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Res. 00117-2006 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 03/03/2006
OutcomeResultado
The claim is partially upheld against the cooperative, ordering it to pay non-prescribed advances and costs; vacation, year-end bonus, moral damages, and the claim against the individual officers are denied.Se acoge parcialmente la demanda contra la cooperativa, condenándola al pago de anticipos no prescritos y costas; se rechazan vacaciones, aguinaldos, daño moral y la demanda contra los directivos personales.
SummaryResumen
The Second Chamber of the Costa Rican Supreme Court examines a claim by a worker-member of a self-managed health cooperative (Coopesalud) who sought payment of advances and other benefits after being irregularly removed from her position. The Court distinguishes the legal relationship of a worker-member from a typical employment contract: members of a self-managed cooperative are not salaried employees but co-owners of the enterprise who contribute personal work. The bond is associative, not labor-based, so the Labor Code provisions on dismissal, notice, or severance do not apply. The Court holds that the statute of limitations for advances is three months under Article 607 of the Labor Code, per binding constitutional precedent. The claim is partially upheld: the cooperative is ordered to pay the non-prescribed advances from three months before filing suit until the ruling becomes final, plus interest, deducting the previously paid labor settlement, and to continue payment if reinstatement does not occur. Vacation, year-end bonus, moral damages, and typical labor benefits are denied. The cooperative's officers are dismissed for lack of standing.La Sala Segunda analiza la demanda de una socia-trabajadora de Coopesalud (cooperativa autogestionaria de salud) que reclamaba el pago de anticipos y otros rubros tras ser separada irregularmente de su puesto. El tribunal diferencia la relación jurídica del socio-trabajador del contrato laboral típico: los miembros de una cooperativa autogestionaria no son empleados asalariados, sino copropietarios de la empresa que aportan trabajo personal. El vínculo es de carácter asociativo, no laboral, por lo que no aplican las normas del Código de Trabajo sobre despido, preaviso o cesantía. Se declara que la prescripción aplicable a los anticipos es de tres meses según el artículo 607 del Código de Trabajo, conforme a jurisprudencia constitucional vinculante. La Sala acoge parcialmente la demanda: condena a la cooperativa a pagar los anticipos no prescritos desde tres meses antes de la demanda hasta la firmeza de la sentencia, más intereses, con descuento de la liquidación laboral previamente pagada, y ordena continuar el pago si no hay reinstalación efectiva. Rechaza vacaciones, aguinaldos, daño moral y prestaciones típicamente laborales. Los directivos de la cooperativa son absueltos por falta de legitimación pasiva.
Key excerptExtracto clave
As can be seen, that decision is very clear that in cooperative matters the statute of limitations runs in three months, and this body cannot depart from what is thus decided by the Constitutional Chamber, whose rulings are binding erga omnes (Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law). That 3‑month period is counted, as provided by the legal text itself, from the moment the party is in effective possibility to claim rights or exercise the corresponding actions, so it must be established precisely when the plaintiff could have claimed her rights. The specificity of its regulations has strong support in Article 64 of the Costa Rican Political Constitution, which establishes as a first-order state duty the promotion of worker cooperatives. That characteristic of the cooperativist legal framework entails the impossibility of applying, primarily, exclusively and exclusively, to the legal relationship linking the cooperative association and its worker‑member any other protective legislation —specifically, labor law— even though both its constitution and operation are naturally linked to this field.Como se observa, ese pronunciamiento es muy claro en cuanto a que en materia cooperativa la prescripción opera a los tres meses, no pudiendo este órgano separarse de lo así dispuesto por la Sala Constitucional, cuyos fallos son vinculantes erga omnes (ordinal 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Ese plazo de 3 meses se cuenta, según lo dispone el propio texto legal, a partir de que se esté en la posibilidad efectiva de reclamar los derechos o ejercitar las acciones respectivas, por lo que debe ubicarse cuál fue ese preciso momento en que la demandante pudo haber reclamado sus derechos. La particularidad de su normativa tiene un contundente sustento en el ordinal 64 de la Constitución Política Costarricense, que instituye, como un deber estatal de primer orden, el fomento de la creación de cooperativas de trabajadores. Esa característica propia del ordenamiento cooperativista, trae aparejada la imposibilidad de aplicarle, de modo primordial, exclusivo y excluyente, a la relación jurídica que enlaza a la asociación cooperativa y a su socio-trabajador, cualquier otra legislación protectora —en concreto, la de Trabajo—, a pesar de que tanto su constitución como su funcionamiento, están vinculados, de modo natural, con esta materia.
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"El citado ordinal 17 establece, en su párrafo final, que: 'En asuntos contractuales de trabajo estas cooperativas [las de producción] se regirán por las disposiciones contenidas en la legislación laboral vigente, pero para los efectos de la relación jurídica del asociado con la cooperativa, debe interpretarse que su estatus económico social ha de ser la (sic) de socio-trabajador, como una sola persona física'."
