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27/01/2010

Annulment of North Recreational Park transfer due to unconstitutionality of budget normNulidad de traspaso del Parque Recreativo del Norte por inconstitucionalidad de norma presupuestaria

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Comptroller General's claim is partially granted; the transfer and registration acts of the North Recreational Park are annulled as based on an unconstitutional norm; its transfer to the Municipality of Moravia and eviction of private occupants are ordered.Se declara parcialmente con lugar la demanda de la Contraloría General de la República, se anulan los actos de traspaso e inscripción del Parque Recreativo del Norte por basarse en una norma inconstitucional, se ordena su traspaso a la Municipalidad de Moravia y el desalojo de ocupantes privados.

SummaryResumen

The Contentious Administrative Court ruled in favor of the Comptroller General of the Republic against the Agrarian Development Institute (IDA) and the Association Pro Construction of the North Recreational Park. The court declared that the property known as the North Recreational Park is a public domain asset (demanial) destined for public use as a park, with the characteristics of inalienability, imprescriptibility, and immunity from seizure. It annulled the IDA Board of Directors' agreement authorizing the transfer, the deed of segregation and donation, and the registration in favor of the Association, as they were based on a budget provision (Art. 16(22) of Law 7097) declared unconstitutional. The court found that the association engaged in improper and exclusive use of the land, renting it to a church and a nursery, contrary to its public purpose. It ordered the eviction of private occupants, the transfer of the property to the Municipality of Moravia for administration, and the cancellation of the registration. It also declared the IDA's omission in recovering the asset and ordered it to initiate internal proceedings to establish responsibilities. The defenses of prescription and lack of standing were rejected, and costs were imposed on the defendants.El Tribunal Contencioso Administrativo resolvió una demanda de la Contraloría General de la República contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. La sentencia declaró que el inmueble conocido como Parque Recreativo del Norte es un bien de dominio público (demanial) afectado al uso público de parque, con las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. Se anuló el acuerdo de la Junta Directiva del IDA que autorizó el traspaso, la escritura de segregación y donación, y la inscripción registral a favor de la Asociación, por basarse en una norma presupuestaria (art. 16 inciso 22 de la Ley 7097) declarada inconstitucional por la Sala Constitucional. El Tribunal determinó que la asociación incurrió en un uso indebido y privativo del terreno, arrendándolo a una iglesia y a un vivero, contrario a su destino público. Se ordenó el desalojo de los ocupantes privados, el traspaso del inmueble a la Municipalidad de Moravia para su administración, y la cancelación de la inscripción registral. Además, se declaró la omisión del IDA en recuperar el bien y se le ordenó iniciar procedimientos internos para establecer responsabilidades. Las excepciones de prescripción y falta de legitimación fueron rechazadas, y se condenó en costas a los demandados.

Key excerptExtracto clave

VI.- ON THE PUBLIC DOMAIN NATURE OF THE NORTH RECREATIONAL PARK. This Court considers that the property with cadastral plan number ... known as the North Recreational Park ... constitutes a public domain asset affected to the public use of a park, for the following reasons: 1) From the perspective of its relationship with the parent property number 267183-000... The North Recreational Park constitutes a lot of 25,000.06 square meters... which was segregated from property number 267183-000... based on section 22 of article 16 of the Extraordinary Budget Law number 7097... IX.- ON THE SCOPE OF THE DECLARATION OF UNCONSTITUTIONALITY OF SECTION 22 OF ARTICLE 16 OF LAW 7097 AND ITS IMPACT ON THE TRANSFER AND REGISTRATION ACTS OF THE NORTH RECREATIONAL PARK. The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, by judgment number 2008-00056... declared the unconstitutionality action filed under case number 07-13901-0007-CO to be with merit, considering that “...the authorization introduced in article 16, section 22) of the Extraordinary Budget Law, Law No. 7097 of August 18, 1988, insofar as it allowed the Agrarian Development Institute to segregate and donate to an Association a plot of twenty-five thousand square meters and six decimeters of its property, is unconstitutional due to the legislative procedure followed. It is an atypical norm foreign to budget content... which is contrary to the Law of the Constitution. Therefore, it is clear that the norm analyzed herein is unconstitutional, and consequently, must be annulled, warning that it will be in the ordinary courts where the existence of acquired rights or the need to pay or not improvements on the property whose transfer is being annulled with the norm in question will be determined...” XIII.- COROLLARY. For all the reasons stated in this resolution, it is appropriate to grant the claim, in the following terms: 1) It is declared that the property... constitutes a public domain asset affected to the public use of a park, which is unattachable, imprescriptible, inalienable and outside the commerce of men. Likewise, the entity competent to exercise its administration is the Municipality of Moravia. 2) The absolute nullity of the following acts is declared: i) agreement number 4 of the Board of Directors of the Agrarian Development Institute... ii) deed number 1... iii) The registration in the Public Registry of Property...VIo.- SOBRE LA NATURALEZA DEMANIAL DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Este Tribunal considera que el inmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte y que actualmente se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula de folio real número Placa28291 del Partido de San José, a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios 102, 103 y 106 del expediente judicial; 3, 6, 7, 8 y 11 del legajo de prueba de la CGR), constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, por las siguientes razones: 1) Desde la perspectiva de su relación con la finca madre número 267183-000 del Partido de San José. El Parque Recreativo del Norte constituye un lote de 25.000,06 metros cuadrados, con plano catastrado número SJ-770593-88, que fue segregado de la finca número 267183-000 del Partido de San José, con base en lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 (ver folios 3 a 11 del legajo de prueba de la CGR; 11 a 14 del expediente administrativo del IDA). IXo.- SOBRE LOS ALCANCES DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO 22 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 7097 Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTOS DE TRASPASO E INSCRIPCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia número 2008-00056 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada en expediente número 07-13901-0007-CO, pues consideró que “...la autorización introducida en el artículo 16 inciso 22) de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, en cuanto permitió al Instituto de Desarrollo Agrario segregar y donar a una Asociación un terreno de veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros de su propiedad, es inconstitucional por el procedimiento legislativo que se siguió. Se trata de una norma atípica ajena al contenido presupuestario, a través de la cual se dispone que una propiedad de un ente autónomo del Estado, por lo que resulta contraria al Derecho de la Constitución. Por lo anterior, es claro que la norma que aquí se analiza resulta inconstitucional, y en consecuencia, debe anularse, advirtiendo que será en la vía ordinaria donde se determine la existencia de derechos adquiridos, o la necesidad de pagar o no mejoras sobre la propiedad cuyo traspaso se está anulando con la norma en cuestión...” XIIIo.- COROLARIO. Por todas las razones expuestas en esta resolución procede declarar con lugar la demanda, en los siguientes términos: 1) Se declara que el inmueble... constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia. 2) Se declara la nulidad absoluta de los siguientes actos: i) el acuerdo número 4 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario... ii) la escritura número 1... iii) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad...

Pull quotesCitas destacadas

  • "Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público."

    "Public things are those which, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those which everyone may use because they are delivered to public use."

    Considerando IV (citando art. 261 Código Civil)

  • "Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público."

    Considerando IV (citando art. 261 Código Civil)

  • "Frente al dominio público, las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad, no tienen la virtud de generar derechos subjetivos sobre el inmueble afectado a un servicio o uso público."

    "Against the public domain, private detentions, however prolonged in time and even if protected by entries in the Property Registry, do not have the virtue of generating subjective rights over property affected to a public service or use."

    Considerando VI, punto 4.a

  • "Frente al dominio público, las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad, no tienen la virtud de generar derechos subjetivos sobre el inmueble afectado a un servicio o uso público."

    Considerando VI, punto 4.a

  • "Para el ejercicio de las acciones tendentes a su recuperación y tutela, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que los medios con los que cuentan las Administraciones Públicas para su efectiva recuperación son imprescriptibles."

    "For the exercise of actions tending to their recovery and protection, no prescription or expiration periods run, as the means available to Public Administrations for their effective recovery are imprescriptible."

    Considerando VIII, punto a

  • "Para el ejercicio de las acciones tendentes a su recuperación y tutela, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que los medios con los que cuentan las Administraciones Públicas para su efectiva recuperación son imprescriptibles."

    Considerando VIII, punto a

  • "Se declara que el inmueble... constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia."

    "It is declared that the property... constitutes a public domain asset affected to the public use of a park, which is unattachable, imprescriptible, inalienable and outside the commerce of men. Likewise, the entity competent to exercise its administration is the Municipality of Moravia."

    Por Tanto, apartado 1

  • "Se declara que el inmueble... constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia."

    Por Tanto, apartado 1

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Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 ______________________________________________________________________ FILE: 09-000076-1027-CA ORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING PLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE No. 235-2010 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, at seven thirty hours on the twenty-seventh of January, two thousand ten.- Ordinary proceeding declared of preferential processing, filed by Nombre71822, of legal age, married, Licenciada in Law and Business Administration, resident of San José, identity card number CED29778, in her capacity as CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), represented by Nombre34867, of legal age, married, attorney, resident of San Ramón de Alajuela, identity card number CED112349, in his capacity as general judicial attorney-in-fact of that entity; the ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, legal identification number CED112350, represented by Nombre143067, identity card number CED112351, in his capacity as President with powers of general attorney-in-fact without limit of sum of that association. Appearing as an interested third party is the ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, legal identification number CED112352, represented by Nombre143068, of legal age, married, businessperson, resident of San José, identity card number CED112353, in his capacity as President with powers of general attorney-in-fact without limit of sum of that association.

WHEREAS:

1.- That by resolution number 392-2009 of the fifteen hours on the tenth of March, two thousand nine (folios 42 to 47 of the judicial file), the Processing Judge resolved: “The precautionary measure of annotation of the complaint (anotación de demanda) on the property of the San José district, registered under the Folio Real System registration number three hundred seventy thousand four hundred forty sub-registration zero zero zero (Placa28287) requested by the Contraloría General de la República is granted, ordering the maintenance of the annotation agreed upon by resolution of the eight hours on the fourth of February, two thousand nine. This matter is resolved without special award of costs...”.

2.- The claims of the plaintiff —once adjusted during the sole hearing (audiencia única) held at eight hours ten minutes on the seventh of January, two thousand ten—, are for the judgment to declare: “1) The nullity of the following actions: - Agreement number 4 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated the 14th of March, 1989, by means of which the IDA Legal Department was authorized to prepare the deed of transfer of property No. 370440, to the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. - Deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on the 14th of November, 1989, from the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal, by means of which the transfer of land No. 370440 to the Asociación Pro Construcción del parque Recreativo del Norte was carried out, with an area of 23,461.41 square meters. –Registration in the Public Property Registry of the San José District No. 370440 (presentation entries 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. 2) That the Judge order the immediate eviction of the Association and the private law subjects who are currently in illegitimate possession of the Parque Recreativo del Norte. 3) That the National Property Registry be ordered to cancel the registry inscription of the property registered under the Folio Real System of the Province of San José No. 1-370440. Likewise, that the land of the Parque Recreativo del Norte recover its registry inscription as an integral part of farm No. 1-267183. 4) That the Instituto de Desarrollo Agrario be ordered —immediately— to adopt all necessary actions in order to transfer the ownership of the land occupied by the Parque Recreativo del Norte to a public body or entity that, according to its legal and technical competences, meets the conditions to administer public recreational parks. 5) While the claim described in the previous point is executed, that the Instituto de Desarrollo Agrario be ordered to adopt all necessary and pertinent measures aimed at the conservation and maintenance of the Parque Recreativo del Norte, so that it remains open to the community in general, under suitable conditions for the exercise of recreational activities. 6) That the Instituto de Desarrollo Agrario be ordered to refrain from adopting or executing any administrative conduct that could, by action or omission, in any way harm or compromise the lands of the Parque Recreativo del Norte for a purpose other than their public domain nature (naturaleza demanial). 7) That the non-conformity with the legal system of the private conduct carried out by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte be declared, specifically the conduct aimed at giving this real property a private purpose different from that entrusted to it by the legislator in the law that allowed its transfer. 8) That the omissive conduct of the Instituto de Desarrollo Agrario regarding the duty to recover the lands corresponding to the Parque Recreativo del Norte be declared non-conforming with the legal system. 9) That the defendants be ordered to pay the costs of this action”.

3.- That by order (auto) of the eleven hours on the first of June, two thousand nine (folio 113 to 117 of the judicial file), the Processing Judge, in accordance with the provisions of subsection 1) of article 60 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, ordered the referral of this process to the Sección Sexta of the Tribunal, so that it could decide whether or not to grant it preferential processing, since it considered that “...the present matter is of great importance for the public interest, not only because in principle a public domain asset (bien demanial) is being ‘usufructed’ but because such circumstance directly, immediately, and continuously affects the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment...”.

4.- That by resolution of the sixteen hours thirty minutes on the twenty-fourth of June, two thousand nine (folios 120 to 121 of the judicial file), this Tribunal resolved: a) To grant preferential processing to this process; b) To sua sponte join the necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario) with respect to the Centro de Excelencia Internacional and the Vivero La Sultana, in order for them to participate in the process as interested third parties in whatever the Tribunal resolves in the judgment; c) In accordance with the provisions of article 58.1.g of the Código Procesal Contencioso Administrativo, to grant the Contraloría General de la República a period of two business days to indicate the place where the legal representatives of the Centro de Excelencia Internacional and the Vivero La Sultana, who were considered interested third parties, could be located for notification purposes.

5.- That by resolution of the eight hours thirty minutes on the seventh of July, two thousand nine (folios 148 to 150 of the judicial file), this Tribunal ordered: a) To partially revoke what was resolved in the order (auto) of sixteen hours thirty minutes on the twenty-fourth of June, two thousand nine, and to exclude Vivero La Sultana as an interested third party in this process and to maintain only the Centro de Excelencia Internacional in that condition; b) In accordance with the provisions of article 35.2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, to grant the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario a period of three business days to cease the alleged inactivity; c) To transfer the complaint to the Instituto de Desarrollo Agrario, the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, and the interested third party Centro de Excelencia Internacional for a period of five business days.

6.- The representative of the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO answered the complaint negatively and interposed the defense of lack of joinder of the necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario). He requested that the judgment declare the complaint without merit; that the judgment order the cancellation of the registry inscription of the property Folio Real registration number Placa28288; and that he be exempted from the payment of costs (folios 161 to 169 of the judicial file). For his part, the representative of the ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE answered the complaint negatively and interposed the defenses of statute of limitations (prescripción), lack of standing (legitimación activa y pasiva), and lack of right. He requested that the judgment declare the complaint without merit in all its aspects (folios 170 to 174 of the judicial file). Finally, the representative of the ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA stated that “...there exists between my represented party and the Asociación de Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte a contractual relationship, established through the lease of part of the property subject to this litigation; and that to date said contractual relationship is in force and under the parameters and protection of the Costa Rican legal system. For the stated reason, I request to be considered as an interested party in the present process and to be notified of all actions taken by this authority and the involved parties...” (folios 175 to 176 of the judicial file).

7.- By order (auto) of sixteen hours thirty minutes on the seventeenth of August, two thousand nine (folios 178 and 179 of the judicial file), this Tribunal ordered: a) In accordance with the provisions of articles 61.2 and 64 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, to grant a period of three business days to the legal representatives of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte and the Asociación Centro Cristiano de Excelencia to correct their answer briefs to the complaint in the terms set forth therein; b) To grant a hearing to all parties, so that within the same period of three days, they could state their position on the request for the State to be joined as a defendant party, raised by the Instituto de Desarrollo Agrario.

8.- That by resolution number 1913-2009 of eleven hours on the ninth of September, two thousand nine (folio 193 to 195 of the judicial file), this Tribunal rejected the defense of necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario) interposed by the Instituto de Desarrollo Agrario. Likewise, by order (auto) of fourteen hours thirty minutes on the ninth of September, two thousand nine, it was resolved: a) That it is the Asociación Centro Cristiano de Excelencia that is considered as an interested third party in this process and which has been deemed notified of the resolutions that have been issued; b) That in accordance with the provisions of article 64 subsection 3 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, and given that the Asociación Centro Cristiano de Excelencia —which is considered an interested third party— did not correct, within the granted period, the defects in the answer to the complaint that were ordered in the order (auto) of sixteen hours thirty minutes on the seventeenth of August, two thousand nine, the facts were deemed admitted on the part of that association; c) The complaint was deemed answered on time and in proper form, and a hearing was granted for two business days to the plaintiff party to refer to the oppositions, administrative file, evidence, and defenses raised, being able to offer its rebuttal evidence; d) Eight hours thirty minutes on the sixteenth of September, two thousand nine, was set to conduct a judicial inspection (reconocimiento judicial) on the lands subject to this process.

9.- That by resolution of eleven hours thirty minutes on the sixth of October, two thousand nine (folio 239 of the judicial file), the parties were summoned to a conciliation hearing (audiencia de conciliación), to be held at eight hours on the sixteenth of October, two thousand nine. That by resolution of eight hours on the sixteenth of October, two thousand nine (folio 248 of the judicial file), the Conciliation Judge deemed that stage failed, given that the Contraloría General de la República, in a brief visible at folio 244 of the judicial file, stated it was not willing to conciliate. That by order (auto) of seven hours thirty minutes on the twenty-fifth of November, two thousand nine (folio 257 of the judicial file), this Tribunal summoned the parties to the sole hearing (audiencia única) provided for in article 60 subsection 3) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, to be held on the 7th and 8th of January, two thousand ten, starting at eight hours.

10.- The sole hearing (audiencia única) was held at eight hours ten minutes on the seventh of January, two thousand ten, in which only the aspects referred to in article 90 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo were addressed and resolved, consequently: a) the resolution of the defense of statute of limitations (prescripción) interposed by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte was reserved for judgment; b) the claims raised by the plaintiff party were adjusted, in the terms indicated in the second result section of this judgment; c) the disputed and undisputed facts, material to the case and therefore, subject to proof, were established; d) the pertinent documentary evidence was admitted; e) as there was no testimonial or expert evidence to be presented and in accordance with the provisions of article 98.2 of the same Code, the conclusions formulated orally by all parties were heard and the process was declared as complex processing. That said hearing was recorded in the corresponding audiovisual system, a recording that runs attached to the file in a separate folio.

11.- In the proceedings before this Tribunal, no nullities that must be corrected or that cause defenselessness have been observed, and the judgment is issued and notified within the term established in articles 60 subsection 6) and 111 subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in relation to subsection 3) of article 82 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio of this Jurisdiction.- Drafted by Judge Álvarez Molina, with the affirmative vote of Judges Garita Navarro and González Vílchez; and,

WHEREAS:

I.- PROVEN FACTS: The following facts are deemed duly accredited as relevant to this proceeding: 1) That in Supplement (Alcance) number 32 to Official Gazette (Diario Oficial La Gaceta) number 43 of March first, nineteen seventy-eight, Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 8005-G was published, in whose first recital (considerando) it is stated: “...for the purpose of carrying out the construction of warehouses for the sale and distribution of products from peasant settlements (asentamientos campesinos), as well as the facilities and building of the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) and thus avoiding high rental payments, the acquisition of the property (finca), owned by the company La Cornelia Limitada, registered in the San José Section (Partido de San José) of the Property Registry (Registro de la Propiedad), volume one thousand five hundred six, folio four hundred thirty-seven, number one hundred thirty-five thousand nine hundred ninety-six, entry two, which is called Finca Venegas, today cultivated with coffee and pastureland with a wooden house located on it, is necessary...”. That by reason of the foregoing, article 1 of that same Executive Decree provides that: “...Based on law number 36 of June twenty-sixth, eighteen ninety-six as amended by Legislative Decree (Decreto Legislativo) number 78 of June twenty-fourth, nineteen thirty-eight, the property owned by Sociedad La Cornelia, described in recital one of this decree, is hereby expropriated...” (see Supplement number 32 to La Gaceta number 43 of March first, nineteen seventy-eight); 2) That in Official Gazette La Gaceta number 48 of March eighth, nineteen seventy-eight, Executive Decree number 8059-G was published, in which it is ordered to amend the provisions of articles 1 and 2 of Executive Decree number 8005-G, since it was considered that “...in view of the fact that for the construction of warehouses for the sale and distribution of products from peasant settlements and for the construction of the building of the Institute of Lands and Colonization, it is not necessary to acquire the entirety of property number one hundred and five thousand nine hundred ninety-six, owned by Sociedad “La Cornelia Limitada”, since in accordance with the plans held for such purposes the area needed is smaller, it is consequently of little convenience to expropriate the entire property. 2.- That since the area needed is ten hectares, two thousand eight hundred eighty-five meters, ninety-five square decimeters, the appropriate action is to amend the Executive Decree that ordered the expropriation of the aforementioned property...” (see La Gaceta number 48 of March eighth, nineteen seventy-eight); 3) That by public deed (escritura) number 20 executed at fifteen hours fifteen minutes on March sixteenth, nineteen seventy-eight, before Notary Public Eduardo Ching Murillo, and in compliance with the provisions of Executive Decrees number 8005-G and 8059-G, the company “La Cornelia Limitada” sold to the State, lot A described as land cultivated with coffee and pastureland with a wooden dwelling house located on it, measuring ten hectares, two thousand eight hundred eighty-five meters, ninety-five square decimeters, which forms part of the parent property (finca madre) registered in the Public Registry, Property Section, San José Section, volume one thousand five hundred six, folio four hundred thirty-seven, number one hundred thirty-five thousand nine hundred ninety-six, entry two, which is called Finca Venegas, situated in the Dirección17411 of San José. That the representative of the State “...duly authorized by the Executive Decrees mentioned above and by official letter from the Ministry of the Interior (ministerio de Gobernación) of this date, transfers to the Institute of Lands and Colonization in this act the ownership of the lot that the State acquires by this same deed, so that said Institute may allocate it to the purposes indicated in the repeatedly cited Executive Decrees...” (see folios 29 to 34 of the administrative file of the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario)); 4) That the property that was transferred to the Institute of Lands and Colonization, by public deed number 20 executed at fifteen hours fifteen minutes on March sixteenth, nineteen seventy-eight, before Notary Public Eduardo Ching Murillo, was registered in the Public Registry, at volume 2652, folios 13-15, entry 1, under the real folio system registration number (matrícula de folio real) Placa28289, of the San José Section, whose nature is described as land for construction (see folios 02 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) and 33 of the administrative file of the Agrarian Development Institute); 5) That by public deed number 112 executed at twenty hours on October fifteenth, nineteen eighty-six, before Notary Public Ciro Casas Zamora, the Association Pro Construction North Recreational Park (Asociación Pro Construcción Parque Recreativo del Norte) was constituted, whose main objectives, according to the provisions of article 3 of its bylaws, are: “...to promote the ideal of service as the basis of every worthy endeavor and in particular to stimulate and promote the construction of a recreational and natural park for the recreation of the residents of the northern cantons of San José, and citizens in general. The promotion of activity through the construction of improvements for recreation and sports practice and the contemplation of nature, and fundraising for its development through periodic sessions, professional advice, community service activities, conferences, outreach programs and other related means...”. That said association was registered in the Registry of Associations under file (expediente) number 2394, folios 1 to 12, volume 1, entry 21 (see folios 91 and 92, 99 to 109 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic); 6) That in Supplement number 25 to Official Gazette La Gaceta number 166 of September first, nineteen eighty-eight, the Extraordinary Budget Law (Ley de Presupuesto Extraordinario) number 7097 of August eighteenth of that same year was published, whose article 16 subsection 22 provided: “...The Agrarian Development Institute is authorized to segregate and donate to the Association Pro Construction of the North Recreational Park, a lot of up to 25,000.06 square meters (twenty-five thousand square meters six square decimeters), which borders to the north with a public street, to the east with Los Colegios urbanization, to the south with the Agrarian Development Institute and to the west with the Succession Nombre143359. This property is registered in the San José section, volume 2652, folio 13, N° 267183, entry 1, situated in the Anselmo Llorente and San Vicente districts of the cantons of Tibás and Moravia. That land shall be used exclusively for the construction of the project called North Recreational Park...” (see Supplement number 25 to Official Gazette La Gaceta number 166 of September first, nineteen eighty-eight; and folios 11 to 14 of the administrative file of the Agrarian Development Institute and 01 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic); 7) That on December seventh, nineteen eighty-eight, plan number SJ-770593-88 was registered in the National Cadastre (Catastro Nacional), corresponding to a property owned by the Agrarian Development Institute, with an area of 2 hectares 3461.41 square meters, located in the San Vicente District, of the Canton of Moravia of the Province of San José, which forms part of the property registered in the Public Registry at volume 2652, folio 13, entry 1, number Placa28290 (see folio 11 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic); 8) That by agreement number IV adopted in session number 21-89 held on March fourteenth, nineteen eighty-nine, the Board of Directors (Junta Directiva) of the Agrarian Development Institute, ordered: “...1. The Legal Department is authorized to prepare the respective transfer and donation deed, in accordance with the provisions of the budget norm, Law No. 7097 published in Supplement No. 25 to La Gaceta No. 166 of September 1, 1988, of a lot with an area of 2 HA.3461.41m2., according to cadastral plan SJ-770.593-88, to be segregated from the property located in the Cantons of Tibás and Moravia, owned by the Agrarian Development Institute, in favor of the Association Pro-Construction of the North Recreational Park (...) 3. The negative vote of Mr. Alexis Gómez Guillén, Director, is recorded, on the grounds that in his capacity as lawyer, he considers that the authorization for the transfer of that lot is based on a budgetary norm, which in his opinion is unconstitutional. He also wishes to state for the record that he is in favor of building centers like that one and having them financed by the State, but within the existing legal framework...” (see folios 102 and 103 of the judicial file); 9) That by public deed number 1, volume 10, executed at sixteen hours on November fourteenth, nineteen eighty-nine, before Notary Public Julio Sánchez Carvajal, and in compliance with the provisions of the budget norm, Law number seven thousand ninety-seven published in Supplement number 25 to La Gaceta number 166 of September first, nineteen eighty-eight, and in accordance with the provisions of the Board of Directors of the Agrarian Development Institute in agreement number IV adopted in session number 21-89 held on March fourteenth, nineteen eighty-nine, the Agrarian Development Institute segregated and donated to the Association Pro Construction of the North Recreational Park, the lot described as “...land now for the construction of the North Recreational Park, located in the Dirección17412, ...”, measuring 2 HA.3461.41m2. according to plan registered in the National Cadastre under number SJ-770593-88 dated December seventh, nineteen eighty-eight, which forms part of the parent property registered in the Public Registry, Property Section, San José Section, volume 2652, folio 13, number 267183, entry 1, situated in the Dirección17413, described as “...land partly cultivated with coffee, a building under construction, a mechanical workshop, and administrative office...” and that once the segregation of the lot donated to the Association Pro Construction of the North Recreational Park is completed, it has an area of seven hectares, nine thousand four hundred twenty-four meters, fifty-four square decimeters (uncontested fact, see folios 06 to 10 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic and audiovisual record of the preliminary hearing); 10) That the donation of the described property was made based on the following limitations, which were accepted by the Association Pro Construction of the North Recreational Park, namely: “...D) That the buyer or buyers may not transfer the ownership of their plot, nor encumber it, lease it, or subdivide it without the prior authorization of the selling Institute, except if fifteen years have elapsed counted from this date (...) Once the said fifteen years have elapsed, any alienation of the parcel or parcels that in the judgment of the selling Institute may produce an excessive concentration or subdivision of the property shall give the latter the right to acquire the parcel or parcels offered for sale (...) F) That noncompliance by the buyers or the persons to whom they have transmitted rights over the parcels here acquired with any of the obligations set forth in the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) number two thousand eight hundred twenty-five of October fourteenth, nineteen sixty-one and its amendments, shall give the selling Institute the right to administratively revoke the adjudication or nullity and to request the Public Registry that the parcel or lot be registered again in the name of the selling Institute, who shall pay whoever appears in the Registry as owner at the time of revocation the original purchase price and the value of the improvements that have been introduced to the property in accordance with the appraisal to be carried out for that purpose by an expert of the selling Institution...” (see folios 08 to 10 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic); 11) That the property transferred to the Association Pro Construction of the North Recreational Park, by public deed number 1, volume 10, executed at sixteen hours on November fourteenth, nineteen eighty-nine, before Notary Public Julio Sánchez Carvajal, was registered in the Public Registry on January nineteenth, nineteen ninety, under the Real Folio System, Province of San José, registration number Placa28291, whose nature is described as land for the construction of a recreational park (uncontested fact, see folios 03 and 04 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic and audiovisual record of the single hearing); 12) That the property registered under real folio registration number Placa28291, is located in the Dirección17414, Province of San José (uncontested fact, see folios 02 and 11 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic and audiovisual record of the single hearing); 13) That in the Budget Laws enacted by the Legislative Assembly during the period between the years 1987 and 1992, the following budget sub-items allocated to the construction, works or maintenance services of the park were incorporated in favor of the Association Pro Construction of the North Recreational Park, broken down as follows: a) year 1988, Law 7089, budget code number 13090270245712413010, for Park Construction, amount ¢6,000,000 (six million colones); b) year 1989, law number 7111, budget code 13090270278212413010, for Park Construction, amount ¢10,000,000 (ten million colones); c) year 1989, law 7111, budget code 1177657020124145230, for park construction, amount ¢10,000,000 (ten million colones); d) year 1990, law number 7141, budget code 1177657020113145630, for park construction, amount ¢6,000,000 (six million colones); e) year 1990, law number 7216, budget code 13090270256512413010, for works in the park, amount ¢225,000 (two hundred twenty-five thousand colones); f) year 1990, law number 7216, budget code 13090263756811313010, for maintenance services in the park, amount ¢15,000 (fifteen thousand colones); g) year 1992, law number 7272, budget code 13090270250827241284, for works in the North Recreational Park, amount ¢500,000 (five hundred thousand colones) (see folios 13 to 15 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic; 17 and 18 of the administrative file of the IDA); 14) That by official letter number DAJ-403-2006 of April sixteenth, two thousand six, the Directorate of Legal Affairs (Dirección de Asuntos Jurídicos) of the IDA issued a report to the Executive President of that same entity, regarding the North Recreational Park, in which, among other aspects, it indicates: “...4- The land was duly registered in favor of the cited association and generated Real Folio of San José, number 370.440-000, remaining with limitations under the Land and Colonization Law for a period of 15 years, therefore these expired on November 14, 2004...” (folio 95 of the administrative file of the IDA); 15) That by official letter number DAMM 675-04-06 of April twenty-fifth, two thousand six, the Municipal Mayor (Alcalde Municipal) of Moravia, informed the Agrarian Development Institute of “...some irregularities that have been occurring over time, in relation to a property that today is known as North Recreational Park, in order for good offices to be interposed and a definitive solution provided for them (...) We add, how the members of the Board of Directors of the Association have changed the nature of the property, converting the sports gymnasium located on it, into a supposed convention center, but the truth is, that its new direction is that of a church...” (see folios 80 to 89 of the administrative file of the Agrarian Development Institute; and audiovisual record of the judicial inspection of September sixteenth, two thousand nine); 16) That by official letter number DAJ-409 of May sixteenth, two thousand six, the Directorate of Legal Affairs of the IDA, issued a report before the Board of Directors of that same entity, related to the facts made known by the Municipal Mayor of Moravia, by official letter DAMM 675-04-06 of April twenty-fifth, two thousand six, in whose conclusions it indicates: “...In accordance with the foregoing, the only possibility available to the Institute is to resort to an action of Unconstitutionality against the atypical norm and as a consequence request the nullity of the transfer deed, since in all other cases our rights are time-barred or lapsed. The observation is made that if the Chamber were to accept our thesis, we would eventually have to recognize to the Association Pro Construction of the North Recreational Park, the improvements introduced by them on the land, as we cannot affect rights acquired in good faith. If the recommendation of the Directorate of Legal Affairs is accepted, it would be advisable for the Board to adopt an agreement in that regard and authorize the Executive President to file the respective action. This Directorate does not share the position of the Municipal Mayor in the sense that only the Institute has standing to sue, since as explained, this not being a case of direct or individual injury, hence the action can be filed by any person...” (see folios 75 to 79 of the administrative file of the IDA); 17) That by agreement number 33 adopted in session number 018-06 held on May twenty-second, two thousand six, the Board of Directors of the IDA, in accordance with official letter number DAJ-409-06 from the Directorate of Legal Affairs of that same entity, agreed: “...1. To grant a hearing to the Municipal Mayor of Moravia; 2. To commission the Executive Presidency, for the purpose of formulating a consultation, both to the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), and to the Internal Audit Office of the Institute, on the merits of this matter taking into account the own criteria expressed by the Legal Advisory Office of the Institute...” (folio 74 of the administrative file of the IDA); 18) That by official letter number FOE-DDJ-3035 of September twenty-first, two thousand six, the Comptroller General of the Republic, forwarded to the Agrarian Development Institute a complaint against the Association Pro Construction of the North Recreational Park and its President, “...for alleged irregularities in the management of funds and assets donated by the State for the construction of that park, specific budget items and IDA lot and for the closure of this property to the public...”. That the Board of Directors of the IDA by agreement number 33 adopted in session number 033-06 held on October second, two thousand six, took cognizance of official letter FOE-DDJ-3035 of September twenty-first, two thousand six, from the Comptroller General of the Republic and agreed “...to commission the Legal Advisor to the Board of Directors, to present before this Board of Directors a report on the current status of the present case in order to inform the interested party...” (see folios 17, 18, 73 of the administrative file of the IDA); 19) That in the digital edition of the Newspaper La Nación, corresponding to Monday, December twenty-fifth, two thousand six, an article was published titled “Prosecutor's Office investigates alleged embezzlement in public park”, in which it is indicated -among other aspects-, that “...An investigation by La Nación revealed, last May, that the land donated by the IDA so that the community could have a park, is fenced and divided with wire mesh and that the public only has access to 15% of the space. The Association rents the rest of the property, including the gymnasium, to a religious group and a nursery, and for commercial activities...” (see folios 17 and 18 of the administrative file of the IDA, and 126 of the evidence file of the CGR); 20) That by official letter number FOE-DDJ-0317 received on March eighth, two thousand seven, the Comptroller General of the Republic, requested “...information on the actions taken by the IDA in relation to the problems presented with the use of the so-called North Recreational Park...”. That the Board of Directors of the IDA by agreement number 9 of session 010-07 held on March twelfth, two thousand seven, took cognizance of official letter number FOE-DDJ-0317 and agreed “...to inform the Comptroller General of the Republic, that the unconstitutionality action has already been drafted and in turn to petition said Body to assist in said unconstitutionality action, which will be filed in due course...” (see folio 71 of the administrative file of the IDA); 21) That as of July second, two thousand seven, the International Excellence Center and Vivero La Sultana, occupied a portion of the property registered under real folio registration number Placa28291, which in accordance with the provisions of subsection 22 of article 16 of the Budget Law number 7097, was destined for the construction of the North Recreational Park (see folios 1, 110, 112 to 122, 126 of the evidence file of the CGR and 140 of the judicial file); 22) That on October sixteenth, two thousand seven, the Comptroller General of the Republic filed an unconstitutionality action against article 16 subsection 22 of the Extraordinary Budget Law number 7097 of August eighteenth, nineteen eighty-eight, which had authorized the IDA to segregate a lot of up to 25,000.06 square meters from property number 267183, a property that is currently registered under real folio registration number Placa28287. That said unconstitutionality action was assigned file number 07-013901-0007-CO (uncontested fact, see folios 17 to 26 of the evidence file of the CGR and audiovisual record of the single hearing); 23) That by judgment number 2008-00056 of fourteen hours forty-seven minutes on January ninth, two thousand eight, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, declared the unconstitutionality action processed in file number 07-13901-0007-CO with merit, as it considered that “...the authorization introduced in article 16 subsection 22) of the Extraordinary Budget Law, Law No. 7097 of August 18, 1988, insofar as it allowed the Agrarian Development Institute to segregate and donate to an Association a piece of land measuring twenty-five thousand six square decimeters of its property, is unconstitutional due to the legislative procedure that was followed. It is an atypical norm foreign to the budgetary content, through which a property of an autonomous entity of the State is disposed of, thus being contrary to the Law of the Constitution. Therefore, it is clear that the norm analyzed herein is unconstitutional, and consequently, it must be annulled, noting that it will be in the ordinary jurisdiction where the existence of acquired rights, or the need to pay or not for improvements on the property whose transfer is being annulled by the norm in question, is determined...”. That therefore, the Operative Part (Por Tanto) of said judgment, provides: “The action is declared WITH MERIT. Consequently, article 16 subsection 22) of Law No. 7097 of August 18, 1988, published in Supplement NO. 25 to La Gaceta No. 166 of September 1, 1988, which is the Extraordinary Budget Law of the Republic, is annulled as unconstitutional, without prejudice to rights acquired in good faith. Let this ruling be communicated to the Legislative, Executive and Judicial Branches. Let this ruling be summarized in the Official Gazette La Gaceta and published in full in the Judicial Bulletin. Let it be notified” (see folios 65 to 71 of the evidence file of the CGR; 10 and 70 of the administrative file of the IDA); 24) That by official letter number PE-0123-2008 of January fourteenth, two thousand eight, the Executive President of the Agrarian Development Institute, requested the Directorate of Legal Affairs of that same entity, to analyze “...the decision of the Constitutional Chamber that annulled the budget norm by which land was donated for the north recreational park. In accordance with the information obtained, this Executive Presidency requires a legal opinion on the situation raised, the possibility of recovering the asset in question, whether there are rights in favor of private parties that could affect or, whether there are rights in favor of the IDA that should be safeguarded...” (see folio 96 of the evidence file of the CGR and 9 of the administrative file of the IDA); 25) That by official letter number DAJ-048-08 of January twenty-third, two thousand eight, the Directorate of Legal Affairs in response to official letter number PE-0123-2008 of January fourteenth, two thousand eight signed by the Executive President of the Agrarian Development Institute, reported that: “...Although it is true, the Constitutional Chamber annuls the norm by which the IDA transferred a property to the Association North Recreational Park, in accordance with article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de Jurisdicción Constitucional), said declaration has declarative and retroactive effects, thus the administrative act that authorized the transfer would be considered as non-existent, returning things to their original state, that is, reverting the land to the Institution's patrimony. However, there is currently no certainty regarding whether in the decision the Constitutional Chamber annuls the transfer itself and, orders the cancellation of the registry entry or, if it is silent in that regard. In the event that the Constitutional Chamber annuls the transfer act and orders cancellation of the registry entry as a consequence, said act could only be executed by the Comptroller General of the Republic, since it was this body that filed the action and, the IDA was not given participation within the proceeding (...)” Now then, the decision is currently in the process of being signed by the Magistrates of the Constitutional Chamber, so its full knowledge will be once this procedural stage is concluded, which will allow us to know with greater certainty, what is pertinent to the nullity of the transfer act itself, the nullity of the registry entry as an immediate consequence, and the reversion of the property to the institution's patrimony...” (folios 97 to 98 of the evidence file of the CGR; 7 to 8 of the administrative file of the IDA); 26) That the notice referred to in articles 88 and 90 paragraph 1 of the Law of Constitutional Jurisdiction, regarding the publication of the operative part of the judgment, was published in Judicial Bulletins numbers 41, 42 and 43, dated February 27, 28 and 29, two thousand eight, respectively (uncontested fact, see folios 72, 93 to 95 of the evidence file of the CGR and audiovisual record of the single hearing); 27) That on April fifth, two thousand eight, the Association Pro Construction of the North Recreational Park, entered into a lease agreement with the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, over a part of the property located at Dirección1834, of the Dirección4667, of the province of San José, registered in its name in the Public Property Registry, under the real folio system registration number Placa28291, “...specifically the land located from the sports courts westward, up to the creek (river), land measuring approximately twenty thousand square meters, and which currently consists of a built gymnasium and green areas. THIRD: That said property, will be used by the Lessee for the holding of religious services or related events, that contribute to the integral development of society and individuals. FOURTH: The term of this contract shall be ten years starting from April eighth, two thousand eight, being renewable for equal periods up to a total of thirty years. The corresponding renewals for each year must necessarily be formulated in writing in a new contract or addendum; there being no automatic or tacit renewals. FIFTH: The lease price for the indicated property, shall be two million four hundred sixty-two thousand exact colones (2,462,000.00), and an annual increase of ten percent in the payment for the lease of the property is established...” (see folios 275 to 278 of the judicial file); 28) That by official letter number PUMM-100-032006 of June twelfth, two thousand six, Dr. Nombre143360 of Institutional Planning of the Municipality of Moravia, indicates that “...the property registered under FR n. 370440, according to cadastral plan SJ-770593-88, the corresponding land use (uso de suelo) for the North Park corresponds, according to the Regulating Plan Regulation (Reglamento del Plan Regulador) in its Art. 10, to the San Vicente Institutional Public Zone...”. That this information is reiterated in official letter number D.P.U.M.M. 705-2008 of July twenty-first, two thousand eight, a document in which, it is also indicated that “...the public use zones are intended for the establishment of cultural, educational, recreational and administrative facilities, convenient for an appropriate development of the city...” (folios 104 to 106 of the judicial file); 29) That by official letter number DAP-079-07-2008 of July seventeenth, two thousand eight, the Director of the Budget Analysis Department of the Legislative Assembly informed the Director of the Legal Advisory Department of that same Assembly that, regarding the public funds that were granted to the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, during the period from 1987 to 1992, “...we have proceeded to review the different budget laws, ordinary and extraordinary, that were approved by the Legislative Assembly during the requested period and, as a result of that search, I am attaching the data on the budget sub-items incorporated for that entity in the indicated years, clarifying that this Department does not have the settlements for said expenditures, which must be reviewed by the (sic) comptroller entity in the official documents in its possession...” (see folio 14 of the judicial file); 30) That by official letter number Placa28292 of December sixteenth, two thousand eight, the General Manager of the IDA requested the Director of Legal Affairs, “...as soon as possible, inform me of the effects that the declaration of nullity of article 16, subsection 22, of Law No. 7097 of August 18, 1988, the Republic’s Extraordinary Budget Law, had with respect to the act by which the IDA transferred the property to the Asociación Parque Recreativo del Norte...” (folio 6 of the IDA administrative file); 31) That by official letter number DAJ-205 of March sixteenth, two thousand nine, the IDA’s Legal Affairs Directorate informed the General Manager that by judgment number 00056-2008 of two forty-seven p.m. on January ninth, two thousand eight, the unconstitutionality action filed by the Contraloría General de la República was granted and, consequently, article 16 subsection 22) of Law No. 7097 of August 18, 1988, published in Supplement No. 25 to La Gaceta No. 166 of September 1, 1988, which is the Republic’s Extraordinary Budget Law, was annulled as unconstitutional, without prejudice to rights acquired in good faith. It was also indicated that in case file number 09-00076-1027-CA, contentious-administrative proceedings filed by the Contraloría General de la República against the Instituto de Desarrollo Agrario and the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte are being processed (see folios 3 and 4 of the IDA administrative file); 32) That by official letter number DAJ-542-09 of June seventeenth, two thousand nine, addressed to the Executive President of the IDA, the Legal Affairs Directorate attached “...the draft to request information from the Ministry of Finance regarding the items issued in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; this is necessary in the contentious-administrative proceedings filed by the Contraloría General de la República against the IDA and the Association, to demonstrate that the works built in said park were executed with public funds and thus, in the event that the Association claims payment for improvements made, argue that they were made with public funds...” (see folio 1 of the IDA administrative file); 33) That by official letter number DPMM-110-07-2009 of July first, two thousand nine, the Head of the Patents Department of the Municipalidad de Moravia indicated that on property number Placa28293, Map 09-239-002, cadastral plan number Placa28294, “...currently, only a Christian Church entity operates, which is legally exempt from being required to pay the commercial license tax. From 2002 until late 2007, a nursery (vivero) operated, it closed operations at the site in 2007 and the commercial account persists in a delinquent state. From that date until now, no patent license has been processed again...” (folio 140 of the judicial file); 34) That by official letter DAJ-667-09 of July twentieth, two thousand nine, the IDA’s Legal Affairs Directorate issued a report to the Secretary General of the Instituto de Desarrollo Agrario regarding the Parque Recreativo del Norte and recommended “...the authorization to initiate proceedings, whether administrative or judicial, in order to proceed with the recovery of the property registered under title number Placa28291 of the Partido de San José that is in the name of the aforementioned Association and to order the cancellation of its registration in the Public Registry, so as to include the land in the Institute’s assets...”, which were approved by the IDA’s Board of Directors by agreement number 27 of ordinary session number 026-2009 held on July twenty-eighth, two thousand nine (folios 157 to 160, 274 of the judicial file); 35) That on September sixteenth, two thousand nine, this Court conducted a judicial inspection (reconocimiento judicial) at the Parque Recreativo del Norte and confirmed that the area open to the public corresponds to the basketball courts and the children’s playground, which is separated from the area where the gymnasium occupied by the Centro de Excelencia Internacional is located by a wire mesh fence. That access to the gymnasium area is restricted, not only because the access gate is closed, but because there is a guard stationed in a booth who monitors entry to that area. That the sector where Vivero La Sultana was located is also restricted entry, as the access gate is also closed, in addition to the fact that two people live in that place who stated they are dedicated to caring for that area (see audiovisual record of the judicial inspection); 36) That from the property registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, under real folio title number 267183-000 of the Partido de San José, a lot measuring 5,040.88 m2 was also subdivided (segregó) in favor of the Orquesta Sinfónica Nacional; likewise, a property of 2 hectares 0679.95 m2 was sold to the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal for ¢37,223,910.00 (thirty-seven million two hundred twenty-three thousand nine hundred ten colones) (folio 33 of the IDA administrative file); 37) That the southern boundary of the land with cadastral plan number Placa28295 has undergone an alteration, as it no longer borders the parent property number 1-267183 owned by the Instituto de Desarrollo Agrario, as indicated in the registral entry of the Partido de San José, title number Placa28291 and in cadastral plan number Placa28295, but rather borders a public street (see folios 3, 11 and 126 of the CGR evidentiary file and audiovisual record of the judicial inspection conducted on September sixteenth, two thousand nine).

