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Res. 00117-2006 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 03/03/2006
OutcomeResultado
The claim is partially upheld against the cooperative, ordering it to pay non-prescribed advances and costs; vacation, year-end bonus, moral damages, and the claim against the individual officers are denied.Se acoge parcialmente la demanda contra la cooperativa, condenándola al pago de anticipos no prescritos y costas; se rechazan vacaciones, aguinaldos, daño moral y la demanda contra los directivos personales.
SummaryResumen
The Second Chamber of the Costa Rican Supreme Court examines a claim by a worker-member of a self-managed health cooperative (Coopesalud) who sought payment of advances and other benefits after being irregularly removed from her position. The Court distinguishes the legal relationship of a worker-member from a typical employment contract: members of a self-managed cooperative are not salaried employees but co-owners of the enterprise who contribute personal work. The bond is associative, not labor-based, so the Labor Code provisions on dismissal, notice, or severance do not apply. The Court holds that the statute of limitations for advances is three months under Article 607 of the Labor Code, per binding constitutional precedent. The claim is partially upheld: the cooperative is ordered to pay the non-prescribed advances from three months before filing suit until the ruling becomes final, plus interest, deducting the previously paid labor settlement, and to continue payment if reinstatement does not occur. Vacation, year-end bonus, moral damages, and typical labor benefits are denied. The cooperative's officers are dismissed for lack of standing.La Sala Segunda analiza la demanda de una socia-trabajadora de Coopesalud (cooperativa autogestionaria de salud) que reclamaba el pago de anticipos y otros rubros tras ser separada irregularmente de su puesto. El tribunal diferencia la relación jurídica del socio-trabajador del contrato laboral típico: los miembros de una cooperativa autogestionaria no son empleados asalariados, sino copropietarios de la empresa que aportan trabajo personal. El vínculo es de carácter asociativo, no laboral, por lo que no aplican las normas del Código de Trabajo sobre despido, preaviso o cesantía. Se declara que la prescripción aplicable a los anticipos es de tres meses según el artículo 607 del Código de Trabajo, conforme a jurisprudencia constitucional vinculante. La Sala acoge parcialmente la demanda: condena a la cooperativa a pagar los anticipos no prescritos desde tres meses antes de la demanda hasta la firmeza de la sentencia, más intereses, con descuento de la liquidación laboral previamente pagada, y ordena continuar el pago si no hay reinstalación efectiva. Rechaza vacaciones, aguinaldos, daño moral y prestaciones típicamente laborales. Los directivos de la cooperativa son absueltos por falta de legitimación pasiva.
Key excerptExtracto clave
As can be seen, that decision is very clear that in cooperative matters the statute of limitations runs in three months, and this body cannot depart from what is thus decided by the Constitutional Chamber, whose rulings are binding erga omnes (Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law). That 3‑month period is counted, as provided by the legal text itself, from the moment the party is in effective possibility to claim rights or exercise the corresponding actions, so it must be established precisely when the plaintiff could have claimed her rights. The specificity of its regulations has strong support in Article 64 of the Costa Rican Political Constitution, which establishes as a first-order state duty the promotion of worker cooperatives. That characteristic of the cooperativist legal framework entails the impossibility of applying, primarily, exclusively and exclusively, to the legal relationship linking the cooperative association and its worker‑member any other protective legislation —specifically, labor law— even though both its constitution and operation are naturally linked to this field.Como se observa, ese pronunciamiento es muy claro en cuanto a que en materia cooperativa la prescripción opera a los tres meses, no pudiendo este órgano separarse de lo así dispuesto por la Sala Constitucional, cuyos fallos son vinculantes erga omnes (ordinal 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Ese plazo de 3 meses se cuenta, según lo dispone el propio texto legal, a partir de que se esté en la posibilidad efectiva de reclamar los derechos o ejercitar las acciones respectivas, por lo que debe ubicarse cuál fue ese preciso momento en que la demandante pudo haber reclamado sus derechos. La particularidad de su normativa tiene un contundente sustento en el ordinal 64 de la Constitución Política Costarricense, que instituye, como un deber estatal de primer orden, el fomento de la creación de cooperativas de trabajadores. Esa característica propia del ordenamiento cooperativista, trae aparejada la imposibilidad de aplicarle, de modo primordial, exclusivo y excluyente, a la relación jurídica que enlaza a la asociación cooperativa y a su socio-trabajador, cualquier otra legislación protectora —en concreto, la de Trabajo—, a pesar de que tanto su constitución como su funcionamiento, están vinculados, de modo natural, con esta materia.
Pull quotesCitas destacadas
"El citado ordinal 17 establece, en su párrafo final, que: 'En asuntos contractuales de trabajo estas cooperativas [las de producción] se regirán por las disposiciones contenidas en la legislación laboral vigente, pero para los efectos de la relación jurídica del asociado con la cooperativa, debe interpretarse que su estatus económico social ha de ser la (sic) de socio-trabajador, como una sola persona física'."
"The aforementioned Article 17 establishes, in its final paragraph, that: 'In labor contractual matters these [production] cooperatives shall be governed by the provisions of current labor legislation, but for purposes of the legal relationship of the associate with the cooperative, it must be interpreted that his/her socio-economic status is that of worker-member, as a single natural person'."
Considerando V
"El citado ordinal 17 establece, en su párrafo final, que: 'En asuntos contractuales de trabajo estas cooperativas [las de producción] se regirán por las disposiciones contenidas en la legislación laboral vigente, pero para los efectos de la relación jurídica del asociado con la cooperativa, debe interpretarse que su estatus económico social ha de ser la (sic) de socio-trabajador, como una sola persona física'."
Considerando V
"Es claro que, la obligación, del demandante, de aportar su fuerza laboral —su deber de trabajar— para la ejecución de los servicios que la Cooperativa contrata y le presta a terceros, no tuvo su origen en un contrato de trabajo, sino en otro de carácter asociativo; cuya consecuencia, querida y tutelada por la legislación positiva, es, entre otras, esa."
"It is clear that the plaintiff's obligation to contribute his/her labor force —his/her duty to work— for the execution of the services that the Cooperative contracts and provides to third parties, did not originate in an employment contract, but in another of an associative nature; the consequence of which, desired and protected by positive legislation, is, among others, that one."
Considerando V
"Es claro que, la obligación, del demandante, de aportar su fuerza laboral —su deber de trabajar— para la ejecución de los servicios que la Cooperativa contrata y le presta a terceros, no tuvo su origen en un contrato de trabajo, sino en otro de carácter asociativo; cuya consecuencia, querida y tutelada por la legislación positiva, es, entre otras, esa."
Considerando V
"Como se observa, se trata de una responsabilidad solidaria de los directivos ante la Cooperativa como tal por los daños irrogados a esta, no ante sus asociados, razón que obliga a acoger la demanda únicamente en cuando fue dirigida contra Coopesalud, pues respecto de sus personeros es admisible la defensa de falta de legitimación pasiva."
"As can be seen, it is a joint liability of the officers before the Cooperative as such for the damages caused to it, not before its members, which requires upholding the claim only insofar as it was filed against Coopesalud, since regarding its agents the defense of lack of standing to be sued is admissible."
Considerando VI
"Como se observa, se trata de una responsabilidad solidaria de los directivos ante la Cooperativa como tal por los daños irrogados a esta, no ante sus asociados, razón que obliga a acoger la demanda únicamente en cuando fue dirigida contra Coopesalud, pues respecto de sus personeros es admisible la defensa de falta de legitimación pasiva."
Considerando VI
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2006-0117 Res:* 2006-00117* SECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifty-five minutes on March third, two thousand six.* * * * * * * * * Ordinary proceeding filed before the Labor Court of the Second Judicial Circuit of San José, by [Nombre1], nurse, against COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD RESPONSABILIDAD LIMITADA represented by its manager [Nombre2], licensed in administration, and against him in his personal capacity and against [Nombre3], [Nombre4], [Nombre5], [Nombre6], [Nombre7], [Nombre8], [Nombre9], [Nombre10], [Nombre11], [Nombre12], [Nombre13], [Nombre14], [Nombre15], [Nombre16] and [Nombre17], the latter in their personal capacity and as directors and former directors of the CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIOANRIA DE SERVICIOS DE SALUD. Appearing as special judicial representatives; for the plaintiff, the licensed attorney [Nombre18] Sánchez Boza, divorced; and for the co-defendants, the licensed attorney Gloria Navas Montero.
All of legal age and residents of San José.* WHEREAS:* * * * * * * * * 1.-* The plaintiff, in the complaint filed on December seventeenth, nineteen ninety-nine, initiated this action so that in judgment she be granted the following: "payment of the advances on surpluses mentioned irregularly as salaries, not received (labor advances) from the 27th day of November 1996 until the year 2027, which is my useful working life until I qualify for an old-age pension. In addition to the sums corresponding to vacations and thirteenth month. Payment of the respective adjustments to the sums mentioned in the previous point, for the line items of inflation and annual increases. Payment of the damages caused by the absence of social security for me and my family according to Article 108 subsection d) of the Ley de asociaciones cooperativas. Payment of the moral damages suffered upon being separated from my job position, despite having been an associate responsible for my duties to my cooperative and the patients, which has come to affect my professional prestige built over more than 12 years of performing the same.
Payment of professional costs for the legal advice I have had to contract due to the illicit action of the manager and supported by the tolerance of the members of the Board of Administration and Surveillance Committee at the time I was separated from my job position and in the following periods, insofar as they have all participated in the joint and several liability generated by the damages already mentioned in this complaint. All calculated at the basic passive interest rate of the Banco Central de Costa Rica. Moral damages to my professional prestige".* * * * * * * * * 2.-* The representative of the defendant Cooperative answered the action in the terms indicated in the brief presented on January twenty-fourth, two thousand, and raised the defenses of statute of limitations (prescripción) and lack of right. The special judicial representative of the co-defendants did so in the manner set forth in the brief dated February twenty-sixth, two thousand one, and raised the defenses of statute of limitations (prescripción), lack of right, and lack of passive legal standing (falta de legitimación ad causam pasiva).* * * * * * * * * 3.-* The judge, licensed attorney Maritza Azofeifa Meneses, in a judgment at ten hours one minute on April fourth, two thousand three, ordered:* "In accordance with what has been analyzed, cited jurisprudence, numerals 1, 15, 452, 494 of the Labor Code (Código de Trabajo), 222, 317 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), THE DEFENSE OF STATUTE OF LIMITATIONS (EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN) FILED BY THE DEFENDANT COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD R.L.
COOPESALUD REPRESENTED BY [Nombre2], AND OTHERS IN A PERSONAL CAPACITY AND AS DIRECTORS AND FORMER DIRECTORS OF THE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CÓMITE DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD (Coopesalud) THROUGH THE SPECIAL JUDICIAL REPRESENTATIVE [Nombre19] GLORIA NAVAS MONTERO, IS UPHELD, and the present action being time-barred (prescrita), with no ruling on the merits of the matter and the other defenses raised, THE ORDINARY LABOR COMPLAINT BY [Nombre1] AGAINST COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD R.L. legally represented by Mr. [Nombre2], AS WELL AS AGAINST [Nombre2], [Nombre3], [Nombre4], [Nombre20], [Nombre6], [Nombre7], [Nombre8], [Nombre9], [Nombre10], [Nombre21], [Nombre12], [Nombre13], [Nombre14], [Nombre15], [Nombre16], [Nombre17], in their PERSONAL capacity for the first named and in their PERSONAL CAPACITIES AND AS DIRECTORS AND FORMER DIRECTORS OF THE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD (Coopesalud), who granted SPECIAL JUDICIAL POWER OF ATTORNEY to Licda. Gloria Navas Montero, IS DECLARED WITHOUT MERIT IN ALL ITS EXTREMES.
The plaintiff granted special judicial power of attorney to Licda. [Nombre18] Sánchez Boza. II.- The hearing for the receipt of deposition upon oral examination (confessional) evidence held at eight hours ten minutes on February twenty-sixth, two thousand three, is partially annulled solely regarding the persons [Nombre22] and [Nombre23], for reasons on the merits; in all other respects, said act remains intact. The parties are advised that this judgment admits an appeal, which must be filed before this Court within a term of three days. Within the same term and before this Jurisdictional Body, the grounds of fact or law on which the appellant bases their disagreement must also be set forth, either verbally or in writing; under warning of declaring the appeal inadmissible (articles 500 and 501 subsections c) and d), (sic) ruling of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 5798 at 16:21 hours on August 11, 1998 and 1306 at 16:27 hours on February 23, 1999 and ruling of the Second Chamber (Sala Segunda) No. 386 at 14:20 hours on December 10, 1999).- COSTS: In accordance with numerals 494 of the Labor Code (Código de Trabajo), 222 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), this matter is resolved without special imposition of costs".
(sic).* * * * * * * * * 4.-* The plaintiff appealed and the Labor Tribunal, Third Section of the Second Judicial Circuit of San José, composed of licensed attorneys Fabricio Garro Vargas, Lorena Esquivel Agüero and María Enilda Alvarado Rodríguez, in a judgment at nine hours fifty-five minutes on January twenty-seventh of last year, resolved: "The appealed judgment is confirmed".*
* * * * * * * * 6.- In the proceedings, the prescriptions of law have been observed.* * * * * * * * * Drafted by Judge Aguirre Gómez; and,* RECITALS:* I-. The plaintiff challenges judgment No. 28, issued at 9:55 hours on January 27, 2005, by the Third Section of the Labor Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, because, in her view, what was ruled on statute of limitations (prescripción) violates articles 131 and 133 of the "Ley de asociaciones cooperativas y de creación del Instituto de Fomento Cooperativo", 865 and following of the Civil Code (Código Civil) and 395 subsection g) of the Labor Code (Código de Trabajo). She disagrees with the criterion of the appellate body, which considered the 3-month statute of limitations (prescripción) period established in numeral 607 of the Labor Code (Código de Trabajo) applicable to cooperative matters, despite the fact that this is an independent branch of Labor Law.
She points out that in the Labor Code (Código de Trabajo) there is no rule regulating the situation of an associate in conflict with a cooperative, given that the provisions that that legal body contained on the subject were repealed. * The substantive basis for cooperative matters in the Labor Code (Código de Trabajo) disappeared in 1968, leaving only the application of chapter VII, section I, of that Code, regarding the procedural aspect. For this reason, she opines that the applicable statute of limitations (prescripción) in Cooperative Law is the civil one, as it involves an aspect of substantive and not procedural law. In any case, she notes that article 601 of the Labor Code (Código de Trabajo) refers to the Civil Code (Código Civil) in matters of statute of limitations (prescripción). Added to the above, the referral made by the Ley de Asociaciones Cooperativas to the Labor Code (Código de Trabajo) is not exhaustive, but contemplates other possibilities, such as the Civil Code (Código Civil) and the Commerce Code, insofar as a reason for similarity exists.