"The aforementioned Article 17 establishes, in its final paragraph, that: 'In labor contractual matters these [production] cooperatives shall be governed by the provisions of current labor legislation, but for purposes of the legal relationship of the associate with the cooperative, it must be interpreted that his/her socio-economic status is that of worker-member, as a single natural person'."
Considerando V
"El citado ordinal 17 establece, en su párrafo final, que: 'En asuntos contractuales de trabajo estas cooperativas [las de producción] se regirán por las disposiciones contenidas en la legislación laboral vigente, pero para los efectos de la relación jurídica del asociado con la cooperativa, debe interpretarse que su estatus económico social ha de ser la (sic) de socio-trabajador, como una sola persona física'."
Considerando V
"Es claro que, la obligación, del demandante, de aportar su fuerza laboral —su deber de trabajar— para la ejecución de los servicios que la Cooperativa contrata y le presta a terceros, no tuvo su origen en un contrato de trabajo, sino en otro de carácter asociativo; cuya consecuencia, querida y tutelada por la legislación positiva, es, entre otras, esa."
"It is clear that the plaintiff's obligation to contribute his/her labor force —his/her duty to work— for the execution of the services that the Cooperative contracts and provides to third parties, did not originate in an employment contract, but in another of an associative nature; the consequence of which, desired and protected by positive legislation, is, among others, that one."
Considerando V
"Es claro que, la obligación, del demandante, de aportar su fuerza laboral —su deber de trabajar— para la ejecución de los servicios que la Cooperativa contrata y le presta a terceros, no tuvo su origen en un contrato de trabajo, sino en otro de carácter asociativo; cuya consecuencia, querida y tutelada por la legislación positiva, es, entre otras, esa."
Considerando V
"Como se observa, se trata de una responsabilidad solidaria de los directivos ante la Cooperativa como tal por los daños irrogados a esta, no ante sus asociados, razón que obliga a acoger la demanda únicamente en cuando fue dirigida contra Coopesalud, pues respecto de sus personeros es admisible la defensa de falta de legitimación pasiva."
"As can be seen, it is a joint liability of the officers before the Cooperative as such for the damages caused to it, not before its members, which requires upholding the claim only insofar as it was filed against Coopesalud, since regarding its agents the defense of lack of standing to be sued is admissible."
Considerando VI
"Como se observa, se trata de una responsabilidad solidaria de los directivos ante la Cooperativa como tal por los daños irrogados a esta, no ante sus asociados, razón que obliga a acoger la demanda únicamente en cuando fue dirigida contra Coopesalud, pues respecto de sus personeros es admisible la defensa de falta de legitimación pasiva."
Considerando VI
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2006-0117 Exp:* 99-003203-0166-LA* Res:* 2006-00117* SECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifty-five minutes on March third, two thousand six.* * * * * * * * * Ordinary proceeding filed before the Labor Court of the Second Judicial Circuit of San José, by [Nombre1], nurse, against COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD RESPONSABILIDAD LIMITADA represented by its manager [Nombre2], licensed in administration, and against him in his personal capacity and against [Nombre3], [Nombre4], [Nombre5], [Nombre6], [Nombre7], [Nombre8], [Nombre9], [Nombre10], [Nombre11], [Nombre12], [Nombre13], [Nombre14], [Nombre15], [Nombre16] and [Nombre17], the latter in their personal capacity and as directors and former directors of the CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIOANRIA DE SERVICIOS DE SALUD. Appearing as special judicial representatives; for the plaintiff, the licensed attorney [Nombre18] Sánchez Boza, divorced; and for the co-defendants, the licensed attorney Gloria Navas Montero.
All of legal age and residents of San José.* WHEREAS:* * * * * * * * * 1.-* The plaintiff, in the complaint filed on December seventeenth, nineteen ninety-nine, initiated this action so that in judgment she be granted the following: "payment of the advances on surpluses mentioned irregularly as salaries, not received (labor advances) from the 27th day of November 1996 until the year 2027, which is my useful working life until I qualify for an old-age pension. In addition to the sums corresponding to vacations and thirteenth month. Payment of the respective adjustments to the sums mentioned in the previous point, for the line items of inflation and annual increases. Payment of the damages caused by the absence of social security for me and my family according to Article 108 subsection d) of the Ley de asociaciones cooperativas. Payment of the moral damages suffered upon being separated from my job position, despite having been an associate responsible for my duties to my cooperative and the patients, which has come to affect my professional prestige built over more than 12 years of performing the same.
