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Res. 03350-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 04/04/2025

Irregular occupant cannot acquire INVU land for social housing by adverse possessionOcupante irregular no puede usucapir terreno del INVU destinado a vivienda social

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The lawsuit was dismissed, the lack-of-right defense was upheld, and all of the plaintiff's claims were rejected, including adverse possession and beneficiary status, as she failed to prove good-faith possession or compliance with legal requirements.Se declaró sin lugar la demanda, se acogió la excepción de falta de derecho y se rechazaron todas las pretensiones de la actora, incluida la usucapión y el reclamo de ser beneficiaria de vivienda, al no haber acreditado la posesión de buena fe ni el cumplimiento de requisitos legales.

SummaryResumen

The Contentious-Administrative Court dismissed all claims of María Mayela Salazar Salazar against the National Institute of Housing and Urbanism (INVU). The plaintiff irregularly occupied a lot in Guararí, Heredia, part of a property designated for the "El Faro" housing project. She sought a declaration of unlawful administrative conduct, annulment of the eviction order, setting a price to acquire ownership, granting of property rights via adverse possession after more than 10 years of occupation, and alternatively, recognition as a project beneficiary. The Court found there was no pre-allotment to her, that the land is an inalienable and imprescriptible public asset, and that her possession was in bad faith and merely tolerated. It held that the eviction serves a greater public interest by enabling construction of 75 housing units. It rejected adverse possession and beneficiary status as she failed to meet legal requirements or even apply formally. The lack-of-right defense was upheld, with no award of costs.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó todas las pretensiones de María Mayela Salazar Salazar contra el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). La actora ocupaba de forma irregular un lote en Guararí de Heredia, parte de una finca destinada al proyecto habitacional "El Faro". Solicitó que se declarara disconforme la conducta del INVU, se anulara la orden de desalojo, se le fijara un monto para adquirir la propiedad, se le otorgara el derecho de propiedad por usucapión tras más de 10 años de posesión, y subsidiariamente se le declarara beneficiaria del proyecto. El Tribunal determinó que no hubo preadjudicación a su favor, que el bien es de dominio público del INVU (imprescriptible e inalienable), y que la posesión fue de mala fe y por mera tolerancia. Consideró que el desalojo busca satisfacer un interés público mayor al particular, al permitir construir 75 soluciones habitacionales. Rechazó la usucapión y la declaratoria de beneficiaria por no cumplir los requisitos legales ni haberlos solicitado formalmente. Se acogió la excepción de falta de derecho y se resolvió sin condena en costas.

Key excerptExtracto clave

This Chamber has already ruled on the document in the prior claim, and as stated, the plaintiff did not challenge its elements; therefore, under the principle of conservation of administrative acts, it remains valid and effective. Now, it should be noted that the plaintiff did not disprove with documentary or technical evidence that the property belongs to the INVU, as established by the proven facts, and as confirmed by the INVU official witnesses, it is a property where the INVU intends to provide housing for between 44 and 75 families, depending on the type of development achieved. It might even be possible for the plaintiff to qualify as a beneficiary if she meets the requirements; however, because the project has been suspended due to legal actions such as the plaintiff's, the INVU has been unable to proceed toward a permanent housing solution for families that timely comply with the requirements set by the INVU's own law and regulations. This Chamber observes that the plaintiff has not proven compliance beyond the mere fact of possessing a property titled in the INVU's name; therefore, under the Civil Code, adverse possession is not possible because there is a registered owner. (Doctrine of Articles 267, 455, and 456 of the Civil Code).Esta cámara ya se pronunció sobre el documento en la pretensión anterior, en donde como se indicó la parte no cuestionó los elementos del mismo y por lo tanto, bajo en principio de conservación de los actos administrativos éste mantiene su validez y eficacia. Ahora, cabe indicar, que la demandante no desacreditó con prueba documental ni técnica alguna que el inmueble no fuera propiedad del INVU, tal y como consta en los hechos probados y constituye tal y como lo indicaron los testigos funcionarios del INVU, una propiedad en donde el INVU pretende satisfacer de vivienda entre 44 a 75 familias, según el tipo de desarrollo que se logre desarrollar; en donde inclusive sería posible de cumplir los requisitos que la demandante forme parte de las personas beneficiarias, pero al estar suspendido el proyecto por acciones legales como la de la demandante, el INVU no ha podido avanzar en procura de la solución habitacional permanente para las familias que cumplan oportunamente con los requisitos que la propia ley del INVU establece y su Reglamento y que observa esta Cámara la parte actora no acredita satisfacer, más allá del mero hecho de poseer un bien que está titulado a nombre del INVU, y por lo tanto conforme el Código Civil no es posible usucapir por tener un propietario registral. (Doctrina de los artículos 267, 455 y 456 del CC).

Pull quotesCitas destacadas

  • "En esas condiciones no se les puede tramitar su solicitud, ya que este Instituto tiene planes específicos para ese terreno, como lo es la construcción del Proyecto El Faro."

    "Under these circumstances, their request cannot be processed, since this Institute has specific plans for that land, namely the construction of the El Faro Project."

    Memorando PEP-767-2012

  • "En esas condiciones no se les puede tramitar su solicitud, ya que este Instituto tiene planes específicos para ese terreno, como lo es la construcción del Proyecto El Faro."

    Memorando PEP-767-2012

  • "Por este medio me permito indicar, que se tiene comprobado que Usted ocupa de forma irregular la propiedad de INVU donde se desarrollará el Proyecto denominado "El Faro"..."

    "By this means I wish to inform you that it has been verified that you irregularly occupy INVU property where the "El Faro" Project will be developed..."

    Oficio C-PEP-620-2012

  • "Por este medio me permito indicar, que se tiene comprobado que Usted ocupa de forma irregular la propiedad de INVU donde se desarrollará el Proyecto denominado "El Faro"..."

    Oficio C-PEP-620-2012

  • "...el Bono de Vivienda 'se trata de un beneficio, no un derecho, creado además por el Estado como una gama de protección a sus ciudadanos'."

    "...the Housing Bond is 'a benefit, not a right, created by the State as a range of protections for its citizens'."

    Res. 2016-418 Sala Constitucional

  • "...el Bono de Vivienda 'se trata de un beneficio, no un derecho, creado además por el Estado como una gama de protección a sus ciudadanos'."

    Res. 2016-418 Sala Constitucional

  • "De lo anterior, es claro que el INVU como institución rectora del sector vivienda... el desalojo... es claro que busca por parte del INVU cumplir con sus atribuciones legales y preparar el inmueble para la solución definitiva de vivienda de un grupo de familias; es decir de un iterés público mayor, al interés particular de la demandante."

    "From the foregoing, it is clear that the INVU, as the governing institution of the housing sector... the eviction... clearly seeks to exercise its legal powers and prepare the property for the definitive housing solution for a group of families; that is, a greater public interest, over the plaintiff's particular interest."

    Considerando IX

  • "De lo anterior, es claro que el INVU como institución rectora del sector vivienda... el desalojo... es claro que busca por parte del INVU cumplir con sus atribuciones legales y preparar el inmueble para la solución definitiva de vivienda de un grupo de familias; es decir de un iterés público mayor, al interés particular de la demandante."

    Considerando IX

Full documentDocumento completo

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CASE FILE:

PROCEEDING:

ORDINARY PROCEEDING (CONOCIMIENTO) PLAINTIFF:

MARIA MAYELA SALAZAR SALAZAR DEFENDANT:

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO N° 2025003350 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at ten twenty-five a.m. on cuatro de Abril del dos mil veinticinco.- ORDINARY PROCEEDING (PROCESO DE CONOCIMIENTO), CASE FILE N°13-003044-1027-CA, instituted by MARÍA MAYELA SALAZAR SALAZAR, of legal age, single, Nicaraguan, residence identification card 155805033203, resident of Heredia, Guaraní, Radial, Los Sauces, Nísperos III, against INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (hereinafter INVU), represented by its special judicial attorney-in-fact, LUCAS ULLOA HIDALGO, whose other particulars appear in the Registry of Legal Representatives maintained by this Court (art. 58 subsection 2 of the CPCA), and WHEREAS (CONSIDERANDO):

  • I)PROCEDURAL MATTERS: As a general rule, all references to images correspond to the court case file unless another source is indicated.
  • 1)On 30 de abril de 2013, the plaintiff instituted an ordinary proceeding against INVU. (I, 65-69).
  • 2)By order issued at fourteen hours and forty-one minutes on 30 de abril de 2013, this Court deemed the present proceeding against INVU duly instituted and granted the statutory period for filing an answer.- (I, 90-93).
  • 3)INVU denied the complaint in its answer filed on 21 de junio de 2013, in which it raised the defenses of lack of a legal right, lack of standing to sue, and lack of a present interest.- (I, 189-222).- 4) By decision N° 1474-2013-T, issued at ten thirty-five a.m. on 19 de julio de 2013, the Tribunal Contencioso Administrativo granted interim relief (medida cautelar) in favor of the plaintiff, affirming the decision issued by the Court at 14:41 hours on 30 de abril de 2013, whereby, as urgently provisional interim relief (medida cautelar provisionalísima), administrative act N° C-PEP-620-2012 and any order to evict or demolish the structure on the property occupied by María Mayela Salazar Salazar were stayed. (I, 268-277).- 5) By order issued at eleven oh-nine a.m. on 16 de agosto de 2013, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda deemed the complaint answered and the aforementioned defenses duly raised.- (I, 278-279).
  • 6)A preliminary hearing (audiencia preliminar) was held on 5 de setiembre de 2016, with both parties participating. During that preliminary hearing, the claims were adjusted, the disputed facts were identified, and the documentary and testimonial evidence was admitted. Before the preliminary hearing concluded, the plaintiff designated an electronic means as the primary means for service of notices. (I, 364-370).
  • 7)By order issued at thirteen hours and fifty minutes on 7 de noviembre de 2016, the date and time were set for the oral and public trial hearing. (I, 371-372).
  • 8)The order setting the trial hearing was served through the designated means. (I, 376).
  • 9)On 14 de marzo de 2017, the plaintiff requested new interim relief from the Court. (I, 377-378).
  • 10)By order issued at fourteen hours and seventeen minutes on 15 de marzo de 2017, the Tribunal Contencioso Administrativo granted a hearing on the new application for interim relief. The plaintiff was served through the designated electronic means. (I, 379 y 380).
  • 11)The Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda issued decision N° 54-2017 at eight thirty a.m. on 7 de junio de 2017, denying the relief requested therein. This order was served on the plaintiff through the designated electronic means. (I, 384-391 y 393).
  • 12)The oral and public trial was rescheduled for 6 de agosto de 2018 by order issued at ten twenty-three a.m. on 9 de agosto de 2017. (I, 395-396).
  • 13)The order setting the trial was served through the means designated by the plaintiff. (I, 398).
  • 14)The Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Section VIII, was composed of Judge Alexandra Zúñiga Mora and Judges Jonatán Canales Hernández and Paulo Alonso Soto. The oral and public trial hearing was held on 6 de agosto de 2018, as scheduled. Although it was scheduled to begin at eight thirty a.m., because of a problem with the electricity supply and access to the digital case file, with the consent of INVU’s representative and pursuant to CPCA art. 86 subsection 2), the oral and public trial began at thirteen hours and thirty minutes. It was taken into consideration that the plaintiff had already failed to attend the preliminary hearing without any justification. During the oral and public trial hearing, the following employee witnesses testified: Bach. Jaime Rodríguez Sánchez, identification card 1-1172-369, and Ing. Robert Garita Hernández, identification card 4-140-379.

The evidence offered by the plaintiff and admitted into the record—namely, Yolanda Paniagua Araya and Shirley Cubero Arroyo—could not be taken because they failed to appear at the oral and public trial hearing without any justification. Before the oral and public trial hearing concluded, the judges declared the proceeding highly complex in light of CPCA art. 111 and unanimously issued ruling N° 76-2018 on 27 de agosto de 2018, with the last-named judge serving as reporting judge. (I, 399-401). (I, 403-424).

  • 15)By decision N° 000366-F-S1-2021, issued at eleven twenty a.m. on 18 de febrero de 2021, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia granted the appeal on points of law (recurso de casación), vacated the aforementioned judgment, and remanded the matter to the Court for a new decision, as provided in CPCA art. 150 subsection 1). (455-469).
  • 16)Because of constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) N° 22-020548-0007-CA, filed against, among other provisions, CPCA art. 150.1, consideration of the proceeding was stayed by order issued at seven fifty-five a.m. on 12 de mayo de 2023. (I, 502).
  • 17)Constitutional challenge N° 22-020548-0007-CA having been denied by ruling N° 2024-034693, issued at twelve forty-one p.m. on 20 de noviembre de dos mil 2024, and a clerical error having been corrected by ruling N°2025002703, issued at nine forty-five a.m. on 29 de enero de dos mil 2025, the stay is hereby lifted and the judgment ordered by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia is issued.
  • 18)All statutory requirements have been met in the proceedings, and no defects capable of causing nullity or denying the parties an opportunity to defend themselves are apparent.
  • II)SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDING.- The relief sought was definitively established at the preliminary hearing held on 5 de setiembre de 2016, in the following terms, which shall be adjudicated in the judgment: “Claim 1: It is withdrawn because it was already resolved through the Interim Relief. Claim 2: I request a declaration that the administrative conduct is inconsistent with the legal system, together with all related acts or actions concerning the present case.// Claim 3: I request the complete annulment of the act and all effects that it may produce.// Claim 4: I request that Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo issue a determination setting the amount payable, the monthly installments, and the applicable interest so that the obligation may be discharged as provided in its regulations, as well as recognizing any legal status and adopting all measures necessary and appropriate for that purpose.// Claim 5: I request that I be granted the individual right (derecho subjetivo) of ownership of the lot that I have possessed for more than 10 years quietly, openly, peacefully, and as owner, which forms part of the property recorded in the Registro Nacional de la Propiedad, Provincia de Heredia, under registration number 233264-000, owned by INVU, and that the Registro Público be ordered to register the indicated lot in my name.// Claim 6: I request that Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo be ordered to refrain from adopting or carrying out any conduct that could harm the public interest or my present or potential legal situations in the present case until the entire matter has been clarified and resolved by the competent jurisdiction. //Claim 7: It was deemed withdrawn at the preliminary hearing.

It stated: ‘7. I request an award of damages in my favor for all nonpecuniary and economic harm caused throughout this entire proceeding, arising from construction of the dwelling, payment for participation in the association, and the establishment of that association, with it being unknown how the dues collected from all members were invested. Those expenses are estimated at approximately diez millones de colones.’” (Deemed withdrawn upon application by the plaintiff)// Alternative Claim: With respect to number 5, in the event that she is not granted title to the property: I request that I be declared a beneficiary and allottee (adjudicataria) in the el Faro housing project and, by virtue thereof, that I be granted the ownership right over the property that I have possessed for more than 10 years quietly, openly, peacefully, and as owner, which forms part of the property recorded in the Registro Nacional de la Propiedad, Provincia de Heredia, under registration number 233264-000, owned by INVU, and that the Registro Público be ordered to register the indicated lot in my name.” (Virtual case file, images 364-370).- III) PROVEN FACTS. The following facts relevant to the resolution of this ordinary proceeding are deemed proven:

  • A)DOCUMENTARY EVIDENCE:
  • 1)INVU acquired the property located in the registration district of Heredia and recorded under real-property folio registration number 77006B-000 through expropriation, pursuant to subsection n) of article 5 of the Ley Orgánica del INVU, Ley N° 1788 y 1882, for INVU’s purposes, as evidenced by public deed N° 75 executed before Notary Public Manuel Solano Avendaño on 22 de setiembre de 1983.- (Virtual case file, images 352-354).-
  • 2)INVU is the registered owner of the property recorded under real-property folio registration N° 233264-000, with an area of cinco mil ochocientos sesenta y cuatro metros con cero decímetros cuadrados, survey plan H-1517125-2011, whose prior title corresponded to property 4-00077006B-000. (Virtual case file, images 358 y 360-361).-
  • 3)By a letter dated 9 de octubre de 2012 and addressed to Álvaro González Alfaro, Executive President of INVU, a group of members of the housing project known as el Faro requested that he grant them title to the land owned by INVU, which treinta y cinco families had occupied for 19 years.- (I, 5-7).-
  • 4)By official letter PE-0278-12-2012 dated 5 de diciembre de 2012, INVU Executive President Álvaro González Alfaro responded to the plaintiff’s letter of 9 de octubre de 2012 as follows: “In this regard, I am attaching a copy of Memorandum PEP-767-2012, sent to this Office by Arq. Arturo Argüello of our Institution’s Project Implementation Process, which responds to your letter.”.- (I, 8).-
  • 5)The memorandum PEP-767-2012, dated 31 de octubre de 2012, referred to above stated the following: “Regarding the letter received by the Executive Presidency on 9 de octubre del 2012, and memoranda PE-0689-10-2012 (17 octubre 2012) and PT-1310-2012 (22 octubre 2012), you are hereby informed as follows: //The families submitting the letter, together with other families belonging to the organized group Asociación Provivienda Las Orquídeas, occupy the land on which Proyecto El Faro is being promoted. The land corresponds to property registered under Real Property Folio (Folio Real) N°4-233264-000, registered cadastral plan (plano catastrado) H-1517125-2011. The Project is promoted by Asociación Provivienda Las Orquídeas, Legal Entity Identification Number (Cédula Jurídica) N°3-002-611980, pursuant to the Reglamento para la Producción de Soluciones de Vivienda de Interés Social.// To initiate the procedures, the Asociación has submitted to the Instituto all relevant pre-feasibility documentation (documentación de prefactibilidad), as well as the list of potential beneficiaries, who must qualify in accordance with the statutory and regulatory provisions established by Banco Hipotecario de la Vivienda and INVU, as an authorized entity of Sistema Financiero de la Vivienda, and INVU, as an authorized entity of Sistema Financiero de la Vivienda.// Under those circumstances, your application cannot be processed, because this Instituto has specific plans for that land, namely the construction of Proyecto El Faro.” (I, 9; the underlining and emphasis are ours).-
  • 6)By means of a note dated 2 de noviembre de 2012, the plaintiff, together with other women residing in Guararí, submitted an inquiry to Mr. Álvaro González Alfaro, Executive President of INVU, in the following terms: “We, the undersigned residents of Guararí, Radial Los Sauces, have resided for 19 years on land owned by INVU.// We have never had problems of any kind; we have lived peacefully, have not been disturbed in the possession (posesión) we have maintained, and have undertaken steps toward obtaining title (titulación) to the lots.// For approximately one year, Ms. LIGIA MURILLO QUIRÓS, identification card N° 2-0471-0646, who is President of the Housing Committee, has been threatening to evict us unless we pay the fees she demands, consisting of four thousand colones for her salary and one thousand colones in membership dues. She says that she is authorized by La (sic) Amarilis Aguilar Carmona, representative of INVU.// We request an official statement from INVU concerning this matter, since we are extremely nervous and ill because of the threats we receive daily, and we report this situation because we know that this is not how the Entity you represent operates; indeed, official publicity encourages the public to report these irregularities.// We attach copies of the notices that this woman has distributed in the community.// Heredia, Noviembre 01, del 2012.” (I, 10-11).-
  • 7)By official communication C-PEP-620-2012 dated 06 de noviembre de 2012, Architect Arturo Argüello Matamoros, of INVU’s Departamento de Proceso Ejecución de Proyectos, informed the plaintiff Salazar Salazar, in relevant part, as follows: “I hereby wish to inform you that it has been verified that you are unlawfully occupying INVU property where the Project known as ‘El Faro,’ in Guararí de Heredia, will be developed. The Project consists of only 44 housing units, a number of homes insufficient to serve all the families at the site who need housing.// This compels us to issue the following formal notice (prevención), requiring you to voluntarily vacate the property and demolish your residential structure, which you built without authorization from this Instituto, because the temporary structure in which you reside prevents the development of this Project’s infrastructure works.// I further wish to inform you that, once you have vacated the land, you should provide INVU with your new address and telephone number so that your name may be placed on a waiting list for consideration in connection with a future housing project to be developed on the Guararí property, provided that your case meets all requirements established by INVU and Sistema Financiero Nacional para la Vivienda and that budgetary funds are available for its implementation.// Accordingly, you are granted a non-extendable period of 15 business days to vacate the land you occupy; otherwise, the legally appropriate action will be taken.” (I, 3).-
  • 8)On 11 de marzo de 2014, the then Executive President of INVU, Mr. Álvaro González Alfaro; the Mayor of Heredia, José Manuel Ulate Avendaño; the then Minister of Housing and Human Settlements, Guido Monge Fernández; and representatives of Housing Associations jointly signed the document entitled: “GUIDELINES FOR DEFINING THE TARGET POPULATIONS OF HOUSING PROJECTS ON INVU-OWNED LAND LOCATED IN GUARARI DE HEREDIA,” which, insofar as relevant, provided: “1. Relevant regulatory basis. I) Regarding who makes the final determination of the ultimate beneficiaries// MIVAH and the Municipality do not have the authority to define or approve a list of beneficiaries for a housing project. Article 15 and Article 113 of the Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) state that the Authorized Entities (Entidades Autorizadas) of the SFNV are responsible for doing so (...).- //3. Nomination of potential families to the Authorized Entity// Pursuant to the provisions of the Reglamento de Opciones de Financiamiento del SFNV// Article 16. Reglamento Operaciones del SFNV// The procedure for obtaining the Housing Grant (Bono) or subsidy shall commence through an application filed with the Authorized Entity using the forms established for that purpose by BANHVI, to which application the other documents specified for that purpose shall be attached.// In practice, there are various sources through which a family may be nominated, which are worth identifying: • The family through its own efforts • The Municipality or another authority representing the area • The District Councils (pursuant to Article 52 of the Código Municipal) • A development association • An organized pro-housing group • The developer • In cases of emergencies, extreme need, evictions, or other similar proceedings that create highly urgent housing needs, an institution of the Executive Branch may channel the nomination.// (...) 4. Criteria for selecting target populations and prioritizing families that are potential beneficiaries of housing projects on INVU land in Guararí de Heredia// Due to the large number of families interested in housing solutions, the limited amount of available land, and the fact that the projects do not have sufficient space to meet all existing demand in the area, it is essential to define the following criteria to organize that demand objectively and transparently: 1. Priority shall be given to families residing in Guararí who have lived openly and peacefully in Guararí for at least 10 years. //They must prove that they remained in the area throughout that entire period by means of an official public document (examples: clinic records, school enrollment records, official utility records showing an address, municipal bills, or others)// 2. In cases where the land is occupied without authorization, the process shall begin by evaluating the families located on the land where the project is to be carried out and who were previously included in a census (censo) conducted by INVU, which shall send a copy thereof to MIVAH and the Municipalidad de Heredia. //Among the families living on the site according to the census, priority shall be given to those who have lived openly and peacefully in Guararí for at least 10 years. They must prove this through the same means explained above.// 3. The regulations currently in force under the Reglamento para Producción de Soluciones de Vivienda de Interés Social del INVU (RPSV) must be complied with. Under these regulations, an organized group selected according to criteria applied by the Municipality, MIVAH, and INVU shall be used for the development of a Social-Interest Housing Project (Proyecto de Viviendas de Interés Social), in order to make progress with the processes for contracting the design and obtaining project permits. As established in Art. 27 of the Reglamento para Producción de Soluciones de Vivienda de Interés Social del INVU: ‘The Association or Organized Group that seeks financing and/or technical and social assistance from INVU for the development of a housing project must be legally established and duly registered with the Registro de Asociaciones, have current legal status (personería jurídica), and keep its legalized books up to date. It shall provide INVU with up-to-date certified copies of its articles of incorporation, legal-entity identification card, and certification of legal status’// Once this group has been informed by INVU that it will be the group leading the project, it may not admit new families to its Association. Only families that belonged to the group before it was informed by INVU that it would take charge of the project shall be evaluated. If the group fails to comply with this guideline, INVU may remove it from the development of the project.// 4. No government institution shall accept lists nominating families from any pro-housing association until the project has progressed and has a design and permits. This prevents the project from creating expectations that cannot be fulfilled.// Once the project has a design and permits, the number of actual housing solutions that the project can accommodate shall be known. Only then shall the Authorized Entity of the Housing Finance System that is responsible for the project, in coordination with the Municipality, accept the families nominated by the associations, in accordance with the criteria and procedures established in this document and the project’s capacity.//5. Each organized group residing in Guararí that complies with the RPSV and that expressed interest in the project through written communications received by INVU before the municipal permit was granted shall be allowed to submit a short list of 10 principal applicants and 10 alternate applicants.// These families must likewise have lived openly and peacefully in Guararí for at least 10 years and must prove this through the means already mentioned.// 6. The groups shall nominate the families with the greatest need in order of priority, placing first those that they consider to be most urgently in need of a housing solution.// This information shall be verified using the social-information tools available to the State.// The groups shall give special consideration to families in extreme need whose income is equal to or below bracket 1.5, or to more vulnerable populations, such as older adults, families with members with disabilities, single-headed households, or families with a larger number of members.// The pro-housing groups are advised that the nomination of a family does not entail its final approval for the award of a housing grant, since that determination may be made only after the number of families that the project can accommodate is known and after the family has been assessed in accordance with the regulations of the Sistema Financiero Nacional de la Vivienda.// 7. The Authorized Entity shall use: a) the information from the census of families that have lived on the site for more than 10 years, b) the lists of applicant families received from the associations, c) the project’s actual capacity for housing solutions, and d) the criteria established herein, to prepare the project’s complete preliminary list and begin the process of finally assessing families and verifying compliance with the requirements// Under the regulations currently in force, the Authorized Entity responsible for the project shall use the Sistema Nacional de Información Social (SINAIS) to conduct its social analyses and identify the most vulnerable population among the families living on the site and those nominated by the groups.// Leaders of an association or pro-housing group who are shown through judicial proceedings to be imposing improper charges shall be removed from the beneficiary-nomination process. In such cases, so that the families are not penalized for the misconduct of their leadership, the Municipality shall assume responsibility for nominating the families from that sector. (It is recalled that Article 113 of the Reglamento de Operaciones del SFNV prohibits associations from charging their members for participation in the respective project)// 9. Likewise, families shown to have submitted false information or concealed information concerning their family unit, income, or other relevant information may be disqualified from the process (pursuant to Article 58 of Ley 7052 of the SFNV).//10. To become an ultimate beneficiary of the project, the family must authorize the SFNV and the Municipality to demolish the shack it occupies so that it is not reoccupied without authorization, sold, or rented to another family. This promotes the State’s progress in implementing its policy to eradicate informal settlements (precarios). The demolition shall be coordinated by the Municipality.// 11. Families that receive the family housing-grant benefit and their housing solution and that misuse their dwelling by changing its use to something other than its designated residential use, attempt to sell or rent it within the 10-year restriction period established by law, or construct any structure on the lot without the required building permits shall be subject to the procedures established by Ley 7052, including the potential loss of the grant benefit, and may be required to reimburse the grant to the Costa Rican State, as provided by the regulations currently in force.//5. Final assessment of the families benefiting from the projects// After the prioritization criteria have been applied, the Authorized Entity shall be responsible, pursuant to Article 5 of the Reglamento de Operaciones del SFNV, for reviewing compliance with the eligibility criteria, which, in summary, are: • Constitute a family unit// • Not own a dwelling, or own a dwelling that requires repairs, improvements, or completion of construction// • Be Costa Rican or have legal residence in the country// • Not have received a grant in the past// • Have a monthly family income no greater than four times the minimum wage.// • Satisfy any other requirements applicable to the specific program.// (...) The family’s final assessment is the exclusive responsibility of the Authorized Entity. To qualify for the Bono Familiar de la Vivienda, families must satisfy the other requirements prescribed by Ley 7052 and its regulations.” This is in accordance with the certification issued by the Secretary of the Executive Presidency of INVU, Alejandra Chinchilla Castro, at nine o’clock on 26 de mayo de 2014.- (Virtual case file, images 310-317).-
  • 9)By memorandum P-057-2014 dated May 30, 2014, sent to engineer Luis Gustavo Lobo Vargas, of the INVU Housing Projects Department, and issued by Bach. Jaime A. Rodríguez Sánchez of Institutional Planning, concerning the “Delivery of files for Social-Interest Housing Projects and a summary of the current status of the social component for each of them,” with respect to the lists of files according to the name of the representative of each family group for each project, of which a brief reference would be made regarding the current status of the social component, the following was provided, insofar as relevant to this specific case: “(...) El Faro Project: // This project presents a conflict arising from the fact that the Board of Directors of Asociación Provivienda Las Orquídeas, which was responsible for promoting the project, excluded from the list of potentially beneficiary families some of the families settled at the site where construction of the housing is planned. This prompted the affected families to file judicial proceedings against INVU and the president of the organized group; this situation has prevented BANHVI from finalizing approval of the financing.// The files corresponding to the list of beneficiary families submitted by the organized group are listed below (...)// In view of the problems that arose, at the initiative of the Directorate of the Social-Interest Housing Area, a Social Work team was formed and tasked with conducting home visits to those families who, according to a census (censo) conducted in 2010, lived in the settlement but were not included by the association in the list of potentially beneficiary families, as well as to those appearing on that list who, according to the 2010 census, did not live there. Accordingly, the files being delivered also include those that could be compiled through this intervention, which are listed below:

SHACK No.

NAME IDENTIFICATION NUMBER COMMENTS (....)

9 Salazar Salazar María Mayela 155805033203 They did not provide documents (...)” (I, 330-351).- B) TESTIMONIAL EVIDENCE:

  • 10)Testimony of Mr. Jaime Rodríguez Sánchez, identification number 1-1172-0369, who, after being duly cautioned and sworn, stated that he would tell the truth; insofar as relevant, he stated that he holds a degree in Social Work and has worked in the INVU Housing Projects Unit for ten years. He has had contact with the community for ten years, and he was the person who administered the census, at which time he did meet her. A census is a research technique intended to characterize the population to be served by the housing project so that the project responds to the characteristics and particular circumstances of that population. In the first two censuses conducted, the plaintiff lived in the area. The latest one produced no record that she was living at the site. The latest census showed that several families, although living there, did not wish to be counted. In that census, I performed coordination duties and was responsible for consolidating the information generated by the different professionals from the data obtained.

The woman does not appear on the latest list, from the latest census conducted. When a census is carried out, people are informed of its purpose and that its objective is to formulate a project and secure financing to obtain a housing solution. He denied that it is customary for INVU to threaten evictions (desalojos). No family can be told that it will be excluded from a project, because the project must proceed to later stages and the conditions established by Ley 7052 regarding the requirements must be examined in greater depth; a census is not the stage at which people may be excluded from projects. The applicable regulations establish certain conditions, and people may be excluded if they fail to satisfy the requirements, for example, if they own other real property or if their income exceeds the applicable amount. In this case, the project has not reached an advanced stage. He clarified that the census is intended to determine who lives at the site and under what conditions.

Initially, a pro-housing association existing in the settlement did participate. There was no promise that they would remain at the site. He stated that he did not know why the families refused to participate in the census. He stated that they notify the associations of the activities and that he does not know whether everyone is a member of the association. If individuals are not members of the association but meet the conditions, their applications are processed. The examination was concluded. (Listen to the public oral trial hearing).- 11) Robert Garita Hernández, identification number 4-140-379, who, after being duly cautioned and sworn, stated that he would tell the truth. Insofar as relevant, he stated that he is a Civil Engineer and works in the INVU Housing Projects Unit. He knows the plaintiff from the site where she is living, having met her while conducting the censuses. He stated that he is in charge of the “El Faro” project, located in Guararí de Heredia.

The property corresponds to a subdivision (segregación) of approximately four to five thousand meters, where it is estimated that some seventy-five families could benefit through a vertical condominium development, given the scarcity of land and the large number of people requiring a housing solution. The proposal has not been submitted to BANHVI because of the families’ claims. When the census is conducted, they are told that they are potential beneficiaries who may receive assistance and that they must subsequently undergo an eligibility assessment; they know they must qualify to enter the project. My role has been to prepare a sketch, while the census itself is conducted by a social-work specialist. Regarding the refusal to participate in the census, he stated that he did not know the reasons, since his role was to help the social-work staff locate the residents. He denied that any earthworks (movimiento de tierra) had taken place at the site.

He stated that he knew an association called Las Orquídeas, which coordinated with the institution. The residents know that the land must be formally regularized before it can be subdivided and they can be given their lot or house, and they know that they occupy the property irregularly. Judge Alexandra Zúñiga Mora asked about the vertical development and how many families could benefit if the development were horizontal instead. If it were built horizontally, it would accommodate approximately forty-four families, while the census counted fifty-eight. If it were built vertically, there would actually be space left over for additional families. There are currently approximately thirty-two informal lots that have neither cadastral plans nor deeds. The lots average between 130 and 150 m2. Regarding the plaintiff’s lot, he stated that it measures approximately 120 m2. As for the structures, he stated that they vary, with some being better than others.

Judge Canales asked about the history of the site. He stated that it is near Almacén El Rey. He identified the location. It belonged to an INVU parent parcel, meaning that it was acquired many years ago, and he understands that the residents entered when it was already an INVU property. That is what I know. When I first became acquainted with the area, the property formed part of the INVU parent parcel and the families were already settled there. She was there during the first census in 2010; there is no earlier census to corroborate that. Judge Alonso Soto asked him about Asociación Las Orquídeas and whether it had submitted a proposed list of possible beneficiaries; he did not know whether she was included. The list concerns potential beneficiaries. They are reviewed, but until the arrangement is formalized, they remain potential beneficiaries; INVU formalizes it once construction has been completed and the project is delivered to the Municipality.

The procedure is as follows: where there is a property, the process must proceed through the issuance of construction permits; preliminary studies and land-use studies (estudios de uso de suelo) are conducted; the Municipality must agree with the type of construction; approvals are obtained from AYA and SETENA; Municipality permits are obtained and reviewed by the Ministry of Health and the Fire Department; and financing to carry out the project is requested from Banco Hipotecario de la Vivienda. INVU participates as an authorized entity, like mutual associations and banks, and the Banhvi law provides that, in these cases, a complete housing solution is granted: the housing subsidy is provided free of charge, the dwelling is provided free of charge, and, for example, BANVHI pays for the infrastructure and the dwelling, while INVU is reimbursed for the land. He denied that the plaintiff had been given any document granting her the dwelling.

He clarified that her occupancy had been merely tolerated. He stated that he believed the plaintiff’s dwelling was prefabricated. The witness’s participation was concluded. (Listen to the public oral trial hearing).- IV) FACTS NOT PROVEN:

  • 1)That INVU had preliminarily awarded (preadjudicado) the plaintiff a lot within the property registered in the province of Heredia under real property folio registration No. 233264-000.- It should be noted that the plaintiff herself stated in writing that she does not have the document. (The record I, 71-72 and 86-89).
  • 2)That Asociación pro vivienda Las Orquídeas excluded the plaintiff from its meetings. (The record) 3) That the plaintiff was disqualified by INVU or the Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).- (The record).
  • 4)The length of time during which the plaintiff has occupied the property in question.- (The record).
  • 5)That the payment of taxes and public utilities is registered in the plaintiff’s name. (The record).
  • 6)That the photograph of a dwelling submitted into the record is established as to time, manner, and place and, by itself, identifies its owner. (The record).
  • 7)That an official letter C-PEP-627-2012 dated November 6, 2012 exists. (The record).
  • V)ARGUMENTS OF THE PARTIES: PLAINTIFF’S ARGUMENTS: The plaintiff stated that she has irregularly occupied a property belonging to INVU since 1996, where the “El Faro” project is to be developed. By official letter C-PEP-620-2012, INVU ordered her to vacate the property and demolish the structure. She stated that, at the time, those lands had been provisionally awarded (preadjudicados) to various occupants. She asserted that INVU had conducted a census of the area on at least three occasions and therefore knew the circumstances of the occupants of the property recorded in the province of Heredia under registration N° 233264-000. She specified that INVU had not established the amount, term, monthly payment, and interest to be paid by the provisional awardees (preadjudicatarios); this constituted a failure to perform its duties as established in Articles 6 and 10 of the Reglamento de Adjudicación de Viviendas del INVU, despite their repeated requests that these terms be determined.

She argued that, pursuant to the general doctrine of “one’s own acts” (“actos propios”), the Administration cannot reverse its own actions (Articles 11 and 34 of our Constitution), thereby nullifying the provisional award (preadjudicación) of the land granted in 1993 without legal grounds supporting that action. She stated that, because she had been living on the land provisionally awarded by INVU, she was not a precarious occupant (ocupante en precario), since the provisional award had regularized her legal status and, over time, she had also built and made improvements there to provide her family with a better quality of life. Furthermore, she considered that the provisional award alone gave her sufficient right to occupy the land granted to her; moreover, that right was conferred upon her by the passage of time during which she had occupied it, a period in which she had already acquired a possessory right (derecho posesorio), and therefore INVU lacked the authority to seek her eviction because she possessed the land entirely as of right.

She then stated that, during the time she had lived on that land, an association called “Asociación pro-vivienda Las Orquídeas” had been established, holding legal entity identification number 3-002-611980 and chaired by Ligia Murillo Quirós. That association had been involved in developing the “El Faro” project and had drawn up a list of potential project beneficiaries. She considered this situation arbitrary because that determination was for INVU to make. INVU had stated that the project was at the pre-feasibility stage and that its fundamental purpose was to benefit the families informally residing in the area; thus, using that criterion as the basis for evicting them was false and spurious, rendering the administrative act (acto administrativo) ineffective because it was not directed toward serving a public interest. She stated that the association in question had excluded her from its meetings, thereby violating her right to due process, pursuant to Article 308 of the LGAP.- INVU’S ARGUMENT.- During the trial hearing, INVU’s representative stated that the plaintiff had asserted that she was entitled to request title to property belonging to INVU, known as El Faro, corresponding to the property recorded in the province of Heredia under registration N°4- 233264-000 and cadastral plan H-1517125-2011, which had been admitted into evidence.

The representative stated that the plaintiff was an irregular occupant of this property, whose designated purpose was housing solutions and which INVU had acquired for that purpose in the city of Heredia; the property had been invaded by many people. The plaintiff claimed that she had possessed it for more than ten years, publicly, peacefully, and as owner; however, it was registered in INVU’s name, and INVU had taken actions to provide housing solutions pursuant to Articles 4 and 5 of Ley N° 1788. INVU had instituted expropriation proceedings to dedicate the properties to housing solutions, in accordance with both the Reglamento and the Legislación Nacional de Vivienda. The representative stated that the plaintiff was found to be a precarious possessor (poseedora en precario) and believed that, by possessing the property for more than ten years, she had acquired it through acquisitive prescription (usucapión); however, because it was INVU property, it was not subject to positive prescription (prescripción positiva).

The representative reiterated that INVU had acquired the property to provide housing solutions; nevertheless, the property had been subject to a multiple invasion, while INVU had a planned housing solution financed by the Banco Hipotecario de la Vivienda. The plaintiff had refused to participate in censuses and income studies, even though INVU’s purpose was to complete the project and provide solutions to the greatest possible number of occupants in accordance with the applicable regulations. In this case, the plaintiff sought, at her own whim, a property with an area exceeding two hundred square meters and, through the measures she had taken, had prevented the housing project from proceeding for a larger number of people. INVU raised the defense of lack of legal entitlement (falta de derecho), because the property was registered in the institution’s name for the purpose of providing solutions to the greatest possible number of people, subject to compliance with the requirements.

In this case, the plaintiff had refused to provide information to INVU and, through her bad-faith conduct, had obstructed the provision of housing solutions to additional persons in a manner consistent with their income and with urban planning in the city of Heredia. The representative specified that the property was in the public domain, not subject to prescription, and inalienable, and therefore could not be acquired by the plaintiff through acquisitive prescription. In its answer, INVU stated that it owned the PARENT PROPERTY recorded under Real Property Folio Registration Number 4- 00077006B-000, which it acquired through deed number seventy-five executed at fifteen hundred hours on the twenty-seventh day of September of the year one thousand nine hundred eighty-three before Notary Manuel Solano Avendaño, following expropriation proceedings, with the relevant portion stating: “PURPOSE: property designated for a low-cost housing program.”- INVU had developed several Housing Projects in the area and had subdivided the parent property for that purpose, including the property recorded under Real Property Folio Registration Number 4-00233988-000, cadastral plan Number H-1594537-2012, known as the “EL FORTÍN” Property, registered in INVU’s name, and Real Property Folio Registration Number 4-233264-000, cadastral plan Number H-1517125-2011, known as the “EL FARO.” Property, registered in the name of I.N.V.U.

The latter was being handled by an organized group called “Asociación Pro Vivienda Las Orquídeas.” Pursuant to the Reglamento para la Producción de Soluciones de Vivienda de Interés Social, an internal regulation applicable to Organized Groups, the housing needs of 44 families would be addressed; those families would be required to comply with the social, administrative, and legal provisions in order to qualify for the benefit pursuant to the institution’s Ley Orgánica; Ley No 1788, del 24 de agosto de 1954; and the provisions of the Banco Hipotecario de la Vivienda and its law called “LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA, - ARTÍCULO 59-,” under which it had been called “CONJUNTO RESIDENCIAL EL FARO.” Once the applicable legal requirements had been met, the project to be developed would be submitted by I.N.V.U., in its capacity as an authorized entity, to the Banco Hipotecario de la Vivienda, which would ultimately approve or reject the housing project pursuant to “Ley N° 7052, and Ley N° 7208 and their amendments.

Thus, regarding the development of the “El Faro” project, the representative specified that a census had been conducted in 2012, identifying a population of 179 persons, although it was feasible to serve only 44 families in the area because of the characteristics of the project’s development and the land, but above all because of the social and legal conditions with which each family group was required to comply under the principle of legality. Furthermore, specifically regarding the plaintiff’s statements, INVU’s representative noted that the plaintiff acknowledged her irregular and unlawful occupation of land belonging to INVU, without having submitted any suitable document proving that INVU had authorized her to enter the property. She was an unlawful possessor of a lot owned by INVU and, as such, the property constituted public-domain property (bien demanial) assigned to a specific purpose based on the reason for its acquisition; consequently, it was not subject to acquisitive prescription and was inalienable, and could be used only in accordance with the provisions of the regulations in force.

The representative denied that INVU had failed to act. The representative reiterated that no vested legal situation (situación jurídica consolidada) existed in favor of the plaintiff, specifying that what existed in this case was the irregular occupation of public property, and therefore public-domain property registered in INVU’s name. The plaintiff had failed to prove, as was her burden, that INVU had granted a provisional award in her name, since the document she submitted was in the name of a person other than the person bringing the action. The representative specified that the plaintiff irregularly inhabited the area where INVU was promoting the housing project called “El FARO,” corresponding to the INVU-owned property recorded under Real Property Folio registration N° 4-233264-000, cadastral plan N° H-1517125-2011. The representative stated that INVU’s institutional practice was to develop such projects in coordination with the housing association representing the potential beneficiaries, whose numbers in most cases exceeded the number of housing solutions that could be built at the site.

This facilitated the preliminary identification of potential project beneficiaries so as to ensure that occupants of INVU’s land had the opportunity to apply for a housing solution at the site. This situation in no way guaranteed that everyone on the list submitted by the association would receive a housing solution through the projects INVU developed, because the families were required to satisfy the requirements established by the regulations applicable within the institution and by the Ley del Sistema Financiero Nacional Para la Vivienda regarding housing-subsidy benefits (beneficios del bono). In that context, the representative stated that INVU had been working jointly with the Asociación de Vivienda Las Orquídeas, which had submitted the list of occupants and potential project beneficiaries and was preparing the documentation required for the institution to submit the El Faro housing project to the Banco Hipotecario de la Vivienda for financing.

Because, from an operational standpoint and for the occupants’ safety during construction—particularly when earthworks (movimiento de tierra) were carried out for construction of the works—the land had to be vacated, the occupants had been notified accordingly; a case file would be opened for each of them and, if they were not eligible for a housing solution there, they could be considered at another location where the institution developed another project. In closing arguments, INVU’s representative stated that, by means of public deed N° 75 executed before Notary Public Manfred Solano Avendaño at fifteen hundred hours on 27 de setiembre de 1973 and in connection with expropriation proceedings, INVU purchased property N°77006-B-000, measuring more than seventy-five thousand square meters. In 2012, two properties were subdivided from it: N° 770006-B-000 and 4-233264-000. As previously stated, the latter was where the “El Faro” project was located and where the dwelling that the plaintiff sought to acquire through acquisitive prescription stood.

The property was acquired for housing solutions and therefore constitutes public-domain property (bien demanial). The law establishing INVU provides that one of its purposes is to provide housing solutions to deserving families throughout the national territory; however, under the principle of legality (principio de legalidad), beneficiaries must meet the requirements for beneficiary status. Individuals cannot acquire INVU property by adverse possession (usucapir), because such property is not subject to acquisitive prescription (imprescriptible) and is inalienable (inalienable). To qualify as a beneficiary, a person must meet the statutory requirements so as not to receive an increase in assets. In this case, the occupants knew that they had to meet the requirements to be designated as beneficiaries. In the case of “El Faro,” INVU has been working on a seventy-five-unit housing solution under which even the claimant would benefit.

In this case, INVU officials have been clear, and I know that it has been explained to them that it would be a vertical housing solution, but Costa Ricans are reluctant to accept this type of vertical housing. This property in El Faro, 2-233264-000, was subdivided (segregada) to develop a horizontal housing solution. In this case, the public interest has been demonstrated, as has the fact that INVU exercises the rights inherent in ownership (atributos de la propiedad); moreover, as a public entity and pursuant to ruling N° 794-2006 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which establishes on the basis of the Civil Code that any land held in ownership is not subject to acquisitive prescription. In this case, there is no certainty as to the date on which the occupation began, but the property is not subject to acquisitive prescription and is inalienable. For all the foregoing reasons, counsel requested that the action be dismissed, that the defenses (excepciones) be upheld, and, given that possession in bad faith (posesión de mala fe) cannot be compensated in any manner whatsoever because she knew that the property belonged to INVU and undertook the construction at her own risk, knowing that she was building on property belonging to another (cosa ajena).

