairs recommended "...the authorization of the initiation of proceedings, whether administrative or judicial, in order to proceed with the recovery of the property registration Placa28291 of the San José District that is in the name of the mentioned Association and to order the cancellation of the registration in the Public Registry, to be able to include the land within the Institute's patrimony...", which were approved by the Board of Directors of the IDA, by agreement number 27 of ordinary session number 026-2009 held on July 28, two thousand nine (folios 157 to 160, 274 of the judicial file); f) Consequently, the defendant entity did not exercise the actions aimed at protecting, conserving, and recovering public domain assets, despite the fact that: f.1) It had to recover the property with cadastral plan number SJ-770593-88, as this was segregated from the parent farm (finca madre) number 267183-000, land that in accordance with the provisions of Executive Decrees (Decretos Ejecutivos) number 8005-G and 8059-G, was expropriated and acquired by the State and registered in the name of the IDA, with the purpose of allocating it to the public service it provides; f.2) It had knowledge that the budgetary norm that had authorized that segregation and transfer, suffered from a vice of unconstitutionality.
In that sense, it is worth noting that in agreement number 4 of session 21-89 of March fourteenth, nineteen hundred eighty-nine, by which, it was agreed to prepare the deed of transfer and donation of the Northern Recreational Park in favor of the defendant Association, one of the members of the Board of Directors, opposed the transfer since "...because in his capacity as a lawyer, he considers that the authorization for the transfer of that lot is based on a budgetary norm, which in his opinion is unconstitutional. Likewise, he wants to place on record that he is in favor of building centers like this and financing them at the State's expense, but within the current legal order..." (see folios 102 and 103 of the judicial file); f.3) Once the unconstitutionality of subsection 22 of article 16 of Law 7097 was declared and both the notices of the operative part, and the full judgment issued by the Constitutional Chamber were published, it was not until the occasion of the transfer of the lawsuit that forms the basis of this process, that the initiation of proceedings, whether administrative or judicial, was recommended and authorized, in order to proceed with the recovery of the property registration Placa28291 of the San José District that is in the name of the mentioned Association and to order the cancellation of the registration in the Public Registry, to be able to include the land within the Institute's patrimony; g) For all the foregoing, this Court declares that the Agrarian Development Institute, engaged in an omissive conduct contrary to the provisions of articles 121 subsection 14 in relation to 11 and 50 of the Political Constitution; 261 and 263 of the Civil Code; 7, 8, 9 and 10 of the Internal Control Law; 37 of the Construction Law; 110 and following of the Internal Control Law; 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code, since it did not exercise the jurisdictional or administrative actions necessary to protect, conserve, and recover the public domain asset known as Northern Recreational Park.
Therefore, in accordance with articles 192, 199, 200, 210, 211 and 213 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública); 8 of the Internal Control Law; 110 subsections b), e), p) and r) of the Financial Administration Law of the Republic and Public Budgets, the head of the IDA is ordered to immediately initiate the internal proceedings on the merits in order to establish the pecuniary and/or disciplinary responsibility of the officials who participated in the actions or omissions that caused the contrary conducts declared in this judgment. On the actions taken, a report must be rendered to the Executing Judge of this Court, within a period of three months counted from the finality of this judgment.
IX.ON THE SCOPE OF THE DECLARATION OF UNCONSTITUTIONALITY OF SUBSECTION 22 OF ARTICLE 16 OF LAW 7097 AND ITS INCIDENCE ON THE ACTS OF TRANSFER AND REGISTRATION OF THE PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, by judgment number 2008-00056 of fourteen hours forty-seven minutes on January ninth, two thousand eight, declared the unconstitutionality action filed in expediente number 07-13901-0007-CO to have merit, considering that “...the authorization introduced in Article 16 subsection 22) of the Ley de Presupuesto Extraordinario, Law No. 7097 of August 18, 1988, insofar as it allowed the Instituto de Desarrollo Agrario to segregate and donate to an Association a plot of land measuring twenty-five thousand square meters and six tenths of its property, is unconstitutional due to the legislative procedure that was followed. It is an atypical norm outside the budgetary content, through which a property of an autonomous state entity is disposed of, making it contrary to the Law of the Constitution.
Therefore, it is clear that the norm analyzed here is unconstitutional, and consequently, must be annulled, noting that it will be in the ordinary jurisdiction where the existence of acquired rights, or the need to pay or not for improvements on the property whose transfer is being annulled by the norm in question, will be determined...” (folios 65 to 71 of the evidentiary file of the CGR). At this point, it is necessary to clarify the effects produced by judgments upholding unconstitutionality, in accordance with the provisions of Articles 88, 89, and 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). First, the judgment declaring the unconstitutionality and pronouncing the consequent annulment of the challenged norm or acts shall produce res judicata and eliminate the norm or act from the legal system, an elimination that shall take effect from the first time the notice with the operative part referred to in Article 90 of the same law is published.
Second, the judgment declaring the unconstitutionality of a norm or law or general provision shall also declare the unconstitutionality of the other precepts thereof, or of any other law or provision whose annulment is evidently necessary by connection or consequence, as well as that of the challenged application acts. Lastly, the declaration of unconstitutionality shall have a declaratory and retroactive effect to the date the act came into force, all without prejudice to good faith acquired rights. Notwithstanding the foregoing, the constitutional judgment of annulment may graduate and dimension its retroactive effect in space, time, or matter, and shall dictate the necessary rules to prevent it from producing serious dislocations to social security, justice, and peace. Based on the rules set forth above, this Tribunal shall determine what the specific effects of the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 are in this specific case, a point that is transcendental, given that said norm constituted the title that served as the basis for the authorization of the transfer of the property with cadastral plan number Placa28295, in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. In this sense, this Tribunal considers that:
X.ON THE PRETENSIONS RELATING TO THE PARQUE RECREATIVO DEL NORTE RECOVERING THE REGISTRATION ENTRY AS PART OF FARM NUMBER 1-267183 AND TO THE I.D.A. TRANSFERRING THE PARK TO AN ORGAN OR ENTITY RESPONSIBLE FOR ADMINISTERING PUBLIC PARKS. While it is true that the declaration of absolute nullity shall have purely declaratory and retroactive effects to the date of the act (Article 171 of the Ley General de la Administración Pública), which would imply – in principle – restoring things to the state they were in at the time the act declared absolutely null was issued, it is also true that such restoration shall occur when it is possible to do so and current circumstances so allow. In this sense, this Tribunal considers that it is not possible for the land with cadastral plan number SJ-770593-88 called Parque Recreativo del Norte to recover its registration entry as an integral part of farm number 1-267183, from which it was segregated.
This for the following reasons: a) Although the parent farm number 1-267183 constitutes a public domain asset, its purpose is not consistent with the public use purpose of a park to which the Parque Recreativo del Norte (property with cadastral plan number SJ-770593-88) is designated, since, as can be deduced from Decretos Ejecutivos of expropriation number 8005-G and 8059-G, the parent farm from which it was segregated is destined for the public service provided by the Instituto de Desarrollo Agrario (see proven facts 1 and 2 of considerando I of this judgment). In this sense, this Tribunal considers that the land destined for the Parque Recreativo del Norte could not once again become an integral part of farm 1-267183, as it is currently effectively designated for a public use as a park (see point 3 of considerando VI of this judgment), which is incompatible with the public service purpose to which that farm is destined; b) In this sense, it is worth recalling that in the land-use map (mapa de uso de suelo) number 239.2 of the Municipalidad de Moravia, farm number 370440, with cadastral plan number S-770593-88, is described as Parque Recreativo del Norte; which in turn, and in accordance with the provisions of Article 10 of the Reglamento al Plan Regulador of the Municipalidad de Moravia, is located in the public institutional zone of San Vicente, which is defined as that whose object is the establishment of cultural, educational, recreational, administrative facilities, convenient for an adequate development of the community (see folios 104 to 106 and 140 of the judicial file); c) That the southern boundary of the land with cadastral plan number SJ-770593-88 has suffered an alteration, as it no longer borders the parent farm number 1-267183 owned by the Instituto de Desarrollo Agrario, as indicated in the registration entry of the Partido de San José, registration number Placa28291, and in cadastral plan number SJ-770593-88 (see folios 3 and 11 of the evidentiary file of the CGR), but rather borders a public street, as this Tribunal was able to verify when conducting the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out on September sixteen, two thousand nine, as well as from the satellite photograph visible on folio 126 of the evidentiary file of the CGR.
