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Res. 00048-2006 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 30/01/2006
OutcomeResultado
The pleas of lack of material and territorial jurisdiction are rejected; the matter falls within the specialized agrarian jurisdiction.Se rechazan las excepciones de falta de competencia material y territorial y se declara que el asunto es de conocimiento de la jurisdicción agraria especializada.
SummaryResumen
The Agrarian Tribunal rejects the pleas of lack of material and territorial jurisdiction filed in an ordinary proceeding regarding forced execution of a contract and restitution of rights over a property in Curubandé de Liberia. The defendants argued the matter was civil in nature because there was no agrarian activity, only tourism. The Tribunal, relying on its own case law and that of the Supreme Court Chamber, affirms specialized agrarian jurisdiction considering the property has an agro-environmental and agrotourism vocation: it covers over 300 hectares with primary and secondary forest and areas under natural regeneration, subject to a voluntary forestry regime, in addition to tourist accommodation. It holds that agrarian law is evolving toward agro-environmental, sustainable rural development, and multifunctionality, including agrotourism and ecotourism as connected activities protected by article 2 of the Agrarian Jurisdiction Law and article 8 of the Biodiversity Law. It also rejects territorial incompetence applying the lex rei sitae principle.El Tribunal Agrario rechaza las excepciones de falta de competencia material y territorial planteadas en un proceso ordinario sobre ejecución forzosa de contrato y reivindicación de derechos sobre un inmueble en Curubandé de Liberia. La parte demandada alegaba que el asunto era de naturaleza civil al no existir actividad agraria, sino turística. El Tribunal, con base en su propia jurisprudencia y en la de la Sala Primera, afirma la competencia agraria especializada al considerar que la finca tiene vocación agroambiental y agroturística: abarca más de 300 hectáreas con bosque primario, secundario y áreas en regeneración natural, sometida a régimen forestal voluntario, además de alojamiento turístico. Sostiene que el derecho agrario evoluciona hacia lo agroambiental, el desarrollo rural sostenible y la multifuncionalidad, incluyendo el agroturismo y ecoturismo como actividades conexas protegidas por el artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria y el artículo 8 de la Ley de Biodiversidad. También rechaza la incompetencia territorial aplicando el principio de lex rei sitae.
Key excerptExtracto clave
V.- In the case before us, the plaintiff requests, among other things, a declaration of forced execution of a contract related to the property registered under number [Placa2], and a declaration that Mucap lacked the legal authority to dispose of the property, thus seeking restitution of the material right to possession of the property, as well as damages. In the complaint, the plaintiff asserts the applicability of article 2 of the Agrarian Jurisdiction Law, stating: 'The property at issue in this litigation is essentially dedicated to agricultural industry, with all activities on the property centered on said agricultural as well as environmental, agrotourism, and ecotourism industrialization...' (see folio 2450). The defendants argue that the discussion is purely civil and that the property has a tourism vocation. From the case file, it is evident that the property at stake is located in an area of agro-ecotourism vocation, in Curubandé de Liberia, Guanacaste, near [Dirección1], spanning an area of 3,365,783.11 square meters, i.e., three hundred thirty-six hectares and change, and the property not only contains tourist lodging facilities but also the majority is dedicated to conservation forest, lakes, and pastures (see folios 2589 to 2594). Currently, the forest of approximately 300 hectares, composed of native species, is primary, secondary, with some pasture areas undergoing natural regeneration. This forest area is subject to a voluntary forestry regime, with possibilities for water use and development of a tilapia production project (folio [Telf1]). Consequently, this is a conflict of interests involving an agro-environmental and agrotourism property where a series of agrarian activities, both primary and connected, are carried out, governed by specialized legislation, including hospitality activity (termed agrotourism or ecotourism by doctrine). The lawsuit seeks the restitution of that asset to the plaintiff as a consequence of the forced execution of the contract and payment of damages, a claim perfectly encompassed within article 2, subsections a and h of the Agrarian Jurisdiction Law and article 8 of the Biodiversity Law, which requires fulfillment of the environmental function of property. In this case, there are forest lands and areas under natural regeneration. Therefore, the plea of lack of material jurisdiction must be dismissed. VI.- Regarding the plea of lack of territorial jurisdiction filed by Mucap, it is also rejected, since in agrarian matters the principle of lex rei sitae governs, pursuant to article 15 of the Agrarian Jurisdiction Law, which deems competent and preferable the agrarian judge of the place where the property is located; in this case, jurisdiction over the locality of Curubandé de Liberia corresponds to the Agrarian Court of origin. This is because agrarian jurisdiction is non-extendable. Consequently, the rejection of that plea is also warranted.V.- En el caso que nos ocupa, la parte actora solicita, entre otras cosas, se declare la ejecución forzosa de un contrato relacionado con la finca matrícula número [Placa2], y se declare que la Mucap no tenía facultad legal para disponer de dicho inmueble, por lo que solicita le sea reivindicado el derecho material que le asistía para la tenencia del inmueble, así como el pago de los daños y perjuicios. En su demanda, manifiesta la actora, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria “…Precisamente se tiene que el predio objeto de este (sic) litis, está esencialmente dedicado a la actividad de la industria agropecuaria, siendo que todas las actividades desarrolladas en el inmueble, tiene por fulcro la precitada industrialización tanto agropecuaria como ambiental, agroturística y ecoturística…” (ver folio 2450). Por su parte, los demandados alegan que la discusión es puramente civil, y que el fundo es de vocación turística. Del análisis de los autos se desprende, evidentemente, que la finca objeto de este litigio está ubicada una zona de vocación agroecoturística, en Curubandé de Liberia, Guanacaste, en las faltas del [Dirección1], que tiene una extensión de 3.365.783.11 metros cuadrados, es decir, trescientas treinta y seis hectáreas y resto, y en el fundo no solamente existen instalaciones de alojamiento de turistas, sino que su mayor parte está destinado a bosque en conservación, lagos y repastos. (ver folios 2589 a 2594). En la actualidad el bosque con una extensión aproximada de 300 ha, el cual esta conformado por especies nativas, es primario, secundario y unas áreas de pastos que están regenerando naturalmente. Esta área del bosque se encuentra sometida a un régimen forestal voluntario, con posibilidades de aprovechamiento hídrico y desarrollo de un proyecto de producción de tilapias (folio [Telf1]). Se trata, en consecuencia, de un conflicto de intereses, en donde existe un fundo agroambiental y agroturístico de por medio, en donde se desarrollan una serie de actividades agrarias, tanto principales como conexas, regidas por la legislación especial de la materia, incluyendo la actividad de hospitalidad (llamada por la doctrina agroturismo o ecoturismo). La demanda busca la restitución de ese bien a la actora, como consecuencia de la ejecución forzosa del contrato y el pago de daños y perjuicios, pretensión que es perfectamente ubicable dentro del contenido del artículo 2 incisos a y h de la Ley de Jurisdicción Agraria y artículo 8 de la Ley de Biodiversidad que exige el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad. En este caso existen terrenos de bosque y en regeneración natural. En consecuencia, deberá declararse sin lugar la excepción de falta de competencia material. VI.- En cuanto a la falta de competencia territorial interpuesta por la Mucap, la misma tampoco es de recibo, toda vez que en materia agraria rige el principio de la Ley de la situación (lex rei sitae), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Jurisdicción Agraria, la cual considera competente y preferible para conocer del negocio el Juez agrario del lugar en donde esté ubicado el inmueble, siendo que en este caso la competencia sobre la localidad de Curubandé de Liberia corresponde al Juzgado Agrario de origen. Ello en virtud de que la competencia agraria es improrrogable. En consecuencia, también se impone el rechazo de la referida excepción.