In addition, counsel requested that the interim measure (medida cautelar) affecting the interests of many people for the benefit of a single person be lifted, since it is impossible to acquire the property in question by adverse possession.

  • VI)PURPOSE OF THE PROCEEDING: Based on the relief sought by the plaintiffs—without prejudice to the literal wording of their requests—this proceeding fundamentally seeks a declaration that the administrative conduct of the respondent entity is unlawful; that INVU determine the amount payable, the monthly installments, and the interest so that she may satisfy her obligation in connection with the occupied land; and that she be granted ownership rights on the grounds that she has possessed the land for more than 10 years, quietly, openly, peacefully, and as owner, and that it forms part of the property recorded in the National Property Registry, Province of Heredia, property registration number 233264-000, owned by INVU, with the Public Registry being ordered to record the corresponding registration. Alternatively, should she not be granted ownership, she seeks a declaration that she is a beneficiary and awardee under the El Faro housing project and that, by virtue thereof, I be granted ownership rights over the property that I have possessed for more than 10 years, quietly, openly, peacefully, and as owner, and that forms part of the property recorded in the National Property Registry, Province of Heredia, property registration number 233264-000, owned by INVU, and that the Public Registry be ordered to register the aforementioned lot in my name.
  • VII)THE RIGHT TO HOUSING AND THE OBJECTIVE OF INVU, PURSUANT TO ITS ORGANIC LAW.- As a matter of principle, the right to housing, regulated internationally under the aegis of the “Declaración Universal de Derechos Humanos,” adopted and proclaimed by the Asamblea General in its Resolution 217 A (III), of 10 de diciembre de 1948, provides: “Article 25.//1. Everyone has the right to a standard of living adequate to ensure the health and well-being of that person and that person’s family, including in particular food, clothing, housing, medical care, and necessary social services; everyone also has the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other loss of livelihood due to circumstances beyond that person’s control.// 2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, are entitled to equal social protection.”.- Likewise, our Constitution provides, insofar as relevant: “ARTICLE 65.- The State shall promote the construction of low-income housing and shall create the worker’s family patrimony.”.- Thus, this fundamental right to housing was developed legislatively through the creation of the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, by Law N° 1788 of 24 de agosto de 1954, whose purposes include (art. 4): “a) To direct its activities toward achieving greater economic and social well-being by providing Costa Rican families with better housing and the corresponding related amenities; b) To plan the development and growth of cities and other smaller population centers, in order to promote the best use of land, designate public areas for community services, establish functional street systems, and formulate investment plans for public works to meet the resulting needs; c) To provide Costa Rican families that lack adequate housing and, under ordinary circumstances, the means necessary to obtain it using their own resources, with the opportunity to occupy, as owners or tenants, a dwelling that meets the essential requirements for facilitating the development and preservation of the physical and mental health of its occupants.

Priority shall be given to addressing the problem of the lowest-income segment of society, both in cities and in rural areas; ch) To promote and conduct studies and research on all aspects of housing and urban planning for the purposes pursued by the Instituto, seeking the broadest dissemination of their results in order to identify appropriate directions for the country in these fields; d) To develop its plans and programs with proper coordination throughout their various stages of socioeconomic research, planning, and construction, as well as in the educational and assistance activities required for their administration; e) To advise State agencies and other public institutions and coordinate public initiatives concerning housing and urban development, when so requested; and f) To align its plans and studies with national economic and social development programs, submitting their public-health aspects for approval by the Ministerio de Salubridad Pública.” Furthermore, in exercising its powers, this Instituto is responsible for performing the following essential functions, pursuant to article 5 of the aforementioned legislation: “a) (...) b) To formulate general plans for the construction and sanitation of dwellings or neighborhood units, or for the development of residential subdivisions (urbanizaciones), taking into account the needs, severity, and urgency of rural or urban housing problems in the various parts of the country and the requirements of urban planning.// The programs referred to in this subsection shall first be implemented in those cantons where, according to the data provided by the Dirección General de Estadística y Censos, the need for housing is greatest, taking into account the number of dwellings that must be replaced because of their poor condition and the urgent need for homes to accommodate new families, based on the rate of growth of each population;// c) To construct sanitary individual or collective housing affordable to low-income families, through comprehensive and even individual programs intended to bring order to residential areas; // ch) To gradually eliminate unsanitary or hazardous buildings and dwellings from urban areas through appropriate reconstruction or rehabilitation plans, which the Instituto shall prepare in accordance with the highest standards for safeguarding its investments, while duly taking into account the social dimension of the problem. // (...) d) To promote the construction, sanitation, repair, or expansion of dwellings and encourage private or public persons or entities to carry out urban-development and urban-sanitation works, provided that they comply with the technical standards issued by the Instituto; e) To carry out urban-development and urban-sanitation works within its housing-construction programs, and to construct the centers required for community services; f) To promote the coordination of housing and urban-planning activities among all State departments and its autonomous institutions and corporations that address such matters; g) (...) h) To lease, sell, exchange, encumber, and administer the dwellings and community-service centers that it acquires or constructs, as well as its other property; i) To grant cash or material loans secured by mortgages for the construction, reconstruction, expansion, or sanitation of residential developments, neighborhoods, or urban or rural dwellings, in accordance with regulatory standards ensuring a demonstrable benefit to the community and consistent with the purposes pursued by this law.

(...) j) To establish a housing-financing system guaranteed by insurance policies issued by the Instituto Nacional de Seguros, the Sociedad de Seguros de Magisterio Nacional, or the Caja Costarricense de Seguro Social, guaranteeing full discharge of the mortgage upon the purchaser’s death and, consequently, immediate possession of the dwelling free of encumbrances by the spouse or other survivors. The aforementioned institutions may invest part of their reserves to finance the construction of housing for their insured members through advances to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo;// (...) n) To acquire movable or immovable property under ordinary law or through expropriation, in accordance with the applicable law. Expropriations shall be decreed by the Poder Ejecutivo upon an express and reasoned request by the Instituto specifying the relevant needs and conditions. //In addition to those grounds established in the laws in force, the following constitute grounds of public utility or social interest for decreeing expropriation: the need to carry out works for the growth or expansion of cities or urban conglomerations; safety; sanitation; ornamentation; beautification; the construction or modernization of neighborhoods; and the opening or widening of streets, squares, parks, and public gardens;// (...).” In addition, article 41 of this Organic Law of INVU provides, in its article 41, that: “Dwellings constructed by the Instituto with funds derived from the State contribution may be awarded only to persons who are heads of household or are responsible for supporting persons who in fact constitute a family and who lack sufficient resources to construct their own home.// (...) The regulations shall establish the requirements and conditions under which awards and loans are to be made.”.- (Legislation obtained from SINALEVI; underlining and bold emphasis added).- Furthermore, our legislation has also protected this right under Law N° 7052—special legislation—entitled “Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda),” dated 13 de noviembre de 1986, under which BANHVI constitutes a public-interest entity whose principal objective is to promote domestic and foreign savings and investment in order to raise financial resources to address the country’s existing housing problem, including the provision of services (art. 1).

The Sistema Financiero Nacional para la Vivienda is composed of the Banco Hipotecario de la Vivienda, as its governing body, and the authorized entities established by law (art. 2), including public and private institutions and entities authorized by the Banco to operate within the Sistema, as well as mutual savings and loan associations (art. 3, subsection c).- As provided in article 59 of this latter legislation, families whose members include one or more persons with a total and permanent disability, whose income is equal to or less than one and one-half times the minimum wage of an unskilled construction worker, and who do not own a dwelling—or who own one but need to repair or improve it—shall be entitled to receive one and one-half family housing grants to compensate for this disadvantage. Accordingly, following duly reasoned authorization by the Junta Directiva based on the corresponding technical study in each case, the Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) may allocate up to forty percent (40%) of the annual revenue of the Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), through the authorized entities of the Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, to subsidize the acquisition, subdivision (segregación), and award of land; urban-development works; improvements; and housing construction, in individual or collective projects to eradicate slums and informal settlements (asentamientos en precario) located in rural or urban areas, for families whose income is equal to or less than one and one-half times the minimum wage of an unskilled construction worker or who have been declared to be in a state of emergency.

This legislation also provides that Banhvi shall establish the conditions and mechanisms for granting this subsidy and shall ultimately permit the individual allocation of subsidies and determination of the administrative cost of such programs. The Junta Directiva may allocate part of those resources to housing-construction projects in order to secure the participation of interested persons duly organized into cooperatives, special-purpose associations, development associations, or solidarist associations, as well as to address housing problems caused by emergencies or extreme need. This legislation has been regulated by the instrument entitled “Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para Vivienda,” article 5 of which provides: “Eligibility. To be eligible for the Grant or other subsidies, the following requirements must be met://a) Constitute a family, as defined in this Reglamento.// b) Not own a dwelling, without prejudice to the exceptions provided for in this Reglamento, or own a dwelling that requires repairs, improvements, or completion of construction, pursuant to these rules.

The simulated transfer of property for the purpose of evading this requirement shall constitute grounds for rescinding any donations received and declaring any loans received due and payable, without prejudice to any other applicable civil or criminal liability.//c) Have a monthly family income not exceeding four times the minimum wage.//d) Meet all other requirements requested for the specific program or that may be warranted according to the nature of the case.".- It also regulates the procedures and other requirements for obtaining the corresponding subsidy (subsidio); in this regard—that is, regarding the granting of housing vouchers (bonos de vivienda) and assistance provided by the State through its institutions—it is important to consider what has already been stated by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, among other decisions, in Decision No. 2016-418 at 09:30 on 15 de enero de 2016, in which it concluded: "V.

(...) Regarding the grants, subsidies, or assistance provided by the State to vulnerable populations, it should be noted that there is no enforceable right against the respondent authorities to receive a housing voucher; rather, the granting of that benefit is subject to various requirements and procedures established by the legal system (ordenamiento jurídico), including the formal application for a voucher before an authorized entity and compliance with other individual requirements, such as not having previously received a housing voucher, not having properties registered in one’s name, and having regular immigration status, among others. Accordingly, in Decision 1415-1999 at 9: 00 on 26 de febrero de 1999, this Court stated that the housing voucher: "is a benefit, not a right, also created by the State as one of a range of protections for its citizens, in fulfillment of the rights and guarantees established in the Constitución Política.

Indeed, that voucher is financial assistance granted by the State to low-income families, and thus constitutes a gratuitous act (acto de liberalidad) by the State, given that the resources available for distribution are limited." This Court fully concurs with that decision.- VIII) THE SPECIFIC CASE: The proven facts (hechos probados) show that the plaintiff is a resident of Heredia, Urbanización "El Faro," where she has occupied land owned by INVU and built her home there; that land forms part of registered property folio (folio real) 233264-000. For that reason, by means of a letter addressed to Mr. Álvaro González Alfaro, Executive President of INVU, dated October 9, 2012, a group of members of the housing project known as El Faro requested that title to the INVU-owned land they had occupied for 19 years be granted to them. In response to that request, the Executive President of INVU, Álvaro González Alfaro, by official letter PE-0278-12-2012, dated December 5, 2012, replied to the plaintiff’s letter dated October 9, 2012, stating as follows: "In this regard, I am enclosing a copy of Memorandum PEP-767-2012, sent to this Office by Architect Arturo Argüello of our Institution’s Proceso Ejecución de Proyectos, which responds to your letter." In that memorandum, she and other families belonging to Grupo Organizado Asociación Provivienda Las Orquídeas who were occupying the land were informed that Proyecto El Faro was being promoted there and was, indeed, sponsored by Asociación Provivienda Las Orquídeas, which submitted the list of potential beneficiaries who would be required to qualify in accordance with the statutory and regulatory provisions established by Banco Hipotecario de la Vivienda and INVU, as an authorized entity of Sistema Financiero de la Vivienda; accordingly, their request could not be granted.

Subsequently, by a letter dated November 2, 2012, the plaintiff, together with other female residents of Guaraní, submitted an inquiry to Mr. Álvaro González Alfaro, Executive President of INVU, requesting that ownership of the property in question be granted to them and describing the problems involving the leaders of the aforementioned Asociación Provivienda. That letter was answered through official letter C-PEP-620-2012 dated November 06, 2012, by Architect Arturo Argüello Matamoros of INVU’s Departamento de Proceso Ejecución de Proyectos, who stated: "I hereby inform you that it has been established that you are unlawfully occupying INVU property where the Project known as "El Faro" will be developed, in Guararí de Heredia. The project consists of only 44 housing units, a number of houses insufficient to serve all the families in the area who need housing.// This compels us to issue the following formal notice (prevención), requiring you to voluntarily vacate the property and demolish your dwelling structure, which you built without authorization from this Institute, because the temporary structure you inhabit prevents the development of this project’s infrastructure works. // I also hereby inform you that, once you have vacated the land, you should provide INVU with your new address and telephone number so that your name may be placed on a waiting list for consideration for a future housing project to be developed on the Guararí property, provided that your case meets all the requirements established by INVU and Sistema Financiero Nacional para la Vivienda and that budgetary funds are available for its implementation.// In view of the foregoing, you are granted a non-extendable period of 15 business days to vacate the land you occupy; otherwise, the legally appropriate action will be taken.".- In other words, it was through this latter official letter that the plaintiff was ordered to vacate the INVU-owned land she occupied and on which a structured decent-housing project would be developed.

Thereafter, on March 11, 2014, the then Executive President of INVU, Mr. Álvaro González Alfaro; the Mayor of Heredia, José Manuel Ulate Avendaño; the then Minister of Housing and Human Settlements, Guido Monge Fernández; and representatives of Housing Associations jointly signed the document entitled: "GUIDELINES FOR DEFINING THE TARGET POPULATIONS OF HOUSING PROJECTS ON INVU-OWNED LAND LOCATED IN GUARARI DE HEREDIA," a document which clearly established that families could apply on their own behalf before the authorized authorities—that is, without needing to belong to any Asociación Provivienda—and that, to be eligible for the corresponding housing grant or subsidy (bono o subsidio), they were required to meet the requirements established for that purpose by the legal system. That said, the claims will now be considered individually in relation to the rules cited above, with the preceding recitals (considerandos) constituting the grounds for this decision.

  • IX)CLAIMS IN THE SPECIFIC CASE: Without prejudice to the foregoing, each claim will be analyzed individually below.

FIRST CLAIM: "I respectfully request that interim relief (medidas cautelares) be ordered immediately and prima facie to suspend any effects that may arise from the decision challenged herein, in order to ensure the effectiveness of the relief ultimately ordered in the proceedings." THE COURT RULES: The plaintiff herself withdrew this claim at the preliminary hearing held on September 5, 2016, since the requested interim relief had been granted, as reflected in the record.

SECOND CLAIM: "I request a declaration that the administrative conduct and all related acts or actions in connection with this case are inconsistent with the legal system." THE COURT RULES: This claim is extremely broad; however, this Court understands—based on the proven facts and the complaint filed—that it relates to the notice received by the claimant concerning her eviction from the property and the response obtained from INVU regarding the impossibility of granting her ownership rights. Thus, the proven facts show that, by a letter addressed to Mr. Álvaro González Alfaro, Executive President of INVU, dated 9 de octubre de 2012, a group of members of the housing project known as El Faro requested that they be granted title to the INVU-owned land that thirty-five families had occupied for 19 years. In this regard, the Executive President of INVU, Álvaro González Alfaro, replied to the claimant’s letter dated 9 de octubre de 2012 by official letter PE-0278-12-2012, dated 5 de diciembre de 2012, stating as follows: “In this regard, I am enclosing a copy of Memorandum PEP-767-2012, sent to this Office by Architect Arturo Argüello of our Institution’s Project Implementation Process, which responds to your letter.” Memorandum PEP-767-2012, dated 31 de octubre de 2012 and referenced above, stated as follows: “Regarding the letter received by the Executive Presidency on 9 de octubre del 2012, and memoranda PE-0689-10-2012 (17 octubre 2012) and PT-1310-2012 (22 octubre 2012), you are hereby informed as follows: //The families submitting the letter, along with other families belonging to the organized group Asociación Provivienda Las Orquídeas, occupy the land on which the El Faro Project is being promoted.

The land corresponds to property registered under Folio Real N°4-233264-000, cadastral plan H-1517125-2011. The Project is promoted by Asociación Provivienda Las Orquídeas, Corporate Identification Number N°3-002-611980, pursuant to the Reglamento para la Producción de Soluciones de Vivienda de Interés Social.// To initiate the procedures, the Association has submitted to the Institute all relevant pre-feasibility documentation, as well as the list of potential beneficiaries, who must qualify in accordance with the statutory and regulatory provisions established by Banco Hipotecario de la Vivienda and INVU in its capacity as an authorized entity of Sistema Financiero de la Vivienda, and INVU in its capacity as an authorized entity of Sistema Financiero de la Vivienda.// Under these circumstances, your application cannot be processed, because this Institute has specific plans for that land, namely, the construction of the El Faro Project.” This administrative action (actuación administrativa) does not constitute a final act (acto final), but merely a procedural act (acto de trámite), because, as stated by the witness, Engineer Robert Garita Hernández, an INVU official who testified under oath, the land where the claimant resides is part of a parcel segregated from the parent property and is intended to provide a housing solution for many families awaiting development of the project, which has been unable to begin because of the occupation of the property, part of which the claimant seeks for herself.

The official who testified stated that the housing-solution process begins with the property, for which construction permits must be obtained; preliminary and land-use studies are conducted; the Municipality must agree with the type of construction; approvals are obtained from AYA and SETENA; and Municipality permits are secured following review by the Ministry of Health and the Fire Department, after which financing for the project is requested from Banco Hipotecario de la Vivienda. INVU participates as an entity, like mutual associations and banks; INVU acts as an authorized entity, and the Banhvi law provides that, in these cases, a complete housing solution is granted: the housing subsidy is provided free of charge, the dwelling is provided free of charge, and, for example, BANVHI pays for the infrastructure and the dwelling, while INVU is reimbursed for the land. The witness denied that the claimant had been given any document granting her the dwelling, specifying that she occupies it merely by sufferance (mera tolerancia).

This Chamber further observes that, by official letter C-PEP-620-2012 dated 06 de noviembre de 2012, Architect Arturo Argüello Matamoros of INVU’s Project Implementation Process Department informed the claimant, Salazar Salazar, in relevant part, as follows: “I hereby inform you that it has been established that you irregularly occupy INVU property on which the Project known as ‘El Faro,’ in Guararí de Heredia, will be developed. This Project consists of only 44 housing units, a number of homes insufficient to serve all families at the site who need housing.// This compels us to issue the following demand that you voluntarily vacate the property and demolish your housing structure, which you built without authorization from this Institute, because the provisional structure in which you reside prevents the development of this project’s infrastructure works.// I further inform you that, once you have vacated the land, you should report your new address and telephone number to INVU so that your name may be placed on a waiting list for consideration in connection with a future housing project to be developed on the Guararí property, provided that your case meets all requirements established by INVU and Sistema Financiero Nacional para la Vivienda and that budgetary funds are available for its implementation.// Accordingly, you are granted a non-extendable period of 15 business days to vacate the land you occupy; otherwise, the legally appropriate action will be taken.” In this regard, it should be noted that this is a procedural administrative act, because the record does not show that the claimant, either personally or through any Association, submitted the applicable requirements to qualify as a beneficiary.

As both witnesses stated, censuses were conducted at the site to identify the inhabitants and their economic and social characteristics for the purpose of developing a housing solution suited to their needs. In this Court’s view, and with all due respect to the claimant, she did not specifically establish which element or elements of the challenged actions were allegedly defective, whether in their subjective substantive elements, such as authority, investiture, or standing; their objective substantive elements, such as grounds, content, and purpose; or their formal constituent elements, such as procedure and statement of reasons. Following a detailed review, this Court does not find that the claimant challenged any of the various constituent elements of the administrative acts (actos administrativos) under the Ley General de la Administración Pública or overcame the presumption protected by that legislation that an administrative act substantially consistent with the legal system is valid, including with respect to the motive of the official issuing it—the doctrine of preservation of the act (principio de conservación del acto), protected by articles 128 LGAP and 168—the latter of which provides that, where doubt exists as to the existence, classification, or significance of a defect, the consequence most favorable to preserving the act shall apply.

Article 223 of the LGAP provides that an omission of substantial procedural formalities shall invalidate the proceedings only where the omission prevented or changed the final decision in significant respects or caused a denial of the right of defense. This Chamber finds none of these statutory circumstances to be absent from any of the actions, which may be classified as merely procedural, because the claimant has not been rejected in any way as a housing beneficiary; indeed, to date she has not even submitted the applicable requirements needed to assess or determine whether she qualifies for those benefits. As the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia stated, among other decisions, in resolution No. 2016-418 at 09:30 hours on 15 de enero de 2016: “V. (...) Regarding the grants, subsidies, or assistance provided by the State to vulnerable populations, it should be noted that there is no enforceable right against the respondent authorities to receive a housing subsidy; rather, the granting of that benefit is subject to various requirements and procedures established by law, including the formal submission of an application for a subsidy to an authorized entity and compliance with other individual requirements, such as not having previously received a housing subsidy, not having property registered in one’s name, and having regular immigration status, among others.” Likewise, this Chamber grounds its rejection of the request to annul official letter C-PEP-620-2012 dated 06 de noviembre de 2012 by specifying that INVU, pursuant to the powers established in its Law N° 1788, of 24 de agosto de 1954, has among its purposes (art. 4): “a) To direct its activities toward achieving greater economic and social well-being by seeking to provide Costa Rican families with better housing and the corresponding related facilities; b) To plan the development and growth of cities and other smaller population centers in order to promote the best use of land, designate public areas for community services, establish functional street systems, and formulate investment plans for public works to meet the resulting needs; c) To provide Costa Rican families that lack adequate housing and, under ordinary circumstances, the means necessary to obtain it with their own resources, the opportunity to occupy, as owners or tenants, a dwelling that meets the essential requirements for facilitating the development and preservation of the physical and mental health of its occupants.