In addition to the above, from the document visible on folio 33 of the administrative file of the IDA, it appears that from the parent farm registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, under real folio registration number Placa28289, a plot of land measuring 5,040.88 m2 was also segregated in favor of the Orquesta Sinfónica Nacional, which is located exactly behind the public street bordering the Parque Recreativo del Norte to the south (see audiovisual record of the judicial inspection and the satellite photograph on folio 126 of the evidentiary file of the CGR). Likewise, that from that same parent farm, a property of 2 Has. 0679.95 m2 was sold to the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal for ¢37,223,910.00 colones (thirty-seven million two hundred twenty-three thousand nine hundred ten colones without céntimos) (folio 33 of the administrative file of the IDA). All of the above implies that the current situation of the boundaries and the area of the parent farm number 267183 is not the same as that which was recorded in deed number one, of volume ten of the Protocol of Notary Public Julio Sánchez Carvajal, granted in the year nineteen eighty-nine (see folios 6 to 8 of the evidentiary file of the CGR); d) That from Articles 1, 15, 16, and 30 of the Law of the Instituto de Tierras y Colonización, it follows that the administration and conservation of parks is not the competence of the Instituto de Desarrollo Agrario, as the representative of the defendant entity herself raises as a defense argument when answering the lawsuit (folios 166 and 167 of the judicial file); e) That in accordance with the provisions of Articles 43 and 44 of the Ley de Planificación Urbana, the Mapa Oficial, together with the plans or the cadastre that complement it, shall constitute a reliable official registry regarding property and designation to public domain of the lands or spaces already given over to public uses; and that municipal ownership over the areas of streets, squares, gardens, parks, or other spaces open to public use in general, is constituted by that same use and its registration in the Registro de la Propiedad can be dispensed with if it appears on the Mapa Oficial; f) That as declared in considerando VI of this judgment and in accordance with the provisions of Articles 121 subsection 14; 261 to 263 of the Civil Code; 43 and 44 paragraph 1 of the Ley de Planificación Urbana; 37 of the Ley de Construcciones, as well as the principle of non-registration of public domain assets, the property with cadastral plan number Placa28295, located at Dirección1832, of Canton 14 Moravia, of the Province of San José, which is called Parque Recreativo del Norte, constitutes a public domain asset designated for the public use of a park.
For all the foregoing and in accordance with the provisions of Article 122 subsections c) and g) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, 121 subsection 14 of the Political Constitution, 261 of the Civil Code, 43 and 44 of the Ley de Planificación Urbana, 37 of the Ley de Construcciones, 48 of the Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo number 26771-J), and 10 of the Reglamento al Plan Regulador of the Municipalidad de Moravia, this Tribunal orders the Instituto de Desarrollo Agrario: i) To prepare, through the Notaries of the Dirección de Asuntos Jurídicos of that entity, the transfer deed in the name of the Municipalidad de Moravia, for the property with cadastral plan number SJ-770593-88, located at Dirección1832, of Canton 14 Moravia, of the Province of San José; measuring 25,000.06 square meters; currently bounded on the north by a public street, on the south by a public street, on the east by a public street and others, on the west by the Sucesión de José Rivera and Quebrada, and whose nature is that of a public park called Parque Recreativo del Norte; ii) To carry out all pertinent steps to register the property with cadastral plan SJ-770593-88 described above, in the name of the Municipalidad de Moravia in the Registro Público de la Propiedad Inmueble; 3) Regarding the above, they must inform the Jueza Ejecutora of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda within a period of two months counted from the finality of this judgment.
XI.ON THE NON-CONFORMITY WITH THE LEGAL SYSTEM OF THE LEASE AGREEMENT ENTERED INTO BETWEEN THE ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA AND THE DEFENDANT ASSOCIATION. This Tribunal has established it as proven that on April fifth, two thousand eight, the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte entered into a lease agreement with the Asociación Centro Cristiano de Excelencia – which appears in this proceeding as an interested third party – over a part of the property located at Dirección1834, of canton 14 Moravia, of the province of San José, registered in its name in the Registro Público de la Propiedad, under the real folio system registration number Placa28291, “...specifically the land located from the sports fields westward, up to the stream (river), land with an approximate measurement of twenty thousand square meters, and which currently consists of a built gymnasium and green areas.
THIRD: That said property shall be used by the Lessee for the holding of religious services or related events, which help the integral development of (sic) society and individuals. FOURTH: The term of this contract shall be ten years starting from April eight, two thousand eight, and may be extended for equal periods up to a total of thirty years. The extensions corresponding to each year must necessarily be formulated in writing in a new contract or addendum; there are no automatic or tacit extensions. FIFTH: The lease price for the indicated property shall be two million four hundred sixty-two thousand exact colones (Placa28297), and an annual ten percent increase is established in the payment for the lease of the property...” (see folios 275 to 278 of the judicial file). In this sense, and contrary to what the representative of the interested third party maintains, in accordance with the provisions of Articles 28 and 129 of the Political Constitution; 18 subsection 2 of the Ley General de la Administración Pública; 18 and 631 subsection 1 of the Civil Code; 26 of the Ley de Asociaciones; and 4 in fine of the Estatutos of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, the lease agreement entered into with the defendant, for the purpose of giving a private use that is different from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, is non-conforming with the legal system, for the following reasons: a) It is contrary to the lawful purpose pursued by the defendant Association according to Article 3 of its bylaws (estatutos) (folios 91 and 101 of the evidentiary file of the CGR); b) It is contrary to the reason that supported the authorization for the transfer of said asset, which, in accordance with the provisions of subsection 22 of Article 16 of law number 7097, was that the land be dedicated exclusively to the construction of the Parque Recreativo del Norte (folios 1 of the evidentiary file of the CGR and 11 to 14 of the administrative file of the IDA), and therefore, contrary to the obligation to enter into contracts and acquire obligations that are lawful and possible in accordance with the purposes pursued by the Association and the public domain nature of the asset (Articles 26 of the Ley de Asociaciones and 4 in fine of the Estatutos of the defendant Association); c) It is contrary to the effective public use as a park, which has been realized in an area of approximately fifteen percent of the total property, that not only was destined for, but in reality has partially fulfilled the purpose of recreation for the residents of the northern cantons of San José and the community in general; d) By virtue of the public domain nature of the Parque Recreativo del Norte and in accordance with the provisions of Articles 262 and 631 of the Civil Code, obligations whose object is a thing that is legally impossible are contrary to law, as in this case, where due to the public use as a park to which the property with cadastral plan Placa28298 is destined, it is removed from commerce (fuera del comercio de los hombres).
Because of the foregoing, the request made by the representative of the interested third party, to the effect that the lease agreement remain in force for the term of ten years established in the fourth clause of said agreement, is inappropriate, since in accordance with the public domain nature of the Parque Recreativo del Norte, its use cannot be private, but must conform to the public use to which it is designated. Consequently, and for all the foregoing, this Tribunal declares that the lease agreement entered into by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte and the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, for the purpose of giving a private use that is different from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, is non-conforming with the legal system. That by reason of the above and what is set forth in considerandos VII and IX of this judgment, it is ordered that within a period of ten working days counted from the finality of this judgment, the eviction (desalojo) shall proceed both of the defendant Association and of the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, and of any private law subject found on the property occupied by the Parque Recreativo del Norte, and the provisional possession of the property shall be granted to the Instituto de Desarrollo Agrario, until the registral entry of the transfer of said property in favor of the Municipalidad de Moravia is made effective.
That the eviction and provisional possession proceeding for the property shall be the responsibility of the Jueza Ejecutora of the Tribunal Contencioso Administrativo, who shall execute it with the assistance of the Fuerza Pública, if necessary (Article 153 in fine of the Political Constitution).
The Instituto de Desarrollo Agrario only raised the exception of failure to join a necessary passive litis consortium, which was rejected by this Tribunal, by resolution number 1913-2009 of eleven hours on September ninth, two thousand nine. For its part, the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte raised the exceptions of statute of limitations (prescripción), lack of active and passive standing (legitimación ad causam activa y pasiva), and lack of right (falta de derecho). Regarding the defense of statute of limitations, having accredited the public domain nature (naturaleza demanial) of the property subject to the process, its rejection is necessarily required. It must be borne in mind that, in the case of the recovery and protection of public domain assets (bienes de dominio público), periods of statute of limitations or expiry do not run, given that the actions available to the State for their effective recovery are imprescriptible.
This is so due to the particular characteristics of this type of assets. This is expressly established in Article 34, subsection 2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, as long as absolutely null acts are producing effects, their annulment is possible, as derived from Article 40 of the same Procedural Code and Article 175 of the Ley General de la Administración Pública. The representative of the private law co-defendant must bear in mind that, against this type of annulment claims, the principle that acts vitiated by absolute nullity cannot be validated by time or by legal act, nor can they be cured, must prevail, as provided in Article 172 of the Ley General de la Administración Pública. In this specific case, it is essential to consider these principles: conduct related to the protection of public domain assets is being challenged, and furthermore, they are producing effects to date: the property is registered in the name of a private individual, despite being a park destined for the recreation of the residents of the northern cantons of San José and the general public, and its public domain nature.
For the foregoing reasons, and by virtue of the fact that the plaintiff's claims are aimed at seeking the absolute nullity of administrative conduct affecting public domain assets that, to date, continue to produce effects, and also considering that this Tribunal verified such defect and declared the absolute nullity of the challenged formal conduct, the defense of statute of limitations alleged must be rejected. Regarding the lack of standing in its dual modality, this Tribunal considers that it must be rejected. The foregoing because, having analyzed this requirement, the conclusion is reached that, firstly, the plaintiff has sufficient active standing to participate in this process in light of Article 10, subsection 3) of the Código Procesal Contencioso Administrativo. This is because it concerns the defense and protection of assets that make up the Public Treasury (Hacienda Pública), as provided in Articles 8 and 9 of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, given that we are dealing with the recovery and protection of a public domain asset.
Furthermore, the action is correctly directed against the Instituto de Desarrollo Agrario, as provided in Article 12, subsection 1) of the cited Procedural Code, as the author of both the formal conduct challenged and annulled in this judgment, and of omitted conduct that is contrary to the legal order. Also, the action is correctly directed against the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, as required by Article 12 already cited in its subsection 3), not only because, based on an atypical budgetary norm that was declared unconstitutional, an asset destined for public park use was registered in its name, which must therefore return to the public domain, but also because it made a private use of that property contrary to the public purpose for which it was destined. As regards the exception of lack of right, its rejection is also partially required, for the reasons that have already been extensively developed in the preceding recitals (considerandos).