Pull quotesCitas destacadas
"La tendencia actual de la jurisdicción agraria, es la evolución de su competencia a todo lo relacionado con el derecho agroambiental, agroalimentario y al desarrollo rural sostenible, como nuevas dimensiones de la materia, originadas en los derechos humanos de la tercera generación."
"The current trend of agrarian jurisdiction is the evolution of its competence toward all matters related to agro-environmental law, agro-food law, and sustainable rural development, as new dimensions of the field, originating in third-generation human rights."
Considerando II
"La tendencia actual de la jurisdicción agraria, es la evolución de su competencia a todo lo relacionado con el derecho agroambiental, agroalimentario y al desarrollo rural sostenible, como nuevas dimensiones de la materia, originadas en los derechos humanos de la tercera generación."
Considerando II
"Estas actividades, tienen (sic) a revalorizar el medio rural, el ambiente, la cultura de los pueblos y comunidades rurales; especialmente, a revalorizar la función del territorio (y lógicamente, los terrenos privados ubicados en él), para que los visitantes de esas zonas se compenetren con el modo de vida, con las tradiciones, con el ambiente natural y rural."
"These activities tend to revalue the rural environment, the landscape, the culture of rural villages and communities; especially, to revalue the function of the territory (and logically, the private lands located there), so that visitors to these areas can connect with the way of life, traditions, and the natural and rural environment."
Considerando II
"Estas actividades, tienen (sic) a revalorizar el medio rural, el ambiente, la cultura de los pueblos y comunidades rurales; especialmente, a revalorizar la función del territorio (y lógicamente, los terrenos privados ubicados en él), para que los visitantes de esas zonas se compenetren con el modo de vida, con las tradiciones, con el ambiente natural y rural."
Considerando II
"Se entienden igualmente conexas las actividades, ejercidas por el mismo empresario agrícola, dirigidas a la manipulación, conservación, transformación, comercialización y valorización que tengan por objeto productos obtenidos prevalentemente de aparejos o recursos de la hacienda normalmente empleados en la actividad agrícola ejercida, entre ellas comprendidas las actividades de valorización del territorio y del patrimonio rural y forestal, o también de recepción y hospitalidad como las define la ley."
"Also considered connected are activities carried out by the same agricultural entrepreneur aimed at handling, conservation, transformation, commercialization, and valorization of products obtained predominantly from the farm's tools or resources normally used in the agricultural activity, including land and rural and forestry heritage valorization activities, or reception and hospitality as defined by law."
Considerando IV
"Se entienden igualmente conexas las actividades, ejercidas por el mismo empresario agrícola, dirigidas a la manipulación, conservación, transformación, comercialización y valorización que tengan por objeto productos obtenidos prevalentemente de aparejos o recursos de la hacienda normalmente empleados en la actividad agrícola ejercida, entre ellas comprendidas las actividades de valorización del territorio y del patrimonio rural y forestal, o también de recepción y hospitalidad como las define la ley."
Considerando IV
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VOTO Nº 48-C-06 **TRIBUNAL AGRARIO SECCION PRIMERA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE**. Goicoechea, at sixteen hours on January thirtieth, two thousand six.- **PROCESO ORDINARIO**, processed before the Juzgado Agrario de Liberia, by **VISTAS DEL PLACER SOCIEDAD ANONIMA**, with legal identification number CED1- - , represented by **[Nombre1]** , of legal age, married once, businessman, resident of Guanacaste with identity card number CED2- - , in his capacity as unlimited general attorney-in-fact; against **MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO**, with legal identification number CED3- - , represented by **[Nombre2]** , of legal age, divorced once, economist, resident of Cartago, with identity card number CED4- - in her capacity as unlimited general attorney-in-fact, **[Nombre3]** , of legal age, businessman, resident of Liberia with residence card number zero two five eight one; **[Nombre4]** , of legal age, businessman, resident of Liberia, with identity card CED5- - , and **[Nombre5]** , of legal age, engineer, resident of Liberia, with identity card CED6- - zero sixty. Participating are attorney Vilma Camacho Víquez, of unknown qualifications, as lead attorney for the plaintiff, attorneys Carlos Quesada Román, of unknown qualifications, as lead attorney for the defendant Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, attorney Mauricio Rodríguez Méndez, public agrarian defender, of unknown qualifications, as lead attorney for the co-defendant [Nombre4] , attorney Roberto Segnini Villalobos, of legal age, married, attorney, resident of Liberia with identity card CED7- - in his capacity as special judicial attorney for the defendant [Nombre3] , and attorney José González Fonseca, of unknown qualifications, as lead attorney for the defendant [Nombre5] .- Drafted by Judge **ULATE CHACÓN**, and, **CONSIDERANDO** **I.-** This Court hears the exception of lack of subject-matter jurisdiction (falta de competencia material) filed by the defendant [Nombre5] , alleging that the matter is of a civil nature (see folios 2660 to 2665), and by the representative of Mucap, who alleged lack of material and territorial jurisdiction, arguing that the proceeding is of a civil nature, as the plaintiff is a hotel businessman and the property is intended for tourism purposes, as ordered by the Sala Primera in an interdictal proceeding involving the same parties. Moreover, she argues, the competent court by reason of territory is the Juzgado Civil de Cartago, as the claims are personal and not in rem.