She accuses the defect of ultra petita, since the defendant based the defense of statute of limitations (prescripción) on numeral 59 of the Ley de Asociaciones Cooperativas and the judge, on his own, applied 607 of the Labor Code (Código de Trabajo), which was not invoked as support for that defense, i.e., he used a different legal rule than numeral 59 of the Ley de Asociaciones Cooperativas, which was the one mentioned by the defendant in its brief, a rule which, in the appellant's opinion, does not apply because it refers to obligations of the members and not to violated associative-cooperative rights. She argues that the general assembly is the supreme body of the cooperative and that its agreements are binding, by virtue of the democratic principle governing that type of organization. The assembly rejected the motion to expel Ms. [Nombre1] on October 2, 1998 (as verified by the notarial record provided on folio 251 for better provision (mejor proveer)), which urged the board of administration and management to diligently comply with the reinstatement agreement, which constitutes an acknowledgment of the plaintiff's right with the effect of interrupting the statute of limitations (prescripción); besides the fact that on several occasions the interested party requested the materialization of the aforementioned agreement.
It must be taken into account that the plaintiff was always an associate of Coopesalud, her situation remaining undefined for years, and one cannot speak of inaction when the right cannot be asserted. According to article 874 of the Civil Code (Código Civil), the obligation became enforceable after 22 days counted from October 2, 1998, which was the period given by the assembly for the legal advisor to render a report on how the reinstatement should proceed, so the complaint was filed on time, on December 17, 1998 (sic). * Furthermore, the right was claimed in January 1999, but the manager indicated that it was necessary to wait for the response from Infocoop, leaving her status in suspense. As a final grievance, she criticizes that the deposition upon oral examination (confessional) evidence in the record was not considered. Based on the objections raised, she requests to overturn the appealed ruling and uphold the complaint.
She offers as evidence for better resolution the notarial records visible on folios 251 and 252 (folio 232).* II-. BACKGROUND: Mrs. [Nombre1] began working for the Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L. (hereinafter Coopesalud) in December 1989, as a nurse (folio 26). In May 1990, she became a member of said Cooperative (folio 23). In extraordinary session No. 246, held on December 23, 1996, the board of administration heard a request for dismissal with employer liability promoted by the plaintiff's boss, due to her personal interrelation problems, agreeing to authorize the cessation of employment and that the assembly should hear the matter regarding the extinction of the "corporate part" of the bond (folio 64). On December 27 following, the manager informed Mrs. [Nombre1] that, for reorganization reasons, her services would be dispensed with as of January 1, 1997, informing her that her rights as a worker would be paid by the Personnel Office, while her rights as an associate would be recognized once the board of administration carried out the pertinent procedures (folio 37). * On January 15, 1997, the plaintiff received ₡2,429,803.55 in payment of her labor rights (folio 62).
On July 8, 1998, Ms. [Nombre1] was called to an extraordinary assembly to be held on July 17, at which her corporate status would be decided (folio 40), but it does not appear in the record whether that meeting was actually held. On August 13 of that same year, the vigilance committee submitted a motion for expulsion of the plaintiff to the board of administration, given that she had not made the labor contribution essential in self-managed cooperatives for over a year (folio 41). On September 10, 1998, the associates were informed that the assembly scheduled for the following day was postponed to October 2 of that year (folio 39). On folio 38 verso appears the call for that extraordinary assembly of October 2, on whose agenda appeared the definition of Ms. [Nombre1]'s case. On the designated day, the assembly rejected the proposal to expel the plaintiff, ordering that the board of administration take the pertinent measures to relocate her; which body agreed to give a period of 22 days to the legal advisor to issue an opinion on how the reinstatement should proceed (folio 251).
On February 17, 1999, Ms. [Nombre1] asked the manager for a copy of the minutes of the assemblies held in 1998, but said gentleman replied that, according to Infocoop, only at the time of the assembly could associates examine the minutes, and that it was not his responsibility to resolve her status as an associate, but rather that was the competence of the board of administration, while also informing her that her colleagues from the Nursing department did not support her restitution (folio 68). The complaint was filed on December 17, 1999, against Coopesalud R.L. and, personally, against its former manager and the members of the board of administration and vigilance committee who participated in the events harmful to the plaintiff. Ms. [Nombre1] indicates that no study preceded the reorganization she was subjected to, which violates articles 34 subsection f) and 108 of the Ley de Asociaciones Cooperativas, 16 and 17 of the bylaws and 34-36 of the Reglamento de normas administrativas y de orden disciplinario of Coopesalud.
She says that since she was removed from her position, she stopped receiving the rights corresponding to her as an associate. She points out that in 1998 she was called to an assembly to resolve her corporate status, without an agreement having been reached to date to reincorporate her or to extinguish her relationship with the Cooperative. In view of the above, she seeks payment of the following items: a) advances on surpluses or labor advances (irregularly called salaries), vacations and year-end bonuses (aguinaldos) not received from November 27, 1996 until the year 2027 (end of her useful life); b) readjustment of the indicated sums for inflation and annual increases; c) damages caused by the absence of social security for her and her family; * * * * * * * * * * d) moral damages for the impact on her professional prestige; e) personal costs; and f) interest (folio 1). The defendant Cooperative answered the complaint negatively, raising the defenses of statute of limitations (prescripción) and lack of right; the co-defendants in their personal capacity did likewise, adding the defense of lack of passive legal standing (falta de legitimación pasiva).
They emphasized that the plaintiff's dismissal was due to her personal interrelation problems, and that all her labor rights were paid to her. Regarding her relationship as an associate, they asserted that it has not ceased to exist, which is why she is still being called to assemblies, only that the benefits she claims cannot be recognized, as there has been no labor contribution on her part to serve as support for them (folios 52 and 92). In the first instance, the complaint was declared without merit, as the defense of statute of limitations (prescripción) was upheld, for which reason a ruling on the merits of the matter was omitted. The lower court (a quo) considered * article 59 of the Ley de Asociaciones Cooperativas, which was invoked by the defendants as the basis for the statute of limitations (prescripción), inapplicable; however, it upheld that defense based on numeral 607 of the Labor Code (Código de Trabajo).
The 3-month term contemplated in that rule was calculated by the first instance judge starting from January 2, 1997, so, since no act interrupting the statute of limitations (prescripción) appears in the file during that period, the right was declared time-barred (prescrito) (folio 182). The plaintiff appealed the ruling (folio 196), but the Tribunal confirmed it (folio 213).* III-. REGARDING ULTRA PETITA: Incongruence, being a procedural issue, cannot be heard by the Chamber, because in this matter the appeal is only admissible for the examination of substantive issues (article 559 of the Labor Code (Código de Trabajo)) (in this regard, see ruling No. 563 of this Chamber at 10:10 hours on September 14, 2001). * In any case, the alleged defect of ultra petita was not committed, given that it consists of granting more than what was requested (which is prohibited by articles 99 and 155 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil)), which means that the judge cannot declare a statute of limitations (prescripción) if the corresponding defense was not raised by the parties; but he is empowered, once the defense has been filed, to analyze its legal basis, even applying a rule different from the one invoked by the litigants, by virtue of the principle iura novit curia (the court knows the law).* IV-.
ON THE EVIDENCE ADMITTED FOR BETTER RESOLUTION (MEJOR PROVEER): At this instance, the plaintiff provided two notarial records, visible on folios 251 and 252. By resolution at 15:30 hours on August 3, 2005 (folio 276), only the first was admitted (public deed number 14 of volume 12 of the protocol of Notary [Nombre18] Sánchez Boza), because the other (public deed number 25 idem) was already in the record (folio 68). * On folio 281 appears the brief through which the defendant party responded to the hearing granted for this purpose, referring to both public deed number 14 and number 25, but, for the reason noted, only the arguments related to the notarial record on folio 251 will be considered. * The attorney for the defendants opposes the acceptance of that evidence because she believes the instrument is null, given that it was drawn up by the legal advisor of the plaintiff, who, as such, has an interest in the matter, which is prohibited by article 7 subsection c) of the Notarial Code (Código Notarial).
The argument lacks legal foundation, for although some type of interest might exist on the part of [Nombre19]. Sánchez Boza in winning the lawsuit, this is merely secondary or indirect (insufficient to disqualify her notarial action), since the party truly interested in obtaining victory is the holder of the right disputed in the lawsuit. For this reason, her objectivity cannot be considered compromised either (a requirement contained in subsection d) of numeral 102 of the Notarial Code (Código Notarial)). Another criticism made is that Ms. [Nombre18] was allowed to attend the association assembly in her capacity as legal advisor to the plaintiff, not as a notary public, with the attorney omitting to report her intention to draft a notarial record. However, at the time the events occurred, the title of Attorney also implied that of Notary Public (a specialization in Notarial Law was not required, as it is now), so Ms. [Nombre18]'s attendance at the act was in that dual capacity.
On the other hand, Licda. Sánchez Boza had no obligation to identify herself as a notary or to communicate her purpose of drawing up a notarial record, for the reasons to be stated below. Article 101 of the Notarial Code (Código Notarial) defines the notarial record as follows: "Notarial records are public instruments whose main purposes are to verify, through the notary and at the request of an interested party, facts, events, or situations that are known to them or occur in their presence, to give them the character of authentic, or to record notifications, warnings, or intimations proceeding according to law." That is, the notarial record serves to: a) verify facts, events, or situations that are known to the notary or occur in their presence, giving them an authentic character, and b) to record notifications, warnings, or intimations. For its part, subsection c) of the following numeral (102) reads:* "The notary who does not know those whom they must notify, inform, intimate, or warn, must endeavor to identify them and inform them at whose request they are proceeding, their status as a notary, the diligence to be carried out, and the right they have to record the statements they deem appropriate regarding that diligence, provided they are pertinent in the professional's judgment." As observed, the Notary must proceed thus only in the case of notarial records whose purpose is to record notifications, warnings, or intimations; not when it is a matter of verifying facts, events, or situations that * occur in their presence, which is precisely what happened in the specific case.
Continuing with the objections raised by Licda. Gloria Navas Montero against the notarial record on folio 251, she indicates that it does not reflect the reality of what happened on the day of the events. If that were true, the proper course is to challenge the validity of the instrument, but as long as its falsity is not declared in a judgment, the document constitutes full proof (articles 370, 396 and 397 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil)). In any case, the assembly minute book could well have been brought into the case file to contrast its content with the contested notarial record, an omission only attributable to the defendant. The affidavit on folio 288, rendered by the manager of Coopesalud, is not suitable to disprove the notarial record. In another vein, it is alleged that the reason why the plaintiff was not reinstated was because she was working at Hospital México, an argument that is entirely new, so its admission at this stage of the proceeding would leave the counterpart in a state of defenselessness.
The object of the litis is defined with the complaint and the answer, so neither party can claim that other aspects not raised at the opportune procedural moment be the subject of debate (as resolved in rulings of this Chamber No. 346 at 10 hours on June 27, 2001 and 55 at 10:20 hours on February 13, 2002). Finally, it is argued that the Chamber could not proceed to hear the merits of the matter without violating the principle of double instance (doble instancia), since as the lower court (a quo) and the appellate court (ad quem) declared the right time-barred (prescrito), they omitted to rule on the merits. The guarantee of double instance (doble instancia) implies that the parties have the opportunity for a higher body to review the actions of the lower one, which has been fully complied with in this proceeding, as the litigants have had not two but three instances, lacking all logic, as it is unnecessary, to require the judge who upholds a statute of limitations (prescripción) to resolve the merits of the matter, without this preventing the appellate body, if it considers that said defense does not proceed, from hearing the merits of the matter.* V-.
CONCERNING STATUTE OF LIMITATIONS (PRESCRIPCIÓN):* The appellant objects to the use of labor regulations to resolve the defense of statute of limitations (prescripción). She believes that the Civil Code (Código Civil) should be applied due to the absence of an express rule in the legislation regulating matters related to cooperatives and that the Labor Code (Código de Trabajo) is only applicable in procedural matters. First of all, it should be clarified that what the plaintiff seeks is not her reinstatement, but the payment of economic rights. If she had requested reinstatement, the defense of statute of limitations (prescripción) would not be admissible, since as she was never officially expelled from the cooperative by the body competent to do so (general assembly), the associative bond was never extinguished, so no statute of limitations (prescripción) period began to run for those purposes.
However, as what was claimed was not that but the payment of advances, the statute of limitations (prescripción) must be resolved in the manner to be stated. This Chamber has already repeatedly ruled on the statute of limitations (prescripción) term applicable in cooperative matters (see rulings No. 134 at 15:20 hours on May 27, 1998 and 57 at 10:40 hours on February 13, 2002), indicating that it is the one in article 607 of the Labor Code (Código de Trabajo), based on the ruling of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 5969 at 15:21 hours on November 26, 1993, issued on the occasion of an unconstitutionality action filed against the cited numeral 607, in which it was stated:* * * "Specifically, article 607 of the Code, whose constitutionality is questioned here, establishes: 'Unless otherwise specially provided, all rights and actions arising from this Code, its Regulations, and its related laws, that do not originate in employment contracts, shall expire (prescribirán) within a term of three months.
This term shall run for employers from the occurrence of the respective event and for workers from the moment they are in an effective position to claim their rights or exercise the corresponding actions.' It is worth noting that, in relation to the rights referred to in that rule, it appears they can only be those 'not linked' to the employment contract or relationship; not because they derive from the law, they cease to be from the contract, as already stated. Thus, the hypothesis contemplated by this rule will only refer to rights that do not arise within, by virtue of, or in connection with the employment relationship, -e.g., those referring to the organization and functioning of unions and cooperatives, the right to claim against employment policy or minimum wages considered incorrect, or social security rights" (the bold text is not in the original).* * * * As can be observed, that pronouncement is very clear in that, in cooperative matters, the statute of limitations (prescripción) runs at three months, and this body cannot depart from what has been so ordered by the Constitutional Chamber, whose rulings are binding erga omnes (section 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).
That 3-month period is counted, as provided by the legal text itself, from the moment one is in the effective possibility of claiming rights or exercising the respective actions; therefore, it must be determined what that precise moment was when the plaintiff could have claimed her rights. Recounting what happened, it is found that on December 27, 1996, the general manager of Coopesalud notified Ms. [Name1] that, for reasons of reorganization, her services would be dispensed with as of January 1, 1997, explaining that her rights as a worker would be paid by the Personnel Office, while her rights as an associate would be settled once the board of directors completed the pertinent procedures (folio 37). The settlement of “labor rights” was made on January 15, 1997 (folio 62). It was not until July 8, 1998, that the plaintiff was summoned to an extraordinary assembly to be held on July 17 to define her corporate situation (folio 40).