Consequently, the exception of lack of right is partially upheld, only insofar as it is not possible for the land with cadastral map number Placa28295 called Parque Recreativo del Norte to recover its registry inscription as an integral part of property number 1-267183, from which it was segregated, as indicated in recital X of this judgment.
For all the reasons set forth in this resolution, it is appropriate to declare the claim partially upheld (con lugar), in the following terms:
XIV.ON THE MAINTENANCE OF THE PRECAUTIONARY MEASURE ADOPTED IN RESOLUTION NUMBER 392-2009 OF 15:00 HOURS ON 10-03-2009. In order to protect the subject matter of this process while this resolution becomes final, it is ordered to maintain the precautionary measures ordered by the Processing Judge (Juez Tramitador) of this Tribunal, through resolution No. 392-2009, of 15 hours on March 10, 2009, and in which it was ordered: "The precautionary measure of annotation of claim (anotación de demanda) on the property of the partido de San José, registered under the Real Folio System registration number three hundred seventy thousand four hundred forty sub-registration zero zero zero (Placa28287) requested by the Contraloría General de la República, is granted, ordering the annotation agreed upon through the resolution of eight hours on February fourth, two thousand nine, to be maintained. This matter is resolved without special condemnation in costs...".
In accordance with Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. The exemption from this condemnation is only viable when, in the judgment of the Tribunal, there is sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable regulations and break the principle of condemning the losing party. Therefore, both costs are imposed on the Instituto de Desarrollo Agrario and the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. Now, in accordance with articles 15 and 196 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, in its capacity as an interested third party (tercero interesado), shall not earn or pay costs.
THEREFORE (POR TANTO).
The exceptions of statute of limitations, lack of active and passive standing raised by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte are rejected. The exception of lack of right raised by the defendant Association is partially upheld, only insofar as it is not possible for the land with cadastral map number SJ-770593-88 called Parque Recreativo del Norte to recover its registry inscription as an integral part of property number 1-267183, from which it was segregated. In all other respects, it is rejected. Consequently, the present claim is declared partially upheld, in the following terms, it being understood that it is denied in what is not expressly granted. Consequently:
Marianella Álvarez Molina José Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez FILE: 09-000076-1027-CA ORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING PLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Email ...01 ________________________________________________________________________ FILE: 09-000076-1027-CA ORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING PLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Nº 235-2010-Bis TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SIXTH SECTION. SECOND CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANNEX A. Goicoechea, at eight hours fifteen minutes on February fourth, two thousand ten.- Ordinary proceeding declared of preferential processing, filed by Nombre71822, of legal age, married, Attorney at Law and Business Administrator, resident of San José, identity card number CED29778, in her capacity as CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), represented by Nombre34867, of legal age, married, attorney, resident of San Ramón de Alajuela, identity card number CED112349, in his capacity as general judicial attorney-in-fact of that entity; the ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, legal entity ID number CED112350, represented by Nombre143067, identity card number CED112351, in his capacity as President with powers of general unlimited attorney-in-fact of that association.
The ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, legal entity ID number CED112352, represented by Nombre143068, of legal age, married, businessman, resident of San José, identity card number CED112353, appears as an interested third party, in his capacity as President with powers of general unlimited attorney-in-fact of that association.
Drafted by Judge Álvarez Molina, with the affirmative vote of Judges Garita Navarro and González Vílchez; and, RECITALS (CONSIDERANDO).
ONLY: It is appropriate to inform the petitioner that additions and clarifications (adiciones y aclaraciones) of a judgment are only appropriate to complement it in the event that any of the debated points has not been decided, or to explain the scope of what, in the ruling, might have been confusing - where applicable - in order to give it effective compliance. For this reason, it is not considered an appeal but a mere petition, which does not have the effect of causing a variation in the operative part (parte dispositiva) of the resolution, but only its addition and clarification. The petition presented by Nombre143067, in his capacity as President with Powers of General Unlimited Attorney-in-Fact of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (see folio 360 of the judicial file), is inadmissible, because in essence, it seeks to challenge the recital part (parte considerativa) of judgment number 235-2010 of seven hours thirty minutes on January twenty-seventh, two thousand ten, specifically what was resolved in recitals number VI, VII, X, and XI, in which the aspects referred to by the defendant party and that gave rise to sections 1, 5, 7, and 9 of the Therefore (Por Tanto) of judgment 235-2010 are precisely developed; and not to clarify or add to said judgment in its operative part, which, as already indicated, finds support in the analysis contained in said recitals. For all the foregoing, the petition is declared inadmissible and must be so declared.
THEREFORE (POR TANTO).
The request for addition and clarification raised by the defendant party, Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, is rejected.
Marianella Alvarez Molina José Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez FILE: 09-000076-1027-CA ORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING PLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE
Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 ______________________________________________________________________ PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Nº 235-2010 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las siete horas treinta minutos del veintisiete de enero del dos mil diez.- Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente, interpuesto por Nombre71822 , mayor, casada, Licenciada en Derecho y Administración de Negocios, vecina de San José, cédula de identidad número CED29778, en su carácter de CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), representado por Nombre34867 , mayor, casado, abogado, vecino de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad número CED112349, en su condición de apoderado general judicial de esa entidad; la ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, cédula jurídica número CED112350, representada por Nombre143067 , cédula de identidad número CED112351, en carácter Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de esa asociación.
Como tercera interesada figura la ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, cédula jurídica número CED112352, representada por Nombre143068 , mayor, casado, empresario, vecino de San José, cédula de identidad número CED112353, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de esa asociación.
RESULTANDO:
artículo 60 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ordenó remitir este proceso a la Sección Sexta del Tribunal, para que decidiera si le daba o no trámite preferente, pues consideró que “...el presente asunto es de gran trascendencia para el interés público, no sólo porque en principio se está “usufructuando de un bien demanial” sino porque tal circunstancia afecta en forma directa, inmediata y continua el derecho fundamental a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado...”.
Redacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de los jueces Garita Navarro y González Vílchez; y, C O N S I DE R A N D O:
Io.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso:
IIo.- HECHOS NO PROBADOS. Se tienen por indemostrados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso: a) Que las instalaciones construidas en el Parque Recreativo del Norte, se hayan financiado con fondos privados (no se desprende dicha circunstancia de los documentos visibles a folios 14 y 15 del legajo de prueba de la CGR; 9, 17 y 18 del expediente administrativo del IDA); b) Que las subpartidas presupuestarias incorporadas en las Leyes de Presupuesto comprendidas en el período 1987-1992, no le hayan sido otorgadas a la Asociación Pro Parque Recreativo del Norte, para efectos de construcción, obras o servicios de mantenimiento en el parque (no se desprende dicha circunstancia de los documentos visibles a folios 14 y 15 del legajo de prueba de la CGR; 9, 17 y 18 del expediente administrativo del IDA); c) Que la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, se le haya declarado de utilidad pública por las autoridades competentes (no hay prueba en el expediente) .
IIIo.- OBJETO DEL PROCESO. La parte actora estima que el acuerdo número 4 adoptado por la Junta Directiva del IDA en sesión número 21-89 del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, por medio del cual, se autorizó el traspaso del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88 a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, con base en lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097; así como, la escritura número 1 otorgada por el Notario Público Julio Sánchez Carvajal a las dieciséis horas del catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, mediante la cual, se procedió al traspaso del inmueble indicado, y por último, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Partido de San José número Placa28293, citas de presentación 376-14871-01, adolecen de un vicio de nulidad absoluta, por las siguientes razones:
IVo.- SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. En sentencia número 019-2009-SVII dictada a las trece horas treinta minutos del doce de febrero del dos mil nueve, la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, consideró respecto al concepto de bienes de dominio público y privado de las administraciones públicas que: "(...) El Estado y las demás entidades públicas, poseen dos tipos de bienes: públicos y privados. El artículo 261 del Código Civil dispone: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona ”.
Lo anterior debe relacionarse con el artículo 121 inciso 4) de la Constitución Política, que establece como atribución de la Asamblea Legislativa, decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación”. Los bienes de dominio público se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, en consecuencia fuera del comercio de los hombres. Sobre el tema, la Sala Constitucional ha expresado: / “II.- EL CONCEPTO DEL DOMINIO PUBLICO Y DE LOS MEDIOS JURÍDICOS PARA INTEGRARLO.- Por dominio público se entiende el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona pueda hacer de ellos. La doctrina reconoce el dominio público bajo diferentes acepciones, como bienes dominicales, bienes dominicales, cosas públicas, bienes públicos o bienes demaniales.
Sobre este concepto la Sala ha expresó (sic) en su Sentencia No. 2306-91 de las 14:45 horas del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno lo siguiente: / “El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio...En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías de la Ciudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y demás sitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres...” (ver en sentido similar, la sentencia número 035-2009-SVII dictada por la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo, a las catorce horas cuarenta minutos del trece de marzo del dos mil nueve).