The co-defendants argue that this is not an agricultural property (fundo agrario), nor are agricultural activities being carried out, such that jurisdiction could be established in this venue in accordance with Article 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria.
**II.-** In a case similar to the one now before us, this Tribunal resolved the following: **"…** The current trend of the agrarian jurisdiction is the evolution of its competence to encompass everything related to agro-environmental law, agro-food law, and sustainable rural development, as new dimensions of the matter, originating in third-generation human rights, which are perfectly contained in our Political Constitution, especially in Articles 45, 46, 50, and 69, as well as in all agrarian, agro-environmental, and agro-food laws, and all norms aimed at promoting sustainable rural development. Indeed, to cite just a few examples, the current Ley de Biodiversidad No. 7788 of April 30, 1998, grants competence to the agrarian jurisdiction (Article 108) to hear all controversies related to biodiversity when they are between private parties. In this same regulation, Article 8 contemplates the economic, social, and environmental function of real property, and various norms regulate everything related to environmental services (servicios ambientales) (Article 37 and following), in line with the provisions of the Ley Forestal No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms. It contains the entire framework governing forests and forest plantations, whether public or private, establishing special rules for the regulation of private activities. The laws related to the country's sustainable rural development, such as the Ley de Tierras y Colonización, the Ley Orgánica del Ambiente, the Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, among others, also contain provisions related to planning, the use of public and private lands, so that they fulfill the social function of property and provide environmental or rural services to communities. Especially, the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 of April 30, 1998, also contains provisions on competence favorable to the agrarian jurisdiction in its Article 56. On the other hand, the topic of sustainable rural development is of special current importance, within a vision of market openness, foreign investment, and the development of zones especially suited for agro-tourism, ecotourism, and rural tourism, concepts that modern doctrine today defines as part of an expanded notion of agrarian matters. These activities help revalue the rural environment, the natural surroundings, the culture of rural towns and communities; especially, to revalue the function of the territory (and logically, the private lands located within it), so that visitors to these zones become familiar with the way of life, traditions, and natural and rural environment. All of this is part of the revaluation and importance that these "agro-environmental" properties have, not only from a purely economic perspective (such as investment), but also from a business perspective aimed at promoting the country's sustainable rural development and promoting investment to achieve a better social, economic, and environmental balance in rural communities. The agro-food topic also offers a rich and very dispersed body of legislation on the matter, contained not only in constitutional norms to protect consumer health (Article 46), but also in legal norms aimed at promoting internal agro-food security, such as the Ley del Consejo Nacional de la Producción, legislation regarding health, sanitary and phytosanitary measures, as well as international agreements and treaties signed within the framework of the World Trade Organization and the Central American Economic, Social, and Environmental Integration System. This ordinary lawsuit concerns several real estate properties or properties (fundos) that are located in Nosara de Nicoya. It is an area clearly oriented toward agro-tourism and agro-environmental activities, and therefore falls within the new evolutionary trends of Agrarian Law. Indeed, as can be inferred from the case file, the plaintiff claims to be the owner of a farm with an area exceeding two hundred hectares, which has zones for urbanization, protection of primary and secondary forest, suitable for the development of agrarian activity and forest protection, subject to the forestry regime based on the cadastral map [Placa1], as stated by the plaintiff (see complaint on folio 190). Furthermore, it seeks the nullity of a series of land maps for plots ranging from one thousand five hundred to ten thousand square meters, from which one can logically conclude that these are lands destined for agro-tourism or ecotourism development projects. Besides the foregoing, the plaintiff corporation could be considered a forestry-agrarian enterprise, since, as indicated, it is dedicated to the forest protection of the woods, which eventually leads to the provision of environmental services (servicios ambientales) to the community (Article 2, subsection k of the Ley Forestal). The defendant itself, when asserting the defense of "incompetence of jurisdiction," the correct term being "lack of competence by reason of the matter," states that it has dedicated itself to planting four hectares of teak, which is evidently an agro-environmental activity of a forestry type, even if it has merely landscaping, ecotourism, or nature conservation purposes. IV.- For all the foregoing reasons, this matter being of an agrarian nature, it is appropriate to reject the defense of lack of competence filed by the defendant, so that the specialized Agrarian Court may continue hearing this ordinary proceeding…." (Tribunal Agrario, No. 239 of 2:20 p.m. on April 9, 2004). This ruling coincides with what was resolved by the First Chamber of the Supreme Court in Voto Número 9-C-04, of 9:53 a.m. on January 16, 2004, in which the following was ordered: **III.-** The agro-environmental nature of the lands subject to this boundary rectification is evident. Being mainly dedicated to reforestation, they are subject to the framework of agro-environmental legislation, and particularly to the Ley Forestal N° 7575 of April 16, 1996, and the Ley de Biodiversidad (Article 8), which establish the economic, social, and environmental function of agrarian property, as it is the interest of the agrarian legislator that such assets fulfill one of their main purposes, which is the provision of environmental services (servicios ambientales) that the forest can offer, not only to private owners but to the entire community. Such environmental services consist, according to numeral 3, subsection k of the Ley Forestal, of those provided by the forest and forest plantations that directly impact the protection and improvement of the environment. These may consist of mitigation of greenhouse gas emissions (fixation, reduction, sequestration, storage, and absorption), protection of water for urban, rural, or hydroelectric use, safeguarding biodiversity for its conservation and sustainable, scientific, and pharmaceutical use, research and genetic improvement, protection of ecosystems, life forms, and natural scenic beauty for tourism and scientific purposes, among others. Furthermore, it is derived from the case file that the land described in Map A-800047-2002, in the name of Hidroeléctrica Platanar S.A., although it is true it is located outside protected Wild Areas, it affected protection areas according to numerals 33 and 34 of the Ley Forestal. Thus, the agrarian, or more precisely "agro-environmental," classification of the real estate is indisputable, and therefore this matter must be heard in the specialized venue created for these purposes. **IV.-** Therefore, it is concluded that this matter concerns a proceeding of an agrarian nature, the hearing of which corresponds to the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela." **III.-** Recently, the Tribunal Agrario pointed out the new trends in Agrarian Law, which affect the subject-matter competence of the Courts: "III.- In modern times, the specialty of agriculture as an activity involves different sectors of the economy, including the so-called agriculture services…. The agricultural sector is undergoing major transformations, derived from new policies aimed at sustainable rural development. The new legislation generated in Europe and Latin America is oriented toward giving a broader vision to related activities (such as agro-industry and the marketing of agricultural products) and services (such as rural tourism, agro-tourism), and other service activities that can help strengthen the space and the rural world of agriculture, in order to favor the permanence and consolidation of rural families and agrarian entrepreneurs, in general, in rural areas. An example of the latter, in Europe, is constituted by the profound transformations of the common agricultural policy and the topic of multifunctionality in agriculture. The French Agricultural Orientation Law (of 1999) and the Italian Agricultural Orientation Law (March 2001) have expanded the scope of agrarian matters to many related activities and rural services, creating figures such as proximity rural services, rural tourism, the tourist fisherman, equated to the agrarian entrepreneur, with the reform of Article 2135 of the Italian Civil Code. IV.- Our agrarian legislator has not been alien to this problem. On the contrary, for several decades, a broad vision of agriculture has been promoted in special agrarian legislation, to make room not only for purely productive activities but also for related and service activities. Indeed, the Ley de Fomento a la Producción agropecuaria itself, when indicating in its Article 2 the agrarian activities covered by said Law, lists both principal activities and related and auxiliary activities, the latter including those carried out by service companies in mechanized agriculture (Art. 2), and when defining agro-industrial activity, reference is made to companies that use agricultural products as inputs (Art. 28)". (See Voto N° 217-C-03 of 2:20 p.m. on April 24, 2003).
