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16/05/2003
OutcomeResultado
The Court ordered the cooperative to stop discharging liquid waste into the spring and directed the administrative authorities to carry out technical studies to verify compliance with agri‑environmental regulations.El Tribunal ordenó a la cooperativa cesar el vertido de desechos líquidos en el manantial y dispuso que las autoridades administrativas realizaran estudios técnicos para verificar el cumplimiento de la normativa agroambiental.
SummaryResumen
The Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of San José overturned the denial of a precautionary measure requested by neighbors against a coffee cooperative, granting it partially. The court ordered the cooperative to stop discharging liquid waste into a spring running in front of the plaintiffs' home and invading their property, finding that coffee processing waste posed health and environmental risks. It also instructed the Ministry of Health and the State Phytosanitary Service to carry out on‑site technical and scientific studies to verify compliance with national and regional agri‑environmental regulations, including the Central American Regulation on Sanitary and Phytosanitary Measures, and to adopt corresponding administrative measures. The ruling is based on the principles of fumus boni iuris, periculum in mora, and subsidiarity, and extensively develops the availability of atypical precautionary measures in agri‑environmental matters, invoking constitutional provisions (articles 33, 45, and 50), Central American Community law, and domestic statutes such as the Environmental Law, the Wildlife Conservation Law, and the Phytosanitary Protection Law.El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José revocó la denegatoria de una medida cautelar solicitada por vecinos contra una cooperativa cafetalera, acogiéndola parcialmente. El tribunal ordenó a la cooperativa abstenerse de evacuar desechos líquidos en un manantial que corre frente a la vivienda de los actores y que invade su fundo, por considerar que los residuos de broza de café generaban riesgos a la salud y al ambiente. Además, instruyó al Ministerio de Salud y al Servicio Fitosanitario del Estado realizar estudios técnicos y científicos in situ para verificar el cumplimiento de la normativa agroambiental nacional y regional, incluyendo el Reglamento Centroamericano sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y adoptar las medidas administrativas correspondientes. El fallo se fundamenta en los principios de apariencia de buen derecho, peligro de demora y residualidad, y desarrolla ampliamente la procedencia de medidas cautelares atípicas en materia agroambiental, invocando normativa constitucional (artículos 33, 45 y 50), derecho comunitario centroamericano, y leyes internas como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley de Protección Fitosanitaria.
Key excerptExtracto clave
XI. Based on the foregoing and the proven facts, the Court finds that the appellant is right in its grievances. First, it must be reiterated that this precautionary proceeding is based on a judgment of verisimilitude or probability, carried out by the Court in this case, that the necessary prerequisites exist to grant the precautionary measure partially and as set forth below. The probability judgment rests on the apparent liability of the Cooperative Coopabuena R.L. for the risks of damage to health and the environment caused by the discharge of wastewater from its coffee processing waste treatment plant. Although two certifications from the Ministry of Health indicate that the effluent meets the minimum standards required by the Regulation, the reality is that such study is based on the claims of the entity generating the waste and there is, at least in the case file, no evidence to suggest that such information was confronted with reality through sanitary inspections to verify the accuracy of those reports. On the contrary, the judicial inspection carried out by the trial judge (folio 13), while not a technical‑scientific verification, does confirm that the discharge of waste is substantial, that it creates foci of infection and foul odors, and that such discharges pass through the plaintiff's property, which forced his family to abandon the property, due to the apparent health damage suffered by his daughter as a result of those discharges and foul odors. In light of the foregoing, the fumus boni iuris, the imminent danger of causing serious and irreparable harm, and the subsidiarity of the measure lead the Court to grant it partially, as set forth below, ordering the competent administrative authorities to carry out the necessary studies and inspections in order to verify that the Cooperative is in strict compliance with the agri‑environmental regulations in force. XII. Consequently, the appealed ruling is overturned. In its place, it is resolved: The requested precautionary measure is partially denied, insofar as it seeks to 'Close or suspend the use of the property, owned by the Cooperative, as a dumping site for coffee waste.' Such measure is denied because it is the competence of the State Phytosanitary Service and the Ministry of Health to order the temporary or permanent closure of that establishment, in accordance with the corresponding technical and scientific studies. The measure is partially granted, in that it orders the Cooperative to stop discharging liquid waste into the spring that runs in front of the plaintiff's dwelling and that invades the plaintiff's adjacent property, producing a risk to health and the environment. Likewise, the Environmental Sanitation Division of the Ministry of Health and the State Phytosanitary Service are ordered to carry out the corresponding studies, in order to verify whether the activity of the generating entity complies with the minimum requirements demanded by national and regional agri‑environmental legislation, and to take the corresponding administrative measures to prevent damage to health and the environment.XI.- Con base en lo anteriormente expuesto, y a la relación de hechos tenidos por acreditados, el Tribunal concluye que el recurrente lleva razón en sus agravios. En primer lugar, debe reiterarse que éste proceso cautelar se basa en un juicio de verosimilitud o probabilidad, en éste caso realizado por el Tribunal, de que existen los presupuestos necesarios para acoger, parcialmente y en la forma que se dirá, la medida cautelar. El juicio de probabilidad se basa en la aparente responsabilidad de la Cooperativa Coopabuena R.L., por los riesgos de daños a la salud y al medio ambiente, causados con el vertido de aguas residuales de su planta de tratamiento de broza del Café. Aún cuando existen dos certificaciones del Ministerio de Salud que indica que las aguas efluentes cumplen con los mínimos exigidos en el Reglamento, lo cierto es que tal estudio se basa en lo afirmado por el ente generador y no existe, al menos en el expediente, elementos de juicio que permitan indicar que esa información fue confrontada con la realidad mediante inspecciones sanitarias para comprobar la validez de dichos reportes. Por el contrario, del reconocimiento judicial practicado por la Jueza de instancia (folio 13), si bien no es una verificación técnico- científica, sí constata que el vertido de los residuos es bastante, que se producen focos de infección y malos olores, y que dichos vertidos pasan por el fundo del actor, lo que obligó a su familia a abandonar la propiedad, por el daño a la salud que aparentemente presenta su hija debido a dichos vertidos y malos olores. En virtud de lo anterior, la apariencia de buen derecho, el peligro inminente de causar daños graves e irreparables, y la residualidad de la medida, llevan al Tribunal a acogerla parcialmente, conforme se dirá, ordenando a las Autoridades administrativas competentes a realizar los estudios e inspecciones necesarios a fin de verificar que la Cooperativa está en estricto apego a la normativa agroambiental vigente. XII.- En consecuencia procede revocar la resolución apelada. En su lugar se resuelve: Se rechaza parcialmente la medida cautelar solicitada, en cuanto pide “Clausurar o suspender la utilización de la finca, propiedad de la Cooperativa, como botadero de broza”. Dicha medida se rechaza, por cuanto es competencia de Servicio Fitosanitario del Estado, y del Ministerio de Salud, ordenar el cierre temporal o definitivo de dicho establecimiento, de acuerdo a los estudios técnicos y científicos correspondientes. Se acoge parcialmente la medida, en cuanto se ordena a la Cooperativa, dejar de evacuar los desechos líquidos en el manantial que corre frente a la vivienda del actor, y que invaden el fundo colindante del actor, produciendo un riesgo en la salud y en el ambiente. Asimismo, se ordena a la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y al Servicio Fitosanitario del Estado, ordenar los estudios correspondientes, a fin de verificar si la actividad del ente generador está o no ajustada a los requerimientos mínimos exigidos por la Legislación agroambiental, nacional y regional y procedan a tomar las medidas administrativas correspondientes a fin de prevenir daños a la salud y al medio ambiente.
Pull quotesCitas destacadas
"La tutela cautelar efectiva, que encuentra su asidero también a nivel constitucional, en el postulado “Justicia Pronta y cumplida”, ha creado un arco de posibilidades a nivel jurisdiccional, para solicitar la tutela y protección de los derechos fundamentales, comenzando con los medios que ofrece el Derecho Procesal Constitucional, a través de la vía del amparo, en donde se ha reconocido la legitimación activa, incluso a menores de edad, cuando se trata de proteger la Salud de las personas, amparando de esa manera derechos difusos y de la entera colectividad."