En este punto cabe destacar, que serán embargables los bienes de dominio privado de la Administración que no se encuentren afectos a un fin público (artículo 169.1.a del CPCA). Por el contrario, no serán embargables los bienes de titularidad pública destinados al uso y aprovechamiento común, como tampoco aquellos vinculados directamente con la presentación de servicios públicos de naturaleza esencial, o bien, que resulten indispensables o insustituibles para el cumplimiento de fines o servicios públicos (artículos 261 del Código Civil y 170 del CPCA). Ahora bien, en cuanto al medio de afectación al dominio público, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia consideró en sentencia número 2003-6926 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de julio del dos mil tres, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261 del Código Civil, “...para considerar un bien como demanial se requiere la existencia de una ley que lo afecte al cumplimiento de un fin público, o bien que la cosa en sí misma sea considerada de uso público, como una calle, un puente, un parque entre otros...”.
De conformidad con lo expuesto, se desprende que se requiere de una ley formal y material para afectar un bien a una finalidad pública, es decir, a un uso o servicio público. En ese sentido, cabe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Código Procesal Contencioso Administrativo, los bienes deberán estar directamente vinculados con la prestación de los servicios públicos a los que están destinados, o bien, deberán ser indispensables o insustituibles para el cumplimiento de esos fines o servicios. Ahora bien, existen bienes que en virtud de su naturaleza y especiales características (por ejemplo: las calles –Ley de Caminos Públicos-, los bosques –Ley Forestal-, los parques –Ley de Planificación Urbana y Ley de Construcciones, entre otros), el legislador los ha entregado o destinado al uso público, a fin de que todos puedan aprovecharse de ellos. En este sentido, cabe recordar que no todo bien demanial está destinado a un uso público, puesto que –como en el caso de la zona marítimo terrestre o la explotación minera, entre otros supuestos-, las Administraciones Públicas otorgan concesiones para un uso privado de bienes que conforman el demanio público, dentro de ciertos límites y condiciones.
Ahora bien, el principio de inmatriculación de los bienes demaniales, constituye uno de los aspectos que caracterizan a los bienes de dominio público y conforme al cual, aún y cuando los terrenos no se hayan inscrito en el registro inmobiliario con ese carácter, cuentan con una publicidad material derivada de “...la aparición de los terrenos en planos oficiales –públicos-, en catastros nacionales o municipales, o en archivos, museos o bibliotecas, junto con la prueba fehaciente del uso público efectivo, hace que la afectación sea la principal característica...” (sentencia número 1996-3145 dictada por a Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las nueve horas veintisiete minutos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y seis). En consecuencia, el principio de inmatriculación registral implica que la existencia y publicidad de los bienes de dominio público se de “... con autonomía del Registro, sin que sea dable al titular registral alegar desconocimiento como medio para desvirtuarlo y contrarrestar la afectación.
Los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan el dominio público impiden que en su contra pueda esgrimirse la figura del tercero registral para consolidar la propiedad privada ilícitamente sustraída de ese régimen (...) Frente al dominio público, las detentaciones privadas adolecen de valor obstativo, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad. La condición de bien de dominio público y uso público afecta a tercero, aunque tal cualidad no resulte del Registro de la Propiedad. Se trata de bienes que, por su naturaleza, no necesitan de la inscripción registral.(...)" (sentencia número 868-2001 dictada por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, a las diez horas quince minutos del dieciséis de octubre del dos mil uno). Por último, a efecto de garantizar que los bienes demaniales cumplan la finalidad pública a la que han sido destinados por afectación expresa o presunta, y como consecuencia de las características de inalienabilidad e imprescriptibilidad que les son inherentes, las Administraciones Públicas tienen la obligación de ejercer las acciones administrativas y jurisdiccionales previstas por el ordenamiento jurídico, a fin de proteger y conservar los bienes de dominio público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14 en relación con el 11 y 50 de la Constitución Política; 261 y 263 del Código Civil; 14 de la Ley Forestal; 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Control Interno; 37 de la Ley de Construcciones; 110 y siguientes de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos –entre otros-.
Por ende, para el ejercicio de las acciones tendentes a su recuperación y tutela, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que los medios con los que cuentan las Administraciones Públicas para su efectiva recuperación son imprescriptibles, tal y como lo establecen los artículos 34 inciso 2 y 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
Vo.- SOBRE LOS PARQUES Y SU INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO COMO UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Un bien público puede ser natural o artificial, según se trate de bienes declarados públicos por el legislador considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece (un río por ejemplo), o de bienes declarados públicos por el legislador pero cuya creación o existencia depende de un hecho humano (construcción de una calle o un parque público). Ahora bien, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Construcciones, los parques, jardines y paseos públicos son de libre acceso a todos los habitantes del país y "... En general, se prohíbe hacer uso de los jardines, prados, etc., diferente de aquél para el que fueron creados)". En ese sentido, el párrafo 1º del artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, establece que “...el dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial...”.
Por su parte, el artículo 43 de esa misma ley, dispone que “El Mapa Oficial, junto con los planos o el catastro que lo complete, constituirá registro especial fehaciente sobre propiedad u afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos...”. De las normas parcialmente transcritas con anterioridad y de los parámetros establecidos en el artículo 261 del Código Civil, se desprende que los parques constituyen bienes de dominio público, cuya finalidad esencial al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, es la de otorgar a las personas áreas verdes de esparcimiento, como una forma de garantizarles el disfrute de espacios que les permitan tener una buena calidad de vida y por ende, desarrollarse plenamente como seres humanos en libertad. En este punto cabe resaltar, que si partimos de que la afectación expresa o presunta a un servicio o a un uso público, constituye el factor que determina o no la demanialidad de un bien, entonces es posible que puedan presentarse supuestos de disociación entre la titularidad y afectación de aquel, como por ejemplo: cuando existan parques, plazas o jardines, cuyo uso público pueda ser demostrada fehacientemente a través de mapas oficiales u otros medios, aún y cuando la titularidad del inmueble sea de carácter privado.
En dichos supuestos, aunque el terreno no haya sido inscrito en el registro como un bien de dominio público, se presume conforme al principio de in-matriculación, que constituye un bien de naturaleza demanial en el tanto se compruebe que por sus especiales características ha sido destinado por el legislador a un uso y aprovechamiento público.
VIo.- SOBRE LA NATURALEZA DEMANIAL DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Este Tribunal considera que el inmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte y que actualmente se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula de folio real número Placa28291 del Partido de San José, a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios 102, 103 y 106 del expediente judicial; 3, 6, 7, 8 y 11 del legajo de prueba de la CGR), constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, por las siguientes razones:
VIIo.- SOBRE LAS CONDUCTAS DISCONFORMES CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO IMPUTABLES A LA ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Y LA INEXISTENCIA DE DERECHOS ADQUIRIDOS DE BUENA FE SOBRE LA PROPIEDAD DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Tal y como ya indicó en el considerando VI de esta sentencia, frente a los bienes demaniales -que se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables-, las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad, no tienen la virtud de generar derechos subjetivos sobre el inmueble afectado a un servicio o uso público (ver –entre otras- las sentencias número 2009-1056 y 2009 3113 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). En el caso concreto, aunque la finca número 370440-000 del Partido de San José se encuentra inscrita a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte hace más de diecinueve años, lo cierto es, que dicha circunstancia no implicó la desafectación de ese terreno -que fue segregado de otro bien de dominio público, como lo es, la finca madre número 267183-000-, ya que el legislador mediante el artículo 16 inciso 22 de la Ley número 7097, únicamente se limitó variar su destino, puesto que lo afectó en forma exclusiva a un uso público, cual es, la construcción del Parque Recreativo del Norte, afectación que no sólo tiene como base el texto expreso de la ley –no sólo de la que fue declarada inconstitucional, sino principalmente de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, y 37 de la Ley de Construcciones- sino también el uso público y por ende, la condición real de parque que tiene dicho inmueble.
En consecuencia, resulta improcedente el alegato de la parte demandada en cuanto a que tiene un derecho adquirido de buena fe sobre la propiedad del bien de dominio público denominado Parque Recreativo del Norte, no sólo porque en razón de la naturaleza demanial de ese inmueble y conforme a lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14 de la Constitución Política y 261 a 263 del Código Civil, no es posible adquirir un derecho de propiedad sobre un bien afecto a un servicio o a un uso público, sino también, porque el término derechos adquiridos hace referencia a “...aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente –ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable...” (sentencia número 1997-2765 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).