However, the record does not show whether that meeting was actually held. On the reverse of folio 38 there appears another call to an extraordinary assembly, for October 2, 1998, on whose agenda appears the “definition of the case of Mrs. [Name1]”. On the set day, the general assembly, the supreme body of the Cooperative (section 37 of the Ley de Asociaciones Cooperativas), rejected the motion for expulsion of the plaintiff, without ruling on the advances (anticipos) that she had ceased to receive, ordering the board of directors to take the pertinent measures to relocate Mrs. [Name1]; this latter body transferred the matter to the legal advisor so that within a period of 22 days she could render an opinion on the conditions of reinstatement (folio 251). The enforceability of each monthly sum for advances arose each month, as of January 1997, and the plaintiff was empowered to claim from that moment, but her inertia caused the statute of limitations to extinguish her rights. * However, the assembly’s agreement that ordered reinstatement carries as a logical and necessary consequence the acknowledgment of the advances not received while the separation lasted, thereby operating as an act interrupting the statute of limitations (article 876, subsection 1 of the Civil Code), meaning that the new computation of the statute of limitations is counted from the expiration of the deadline that the general assembly gave the legal advisor to report on the terms of reinstatement, that is, from October 24, 1998.
Since the request to the manager was made on February 17, 1999, and the lawsuit was filed on December 17 of the same year, the applicable statute of limitations ran, because more than three months elapsed between one action and another, leaving unaffected by it, therefore, only the advances that arose three months before the filing of the lawsuit. For this reason, the ruling on the statute of limitations must be modified and said defense accepted partially. For the sake of greater clarity, it is worth emphasizing the incorrect procedure followed in the plaintiff's case, by dividing her situation into an employment relationship (proceeding with her dismissal and settlement of legal benefits) and another of an associative nature (whose termination was left in suspense for over a year, without the assembly adopting the respective expulsion agreement). * In reality, Mrs. [Name1]'s condition was unique and indivisible: an associate of a self-managed cooperative, as she herself acknowledges when referring to the defenses raised by the co-defendants (folios 74 and 75), stating that there was no subordinate employment relationship, but rather an associative one, where the owners and workers of the cooperative are the same and therefore they are not governed by labor regulations, but by those pertaining to the association.
This Chamber has already had the opportunity to develop the issue, indicating that the members of such a cooperative are not workers in the strict sense of the term. Thus, it is appropriate to cite ruling No. 329 of 10:00 a.m. on October 22, 1999:* * * “The Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto de Fomento Cooperativo, No. 4179, of August 22, 1968, amended by laws Nos. 7391, of April 27, 1994; 6756, of April 30, 1982; 6893, of May 22, 1983; and 7053, of December 9, 1986, defines Cooperatives as ‘voluntary associations of persons and not of capital, with full legal personality, of indefinite duration and limited liability, in which individuals organize themselves democratically in order to satisfy their needs and promote their economic and social improvement, as a means of overcoming their human condition and their individual formation, and in which the motive of work and production, distribution and consumption, is service and not profit.’ (article 2).
Based on their purpose, that regulation differentiates, by way of example, several classes of Cooperatives, namely: consumer, production, marketing, supply, savings and credit, housing, services, school, youth, transport, and multiple cooperatives (section 15, first paragraph). As relevant to this case, article 17 of the same law states that ‘Production cooperatives have as their object the production, manufacture or transformation, directly by the associates, of processed natural articles, or the initiation or development of all kinds of agricultural, livestock, industrial and artisanal operations, distributing any surplus that may accumulate from their joint work effort, in proportion to the production, manual or intellectual work; or the performance with which each associate has contributed to the enterprise.’. Section 15, in turn, establishes, in its second paragraph, that this type of cooperative may be simple, co-managed, or self-managed; and the latter are defined by article 99, ibid., as ‘those enterprises organized for the production of goods and services, in which the workers who comprise them direct all their activities and directly contribute their labor force, with the primary purpose of carrying out productive activities and receiving, in proportion to their contribution of work, benefits of an economic and social nature.’.
From that rule and the content of sections 67, 109, subsection a), and 110, subsection c), of the indicated regulatory body, it follows that the fundamental obligation of the member consists of contributing personal work to the enterprise, directly and irreplaceably; which sustains the self-managed associative phenomenon and integrates, with preeminent character, its social capital. It is also important to highlight that, by express provision of subsection a) of section 105, ibid., the persons who form an organization of this category must obtain their subsistence, at the time of initiating its constitution, from work, whether as employees or as self-employed workers. The concordance of the cited provisions leads to the conclusion, then, that the self-managed production Cooperative is a typical organization of workers —a term understood here in its economic sense—, whose social capital is constituted by the permanent and direct contribution of the labor force that each associate must make, based on their own productive capacity.
Its purpose is to develop activities for the production of goods and services, with the aim of obtaining economic and social benefits for all its members. This business modality is designed to be directed by its own associates and so that the production tasks constituting its object are executed, basically, by themselves, personally. It is recognized, as a guiding element of its organizational scheme, that the economic benefits obtained are divided in proportion to the contribution of work made by each one —sections 99, 104 and 114, b), 8)—. In relation to this, articles 17 and 104 ibid. restrict the possibility of hiring salaried employees —workers in the legal sense—, that is, persons who are not associated with the cooperative; which may be done, but only in very qualified cases. There is no doubt that the groupings under discussion, among which the defendant is located and which the legislator considers ‘of public convenience and utility and of social interest’ (article 1), have a legal and clearly special regulation.
The particularity of its regulations has compelling support in section 64 of the Costa Rican Political Constitution, which institutes, as a first-order state duty, the promotion of the creation of workers' cooperatives. This characteristic proper to cooperative law entails the impossibility of applying, primarily, exclusively, and excludingly, to the legal relationship linking the cooperative association and its member-worker, any other protective legislation —specifically, Labor Law—, even though both its constitution and its operation are linked, in a natural way, with this subject matter. The cited section 17 establishes, in its final paragraph, that: ‘In contractual labor matters these cooperatives [production cooperatives] shall be governed by the provisions contained in current labor legislation, but for the purposes of the legal relationship of the associate with the cooperative, it must be interpreted that their economic-social status shall be that of member-worker, as a single natural person’.
The foregoing is also reaffirmed in section 131 ibid., in which a supplementary character is attributed, in a limited manner, to the Labor Code, below several sources of law and provided that the provisions to be applied ‘do not contravene cooperative principles, doctrine, and philosophy.’. In the case at hand, the plaintiff was a member-worker of the defendant Cooperative. Consequently, the legal relationship existing between them is different from the characteristic or typical employment relationships, to which the legal protection contained in current Labor regulations does apply. Consequently, it is not possible to maintain that the defendant Cooperative ‘receives’ the fruits of the plaintiff's work, that is, appropriates them for itself. This is because they are integrated —precisely, through the distribution of surpluses— into the assets of the person who produced them: the member-worker.
In these cases, the exchange of benefits that work entails does not occur, consisting of the alienation of the fruits obtained from the personal provision of services, in exchange for a price, which is proper and normal in typical employment relationships; nor does the element of subordination, attributable to a person different from the worker, i.e., the employer, occur. It is clear that the plaintiff's obligation to contribute his labor force —his duty to work— for the execution of the services that the Cooperative contracts and provides to third parties, did not originate in an employment contract, but in one of an associative nature; whose consequence, desired and protected by positive legislation, is, among others, that. On this matter, the Argentine jurists Francisco Junyent Vélez and Roberto Fermín Bertossi assert that worker cooperatives ‘have as their main characteristic and very reason for being, the non-existence within them of the possibility of an employer-worker relationship, which is equivalent to saying: no kind of labor relationship between associate and cooperative, since they have freely, voluntarily assumed what is called business risk, a decision that deserves the greatest respect’. / In a worker cooperative, it is the responsibility of the associates, as an essential requirement, to contribute personal work, without which they could not hold that status, resulting in them being associates because they work and working because they are associates, indivisible statuses.’ (La cooperativa, Buenos Aires, EDIAR, Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y Financiera, 1987, p. 293).
Similarly, other authors, regarding this contractual figure, have established that: ‘Partnership contract and employment contract are two different figures. (...) in those cases where the structure and content of the employment contract appear substituted by those that configure the partnership contract, we will be before this type of relationship and not the former. The employment contract is a typical and proper legal figure; the partnership contract is another different one, and independent of the former.’ (Manuel Alonso García, Curso de Derecho del Trabajo, Barcelona, Editorial Ariel, S.A., ninth edition, 1985, pp. 321-322). Manuel Alonso Olea and María Emilia Casas Baamonde indicate that ‘The "member-worker" is not linked to the cooperative by an employment contract, but [rather by one] of a corporate type [although] the mentioned circumstances bring him closer (...) to the employee; hence "the legal-labor impregnation" of his regime’ (Derecho del Trabajo, Madrid, Universidad de Madrid-Facultad de Derecho, thirteenth edition, 1993, p. 149).
Consequently, in this case, the specific employment relationship does not exist between the parties, and the figures of worker and employer cannot be individualized or extracted. The duty of submission to the guidelines established by the supreme corporate body of the Cooperative —the Assembly of Members—, incumbent upon the worker-associate, is not a product of the alleged employment relationship —here non-existent, as already indicated—, but of another type of legal subjection, which arises, precisely, from the associative agreement (...). In accordance with the provisions of section 2 of the cited Law, those associative mechanisms must be inspired by the democratic model of distribution and exercise of collective power, arising from the grouping; which implies, among other things, entrusting representatives with the making of certain decisions and the execution of those of a consensual nature, recognizing their authority, and submitting to the will of the majority.
From here arises, then, a modality of dependency or legal subordination, clearly differentiable from labor subordination, which —as stated— is subject to specific regulation. The circumstance that each member-worker meets their needs with the compensation and surpluses obtained from the work contributed to the Cooperative, does not automatically convert them into an employee, nor does it make them a holder of the rights proper to one in that legal condition. The remuneration to which they are entitled, which cannot be ‘lower than the minimum wage set for the different activities that govern private enterprises.’ (article 108, subsection a), is not a salary, in the labor sense of the term; although it undoubtedly constitutes the production cost for labor, which all the members, as entrepreneurs, cover. The applicable legislation takes care to assign it such a denomination and, although it resorts to the concept of "minimum salary," it does not equate them and does so only for the purpose of setting a legal, objective, and variable parameter for determining the minimum and maximum that the Cooperative must allocate to meet said productive cost.
That remuneration, as well as the surpluses or any other sums destined to the member-workers, has its legal cause in what cooperative legislation qualifies as ‘the distribution of economic and social benefits, the product of common effort’ (section 100, subsection a); which is, ultimately, the realization of the legal and social purpose of this type of human organization. It must also be taken into account that these different remunerations are determined by the associates themselves, within certain conditions, in direct proportion to the effort or contribution of work that each one made in the production of the corresponding goods and services (articles 17, first paragraph, 99, and 114). From all the foregoing, it is concluded, without a doubt, that there are notable differences between the relationships established at a typically labor level and those seen in self-managed cooperative associations.
This allows determining that, in the latter, the member-workers have, effectively, a special legal status, different from that of a salaried worker. They are co-owners of the means of production, that is, cooperative entrepreneurs, whose decisions are made at the guild level, based on a democratic organization. In turn, they are workers, but not salaried; rather independent, who organize collectively and who are the owners of their own enterprise. Hence, it is said that they are employers of themselves; which, despite reflecting a clear conceptual contradiction, eliminates, outright, the existence of a relationship of subordination and dependency, in the typical sense of what is labor-related. It is true that article 133 of the Ley de Asociaciones Cooperativas indicates that: ‘The Labor Courts, except in cases expressly provided in this law, shall have jurisdiction over actions arising from it, in accordance with the provisions of Title VIII, Chapter I of the Labor Code’.
However, what that rule does is grant jurisdiction to the Labor Courts to hear lawsuits filed on the occasion of the application of those regulations, without it being possible to affirm in any way that this circumstance ‘laborizes’ the relations among the associates of a self-managed cooperative” (in the same sense, see rulings No. 172 of 9:30 a.m. on July 6, 1994 and 134 of 3:20 p.m. on May 27, 1998)* * * Therefore, the dismissal and labor settlement of Mrs. [Name1] are acts lacking legal basis, because the provisions of the Labor Code regulating the payment of notice, severance pay, and vacations, nor the Ley de Aguinaldo para la Empresa Privada, cannot be applied in this case. The only procedure that should have been followed consisted of adopting an exclusion agreement by the assembly (article 34, subsection f) of the Ley de Asociaciones Cooperativas). However, that never happened, as the defendants admit when answering the lawsuit: “Her separation as an associate of the cooperative, a relationship distinct from the labor one, has not yet been completed, which is why she continues to be summoned to assemblies”.
The appealed judgment must therefore be revoked, insofar as it upheld the statute of limitations defense in full and dismissed the lawsuit, and the merits of the case must be examined. * VI-. COMPENSATION CORRESPONDING TO THE PLAINTIFF: There is no doubt that the abusive and illegitimate conduct of the Cooperative, leaving the plaintiff in total uncertainty for years, with serious impairment of her rights as a worker-associate, caused her damages (daños y perjuicios) that must be compensated (article 41 of the Political Constitution). In ruling No. 365 of 9:40 a.m. on November 26, 1999, this Chamber stated: “Damage, as part of the unlawful act, or as a prerequisite for civil liability, is doctrinally treated as an injury to a legally relevant interest in any sphere of human life and, as such, deserving of protection. It has been defined as: ‘... the detriment experienced in one's assets due to the loss of the economic values that compose it (pecuniary damage) and also the injury to feelings, honor, or legitimate affections (moral damage)’ (BUSTAMANTE ALSINA (Jorge) Teoría General de la Responsabilidad Civil, Buenos Aires, Editorial Abeledo - Perrot, eighth edition, 1993, p. 167)”.* In the specific case, we are in the field of contractual civil liability (contract of affiliation to a self-managed cooperative), in which “the damaging event consisting of the non-performance attributable to one of the parties to the contract (or, where appropriate, both), derives from a legal act or transaction that constitutes the source of obligation for them.