"Effective precautionary protection, which also finds its anchorage at the constitutional level in the postulate 'Prompt and Fulfilled Justice,' has created a range of jurisdictional possibilities to seek the protection and safeguarding of fundamental rights, beginning with the means offered by Constitutional Procedural Law, through the remedy of amparo, where standing has been recognized even for minors when it comes to protecting people's health, thereby safeguarding diffuse rights and those of the entire community."
Considerando VI
"La tutela cautelar efectiva, que encuentra su asidero también a nivel constitucional, en el postulado “Justicia Pronta y cumplida”, ha creado un arco de posibilidades a nivel jurisdiccional, para solicitar la tutela y protección de los derechos fundamentales, comenzando con los medios que ofrece el Derecho Procesal Constitucional, a través de la vía del amparo, en donde se ha reconocido la legitimación activa, incluso a menores de edad, cuando se trata de proteger la Salud de las personas, amparando de esa manera derechos difusos y de la entera colectividad."
Considerando VI
"Las medidas cautelares atípicas presentan una serie de presupuestos y características necesarias para determinar su procedencia y alcances. El Tribunal Agrario ha desarrollado importantes criterios jurisprudenciales, al reconocer los presupuestos necesarios para que pueda acogerse una medida cautelar: 'II. La medida cautelar atípica se basa en tres presupuestos básicos: 1.- La residualidad, es necesario constatar que el derecho que se busca tutelar judicialmente está seriamente amenazado, sin posibilidad de protegerse mediante una medida cautelar típica, y de ahí la urgencia de tomar la medida... 2.- La apariencia de buen derecho, en el sentido de que la pretensión de la demanda principal, o del derecho o bien público que se quiera asegurar, tenga probabilidad de ser tutelable en el ordenamiento jurídico... 3.- El peligro de demora, por la urgencia de tomar la medida y evitar daños irreparables a alguna de las partes, o al interés de la colectividad, antes de que se falle el asunto."
"Atypical precautionary measures present a series of prerequisites and characteristics necessary to determine their applicability and scope. The Agrarian Court has developed important jurisprudential criteria by recognizing the prerequisites for a precautionary measure to be granted: 'II. The atypical precautionary measure is based on three basic prerequisites: 1. Subsidiarity – it must be established that the right sought to be judicially protected is seriously threatened, with no possibility of being protected through a typical precautionary measure, hence the urgency of taking the measure... 2. Fumus boni iuris – in the sense that the claim of the main suit, or the right or public good sought to be secured, has a probability of being protectable under the legal system... 3. Periculum in mora – due to the urgency of taking the measure and avoiding irreparable harm to any of the parties, or to the collective interest, before the matter is decided."
Considerando V
"Las medidas cautelares atípicas presentan una serie de presupuestos y características necesarias para determinar su procedencia y alcances. El Tribunal Agrario ha desarrollado importantes criterios jurisprudenciales, al reconocer los presupuestos necesarios para que pueda acogerse una medida cautelar: 'II. La medida cautelar atípica se basa en tres presupuestos básicos: 1.- La residualidad, es necesario constatar que el derecho que se busca tutelar judicialmente está seriamente amenazado, sin posibilidad de protegerse mediante una medida cautelar típica, y de ahí la urgencia de tomar la medida... 2.- La apariencia de buen derecho, en el sentido de que la pretensión de la demanda principal, o del derecho o bien público que se quiera asegurar, tenga probabilidad de ser tutelable en el ordenamiento jurídico... 3.- El peligro de demora, por la urgencia de tomar la medida y evitar daños irreparables a alguna de las partes, o al interés de la colectividad, antes de que se falle el asunto."
Considerando V
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VOTO Nº 275-F-03 AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSE. GOICOECHEA, AT FOURTEEN HOURS FIFTEEN MINUTES ON THE SIXTEENTH OF MAY OF TWO THOUSAND THREE.- PRECAUTIONARY MEASURE, processed before the Agrarian Court of the Southern Zone, Corredores, filed by [Nombre1] and [Nombre2] against COOPABUENA R.L., all of known qualities in the case file. This Tribunal hears the appeal filed by the plaintiffs against the ruling issued at eight hours fifty-five minutes on the fourth of February of two thousand three.- Drafted by Superior Judge ULATE CHACÓN, and,
WHEREAS:
I.- For the purpose of resolving the requested precautionary measure at this instance, the following is taken as accredited: 1.- The minor child [Nombre3] suffers from allergic manifestations, resulting mainly from her exposure to coffee pulp (broza de café) (see medical certification on folio 2 and folio 26). 2.- Coopabuena R.L. owns a plot of land contiguous to the plaintiff's property, which it uses as a dumping ground for wastewater and for the treatment of coffee pulp (broza de café) (see response to the measure on folio 20 and judicial inspection (reconocimiento judicial) on folio 13). 3.- That in front of the plaintiff's dwelling, a spring (manantial) or small stream runs, which is in a contaminated state, with green and yellowish foam being observed, similar to the residues or liquids from coffee pulp (broza de café), a strong and penetrating odor is noticeable, extensive contamination, mosquito larvae, and a foul smell are observed (See judicial inspection (reconocimiento judicial) on folio 13); 4.- On the boundary between the plaintiff's land and that of the Cooperative, there are also remains of coffee pulp (broza de café) and strong odors produced by the residues; 5.- Both the plaintiff's house and farm are in a state of abandonment, apparently due to the foul odors and heavy contamination (folio 13); 6.- According to the Permits and Controls Unit of the Directorate for the Protection of the Human Environment of the Ministry of Health, regarding the Cooperative's Secondary Treatment Plant using an anaerobic lagoon, from the analysis of the Cooperative's operational report, the value of the parameters analyzed in the effluent from the treatment system meet the limits allowed in the Reglamento de Reuso y Vertido de aguas residuales. (See certification on folios 38 – 40). 7.- That the Cooperative has a Solid Waste Management Plan dated January 2003, where the environmental variable is considered (folios 43 – 80).
II.- The lower court judge (a-quo) rejected the requested precautionary measure, indicating that the preliminary precautionary measure consisted of the judicial inspection (reconocimiento judicial), in which the situation indicated therein was recorded. It considers the request for suspension of the Cooperative's work to be impertinent, since the plaintiffs currently do not live on the property, and therefore there is no imminent danger of irreparable damage.
III.- The appellant alleges that the substantive precautionary measures consist of closing or suspending the use of the Cooperative's farm contiguous to that of the plaintiffs, and prohibiting said entity from discharging liquid waste into the spring (manantial) that runs in front of their property. It points out that the judicial inspection (reconocimiento judicial) was only an instrument to verify the admissibility conditions of the precautionary measure and that the lower court judge was even requested to be accompanied by suitable experts. It criticizes an erroneous assessment of the evidence, because the fulfillment of the prerequisites of appearance of good right (apariencia de buen derecho), danger of delay (peligro de demora), and residuality (residualidad) is found lacking, because the contract by which the Cooperative itself committed to finding a solution to the problem is not assessed, and they currently have nowhere to live, besides the health risk posed by the water discharge for their daughter. It adds that a superior interest exists here, from an agrarian and collective standpoint, where the water resource and people's health must be protected. Furthermore, by not taking the measure, the exercise of agrarian production on their farm is being prevented.