En la especie, los derechos adquiridos a que hace referencia la Asociación demandada se reducirían a un aspecto meramente patrimonial, referido a los dineros líquidos que efectivamente ya se encuentren formando parte del patrimonio de la Asociación y no a la propiedad sobre el Parque Recreativo del Norte, ni a la vigencia en el tiempo de los contratos que actualmente mantiene con un sujeto de derecho privado que le permiten disponer del área en que se encuentra el gimnasio. En todo caso y en razón de objeto del proceso, no corresponde a este Tribunal determinar si existen o no derechos adquiridos de buena fe, en los términos en que se ha expuesto, razón por la cual, si la accionada pretendiera hacer valer algún tipo de derecho sobre el particular, deberá acudir a la vía correspondiente, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda. Ahora bien, este Tribunal considera que la Asociación demandada ha incurrido en una serie de conductas que resultan disconformes con el ordenamiento jurídico y por ende, contrarias al principio de buena fe, al hacer un uso indebido del inmueble que le fue traspasado, que en todo caso, resulta contrario a los propios fines que persigue conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de sus estatutos. Dicha afirmación se sustenta en las siguientes razones:
VIIIo.- SOBRE LA INACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE DERECHO AGRARIO RELACIONADA CON EL NO EJERCICIO DE LAS ACCIONES TENDENTES A RECUPERAR EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Este Tribunal considera que el Instituto de Desarrollo Agrario incurrió en una conducta omisiva contraria al ordenamiento jurídico, en cuanto al deber de proteger, custodiar y recuperar el Parque Recreativo del Norte, que le fue segregado de un bien demanial inscrito a su nombre, con base en una norma que con posterioridad fue declarada contraria al Derecho de la Constitución. Que lo anterior, se sustenta en las siguientes razones: a) A efecto de garantizar que los bienes demaniales cumplan la finalidad pública a la que han sido destinados por afectación expresa o presunta, y como consecuencia de las características de inalienabilidad e imprescriptibilidad que les son inherentes, las Administraciones Públicas tienen la obligación de ejercer las acciones administrativas y/o jurisdiccionales previstas por el ordenamiento jurídico, a fin de proteger y conservar los bienes de dominio público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14 en relación con el 11 y 50 de la Constitución Política; 261 y 263 del Código Civil; 14 de la Ley Forestal; 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Control Interno; 37 de la Ley de Construcciones; 110 y siguientes de la Ley de la Adminstración Financiera de la República y Presupuestos Públicos –entre otros-.
Por ende, para el ejercicio de las acciones tendentes a su recuperación y tutela, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que los medios con los que cuentan las Administraciones Públicas para su efectiva recuperación son imprescriptibles, tal y como lo establecen los artículos 34 inciso 2 y 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo; b) Ahora bien, este Tribunal ha tenido por demostrado, que las conductas en que el IDA sostiene que si ha cumplido el deber que le impone el ordenamiento jurídico de recuperar el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-000, han sido las siguientes: b.1) Por oficio número DAMM 675-04-06 del veinticinco de abril del dos mil seis, el Alcalde Municipal de Moravia, puso en conocimiento del Instituto de Desarrollo Agrario “...algunas irregularidades que se han venido produciendo con el tiempo, con relación a un inmueble que hoy es conocido como Parque Recreativo del Norte, a efecto de que se interpongan los buenos oficios y darle una solución definitiva a los mismos (...) Adicionamos, como los miembros de la Junta Directiva de la Asociación han variado la naturaleza del inmueble, convirtiendo el gimnasio deportivo que se ubica en él, en un centro de supuesta convención, pero lo cierto es, que su nuevo rumbo es el de una iglesia...” (folios 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario; y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial del dieciséis de septiembre del dos mil nueve); b.2) Que por oficio número DAJ-409 del dieciséis de mayo del dos mil seis, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA, rindió ante la Junta Directiva de esa misma entidad, un informe relacionado con los hechos puestos en conocimiento por el Alcalde Municipal de Moravia, mediante oficio DAMM 675-04-06 del veinticinco de abril del dos mil seis, en cuyas conclusiones indica: “...De conformidad con lo Inconstitucionalidad de la norma atípica y como consecuencia pedir la nulidad de la escritura de traspaso, pues en todos los demás casos nuestros derechos están prescritos o caducos.
Se hace la observación que de acoger la Sala nuestra tesis, eventualmente tendríamos que reconocer a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, las mejoras introducidas por ellos en el terreno, pues no podemos afectar derechos adquiridos de buena fe. De acogerse la recomendación de la Dirección de Asuntos Jurídicos sería conveniente que la Junta tome un acuerdo en ese sentido y autorice al señor Presidente Ejecutivo a plantear la respectiva acción. No comparte esta Dirección la posición del señor Alcalde Municipal en el sentido de que solo el Instituto tiene legitimación para accionar puesto que como se explicó al no estar en presencia de una lesión directa o individual, de ahí que la acción la puede presentar cualquier persona...” (ver folios 75 a 79 del 018-06 celebrada el veintidós de mayo del dos mil seis, la Junta Directiva del IDA de conformidad con el oficio número DAJ-409-06 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa misma entidad, acordó: “...1.
Dar audiencia al Alcalde Municipal de Moravia; 2. Comisionar a la Presidencia Ejecutiva, a efecto de formular una consulta, tanto a la Procuraduría General de la República, como a la Auditoría Interna del Instituto, sobre el fondo de este asunto tomando en cuenta el propio criterio vertido por la Asesoría Legal del Instituto...” (folio 74 del expediente administrativo del IDA); b.4) Que por oficio número FOE-DDJ-3035 del veintiuno de septiembre del dos mil seis, la Contraloría General de la República, trasladó al Instituto de Desarrollo Agrario una denuncia contra la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte y su Presidente, “...por supuestas irregularidades en el manejo de fondos y bienes donados por el Estado para la construcción de ese parque, partidas específicas y lote del IDA y por el cierre de este inmueble al público...”. Que la Junta Directiva del IDA por acuerdo número 33 adoptado en la sesión número 033-06 celebrada el dos de octubre del dos mil seis, conoció el oficio FOE-DDJ-3035 del veintiuno de septiembre del dos mil seis, de la Contraloría General de la República y acordó “...comisionar al Asesor Legal de la Junta Directiva, presentar ante esta Junta Directiva un informe del estado actual del presente caso a efecto de informar al interesado...” (ver folios 17, 18, 73 del expediente administrativo del IDA); b.5) Que por oficio número FOE-DDJ-0317 recibido el ocho de marzo del dos mil siete, la Contraloría General de la República, solicitó “...información sobre las acciones tomadas por el IDA en relación con la problemática presentada con el uso del denominado Parque Recreativo del Norte...”.
Que la Junta Directiva del IDA por acuerdo número 9 de la sesión 010-07 celebrada el doce de marzo del dos mil siete, conoció el oficio número FOE-DDJ-0317 y acordó “...informar a la Contraloría General de la República, de que ya está elaborada la acción de inconstitucionalidad y a su vez peticionar a dio Órgano para que coadyuve en dicha acción de inconstitucionalidad, la cual se va a presentar en su momento...” (ver folio 71 del expediente administrativo del IDA); b.6) Que el dieciséis de octubre del dos mil siete, la Contraloría General de la República interpuso acción de inconstitucionalidad contra el artículo 16 inciso 22 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 del dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, que había autorizado al IDA a segregar un lote de hasta 25.000,06 metros cuadrados de la finca número 267183, inmueble que actualmente se encuentra inscrito bajo matrícula de folio real número Placa28287.
Que a dicha acción de inconstitucionalidad se le asignó el número de expediente 07-013901-0007-CO (folios 17 a 26 del legajo de pruebas de la CGR); b.7) Que por oficio número PE-0123-2008 del catorce de enero del dos mil ocho, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, le solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa misma entidad, que analizara “...el voto de la Sala Constitucional que anuló la norma presupuestaria mediante la cual se donó terreno para parque recreativo del norte. De conformidad con la información obtenida, esta Presidencia Ejecutiva requiere criterio jurídico sobre la situación planteada, posibilidad de recuperación del bien es cuestión, si existen derechos a favor de particulares que puedan afectar o, si existen derechos a favor del IDA que deban ser custodiados...” (ver folio 96 del legajo de prueba de la CGR y 9 del expediente administrativo del IDA); b.8) Que por oficio número DAJ-048-08 del veintitrés de enero del dos mil ocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos en contestación al oficio número PE-0123-2008 del catorce de enero del dos mil ocho suscrito por el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, informó que: “...Si bien es cierto, la Sala Constitucional anula la norma mediante la cual el IDA traspaso un inmueble a la Asociación Parque Recreativo del Norte, de conformidad con el artículo 91 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, esa declaratoria tiene efectos declarativos y retroactivos, así el acto administrativo que autorizó el traspaso se tendría como no existente, regresando las cosas a su estado original, es decir, revirtiendo el terreno al patrimonio de la Institución.
Sin embargo, no se tiene certeza actualmente respecto a, si en el voto la Sala Constitucional anula el traspaso en sí mismo y, ordena la cancelación del asiento registral o, si es omisa en ese sentido. En el supuesto de que la Sala Constitucional anule el acto de traspaso y ordene cancelación de asiento registral como consecuencia, dicho acto solamente lo podría ejecutar la Contraloría General de la República, puesto que fue ésta quien interpuso la acción y, al IDA no se le dio participación dentro del proceso (...)” Ahora bien, el voto se encuentra en este momento en proceso de firmas de los señores Magistrados de la Sala Constitucional, por lo que su conocimiento integral, será una vez concluido (sic) esta etapa procesal, la que nos permitirá conocer con mayor seguridad, lo pertinente a la nulidad del acto mismo del traspaso, la nulidad del asiento registral como consecuencia inmediata y, la reversión del inmueble al patrimonio de la institución...” (folios 97 a 98 del legajo de pruebas de la CGR; 7 a 8 del expediente administrativo del IDA); b.9) Que el aviso a que hacen referencia los artículos 88 y 90 párrafo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto a la publicación de la parte dispositiva de la sentencia, fue publicado en los Boletines Judiciales números 41, 42 y 43, de fechas 27, 28 y 29 de febrero del dos mil ocho, respectivamente (folios 72, 93 a 95 del legajo de prueba de la CGR); b.10) Que por oficio número Placa28292 del 16 de diciembre del dos mil ocho, la Gerente General del IDA le solicitó al Director de Asuntos Jurídicos, que “...a la brevedad posible, me informe de los efectos que tuvo la declaratoria de nulidad del artículo 16, inciso 22, de la Ley N° 7097 del 18 de agosto del 1988, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República, con respecto al acto mediante el cual el IDA traspasó el inmueble a la Asociación Parque Recreativo del Norte...” (folio 6 del expediente administrativo del IDA); b.11) Que por oficio número DAJ-205 del 16 de marzo del dos mil nueve, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA, le informó a la Gerente General, que por sentencia número 00056-2008 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, se declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Contraloría General de la República y en consecuencia, se anuló por inconstitucional el artículo 16 inciso 22) de la Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, publicada en el Alcance No. 25 a La Gaceta No. 166 del 1° de septiembre de 1988, que es Ley de Presupuesto Extraordinario de la República, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.