**IV.-** Furthermore, it should be noted the parallelism announced by doctrine and jurisprudence many years ago, between Article 2, subsection h) of the Ley de Jurisdicción Agraria and Article 2135 of the Italian Civil Code. This latter provision was reformed by the Law of Orientation and Modernization of the Agricultural Sector N° 268/01 of May 18, 2001, which establishes a new concept of the agrarian entrepreneur: "An agricultural entrepreneur is one who exercises one of the following activities: cultivation of the property, silviculture, animal breeding, and related activities. Cultivation of the property, silviculture, and animal breeding are understood as activities directed at the care and development of a biological cycle or a necessary phase of the cycle itself, of a plant or animal character, that use or can use the property, the forest, or fresh, brackish, or marine waters. Likewise connected are activities, exercised by the same agricultural entrepreneur, directed at the manipulation, conservation, transformation, commercialization, and valorization that have as their object products obtained predominantly from the implements or resources of the farm normally employed in the agricultural activity exercised, including activities for the valorization of the territory and the rural and forestry heritage, or also reception and hospitality as defined by law. 2. Cooperatives of agricultural entrepreneurs and their consortia are considered agricultural entrepreneurs when they use, for the development of their activities according to Article 2135 of the Civil Code, as substituted in paragraph 1 of this article, predominantly products of the members, or predominantly supply the members with goods and services directed at the care and development of the biological cycle". The interest of the Italian legislator is evident, allowing the inclusion among related activities of those directed at the provision of goods or services for multifunctional purposes; c) The expansion of the concept of agrarian enterprise to those service cooperatives constituted by agrarian entrepreneurs, which primarily provide goods and services to the same associates; d) The registration of all agrarian subjects in a special Registry; e) The expansion of agro-tourism activities (such as recreational, cultural, educational activities, sports practice, excursions) aimed at better contact and familiarity with the territory, as well as tasting activities of typical products; e) Greater protection for the related activity of direct sale of products (primary or processed) by the producers themselves, when they meet the hygiene and health requirements demanded by the legislation; f) The inclusion of auxiliary activities.
**V.-** In the case before us, the plaintiff requests, among other things, a declaration of forced execution of a contract related to the farm with property registration number [Placa2], and a declaration that Mucap had no legal authority to dispose of said real estate, for which reason it requests that the material right it had to the tenure of the real estate be restored, as well as the payment of damages. In its complaint, the plaintiff states that the provisions of Article 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria are applicable "…Precisely, the property subject to this litigation is essentially dedicated to the activity of the agricultural industry, with all the activities developed on the real estate having as their fulcrum the aforementioned agricultural, environmental, agro-tourism, and ecotourism industrialization…" (see folio 2450). For their part, the defendants argue that the discussion is purely civil, and that the property is oriented toward tourism. From the analysis of the case file, it is clearly evident that the farm subject to this litigation is located in an area oriented toward agro-ecotourism, in Curubandé de Liberia, Guanacaste, on the slopes of the [Dirección1], which has an area of 3,365,783.11 square meters, that is, three hundred thirty-six hectares and a remainder, and on the property there are not only lodging facilities for tourists, but the greater part is destined for conserved forest, lakes, and pastures (see folios 2589 to 2594). Currently, the forest, with an approximate extension of 300 ha, which is composed of native species, is primary, secondary, and includes some pasture areas that are regenerating naturally. This forest area is subject to a voluntary forestry regime, with possibilities for water use and the development of a tilapia production project (folio [Telf1]). It is, consequently, a conflict of interests, where an agro-environmental and agro-tourism property is involved, where a series of agrarian activities are developed, both principal and related, governed by the special legislation on the matter, including hospitality activity (called agro-tourism or ecotourism by doctrine). The lawsuit seeks the restitution of this asset to the plaintiff, as a consequence of the forced execution of the contract and the payment of damages, a claim that is perfectly placeable within the content of Article 2, subsections a and h of the Ley de Jurisdicción Agraria and Article 8 of the Ley de Biodiversidad, which requires the fulfillment of the environmental function of property. In this case, there are forested lands and lands in natural regeneration. Consequently, the defense of lack of subject-matter competence must be declared without merit.
**VI.-** Regarding the lack of territorial competence filed by Mucap, it is also not admissible, given that in agrarian matters the principle of the law of the situation (lex rei sitae) governs, in accordance with the provisions of Article 15 of the Ley de Jurisdicción Agraria, which considers the Agrarian Judge of the place where the real estate is located to be competent and preferable to hear the matter, and in this case, the competence over the locality of Curubandé de Liberia corresponds to the Agrarian Court of origin. This is because agrarian competence is non-extendable.