II.UNPROVEN FACTS. The following facts that are relevant to this process are deemed undemonstrated: a) That the facilities built in the Parque Recreativo del Norte were financed with private funds (this circumstance cannot be inferred from the documents visible on folios 14 and 15 of the CGR evidence file; 9, 17, and 18 of the IDA administrative file); b) That the specific budget line items incorporated in the Budget Laws for the 1987-1992 period were not granted to the Asociación Pro Parque Recreativo del Norte for construction, works, or maintenance services in the park (this circumstance cannot be inferred from the documents visible on folios 14 and 15 of the CGR evidence file; 9, 17, and 18 of the IDA administrative file); c) That the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte was declared of public utility by the competent authorities (there is no evidence in the case file).

III.PURPOSE OF THE PROCESS. The plaintiff considers that Agreement number 4 adopted by the Board of Directors of the IDA in session number 21-89 of March fourteenth, nineteen eighty-nine, by which the transfer of the property with cadastral map number SJ-770593-88 was authorized in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, based on the provisions of subsection 22 of Article 16 of the Extraordinary Budget Law number 7097; as well as deed number 1 granted by Notary Public Julio Sánchez Carvajal at four o'clock in the afternoon on November fourteenth, nineteen eighty-nine, by which the transfer of the indicated property was carried out; and finally, the registration in the Public Property Registry of the Partido de San José under title number Placa28293, with presentation entries 376-14871-01, suffer from a defect of absolute nullity, for the following reasons: 1) Because the transfer of the property with cadastral map number Placa28295 to the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte was based on subsection 22 of Article 16 of the Extraordinary Budget Law number 7097, which was declared unconstitutional by judgment number 2008-000056 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at fourteen hours forty-seven minutes on January ninth, two thousand eight, for being an atypical norm; 2) That in accordance with the provisions of Articles 88, 89, and 90 of the Constitutional Jurisdiction Law, the declaration of unconstitutionality of the cited norm causes, by clear and direct connection, the absolute nullity of the transfer authorization acts; the deed of segregation and donation of the property to the defendant association; and the registration in its name in the Public Registry under registration number Placa28293, the effects of which must be rolled back to the effective date of the norm declared contrary to the Constitution, namely: August 18, 1988; 3) That independently of the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of Law number 7097, property number Placa28293 did not lose its condition of belonging to the public domain and, therefore, of the guarantees of inalienability, imprescriptibility, and unseizability, because in the specific case of the Parque Recreativo del Norte, the affectation to a public use of property number 370440 derives not only from the will expressed in that sense by the legislator in subsection 22 of Article 16 of Law 7097, by indicating that the land would be used exclusively for the construction of the project called Parque Recreativo del Norte; but also from the public, notorious, and continuous use of said land, regardless of whether its registered ownership is held in the name of a private legal entity, such as the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, since what is important is the public nature and use that the property and its facilities present. Consequently, the presumption of public domain status does not imply that the properties must be registered in the National Registry in the name of a public institution, in accordance with the principle of non-registration; 4) That in any case, the segregated land that originated property number 370440 originally belonged to the parent property number 267183, which was and continues to be the property of the IDA, which is why, from its origin, the land occupied by the park is public. Likewise, the Moravia Regulatory Plan establishes that the property belonging to the northern recreational park is a public institutional zone; in addition to the fact that, in accordance with the information contained in the National Registry of Real Property, the nature of property 370440 is described as destined to build a recreational park; 5) That the specific line items provided in the National Budget Laws between the years 1987 to 1992, in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, are public funds, destined to fulfill the objectives and public domain purposes that grounded the donation of property 370440, such as the attainment of recreational and leisure benefits for the communities of the northern sector of the capital city; 6) That the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte has not only disregarded the purposes for which it was established, but also decided to ignore the condition under which the land was granted to it and to dispose of it for other private purposes, which are incompatible with the public use destination to which said property was affected, such as: the lease of a part of the property to a religious congregation; 7) That because it is a public domain property, the possession exercised by the defendant for more than nineteen years and the title transferring ownership that originated in subsection 22 of Article 16 of Law 7097, which was declared unconstitutional, does not derive any right over said property, especially considering that from the beginning the law was clear in establishing that the land would be used exclusively for the construction of the so-called Parque Recreativo del Norte; 8) That the condition of unseizable, inalienable, and imprescriptible nature of that public domain property makes it impossible for acquisitive prescription to occur in favor of private individuals, regardless of the passage of time, since public parks, by the public order norms that govern them, cannot be the object of private possession, nor be subject to commerce among men; 9) That acquired rights refer only to legitimate patrimonial benefits, over physically and legally possible transactions or acts exercised in the exercise of a right and based on parameters of good faith, which might have entered the assets of the defendant association. In that sense, there is a clear legal impossibility for acquired rights to exist, so that the association could be the owner of a public domain property, which is outside commerce among men, in accordance with the provisions of Article 631 of the Civil Code, even if there had been tolerance or delay on the part of the Administration in recovering the property. In any case, this process is not where it is appropriate to determine whether or not there are acquired rights of a patrimonial nature that effectively entered the Association's assets; 10) That the request for recognition of improvements is not consistent with the position that the Association holds as a defendant in this process. If it believes that benefits such as those requested should be recognized, it will have to resort to other procedural mechanisms, since the purpose of this process is the recovery of a property for its public use, in addition to the fact that the Contraloría General de la República does not hold the necessary passive legal standing for the purpose of discussing the recognition or denial of that item; 11) That there is no administrative or jurisdictional action on the part of the IDA, which would be relevant for achieving the effective recovery of the property registered under registration number Placa28293, despite the fact that the IDA knew the content of the judgment issued by the Constitutional Chamber, by which it declared that subsection 22 of Article 16 of Law 7097 was contrary to the Political Constitution. For its part, the Representative of the Instituto de Desarrollo Agrario alleges that: a) Having elapsed more than nineteen years since the transfer of the property Placa28293 was made effective in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, the title transferring ownership generated in its favor was consolidated, based on the provisions of the budget norm, which was not declared unconstitutional until the year two thousand eight. That consequently, only with a jurisdictional order could the registration in the Public Registry of property 370440 be cancelled; b) Given that the IDA proceeded to transfer the property subject to dispute based on a Law of the Republic, and the limitations imposed by the fifteen-year term being considered expired, the possibility of disposition or recovery of that land are almost null, by virtue of having entered the private sphere of the association to which it was donated; c) That while it is true that the Extraordinary Budget Law established that the property with cadastral map number SJ-770593-88 would be destined for the construction of the Parque Recreativo del Norte; it is also true that the administration of parks is not the competence of the IDA, and therefore, it could not assume powers that did not correspond to it; d) That by virtue of the public domain nature of the northern recreational park, it was not up to the IDA alone to carry out the actions aimed at recovering the property, but to any “State institution, since all institutions have the obligation to ensure the correct destination of properties belonging to the State...”; d) That if the park condition was granted based on a norm declared unconstitutional, there is no legal basis for ordering in a judgment the transfer of property 370440 to some other organ or entity that could administer it, since with the declaration of nullity of the transfer act, the deed, and the registration in the Registry, said land would re-enter the assets of the IDA; e) That by official document number DAJ-667-09 dated July nine, two thousand nine, it was recommended that the Board of Directors of the IDA proceed with the actions aimed at recovering the property in dispute. That in any case, through agreements number 33, session 018-06 of May twenty-second, two thousand six; number 9, session 010-07 of March twelfth, two thousand seven; the Board of Directors of the IDA pronounced itself on the actions to follow as a consequence of the complaints filed by the Municipality of Moravia and the Contraloría General de la República, regarding the situation of the Parque Recreativo del Norte. For its part, the representative of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte indicates that: a) That the property transferred to their represented party is a property subject to private law, since in the deed of segregation and donation of that land no limitation is made to consider it of a public domain character. Rather, it is indicated that the transfer is made without prejudice to third parties, that the IDA is not obliged to eviction or warranty of title, and that to transfer it to third parties fifteen years had to elapse from the date of the deed, as prior to that date, authorization from the IDA was required. In addition to the above, the taxes on real estate generated by that land have been paid, which originate from a private ownership of the same. Finally, that the registry inscription of said land does not establish limitations of public order that imply the public domain nature of the property; b) That the property transferred to them does not meet either of the two assumptions established by Article 261 of the Civil Code, since Article 16 subsection 22 does not define it as a public domain property and because neither before being segregated and donated to the association, nor in the 19 years it has been registered in their name, was the land dedicated to public use; c) That by the time the right of registry inscription over the property was consolidated in their favor, namely: January 19, nineteen hundred ninety, the Constitutional Chamber had already issued the first judgment declaring that atypical budget norms were contrary to the Political Constitution. Notwithstanding the above, neither at that time, nor during nineteen years, did any person invoke said unconstitutionality to limit the rights of their represented party; d) That the judgment declaring the unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of Law 7097 indicates that the action is granted and the indicated norm is annulled, without prejudice to acquired rights in good faith. In that sense, their represented party has exercised the right of ownership and possession for 19 years, in good faith and as owner, therefore, its rights cannot be limited by the simple argument that it is a public domain property; e) That the property has never been nor is of public use, since “...before the transfer to my represented party, the property in question was a thicket (tacotal) and coffee plantation (cafetal), duly fenced and without possibilities of public use. After the transfer and for around fifteen years, the space of the property where the gymnasium is located was rented exclusively by the hour to any interested party who arranged it, in that sense the gymnasium was only opened when there was a person who rented it. The rest of the land had a usage schedule, and another part remained fenced and without possibilities of public use...”; f) That it is an irrefutable and evident fact that improvements were introduced to the property, for which reason, and in application of what was ordered by the Constitutional Chamber itself in judgment number 2008-000056, said improvements must be paid to the Association; g) That it is not demonstrated that the specific line items contemplated in the Budget Laws from the period 1987 to 1992 were issued in favor of the defendant Association. Likewise, that from 1992 until 2010, no public funds have been issued for the maintenance of the park, which is alleged to be a public domain property. Finally, the Asociación Centro Cristiano de Excelencia -in its condition as an interested third party- indicates that: a) there is a contractual relationship between it and the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, established through the lease of a part of the property subject to this litigation; b) That to date, said contract is in force and under the protection of the provisions of the legal system, given that according to the principle of public faith in registry, the defendant Association has absolute ownership over the property, since the property is not subject to limitations; c) That there has been no bad faith on the part of the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, as it has not sought to take advantage of the tenancy relationship maintained with the defendant, but rather, has invested to maintain a recreational area for the community of Moravia; d) That therefore, it requests that the contractual relationship it maintains with the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte be respected.

IV.ON PUBLIC AND PRIVATE DOMAIN PROPERTIES OF PUBLIC ADMINISTRATIONS. In judgment number 019-2009-SVII delivered at thirteen hours thirty minutes on February twelfth, two thousand nine, the Seventh Section of the Contentious-Administrative Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, considered regarding the concept of public and private domain properties of public administrations that: "(...) The State and other public entities possess two types of properties: public and private. Article 261 of the Civil Code provides: 'Public things (cosas públicas) are those that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those which all can avail themselves of because they are dedicated to public use. All other things are private and the object of particular ownership, even if they belong to the State or the Municipalities, who in this case, as civil persons, are no different from any other person.' The foregoing must be related to Article 121 subsection 4) of the Political Constitution, which establishes as an attribution of the Legislative Assembly, to decree the alienation or the application to public uses of the Nation's own properties. Characteristics of public domain properties are that they are inalienable, imprescriptible, and unseizable, consequently outside commerce among men. On the subject, the Constitutional Chamber has expressed: / 'II.- THE CONCEPT OF PUBLIC DOMAIN AND THE LEGAL MEANS TO INTEGRATE IT.- By public domain is understood the set of properties subject to a special and distinct legal regime from that governing private domain, which in addition to belonging to or being under the administration of public legal entities, are affected or destined to purposes of public utility and which manifests itself in the direct or indirect use that any person can make of them. Doctrine recognizes public domain under different meanings, such as dominical properties (bienes dominicales), demanial properties (bienes demaniales), public things (cosas públicas), public properties (bienes públicos) or public domain properties (bienes demaniales). On this concept, the Chamber expressed in its Judgment No. 2306-91 of 14:45 hours on November sixth, nineteen hundred ninety-one, the following: / 'The public domain is integrated by properties that manifest, by the express will of the legislator, a special destiny to serve the community, the public interest. They are the so-called dominical properties (bienes dominicales), demanial properties (bienes demaniales), public properties or things (bienes o cosas públicas), which do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, outside commerce among men. That is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these properties belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of express norm. Characteristic notes of these properties are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged nor be susceptible to liens in terms of Civil Law, and administrative action substitutes for possessory interdicts to recover the domain... Consequently, the national regime of public domain properties, such as the roadways of the Capital City, whether municipal or national streets, sidewalks, parks, and other public places, places them outside commerce among men...' (see in a similar sense, judgment number 035-2009-SVII delivered by the Seventh Section of the Contentious-Administrative Tribunal, at fourteen hours forty minutes on March thirteenth, two thousand nine). At this point, it should be highlighted that private domain properties of the Administration that are not affected to a public purpose are seizable (Article 169.1.a of the CPCA). On the contrary, properties of public ownership destined for common use and enjoyment are not seizable, nor are those directly linked to the provision of public services of an essential nature, or that are indispensable or irreplaceable for the fulfillment of public purposes or services (Articles 261 of the Civil Code and 170 of the CPCA). Now then, regarding the means of affectation to the public domain, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice considered in judgment number 2003-6926 of fourteen hours forty-five minutes on July fifteenth, two thousand three, that in accordance with the provisions of Article 261 of the Civil Code, '...to consider a property as demanial, the existence of a law is required that affects it to the fulfillment of a public purpose, or that the thing itself is considered of public use, such as a street, a bridge, a park among others...'. In accordance with the foregoing, it follows that a formal and material law is required to affect a property to a public purpose, that is, to a public use or service. In that sense, it is worth highlighting that in accordance with the provisions of Article 170 of the Contentious-Administrative Procedure Code, properties must be directly linked to the provision of the public services to which they are destined, or must be indispensable or irreplaceable for the fulfillment of those purposes or services. Now then, there are properties that by virtue of their nature and special characteristics (for example: streets –Public Roads Law-, forests –Forestry Law-, parks –Urban Planning Law and Constructions Law, among others), the legislator has dedicated or destined them for public use, so that everyone can avail themselves of them. In this sense, it is worth remembering that not every demanial property is destined for public use, since –such as in the case of the maritime terrestrial zone or mining exploitation, among other cases-, Public Administrations grant concessions for private use of properties that form part of the public domain, within certain limits and conditions. Now then, the principle of non-registration (inmatriculación) of demanial properties constitutes one of the aspects that characterize public domain properties, according to which, even if the lands have not been registered in the real estate registry with that character, they have material publicity derived from '...the appearance of the lands in official maps –public-, in national or municipal cadastres, or in archives, museums, or libraries, together with the reliable proof of effective public use, makes affectation the principal characteristic...' (judgment number 1996-3145 delivered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at nine hours twenty-seven minutes on June twenty-eighth, nineteen hundred ninety-six). Consequently, the principle of registry non-registration implies that the existence and publicity of public domain properties occurs '... with autonomy from the Registry, without it being possible for the registered titleholder to allege ignorance as a means to distort it and counteract the affectation. The principles of inalienability and imprescriptibility that characterize the public domain prevent the figure of the third-party registry holder from being wielded against it to consolidate private property illicitly subtracted from that regime (...) Against the public domain, private detentations suffer from a lack of adverse value, however prolonged they may be in time and even if they appear protected by entries in the Property Registry. The condition of a public domain and public use property affects a third party, even if such quality does not appear from the Property Registry. These are properties that, by their nature, do not need registry inscription.(...)" (judgment number 868-2001 delivered by the Third Section of the Contentious-Administrative Tribunal, at ten hours fifteen minutes on October sixteenth, two thousand one). Finally, in order to guarantee that demanial properties fulfill the public purpose to which they have been destined by express or presumed affectation, and as a consequence of the characteristics of inalienability and imprescriptibility inherent to them, Public Administrations have the obligation to exercise the administrative and jurisdictional actions provided for by the legal system, in order to protect and conserve public domain properties, in accordance with the provisions of Articles 121 subsection 14 in relation with 11 and 50 of the Political Constitution; 261 and 263 of the Civil Code; 14 of the Forestry Law; 7, 8, 9, and 10 of the Internal Control Law; 37 of the Constructions Law; 110 and following of the Law of the Financial Administration of the Republic and Public Budgets –among others-. Therefore, for the exercise of actions aimed at their recovery and protection, no statutes of limitation or expiration periods run, given that the means available to Public Administrations for their effective recovery are imprescriptible, as established in Articles 34 subsection 2 and 40 of the Contentious-Administrative Procedure Code.

V.ON PARKS AND THEIR INCORPORATION INTO THE PUBLIC DOMAIN AS A MANIFESTATION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. A public property can be natural or artificial, depending on whether it involves properties declared public by the legislator considering them in the state that nature presents or offers them (a river, for example), or properties declared public by the legislator but whose creation or existence depends on a human action (construction of a street or a public park). Now then, in accordance with Article 37 of the Constructions Law, parks, gardens, and public promenades are freely accessible to all the inhabitants of the country and "... In general, it is forbidden to make use of gardens, lawns, etc., different from that for which they were created)". In that sense, paragraph 1 of Article 44 of the Urban Planning Law establishes that "...the municipal domain over areas of streets, plazas, gardens, parks or other open spaces of general use, is constituted by that same use and its inscription in the Property Registry can be dispensed with, if it is recorded in the Official Map...". For its part, Article 43 of that same law provides that "The Official Map, together with the plans or the cadastre that complete it, shall constitute a special reliable registry on the ownership or affectation to public domain of the lands or spaces already dedicated to public uses...". From the norms partially transcribed above and the parameters established in Article 261 of the Civil Code, it follows that parks constitute public domain properties, whose essential purpose, according to the provisions of Article 50 of the Political Constitution, is to grant people green recreational areas, as a way to guarantee them the enjoyment of spaces that allow them to have a good quality of life and therefore, to develop fully as human beings in freedom. At this point, it is worth highlighting that if we start from the premise that the express or presumed affectation to a public service or use constitutes the factor that determines or not the public domain status of a property, then it is possible that cases of dissociation between ownership and affectation of that property may arise, such as for example: when there are parks, plazas, or gardens, whose public use can be reliably demonstrated through official maps or other means, even when the ownership of the real estate is of a private character. In such cases, even if the land has not been registered in the registry as a public domain property, it is presumed, in accordance with the principle of non-registration, that it constitutes a property of a demanial nature insofar as it is proven that, due to its special characteristics, it has been destined by the legislator for public use and enjoyment.