Asimismo se indicó, que en el expediente número 09-00076-1027-CA, se tramita proceso contencioso administrativo interpuesto por la Contraloría General de la República contra el Instituto de Desarrollo Agrario y la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios 3 y 4 del expediente administrativo del IDA); b.12) Que por oficio DAJ-667-09 del veinte de julio del dos mil nueve, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA, rindió al Secretario General del Instituto de Desarrollo Agrario, un informe sobre el Parque Recreativo del Norte y recomendó “...la autorización del inicio de las gestiones, ya sean administrativas o judiciales, a efecto de proceder con la recuperación del inmueble matrícula Placa28291 del Partido de San José que se encuentra a nombre de la Asociación mencionada y ordenarse la cancelación de la inscripción en el Registro Público, para poder incluir el terreno dentro del patrimonio del Instituto...”, las que fueron aprobadas por la Junta Directiva del IDA, mediante acuerdo número 27 d la sesión ordinaria número 026-2009 celebrada el 28 de julio del dos mil nueve (folios 157 a 160, 274 del expediente judicial); c) De lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que no existe ninguna acción administrativa o jurisdiccional de parte del IDA, que sea relevante a efectos de lograr la recuperación efectiva del inmueble con plano catastrado número Placa28295.
En ese sentido cabe destacar, que no obstante a la entidad demandada se le puso en conocimiento desde el año dos mil seis, sobre las irregularidades que tanto la Municipalidad de Moravia como la Contraloría General de la República le imputaron a la Asociación demandada, (folios 73, 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario), no es sino hasta por acuerdo número 9 de la sesión 010-07 del doce de marzo del dos mil siete y a consecuencia de que la CGR por oficio número FOE-DDJ-0317-07 le pidió información acerca de las acciones relacionadas con el Parque Recreativo del Norte, que resolvió interponer en su momento la acción de inconstitucionalidad contra lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 d la Ley número 7097, que autorizó el traspaso del inmueble a la Asociación demandada (folio 71 del interpuesta por el Instituto de Desarrollo Agrario, sino por la Contraloría General de la República, a pesar de que el IDA estaba legitimado para interponer la acción de inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; d) Por otra parte, cabe destacar que el IDA tuvo conocimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097, incluso antes de que el veintisiete, veintiocho y veintinueve de febrero del dos mil ocho, se publicara el aviso con la parte dispositiva de la sentencia, al que hace referencia el artículo 90 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (ver folios 7 a 9 del se adujo por oficio número DAJ-048-08 del veintitrés de enero del dos mil ocho, que debían esperar la publicación íntegra de la sentencia para “...conocer con mayor seguridad, lo pertinente a la nulidad del acto mismo de traspaso, la nulidad del asiento registral como consecuencia inmediata y, la reversión del inmueble al patrimonio de la institución...” (folio 8 del expediente administrativo del IDA); también lo es, que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, desde la primera vez que se publique el aviso a que se refiere el artículo 90 de esa misma, entrará a regir la eliminación de ordenamiento jurídico de la norma declarada contraria a la Constitución Política.
Aunado a lo anterior, cabe destacar que no obstante la publicación íntegra de la sentencia se dio en el Boletín Judicial número 103 del veintinueve de mayo del dos mil ocho (folios 82 a 85 del legajo de pruebas de la CGR), no es sino hasta que por oficio número Placa28292 de dieciséis de diciembre del dos mil ocho, la Gerente General del IDA solicitó que le informaran la mayor brevedad sobre “...los efectos que tuvo la declaratoria de nulidad del artículo 16, inciso 22, de la Ley N° 7097 del 18 de agosto del 1988, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República, con respecto al acto mediante el cual el IDA traspasó el inmueble a la Asociación Parque Recreativo del Norte...” (folio 6 del expediente administrativo del IDA); e) Por último, que no es sino hasta el veinte de julio del dos mil nueve, que por oficio número DAJ-667-09 y a consecuencia del plazo de tres días hábiles otorgado por este Tribunal en auto de las ocho horas treinta minutos del siete de julio del dos mil nueve y conforme a lo dispuesto en el artículo 35.2 del CPCA (folios 148 a 150 del expediente judicial), que la Dirección de Asuntos Jurídicos recomendó “...la autorización del inicio de las gestiones, ya sean administrativas o judiciales, a efecto de proceder con la recuperación del inmueble matrícula Placa28291 del Partido de San José que se encuentra a nombre de la Asociación mencionada y ordenarse la cancelación de la inscripción en el Registro Público, para poder incluir el terreno dentro del patrimonio del Instituto...”, las que fueron aprobadas por la Junta Directiva del IDA, mediante acuerdo número 27 d la sesión ordinaria número 026-2009 celebrada el 28 de julio del dos mil nueve (folios 157 a 160, 274 del expediente judicial); f) En consecuencia, la entidad demandada no ejerció las acciones tendentes a proteger, conservar y recuperar los bienes de dominio público, a pesar de que: f.1) Debía recuperar el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, pues éste se segregó de la finca madre número 267183-000, terreno que de conformidad con lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos número 8005-G y 8059-G, fue expropiado y adquirido por el Estado e inscrito a nombre del IDA, con la finalidad de destinarlo al servicio público que presta; f.2) Tenía conocimiento de que la norma presupuestaria que había autorizado esa segregación y traspaso, adolecía de un vicio de inconstitucionalidad.
En ese sentido, valga destacar que en el acuerdo número 4 de la sesión 21-89 del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, mediante el cual, se acordó confeccionar la escritura de traspaso y donación del Parque Recreativo del Norte a favor de la Asociación demandada, uno de los miembros de la Junta Directiva, se opuso al traspaso puesto que “...en razón de que en su condición de abogado, considera que la autorización del traspaso de ese lote, se basa en una norma presupuestaria, que a criterio suyo es inconstitucional. Asimismo quiere dejar constancia que es partidario de que se construyan centros como ese y se financien por cuenta del Estado, pero dentro del ordenamiento legal vigente...” (ver folios 102 y 103 del expediente judicial); f.3) Una vez declarada la inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097 y publicados tanto los avisos de la parte dispositiva, como la sentencia íntegra dictada por la Sala Constitucional, no es sino con ocasión del traslado de la demanda que da base a este proceso, que se recomendó y autorizó el inicio de las gestiones, ya sean administrativas o judiciales, a efecto de proceder con la recuperación del inmueble matrícula Placa28291 del Partido de San José que se encuentra a nombre de la Asociación mencionada y ordenarse la cancelación de la inscripción en el Registro Público, para poder incluir el terreno dentro del patrimonio del Instituto; g) Por todo lo expuesto, este Tribunal declara que el Instituto de Desarrollo Agrario, incurrió en una conducta omisiva contraria a lo dispuesto en los artículos los artículos 121 inciso 14 en relación con el 11 y 50 de la Constitución Política; 261 y 263 del Código Civil; 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Control Interno; 37 de la Ley de Construcciones; 110 y siguientes de la Ley de Control Interno; 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues no ejerció las acciones jurisdiccionales o administrativas necesarias para proteger, conservar y recuperar el bien de dominio público denominado Parque Recreativo del Norte.
Es por ello que, de conformidad con los artículos 192, 199, 200, 210, 211y 213 de la Ley General de la Administración Pública; 8 de la Ley de Control Interno; 110 incisos b), e), p) y r) de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se ordena al jerarca del IDA iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones u omisiones que provocaron las conductas contrarias que se declararon en esta sentencia. Sobre lo actuado, deberá rendir informe a la Jueza Ejecutora de este Tribunal, en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia.
IXo.- SOBRE LOS ALCANCES DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO 22 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 7097 Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTOS DE TRASPASO E INSCRIPCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia número 2008-00056 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada en expediente número 07-13901-0007-CO, pues consideró que “...la autorización introducida en el artículo 16 inciso 22) de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, en cuanto permitió al Instituto de Desarrollo Agrario segregar y donar a una Asociación un terreno de veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros de su propiedad, es inconstitucional por el procedimiento legislativo que se siguió. Se trata de una norma atípica ajena al contenido presupuestario, a través de la cual se dispone que una propiedad de un ente autónomo del Estado, por lo que resulta contraria al Derecho de la Constitución.
Por lo anterior, es claro que la norma que aquí se analiza resulta inconstitucional, y en consecuencia, debe anularse, advirtiendo que será en la vía ordinaria donde se determine la existencia de derechos adquiridos, o la necesidad de pagar o no mejoras sobre la propiedad cuyo traspaso se está anulando con la norma en cuestión...” (folios 65 a 71 del legajo de prueba de la CGR). En este punto, resulta necesario aclarar, cuáles son los efectos que producen las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 88, 89 y 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En primer término, la sentencia que declare la inconstitucionalidad y pronuncie la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirá cosa juzgada y eliminará la norma o acto del ordenamiento jurídico, eliminación que regirá a partir de la primera vez que se publique el aviso con la parte dispositiva a que se refiere el artículo 90 de la misma ley.