The wrongful act, in a broad sense, consists precisely in the non-performance of enforceable obligations arising from the legal transaction” (Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, second edition, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993, p.86). The general principle governing damages is that the responsible party must compensate all the damage caused by their wrongful act (principle of integral or full reparation) (in this regard, see the work of Orgaz, El daño resarcible, third edition, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1967, p. 120). Thus, “compensation for damage must restore the injured party’s assets to the situation in which they would have been had the damaging event not occurred” (Visintini, Tratado de la responsabilidad civil, volume 2, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 204). The plaintiff seeks compensation for both pecuniary and moral damage suffered. The former (also called material damage) is defined as “that which falls upon the assets, whether directly on the things or goods that compose it, or indirectly as a consequence or reflection of damage caused to the person themselves, in their rights or faculties (...).
Pecuniary damage can manifest itself in two typical forms: either as the loss or decrease of already existing economic values, that is, as an impoverishment of the assets (actual loss or positive damage), or as the frustration of expected economic advantages, that is, as the loss of an anticipated asset increase (loss of profit)” (Orgaz, op.cit., pp. 20 and 24). Mrs. [Name1] requests compensation for loss of profit, as she asks for payment of all the income she should have received in her condition as worker-affiliate of Coopesalud from the time she was separated from her position until 2027 (the year she places the end of her useful working life), together with the corresponding legal interest. To resolve such a claim correctly, the issue of the certainty of the damage must first be studied, which is one of the requirements for it to be compensable. Vázquez Ferreyra states in this regard that “the certainty of damage refers to its existence, whether present or future.
It is uncertain when there is no assurance that the injury has occurred or will occur. It is certain when it is real and effective, and not merely hypothetical (...). Certainty refers to its existence, and not to its actuality or the determination of its amount. Thus, future and certain damage may occur” * (Responsabilidad por daños, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993, pp. 178 and 180). For Zannoni, “the certainty of damage always constitutes a verification of a present fact that projects, also into the future, a necessary consequence. When the consequence is not necessary, but contingent or hypothetical or purely feared, the damage is uncertain” (op.cit., pp. 50-52). It is also important, for the correct examination of the question, to distinguish between present damage and future damage:* “Present damage is the injury already produced and subsisting. Future damage is that which does not yet exist but whose future existence is beyond doubt” (Vázquez Ferreyra, op.cit., p. 179).
According to doctrine, the chronological moment separating present damages from future ones is the issuance of the judgment: “From another point of view, damage —whether as actual loss or as loss of profit— can be present (or current) and future. The moment considered for this distinction is that of the ruling”* (Orgaz, op.cit., pp. 25-26). Zannoni holds the same view: “In summary, then, present damage is the injury, detriment, or harm already occurred and subsisting in the injured party’s assets at the time of the judgment. Future damage, on the other hand, is that which has not yet existed, but which will certainly exist, after the judgment” (op.cit., p. 69). Based on such theoretical premises, the defendant entity must be ordered to compensate the plaintiff for all the advances (anticipos) (remuneration provided for in article 108 of the Ley de Asociaciones Cooperativas) that she ceased to earn from September 17, 1999 (3 months before the filing of the lawsuit, which are not time-barred) until the judgment becomes final —unless before this event (the judgment becoming final) the legal expulsion of the plaintiff as a member of the defendant has occurred, in which case compensation must be limited to the date of expulsion in accordance with law—, plus the corresponding legal interest from when each obligation came into legal existence until its effective payment; all of which will be determined in the judgment enforcement stage (etapa de ejecución de sentencia).
As for future damages, since there is no security or certainty that the plaintiff's useful working life as a member of the defendant will last until the year 2027, the claim so formulated cannot be granted. However, it is appropriate to interpret it in the sense that, in the event that the reinstatement agreement ordered by the assembly has not been fulfilled before the judgment becomes final nor has the expulsion been decreed, the Cooperative must continue to pay the plaintiff all income corresponding to her as an associate-worker, subsequent to the judgment becoming final until effective reinstatement. It must be noted, however, that from the amount that the defendant must ultimately pay to Mrs. Villegas Campos as a result of this resolution, the sum of ¢2,429,803.55 paid to her on January 15, 1997, as a “labor settlement” must be deducted; for although such payment lacked legal basis, because there was no labor-type relationship, the fact is that the plaintiff received that money and it is fair and equitable to take it into account when calculating what the cooperative owes, to avoid unjust enrichment (enriquecimiento sin causa) (folio 62).
Likewise, from the sums the defendant must pay, the amounts it proves at the judgment enforcement stage that the plaintiff received as salary from any employer during the same period covered by the payment of advances ordered herein shall be deducted. The plaintiff shall lose the right to continue receiving such compensation if the reinstatement does not occur due to her fault within a period of one month computed from the date the judgment becomes final, for which she may request the assistance of the Court. The moral damage for the “impact on professional prestige” cannot be granted, as it is devoid of proof, a reason that also justifies denying the request regarding the damages caused by the absence of social security for the plaintiff and her family, since Mrs. [Name1] at no time indicated or demonstrated what those damages specifically consisted of. Adjustments based on inflation also cannot be ordered, as an express norm authorizing them is required.
In this same sense, the Chamber ruled in ruling No. 338 of 9:10 a.m. on July 9, 2003, which stated: “Both indexation and legal interest are formulas for monetary correction that tend to compensate for the loss of the real value of legal tender currency. The difference between the two is given by the fact that, in current legislation, only the latter is included and, in the case, as in this matter, of a monetary, pecuniary, or numerical debt or obligation, it grants it an exclusive and excluding character. Indeed, as established by article 706 of the Civil Code, ‘If the obligation is to pay a sum of money, the damages always and solely consist of the payment of interest on the sum owed, counted from the maturity of the term.’ Consequently, it is appropriate to deny this other aspect of the claim filed, not only for the lack of an express norm authorizing and regulating indexation, which would force the courts, if granted, to assume the setting of correction percentages, thus invading an unrelated sphere, but also because, being in the presence of the non-performance of a legal obligation payable in money, the damages arising from it cannot include more than the payment of legal interest,” and in this case, as previously ordered, the payment of interest was ordered from the enforceability of the sums resulting from advances. * It is also improper to grant the claims related to vacations, year-end bonuses (aguinaldos), and seniority bonuses (anualidades), as those items are of a labor nature and, as explained in the fifth recital (considerando) of this resolution, the plaintiff was not a worker in the strict sense, and therefore has no right to demand payment of such concepts, without the fact that she was paid a settlement of “labor rights” upon being “dismissed” affecting what is so ordered, given that error does not create right.
As a final observation, it should be noted that Mrs. [Name1] jointly and severally sued the Cooperative and those who held the positions of manager, members of the board of directors, and members of the oversight committee at the time of the events. However, the Ley de Asociaciones Cooperativas does not establish the joint and several liability (responsabilidad solidaria) of the officers in these types of cases. The norms of said Law that regulate the matter are transcribed below:* * * “Article 49: The oversight committee elected by the assembly, which shall be composed of no fewer than three members, or the audit mentioned in subsection e) of Article 36, shall be responsible for the examination and supervision of all accounts and operations carried out by the cooperative. It shall also report to the assembly as appropriate. For the examination and supervision of the aforementioned accounts and operations, the respective financial statements shall be certified by a licensed public accountant (contador público autorizado), or by the auxiliary cooperative bodies that carry out audit work in accordance with Article 95 of this law.
Once certified, they shall be delivered annually to the members. Cooperatives whose volume of operations is below the minimum defined by regulation are excluded from this obligation. The joint and several liability (responsabilidad solidaria) of the members of the board of directors and the manager extends to the members of the oversight committee or the internal auditor, for acts that the latter did not timely object to. Exempt from this liability are those committee members who expressly record their dissenting vote within one month following the date on which the respective resolution was adopted.” “Article 52: The members of the board of directors and the manager, who execute or allow the execution of acts clearly contrary to the interests of the cooperative, or who violate the law or the bylaws, shall be jointly and severally liable with their personal assets for the losses that such operations cause to the cooperative, without prejudice to the other penalties they may incur.
The director or manager who wishes to avoid personal liability shall request that their dissenting vote or opinion be recorded in the minute book.” As can be observed, this is a joint and several liability of the directors to the Cooperative as such for the damages caused to it, not to its members, a reason which obliges us to accept the claim only insofar as it was directed against Coopesalud, since regarding its officers, the defense of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) is admissible.
VII-.FINAL CONSIDERATION: Based on the reasoning set forth, the appeal filed is granted. Consequently, the appealed judgment must be reversed insofar as it declared the statute of limitations (prescripción) in its entirety and dismissed the claim, in order to, instead, partially accept the claim insofar as it was directed against Coopesalud R.L., ordering said entity to compensate the plaintiff for all the advances (anticipos) (remuneration provided for in Article 108 of the Cooperative Associations Law) that she ceased to earn from September 17, 1999 (3 months before the filing of the claim) until the finality of the judgment —unless before this event (finality of the judgment) the legal expulsion as a member of the defendant has occurred, in which case the compensation must be limited to the date of expulsion in accordance with the law—, plus the corresponding legal interest from the time each obligation came into legal existence until its effective payment; all of which shall be determined in the judgment execution stage.
Furthermore, in the event that the reinstatement resolution adopted by the assembly has not been fulfilled before the finality of the judgment, nor has the expulsion been decreed, the Cooperative must continue paying the plaintiff all the income corresponding to her in her capacity as member-worker (asociada-trabajadora), subsequent to the finality of the judgment until her effective reinstatement. From the amount that the defendant must definitively pay to Mrs. [Nombre1] as a result of this resolution, the sum of ¢2,429,803.55 that the plaintiff received on January 15, 1997, under the concept of “employment liquidation (liquidación laboral)” must be deducted. Likewise, from the sums that the defendant must pay, the amounts that it demonstrates, during the judgment execution stage, the plaintiff received as a salary from any employer during the same period covered by the payment of advances ordered herein, shall be deducted.
The plaintiff shall lose the right to continue receiving this compensation if the reinstatement does not occur due to her fault within a period of one month computed from the finality of the judgment, for which she may request the assistance of the Court. The following petitions must be denied: vacation days, Christmas bonuses (aguinaldos), adjustments for length of service and inflation, moral damages (daño moral), and damages caused by the absence of social security. The defense of statute of limitations raised by the defendant entity must be partially accepted with respect to the advances prior to September 17, 1999, which are declared time-barred, while the defense of lack of right must be accepted regarding what was not granted and denied regarding what was granted. Both costs of the action must be imposed on the cited organization, setting the personal costs at 25% of the judgment award.
The claim must be dismissed against those who held the positions of manager, members of the board of directors, and members of the oversight committee at the time of the facts, admitting the defense of lack of passive standing raised by them; and the matter regarding these persons is decided without a special ruling on costs.
THEREFORE:
The appealed judgment is reversed insofar as it declared the statute of limitations in its entirety and dismissed the claim. In its place, the claim is partially accepted insofar as it was directed against Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L., and said entity is ordered to compensate the plaintiff for all the advances (remuneration provided for in Article one hundred eight of the Cooperative Associations Law) that she ceased to earn from September seventeenth, nineteen ninety-nine (three months before the filing of the claim) until the finality of the judgment —unless before this event (finality of the judgment) the legal expulsion as a member of the defendant has occurred, in which case the compensation must be limited to the date of expulsion in accordance with the law—, plus the corresponding legal interest from the time each obligation came into legal existence until its effective payment; all of which shall be determined in the judgment execution stage.
Furthermore, in the event that the reinstatement resolution adopted by the assembly has not been fulfilled before the finality of the judgment, nor has the expulsion been decreed, the Cooperative must continue paying the plaintiff all the income corresponding to her in her capacity as member-worker, subsequent to the finality of the judgment until her effective reinstatement. From the amount that the defendant must definitively pay to Mrs. [Nombre1] as a result of this resolution, the sum of two million four hundred twenty-nine thousand eight hundred three colones and fifty-five céntimos that the plaintiff received on January fifteenth, nineteen ninety-seven, under the concept of “employment liquidation” must be deducted. Likewise, from the sums that the defendant must pay, the amounts that it demonstrates, during the judgment execution stage, the plaintiff received as a salary from any employer during the same period covered by the payment of advances ordered herein, shall be deducted.
The plaintiff shall lose the right to continue receiving this compensation if the reinstatement does not occur due to her fault within a period of one month computed from the finality of the judgment, for which she may request the assistance of the Court. The following petitions are denied: vacation days, Christmas bonuses, adjustments for length of service and inflation, moral damages, and damages caused by the absence of social security. The defense of statute of limitations raised by the defendant entity is partially accepted with respect to the advances prior to September seventeenth, nineteen ninety-nine, which are declared time-barred, and the defense of lack of right is accepted regarding what was denied and denied regarding what was granted. Both costs of the action are the responsibility of the cited organization, setting the personal costs at twenty-five percent of the judgment award.
The claim is dismissed against those who held the positions of manager, members of the board of directors, and members of the oversight committee at the time of the facts, admitting the defense of lack of passive standing raised by them; and the matter regarding these persons is decided without a special ruling on costs.
Orlando Aguirre Gómez Zarela María Villanueva Monge Bernardo van der Laat Echeverría Julia Varela Araya Rolando Vega Robert The undersigned Judges Varela Araya and Vega Robert dissent (salvan el voto) and cast their vote as follows:
WHEREAS:
The undersigned Judges Vega Robert and Varela Araya dissent from the majority vote only insofar as it ordered the deduction of the sums received by the plaintiff as salary during the period in which the payment of advances was ordered as a member-worker of the defendant herein. In the first place, because both items (salaries and advances) have a different legal nature. Furthermore, because there is no legal provision that permits this type of deduction. Lastly, we consider that the payment of advances constitutes a penalty for the Cooperative for the way it behaved toward Mrs. [Nombre1], and therefore the payment of salaries by any other employer can neither benefit nor harm it, that is, it is irrelevant.
THEREFORE:
We dissent only insofar as it ordered the deduction of the sums received by the plaintiff as salary during the period in which the payment of advances was ordered as a member-worker of the defendant herein.
Julia Varela Araya Rolando Vega Robert dhv
2006-0117 Res:* 2006-00117* SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, nueve horas cincuenta y cinco minutos del tres de marzo del dos mil seis.* * * * * * * * * Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por [Nombre1] , enfermera, contra COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD RESPONSABILIDAD LIMITADA representada por su gerente [Nombre2] , licenciado en administración, y contra este en su carácter personal y contra [Nombre3] , [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] , [Nombre16] y [Nombre17] , estos en su carácter personal y como directivos y exdirectivos del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIOANRIA DE SERVICIOS DE SALUD. Figuran como apoderados especiales judiciales; de la actora, la licenciada [Nombre18] Sánchez Boza, divorciada; y de los co-demandados, la licenciada Gloria Navas Montero.