IV.- Many judicial conflicts of an agro-environmental nature require atypical precautionary measures to guarantee effective judicial protection, in the interest of the community. In particular, it is required to protect the destruction of virgin forest or indiscriminate logging, without management plans or with irregularly granted forestry permits. To avoid the effects of aerial fumigation of chemicals – insecticides and pesticides – harmful to the health of humans, plants, and animals. To paralyze plantation burning activities that lack the respective permits, especially when they affect forest areas. To prohibit the discharge of contaminating solid waste into rivers and streams that affect agrarian plantations and human health. The precautionary power of the Agrarian Judge in order to conserve the environment and natural resources linked to productive agrarian activities, and above all agrarian activities sustainable with the environment, also has solid support in comparative agrarian procedure. The Estatuto de la Jurisdicción Agraria of Colombia, among other examples, establishes a special process for the preservation of the rural environment and renewable natural resources, where a series of highly important precautionary measures are established to guarantee the outcome of the process. In effect: "From the moment of filing the lawsuit and at any stage of the process, the judge, ex officio or at the request of a party, if it is considered that damage is being caused to the environment or to one or more renewable natural resources, or there is an imminent danger that it will occur, even if different from that indicated in the lawsuit, shall take the measures of the case, after conducting a judicial inspection. The Judge may admonish the defendant, under penalty of fines, to suspend the works or activities constituting the risk or causing the damage, or to carry out the necessary work to avert the former or cease the latter." (MONCADA QUINTERO, Código Judicial Agrario, Medellín, Leyer, 1997, p. 174. In the same sense, see CAMPOS RIVERA, Derecho Procesal Agrario, Santa fé, Temis, 1996 pp. 326-327).
V.In repeated judgments, the Agrarian Tribunal has extensively developed the topic of precautionary measures (Among others, [Nombre4]. No. 117 of 15 hours on February 7, 1996, No. 635 of 9:30 hours on October 8, 1997, No. 767 of 11:10 hours on November 26, 1997, and No. 786 of 11:20 hours on November 26, 1997. Generally, these measures are carried out before filing an ordinary process, when there is a well-founded fear that one of the parties may cause the other irreparable or difficult-to-repair damage, given the latent danger, in the case of agrarian law, that production or natural resources may be affected, because the ordinary process requires a certain period of time for its development. Or, they are requested as a precautionary measure when filing the lawsuit, or subsequently, when the risk of future damage and harm is imminent. Atypical precautionary measures present a series of prerequisites and characteristics necessary to determine their origin and scope. The Agrarian Tribunal has developed important jurisprudential criteria, by recognizing the necessary prerequisites for a precautionary measure to be granted: "II. The atypical precautionary measure is based on three basic prerequisites: 1.- Residuality (residualidad), it is necessary to verify that the right sought to be judicially protected is seriously threatened, without the possibility of being protected by a typical precautionary measure, and hence the urgency of taking the measure. To this end, it is essential to conduct a judicial inspection (reconocimiento judicial), or to be accompanied by an expert in order to assess the true danger or imminent risk. This is fundamental because whoever requests the measure could use the procedure to delay the process or without any practical sense. Logically, such precautionary measures, because they lack typicality in the law, must be taken with certain and verifiable valuation parameters by the Judge, the simple statement of one of the parties not being sufficient to order the measure. 2.- The appearance of good right (apariencia de buen derecho), in the sense that the claim of the main lawsuit, or the public right or good sought to be secured, has a probability of being protectable in the legal system, that is, in the final judgment. This does not mean delving into the merits of the matter, but, on the contrary, achieving procedural simplicity, because otherwise, if hearings or excessive evidence are incurred, the purpose for which they were conceived would be distorted. 3.- The danger of delay (peligro de demora), due to the urgency of taking the measure and avoiding irreparable damage to any of the parties, or to the interest of the community, before the matter is decided. This is established by Article 242 of the Código Procesal Civil when indicating that the precautionary measure must be taken to prevent serious harm from being caused, prior to the issuance of the judgment." (T.S.A., Voto No. 193 of 14:40 hours on April 23, 1997.)
VI.Within this order of considerations, the requirement of the new atypical precautionary measures, which could well be called "agro-environmental," must effectively respond to the protection of the so-called "third generation" rights, to guarantee the maximum possible protection, namely the protection of health, the environment, and natural resources. Such rights are guaranteed at the Constitutional level, as fundamental rights, especially in Articles 33, 45, and 50 of our Constitución Política. But there are also norms at the International and Regional level, as well as their concretization through special laws or administrative normative acts, which allow for the application and protection of such fundamental rights. The effective precautionary protection, which also finds its basis at the constitutional level, in the postulate "Swift and Fulfilled Justice," has created an arc of possibilities at the jurisdictional level to request the protection and safeguarding of fundamental rights, beginning with the means offered by Constitutional Procedural Law, through the amparo remedy, where active legal standing has been recognized, even for minors, when it comes to protecting people's Health, thereby protecting diffuse rights and those of the entire community.
VII.- At the regional level, the Protocolo de Tegucigalpa to the Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), of December 13, 1991, which creates the Sistema de la Integración Centroamericana, creating bodies with specific normative competence and laying the foundations for the consolidation of a Central American Community Law, establishes among its purposes and principles "To establish concerted actions aimed at the preservation of the environment through respect for and harmony with nature, ensuring the balanced development and rational exploitation of the natural resources of the area, with a view to establishing a New Ecological Order in the region" (Article 3, subsection i), under the protection, respect, and promotion of human rights (Article 4). Under this perspective, the Protocolo de Guatemala, to the Tratado General de Integración Económica of October 29, 1993, points out the need to gradually create a Central American agricultural and agro-environmental policy (Articles 21 and 22) under the commitment that "The States Parties undertake to harmonize and adopt common market technical norms and regulations that will be directed solely to satisfy the requirements for the protection of human, animal, and plant health, the environment, safety, and compliance with minimum quality standards" (Article 26, Protocolo de Guatemala). In order to gradually perfect the common policies of the member countries, it is also established that the States Parties must establish security, police, and health measures, and agree on a Uniform Regulation that regulates everything related to health measures (Article 7). This attribution of competences, which has been expressly granted to the Consejo de Ministros de Integración Económica and the Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), has led to the establishment of the first community normative acts. Such community acts, like the regulations emanating from the Councils of Ministers, are binding and obligatory for the States Parties, and even prevail (by virtue of the principle of primacy of Community Law), over other free trade instruments, signed bilaterally or multilaterally between the States Parties, but do not affect their validity (Article 62 of the Protocolo de Guatemala). Our Sala Constitucional, in reiterated Jurisprudence, has recognized the prevailing and binding nature of regional Treaties, and of the normative acts derived from community law, by virtue of the principle of attribution of competences expressly established in our Constitución Política (Among others, see: Sala Constitucional, Voto No. 4638-96 of 6-9-96 which is a Consulta de constitucionalidad of the Bill for approval of the "tratado de Integración Social"; Voto No. 4640-96 of 6-9-96 which is a Consulta de constitucionalidad of the Bill for approval of the "Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)". In both cases, the Chamber affirmed: "Given the institutional nature of the agreement at hand, the Chamber finds no norms that are unconstitutional, nor does it notice infractions to the legislative approval procedure. However, as this treaty is an integral part of a system of transfer of competences, which as stated results in a community system, even though the transfer of competences has not occurred expressly, although foreseen in the Protocolo de Tegucigalpa, all this implies that for its approval a qualified vote is required, in the terms indicated in the second paragraph of subsection 4 of Article 121 of the Constitución Política" (the underlining is not from the original). Sala Constitucional, Voto 4242-93 of 27-08-93, 0791-94 of 8-02-94 and No. 7173-97 of 29-10-97, in which the supremacy of Community Law – in this case referring to the Código Aduanero Centroamericano and its Reglamento – over internal law of lower rank is recognized; Sala Constitucional, Voto 6957-96 of 20-12-96 and No. 1293-02 of 8-02-2002, which grants supremacy to the Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, over internal norms aimed at unification. Sala Constitucional in Voto 4638-96, cited above, indicated: "…the Corte Centroamericana de Justicia, body responsible for resolving conflicts related to norms of a community character, and whose powers, functioning, and integration shall be regulated by its own Statute, which has not been approved by Costa Rica. As a consequence, the country and its inhabitants are at a disadvantage before the Body called to interpret and apply Community Law, a situation that may be of constitutional relevance, as it could imply denial of justice for Costa Ricans, who, like the nationals of the other Central American countries, derive rights and obligations from community norms, and find themselves placed on an unequal footing when appearing before that Court, due to the non-approval of its constitutive agreement" (the underlining is not from the original). On the other hand, the same Corte Centroamericana de Justicia, whose judgments are obligatory and binding for the SICA States Parties, has recognized the prevalence and primacy of community law over domestic law (Corte Centroamericana de Justicia. Judgment of November 28, 2001. Honduras v. Nicaragua. Case concerning the revocation of legal provisions, administrative acts, and de facto actions adopted by the Republic of Nicaragua that affect and violate the legal framework and functioning of the SICA. In the same sense, see judgment of October 25, 2001, in the lawsuit filed by the Asociación de Agentes Aduanales autorizados against resolution No. 60-2000 of COMIECO, which is the Reglamento del Código Aduanero Centroamericano).