Payment of professional costs for the legal advice I have had to contract due to the illicit action of the manager and supported by the tolerance of the members of the Board of Administration and Surveillance Committee at the time I was separated from my job position and in the following periods, insofar as they have all participated in the joint and several liability generated by the damages already mentioned in this complaint. All calculated at the basic passive interest rate of the Banco Central de Costa Rica. Moral damages to my professional prestige".* * * * * * * * * 2.-* The representative of the defendant Cooperative answered the action in the terms indicated in the brief presented on January twenty-fourth, two thousand, and raised the defenses of statute of limitations (prescripción) and lack of right. The special judicial representative of the co-defendants did so in the manner set forth in the brief dated February twenty-sixth, two thousand one, and raised the defenses of statute of limitations (prescripción), lack of right, and lack of passive legal standing (falta de legitimación ad causam pasiva).* * * * * * * * * 3.-* The judge, licensed attorney Maritza Azofeifa Meneses, in a judgment at ten hours one minute on April fourth, two thousand three, ordered:* "In accordance with what has been analyzed, cited jurisprudence, numerals 1, 15, 452, 494 of the Labor Code (Código de Trabajo), 222, 317 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), THE DEFENSE OF STATUTE OF LIMITATIONS (EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN) FILED BY THE DEFENDANT COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD R.L.
COOPESALUD REPRESENTED BY [Nombre2], AND OTHERS IN A PERSONAL CAPACITY AND AS DIRECTORS AND FORMER DIRECTORS OF THE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CÓMITE DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD (Coopesalud) THROUGH THE SPECIAL JUDICIAL REPRESENTATIVE [Nombre19] GLORIA NAVAS MONTERO, IS UPHELD, and the present action being time-barred (prescrita), with no ruling on the merits of the matter and the other defenses raised, THE ORDINARY LABOR COMPLAINT BY [Nombre1] AGAINST COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD R.L. legally represented by Mr. [Nombre2], AS WELL AS AGAINST [Nombre2], [Nombre3], [Nombre4], [Nombre20], [Nombre6], [Nombre7], [Nombre8], [Nombre9], [Nombre10], [Nombre21], [Nombre12], [Nombre13], [Nombre14], [Nombre15], [Nombre16], [Nombre17], in their PERSONAL capacity for the first named and in their PERSONAL CAPACITIES AND AS DIRECTORS AND FORMER DIRECTORS OF THE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD (Coopesalud), who granted SPECIAL JUDICIAL POWER OF ATTORNEY to Licda. Gloria Navas Montero, IS DECLARED WITHOUT MERIT IN ALL ITS EXTREMES.
The plaintiff granted special judicial power of attorney to Licda. [Nombre18] Sánchez Boza. II.- The hearing for the receipt of deposition upon oral examination (confessional) evidence held at eight hours ten minutes on February twenty-sixth, two thousand three, is partially annulled solely regarding the persons [Nombre22] and [Nombre23], for reasons on the merits; in all other respects, said act remains intact. The parties are advised that this judgment admits an appeal, which must be filed before this Court within a term of three days. Within the same term and before this Jurisdictional Body, the grounds of fact or law on which the appellant bases their disagreement must also be set forth, either verbally or in writing; under warning of declaring the appeal inadmissible (articles 500 and 501 subsections c) and d), (sic) ruling of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 5798 at 16:21 hours on August 11, 1998 and 1306 at 16:27 hours on February 23, 1999 and ruling of the Second Chamber (Sala Segunda) No. 386 at 14:20 hours on December 10, 1999).- COSTS: In accordance with numerals 494 of the Labor Code (Código de Trabajo), 222 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), this matter is resolved without special imposition of costs".
(sic).* * * * * * * * * 4.-* The plaintiff appealed and the Labor Tribunal, Third Section of the Second Judicial Circuit of San José, composed of licensed attorneys Fabricio Garro Vargas, Lorena Esquivel Agüero and María Enilda Alvarado Rodríguez, in a judgment at nine hours fifty-five minutes on January twenty-seventh of last year, resolved: "The appealed judgment is confirmed".*
* * * * * * * * 6.- In the proceedings, the prescriptions of law have been observed.* * * * * * * * * Drafted by Judge Aguirre Gómez; and,* RECITALS:* I-. The plaintiff challenges judgment No. 28, issued at 9:55 hours on January 27, 2005, by the Third Section of the Labor Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, because, in her view, what was ruled on statute of limitations (prescripción) violates articles 131 and 133 of the "Ley de asociaciones cooperativas y de creación del Instituto de Fomento Cooperativo", 865 and following of the Civil Code (Código Civil) and 395 subsection g) of the Labor Code (Código de Trabajo). She disagrees with the criterion of the appellate body, which considered the 3-month statute of limitations (prescripción) period established in numeral 607 of the Labor Code (Código de Trabajo) applicable to cooperative matters, despite the fact that this is an independent branch of Labor Law.