En segundo término, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma o ley o disposición general, declarará también la de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra ley o disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia, así como la de los actos de aplicación cuestionados. Por último, la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. No obstante lo anterior, la sentencia constitucional de anulación, podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que produzca graves dislocaciones a la seguridad, la justicia y la paz sociales. Con base en las reglas antes expuestas, este Tribunal determinará cuáles son en el caso concreto, los alcances que tiene la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de Presupuesto Extraordinario número 7097, extremo que resulta trascendente, dado que dicha norma constituyó el título que sirvió de base para la autorización del traspaso del inmueble con plano catastrado número Placa28295, a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. En ese sentido, este Tribunal considera que:
Xo.- SOBRE LAS PRETENSIONES RELATIVAS A QUE EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE RECUPERE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL COMO PARTE DE LA FINCA NÚMERO 1-267183 Y A QUE EL I.D.A. TRASPASE EL PARQUE A UN ÓRGANO O ENTE QUE LE CORRESPONDA ADMINISTRAR PARQUES PÚBLICOS. Si bien es cierto, la declaración de nulidad absoluta tendrá efectos puramente declarativos y retroactivos a la fecha del acto (artículo 171 de la Ley General de la Administración Pública), lo cual implicaría –en principio- restablecer las cosas al estado en que se encontraban al momento en que se dictó el acto declarado absolutamente nulo, también lo es, que dicho restablecimiento se dará cuando fuera posible hacerlo y las circunstancias actuales así lo permitan. En ese sentido, este Tribunal considera que no es posible que el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88 denominado Parque Recreativo del Norte, recupere la inscripción registral como parte integrante de la finca número 1-267183, de la cual, fue segregado.
Ello por las siguientes razones: a) Aunque la finca madre número 1-267183, constituye un bien demanial, su destino no es conteste con la finalidad de uso público de parque al que está afecto el Parque Recreativo del Norte (inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88), pues tal y como se desprende de los Decretos Ejecutivos de expropiación número 8005-G y 8059-G, la finca madre de la cual fue segregado, está destinada al servicio público que presta el Instituto de Desarrollo Agrario (ver hechos probados 1 y 2 del considerando I de esta sentencia). En ese sentido, este Tribunal estima que el terreno destinado al Parque Recreativo del Norte, no podría volver a ser parte integrante de la finca 1-267183, pues actualmente está afecto de manera a un uso público de parque (ver punto 3 del considerando VI de esta sentencia), que es incompatible, con la finalidad de servicio público al que aquella está destinada; b) En ese sentido, cabe recordar que en el mapa de uso de suelo número 239.2 de la Municipalidad de Moravia, la finca número 370440, con plano catastrado número S-770593-88, se describe como Parque Recreativo del Norte; la que a su vez y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento al Plan Regulador de la Municipalidad de Moravia, se encuentra ubicada en la zona pública institucional de San Vicente, que se define como aquella que tiene por objeto, el establecimiento de facilidades culturales, educativas, recreativas, administrativas, convenientes para un adecuado desarrollo de la comunidad (ver folios 104 a 106 y 140 del expediente judicial); c) Que el lindero sur del terreno con plano catastrado número SJ-770593-88, ha sufrido una alteración, pues ya no colinda con la finca madre número 1-267183 propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como se indica en la inscripción registral del Partido de San José, matrícula Placa28291 y en el plano catastrado número SJ-770593-88 (ver folios 3 y 11 del legajo de pruebas de la CGR), sino con calle pública, tal y como este Tribunal pudo constatar al practicar la diligencia de reconocimiento judicial efectuada el dieciséis de septiembre del dos mil nueve, así como también, de la fotografía satelital visible a folio 126 del legajo de pruebas de la CGR.
Aunado a lo anterior, del documento visible a folio 33 del expediente administrativo del IDA, se desprende que de la finca madre inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, bajo matrícula de folio real número Placa28289, también se segregó un terreno con una medida de 5.040, 88 m2 a favor de la Orquesta Sinfónica Nacional, que se ubica exactamente después de la calle pública con la que colinda al sur el Parque Recreativo del Norte (ver respaldo audiovisual del reconocimiento judicial y la fotografía satelital a folio 126 del legajo de pruebas de la CGR). Asimismo, que de esa misma finca madre se vendió al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en ¢37.223.910,00 de colones (treinta y siete millones doscientos veintitrés mil novecientos diez colones sin céntimos), un inmueble de 2 Has. 0679,95 m2 (folio 33 del expediente administrativo del IDA). Todo lo anterior implica, que la situación actual de los linderos y del área de la finca madre número 267183, no es la misma, que se consignó en la escritura número uno, del tomo diez del Protocolo del Notario Público Julio Sánchez Carvajal, otorgada en el año mil novecientos ochenta y nueve (ver folios 6 a 8 del del legajo de pruebas de la CGR); d) Que de los artículos 1, 15, 16 y 30 de la Ley del Instituto de Tierras y Colonización, se desprende que la administración y conservación de parques, no es competencia del Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como la propia representante de la entidad demandada, plantea como argumento de defensa al tiempo de contestar la demanda (folios 166 y 167 del expediente judicial); e) Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, el Mapa Oficial, junto con los planos o el catastro que lo complemente, constituirá registro oficial fehaciente sobre propiedad y afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos; y que el dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos al uso público en general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial; f) Que tal y como se declaró en el considerando VI de esta sentencia y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14; 261 a 263 del Código Civil; 43 y 44 párrafo 1º de la Ley de Planificación Urbana; 37 de la Ley de Construcciones, así como, al principio de in-matriculación de los bienes de dominio público, el inmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte, constituye un bien demanial afecto al uso público de parque.
Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 inciso c) y g) del Código Procesal Contencioso Administrativo, 121 inciso 14 de la Constitución Política, 261 del Código Civil, 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, 37 de la Ley de Construcciones, 48 del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo número 26771-J) y 10 del Reglamento al Plan Regulador de la Municipalidad de Moravia, este Tribunal ordena al Instituto de Desarrollo Agrario: i) Confeccionar por medio de los Notarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa entidad, la escritura de traspaso a nombre de la Municipalidad de Moravia, del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José; que mide 25.000,06 metros cuadrados; que actualmente colinda al norte con calle pública, al sur con calle pública, al este con calle pública y otros, al oeste con la Sucesión de José Rivera y Quebrada, y cuya naturaleza es de parque público denominado Parque Recreativo del Norte; ii) Realizar todas las gestiones pertinentes para inscribir la propiedad con el plano catastrado SJ-770593-88 antes descrita, a nombre de la Municipalidad de Moravia en el Registro Público de la Propiedad Inmueble; 3) De lo anterior, deberán informar a la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en un plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esa sentencia.
XIo.- SOBRE LA DISCONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE LA ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA Y LA ASOCIACIÓN DEMANDADA. Este Tribunal ha tenido por demostrado que el cinco de abril del dos mil ocho, la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, suscribió un contrato de arrendamiento con la Asociación Centro Cristiano de Excelencia –quién figura en este proceso como tercero interesado-, sobre una parte del inmueble ubicado en el Dirección1834 , del cantón 14 Moravia, de la provincia de San José, inscrito a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio real matrícula número Placa28291, “...específicamente el terreno ubicado de las canchas deportivas hacia el oeste, hasta la quebrada (río), terreno con una medida aproximada de veinte mil metros cuadrados, y que en la actualidad consta de un gimnasio construido y áreas verdes.
TERCERA: Que dicha propiedad, será destinada por el Arrendatario para la realización de servicios religiosos o eventos afines, que ayuden al desarrollo integral de (sic) sociedad y los individuos. CUARTA: El plazo de este contrato será de diez años a partir del día ocho de abril del dos mil ocho, pudiendo prorrogarse por períodos iguales hasta completar treinta años. Las prórrogas correspondientes a cada año deberán necesariamente formularse por escrito en un nuevo contrato o addendum; no existiendo prórrogas automáticas ni tácita. QUINTA: El precio del arrendamiento de la propiedad indicada, será de dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil colones exactos (Placa28297), y se establece un aumento anual del diez por ciento en el pago por concepto de arrendamiento de la propiedad...” (ver folios 275 a 278 del expediente judicial). En ese sentido y a contrario de lo que sostiene el representante del tercero interesado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 129 de la Constitución Política; 18 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública; 18 y 631 inciso 1 del Código Civil; 26 de la Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, el contrato de arrendamiento que suscribió con la demandada, a efecto de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra afectado el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico, por las siguientes razones: a) Resulta contrario al fin lícito que persigue la Asociación demandada conforme al artículo 3 de sus estatutos (folios 91 y 101 del legajo de pruebas de la CGR); b) Es contrario al motivo que sustentó la autorización de traspaso de dicho bien, que conforme a lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 de la ley número 7097, era que el terreno se dedicara exclusivamente a la construcción del Parque Recreativo del Norte (folios 1 del legajo de prueba de la CGR y 11 a 14 del obligaciones que sean lícitas y posibles conforme a los fines que persigue la Asociación y a la naturaleza demanial del bien (artículos 26 de la Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos de la Asociación demandada); c) Resulta contrario al uso público efectivo de parque, que se ha dado en un área aproximada al quince por ciento de la totalidad del inmueble, que no sólo se destinó, sino que en la realidad ha cumplido parcialmente la finalidad de esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San José y de la comunidad en general; d) En virtud de la naturaleza demanial del Parque Recreativo del Norte y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 262 y 631 del Código Civil, son contrarias a derecho las obligaciones que tengan por objeto una cosa que fuera legalmente imposible, como en este caso, en que por el uso público de parque, al que está destinado el inmueble con plano catastrado Placa28298, se encuentra fuera del comercio de los hombres.