Priority shall be given to addressing the housing problems of the lowest-income segment of the population, both in cities and in rural areas; ch) To promote and conduct studies and research on all aspects of housing and urban planning in furtherance of the Institute’s purposes, seeking the broadest possible dissemination of their results so as to identify appropriate policies for the country in these fields; d) To develop its plans and programs with due coordination throughout their various stages of socioeconomic research, planning, and construction, as well as in the educational and assistance activities required for their administration; e) To advise State agencies and other Public Institutions and coordinate public initiatives concerning housing and urban development when so requested; and f) To align its plans and studies with national economic and social development programs and submit their health-related aspects to the Ministry of Public Health for approval.” Furthermore, this Institute, in the exercise of its powers, is responsible for carrying out the following essential functions, pursuant to Article 5 of the aforementioned regulations, namely: “a) (...) b) Formulate general plans for the construction and sanitation of housing or neighborhood units, or for the development of residential subdivisions (urbanizaciones), taking into account the needs, seriousness, and urgency of the rural or urban housing problem in the various regions of the country and the requirements of urban planning (urbanismo).// The programs referred to in this subsection shall be implemented first in those cantons where, according to the data provided by the Dirección General de Estadística y Censos, there is the greatest need for housing, taking into account the number of housing units that must be replaced because of their poor condition and the urgent need for houses to accommodate new families, in accordance with the growth rate of each population center;// c) Construct sanitary individual or collective housing affordable to low-income families, through comprehensive and even individual programs aimed at the orderly development of residential areas; // ch) Gradually eliminate unsanitary or hazardous buildings and dwellings from urban areas through appropriate plans for their reconstruction or rehabilitation, which the Institute shall prepare in accordance with the best standards for safeguarding its investments, while, of course, taking into account the social dimension of the problem. // (...) d) Promote the construction, sanitation, repair, or expansion of housing and encourage private or public persons or entities to undertake urban development and urban sanitation works, provided that they comply with the technical standards issued by the Institute; e) Carry out urban development and urban sanitation works within its housing construction programs.

And construct centers for necessary community services; f) Promote coordination of the housing and urban-planning activities of all State agencies and its autonomous Institutions and Corporations that address these matters; g) (...) h) Lease, sell, exchange, encumber, and administer the housing and community-service centers that it acquires or constructs, as well as its other property; i) Grant loans in cash or materials, secured by a mortgage, for the construction, reconstruction, expansion, or sanitation of urban developments, neighborhoods, or urban or rural housing, in accordance with regulatory standards ensuring a positive benefit to the community and consistent with the purposes pursued by this law. (...) j) Establish a housing-financing system secured by policies issued by the Instituto Nacional de Seguros, the Sociedad de Seguros de Magisterio Nacional, or the Caja Costarricense de Seguro Social, guaranteeing full repayment of the mortgage in the event of the purchaser’s death and, consequently, the immediate possession of the unencumbered dwelling by the spouse or other surviving family members.

The aforementioned Institutions may invest part of their reserves to finance housing construction for their insured persons through advances to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo;// (...) n) Acquire movable or immovable property under ordinary law or through expropriation, in accordance with the applicable law. Expropriations shall be ordered by the Poder Ejecutivo upon an express and reasoned application by the Institute setting forth their necessity and conditions. //In addition to the grounds established in the laws in force, the following shall constitute grounds of public utility or social interest for ordering expropriation: the need to carry out works for the growth or expansion of cities or urban conglomerations; safety; sanitation; ornamentation; beautification; the construction or modernization of neighborhoods; and the opening or widening of streets, squares, parks, and public gardens;// (...).” It is clear from the foregoing that INVU, as the governing institution of the housing sector, is responsible for formulating general plans for the construction and sanitation of housing or neighborhood units, or for the development of residential subdivisions, taking into account the needs, seriousness, and urgency of the rural or urban housing problem in the various regions of the country and the requirements of urban planning.

The established facts show that the plaintiff occupies, by mere sufferance (mera tolerancia), property belonging to INVU where, as established by the witness testimony admitted into the record, a housing development is planned for approximately 75 families, which must demonstrate to the Institution that they meet the statutory and regulatory requirements in order to become awardees (adjudicatarios). That being said, the eviction (desalojo), whose annulment (nulidad) is denied, clearly seeks to enable INVU to fulfill its statutory duties and prepare the property to provide a permanent housing solution for a group of families; that is, to serve a public interest greater than the plaintiff’s private interest. All these delaying actions postpone the reorganization of housing in the area and place individual will above the general interest pursued by INVU in providing housing solutions to more and more families, as a consequence of mere sufferance and precarious occupancy (ocupación en precario).

For all the foregoing reasons, this claim is denied. It bears repeating that the plaintiff did not establish through suitable evidence that she had applied to the INVU authorities to satisfy the requirements established in the Ley del INVU and its Reglamento in order to be declared eligible for a housing solution. For the reasons stated, this claim is denied.

THE THIRD CLAIM (pretensión): “I request that the act be annulled in its entirety, together with all effects it may produce.” THE COURT RULES: The Court reiterates the reasoning given with respect to the preceding claim. Although this claim is worded differently from Claim No. 2, it is substantively the same, because it seeks to annul the act—which is likewise unspecified—without substantiating its defects. Accordingly, this Chamber rejects this claim on the same grounds cited above for Claim 2. Notwithstanding the foregoing, and without intending to be exhaustive, the procedural history (íter procedimental) submitted by the plaintiff herself establishes that the act in question is the act ordering her eviction (desalojo) from the INVU property, namely official letter C-PEP-620-2012 dated 06 de noviembre de 2012, sent by Architect Arturo Argüello Matamoros of INVU’s Departamento de Proceso Ejecución de Proyectos, in which he informed the plaintiff, Salazar Salazar, in pertinent part, as follows: “I hereby inform you that it has been established that you are unlawfully occupying INVU property on which the project known as ‘El Faro,’ in Guararí de Heredia, will be developed.

The project consists of only 44 housing units, a number insufficient to serve all families at the site who need housing.// This compels us to issue the following warning, requiring you to vacate the property voluntarily and demolish your housing structure, which you built without authorization from this Institute, because the temporary structure you occupy prevents the development of this project’s infrastructure works. // I further inform you that, once you vacate the land, you should report your new address and telephone number to INVU so that your name may be placed on a waiting list for consideration in a future housing project to be developed on the Guararí property, provided that your case meets all requirements established by INVU and the Sistema Financiero Nacional para la Vivienda and that budgetary funds are available for its implementation.// Therefore, you are granted a non-extendable period of 15 business days to vacate the land you occupy; otherwise, the legally appropriate action will be taken.” This Chamber already ruled on the document in connection with the preceding claim, where, as stated, the plaintiff did not challenge any of its elements.

Therefore, under the principle of preservation of administrative acts (principio de conservación de los actos administrativos), it remains valid and effective. It should now be noted that the plaintiff did not disprove, through any documentary or technical evidence, that the property belonged to INVU. As set forth in the proven facts and as stated by the INVU employee witnesses, this is a property on which INVU intends to meet the housing needs of between 44 and 75 families, depending on the type of development that can be carried out. The plaintiff could even be among the beneficiaries if she met the requirements; however, because the project has been suspended as a result of legal actions such as the plaintiff’s, INVU has been unable to move forward in seeking a permanent housing solution for families that timely satisfy the requirements established by the INVU statute and its Regulations.

This Chamber observes that the plaintiff has not proven that she satisfies those requirements beyond the mere fact of possessing property titled in INVU’s name; therefore, under the Civil Code, it cannot be acquired by adverse possession (usucapir) because it has a registered owner. (Doctrine of Articles 267, 455, and 456 of the CC). In this regard, it is worth recalling that the right of ownership is legally protectable when it is recorded in the Registro Público. Thus, Article 267 of the CC provides, in pertinent part: “ARTICLE 267.- For ownership of real property to produce all legal effects, it must be duly recorded in the Registro General de la Propiedad.” According to the proven facts, INVU established that it is the registered owner of real-property folio registration No. 233264-000, with an area of five thousand eight hundred sixty-four square meters and zero square decimeters, survey plan H-1517125-2011, whose prior title corresponded to property 4-00077006B-000.

The plaintiff’s allegations show that she is aware of this circumstance, as she asserted, without evidence, that INVU had allegedly preliminarily awarded her a lot within the property registered in the province of Heredia under real-property folio registration No. 233264-000. It should be noted that the plaintiff herself stated in her complaint that she does not have the document. Article 267 gives rise to the principle of public notice through registration (principio de publicidad registral), which governs our legal system and is regulated by Articles 455 and 456 of the aforementioned body of law. The former provides: “Titles subject to registration that have not been registered shall not prejudice third parties until the date on which they are submitted to the Registry.” Article 456 provides: “Registration does not validate registered acts or contracts that are void or voidable under the law.

Nevertheless, registered acts or contracts executed or granted by persons appearing in the Registry as entitled to do so shall not, once registered, be invalidated as against third parties, even if the grantor’s right is subsequently annulled or terminated by virtue of an unregistered title, causes not implicit therein, or causes that, although explicit, do not appear in the Registry.” These provisions demonstrate the importance that our laws attach to registry entries, because all circumstances extraneous to the registration are ineffective when invoked to defeat a duly registered ownership right. In the case at bar (sub júdice), the plaintiff alleges—without providing suitable evidence—that she possessed the property for more than ten years. However, as stated above, this is insufficient to defeat INVU’s title to the property in question. Moreover, positive acquisitive prescription (usucapión positiva) cannot be asserted because, for it to arise, the Civil Code requires good faith (buena fe), as stated in Article 284 of the Civil Code: “ARTICLE 284.- For possession lasting more than one year to confer the right to possess, such possession must be in good faith.” The following article provides: “ARTICLE 285.- In all cases in which the law requires possession in good faith, a good-faith possessor shall be deemed to be one who, when taking possession, believed that he or she had the right to possess.

If there was sufficient reason to doubt that such right belonged to that person, he or she shall not be deemed a good-faith possessor; however, if possession was in good faith at its inception, it does not lose that character merely because the possessor subsequently doubts the legitimacy of his or her right. Possession ceases to be in good faith when the possessor becomes certain that he or she is possessing improperly, and also upon service of a complaint in which another person claims the right to possess.” In this case, it is more than evident—as the plaintiff herself acknowledges—that the property belongs to INVU, while she alleges that she is the preliminary allottee (preadjudicataria) of the property without establishing that allegation through suitable evidence. Consequently, this claim is rejected on the grounds stated.

THE FOURTH CLAIM: “I request a determination by Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo regarding the amount payable, the monthly installments, and the applicable interest, so that I may discharge the obligation as stipulated by its Regulations, as well as the adoption of any measures necessary and appropriate for that purpose.” THE COURT RULES: This new claim (pretensión innovativa) is rejected because the plaintiff failed to prove, as she was required to do, that she holds an administrative preliminary allotment (preadjudicación administrativa) concerning the real property in question. The plaintiff does not submit the document in which she alleges that INVU awarded her the property. Furthermore, under the applicable rules—namely the INVU statute, its Regulations, and others—she likewise failed to establish that she had satisfied the requirements to qualify as a beneficiary of a housing solution.

The administrative record (expediente administrativo) contains no indication that the plaintiff even completed a form to submit an application to INVU. It is impossible for the Court to rule on the basis of assumptions. The testimonial evidence shows that the plaintiff occupies INVU real property under precarious possession (ocupa en precario), merely by tolerance, at a location where that institution is awaiting her eviction and that of other persons so that it may provide housing for a total of 75 families. She could be among them—provided that she satisfies the applicable requirements established by the legal system. This has not been possible, however, in part because of the plaintiff’s action, since INVU must formalize the project before BANVHI, construct it, and, once construction is complete, award the housing free of charge to persons who have satisfied the requirements. The employee witness Jaime Rodríguez Sánchez was clear in this regard, stating that they notify the Associations of the activities and that he does not know whether everyone is a member of the Association; he clarified, however, that if persons who are not members of the Association satisfy the conditions, their applications are considered. Accordingly, this claim is rejected on the grounds stated.

THE FIFTH CLAIM: “I request that I be granted the subjective right (derecho subjetivo) of ownership of the lot that I have possessed for more than 10 years, quietly, openly, peacefully, and as owner, which forms part of the property recorded in the Registro Nacional de la Propiedad, Province of Heredia, registration 233264-000, owned by INVU, and that the Registro Público be ordered to register the aforementioned lot in my name.// THE COURT RULES: In this case, the claimant seeks to acquire part of the property in question by acquisitive prescription (usucapión), which is a means of acquiring rights in rem (derechos reales) through the passage of time and, as regulated by Article 853 of the Civil Code, also requires, in addition to the passage of time, title transferring ownership (título traslativo de dominio), good faith (buena fe), and possession (posesión). Although Article 854 of the Civil Code exempts the claimant from the obligation to prove valid title (justo título), the First Chamber of the Supreme Court of Justice has held that, for that presumption of valid title to apply, possession must be open, peaceful, continuous, and exercised as the true owner.—See, among other decisions, N°4587-97, issued at fifteen hours forty-five minutes on August fifth, nineteen ninety-seven, by the aforementioned Chamber.—In the present case, the claimant requests that INVU transfer part of the land comprising property recorded under real-property folio registration N°4-233264-000; however, as established in the proven facts, that property is duly registered in the name of INVU, which acquired it through expropriation proceedings (diligencia expropiatoria) in order to fulfill the purpose for which this institution was created, which may be defined as providing decent housing to families that meet the applicable requirements.—In other words, INVU acquired that property, as established by public deed number seventy-five, executed before Notary Public Manfred Solano Avendaño at fifteen hours on September 27, 1983, in connection with the corresponding expropriation proceedings conducted so that the property in question could be used in INVU housing programs.

It follows from the complaint, the documentary evidence entered into the record, and the established facts that the claimant knew that the land formed part of the property registered in the name of INVU and was therefore dedicated to the public purpose of that institution. This leads this Chamber to find that such possession was neither peaceful nor in good faith; accordingly, acquisitive prescription is denied and, consequently, all relief sought is denied, because the statutory requirements for acquiring property by acquisitive prescription, protected under Sections 455, 456, 459, 853, and 854 of the Civil Code, have not been met.— THE SIXTH CLAIM FOR RELIEF: “I request that the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo be ordered to refrain from adopting or carrying out any conduct that could harm the public interest or any current or potential legal situations affecting me in the present case until the entire situation has been clarified and resolved by the court of competent jurisdiction.”— THE COURT RULES: With respect to this claim for relief, the Court denies it for the following reasons: 1) The party did not establish that she had satisfied the requirements imposed by the legal system to qualify as the recipient of a housing voucher or subsidy (bono o subsidio de vivienda). 2) This Court cannot order that the applicable regulations cease to be observed in a specific case; it must safeguard the legality of the administrative function, not prevent the Public Administration from exercising its statutory powers.

Based on that reasoning, this Chamber denies this claim for relief as inadmissible and so declares. The claimant asks this Court to order INVU to refrain from harming the public interest. In this case, as stated by its representative, INVU intends to develop the “El Faro” project to provide housing to approximately 75 families. This has not been possible because of the claimant’s refusal to vacate the property owned by INVU, so that, as indicated, a vertical housing solution can be developed that might even include the claimant if she establishes before the appropriate authorities that she meets the regulatory requirements to be awarded a housing solution by INVU.

THE SEVENTH CLAIM FOR RELIEF WAS WITHDRAWN AT THE PRELIMINARY HEARING. It stated: “7. I request an award of damages in my favor for all the emotional and economic harm caused throughout this entire process, arising from the construction of the dwelling, the payment for participation in the association, and the establishment of that association, with no information as to how the dues collected from all members were used. Those expenses are estimated at approximately ten million colones.” It is reiterated that this claim for relief was withdrawn by the claimant at the preliminary hearing.

THE ALTERNATIVE CLAIM FOR RELIEF: “With respect to number 5, in the event that title to the property is not granted to me: I request that I be declared a beneficiary and awardee (adjudicataria) in the El Faro housing project and, by virtue thereof, that I be granted ownership rights over the property that I have possessed for more than 10 years quietly, openly, peacefully, and as owner, which forms part of the property recorded in the Registro Nacional de la Propiedad, Provincia de Heredia, under registration 233264-000, owned by INVU, and that the Registro Público be ordered to register the indicated lot in my name.” THE COURT RULES: Consistent with the rulings on the principal claims for relief that were denied, this Chamber cannot grant title to the property to the claimant. Nor can it declare her a beneficiary and awardee in the “El Faro” housing project, because the claimant has not established that she complied with the requirements set forth in the corresponding Law and Regulations.

The party did not submit competent evidence demonstrating compliance with the requirements established by the legal system. Here, the party merely demands that INVU convey the property to her and grant her awardee status solely because she possesses, by mere tolerance (mera tolerancia), real property belonging to the institution. However, it must be recalled that public institutions, including INVU, must act under the principle of legality (principio de legalidad) and conform their administrative conduct to the body of governing law (bloque de legalidad). The requirements for granting a person such as the claimant beneficiary or awardee status in a housing project cannot be disregarded, nor may the Court assume the exercise of the Public Administration’s active powers. For the reasons stated, this claim for relief is denied.—The interim measure (medida cautelar) shall be lifted once the judgment on the merits becomes final.— X) REGARDING THE DEFENSES.—The defense of lack of legal entitlement (falta de derecho) raised by INVU’s representative is sustained, based on the grounds stated for denying the relief sought by the claimant.

Likewise, the defense of lack of interest (falta de interés) is denied, because, while the dispute remained pending, it could only be resolved through a judgment. The defense of lack of procedural capacity (falta de capacidad ad processum) is denied because the claimant established that she was possessing property belonging to INVU by mere tolerance and brought this action in the exercise of an alleged ownership right—through acquisitive prescription—which was rejected on the merits in the preceding recitals (considerandos).

  • XI)REGARDING COSTS: Under Article 193 of the Code of Administrative Litigation Procedure, costs (costas) are borne by the losing party solely by virtue of having lost. Nevertheless, that provision permits costs to be waived when “In view of the nature of the matters disputed, there was, in the Court’s judgment, sufficient reason to litigate.” This adjudicative body considers that sufficient reason to litigate existed in this case because it was shown that the claimant has occupied for many years the parcel for which she seeks title. Although that fact alone is insufficient to grant her claim for relief, in the Court’s view it could have provided sufficient grounds for the party to believe that she held some right arising from that possession. Accordingly, this matter is resolved without a special award of costs.

POR TANTO

The defense of lack of legal entitlement is sustained. The defenses of lack of capacity and lack of current interest are denied.—The action brought by MARÍA MAYELA SALAZAR SALAZAR against the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO is declared inadmissible. Each party shall bear its own costs. Notice shall be given.—Judge PALONSO PAULO ALONSO SOTO ALEXANDRA ZÚÑIGA MORA JONATÁN CANALES HERNÁNDEZ ???????????????

PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - DECIDING JUDGE ?????????????????

ALEXANDRA DE LOS ÁNGELES ZÚÑIGA MORA - DECIDING JUDGE ???????????????

JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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CONOCIMIENTO ACTOR/A:

MARIA MAYELA SALAZAR SALAZAR DEMANDADO/A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO N° 2025003350 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas con veinticinco minutos del cuatro de Abril del dos mil veinticinco.- PROCESO DE CONOCIMIENTO, EXPEDIENTE N°13-003044-1027-CA incoado por MARÍA MAYELA SALAZAR SALAZAR, mayor, soltera, nicaragüense, cédula de residencia 155805033203, vecina de Heredia, Guaraní, Radial, Los Sauces, Nísperos III, contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, (en adelante INVU), representada por su apoderado especial judicial, LUCAS ULLOA HIDALGO, de otras calidades constantes en el Registro de Personerías que lleva este Tribunal (art. 58 inciso 2 del CPCA), y

CONSIDERANDO:

  • I)ASUNTOS DE TRÁMITE: En principio, todas las referencias a imágenes corresponden al expediente judicial, salvo que de indique otro origen.
  • 1)La demandante interpuso el día 30 de abril de 2013, proceso de conocimiento en contra del INVU. (I, 65-69).
  • 2)Mediante auto de las catorce horas y cuarenta y un minutos del 30 de abril de 2013, este Tribunal tuvo por establecido el presente proceso contra el INVU y confirió audiencia de ley para la contestación.- (I, 90-93).
  • 3)El INVU, contestó negativamente la demanda, según escrito del día 21 de junio de 2013, en donde opuso las excepciones de falta de derecho, capacidad para accionar y falta de interés actual.- (I, 189-222).- 4) Mediante resolución N° 1474-2013-T de las diez horas treinta y cinco minutos del día 19 de julio de 2013, el Tribunal Contencioso Administrativo, otorgó medida cautelar a favor de la demandante, confirmando la resolución de las 14:41 horas del día 30 de abril de 2013, dictada por el Tribunal, en donde mediante medida cautelar provisionalísima se suspendió el acto administrativo N° C-PEP-620-2012 y cualquier orden de desalojo o demolición de estructura sobre el inmueble habitado por María Mayela Salazar Salazar. (I, 268-277).- 5) El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por auto de las once horas y nueve minutos del día 16 de agosto de 2013, tuvo por contestada la demanda e interpuestas las excepciones referidas.- (I, 278-279).
  • 6)Se realizó audiencia preliminar el día 5 de setiembre de 2016, con la participación de ambas partes. Durante esta audiencia preliminar se realizó el ajuste de las pretensiones, se determinaron los hechos controvertidos, se admitió la prueba documental y testimonial. De previo a la finalización de la audiencia preliminar la parte actora señaló medio electrónico como medio principal de notificaciones. (I, 364-370).
  • 7)Mediante auto de las trece horas y cincuenta minutos del día 7 de noviembre de 2016 se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio oral y público. (I, 371-372).
  • 8)El auto de convocatoria para la celebración de la audiencia de juicio se notificó al medio señalado. (I, 376).
  • 9)La parte actora solicitó nueva medida cautelar el día 14 de marzo de 2017, ante el Tribunal. (I, 377-378).
  • 10)El Tribunal Contencioso Administrativo, confirió audiencia de la nueva solicitud de medida cautelar por auto de las catorce horas y diecisiete minutos del 15 de marzo de 2017. Se notificó a la parte actora al medio electrónico señalado. (I, 379 y 380).
  • 11)El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dictó resolución N° 54-2017 de las ocho horas treinta minutos del día 7 de junio de 2017; rechazando lo peticionado en la misma. Este auto se notificó a la parte actora al medio electrónico señalado. (I, 384-391 y 393).
  • 12)El juicio oral y público se convocó nuevamente para el día 6 de agosto de 2018, según auto de las diez horas y veintitrés minutos del día 9 de agosto de 2017. (I, 395-396).
  • 13)El auto de la convocatoria a juicio se notificó al medio señalado por la actora. (I, 398).
  • 14)El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VIII, integrado por la Jueza Alexandra Zúñiga Mora, y los Jueces Jonatán Canales Hernández y Paulo Alonso Soto. La audiencia de juicio oral y público se llevó a cabo el día 6 de agosto de 2018, según la convocatoria. A pesar de estar prevista a iniciar a las ocho horas treinta minutos, debido a un problema en el suministro del fluido eléctrico y de acceso del expediente digital, con la anuencia de la representación del INVU, y de lo indicado en el CPCA art. 86 inciso 2), el juicio oral y público se inició a partir de las trece horas treinta minutos. Se consideró que la parte actora ya había faltado a la audiencia preliminar, sin justificación alguna. Durante la audiencia del juicio oral y público, rindieron testimonio de los testigos funcionarios: Bach. Jaime Rodríguez Sánchez, cédula 1-1172-369 y el Ing. Robert Garita Hernández, cédula 4-140-379, siendo inevacuable la prueba de la parte actora admitida en autos, a saber Yolanda Paniagua Araya y Shirley Cubero Arroyo, por no presentarse durante la audiencia de juicio oral y público sin justificación alguna. , de previo a la finalización de la audiencia de juicio oral y pública, declararon el proceso como muy complejo a la luz de lo previsto en el CPCA, art. 111. y emitieron por unamimidad el voto N° 76-2018 del día 27 de agosto de 2018, bajo la ponencia del último juez. (I, 399-401). (I, 403-424).
  • 15)La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia por la resolución N° 000366-F-S1-2021 de las once horas veinte minutos del día 18 de febrero de 2021, declaró con lugar recurso de casación y anuló la sentencia supracitada, ordenando el reenvió al Tribunal para emitir nuevo fallo, según lo previsto en el CPCA art. 150 inciso 1). (455-469).
  • 16)En razón de la acción de inconstitucionalidad N° 22-020548-0007-CA planteada entre otros, contra del CPCA art. 150.1, mediante auto de las siete horas cincuenta y cinco minutos del día 12 de mayo de 2023, se suspendió el conocimiento del proceso. (I, 502).
  • 17)Habiéndose declarado sin lugar la acción de inconstitucionalidad señalada, por voto N° 2024-034693 de las doce horas y cuarenta y un minutos del 20 de noviembre de dos mil 2024 y corrigiéndose error material por voto N°2025002703 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del 29 de enero de dos mil 2025, se procede a levantar la suspensión y dictar la sentencia ordenada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
  • 18)En los procedimientos se han cumplido todas las prescripciones de ley y no se observan vicios susceptibles de producir nulidad o indefensión de las partes.
  • II)OBJETO DEL PROCESO.- La pretensión quedó determinada definitivamente en la audiencia preliminar, llevada a cabo el día 5 de setiembre de 2016, en los siguientes términos, sobre los que se resolverá en sentencia: "La pretensión 1: Se elimina por cuanto ya fue resuelta mediante la Medida Cautelar. La pretensión 2: Solicito se realice la declaración de disconformidad de la conducta administrativa con el ordenamiento jurídico y de todos los actos o las actuaciones conexas en relación al presente caso.// La pretensión 3: Solicito se dicte la anulación total del acto y todos los efectos que éste pueda provocar.// La pretensión 4: Solicito la declaración por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en cuanto a la fijación del monto a pagar, mensualidades y los debidos intereses para poder cancelar la obligación tal y como su reglamento lo estipula alguna situación jurídica, así como la adopción de cuantas medidas resulten necesarias y apropiadas para ello.// La pretensión 5: Solicito se me confiera el derecho subjetivo de la propiedad del lote que he venido poseyendo por más de 10 años, en forma quieta, pública, pacífica, a título de dueña y es parte de la finca inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad, Provincia de Heredia, matrícula 233264-000 propiedad del INVU y que se ordena al registro Público la inscripción a mi nombre del indicado lote.// La pretensión 6: Solicito que se ordene, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, abstenerse de adoptar y ejecutar cualquier conducta que pueda lesionar el interés público o las situaciones jurídicas actuales o potenciales hacia mi persona en el presente caso hasta que no sea esclarecida toda la situación y resuelta por la jurisdicción competente. //La pretensión 7: se tuvo por desistida en audiencia preliminar.