She points out that in the Labor Code (Código de Trabajo) there is no rule regulating the situation of an associate in conflict with a cooperative, given that the provisions that that legal body contained on the subject were repealed. * The substantive basis for cooperative matters in the Labor Code (Código de Trabajo) disappeared in 1968, leaving only the application of chapter VII, section I, of that Code, regarding the procedural aspect. For this reason, she opines that the applicable statute of limitations (prescripción) in Cooperative Law is the civil one, as it involves an aspect of substantive and not procedural law. In any case, she notes that article 601 of the Labor Code (Código de Trabajo) refers to the Civil Code (Código Civil) in matters of statute of limitations (prescripción). Added to the above, the referral made by the Ley de Asociaciones Cooperativas to the Labor Code (Código de Trabajo) is not exhaustive, but contemplates other possibilities, such as the Civil Code (Código Civil) and the Commerce Code, insofar as a reason for similarity exists.
She accuses the defect of ultra petita, since the defendant based the defense of statute of limitations (prescripción) on numeral 59 of the Ley de Asociaciones Cooperativas and the judge, on his own, applied 607 of the Labor Code (Código de Trabajo), which was not invoked as support for that defense, i.e., he used a different legal rule than numeral 59 of the Ley de Asociaciones Cooperativas, which was the one mentioned by the defendant in its brief, a rule which, in the appellant's opinion, does not apply because it refers to obligations of the members and not to violated associative-cooperative rights. She argues that the general assembly is the supreme body of the cooperative and that its agreements are binding, by virtue of the democratic principle governing that type of organization. The assembly rejected the motion to expel Ms. [Nombre1] on October 2, 1998 (as verified by the notarial record provided on folio 251 for better provision (mejor proveer)), which urged the board of administration and management to diligently comply with the reinstatement agreement, which constitutes an acknowledgment of the plaintiff's right with the effect of interrupting the statute of limitations (prescripción); besides the fact that on several occasions the interested party requested the materialization of the aforementioned agreement.
It must be taken into account that the plaintiff was always an associate of Coopesalud, her situation remaining undefined for years, and one cannot speak of inaction when the right cannot be asserted. According to article 874 of the Civil Code (Código Civil), the obligation became enforceable after 22 days counted from October 2, 1998, which was the period given by the assembly for the legal advisor to render a report on how the reinstatement should proceed, so the complaint was filed on time, on December 17, 1998 (sic). * Furthermore, the right was claimed in January 1999, but the manager indicated that it was necessary to wait for the response from Infocoop, leaving her status in suspense. As a final grievance, she criticizes that the deposition upon oral examination (confessional) evidence in the record was not considered. Based on the objections raised, she requests to overturn the appealed ruling and uphold the complaint.
She offers as evidence for better resolution the notarial records visible on folios 251 and 252 (folio 232).* II-. BACKGROUND: Mrs. [Nombre1] began working for the Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L. (hereinafter Coopesalud) in December 1989, as a nurse (folio 26). In May 1990, she became a member of said Cooperative (folio 23). In extraordinary session No. 246, held on December 23, 1996, the board of administration heard a request for dismissal with employer liability promoted by the plaintiff's boss, due to her personal interrelation problems, agreeing to authorize the cessation of employment and that the assembly should hear the matter regarding the extinction of the "corporate part" of the bond (folio 64). On December 27 following, the manager informed Mrs. [Nombre1] that, for reorganization reasons, her services would be dispensed with as of January 1, 1997, informing her that her rights as a worker would be paid by the Personnel Office, while her rights as an associate would be recognized once the board of administration carried out the pertinent procedures (folio 37). * On January 15, 1997, the plaintiff received ₡2,429,803.55 in payment of her labor rights (folio 62).
On July 8, 1998, Ms. [Nombre1] was called to an extraordinary assembly to be held on July 17, at which her corporate status would be decided (folio 40), but it does not appear in the record whether that meeting was actually held. On August 13 of that same year, the vigilance committee submitted a motion for expulsion of the plaintiff to the board of administration, given that she had not made the labor contribution essential in self-managed cooperatives for over a year (folio 41). On September 10, 1998, the associates were informed that the assembly scheduled for the following day was postponed to October 2 of that year (folio 39). On folio 38 verso appears the call for that extraordinary assembly of October 2, on whose agenda appeared the definition of Ms. [Nombre1]'s case. On the designated day, the assembly rejected the proposal to expel the plaintiff, ordering that the board of administration take the pertinent measures to relocate her; which body agreed to give a period of 22 days to the legal advisor to issue an opinion on how the reinstatement should proceed (folio 251).