Todos mayores y vecinos de San José.* RESULTANDO:* * * * * * * * * 1.-* La actora, en escrito de demanda de fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, promovió la presente acción para que en sentencia se le conceda lo siguiente: “pago de los adelantos de excedentes mencionados irregularmente salarios, no percibidos (anticipos laborales) desde el día 27 de noviembre de 1996 hasta el año 2027, que es mi vida laboral útil hasta que me acoja a la pensión por vejez. Además de las sumas correspondientes a vacaciones y décimo tercer mes. Pago de los ajustes respectivos a las sumas mencionadas en el anterior punto, por los renglones de inflación y anualidades. Pago de los perjuicios ocasionados por la ausencia de la seguridad social para mi y mi familia según artículo 108 inciso d) de la Ley de asociaciones cooperativas. Pago del daño moral sufrido al separarme de mi puesto de trabajo, pese haber sido una asociada responsable de mis deberes con mi cooperativa y los pacientes, lo cual ha venido a afectar mi prestigio profesional formado durante más de 12 años de ejecutar el mismo.
Pago de costas profesionales por la asearía legal que he debido contratar ante la actuación ilícita del gerente y apoyada por la tolerancia de los miembros del Consejo de Administración y Comité de Vigilancia del momento en que fui separada de mi puesto de trabajo y de los siguientes períodos, en el tanto que todos han participado de la responsabilidad solidaria generada por los daños y perjuicios surgidos y ya mencionados en este libelo de demanda. Todo calculado al interés de la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica. Daño moral a mi prestigio profesional”.* * * * * * * * * 2.- * El representante de la Cooperativa demandada contestó la acción en los términos que indica en el memorial presentado el veinticuatro de enero del años dos mil y opuso las excepciones de prescripción y falta de derecho. La apoderada especial judicial de los coaccionados los hizo en la forma que lo expuso en escrito fechado veintiséis de febrero del dos mil uno y opuso las excepciones de prescripción, falta de derecho y falta de legitimación ad causam pasiva.* * * * * * * * * 3.- * La jueza, licenciada Maritza Azofeifa Meneses, por sentencia de las diez horas un minuto del cuatro de abril del dos mil tres, dispuso:* “De conformidad con lo analizado, jurisprudencia de cita, ordinales 1, 15, 452, 494 del Código de Trabajo, 222, 317 del Código Procesal Civil, SE ACOGE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD R.L.
COOPESALUD REPRESENTADA POR [Nombre2] , Y OTROS EN CARÁCTER PERSONAL Y COMO DIRECTIVOS Y EXDIRECTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CÓMITE DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD (Coopesalud) A TRAVÉS DE LA APODERADA ESPECIAL JUDICIAL [Nombre19] GLORIA NAVAS MONTERO, y por encontrarse prescrita la presente acción, sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto y las demás excepciones interpuestas, SE DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR [Nombre1] , contra COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD R.L. representada legalmente por el señor [Nombre2] , así como en contra de [Nombre2] , [Nombre3] , [Nombre4] , [Nombre20] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre21] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] , [Nombre16] , [Nombre17] , en su carácter PERSONAL el primero y en sus caracteres PERSONALES Y COMO DRIECTIVOS Y EXDIRECTISO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE SALUD (Coopesalud), quienes confirieron PODER ESPECIAL JUDICIAL a la Licda. Gloria Navas Montero.
La parte actora confirió poder especial judicial a la licda. [Nombre18] Sánchez Boza. II.- Se anula parcialmente la audiencia de recibo de prueba confesional de las ocho horas diez minutos del veintiséis de febrero del dos mil tres únicamente en cuanto a las personas [Nombre22] y [Nombre23] , por las razones de fondo, en cuanto a lo demás se deja incólume dicho acto. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En el mismo plazo y ante este Órgano Jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 inciso c) y d), (sic) voto de la Sala Constitucional Nº 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y voto de la Sala Segunda Nº 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999).- COSTAS: De conformidad con los ordinales 494 del Código de Trabajo, 222 del Código Procesal Civil, se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas”.
(sic).* * * * * * * * * 4.-* La parte actora apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los licenciados Fabricio Garro Vargas, Lorena Esquivel Agüero y María Enilda Alvarado Rodríguez, por sentencia de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintisiete de enero del año próximo pasado, resolvió: “Se confirma la sentencia apelada”. *
* * * * * * * * 6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.* * * * * * * * * Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,* CONSIDERANDO:* I-. La actora impugna la sentencia N° 28, dictada a las 9:55 horas del 27 de enero del 2005, por la Sección Tercera del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, porque, a su parecer, lo resuelto sobre prescripción infringe los artículos 131 y 133 de la “Ley de asociaciones cooperativas y de creación del Instituto de Fomento Cooperativo”, 865 y siguientes del Código Civil y 395 inciso g) del Código de Trabajo. Disiente del criterio del órgano de alzada, que consideró aplicable el plazo de prescripción de 3 meses, establecido en el numeral 607 del Código de Trabajo, a la materia cooperativa, a pesar de que esta es una rama independiente del Derecho Laboral. Señala que en el Código de Trabajo no existe ninguna norma que regule la situación de un asociado en conflicto con una cooperativa, dado que se derogaron las disposiciones que ese cuerpo normativo contenía sobre el tema. * El sustento material del tema cooperativo en el Código de Trabajo desapareció en 1968, subsistiendo solo la aplicación del capítulo VII, sección I, de ese Código, en cuanto al aspecto procesal.
Por ello, opina que la prescripción aplicable en Derecho Cooperativo es la civil, por tratarse de un aspecto de derecho sustantivo y no procesal. En todo caso, apunta que el artículo 601 del Código de Trabajo remite al Código Civil en materia de prescripción. Aunado a lo anterior, el reenvío que hace la Ley de Asociaciones Cooperativas al Código de Trabajo no es taxativa, sino que contempla otras posibilidades, como el Código Civil y el de Comercio, en tanto exista razón de similitud. Acusa el vicio de ultrapetita, ya que la demandada basó la excepción de prescripción en el numeral 59 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y el juez, por sí mismo, aplicó el 607 del Código de Trabajo, el cual no fue invocado como sustento de esa defensa, o sea, utilizó una norma jurídica diferente al ordinal 59 de la Ley de Asociaciones Cooperativas que fue la que mencionó la accionada en su escrito, norma que, en criterio de la recurrente, no se aplica por estar referida a obligaciones de los socios y no a derechos asociativos-cooperativos violados.
Aduce que la asamblea general es el órgano supremo de la cooperativa y que sus acuerdos son obligatorios, en virtud del principio democrático que rige ese tipo de organizaciones. La asamblea rechazó la moción de expulsión de doña [Nombre1] el 2 de octubre de 1998 (como se comprueba con el acta notarial aportada a folio 251 para mejor proveer), lo que conminaba al consejo de administración y a la gerencia a cumplir en forma diligente el acuerdo de reinstalación, el cual configura un reconocimiento del derecho de la accionante con efectos interruptores de la prescripción; amén de que en varias oportunidades la interesada pidió la materialización del acuerdo mencionado. Debe tomarse en cuenta que la actora siempre estuvo asociada a Coopesalud, manteniéndose por años indefinida su situación, no pudiendo hablarse de inercia cuando el derecho no puede hacerse valer. Al tenor del artículo 874 del Código Civil, la obligación se tornó exigible luego de 22 días contados a partir del 2 de octubre de 1998, que fue el plazo que dio la asamblea para que la asesora legal rindiera un informe sobre cómo debía proceder la reinstalación, por lo que la demanda se interpuso en tiempo, el 17 de diciembre de 1998 (sic). * Además, el derecho fue reclamado en enero de 1999, pero el gerente indicó que había que esperar la respuesta del Infocoop, dejando en suspenso su condición.
Como último agravio, critica que no se haya tomado en cuenta la prueba confesional que consta en autos. Con fundamento en las objeciones planteadas, solicita casar el fallo recurrido y acoger la demanda. Ofrece como prueba para mejor resolver las actas notariales visibles a folios 251 y 252 (folio 232).* II-. ANTECEDENTES: La señora [Nombre1] comenzó a trabajar para la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L. (en adelante Coopesalud) en diciembre de 1989, como enfermera (folio 26). En mayo de 1990 se afilió a dicha Cooperativa (folio 23). En la sesión extraordinaria N° 246, celebrada el 23 de diciembre de 1996, el consejo de administración conoció una gestión de despido con responsabilidad patronal impulsada por la jefa de la actora, debido a sus problemas de interrelación personal, acordándose autorizar el cese laboral y que fuese la asamblea la que conociera lo referente a la extinción de la “parte societaria” del vínculo (folio 64).
El 27 de diciembre siguiente, el gerente le comunicó a la señora [Nombre1] que, por motivos de reorganización, se prescindiría de sus servicios a partir del 1° de enero de 1997, informándole que sus derechos como trabajadora le serían cancelados por la Oficina de Personal, mientras que sus derechos como asociada le serían reconocidos una vez que el consejo de administración realizara los trámites pertinentes (folio 37). * El 15 de enero de 1997, la demandante recibió ¢2.429.803,55 en pago de sus derechos laborales (folio 62). El 8 de julio de 1998, doña [Nombre1] fue convocada a una asamblea extraordinaria que se llevaría a cabo el 17 de julio, en la que se decidiría su situación societaria (folio 40), mas no consta en autos si efectivamente esa reunión se realizó. El 13 de agosto de ese mismo año, el comité de vigilancia sometió al conocimiento del consejo de administración una moción de expulsión de la accionante, dado que llevaba más de un año sin hacer el aporte laboral, esencial en las cooperativas de autogestión (folio 41).
El 10 de setiembre de 1998, se les comunicó a los asociados que la asamblea programada para el día siguiente se trasladaba al 2 de octubre de ese año (folio 39). A folio 38 vuelto figura la convocatoria a esa asamblea extraordinaria del 2 de octubre, en cuyo orden del día aparecía la definición del caso de doña [Nombre1]. El día fijado, la asamblea rechazó la propuesta de expulsión de la actora, disponiéndose que el consejo de administración debía tomar las medidas pertinentes para reubicarla; órgano este que acordó darle un plazo de 22 días a la asesora legal para que rindiera un dictamen sobre la forma en que procedía efectuar la reinstalación (folio 251). El 17 de febrero de 1999, doña [Nombre1] le pidió al gerente una copia de las actas de las asambleas realizadas en 1998, pero dicho señor le contestó que, según el Infocoop, solo en el momento de la asamblea los asociados podían conocer las actas, y que a él no le correspondía resolver su situación como asociada, sino que eso era competencia del consejo de administración, a la vez que le informó que sus compañeros del departamento de Enfermería no apoyaban su restitución (folio 68).
La demanda se interpuso el 17 de diciembre de 1999, contra Coopesalud R.L. y, a título personal, contra su exgerente y los miembros del consejo de administración y comité de vigilancia que participaron en los eventos perjudiciales para la actora. Indica doña [Nombre1] que no medió ningún estudio previo a la reorganización de que fue objeto, lo que quebranta los artículos 34 inciso f) y 108 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, 16 y 17 de los estatutos y 34-36 del Reglamento de normas administrativas y de orden disciplinario de Coopesalud. Dice que desde que se le separó del puesto dejó de recibir los derechos que le correspondían como asociada. Señala que en 1998 la convocaron a una asamblea para resolver su situación societaria, sin que hasta la fecha se haya tomado un acuerdo para reincorporarla o extinguir su relación con la Cooperativa. En vista de lo anterior, pretende el pago de los siguientes rubros: a) adelantos de excedentes o anticipos laborales (llamados irregularmente salarios), vacaciones y aguinaldos no percibidos desde el 27 de noviembre de 1996 hasta el año 2027 (fin de su vida útil); b) reajuste de las sumas indicadas por concepto de inflación y anualidades; c) perjuicios causados por la ausencia de seguridad social para ella y su familia; * * * * * * * * * * d) daño moral por la afectación a su prestigio profesional; e) costas personales; y f) intereses (folio 1).
La Cooperativa accionada contestó negativamente la demanda, oponiendo las excepciones de prescripción y falta de derecho; igualmente lo hicieron los coaccionados en carácter personal, quienes agregaron la defensa de falta de legitimación pasiva. Enfatizaron que el despido de la accionante se debió a sus problemas de interrelación personal, y que se le abonaron todos sus derechos laborales. En cuanto a su relación como asociada, aseguraron que no ha dejado de existir, por lo que todavía se le sigue convocando a las asambleas, solo que no se le pueden reconocer los beneficios que reclama, por no haber aporte laboral de su parte que les sirva de sustento (folios 52 y 92). En primera instancia, la demanda se declaró sin lugar, por tener acogida la excepción de prescripción, razón por la cual se omitió resolver el fondo del asunto. El a quo consideró inaplicable * el artículo 59 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, que fue invocado por los demandados como fundamento de la prescripción; sin embargo, acogió esa defensa con base en el numeral 607 del Código de Trabajo.
El término de 3 meses que contempla esa norma lo computó el juzgador de primera instancia a partir del 2 de enero de 1997, por lo que, como no consta en el expediente ninguna gestión interruptora de la prescripción durante ese lapso, declaró prescrito el derecho (folio 182). La demandante apeló el fallo (folio 196), pero el Tribunal le impartió confirmatoria (folio 213).* III-. DE LA ULTRAPETITA: La incongruencia, por ser un tema procesal, no puede ser conocido por la Sala, porque en esta materia el recurso resulta procedente únicamente en cuanto al examen de cuestiones de fondo (artículo 559 del Código de Trabajo) (al respecto, puede consultarse el voto de esta cámara N° 563 de las 10:10 horas del 14 de setiembre del 2001). * En todo caso, el alegado vicio de ultrapetita no se cometió, dado que este consiste en otorgar más de lo pedido (lo que está prohibido por los artículos 99 y 155 del Código Procesal Civil), lo cual significa que el juez no puede declarar una prescripción si la excepción correspondiente no fue planteada por las partes; pero sí está facultado para, una vez interpuesta la defensa, analizar su fundamento jurídico, aplicando incluso una norma distinta a la invocada por los litigantes, en virtud del principio iura novit curia (el juez conoce el Derecho).* IV-.