Esta decía: "7. Solicito la condena al pago de daños y perjuicios en favor de mi persona por todos los daños morales y económicos ocasionados durante todo este proceso; los cuales son originados por la construcción de la vivienda, el pago de la participación en la asociación y la constitución de la misma y de la cual no se sabe en que se invirtieron las cuotas cobradas a todos los asociados. Dichos gastos están estimados en alrededor de diez millones de colones" (Se tuvo por desistida a gestión de la parte actora)// Pretensión Subsidiaria: En relación con la número 5, ante el eventual caso de que no se le otorgue el título de propiedad: Solicito se me declare la condición de beneficiaria y adjudicataria en el proyecto de vivienda el Faro y en virtud de ello se me confiere el derecho de propiedad que he venido poseyendo por mas de 10 años en en forma quieta, pública, pacífica, a título de dueña y es parte de la finca inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad, Provincia de Heredia, matrícula 233264-000 propiedad del INVU y que se ordena al registro Público la inscripción a mi nombre del indicado lote." (Expediente virtual, imágenes 364-370).- III) HECHOS PROBADOS. De relevancia para la resolución de este proceso de conocimiento se tienen como hechos probados los siguientes:

  • A)DE LA PRUEBA DOCUMENTAL:
  • 1)Que el INVU, adquirió la finca del partido de Heredia inscrita al -folio real matrícula 77006B-000-, mediante expropiación, conforme a lo dispuesto en el inciso n) del artículo 5 de la Ley Orgánica del INVU, Ley N° 1788 y 1882, para los fines del INVU,conforme consta en escritura pública N° 75 realizada ante el Notario Público Manuel Solano Avendaño, del 22 de setiembre de 1983.- (Expediente virtual imágenes 352-354).-
  • 2)Que el INVU es propietario registral de la finca folio real matrícula N° 233264-000, con un área de cinco mil ochocientos sesenta y cuatro metros con cero decímetros cuadrados, plano H-1517125-2011, cuyo antecedente de dominio correspondía a la finca 4-00077006B-000. (Expediente virtual, imágenes 358 y 360-361).-
  • 3)Mediante nota dirigida al señor Álvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del INVU, en fecha 9 de octubre de 2012, por un grupo de afiliados al proyecto de vivienda conocido como el Faro, le solicitaron el otorgamiento del título de propiedad sobre el terreno propiedad del INVU, que ocupaban treinta y cinco familias, desde hacía 19 años.- (I, 5-7).-
  • 4)El Presidente Ejecutivo del INVU, Álvaro González Alfaro, mediante oficio PE-0278-12-2012, de fecha 5 de diciembre de 2012, le contestó a la demandante la nota de fecha 9 de octubre de 2012, indicándole lo siguiente: "Al respecto le adjunto copia del Memorando PEP-767-2012, enviado a este Despacho por el Arq. Arturo Argüello del Proceso Ejecución de Proyectos de nuestra Institución, el cual da respuesta a su nota.".- (I, 8).-
  • 5)El memorando PEP-767-2012, de fecha 31 de octubre de 2012, reseñado indicaba lo siguiente: "Respecto a la carta recibida en la Presidencia Ejecutiva el día 9 de octubre del 2012, y a los memorandos PE-0689-10-2012 (17 octubre 2012) y PT-1310-2012 (22 octubre 2012), se le informa lo siguiente: //Las familias que presentan la carta, más otras familias que pertenecen al Grupo Organizado Asociación Provivienda Las Orquídeas ocupan el terreno donde se está promoviendo el Proyecto El Faro. El terreno corresponde a la finca Folio Real N°4-233264-000, plano catastrado H-1517125-2011. El Proyecto es promovido por la Asociación Provivienda Las Orquídeas, Cédula Jurídica N°3-002-611980, según el Reglamento para la Producción de Soluciones de Vivienda de Interés Social.// La Asociación ha entregado al Instituto, para iniciar los trámites, toda la documentación pertinente de prefactibilidad, asimismo la lista de los potenciales beneficiarios que deberán calificar de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que determine el Banco Hipotecario de la Vivienda y el INVU como entidad autorizada del Sistema Financiero de la Vivienda y el INVU como entidad autorizada del Sistema Financiero de la Vivienda.// En esas condiciones no se les puede tramitar su solicitud, ya que este Instituto tiene planes específicos para ese terreno, como lo es la construcción del Proyecto El Faro." (I, 9; el subrayado y destacado es nuestro).-
  • 6)La demandante, mediante nota de fecha 2 de noviembre de 2012, junto con otras vecinas de Guararí realizó consulta al señor Álvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del INVU, en los siguientes términos: "Las abajo firmantes vecinas de Guararí, Radial Los Sauces, tenemos 19 años de residir en un terreno propiedad del INVU.// Nunca hemos tenido problemas de ninguna índole, hemos vivido en forma pacífica no hemos sido perturbadas en la posesión que hemos mantenido y hemos realizado gestiones tendientes a la titulación de los predios.// Desde hace aproximadamente un año la señora: LIGIA MURILLO QUIRÓS, cédula N° 2-0471-0646 quien es Presidenta del Comité de Vivienda nos ha venido amenazando con desalojarlos si no le cancelamos las cuotas que ella exige a razón de cuatro mil colones por concepto de salario de ella y mil colones por cuotas de afiliación, ella dice estar autorizada por La (sic) Amarilis Aguilar Carmona, representante del INVU.// Solicitamos un pronunciamiento oficial del INVU respecto a este tema, ya que estamos sumamente nerviosos y enfermos por las amenazas que estamos recibiendo a diario y denunciamos esta situación porque sabemos que no es la forma de actuar del Ente que usted representa, más bien en la propaganda oficial se insta a la población a denunciar estas anomalías.// Adjuntamos copias de las notas que dicha señora ha repartido en la comunidad.// Heredia, Noviembre 01, del 2012." (I, 10-11).-
  • 7)Que mediante oficio C-PEP-620-2012 de fecha 06 de noviembre de 2012, el Arquitecto Arturo Argüello Matamoros, del Departamento de Proceso Ejecución de Proyectos, del INVU, le comunicó a la demandante Salazar Salazar, en lo conducente que: "Por este medio me permito indicar, que se tiene comprobado que Usted ocupa de forma irregular la propiedad de INVU donde se desarrollará el Proyecto denominado "El Faro", en Guararí de Heredia, el cual consta de solo 44 soluciones habitacionales, cantidad de casas que no es suficiente para atender a todas las familias que necesitan de vivienda en el sitio.// Razón que nos obliga a efectuar la siguiente prevención para que voluntariamente Usted desaloje y demuela su estructura habitacional, la cual construyó sin autorización de este Instituto y debido a que la estructura provisional que usted habita, impide el desarrollo de las obras de infraestructura de este proyecto. // A su vez, me permito indicarle que una vez que se desaloje el terreno reporte al INVU, su nueva dirección y teléfono con el fin de incluir su nombre en lista de espera para ser considerado para un futuro proyecto de vivienda a desarrollar en finca Guararí, siempre y, cuando su caso reúna todos los requisitos establecidos por el INVU y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y exista contenido presupuestario para su ejecución.// Por lo anterior, se le concede un plazo improrrogable de 15 días hábiles para que desaloje el terreno que ocupa, caso contrario se procederá con lo que legalmente corresponde." (I, 3).-
  • 8)En fecha 11 de marzo de 2014, el entonces Presidente Ejecutivo del INVU, señor Álvaro González Alfaro, el Alcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño, el entonces Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Guido Monge Fernández y representantes de Asociaciones de Vivienda, suscribieron conjuntamente el documento denominado: "LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE POBLACIONES OBJETIVO DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA EN TERRENOS PROPIEDAD DEL INVU UBICADOS EN GUARARI DE HEREDIA" documento que en lo conducente dispuso: "1. Base normativa de interés. I) Sobre quién hace la calificación final de los beneficiarios finales// El MIVAH y la Municipalidad no tienen la facultad, de definir o calificar una lista de beneficiarios para un proyecto de vivienda. El Artículo 15 y el Artículo 113 del Reglamentos de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) indica que son las Entidades Autorizadas del SFNV las encargadas de esto (...).- //3. Postulación de potenciales familias a la Entidad Autorizada// En seguimiento a lo establecido por el Reglamento de Opciones de Financiamiento del SFNV// Artículo 16. Reglamento Operaciones del SFNV// El trámite para obtener el Bono o el subsidio se iniciará mediante una solicitud presentada ante la Entidad Autorizada, en los formularios establecidos al efecto por el BANHVI, solicitud a la cual se adjuntarán los demás documentos que al efecto se determinen.// En la práctica, existe una diversidad de fuentes para la postulación de la familia, las cuales vale la pena citar: • La familia por sus propios medios • La Municipalidad u otra autoridad con representatividad en la zona • Los Concejos de distrito (según Artículo 52 del Código Municipal) • Asociación de desarrollo • Grupo organizado pro vivienda • El desarrollador • En casos de emergencias, extrema necesidad, desalojos u otros procesos similares que generen necesidades de vivienda de alta urgencia, podría ser alguna institución del Poder Ejecutivo que canalice la postulación.// (...) 4. Criterios para selección de poblaciones objetivo y priorización de las familias, potencialmente beneficiarias de los proyectos de vivienda en terrenos del INVU en Guararí de Heredia// Debido a la gran cantidad de familias interesadas en soluciones de vivienda, a que existen pocos terrenos disponibles y a que proyectos no tienen suficientes espacios para satisfacer toda la demanda existente en la zona, se hace indispensable definir los siguientes criterios para ordenar la demanda, de forma objetiva y transparente: 1. Tendrán prioridad las familias, habitantes de Guararí, que tengan al menos 10 años de habitar pública y pacíficamente en Guararí. //Deben comprobar su permanencia en el sector, durante todo ese tiempo, por medio de algún documento de carácter público y oficial (ejemplos: registros de la Clínica, matrículas de la Escuela, servicios públicos oficiales con dirección, cobros municipales u otros)// 2. En los casos en los cuales el terreno está invadido, se inicia valorando a las familias que estén ubicadas en el terreno del proyecto a realizarse, previamente censadas por el INVU del cual enviará copia al MIVAH y a la Municipalidad de Heredia. //De las familias que habitan en sitio, según el censo, se dará prioridad a las que tengan al menos 10 años de habitar pública y pacíficamente en Guararí. Deben comprobar esto por los mismos medios arriba explicados.// 3. Se debe cumplir con la normativa vigente según el Reglamento para Producción de Soluciones de Vivienda de Interés Social del INVU (RPSV). Según este reglamento, para el desarrollo de un Proyecto de Viviendas de Interés Social, se utilizará a un grupo organizado, seleccionado con criterio de la Municipalidad, el MIVAH y el INVU, para ir avanzando en los procesos de contratación del diseño y la obtención de permisos del proyecto. Tal y como lo establece el Art. 27 del Reglamento para Producción de Soluciones de Vivienda de Interés Social del INVU "La Asociación o Grupo Organizado que opte por el financiamiento y/o asesoría técnica y social del INVU, para el desarrollo de un proyecto habitacional debe de estar consolidado desde el punto de vista legal y estar debidamente inscrito en el Registro de Asociaciones, con personería jurídica vigente y contar con los libros legalizados al día. Deberá aportar el INVU copias certificadas del acta constitutiva, cédula jurídica y certificación de personería jurídica, al día"// Este grupo, una vez informado por el lNVU, que será el grupo que liderará el proyecto, no podrá hacer afiliaciones de nuevas familias a su Asociación. Únicamente serán valoradas las familias que hayan pertenecido a este grupo antes del momento en que el grupo es informado por el INVU que se hará cargo del proyecto. Si el grupo falla en el acatamiento de este lineamiento, podrá ser removido del desarrollo del proyecto, por parte del INVU.// 4. No se recibirán, en ninguna institución de gobierno, listas de postulaciones de familias, de parte de ninguna asociación pro vivienda, hasta que el proyecto haya avanzado y cuente con el diseño y permisos. Esto evita que se generen expectativas que no puedan ser cumplidas, por medio del proyecto.// Una vez que se cuente con el diseño y permisos del proyecto, se conocerá la cantidad de soluciones reales que podrá albergar el proyecto. Será hasta este momento, que la Entidad Autorizada del Sistema Financiero de la Vivienda, que estará encargada del proyecto, en coordinación con la Municipalidad, recibirá de las asociaciones, las familias postuladas, de acuerdo a los criterios y procedimientos que se establecen en este documento y de acuerdo con la capacidad del proyecto.//5. Se permitirá que cada grupo, de los grupos organizados que habitan en Guararí que cumplan con el RPSV, que hayan presentado interés en el proyecto, por medio de notas recibidas en el INVU antes del otorgamiento del permiso municipal, postulen una pequeña lista de 10 postulantes principales y 10 postulantes suplentes.// Estas familias, igualmente deberán tener al menos 10 años de habitar pública y pacíficamente en Guararí y comprobarlo por los medios ya mencionados.// 6. Los grupos deberán postular a las familias más necesitadas, de forma priorizada, colocando de primeras las que consideran requieren primero de una solución de vivienda.// Esta información será corroborada por medio de las herramientas de información social, con las que cuenta el Estado.// Los grupos deberán prestar especial consideración a familias, en extrema necesidad, cuyos ingresos sean iguales o menores al estrato 1.5, o de poblaciones más vulnerables, como adultos mayores, con miembros con discapacidad, jefeadas por una sola persona o familias con mayor número de miembros.// Se aclara, a los grupos pro-vivienda, que la postulación de una familia, no implica su aceptación definitiva para el otorgamiento de un bono de vivienda, ya que esto solo será posible definirlo una vez que se conozca la cantidad de familias que puede albergar el proyecto y una vez que se califique a la familia, según la normativa del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda.// 7. La Entidad Autorizada, utilizará: a) la información del censo de familias que habitan en sitio por más de 10 años, b) las listas de familias postulantes que reciba de las asociaciones, c) la capacidad real de soluciones de vivienda del proyecto y d) los criterios aquí establecidos, para formar la lista total preliminar del proyecto, e iniciar el proceso de calificación final de familias y chequeo de los requisitos// De acuerdo con la normativa vigente, la Entidad Autorizada a cargo del proyecto, deberá utilizar el Sistema Nacional de Información Social (SINAIS), para llevar a cabo sus análisis sociales y determinación de población más vulnerable, entre en las familias que habitan en el sitio y las postulaciones que se lleven a cabo por los grupos.// Los dirigentes de la asociación o grupo pro-vivienda, a los que se les demuestre, por medios judiciales, que están llevando a cabo cobros indebidos, serán separados del proceso de postulación de beneficiarios. En dichos casos y para que las familias no sean castigadas por las faltas de la dirigencia, la Municipalidad asumirá el proceso de postulación de las familias, para ese sector. (Se recuerda que el Artículo 113 del Reglamento de Operaciones del SFNV prohíbe el cobro de las asociaciones a sus asociados por la participación en el respectivo proyecto)// 9. Igualmente, las familias a las que se les compruebe que han presentado información falsa u ocultado información sobre su núcleo familiar, ingresos u otra información relevante, podrán ser descalificadas del proceso (según Artículo 58 de la Ley 7052 del SFNV).//10. La familia, para ser beneficiaria final del proyecto, deberá brindar al SFNV y a la Municipalidad, la autorización para que se haga la demolición del rancho que habita, para que el mismo no sea re-invadido, vendido o rentado a otra familia. De esta forma se promueve que el Estado avance en su política de erradicación de precarios. La demolición será coordinada por la Municipalidad.// 11. Las familias, que reciban el beneficio del bono familiar de vivienda y su solución de vivienda y que hagan mal uso de su vivienda, cambiando su uso a otro diferente al que le fue definido como vivienda, que la intenten vender o alquilar dentro del plazo de 10 años de restricción que establece la ley o que le construyan en el lote alguna obra, sin los debidos permisos de construcción, se exponen a los procedimientos que establece la Ley 7052, incluyendo la potencial pérdida del beneficio del bono y se exponen a tener que reintegrar el bono al Estado costarricense, según establezca la normativa vigente.//5. Calificación final de las familias beneficiarias de los proyectos// Posteriormente a que se apliquen los criterios de priorización, le corresponderá a la Entidad Autorizada, aplicando el Artículo 5 del Reglamento de Operaciones del SFNV, hacer la revisión del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, los cuales son, en resumen: • Constituir un núcleo familiar// • No tener vivienda propia o bien que la vivienda propia requiera reparaciones, mejoras o conclusión de obra// • Ser costarricense o tener residencia legal en el país// • No haber recibido bono en el pasado// • Tener un ingreso familiar mensual no superior a cuatro veces el salario mínimo.// • Cumplir con los demás requisitos que para el programa específico se soliciten.// (...) La calificación final de la familia es actividad exclusiva de la Entidad Autorizada. Las familias, para ser sujeto del Bono Familiar de la Vivienda, tendrán que cumplir los demás requisitos que la Ley 7052 y reglamentos indican." Ello conforme certificación emitida por la Secretaria Presidencia Ejecutiva del INVU, Alejandra Chinchilla Castro, de las nueve horas del 26 de mayo de 2014.- (Expediente virtual, imágenes 310-317).-
  • 9)Por memorando P-057-2014 de fecha 30 de mayo de 2014, remitido al ingeniero Luis Gustavo Lobo Vargas, de Proyectos Habitacionales del INVU, y emitido por el Bach. Jaime A. Rodríguez Sánchez de Planificación Institucional, ello en relación a la "Entrega de expedientes de Proyectos de Vivienda de Interés Social y reseña del estado actual del componente social para cada uno de los mismos", en relación a los listados de expedientes según nombre de la o el representante del grupo familiar para cada uno de los proyectos, de los cuales se hará una breve referencia sobre la situación actual del componente social, en relación al caso concreto, en lo conducente se dispuso: "(...) Proyecto El Faro: // Este proyecto presenta una situación conflictiva a raíz de que la Junta Directiva de la Asociación Provivienda Las Orquídeas, encargada de promover el proyecto dejó fuera de la lista de familias potenciales beneficiarias a algunas de las asentadas en el sitio donde se tiene prevista la construcción de la vivienda, esto motivó el que las familias afectadas interpusieran procesos judiciales en contra del INVU y de la presidenta del grupo organizado; ésta situación ha provocado que el BANHVI no haya concretado la aprobación del financiamiento.// A continuación se enlistan los expedientes correspondientes a la lista de familias beneficiadas aportada por el grupo organizado (...)// En vista de la problemática suscitada, como iniciativa de la Dirección del Área de Vivienda de Interés Social, se conformó un equipo de Trabajo Social que se encargó de realizar visitas domiciliares a aquellas familias que según un censo realizado en el año 2010 vivían en el asentamiento y que no fueron incluidas por la asociación en el listado de familias potenciales beneficiarias, así como a aquellas que figuran en dicho listado pero que según censo 2010 no vivían en el lugar, por lo que como parte de los expedientes también se le entregan los que se lograron conformar gracias a ésta intervención, mismos que a continuación se enlistan:

N° RANCHO NOMBRE CÉDULA OBSERVACIONES (....)

9 Salazar Salazar María Mayela 155805033203 No aportaron documentos (...)" (I, 330-351).- B) DE LA PRUEBA TESTIMONIAL:

  • 10)Testimonio del señor Jaime Rodríguez Sánchez, cédula 1-1172-0369, luego de advertido y juramentado manifestó decir verdad; en lo conducente, indicó que es licenciado en Trabajo Social, y labora en la Unidad de Proyectos Habitacionales del INVU, desde hace diez años. Tiene contacto con la comunidad desde hace diez años y él fue el que aplicó el censo y en esa oportunidad sí la conoció. El censo es una técnica de investigación con la cual se pretende caracterizar la población que se pretende atender con el proyecto habitacional y este responda a las características de la población y de sus particularidades. En los dos primeros censor realizados la demandante vivía en el área. En el último no se generó registro de que ella estuviera viviendo en el sitio. En el último censo, resultó que varias familias que aunque vivían ahí, no quisieron ser censadas. Yo en ese censo realicé labores de coordinación y me correspondía consolidar la información que los diferentes profesionales generaron con los insumos obtenidos.