Consequently, the rejection of the aforementioned exception is also imposed.
**POR TANTO:** The exceptions of lack of jurisdiction by reason of subject matter and territory filed by the defendants are rejected, and it is declared that this matter is cognizable by the specialized agrarian jurisdiction.
**DAMARIS VARGAS VASQUEZ** **CARLOS BOLAÑOS CESPEDES** Nº EXPN1 Ordinario Actor Vistas del Placer S.A. Contra Mutual Cartago y otros li.++ (See ruling No. 217-C-03 of 2:20 p.m. on April 24, 2003). <b style="mso-bidi-font-weight: normal">IV.- </b>Furthermore, it must be noted that the parallelism announced by doctrine and jurisprudence many years ago, between Article 2, subsection h) of the Ley de Jurisdicción Agraria and Article 2135 of the Italian Civil Code. This latter provision was reformed by Law No. 268/01 of May 18, 2001, on the Orientation and Modernization of the Agricultural Sector, which establishes a new concept of agricultural entrepreneur: “An agricultural entrepreneur is one who engages in one of the following activities: cultivation of the land (cultivo del fundo), silviculture (silvicultura), animal husbandry (crianza de animales), and connected activities (actividades conexas). By cultivation of the land, silviculture, and animal husbandry are understood <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><u>activities directed at the care and development of a biological cycle or a necessary phase of the cycle itself, of a vegetal or animal nature, that use or may use the land, the forest, or fresh, salt, or marine waters</u></i></b>. Equally connected are understood to be the activities, exercised by the same agricultural entrepreneur, directed at the manipulation, conservation, transformation, commercialization, and valorization that have as their object products obtained prevalently from the equipment or resources of the farm normally employed in the agricultural activity exercised, among them included the activities of valorization of the territory and of the rural and forest heritage, or also of reception and hospitality as defined by law. 2. Agricultural cooperatives and their consortia are considered agricultural entrepreneurs when they use, for the development of their activities according to Article 2135 of the civil code, as substituted in paragraph 1 of this article, prevalently products of the members, or supply prevalently to the members goods and services directed at the care and development of the biological cycle".<span style="mso-spacerun: yes; color: black; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Times New Roman"> </span><span lang="ES-TRAD" style="color: black; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: ES-TRAD">The interest of the Italian legislator is evident in allowing the inclusion among the connected activities, of those directed at the provision of goods or services for multifunctional purposes; c) The extension of the concept of agricultural enterprise to those service cooperatives constituted by agricultural entrepreneurs, and that primarily provide goods and services to those same associates; d) The registration of all agricultural subjects in a special Registry; e) The expansion of agrotourism activities (such as recreational, cultural, didactic activities, sports practice, excursions) aimed at a better contact and knowledge of the territory, as well as the activities of tasting typical products; e) Greater protection of the connected activity of direct sale of products (primary or processed), by the producers themselves, when they meet the hygiene and health requirements demanded by legislation; f) The inclusion of auxiliary activities.<span style="mso-spacerun: yes">"</span><o:p> </o:p> </span> Agricultural cooperatives and their consortia are considered agricultural entrepreneurs when they use, for the development of their activities according to article 2135 of the civil code, as substituted in paragraph 1 of this article, predominantly products of the members, or predominantly supply to the members goods and services directed to the care and development of the biological cycle." It is evident the Italian legislator's interest in allowing the inclusion among connected activities of those directed to the provision of goods or services for multifunctional purposes; c) The expansion of the concept of agricultural enterprise to those service cooperatives constituted by agricultural entrepreneurs, and that primarily provide goods and services to those same associates; d) The registration of all agricultural subjects in a special Registry; e) The expansion of agrotourism (agroturísticas) activities (such as recreational, cultural, educational, sports practice, excursions) aimed at better contact and knowledge of the territory, as well as tasting activities of typical products; e) Greater protection of the connected activity of direct sale of products (primary or processed) by the same producers, when they meet the hygiene and health requirements demanded by legislation; f) The inclusion of auxiliary activities.
**V.-** In the case at hand, the plaintiff requests, among other things, that the forced execution of a contract related to the farm with registration number [Placa2] be declared, and that it be declared that Mucap had no legal authority to dispose of said property, for which reason she requests that the material right that assisted her for the tenure of the property be restored to her, as well as the payment of damages and losses. In her complaint, the plaintiff states that the provisions of article 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria are applicable "…Precisely, it is held that the property subject of this lis, is essentially dedicated to the activity of the agricultural industry, given that all activities carried out on the property have as their fulcrum the aforementioned industrialization, both agricultural and environmental, agrotourism (agroturística) and ecotourism (ecoturística)…" (see folio 2450). For their part, the defendants allege that the discussion is purely civil, and that the land is of tourism vocation. From the analysis of the case records, it is clearly evident that the farm subject of this litigation is located in an agro-ecotourism (agroecoturística) vocation zone, in Curubandé de Liberia, Guanacaste, on the slopes of [Dirección1], which has an area of 3,365,783.11 square meters, that is, three hundred thirty-six hectares and remainder, and on the land there are not only tourist lodging facilities, but the greater part is destined for forest under conservation, lakes, and grazing areas (repastos) (see folios 2589 to 2594). Currently, the forest, with an approximate area of 300 ha, which is composed of native species, is primary, secondary, and has some pasture areas that are naturally regenerating. This forest area is subject to a voluntary forest regime, with possibilities for water use and development of a tilapia production project (folio [Telf1]). It is, consequently, a conflict of interests, in which an agro-environmental and agrotourism (agroturístico) land is involved, where a series of agricultural activities, both principal and connected, are carried out, governed by the special legislation on the matter, including the hospitality activity (called agrotourism or ecotourism by the doctrine). The lawsuit seeks the restitution of that asset to the plaintiff, as a consequence of the forced execution of the contract and the payment of damages and losses, a claim that is perfectly locatable within the content of article 2, subsections a and h, of the Ley de Jurisdicción Agraria and article 8 of the Ley de Biodiversidad, which requires the fulfillment of the environmental function of property. In this case, there are forest lands and lands in natural regeneration. Consequently, the exception of lack of material competence must be declared without merit.