On February 17, 1999, Ms. [Nombre1] asked the manager for a copy of the minutes of the assemblies held in 1998, but said gentleman replied that, according to Infocoop, only at the time of the assembly could associates examine the minutes, and that it was not his responsibility to resolve her status as an associate, but rather that was the competence of the board of administration, while also informing her that her colleagues from the Nursing department did not support her restitution (folio 68). The complaint was filed on December 17, 1999, against Coopesalud R.L. and, personally, against its former manager and the members of the board of administration and vigilance committee who participated in the events harmful to the plaintiff. Ms. [Nombre1] indicates that no study preceded the reorganization she was subjected to, which violates articles 34 subsection f) and 108 of the Ley de Asociaciones Cooperativas, 16 and 17 of the bylaws and 34-36 of the Reglamento de normas administrativas y de orden disciplinario of Coopesalud.
She says that since she was removed from her position, she stopped receiving the rights corresponding to her as an associate. She points out that in 1998 she was called to an assembly to resolve her corporate status, without an agreement having been reached to date to reincorporate her or to extinguish her relationship with the Cooperative. In view of the above, she seeks payment of the following items:
VII-.FINAL CONSIDERATION: Based on the reasoning set forth, the appeal filed is granted. Consequently, the appealed judgment must be reversed insofar as it declared the statute of limitations (prescripción) in its entirety and dismissed the claim, in order to, instead, partially accept the claim insofar as it was directed against Coopesalud R.L., ordering said entity to compensate the plaintiff for all the advances (anticipos) (remuneration provided for in Article 108 of the Cooperative Associations Law) that she ceased to earn from September 17, 1999 (3 months before the filing of the claim) until the finality of the judgment —unless before this event (finality of the judgment) the legal expulsion as a member of the defendant has occurred, in which case the compensation must be limited to the date of expulsion in accordance with the law—, plus the corresponding legal interest from the time each obligation came into legal existence until its effective payment; all of which shall be determined in the judgment execution stage.
Furthermore, in the event that the reinstatement resolution adopted by the assembly has not been fulfilled before the finality of the judgment, nor has the expulsion been decreed, the Cooperative must continue paying the plaintiff all the income corresponding to her in her capacity as member-worker (asociada-trabajadora), subsequent to the finality of the judgment until her effective reinstatement. From the amount that the defendant must definitively pay to Mrs. [Nombre1] as a result of this resolution, the sum of ¢2,429,803.55 that the plaintiff received on January 15, 1997, under the concept of “employment liquidation (liquidación laboral)” must be deducted. Likewise, from the sums that the defendant must pay, the amounts that it demonstrates, during the judgment execution stage, the plaintiff received as a salary from any employer during the same period covered by the payment of advances ordered herein, shall be deducted.
The plaintiff shall lose the right to continue receiving this compensation if the reinstatement does not occur due to her fault within a period of one month computed from the finality of the judgment, for which she may request the assistance of the Court. The following petitions must be denied: vacation days, Christmas bonuses (aguinaldos), adjustments for length of service and inflation, moral damages (daño moral), and damages caused by the absence of social security. The defense of statute of limitations raised by the defendant entity must be partially accepted with respect to the advances prior to September 17, 1999, which are declared time-barred, while the defense of lack of right must be accepted regarding what was not granted and denied regarding what was granted. Both costs of the action must be imposed on the cited organization, setting the personal costs at 25% of the judgment award.
The claim must be dismissed against those who held the positions of manager, members of the board of directors, and members of the oversight committee at the time of the facts, admitting the defense of lack of passive standing raised by them; and the matter regarding these persons is decided without a special ruling on costs.
THEREFORE:
The appealed judgment is reversed insofar as it declared the statute of limitations in its entirety and dismissed the claim. In its place, the claim is partially accepted insofar as it was directed against Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L., and said entity is ordered to compensate the plaintiff for all the advances (remuneration provided for in Article one hundred eight of the Cooperative Associations Law) that she ceased to earn from September seventeenth, nineteen ninety-nine (three months before the filing of the claim) until the finality of the judgment —unless before this event (finality of the judgment) the legal expulsion as a member of the defendant has occurred, in which case the compensation must be limited to the date of expulsion in accordance with the law—, plus the corresponding legal interest from the time each obligation came into legal existence until its effective payment; all of which shall be determined in the judgment execution stage.
Furthermore, in the event that the reinstatement resolution adopted by the assembly has not been fulfilled before the finality of the judgment, nor has the expulsion been decreed, the Cooperative must continue paying the plaintiff all the income corresponding to her in her capacity as member-worker, subsequent to the finality of the judgment until her effective reinstatement. From the amount that the defendant must definitively pay to Mrs. [Nombre1] as a result of this resolution, the sum of two million four hundred twenty-nine thousand eight hundred three colones and fifty-five céntimos that the plaintiff received on January fifteenth, nineteen ninety-seven, under the concept of “employment liquidation” must be deducted. Likewise, from the sums that the defendant must pay, the amounts that it demonstrates, during the judgment execution stage, the plaintiff received as a salary from any employer during the same period covered by the payment of advances ordered herein, shall be deducted.