En la última lista la señora no aparece; en el último censo realizado. Cuando se efectúa un censo se les informa el propósito del mismo, y que es con el objetivo de formular un proyecto y generar el financiamiento para obtener una solución de vivienda. Negó que sea costumbre del INVU amenazar con desalojos. A ninguna familia se le puede decir que va a quedar por fuera de un proyecto, ya que se debe avanzar a etapas posteriores del proyecto y tener más a profundidad las condiciones de la Ley 7052 que tienen establecidos los requisitos y no es un censo en donde se puede descartar a las personas de los proyectos. La normativa tiene establecidas ciertas condiciones y éstas pueden quedar por fuera si incumplen con los requisitos, como por ejemplo si tienen otros inmuebles, ó los ingresos exceden el monto correspondiente. En este caso, no se ha llegado a la etapa avanzada del proyecto. Precisó que el censo es para saber quienes viven en el sitio y sus condiciones.

Al principio sí participó una Asociación de Pro Vivienda que existe en el asentamiento. No existió una promesa de que se quedarán en el lugar. Precisó no conocer las motivaciones por las cuales las familias se negaron al censo. Manifestó que ellos comunican a las Asociaciones las actividades y desconoce si todos son parte de la Asociación. Que si hay personas que no son parte de la Asociación y cumplen las condiciones se les atiende su gestión. Se dio por finalizada el interrogatorio. (Escúchese la audiencia de juicio oral y pública).- 11) Robert Garita Hernández, cédula 4-140-379, luego de advertido y juramentado manifestó decir la verdad. En lo conducente indicó, que él es Ingeniero Civil y labora en la Unidad de Proyectos Habitacionales del INVU. Que conoce a la demandante, en el sitio que ella está habitando, al realizar los censos. Manifestó que él es el encargado del proyecto "El Faro", que se encuentra en Guararí de Heredia.

El terreno corresponde a una segregación de unos cuatro a cinco mil metros en donde se tiene estimado beneficiar mediante un condominio vertical, dada la escasez de terrenos y la gran cantidad de personas que requieren una solución habitacional, entonces se le daría solución a unas setenta y cinco familias. No se ha realizado la propuesta al BANHVI, debido a los reclamos por parte de las familias. Cuando se hace el censo se les indica que ellos son potenciales beneficiarios de ser atendidos, y que luego se les tiene que hacer una calificación y ellos conocen que tienen que calificar para entrar al proyecto. La función mía ha sido como elaborar un croquis y la parte del censo en sí, la hace un especialista en trabajo social. En relación a la renuencia a ser censadas, indicó que desconoce las razones, ya que la función de él es ayudar a ubicar a los compañeros de trabajo social. Negó que en el sitio se haya dado movimiento de tierra.

Que él conoció una Asociación denominada Las Orquídeas que coordinaba con la institución. Que las personas conocen que el terreno necesita formalizarse para poder segregarse y darles su lote o casa y ellos conocen que viven de manera irregular en el terreno. La jueza Alexandra Zúñiga Mora, consultó sobre el desarrollo vertical y si no fuera así cuantas se pudieran beneficiar, si fuera horizontal. Si se hace horizontal sería como para cuarenta y cuatro familias y en el censo se contabilizaron cincuenta y ocho. Si se hace vertical, más bien sobraría espacio para más familias. Actualmente, hay como treinta y dos lotes informales, que no tienen plano ni escritura. Los lotes en promedio andan entre 130 a 150 m2. En relación al lote de la demandante indicó que anda por unos 120 m2. En relación a las construcciones indicó que varía, hay unas mejores que otras. El juez Canales consultó sobre la historia del lugar.

Manifestó que está por el Almacén El Rey. Ubicó el lugar. Eso pertenecía a una finca madre del INVU, significa que se adquirió hace bastantes años y entiende que ellos ingresaron cuando ya era una finca del INVU. Eso es lo que conozco. Cuando yo conocí el sector la finca era parte de la finca madre del INVU y las familias ya estaban asentadas ahí. El primer censo del año 2010 ella estaba ahí, antes de eso no hay censo que corrobore. El Juez Alonso Soto, le consultó sobre la Asociación Las Orquídeas y sí había realizado una sugerencia de posibles beneficiarios y desconoce si ella estaba ahí. La lista es sobre potenciales beneficiarios, se les hace revisión, pero hasta que no se le formalice siguen siendo potenciales beneficiarios y eso lo hace el INVU cuando está efectuada la construcción y se entrega a la Municipalidad. El procedimiento es así, si hay una finca, se debe llegar hasta permisos de construcción, se hacen estudios preliminares, de uso de suelo, la Municipalidad esté de acuerdo con el tipo de construcción, se obtiene el visto bueno de AYA, de SETENA, permisos de la Municipalidad que pasan por el Ministerio de Salud, Bomberos y se pide al Banco Hipotecario de la Vivienda financiamiento para hacer el proyecto.

El INVU entra como entidad, como las mutuales, los bancos, el INVU entra como entidad autorizada y la ley del Banhvi, que dice que en estos casos lo que se da es solución completa, se le da el bono de gratis, la vivienda de gratis, y lo que se hace por ejemplo es que el BANVHI paga la infraestructura y la vivienda, y al INVU se le reconoce el pago del terreno. Negó que a la demandante se le haya dado algún documento que le haya otorgado la vivienda. Precisó que ha sido por mera tolerancia. Manifestó que le parece que la vivienda de la demandante era prefabricada. Se dio por finalizada la participación del testigo. (Escúchese la audiencia de juicio oral y pública).- IV) HECHOS NO PROBADOS:

  • 1)Se haya preadjudicado a la demandante por parte del INVU un lote dentro de la propiedad inscrita en la provincia de Heredia bajo el folio real matrícula N° 233264-000.- Véase que la propia demandante es escrito indicó que no tiene el documento. (Los autos I, 71-72 y 86-89).
  • 2)La Asociación pro vivienda Las Orquídeas, haya excluido a la demandante, de sus reuniones. (Los autos) 3) La demandante haya sido descalificada por el INVU o el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).- (Los autos).
  • 4)El tiempo que ha ocupado la demandante el inmueble en cuestión.- (Los autos).
  • 5)El pago de impuestos, y servicios públicos estén a nombre de la demandante. (Los autos).
  • 6)La fotografía de una vivienda aportada a los autos, esté circunstanciada en tiempo, modo y lugar, y determine por sí sola, su propietario. (Los autos).
  • 7)Exista un oficio C-PEP-627-2012 de fecha 6 de noviembre de 2012. (Los autos).
  • V)ALEGATOS DE LAS PARTES: DE LA ACTORA: La demandante indicó que ocupa de manera irregular una propiedad del INVU desde el año 1996, en donde se desarrollará el proyecto "El Faro". Que por oficio C-PEP-620-2012, el INVU le previno desalojar y demoler la estructura. Manifestó que esos terrenos fueron preadjudicados a diferentes ocupantes en su momento. Que el INVU ha censado la zona, en al menos tres ocasiones, por lo que conoce la situación de los ocupantes de la finca inscrita en la provincia de Heredia matrícula N° 233264-000. Precisó que el INVU no ha fijado el monto, el plazo, la mensualidad y los intereses que debían cancelarse los preadjudicatarios; omisión de sus deberes conforme lo establecen los artículos 6 y 10 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas del INVU y que ellos de manera reiterada han solicitado se les determine. Argumentó que conforme al principio general de los "actos propios", la Administración no puede volver sobre sus propios actos, (artículos 11 y 34 de nuestra Carta Magna), dejando sin efecto el acto de preadjudicación del terreno otorgado en el año 1993 sin razones legales que sustenten dicho acto.

Manifestó que por haber estado habitando el terreno preadjudicado por el INVU, no constituye una ocupante en precario, ya que con la preadjudicación se colocó a derecho y con el transcurso del tiempo además ha construido y realizado mejoras en dicho lugar para brindar una mejor calidad de vida su familia. Por otra parte, consideró que la sola preadjudicación le otorga el derecho suficiente para ocupar el terreno que le fue otorgado, pero más aún, tal derecho se lo otorga el transcurso del tiempo en que lo ha ocupado, lapso de tiempo en el que ya he adquirido un derecho posesorio y que por ende el INVU no tiene la potestad para solicitar un desalojo en su contra, al estar poseyendo completamente a derecho este terreno. Luego indicó que durante este tiempo en que ha habitado ese terreno se estableció una Asociación denominada "Asociación pro-vivienda Las Orquídeas", la cual posee la cédula jurídica número 3-002-611980, y cuya presidente es Ligia Murillo Quirós; asociación que ha estado relacionada con el desarrollo del proyecto "El Faro", la cual estableció una lista de potenciales beneficiarios del proyecto; situación que considera arbitraria ya que ello le corresponde determinarlo al INVU, el cual ha indicado que el proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad, siendo la idea fundamental beneficiar las familias que habitan el sector de manera informal, siendo tal criterio ese argumento para desalojarnos, falaz y espúreo, por lo que el acto administrativo deviene en ineficaz, toda vez que el mismo no va encaminado a satisfacer un interés público.

Indicó que la Asociación en cuestión, la excluyó de sus reuniones, viéndose violentado el derecho al debido proceso, conforme al artículo 308 de la LGAP.- ALEGATO DEL INVU.- La representación del INVU, durante la audiencia de juicio indicó que la demandante ha manifestado que ella tiene derecho a solicitar el título de propiedad en una finca que es propiedad del INVU, que se denomina el Faro y que corresponde a la finca inscrita en la provincia de Heredia matrícula N°4- 233264-000 y que corresponde al plano catastrado H-1517125-2011, que está admitido como prueba y señaló que la demandante es una ocupante irregular de esta finca cuyo destino es para soluciones de vivienda y con esa finalidad fue que el INVU la adquirió en la ciudad de Heredia, siendo una finca invadida por muchas personas. La señora actora arguye que ella tiene más de diez años de poseer, pública, pacífica y a título de propietaria, pero el INVU, la tiene inscrita a su nombre y ha realizado actos para la solución de vivienda, según artículos 4 y 5 de la Ley N° 1788 y que el INVU acudió a expropiar para dedicarlas a la solución de vivienda, conforme al Reglamento como a la Legislación Nacional de Vivienda, indicó que esta resultó ser una possedora en precario y creyendo que por poseer más de diez años lo ha usucapido a su favor, sin embargo, por ser un bien del INVU, no es susceptible de prescripción positiva.

Reiteró que el INVU adquirió el inmueble para solución de vivienda, sin embargo, el bien a sido objeto de una invasión múltiple en donde el INVU tiene una solución de vivienda planificada y con financiación del Banco Hipotecario de la Vivienda. Que la aquí actora se ha negado a realizar censos, estudios de ingresos, toda vez que el INVU tiene como objeto terminar el proyecto y darle solución a los ocupantes conforme la Reglamentación y en el mayor número posible. Que en este caso, la demandante pretende a su antojo un bien un un área mayor a doscientos metros cuadrados y con las medidas implementadas por esta ha impedido la continuación de la solución de vivienda para un mayor número de personas. En este caso, el INVU interpuso la excepción de falta de derecho toda vez que se encuentra inscrita a nombre de la institución para dar solución al mayor número de personas, según el cumplimiento de requisitos y en este caso, la demandante se ha negado a brindar información al INVU y con su actitud de mala fe, ha obstaculizado la solución de más personas a una solución de vivienda, acorde a sus ingresos y conforme a la planificación urbana en la ciudad de Heredia; precisando que el bien es de dominio público, imprescriptible e inalienable, no siendo susceptible de ser usucapido por la demandante.

En su escrito de contestación manifestó que el INVU es dueño de la Finca MADRE inscrita a Folio Real Matricula Número 4- 00077006B-000; que se adquirió mediante escritura número setenta y cinco de las quince horas de día veintisiete de setiembre del año mil novecientos ochenta y tres ante el Notario Manuel Solano Avendaño, luego de un proceso de expropiación, consignándose en lo conducente: "FIN: finca destinada a un programa de vivienda de bajo costo".- Que el INVU ha desarrollado varios Proyectos de Vivienda en la zona, habiendo realizado segregaciones de la finca madre con tal propósito, entre ellas la finca inscrita a Folio Real Matricula Número 4-00233988-000, plano catastrado Número H-1594537-2012, conocida como la Finca "EL FORTÍN", inscrita a nombre del INVU y la Folio Real Matrícula Número 4-233264-000, plano catastrado Número H-1517125-2011; conocida como la Finca "EL FARO." inscrita a nombre de I.N.V.U., siendo que esta última está siendo atendida por un grupo organizado denominado "Asociación Pro Vivienda Las Orquídeas" de conformidad con el Reglamento para la Producción de Soluciones de Vivienda de Interés Social, Normativa de orden Interno que aplica para Grupos Organizados, se atenderá el problema habitacional de 44 familias las que deberán ajustarse a las disposiciones de orden administrativo social y legal para ser sujetos del beneficio de conformidad con la Ley Orgánica de la Institución; Ley No 1788, del 24 de agosto de 1954; como las disposiciones del Banco Hipotecario de la Vivienda y su Ley denominada "LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA, - ARTÍCULO 59- al que se le ha (denominado "CONJUNTO RESIDENCIAL EL FARO", el cual, cumplido con los requisitos de orden legal en su momento el proyecto a desarrollar se remitirá al Banco Hipotecario de la Vivienda por parte del I.N.V.U, en su papel de entidad autorizada, la que en definitiva aprobará o no el proyecto de vivienda, de conformidad con la "Ley N° 7052, y la Ley N° 7208 y sus reformas.

Así, en cuanto al desarrollo del proyecto denominado "El Faro" precisó que en el año 2012 fue censado, arrojando una población de 179 personas, donde sólo es viable atender en la zona a 44 familias por las características del desarrollo del proyecto, del terreno, pero sobre todo por las condiciones de orden social y legal a que cada grupo familiar debe ajustarse conforme al principio de legalidad. Por otra parte en cuanto a lo manifestado por la parte actora, en concreto, señaló la representación del INVU que la demandante reconoce su situación irregular e ilegal de invasión de un terreno propiedad del INVU, sin que haya aportado documento idóneo en que acredite que el INVU le autorizó a ella a ingresar a la propiedad; siendo una poseedora ilegal en un lote cuya titularidad le corresponde al INVU, y como tal corresponde a un bien demanial, sujeto a un fin específico conforme su adquisición, y por ende no susceptible de usucapión e inalienable; sólo siendo posible usarlo conforme a las disposiciones de la normativa vigente.

Negó que el INVU haya sido omiso. Reiteró que en este caso no existe con la actora una situación jurídica consolidada, precisando que en este caso lo que existe es una ocupación irregular de un bien público y por ende bien demanial a nombre del INVU, sin que haya acreditado conforme le corresponde que el INVU, le otorgó una preadjudicación a su nombre, siendo que el documento que presentó se encuentra a nombre de otra persona de quien acciona. Precisó que la actora habita irregularmente el sector donde el INVU está promoviendo el proyecto habitacional denominado "El FARO" y que corresponde a la finca propiedad del INVU Folio Real matrícula N° 4-233264-000, plano catastrado N° H-1517125-2011. Manifestó que el INVU tiene la costumbre institucional es desarrollar dichos proyectos en coordinación con la asociación de vivienda que representa a los potenciales beneficiarios, los cuales en la mayoría de los casos superan en cantidad a las soluciones que se pueden construir en el lugar ya que ello facilita la determinación preliminar de los potenciales beneficiarios del proyecto de manera que se pueda garantizar que los ocupantes de nuestros terrenos tengan la opción por optar por una solución habitacional en el lugar; situación que de ninguna manera constituye una garantía de que con seguridad, la totalidad de la lista aportada por la asociación será beneficiada con una solución en los proyectos que desarrollamos; esto por cuanto las familias deben cumplir con los requisitos establecidos por la normativa aplicable en la Institución y por la Ley del Sistema Financiero Nacional Para la Vivienda, respecto a los beneficios del bono.

En ese contexto, indicó que el INVU ha estado trabajando de forma conjunta con la Asociación de Vivienda Las Orquídeas, quienes han aportado la lista de ocupantes y potenciales beneficiarios del proyecto y se encuentran preparando la documentación necesaria para que la Institución pueda someter ante el Banco Hipotecario de la Vivienda la financiación del proyecto habitacional El Faro y dado que desde el punto de vista operativo y seguridad de los ocupantes en el proceso constructivo y especialmente al efectuarse el movimiento de tierra para la construcción de las obras constructivas, se requiere la desocupación de los terrenos motivo por el cual se les ha notificado en ese sentido, se les abre el expediente y en caso de no ser susceptibles de una solución habitacional en algún otro lugar, en donde la institución realice otro proyecto. En conclusiones el representante del INVU indicó que mediante escritura pública N° 75 otorganda ante el Notario Público Manfred Solano Avendaño otorgada a las quince horas del 27 de setiembre de 1973 y con ocasión a diligencias de expropiación el INVU compró la finca N°77006-B-000 con una medida de más de setenta y cinco mil metros cuadrados, de la cual en el año 2012 se segregaron dos fincas que son la N° 770006-B-000 y la 4-233264-000 siendo en esta última como se ha indicado en donde se ubica el proyecto "El Faro" y en donde está la vivienda que pretende usucapir la demandante.

La finca fue adquirida para soluciones de vivienda y por la tanto se constituye en un bien demanial, señalando que la ley de creación del INVU, establece entre sus fines el dar una solución de vivienda a las familias que lo merecen, en todo el territorio nacional, pero los beneficiarios bajo el principio de legalidad deben cumplir con los requisitos para cumplir como beneficiario; no siendo posible que las personas puedan usucapir bienes del INVU que son imprescriptibles e inalienables. Para ser beneficiario debe cumplir con los requisitos de ley, de tal forma que no reciba un incremento patrimonial. En este caso, los ocupantes conocían que deben cumplir con los requisitos para ser determinados como beneficiarios. En el caso de "El Faro", el INVU ha estado trabajando en una solución de setenta y cinco soluciones, en donde hasta la demandante se vería beneficiaria. En este caso, los personeros del INVU han sido claros, pero sí me consta que se les ha explicado que sería una solución vertical, pero el Tico es reacio ha este tipo de soluciones verticales.

Que esta finca en el Faro, 2-233264-000 fue segregada para realizar una solución de vivienda horizontal. En este caso está demostrado el interés público y que el INVU ejerce los atributos de la propiedad y como entidad pública y conforme al voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N° 794-2006 que establece con base en el Código Civil, todo terreno que esté en propiedad es imprescriptible. En este caso, no existe certeza desde la fecha de la ocupación, pero es un bien imprescriptible e inalienable. Por todo lo anterior, solicitó declarar sin lugar la demanda, acoger las excepciones y dado que la posesión de mala fe no puede ser indemnizada de manera alguna, toda vez que ella sabía que la propiedad era del INVU e hizo la construcción bajo su propio riesgo sabiendo que construía en cosa ajena. Además, solicito se levante la medida cautelar que está afectando a los intereses de muchas personas en beneficio de una sola, siendo imposible usucapir el inmueble en cuestión.

  • VI)DEL OBJETO DEL PROCESO: Conforme a lo pretendido por los demandantes -sin perjuicio de la literalidad de lo solicitado- se tienen que este proceso busca fundamentalmente, se declare disconforme la conducta administrativa de la entidad demandada y que el INVU, le determine el monto a pagar, mensualidades intereses para poder cancelar su obligación en relación al terreno ocupado y se le otorgue el derecho de propiedad, en razón de haber poseído por más de 10 años, en forma quieta, pública, pacífica, a título de dueña y es parte de la finca inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad, Provincia de Heredia, matrícula 233264-000 propiedad del INVU, ordenándose al Registro Público la inscripción correspondiente, o de forma subsidiaria, en caso de que no se le otorgue la propiedad, se declare la condición de beneficiaria y adjudicataria en el proyecto de vivienda el Faro y en virtud de ello se me confiere el derecho de propiedad que he venido poseyendo por más de 10 años en en forma quieta, pública, pacífica, a título de dueña y es parte de la finca inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad, Provincia de Heredia, matrícula 233264-000 propiedad del INVU y que se ordena al registro Público la inscripción a mi nombre del indicado lote.
  • VII)DEL DERECHO A VIVIENDA Y EL OBJETIVO DEL INVU, CONFORME A SU LEY ORGÁNICA.- En tesis de principio, el Derecho a la vivienda, regulado a nivel internacional bajo la égida de la "Declaración Universal de Derechos Humanos", adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, dispone: "Artículo 25.//1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.// 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.".- En igual sentido, nuestra Carta Fundamental, en lo conducente dispone: "ARTÍCULO 65.- El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador.".- Fue así, que se desarrolló a nivel legislativo, este derecho fundamental a la vivienda, mediante la creación del INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, por Ley N° 1788 de 24 de agosto de 1954, que tiene entre sus fines (art. 4) "a) Orientar sus actividades con miras a obtener un mayor bienestar económico y social, procurando a la familia costarricense una mejor habitación y los elementos conexos correspondientes; b) Planear el desarrollo y el crecimiento de las ciudades y de los otros centros menores, con el fin de promover el mejor uso de la tierra, localizar las áreas públicas para servicios comunales, establecer sistemas funcionales de calles y formular planes de inversión en obras de uso público, para satisfacer las necesidades consiguientes; c) Proporcionar a las familias costarricense que carezcan de alojamiento adecuado y, en las condiciones normales, de los medios necesarios para obtenerlo con sus propios recursos, la posibilidad de ocupar en propiedad o en arrendamiento, una vivienda que reúna los requisitos indispensables a efecto de facilitar el desarrollo y conservación de la salud física y mental de sus moradores.

De manera preferente, deberá atenderse el problema de la clase de más bajos recursos de la colectividad, tanto en las ciudades como en el campo; ch) Promover y efectuar estudios e investigaciones sobre todos los aspectos de vivienda y urbanismo para los fines que persigue el Instituto, procurando la mayor divulgación de sus resultados, a fin de señalar las orientaciones convenientes para el país en estos campos; d) Desarrollar sus planes y programas debidamente coordinados en sus diferentes etapas de investigación socio-económica, de planeamiento y de construcción, así como en las actividades educativas y asistenciales que exija la administración de los mismos; e) Asesorar a los organismos del Estado y demás Instituciones Públicas y coordinar las iniciativas públicas en asuntos de vivienda y urbanización, cuando así se solicite; y f) Adecuar sus planes y estudios a los programas nacionales de desarrollo económico y social, sometiéndolos a la aprobación del Ministerio de Salubridad Pública en sus aspectos sanitarios.".