SOBRE LA PRUEBA ADMITIDA PARA MEJOR PROVEER: En esta instancia la actora aportó dos actas notariales, visibles a folios 251 y 252. Por resolución de las 15:30 horas del 3 de agosto del 2005 (folio 276) únicamente se admitió la primera (escritura número 14 del tomo 12 del protocolo de la Notaria [Nombre18] Sánchez Boza), porque la otra (escritura número 25 idem) ya figuraba en los autos (folio 68). * A folio 281 aparece el escrito mediante el cual la parte demandada contestó la audiencia conferida al efecto, haciéndose referencia tanto a la escritura número 14 como a la número 25, pero, por la razón apuntada, solo se tomarán en cuenta los alegatos que tengan que ver con el acta notarial de folio 251. * La abogada de los accionados se opone a la aceptación de esa prueba porque estima que el instrumento es nulo, dado que fue levantado por la asesora legal de la actora, quien, como tal, tiene un interés en el asunto, lo que está prohibido por el artículo 7 inciso c) del Código Notarial.
El argumento carece de fundamento jurídico, pues si bien puede existir algún tipo de interés por parte de la [Nombre19]. Sánchez Boza en ganar el juicio, este es meramente secundario o indirecto (insuficiente para descalificar su actuación como notaria), pues quien está realmente interesada en obtener la victoria es la parte titular del derecho discutido en juicio. Por ello, tampoco puede entenderse comprometida su objetividad (requisito contenido en el inciso d) del numeral 102 del Código Notarial). Otra de las críticas que se hacen es que a doña [Nombre18] se le permitió asistir a la asamblea de asociados en su condición de asesora legal de la accionante, no como notaria pública, omitiendo la abogada informar sobre su intención de redactar un acta notarial. No obstante, para la época en que sucedieron los hechos, el título de Abogado implicaba a la vez el de Notario Público (no se requería, como ahora, contar con una especialización en Derecho Notarial), por lo que la asistencia de doña [Nombre18] al acto fue en esa doble condición.
Por otro lado, ninguna obligación tenía la Licda. Sánchez Boza de identificarse como notaria ni de comunicar su propósito de levantar un acta notarial, por lo que de seguido se dirá. El artículo 101 del Código Notarial define así el acta notarial: “Las actas notariales son instrumentos públicos cuyas finalidades principales son comprobar, por medio del notario y a solicitud de parte interesada, hechos, sucesos o situaciones que le consten u ocurran en su presencia, darles carácter de auténticos, o bien hacer constar notificaciones, prevenciones o intimaciones procedentes según la ley.” Es decir, el acta notarial sirve para: a)comprobar hechos, sucesos o situaciones que le consten al notario u ocurran en su presencia, dándoles carácter de auténticos, y b) para hacer constar notificaciones, prevenciones o intimaciones. Por su parte, el inciso c) del numeral siguiente (102) reza:* “El notario que no conozca a quienes debe notificar, informar, intimar o prevenir, deberá procurar identificarlos y hacerles saber por encargo de quién procede, su calidad de notario, la diligencia por efectuar y el derecho que les asiste de hacer constar las manifestaciones que tengan a bien sobre esa diligencia, siempre que sean pertinentes a juicio del profesional”.
Como se observa, el Notario debe proceder así únicamente en el caso de las actas notariales cuyo propósito sea hacer constar notificaciones, prevenciones o intimaciones; no así cuando se trate de comprobar hechos, sucesos o situaciones que * ocurran en su presencia, que fue precisamente lo que sucedió en el caso concreto. Siguiendo con las objeciones que plantea la Licda. Gloria Navas Montero contra el acta notarial de folio 251, indica que no refleja la realidad de lo que aconteció el día de los hechos. De ser ello verdad, lo que procede es atacar la validez del instrumento, pero mientras no se declare la falsedad en sentencia, el documento hace plena prueba (artículos 370, 396 y 397 del Código Procesal Civil). En todo caso, bien pudo haberse traído al expediente el libro de actas de asamblea para contrastar su contenido con el acta notarial impugnada, omisión que únicamente le resulta achacable a la demandada.
La declaración jurada de folio 288, rendida por el gerente de Coopesalud, no es idónea para desvirtuar el acta notarial. En otro orden de ideas, se alega que el motivo por el cual no se reinstaló a la actora fue porque ella se encontraba laborando en el Hospital México, argumento que resulta totalmente novedoso, por lo que su admisión a estas alturas del proceso conllevaría dejar en estado de indefensión a la contraparte. Con la demanda y la contestación se define el objeto de la litis, por lo que ninguna de las partes puede pretender que sean objeto del debate otros aspectos que no fueron los planteados en el momento procesal oportuno (así se resolvió en los votos de esta Sala N° 346 de las 10 horas del 27 de junio del 2001 y 55 de las 10:20 horas del 13 de febrero del 2002). Por último, se aduce que la Sala no podría entrar a conocer el fondo del asunto sin violentar el principio de doble instancia, ya que como el a quo y el ad quem declararon prescrito el derecho, omitieron pronunciarse sobre el fondo.
La garantía de la doble instancia implica que las partes tengan la oportunidad de que un órgano superior revise la actuación del inferior, lo que en este proceso se ha cumplido cabalmente, pues los litigantes han contado no con dos sino con tres instancias, careciendo de toda lógica, por innecesario, exigirle al juzgador que acoja una prescripción resolver el fondo del asunto, sin que ello obste para que si el órgano de alzada considera que dicha excepción no procede entre a conocer el fondo del asunto. * V-. ACERCA DE LA PRESCRIPCIÓN:* La recurrente objeta la utilización de la normativa laboral para resolver la defensa de prescripción. Estima que debe aplicarse el Código Civil por ausencia de norma expresa en la legislación que regula lo relativo a cooperativas y que el Código de Trabajo solo es aplicable en lo procesal. Antes que nada cabe aclarar que lo que la actora pretende no es su reinstalación, sino el pago de unos derechos de carácter económico.
De haber solicitado la reinstalación, la excepción de prescripción no sería de recibo, ya que como nunca fue oficialmente expulsada de la cooperativa por el órgano competente para hacerlo (asamblea general) el vínculo asociativo nunca llegó a extinguirse, por lo que no empezó a correr ningún plazo de prescripción a esos efectos. No obstante, como lo reclamado no fue eso sino el pago de anticipos, debe resolverse la prescripción de la manera que se dirá. Esta Sala ya se ha pronunciado reiteradamente sobre el término de prescripción aplicable en materia de cooperativas (consúltense los fallos N° 134 de las 15:20 horas del 27 de mayo de 1998 y 57 de las 10:40 horas del 13 de febrero del 2002), indicando que es el del artículo 607 del Código de Trabajo, lo anterior con fundamento en el voto de la Sala Constitucional N° 5969 de las 15:21 horas del 26 de noviembre de 1993, dictado con ocasión de una acción de inconstitucionalidad planteada contra el numeral 607 citado, oportunidad en la que se consignó:* * * “Específicamente, el artículo 607 del Código, cuya constitucionalidad aquí se cuestiona, establece: "Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas, que no se originen en contratos de trabajo, prescribirán en el término de tres meses.
Este plazo correrá para los patronos desde el acaecimiento del hecho respectivo y para los trabajadores desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o ejercitar las acciones correspondientes." Cabe observar que, en relación con los derechos a los cuales se refiere esa norma, pareciera que solo pueden ser los "no vinculados" al contrato o relación laboral; no porque sean derivados de la ley, dejan de serlo del contrato, como ya se dijo. Así, la hipótesis que esta norma contempla solamente se referirá a los derechos que no se den dentro, en virtud o en conexión con la relación laboral, -vgr. los referidos a la organización y funcionamiento de los sindicatos y cooperativas, el de reclamar contra la política de empleo o salarios mínimos que considere incorrecta o los derechos de la seguridad social” (la negrita no está en el original).* * * * Como se observa, ese pronunciamiento es muy claro en cuanto a que en materia cooperativa la prescripción opera a los tres meses, no pudiendo este órgano separarse de lo así dispuesto por la Sala Constitucional, cuyos fallos son vinculantes erga omnes (ordinal 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).
Ese plazo de 3 meses se cuenta, según lo dispone el propio texto legal, a partir de que se esté en la posibilidad efectiva de reclamar los derechos o ejercitar las acciones respectivas, por lo que debe ubicarse cuál fue ese preciso momento en que la demandante pudo haber reclamado sus derechos. Haciendo un recuento de lo sucedido, se tiene que el 27 de diciembre de 1996, el gerente general de Coopesalud le comunicó a doña [Nombre1] que, por motivos de reorganización, se prescindiría de sus servicios a partir del 1° de enero de 1997, explicándole que sus derechos como trabajadora le serían pagados por la Oficina de Personal, mientras que sus derechos como asociada le serían cancelados una vez que el consejo de administración realizara los trámites pertinentes (folio 37). La liquidación de los “derechos laborales” se efectuó el 15 de enero de 1997 (folio 62). No fue sino hasta el 8 de julio de 1998 que se convocó a la actora a una asamblea extraordinaria que se llevaría a cabo el 17 de julio para definir su situación societaria (folio 40).
No obstante, no consta en autos si efectivamente esa reunión se celebró. A folio 38 vuelto figura otra convocatoria a asamblea extraordinaria, para el 2 de octubre de 1998, en cuyo orden del día aparece la “definición del caso de la señora [Nombre1] ”. El día fijado, la asamblea general, órgano supremo de la Cooperativa (ordinal 37 de la Ley de Asociaciones Cooperativas), rechazó la moción de expulsión de la accionante, sin pronunciarse sobre los anticipos que esta había dejado de percibir, ordenándole al consejo de administración tomar las medidas pertinentes para reubicar a la señora [Nombre1] ; órgano este último que trasladó la gestión a la asesora legal para que en un plazo de 22 días rindiera un dictamen sobre las condiciones de la restitución (folio 251). La exigibilidad de cada suma mensual por anticipo surgió cada mes, a partir de enero de 1997, estando la actora facultada para reclamar desde ese momento, pero su inercia provocó la prescripción de sus derechos. * Sin embargo, el acuerdo de la asamblea que ordenó la restitución lleva como consecuencia lógica y necesaria el reconocimiento de los anticipos dejados de percibir mientras duró la separación, operando por ende como un acto interruptor de la prescripción (artículo 876 inciso 1 del Código Civil), por lo que el nuevo cómputo de la prescripción se cuenta a partir del vencimiento del plazo que la asamblea general le dio a la asesora legal para informar sobre los términos de la reinstalación, o sea desde el 24 de octubre de 1998.
Como la solicitud ante el gerente se hizo el 17 de febrero de 1999 y la demanda se presentó el 17 de diciembre del mismo año, operó la prescripción aplicable al caso, pues entre gestión y gestión transcurrieron más de tres meses, quedando sin afectar por ella entonces solamente los anticipos surgidos tres meses antes de la incoación de la demanda. Por ello debe modificarse lo resuelto sobre la prescripción y aceptarse dicha defensa en forma parcial. En aras de una mayor claridad, cabe recalcar el incorrecto procedimiento que se siguió en el caso de la accionante, al dividir su situación en una relación laboral (procediéndose a su despido y liquidación de prestaciones legales) y otra de carácter asociativo (cuya extinción se dejó en suspenso por más de un año, sin que la asamblea tomase el respectivo acuerdo de expulsión). * En realidad, la condición de doña [Nombre1] era única e inescindible: asociada a una cooperativa autogestionaria, como ella misma lo reconoce al referirse a las excepciones opuestas por los codemandados (folios 74 y 75), al manifestar que no hubo una relación laboral subordinada, sino de tipo asociativo, donde dueños y trabajadores de la cooperativa son los mismos y por eso no se rigen por la normativa laboral, sino por la referente a la asociación.
Ya esta Sala ha tenido la oportunidad de desarrollar el tema, indicando que los miembros de una cooperativa de ese tipo no son trabajadores en el sentido estricto del término. Así, cabe citar el voto N° 329 de las 10 horas del 22 de octubre de 1999:* * * “La Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto de Fomento Cooperativo, No. 4179, de 22 de agosto de 1968, reformada por las leyes Nos. 7391, de 27 de abril de 1994; 6756, de 30 de abril de 1982; 6893, de 22 de mayo de 1983; y 7053, de 9 de diciembre de 1986, define a las Cooperativas, como asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en la que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación individual y en las cuales el motivo de trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro.* (artículo 2).
Con base en su finalidad, esa normativa diferencia, a título de ejemplo, varias clases de Cooperativas, a saber: las de consumo, las de producción, las de comercialización, las de suministros, las de ahorro y crédito, las de vivienda, las de servicios, las escolares, las juveniles, las de transportes y las múltiples (ordinal 15, párrafo primero). En lo que al caso interesa, el artículo 17 ídem, consigna que Las cooperativas de producción tienen por objeto la producción, manufactura o transformación en forma directa por parte de los asociados, de artículos naturales elaborados, o la iniciación o desarrollo de toda clase de explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales y artesanales distribuyendo los excedentes que pudieran acumularse por su gestión de trabajo en conjunto, en proporción a la producción, al trabajo manual o intelectual; o al rendimiento con que cada uno de los asociados haya contribuido a la empresa..
El numeral 15, a su vez, establece, en su párrafo segundo, que este tipo de cooperativas puede ser simple, de cogestión, o bien, de autogestión;* y, estas últimas son definidas, por el artículo 99, ibídem, como aquellas empresas organizadas para la producción de bienes y servicios, en las cuales los trabajadores que las integran dirigen todas las actividades de las mismas y aportan directamente su fuerza de trabajo, con el fin primordial de realizar actividades productivas y recibir, en proporción a su aporte de trabajo, beneficios de tipo económico y social.. De esa norma y del contenido de los numerales 67, 109, inciso a), y 110, inciso c), del cuerpo normativo indicado, se deriva que la obligación fundamental del socio, consiste en aportarle, a la empresa, su trabajo personal, en forma directa e irremplazable; lo que da sustento al fenómeno asociativo autogestionario e integra, con carácter preeminente, su capital social.
Importa destacar, también que, por disposición expresa del inciso a), del ordinal 105, ibídem, las personas que conforman una organización de esta categoría, deben obtener su subsistencia, al momento de iniciar su constitución, del trabajo, ya sea en su condición de asalariados o bien de trabajadores por cuenta propia. La concordancia de las disposiciones citadas, lleva a concluir, entonces, que la Cooperativa de producción autogestionaria es una típica organización de trabajadores término, éste, entendido aquí en su sentido económico, cuyo capital social está constituido por el aporte permanente y directo de la fuerza del trabajo que, cada asociado, debe hacer, basado en su propia capacidad productiva. Su finalidad es la de desarrollar actividades de producción de bienes y de servicios, con el propósito de conseguir beneficios económicos y sociales, para todos sus miembros. Esa modalidad empresarial está diseñada para que sea dirigida por sus propios asociados y para que, las labores de producción, constitutivas de su objeto, sean ejecutadas, básicamente, por ellos mismos, personalmente.