The plaintiff shall lose the right to continue receiving this compensation if the reinstatement does not occur due to her fault within a period of one month computed from the finality of the judgment, for which she may request the assistance of the Court. The following petitions are denied: vacation days, Christmas bonuses, adjustments for length of service and inflation, moral damages, and damages caused by the absence of social security. The defense of statute of limitations raised by the defendant entity is partially accepted with respect to the advances prior to September seventeenth, nineteen ninety-nine, which are declared time-barred, and the defense of lack of right is accepted regarding what was denied and denied regarding what was granted. Both costs of the action are the responsibility of the cited organization, setting the personal costs at twenty-five percent of the judgment award.
The claim is dismissed against those who held the positions of manager, members of the board of directors, and members of the oversight committee at the time of the facts, admitting the defense of lack of passive standing raised by them; and the matter regarding these persons is decided without a special ruling on costs.
Orlando Aguirre Gómez Zarela María Villanueva Monge Bernardo van der Laat Echeverría Julia Varela Araya Rolando Vega Robert The undersigned Judges Varela Araya and Vega Robert dissent (salvan el voto) and cast their vote as follows:
WHEREAS:
The undersigned Judges Vega Robert and Varela Araya dissent from the majority vote only insofar as it ordered the deduction of the sums received by the plaintiff as salary during the period in which the payment of advances was ordered as a member-worker of the defendant herein. In the first place, because both items (salaries and advances) have a different legal nature. Furthermore, because there is no legal provision that permits this type of deduction. Lastly, we consider that the payment of advances constitutes a penalty for the Cooperative for the way it behaved toward Mrs. [Nombre1], and therefore the payment of salaries by any other employer can neither benefit nor harm it, that is, it is irrelevant.
THEREFORE:
We dissent only insofar as it ordered the deduction of the sums received by the plaintiff as salary during the period in which the payment of advances was ordered as a member-worker of the defendant herein.
Julia Varela Araya Rolando Vega Robert dhv
2006-0117 Exp:* 99-003203-0166-LA* Res:* 2006-00117* SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, nueve horas cincuenta y cinco minutos del tres de marzo del dos mil seis.* * * * * * * * * Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por [Nombre1] , enfermera, contra COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD RESPONSABILIDAD LIMITADA representada por su gerente [Nombre2] , licenciado en administración, y contra este en su carácter personal y contra [Nombre3] , [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] , [Nombre16] y [Nombre17] , estos en su carácter personal y como directivos y exdirectivos del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIOANRIA DE SERVICIOS DE SALUD. Figuran como apoderados especiales judiciales; de la actora, la licenciada [Nombre18] Sánchez Boza, divorciada; y de los co-demandados, la licenciada Gloria Navas Montero.
Todos mayores y vecinos de San José.* RESULTANDO:* * * * * * * * * 1.-* La actora, en escrito de demanda de fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, promovió la presente acción para que en sentencia se le conceda lo siguiente: “pago de los adelantos de excedentes mencionados irregularmente salarios, no percibidos (anticipos laborales) desde el día 27 de noviembre de 1996 hasta el año 2027, que es mi vida laboral útil hasta que me acoja a la pensión por vejez. Además de las sumas correspondientes a vacaciones y décimo tercer mes. Pago de los ajustes respectivos a las sumas mencionadas en el anterior punto, por los renglones de inflación y anualidades. Pago de los perjuicios ocasionados por la ausencia de la seguridad social para mi y mi familia según artículo 108 inciso d) de la Ley de asociaciones cooperativas. Pago del daño moral sufrido al separarme de mi puesto de trabajo, pese haber sido una asociada responsable de mis deberes con mi cooperativa y los pacientes, lo cual ha venido a afectar mi prestigio profesional formado durante más de 12 años de ejecutar el mismo.
Pago de costas profesionales por la asearía legal que he debido contratar ante la actuación ilícita del gerente y apoyada por la tolerancia de los miembros del Consejo de Administración y Comité de Vigilancia del momento en que fui separada de mi puesto de trabajo y de los siguientes períodos, en el tanto que todos han participado de la responsabilidad solidaria generada por los daños y perjuicios surgidos y ya mencionados en este libelo de demanda. Todo calculado al interés de la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica. Daño moral a mi prestigio profesional”.* * * * * * * * * 2.- * El representante de la Cooperativa demandada contestó la acción en los términos que indica en el memorial presentado el veinticuatro de enero del años dos mil y opuso las excepciones de prescripción y falta de derecho. La apoderada especial judicial de los coaccionados los hizo en la forma que lo expuso en escrito fechado veintiséis de febrero del dos mil uno y opuso las excepciones de prescripción, falta de derecho y falta de legitimación ad causam pasiva.* * * * * * * * * 3.- * La jueza, licenciada Maritza Azofeifa Meneses, por sentencia de las diez horas un minuto del cuatro de abril del dos mil tres, dispuso:* “De conformidad con lo analizado, jurisprudencia de cita, ordinales 1, 15, 452, 494 del Código de Trabajo, 222, 317 del Código Procesal Civil, SE ACOGE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD R.L.