VI.- REGARDING THE PUBLIC DOMAIN NATURE OF THE PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. This Tribunal considers that the property with cadastral map number Placa28295, located at Dirección1832 , of Canton 14 Moravia, of the Province of San José, which is called Parque Recreativo del Norte and is currently registered in the Public Property Registry under real folio registration number Placa28291 of the Partido de San José, in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (see folios 102, 103, and 106 of the judicial file; 3, 6, 7, 8, and 11 of the evidentiary file of the CGR), constitutes a public domain asset (bien demanial) designated for the public use of a park, for the following reasons: 1) From the perspective of its relationship with the parent property number 267183-000 of the Partido de San José. The Parque Recreativo del Norte constitutes a lot of 25,000.06 square meters, with cadastral map number SJ-770593-88, which was segregated from property number 267183-000 of the Partido de San José, based on the provisions of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 (see folios 3 to 11 of the evidentiary file of the CGR; 11 to 14 of the administrative file of the IDA). Now then, if through the indicated law, the Legislative Assembly authorized the Instituto de Desarrollo Agrario to segregate a lot with the indicated characteristics from property 267183-000 in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo –even though it was not an ordinary law enacted in accordance with the provisions of articles 121 subsection 1 and 123 and following of the Political Constitution–, this implies that according to the provisions of subsection 14 of Article 121 of the Political Constitution, the parent property from which the land that would be used exclusively for the construction of the Project called Parque Recreativo del Norte was segregated, is a public domain asset (bien de dominio público), since an ordinary law is required to decree the alienation or the application to public uses of the Nation's own assets. In this sense, it is important to highlight the reasons why the State expropriated and subsequently transferred to the Instituto de Desarrollo Agrario (formerly the Instituto de Tierras y Colonización) the land that would be registered under real folio registration number Placa28289, which can be deduced from the following chronology of events, namely: 1.a) That in Supplement number 32 to the Official Gazette La Gaceta number 43 of March first, nineteen seventy-eight, the Decreto Ejecutivo number 8005-G was published, in whose first recital (considerando) it states: “...with the purpose of constructing warehouses for the sale and distribution of products from the peasant settlements, as well as the facilities and building of the Instituto de Tierras y Colonización and thus avoiding high rental payments, it is necessary to acquire the property, owned by the company La Cornelia Limitada, registered in the Partido de San José of the Property Registry, volume one thousand five hundred six, folio four hundred thirty-seven, number Placa28282 thousand nine hundred ninety-six, entry two, which is called Finca Venegas, currently cultivated with coffee and pasture with a wooden house located on it...”. That by reason of the foregoing, Article 1 of that same Decreto Ejecutivo provided that: “...Based on law number 36 of June twenty-six, eighteen hundred ninety-six, added by Decreto Legislativo number 78 of June twenty-four, nineteen hundred thirty-eight, the property owned by Sociedad La Cornelia, described in recital one of this decree, is hereby expropriated...” (see Supplement number 32 to La Gaceta number 43 of March first, nineteen seventy-eight); 1.b) In the Official Gazette La Gaceta number 48 of March eight, nineteen seventy-eight, the Decreto Ejecutivo number 8059-G was published, which provides for the amendment of the provisions of Articles 1 and 2 of Decreto Ejecutivo number 8005-G, as it was considered that “...in view that for the construction of warehouses for the sale and distribution of products from the peasant settlements and for the construction of the building of the Instituto de Tierras y Colonización, it is not necessary to acquire the entirety of property number one hundred and five thousand nine hundred ninety-six, owned by Sociedad “La Cornelia Limitada”, since according to the plans available for such purposes the area needed is smaller, it is consequently of little convenience to expropriate the entire property. 2.- That given the surface area needed is ten hectares two thousand eighty- five square meters and ninety-five square decimeters, it is appropriate to amend the Decreto Ejecutivo that ordered the expropriation of the aforementioned property...” (see La Gaceta number 48 of March eight of nineteen seventy-eight); 1.c) That by public deed number 20 executed at fifteen hours fifteen minutes on March sixteen, nineteen seventy-eight, before Notary Public Eduardo Ching Murillo, and in compliance with the provisions of Decretos Ejecutivos number 8005-G and 8059-G, the company “La Cornelia Limitada” sold to the State, lot A described as land cultivated with coffee and pasture with a wooden dwelling house located on it, measuring ten hectares two thousand eighty-five meters, ninety-five square decimeters, which forms part of the parent property registered in the Public Registry, Property Section, Partido de San José, volume one thousand five hundred six, folio four hundred thirty-seven, number one hundred thirty-five thousand nine hundred ninety-six, entry two, which is called finca Venegas, located in Dirección17415 José. That the representative of the State “...duly authorized by the aforementioned Decretos Ejecutivos and by official communication from the Ministry of the Interior of this date, transfers to the Instituto de Tierras y Colonización in this act the ownership of the lot that by this same deed the State acquires, so that said Institute may dedicate it to the purposes indicated in the Decretos Ejecutivos repeatedly cited...” (see folios 29 to 34 of the administrative file of the Instituto de Desarrollo Agrario); 1.d) That the property that was transferred to the Instituto de Tierras y Colonización, by public deed number 20 executed at fifteen hours fifteen minutes on March sixteen of nineteen seventy-eight, before Notary Public Eduardo Ching Murillo, was registered in the Public Registry, at volume 2652, folios 13-15, entry 1, real folio registration number Placa28289, of the Partido de Nombre10419 , whose nature is described as land for construction (see folios 02 of the evidentiary file of the Contraloría General de la República and 33 of the administrative file of the Instituto de Desarrollo Agrario). From all the foregoing, this Tribunal concludes that the parent property number Placa28289 from which the land that would be used exclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte was segregated, constitutes a public domain asset (bien de dominio público), that was expropriated by the State and donated to the Instituto de Desarrollo Agrario, and is designated for a public service, which is to serve in accordance with the provisions of Decretos Ejecutivos 8005-G and 8059-G for “...the construction of warehouses for the sale and distribution of products from the peasant settlements, as well as the facilities and building of the Instituto de Tierras y Colonización...” and it is in that condition, that it is registered in the public registry under real folio registration number Placa28289. 2) From the point of view of its designation, by means of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097, to a public use as a park. That in Supplement number 25 to the Official Gazette La Gaceta number 166 of September first, nineteen eighty-eight, the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 of August eighteenth of that same year was published, in whose Article 16 subsection 22 provided: “...The Instituto de Desarrollo Agrario is hereby authorized to segregate and donate to the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, a lot of up to 25,000.06 square meters (twenty-five thousand square meters six square decimeters), which borders to the north with a public road, to the east with urbanización Los Colegios, to the south with the Instituto de Desarrollo Agrario and to the west with the Sucesión Nombre143359 . This property is registered in the partido de San José, volume 2652, folio 13, No. 267183, entry 1, located in the districts Anselmo Llorente and San Vicente of the cantons of Tibás and Moravia. That land will be used exclusively for the construction of the project called Parque Recreativo del Norte...” (see folios 11 to 14 of the administrative file of the Instituto de Desarrollo Agrario and 01 of the evidentiary file of the Contraloría General de la República). As indicated in point 1 of this recital (considerando), an ordinary law is required to decree the alienation or application to public uses of the Nation's own assets, according to the provisions of subsection 14 of Article 121 of the Political Constitution. It should be noted that although it is true, subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 authorized the donation of the property described therein to the Asociación pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, this did not imply a declassification (desafectación) of the land that belonged to the public domain asset (bien de dominio público) registered under registration Placa28296, because although the legislator transferred the segregated land to a private law entity, it designated it for a public use, since it clearly provided: “...That land will be used exclusively for the construction of the project called Parque Recreativo del Norte...”. That this public purpose is consistent with the main objectives of the association in favor of which the property with cadastral map number SJ-770593-88 was segregated and transferred, since according to the provisions of article three of its bylaws, its purposes are: “...to promote the ideal of service as the basis of all worthy enterprise and in particular to stimulate and foster the construction of a recreational and natural park for the recreation of the residents of the northern cantons of San José, and citizens in general. The promotion of activity through the construction of improvements for recreation and sports practice and the contemplation of nature, and fundraising for its development through periodic sessions, professional consultations, community service activities, conferences, outreach programs and other related means...” (folios 91 and 101 of the evidentiary file of the CGR). In addition to the foregoing, in the public deed of segregation and transfer in favor of the defendant association of the indicated property, it is described as “...land today for constructing the Parque Recreativo del Norte, located at Dirección17412 , ...” (folio 07 of the Evidentiary File of the CGR), and it is registered in the Registry under real folio registration number Placa28291, with the nature of land for constructing a recreational park (folio 03 of the Evidentiary File of the CGR). That based on all the foregoing, this Tribunal declares, even though through subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097, the donation of the property with cadastral map number Placa28295 to a private law entity such as the defendant Association was authorized, it is also true that the transfer of the property was conditioned upon a specific purpose, namely, the construction of the Parque Recreativo del Norte, which demonstrates its direction toward a public use, even though through the atypical budget provision the property was transferred to the defendant Association, in addition to the fact that said purpose is consistent with the provisions of Articles 43 and 44 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), and 37 of the Construction Law (Ley de Construcciones). 3) Of the means that prove the designation of the property with cadastral map number Placa28295, to an effective public use as a park. While it is true, it has been proven that the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, by judgment number 2008-00056 at fourteen hours forty-seven minutes on January nine, two thousand eight, upheld the action of unconstitutionality processed in file number 07-13901-0007-CO, as it considered that “...the authorization introduced in Article 16 subsection 22) of the Ley de Presupuesto Extraordinario, Law No. 7097 of August 18, 1988, insofar as it allowed the Instituto de Desarrollo Agrario to segregate and donate to an Association a plot of land measuring twenty-five thousand square meters six decimeters from its property, is unconstitutional due to the legislative procedure followed. It involves an atypical provision unrelated to the budgetary content, through which it disposes of a property of an autonomous entity of the State, rendering it contrary to the Constitution...” (see folios 48 to 54 of the evidentiary file of the CGR); this Tribunal considers that in application of the provisions of Articles 261 of the Civil Code (Código Civil); 43 and 44 paragraph 1 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana); 37 of the Construction Law (Ley de Construcciones), as well as the principle of the initial registration (in-matriculación) of public domain assets (bienes de dominio público), the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 did not have the effect of declassifying the land with cadastral map number SJ-770593-88 currently registered under registration Placa28293 of the Partido de San José, since there are means to demonstrate the existence of a designation of that property to an effective public use as a park, namely: 3.a) In the land use map number 239.2 of the Municipalidad de Moravia, the property number Placa28293 is described as Parque Recreativo del Norte; which in turn and according to the provisions of Article 10 of the Regulation to the Regulatory Plan of the Municipalidad de Moravia, is located in the institutional public zone (zona pública institucional) of San Vicente, which is defined as that which has the objective of establishing cultural, educational, recreational, and administrative facilities, convenient for an adequate development of the community (see folios 104 to 106 and 140 of the judicial file). In this sense, it should be recalled that in accordance with the provisions of Articles 43 and 44 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), the Official Map (Mapa Oficial), together with the plans or the cadastre that complement it, will constitute an official and reliable record on ownership and designation for public domain of the lands or spaces already given over to public uses; and that the municipal domain over the areas of streets, plazas, gardens, parks or other spaces open to public use in general is constituted by that same use and its registration in the Property Registry may be dispensed with if it is recorded in the Official Map; 3.b) That while it is true, property number 370440-000 of the Partido de San José is registered in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, it is also true that it is described as land for constructing a recreational park, added to the fact that in the bylaws of that association, it is defined as a recreational and natural park for the recreation of the residents of the northern cantons of San José and citizens in general (folio 3 and 101 of the Evidentiary File of the CGR); 3.c) That in the Budget Laws (Leyes de Presupuesto) enacted by the Legislative Assembly during the period between the years 1987 and 1992, the following budgetary sub-items allocated for the construction, works, or maintenance services of the park were incorporated in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, which are broken down as follows: i) year 1988, Law 7089, budget code number 13090270245712413010, for Park Construction, amount ¢6,000,000 (six million colones); ii) year 1989, law number 7111, budget code 13090270278212413010, for Park Construction, amount ¢10,000,000 (ten million colones); iii) year 1989, law 7111, budget code 1177657020124145230, for park construction, amount ¢10,000,000 (ten million colones); iv) year 1990, law number 7141, budget code 1177657020113145630, for park construction, amount ¢6,000,000 (six million colones); v) year 1990, law number 7216, budget code 13090270256512413010, for works in the park, amount ¢225,000 (two hundred twenty-five thousand colones); vi) year 1990, law number 7216, budget code 13090263756811313010, for maintenance services in the park, amount ¢15,000 (fifteen thousand colones); vii) year 1992, law number 7272, budget code 13090270250827241284, for works in the Parque Recreativo del Norte, amount ¢500,000 (five hundred thousand colones) (see folios 13 to 15 of the evidentiary file of the Contraloría General de la República; 17 and 18 of the administrative file of the IDA); 3.d) That at the entrance of the area where the gymnasium is located, there are two plaques; the first indicates “Placa28283 . Administración Oscar Arias...”; the second, in gratitude for the help provided by a former deputy with the surname Nombre14204 (see folios 123 and 124 of the evidentiary file of the CGR and audiovisual record of the judicial inspection carried out on September sixteenth, 2009); 3.e) That the area where the basketball courts and children's playgrounds are located are open to public use under an access schedule. Now then, as can be deduced from the satellite photograph of the property visible on folio 126 of the evidentiary file of the CGR, the area open to public use represents fifteen percent of the total land that was designated exclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte, as reported by the newspaper La Nación in the article published in the digital edition of December twenty-fifth, two thousand six (see folios 110, 114, 115, and 126 of the evidentiary file of the CGR; 10, 17, and 18 of the administrative file of the IDA and audiovisual record of the judicial inspection carried out on September sixteenth, 2009); 3.f) That a gymnasium was built for the practice of sports activities, as was verified when lifting the carpet –when the judicial inspection was carried out– currently covering the court of said facilities, which are adapted for the holding of religious activities of the congregation Centro Cristiano de Excelencia. So much so, that by official communication number DAMM 675-04-06 of April twenty-fifth, two thousand six, the Municipal Mayor of Moravia reported to the Board of Directors of the IDA that “...the members of the Board of Directors of the Association have changed the nature of the property, converting the sports gymnasium that is located on it into a supposed convention center, but the truth is that its new direction is that of a church...” (see folios 10, 17, 18, 80 to 89 of the administrative file of the Instituto de Desarrollo Agrario and audiovisual record of the judicial inspection carried out on the sixteenth of September, 2009); 3.g) That around the perimeter of the area comprising the gymnasium, the basketball courts, and the children's playgrounds, a type of jogging or walking track was built, which is currently divided by the fences that separate both zones (see audiovisual record of the judicial inspection carried out on September sixteenth, 2009). That by reason of all the foregoing, this Tribunal declares that there exists a designation of the property with cadastral map number Placa28295 currently registered under real folio registration number Placa28291, to an effective public use as a park, even though a large part of the land that was designated exclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte has been used by the defendant Association for other private uses that are not consistent with the purpose for which it was transferred –an aspect that will be developed in recital (considerando) VII of this judgment–, a designation that persists despite that circumstance and despite the fact that subsection 22 of Article 16 of Law number 7097, through which said property was designated for the construction of the Parque Recreativo del Norte, was declared unconstitutional. 4) Regarding the arguments provided by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte to support that the asset is private domain property. The defendant association is not correct in asserting that the property with cadastral map number SJ-770593-88 is a private asset, for the following reasons: 4.a) Although property number 370440-000 of the Partido de San José has been registered in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte for more than nineteen years, the truth is that this circumstance did not have the effect of declassifying said land (which was segregated from another public domain asset (bien de dominio público), such as the parent property number 267183-000), since the legislator merely limited itself to changing its destination, because it designated it exclusively for a public use, namely, the construction of the Parque Recreativo del Norte. In consequence, against public domain, private possessions, however prolonged they may be in time and even if they appear protected by entries in the Property Registry, do not have the effect of generating subjective rights over the property designated for a public service or use, as happens in this case; 4.b) In any case, since the registration of the property with cadastral map number Placa28295 in favor of the defendant Association (folio 3 of the evidentiary file of the CGR) was based on the provisions of Article 16 subsection 22 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 (folios 102 and 103 of the judicial file; 8 of the evidentiary file of the CGR), upon the declaration of unconstitutionality of that provision, the registry registration would not have the effect of validating the transfer title of the property that was based precisely on subsection 22 of Article 16 of Law 7097 which was declared contrary to the Political Constitution, as can be deduced from the provisions of Articles 456 and 472 of the Civil Code (Código Civil); 4.c) The fact that the defendant Association is a taxable entity (sujeto pasivo) of the real estate tax (impuesto sobre bienes inmuebles) does not have the effect of distorting the designation for a public use of the land currently registered under real folio registration Placa28291, not only because in accordance with the provisions of Article 6 subsection a) of the Real Estate Tax Law (Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles), owners with a title registered in the Public Property Registry are taxable entities of that tax; but also because, conversely, and in view of subsection a) of Article 4 of that same law, the properties of the State, municipalities, and autonomous and semi-autonomous institutions will not be subject to said tax only when a special law establishes that they enjoy an exemption. Likewise, it should be noted that while it is true, the common use assets owned by legal entities covered by Law number 3859 and its amendments (Community Development Associations (Asociaciones de Desarrollo)) will be exempt from the payment of said tax (Article 6 subsection k of the same law), it is also true that the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte is not registered as a Community Development Association (Asociación de Desarrollo) (see folios 91, 92, and 109 of the evidentiary file of the CGR). Finally, it has also not been proven that the defendant association has been declared of public utility (point c of recital (considerando) II of this judgment), as said circumstance constitutes another of the scenarios in which the assets belonging to associations having that status are not subject to said tax (Article 6 subsection k of the Real Estate Tax Law (Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles)); 4.d) The fact that in the transfer deed of the property with cadastral map number Placa28295, the fifteen-year limitations established by Article 67 of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) were imposed does not imply that the scenario regulated by the indicated provision is applicable, which is the titling of a parcel in favor of an IDA allottee. Quite the contrary, since this was an act of transfer of a public domain asset (bien demanial), authorized by the legislator through Article 16 subsection 22 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 (see folios 101 and 102 of the judicial file; 1, 08 to 10 of the evidentiary file of the CGR), a legislative authorization that was subsequently declared unconstitutional. For all the foregoing, this Tribunal considers that the arguments provided by the defendant association to support that the property registered under registration Placa28291 is private domain, lack merit; 5) In consequence and in accordance with all the foregoing, this Tribunal declares that pursuant to the provisions of Articles Placa28284 ; ; Placa28285 ; Placa28286 , as well as the principle of initial registration (in-matriculación) of public domain assets (bienes de dominio público), the property with cadastral map number Placa28295, located at Dirección1832 , of Canton 14 Moravia, of the Province of San José, which is called Parque Recreativo del Norte and which is currently registered in the Public Property Registry under real folio registration number Placa28291 of the Partido de San José, in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, constitutes a public domain asset (bien demanial) designated for the public use of a park, which is unseizable, imprescriptible, inalienable, and outside commerce. Furthermore, the competent entity to exercise its administration is the Municipalidad de Moravia.

VII.- REGARDING CONDUCT INCONSISTENT WITH THE LEGAL SYSTEM ATTRIBUTABLE TO THE ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE AND THE NON-EXISTENCE OF GOOD-FAITH ACQUIRED RIGHTS OVER THE PROPERTY OF THE PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. As already indicated in considerando VI of this judgment, regarding public domain assets (bienes demaniales)—which are characterized by being inalienable, imprescriptible, and unattachable—private occupations, no matter how prolonged in time and even if they appear protected by entries in the Property Registry, do not have the power to generate subjective rights over the real property affected to a public service or use (see, among others, judgments number 2009-1056 and 2009-3113 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). In the specific case, although real property number 370440-000 of the Partido de San José has been registered in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte for more than nineteen years, the truth is that this circumstance did not imply the removal of the affectation (desafectación) of that land—which was segregated from another public domain asset, namely, the parent property number 267183-000—since the legislator, through Article 16, subsection 22 of Law number 7097, merely limited itself to varying its purpose, given that it affected it exclusively to a public use, which is, the construction of the Parque Recreativo del Norte, an affectation that is based not only on the express text of the law—not only the one that was declared unconstitutional, but mainly on the provisions of Articles 43 and 44 of the Ley de Planificación Urbana, and 37 of the Ley de Construcciones—but also on the public use and, therefore, the real condition of a park that said real property holds. Consequently, the defendant's argument that it has a good-faith acquired right over the property of the public domain asset called Parque Recreativo del Norte is inadmissible, not only because, by reason of the public domain nature (naturaleza demanial) of that real property and in accordance with the provisions of Articles 121, subsection 14 of the Constitución Política and 261 to 263 of the Código Civil, it is not possible to acquire a property right over an asset affected to a public service or use, but also because the term acquired rights refers to "...that consummated circumstance in which a thing—material or immaterial, be it a previously unowned good or a previously non-existent right—has entered into (or had an impact on) the patrimonial sphere of the person, such that the latter experiences a verifiable advantage or benefit..." (judgment number 1997-2765 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). In this case, the acquired rights to which the defendant Association refers would be reduced to a purely patrimonial aspect, related to the liquid funds that are indeed already forming part of the Association's patrimony and not to the ownership of the Parque Recreativo del Norte, nor to the temporal validity of the contracts it currently maintains with a private legal entity that allow it to dispose of the area where the gymnasium (gimnasio) is located. In any case and by reason of the object of the proceeding, it is not for this Court to determine whether or not good-faith acquired rights exist, in the terms set forth, for which reason, if the defendant were to seek to assert any type of right on this matter, it must resort to the corresponding legal avenue, so that what is legally appropriate may be resolved. Now then, this Court considers that the defendant Association has incurred in a series of conducts that are inconsistent with the legal system and, therefore, contrary to the principle of good faith, by making improper use of the real property that was transferred to it, which, in any case, is contrary to the very purposes it pursues in accordance with the provisions of Article 3 of its bylaws. Said assertion is supported by the following reasons: 1) In accordance with the provisions of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto number 7097, the legislator authorized, in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, the transfer of the real property with surveyed plan number SJ-770593-88, located at Dirección1832, Cantón 14 Moravia, Provincia de San José, with the purpose that said land be used exclusively for the construction of the project called Parque Recreativo del Norte (folios 1 of the CGR evidence file; 11 to 14 of the IDA administrative file); 2) That this public purpose is consistent with the main objectives of the association in favor of which the real property with surveyed plan number SJ-770593-88 was segregated and transferred, since in accordance with the provisions of the third article of its bylaws, its purposes are: "...to promote the ideal of service as the basis of all worthy enterprise and in particular to stimulate and promote the construction of a recreational and natural park for the recreation of the residents of the northern cantons of San José, and citizens in general. The promotion of activity through the construction of improvements for recreation and sports practice and the contemplation of nature, and fundraising for its development through periodic sessions, professional advice, community service activities, conferences, outreach programs and other related means..." (folios 91 and 101 of the CGR evidence file); 3) In addition to the above, in the deed of segregation and transfer to the defendant association of the real property with surveyed plan number SJ-770593-88, it is described as "...land today for building the Parque Recreativo del Norte, located at Dirección17412, ..." (folio 07 of the CGR Evidence File), and it is registered in the registry under registered title folio number Placa28291, with the nature of land for building a recreational park (folio 03 of the CGR Evidence File); 4) Consequently, the purposes and objectives of the defendant Association are linked to public interests and directly connected to the existence of the Parque Recreativo del Norte, as the lawful means to fulfill the purposes established in its bylaws (see Articles 3, 4, 5, 7, 13 subsection d), 26, 33, 34 subsection 3 of the Ley de Asociaciones and 631 of the Código Civil), for which reason, the normal use of the real property should have been in accordance with the nature and purpose that justified the transfer of that asset. It is necessary to emphasize that parks—as developed in considerando V of this judgment—are destined for the service and recreation of people in general, in order to fulfill a higher objective which is the well-being of the community, in accordance with the provisions of Article 50 of the Constitución Política, for which reason, it is contrary to the legal system that it has been destined for a use different and exclusive to that which motivated its affectation and transfer to the Association; 5) In that sense, it has been proven that the area where the basketball courts and children's playgrounds are located is the only one open to public use, with the aggravating factor that, as can be seen from the satellite photograph of the real property visible at folio 126 of the CGR evidence file, said area represents fifteen percent of the total land that was destined exclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte (see folios 110, 114, 115 and 126 of the CGR evidence file; 10, 17 and 18 of the IDA administrative file and audiovisual backup of the judicial inspection carried out on September sixteenth, two thousand nine); 6) That in the remaining area, the Association authorized two private legal entities to carry out activities of a private nature that are contrary to the public use purpose of the Parque Recreativo del Norte, namely: 6.1) According to the records of the Patents Department of the Municipalidad de Moravia, from the year 2002 until the end of 2007, a nursery called La Sultana operated, which closed operations in the year 2007 and is delinquent in the payment of the business license tax (ver folios 140 of the judicial file; 116 to 118, 126 of the CGR evidence file and audiovisual backup of the judicial inspection carried out on September sixteenth, two thousand nine). In addition to the above, this Court was able to verify that the area where the nursery operated is currently access-restricted, since the access gate is closed, coupled with the fact that two people live in said place who stated they were dedicated to watching over that area (see audiovisual backup of the judicial inspection carried out on September 16, 2009); 6.2) That although it is true, a gymnasium was built for the practice of sports activities, as could be verified by lifting the carpet that currently covers the court of said facilities; it is also true, that the gymnasium is conditioned for holding religious activities of the Centro Cristiano de Excelencia congregation. On this point, it is important to highlight that since April twenty-fifth, two thousand six, the Mayor of Moravia denounced before the Board of Directors of the IDA, through official communication number DAMM 675-04-06 that “...the members of the Board of Directors of the Association have changed the nature of the real property, converting the sports gymnasium located therein, into a supposed convention center, but the truth is, that its new direction is that of a church...” (see folios 10, 17, 18, 80 to 89 of the administrative file of the Instituto de Desarrollo Agrario and audiovisual backup of the judicial inspection carried out on September sixteenth, two thousand nine); 6.3) That on April fifth, two thousand eight, the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte signed a lease agreement with the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, over a part of the real property located at Dirección1834, of the Dirección4667, of the provincia de San José, registered in its name in the Public Property Registry, under the registered title system, registration number Placa28291, “...specifically the land located from the sports courts westward, up to the stream (river), land with an approximate measurement of twenty thousand square meters, and which currently consists of a built gymnasium and green areas. THIRD: That said property shall be used by the Lessee for holding religious services or related events, that help the integral development of (sic) society and individuals. FOURTH: The term of this contract shall be ten years starting from April eighth, two thousand eight, and may be extended for equal periods up to a total of thirty years. The extensions corresponding to each year must necessarily be formulated in writing in a new contract or addendum; there shall be no automatic or tacit extensions. FIFTH: The rental price for the indicated property shall be exactly two million four hundred sixty-two thousand colones (2,462,000.00), and an annual increase of ten percent is established in the payment for the lease of the property...” (see folios 275 to 278 of the judicial file); 7) That in accordance with the provisions of Articles 28 and 129 of the Constitución Política; 18 subsection 2 of the Ley General de la Administración Pública; 18 and 631 subsection 1 of the Código Civil; 26 of the Ley de Asociaciones and 4 in fine of the Bylaws of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, all contracts signed by the defendant with the purpose of giving an exclusive use different from the public use to which the real property called Parque Recreativo del Norte is affected, are absolutely null, for the following reasons: 7.a.) They are contrary to the lawful purpose pursued by the defendant Association according to Article 3 of its bylaws (folios 91 and 101 of the CGR evidence file); 7.b) They are contrary to the reason that supported the authorization for the transfer of said asset, which, in accordance with the provisions of subsection 22 of Article 16 of Law number 7097, was that the land be dedicated exclusively to the construction of the Parque Recreativo del Norte (folios 1 of the CGR evidence file and 11 to 14 of the IDA administrative file), and therefore, to the obligation to enter into contracts and acquire obligations that are lawful and possible according to the purposes pursued by the Association and the public domain nature (naturaleza demanial) of the asset (Articles 26 of the Ley de Asociaciones and 4 in fine of the Bylaws of the defendant Association); 7.c) Finally, they are contrary to the effective public use as a park, which has taken place in an area approximating fifteen percent of the total real property, which was not only destined, but has actually partially fulfilled the purpose of recreation for the residents of the northern cantons of San José and the community in general. 8) That for all the foregoing, this Court declares that: 8.a) By reason of the public domain nature (naturaleza demanial) of the Parque Recreativo del Norte and in accordance with the provisions of Articles 121 subsection 14 of the Constitución Política and 261 to 263 of the Código Civil, it is not possible to acquire a property right over an asset affected to a public service or use; 8.b) In accordance with the object of the proceeding, it is not for this Court to determine whether or not there are good-faith acquired rights of a patrimonial nature in favor of the defendant Association, therefore, if the defendant were to seek to assert any type of right on this matter, it must resort to the corresponding legal avenue, so that what is legally appropriate may be resolved; 8.c) In accordance with the provisions of Articles 121.14 of the Constitución Política; 261 to 263 of the Código Civil; 3 to 5, 7, 13 subsection d) of the Ley de Asociaciones; 3 of the Bylaws of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, the defendant incurred in an improper and exclusive use of the real property with surveyed plan number Placa28295, not only because it is contrary to the very purposes it pursues according to the provisions of Article 3 of its bylaws, but also, to the purpose that justified its transfer, which was, to be used exclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte; 8.d) In accordance with the provisions of Articles 28 and 129 of the Constitución Política; 18 subsection 2 of the Ley General de la Administración Pública; 18 and 631 subsection 1 of the Código Civil; 26 of the Ley de Asociaciones and 4 in fine of the Bylaws of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, all contracts signed by the defendant with the purpose of giving an exclusive use different from the public use to which the real property called Parque Recreativo del Norte is affected, are absolutely null.

VIII.ON THE INACTIVITY OF THE AGRARIAN DEVELOPMENT INSTITUTE (IDA) RELATED TO THE FAILURE TO EXERCISE ACTIONS TO RECOVER THE NORTHERN RECREATIONAL PARK. This Court finds that the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario) engaged in an omissive conduct contrary to the legal order, regarding the duty to protect, safeguard, and recover the Northern Recreational Park (Parque Recreativo del Norte), which was severed from a public domain property registered in its name, based on a rule that was subsequently declared contrary to Constitutional Law. The foregoing is based on the following reasons: a) In order to guarantee that public domain assets fulfill the public purpose for which they have been designated by express or presumed affectation, and as a consequence of the inherent characteristics of inalienability and imprescriptibility, Public Administrations have the obligation to exercise the administrative and/or jurisdictional actions provided for by the legal order, in order to protect and conserve public domain assets, in accordance with the provisions of articles 121 subsection 14 in relation to 11 and 50 of the Political Constitution (Constitución Política); 261 and 263 of the Civil Code (Código Civil); 14 of the Forestry Law (Ley Forestal); 7, 8, 9 and 10 of the Internal Control Law (Ley de Control Interno); 37 of the Construction Law (Ley de Construcciones); 110 and following of the Financial Administration Law of the Republic and Public Budgets (Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos)—among others—. Therefore, for the exercise of actions aimed at their recovery and protection, no statutes of limitations (prescripción) or expiry (caducidad) periods run, and the means available to Public Administrations for their effective recovery are imprescriptible, as established by articles 34 subsection 2 and 40 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo); b) Now, this Court has deemed it proven that the conduct in which the IDA maintains that it has fulfilled the duty imposed by the legal order to recover the property with cadastral plan (plano catastrado) number SJ-770593-000, has been the following: b.1) By official letter number DAMM 675-04-06 of April twenty-fifth, two thousand six, the Municipal Mayor of Moravia, brought to the attention of the Agrarian Development Institute "...some irregularities that have been occurring over time, in relation to a property now known as the Northern Recreational Park (Parque Recreativo del Norte), so that good offices may be interposed to give a definitive solution to them (...) We add, that the members of the Board of Directors of the Association have changed the nature of the property, turning the sports gymnasium located therein into a supposed convention center, but the truth is, its new direction is that of a church..." (folios 80 to 89 of the administrative file of the Agrarian Development Institute; and audiovisual backup of the judicial inspection (reconocimiento judicial) of September sixteenth, two thousand nine); b.2) That by official letter number DAJ-409 of May sixteenth, two thousand six, the Directorate of Legal Affairs of the IDA, submitted to the Board of Directors of that same entity, a report related to the facts brought to its attention by the Municipal Mayor of Moravia, by official letter DAMM 675-04-06 of April twenty-fifth, two thousand six, in whose conclusions it indicates: "...Pursuant to what has been stated, the only possibility the Institute has is to resort to an action of Unconstitutionality against the atypical norm and consequently request the nullity of the transfer deed, since in all other cases our rights are time-barred (prescritos) or expired (caducos). The observation is made that if the Chamber accepts our thesis, we would eventually have to recognize for the Association Pro Construction of the Northern Recreational Park (Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte), the improvements introduced by them on the land, as we cannot affect good faith acquired rights. If the recommendation of the Directorate of Legal Affairs is accepted, it would be advisable for the Board to take an agreement in that sense and authorize the Executive President to file the respective action. This Directorate does not share the position of the Municipal Mayor in the sense that only the Institute has standing to take action since, as explained, we are not in the presence of a direct or individual injury, hence the action can be filed by any person..." (see folios 75 to 79 of the administrative file of the IDA); b.3) That by agreement number 33 adopted in session number 018-06 held on May twenty-second, two thousand six, the Board of Directors of the IDA, in accordance with official letter number DAJ-409-06 from the Directorate of Legal Affairs of that same entity, agreed: "...1. To grant a hearing to the Municipal Mayor of Moravia; 2. To commission the Executive Presidency, in order to formulate a consultation, both to the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), and to the Internal Audit Office of the Institute, on the merits of this matter taking into account the criteria

b.4) That by official letter number FOE-DDJ-3035 of September twenty-first, two thousand six, the Comptroller General's Office (Contraloría General de la República), forwarded to the Agrarian Development Institute a complaint against the Association Pro Construction of the Northern Recreational Park and its President, "...for alleged irregularities in the handling of funds and assets donated by the State for the construction of that park, specific budget items and lot from the IDA and for the closure of this property to the public...". That the Board of Directors of the IDA by agreement number 33 adopted in session number 033-06 held on October second, two thousand six, took cognizance of official letter FOE-DDJ-3035 of September twenty-first, two thousand six, from the Comptroller General's Office and agreed "...to commission the Legal Advisor of the Board of Directors, to present to this Board of Directors a report on the current status of this case in order to inform the interested party..." (see folios 17, 18, 73 of the administrative file of the IDA); b.5) That by official letter number FOE-DDJ-0317 received on March eighth, two thousand seven, the Comptroller General's Office, requested "...information on the actions taken by the IDA in relation to the problems presented with the use of the so-called Northern Recreational Park...". That the Board of Directors of the IDA by agreement number 9 of session 010-07 held on March twelfth, two thousand seven, took cognizance of official letter number FOE-DDJ-0317 and agreed "...to inform the Comptroller General’s Office, that the unconstitutionality action has already been drafted and in turn to petition that Body to cooperate in said unconstitutionality action, which is going to be filed in due course..." (see folio 71 of the administrative file of the IDA); b.6) That on October sixteenth, two thousand seven, the Comptroller General’s Office filed an unconstitutionality action against article 16 subsection 22 of the Extraordinary Budget Law number 7097 of August eighteenth, nineteen hundred eighty-eight, which had authorized the IDA to segregate a lot of up to 25,000.06 square meters from farm number 267183, a property currently registered under real folio registration number Placa28287. That said unconstitutionality action was assigned file number 07-013901-0007-CO (folios 17 to 26 of the evidence bundle of the CGR); b.7) That by official letter number PE-0123-2008 of January fourteenth, two thousand eight, the Executive President of the Agrarian Development Institute, requested the Directorate of Legal Affairs of that same entity, to analyze "...the ruling of the Constitutional Chamber that annulled the budgetary norm by which land was donated for the northern recreational park. In accordance with the information obtained, this Executive Presidency requires a legal opinion on the situation raised, the possibility of recovering the asset in question, if there are rights in favor of private parties that could affect it or, if there are rights in favor of the IDA that must be safeguarded..." (see folio 96 of the evidence bundle of the CGR and 9 of the administrative file of the IDA); b.8) That by official letter number DAJ-048-08 of January twenty-third, two thousand eight, the Directorate of Legal Affairs, in response to official letter number PE-0123-2008 of January fourteenth, two thousand eight signed by the Executive President of the Agrarian Development Institute, reported that: "...Although it is true, the Constitutional Chamber annuls the norm by which the IDA transferred a property to the Northern Recreational Park Association (Asociación Parque Recreativo del Norte), in accordance with article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), this declaration has declarative and retroactive effects, thus the administrative act that authorized the transfer would be considered as non-existent, returning things to their original state, that is, reverting the land to the Institution's patrimony. However, there is currently no certainty regarding whether, in the ruling, the Constitutional Chamber annuls the transfer in and of itself and orders the cancellation of the registry entry or, if it is silent in that sense. In the event that the Constitutional Chamber annuls the transfer act and orders the cancellation of the registry entry as a consequence, said act could only be executed by the Comptroller General's Office, since it was that entity that filed the action and, the IDA was not given participation within the process (...)" Now, the ruling is currently in the process of signatures by the Magistrates of the Constitutional Chamber, so its comprehensive knowledge will be once this procedural stage is concluded (sic), which will allow us to know with greater certainty what is pertinent regarding the nullity of the transfer act itself, the nullity of the registry entry as an immediate consequence and, the reversion of the property to the institution's patrimony..." (folios 97 to 98 of the evidence bundle of the CGR; 7 to 8 of the administrative file of the IDA); b.9) That the notice referred to by articles 88 and 90 paragraph 1 of the Constitutional Jurisdiction Law, regarding the publication of the operative part of the judgment, was published in the Judicial Bulletins (Boletines Judiciales) numbers 41, 42 and 43, dated 27, 28 and 29 February two thousand eight, respectively (folios 72, 93 to 95 of the evidence bundle of the CGR); b.10) That by official letter number Placa28292 of December 16, two thousand eight, the General Manager of the IDA requested the Director of Legal Affairs, to "...as soon as possible, inform me of the effects that the declaration of nullity of article 16, subsection 22, of Law No. 7097 of August 18, 1988, Extraordinary Budget Law of the Republic, had with respect to the act by which the IDA transferred the property to the Northern Recreational Park Association..." (folio 6 of the administrative file of the IDA); b.11) That by official letter number DAJ-205 of March 16, two thousand nine, the Directorate of Legal Affairs of the IDA, informed the General Manager, that by judgment number 00056-2008 of fourteen hours forty-seven minutes on January ninth, two thousand eight, the unconstitutionality action filed by the Comptroller General’s Office was declared with merit and consequently, article 16 subsection 22) of Law No. 7097 of August 18, 1988, published in Alcance No. 25 to La Gaceta No. 166 of September 1, 1988, which is the Extraordinary Budget Law of the Republic, was annulled for being unconstitutional, without prejudice to good faith acquired rights. Likewise, it was indicated that in file number 09-00076-1027-CA, a contentious-administrative process is being processed, filed by the Comptroller General’s Office against the Agrarian Development Institute and the Association Pro Construction of the Northern Recreational Park (see folios 3 and 4 of the administrative file of the IDA); b.12) That by official letter DAJ-667-09 of July twentieth, two thousand nine, the Directorate of Legal Affairs of the IDA, submitted to the Secretary General of the Institute of Agrarian Development, a report on the Northern Recreational Park and recommended "...the authorization of the initiation of proceedings, whether administrative or judicial, in order to proceed with the recovery of the property registration Placa28291 of the San José District (Partido de San José) that is in the name of the mentioned Association and to order the cancellation of the registration in the Public Registry, to be able to include the land within the Institute's patrimony...", which were approved by the Board of Directors of the IDA, by agreement number 27 of ordinary session number 026-2009 held on July 28, two thousand nine (folios 157 to 160, 274 of the judicial file); c) From the foregoing, this Court considers that there is no administrative or jurisdictional action on the part of the IDA, that is relevant for achieving the effective recovery of the property with cadastral plan number Placa28295. In this sense, it should be noted that even though the defendant entity was made aware since the year two thousand six, of the irregularities that both the Municipality of Moravia and the Comptroller General’s Office imputed to the defendant Association, (folios 73, 80 to 89 of the administrative file of the Agrarian Development Institute), it was not until by agreement number 9 of session 010-07 of March twelfth, two thousand seven and as a result of the CGR by official letter number FOE-DDJ-0317-07 requesting information about the actions related to the Northern Recreational Park, that it resolved to file in due course the unconstitutionality action against the provisions in subsection 22 of article 16 of Law number 7097, which authorized the transfer of the property to the defendant Association (folio 71 of the administrative file of the IDA). However, the unconstitutionality action was not filed by the Agrarian Development Institute, but by the Comptroller General's Office, even though the IDA had standing to file the unconstitutionality action in accordance with the provisions of article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law; d) On the other hand, it should be highlighted that the IDA had knowledge of the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of article 16 of Law 7097, even before on the twenty-seventh, twenty-eighth, and twenty-ninth of February two thousand eight, the notice with the operative part of the judgment, referred to by article 90 of the Constitutional Jurisdiction Law, was published (see folios 7 to 9 of the administrative file of the IDA; 55, 93 to 95 of the Evidence Bundle of the CGR). Although it is true, it was argued by official letter number DAJ-048-08 of January twenty-third, two thousand eight, that they should wait for the full publication of the judgment to "...know with greater certainty, what is pertinent regarding the nullity of the transfer act itself, the nullity of the registry entry as an immediate consequence and, the reversion of the property to the institution's patrimony..." (folio 8 of the administrative file of the IDA); it is also true, that in accordance with the provisions in the second paragraph of article 88 of the Constitutional Jurisdiction Law, from the first time the notice referred to in article 90 of the same law is published, the elimination from the legal order of the norm declared contrary to the Political Constitution shall take effect. Added to the above, it should be highlighted that despite the full publication of the judgment occurring in Judicial Bulletin number 103 of May twenty-ninth, two thousand eight (folios 82 to 85 of the evidence bundle of the CGR), it was not until that by official letter number Placa28292 of December sixteenth, two thousand eight, the General Manager of the IDA requested to be informed as quickly as possible about "...the effects that the declaration of nullity of article 16, subsection 22, of Law No. 7097 of August 18, 1988, Extraordinary Budget Law of the Republic, had with respect to the act by which the IDA transferred the property to the Northern Recreational Park Association..." (folio 6 of the administrative file of the IDA); e) Finally, it was not until July twentieth, two thousand nine, that by official letter number DAJ-667-09 and as a result of the period of three business days granted by this Court in a decree of the eight hours thirty minutes of July seventh, two thousand nine and in accordance with the provisions of article 35.2 of the CPCA (folios 148 to 150 of the judicial file), the Directorate of Legal Affairs recommended "...the authorization of the initiation of proceedings, whether administrative or judicial, in order to proceed with the recovery of the property registration Placa28291 of the San José District that is in the name of the mentioned Association and to order the cancellation of the registration in the Public Registry, to be able to include the land within the Institute's patrimony...", which were approved by the Board of Directors of the IDA, by agreement number 27 of ordinary session number 026-2009 held on July 28, two thousand nine (folios 157 to 160, 274 of the judicial file); f) Consequently, the defendant entity did not exercise the actions aimed at protecting, conserving, and recovering public domain assets, despite the fact that: f.1) It had to recover the property with cadastral plan number SJ-770593-88, as this was segregated from the parent farm (finca madre) number 267183-000, land that in accordance with the provisions of Executive Decrees (Decretos Ejecutivos) number 8005-G and 8059-G, was expropriated and acquired by the State and registered in the name of the IDA, with the purpose of allocating it to the public service it provides; f.2) It had knowledge that the budgetary norm that had authorized that segregation and transfer, suffered from a vice of unconstitutionality. In that sense, it is worth noting that in agreement number 4 of session 21-89 of March fourteenth, nineteen hundred eighty-nine, by which, it was agreed to prepare the deed of transfer and donation of the Northern Recreational Park in favor of the defendant Association, one of the members of the Board of Directors, opposed the transfer since "...because in his capacity as a lawyer, he considers that the authorization for the transfer of that lot is based on a budgetary norm, which in his opinion is unconstitutional. Likewise, he wants to place on record that he is in favor of building centers like this and financing them at the State's expense, but within the current legal order..." (see folios 102 and 103 of the judicial file); f.3) Once the unconstitutionality of subsection 22 of article 16 of Law 7097 was declared and both the notices of the operative part, and the full judgment issued by the Constitutional Chamber were published, it was not until the occasion of the transfer of the lawsuit that forms the basis of this process, that the initiation of proceedings, whether administrative or judicial, was recommended and authorized, in order to proceed with the recovery of the property registration Placa28291 of the San José District that is in the name of the mentioned Association and to order the cancellation of the registration in the Public Registry, to be able to include the land within the Institute's patrimony; g) For all the foregoing, this Court declares that the Agrarian Development Institute, engaged in an omissive conduct contrary to the provisions of articles 121 subsection 14 in relation to 11 and 50 of the Political Constitution; 261 and 263 of the Civil Code; 7, 8, 9 and 10 of the Internal Control Law; 37 of the Construction Law; 110 and following of the Internal Control Law; 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code, since it did not exercise the jurisdictional or administrative actions necessary to protect, conserve, and recover the public domain asset known as Northern Recreational Park. Therefore, in accordance with articles 192, 199, 200, 210, 211 and 213 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública); 8 of the Internal Control Law; 110 subsections b), e), p) and r) of the Financial Administration Law of the Republic and Public Budgets, the head of the IDA is ordered to immediately initiate the internal proceedings on the merits in order to establish the pecuniary and/or disciplinary responsibility of the officials who participated in the actions or omissions that caused the contrary conducts declared in this judgment. On the actions taken, a report must be rendered to the Executing Judge of this Court, within a period of three months counted from the finality of this judgment.