En razón de lo anterior, resulta improcedente la solicitud planteada por el representante del tercero interesado, en el sentido de que se mantenga la vigencia del contrato de arrendamiento por el plazo de diez años establecido en la cláusula cuarta de dicho convenio, toda vez que de conformidad con la naturaleza demanial del Parque Recreativo del Norte, su uso no puede ser privativo, sino conforme al uso público al que está afectado. En consecuencia y por todo lo expuesto, este Tribunal declara que el contrato de arrendamiento que suscribieron la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte con la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, a efecto de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra afecto el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico. Que en razón de lo anterior y de lo hábiles contados a partir de la firmeza de esta sentencia, se proceda al desalojo tanto de la Asociación demandada, como de la Asociación Centro Cristiano de Excelencia y de cualquier sujeto de derecho privado que se encuentre en el inmueble que ocupa el Parque Recreativo del Norte y se proceda poner en posesión provisional del inmueble al Instituto de Desarrollo Agrario, hasta tanto no se haga efectivo la inscripción registral del traspaso de dicho inmueble a favor de la Municipalidad de Moravia.
Que la diligencia de desalojo y puesta en posesión provisional del inmueble, estará a cargo de la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo, quién la ejecutará con la ayuda de la Fuerza Pública, si fuera necesario (artículo 153 in fine de la Constitución Política).
XIIo.- SOBRE LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS. El Instituto de Desarrollo Agrario únicamente opuso la excepción de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria, la cual fue rechazada por este Tribunal, por resolución número 1913-2009 de las once horas del nueve de septiembre del dos mil nueve. Por su parte, la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, interpuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, y falta de derecho. En relación con la defensa de prescripción, habiéndose acreditado la naturaleza demanial del inmueble objeto del proceso, se impone necesariamente su rechazo. Debe tenerse presente que, tratándose de la recuperación y tutela de bienes de dominio público, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que las acciones con las que cuenta el Estado para su efectiva recuperación son imprescriptibles.
Ello es así por las características particulares de este tipo de bienes. Así lo establece expresamente el artículo 34 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, en el tanto los actos absolutamente nulos estén surtiendo efectos, es posible su anulación, según se desprende del ordinal 40 del mismo Código Procesal y el canon 175 de la Ley General de la Administración Pública. Debe tener presente la representación del codemandado de derecho privado que frente a este tipo de pretensiones anulatorias debe privar el principio de que los actos viciados de nulidad absoluta no pueden convalidarse ni por el tiempo ni por acto jurídico, ni tampoco pueden sanearse, según lo preceptúa el artículo 172 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso concreto es indispensable considerar estos principios: se impugnan conductas relacionadas con la tutela de bienes de dominio público y además, a la fecha surten efectos: el inmueble está inscrito a nombre de un particular, pese a ser un parque destinado al esparcimiento de los vecinos de los cantones del Norte de San José y del público en general, y su naturaleza demanial.
Por lo expuesto, y en virtud de que las pretensiones de la parte actora se destinan a requerir la nulidad absoluta de conductas administrativas que afectan bienes de dominio público y que a la fecha, siguen surtiendo efectos, siendo además que este Tribunal constató tal patología y declaró nulidad absoluta de las conductas formales impugnadas, debe rechazarse la defensa de prescripción alegada. En lo que toca a la falta de legitimación en su doble modalidad, considera este Tribunal que debe ser rechazada. Lo anterior por cuanto, analizado este presupuesto, se llega a la conclusión que, en primer lugar, la actora cuenta con suficiente legitimación activa para participar en este proceso a la luz del artículo 10 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ello por cuanto se trata de la defensa y tutela de bienes que componen la Hacienda Pública, según lo disponen los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ya que estamos en presencia de la recuperación y tutela de un bien de dominio público.
Además, la acción se dirige correctamente contra el Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como lo dispone el artículo 12 inciso 1) del citado Código Procesal, como autor tanto de conductas formales impugnadas y anuladas en este fallo, como de conductas omisivas que resultan contrarias al ordenamiento jurídico. También, la acción se dirige correctamente contra la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, tal y como lo exige el ordinal 12 ya citado en su inciso 3) no sólo porque con base en una norma presupuestaria atípica que fue declarada inconstitucional, se inscribió a su nombre un bien destinado al uso público de parque, que por ende, debe retornar al dominio público, sino porque realizó un uso privativo de ese inmueble contrario al fin público al que estaba destinado. En lo que atañe a la excepción de falta de derecho, también se impone parcialmente su rechazo, por las razones que ya han sido ampliamente desarrolladas en los considerandos anteriores.
En consecuencia, se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho, únicamente en cuanto a que no es posible que el terreno con plano catastrado número Placa28295 denominado Parque Recreativo del Norte, recupere la inscripción registral como parte integrante de la finca número 1-267183, de la cual, fue segregado, conforme a lo indicado en el considerando X de esta sentencia.
XIIIo.- COROLARIO. Por todas las razones expuestas en esta resolución procede declarar con lugar la demanda, en los siguientes términos:
XIV.SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR ADOPTADA EN RESOLUCIÓN NÚMERO 392-2009 DE LAS 15:00 HORAS DEL 10-03-2009. Con la finalidad de proteger el objeto de este proceso mientras esta resolución adquiere firmeza, se ordena mantener las medidas cautelares dictadas por el Juez Tramitador de este Tribunal, mediante resolución No. 392-2009, de las 15 horas del 10 de marzo de 2009, y en la cual se dispuso: “Se acoge la medida cautelar de anotación de demanda sobre el inmueble del partido de San José, inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula trescientos setenta mil cuatrocientos cuarenta submatrícula cero cero cero (Placa28287) solicitada por la Contraloría General de la República, ordenándose mantener la anotación acordada mediante resolución de las ocho horas del cuatro de febrero del año dos mil nueve. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas...”.
De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas al Instituto de Desarrollo Agrario y a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 196 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, en su condición de tercero interesado, no devengará ni pagará costas.
POR TANTO.
Se rechazan las excepciones de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva opuestas por la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho opuesta por la Asociación demandada únicamente en cuanto a que no es posible que el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88 denominado Parque Recreativo del Norte, recupere la inscripción registral como parte integrante de la finca número 1-267183, de la cual, fue segregado. En lo demás se rechaza. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la presente demanda, en los siguientes términos, entendiéndose denegada en lo no concedido expresamente. En consecuencia:.
Marianella Álvarez Molina José Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 ________________________________________________________________________ PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Nº 235-2010-Bis TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las ocho horas quince minutos del cuatro de febrero del dos mil diez.- Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente, interpuesto por Nombre71822 , mayor, casada, Licenciada en Derecho y Administración de Negocios, vecina de San José, cédula de identidad número CED29778, en su carácter de CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), representado por Nombre34867 , mayor, casado, abogado, vecino de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad número CED112349, en su condición de apoderado general judicial de esa entidad; la ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, cédula jurídica número CED112350, representada por Nombre143067 , cédula de identidad número CED112351, en carácter Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de esa asociación.
Como tercera interesada figura la ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, cédula jurídica número CED112352, representada por Nombre143068 , mayor, casado, empresario, vecino de San José, cédula de identidad número CED112353, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de esa asociación.
Redacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de los jueces Garita Navarro y González Vílchez; y,
CONSIDERANDO.
UNICO: Cabe indicar al gestionante, que las adiciones y aclaraciones de una sentencia proceden, únicamente, para complementarla en caso, de que alguno de los puntos debatidos, no hubiere sido fallado, o para explicar los alcances de lo que, en el fallo, pudiera haber quedado confuso -en su caso-, con el fin de darle cumplimiento efectivo. Por esa razón, no se le tiene como un recurso sino como una mera gestión, que no tiene el efecto de provocar una variación de la parte dispositiva de la resolución, sino solo su adición y aclaración. La gestión presentada por Nombre143067 , en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folio 360 del expediente judicial), resulta improcedente, porque en el fondo, lo que pretende es impugnar la parte considerativa de la sentencia número 235-2010 de las siete horas treinta minutos del veintisiete de enero del dos mil diez, específicamente lo resuelto en los considerandos número VI, VII, X, y XI, en los que precisamente se desarrollan los aspectos a que hace referencia la parte demandada y que dieron origen a los apartados 1, 5, 7 y 9 del Por Tanto de la sentencia 235-2010; y no aclarar o adicionar dicha sentencia en su parte dispositiva, que tal y como ya se indicó, encuentra sustento en el análisis contenido en dichos considerandos. Por todo lo expuesto, la gestión se declara improcedente y así debe declararse.
POR TANTO.
Se rechaza la solicitud de adición y aclaración planteada por la parte demandada, Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte.
Marianella Alvarez Molina José Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE
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