**VI.-** Regarding the lack of territorial competence raised by Mucap, it is also unacceptable, given that in agrarian matters the principle of the law of the situation (lex rei sitae) governs, in accordance with the provisions of article 15 of the Ley de Jurisdicción Agraria, which considers the Agrarian Judge of the place where the property is located to be competent and preferable to hear the matter, and in this case, competence over the locality of Curubandé de Liberia corresponds to the Agrarian Court of origin. This is because agrarian competence is non-extendable. Consequently, the rejection of the referred exception is also imposed.
**POR TANTO:** The exceptions of lack of competence by reason of the matter and of the territory raised by the defendants are rejected, and it is declared that this matter is for the cognizance of the specialized agrarian jurisdiction.
** ** ** ** ** ** **DAMARIS VARGAS VASQUEZ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **CARLOS BOLAÑOS CESPEDES** Nº EXPN1 Ordinario Actor Vistas del Placer S.A.
Contra Mutual Cartago y otros li.++
VOTO Nº 48-C-06 VOTO Nº 48-C-06 TRIBUNAL AGRARIO SECCION PRIMERA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. Goicoechea, a las dieciséis horas del treinta de enero del dos mil seis.- PROCESO ORDINARIO, tramitado ante el Juzgado Agrario de Liberia, por VISTAS DEL PLACER SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica número CED1- - , representada por [Nombre1] , mayor, casado una vez, empresario, vecino de Guanacaste con cédula de identidad CED2- - , en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma; contra MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO, con cédula jurídica número CED3- - , representada por [Nombre2] , mayor, divorciada una vez, economista, vecina de Cartago, con cédula de identidad número CED4- - en su calidad de apoderada generalísima sin límite de suma, [Nombre3] , mayor, empresario, vecino de Liberia con cédula de residencia número cero dos cinco ocho uno; [Nombre4] , mayor, empresario, vecino de Liberia, con cédula CED5- - , y [Nombre5] , mayor, ingeniero, vecino de Liberia, con cédula de identidad CED6- - cero sesenta. Intervienen la licenciada Vilma Camacho Víquez de calidades desconocidas como abogada directora de la parte actora, los licenciados Carlos Quesada Román de calidades ignoradas como abogado director de la demandada Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, el licenciado Mauricio Rodríguez Méndez defensor público agrario, de calidades desconocidas como abogado director del codemandado [Nombre4] , el licenciado Roberto Segnini Villalobos, mayor, casado, abogado, vecino de Liberia con cédula de identidad CED7- - en su condición de apoderado especial judicial del demandado [Nombre3] , y el licenciado José González Fonseca de calidades ignoradas como abogado director del demandado [Nombre5] .- Redacta el Juez ULATE CHACÓN, y,
CONSIDERANDO
I.- Conoce este Tribunal de la excepción de falta de competencia material interpuesta por el demandado [Nombre5] , alegando que el asunto es de naturaleza civil (ver folios 2660 a 2665), y por la representante de la Mucap, quien alegó la incompetencia material y territorial, aduciendo que el proceso es de naturaleza civil, al ser el actor un empresario hotelero y estar el inmueble destinado para fines turísticos, tal y como lo dispuso la Sala Primera en un proceso interdictal donde intervienen las mismas partes. Además, aduce, el competente por razón del territorio es el Juzgado Civil de Cartago, al tratarse de pretensiones personales y no reales. Los codemandados aducen que no se está en presencia de un fundo agrario, ni del ejercicio de actividades agrarias, como para poder establecer la competencia en esta sede de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria.
II.- En un caso similar al que ahora nos ocupa, este Tribunal resolvió lo siguiente: “…La tendencia actual de la jurisdicción agraria, es la evolución de su competencia a todo lo relacionado con el derecho agroambiental, agroalimentario y al desarrollo rural sostenible, como nuevas dimensiones de la materia, originadas en los derechos humanos de la tercera generación, que están perfectamente contenidos en nuestra Constitución Política, especialmente, en los artículos 45, 46, 50 y 69, así como en todas las leyes agrarias, agroambientales, agroalimentarias así como todas las normas orientadas a promover el desarrollo rural sostenible. En efecto, solo para citar algunos ejemplos, la actual Ley de Biodiversidad No. 7788 del 30 de abril de 1998, le otorga competencia a la jurisdicción agraria (artículo 108), para conocer de todas las controversias relacionadas con la biodiversidad, cuando sea entre particulares. En esta misma normativa, el artículo 8 contempla la función económica, social y ambiental de la propiedad inmueble, y en diversas normas se regula todo lo relativo a los servicios ambientales (artículo 37 y siguientes), en consonancia con lo dispuesto por la Ley Forestal No. 7575 del 5 de febrero de 1996 y sus reformas. Ella contiene regulado todo el régimen relativo a los bosques y plantaciones forestales, sean estos públicos o privados, estableciendo reglas especiales para la regulación de las actividades privadas. Las leyes relativas al desarrollo rural sostenible del país, tales como Ley de Tierras y Colonización, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, entre otras, también contienen disposiciones relacionadas con la planificación, el uso de los terrenos públicos y privados, a fin de que los mismos cumplan la función social de la propiedad, y presten servicios ambientales o rurales a las comunidades. Especialmente, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 de 30 de abril de 1998, también contiene disposiciones sobre competencia favorable a la jurisdicción agraria en su artículo 56. Por otra parte, el tema del desarrollo rural sostenible es de especial importancia actual, dentro de una visión de apertura de los mercados, de inversión extranjera y de desarrollo de las zonas especialmente aptas para el agroturismo, el ecoturismo y el turismo rural, conceptos que hoy define la doctrina moderna como parte de una noción ampliada de la materia agraria. Estas actividades, tienen (sic) a revalorizar el medio rural, el ambiente, la cultura de los pueblos y comunidades rurales; especialmente, a revalorizar la función del territorio (y lógicamente, los terrenos privados ubicados en él), para que los visitantes de esas zonas se compenetren con el modo de vida, con las tradiciones, con el ambiente natural y rural. Todo ello es parte de la revalorización e importancia que estos fundos “agroambientales”, tienen no solo desde una óptica puramente económica (como sería la inversión), sino también desde una perspectiva empresarial orientada a promover el desarrollo rural sostenible del país, y promover la inversión a fin de lograr un mejor equilibrio social, económico