IX.- ON THE SCOPE OF THE DECLARATION OF UNCONSTITUTIONALITY OF SUBSECTION 22 OF ARTICLE 16 OF LAW 7097 AND ITS INCIDENCE ON THE ACTS OF TRANSFER AND REGISTRATION OF THE PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, by judgment number 2008-00056 of fourteen hours forty-seven minutes on January ninth, two thousand eight, declared the unconstitutionality action filed in expediente number 07-13901-0007-CO to have merit, considering that “...the authorization introduced in Article 16 subsection 22) of the Ley de Presupuesto Extraordinario, Law No. 7097 of August 18, 1988, insofar as it allowed the Instituto de Desarrollo Agrario to segregate and donate to an Association a plot of land measuring twenty-five thousand square meters and six tenths of its property, is unconstitutional due to the legislative procedure that was followed. It is an atypical norm outside the budgetary content, through which a property of an autonomous state entity is disposed of, making it contrary to the Law of the Constitution. Therefore, it is clear that the norm analyzed here is unconstitutional, and consequently, must be annulled, noting that it will be in the ordinary jurisdiction where the existence of acquired rights, or the need to pay or not for improvements on the property whose transfer is being annulled by the norm in question, will be determined...” (folios 65 to 71 of the evidentiary file of the CGR). At this point, it is necessary to clarify the effects produced by judgments upholding unconstitutionality, in accordance with the provisions of Articles 88, 89, and 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). First, the judgment declaring the unconstitutionality and pronouncing the consequent annulment of the challenged norm or acts shall produce res judicata and eliminate the norm or act from the legal system, an elimination that shall take effect from the first time the notice with the operative part referred to in Article 90 of the same law is published. Second, the judgment declaring the unconstitutionality of a norm or law or general provision shall also declare the unconstitutionality of the other precepts thereof, or of any other law or provision whose annulment is evidently necessary by connection or consequence, as well as that of the challenged application acts. Lastly, the declaration of unconstitutionality shall have a declaratory and retroactive effect to the date the act came into force, all without prejudice to good faith acquired rights. Notwithstanding the foregoing, the constitutional judgment of annulment may graduate and dimension its retroactive effect in space, time, or matter, and shall dictate the necessary rules to prevent it from producing serious dislocations to social security, justice, and peace. Based on the rules set forth above, this Tribunal shall determine what the specific effects of the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 are in this specific case, a point that is transcendental, given that said norm constituted the title that served as the basis for the authorization of the transfer of the property with cadastral plan number Placa28295, in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. In this sense, this Tribunal considers that: 1) Regarding the declaration of absolute nullity of the related acts concerning the transfer agreement, the transfer deed, and the registration entry under registration number Placa28291. If Article 16 subsection 22 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097, constituted the basis upon which the authorization to segregate and donate to the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, from farm number 267183, volume 2652, folio 13, entry 1, a lot of up to 25,000.02 square meters, with cadastral plan number Placa28295, bounded on the north by a public street, on the east by Urbanización Los Colegios, on the south by the Instituto de Desarrollo Agrario, and on the west by Dirección17416 (folio 01 of the evidentiary file of the CGR), consequently, as requested by the Contraloría General de la República in the initial filing of the unconstitutionality action (folios 25 and 26 of the evidentiary file of the CGR), it was appropriate that, pursuant to the provisions of Article 89 of Law number 7135, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice annul the transfer of the indicated property together with the norm that supported that act, just as it so ordered in the last paragraph of Considerando III of judgment number 2008-000056 (see folio 70 of the evidentiary file of the CGR). While it is true that the operative part of the indicated judgment does not make reference to the annulment of the transfer of the property whose segregation and donation was authorized by the norm declared unconstitutional (see folios 71, 72, 85, 93, 94, 95 of the evidentiary file of the CGR), it is also true that judgments issued in constitutional matters have the particularity of being binding not only regarding the aspects contemplated in their operative part, but also regarding those contained in the recital part, even if they do not appear in the Por tanto of the same. Notwithstanding the foregoing, and given that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice did not specify which transfer acts it was annulling along with the norm declared unconstitutional, this Tribunal, in application of the principle of legal certainty and the provisions of Articles 456 and 472 of the Civil Code (Código Civil); Articles 128, 132, 133, 158 subsections 1 and 2, 166, 167, and 171 of the Ley General de la Administración Pública; declares that for suffering from a defect of absolute nullity, since they were issued based on a norm that was declared unconstitutional, the following acts are annulled: a) Agreement number 4 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated March 14, 1989, by means of which the Legal Department of the IDA was authorized to prepare the transfer and donation deed, in accordance with the provisions of the budget norm, Law No. 7097 published in Alcance No. 25 of La Gaceta No. 166 of September 1, 1988, of a lot with an area of 2 HA.3461.41m2, according to cadastral plan SJ-770.593-88, to be segregated from the farm located in the Cantons of Tibás and Moravia, property of the Instituto de Desarrollo Agrario, in favor of the Asociación Pro-Construcción del Parque Recreativo del Norte; b) Deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, of the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal, by means of which the segregation and donation was made in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, of a lot measuring 2 HA.3461,41m2. according to the plan registered in the Catastro Nacional under number SJ-770593-88 dated December seven, nineteen eighty-eight. This implies that the Archivo Nacional and the Registro Nacional must be notified of the annulment of the referenced notarial instrument, for the purposes of marginal annotations in the matrix of the respective protocol and the certified copies that may have been presented to the Registro Nacional; c) The registration in the Registro Público de la Propiedad Inmueble of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, therefore, the Registro Público de la Propiedad Inmueble is ordered to cancel said registration entry; 2) Regarding the determination of good faith acquired rights or the appropriateness of payment for improvements. Judgment number 2008-000056 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice declared unconstitutional the provisions of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097, “...noting that it will be in the ordinary jurisdiction where the existence of acquired rights, or the need to pay or not for improvements on the property whose transfer is being annulled by the norm in question, will be determined...” (folios 65 to 71 of the evidentiary file of the CGR). In this sense, it should be noted that, as can be deduced from the provisions of Articles 456 and 472 of the Civil Code, in relation to Articles 128, 132, 133, 158 subsections 1 and 2, 166, 167, and 171 of the Ley General de la Administración Pública, the registration entry of the land with cadastral plan number SJ-770593-88 in favor of the defendant Association would not have the effect of validating the title for the transfer of the property that was supported precisely by subsection 22 of Article 16 of Law 7097, which was declared contrary to the Political Constitution, even more so given that the property is a public domain asset (bien demanial) designated for a public use as a park. Consequently, the argument of the defendant party regarding having a good faith acquired right over the property of the public domain asset called Parque Recreativo del Norte, and therefore, that the declaration of unconstitutionality of the atypical budget norm cannot cause it harm, is inappropriate, since by reason of the public domain nature of that property and in accordance with the provisions of Articles 121 subsection 14 of the Political Constitution and 261 to 263 of the Civil Code, it is not possible to acquire a property right over an asset designated for a public service or use. Consequently, the acquired rights referred to by the defendant Association would be reduced to a purely patrimonial aspect, referring to the liquid funds that are already effectively part of the Association's patrimony and not to the property over the Parque Recreativo del Norte, nor to the validity over time of the contracts it currently maintains with a private law subject that allow it to dispose of the area where the gymnasium is located. In any case, and by reason of the object of the proceeding, it is not for this Tribunal to determine whether or not good faith acquired rights of a patrimonial nature exist, which is why, if the plaintiff intended to assert any type of right on this matter, it must resort to the corresponding judicial avenue, so that what is appropriate under the law may be resolved. As for the payment for improvements raised by the defendant Association, this is an aspect that is also foreign to the object of this proceeding, which is why, and in accordance with the provisions of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice itself when issuing judgment number 2008-00056, if the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte considers it has the right to be paid for improvements, it must file the respective lawsuit together with the necessary evidence, so that what is appropriate under the law may be resolved; 3) Regarding that the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of Law 7097 and the annulment of the related acts do not have the power to de-designate (desafectar) the property destined for the public use as a park. In application of the provisions of Articles 261 of the Civil Code; 43 and 44 paragraph 1 of the Ley de Planificación Urbana; 37 of the Ley de Construcciones, as well as the principle of non-registration (in-matriculación) of public domain assets, the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 and the consequent declaration of absolute nullity of agreement number 4 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated March 14, 1989; of deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, of the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal; and of the registration in the Registro Público de la Propiedad of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, do not have the power to de-designate the land with cadastral plan number SJ-770593-88, since, as was demonstrated in point 3 of considerando VI of this judgment, there is a designation (afectación) of that property to an effective public use as a park, which is why the real condition of the asset prevails over its formal condition in the Registro Público. 4) For all the foregoing reasons, this Tribunal rules that judgment number 2008-000056 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has the following scope in this specific case: 4.a) In accordance with Articles 456 and 472 of the Civil Code; 128, 132, 133, 158 subsections 1 and 2, 166, 167, and 171 of the Ley General de la Administración Pública, and the principle of legal certainty, the absolute nullity of the following acts is declared: i) agreement number 4 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated March 14, 1989; ii) deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, of the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal. This implies that the Archivo Nacional and the Registro Nacional must be notified of the annulment of the referenced notarial instrument, for the purposes of marginal annotations in the matrix of the respective protocol and the certified copies that may have been presented to the Registro Nacional; iii) The registration in the Registro Público de la Propiedad of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, therefore, the Registro Nacional is ordered to cancel said registration entry; 4.b) That because it does not form part of the object of the proceeding, given that it was not requested by the defendant Association – as was specified during the sole hearing held on January seven, two thousand ten – it is not for this Tribunal to determine whether or not good faith acquired rights of a patrimonial nature exist, or the need to pay or not for improvements in favor of the defendant Association, which is why, if the latter intended to assert any type of right on this matter, it must resort to the corresponding judicial avenue, so that what is appropriate under the law may be resolved; 4.c) That in application of Articles 261 of the Civil Code; 43 and 44 paragraph 1 of the Ley de Planificación Urbana; 37 of the Ley de Construcciones, and the principle of non-registration of public domain assets, the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 and the consequent declaration of absolute nullity of the indicated related acts, do not have the power to de-designate the land with cadastral plan number SJ-770593-88, since there exists a designation of that property to an effective public use as a park, which is why the real condition of the asset prevails over its formal condition in the Registro Público.

X.- ON THE PRETENSIONS RELATING TO THE PARQUE RECREATIVO DEL NORTE RECOVERING THE REGISTRATION ENTRY AS PART OF FARM NUMBER 1-267183 AND TO THE I.D.A. TRANSFERRING THE PARK TO AN ORGAN OR ENTITY RESPONSIBLE FOR ADMINISTERING PUBLIC PARKS. While it is true that the declaration of absolute nullity shall have purely declaratory and retroactive effects to the date of the act (Article 171 of the Ley General de la Administración Pública), which would imply – in principle – restoring things to the state they were in at the time the act declared absolutely null was issued, it is also true that such restoration shall occur when it is possible to do so and current circumstances so allow. In this sense, this Tribunal considers that it is not possible for the land with cadastral plan number SJ-770593-88 called Parque Recreativo del Norte to recover its registration entry as an integral part of farm number 1-267183, from which it was segregated. This for the following reasons: a) Although the parent farm number 1-267183 constitutes a public domain asset, its purpose is not consistent with the public use purpose of a park to which the Parque Recreativo del Norte (property with cadastral plan number SJ-770593-88) is designated, since, as can be deduced from Decretos Ejecutivos of expropriation number 8005-G and 8059-G, the parent farm from which it was segregated is destined for the public service provided by the Instituto de Desarrollo Agrario (see proven facts 1 and 2 of considerando I of this judgment). In this sense, this Tribunal considers that the land destined for the Parque Recreativo del Norte could not once again become an integral part of farm 1-267183, as it is currently effectively designated for a public use as a park (see point 3 of considerando VI of this judgment), which is incompatible with the public service purpose to which that farm is destined; b) In this sense, it is worth recalling that in the land-use map (mapa de uso de suelo) number 239.2 of the Municipalidad de Moravia, farm number 370440, with cadastral plan number S-770593-88, is described as Parque Recreativo del Norte; which in turn, and in accordance with the provisions of Article 10 of the Reglamento al Plan Regulador of the Municipalidad de Moravia, is located in the public institutional zone of San Vicente, which is defined as that whose object is the establishment of cultural, educational, recreational, administrative facilities, convenient for an adequate development of the community (see folios 104 to 106 and 140 of the judicial file); c) That the southern boundary of the land with cadastral plan number SJ-770593-88 has suffered an alteration, as it no longer borders the parent farm number 1-267183 owned by the Instituto de Desarrollo Agrario, as indicated in the registration entry of the Partido de San José, registration number Placa28291, and in cadastral plan number SJ-770593-88 (see folios 3 and 11 of the evidentiary file of the CGR), but rather borders a public street, as this Tribunal was able to verify when conducting the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out on September sixteen, two thousand nine, as well as from the satellite photograph visible on folio 126 of the evidentiary file of the CGR. In addition to the above, from the document visible on folio 33 of the administrative file of the IDA, it appears that from the parent farm registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, under real folio registration number Placa28289, a plot of land measuring 5,040.88 m2 was also segregated in favor of the Orquesta Sinfónica Nacional, which is located exactly behind the public street bordering the Parque Recreativo del Norte to the south (see audiovisual record of the judicial inspection and the satellite photograph on folio 126 of the evidentiary file of the CGR). Likewise, that from that same parent farm, a property of 2 Has. 0679.95 m2 was sold to the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal for ¢37,223,910.00 colones (thirty-seven million two hundred twenty-three thousand nine hundred ten colones without céntimos) (folio 33 of the administrative file of the IDA). All of the above implies that the current situation of the boundaries and the area of the parent farm number 267183 is not the same as that which was recorded in deed number one, of volume ten of the Protocol of Notary Public Julio Sánchez Carvajal, granted in the year nineteen eighty-nine (see folios 6 to 8 of the evidentiary file of the CGR); d) That from Articles 1, 15, 16, and 30 of the Law of the Instituto de Tierras y Colonización, it follows that the administration and conservation of parks is not the competence of the Instituto de Desarrollo Agrario, as the representative of the defendant entity herself raises as a defense argument when answering the lawsuit (folios 166 and 167 of the judicial file); e) That in accordance with the provisions of Articles 43 and 44 of the Ley de Planificación Urbana, the Mapa Oficial, together with the plans or the cadastre that complement it, shall constitute a reliable official registry regarding property and designation to public domain of the lands or spaces already given over to public uses; and that municipal ownership over the areas of streets, squares, gardens, parks, or other spaces open to public use in general, is constituted by that same use and its registration in the Registro de la Propiedad can be dispensed with if it appears on the Mapa Oficial; f) That as declared in considerando VI of this judgment and in accordance with the provisions of Articles 121 subsection 14; 261 to 263 of the Civil Code; 43 and 44 paragraph 1 of the Ley de Planificación Urbana; 37 of the Ley de Construcciones, as well as the principle of non-registration of public domain assets, the property with cadastral plan number Placa28295, located at Dirección1832, of Canton 14 Moravia, of the Province of San José, which is called Parque Recreativo del Norte, constitutes a public domain asset designated for the public use of a park. For all the foregoing and in accordance with the provisions of Article 122 subsections c) and g) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, 121 subsection 14 of the Political Constitution, 261 of the Civil Code, 43 and 44 of the Ley de Planificación Urbana, 37 of the Ley de Construcciones, 48 of the Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo number 26771-J), and 10 of the Reglamento al Plan Regulador of the Municipalidad de Moravia, this Tribunal orders the Instituto de Desarrollo Agrario: i) To prepare, through the Notaries of the Dirección de Asuntos Jurídicos of that entity, the transfer deed in the name of the Municipalidad de Moravia, for the property with cadastral plan number SJ-770593-88, located at Dirección1832, of Canton 14 Moravia, of the Province of San José; measuring 25,000.06 square meters; currently bounded on the north by a public street, on the south by a public street, on the east by a public street and others, on the west by the Sucesión de José Rivera and Quebrada, and whose nature is that of a public park called Parque Recreativo del Norte; ii) To carry out all pertinent steps to register the property with cadastral plan SJ-770593-88 described above, in the name of the Municipalidad de Moravia in the Registro Público de la Propiedad Inmueble; 3) Regarding the above, they must inform the Jueza Ejecutora of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda within a period of two months counted from the finality of this judgment.

XI.- ON THE NON-CONFORMITY WITH THE LEGAL SYSTEM OF THE LEASE AGREEMENT ENTERED INTO BETWEEN THE ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA AND THE DEFENDANT ASSOCIATION. This Tribunal has established it as proven that on April fifth, two thousand eight, the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte entered into a lease agreement with the Asociación Centro Cristiano de Excelencia – which appears in this proceeding as an interested third party – over a part of the property located at Dirección1834, of canton 14 Moravia, of the province of San José, registered in its name in the Registro Público de la Propiedad, under the real folio system registration number Placa28291, “...specifically the land located from the sports fields westward, up to the stream (river), land with an approximate measurement of twenty thousand square meters, and which currently consists of a built gymnasium and green areas. THIRD: That said property shall be used by the Lessee for the holding of religious services or related events, which help the integral development of (sic) society and individuals. FOURTH: The term of this contract shall be ten years starting from April eight, two thousand eight, and may be extended for equal periods up to a total of thirty years. The extensions corresponding to each year must necessarily be formulated in writing in a new contract or addendum; there are no automatic or tacit extensions. FIFTH: The lease price for the indicated property shall be two million four hundred sixty-two thousand exact colones (Placa28297), and an annual ten percent increase is established in the payment for the lease of the property...” (see folios 275 to 278 of the judicial file). In this sense, and contrary to what the representative of the interested third party maintains, in accordance with the provisions of Articles 28 and 129 of the Political Constitution; 18 subsection 2 of the Ley General de la Administración Pública; 18 and 631 subsection 1 of the Civil Code; 26 of the Ley de Asociaciones; and 4 in fine of the Estatutos of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, the lease agreement entered into with the defendant, for the purpose of giving a private use that is different from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, is non-conforming with the legal system, for the following reasons: a) It is contrary to the lawful purpose pursued by the defendant Association according to Article 3 of its bylaws (estatutos) (folios 91 and 101 of the evidentiary file of the CGR); b) It is contrary to the reason that supported the authorization for the transfer of said asset, which, in accordance with the provisions of subsection 22 of Article 16 of law number 7097, was that the land be dedicated exclusively to the construction of the Parque Recreativo del Norte (folios 1 of the evidentiary file of the CGR and 11 to 14 of the administrative file of the IDA), and therefore, contrary to the obligation to enter into contracts and acquire obligations that are lawful and possible in accordance with the purposes pursued by the Association and the public domain nature of the asset (Articles 26 of the Ley de Asociaciones and 4 in fine of the Estatutos of the defendant Association); c) It is contrary to the effective public use as a park, which has been realized in an area of approximately fifteen percent of the total property, that not only was destined for, but in reality has partially fulfilled the purpose of recreation for the residents of the northern cantons of San José and the community in general; d) By virtue of the public domain nature of the Parque Recreativo del Norte and in accordance with the provisions of Articles 262 and 631 of the Civil Code, obligations whose object is a thing that is legally impossible are contrary to law, as in this case, where due to the public use as a park to which the property with cadastral plan Placa28298 is destined, it is removed from commerce (fuera del comercio de los hombres). Because of the foregoing, the request made by the representative of the interested third party, to the effect that the lease agreement remain in force for the term of ten years established in the fourth clause of said agreement, is inappropriate, since in accordance with the public domain nature of the Parque Recreativo del Norte, its use cannot be private, but must conform to the public use to which it is designated. Consequently, and for all the foregoing, this Tribunal declares that the lease agreement entered into by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte and the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, for the purpose of giving a private use that is different from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, is non-conforming with the legal system. That by reason of the above and what is set forth in considerandos VII and IX of this judgment, it is ordered that within a period of ten working days counted from the finality of this judgment, the eviction (desalojo) shall proceed both of the defendant Association and of the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, and of any private law subject found on the property occupied by the Parque Recreativo del Norte, and the provisional possession of the property shall be granted to the Instituto de Desarrollo Agrario, until the registral entry of the transfer of said property in favor of the Municipalidad de Moravia is made effective. That the eviction and provisional possession proceeding for the property shall be the responsibility of the Jueza Ejecutora of the Tribunal Contencioso Administrativo, who shall execute it with the assistance of the Fuerza Pública, if necessary (Article 153 in fine of the Political Constitution).

XII.- ON THE EXCEPTIONS FILED. The Instituto de Desarrollo Agrario only raised the exception of failure to join a necessary passive litis consortium, which was rejected by this Tribunal, by resolution number 1913-2009 of eleven hours on September ninth, two thousand nine. For its part, the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte raised the exceptions of statute of limitations (prescripción), lack of active and passive standing (legitimación ad causam activa y pasiva), and lack of right (falta de derecho). Regarding the defense of statute of limitations, having accredited the public domain nature (naturaleza demanial) of the property subject to the process, its rejection is necessarily required. It must be borne in mind that, in the case of the recovery and protection of public domain assets (bienes de dominio público), periods of statute of limitations or expiry do not run, given that the actions available to the State for their effective recovery are imprescriptible. This is so due to the particular characteristics of this type of assets. This is expressly established in Article 34, subsection 2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, as long as absolutely null acts are producing effects, their annulment is possible, as derived from Article 40 of the same Procedural Code and Article 175 of the Ley General de la Administración Pública. The representative of the private law co-defendant must bear in mind that, against this type of annulment claims, the principle that acts vitiated by absolute nullity cannot be validated by time or by legal act, nor can they be cured, must prevail, as provided in Article 172 of the Ley General de la Administración Pública. In this specific case, it is essential to consider these principles: conduct related to the protection of public domain assets is being challenged, and furthermore, they are producing effects to date: the property is registered in the name of a private individual, despite being a park destined for the recreation of the residents of the northern cantons of San José and the general public, and its public domain nature. For the foregoing reasons, and by virtue of the fact that the plaintiff's claims are aimed at seeking the absolute nullity of administrative conduct affecting public domain assets that, to date, continue to produce effects, and also considering that this Tribunal verified such defect and declared the absolute nullity of the challenged formal conduct, the defense of statute of limitations alleged must be rejected. Regarding the lack of standing in its dual modality, this Tribunal considers that it must be rejected. The foregoing because, having analyzed this requirement, the conclusion is reached that, firstly, the plaintiff has sufficient active standing to participate in this process in light of Article 10, subsection 3) of the Código Procesal Contencioso Administrativo. This is because it concerns the defense and protection of assets that make up the Public Treasury (Hacienda Pública), as provided in Articles 8 and 9 of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, given that we are dealing with the recovery and protection of a public domain asset. Furthermore, the action is correctly directed against the Instituto de Desarrollo Agrario, as provided in Article 12, subsection 1) of the cited Procedural Code, as the author of both the formal conduct challenged and annulled in this judgment, and of omitted conduct that is contrary to the legal order. Also, the action is correctly directed against the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, as required by Article 12 already cited in its subsection 3), not only because, based on an atypical budgetary norm that was declared unconstitutional, an asset destined for public park use was registered in its name, which must therefore return to the public domain, but also because it made a private use of that property contrary to the public purpose for which it was destined. As regards the exception of lack of right, its rejection is also partially required, for the reasons that have already been extensively developed in the preceding recitals (considerandos). Consequently, the exception of lack of right is partially upheld, only insofar as it is not possible for the land with cadastral map number Placa28295 called Parque Recreativo del Norte to recover its registry inscription as an integral part of property number 1-267183, from which it was segregated, as indicated in recital X of this judgment.

XIII.- COROLLARY. For all the reasons set forth in this resolution, it is appropriate to declare the claim partially upheld (con lugar), in the following terms: 1) It is declared that the property with cadastral map number Placa28295, located at Dirección1832, Cantón 14 Moravia, of the Province of San José, which is called Parque Recreativo del Norte and is currently registered in the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad) under real folio registration number Placa28291 of the Partido de San José, in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, constitutes a public domain asset (bien demanial) designated for public park use, which is unattachable (inembargable), imprescriptible, inalienable, and outside the commerce of men. Likewise, that the competent entity to exercise its administration is the Municipalidad de Moravia. 2) The absolute nullity of the following acts is declared: i) agreement number 4 of the Board of Directors (Junta Directiva) of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated March 14, 1989; ii) deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, from the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal. iii) The inscription in the Public Property Registry of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 3) It is declared that the unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 and the consequent declaration of absolute nullity of the indicated connected acts, do not have the virtue of removing the designation (desafectar) of the land with cadastral map number SJ-770593-88, as the real condition of that asset prevails, insofar as it is designated for a public park use; 4) It is declared that the Instituto de Desarrollo Agrario incurred in omitted conduct contrary to the legal order, as it did not exercise the necessary jurisdictional or administrative actions to protect, conserve, and recover the public domain asset called Parque Recreativo del Norte; 5) It is declared that, by reason of the public domain nature of the Parque Recreativo del Norte, it is not possible for the defendant Association to have acquired a property right over an asset designated for a public service or use; 6) It is declared that, by reason of the subject matter of the process, it is not for this Tribunal to determine whether or not there are rights acquired in good faith of a patrimonial nature, or the need to pay or not for improvements (mejoras) in favor of the defendant Association, which is why, if it intends to assert any type of right in this regard, it must resort to the corresponding legal avenue, so that what is legally appropriate may be resolved; 7) It is declared that the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte incurred in an improper and private use of the property with cadastral map number Placa28295, not only because it is contrary to the very purposes it pursues as provided in Article 3 of its bylaws, but also to the purpose that justified its transfer, which was to be used exclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte; 8) It is declared that all acts and contracts signed by the defendant Association with the purpose of giving a private and different use from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, are absolutely null; 9) It is declared that the lease agreement signed by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte with the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, for the purpose of giving a private and different use from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, is contrary to the legal order; 10) It is ordered to notify the Archivo Nacional and the Registro Nacional of the annulment of deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, from the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal, for the purposes of marginal annotations in the matrix of the respective protocol and the certified copies that may have been presented to the Registro Nacional; 11) The Public Property Registry is ordered to cancel the registry inscription of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 12) The Instituto de Desarrollo Agrario is ordered to prepare, through the Notaries of the Legal Affairs Directorate of that entity, the deed of transfer in the name of the Municipalidad de Moravia, for the property with cadastral map number SJ-770593-88, located at Dirección1832, Dirección4667, of the Province of San José; measuring 25,000.06 square meters; currently bordering to the north with a public street, to the south with a public street, to the east with a public street and others, to the west with the Sucesión de José Rivera y Quebrada, and whose nature is a public park called Parque Recreativo del Norte; 13) The Instituto de Desarrollo Agrario is ordered to take all pertinent steps to register the property with cadastral map Placa28295 described above, in the name of the Municipalidad de Moravia in the Public Property Registry. It must report on the foregoing to the Enforcement Judge (Jueza Ejecutora) of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, within a period of two months counted from the date this judgment becomes final (firmeza); 14) The head of the IDA is ordered to immediately initiate the relevant internal procedures to establish the pecuniary and/or disciplinary liability of the officials who participated in the actions or omissions that caused the contrary conduct declared in this judgment. They must report on the foregoing to the Enforcement Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, within a period of two months counted from the date this judgment becomes final. 15) It is ordered that, within a period of ten business days counted from the date this judgment becomes final, the eviction (desalojo) of both the defendant Association and the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, and any private law subject found on the property occupied by the Parque Recreativo del Norte, be carried out, and the property be placed in provisional possession of the Instituto de Desarrollo Agrario, until the registry inscription of the transfer of said property in favor of the Municipalidad de Moravia becomes effective. The eviction proceeding and placement in provisional possession of the property shall be the responsibility of the Enforcement Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo, who shall execute it with the help of the Public Force (Fuerza Pública), if necessary.

XIV.- ON THE MAINTENANCE OF THE PRECAUTIONARY MEASURE ADOPTED IN RESOLUTION NUMBER 392-2009 OF 15:00 HOURS ON 10-03-2009. In order to protect the subject matter of this process while this resolution becomes final, it is ordered to maintain the precautionary measures ordered by the Processing Judge (Juez Tramitador) of this Tribunal, through resolution No. 392-2009, of 15 hours on March 10, 2009, and in which it was ordered: "The precautionary measure of annotation of claim (anotación de demanda) on the property of the partido de San José, registered under the Real Folio System registration number three hundred seventy thousand four hundred forty sub-registration zero zero zero (Placa28287) requested by the Contraloría General de la República, is granted, ordering the annotation agreed upon through the resolution of eight hours on February fourth, two thousand nine, to be maintained. This matter is resolved without special condemnation in costs...".

XV.- ON COSTS. In accordance with Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. The exemption from this condemnation is only viable when, in the judgment of the Tribunal, there is sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable regulations and break the principle of condemning the losing party. Therefore, both costs are imposed on the Instituto de Desarrollo Agrario and the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. Now, in accordance with articles 15 and 196 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, in its capacity as an interested third party (tercero interesado), shall not earn or pay costs.

THEREFORE (POR TANTO).

The exceptions of statute of limitations, lack of active and passive standing raised by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte are rejected. The exception of lack of right raised by the defendant Association is partially upheld, only insofar as it is not possible for the land with cadastral map number SJ-770593-88 called Parque Recreativo del Norte to recover its registry inscription as an integral part of property number 1-267183, from which it was segregated. In all other respects, it is rejected. Consequently, the present claim is declared partially upheld, in the following terms, it being understood that it is denied in what is not expressly granted. Consequently: 1) It is declared that the property with cadastral map number SJ-770593-88, located at Dirección1832, Cantón 14 Moravia, of the Province of San José, which is called Parque Recreativo del Norte and is currently registered in the Public Property Registry under real folio registration number 370440-000 of the Partido de San José, in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, constitutes a public domain asset designated for public park use, which is unattachable, imprescriptible, inalienable, and outside the commerce of men. Likewise, that the competent entity to exercise its administration is the Municipalidad de Moravia. 2) The absolute nullity of the following acts is declared: i) agreement number 4 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated March 14, 1989; ii) deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, from the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal. iii) The inscription in the Public Property Registry of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 3) It is declared that the unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 and the consequent declaration of absolute nullity of the indicated connected acts, do not have the virtue of removing the designation of the land with cadastral map number SJ-770593-88, as the real condition of that asset prevails, insofar as it is designated for a public park use; 4) It is declared that the Instituto de Desarrollo Agrario incurred in omitted conduct contrary to the legal order, as it did not exercise the necessary jurisdictional or administrative actions to protect, conserve, and recover the public domain asset called Parque Recreativo del Norte; 5) It is declared that, by reason of the public domain nature of the Parque Recreativo del Norte, it is not possible for the defendant Association to have acquired a property right over an asset designated for a public service or use; 6) It is declared that, by reason of the subject matter of the process, it is not for this Tribunal to determine whether or not there are rights acquired in good faith of a patrimonial nature, or the need to pay or not for improvements in favor of the defendant Association, which is why, if it intends to assert any type of right in this regard, it must resort to the corresponding legal avenue, so that what is legally appropriate may be resolved; 7) It is declared that the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte incurred in an improper and private use of the property with cadastral map number Placa28295, not only because it is contrary to the very purposes it pursues as provided in Article 3 of its bylaws, but also to the purpose that justified its transfer, which was to be used exclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte; 8) It is declared that all acts and contracts signed by the defendant Association with the purpose of giving a private and different use from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, are absolutely null; 9) It is declared that the lease agreement signed by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte with the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, for the purpose of giving a private and different use from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, is contrary to the legal order; 10) It is ordered to notify the Archivo Nacional and the Registro Nacional of the annulment of deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, from the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal, for the purposes of marginal annotations in the matrix of the respective protocol and the certified copies that may have been presented to the Registro Nacional; 11) The Public Property Registry is ordered to cancel the registry inscription of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 12) The Instituto de Desarrollo Agrario is ordered to prepare, through the Notaries of the Legal Affairs Directorate of that entity, the deed of transfer in the name of the Municipalidad de Moravia, for the property with cadastral map number SJ-770593-88, located at Dirección1832, Cantón 14 Moravia, of the Province of San José; measuring 25,000.06 square meters; currently bordering to the north with a public street, to the south with a public street, to the east with a public street and others, to the west with Dirección17417, and whose nature is a public park called Parque Recreativo del Norte. It must report on the foregoing to the Enforcement Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, within a period of two months counted from the date this judgment becomes final; 13) The Instituto de Desarrollo Agrario is ordered to take all pertinent steps to register the property with cadastral map SJ-770593-88 described above, in the name of the Municipalidad de Moravia in the Public Property Registry. It must report on the foregoing to the Enforcement Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, within a period of two months counted from the date this judgment becomes final; 14) The head of the IDA is ordered to immediately initiate the relevant internal procedures to establish the pecuniary and/or disciplinary liability of the officials who participated in the actions or omissions that caused the contrary conduct declared in this judgment. On the actions taken, they must render a report to the Enforcement Judge of this Tribunal, within a period of three months counted from the date this judgment becomes final. 15) It is ordered that, within a period of ten business days counted from the date this judgment becomes final, the eviction of both the defendant Association and the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, and any private law subject found on the property occupied by the Parque Recreativo del Norte, be carried out, and the property be placed in provisional possession of the Instituto de Desarrollo Agrario, until the registry inscription of the transfer of said property in favor of the Municipalidad de Moravia becomes effective. The eviction proceeding and placement in provisional possession of the property shall be the responsibility of the Enforcement Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo, who shall execute it with the help of the Public Force, if necessary; 16) It is ordered to maintain the precautionary measures ordered by the Processing Judge of this Tribunal, through resolution No. 392-2009, of 15 hours on March 10, 2009; 17) The IDA and the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte are condemned to pay the procedural and personal costs of this process. The Asociación Centro Cristiano de Excelencia, in its capacity as an interested third party, shall not pay or earn costs; 18) Let the respective orders be issued to the Registro Nacional and the Archivo Nacional.

Marianella Álvarez Molina José Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez FILE: 09-000076-1027-CA ORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING PLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Email ...01 ________________________________________________________________________ FILE: 09-000076-1027-CA ORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING PLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Nº 235-2010-Bis TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SIXTH SECTION. SECOND CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANNEX A. Goicoechea, at eight hours fifteen minutes on February fourth, two thousand ten.- Ordinary proceeding declared of preferential processing, filed by Nombre71822, of legal age, married, Attorney at Law and Business Administrator, resident of San José, identity card number CED29778, in her capacity as CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), represented by Nombre34867, of legal age, married, attorney, resident of San Ramón de Alajuela, identity card number CED112349, in his capacity as general judicial attorney-in-fact of that entity; the ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, legal entity ID number CED112350, represented by Nombre143067, identity card number CED112351, in his capacity as President with powers of general unlimited attorney-in-fact of that association. The ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, legal entity ID number CED112352, represented by Nombre143068, of legal age, married, businessman, resident of San José, identity card number CED112353, appears as an interested third party, in his capacity as President with powers of general unlimited attorney-in-fact of that association.

Drafted by Judge Álvarez Molina, with the affirmative vote of Judges Garita Navarro and González Vílchez; and, RECITALS (CONSIDERANDO).