Se reconoce, como elemento rector de su esquema organizativo, el que, los beneficios económicos obtenidos, sean divididos en forma proporcional al aporte de trabajo que cada uno realice numerales 99, 104 y 114, b), 8). En relación con esto, los artículos 17 y 104 ibídem restringen la posibilidad de contratar empleados asalariados trabajadores en sentido jurídico, es decir, personas que no estén asociadas a las mismas; lo que puede hacerse pero sólo en casos muy calificados. No cabe duda de que, las agrupaciones de comentario, dentro de las cuales se ubica la demandada y a las que el legislador considera de conveniencia y de utilidad pública y de interés social (artículo 1), cuentan con una regulación de carácter jurídica y claramente especial. La particularidad de su normativa tiene un contundente sustento en el ordinal 64 de la Constitución Política Costarricense, que instituye, como un deber estatal de primer orden, el fomento de la creación de cooperativas de trabajadores.
Esa característica propia del ordenamiento cooperativista, trae aparejada la imposibilidad de aplicarle, de modo primordial, exclusivo y excluyente, a la relación jurídica que enlaza a la asociación cooperativa y a su sociotrabajador, cualquier otra legislación protectora en concreto, la de Trabajo, a pesar de que tanto su constitución como su funcionamiento, están vinculados, de modo natural, con esta materia. El citado ordinal 17 establece, en su párrafo final, que:* En asuntos contractuales de trabajo estas cooperativas [las de producción] se regirán por las disposiciones contenidas en la legislación laboral vigente, pero para los efectos de la relación jurídica del asociado con la cooperativa, debe interpretarse que su estatus económico social ha de ser la (sic) de socio-trabajador, como una sola persona física. Lo indicado se reafirma, también, en el ordinal 131 ibídem, en el cual se le atribuye carácter supletorio, de manera limitada, al Código de Trabajo, por debajo de varias fuentes de derecho y siempre y cuando las disposiciones a aplicar no contravengan los principios, la doctrina y la filosofía cooperativas..
En el caso que nos ocupa, el actor fue socio trabajador de la Cooperativa accionada. Por consiguiente, la relación jurídica que existe entre ellos es distinta a la de los vínculos laborales característicos o típicos, sobre los que sí rige la protección legal, contenida en la normativa de Trabajo vigente. En consecuencia, no es posible sostener que la Cooperativa demandada reciba los frutos del trabajo del actor, es decir, que se los apropie para sí. Ello por cuanto, los mismos, se integran precisamente, a través de la distribución de los excedentes, al patrimonio de quien los produjo: el asociado trabajador. En estos casos, no se da el intercambio de prestaciones que el trabajo encierra, consistente en la enajenación de los frutos obtenidos con la prestación personal de servicios, a cambio de un precio, lo cual es lo propio y normal en las relaciones de trabajo típicas; así como tampoco se da el elemento subordinación, atribuible a una persona diferente del trabajador; sea, al patrono.
Es claro que, la obligación, del demandante, de aportar su fuerza laboral su deber de trabajar para la ejecución de los servicios que la Cooperativa contrata y le presta a terceros, no tuvo su origen en un contrato de trabajo, sino en otro de carácter asociativo; cuya consecuencia, querida y tutelada por la legislación positiva, es, entre otras, esa. Sobre el particular, los juristas argentinos Francisco Junyent Vélez y Roberto Fermín Bertossi, afirman que las cooperativas de trabajo tienen como característica principal y propia razón de ser, la inexistencia en su seno de la posibilidad empleadortrabajador lo que equivale a decir: ninguna clase de relación laboral entre asociado y cooperativa, puesto que éstos han asumido libremente, voluntariamente, el llamado riesgo empresario, decisión que merece el mayor respeto. / En una cooperativa de trabajo, corresponde a los asociados, como exigencia exencial (sic), aportar el trabajo personal, sin el cual no podrán revestir tal calidad, resultando así que son asociados porque trabajan y trabajan porque son asociados, calidades inescindibles. (La cooperativa, Buenos Aires, EDIAR, Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y Financiera, 1987, p. 293).
Igualmente, otros autores, en relación con esta figura contractual, han establecido que:* Contrato de sociedad y contrato de trabajo son dos figuras distintas. () en aquellos casos en que la estructura y contenido del contrato de trabajo aparecen sustituidos por los que configuran al de sociedad, estaremos ante este tipo de relación y no ante aquél. El contrato de trabajo es una figura jurídica típica y propia; el de sociedad es otra distinta, e independiente del primero. (Manuel Alonso García, Curso de Derecho del Trabajo, Barcelona, Editorial Ariel, S.A., novena edición, 1985, pp. 321-322). Manuel Alonso Olea y de María Emilia Casas Baamonde, indican que El sociotrabajador no está ligado a la cooperativa por un contrato de trabajo, sino [por uno] de tipo societario [aunque] las circunstancias mencionadas le aproximan () al trabajador por cuenta ajena; de ahí la impregnación jurídicolaboral de su régimen (Derecho del Trabajo, Madrid, Universidad de Madrid-Facultad de Derecho, decimotercera edición, 1993, p. 149).
Por consiguiente, en este caso, no existe el específico vínculo laboral entre las partes y no pueden individualizarse, ni extraerse, las figuras del trabajador y del patrono. El deber de sometimiento a las directrices establecidas por el máximo órgano social de la Cooperativa la Asamblea de Socios, que compete al trabajador-asociado, no es producto de la alegada relación laboral aquí inexistente, como ya se indicó, sino de otro tipo de sujeción legal, que surge, justamente, del acuerdo asociativo (...).Al tenor de lo previsto en el numeral 2 de la Ley citada, esos mecanismos asociativos han de inspirarse en el modelo democrático de distribución y de ejercicio del poder colectivo, surgido de la agrupación; lo que implica, entre otras cosas, depositar en representantes la toma de ciertas decisiones y la ejecución de aquellas de naturaleza consensual, reconocerles su autoridad y someterse a la voluntad de la mayoría.
De aquí surge, pues, una modalidad de relación de dependencia o subordinación jurídica, claramente diferenciable de la laboral, que como se dijo está sometida a una regulación específica.La circunstancia de que, cada socio-trabajador, satisfaga sus necesidades con la retribución y con los excedentes obtenidos, por el trabajo que aporta a la Cooperativa, no lo convierte, automáticamente, en asalariado, ni que lo hace titular de los derechos propios de quien está en esta condición jurídica. La remuneración a la que tiene derecho, que no puede ser inferior al salario mínimo fijado para las distintas actividades que rigen para las empresas privadas. (artículo 108, inciso a), no es salario, en el sentido laboral del término; aunque sí constituye, a no dudarlo, el costo de producción por mano de obra, que todos los socios, en tanto empresarios, cubren. La legislación a aplicar se cuida de asignarle tal denominación y que, si bien, recurre al concepto de "salario mínimo", no los equipara y lo hace sólo con el propósito de fijar un parámetro legal, objetivo y variable para la determinación de lo mínimo y de lo máximo que la Cooperativa debe destinar a satisfacer dicho costo productivo.
Esa remuneración, al igual que los excedentes o cualesquiera otras sumas que se destinen a los sociostrabajadores, tienen su causa jurídica en lo que la legislación cooperativista califica como el reparto de los beneficios económico sociales, producto del esfuerzo común (numeral 100, inciso a); lo que resulta ser, en última instancia, la concreción de la finalidad legal y social, de este tipo de organización humana. Debe tomarse en cuenta, también, que, esas distintas remuneraciones, se determinan por los propios asociados, dentro de ciertas condiciones, en proporción directa al esfuerzo o al aporte de trabajo que, cada uno, realizó en la producción de los bienes y de los servicios correspondientes (artículos 17, párrafo primero, 99 y 114). De todo lo antes indicado se concluye, sin lugar a dudas, que existen notables diferencias entre las relaciones establecidas a nivel típicamente laboral y las que se muestran en las asociaciones cooperativas autogestionarias.
Ello permite determinar que, en estas últimas, los asociadostrabajadores tienen, efectivamente, un estatus jurídico especial, diferente del que le corresponde a un trabajador asalariado. Son co-propietarios de los medios de producción, es decir, empresarios cooperativizados, cuyas decisiones se toman a nivel gremial, con sustento en una organización democrática. A su vez, son trabajadores, pero no asalariados sino independientes, que se organizan colectivamente y que son los titulares de su propia empresa. De ahí que se diga que son patronos de sí mismos; lo que, pese a reflejar una clara contradicción de concepto, elimina, de plano, la existencia de una relación de subordinación y de dependencia, en el sentido típico de lo que sí es laboral. Es cierto que el artículo 133 de la Ley de Asociaciones Cooperativas indica que.Los Tribunales de Trabajo, salvo los casos expresamente señalados en esta ley, tendrán competencia sobre las acciones que se deriven de ella, de conformidad con lo dispuesto en el título VIII, del Capítulo I del Código de Trabajo.Sin embargo, lo que hace esa norma es otorgar competencia a los Tribunales de Trabajo, para conocer las demandas interpuestas, con ocasión de la aplicación de esa normativa, sin que, de ninguna manera se puede afirmar que esa circunstancia laboraliza las relaciones entre los asociados de una cooperativa autogestionaria” (en igual sentido, pueden verse los votos N° 172 de las 9:30 horas del 6 de julio de 1994 y 134 de las 15:20 horas del 27 de mayo de 1998)* * * Por ello, el despido y la liquidación laboral de la señora [Nombre1] son actos carentes de sustento legal, porque no pueden aplicarse, en este caso, las disposiciones del Código de Trabajo que regulan el pago de preaviso, cesantía y vacaciones, ni la Ley de Aguinaldo para la Empresa Privada.
El único trámite que debió seguirse consistía en tomar un acuerdo de exclusión por parte de la asamblea (artículo 34 inciso f) de la Ley de Asociaciones Cooperativas). Sin embargo, ello nunca sucedió, como lo admiten los demandados al contestar la demanda: “Su separación como asociada de la cooperativa, relación distinta de lo laboral, no se ha terminado de producir, por lo cual todavía se le continúa convocando a las asambleas”. Debe revocarse por lo tanto la sentencia impugnada, en cuanto acogió la excepción de prescripción en forma total y declaró sin lugar la demanda, y entrarse a conocer el fondo del asunto. * VI-. INDEMNIZACIÓN QUE LE CORRESPONDE A LA DEMANDANTE: No hay duda de que la abusiva e ilegítima conducta de la Cooperativa, de dejar en la total incertidumbre a la actora durante años, con grave menoscabo de sus derechos como trabajadora-asociada, le ocasionó daños y perjuicios que deben serle resarcidos (artículo 41 de la Constitución Política).
En el voto de esta Sala N° 365 de las 9:40 horas del 26 de noviembre de 1999 se indicó: “El daño, como parte del acto ilícito, o como presupuesto de la responsabilidad civil, doctrinariamente es tratado como un perjuicio a un interés jurídicamente relevante en cualquier esfera de la vida humana y, como tal, merecedor de tutela. Ha sido definido como: “... el menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores económicos que lo componen (daño patrimonial) y también la lesión a los sentimientos, al honor o a las afecciones legítimas (daño moral)” (BUSTAMANTE ALSINA (Jorge) Teoría General de la Responsabilidad Civil, Buenos Aires, Editorial Abeledo - Perrot, octava edición, 1993, p. 167)”.* En el caso concreto, estamos en el ámbito de la responsabilidad civil contractual (contrato de afiliación a una cooperativa de autogestión), en el cual “el evento dañoso consistente en el incumplimiento imputable a una de las partes del contrato (o, en su caso, de ambas), deriva de un acto o negocio jurídico que constituye la fuente de obligación a cargo de ellas.
El ilícito, en sentido lato, consiste precisamente en el incumplimiento de prestaciones exigibles por causa del negocio jurídico” (Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, segunda edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993, p.86). El principio general que rige en materia de daños es que el responsable debe resarcir todo el daño que ha causado con su acto ilícito (principio de la reparación integral o plena) (al respecto, puede consultarse la obra de Orgaz, El daño resarcible, tercera edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1967, p. 120). De este modo, “el resarcimiento del daño debe restablecer el patrimonio del damnificado a la situación en la cual se habría encontrado si no se hubiere verificado el hecho dañoso” (Visintini, Tratado de la responsabilidad civil, volumen 2, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 204). La actora pretende que se le indemnice tanto el daño patrimonial como el moral sufrido.
Se define el primero (también denominado daño material) como “aquel que recae sobre el patrimonio, sea directamente en las cosas o bienes que lo componen, sea indirectamente como consecuencia o reflejo de un daño causado a la persona misma, en sus derechos o facultades (...). El daño patrimonial puede manifestarse en dos formas típicas: o como la pérdida o disminución de valores económicos ya existentes, esto es, como un empobrecimiento del patrimonio (daño emergente o positivo), o bien como la frustración de ventajas económicas esperadas, es decir, como la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto (lucro cesante)” (Orgaz,op.cit., p.p. 20 y 24). Doña [Nombre1] pide que se le indemnice el lucro cesante, pues solicita el pago de todos los ingresos que debió haber percibido en su condición de trabajadora-afiliada a Coopesalud desde que fue separada de su puesto hasta el 2027 (año en que sitúa el fin de su vida laboral útil), junto con los intereses legales correspondientes.
Para resolver acertadamente tal petición, ha de estudiarse primero el tema de la certeza del daño, que es uno de los requisitos para que este sea resarcible. Vázquez Ferreyra manifiesta al respecto que “la certidumbre del daño se refiere a su existencia, ya sea presente o futura. Es incierto cuando no existe seguridad de que la lesión se haya producido o vaya a producirse. Es cierto cuando es real y efectivo, y no meramente hipotético (...). La certeza se refiere a su existencia, y no a su actualidad o a la determinación de su monto. Así, puede darse un daño futuro y cierto” * (Responsabilidad por daños, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993, p.p. 178 y 180). Para Zannoni, “la certidumbre del daño constituye siempre una constatación de hecho actual que proyecta, también al futuro, una consecuencia necesaria. Cuando la consecuencia no es necesaria, sino contingente o hipotética o puramente temida, el daño es incierto” (op.cit., p.p. 50-52).