y ambiental de las comunidades rurales. También el tema agroalimentario, ofrece una rica y muy dispersa legislación sobre la materia, contenida en normas no sólo constitucionales, para proteger la salud de los consumidores (artículo 46), sino en normas legales orientadas a promover la seguridad agroalimentaria interna, tales como la Ley del Consejo Nacional de la Producción, la legislación en materia de salud, de medidas sanitarias y fitosanitarias, así como los acuerdos y tratados internacionales firmados en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y del Sistema de Integración Económica, Social y Ambiental Centroamericana. La presente demanda ordinaria versa sobre varios inmuebles o fundos que están ubicados en Nosara de Nicoya. Se trata de una zona evidentemente de vocación agroturística y agroambiental, y por ende entra dentro de las nuevas tendencias evolutivas del Derecho Agrario. Efectivamente, según se desprende de los autos, la actora reclama ser la propietaria de una finca con una cabida superior a las doscientas hectáreas, la cual tiene zonas de urbanización, protección de bosque primario y secundario, apta para el desarrollo de la actividad agraria y la protección forestal, sometida al régimen forestal con base al plano catastrado [Placa1], según lo manifiesta la actora (ver demanda a folio 190). Por otra parte, pide la nulidad de una serie de planos de terrenos que oscilan entre los mil quinientos y diez mil metros cuadrados, con lo cual lógicamente se puede concluir que son terrenos destinados a proyectos de desarrollo agroturístico o ecoturístico. Amén de lo anterior, la Sociedad actora, podría considerarse como una empresa agraria forestal, al dedicarse como lo indica a la protección forestal del bosque, pues eso origina eventualmente la prestación de servicios ambientales a la comunidad, (Artículo 2 inciso K de la Ley Forestal). La misma demandada, al oponer la excepción de “incompetencia de jurisdicción”, siendo la denominación correcta “falta de competencia por razón de la materia”, manifiesta que se ha dedicado a sembrar cuatro hectáreas de teca, lo cual es evidentemente una actividad de tipo agroambiental, de tipo forestal, aún cuando tenga meramente fines paisajisticos, ecoturísticos o de conservación de la naturaleza. IV.- Por todo lo anterior, siendo este asunto de naturaleza agraria, procede rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por la parte demandada, para que el Juzgado Agrario especializado continúe con el conocimiento de este proceso ordinario….” (Tribunal Agrario, No. 239 de las 14:20 del 9 de abril del 2004). Esta resolución coincide con lo resuelto por la Sala Primera de la Corte en el Voto Número 9-C-04, de las 9:53 del 16 de enero del 2004, en la cual se dispuso lo siguiente: III.- Resulta evidente la naturaleza agroambiental de los terrenos objeto de esta rectificación de medida. Al estar dedicados, en su mayor parte, a la reforestación, están sometidos al régimen de la legislación agroambiental; y particularmente, de la Ley Forestal N° 7575 del 16 de abril de 1996, y de la Ley de Biodiversidad ( artículo 8), en las cuales se establece la función económica, social y ambiental de la propiedad agraria, pues es interés del legislador agrario que tales bienes cumplan uno de sus principales destinos, cual es la prestación de servicios ambientales que puede brindar el bosque, no sólo a favor de los propietarios particulares, sino de la entera colectividad. Tales servicios ambientales consisten, según el numeral 3 inciso k de la Ley Forestal, en los que brinda el bosque y las plantaciones forestales y los cuales inciden directamente en la protección y el mejoramiento del ambiente. Ellos pueden consistir en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, tutela de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos, entre otros. Por otra parte, del expediente se deriva, que el terreno descrito en el Plano A-800047-2002, a nombre de Hidroeléctrica Platanar S.A., si bien es cierto se encuentra fuera de Areas Silvestres protegidas, esta afectó a áreas de protección según los numerales 33 y 34 de la Ley Forestal. De manera que la calificación agraria, o más precisamente “agroambiental” de los inmuebles es indiscutible, por ello deberá conocerse el presente asunto en la sede especializada creada para esos fines. IV.- Por lo anterior, se concluye este asunto se trata de un proceso de naturaleza agraria, cuyo conocimiento corresponde al Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela.” III.- Recientemente el Tribunal Agrario señaló las nuevas tendencias del Derecho agrario, lo cual incide en la competencia material de los Tribunales: “III.- Modernamente la especialidad de la agricultura como actividad involucra diferentes sectores de la economía, y entre ellos los llamados servicios de agricultura…. El Sector agropecuario está pasando por grandes transformaciones, derivadas de las nuevas políticas orientadas al desarrollo rural sostenible. La nueva legislación generada en Europa y Latinoamérica, se orienta a darle una visión de mayor amplitud a las actividades conexas (como la agroindustria y la comercialización de productos agrícolas) y los servicios (como el turismo rural, el agroturismo), y demás actividades servicios que puedan colaborar en el fortalecimiento del espacio y del mundo rural de la agricultura, a fin de favorecer la permanencia y la consolidación de las familias rurales y de los empresarios agrarios, en general, en las zonas rurales. Un ejemplo de esto último, en Europa, lo constituyen las profundas transformaciones de la política agrícola común y el tema de la multifucionalidad en la agricultura. La Ley de Orientación agrícola francesa (de 1999) y la Ley de Orientación agrícola italiana (marzo del 2001), han ampliado el ámbito de lo agrario a muchas actividades conexas y de servicios rurales, creando figuras tales como los servicios rurales de proximidad, el turismo rural, el pescador turístico, equiparado al empresario agrario, con la reforma del artículo 2135 del Código Civil Italiano. IV.- Nuestro legislador agrario no ha estado ajeno a ésta problemática. Por el contrario, desde hace varias décadas, se viene impulsando en la legislación especial agraria una visión amplia del agro, para darle cabida no solo a las actividades meramente productivas, sino también a las actividades conexas y de servicios. En efecto, la misma Ley de Fomento a la Producción agropecuaria, al indicar en su artículo 2 las actividades agrarias comprendidas en dicha Ley, enumera tanto actividades principales, como actividades conexas y auxiliares, comprendiéndose dentro de éstas últimas, las que realizan las empresas de servicio en la agricultura mecanizada (art. 2), y al definirse la actividad agroindustrial, se hace referencia a las empresas que utilicen, como insumos productos agrícolas (art. 28)”. (Ver Voto N° 217-C-03 de las 14:20 horas del 24 de abril del 2003).