VIII.- Based on what was stated in the preceding whereas, the Central American community legislator, particularly the Consejo de Ministros de Integración Económica, and the Consejo Agropecuario Centroamericano, in use of their normative powers, have issued the Reglamento Centroamericano sobre medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios (Approved by resolution No. 37-99 COMIECO, of September 17, 1999, and ratified by the Consejo Intersectorial de Ministros de Integración Económica y Ministros de Agricultura, in resolution No. 1-2002). The purpose of this regulation is to regulate the sanitary and phytosanitary measures of the States Parties, in order to gradually and as a priority harmonize the measures and procedures in this matter “…for the purpose of protecting human and animal health and life or to preserve plant health, in accordance with the provisions of Art. 7, paragraph 2 of the Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana – Protocolo de Guatemala- and the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (AMSF) of the World Trade Organization (WTO). The AMSF shall apply as supplementary legislation” (Article 1). The cited regulation aims to gradually create a common policy for risk management, generating technical and scientific criteria to achieve an adequate level of sanitary and phytosanitary protection with these measures. It is the responsibility of the competent sanitary and phytosanitary Authority to apply the sanitary and phytosanitary requirements and determine the inspection sites. A Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias is created at the regional level, and at the national level, a competent Authority must exist to follow up on the measures, in such a way that an integrated control system can be generated, both nationally and regionally, to prevent risks to the health of animals, plants, or people, and so that the adopted measures have scientific and technical rigor, in order not to hinder agrarian business activities or intraregional trade of agricultural products. Article 12 of the Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios grants the competent authority at the national level sufficient powers to carry out any control, inspection, approval, and certification work, activities that must be carried out with speed, proportionality, and rationality.
IX.- As we see, the Reglamento Centroamericano de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias is perfectly applicable in this particular case, in the sense that the exercise of any agrarian or agro-industrial activity must comply with the minimum requirements demanded at the regional and national level, in order to avoid harm to the health of animals, plants, and human beings, and to maintain an adequate environment. In Costa Rica, the cited principles and norms have also found application in various special laws, particularly in the Ley Orgánica del Ambiente, the Ley de Protección a la vida silvestre, the Ley de Protección Fitosanitaria, and Reglamento No. 117 of June 19, 1997, and its reforms. In consonance with Article 50 of the Constitution, the Ley Orgánica del Ambiente protects and guarantees respect for a healthy and ecologically balanced environment, as a right-duty of every citizen and every agricultural or agro-industrial company, establishing the obligation to protect soil and water resources from contamination. Article 66 expressly states: “In any handling and use of water susceptible to producing contamination, responsibility for the treatment of the discharges shall correspond to whoever produces the contamination. The competent authority shall determine the appropriate technology and establish the necessary deadlines for its application.” Article 69 of the Law states that “In the handling and use of soils, the disposal of residues that constitute a source of contamination must be controlled. Productive activities shall avoid discharges, deposits, or infiltration of contaminating substances or materials into the soil…”. As we see, these are purely preventive activities, which must be undertaken both by the agrarian or agro-industrial company and by the competent Authorities. The Ley de Conservación de la Vida Silvestre expressly prohibits “…discharging wastewater, sewage, waste, or any contaminating substance into springs, rivers, streams, permanent or non-permanent creeks, lakes, marshes, and natural or artificial reservoirs, estuaries, peat bogs, swamps, fresh, and brackish or salt waters. Agro-industrial and industrial installations and other installations must be provided with treatment systems to prevent solid waste or contaminated water of any type from destroying wildlife. Water quality certification shall be issued by the Ministry of Health…”. (Article 132) As observed, there is a competent Authority, which is the Ministry of Health, responsible for controlling the discharge of wastewater, and for controlling and certifying whether or not the minimum required levels are met. Particularly, according to Reglamento No. 26042-S-MINAE, Article 10, “The División de Saneamiento Ambiental of the Ministry of Health shall proceed to issue the water quality certification stipulated in Article 132 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, based on the analysis of operational reports submitted by the generating entities and their comparison with the norms contained in this Reglamento, and may also carry out sanitary inspections to verify the validity of said reports”. This means that the certification is based on the company's statement, and the possibility remains open for the División de Saneamiento Ambiental, when faced with irregular situations, to carry out the competent sanitary inspections in order to verify objectively and scientifically whether reality corresponds to what was indicated by the generating entity. In another vein, the Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664 of April 8, 1997, establishes among its primary objectives the promotion of sustainable production methodologies and the regulation of the use and handling of substances applied in agriculture, seeking to protect human health and the environment (Article 2). The Law, in application of regional and international norms, imposes the necessary mechanisms for the control, inspection, and certification of agrarian and agro-industrial activities that may be hazardous to human, plant, and animal health. It is the responsibility of the State Phytosanitary Authority to inspect plants, as well as the places where the activity is carried out, and to order the necessary measures to combat pests, or sources of diseases that may produce harm to health (Articles 12 to 22). It is the obligation of owners or occupants, under any title, to treat, process, or destroy stubble, waste, and residues, in accordance with the technical measures dictated by the Servicio Fitosanitario del Estado (Article 20), and responsibilities are established for the damages caused to agriculture, the environment, and human and animal health (Art. 31). It is the State Phytosanitary Authority, the competent Authority to order the temporary closure of establishments, so that the anomalies that may be detected through prior inspections by the administrative authority, or by the corresponding judicial authority, may be corrected (Article 38).
X.This Tribunal has issued important precedents, referring to agro-environmental protection regarding precautionary measures, in the following sense: “IV…Our legislator, for many years, has been imposing a series of agro-environmental limits on productive activities, in order to protect people's health and a healthy and ecologically balanced environment. Productive activity, of whatever nature, must be exercised within the framework of respect for human life and existence. The limits on said productive activities are framed within clear constitutional principles where, although private property and freedom of enterprise are guaranteed, such rights must be exercised within the global framework of the legal system, respecting above all public interests or the interest of the community… That is why a large number of Institutions have been created (MAG, MINAE, MS, among others), which exercise control over productive activities harmful to the environment. This is intended to prevent, in some way, the abuse of rights – prohibited by Article 22 of our Código Civil – when exercising property or possession over productive agrarian activities, disregarding the fundamental principles of the Constitución Política. The health of the population, as a public interest good protected by the State – Article 1 Ley General de Salud – is above any individual interest, and therefore any person is obliged to comply with the general and specific orders emanating from the health authorities – Article 4 –. Agrarian activities, whether animal husbandry or plant cultivation, are subject to these provisions. Among others, if the provisions are not complied with or a productive agrarian activity is carried out without proper authorization, the closure or formal shutdown of the establishment or installation may be ordered. But that is a power, as indicated, which corresponds to the corresponding Administrative Authorities…” (Voto No. 771 of 10:40 hours on November 13, 1998. In a similar sense, and regarding the actions of the Dirección de Protección Fitosanitaria, [Nombre4]. No. 301 of 10:30 hours on May 7, 1998).
XI.- Based on the foregoing, and on the account of facts taken as accredited, the Tribunal concludes that the appellant is correct in their grievances. First, it must be reiterated that this precautionary process is based on a judgment of plausibility or probability, in this case carried out by the Tribunal, that the necessary prerequisites exist to partially grant, and in the manner to be stated, the precautionary measure. The judgment of probability is based on the apparent responsibility of the Cooperative Coopabuena R.L., for the risks of damage to health and the environment, caused by the discharge of wastewater from its coffee pulp (broza del Café) treatment plant. Even though there are two certifications from the Ministry of Health indicating that the effluent waters meet the minimums required in the Reglamento, the fact is that such a study is based on what is stated by the generating entity and there is no evidence in the case file, at least, of elements of judgment that would allow indicating that this information was confronted with reality through sanitary inspections to verify the validity of said reports. On the contrary, from the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out by the trial judge (folio 13), although it is not a technical-scientific verification, it does verify that the discharge of residues is considerable, that sources of infection and foul odors are produced, and that said discharges pass through the plaintiff's property, which forced his family to abandon the property, due to the health damage that his daughter apparently suffers as a result of said discharges and foul odors. By virtue of the foregoing, the appearance of good right (apariencia de buen derecho), the imminent danger of causing serious and irreparable damage, and the residuality (residualidad) of the measure, lead the Tribunal to partially grant it, as will be stated, ordering the competent administrative Authorities to carry out the necessary studies and inspections in order to verify that the Cooperative is in strict compliance with the current agro-environmental regulations.