ONLY: It is appropriate to inform the petitioner that additions and clarifications (adiciones y aclaraciones) of a judgment are only appropriate to complement it in the event that any of the debated points has not been decided, or to explain the scope of what, in the ruling, might have been confusing - where applicable - in order to give it effective compliance. For this reason, it is not considered an appeal but a mere petition, which does not have the effect of causing a variation in the operative part (parte dispositiva) of the resolution, but only its addition and clarification. The petition presented by Nombre143067, in his capacity as President with Powers of General Unlimited Attorney-in-Fact of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (see folio 360 of the judicial file), is inadmissible, because in essence, it seeks to challenge the recital part (parte considerativa) of judgment number 235-2010 of seven hours thirty minutes on January twenty-seventh, two thousand ten, specifically what was resolved in recitals number VI, VII, X, and XI, in which the aspects referred to by the defendant party and that gave rise to sections 1, 5, 7, and 9 of the Therefore (Por Tanto) of judgment 235-2010 are precisely developed; and not to clarify or add to said judgment in its operative part, which, as already indicated, finds support in the analysis contained in said recitals. For all the foregoing, the petition is declared inadmissible and must be so declared.

THEREFORE (POR TANTO).

The request for addition and clarification raised by the defendant party, Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, is rejected.

Marianella Alvarez Molina José Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez FILE: 09-000076-1027-CA ORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING PLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE

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Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 ______________________________________________________________________ PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Nº 235-2010 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las siete horas treinta minutos del veintisiete de enero del dos mil diez.- Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente, interpuesto por Nombre71822 , mayor, casada, Licenciada en Derecho y Administración de Negocios, vecina de San José, cédula de identidad número CED29778, en su carácter de CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), representado por Nombre34867 , mayor, casado, abogado, vecino de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad número CED112349, en su condición de apoderado general judicial de esa entidad; la ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, cédula jurídica número CED112350, representada por Nombre143067 , cédula de identidad número CED112351, en carácter Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de esa asociación. Como tercera interesada figura la ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, cédula jurídica número CED112352, representada por Nombre143068 , mayor, casado, empresario, vecino de San José, cédula de identidad número CED112353, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de esa asociación.

RESULTANDO:

1.- Que por resolución número 392-2009 de las quince horas del diez de marzo del dos mil nueve (folios 42 a 47 del expediente judicial), el Juez Tramitador resolvió: “Se acoge la medida cautelar de anotación de demanda sobre el inmueble del partido de San José, inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula trescientos setenta mil cuatrocientos cuarenta submatrícula cero cero cero (Placa28287) solicitada por la Contraloría General de la República, ordenándose mantener la anotación acordada mediante resolución de las ocho horas del cuatro de febrero del año dos mil nueve. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas...”.

2.- Las pretensiones de la parte actora –una vez ajustadas durante la audiencia única celebrada a las ocho horas diez minutos del siete de enero del dos mil diez-, son para que en sentencia se declare: “1) La nulidad de las siguientes actuaciones: - El acuerdo número 4 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, adoptado en la sesión número 21-89 de fecha 14 de marzo del año 1989, por medio del cual se autorizó al Departamento Legal del IDA a confeccionar la escritura de traspaso de la propiedad N° 370440, a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. - La escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de noviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal, por medio de la cual se procedió al traspaso del terreno N° 370440 a la Asociación Pro Construcción del parque Recreativo del Norte, con una medida de 23.461,41 metros cuadrados. –Inscripción en el registro Público de la Propiedad del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. 2) Se ordene por parte del Juez el desalojo inmediato de la Asociación y de los sujetos de derecho privado que se encuentran actualmente en posesión ilegítima del Parque Recreativo del Norte. 3) Se ordene al Registro Nacional de la Propiedad cancelar la inscripción registral de la propiedad inscrita bajo el Sistema de Folio Real de la Provincia de San José No. 1-370440. Asimismo, que el terreno del Parque Recreativo del Norte, recupere la inscripción registral como parte integrante de la finca No. 1-267183. 4) Se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario –de forma inmediata- adoptar todas las acciones necesarias a fin de trasladar la titularidad del terreno ocupado por el Parque Recreativo del Norte a un órgano o ente público que, conforme sus competencias legales y técnicas, reúnas las condiciones para administrar parques recreativos de naturaleza pública. 5) Mientras se ejecuta la pretensión descrita en el punto anterior, se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario, adoptar todas las medidas necesarias y pertinentes, tendientes a la conservación y mantenimiento del Parque Recreativo del Norte, para que permanezca abierto a la comunidad en general, en condiciones idóneas para el ejercicio de actividades recreativas. 6) Se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier conducta administrativa que pueda por acción u omisión de alguna forma lesionar o comprometer los terrenos del Parque Recreativo del Norte para un fin distinto de su naturaleza demanial. 7) Se declare la disconformidad con el ordenamiento jurídico de la conducta privada desarrollada por parte de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, específicamente las conductas tendientes a dar este bien inmueble un fin privativo al que le fue encomendado por parte del legislador en la ley que permitió su traspaso. 8) Se declare disconforme con el ordenamiento jurídico la conducta omisa del Instituto de Desarrollo Agrario para con el deber de recuperación de los terrenos correspondientes al Parque Recreativo del Norte. 9) Se condene a los demandados al pago de las costas de la presente acción”.

3.- Que por auto de las once horas del primero de junio del dos mil nueve (folio 113 a 117 del artículo 60 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ordenó remitir este proceso a la Sección Sexta del Tribunal, para que decidiera si le daba o no trámite preferente, pues consideró que “...el presente asunto es de gran trascendencia para el interés público, no sólo porque en principio se está “usufructuando de un bien demanial” sino porque tal circunstancia afecta en forma directa, inmediata y continua el derecho fundamental a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado...”.

4.- Que por resolución de las dieciséis horas treinta minutos del veinticuatro de junio dos mil nueve (folios 120 a 121 del expediente judicial), este Tribunal resolvió: a) Darle trámite preferente a este proceso; b) Integrar de manera oficiosa la litis consorcio pasivo necesario respecto del Centro de Excelencia Internacional y el Vivero La Sultana, a fin de participen en el proceso como terceros interesados en lo que el Tribunal resuelva en sentencia; c) Conforme a lo dispuesto en el artículo 58.1.g del Código Procesal Contencioso Administrativo, conceder a la Contraloría General de la República, el plazo de dos días hábiles, para que indicara el lugar en que podían ser habidos para efectos de notificación, los representantes legales del Centro de Excelencia Internacional y el Vivero La Sultana, a quienes se les tuvo como terceros interesados.

5.- Que por resolución de las ocho horas treinta minutos del siete de julio del dos mil nueve (folios 148 a 150 del expediente judicial), este Tribunal dispuso: a) Revocar parcialmente lo resuelto en el auto de las dieciséis horas treinta minutos del veinticuatro de junio del dos mil nueve y excluir a Vivero La Sultana como tercero interesado en este proceso y mantener únicamente en esa condición al Centro de Excelencia Internacional; b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, otorgar al Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, el plazo de tres días hábiles, para que cesara la inactividad acusada; c) Dar traslado de la demanda por el plazo de cinco días hábiles, al Instituto de Desarrollo Agrario, a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte y al tercero interesado Centro de Excelencia Internacional.

6.- El representante del INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO contestó negativamente la demanda e interpuso la excepción de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesario. Solicitó que en sentencia se declare sin lugar la demanda; se ordene en sentencia la cancelación de la inscripción registral del inmueble matrícula de folio real número Placa28288; se le exima del pago de costas (folios 161 a 169 del expediente judicial). Por su parte, el representante de la ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, contestó negativamente la demanda e interpuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva, y falta de derecho. Solicitó que en sentencia se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos (folios 170 a 174 del expediente judicial). Por último, el representante de la ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, manifestó que “... existe entre mi representada y la Asociación de Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte una relación contractual, establecida mediante el arrendamiento de parte de la propiedad objeto de este litigio; siendo que al día de hoy dicha relación contractual se encuentra vigente y bajo los parámetros y al amparo del ordenamiento jurídico costarricense. Por la razón expuesta solicito se me tenga como parte interesada en el presente proceso y se me notifique todo lo actuado por esta autoridad y las partes involucradas...” (folios 175 a 176 del expediente judicial).

7.- Por auto de las dieciséis horas treinta minutos del diecisiete de agosto del dos mil nueve (folios 178 y 179 del expediente judicial), este Tribunal dispuso: a) Conforme a lo dispuesto en los artículos 61.2 y 64 del Código Procesal Contencioso Administrativo, otorgar el plazo de tres días hábiles a los representantes legales de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte y de la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, para que subsanaran los escritos de contestación de la demanda en los términos allí expuestos; b) Otorgar audiencia a todas las partes, para que en el mismo plazo de tres días, se manifestaran sobre la solicitud para que se integre al Estado como parte demandada, que plantea el Instituto de Desarrollo Agrario.

8.- Que por resolución número 1913-2009 de las once horas del nueve de septiembre del dos mil nueve (folio 193 a 195 del expediente judicial), este Tribunal rechazó la excepción de litis consorcio pasivo necesario interpuesta por el Instituto de Desarrollo Agrario. Asimismo por auto de las catorce horas treinta minutos del nueve de septiembre del dos mil nueve, se resolvió: a) Que es a la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, a quién se le tiene como tercera interesada en este proceso y la cual se ha tenido por notificada de las resoluciones que se han dictado; b) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 inciso 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y dado que la Asociación Centro Cristiano de Excelencia –a quién se le tiene como tercero interesado- no corrigió en el plazo conferido los defectos en la contestación de la demanda, que se le previnieron en auto de las dieciséis horas treinta minutos del diecisiete de agosto del dos mil nueve, se tuvieron por admitidos los hechos por parte de esa asociación; c) Se tuvo por contestada en tiempo y en forma la demanda y, se dio audiencia por dos días hábiles a la parte actora, para que se refiriera a las oposiciones, expediente administrativo, prueba y excepciones formuladas, pudiendo ofrecer su contraprueba; d) Se señalaron las ocho horas treinta minutos del dieciséis de septiembre del dos mil nueve, para realizar un reconocimiento judicial en los terrenos objeto de este proceso.

9.- Que por resolución de las once horas treinta minutos del seis de octubre del dos mil nueve (folio 239 del expediente judicial), se convocó a las partes a una audiencia de conciliación, a celebrarse a las ocho horas del dieciséis de octubre del dos mil nueve. Que por resolución de las ocho horas del dieciséis de octubre del dos mil nueve (folio 248 del expediente judicial), la Jueza Conciliadora tuvo por fracasada dicha etapa, dado que la Contraloría General de la República en escrito visible a folio 244 del expediente judicial, manifestó no estar dispuesta a conciliar. Que por auto de las siete horas treinta minutos del veinticinco de noviembre del dos mil nueve (folio 257 del expediente judicial), este Tribunal citó a las partes a las audiencia única prevista en el artículo 60 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, a celebrarse los días 7 y 8 de enero del dos mil diez, a partir de las ocho horas.

10.- La audiencia única se celebró a las ocho horas diez minutos del siete de enero del dos mil diez, en la cual, únicamente se entró a conocer y resolver los extremos a que alude el artículo 90 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo, en consecuencia: a) se reservó para sentencia la resolución de la defensa de prescripción interpuesta por la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; b) se ajustaron las pretensiones planteadas por la parte actora, en los términos indicados en el resultado segundo de esta sentencia; c) se establecieron los hechos controvertidos y no controvertidos, trascendentales para el caso y por ende, objeto de prueba; d) se admitió la prueba documental pertinente; e) como no había prueba testimonial ni pericial por evacuar y conforme a lo dispuesto en el artículo 98.2 del mismo Código, se escucharon las conclusiones formuladas de manera oral por todas las partes y se declaró el proceso como de trámite complejo. Que dicha audiencia fue grabada en el sistema audiovisual correspondiente, grabación que corre agregada al expediente en un legajo especial.

11.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión y la sentencia se dicta y se notifica dentro del término establecido en los artículos 60 inciso 6) y 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación con el inciso 3) del artículo 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta Jurisdicción.- Redacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de los jueces Garita Navarro y González Vílchez; y, C O N S I DE R A N D O:

Io.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso: 1) Que en el Alcance número 32 al Diario Oficial La Gaceta número 43 del primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, se publicó el Decreto Ejecutivo número 8005-G, en cuyo considerando primero se indica: “...con el objeto de realizar la construcción de bodegas para la venta y distribución de productos de los asentamientos campesinos, así como las instalaciones y edificio del Instituto de Tierras y Colonización y evitar así los altos pagos por concepto de alquileres, es necesaria la adquisición de la finca, propiedad de la sociedad La Cornelia Limitada, inscrita en el Partido de San José del Registro de la Propiedad, tomo mil quinientos seis, folio cuatrocientos treinta y siete, número ciento treinta y cinco mil novecientos noventa y seis, asiento dos, que es denominado Finca Venegas, hoy cultivado de café y potrero con casa en él ubicada de madera...”. Que en razón de lo anterior, el artículo 1 de ese mismo Decreto Ejecutivo dispone que: “...Con fundamento en la ley número 36 del veintiséis de junio de mil ochocientos noventa y seis adicionada por Decreto Legislativo número 78 de veinticuatro de junio de mil novecientos treinta y ocho, exprópiase la finca propiedad de Sociedad La Cornelia, descrita en el considerando uno de este decreto...” (ver el Alcance número 32 a La Gaceta número 43 del primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho); 2) Que en el Diario Oficial La Gaceta número 48 del ocho de marzo de mil novecientos setenta y ocho, se publicó el Decreto Ejecutivo número 8059-G, en el cual, se dispone reformar lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo número 8005-G-, pues se consideró que “...en vista de que para la construcción de bodegas para la venta y distribución de productos de los asentamientos campesinos y que para la construcción del edificio del Instituto de Tierras y Colonización, no es necesario adquirir la totalidad de la finca número ciento y cinco mil novecientos noventa y seis, propiedad de Sociedad “La Cornelia Limitada”, toda vez que de conformidad con los planos que para tales efectos se tienen el área que se necesita es menor, resulta consecuentemente de poca conveniencia expropiar todo el inmueble. 2.- Que siendo la superficie que se necesita de diez hectáreas dos mil ochocientos ochenta y cinco metros noventa y cinco decímetros cuadrados, lo que procede es reformar el Decreto Ejecutivo que ordenó la novecientos setenta y ocho); 3) Que por escritura número 20 otorgada a las quince horas quince minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario Público Eduardo Ching Murillo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos número 8005-G y 8059-G, la sociedad “La Cornelia Limitada” le vendió al Estado, el lote A descrito como terreno cultivado de café y potrero con una casa de habitación de madera en él ubicada, con una medida de diez hectáreas dos mil ochocientos ochenta y cinco metros, noventa y cinco decímetros cuadrados, que forma parte de la finca madre inscrita en el Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de San José, tomo mil quinientos seis, folio cuatrocientos treinta y siete, número ciento treinta y cinco mil novecientos noventa y seis, asiento dos, que es denominado finca Venegas, situado en los Dirección17411 de San José. Que el representante del Estado “...debidamente autorizado por los Decretos Ejecutivos antes relacionados y por oficio del ministerio de Gobernación de esta fecha traspasa al Instituto de Tierras y Colonización en este acto la propiedad del lote que por esta misma escritura adquiere el Estado, a fin de que ese Instituto la destine a los fines que se indican en los Decretos Ejecutivos de repetida cita...” (ver folios 29 a 34 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario); 4) Que el inmueble que fue traspasado al Instituto de Tierras y Colonización, mediante escritura número 20 otorgada a las quince horas quince minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario Público Eduardo Ching Murillo, fue inscrito en el Registro Público, al tomo 2652, folios 13-15, asiento 1, matrícula de folio real número Placa28289, del Partido de San José, cuya naturaleza se describe como terreno para construir (ver folios 02 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República y 33 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario); 5) Que por escritura número 112 otorgada a las veinte horas del quince de octubre de mil novecientos ochenta y seis, ante el Notario Público Ciro Casas Zamora, se constituyó la Asociación Pro Construcción Parque Recreativo del Norte, cuyos objetivos principales, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de sus estatutos, constituyen: “...fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar la construcción de un parque recreativo y natural para el esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San José, y los ciudadanos en general. El fomento de la actividad mediante la construcción de mejoras para el esparcimiento y práctica deportiva y de la contemplación de la naturaleza, y recaudación de fondos para el desarrollo del mismo a travez (sic) de sesiones periódicas, asesorías profesionales, actividades de servicio a la comunidad, conferencias, programas de divulgación y demás medios afines...”. Que dicha asociación, fue inscrita en el Registro de Asociaciones bajo el expediente número 2394, folios 1 al 12, tomo 1, asiento 21 (ver folios 91 y 92,, 99 a 109 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República); 6) Que en el Alcance número 25 al Diario Oficial La Gaceta número 166 del primero de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, se publicó la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 del dieciocho de agosto de ese mismo año, en cuyo artículo 16 inciso 22 disponía: “...Autorízase al Instituto de Desarrollo Agrario para que segregue y le done a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, un lote de hasta 25.000,06 metros cuadrados (veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros cuadrados), que colinda al norte con calle pública, al este con urbanización Los Colegios, al sur con el Instituto de Desarrollo Agrario y al oeste con la Sucesión Nombre143359 . Esta finca está inscrita en el partido de San José, tomo 2652, folio 13, N° 267183, asiento 1, situada en los distritos Anselmo Llorente y San Vicente de los cantones de Tibás y Moravia. Ese terreno se utilizará exclusivamente en la construcción del proyecto denominado Parque Recreativo del Norte...” (ver el Alcance número 25 al Diario Oficial La Gaceta número 166 del primero de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho; y los folios 11 a 14 del Contraloría General de la República); 7) Que el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, se inscribió en el Catastro Nacional el plano número SJ-770593-88, correspondiente a un inmueble propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, con un área de 2 hectáreas 3461, 41 metros cuadrados, ubicado en el Distrito San Vicente, del Cantón de Moravia de la Provincia de San José, que forma parte de la finca inscrita en el Registro Público al tomo 2652, folio 13, asiento 1, número Placa28290 (ver folio 11 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República); 8) Que por acuerdo número IV adoptado en la sesión número 21-89 celebrada el catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, dispuso: “...1. Se autoriza al Departamento Legal, confeccionar la respectiva escritura de traspaso y donación, de conformidad con lo establecido en la norma de presupuesto, Ley No. 7097 publicada en el Alcance No. 25 de La Gaceta No. 166 del 1° de setiembre de 1988, de un lote con un área de 2 HA.3461,41m2., según plano catastrado SJ-770.593-88, que se ha de segregar de la finca ubicada en los Cantones de Tibás y Moravia, propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, a favor de la Asociación Pro- Construcción del Parque Recreativo del Norte (...) 3. Se consigna el voto negativo del Licenciado Alexis Gómez Guillén, Director, en razón de que en su condición de abogado, considera que la autorización del traspaso de ese lote, se basa en una norma presupuestaria, que a criterio suyo es inconstitucional. Asimismo quiere dejar constancia que es partidario de que se construyan centros como ese y se financien por cuenta del Estado, pero dentro del ordenamiento legal vigente...” (ver folios 102 y 103 del expediente judicial); 9) Que por escritura número 1, tomo 10, otorgada a las dieciséis horas del catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Público Julio Sánchez Carvajal, y en cumplimiento de lo dispuesto en la norma de presupuesto, Ley número siete mil noventa y siete publicada en el Alcance número 25 de La Gaceta número 166 del primero de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, y conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario en número IV adoptado en la sesión número 21-89 celebrada el catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, el Instituto de Desarrollo Agrario le segregó y donó a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, el lote descrito como “...terreno hoy para construir el Parque Recreativo del Norte, sito en el Dirección17412 , ...”, que mide 2 HA.3461,41m2. según plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número SJ-770593-88 con fecha siete de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que forma parte de la finca madre inscrita en el Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de San José, tomo 2652, folio 13, número 267183, asiento 1, situado en los Dirección17413 , que se describe como “...terreno parte cultivado de café, un edificio en construcción, un taller mecánico, y oficina administrativa...” y que una vez hecha la segregación del lote donado a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, tiene una cabida de siete hectáreas, nueve mil cuatrocientos veinticuatro metros, cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (hecho no controvertido, ver folios 06 a 10 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República y respaldo audiovisual de la audiencia preliminar); 10) Que la donación del inmueble descrito, se hizo con base en las siguientes limitaciones, que fueron aceptadas por la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, a saber: “...D) Que el comprador o los compradores no podrá traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo, o subdividirlo sin la autorización previa del Instituto vendedor, excepto que hayan transcurrido quince años contados a partir de esta fecha (...) Transcurridos los quince años dichos, cualquier enajenación de la o de las parcelas que a juicio del Instituto vendedor pueda producir una concentración o subdivisión excesiva de la propiedad dará derecho a éste para adquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta (...) F) Que el incumplimiento por parte de los compradores o de las personas a quienes estos hayan transmitido sobre las parcelas aquí adquiridas de cualesquiera de las obligaciones que señala la Ley de Tierras y Colonización número dos mil ochocientos veinticinco de catorce de octubre de mil novecientos sesenta y uno y sus reformas, dará derecho al Instituto vendedor para revocar administrativamente la adjudicación o nulidad y para solicitar al Registro Público que la parcela o lote sea inscrito nuevamente a nombre del Instituto vendedor, quién pagará a quien en el Registro aparezca como dueño al momento de la revocatoria el precio original de compra y el valor de las mejoras que se hubieran introducido en el inmueble de conformidad con el avalúo que al respecto realizará un perito de la Institución vendedora...” (ver folios 08 a 10 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República); 11) Que el inmueble traspasado a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, mediante escritura número 1, tomo 10, otorgada a las dieciséis horas del catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Público Julio Sánchez Carvajal, fue inscrito en el Registro Público el diecinueve de enero de mil novecientos noventa, bajo el Sistema de Folio Real, Provincia de San José, matrícula número Placa28291, cuya naturaleza se describe como terreno para construir parque recreativo (hecho no controvertido, ver folios 03 y 04 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República y respaldo audiovisual de la audiencia única); 12) Que el inmueble inscrito bajo matrícula de folio real número Placa28291, se encuentra ubicado en el Dirección17414 , , de la Provincia de San José (hecho no controvertido, ver folios 02 y 11 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República y respaldo audiovisual de la audiencia única); 13) Que en las Leyes de Presupuesto dictadas por la Asamblea Legislativa durante el período comprendido entre los años 1987 a 1992, se incorporaron a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, las subpartidas presupuestarias destinadas a la construcción, obras o servicios de mantenimiento del parque, que se desglosan de la siguiente forma: a) año 1988, Ley 7089, código presupuestario número 13090270245712413010, para Construcción del Parque, monto ¢6.000.000 (seis millones de colones); b) año 1989, ley número 7111, código presupuestario 13090270278212413010, para Construcción del Parque, monto ¢10.000.000 (diez millones de colones); c) año 1989, ley 7111, código presupuestario 1177657020124145230, para construcción del parque, monto ¢10.000.000 (diez millones de colones); d) año 1990, ley número 7141, código presupuestario 1177657020113145630, para construcción del parque, monto ¢6.000.000 (seis millones de colones); e) año 1990, ley número 7216, código presupuestario 13090270256512413010, para obras en el parque, monto ¢225.000 (doscientos veinticinco mil colones); f) año 1990, ley número 7216, código presupuestario 13090263756811313010, para servicios de mantenimiento en el parque, monto ¢15.000 (quince mil colones); g) año 1992, ley número 7272, código presupuestario 13090270250827241284, para obras en el Parque Recreativo del Norte, monto ¢500.000 (quinientos mil colones) (ver folios 13 a 15 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República; 17 y 18 del expediente administrativo del IDA); 14) Que por oficio número DAJ-403-2006 del dieciséis de abril del dos mil seis, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA rindió un informe al Presidente Ejecutivo de esa misma entidad, sobre el Parque Recreativo del Norte, en el que entre otros aspectos, indica que: “...4- El terreno quedó debidamente inscrito a favor de la citada asociación y generó el Folio Real de San José, número 370.440-000, quedando con limitaciones de la Ley de Tierras y Colonización por un espacio de 15 años, por lo que las mismas vencieron el 14 de noviembre del año 2004...” (folio 95 del expediente administrativo del IDA); 15) Que por oficio número DAMM 675-04-06 del veinticinco de abril del dos mil seis, el Alcalde Municipal de Moravia, puso en conocimiento del Instituto de Desarrollo Agrario “...algunas irregularidades que se han venido produciendo con el tiempo, con relación a un inmueble que hoy es conocido como Parque Recreativo del Norte, a efecto de que se interpongan los buenos oficios y darle una solución definitiva a los mismos (...) Adicionamos, como los miembros de la Junta Directiva de la Asociación han variado la naturaleza del inmueble, convirtiendo el gimnasio deportivo que se ubica en él, en un centro de supuesta convención, pero lo cierto es, que su nuevo rumbo es el de una iglesia...” (ver folios 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario; y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial del dieciséis de septiembre del dos mil nueve); 16) Que por oficio número DAJ-409 del dieciséis de mayo del dos mil seis, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA, rindió ante la Junta Directiva de esa misma entidad, un informe relacionado con los hechos puestos en conocimiento por el Alcalde Municipal de Moravia, mediante oficio DAMM 675-04-06 del veinticinco de abril del dos mil seis, en cuyas conclusiones indica: “...De conformidad con lo Inconstitucionalidad de la norma atípica y como consecuencia pedir la nulidad de la escritura de traspaso, pues en todos los demás casos nuestros derechos están prescritos o caducos. Se hace la observación que de acoger la Sala nuestra tesis, eventualmente tendríamos que reconocer a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, las mejoras introducidas por ellos en el terreno, pues no podemos afectar derechos adquiridos de buena fe. De acogerse la recomendación de la Dirección de Asuntos Jurídicos sería conveniente que la Junta tome un acuerdo en ese sentido y autorice al señor Presidente Ejecutivo a plantear la respectiva acción. No comparte esta Dirección la posición del señor Alcalde Municipal en el sentido de que solo el Instituto tiene legitimación para accionar puesto que como se explicó al no estar en presencia de una lesión directa o individual, de ahí que la acción la puede presentar cualquier persona...” (ver folios 75 a 79 del 018-06 celebrada el veintidós de mayo del dos mil seis, la Junta Directiva del IDA de conformidad con el oficio número DAJ-409-06 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa misma entidad, acordó: “...1. Dar audiencia al Alcalde Municipal de Moravia; 2. Comisionar a la Presidencia Ejecutiva, a efecto de formular una consulta, tanto a la Procuraduría General de la República, como a la Auditoría Interna del Instituto, sobre el fondo de este asunto tomando en cuenta el propio criterio vertido por la Asesoría Legal del Instituto...” (folio 74 del expediente administrativo del IDA); 18) Que por oficio número FOE-DDJ-3035 del veintiuno de septiembre del dos mil seis, la Contraloría General de la República, trasladó al Instituto de Desarrollo Agrario una denuncia contra la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte y su Presidente, “...por supuestas irregularidades en el manejo de fondos y bienes donados por el Estado para la construcción de ese parque, partidas específicas y lote del IDA y por el cierre de este inmueble al público...”. Que la Junta Directiva del IDA por acuerdo número 33 adoptado en la sesión número 033-06 celebrada el dos de octubre del dos mil seis, conoció el oficio FOE-DDJ-3035 del veintiuno de septiembre del dos mil seis, de la Contraloría General de la República y acordó “...comisionar al Asesor Legal de la Junta Directiva, presentar ante esta Junta Directiva un informe del estado actual del presente caso a efecto de informar al interesado...” (ver folios 17, 18, 73 del expediente administrativo del IDA); 19) Que en la edición digital del Periódico La Nación, correspondiente al lunes veinticinco de diciembre del dos mil seis, salió publicado un artículo que se titula “Fiscalía investiga supuesto peculado en parque público”, en el cual, se indica -entre otros aspectos-, que “...Una investigación de La Nación reveló, en mayo pasado, que el terreno donado por el IDA para que la comunidad tuviese un parque, se encuentra cercado y dividido con mallas de alambre y que el público sólo tiene acceso al 15% del espacio. La Asociación alquila el resto de la propiedad, incluido el gimnasio, a un grupo religioso y un vivero, y a actividades comerciales...” (ver folios 17 y 18 del expediente administrativo del IDA, y 126 del legajo de prueba de la CGR); 20) Que por oficio número FOE- DDJ-0317 recibido el ocho de marzo del dos mil siete, la Contraloría General de la República, solicitó “...información sobre las acciones tomadas por el IDA en relación con la problemática presentada con el uso del denominado Parque Recreativo del Norte...”. Que la Junta Directiva del IDA por acuerdo número 9 de la sesión 010-07 celebrada el doce de marzo del dos mil siete, conoció el oficio número FOE-DDJ-0317 y acordó “...informar a la Contraloría General de la República, de que ya está elaborada la acción de inconstitucionalidad y a su vez peticionar a dicho Órgano para que coadyuve en dicha acción de inconstitucionalidad, la cual se va a presentar en su momento...” (ver folio 71 del expediente administrativo del IDA); 21) Que al dos de julio del dos mil siete, el Centro de Excelencia Internacional y el Vivero La Sultana, ocupaban una porción del inmueble inscrito bajo matrícula de folio real número Placa28291, que conforme a lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto número 7097, fue destinado a la construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios 1, 110, 112 a 122, 126 del legajo de prueba de la CGR y 140 del la República interpuso acción de inconstitucionalidad contra el artículo 16 inciso 22 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 del dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, que había autorizado al IDA a segregar un lote de hasta 25.000,06 metros cuadrados de la finca número 267183, inmueble que actualmente se encuentra inscrito bajo matrícula de folio real número Placa28287. Que a dicha acción de inconstitucionalidad se le asignó el número de expediente 07-013901-0007-CO (hecho no controvertido, ver folios 17 a 26 del legajo de pruebas de la CGR y respaldo audiovisual de la audiencia única); 23) Que por sentencia número 2008-00056 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada en artículo 16 inciso 22) de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, en cuanto permitió al Instituto de Desarrollo Agrario segregar y donar a una Asociación un terreno de veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros de su propiedad, es inconstitucional por el procedimiento legislativo que se siguió. Se trata de una norma atípica ajena al contenido presupuestario, a través de la cual se dispone que una propiedad de un ente autónomo del Estado, por lo que resulta contraria al Derecho de la Constitución. Por lo anterior, es claro que la norma que aquí se analiza resulta inconstitucional, y en consecuencia, debe anularse, advirtiendo que será en la vía ordinaria donde se determine la existencia de derechos adquiridos, o la necesidad de pagar o no mejoras sobre la propiedad cuyo traspaso se está anulando con la norma en cuestión...”. Que por ende, el Por Tanto de dicha sentencia, dispone: “Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 16 inciso 22) de la Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, publicada en el Alcance NO. 25 a La Gaceta No. 166 del 1° de septiembre de 1988, que es Ley de Presupuesto Extraordinario de la República, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese” (ver folios 65 a 71 del legajo de pruebas de la CGR; 10 y 70 del expediente administrativo del IDA); 24) Que por oficio número PE-0123-2008 del catorce de enero del dos mil ocho, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, le solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa misma entidad, que analizara “...el voto de la Sala Constitucional que anuló la norma presupuestaria mediante la cual se donó terreno para parque recreativo del norte. De conformidad con la información obtenida, esta Presidencia Ejecutiva requiere criterio jurídico sobre la situación planteada, posibilidad de recuperación del bien en cuestión, si existen derechos a favor de particulares que puedan afectar o, si existen derechos a favor del IDA que deban ser custodiados...” (ver folio 96 del legajo de prueba de la CGR y 9 del expediente administrativo del IDA); 25) Que por oficio número DAJ-048-08 del veintitrés de enero del dos mil ocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos en contestación al oficio número PE-0123-2008 del catorce de enero del dos mil ocho suscrito por el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, informó que: “...Si bien es cierto, la Sala Constitucional anula la norma mediante la cual el IDA traspaso un inmueble a la Asociación Parque Recreativo del Norte, de conformidad con el artículo 91 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, esa declaratoria tiene efectos declarativos y retroactivos, así el acto administrativo que autorizó el traspaso se tendría como no existente, regresando las cosas a su estado original, es decir, revirtiendo el terreno al patrimonio de la Institución. Sin embargo, no se tiene certeza actualmente respecto a, si en el voto la Sala Constitucional anula el traspaso en sí mismo y, ordena la cancelación del asiento registral o, si es omisa en ese sentido. En el supuesto de que la Sala Constitucional anule el acto de traspaso y ordene cancelación de asiento registral como consecuencia, dicho acto solamente lo podría ejecutar la Contraloría General de la República, puesto que fue ésta quien interpuso la acción y, al IDA no se le dio participación dentro del proceso (...)” Ahora bien, el voto se encuentra en este momento en proceso de firmas de los señores Magistrados de la Sala Constitucional, por lo que su conocimiento integral, será una vez concluido (sic) esta etapa procesal, la que nos permitirá conocer con mayor seguridad, lo pertinente a la nulidad del acto mismo del traspaso, la nulidad del asiento registral como consecuencia inmediata y, la reversión del inmueble al patrimonio de la institución...” (folios 97 a 98 del legajo de pruebas de la CGR; 7 a 8 del expediente administrativo del IDA); 26) Que el aviso a que hacen referencia los artículos 88 y 90 párrafo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto a la publicación de la parte dispositiva de la sentencia, fue publicado en los Boletines Judiciales números 41, 42 y 43, de fechas 27, 28 y 29 de febrero del dos mil ocho, respectivamente (hecho no controvertido, ver folios 72, 93 a 95 del legajo de prueba de la CGR y respaldo audiovisual de la audiencia única); 27) Que el cinco de abril del dos mil ocho, la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, suscribió un contrato de arrendamiento con la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, sobre una parte del inmueble ubicado en el Dirección1834 , del Dirección4667 , de la provincia de San José, inscrito a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio real matrícula número Placa28291, “...específicamente el terreno ubicado de las canchas deportivas hacia el oeste, hasta la quebrada (río), terreno con una medida aproximada de veinte mil metros cuadrados, y que en la actualidad consta de un gimnasio construido y áreas verdes. TERCERA: Que dicha propiedad, será destinada por el Arrendatario para la realización de servicios religiosos o eventos afines, que ayuden al desarrollo integral de (sic) sociedad y los individuos. CUARTA: El plazo de este contrato será de diez años a partir del día ocho de abril del dos mil ocho, pudiendo prorrogarse por períodos iguales hasta completar treinta años. Las prórrogas correspondientes a cada año deberán necesariamente formularse por escrito en un nuevo contrato o addendum; no existiendo prórrogas automáticas ni tácita (sic). QUINTA: El precio del arrendamiento de la propiedad indicada, será de dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil colones exactos (2.462.000,00), y se establece un aumento anual del diez por ciento en el pago por concepto de arrendamiento de la propiedad...” (ver folios 275 a 278 del expediente judicial); 28) Que por oficio número PUMM-100-032006 del doce de junio del dos mil seis, el Dr. Nombre143360 de Planificación Institucional de la Municipalidad de Moravia, indica que “...la propiedad inscrita en el FR n. 370440, según plano catastrado SJ-770593-88, el uso de suelo correspondiente al Parque del Norte corresponde, según el Reglamento del Plan Regulador en su Art. 10, a la Zona Pública Institucional de San Vicente...”. Que dicha información la reitera en oficio número D.P.U.M.M. 705-2008 del veintiuno de julio del dos mil ocho, documento en el cual, también indica que “...las zonas de uso público tienen por objeto el establecimiento de facilidades culturales, educativas, recreativas y administrativas, convenientes para un apropiado desarrollo de la ciudad... (folio 104 a 106 del ocho, el Director del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, le indicó a la Directora del Departamento de Asesoría Legal de esa misma Asamblea, que con relación a los fondos públicos que fueron otorgados a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, durante el período de 1987 a 1992, “...hemos procedido a revisar las distintas leyes de presupuesto, ordinarios y extraordinarios, que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa durante el período solicitado y, como resultado de dicha búsqueda, le remito adjunto los datos de las subpartidas presupuestarias incorporadas para dicho ente en los años señalados, aclarando que este Departamento no cuenta con las liquidaciones a dichos egresos, las cuales deberán ser revisados por el ente (sic)contralor en los documentos oficiales en su poder...” (ver folio 14 del expediente judicial); 30) Que por oficio número Placa28292 del 16 de diciembre del dos mil ocho, la Gerente General del IDA le solicitó al Director de Asuntos Jurídicos, que “...a la brevedad posible, me informe de los efectos que tuvo la declaratoria de nulidad del artículo 16, inciso 22, de la Ley N° 7097 del 18 de agosto del 1988, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República, con respecto al acto mediante el cual el IDA traspasó el inmueble a la Asociación Parque Recreativo del Norte...” (folio 6 del expediente administrativo del IDA); 31) Que por oficio número DAJ-205 del 16 de marzo del dos mil nueve, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA, le informó a la Gerente General, que por sentencia número 00056-2008 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, se declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Contraloría General de la República y en consecuencia, se anuló por inconstitucional el artículo 16 inciso 22) de la Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, publicada en el Alcance No. 25 a La Gaceta No. 166 del 1° de septiembre de 1988, que es Ley de Presupuesto Extraordinario de la República, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Asimismo se indicó, que en el expediente número 09-00076-1027-CA, se tramita proceso contencioso administrativo interpuesto por la Contraloría General de la República contra el Instituto de Desarrollo Agrario y la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios 3 y 4 del expediente administrativo del IDA); 32) Que por oficio número DAJ-542-09 del diecisiete de junio del dos mil nueve, dirigido al Presidente Ejecutivo del IDA, la Dirección de Asuntos Jurídicos le adjuntó “...el borrador para solicitar información al Ministerio de Hacienda sobre las partidas giradas a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; esto debido a que se necesita en el proceso contencioso administrativo interpuesto por la Contraloría General de la República contra el IDA y la Asociación, para demostrar que las obras construidas en dicho parque se ejecutaron con fondos públicos y así en caso de que la Asociación alegue el pago de mejoras introducidas, argumentar que las mismas se realizaron con fondos públicos...” (ver folio 1 del expediente administrativo del IDA); 33) Que por oficio número DPMM-110-07-2009 del primero de julio del dos mil nueve, el Encargado del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Moravia, indicó que en la finca número Placa28293, Mapa 09-239-002, plano catastrado número Placa28294, “...funciona en la actualidad, únicamente una entidad de Iglesia Cristiana, misma a la que, legalmente está exenta de exigírsele tributo por licencia comercial. Desde el año 2002 y hasta fines del 2007, funcionó un vivero, el mismo cerró operaciones en el sitio en el 2007 y persiste la cuenta comercial en estado moroso. De esa fecha hasta el presente, no se ha vuelto a tramitar licencia de patente...” (folio 140 del Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA, rindió al Secretario General del Instituto de Desarrollo Agrario, un informe sobre el Parque Recreativo del Norte y recomendó “...la autorización del inicio de las gestiones, ya sean administrativas o judiciales, a efecto de proceder con la recuperación del inmueble matrícula Placa28291 del Partido de San José que se encuentra a nombre de la Asociación mencionada y ordenarse la cancelación de la inscripción en el Registro Público, para poder incluir el terreno dentro del patrimonio del Instituto...”, las que fueron aprobadas por la Junta Directiva del IDA, mediante acuerdo número 27 de la sesión ordinaria número 026-2009 celebrada el 28 de julio del dos mil nueve (folios 157 a 160, 274 del expediente judicial); 35) Que el dieciséis de septiembre del dos mil nueve, este Tribunal realizó una diligencia de reconocimiento judicial en el Parque Recreativo del Norte y constató que la zona que está abierta al público, es la correspondiente a las canchas de basketball y al área de juegos infantiles, la cual, se encuentra separada del área en que se encuentra ubicado el gimnasio que ocupa el Centro de Excelencia Internacional, por medio de una malla de alambre. Que el acceso a la zona del gimnasio es restringido, no sólo porque el portón de acceso se encuentra cerrado, sino porque hay un guarda ubicado en una caseta que vigila el ingreso a esa área. Que el sector en que se encontraba el Vivero La Sultana, también es de ingreso restringido, pues el portón de acceso también se encuentra cerrado, aunado a que en dicho lugar viven dos personas que manifestaron dedicarse a cuidar esa área (ver respaldo audiovisual del reconocimiento judicial); 36) Que de la finca inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, bajo matrícula de folio real número 267183-000 del Partido de San José, también se segregó un terreno con una medida de 5.040, 88 m2 a favor de la Orquesta Sinfónica Nacional; asimismo, se vendió al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en c.37.223.910,00 (treinta y siete millones doscientos veintitrés mil novecientos diez colones), un inmueble de 2 Has. 0679,95 m2 (folio 33 del expediente administrativo del IDA); 37) Que el lindero sur del terreno con plano catastrado número Placa28295, ha sufrido una alteración, pues ya no colinda con la finca madre número 1-267183 propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como se indica en la inscripción registral del Partido de San José, matrícula Placa28291 y en el plano catastrado número Placa28295, sino con calle pública (ver folios 3, 11 y 126 del legajo de pruebas de la CGR y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el 16 de septiembre del dos mil nueve).