Por otra, parte tenemos que este Instituto, en ejercicio de sus competencias, le corresponde desarrollar las siguientes atribuciones esenciales, ello conforme al artículo 5 de la citada normativa, a saber: "a) (...) b) Formular planes generales para la construcción e higienización de viviendas o de unidades vecinales; o para la formulación de urbanizaciones, atendiendo a las necesidades, a la gravedad y a la urgencia que presente el problema de la vivienda rural o urbana, en los diversos lugares del país y a las exigencias del urbanismo.// Los programas a que se refiere este inciso se ejecutarán primeramente en aquellos cantones en que, de acuerdo con los datos suministrados por la Dirección General de Estadística y Censos, haya más necesidad de viviendas, tomando en cuenta la cantidad de éstas que, por su mal estado, sea necesario renovar y la urgencia de casas para alojar nuevas familias, conforme a la intensidad de crecimiento de cada población;// c) Construir viviendas higiénicas, de tipo individual o colectivo, al alcance de familias de escasos recursos económicos, a base de programas de conjunto y aun individuales, que tiendan al ordenamiento de zonas de vivienda; // ch) Eliminar gradualmente de las áreas urbanas las construcciones y viviendas insalubres o peligrosas, mediante planes adecuados de reconstrucción o de readaptación de la mismas, que el Instituto elaborará dentro de las mejores normas de seguridad para sus inversiones, tomando en cuenta, desde luego, el aspecto social que el problema presente. // (...) d) Fomentar la construcción, higienización, reparación o ampliación de viviendas y estimular la ejecución de obras de urbanización y saneamiento urbano por parte de personas o entidades privadas o pública, siempre que se ajusten a las normas técnicas que dicte el Instituto; e) Ejecutar, dentro de sus programas de construcción de viviendas, las obras de urbanización y saneamiento urbano.

Y construir los centros para los servicios comunales necesarios; f) Promover la coordinación de las actividades relativa a viviendas y urbanismo de todas las dependencias del Estado y sus Instituciones y Corporaciones autónomas que se ocupen de estos asuntos; g) (...) h) Arrendar, vender, permutar, gravar y administrar las viviendas, centros de servicio comunal que adquiera o construya, así como los demás bienes de su propiedad; i) Conceder préstamos en efectivo o en materiales, con garantía hipotecaria, para la construcción, reconstrucción, ampliación o higienización de urbanización, barrios o viviendas urbanas o rurales, dentro de las normas reglamentarias que aseguren su positivo beneficio para la comunidad, de acuerdo con los fines que persigue esta ley. (...) j) Establecer un sistema de financiación de viviendas con garantía de pólizas del Instituto Nacional de Seguros, la Sociedad de Seguros de Magisterio Nacional o la Caja Costarricense de Seguro Social, que garanticen la cancelación total de la hipoteca en caso de fallecimiento del adquirente y, como consecuencia, la posesión inmediata de la vivienda libre de gravámenes para el cónyuge o los otros deudos.

Las mencionadas Instituciones podrán invertir parte de sus reservas para financiar a sus asegurados en la construcción de viviendas mediante adelantos al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo;// (...) n) Adquirir, conforme al derecho común o mediante expropiación, de acuerdo con la ley correspondiente, bienes muebles o inmuebles. Las expropiaciones las decretará el Poder Ejecutivo ante gestión expresa y motivada del Instituto y determinado las necesidades y condiciones de las mismas. //Fuera de los determinados en las leyes vigentes, son motivo de utilidad pública o interés social para decretar la expropiación; la necesidad de efectuar obras de crecimiento o ensanche de ciudades o conglomerados urbanos; de seguridad; de saneamiento; de ornato; de embellecimiento; de construcción o modernización de barrios; de apertura o ampliación de calles, plazas, parques y jardines públicos;// (...)".

Además, el artículo 41 de esta Ley Orgánica del INVU, dispone en su artículo 41, que: "Las viviendas construidas por el Instituto con fondos provenientes de la contribución estatal, sólo podrán adjudicarse a quienes sean Jefes de familia o tengan a su cargo el sostenimiento de personas que de hecho constituyan una familia y carezcan de recursos suficientes para construir su casa de habitación.// (...) En los reglamentos se fijarán los requisitos y condiciones bajo los cuales han de hacerse las adjudicaciones y préstamos.".- (Legislación obtenida del SINALEVI), siendo el subrayado y destacado en negrita nuestro).- Por otra parte, también nuestra legislación ha tutelado bajo la Ley N° 7052, -normativa especial- denominada: "Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda)" de fecha 13 de noviembre de 1986, que -el BANHVI- constituye una entidad de interés público, que tiene como objetivo principal, el ahorro y la inversión nacional y extranjera, con el fin de recaudar recursos financieros para procurar la solución del problema habitacional existente en el país, incluido el aspecto de los servicios (art. 1), siendo que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el cual está integrado por el Banco Hipotecario de la Vivienda, como ente rector, y por las entidades autorizadas previstas por ley, (art. 2), dentro de las cuales, están las instituciones y entes públicos y privados autorizados por el Banco para operar dentro del Sistema, y las mutuales.

(art. 3, inciso c).- Conforme lo prevé el artículo 59 de esta última normativa, las familias que entre sus miembros cuenten con una o más personas con discapacidad total y permanente, y cuyos ingresos sean iguales o inferiores a un salario y medio mínimo de un obrero no especializado de la industria de la construcción, y las que no tengan vivienda propia, o teniéndola, requieran repararla o mejorarla, tendrán derecho a recibir un bono familiar y medio, a fin de compensar esta disminución. Será, así como previa autorización debidamente motivada de la Junta Directiva, con fundamento en el estudio técnico correspondiente, en cada caso, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) podrá destinar hasta un cuarenta por ciento (40%) de los ingresos anuales del Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), para subsidiar, mediante las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, la adquisición, segregación, adjudicación de terrenos, obras de urbanización, mejoras, construcción de viviendas, en caso de proyectos individuales o colectivos de erradicación de tugurios y asentamientos en precario, localizados en zonas rurales o urbanas, para las familias cuyos ingresos sean iguales o inferiores a un salario mínimo y medio de un obrero no especializado de la industria de la construcción o que hayan sido declarados en estado de emergencia.

Regula también esta normativa que el Banhvi establecerá las condiciones y los mecanismos para otorgar este subsidio y deberá permitir, finalmente, la individualización de los subsidios y el costo de administración de este tipo de programas, en donde la Junta Directiva podrá destinar parte de esos recursos en la realización de proyectos de construcción de vivienda, para lograr la participación de interesados debidamente organizados en cooperativas, asociaciones específicas, asociaciones de desarrollo o asociaciones solidaristas, así como para atender problemas de vivienda ocasionados por situaciones de emergencia o extrema necesidad. Esta legislación, ha sido reglamentada mediante el denominado "Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para Vivienda, que en su artículo 5 dispone: "Elegibilidad. Para ser elegible al Bono o a los demás subsidios se deberán reunir los siguientes requisitos://a) Constituir una familia, según la definición contenida en este Reglamento.// b) No tener vivienda propia, sin perjuicio de las excepciones previstas en el presente reglamento, o bien que la vivienda propia requiera reparaciones, mejoras o conclusión de obra. según las presentes normas.

El traspaso simulado de una propiedad con el fin de evadir este requisito será tenido como causal para resolver las donaciones recibidas y para hacer exigibles los créditos recibidos, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que procedan.//c) Tener un ingreso familiar mensual no superior a cuatro veces el salario mínimo.//d) Cumplir con los demás requisitos que para el programa específico se soliciten, o se ameriten exigir de acuerdo con la naturaleza del caso.".- Además, regula los procedimientos y demás requisitos para la obtención del subsidio correspondiente; sobre lo cual, es decir, en cuanto -al otorgamiento de bonos de vivienda, y ayudas que brinda el Estado, mediante sus instituciones-, es importante considerar lo ya indicado por la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la resolución No. 2016-418 de las 09:30 horas del 15 de enero de 2016, en donde concluyó que: "V.

(...) En relación al otorgamiento, subsidios o ayudas que brinda el Estado a las poblaciones vulnerables, cabe señalar que no existe un derecho exigible ante autoridades recurridas de recibir un bono de vivienda, sino que, el otorgamiento de dicho beneficio esta sujeto a diversos requisitos y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentra la solicitud formal de un bono ante una entidad autorizada y el cumplimiento de otras exigencias individuales como son no haber recibido con anterioridad el bono de vivienda, no tener propiedades inscritas a su nombre, tener un estatus migratorio regular, entre otros. Por ello, este Tribunal expresó en la resolución 1415-1999 de las 9: 00 horas del 26 de febrero de 1999, que el bono de vivienda: "se trata de un beneficio, no un derecho, creado además por el Estado como una gama de protección a sus ciudadanos, en cumplimiento de los derechos y las garantías establecidos en la Constitución Política.

En efecto, dicho bono es una ayuda económica que otorga el Estado a familias de escasos recursos económicos, de modo que se trata de un acto de liberalidad por parte del Estado el que, en vista de que los recursos a otorgar son limitados". Resolución con la cual comulga en un todo este Tribunal.- VIII) DEL CASO CONCRETO: De los hechos probados se desprende que la demandante es vecina de Heredia, Urbanización "El Faro" donde ha ocupado y construido su vivienda en un terreno propiedad del INVU, el cual forma parte del folio real matrícula 233264-000; razón por la cual, mediante nota dirigida al señor Álvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del INVU, en fecha 9 de octubre de 2012, por un grupo de afiliados al proyecto de vivienda conocido como el Faro, le solicitaron el otorgamiento del título de propiedad sobre el terreno que ocupaban propiedad del INVU, desde hacía 19 años. En razón de esa petición, el Presidente Ejecutivo del INVU, Álvaro González Alfaro, mediante oficio PE-0278-12-2012, de fecha 5 de diciembre de 2012, le contestó a la demandante la nota de fecha 9 de octubre de 2012, indicándole lo siguiente: "Al respecto le adjunto copia del Memorando PEP-767-2012, enviado a este Despacho por el Arq. Arturo Argüello del Proceso Ejecución de Proyectos de nuestra Institución, el cual da respuesta a su nota."; en el cual, se le indicó a ella como a otras familias pertenecientes al Grupo Organizado Asociación Provivienda Las Orquídeas que están ocupando el terreno, en donde se está promoviendo el Proyecto El Faro, el cual, ciertamente es promovido por la Asociación Provivienda Las Orquídeas; la cual, entregó la lista de los potenciales beneficiarios que deberán calificar de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que determine el Banco Hipotecario de la Vivienda y el INVU como entidad autorizada del Sistema Financiero de la Vivienda por lo que no les podía conceder lo solicitado.

Luego, la demandante, mediante nota de fecha 2 de noviembre de 2012, junto con otras vecinas de Guaraní realizó consulta al señor Álvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del INVU, solicitando el otorgamiento de la propiedad en cuestión y exponiendo la problemática con los dirigentes de la Asociación Provivienda citada; misiva que fue contestada mediante el oficio C-PEP-620-2012 de fecha 06 de noviembre de 2012, por parte del Arquitecto Arturo Argüello Matamoros, del Departamento de Proceso Ejecución de Proyectos, del INVU, manifestándole que: "Por este medio me permito indicar, que se tiene comprobado que Usted ocupa de forma irregular la propiedad de INVU donde se desarrollará el Proyecto denominado "El Faro", en Guararí de Heredia, el cual consta de solo 44 soluciones habitacionales, cantidad de casas que no es suficiente para atender a todas las familias que necesitan de vivienda en el sitio.// Razón que nos obliga a efectuar la siguiente prevención para que voluntariamente Usted desaloje y demuela su estructura habitacional, la cual construyó sin autorización de este Instituto y debido a que la estructura provisional que usted habita, impide el desarrollo de las obras de infraestructura de este proyecto. // A su vez, me permito indicarle que una vez que se desaloje el terreno reporte al INVU, su nueva dirección y teléfono con el fin de incluir su nombre en lista de espera para ser considerado para un futuro proyecto de vivienda a desarrollar en finca Guararí, siempre y, cuando su caso reúna todos los requisitos establecidos por el INVU y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y exista contenido presupuestario para su ejecución.// Por lo anterior, se le concede un plazo improrrogable de 15 días hábiles para que desaloje el terreno que ocupa, caso contrario se procederá con lo que legalmente corresponde.".- Es decir, por este último oficio fue que se ordenó el desalojo de la demandante del terreno propiedad del INVU ocupado por ella y en donde se desarrollará un proyecto estructurado de vivienda digna.

Luego de ello, el INVU, en fecha 11 de marzo de 2014, por parte del entonces Presidente Ejecutivo del INVU, señor Álvaro González Alfaro, el Alcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño, el entonces Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Guido Monge Fernández y representantes de Asociaciones de Vivienda, suscribieron conjuntamente el documento denominado: "LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE POBLACIONES OBJETIVO DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA EN TERRENOS PROPIEDAD DEL INVU UBICADOS EN GUARARI DE HEREDIA" documento en donde se estableció claramente que las familias podían postularse por sus propios medios ante las autoridades autorizadas, -es decir sin necesidad de formar parte de Asociación Provivienda alguna- y que para ser merecedores del bono o subsidio correspondiente se debía cumplir con los requisitos que el ordenamiento jurídico prevé al efecto. Dicho esto, se entran a conocer las pretensiones una a una, en relación a la normativa supra citada, constituyendo los anterires considerandos motivación de lo que se resuelve.

  • IX)DE LAS PRETENSIONES DEL CASO CONCRETO: Sin perjuicio de lo ya indicado a continuación se hará un análisis de cada pretensión, de manera particularizada.

PRIMERA PRETENSIÓN: "Solicito respetuosamente se dicte las medidas cautelares de manera inmediata y prima facie que cese los efectos que se puedan generar mediante la resolución aquí impugnada para garantizar la efectividad que se adopte finalmente en el proceso.".

EL TRIBUNAL RESUELVE: La propia parte actora desistió de esta pretensión en la audiencia preliminar realizada el día 5 de setiembre de 2016, toda vez que la medida cautelar fue acogida, tal y como consta en autos.

SEGUNDA PRETENSIÓN: "Solicito se realice la declaración de disconformidad de la conducta administrativa con el ordenamiento jurídico y de todos los actos o las actuaciones conexas en relación al presente caso." EL TRIBUNAL RESUELVE: Esta pretensión es sumamente amplia, pero entiende este Tribunal, -conforme a los hechos probados y la demanda formulada- que tiene relación con la notificación recibida por la demandante en relación al desalojo del inmueble y la respuesta obtenida por parte del INVU, en cuanto la imposibilidad de otorgar el derecho de propiedad. Así, de los hechos probados tenemos que mediante nota dirigida al señor Álvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del INVU, en fecha 9 de octubre de 2012, por un grupo de afiliados al proyecto de vivienda conocido como el Faro, le solicitaron el otorgamiento del título de propiedad sobre el terreno propiedad del INVU, que ocupaban treinta y cinco familias, desde hacía 19 años.

Al respecto el Presidente Ejecutivo del INVU, Álvaro González Alfaro, mediante oficio PE-0278-12-2012, de fecha 5 de diciembre de 2012, le contestó a la demandante la nota de fecha 9 de octubre de 2012, indicándole lo siguiente: "Al respecto le adjunto copia del Memorando PEP-767-2012, enviado a este Despacho por el Arq. Arturo Argüello del Proceso Ejecución de Proyectos de nuestra Institución, el cual da respuesta a su nota.". En el memorando PEP-767-2012, de fecha 31 de octubre de 2012, reseñado supra se indicaba, lo siguiente: "Respecto a la carta recibida en la Presidencia Ejecutiva el día 9 de octubre del 2012, y a los memorandos PE-0689-10-2012 (17 octubre 2012) y PT-1310-2012 (22 octubre 2012), se le informa lo siguiente: //Las familias que presentan la carta, más otras familias que pertenecen al Grupo Organizado Asociación Provivienda Las Orquídeas ocupan el terreno donde se está promoviendo el Proyecto El Faro.

El terreno corresponde a la finca Folio Real N°4-233264-000, plano catastrado H-1517125-2011. El Proyecto es promovido por la Asociación Provivienda Las Orquídeas, Cédula Jurídica N°3-002-611980, según el Reglamento para la Producción de Soluciones de Vivienda de Interés Social.// La Asociación ha entregado al Instituto, para iniciar los trámites, toda la documentación pertinente de prefactibilidad, asimismo la lista de los potenciales beneficiarios que deberán calificar de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que determine el Banco Hipotecario de la Vivienda y el INVU como entidad autorizada del Sistema Financiero de la Vivienda y el INVU como entidad autorizada del Sistema Financiero de la Vivienda.// En esas condiciones no se les puede tramitar su solicitud, ya que este Instituto tiene planes específicos para ese terreno, como lo es la construcción del Proyecto El Faro." Esta actuación administrativa, no constituye un acto final, sino un mero acto de trámite, toda vez que como se indicó por parte del testigo, Ing. Robert Garita Hernández, funcionario del INVU, quien bajo fe de juramento manifestó que el terreno en donde habita la demandante, forma parte de una segregación que se realizó a la finca madre y que está destinado para cubrir la solución habitacional de muchas familias, que están a la espera del desarrollo del proyecto, el cual no se ha podido iniciar por la ocupación del inmueble que la demandante requiere en parte para sí.

El testigo funcionario manifestó que el procedimiento para la solución habitacional, inicia con la finca, a la cual deben obtenerse los permisos de construcción, se hacen estudios preliminares, de uso de suelo, la Municipalidad esté de acuerdo con el tipo de construcción, se obtiene el visto bueno de AYA, de SETENA, permisos de la Municipalidad que pasan por el Ministerio de Salud, Bomberos y se pide al Banco Hipotecario de la Vivienda financiamiento para hacer el proyecto. El INVU entra como entidad, como las mutuales, los bancos, el INVU; como entidad autorizada y la ley del Banhvi, que dice que en estos casos lo que se da es solución completa, se le da el bono de gratis, la vivienda de gratis, y lo que se hace por ejemplo es que el BANVHI paga la infraestructura y la vivienda, y al INVU se le reconoce el pago del terreno. El testigo negó que a la demandante se le haya dado algún documento que le haya otorgado la vivienda; precisando que ocupa por mera tolerancia.

Luego, observa esta Cámara que mediante el oficio mediante oficio C-PEP-620-2012 de fecha 06 de noviembre de 2012, el Arquitecto Arturo Argüello Matamoros, del Departamento de Proceso Ejecución de Proyectos, del INVU, le comunicó a la demandante Salazar Salazar, en lo conducente que: "Por este medio me permito indicar, que se tiene comprobado que Usted ocupa de forma irregular la propiedad de INVU donde se desarrollará el Proyecto denominado "El Faro", en Guararí de Heredia, el cual consta de solo 44 soluciones habitacionales, cantidad de casas que no es suficiente para atender a todas las familias que necesitan de vivienda en el sitio.// Razón que nos obliga a efectuar la siguiente prevención para que voluntariamente Usted desaloje y demuela su estructura habitacional, la cual construyó sin autorización de este Instituto y debido a que la estructura provisional que usted habita, impide el desarrollo de las obras de infraestructura de este proyecto. // A su vez, me permito indicarle que una vez que se desaloje el terreno reporte al INVU, su nueva dirección y teléfono con el fin de incluir su nombre en lista de espera para ser considerado para un futuro proyecto de vivienda a desarrollar en finca Guararí, siempre y, cuando su caso reúna todos los requisitos establecidos por el INVU y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y exista contenido presupuestario para su ejecución.// Por lo anterior, se le concede un plazo improrrogable de 15 días hábiles para que desaloje el terreno que ocupa, caso contrario se procederá con lo que legalmente corresponde." Al respecto, cabe indicar que este acto administrativo de trámite, toda vez que no consta que la demandante haya presentado por si misma o por medio de Asociación alguna los requisitos correspondientes para calificar como beneficiaria.

Tal y como indicaron ambos testigos, en el lugar se realizaron censos para determinar los habitantes y sus características económicas y sociales a efecto de desarrollar una solución habitacional acorde a sus necesidades. A consideración de este Tribunal y con todo el respeto que la demandante merece, se indica que la demandante, no estableció en particular ¿Cuál o cuáles de los elementos de las actuaciones atacadas ostenten un vicio en sus elementos materiales subjetivos como lo sería en cuanto a la competencia, investidura o legitimación ó materiales objetivos como: motivo, contenido y fin, ó en sus elementos constitutivos de carácter formal como el procedimiento, motivación?. De una revisión pormenorizada no determina este Tribunal que la parte actora haya cuestionado ninguno de los diversos elementos constitutivos de los actos administrativos, conforme a la Ley General de la Administración Pública, y bajo la presunción tutelada por esta normativa, en cuanto a que el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, será válido, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta -Doctrina principio conservación del acto, tutelada en el artículo 128 LGAP y 168- que en este último caso reseña que en caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio deberá estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto, siendo que el artículo 223 de la LGAP, prevé que sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento, en cuanto éstas hubieren impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión; supuestos normativos que esta Cámara no echa de menos en ninguna de las actuaciones, que podrían calificarse de mero trámite, toda vez que a la demandante no se le ha rechazado de forma alguna como beneficiaria de vivienda, por cuanto a la fecha ni siquiera ha presentado los requisitos correspondientes para valorar o ponderar si es merecedora de los mismos, ya que como indicó la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la resolución No. 2016-418 de las 09:30 horas del 15 de enero de 2016, que: "V.

(...) En relación al otorgamiento, subsidios o ayudas que brinda el Estado a las poblaciones vulnerables, cabe señalar que no existe un derecho exigible ante autoridades recurridas de recibir un bono de vivienda, sino que, el otorgamiento de dicho beneficio esta sujeto a diversos requisitos y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentra la solicitud formal de un bono ante una entidad autorizada y el cumplimiento de otras exigencias individuales como son no haber recibido con anterioridad el bono de vivienda, no tener propiedades inscritas a su nombre, tener un estatus migratorio regular, entre otros. De igual forma motiva esta Cámara el rechazo de la nulidad sobre el oficio C-PEP-620-2012 de fecha 06 de noviembre de 2012, precisando que el INVU, de conformidad con las atribuciones establecidas en su Ley N° 1788, de 24 de agosto de 1954, que tiene entre sus fines (art. 4) "a) Orientar sus actividades con miras a obtener un mayor bienestar económico y social, procurando a la familia costarricense una mejor habitación y los elementos conexos correspondientes; b) Planear el desarrollo y el crecimiento de las ciudades y de los otros centros menores, con el fin de promover el mejor uso de la tierra, localizar las áreas públicas para servicios comunales, establecer sistemas funcionales de calles y formular planes de inversión en obras de uso público, para satisfacer las necesidades consiguientes; c) Proporcionar a las familias costarricense que carezcan de alojamiento adecuado y, en las condiciones normales, de los medios necesarios para obtenerlo con sus propios recursos, la posibilidad de ocupar en propiedad o en arrendamiento, una vivienda que reúna los requisitos indispensables a efecto de facilitar el desarrollo y conservación de la salud física y mental de sus moradores.