XII.- Consequently, the appealed resolution must be revoked. In its place, it is resolved: The requested precautionary measure is partially rejected, insofar as it requests “To close or suspend the use of the farm, property of the Cooperative, as a green waste dump (botadero de broza).” Said measure is rejected, because it is the competence of the Servicio Fitosanitario del Estado, and the Ministry of Health, to order the temporary or permanent closure of said establishment, according to the corresponding technical and scientific studies. The measure is partially granted, insofar as the Cooperative is ordered to stop discharging liquid waste into the spring (manantial) that runs in front of the plaintiff’s home, and which invades the plaintiff’s adjacent property (fundo), producing a risk to health and the environment. Likewise, the Division of Environmental Sanitation (División de Saneamiento Ambiental) of the Ministry of Health and the Servicio Fitosanitario del Estado are ordered to commission the corresponding studies, in order to verify whether the activity of the generating entity is or is not adjusted to the minimum requirements demanded by national and regional Agro-environmental Legislation and to proceed to take the corresponding administrative measures in order to prevent damage to health and the environment. For this, they must take into consideration the period of greatest activity of the discharges of said Cooperative. Let the corresponding official communications (oficios de estilo) be sent by the lower court (a-quo). The measure is granted on the understanding that what is resolved here is provisional and reversible in nature, while the compliance with current regulations is verified, using scientific or technical criteria. Furthermore, the moving party (parte promovente) must proceed to file the corresponding agrarian process, within one month after this resolution becomes final (firmeza), on the understanding that, in the event of omission, the provisionally ordered measure shall become void (articles 242 and 243 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily).
POR TANTO:
The appealed resolution is revoked. In its place it is resolved: the requested precautionary measure is partially rejected, insofar as it requests “To close or suspend the use of the farm, property of the Cooperative, as a green waste dump (botadero de broza).” The measure is partially granted, insofar as the Cooperative is prohibited from discharging liquid waste into the spring (manantial) that runs in front of the plaintiff’s home, and which invades the plaintiff’s adjacent property (fundo). Likewise, the Division of Environmental Sanitation (División de Saneamiento Ambiental) of the Ministry of Health and the Servicio Fitosanitario del Estado are ordered to carry out the corresponding technical and scientific studies, in order to verify in situ whether the activity of the generating entity is or is not adjusted to the minimum requirements demanded by national and regional Agro-environmental Legislation and to proceed to take the corresponding administrative measures in order to prevent damage to health and the environment. For this, they must take into consideration the period of greatest activity of the discharges of said Cooperative. Let the corresponding official communications (oficios de estilo) be sent by the lower court (a-quo). The measure is granted on the understanding that what is resolved here is provisional and reversible in nature, while the compliance with current regulations is verified, using scientific or technical criteria. Furthermore, the moving party (parte promovente) must proceed to file the corresponding agrarian process, within one month after this resolution becomes final (firmeza), on the understanding that, in the event of omission, the provisionally ordered measure shall become void.
[Nombre5] [Nombre6] [Nombre7] CBM MEDIDA CAUTELAR ACT:[Nombre1]// DEM:// COOPEBUENA R.L
VOTO Nº 275-F-03 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. GOICOECHEA, A LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL TRES.- MEDIDA CAUTELAR, tramitada ante el Juzgado Agrario de la Zona Sur, Corredores, planteada por [Nombre1] y [Nombre2] contra COOPABUENA R.L todos de calidades conocidas en autos. Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del cuatro de febrero del dos mil tres.- Redacta el Juez Superior ULATE CHACÓN, y,
CONSIDERANDO:
I.- Para efectos de resolver en esta instancia la medida cautelar solicitada, se tiene por acreditado lo siguiente: 1.- La niña [Nombre3] sufre de manifestaciones alérgicas, producto mayormente de su exposición a la broza de café (ver certificación médica de folio 2 y folio 26). 2.- Coopabuena R.L. tiene, contiguo al fundo del actor, un terreno que dedica a vertedero de aguas de desechos y tratamiento de la broza de café (ver contestación de la medida a folio 20 y reconocimiento judicial a folio 13). 3.- Que al frente de la vivienda del actor, corre un manantial o pequeño riachuelo, el cual está en condiciones contaminadas, observándose una espuma verde y amarillezca, similares a los residuos o líquidos de broza de café, se siente un olor fuerte y penetrante, observándose gran contaminación, larvas de moscos y mal olor (Ver reconocimiento judicial de folio 13); 4.- En la colindancia del terreno del actor, con el de la Cooperativa, también hay restos de broza de café y fuertes olores producidos por los residuos; 5.- Tanto la casa, como la finca del actor se encuentran en estado de abandono, aparentemente, producto de los malos olores y la fuerte contaminación (folio 13); 6.- Según la Unidad de Permisos y Controles de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, la Planta de Tratamiento Secundaria por Medio de laguna anaeróbica de la Cooperativa, del análisis del reporte operacional de la Cooperativa, el valor de los parámetros analizados en el efluente del sistema de tratamiento cumplen con los límites permitidos en el Reglamento de Reuso y Vertido de aguas residuales. (Ver certificación de folio 38 – 40). 7.- Que la Cooperativa, cuenta con un Plan de Manejo de desechos sólidos de enero del 2003, donde se considera la variable ambiental (folio 43 – 80 ).
II.- La a-quo rechazó la medida cautelar solicitada, indicando que la medida cautelar previa, consistió en el reconocimiento judicial, en la cual se dejó constando la situación que ahí se indica. Considera impertinente la solicitud de suspensión de los trabajos de la Cooperativa, pues actualmente los promoventes no viven en el fundo, por lo que no existe peligro inminente de daños irreparables.
III.- La recurrente alega que las medidas cautelares de fondo, consisten en clausurar o suspender la utilización de la finca de la Cooperativa contiguo a la de los actores, y prohibir a dicha entidad evacuar desechos líquidos en el manantial que corre al frente de su propiedad. Señala que el reconocimiento judicial era solo un instrumento para verificar las condiciones de admisibilidad de la medida cautelar y que incluso se solicitó al a-quo se hiciera acompañar de peritos idóneos. Reprocha errónea valoración de la prueba, porque se echa de menos el cumplimiento de los presupuestos de apariencia de buen derecho, peligro de demora y residualidad, porque no se valora el contrato por el cual la misma Cooperativa se comprometió a buscar una solución del problema y que actualmente no tienen donde vivir, amén del riesgo de salud que constituye el vertido de aguas, para su hija. Agrega que aquí existe un interés superior, desde el punto de vista agrario y de la colectividad, donde se debe proteger el recurso hídrico y la salud de las personas. Además, al no tomarse la medida, se está impidiendo el ejercicio de la producción agraria en su fundo.