IIo.- HECHOS NO PROBADOS. Se tienen por indemostrados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso: a) Que las instalaciones construidas en el Parque Recreativo del Norte, se hayan financiado con fondos privados (no se desprende dicha circunstancia de los documentos visibles a folios 14 y 15 del legajo de prueba de la CGR; 9, 17 y 18 del expediente administrativo del IDA); b) Que las subpartidas presupuestarias incorporadas en las Leyes de Presupuesto comprendidas en el período 1987-1992, no le hayan sido otorgadas a la Asociación Pro Parque Recreativo del Norte, para efectos de construcción, obras o servicios de mantenimiento en el parque (no se desprende dicha circunstancia de los documentos visibles a folios 14 y 15 del legajo de prueba de la CGR; 9, 17 y 18 del expediente administrativo del IDA); c) Que la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, se le haya declarado de utilidad pública por las autoridades competentes (no hay prueba en el expediente) .

IIIo.- OBJETO DEL PROCESO. La parte actora estima que el acuerdo número 4 adoptado por la Junta Directiva del IDA en sesión número 21-89 del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, por medio del cual, se autorizó el traspaso del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88 a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, con base en lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097; así como, la escritura número 1 otorgada por el Notario Público Julio Sánchez Carvajal a las dieciséis horas del catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, mediante la cual, se procedió al traspaso del inmueble indicado, y por último, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Partido de San José número Placa28293, citas de presentación 376-14871-01, adolecen de un vicio de nulidad absoluta, por las siguientes razones: 1) Porque el traspaso del inmueble con plano catastrado número Placa28295, a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, se basó en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097, que fue declarado inconstitucional, mediante sentencia número 2008-000056 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, por ser una norma atípica; 2) Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88, 89 y 90 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma citada, provoca por conexidad clara y directa, la nulidad absoluta de los actos de autorización del traspaso; de la escritura de segregación y donación del inmueble a la asociación demandada y la inscripción a su nombre en el Registro Público bajo matrícula número Placa28293, cuyos efectos se deben retrotraer a la fecha de vigencia de la norma declarada contraria a la Constitución, a saber: 18 de agosto de 1988; 3) Que independientemente de la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley número 7097, el inmueble número Placa28293 no perdió su condición de pertenencia al dominio público y por ende, de las garantías de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, pues en el caso concreto del Parque Recreativo del Norte, la afectación a un uso público del inmueble número 370440, no sólo se deriva de la voluntad expresada en ese sentido por parte del legislador en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097, al indicar que el terreno se utilizará exclusivamente en la construcción del proyecto denominado Parque Recreativo del Norte; sino también, de la utilización pública, notoria y continuada de ese terreno, sin importar que su titularidad registral se encuentre a nombre de un sujeto de derecho privado, como lo es, la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, puesto que lo importante, es la naturaleza y uso públicos que presenta el inmueble y sus instalaciones. Que en consecuencia, la presunción de demanialidad no implica que los bienes se encuentren inscritos en el Registro Nacional a nombre de una institución pública, conforme al principio de in-matriculación; 4) Que en todo caso, el terreno segregado que originó la propiedad número 370440, pertenecía originalmente a la finca madre número 267183, que fue y sigue siendo propiedad del IDA, razón por la cual, desde su origen el terreno ocupado por el parque es público. Asimismo, el Plan Regulador del Moravia establece que la propiedad perteneciente al parque recreativo del norte, es zona pública institucional; aunado a que la de conformidad con la información que consta en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, la naturaleza de la propiedad 370440, se describe como destinada a construir un parque recreativo; 5) Que las partidas específicas dispuestas en las Leyes de Presupuesto Nacional comprendidas entre los años 1987 a 1992, a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, son fondos públicos, destinados a cumplir los objetivos y fines de dominio público que fundamentaron la donación del inmueble 370440, como lo es, la consecución de beneficios de recreación y esparcimiento para las comunidades del sector norte de la ciudad capital; 6) Que la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, no sólo ha desconocido los fines para los cuales fue constituida, sino que también, decidió ignorar la condición en que le fue otorgado el terreno y disponer del mismo para otros fines privados, que son incompatibles con el destino de uso público al que fue afectado dicho inmueble, como lo son: el arrendamiento de una parte del inmueble a favor de una congregación religiosa; 7) Que por ser un bien demanial, la posesión ejercida por la demandada por más de diecinueve años y el título traslativo de dominio que se originó en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097 que se fue declarado inconstitucional, no le deriva ningún derecho sobre dicho inmueble, más si se toma en cuenta que desde un principio la ley fue clara al establecer que el terreno se utilizará exclusivamente para la construcción del denominado Parque Recreativo del Norte; 8) Que la condición de inembargable, inalienable e imprescriptible de ese bien demanial, imposibilitan que se de una prescripción adquisitiva a favor de sujetos particulares, sin importar el transcurso del tiempo, ya que los parques públicos por las normas de orden público que los rigen, no pueden ser objeto de posesión particular, ni ser sujetos al comercio de los hombres; 9) Que los derechos adquiridos se refieren únicamente a beneficios patrimoniales legítimos, sobre negocios o actos físicos y legalmente posibles en ejercicio de un derecho y con base en parámetros de buena fe, que hubieran ingresado al patrimonio de la asociación demandada. En ese sentido, existe una clara imposibilidad jurídica de que existan derechos adquiridos, a efecto de que la asociación sea la propietaria de un bien de dominio público, que se encuentra fuera del comercio de los hombres, conforme a lo dispuesto en el artículo 631 del Código Civil, aún y cuando haya existido tolerancia o tardanza de la Administración en recuperar el bien. En todo caso, este proceso no es donde procede determinar si hay o no derechos adquiridos de carácter patrimonial, que efectivamente hubiesen ingresado al patrimonio de la Asociación; 10) Que la solicitud de reconocimiento de mejoras, no es conforme con la posición que como parte demandada ostenta la Asociación en este proceso. Si estima que le deben ser reconocidos beneficios como los solicitados, tendrá que acudir a otras figuras procesales, pues el objeto de este proceso, es la recuperación de un bien a su uso público, aunado a que la Contraloría General de la República, no ostenta la legitimación pasiva necesaria a efectos de discutir el reconocimiento o denegación de ese rubro; 11) Que no existe ninguna acción administrativa o jurisdiccional de parte del IDA, que sea relevante a efectos de lograr la efectiva recuperación del inmueble inscrito bajo matrícula Placa28293, a pesar de que el IDA conocía el contenido de la sentencia dictada por la Sala Constitucional, mediante la cual, declaró que inciso 22 del artículo16 de la Ley 7097 era contrario a la Constitución Política. Por su parte, la Representante del Instituto de Desarrollo Agrario, alega que: a) Al haber transcurrido más de diecinueve años desde que se hizo efectivo el traspaso del inmueble Placa28293 a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, se consolidó el título traslativo de dominio que se generó a favor de aquella, con base en lo dispuesto por la norma presupuestaria, que no se sino hasta el año dos mil ocho, que se declaró inconstitucional. Que en consecuencia, sólo con una orden jurisdiccional podía cancelarse la inscripción en el Registro Público del inmueble 370440; b) Dado que el IDA procedió a traspasar el inmueble objeto de conflicto con fundamento en una Ley de la República, y al tenerse por vencidas las limitaciones impuestas por el plazo de quince años, la posibilidad de disposición o recuperación de ese terreno son casi nulas, en virtud de que entró en la esfera privada de la asociación a la cual se le donó; c) Que si bien es cierto, la Ley de Presupuesto Extraordinario establecía que el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88 se destinaría a la construcción del Parque Recreativo del Norte; también lo es, que la administración de parques no es competencia del IDA, por lo que, no podía atribuirse competencias que no le correspondían; d) Que en virtud de la naturaleza de bien demanial del parque recreativo del norte, no sólo le correspondía al IDA realizar las acciones tendentes a recuperar el inmueble, sino a cualquier “institución del Estado, ya que todas las instituciones tienen la obligación de velar por el correcto destino de los bienes que pertenecen al Estado...”; d) Que si la condición de parque fue concedida con fundamento en una norma declarada inconstitucional, no existe fundamento legal para que en sentencia, se ordene el traspaso del inmueble 370440 a algún otro órgano o ente que pueda administrarlo, ya que con la declaratoria de nulidad del acto de traspaso, de la escritura y de la inscripción en el Registro, dicho terreno nuevamente ingresaría al patrimonio del IDA; e) Que por oficio número DAJ-667-09 del nueve de julio del dos mil nueve, se recomienda a la Junta Directiva del IDA proceder con las acciones tendientes a recuperar el inmueble objeto de disputa. Que en todo caso, mediante acuerdos número 33, sesión 018-06 del veintidós de mayo del dos mil seis; número 9, sesión 010-07 del doce de marzo del dos mil siete; la Junta Directiva del IDA se pronunció sobre las acciones a seguir a consecuencia de las denuncias interpuestas por la Municipalidad de Moravia y la Contraloría General de la República, respecto a la situación del Parque Recreativo del Norte. Por su parte, el representante de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, indica que: a) Que el inmueble que se traspasó a su representada, es un bien sujeto al derecho privado, ya que en la escritura de segregación y donación de ese terreno no se hace limitación alguna para considerar que sea de carácter demanial. Más bien, se indica que el traspaso se hace sin perjuicio de terceros, que el IDA no está obligado a evicción o saneamiento, y que para traspasarla a terceros debían transcurrir quince años a partir de la fecha de la escritura, pues previo a esa fecha, se requería autorización del IDA. Aunado a lo anterior, se han cancelado los impuestos sobre bienes inmuebles que ha generado ese terreno, los que se originan en una titularidad privada del mismo. Por último, que la inscripción registral de dicho terreno, no establece limitaciones de orden público que impliquen la demanialidad del inmueble; b) Que el bien que les fue traspasado, no cumple con ninguno de los dos supuestos que establece el artículo 261 del Código Civil, ya que el artículo 16 inciso 22 no lo define como un bien de dominio público y porque ni antes de ser segregado y donado a la asociación, ni en los 19 años que ha estado inscrito a su nombre, el terreno estuvo entregado al uso público; c) Que para el momento en que se consolidó a su favor el derecho de inscripción registral sobre el inmueble, a saber: 19 de enero de mil novecientos noventa, la Sala Constitucional ya había dictado la primera sentencia en que declaraba que las normas atípicas del presupuesto eran contrarias a la Constitución Política. No obstante lo anterior, ni en ese momento, ni durante diecinueve años, persona alguna invocó dicha inconstitucionalidad para limitar los derechos de su representada; d) Que la sentencia que declara la inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097, indica que se declara con lugar la acción y se anula la norma indicada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. En ese sentido, su representada ha ejercido el derecho de propiedad y posesión por 19 años, de buena fe y a título de propietaria, por ello, no se pueden limitar sus derechos con el simple argumento de que se trata de un bien de dominio público; e) Que el inmueble nunca ha sido ni es de uso público, ya que “...previo al traspaso a mi representada el inmueble en cuestión era un tacotal y cafetal, debidamente cercado y sin posibilidades de uso público. Posterior al traspaso y durante alrededor de quince años el espacio del inmueble donde se encuentra ubicado el gimnasio se arrendaba exclusivamente por hora a cualquier interesado que lo gestionara, en ese sentido el gimnasio solo se abría cuando había persona que lo alquilara. El resto del terreno tenía horario de uso, y otras parte se mantenía cercado y sin posibilidades de uso público...”; f) Que es un hecho irrefutable y evidente la existencia de mejoras introducidas en la propiedad, por lo que y en aplicación de lo ordenado por la propia Sala Constitucional en sentencia número 2008-000056, dichas mejoras deben ser pagadas a la Asociación; g) Que no se demuestra que las partidas específicas contempladas en las Leyes de Presupuesto del período 1987 a 1992, fueras giradas a favor de la Asociación demandada. Asimismo que desde 1992 hasta el 2010, no se ha girado ningún fondo público para el mantenimiento del parque, que se aduce que es un bien demanial. Por último, la Asociación Centro Cristiano de Excelencia -en su condición de tercero interesado- indica que: a) existe una relación contractual entre ella y la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, establecida mediante el arrendamiento de una parte de la propiedad objeto de este litigio; b) Que a la fecha, dicho contrato se encuentra vigente y al amparo de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, dado que conforme al principio de publicidad registral, la Asociación demandada tiene un dominio absoluto sobre el bien, puesto que el inmueble no está sujeto a limitaciones; c) Que no ha existido mala fe por parte de la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, pues no se ha pretendido sacar ventaja de la relación inquilinaria que mantienen con la accionada, pues más bien, ha invertido para mantener un área de esparcimiento para la comunidad de Moravia; d) Que por ende, solicita que se respete la relación contractual que mantiene con la Asociación Pro- Construcción del Parque Recreativo del Norte.

IVo.- SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. En sentencia número 019-2009-SVII dictada a las trece horas treinta minutos del doce de febrero del dos mil nueve, la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, consideró respecto al concepto de bienes de dominio público y privado de las administraciones públicas que: "(...) El Estado y las demás entidades públicas, poseen dos tipos de bienes: públicos y privados. El artículo 261 del Código Civil dispone: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona ”. Lo anterior debe relacionarse con el artículo 121 inciso 4) de la Constitución Política, que establece como atribución de la Asamblea Legislativa, decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación”. Los bienes de dominio público se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, en consecuencia fuera del comercio de los hombres. Sobre el tema, la Sala Constitucional ha expresado: / “II.- EL CONCEPTO DEL DOMINIO PUBLICO Y DE LOS MEDIOS JURÍDICOS PARA INTEGRARLO.- Por dominio público se entiende el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona pueda hacer de ellos. La doctrina reconoce el dominio público bajo diferentes acepciones, como bienes dominicales, bienes dominicales, cosas públicas, bienes públicos o bienes demaniales. Sobre este concepto la Sala ha expresó (sic) en su Sentencia No. 2306-91 de las 14:45 horas del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno lo siguiente: / “El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio...En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías de la Ciudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y demás sitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres...” (ver en sentido similar, la sentencia número 035-2009-SVII dictada por la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo, a las catorce horas cuarenta minutos del trece de marzo del dos mil nueve). En este punto cabe destacar, que serán embargables los bienes de dominio privado de la Administración que no se encuentren afectos a un fin público (artículo 169.1.a del CPCA). Por el contrario, no serán embargables los bienes de titularidad pública destinados al uso y aprovechamiento común, como tampoco aquellos vinculados directamente con la presentación de servicios públicos de naturaleza esencial, o bien, que resulten indispensables o insustituibles para el cumplimiento de fines o servicios públicos (artículos 261 del Código Civil y 170 del CPCA). Ahora bien, en cuanto al medio de afectación al dominio público, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia consideró en sentencia número 2003-6926 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de julio del dos mil tres, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261 del Código Civil, “...para considerar un bien como demanial se requiere la existencia de una ley que lo afecte al cumplimiento de un fin público, o bien que la cosa en sí misma sea considerada de uso público, como una calle, un puente, un parque entre otros...”. De conformidad con lo expuesto, se desprende que se requiere de una ley formal y material para afectar un bien a una finalidad pública, es decir, a un uso o servicio público. En ese sentido, cabe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Código Procesal Contencioso Administrativo, los bienes deberán estar directamente vinculados con la prestación de los servicios públicos a los que están destinados, o bien, deberán ser indispensables o insustituibles para el cumplimiento de esos fines o servicios. Ahora bien, existen bienes que en virtud de su naturaleza y especiales características (por ejemplo: las calles –Ley de Caminos Públicos-, los bosques –Ley Forestal-, los parques –Ley de Planificación Urbana y Ley de Construcciones, entre otros), el legislador los ha entregado o destinado al uso público, a fin de que todos puedan aprovecharse de ellos. En este sentido, cabe recordar que no todo bien demanial está destinado a un uso público, puesto que –como en el caso de la zona marítimo terrestre o la explotación minera, entre otros supuestos-, las Administraciones Públicas otorgan concesiones para un uso privado de bienes que conforman el demanio público, dentro de ciertos límites y condiciones. Ahora bien, el principio de inmatriculación de los bienes demaniales, constituye uno de los aspectos que caracterizan a los bienes de dominio público y conforme al cual, aún y cuando los terrenos no se hayan inscrito en el registro inmobiliario con ese carácter, cuentan con una publicidad material derivada de “...la aparición de los terrenos en planos oficiales –públicos-, en catastros nacionales o municipales, o en archivos, museos o bibliotecas, junto con la prueba fehaciente del uso público efectivo, hace que la afectación sea la principal característica...” (sentencia número 1996-3145 dictada por a Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las nueve horas veintisiete minutos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y seis). En consecuencia, el principio de inmatriculación registral implica que la existencia y publicidad de los bienes de dominio público se de “... con autonomía del Registro, sin que sea dable al titular registral alegar desconocimiento como medio para desvirtuarlo y contrarrestar la afectación. Los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan el dominio público impiden que en su contra pueda esgrimirse la figura del tercero registral para consolidar la propiedad privada ilícitamente sustraída de ese régimen (...) Frente al dominio público, las detentaciones privadas adolecen de valor obstativo, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad. La condición de bien de dominio público y uso público afecta a tercero, aunque tal cualidad no resulte del Registro de la Propiedad. Se trata de bienes que, por su naturaleza, no necesitan de la inscripción registral.(...)" (sentencia número 868-2001 dictada por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, a las diez horas quince minutos del dieciséis de octubre del dos mil uno). Por último, a efecto de garantizar que los bienes demaniales cumplan la finalidad pública a la que han sido destinados por afectación expresa o presunta, y como consecuencia de las características de inalienabilidad e imprescriptibilidad que les son inherentes, las Administraciones Públicas tienen la obligación de ejercer las acciones administrativas y jurisdiccionales previstas por el ordenamiento jurídico, a fin de proteger y conservar los bienes de dominio público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14 en relación con el 11 y 50 de la Constitución Política; 261 y 263 del Código Civil; 14 de la Ley Forestal; 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Control Interno; 37 de la Ley de Construcciones; 110 y siguientes de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos –entre otros-. Por ende, para el ejercicio de las acciones tendentes a su recuperación y tutela, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que los medios con los que cuentan las Administraciones Públicas para su efectiva recuperación son imprescriptibles, tal y como lo establecen los artículos 34 inciso 2 y 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

Vo.- SOBRE LOS PARQUES Y SU INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO COMO UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Un bien público puede ser natural o artificial, según se trate de bienes declarados públicos por el legislador considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece (un río por ejemplo), o de bienes declarados públicos por el legislador pero cuya creación o existencia depende de un hecho humano (construcción de una calle o un parque público). Ahora bien, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Construcciones, los parques, jardines y paseos públicos son de libre acceso a todos los habitantes del país y "... En general, se prohíbe hacer uso de los jardines, prados, etc., diferente de aquél para el que fueron creados)". En ese sentido, el párrafo 1º del artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, establece que “...el dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial...”. Por su parte, el artículo 43 de esa misma ley, dispone que “El Mapa Oficial, junto con los planos o el catastro que lo complete, constituirá registro especial fehaciente sobre propiedad u afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos...”. De las normas parcialmente transcritas con anterioridad y de los parámetros establecidos en el artículo 261 del Código Civil, se desprende que los parques constituyen bienes de dominio público, cuya finalidad esencial al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, es la de otorgar a las personas áreas verdes de esparcimiento, como una forma de garantizarles el disfrute de espacios que les permitan tener una buena calidad de vida y por ende, desarrollarse plenamente como seres humanos en libertad. En este punto cabe resaltar, que si partimos de que la afectación expresa o presunta a un servicio o a un uso público, constituye el factor que determina o no la demanialidad de un bien, entonces es posible que puedan presentarse supuestos de disociación entre la titularidad y afectación de aquel, como por ejemplo: cuando existan parques, plazas o jardines, cuyo uso público pueda ser demostrada fehacientemente a través de mapas oficiales u otros medios, aún y cuando la titularidad del inmueble sea de carácter privado. En dichos supuestos, aunque el terreno no haya sido inscrito en el registro como un bien de dominio público, se presume conforme al principio de in-matriculación, que constituye un bien de naturaleza demanial en el tanto se compruebe que por sus especiales características ha sido destinado por el legislador a un uso y aprovechamiento público.

VIo.- SOBRE LA NATURALEZA DEMANIAL DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Este Tribunal considera que el inmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte y que actualmente se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula de folio real número Placa28291 del Partido de San José, a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios 102, 103 y 106 del expediente judicial; 3, 6, 7, 8 y 11 del legajo de prueba de la CGR), constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, por las siguientes razones: 1) Desde la perspectiva de su relación con la finca madre número 267183-000 del Partido de San José. El Parque Recreativo del Norte constituye un lote de 25.000,06 metros cuadrados, con plano catastrado número SJ-770593-88, que fue segregado de la finca número 267183-000 del Partido de San José, con base en lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 (ver folios 3 a 11 del legajo de prueba de la CGR; 11 a 14 del expediente administrativo del IDA). Ahora bien, si mediante la ley indicada, la Asamblea Legislativa autorizó al Instituto de Desarrollo Agrario, a segregar del inmueble 267183-000 un lote con las características indicadas a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo –aún y cuando no fuera una ley ordinaria promulgada conforme a lo dispuesto en los artículos 121 inciso 1 y 123 y siguientes de la Constitución Política-, ello implica que al tenor de lo dispuesto en el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política, la finca madre de la cual se segregó el terreno que se utilizaría exclusivamente para la construcción del Proyecto denominado Parque Recreativo del Norte, es un bien de dominio público, ya que para decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación, se requiere de una ley ordinaria. En ese sentido, es importante resaltar cuáles fueron los motivos por los cuales, el Estado expropió y con posterioridad traspasó a favor del Instituto de Desarrollo Agrario (antiguo Instituto de Tierras y Colonización), el terreno que se inscribiría bajo matrícula de folio real número Placa28289, lo cual se desprende de la siguiente cronología de hechos, a saber: 1.a) Que en el Alcance número 32 al Diario Oficial La Gaceta número 43 del primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, se publicó el Decreto Ejecutivo número 8005-G, en cuyo considerando primero se indica: “...con el objeto de realizar la construcción de bodegas para la venta y distribución de productos de los asentamientos campesinos, así como las instalaciones y edificio del Instituto de Tierras y Colonización y evitar así los altos pagos por concepto de alquileres, es necesaria la adquisición de la finca, propiedad de la sociedad La Cornelia Limitada, inscrita en el Partido de San José del Registro de la Propiedad, tomo mil quinientos seis, folio cuatrocientos treinta y siete, número Placa28282 mil novecientos noventa y seis, asiento dos, que es denominado Finca Venegas, hoy cultivado de café y potrero con casa en él ubicada de madera...”. Que en razón de lo anterior, el artículo 1 de ese mismo Decreto Ejecutivo dispuso que: “...Con fundamento en la ley número 36 del veintiséis de junio de mil ochocientos noventa y seis adicionada por Decreto Legislativo número 78 de veinticuatro de junio de mil novecientos treinta y ocho, exprópiase la finca propiedad de Sociedad La Cornelia, descrita en el considerando uno de este decreto...” (ver el Alcance número 32 a La Gaceta número 43 del primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho); 1.b) En el Diario Oficial La Gaceta número 48 del ocho de marzo de mil novecientos setenta y ocho, se publicó el Decreto Ejecutivo número 8059-G, en el cual, se dispone reformar lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo número 8005-G-, pues se consideró que “...en vista de que para la construcción de bodegas para la venta y distribución de productos de los asentamientos campesinos y que para la construcción del edificio del Instituto de Tierras y Colonización, no es necesario adquirir la totalidad de la finca número ciento y cinco mil novecientos noventa y seis, propiedad de Sociedad “La Cornelia Limitada”, toda vez que de conformidad con los planos que para tales efectos se tienen el área que se necesita es menor, resulta consecuentemente de poca conveniencia expropiar todo el inmueble. 2.- Que siendo la superficie que se necesita de diez hectáreas dos mil ochocientos ochenta y cinco metros noventa y cinco decímetros cuadrados, lo que procede es reformar el Decreto Ejecutivo que ordenó la expropiación de la mencionada finca...” (ver La Gaceta número 48 del ocho de marzo de mil novecientos setenta y ocho); 1.c) Que por escritura número 20 otorgada a las quince horas quince minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario Público Eduardo Ching Murillo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos número 8005-G y 8059-G, la sociedad “La Cornelia Limitada” le vendió al Estado, el lote A descrito como terreno cultivado de café y potrero con una casa de habitación de madera en él ubicada, con una medida de diez hectáreas dos mil ochocientos ochenta y cinco metros, noventa y cinco decímetros cuadrados, que forma parte de la finca madre inscrita en el Registro Pública, Sección de Propiedad, Partido de San José, tomo mil quinientos seis, folio cuatrocientos treinta y siete, número ciento treinta y cinco mil novecientos noventa y seis, asiento dos, que es denominado finca Venegas, situado en los Dirección17415 José. Que el representante del Estado “...debidamente autorizado por los Decretos Ejecutivos antes relacionados y por oficio del ministerio de Gobernación de esta fecha traspasa al Instituto de Tierras y Colonización en este acto la propiedad del lote que por esta misma escritura adquiere el Estado, a fin de que ese Instituto la destine a los fines que se indican en los Decretos Ejecutivos de repetida cita...” (ver folios 29 a 34 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario); 1.d) Que el inmueble que fue traspasado al Instituto de Tierras y Colonización, mediante escritura número 20 otorgada a las quince horas quince minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario Público Eduardo Ching Murillo, fue inscrito en el Registro Público, al tomo 2652, folios 13-15, asiento 1, matrícula de folio real número Placa28289, del Partido de Nombre10419 , cuya naturaleza se describe como terreno para construir (ver folios 02 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República y 33 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario). De todo lo expuesto, este Tribunal concluye que la finca madre número Placa28289 de la cual se segregó el terreno que se utilizaría exclusivamente para la construcción del Parque Recreativo del Norte, constituye un bien de dominio público, que fue público, cuál es la de servir conforme a lo dispuesto en Decretos Ejecutivos 8005-G y 8059-G para “...la construcción de bodegas para la venta y distribución de productos de los asentamientos campesinos, así como las instalaciones y edificio del Instituto de Tierras y Colonización...” y es en esa condición, que se inscribe en el registro público bajo matrícula de folio real número Placa28289. 2) Desde el punto de vista de su afectación por medio del inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097, a un uso público de parque. Que en el Alcance número 25 al Diario Oficial La Gaceta número 166 del primero de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, se publicó la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 del dieciocho de agosto de ese mismo año, en cuyo artículo 16 inciso 22 disponía: “...Autorízase al Instituto de Desarrollo Agrario para que segregue y le done a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, un lote de hasta 25.000,06 metros cuadrados (veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros cuadrados), que colinda al norte con calle pública, al este con urbanización Los Colegios, al sur con el Instituto de Desarrollo Agrario y al oeste con la Sucesión Nombre143359 . Esta finca está inscrita en el partido de San José, tomo 2652, folio 13, N° 267183, asiento 1, situada en los distritos Anselmo Llorente y San Vicente de los cantones de Tibás y Moravia. Ese terreno se utilizará exclusivamente en la construcción del proyecto denominado Parque Recreativo del Norte...” (ver folios 11 a 14 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario y 01 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República). Tal y como se indicó en el punto 1 de este considerando, para decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación, se requiere de una ley ordinaria, conforme a lo dispuesto en el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política. Cabe resaltar que si bien es cierto, el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097, autorizó donar el inmueble allí descrito a la Asociación pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, ello no implicó una desafectación del terreno que pertenecía al bien de dominio público inscrito bajo matrícula Placa28296, pues aunque el legislador traspasó el terreno segregado a un sujeto de derecho privado, lo destinó a un uso público, puesto que claramente dispuso: “...Ese terreno se utilizará exclusivamente en la construcción del proyecto denominado Parque Recreativo del Norte...”. Que esa finalidad pública, es conteste a los objetivos principales de la asociación a favor de la cual se segregó y traspasó el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo tercero de sus estatutos, sus fines son: “...fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar la construcción del un parque recreativo y natural para el esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San José, y los ciudadanos en general. El fomento de la actividad mediante la construcción de mejoras para el esparcimiento y práctica deportiva y de la contemplación de la naturaleza, y recaudación de fondos para el desarrollo del mismo a travez (sic) de sesiones periódicas, asesorías profesionales, actividades de servicio a la comunidad, conferencias, programas de divulgación y demás medios afines...” (folios 91 y 101 del legajo de prueba de la CGR). Aunado a lo anterior, en la escritura de segregación y traspaso a favor de la asociación demandada del inmueble indicado, se le describe como “...terreno hoy para construir el Parque Recreativo del Norte, sito en el Dirección17412 , ...” (folio 07 del Legajo de Prueba de la CGR), y se le inscribe en el Registro bajo matrícula de folio real número Placa28291, con la naturaleza de terreno para construir parque recreativo (folio 03 del Legajo de Prueba de la CGR). Que por todo lo expuesto, este Tribunal declara aún y cuando mediante el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097, se autorizó la donación del inmueble con plano catastrado número Placa28295, a un sujeto de derecho privado como lo es la Asociación demandada, también lo es, que la transmisión del inmueble estuvo condicionada a un destino específico, cual es, la construcción del Parque Recreativo del Norte, lo que evidencia su direccionamiento a un uso público, aún y cuando por medio de la norma presupuestaria atípica el inmueble se hubiera traspasado a la Asociación demandada, aunado que dicho destino es conteste a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de Planificación Urbana, y 37 de la Ley de Construcciones. 3) De los medios que comprueban la afectación del inmueble con plano catastrado número Placa28295, a un uso público efectivo de parque. Si bien es cierto, se ha tenido por demostrado que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia número 2008-00056 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada en expediente número 07-13901-0007-CO, pues consideró que “...la autorización introducida en el artículo 16 inciso 22) de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, en cuanto permitió al Instituto de Desarrollo Agrario segregar y donar a una Asociación un terreno de veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros de su propiedad, es inconstitucional por el procedimiento legislativo que se siguió. Se trata de una norma atípica ajena al contenido presupuestario, a través de la cual se dispone que una propiedad de un ente autónomo del Estado, por lo que resulta contraria al Derecho de la Constitución...” (ver folios 48 a 54 de legajo de prueba de la CGR); este Tribunal considera que en aplicación de lo dispuesto en los artículos 261 del Código Civil; 43 y 44 párrafo 1º de la Ley de Planificación Urbana; 37 de la Ley de Construcciones, así como, del principio de in-matriculación de los bienes de dominio público, la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097, no tuvo la virtud de desafectar el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88 actualmente registrado con matrícula Placa28293 del Partido de San José, puesto que hay medios para demostrar la existencia de una afectación de ese inmueble, a un uso público efectivo de parque, a saber: 3.a) En el mapa de uso de suelo número 239.2 de la Municipalidad de Moravia, la finca número Placa28293, se describe como Parque Recreativo del Norte; la que a su vez y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento al Plan Regulador de la Municipalidad de Moravia, se encuentra ubicada en la zona pública institucional de San Vicente, que se define como aquella que tiene por objeto, el establecimiento de facilidades culturales, educativas, recreativas, administrativas, convenientes para un adecuado desarrollo de la comunidad (ver folios 104 a 106 y 140 del expediente judicial). En ese sentido, cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, el Mapa Oficial, junto con los planos o el catastro que lo complemente, constituirá registro oficial fehaciente sobre propiedad y afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos; y que el dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos al uso público en general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial; 3.b) Que si bien es cierto, la finca número 370440-000 del Partido de San José, se encuentra inscrita a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, también lo es, que se le describe como terreno para construir parque recreativo, aunado a que en los estatutos de esa asociación, se define como un parque recreativo y natural para el esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San José y de los ciudadanos en general (folio 3 y 101 del Legajo de Prueba de la CGR); 3.c) Que en las Leyes de Presupuesto dictadas por la Asamblea Legislativa durante el período comprendido entre los años 1987 a 1992, se incorporaron a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, las subpartidas presupuestarias destinadas a la construcción, obras o servicios de mantenimiento del parque, que se desglosan de la siguiente forma: i) año 1988, Ley 7089, código presupuestario número 13090270245712413010, para Construcción del Parque, monto ¢6.000.000 (seis millones de colones); ii) año 1989, ley número 7111, código presupuestario 13090270278212413010, para Construcción del Parque, monto ¢10.000.000 (diez millones de colones); iii) año 1989, ley 7111, código presupuestario 1177657020124145230, para construcción del parque, monto ¢10.000.000 (diez millones de colones); iv) año 1990, ley número 7141, código presupuestario 1177657020113145630, para construcción del parque, monto ¢6.000.000 (seis millones de colones); v) año 1990, ley número 7216, código presupuestario 13090270256512413010, para obras en el parque, monto ¢225.000 (doscientos veinticinco mil colones); vi) año 1990, ley número 7216, código presupuestario 13090263756811313010, para servicios de mantenimiento en el parque, monto ¢15.000 (quince mil colones); vii) año 1992, ley número 7272, código presupuestario 13090270250827241284, para obras en el Parque Recreativo del Norte, monto ¢500.000 (quinientos mil colones) (ver folios 13 a 15 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República; 17 y 18 del expediente administrativo del IDA); 3.d) Que a la entrada del área en que se encuentra ubicado el gimnasio existen dos placas; la primera indica “Placa28283 . Administración Oscar Arias...”; la segunda, en agradecimiento a la ayuda brindada por un ex diputado de apellido Nombre14204 (ver folios 123 y 124 del legajo de pruebas de la CGR y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del 2009); 3.e) Que el área en que se ubican las canchas de basketball y los juegos infantiles, se encuentran abiertas al uso público bajo un horario de ingreso a las mismas. Ahora bien, tal y como se desprende de la fotografía satelital del inmueble visible a folio 126 del legajo de pruebas de la CGR, el área abierta al uso público representa un quince por ciento de la totalidad del terreno que se destinó exclusivamente a la construcción del Parque Recreativo del Norte, tal y como lo informó el periódico La Nación en el artículo publicado en la edición digital del veinticinco de diciembre del dos mil seis (ver folios 110, 114, 115 y 126 del legajo de prueba de la CGR; 10, 17 y 18 del expediente administrativo del IDA y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del 2009); 3.f) Que se construyó un gimnasio para la práctica de actividades deportivas, tal y como se pudo comprobar al levantar la alfombra –cuando se realizó el reconocimiento judicial- que actualmente cubre la cancha de dichas instalaciones, las que están acondicionadas para la celebración de actividades religiosas de la congregación Centro Cristiano de Excelencia. Tan es así, que por oficio número DAMM 675-04-06 del veinticinco de abril del dos mil seis, el Alcalde Municipal de Moravia denunció ante la Junta Directiva del IDA, que “...los miembros de la Junta Directiva de la Asociación han variado la naturaleza del inmueble, convirtiendo el gimnasio deportivo que se ubica en él, en un centro de supuesta convención, pero lo cierto es, que su nuevo rumbo es el de una iglesia...” (ver folios 10, 17, 18, 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del 2009); 3.g) Que alrededor del perímetro del área que comprende el gimnasio, las canchas de basketball y los juegos infantiles, se construyó una especie de pista para trotar o caminar, que actualmente se encuentra dividida por las mallas que separaran ambas zonas (ver respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del 2009). Que en razón de todo lo expuesto, este Tribunal declara que existe una afectación del inmueble con plano catastrado número Placa28295 actualmente inscrito bajo matrícula de folio real número Placa28291, a un uso público efectivo de parque, aún y cuando una gran parte del terreno que se destinó exclusivamente a la construcción del Parque Recreativo del Norte, se ha destinado por parte de la Asociación demandada, a otros usos privativos que no son acordes a la finalidad por la cual le fue traspasado –aspecto que será desarrollado en el considerando VII de esta sentencia-, afectación que se mantiene a pesar de dicha circunstancia y de que se declaró inconstitucional el inciso 22 del artículo 16 de la Ley número 7097 mediante la cual se afectó dicho inmueble a la construcción del Parque Recreativo del Norte. 4) Respecto a los argumentos dados por la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte para sustentar que el bien es de dominio privado. No lleva razón la asociación demandada al afirmar que el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88 es un bien privado, por las siguientes razones: 4.a) Aunque la finca número 370440-000 del Partido de San José se encuentra inscrita a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte hace más de diecinueve años, lo cierto es, que dicha circunstancia no tuvo la virtud de desafectar dicho terreno (que fue segregado de otro bien de dominio público, como lo es, la finca madre número 267183-000), ya que el legislador únicamente se limitó variar su destino, puesto que lo afectó en forma exclusiva a un uso público, cual es, la construcción del Parque Recreativo del Norte. En consecuencia, frente al dominio público, las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparados por asientos del Registro de la Propiedad, no tienen la virtud de generar derechos subjetivos sobre el inmueble afectado a un servicio o uso público, como sucede en este caso; 4.b) En todo caso, como la inscripción del inmueble con plano catastrado número Placa28295 a favor de la Asociación demandada (folio 3 del legajo de pruebas de la CGR), tuvo como fundamento lo dispuesto en el artículo 16 inciso 22 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 (folios 102 y 103 del expediente judicial; 8 del legajo de prueba de la CGR), al declararse inconstitucional dicha norma, la inscripción registral no tendría el efecto de convalidar el título de traspaso del inmueble que se sustentó precisamente en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097 que fue declarado contrario a la Constitución Política, tal y como se desprende de lo dispuesto en los artículos 456 y 472 del Código Civil; 4.c) El hecho de que la Asociación demandada sea un sujeto pasivo del impuesto sobre bienes inmuebles, no tiene el efecto de desvirtuar la afectación a un uso público del terreno inscrito actualmente bajo matrícula de folio real Placa28291, no sólo porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 inciso a) de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los propietarios con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad, son sujetos pasivos de ese impuesto; sino porque a contrario sensu y con vista en el inciso a) del artículo 4 de esa misma ley, los inmuebles del Estado, las municipalidades, las instituciones autónomas y semiautónomas, no estarán afectos a dicho impuesto, únicamente cuando por ley especial se establezca que gozan de exención. Asimismo, cabe resaltar que si bien es cierto, los bienes de uso común propiedad de personas jurídicas amparadas a la Ley número 3859 y sus reformas (Asociaciones de Desarrollo) estarán exentos del pago de dicho impuesto (artículo 6 inciso k de la misma ley), también lo es, que la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, no está inscrita como Asociación de Desarrollo (ver folios 91, 92 y 109 del legajo de prueba de la CGR). Por último, tampoco se ha tenido por demostrado que a la asociación demandada se le haya declarado como de utilidad pública (punto c del considerando II de esta sentencia), pues dicha circunstancia constituye otro de los supuestos en que los bienes pertenecientes a asociaciones que tengan ese carácter, no están afectos a dicho impuesto (artículo 6 inciso k de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles); 4.d) El hecho de que en la escritura de traspaso del inmueble con plano catastrado número Placa28295, se hayan impuesto las limitaciones por quince años que establece el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización, no implica que se esté ante el supuesto que regula la norma indicada, cual, es, la titulación de una parcela a favor de un adjudicatario del IDA. Todo lo contrario, ya que se estaba ante un acto de traspaso de un bien demanial, autorizado por el legislador mediante el artículo 16 inciso 22 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 (ver folios 101 y 102 del expediente judicial; 1, 08 a 10 del legajo de prueba de la CGR), autorización legislativa que con posterioridad fue declarada inconstitucional. Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que los argumentos dados por asociación demandada a fin de sustentar que el inmueble inscrito bajo matrícula Placa28291 es de dominio privado, carecen de sustento; 5) En consecuencia y conforme a todo lo expuesto, este Tribunal declara que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos Placa28284 ; ; Placa28285 ; Placa28286 , así como, del principio de in-matriculación de los bienes de dominio público, el inmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte y que actualmente se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula de folio real número Placa28291 del Partido de San José, a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia.