COOPESALUD REPRESENTADA POR [Nombre2] , Y OTROS EN CARÁCTER PERSONAL Y COMO DIRECTIVOS Y EXDIRECTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CÓMITE DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD (Coopesalud) A TRAVÉS DE LA APODERADA ESPECIAL JUDICIAL [Nombre19] GLORIA NAVAS MONTERO, y por encontrarse prescrita la presente acción, sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto y las demás excepciones interpuestas, SE DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR [Nombre1] , contra COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD R.L. representada legalmente por el señor [Nombre2] , así como en contra de [Nombre2] , [Nombre3] , [Nombre4] , [Nombre20] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre21] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] , [Nombre16] , [Nombre17] , en su carácter PERSONAL el primero y en sus caracteres PERSONALES Y COMO DRIECTIVOS Y EXDIRECTISO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD (Coopesalud), quienes confirieron PODER ESPECIAL JUDICIAL a la Licda. Gloria Navas Montero.
La parte actora confirió poder especial judicial a la licda. [Nombre18] Sánchez Boza. II.- Se anula parcialmente la audiencia de recibo de prueba confesional de las ocho horas diez minutos del veintiséis de febrero del dos mil tres únicamente en cuanto a las personas [Nombre22] y [Nombre23] , por las razones de fondo, en cuanto a lo demás se deja incólume dicho acto. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En el mismo plazo y ante este Órgano Jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 inciso c) y d), (sic) voto de la Sala Constitucional Nº 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y voto de la Sala Segunda Nº 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999).- COSTAS: De conformidad con los ordinales 494 del Código de Trabajo, 222 del Código Procesal Civil, se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas”.
(sic).* * * * * * * * * 4.-* La parte actora apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los licenciados Fabricio Garro Vargas, Lorena Esquivel Agüero y María Enilda Alvarado Rodríguez, por sentencia de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintisiete de enero del año próximo pasado, resolvió: “Se confirma la sentencia apelada”. *
* * * * * * * * 6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.* * * * * * * * * Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,* CONSIDERANDO:* I-. La actora impugna la sentencia N° 28, dictada a las 9:55 horas del 27 de enero del 2005, por la Sección Tercera del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, porque, a su parecer, lo resuelto sobre prescripción infringe los artículos 131 y 133 de la “Ley de asociaciones cooperativas y de creación del Instituto de Fomento Cooperativo”, 865 y siguientes del Código Civil y 395 inciso g) del Código de Trabajo. Disiente del criterio del órgano de alzada, que consideró aplicable el plazo de prescripción de 3 meses, establecido en el numeral 607 del Código de Trabajo, a la materia cooperativa, a pesar de que esta es una rama independiente del Derecho Laboral. Señala que en el Código de Trabajo no existe ninguna norma que regule la situación de un asociado en conflicto con una cooperativa, dado que se derogaron las disposiciones que ese cuerpo normativo contenía sobre el tema. * El sustento material del tema cooperativo en el Código de Trabajo desapareció en 1968, subsistiendo solo la aplicación del capítulo VII, sección I, de ese Código, en cuanto al aspecto procesal.
Por ello, opina que la prescripción aplicable en Derecho Cooperativo es la civil, por tratarse de un aspecto de derecho sustantivo y no procesal. En todo caso, apunta que el artículo 601 del Código de Trabajo remite al Código Civil en materia de prescripción. Aunado a lo anterior, el reenvío que hace la Ley de Asociaciones Cooperativas al Código de Trabajo no es taxativa, sino que contempla otras posibilidades, como el Código Civil y el de Comercio, en tanto exista razón de similitud. Acusa el vicio de ultrapetita, ya que la demandada basó la excepción de prescripción en el numeral 59 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y el juez, por sí mismo, aplicó el 607 del Código de Trabajo, el cual no fue invocado como sustento de esa defensa, o sea, utilizó una norma jurídica diferente al ordinal 59 de la Ley de Asociaciones Cooperativas que fue la que mencionó la accionada en su escrito, norma que, en criterio de la recurrente, no se aplica por estar referida a obligaciones de los socios y no a derechos asociativos-cooperativos violados.