IV.- Muchos conflictos judiciales de naturaleza agroambiental, requieren de medidas cautelares atípicas para garantizar la tutela judicial efectiva, en interés de la colectividad. En particular se requiere proteger la destrucción del bosque virgen o la tala indiscriminada, sin planes de manejo o con permisos forestales otorgados en forma irregular. Evitar los efectos de la fumigación aérea de químicos –insecticidas y pesticidas – dañinos para la salud del hombre, las plantas y los animales. Paralizar actividades de quemas de plantaciones que no tengan los respectivos permisos, sobre todo cuando afectan áreas de bosques. Prohibir el vertido de desechos sólidos contaminantes a ríos y quebradas que afecten las plantaciones agrarias y la salud humana. El poder cautelar del Juez Agrario en aras de conservar el ambiente y los recursos naturales vinculados con actividades agrarias productivas, y sobre todo actividades agrarias sostenibles con el medio ambiente también tiene un sólido respaldo en el proceso agrario comparado. El Estatuto de la Jurisdicción Agraria de Colombia, entre otros ejemplos, consagra un proceso especial para la preservación del ambiente rural y de los recursos naturales renovables, en donde se consagran una serie de medidas precautelativas importantísimas para garantizar el resultado del proceso. En efecto: “Desde el momento de la presentación de la demanda y en cualquier etapa del proceso, el juez, de oficio o a petición de parte, si considera que se está causando daño al ambiente o a uno o más recursos naturales renovables, o existe peligro inminente de que se produzca, aunque sea distinto del indicado en la demanda, tomará las medidas del caso, previa realización de una inspección judicial. El Juez podrá conminar al demandado, bajo apremio de multas, para que suspenda las obras o actividades constitutivas del riesgo o causantes del daño, o realice los trabajos necesarios para conjurar el primero o hacer cesar el último”. (MONCADA QUINTERO, Código Judicial Agrario, Medellín, Leyer, 1997, pág. 174. En igual sentido, véase CAMPOS RIVERA, Derecho Procesal Agrario, Santa fé, Temis, 1996 págs. 326-327).
V.En reiteradas sentencias el Tribunal Agrario ha desarrollado ampliamente el tema de las medidas cautelares ( Entre otras [Nombre4]. Nº 117 de las 15 horas del 7 de febrero de 1996, Nº 635 de las 9:30 horas del 8 de octubre de 1997, Nº 767 de las 11:10 horas del 26 de noviembre de 1997 y la Nº 786 de las 11:20 horas del 26 de noviembre de 1997. Generalmente dichas medidas se practican antes de plantear un proceso ordinario, cuando existe fundado temor de que una de las partes le pueda causar a otra un daño irreparable o de difícil reparación, ante el latente peligro, en el caso del derecho agrario, de que se vea afectada la producción o los recursos naturales, pues el proceso ordinario requiere de cierto período de tiempo para su desarrollo. O bien, se solicitan como medida cautelar al plantearse la demanda o, a posteriori, cuando el riesgo a que se produzca un daño y perjuicio a futuro es inminente. Las medidas cautelares atípicas presentan una serie de presupuestos y características necesarias para determinar su procedencia y alcances. El Tribunal Agrario ha desarrollado importantes criterios jurisprudenciales, al reconocer los presupuestos necesarios para que pueda acogerse una medida cautelar: "II. La medida cautelar atípica se basa en tres presupuestos básicos: 1.- La residualidad, es necesario constatar que el derecho que se busca tutelar judicialmente está seriamente amenazado, sin posibilidad de protegerse mediante una medida cautelar típica, y de ahí la urgencia de tomar la medida. Es fundamental para ello practicar un reconocimiento judicial, o bien hacerse acompañar de un perito con el fin de valorar el verdadero peligro o riesgo inminente. Esto es fundamental por cuanto quien solicita la medida podría utilizar el trámite para atrasar el procedimiento o sin ningún sentido práctico. Lógicamente, tales medidas cautelares, por no tener una tipicidad en la ley, deben tomarse con parámetros valorativos ciertos y verificables por el Juzgador, no siendo suficiente la simple manifestación de una de las partes para ordenar la medida. 2.- La apariencia de buen derecho, en el sentido de que la pretensión de la demanda principal, o del derecho o bien público que se quiera asegurar, tenga probabilidad de ser tutelable en el ordenamiento jurídico, sea, en la sentencia de fondo. Ello no significa entrar a descubrir el fondo del asunto, sino, por el contrario, lograr la sencillez procesal, pues de lo contrario, si se incurre en audiencias, o en pruebas desmedidas, se estaría desnaturalizando el fin para el cual fueron concebidas. 3.- El peligro de demora, por la urgencia de tomar la medida y evitar daños irreparables a alguna de las partes, o al interés de la colectividad, antes de que se falle el asunto. Así lo establece el artículo 242 del Código Procesal Civil al indicar que la medida cautelar debe tomarse para evitar que se cause una lesión grave, previo al dictado de la sentencia.” (T.S.A., voto Nº 193 de las 14:40 horas del 23 de abril de 1997.)
VI.Dentro de ese orden de consideraciones, la exigencia de las nuevas medidas cautelares atípicas, que podrían bien denominarse “agroambientales”, deben responder en modo efectivo a la protección de los derechos denominados “de la tercera generación”, para garantizar la máxima protección posible, sea a la tutela de la salud, del medio ambiente, y de los recursos naturales. Tales derechos, están garantizados a nivel Constitucional, como derechos fundamentales, especialmente en los artículos 33, 45 y 50 de nuestra Constitución Política. Pero también existen normas a nivel Internacional, Regional, así como su concreción mediante leyes especiales o actos normativos administrativos, que permiten aplicar y proteger tales derechos fundamentales. La tutela cautelar efectiva, que encuentra su asidero también a nivel constitucional, en el postulado “Justicia Pronta y cumplida”, ha creado un arco de posibilidades a nivel jurisdiccional, para solicitar la tutela y protección de los derechos fundamentales, comenzando con los medios que ofrece el Derecho Procesal Constitucional, a través de la vía del amparo, en donde se ha reconocido la legitimación activa, incluso a menores de edad, cuando se trata de proteger la Salud de las personas, amparando de esa manera derechos difusos y de la entera colectividad.
VII.- A nivel regional, el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), del 13 de diciembre de 1991, que crea el Sistema de la Integración Centroamericana, creando órganos con competencia normativa específica y sienta las bases para la consolidación de un Derecho comunitario centroamericano, establece dentro de sus propósitos y principios “Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y explotación racional de los recursos naturales del área, con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región” (Artículo 3 inciso i), bajo la tutela, respeto y promoción de los derechos humanos (artículo 4). Bajo esa perspectiva, el Protocolo de Guatemala, al Tratado General de Integración Económica del 29 de octubre de 1993, señala la necesidad de ir creando una política agrícola y agroambiental centroamericana (artículos 21 y 22) bajo el compromiso de que “Los Estados Parte se comprometen a armonizar y adoptar normas y reglamentos técnicos comunes de mercado que dirigirán únicamente a satisfacer los requerimientos para la protección de la salud humana, animal y vegetal, el medio ambiente, la seguridad y el cumplimiento de estándares mínimos de calidad” (artículo 26, Protocolo de Guatemala). En aras de ir perfeccionando las políticas comunes de los países miembros, también se establece que los Estados parte deben establecer medidas de seguridad, policía y sanidad, y acordar un Reglamento Uniforme que regule todo lo referente a las medidas relativas a sanidad (Artículo 7). Esa atribución de competencias, que ha sido otorgada expresamente al Consejo de Ministros de Integración Económica y al Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), han llevado al establecimiento de los primeros actos normativos comunitarios. Tales actos comunitarios, como los reglamentos emanados de los Consejos de Ministros, son vinculantes y obligatorios para los Estados partes, e incluso prevalecen (en virtud del principio de primacía del derecho Comunitario), sobre otros instrumentos de libre comercio, suscritos bilateral o multilateralmente entre los Estado Parte, pero no afectan la vigencia de los mismos (artículo 62 del Protocolo de Guatemala). Nuestra Sala Constitucional, en reiterada Jurisprudencia, ha reconocido el carácter prevalente y vinculante de los Tratados regionales, y de los actos normativos derivados del derecho comunitario, en virtud del principio de atribución de competencias establecido expresamente en nuestra Constitución Política (Entre otros, véanse: Sala Constitucional, Voto No. 4638-96 del 6-9-96 que es Consulta de constitucionalidad del Proyecto de Ley de aprobación del "tratado de Integración Social"; Voto No. 4640-96 de 6-9-96 que es Consulta de constitucionalidad del Proyecto de Ley de aprobación del "Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)". En ambos casos, la Sala afirmó: "Dada la naturaleza institucional del convenio que nos ocupa, la Sala no encuentra normas que resulten inconstitucionales, ni advierte infracciones al procedimiento de aprobación legislativo. Sin embargo, como este tratado es parte integrante de un sistema de transferencia de competencias, que como ha quedado dicho resulta en un sistema comunitario, aun cuando la transferencia de competencias no se ha dado en forma expresa, aunque prevista en el Protocolo de Tegucigalpa, todo ello implica que para su aprobación se requiere una votación calificada, en