VIIo.- SOBRE LAS CONDUCTAS DISCONFORMES CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO IMPUTABLES A LA ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Y LA INEXISTENCIA DE DERECHOS ADQUIRIDOS DE BUENA FE SOBRE LA PROPIEDAD DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Tal y como ya indicó en el considerando VI de esta sentencia, frente a los bienes demaniales -que se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables-, las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad, no tienen la virtud de generar derechos subjetivos sobre el inmueble afectado a un servicio o uso público (ver –entre otras- las sentencias número 2009-1056 y 2009 3113 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). En el caso concreto, aunque la finca número 370440-000 del Partido de San José se encuentra inscrita a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte hace más de diecinueve años, lo cierto es, que dicha circunstancia no implicó la desafectación de ese terreno -que fue segregado de otro bien de dominio público, como lo es, la finca madre número 267183-000-, ya que el legislador mediante el artículo 16 inciso 22 de la Ley número 7097, únicamente se limitó variar su destino, puesto que lo afectó en forma exclusiva a un uso público, cual es, la construcción del Parque Recreativo del Norte, afectación que no sólo tiene como base el texto expreso de la ley –no sólo de la que fue declarada inconstitucional, sino principalmente de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, y 37 de la Ley de Construcciones- sino también el uso público y por ende, la condición real de parque que tiene dicho inmueble. En consecuencia, resulta improcedente el alegato de la parte demandada en cuanto a que tiene un derecho adquirido de buena fe sobre la propiedad del bien de dominio público denominado Parque Recreativo del Norte, no sólo porque en razón de la naturaleza demanial de ese inmueble y conforme a lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14 de la Constitución Política y 261 a 263 del Código Civil, no es posible adquirir un derecho de propiedad sobre un bien afecto a un servicio o a un uso público, sino también, porque el término derechos adquiridos hace referencia a “...aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente –ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable...” (sentencia número 1997-2765 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). En la especie, los derechos adquiridos a que hace referencia la Asociación demandada se reducirían a un aspecto meramente patrimonial, referido a los dineros líquidos que efectivamente ya se encuentren formando parte del patrimonio de la Asociación y no a la propiedad sobre el Parque Recreativo del Norte, ni a la vigencia en el tiempo de los contratos que actualmente mantiene con un sujeto de derecho privado que le permiten disponer del área en que se encuentra el gimnasio. En todo caso y en razón de objeto del proceso, no corresponde a este Tribunal determinar si existen o no derechos adquiridos de buena fe, en los términos en que se ha expuesto, razón por la cual, si la accionada pretendiera hacer valer algún tipo de derecho sobre el particular, deberá acudir a la vía correspondiente, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda. Ahora bien, este Tribunal considera que la Asociación demandada ha incurrido en una serie de conductas que resultan disconformes con el ordenamiento jurídico y por ende, contrarias al principio de buena fe, al hacer un uso indebido del inmueble que le fue traspasado, que en todo caso, resulta contrario a los propios fines que persigue conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de sus estatutos. Dicha afirmación se sustenta en las siguientes razones: 1) De conformidad con lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto número 7097, el legislador autorizó a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, el traspaso del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, con la finalidad de que ese terreno se utilizara exclusivamente en la construcción del proyecto denominado Parque Recreativo del Norte (folios 1 del legajo de pruebas de la CGR; 11 a 14 del expediente administrativo del IDA); 2) Que esa finalidad pública, es conteste a los objetivos principales de la asociación a favor de la cual se segregó y traspasó el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo tercero de sus estatutos, sus fines son: “...fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar la construcción del un parque recreativo y natural para el esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San José, y los ciudadanos en general. El fomento de la actividad mediante la construcción de mejoras para el esparcimiento y práctica deportiva y de la contemplación de la naturaleza, y recaudación de fondos para el desarrollo del mismo a travez (sic) de sesiones periódicas, asesorías profesionales, actividades de servicio a la comunidad, conferencias, programas de divulgación y demás medios afines...” (folios 91 y 101 del legajo de prueba de la CGR); 3) Aunado a lo anterior, en la escritura de segregación y traspaso a favor de la asociación demandada del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, se le describe como “...terreno hoy para construir el Parque Recreativo del Norte, sito en el Dirección17412 , ...” (folio 07 del Legajo de Prueba de la CGR), y se le inscribe en el registro bajo matrícula de folio real número Placa28291, con la naturaleza de terreno para construir parque recreativo (folio 03 del Legajo de Prueba de la CGR); 4) En consecuencia, los fines y objetivos de la Asociación demandada, están ligados a intereses públicos y vinculados en forma directa a la existencia del Parque Recreativo del Norte, como el medio lícito para cumplir los fines establecidos en su estatuto (ver artículos 3, 4, 5, 7, 13 inciso d), 26, 33, 34 inciso 3 de la Ley de Asociaciones y 631 del Código Civil), razón por la cual, el uso normal del inmueble debió ser conforme a la naturaleza y destino que justificó que se le traspasara ese bien. Es menester resaltar, que los parques -tal y como se desarrolló en el considerando V de esta sentencia- están destinados al servicio y esparcimiento de las personas en general, a fin de cumplir un objetivo superior que es el bienestar de la colectividad, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, motivo por el cual, resulta contrario al ordenamiento jurídico que se le haya destinado a un uso distinto y privativo del que motivó su afectación y traspaso a la Asociación; 5) En ese sentido, se ha tenido por demostrado que el área en que se ubican las canchas de basketball y los juegos infantiles, es la única que se encuentra abierta al uso público, con el agravante de que tal y como se desprende de la fotografía satelital del inmueble visible a folio 126 del legajo de pruebas de la CGR, dicha área representa un quince por ciento de la totalidad del terreno que se destinó exclusivamente a la construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios 110, 114, 115 y 126 del legajo de prueba de la CGR; 10, 17 y 18 del expediente administrativo del IDA y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del 2009); 6) Que en el área restante, la Asociación autorizó a dos sujetos de derecho privado, a realizar actividades de carácter privado que son contrarias al destino de uso público del Parque Recreativo del Norte, a saber: 6.1) Conforme a los registros del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Moravia, desde el año 2002 hasta finales del 2007, funcionó un vivero denominado La Sultana, que cerró operaciones en el año 2007 y que se encuentra moroso en el pago del tributo por licencia comercial (ver folios 140 del expediente judicial; 116 a 118, 126 del legajo de pruebas de la CGR y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del 2009). Aunado a lo anterior, este Tribunal pudo constatar que el área en que funcionaba el vivero, es actualmente de acceso restringido, pues el portón de acceso se encuentra cerrado, aunado a que en dicho lugar viven dos personas que manifestaron dedicarse a cuidar esa zona (ver respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el 16 de septiembre del 2009); 6.2) Que si bien es cierto, se construyó un gimnasio para la práctica de actividades deportivas, tal y como se pudo comprobar al levantar la alfombra que actualmente cubre la cancha de dichas instalaciones; también lo es, que el gimnasio está acondicionado para la celebración de actividades religiosas de la congregación Centro Cristiano de Excelencia. En este punto, es importante resaltar que desde el veinticinco de abril del dos mil seis, el Alcalde Municipal de Moravia denunció ante la Junta Directiva del IDA, mediante oficio número DAMM 675-04-06 que “...los miembros de la Junta Directiva de la Asociación han variado la naturaleza del inmueble, convirtiendo el gimnasio deportivo que se ubica en él, en un centro de supuesta convención, pero lo cierto es, que su nuevo rumbo es el de una iglesia...” (ver folios 10, 17, 18, 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del 2009); 6.3) Que el cinco de abril del dos mil ocho, la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, suscribió un contrato de arrendamiento con la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, sobre una parte del inmueble ubicado en el Dirección1834 , del Dirección4667 , de la provincia de San José, inscrito a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio real matrícula número Placa28291, “...específicamente el terreno ubicado de las canchas deportivas hacia el oeste, hasta la quebrada (río), terreno con una medida aproximada de veinte mil metros cuadrados, y que en la actualidad consta de un gimnasio construido y áreas verdes. TERCERA: Que dicha propiedad, será destinada por el Arrendatario para la realización de servicios religiosos o eventos afines, que ayuden al desarrollo integral de (sic) sociedad y los individuos. CUARTA: El plazo de este contrato será de diez años a partir del día ocho de abril del dos mil ocho, pudiendo prorrogarse por períodos iguales hasta completar treinta años. Las prórrogas correspondientes a cada año deberán necesariamente formularse por escrito en un nuevo contrato o addendum; no existiendo prórrogas automáticas ni tácita. QUINTA: El precio del arrendamiento de la propiedad indicada, será de dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil colones exactos (2.462.000,00), y se establece un aumento anual del diez por ciento en el pago por concepto de arrendamiento de la propiedad...” (ver folios 275 a 278 del expediente judicial); 7) Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 129 de la Constitución Política; 18 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública; 18 y 631 inciso 1 del Código Civil; 26 de la Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, todos los contratos suscritos por la demandada con la finalidad de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra afectado el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, son absolutamente nulos, por las siguientes razones: 7.a.) Resultan contrarios al fin lícito que persigue la Asociación demandada conforme al artículo 3 de sus estatutos (folios 91 y 101 del legajo de pruebas de la CGR); 7.b) Son contrarios al motivo que sustentó la autorización de traspaso de dicho bien, que conforme a lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 de la ley número 7097, era que el terreno se dedicara exclusivamente a la construcción del Parque Recreativo del Norte (folios 1 del legajo de prueba de la CGR y 11 a 14 del expediente administrativo del IDA), y por ende, a la obligación de celebrar contratos y adquirir obligaciones que sean lícitas y posibles conforme a los fines que persigue la Asociación y a la naturaleza demanial del bien (artículos 26 de la Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos de la Asociación demandada); 7.c) Por último, resultan contrarios al uso público efectivo de parque, que se ha dado en un área aproximada al quince por ciento de la totalidad del inmueble, que no sólo se destinó, sino que en la realidad ha cumplido parcialmente la finalidad de esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San José y de la comunidad en general. 8) Que por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal declara que: 8.a) En razón de la naturaleza demanial del Parque Recreativo del Norte y conforme a lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14 de la Constitución Política y 261 a 263 del Código Civil, no es posible adquirir un derecho de propiedad sobre un bien afecto a un servicio o a un uso público; 8.b) Conforme al objeto del proceso, no corresponde a este Tribunal determinar si existen o no derechos adquiridos de buena fe de carácter patrimonial a favor de la Asociación demandada, por lo que, si la accionada pretendiera hacer valer algún tipo de derecho sobre el particular, deberá acudir a la vía correspondiente, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda; 8.c) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 121. 14 de la Constitución Política; 261 a 263 del Código Civil; 3 a 5, 7, 13 inciso d) de la Ley de Asociaciones; 3 del Estatuto de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, la demandada incurrió en un uso indebido y privativo del inmueble con plano catastrado número Placa28295, no sólo porque que resulta contrario a los propios fines que persigue conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de sus estatutos, sino también, a la finalidad que justificó su traspaso, cual era, ser utilizado exclusivamente en la construcción del Parque Recreativo del Norte; 8.d) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 129 de la Constitución Política; 18 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública; 18 y 631 inciso 1 del Código Civil; 26 de la Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, todos los contratos suscritos por la demandada con la finalidad de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra afectado el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, son absolutamente nulos.

VIIIo.- SOBRE LA INACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE DERECHO AGRARIO RELACIONADA CON EL NO EJERCICIO DE LAS ACCIONES TENDENTES A RECUPERAR EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Este Tribunal considera que el Instituto de Desarrollo Agrario incurrió en una conducta omisiva contraria al ordenamiento jurídico, en cuanto al deber de proteger, custodiar y recuperar el Parque Recreativo del Norte, que le fue segregado de un bien demanial inscrito a su nombre, con base en una norma que con posterioridad fue declarada contraria al Derecho de la Constitución. Que lo anterior, se sustenta en las siguientes razones: a) A efecto de garantizar que los bienes demaniales cumplan la finalidad pública a la que han sido destinados por afectación expresa o presunta, y como consecuencia de las características de inalienabilidad e imprescriptibilidad que les son inherentes, las Administraciones Públicas tienen la obligación de ejercer las acciones administrativas y/o jurisdiccionales previstas por el ordenamiento jurídico, a fin de proteger y conservar los bienes de dominio público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14 en relación con el 11 y 50 de la Constitución Política; 261 y 263 del Código Civil; 14 de la Ley Forestal; 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Control Interno; 37 de la Ley de Construcciones; 110 y siguientes de la Ley de la Adminstración Financiera de la República y Presupuestos Públicos –entre otros-. Por ende, para el ejercicio de las acciones tendentes a su recuperación y tutela, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que los medios con los que cuentan las Administraciones Públicas para su efectiva recuperación son imprescriptibles, tal y como lo establecen los artículos 34 inciso 2 y 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo; b) Ahora bien, este Tribunal ha tenido por demostrado, que las conductas en que el IDA sostiene que si ha cumplido el deber que le impone el ordenamiento jurídico de recuperar el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-000, han sido las siguientes: b.1) Por oficio número DAMM 675-04-06 del veinticinco de abril del dos mil seis, el Alcalde Municipal de Moravia, puso en conocimiento del Instituto de Desarrollo Agrario “...algunas irregularidades que se han venido produciendo con el tiempo, con relación a un inmueble que hoy es conocido como Parque Recreativo del Norte, a efecto de que se interpongan los buenos oficios y darle una solución definitiva a los mismos (...) Adicionamos, como los miembros de la Junta Directiva de la Asociación han variado la naturaleza del inmueble, convirtiendo el gimnasio deportivo que se ubica en él, en un centro de supuesta convención, pero lo cierto es, que su nuevo rumbo es el de una iglesia...” (folios 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario; y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial del dieciséis de septiembre del dos mil nueve); b.2) Que por oficio número DAJ-409 del dieciséis de mayo del dos mil seis, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA, rindió ante la Junta Directiva de esa misma entidad, un informe relacionado con los hechos puestos en conocimiento por el Alcalde Municipal de Moravia, mediante oficio DAMM 675-04-06 del veinticinco de abril del dos mil seis, en cuyas conclusiones indica: “...De conformidad con lo Inconstitucionalidad de la norma atípica y como consecuencia pedir la nulidad de la escritura de traspaso, pues en todos los demás casos nuestros derechos están prescritos o caducos. Se hace la observación que de acoger la Sala nuestra tesis, eventualmente tendríamos que reconocer a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, las mejoras introducidas por ellos en el terreno, pues no podemos afectar derechos adquiridos de buena fe. De acogerse la recomendación de la Dirección de Asuntos Jurídicos sería conveniente que la Junta tome un acuerdo en ese sentido y autorice al señor Presidente Ejecutivo a plantear la respectiva acción. No comparte esta Dirección la posición del señor Alcalde Municipal en el sentido de que solo el Instituto tiene legitimación para accionar puesto que como se explicó al no estar en presencia de una lesión directa o individual, de ahí que la acción la puede presentar cualquier persona...” (ver folios 75 a 79 del 018-06 celebrada el veintidós de mayo del dos mil seis, la Junta Directiva del IDA de conformidad con el oficio número DAJ-409-06 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa misma entidad, acordó: “...1. Dar audiencia al Alcalde Municipal de Moravia; 2. Comisionar a la Presidencia Ejecutiva, a efecto de formular una consulta, tanto a la Procuraduría General de la República, como a la Auditoría Interna del Instituto, sobre el fondo de este asunto tomando en cuenta el propio criterio vertido por la Asesoría Legal del Instituto...” (folio 74 del expediente administrativo del IDA); b.4) Que por oficio número FOE-DDJ-3035 del veintiuno de septiembre del dos mil seis, la Contraloría General de la República, trasladó al Instituto de Desarrollo Agrario una denuncia contra la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte y su Presidente, “...por supuestas irregularidades en el manejo de fondos y bienes donados por el Estado para la construcción de ese parque, partidas específicas y lote del IDA y por el cierre de este inmueble al público...”. Que la Junta Directiva del IDA por acuerdo número 33 adoptado en la sesión número 033-06 celebrada el dos de octubre del dos mil seis, conoció el oficio FOE-DDJ-3035 del veintiuno de septiembre del dos mil seis, de la Contraloría General de la República y acordó “...comisionar al Asesor Legal de la Junta Directiva, presentar ante esta Junta Directiva un informe del estado actual del presente caso a efecto de informar al interesado...” (ver folios 17, 18, 73 del expediente administrativo del IDA); b.5) Que por oficio número FOE-DDJ-0317 recibido el ocho de marzo del dos mil siete, la Contraloría General de la República, solicitó “...información sobre las acciones tomadas por el IDA en relación con la problemática presentada con el uso del denominado Parque Recreativo del Norte...”. Que la Junta Directiva del IDA por acuerdo número 9 de la sesión 010-07 celebrada el doce de marzo del dos mil siete, conoció el oficio número FOE-DDJ-0317 y acordó “...informar a la Contraloría General de la República, de que ya está elaborada la acción de inconstitucionalidad y a su vez peticionar a dio Órgano para que coadyuve en dicha acción de inconstitucionalidad, la cual se va a presentar en su momento...” (ver folio 71 del expediente administrativo del IDA); b.6) Que el dieciséis de octubre del dos mil siete, la Contraloría General de la República interpuso acción de inconstitucionalidad contra el artículo 16 inciso 22 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 del dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, que había autorizado al IDA a segregar un lote de hasta 25.000,06 metros cuadrados de la finca número 267183, inmueble que actualmente se encuentra inscrito bajo matrícula de folio real número Placa28287. Que a dicha acción de inconstitucionalidad se le asignó el número de expediente 07-013901-0007-CO (folios 17 a 26 del legajo de pruebas de la CGR); b.7) Que por oficio número PE-0123-2008 del catorce de enero del dos mil ocho, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, le solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa misma entidad, que analizara “...el voto de la Sala Constitucional que anuló la norma presupuestaria mediante la cual se donó terreno para parque recreativo del norte. De conformidad con la información obtenida, esta Presidencia Ejecutiva requiere criterio jurídico sobre la situación planteada, posibilidad de recuperación del bien es cuestión, si existen derechos a favor de particulares que puedan afectar o, si existen derechos a favor del IDA que deban ser custodiados...” (ver folio 96 del legajo de prueba de la CGR y 9 del expediente administrativo del IDA); b.8) Que por oficio número DAJ-048-08 del veintitrés de enero del dos mil ocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos en contestación al oficio número PE-0123-2008 del catorce de enero del dos mil ocho suscrito por el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, informó que: “...Si bien es cierto, la Sala Constitucional anula la norma mediante la cual el IDA traspaso un inmueble a la Asociación Parque Recreativo del Norte, de conformidad con el artículo 91 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, esa declaratoria tiene efectos declarativos y retroactivos, así el acto administrativo que autorizó el traspaso se tendría como no existente, regresando las cosas a su estado original, es decir, revirtiendo el terreno al patrimonio de la Institución. Sin embargo, no se tiene certeza actualmente respecto a, si en el voto la Sala Constitucional anula el traspaso en sí mismo y, ordena la cancelación del asiento registral o, si es omisa en ese sentido. En el supuesto de que la Sala Constitucional anule el acto de traspaso y ordene cancelación de asiento registral como consecuencia, dicho acto solamente lo podría ejecutar la Contraloría General de la República, puesto que fue ésta quien interpuso la acción y, al IDA no se le dio participación dentro del proceso (...)” Ahora bien, el voto se encuentra en este momento en proceso de firmas de los señores Magistrados de la Sala Constitucional, por lo que su conocimiento integral, será una vez concluido (sic) esta etapa procesal, la que nos permitirá conocer con mayor seguridad, lo pertinente a la nulidad del acto mismo del traspaso, la nulidad del asiento registral como consecuencia inmediata y, la reversión del inmueble al patrimonio de la institución...” (folios 97 a 98 del legajo de pruebas de la CGR; 7 a 8 del expediente administrativo del IDA); b.9) Que el aviso a que hacen referencia los artículos 88 y 90 párrafo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto a la publicación de la parte dispositiva de la sentencia, fue publicado en los Boletines Judiciales números 41, 42 y 43, de fechas 27, 28 y 29 de febrero del dos mil ocho, respectivamente (folios 72, 93 a 95 del legajo de prueba de la CGR); b.10) Que por oficio número Placa28292 del 16 de diciembre del dos mil ocho, la Gerente General del IDA le solicitó al Director de Asuntos Jurídicos, que “...a la brevedad posible, me informe de los efectos que tuvo la declaratoria de nulidad del artículo 16, inciso 22, de la Ley N° 7097 del 18 de agosto del 1988, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República, con respecto al acto mediante el cual el IDA traspasó el inmueble a la Asociación Parque Recreativo del Norte...” (folio 6 del expediente administrativo del IDA); b.11) Que por oficio número DAJ-205 del 16 de marzo del dos mil nueve, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA, le informó a la Gerente General, que por sentencia número 00056-2008 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, se declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Contraloría General de la República y en consecuencia, se anuló por inconstitucional el artículo 16 inciso 22) de la Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, publicada en el Alcance No. 25 a La Gaceta No. 166 del 1° de septiembre de 1988, que es Ley de Presupuesto Extraordinario de la República, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Asimismo se indicó, que en el expediente número 09-00076-1027-CA, se tramita proceso contencioso administrativo interpuesto por la Contraloría General de la República contra el Instituto de Desarrollo Agrario y la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios 3 y 4 del expediente administrativo del IDA); b.12) Que por oficio DAJ-667-09 del veinte de julio del dos mil nueve, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA, rindió al Secretario General del Instituto de Desarrollo Agrario, un informe sobre el Parque Recreativo del Norte y recomendó “...la autorización del inicio de las gestiones, ya sean administrativas o judiciales, a efecto de proceder con la recuperación del inmueble matrícula Placa28291 del Partido de San José que se encuentra a nombre de la Asociación mencionada y ordenarse la cancelación de la inscripción en el Registro Público, para poder incluir el terreno dentro del patrimonio del Instituto...”, las que fueron aprobadas por la Junta Directiva del IDA, mediante acuerdo número 27 d la sesión ordinaria número 026-2009 celebrada el 28 de julio del dos mil nueve (folios 157 a 160, 274 del expediente judicial); c) De lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que no existe ninguna acción administrativa o jurisdiccional de parte del IDA, que sea relevante a efectos de lograr la recuperación efectiva del inmueble con plano catastrado número Placa28295. En ese sentido cabe destacar, que no obstante a la entidad demandada se le puso en conocimiento desde el año dos mil seis, sobre las irregularidades que tanto la Municipalidad de Moravia como la Contraloría General de la República le imputaron a la Asociación demandada, (folios 73, 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario), no es sino hasta por acuerdo número 9 de la sesión 010-07 del doce de marzo del dos mil siete y a consecuencia de que la CGR por oficio número FOE-DDJ-0317-07 le pidió información acerca de las acciones relacionadas con el Parque Recreativo del Norte, que resolvió interponer en su momento la acción de inconstitucionalidad contra lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 d la Ley número 7097, que autorizó el traspaso del inmueble a la Asociación demandada (folio 71 del interpuesta por el Instituto de Desarrollo Agrario, sino por la Contraloría General de la República, a pesar de que el IDA estaba legitimado para interponer la acción de inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; d) Por otra parte, cabe destacar que el IDA tuvo conocimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097, incluso antes de que el veintisiete, veintiocho y veintinueve de febrero del dos mil ocho, se publicara el aviso con la parte dispositiva de la sentencia, al que hace referencia el artículo 90 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (ver folios 7 a 9 del se adujo por oficio número DAJ-048-08 del veintitrés de enero del dos mil ocho, que debían esperar la publicación íntegra de la sentencia para “...conocer con mayor seguridad, lo pertinente a la nulidad del acto mismo de traspaso, la nulidad del asiento registral como consecuencia inmediata y, la reversión del inmueble al patrimonio de la institución...” (folio 8 del expediente administrativo del IDA); también lo es, que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, desde la primera vez que se publique el aviso a que se refiere el artículo 90 de esa misma, entrará a regir la eliminación de ordenamiento jurídico de la norma declarada contraria a la Constitución Política. Aunado a lo anterior, cabe destacar que no obstante la publicación íntegra de la sentencia se dio en el Boletín Judicial número 103 del veintinueve de mayo del dos mil ocho (folios 82 a 85 del legajo de pruebas de la CGR), no es sino hasta que por oficio número Placa28292 de dieciséis de diciembre del dos mil ocho, la Gerente General del IDA solicitó que le informaran la mayor brevedad sobre “...los efectos que tuvo la declaratoria de nulidad del artículo 16, inciso 22, de la Ley N° 7097 del 18 de agosto del 1988, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República, con respecto al acto mediante el cual el IDA traspasó el inmueble a la Asociación Parque Recreativo del Norte...” (folio 6 del expediente administrativo del IDA); e) Por último, que no es sino hasta el veinte de julio del dos mil nueve, que por oficio número DAJ-667-09 y a consecuencia del plazo de tres días hábiles otorgado por este Tribunal en auto de las ocho horas treinta minutos del siete de julio del dos mil nueve y conforme a lo dispuesto en el artículo 35.2 del CPCA (folios 148 a 150 del expediente judicial), que la Dirección de Asuntos Jurídicos recomendó “...la autorización del inicio de las gestiones, ya sean administrativas o judiciales, a efecto de proceder con la recuperación del inmueble matrícula Placa28291 del Partido de San José que se encuentra a nombre de la Asociación mencionada y ordenarse la cancelación de la inscripción en el Registro Público, para poder incluir el terreno dentro del patrimonio del Instituto...”, las que fueron aprobadas por la Junta Directiva del IDA, mediante acuerdo número 27 d la sesión ordinaria número 026-2009 celebrada el 28 de julio del dos mil nueve (folios 157 a 160, 274 del expediente judicial); f) En consecuencia, la entidad demandada no ejerció las acciones tendentes a proteger, conservar y recuperar los bienes de dominio público, a pesar de que: f.1) Debía recuperar el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, pues éste se segregó de la finca madre número 267183-000, terreno que de conformidad con lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos número 8005-G y 8059-G, fue expropiado y adquirido por el Estado e inscrito a nombre del IDA, con la finalidad de destinarlo al servicio público que presta; f.2) Tenía conocimiento de que la norma presupuestaria que había autorizado esa segregación y traspaso, adolecía de un vicio de inconstitucionalidad. En ese sentido, valga destacar que en el acuerdo número 4 de la sesión 21-89 del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, mediante el cual, se acordó confeccionar la escritura de traspaso y donación del Parque Recreativo del Norte a favor de la Asociación demandada, uno de los miembros de la Junta Directiva, se opuso al traspaso puesto que “...en razón de que en su condición de abogado, considera que la autorización del traspaso de ese lote, se basa en una norma presupuestaria, que a criterio suyo es inconstitucional. Asimismo quiere dejar constancia que es partidario de que se construyan centros como ese y se financien por cuenta del Estado, pero dentro del ordenamiento legal vigente...” (ver folios 102 y 103 del expediente judicial); f.3) Una vez declarada la inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097 y publicados tanto los avisos de la parte dispositiva, como la sentencia íntegra dictada por la Sala Constitucional, no es sino con ocasión del traslado de la demanda que da base a este proceso, que se recomendó y autorizó el inicio de las gestiones, ya sean administrativas o judiciales, a efecto de proceder con la recuperación del inmueble matrícula Placa28291 del Partido de San José que se encuentra a nombre de la Asociación mencionada y ordenarse la cancelación de la inscripción en el Registro Público, para poder incluir el terreno dentro del patrimonio del Instituto; g) Por todo lo expuesto, este Tribunal declara que el Instituto de Desarrollo Agrario, incurrió en una conducta omisiva contraria a lo dispuesto en los artículos los artículos 121 inciso 14 en relación con el 11 y 50 de la Constitución Política; 261 y 263 del Código Civil; 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Control Interno; 37 de la Ley de Construcciones; 110 y siguientes de la Ley de Control Interno; 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues no ejerció las acciones jurisdiccionales o administrativas necesarias para proteger, conservar y recuperar el bien de dominio público denominado Parque Recreativo del Norte. Es por ello que, de conformidad con los artículos 192, 199, 200, 210, 211y 213 de la Ley General de la Administración Pública; 8 de la Ley de Control Interno; 110 incisos b), e), p) y r) de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se ordena al jerarca del IDA iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones u omisiones que provocaron las conductas contrarias que se declararon en esta sentencia. Sobre lo actuado, deberá rendir informe a la Jueza Ejecutora de este Tribunal, en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia.