IV.- A mayor abundamiento, debe indicarse que el paralelismo anunciado por la doctrina y la jurisprudencia hace muchos años, entre el artículo 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria y el 2135 del Código Civil italiano. Esta última disposición, fue reformada por la Ley de Orientación y modernización del sector agrícola N° 268/01 del 18 de mayo del 2001, en la cual se establece un nuevo concepto de empresario agrario: “Es empresario agrícola quien ejercita una de las siguientes actividades: cultivo del fundo, silvicultura, crianza de animales y actividades conexas. Por cultivo del fundo, por silvicultura y por crianza de animales se entienden las actividades dirigida al cuidado y al desarrollo de un ciclo biológico o de una fase necesaria del ciclo mismo, de carácter vegetal o animal, que utilizan o pueden utilizar el fundo, el bosque, o las aguas dulces, salubres o marinas. Se entienden igualmente conexas las actividades, ejercidas por el mismo empresario agrícola, dirigidas a la manipulación, conservación, transformación, comercialización y valorización que tengan por objeto productos obtenidos prevalentemente de aparejos o recursos de la hacienda normalmente empleados en la actividad agrícola ejercida, entre ellas comprendidas las actividades de valorización del territorio y del patrimonio rural y forestal, o también de recepción y hospitalidad como las define la ley. 2. Se consideran empresarios agrícolas las cooperativas de empresarios agrícolas y sus consorcios cuando utilizan para el desenvolvimiento de sus actividades según el artículo 2135 del código civil, como es sustituido en el párrafo 1 del presente artículo, prevalentemente productos de los socios, o bien suministren prevalentemente a los socios bienes y servicios dirigidos al cuidado y al desarrollo del ciclo biológico". Es evidente el interés del legislador italiano permitiendo la inclusión entre las actividades conexas, de aquellas dirigidas a la prestación de bienes o servicios para fines multifuncionales; c) La ampliación del concepto de empresa agraria a aquellas cooperativas de servicios constituidas por empresarios agrarios, y que en forma prioritaria presten bienes y servicios a los mismos asociados; d) La inscripción de todos los sujetos agrarios a un Registro especial; e) La ampliación de las actividades agroturísticas (tales como actividades recreativas, culturales, didácticas, práctica deportiva, excursiones) finalizadas a un mejor contacto y conocimiento con el territorio, así como las actividades de degustación de los productos típicos; e) Una mayor tutela de la actividad conexa de venta directa de los productos (primarios o elaborados), por parte de los mismos productores, cuando cumplan los requisitos de higiene y sanidad exigidos por la legislación; f) La inclusión de las actividades auxiliares.
V.- En el caso que nos ocupa, la parte actora solicita, entre otras cosas, se declare la ejecución forzosa de un contrato relacionado con la finca matrícula número [Placa2], y se declare que la Mucap no tenía facultad legal para disponer de dicho inmueble, por lo que solicita le sea reivindicado el derecho material que le asistía para la tenencia del inmueble, así como el pago de los daños y perjuicios. En su demanda, manifiesta la actora, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria “…Precisamente se tiene que el predio objeto de este (sic) litis, está esencialmente dedicado a la actividad de la industria agropecuaria, siendo que todas las actividades desarrolladas en el inmueble, tiene por fulcro la precitada industrialización tanto agropecuaria como ambiental, agroturística y ecoturística…” (ver folio 2450). Por su parte, los demandados alegan que la discusión es puramente civil, y que el fundo es de vocación turística. Del análisis de los autos se desprende, evidentemente, que la finca objeto de este litigio está ubicada una zona de vocación agroecoturística, en Curubandé de Liberia, Guanacaste, en las faltas del [Dirección1] , que tiene una extensión de 3.365.783.11 metros cuadrados, es decir, trescientas treinta y seis hectáreas y resto, y en el fundo no solamente existen instalaciones de alojamiento de turistas, sino que su mayor parte está destinado a bosque en conservación, lagos y repastos. (ver folios 2589 a 2594). En la actualidad el bosque con una extensión aproximada de 300 ha, el cual esta conformado por especies nativas, es primario, secundario y unas áreas de pastos que están regenerando naturalmente. Esta área del bosque se encuentra sometida a un régimen forestal voluntario, con posibilidades de aprovechamiento hídrico y desarrollo de un proyecto de producción de tilapias (folio [Telf1]). Se trata, en consecuencia, de un conflicto de intereses, en donde existe un fundo agroambiental y agroturístico de por medio, en donde se desarrollan una serie de actividades agrarias, tanto principales como conexas, regidas por la legislación especial de la materia, incluyendo la actividad de hospitalidad (llamada por la doctrina agroturismo o ecoturismo). La demanda busca la restitución de ese bien a la actora, como consecuencia de la ejecución forzosa del contrato y el pago de daños y perjuicios, pretensión que es perfectamente ubicable dentro del contenido del artículo 2 incisos a y h de la Ley de Jurisdicción Agraria y artículo 8 de la Ley de Biodiversidad que exige el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad. En este caso existen terrenos de bosque y en regeneración natural. En consecuencia, deberá declararse sin lugar la excepción de falta de competencia material.
VI.- En cuanto a la falta de competencia territorial interpuesta por la Mucap, la misma tampoco es de recibo, toda vez que en materia agraria rige el principio de la Ley de la situación (lex rei sitae), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Jurisdicción Agraria, la cual considera competente y preferible para conocer del negocio el Juez agrario del lugar en donde esté ubicado el inmueble, siendo que en este caso la competencia sobre la localidad de Curubandé de Liberia corresponde al Juzgado Agrario de origen. Ello en virtud de que la competencia agraria es improrrogable. En consecuencia, también se impone el rechazo de la referida excepción.
POR TANTO:
Se rechazan las excepciones de falta de competencia por razón de la materia y del territorio interpuestas por los demandados, y se declara que este asunto es de conocimiento de la jurisdicción agraria especializada.
[Nombre6] DAMARIS VARGAS VASQUEZ CARLOS BOLAÑOS CESPEDES Nº EXPN1 Ordinario Actor Vistas del Placer S.A.
Contra Mutual Cartago y otros li.++
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