los términos que se señalan en el párrafo segundo del inciso 4 del artículo 121 de la Constitución Política" (lo subrayado no es del original). Sala Constitucional, Voto 4242-93 del 27-08-93, 0791-94 del 8-02-94 y No. 7173-97 del 29-10-97, en las cuales se reconoce la supremacía del Derecho Comunitario -en éste caso referidas al Código Aduanero Centroamericano y su Reglamento- sobre el derecho interno de rango inferior; Sala Constitucional, Voto 6957-96 del 20-12-96 y No. 1293-02 del 8-02-2002, que otorga supremacía al Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, sobre normas de carácter interno, tendientes a la unificación. Sala Constitucional en el Voto 4638-96, citado anteriormente, indicó: "…la Corte Centroamericana de Justicia, organismo encargado de dirimir los conflictos relacionados con normas de carácter comunitario, y cuyas atribuciones, funcionamiento e integración se regulará por su propio Estatuto, que no ha sido aprobado por Costa Rica. A consecuencia de ello, el país y sus habitantes se encuentran en desventaja frente al Órgano llamado a interpretar y aplicar el Derecho Comunitario, situación que puede resultar de relevancia constitucional, en tanto podría implicar denegación de justicia para los costarricenses, quienes, al igual que los nacionales de los otros países centroamericanos, derivan derechos y obligaciones de las normas comunitarias, y se ven colocados en un plano desigual al acudir a ese Tribunal, merced a la no aprobación de su convenio constitutivo" (lo subrayado no es del original). Por otra parte, la misma Corte Centroamericana de Justicia, cuyas sentencias son obligatorias y vinculantes para los Estados partes del SICA, ha reconocido la prevalencia y primacía del derecho comunitario respecto del derecho interno (Corte Centroamericana de Justicia. Sentencia del 28 de noviembre del 2001. Honduras c. Nicaragua. Causa sobre revocación de disposiciones legales, actos administrativos y actuaciones de hecho adoptadas por la República de Nicaragua que afectan y violan la normativa jurídica y el funcionamiento del SICA. En igual sentido véase sentencia del 25 de octubre del 2001, en la demanda interpuesta por la Asociación de Agentes Aduanales autorizados contra la resolución No. 60-2000 del COMIECO, que es el Reglamento del Código Aduanero Centroamericano).
VIII.- Con base en lo dicho en el considerando anterior, el legislador comunitario centroamericano, particularmente el Consejo de Ministros de Integración Económica, y el Consejo Agropecuario Centroamericano, en uso de sus facultades normativas, han dictado el Reglamento Centroamericano sobre medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios (Aprobado mediante resolución No. 37-99 COMIECO, del 17 de setiembre de 1999 y ratificado por el Consejo Intersectorial de Ministros de Integración Económica y Ministros de Agricultura, en resolución No. 1-2002). Dicho reglamento tiene como fin regular las medidas sanitarias y fitosanitarias de los Estados partes, a fin de armonizar gradual y prioritariamente las medidas y procedimientos en esa materia “…con el propósito de proteger la salud y la vida humana y de los animales o para preservar la sanidad de los vegetales, de conformidad con lo establecido en el Art. 7 numeral 2 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana – Protocolo de Guatemala- y en el Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias ( AMSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La AMSF se tendrá como normativa supletoria” (artículo 1). El citado reglamento pretende ir creando una política común para el manejo de riesgos, generando criterios técnicos y científicos para lograr con esas medidas un nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria. Le corresponde a la Autoridad sanitaria y fitosanitaria competente aplicar los requisitos sanitarios y fitosanitarios y determinar los sitios de inspección. Se crea, a nivel regional, un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y a nivel nacional debe existir una Autoridad competente para darle seguimiento a las medidas, de modo tal que se pueda ir generando un sistema integrado de control, tanto a nivel nacional como regional, para evitar que se produzcan riesgos a la salud de los animales, de las plantas, o de las personas, y que las medidas adoptadas tengan rigor científico y técnico, para que no obstaculicen las actividades agrarias empresariales ni el comercio intraregional de los productos agrícolas. El artículo 12 del Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios, le otorgan a la autoridad competente a nivel nacional, facultades suficientes para realizar cualquier labor de control, inspección, aprobación y certificación, actividades que deben realizarse con celeridad, proporcionalidad y racionalidad.
IX.- Como vemos, el Reglamento Centroamericano de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias es perfectamente aplicable en éste caso particular, en el sentido de que el ejercicio de cualquier actividad agraria o agroindustrial debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos a nivel regional y nacional, a fin de evitar daños a la salud de los animales, de las plantas y de los seres humanos, y de mantener un medio ambiente adecuado. En Costa Rica, los citados principios y normas han encontrado aplicación también en diversas leyes especiales, particularmente, en la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Protección a la vida silvestre, la Ley de Protección Fitosanitaria, y el Reglamento No. 117 del 19 de junio de 1997 y sus reformas. En consonancia con el artículo 50 Constitucional, la Ley Orgánica del Ambiente protege y garantiza el respeto a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como un derecho-deber de cada ciudadano y de cada empresa agropecuaria o agroindustrial, estableciéndose la obligatoriedad de proteger los recursos suelo y agua, de la contaminación. Expresamente el artículo 66 indica: “En cualquier manejo y aprovechamiento de agua susceptibles de producir contaminación, la responsabilidad del tratamiento de los vertidos corresponderá a quien produzca la contaminación. La autoridad competente determinará la tecnología adecuada y establecerá los plazos necesarios para aplicarla”. 69 de la Ley señala que “En el manejo y aprovechamiento de los suelos, debe controlarse la disposición de los residuos que constituyan fuente de contaminación. Las actividades productivas evitarán descargas, depósitos o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en el suelo…”. Como vemos, se trata de actividades puramente preventivas, que deben ser tomadas tanto por la empresa agraria o agroindustrial, como por las Autoridades competentes. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre, prohíbe en forma expresa “…arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, tuberas, pantanos, aguas dulces, y salobres o saladas. Las instalaciones agroindustriales e industriales y las demás instalaciones deberán estar provistas de sistemas de tratamientos para impedir que los desechos sólidos o aguas contaminadas de cualquier tipo destruyan la vida silvestre. La certificación de la calidad del agua será dada por el Ministerio de Salud…”. (Artículo 132) Como se observa, existe una Autoridad competente, para controlar el vertido de aguas residuales, cual es el Ministerio de Salud, encargado de controlar y certificar, si se cumplen o no los niveles mínimos exigidos. Particularmente, según el Reglamento No. 26042-S-MINAE, artículo 10, “La División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud procederá a emitir la certificación de la calidad del agua que estipula el artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, con base en el análisis de los reportes operacionales presentados por los entes generadores y su confrontación con las normas contenidas en el presente Reglamento, pudiendo además realizar inspecciones sanitarias para comprobar la validez de dichos reportes”. Esto significa, que la certificación se basa en el dicho de la empresa, y queda abierta la posibilidad para que la División de Saneamiento Ambiental, frente a situaciones irregulares, proceda a realizar las inspecciones sanitarias competentes a fin de verificar objetiva y científicamente si la realidad corresponde a lo indicado por el ente generador. En otro orden de ideas, la Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664 de 8 de abril de 1997, establece dentro de sus objetivos primordiales, fomentar metodologías productivas sostenibles, y regular el uso y manejo de sustancia aplicadas en la agricultura, procurando proteger la salud humana y el ambiente (artículo 2). La Ley, en aplicación de las normas regionales e internacionales, impone los mecanismos necesarios para el control, inspección y certificación de actividades agrarias e agroindustriales que pueden ser riesgosas para la salud humana, vegetal y animal. Le corresponde a la Autoridad fitosanitaria del Estado, inspeccionar los vegetales, así como los lugares en donde se desarrolla la actividad y ordenar las medidas necesarias para combatir las plagas, o focos de enfermedades que puedan producir daños a la salud (art. 12 a 22). Es obligación de los propietarios u ocupantes a cualquier título de tratar, procesar o destruir los rastrojos, desechos y residuos, de acuerdo con las medidas técnicas dictadas por el Servicio Fitosanitario del Estado (artículo 20), y se establecen las responsabilidades por daños y perjuicios ocasionados a la agricultura, al ambiente y a la salud humana y animal (art. 31). Es la Autoridad Fitosanitaria del Estado, la Autoridad competente para ordenar el cierre temporal de los establecimientos, con el fin de que se corrijan la anomalías que se puedan detectar mediante las inspecciones previas de la autoridad administrativa, o bien, de la correspondiente autoridad judicial (artículo 38).