IXo.- SOBRE LOS ALCANCES DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO 22 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 7097 Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTOS DE TRASPASO E INSCRIPCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia número 2008-00056 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada en expediente número 07-13901-0007-CO, pues consideró que “...la autorización introducida en el artículo 16 inciso 22) de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, en cuanto permitió al Instituto de Desarrollo Agrario segregar y donar a una Asociación un terreno de veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros de su propiedad, es inconstitucional por el procedimiento legislativo que se siguió. Se trata de una norma atípica ajena al contenido presupuestario, a través de la cual se dispone que una propiedad de un ente autónomo del Estado, por lo que resulta contraria al Derecho de la Constitución. Por lo anterior, es claro que la norma que aquí se analiza resulta inconstitucional, y en consecuencia, debe anularse, advirtiendo que será en la vía ordinaria donde se determine la existencia de derechos adquiridos, o la necesidad de pagar o no mejoras sobre la propiedad cuyo traspaso se está anulando con la norma en cuestión...” (folios 65 a 71 del legajo de prueba de la CGR). En este punto, resulta necesario aclarar, cuáles son los efectos que producen las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 88, 89 y 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En primer término, la sentencia que declare la inconstitucionalidad y pronuncie la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirá cosa juzgada y eliminará la norma o acto del ordenamiento jurídico, eliminación que regirá a partir de la primera vez que se publique el aviso con la parte dispositiva a que se refiere el artículo 90 de la misma ley. En segundo término, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma o ley o disposición general, declarará también la de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra ley o disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia, así como la de los actos de aplicación cuestionados. Por último, la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. No obstante lo anterior, la sentencia constitucional de anulación, podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que produzca graves dislocaciones a la seguridad, la justicia y la paz sociales. Con base en las reglas antes expuestas, este Tribunal determinará cuáles son en el caso concreto, los alcances que tiene la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de Presupuesto Extraordinario número 7097, extremo que resulta trascendente, dado que dicha norma constituyó el título que sirvió de base para la autorización del traspaso del inmueble con plano catastrado número Placa28295, a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. En ese sentido, este Tribunal considera que: 1) Respecto a la declaratoria de nulidad absoluta de los actos conexos relativos al acuerdo de traspaso, la escritura de traspaso y la inscripción registral bajo matrícula Placa28291. Si el artículo 16 inciso 22 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097, constituía la base en que se sustentó la autorización para segregar y donar a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, de la finca número 267183, tomo 2652, folio13, asiento 1, un lote de hasta 25.000,02 metros cuadrados, con plano catastrado número Placa28295, que colinda al norte con calle pública, al este con Urbanización Los Colegios, al sur con el Instituto de Desarrollo Agrario y al oeste con la Dirección17416 (folio 01 del legajo de prueba de la CGR), en consecuencia, tal y como lo solicitó la Contraloría General de la República en el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad (folios 25 y 26 del legajo de pruebas de la CGR), resultaba procedente que al tenor de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley número 7135, que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, anulara el traspaso del inmueble indicado junto con la norma que dio sustento a ese acto, tal y como así lo dispuso en el último párrafo del considerando III de la sentencia número 2008-000056 (ver folio 70 del legajo de prueba de la CGR). Si bien es cierto, que en la parte dispositiva de la sentencia indicada, no se hace referencia a la anulación del traspaso de la propiedad cuya segregación y donación, autorizó la norma declarada inconstitucional (ver folios 71, 72, 85, 93, 94, 95 de legajo de pruebas de la CGR), también lo es, que las sentencias dictadas en materia constitucional tienen la particularidad de que no sólo son vinculantes respecto a los aspectos que contemple su parte dispositiva, sino también, respecto a aquellos que consten en la parte considerativa, aún y cuando no consten en el Por Tanto de las mismas. No obstante lo anterior, y dado que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no especificó cuáles eran los actos de traspaso que anulaba junto con la norma declarada inconstitucional, este Tribunal en aplicación del principio de seguridad jurídica y de lo dispuesto en los artículos 456 y 472 del Código Civil; artículos 128, 132, 133, 158 incisos 1 y 2, 166, 167 y 171 de la Ley General de la Administración Pública; declara que por adolecer de un vicio de nulidad absoluta, ya que fueron dictados con sustento en una norma que se declaró inconstitucional, se anulan los siguientes actos: a) El acuerdo número 4 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, adoptado en la sesión número 21-89 de fecha 14 de marzo del año 1989, por medio del cual se autorizó al Departamento Legal del IDA a confeccionar la escritura de traspaso y donación, de conformidad con lo establecido en la norma de presupuesto, Ley No. 7097 publicada en el Alcance No. 25 de La Gaceta No. 166 del 1° de setiembre de 1988, de un lote con un área de 2 HA.3461,41m2., según plano catastrado SJ-770.593-88, que se ha de segregar de la finca ubicada en los Cantones de Tibás y Moravia, propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, a favor de la Asociación Pro-Construcción del Parque Recreativo del Norte; b) La escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de noviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal, por medio de la cual se procedió a la segregación y donación a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, de un lote que mide 2 HA.3461,41m2. según plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número SJ-770593-88 con fecha siete de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. Ello implica, que deberá comunicarse al Archivo Nacional y al Registro Nacional la anulación del instrumento notarial referido, a efecto de las anotaciones marginales en la matriz del protocolo respectivo y los testimonios que se hubieran presentado al Registro Nacional; c) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, por lo que, se ordena al Registro Público de la Propiedad Inmueble cancelar dicha inscripción registral; 2) En cuanto a la determinación de los derechos adquiridos de buena fe o la procedencia del pago de mejoras. La sentencia número 2008-000056 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097, “...advirtiendo que será en la vía ordinaria donde se determine la existencia de derechos adquiridos, o la necesidad de pagar o no mejoras sobre la propiedad cuyo traspaso se está anulando con la norma en cuestión...” (folios 65 a 71 del legajo de prueba de la CGR). En ese sentido, cabe indicar que tal y como se desprende de lo dispuesto en los artículos 456 y 472 del Código Civil, en relación con los artículos 128, 132, 133, 158 incisos 1 y 2, 166, 167 y 171 de la Ley General de la Administración Pública, la inscripción registral del terreno con plano catastrado número SJ-770593-88 a favor de la Asociación demandada, no tendría el efecto de convalidar el título de traspaso del inmueble que se sustentó precisamente en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097 que fue declarado contrario a la Constitución Política, más aún que el inmueble se trata de un bien demanial afecto a un uso público de parque. En consecuencia, resulta improcedente el alegato de la parte demandada en cuanto a que tiene un derecho adquirido de buena fe sobre la propiedad del bien de dominio público denominado Parque Recreativo del Norte, y por ende, la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma presupuestaria atípica no le puede causar perjuicio, ya que en razón de la naturaleza demanial de ese inmueble y conforme a lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14 de la Constitución Política y 261 a 263 del Código Civil, no es posible adquirir un derecho de propiedad sobre un bien afecto a un servicio o a un uso público. En consecuencia, los derechos adquiridos a que hace referencia la Asociación demandada se reducirían a un aspecto meramente patrimonial, referido a los dineros líquidos que efectivamente ya se encuentren formando parte del patrimonio de la Asociación y no a la propiedad sobre el Parque Recreativo del Norte, ni a la vigencia en el tiempo de los contratos que actualmente mantiene con un sujeto de derecho privado que le permiten disponer del área en que se encuentra el gimnasio. En todo caso y en razón de objeto del proceso, no corresponde a este Tribunal determinar si existen o no derechos adquiridos de buena fe de carácter patrimonial, razón por la cual, si la accionada pretendiera hacer valer algún tipo de derecho sobre el particular, deberá acudir a la vía correspondiente, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda. En cuanto al pago de mejoras que plantea la Asociación demandada, constituye un aspecto que también resulta ajeno al objeto de este proceso, razón por la cual y de conformidad con lo dispuesto por la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al dictar la sentencia número 2008-00056, si la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte considera que tiene derecho a que se le paguen mejoras, deberá plantear la demanda respectiva junto con la prueba de rigor, a efecto de que se resuelva lo que en derecho corresponda; 3) Respecto a que la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097 y la anulación de los actos conexos, no tienen la virtud de desafectar el inmueble destinado al uso público de parque. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 261 del Código Civil; 43 y 44 párrafo 1º de la Ley de Planificación Urbana; 37 de la Ley de Construcciones, así como, del principio de in-matriculación de los bienes de dominio público, la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 y la consecuente declaratoria de nulidad absoluta del acuerdo número 4 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, adoptado en la sesión número 21-89 de fecha 14 de marzo del año 1989; de la escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de noviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal y de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, no tienen la virtud de desafectar el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88, puesto que tal y como quedó demostrado en el punto 3 del considerando VI de esta sentencia, existe una afectación de ese inmueble, a un uso público efectivo de parque, razón por la cual, prevalece la condición real del bien frente a la condición formal del mismo en el Registro Público. 4) Por todo lo expuesto, este Tribunal dispone que la sentencia número 2008-000056 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tiene los siguientes alcances para el caso concreto: 4.a) De conformidad con los artículos 456 y 472 del Código Civil; 128, 132, 133, 158 incisos 1 y 2, 166, 167 y 171 de la Ley General de la Administración Pública, y el principio de seguridad jurídica, se declara la nulidad absoluta de los siguientes actos: i) el acuerdo número 4 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, adoptado en la sesión número 21-89 de fecha 14 de marzo del año 1989; ii) la escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de noviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal. Lo que implica, que deberá comunicarse al Archivo Nacional y al Registro Nacional la anulación del instrumento notarial referido, a efecto de las anotaciones marginales en la matriz del protocolo respectivo y los testimonios que se hubieran presentado al Registro Nacional; iii) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, por lo que, se ordena al Registro Nacional cancelar dicha inscripción registral; 4.b) Que en razón de que no constituye parte del objeto del proceso, dado que no fue pedido por la Asociación demandada -tal y como se precisó durante la audiencia única celebrada el siete de enero del dos mil diez-, no corresponde a este Tribunal determinar si existen o no derechos adquiridos de buena fe de carácter patrimonial o, la necesidad de pagar o no mejoras a favor de la Asociación demandada, razón por la cual, si aquella pretendiera hacer valer algún tipo de derecho sobre el particular, deberá acudir a la vía correspondiente, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda; 4.c) Que en aplicación de los artículos 261 del Código Civil; 43 y 44 párrafo 1º de la Ley de Planificación Urbana; 37 de la Ley de Construcciones, y del principio de in- matriculación de los bienes de dominio público, la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 y la consecuente declaratoria de nulidad absoluta de los actos conexos indicados, no tienen la virtud de desafectar el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88, pues existe una afectación de ese inmueble, a un uso público efectivo de parque, razón por la cual, prevalece la condición real del bien frente a la condición formal del mismo en el Registro Público.

Xo.- SOBRE LAS PRETENSIONES RELATIVAS A QUE EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE RECUPERE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL COMO PARTE DE LA FINCA NÚMERO 1-267183 Y A QUE EL I.D.A. TRASPASE EL PARQUE A UN ÓRGANO O ENTE QUE LE CORRESPONDA ADMINISTRAR PARQUES PÚBLICOS. Si bien es cierto, la declaración de nulidad absoluta tendrá efectos puramente declarativos y retroactivos a la fecha del acto (artículo 171 de la Ley General de la Administración Pública), lo cual implicaría –en principio- restablecer las cosas al estado en que se encontraban al momento en que se dictó el acto declarado absolutamente nulo, también lo es, que dicho restablecimiento se dará cuando fuera posible hacerlo y las circunstancias actuales así lo permitan. En ese sentido, este Tribunal considera que no es posible que el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88 denominado Parque Recreativo del Norte, recupere la inscripción registral como parte integrante de la finca número 1-267183, de la cual, fue segregado. Ello por las siguientes razones: a) Aunque la finca madre número 1-267183, constituye un bien demanial, su destino no es conteste con la finalidad de uso público de parque al que está afecto el Parque Recreativo del Norte (inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88), pues tal y como se desprende de los Decretos Ejecutivos de expropiación número 8005-G y 8059-G, la finca madre de la cual fue segregado, está destinada al servicio público que presta el Instituto de Desarrollo Agrario (ver hechos probados 1 y 2 del considerando I de esta sentencia). En ese sentido, este Tribunal estima que el terreno destinado al Parque Recreativo del Norte, no podría volver a ser parte integrante de la finca 1-267183, pues actualmente está afecto de manera a un uso público de parque (ver punto 3 del considerando VI de esta sentencia), que es incompatible, con la finalidad de servicio público al que aquella está destinada; b) En ese sentido, cabe recordar que en el mapa de uso de suelo número 239.2 de la Municipalidad de Moravia, la finca número 370440, con plano catastrado número S-770593-88, se describe como Parque Recreativo del Norte; la que a su vez y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento al Plan Regulador de la Municipalidad de Moravia, se encuentra ubicada en la zona pública institucional de San Vicente, que se define como aquella que tiene por objeto, el establecimiento de facilidades culturales, educativas, recreativas, administrativas, convenientes para un adecuado desarrollo de la comunidad (ver folios 104 a 106 y 140 del expediente judicial); c) Que el lindero sur del terreno con plano catastrado número SJ-770593-88, ha sufrido una alteración, pues ya no colinda con la finca madre número 1-267183 propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como se indica en la inscripción registral del Partido de San José, matrícula Placa28291 y en el plano catastrado número SJ-770593-88 (ver folios 3 y 11 del legajo de pruebas de la CGR), sino con calle pública, tal y como este Tribunal pudo constatar al practicar la diligencia de reconocimiento judicial efectuada el dieciséis de septiembre del dos mil nueve, así como también, de la fotografía satelital visible a folio 126 del legajo de pruebas de la CGR. Aunado a lo anterior, del documento visible a folio 33 del expediente administrativo del IDA, se desprende que de la finca madre inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, bajo matrícula de folio real número Placa28289, también se segregó un terreno con una medida de 5.040, 88 m2 a favor de la Orquesta Sinfónica Nacional, que se ubica exactamente después de la calle pública con la que colinda al sur el Parque Recreativo del Norte (ver respaldo audiovisual del reconocimiento judicial y la fotografía satelital a folio 126 del legajo de pruebas de la CGR). Asimismo, que de esa misma finca madre se vendió al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en ¢37.223.910,00 de colones (treinta y siete millones doscientos veintitrés mil novecientos diez colones sin céntimos), un inmueble de 2 Has. 0679,95 m2 (folio 33 del expediente administrativo del IDA). Todo lo anterior implica, que la situación actual de los linderos y del área de la finca madre número 267183, no es la misma, que se consignó en la escritura número uno, del tomo diez del Protocolo del Notario Público Julio Sánchez Carvajal, otorgada en el año mil novecientos ochenta y nueve (ver folios 6 a 8 del del legajo de pruebas de la CGR); d) Que de los artículos 1, 15, 16 y 30 de la Ley del Instituto de Tierras y Colonización, se desprende que la administración y conservación de parques, no es competencia del Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como la propia representante de la entidad demandada, plantea como argumento de defensa al tiempo de contestar la demanda (folios 166 y 167 del expediente judicial); e) Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, el Mapa Oficial, junto con los planos o el catastro que lo complemente, constituirá registro oficial fehaciente sobre propiedad y afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos; y que el dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos al uso público en general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial; f) Que tal y como se declaró en el considerando VI de esta sentencia y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14; 261 a 263 del Código Civil; 43 y 44 párrafo 1º de la Ley de Planificación Urbana; 37 de la Ley de Construcciones, así como, al principio de in-matriculación de los bienes de dominio público, el inmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte, constituye un bien demanial afecto al uso público de parque. Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 inciso c) y g) del Código Procesal Contencioso Administrativo, 121 inciso 14 de la Constitución Política, 261 del Código Civil, 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, 37 de la Ley de Construcciones, 48 del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo número 26771-J) y 10 del Reglamento al Plan Regulador de la Municipalidad de Moravia, este Tribunal ordena al Instituto de Desarrollo Agrario: i) Confeccionar por medio de los Notarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa entidad, la escritura de traspaso a nombre de la Municipalidad de Moravia, del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José; que mide 25.000,06 metros cuadrados; que actualmente colinda al norte con calle pública, al sur con calle pública, al este con calle pública y otros, al oeste con la Sucesión de José Rivera y Quebrada, y cuya naturaleza es de parque público denominado Parque Recreativo del Norte; ii) Realizar todas las gestiones pertinentes para inscribir la propiedad con el plano catastrado SJ-770593-88 antes descrita, a nombre de la Municipalidad de Moravia en el Registro Público de la Propiedad Inmueble; 3) De lo anterior, deberán informar a la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en un plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esa sentencia.

XIo.- SOBRE LA DISCONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE LA ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA Y LA ASOCIACIÓN DEMANDADA. Este Tribunal ha tenido por demostrado que el cinco de abril del dos mil ocho, la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, suscribió un contrato de arrendamiento con la Asociación Centro Cristiano de Excelencia –quién figura en este proceso como tercero interesado-, sobre una parte del inmueble ubicado en el Dirección1834 , del cantón 14 Moravia, de la provincia de San José, inscrito a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio real matrícula número Placa28291, “...específicamente el terreno ubicado de las canchas deportivas hacia el oeste, hasta la quebrada (río), terreno con una medida aproximada de veinte mil metros cuadrados, y que en la actualidad consta de un gimnasio construido y áreas verdes. TERCERA: Que dicha propiedad, será destinada por el Arrendatario para la realización de servicios religiosos o eventos afines, que ayuden al desarrollo integral de (sic) sociedad y los individuos. CUARTA: El plazo de este contrato será de diez años a partir del día ocho de abril del dos mil ocho, pudiendo prorrogarse por períodos iguales hasta completar treinta años. Las prórrogas correspondientes a cada año deberán necesariamente formularse por escrito en un nuevo contrato o addendum; no existiendo prórrogas automáticas ni tácita. QUINTA: El precio del arrendamiento de la propiedad indicada, será de dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil colones exactos (Placa28297), y se establece un aumento anual del diez por ciento en el pago por concepto de arrendamiento de la propiedad...” (ver folios 275 a 278 del expediente judicial). En ese sentido y a contrario de lo que sostiene el representante del tercero interesado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 129 de la Constitución Política; 18 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública; 18 y 631 inciso 1 del Código Civil; 26 de la Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, el contrato de arrendamiento que suscribió con la demandada, a efecto de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra afectado el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico, por las siguientes razones: a) Resulta contrario al fin lícito que persigue la Asociación demandada conforme al artículo 3 de sus estatutos (folios 91 y 101 del legajo de pruebas de la CGR); b) Es contrario al motivo que sustentó la autorización de traspaso de dicho bien, que conforme a lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 de la ley número 7097, era que el terreno se dedicara exclusivamente a la construcción del Parque Recreativo del Norte (folios 1 del legajo de prueba de la CGR y 11 a 14 del obligaciones que sean lícitas y posibles conforme a los fines que persigue la Asociación y a la naturaleza demanial del bien (artículos 26 de la Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos de la Asociación demandada); c) Resulta contrario al uso público efectivo de parque, que se ha dado en un área aproximada al quince por ciento de la totalidad del inmueble, que no sólo se destinó, sino que en la realidad ha cumplido parcialmente la finalidad de esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San José y de la comunidad en general; d) En virtud de la naturaleza demanial del Parque Recreativo del Norte y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 262 y 631 del Código Civil, son contrarias a derecho las obligaciones que tengan por objeto una cosa que fuera legalmente imposible, como en este caso, en que por el uso público de parque, al que está destinado el inmueble con plano catastrado Placa28298, se encuentra fuera del comercio de los hombres. En razón de lo anterior, resulta improcedente la solicitud planteada por el representante del tercero interesado, en el sentido de que se mantenga la vigencia del contrato de arrendamiento por el plazo de diez años establecido en la cláusula cuarta de dicho convenio, toda vez que de conformidad con la naturaleza demanial del Parque Recreativo del Norte, su uso no puede ser privativo, sino conforme al uso público al que está afectado. En consecuencia y por todo lo expuesto, este Tribunal declara que el contrato de arrendamiento que suscribieron la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte con la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, a efecto de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra afecto el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico. Que en razón de lo anterior y de lo hábiles contados a partir de la firmeza de esta sentencia, se proceda al desalojo tanto de la Asociación demandada, como de la Asociación Centro Cristiano de Excelencia y de cualquier sujeto de derecho privado que se encuentre en el inmueble que ocupa el Parque Recreativo del Norte y se proceda poner en posesión provisional del inmueble al Instituto de Desarrollo Agrario, hasta tanto no se haga efectivo la inscripción registral del traspaso de dicho inmueble a favor de la Municipalidad de Moravia. Que la diligencia de desalojo y puesta en posesión provisional del inmueble, estará a cargo de la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo, quién la ejecutará con la ayuda de la Fuerza Pública, si fuera necesario (artículo 153 in fine de la Constitución Política).

XIIo.- SOBRE LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS. El Instituto de Desarrollo Agrario únicamente opuso la excepción de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria, la cual fue rechazada por este Tribunal, por resolución número 1913-2009 de las once horas del nueve de septiembre del dos mil nueve. Por su parte, la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, interpuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, y falta de derecho. En relación con la defensa de prescripción, habiéndose acreditado la naturaleza demanial del inmueble objeto del proceso, se impone necesariamente su rechazo. Debe tenerse presente que, tratándose de la recuperación y tutela de bienes de dominio público, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que las acciones con las que cuenta el Estado para su efectiva recuperación son imprescriptibles. Ello es así por las características particulares de este tipo de bienes. Así lo establece expresamente el artículo 34 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, en el tanto los actos absolutamente nulos estén surtiendo efectos, es posible su anulación, según se desprende del ordinal 40 del mismo Código Procesal y el canon 175 de la Ley General de la Administración Pública. Debe tener presente la representación del codemandado de derecho privado que frente a este tipo de pretensiones anulatorias debe privar el principio de que los actos viciados de nulidad absoluta no pueden convalidarse ni por el tiempo ni por acto jurídico, ni tampoco pueden sanearse, según lo preceptúa el artículo 172 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso concreto es indispensable considerar estos principios: se impugnan conductas relacionadas con la tutela de bienes de dominio público y además, a la fecha surten efectos: el inmueble está inscrito a nombre de un particular, pese a ser un parque destinado al esparcimiento de los vecinos de los cantones del Norte de San José y del público en general, y su naturaleza demanial. Por lo expuesto, y en virtud de que las pretensiones de la parte actora se destinan a requerir la nulidad absoluta de conductas administrativas que afectan bienes de dominio público y que a la fecha, siguen surtiendo efectos, siendo además que este Tribunal constató tal patología y declaró nulidad absoluta de las conductas formales impugnadas, debe rechazarse la defensa de prescripción alegada. En lo que toca a la falta de legitimación en su doble modalidad, considera este Tribunal que debe ser rechazada. Lo anterior por cuanto, analizado este presupuesto, se llega a la conclusión que, en primer lugar, la actora cuenta con suficiente legitimación activa para participar en este proceso a la luz del artículo 10 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ello por cuanto se trata de la defensa y tutela de bienes que componen la Hacienda Pública, según lo disponen los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ya que estamos en presencia de la recuperación y tutela de un bien de dominio público. Además, la acción se dirige correctamente contra el Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como lo dispone el artículo 12 inciso 1) del citado Código Procesal, como autor tanto de conductas formales impugnadas y anuladas en este fallo, como de conductas omisivas que resultan contrarias al ordenamiento jurídico. También, la acción se dirige correctamente contra la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, tal y como lo exige el ordinal 12 ya citado en su inciso 3) no sólo porque con base en una norma presupuestaria atípica que fue declarada inconstitucional, se inscribió a su nombre un bien destinado al uso público de parque, que por ende, debe retornar al dominio público, sino porque realizó un uso privativo de ese inmueble contrario al fin público al que estaba destinado. En lo que atañe a la excepción de falta de derecho, también se impone parcialmente su rechazo, por las razones que ya han sido ampliamente desarrolladas en los considerandos anteriores. En consecuencia, se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho, únicamente en cuanto a que no es posible que el terreno con plano catastrado número Placa28295 denominado Parque Recreativo del Norte, recupere la inscripción registral como parte integrante de la finca número 1-267183, de la cual, fue segregado, conforme a lo indicado en el considerando X de esta sentencia.

XIIIo.- COROLARIO. Por todas las razones expuestas en esta resolución procede declarar con lugar la demanda, en los siguientes términos: 1) Se declara que el inmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte y que actualmente se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula de folio real número Placa28291 del Partido de San José, a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia. 2) Se declara la nulidad absoluta de los siguientes actos: i) el acuerdo número 4 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, adoptado en la sesión número 21-89 de fecha 14 de marzo del año 1989; ii) la escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de noviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal. iii) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 3) Se declara que la inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 y la consecuente declaratoria de nulidad absoluta de los actos conexos indicados, no tienen la virtud de desafectar el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88, pues prevalece la condición real de ese bien, en el tanto, se encuentra afectado a un uso público de parque; 4) Se declara que el Instituto de Desarrollo Agrario, incurrió en una conducta omisiva contraria al ordenamiento jurídico, pues no ejerció las acciones jurisdiccionales o administrativas necesarias para proteger, conservar y recuperar el bien de dominio público denominado Parque Recreativo del Norte; 5) Se declara que en razón de la naturaleza demanial del Parque Recreativo del Norte, no es posible que la Asociación demandada adquiriera un derecho de propiedad sobre un bien afecto a un servicio o a un uso público; 6) Se declara que en razón de objeto del proceso, no corresponde a este Tribunal determinar si existen o no derechos adquiridos de buena fe de carácter patrimonial o, la necesidad de pagar o no mejoras a favor de la Asociación demandada, razón por la cual, si aquella pretendiera hacer valer algún tipo de derecho sobre el particular, deberá acudir a la vía correspondiente, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda; 7) Se declara que la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, incurrió en un uso indebido y privativo del inmueble con plano catastrado número Placa28295, no sólo porque que resulta contrario a los propios fines que persigue conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de sus estatutos, sino también, a la finalidad que justificó su traspaso, cual era, ser utilizado exclusivamente en la construcción del Parque Recreativo del Norte; 8) Se declara que todos los actos y los contratos suscritos por la Asociación demandada con la finalidad de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra afectado el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, son absolutamente nulos; 9) Se declara que el contrato de arrendamiento que suscribieron la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte con la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, a efecto de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra afecto el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico; 10) Se ordena comunicar al Archivo Nacional y al Registro Nacional, la anulación de la escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de noviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal, a efecto de las anotaciones marginales en la matriz del protocolo respectivo y los testimonios que se hubieran presentado al Registro Nacional; 11) Se ordena al Registro Público de la Propiedad Inmueble, cancelar la inscripción registral del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 12) Se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario confeccionar por medio de los Notarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa entidad, la escritura de traspaso a nombre de la Municipalidad de Moravia, del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ubicado en el Dirección1832 , del Dirección4667 , de la Provincia de San José; que mide 25.000,06 metros cuadrados; que actualmente colinda al norte con calle pública, al sur con calle pública, al este con calle pública y otros, al oeste con la Sucesión de José Rivera y Quebrada, y cuya naturaleza es de parque público denominado Parque Recreativo del Norte; 13) Se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario, realizar todas las gestiones pertinentes para inscribir la propiedad con el plano catastrado Placa28295 antes descrita, a nombre de la Municipalidad de Moravia en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. De lo anterior, deberá informar a la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en un plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esa sentencia; 14) Se ordena al jerarca del IDA iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones u omisiones que provocaron las conductas contrarias que se declararon en esta sentencia. De lo anterior, deberán informar a la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en un plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esa sentencia. 15) Se ordena que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la firmeza de esta sentencia, se proceda al desalojo tanto de la Asociación demandada, como de la Asociación Centro Cristiano de Excelencia y de cualquier sujeto de derecho privado que se encuentre en el inmueble que ocupa el Parque Recreativo del Norte y se proceda poner en posesión provisional del inmueble al Instituto de Desarrollo Agrario, hasta tanto no se haga efectivo la inscripción registral del traspaso de dicho inmueble a favor de la Municipalidad de Moravia. Que la diligencia de desalojo y puesta en posesión provisional del inmueble, estará a cargo de la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo, quién la ejecutará con la ayuda de la Fuerza Pública, si fuera necesario.

XIV.- SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR ADOPTADA EN RESOLUCIÓN NÚMERO 392-2009 DE LAS 15:00 HORAS DEL 10-03-2009. Con la finalidad de proteger el objeto de este proceso mientras esta resolución adquiere firmeza, se ordena mantener las medidas cautelares dictadas por el Juez Tramitador de este Tribunal, mediante resolución No. 392-2009, de las 15 horas del 10 de marzo de 2009, y en la cual se dispuso: “Se acoge la medida cautelar de anotación de demanda sobre el inmueble del partido de San José, inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula trescientos setenta mil cuatrocientos cuarenta submatrícula cero cero cero (Placa28287) solicitada por la Contraloría General de la República, ordenándose mantener la anotación acordada mediante resolución de las ocho horas del cuatro de febrero del año dos mil nueve. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas...”.

XV.- SOBRE COSTAS. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas al Instituto de Desarrollo Agrario y a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 196 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, en su condición de tercero interesado, no devengará ni pagará costas.

POR TANTO.

Se rechazan las excepciones de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva opuestas por la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho opuesta por la Asociación demandada únicamente en cuanto a que no es posible que el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88 denominado Parque Recreativo del Norte, recupere la inscripción registral como parte integrante de la finca número 1-267183, de la cual, fue segregado. En lo demás se rechaza. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la presente demanda, en los siguientes términos, entendiéndose denegada en lo no concedido expresamente. En consecuencia:. 1) Se declara que el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte y que actualmente se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula de folio real número 370440-000 del Partido de San José, a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia. 2) Se declara la nulidad absoluta de los siguientes actos: i) el acuerdo número 4 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, adoptado en la sesión número 21-89 de fecha 14 de marzo del año 1989; ii) la escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de noviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal. iii) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 3) Se declara que la inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 y la consecuente declaratoria de nulidad absoluta de los actos conexos indicados, no tienen la virtud de desafectar el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88, pues prevalece la condición real de ese bien, en el tanto, se encuentra afectado a un uso público de parque; 4) Se declara que el Instituto de Desarrollo Agrario, incurrió en una conducta omisiva contraria al ordenamiento jurídico, pues no ejerció las acciones jurisdiccionales o administrativas necesarias para proteger, conservar y recuperar el bien de dominio público denominado Parque Recreativo del Norte; 5) Se declara que en razón de la naturaleza demanial del Parque Recreativo del Norte, no es posible que la Asociación demandada adquiriera un derecho de propiedad sobre un bien afecto a un servicio o a un uso público; 6) Se declara que en razón de objeto del proceso, no corresponde a este Tribunal determinar si existen o no derechos adquiridos de buena fe de carácter patrimonial o, la necesidad de pagar o no mejoras a favor de la Asociación demandada, razón por la cual, si aquella pretendiera hacer valer algún tipo de derecho sobre el particular, deberá acudir a la vía correspondiente, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda; 7) Se declara que la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, en un uso indebido y privativo del inmueble con plano catastrado número Placa28295, no sólo porque que resulta contrario a los propios fines que persigue conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de sus estatutos, sino también, a la finalidad que justificó su traspaso, cual era, ser utilizado exclusivamente en la construcción del Parque Recreativo del Norte; 8) Se declara que todos los actos y los contratos suscritos por la Asociación demandada con la finalidad de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra afectado el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, son absolutamente nulos; 9) Se declara que el contrato de arrendamiento que suscribieron la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte con la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, a efecto de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra afecto el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico; 10) Se ordena comunicar al Archivo Nacional y al Registro Nacional, la anulación de la escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de noviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal, a efecto de las anotaciones marginales en la matriz del protocolo respectivo y los testimonios que se hubieran presentado al Registro Nacional; 11) Se ordena al Registro Público de la Propiedad Inmueble, cancelar la inscripción registral del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 12) Se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario confeccionar por medio de los Notarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa entidad, la escritura de traspaso a nombre de la Municipalidad de Moravia, del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José; que mide 25.000,06 metros cuadrados; que actualmente colinda al norte con calle pública, al sur con calle pública, al este con calle pública y otros, al oeste con la Dirección17417 , y cuya naturaleza es de parque público denominado Parque Recreativo del Norte. De lo anterior, deberá informar a la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en un plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esa sentencia; 13) Se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario, realizar todas las gestiones pertinentes para inscribir la propiedad con el plano catastrado SJ-770593-88 antes descrita, a nombre de la Municipalidad de Moravia en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. De lo anterior, deberá informar a la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en un plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esa sentencia; 14) Se ordena al jerarca del IDA iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones u omisiones que provocaron las conductas contrarias que se declararon en esta sentencia. Sobre lo actuado, deberá rendir informe a la Jueza Ejecutora de este Tribunal, en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia. 15) Se ordena que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la firmeza de esta sentencia, se proceda al desalojo tanto de la Asociación demandada, como de la Asociación Centro Cristiano de Excelencia y de cualquier sujeto de derecho privado que se encuentre en el inmueble que ocupa el Parque Recreativo del Norte y se proceda poner en posesión provisional del inmueble al Instituto de Desarrollo Agrario, hasta tanto no se haga efectivo la inscripción registral del traspaso de dicho inmueble a favor de la Municipalidad de Moravia. La diligencia de desalojo y puesta en posesión provisional del inmueble, estará a cargo de la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo, quién la ejecutará con la ayuda de la Fuerza Pública, si fuera necesario; 16) Se ordena mantener las medidas cautelares dictadas por el Juez Tramitador de este Tribunal, mediante resolución No. 392-2009, de las 15 horas del 10 de marzo de 2009; 17) Se condena al IDA y a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, al pago de las costas procesales y personales de este proceso. La Asociación Centro Cristiano de Excelencia, en su condición de tercero interesado no pagará ni devengará costas; 18) Expídanse los mandamientos respectivos, al Registro Nacional y al Archivo Nacional.

Marianella Álvarez Molina José Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 ________________________________________________________________________ PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Nº 235-2010-Bis TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las ocho horas quince minutos del cuatro de febrero del dos mil diez.- Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente, interpuesto por Nombre71822 , mayor, casada, Licenciada en Derecho y Administración de Negocios, vecina de San José, cédula de identidad número CED29778, en su carácter de CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), representado por Nombre34867 , mayor, casado, abogado, vecino de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad número CED112349, en su condición de apoderado general judicial de esa entidad; la ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, cédula jurídica número CED112350, representada por Nombre143067 , cédula de identidad número CED112351, en carácter Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de esa asociación. Como tercera interesada figura la ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, cédula jurídica número CED112352, representada por Nombre143068 , mayor, casado, empresario, vecino de San José, cédula de identidad número CED112353, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de esa asociación.

Redacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de los jueces Garita Navarro y González Vílchez; y,

CONSIDERANDO.

UNICO: Cabe indicar al gestionante, que las adiciones y aclaraciones de una sentencia proceden, únicamente, para complementarla en caso, de que alguno de los puntos debatidos, no hubiere sido fallado, o para explicar los alcances de lo que, en el fallo, pudiera haber quedado confuso -en su caso-, con el fin de darle cumplimiento efectivo. Por esa razón, no se le tiene como un recurso sino como una mera gestión, que no tiene el efecto de provocar una variación de la parte dispositiva de la resolución, sino solo su adición y aclaración. La gestión presentada por Nombre143067 , en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folio 360 del expediente judicial), resulta improcedente, porque en el fondo, lo que pretende es impugnar la parte considerativa de la sentencia número 235-2010 de las siete horas treinta minutos del veintisiete de enero del dos mil diez, específicamente lo resuelto en los considerandos número VI, VII, X, y XI, en los que precisamente se desarrollan los aspectos a que hace referencia la parte demandada y que dieron origen a los apartados 1, 5, 7 y 9 del Por Tanto de la sentencia 235-2010; y no aclarar o adicionar dicha sentencia en su parte dispositiva, que tal y como ya se indicó, encuentra sustento en el análisis contenido en dichos considerandos. Por todo lo expuesto, la gestión se declara improcedente y así debe declararse.

POR TANTO.

Se rechaza la solicitud de adición y aclaración planteada por la parte demandada, Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte.

Marianella Alvarez Molina José Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE

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    • Land Tenure and TitlingTenencia y Titulación de Tierras

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7097 Extraordinary Budget Law No. 7097
      • Ley 4240 Urban Planning Law
      • Ley 833 Construction Law
      • Ley 7575 Forestry Law
      • Ley 8131 Financial Administration and Public Budgets
      • Ley 8292 General Law on Internal Control

      Este documento cita

      • Ley 7097 Ley de Presupuesto Extraordinario N° 7097
      • Ley 4240 Ley de Planificación Urbana
      • Ley 833 Ley de Construcciones
      • Ley 7575 Ley Forestal
      • Ley 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
      • Ley 8292 Ley General de Control Interno

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