Aduce que la asamblea general es el órgano supremo de la cooperativa y que sus acuerdos son obligatorios, en virtud del principio democrático que rige ese tipo de organizaciones. La asamblea rechazó la moción de expulsión de doña [Nombre1] el 2 de octubre de 1998 (como se comprueba con el acta notarial aportada a folio 251 para mejor proveer), lo que conminaba al consejo de administración y a la gerencia a cumplir en forma diligente el acuerdo de reinstalación, el cual configura un reconocimiento del derecho de la accionante con efectos interruptores de la prescripción; amén de que en varias oportunidades la interesada pidió la materialización del acuerdo mencionado. Debe tomarse en cuenta que la actora siempre estuvo asociada a Coopesalud, manteniéndose por años indefinida su situación, no pudiendo hablarse de inercia cuando el derecho no puede hacerse valer. Al tenor del artículo 874 del Código Civil, la obligación se tornó exigible luego de 22 días contados a partir del 2 de octubre de 1998, que fue el plazo que dio la asamblea para que la asesora legal rindiera un informe sobre cómo debía proceder la reinstalación, por lo que la demanda se interpuso en tiempo, el 17 de diciembre de 1998 (sic). * Además, el derecho fue reclamado en enero de 1999, pero el gerente indicó que había que esperar la respuesta del Infocoop, dejando en suspenso su condición.
Como último agravio, critica que no se haya tomado en cuenta la prueba confesional que consta en autos. Con fundamento en las objeciones planteadas, solicita casar el fallo recurrido y acoger la demanda. Ofrece como prueba para mejor resolver las actas notariales visibles a folios 251 y 252 (folio 232).* II-. ANTECEDENTES: La señora [Nombre1] comenzó a trabajar para la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L. (en adelante Coopesalud) en diciembre de 1989, como enfermera (folio 26). En mayo de 1990 se afilió a dicha Cooperativa (folio 23). En la sesión extraordinaria N° 246, celebrada el 23 de diciembre de 1996, el consejo de administración conoció una gestión de despido con responsabilidad patronal impulsada por la jefa de la actora, debido a sus problemas de interrelación personal, acordándose autorizar el cese laboral y que fuese la asamblea la que conociera lo referente a la extinción de la “parte societaria” del vínculo (folio 64).
El 27 de diciembre siguiente, el gerente le comunicó a la señora [Nombre1] que, por motivos de reorganización, se prescindiría de sus servicios a partir del 1° de enero de 1997, informándole que sus derechos como trabajadora le serían cancelados por la Oficina de Personal, mientras que sus derechos como asociada le serían reconocidos una vez que el consejo de administración realizara los trámites pertinentes (folio 37). * El 15 de enero de 1997, la demandante recibió ¢2.429.803,55 en pago de sus derechos laborales (folio 62). El 8 de julio de 1998, doña [Nombre1] fue convocada a una asamblea extraordinaria que se llevaría a cabo el 17 de julio, en la que se decidiría su situación societaria (folio 40), mas no consta en autos si efectivamente esa reunión se realizó. El 13 de agosto de ese mismo año, el comité de vigilancia sometió al conocimiento del consejo de administración una moción de expulsión de la accionante, dado que llevaba más de un año sin hacer el aporte laboral, esencial en las cooperativas de autogestión (folio 41).
El 10 de setiembre de 1998, se les comunicó a los asociados que la asamblea programada para el día siguiente se trasladaba al 2 de octubre de ese año (folio 39). A folio 38 vuelto figura la convocatoria a esa asamblea extraordinaria del 2 de octubre, en cuyo orden del día aparecía la definición del caso de doña [Nombre1]. El día fijado, la asamblea rechazó la propuesta de expulsión de la actora, disponiéndose que el consejo de administración debía tomar las medidas pertinentes para reubicarla; órgano este que acordó darle un plazo de 22 días a la asesora legal para que rindiera un dictamen sobre la forma en que procedía efectuar la reinstalación (folio 251). El 17 de febrero de 1999, doña [Nombre1] le pidió al gerente una copia de las actas de las asambleas realizadas en 1998, pero dicho señor le contestó que, según el Infocoop, solo en el momento de la asamblea los asociados podían conocer las actas, y que a él no le correspondía resolver su situación como asociada, sino que eso era competencia del consejo de administración, a la vez que le informó que sus compañeros del departamento de Enfermería no apoyaban su restitución (folio 68).
La demanda se interpuso el 17 de diciembre de 1999, contra Coopesalud R.L. y, a título personal, contra su exgerente y los miembros del consejo de administración y comité de vigilancia que participaron en los eventos perjudiciales para la actora. Indica doña [Nombre1] que no medió ningún estudio previo a la reorganización de que fue objeto, lo que quebranta los artículos 34 inciso f) y 108 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, 16 y 17 de los estatutos y 34-36 del Reglamento de normas administrativas y de orden disciplinario de Coopesalud. Dice que desde que se le separó del puesto dejó de recibir los derechos que le correspondían como asociada. Señala que en 1998 la convocaron a una asamblea para resolver su situación societaria, sin que hasta la fecha se haya tomado un acuerdo para reincorporarla o extinguir su relación con la Cooperativa. En vista de lo anterior, pretende el pago de los siguientes rubros:
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