De manera preferente, deberá atenderse el problema de la clase de más bajos recursos de la colectividad, tanto en las ciudades como en el campo; ch) Promover y efectuar estudios e investigaciones sobre todos los aspectos de vivienda y urbanismo para los fines que persigue el Instituto, procurando la mayor divulgación de sus resultados, a fin de señalar las orientaciones convenientes para el país en estos campos; d) Desarrollar sus planes y programas debidamente coordinados en sus diferentes etapas de investigación socio-económica, de planeamiento y de construcción, así como en las actividades educativas y asistenciales que exija la administración de los mismos; e) Asesorar a los organismos del Estado y demás Instituciones Públicas y coordinar las iniciativas públicas en asuntos de vivienda y urbanización, cuando así se solicite; y f) Adecuar sus planes y estudios a los programas nacionales de desarrollo económico y social, sometiéndolos a la aprobación del Ministerio de Salubridad Pública en sus aspectos sanitarios.".

Por otra, parte tenemos que este Instituto, en ejercicio de sus competencias, le corresponde desarrollar las siguientes atribuciones esenciales, ello conforme al artículo 5 de la citada normativa, a saber: "a) (...) b) Formular planes generales para la construcción e higienización de viviendas o de unidades vecinales; o para la formulación de urbanizaciones, atendiendo a las necesidades, a la gravedad y a la urgencia que presente el problema de la vivienda rural o urbana, en los diversos lugares del país y a las exigencias del urbanismo.// Los programas a que se refiere este inciso se ejecutarán primeramente en aquellos cantones en que, de acuerdo con los datos suministrados por la Dirección General de Estadística y Censos, haya más necesidad de viviendas, tomando en cuenta la cantidad de éstas que, por su mal estado, sea necesario renovar y la urgencia de casas para alojar nuevas familias, conforme a la intensidad de crecimiento de cada población;// c) Construir viviendas higiénicas, de tipo individual o colectivo, al alcance de familias de escasos recursos económicos, a base de programas de conjunto y aun individuales, que tiendan al ordenamiento de zonas de vivienda; // ch) Eliminar gradualmente de las áreas urbanas las construcciones y viviendas insalubres o peligrosas, mediante planes adecuados de reconstrucción o de readaptación de la mismas, que el Instituto elaborará dentro de las mejores normas de seguridad para sus inversiones, tomando en cuenta, desde luego, el aspecto social que el problema presente. // (...) d) Fomentar la construcción, higienización, reparación o ampliación de viviendas y estimular la ejecución de obras de urbanización y saneamiento urbano por parte de personas o entidades privadas o pública, siempre que se ajusten a las normas técnicas que dicte el Instituto; e) Ejecutar, dentro de sus programas de construcción de viviendas, las obras de urbanización y saneamiento urbano.

Y construir los centros para los servicios comunales necesarios; f) Promover la coordinación de las actividades relativa a viviendas y urbanismo de todas las dependencias del Estado y sus Instituciones y Corporaciones autónomas que se ocupen de estos asuntos; g) (...) h) Arrendar, vender, permutar, gravar y administrar las viviendas, centros de servicio comunal que adquiera o construya, así como los demás bienes de su propiedad; i) Conceder préstamos en efectivo o en materiales, con garantía hipotecaria, para la construcción, reconstrucción, ampliación o higienización de urbanización, barrios o viviendas urbanas o rurales, dentro de las normas reglamentarias que aseguren su positivo beneficio para la comunidad, de acuerdo con los fines que persigue esta ley. (...) j) Establecer un sistema de financiación de viviendas con garantía de pólizas del Instituto Nacional de Seguros, la Sociedad de Seguros de Magisterio Nacional o la Caja Costarricense de Seguro Social, que garanticen la cancelación total de la hipoteca en caso de fallecimiento del adquirente y, como consecuencia, la posesión inmediata de la vivienda libre de gravámenes para el cónyuge o los otros deudos.

Las mencionadas Instituciones podrán invertir parte de sus reservas para financiar a sus asegurados en la construcción de viviendas mediante adelantos al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo;// (...) n) Adquirir, conforme al derecho común o mediante expropiación, de acuerdo con la ley correspondiente, bienes muebles o inmuebles. Las expropiaciones las decretará el Poder Ejecutivo ante gestión expresa y motivada del Instituto y determinado las necesidades y condiciones de las mismas. //Fuera de los determinados en las leyes vigentes, son motivo de utilidad pública o interés social para decretar la expropiación; la necesidad de efectuar obras de crecimiento o ensanche de ciudades o conglomerados urbanos; de seguridad; de saneamiento; de ornato; de embellecimiento; de construcción o modernización de barrios; de apertura o ampliación de calles, plazas, parques y jardines públicos;// (...)".

De lo anterior, es claro que el INVU como institución rectora del sector vivienda, le compete formular planes generales para la construcción e higienización de viviendas o de unidades vecinales; o para la formulación de urbanizaciones, atendiendo a las necesidades, a la gravedad y a la urgencia que presente el problema de la vivienda rural o urbana, en los diversos lugares del país y a las exigencias del urbanismo. De los hechos probados, se desprende que la demandante es ocupante por mera tolerancia del inmueble pertenenciente al INVU en donde se acreditó con la prueba testimonial evacuada a los autos se pretende el desarrollo habitacional para unas 75 familias, las cuales deberán acreditar ante la Institución satisfacer los requisitos del ley y reglamentarios a fin de constituirse en adjudicatarios. Dicho esto, el desalojo cuya nulidad se rechaza, es claro que busca por parte del INVU cumplir con sus atribuciones legales y preparar el inmueble para la solución definitiva de vivienda de un grupo de familias; es decir de un iterés público mayor, al interés particular de la demandante.

Todas estas acciones dilatorias, postergan el reordenamiento habitacional en la zona e imponen la voluntad individual sobre el interés general promovido por el INVU, en satisfacer la solución de vivienda a más y más familias; consecuencia de la mera tolerancia y ocupación en precario. Por todas las motivaciones supracitadas, se tiene por rechazada esta pretensión. Se reitera la parte actora no acreditó con prueba idónea que hubiera gestionado ante las autoridades del INVU, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley del INVU y su Reglamento para ser declarada como beneficiaria de una solución de vivienda. En razón de los motivos indicados, se rechaza esta pretensión.

LA TERCERA PRETENSIÓN: "Solicito se dicte la anulación total del acto y todos los efectos que éste pueda provocar." EL TRIBUNAL RESUELVE: El Tribunal reitera la motivación dada en la pretensión anterior a esta otra. Véase que esta pretensión tiene una formulación diversa a la N° 2, pero en el fondo, consiste en lo mismo, ya que busca anular el acto -de igual forma indeterminado- y sin fundamentar sus falencias, por lo que esta Cámara rechaza esta pretensión con idéntico fundamento al supra citado para la pretensión 2.- A pesar de lo ya señalado, y sin ánimo de ser exhaustivos, se indica que del íter procedimental, aportado por la propia parte actora, se determina que el acto en cuestión es el acto en donde se ordena su desalojo de la propiedad del INVU, y que corresponde al oficio C-PEP-620-2012 de fecha 06 de noviembre de 2012, remitido por el Arquitecto Arturo Argüello Matamoros, del Departamento de Proceso Ejecución de Proyectos, del INVU, en donde le comunicó a la demandante Salazar Salazar, en lo conducente que: "Por este medio me permito indicar, que se tiene comprobado que Usted ocupa de forma irregular la propiedad de INVU donde se desarrollará el Proyecto denominado "El Faro", en Guararí de Heredia, el cual consta de solo 44 soluciones habitacionales, cantidad de casas que no es suficiente para atender a todas las familias que necesitan de vivienda en el sitio.// Razón que nos obliga a efectuar la siguiente prevención para que voluntariamente Usted desaloje y demuela su estructura habitacional, la cual construyó sin autorización de este Instituto y debido a que la estructura provisional que usted habita, impide el desarrollo de las obras de infraestructura de este proyecto. // A su vez, me permito indicarle que una vez que se desaloje el terreno reporte al INVU, su nueva dirección y teléfono con el fin de incluir su nombre en lista de espera para ser considerado para un futuro proyecto de vivienda a desarrollar en finca Guararí, siempre y, cuando su caso reúna todos los requisitos establecidos por el INVU y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y exista contenido presupuestario para su ejecución.// Por lo anterior, se le concede un plazo improrrogable de 15 días hábiles para que desaloje el terreno que ocupa, caso contrario se procederá con lo que legalmente corresponde.".

Esta cámara ya se pronunció sobre el documento en la pretensión anterior, en donde como se indicó la parte no cuestionó los elementos del mismo y por lo tanto, bajo en principio de conservación de los actos administrativos éste mantiene su validez y eficacia. Ahora, cabe indicar, que la demandante no desacreditó con prueba documental ni técnica alguna que el inmueble no fuera propiedad del INVU, tal y como consta en los hechos probados y constituye tal y como lo indicaron los testigos funcionarios del INVU, una propiedad en donde el INVU pretende satisfacer de vivienda entre 44 a 75 familias, según el tipo de desarrollo que se logre desarrollar; en donde inclusive sería posible de cumplir los requisitos que la demandante forme parte de las personas beneficiarias, pero al estar suspendido el proyecto por acciones legales como la de la demandante, el INVU no ha podido avanzar en procura de la solución habitacional permanente para las familias que cumplan oportunamente con los requisitos que la propia ley del INVU establece y su Reglamento y que observa esta Cámara la parte actora no acredita satisfacer, más allá del mero hecho de poseer un bien que está titulado a nombre del INVU, y por lo tanto conforme el Código Civil no es posible usucapir por tener un propietario registral.

(Doctrina de los artículos 267, 455 y 456 del CC). Al respecto conviene recordar que el derecho de propiedad es tutelable jurídicamente cuando el mismo se encuentra inscrito en el Registro Público. Así el artículo 267 del CC establece en lo conducente que: "ARTÍCULO 267.- Para que la propiedad sobre inmuebles surta todos los efectos legales, es necesario que se halle debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad." De los hechos probados el INVU acreditó ser el propietario registral de la finca folio real matrícula N° 233264-000, con un área de cinco mil ochocientos sesenta y cuatro metros con cero decímetros cuadrados, plano H-1517125-2011, cuyo antecedente de dominio correspondía a la finca 4-00077006B-000; y de los alegatos de la parte actora se desprende que la demandante conoce de tal situación; al manifestar si prueba que el INVU, supuestamente le preadjudicó un lote dentro de la propiedad inscrita en la provincia de Heredia bajo el folio real matrícula N° 233264-000.- Véase que la propia demandante es escrito de demanda indicó que no tiene el documento.

De este artículo 267 surge el principio de publicidad registral, que rige en nuestro ordenamiento y que se regula en los artículos 455 y 456 del citado cuerpo de leyes. El primero señala "Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro". El 456 indica "La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos inscritos que se ejecuten u otorguen por personas que en el Registro aparezcan con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito de causas no implícitas o de causas que aunque explícitas no conste en el Registro". Tales normas permiten extraer la importancia que nuestra normativa le otorga a las inscripciones registrales, puesto que, todas aquellas circunstancias ajenas a la inscripción resultan ser ineficaces cuando pretenden vencer este derecho de propiedad debidamente inscrito.

En el sub júdice, la demandante alega -sin acreditar prueba idónea- haber sido poseedora por más de diez años; sin embargo, tal y como se indicó, ello no es suficiente para vencer la titularidad del inmueble que ostenta el INVU de la propiedad en cuestión. Por otra parte, tampoco es posible alegar la usucapión positiva toda vez que el Código Civil para configurar la misma se requiere la buena fe, tal y como lo indica el artículo 284 del Código Civil, al establecer: "ARTÍCULO 284.- Para que la posesión por más de un año confiera el derecho de poseer, es necesario que dicha posesión sea de buena fe.". Y el artículo siguiente, dispone: "ARTÍCULO 285.- En todos los casos en que la ley exige posesión de buena fe, se considera poseedor de buena fe al que en el acto de la toma de posesión creía tener el derecho de poseer. Si había motivo suficiente para que dudara corresponderle tal derecho, no se le debe considerar como poseedor de buena fe; pero si la posesión fuere de buena fe en su principio, no pierde ese carácter por el solo hecho de que el poseedor dude posteriormente de la legitimidad de su derecho.

Cesa de ser de buena fe la posesión en el momento de adquirir la certidumbre de que se posee indebidamente, y cesa también desde la notificación de la demanda en que otro reclame el derecho de poseer.". Véase que en este caso, es más que evidente, toda vez que la propia parte lo reconoce así, que la propiedad corresponde al INVU y ella, alega ser preajudicataria del inmueble si acreditarlo con prueba idónea.- En consecuencia se rechaza esta pretensión con la motivación indicada.

LA CUARTA PRETENSIÓN: "Solicito la declaración por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en cuanto a la fijación del monto a pagar, mensualidades y los debidos intereses para poder cancelar la obligación tal y como su reglamente lo estipula alguna situación jurídica, así como la adopción de cuantas medidas resulten necesarias y apropiadas para ello.".- EL TRIBUNAL RESUELVE: Al respecto, se rechaza esta pretensión innovativa, toda vez que la parte demandante no demostró conforme le corresponde ostentar una preadjudicación administrativa en relación al bien inmueble en cuestión. La parte actora, no aporta el documento en donde alega que el INVU le adjudicó el inmueble. Además, tampoco conforme la normativa de la materia, a saber Ley del INVU, su Reglamento, etc, tampoco acreditó haber satisfecho los requisitos para resultar beneficiaria de una solución de vivienda. No consta en el expediente administrativo que la parte haya siquiera llenado una boleta realizando una solicitud ante el INVU.

Es imposible para el Tribunal resolver sobre la base de supuestos. De la prueba testimonial, de desprende que la demandante, ocupa en precario, por mera tolerancia un bien inmueble del INVU, en un lugar en donde esta institución está a la espera del desalojo de ella y otras personas para poder brindar una solución habitacional, en la cual, ella podría estar, -de cumplir con los requisitos correspondientes determinados por el ordenamiento jurídico- para un total de 75 familias, sin embargo, ello no ha sido posible entre otras por la acción de la demandante, toda vez que el INVU, requiere formalizar el proyecto ante el BANVHI, construirlo y una vez construido, realizar la adjudicación de manera gratuita a las personas que hayan cumplido los requisitos. Fue claro al respecto el testigo funcionario Jaime Rodríguez Sánchez, quien manifestó ellos comunican a las Asociaciones las actividades y desconoce si todos son parte de la Asociación; pero precisó que si hay personas que no son parte de la Asociación y cumplen las condiciones se les atiende su gestión. Dicho lo anterior, se rechaza con la motivación indicada esta pretensión.

LA QUINTA PRETENSIÓN: "Solicito se me confiera el derecho subjetivo de la propiedad del lote que he venido poseyendo por más de 10 años, en forma quieta, pública, pacífica, a título de dueña y es parte de la finca inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad, Provincia de Heredia, matrícula 233264-000 propiedad del INVU y que se ordena al registro Público la inscripción a mi nombre del indicado lote.// EL TRIBUNAL RESUELVE: En este caso, la demandante solicita la adquisición de parte de la finca en cuestión por usucapión, lo cual consiste en un modo de adquisición de los derechos reales, por el transcurso del tiempo y conforme lo regula el Código Civil en el artículo 853, también requiere, junto con el transcurso del tiempo, el título traslativo de dominio, la buena fe y la posesión. Si bien el artículo 854 del CC, excluye la obligación del probar el justo título, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que para que tal presunción de justo título aplique, la posesión debe ser pública, pacífica, continua y en calidad de su verdadero titular.- Ver entre otras resoluciones la N°4587-97, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete de la Sala citada.- En el presente caso, se solicita al INVU, que se traspase parte de un terreno de la finca matrícula de folio real N°4-233264-000, siendo que tal y como se acreditó en los hechos probados, tal propiedad se encuentra debidamente registrada a nombre del INVU, quien la adquirió mediante una diligencia expropiatoria para poder cumplir con la finalidad de creación de esta Institución que se puede establecer como el proporcionar de vivienda digna a las familias que cumplan con los requisitos correspondientes para ello.- Es decir, que el INVU, adquirió esa propiedad, tal y como se acreditó mediante escritura pública número setenta y cinco, otorgada ante el Notario Público Manfred Solano Avendaño a las quince horas del 27 de septiembre de 1983, con ocasión de las diligencias de expropiación correspondientes, llevadas a cabo para que el inmueble en cuestión se utilizara en los programas de vivienda del INVU.

Del escrito de demanda, se desprende que la demandante, y de la prueba documental aportada a los autos, y que forma parte del elenco de los hechos probados que la demandante sabía que tal terreno formaba parte de la propiedad registrada a nombre del INVU y afectado por lo tanto al fin público objeto de esa institución, lo cual lleva a tener por acreditado a esta Cámara que tal posesión no fue pacífica, ni de buena fe, en razón de lo cual se rechaza la usucapión y por ende se rechaza en todos los extremos lo pretendido; ello por no cumplir con los requisitos de ley para usucapir tutelados en los numerales 455, 456, 459, 853 y 854 del Código Civil.- LA PRETENSIÓN SEXTA: "Solicito que se ordene, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, abstenerse de adoptar y ejecutar cualquier conducta que pueda lesionar el interés público o las situaciones jurídicas actuales o potenciales hacia mi persona en el presente caso hasta que no sea esclarecida toda la situación y resuelta por la jurisdicción competente".- EL TRIBUNAL RESUELVE: Al respecto de esta pretensión, el Tribunal procede a su rechazó, por las siguientes razones: 1) La parte no acreditó haber satisfecho los requisitos que el ordenamiento jurídico le exige para ser destinataria de un bono o subsidio de vivienda. 2) Este Tribunal, no puede ordenar que se deje de cumplir la normativa en un caso específico; debe velarse por la legalidad de la función Administrativa, no impedir que la Administración Pública cumpla con sus competencias de ley.

En razón de ese razonamiento, esta Cámara por improcedente rechaza esta pretensión y así lo declara. La parte actora le pide a este Tribunal que se le ordene abstenerse de lesionar el interés público. En este caso, el INVU, tal y como se indicó por su representante, está pretendiendo desarrollar el proyecto "El Faro", para darle vivienda a unas 75 familias, y ello no ha sido posible por la negativa de la demandante de desalojar el inmueble propiedad del INVU, de manera tal que como se indicó se desarrolle una solución vertical que incluso podría cubrir a la demandante, en caso de que esta llegue a acreditar ante las autoridades correspondientes cumplir con los requisitos establecidos en la normativa para constituirse en adjudicataria de una solución de vivienda por parte del INVU.

LA SÉTIMA PRETENSIÓN FUE DESISTIDA EN AUDIENCIA PRELIMINAR. Esta decía: "7. Solicito la condena al pago de daños y perjuicios en favor de mi persona por todos los daños morales y económicos ocasionados durante todo este proceso; los cuales son originados por la construcción de la vivienda, el pago de la participación en la asociación y la constitución de la misma y de la cual no se sabe en que se invirtieron las cuotas cobradas a todos los asociados. Dichos gastos están estimados en alrededor de diez millones de colones". Se reitera pretensión desistida por la parte actora en audiencia preliminar.

LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: "En relación con la número 5, ante el eventual caso de que no se le otorgue el título de propiedad: Solicito se me declare la condición de beneficiaria y adjudicataria en el proyecto de vivienda el Faro y en virtud de ello se me confiere el derecho de propiedad que he venido poseyendo por mas de 10 años en en forma quieta, pública, pacífica, a título de dueña y es parte de la finca inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad, Provincia de Heredia, matrícula 233264-000 propiedad del INVU y que se ordena al registro Público la inscripción a mi nombre del indicado lote." EL TRIBUNAL RESUELVE: Conforme a lo indicado en las pretensiones principales rechazadas, esta Cámara no puede otorgarle el título de propiedad a la demandante. Ahora, tampoco puede declarar que esta tenga la condición de beneficiaria y adjudicataria en el proyecto de vivienda "El Faro", toda vez que la demandante no ha acreditado haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley ni en el Reglamento correspondientes.

La parte no allegó prueba idónea para acreditar haber cumplido con los requisitos que el ordenamiento jurídico establece. Acá, la parte únicamente exige que el INVU le haga entrega de la propiedad y de la condición de adjudicataria por el simple hecho de poseer por mera tolerancia un bien inmueble de la Institución; sin embargo, debemos recordar que las instituciones públicas de la que no escapa el INVU, debe actuar bajo el principio de legalidad y ajustar su conducta administrativa al bloque de legalidad y no, es posible que se desconozca de los requisitos para otorgar la condición de adjudicataria o beneficiaria de una persona, como la demandante en un proyecto de vivienda, y tampoco puede el Tribunal atribuirse el ejercicio de competencias activas de la Administración Pública. En razón de la motivación indicada, se rechaza esta pretensión.- Levántese la medida cautelar hasta que se encuentre firme la sentencia de fondo.- X) DE LAS EXCEPCIONES.- Se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la representación del INVU, ello con fundamento en lo señalado para rechazar lo pretendido por la parte actora, de igual forma se rechaza la falta de interés, alegada por considerar que al estar pendiente la controversia, era mediante sentencia la única forma de resolverla.

Se rechaza la falta de capacidad ad processum; toda vez que la demandante acreditó estar poseyendo por mera tolerancia una propiedad del INVU, y en ejercicio del supuesto derecho de propiedad -por usucapión- fue que accionó dentro de este proceso; rechazándose en los considerandos anteriores tal derecho por el fondo.

  • XI)SOBRE LAS COSTAS: De acuerdo con las disposiciones del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas son a cargo del vencido, solamente por el hecho de serlo. No obstante dicho numeral permite su dispensa cuando "Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar.". Este Órgano decisor considera que en este caso ha existido motivo suficiente para litigar, pues quedó demostrado que la actora ha habitado por muchos años el predio cuya titulación solicita, y si bien es cierto ello por si solo no es una condición suficiente como para atender su pretensión, en criterio del Tribunal, sí pudo ser motivo suficiente para que la parte estime la existencia de algún derecho a su favor derivado de esa posesión. En consecuencia se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO

Se acoge la excepción de falta de derecho. Se rechazan la de falta de capacidad y la de falta de interés actual.- Se declara improcedente la demanda de MARÍA MAYELA SALAZAR SALAZAR contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Cada parte se hará cargo de sus propias costas. Notifíquese.- Juez(a) PALONSO PAULO ALONSO SOTO ALEXANDRA ZÚÑIGA MORA JONATÁN CANALES HERNÁNDEZ ???????????????

PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - JUEZ/A DECISOR/A ?????????????????

ALEXANDRA DE LOS ÁNGELES ZÚÑIGA MORA - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????

JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Land Tenure and TitlingTenencia y Titulación de Tierras

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7052 National Housing Finance System Law and Creation of the BANHVI
      • Ley 6227 General Public Administration Law
      • Ley 30 Civil Code of Costa Rica
      • Ley 1788 INVU Organic Law

      Este documento cita

      • Ley 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda)
      • Ley 6227 Ley General de la Administración Pública
      • Ley 30 Código Civil de Costa Rica
      • Ley 1788 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU

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