También resulta importante, para el correcto examen de la cuestión, distinguir entre daño presente y daño futuro:* “El daño actual es el perjuicio ya producido y subsistente. El daño futuro es aquel que todavía no existe pero que su existencia futura no ofrece duda” (Vázquez Ferreyra, op.cit., p. 179). Según la doctrina, el momento cronológico que separa los daños actuales de los futuros es el dictado de la sentencia: “Desde otro punto de vista, el daño -sea como daño emergente, sea como lucro cesante- puede ser presente (o actual) y futuro. El momento que se considera para esta distinción es el del fallo”* (Orgaz, op.cit., p.p. 25-26). Zannoni es del mismo criterio: “En síntesis, pues, daño actual, es el daño, menoscabo o perjuicio ya operado y subsistente en el patrimonio del damnificado al momento de la sentencia. Daño futuro, en cambio, es aquel que todavía no ha existido, pero que ciertamente existirá, luego de la sentencia” (op.cit., p. 69).
Con base en tales premisas de orden teórico, se debe condenar a la entidad accionada a indemnizarle a la actora todos los anticipos (remuneración prevista en el artículo 108 de la Ley de Asociaciones Cooperativas) que esta dejó de devengar desde el 17 de setiembre de 1999 (3 meses antes de la presentación de la demanda, que no están prescritos) hasta la firmeza del fallo -salvo que antes de este hecho (firmeza del fallo) se haya producido la expulsión legal como socia de la accionada, en cuya hipótesis deberá limitarse la indemnización a la fecha de expulsión conforme a derecho-, más los intereses legales correspondientes desde que cada obligación surgió a la vida jurídica y hasta su efectivo pago; todo lo cual se determinará en la etapa de ejecución de sentencia. En cuanto a los daños futuros, como no existe seguridad o certeza de que la vida laboral útil de la accionante como socia de la accionada dure hasta el año 2027, la pretensión así planteada no puede acogerse.
Sin embargo, procede interpretarla en el sentido de que para el evento de que no se haya cumplido el acuerdo de reinstalación dictado por la asamblea antes de la firmeza del fallo ni se haya decretado la expulsión, la Cooperativa debe seguirle cancelando a la demandante todos los ingresos que le correspondan en su condición de asociada-trabajadora, posteriores a la firmeza de la sentencia hasta la efectiva reinstalación. Debe advertirse, eso sí, que del monto que en definitiva deba abonar la demandada a la señora Villegas Campos como resultado de esta resolución, han de rebajarse los ¢2.429.803,55 que se le cancelaron el 15 de enero de 1997 a título de “liquidación laboral”, pues aunque dicho pago careció de sustento legal, porque no medió relación de tipo laboral, lo cierto es que la accionante recibió ese dinero y es justo y equitativo tomarlo en cuenta a la hora de efectuar los cálculos de lo que la cooperativa adeuda, para evitar un enriquecimiento sin causa (folio 62).
Asimismo, de las sumas que deba pagar la accionada se rebajarán las cantidades que esta demuestre en ejecución de sentencia que la actora recibió como salario con algún patrono, durante el mismo periodo que comprenda el pago de anticipos aquí ordenados. La actora perderá el derecho a seguir percibiendo esa indemnización si la reinstalación no se produce por su culpa en el plazo de un mes computado a partir de la firmeza del fallo, para lo cual podrá requerir el auxilio del Juzgado. El daño moral por la “afectación al prestigio profesional” no puede ser concedido, por hallarse ayuno de prueba, razón que también justifica denegar la petición referente a los perjuicios ocasionados por la ausencia de seguridad social para la actora y su familia, ya que doña [Nombre1] en ningún momento indicó ni demostró en qué consistían concretamente tales perjuicios. Los ajustes basados en la inflación tampoco se pueden ordenar, por requerirse norma expresa que así lo autorice.
En este mismo sentido se pronunció la Sala en el voto de N° 338 de las 9:10 horas del 9 de julio del 2003, en el cual se consignó: “Tanto la indexación como los intereses legales son fórmulas de corrección monetaria que tienden a compensar la pérdida del valor real del dinero de curso legal. La diferencia entre ambas está dada por el hecho de que, en la legislación vigente, sólo se recoge la segunda de ellas y, tratándose, como en este asunto, de una deuda u obligación dineraria, pecuniaria o numeraria, le otorga carácter exclusivo y excluyente. En efecto, conforme lo establece el artículo 706 del Código Civil “Si el obligación es de pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios consisten siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida, contados desde el vencimiento del plazo.” En consecuencia, procede denegar también este otro extremos de la pretensión incoada no sólo por falta de norma expresa que autorice y regule la indexación, lo que obligaría a los tribunales, en el caso de concederla, a asumir la fijación de los porcentajes de corrección, con lo que se invade una esfera ajena, sino también porque, estando en presencia del incumplimiento de una obligación legal pagadera en dinero, los daños y perjuicios que de ella se deriven no pueden comprender más que el pago de los intereses legales”, y en este caso, como se dispuso antes, se ordenó el pago de intereses desde la exigibilidad las sumas resultantes por anticipos. * Tampoco es procedente otorgar los extremos relacionados con vacaciones, aguinaldos y anualidades, por ser esos rubros de naturaleza laboral y, como quedó explicado en el considerando quinto de esta resolución, la actora no era una trabajadora en sentido estricto, por lo que carece de derecho para exigir el pago de tales conceptos, sin que el hecho de que se le haya pagado una liquidación de “derechos laborales” al ser “despedida” afecte lo así dispuesto, dado que el error no crea derecho.
Como última observación, cabe señalar que doña [Nombre1] demandó solidariamente a la Cooperativa y a quienes ocupaban los puestos de gerente, integrantes del consejo de administración y miembros del comité de vigilancia en el momento de los hechos. No obstante, la Ley de Asociaciones Cooperativas no establece la responsabilidad solidaria de los personeros en este tipo de casos. A continuación se transcriben las normas de dicha Ley que regulan la cuestión:* * * “Artículo 49: Corresponderá al comité de vigilancia electo por la asamblea, que se integrará con un número no menor de tres asociados, o a la auditoría mencionada en el inciso e) del artículo 36, el examen y la fiscalización de todas las cuentas y operaciones realizadas por la cooperativa. También deberá informar a la asamblea lo que corresponda. Para el examen y la fiscalización de las mencionadas cuentas y operaciones, los respectivos estados financieros serán certificados por un contador público autorizado, o por los organismos cooperativos auxiliares que realicen labores de auditoría de conformidad con el artículo 95 de esta ley.
Una vez certificados, se entregarán anualmente a los socios. Exclúyense de esta obligación las cooperativas cuyo monto de operaciones esté por debajo del mínimo definido reglamentariamente. La responsabilidad solidaria de los miembros del consejo de administración y del gerente, alcanza a los miembros del comité de vigilancia o al auditor interno, por los actos que éste no hubiere objetado oportunamente. Quedan exentos de esa responsabilidad los miembros del comité que salven expresamente su voto dentro del mes siguiente a la fecha en que se tomó el respectivo acuerdo”.* * * “Artículo 52: Los miembros del consejo de administración y el gerente, que ejecuten o permitan ejecutar actos notoriamente contrarios a los intereses de la cooperativa, o que infrinjan la ley o los estatutos responderán solidariamente con sus bienes de las pérdidas que dichas operaciones irroguen a la cooperativa, sin perjuicio de las demás penas que les corresponden.
El director o gerente, que desee salvar su responsabilidad personal, solicitará que se haga constar su voto o criterio contrario en el libro de actas”.* * * Como se observa, se trata de una responsabilidad solidaria de los directivos ante la Cooperativa como tal por los daños irrogados a esta, no ante sus asociados, razón que obliga a acoger la demanda únicamente en cuando fue dirigida contra Coopesalud, pues respecto de sus personeros es admisible la defensa de falta de legitimación pasiva.* VII-.CONSIDERACIÓN FINAL: Con base en los razonamientos expuestos, se acoge el recurso incoado. En consecuencia, ha de revocarse el voto recurrido en cuanto declaró la prescripción en forma total y desestimó la demanda, para, en su lugar, acoger parcialmente la demanda en cuanto fue dirigida contra Coopesalud R.L., obligando a dicha entidad a indemnizarle a la actora todos los anticipos (remuneración prevista en el artículo 108 de la Ley de Asociaciones Cooperativas) que esta dejó de devengar desde el 17 de setiembre de 1999 (3 meses antes de la presentación de la demanda) hasta la firmeza del fallo -salvo que antes de este hecho (firmeza del fallo) se haya producido la expulsión legal como socia de la accionada, en cuya hipótesis deberá limitarse la indemnización a la fecha de expulsión conforme a derecho-, más los intereses legales correspondientes desde que cada obligación surgió a la vida jurídica y hasta su efectivo pago; todo lo cual se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.
Además, para el evento de que no se haya cumplido el acuerdo de reinstalación dictado por la asamblea antes de la firmeza del fallo ni se haya decretado la expulsión, la Cooperativa debe seguirle cancelando a la demandante todos los ingresos que le correspondan en su condición de asociada-trabajadora, posteriores a la firmeza de la sentencia hasta la efectiva reinstalación. Del monto que en definitiva deba abonar la demandada a la señora [Nombre1] como resultado de esta resolución, han de rebajarse los ¢2.429.803,55 que la actora recibió el 15 de enero de 1997 por concepto de “liquidación laboral”. Asimismo, de las sumas que deba pagar la accionada se rebajarán las cantidades que esta demuestre en ejecución de sentencia que la actora recibió como salario con algún patrono, durante el mismo periodo que comprenda el pago de anticipos aquí ordenados. La actora perderá el derecho a seguir percibiendo esa indemnización si la reinstalación no se produce por su culpa en el plazo de un mes computado a partir de la firmeza del fallo, para lo cual podrá requerir el auxilio del Juzgado.
Han de denegarse los siguientes extremos petitorios: vacaciones, aguinaldos, ajustes por anualidades e inflación, daño moral y perjuicios ocasionados por la ausencia de seguridad social. La excepción de prescripción opuesta por la entidad demandada debe acogerse parcialmente respecto de los anticipos anteriores al 17 de setiembre de 1999, los cuales se declararán prescritos, mientras que la de falta de derecho se ha de acoger respecto de lo no otorgado y denegar en cuanto a lo que fue concedido. Ambas costas de la acción han de serle impuestas a la citada organización, fijándose las personales en el 25% de la condena. Se debe declarar sin lugar la demanda contra quienes ocupaban los puestos de gerente, integrantes del consejo de administración y miembros del comité de vigilancia en el momento de los hechos, admitiéndose la defensa de falta de legitimación pasiva por ellos planteada; y fallarse sin especial condenatoria en costas el asunto respecto de dichas personas. * POR TANTO:* Se revoca la sentencia impugnada en cuanto declaró la prescripción en forma total y desestimó la demanda.
En su lugar, se acoge parcialmente la demanda en cuanto fue dirigida contra Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L., y se obliga a dicha entidad a indemnizarle a la actora todos los anticipos (remuneración prevista en el artículo ciento ocho de la Ley de Asociaciones Cooperativas) que esta dejó de devengar desde el diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y nueve (tres meses antes de la presentación de la demanda) hasta la firmeza del fallo -salvo que antes de este hecho (firmeza del fallo) se haya producido la expulsión legal como socia de la accionada, en cuya hipótesis debe limitarse la indemnización a la fecha de expulsión conforme a derecho-, más los intereses legales correspondientes desde que cada obligación surgió a la vida jurídica y hasta su efectivo pago; todo lo cual se determinará en la etapa de ejecución de sentencia. Además, para el evento de que no se haya cumplido el acuerdo de reinstalación dictado por la asamblea antes de la firmeza del fallo ni se haya decretado la expulsión, la Cooperativa debe seguirle cancelando a la demandante todos los ingresos que le correspondan en su condición de asociada-trabajadora, posteriores a la firmeza de la sentencia* hasta la efectiva reinstalación. * Del monto que en definitiva deba abonar la demandada a la señora [Nombre1] como resultado de esta resolución, han de rebajarse los dos millones cuatrocientos veintinueve mil ochocientos tres colones con cincuenta y cinco céntimos que la actora recibió el quince de enero de mil novecientos noventa y siete por concepto de “liquidación laboral”.
Asimismo de las sumas que deba pagar la accionada se rebajarán las cantidades que esta demuestre en ejecución de sentencia que la actora recibió como salario con algún patrono, durante el mismo periodo que comprenda el pago de anticipos aquí ordenados. * La actora perderá el derecho a seguir percibiendo esa indemnización si la reinstalación no se produce por su culpa en el plazo de un mes computado a partir de la firmeza del fallo, para lo cual podrá requerir el auxilio del Juzgado. Se deniegan los siguientes extremos petitorios: vacaciones, aguinaldos, ajustes por anualidades e inflación, daño moral y perjuicios ocasionados por la ausencia de seguridad social. La excepción de prescripción opuesta por la entidad demandada se acoge parcialmente respecto de los anticipos anteriores al diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, los cuales se declaran prescritos, y la de falta de derecho se acoge respecto de lo denegado y se deniega en cuanto a lo que fue concedido.
Ambas costas de la acción son a cargo de la citada organización, fijándose las personales en el veinticinco por ciento de la condena. Se declara sin lugar la demanda contra quienes ocupaban los puestos de gerente, integrantes del consejo de administración y miembros del comité de vigilancia en el momento de los hechos, admitiéndose la defensa de falta de legitimación pasiva por ellos planteada; y se falla sin especial condenatoria en costas el asunto respecto de dichas personas. * * * * * * * * * * * Orlando Aguirre Gómez* * * * * * * Zarela María Villanueva Monge * Bernardo van der Laat Echeverría* * * * * * * Julia Varela Araya * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rolando Vega Robert* * * * * * * * * * * Los suscritos Magistrados Varela Araya y Vega Robert salvan el voto y lo emiten de la siguiente manera:* CONSIDERANDO:* Los suscritos Magistrados Vega Robert y Varela Araya nos separamos del voto de mayoría únicamente en cuanto dispuso el rebajo de las sumas percibidas por la actora como salario durante el lapso en que se ordenó el pago de anticipos como socia-trabajadora de la aquí accionada.
En primer lugar, porque ambos rubros (salarios y anticipos) tienen una diferente naturaleza jurídica. Además, debido a que no existe ninguna norma jurídica que permita este tipo de deducción. Por último, estimamos que el pago de anticipos es una sanción para la Cooperativa por la manera en que se comportó con doña [Nombre1], por lo que la cancelación de salarios por parte de algún otro patrono no puede beneficiarla ni perjudicarla, es decir, resulta irrelevante.* POR TANTO:* Salvamos el voto únicamente en cuanto dispuso el rebajo de las sumas percibidas por la actora como salario durante el lapso en que se ordenó el pago de anticipos como socia-trabajadora de la aquí accionada. * * * * * * * Julia Varela Araya * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rolando Vega Robert* * * dhv
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