X.Este Tribunal ha dictado precedentes importantes, refiriéndose a la tutela agroambiental a propósito de medidas cautelares, en el siguiente sentido: “IV…Nuestro legislador, desde hace muchos años, ha venido imponiendo una serie de límites agroambientales a actividades productivas, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La actividad productiva, de cualquier naturaleza que sea, debe ejercitarse dentro del marco de respeto a la vida y existencia humana. Los límites a dichas actividades productivas están enmarcadas dentro de claros principios constitucionales donde, si bien se garantiza la propiedad privada y la libertad de empresa, dichos derechos deben ser ejercidos dentro del marco global del ordenamiento jurídico, respetando sobre todo los intereses públicos o el interés de la colectividad…Por eso se han creado una gran cantidad de Instituciones (MAG, MINAE, MS, entre otros), que ejercen un control sobre actividades productivas dañinas al medio ambiente. Con ello se pretende evitar, de alguna manera, el abuso del derecho –prohibido por el artículo 22 de nuestro Código Civil-, al ejercitar la propiedad o posesión sobre actividades agrarias productivas, desatendiendo los principios fundamentales de la Constitución Política. La salud de la población, como bien de interés público tutelado por el Estado –artículo 1 Ley General de Salud- está por encima de cualquier interés individual, y por ello cualquier persona está en la obligación de acatar las órdenes generales y particulares emanadas de las autoridades de salud –artículo 4-. Las actividades agrarias, sean de cría de animales o cultivos de vegetales, están sujetas a dichas disposiciones. Entre otras, sino se acatan las disposiciones o se desarrolla una actividad agraria productiva sin la debida autorización, puede ordenarse la clausura o cierrre formal del establecimiento o instalación. Pero ello es una atribución, como se ha indicado, que corresponde a las Autoridades Administrativas correspondientes…” (Voto No. 771 de las 10:40 horas del 13 de noviembre de 1998. En sentido similar, y en cuanto a la actuación de la Dirección de Protección Fitosanitaria, [Nombre4]. No. 301 de las 10:30 horas del 7 de mayo de 1998).
XI.- Con base en lo anteriormente expuesto, y a la relación de hechos tenidos por acreditados, el Tribunal concluye que el recurrente lleva razón en sus agravios. En primer lugar, debe reiterarse que éste proceso cautelar se basa en un juicio de verosimilitud o probabilidad, en éste caso realizado por el Tribunal, de que existen los presupuestos necesarios para acoger, parcialmente y en la forma que se dirá, la medida cautelar. El juicio de probabilidad se basa en la aparente responsabilidad de la Cooperativa Coopabuena R.L., por los riesgos de daños a la salud y al medio ambiente, causados con el vertido de aguas residuales de su planta de tratamiento de broza del Café. Aún cuando existen dos certificaciones del Ministerio de Salud que indica que las aguas efluentes cumplen con los mínimos exigidos en el Reglamento, lo cierto es que tal estudio se basa en lo afirmado por el ente generador y no existe, al menos en el expediente, elementos de juicio que permitan indicar que esa información fue confrontada con la realidad mediante inspecciones sanitarias para comprobar la validez de dichos reportes. Por el contrario, del reconocimiento judicial practicado por la Jueza de instancia (folio 13), si bien no es una verificación técnico- científica, sí constata que el vertido de los residuos es bastante, que se producen focos de infección y malos olores, y que dichos vertidos pasan por el fundo del actor, lo que obligó a su familia a abandonar la propiedad, por el daño a la salud que aparentemente presenta su hija debido a dichos vertidos y malos olores. En virtud de lo anterior, la apariencia de buen derecho, el peligro inminente de causar daños graves e irreparables, y la residualidad de la medida, llevan al Tribunal a acogerla parcialmente, conforme se dirá, ordenando a las Autoridades administrativas competentes a realizar los estudios e inspecciones necesarios a fin de verificar que la Cooperativa está en estricto apego a la normativa agroambiental vigente.
XII.- En consecuencia procede revocar la resolución apelada. En su lugar se resuelve: Se rechaza parcialmente la medida cautelar solicitada, en cuanto pide “Clausurar o suspender la utilización de la finca, propiedad de la Cooperativa, como botadero de broza”. Dicha medida se rechaza, por cuanto es competencia de Servicio Fitosanitario del Estado, y del Ministerio de Salud, ordenar el cierre temporal o definitivo de dicho establecimiento, de acuerdo a los estudios técnicos y científicos correspondientes. Se acoge parcialmente la medida, en cuanto se ordena a la Cooperativa, dejar de evacuar los desechos líquidos en el manantial que corre frente a la vivienda del actor, y que invaden el fundo colindante del actor, produciendo un riesgo en la salud y en el ambiente. Asimismo, se ordena a la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y al Servicio Fitosanitario del Estado, ordenar los estudios correspondientes, a fin de verificar si la actividad del ente generador está o no ajustada a los requerimientos mínimos exigidos por la Legislación agroambiental, nacional y regional y procedan a tomar las medidas administrativas correspondientes a fin de prevenir daños a la salud y al medio ambiente. Para ello deberán de tomar en consideración el período de mayor actividad de los vertidos de dicha Cooperativa. Envíense por parte del a-quo, los oficios de estilo correspondientes. La medida se acoge en el entendido de que lo que aquí se resuelve es de carácter provisional y reversible, en tanto se proceda a constatar, con criterios científicos o técnicos, el cumplimiento de la normativa vigente. Además, deberá la parte promovente proceder a plantear el proceso agrario correspondiente, dentro de los un mes posterior a la firmeza de ésta resolución, en el entendido de que, en caso de omisión, quedará sin efecto la medida ordenada en forma provisional (artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente).
POR TANTO:
Se revoca la resolución apelada. En su lugar se resuelve: se rechaza parcialmente la medida cautelar solicitada, en cuanto pide “Clausurar o suspender la utilización de la finca, propiedad de la Cooperativa, como botadero de broza”. Se acoge parcialmente la medida, en cuanto se prohíbe a la Cooperativa evacuar los desechos líquidos en el manantial que corre frente a la vivienda del actor, y que invaden el fundo colindante del actor. Asimismo, se ordena a la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y al Servicio Fitosanitario del Estado, realizar los estudios técnicos y científicos correspondientes, a fin de verificar in situ si la actividad del ente generador está o no ajustada a los requerimientos mínimos exigidos por la Legislación agroambiental, nacional y regional y procedan a tomar las medidas administrativas correspondientes a fin de prevenir daños a la salud y al medio ambiente. Para ello deberán de tomar en consideración el período de mayor actividad de los vertidos de dicha Cooperativa. Envíense por parte del a-quo, los oficios de estilo correspondientes. La medida se acoge en el entendido de que lo que aquí se resuelve es de carácter provisional y reversible, en tanto se proceda a constatar, con criterios científicos o técnicos, el cumplimiento de la normativa vigente. Además, deberá la parte promovente proceder a plantear el proceso agrario correspondiente, dentro de un mes posterior a la firmeza de ésta resolución, en el entendido de que, en caso de omisión, quedará sin efecto la medida ordenada en forma provisional.
[Nombre5] [Nombre6] [Nombre7] CBM MEDIDA CAUTELAR ACT:[Nombre1]// DEM:// COOPEBUENA R.L
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