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Obligation of PANI to protect a minor witness in a drug trafficking caseObligación del PANI de proteger a un menor testigo en proceso de narcotráfico

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo was granted; PANI was ordered to provide protection and shelter to the minor witness until the danger ceases, and PANI was condemned to pay costs, damages, and losses.Se declaró con lugar el amparo; se ordenó al PANI brindar protección y albergue al menor testigo hasta que cese el peligro, y se condenó al PANI al pago de costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by an assistant prosecutor on behalf of a 13-year-old minor who was a witness in a drug trafficking case and whose life was in danger due to threats from a criminal gang. The Public Prosecutor's Office requested assistance from the National Children's Trust (PANI) to shelter the minor, but PANI refused, arguing that witness protection was not within its competence and that the measure harmed the best interests of the child by separating him from his family. The Chamber rejected all of PANI's arguments, recalling that its constitutional mission is to provide special protection to minors without distinction of cause, and emphasized that the situation of grave threat fell within the protective provisions of the Childhood and Adolescence Code. It stressed that the best interests of the child required safeguarding his life and physical integrity over bureaucratic formalities. The Chamber granted the amparo and ordered PANI, in coordination with the Prosecutor's Office, to take the necessary protection and surveillance measures until the danger ceased, condemning the institution to pay costs, damages, and losses. The ruling reaffirms that PANI is the governing body for childhood and that its duty to protect is broad and unconditional in the face of any serious threat.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un fiscal auxiliar a favor de un menor de 13 años que era testigo en un proceso de narcotráfico y cuya vida corría peligro debido a amenazas de una banda criminal. El Ministerio Público solicitó auxilio al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para que albergara al menor, pero el PANI se negó, argumentando que la protección de testigos no era de su competencia y que la medida lesionaba el interés superior del niño al separarlo de su familia. La Sala rechazó todos los argumentos del PANI, recordó que su misión constitucional es brindar protección especial a las personas menores de edad sin distinción de causales, y destacó que la situación de amenaza grave encuadra en los supuestos de protección del Código de la Niñez y la Adolescencia. Subrayó que el interés superior del menor exigía resguardar su vida e integridad física por encima de formalidades burocráticas. Declaró con lugar el recurso y ordenó al PANI, en coordinación con el Ministerio Público, adoptar las medidas de protección y vigilancia necesarias hasta que cesara el peligro, condenando a la institución al pago de costas, daños y perjuicios. La sentencia reafirma que el PANI es el ente rector de la niñez y que su obligación de proteger es amplia e incondicional frente a cualquier amenaza grave.

Key excerptExtracto clave

In light of the foregoing considerations, the Chamber concludes that given the particular conditions of the protected minor and the evident risk to his life and physical integrity, it is appropriate to grant this amparo, considering that the National Children's Trust is the best place currently existing in the country to provide the minor with the protection and shelter he requires. Therefore, the Executive President of that institution is ordered to take measures for the protection and surveillance of the minor [...] until the state of threat against his life and physical integrity ceases. The Chamber [...] disagrees with the criterion of the respondent institution since it is evident that in the specific case, such grounds, as they call them, are not only “sufficient and efficient” but also highlight the seriousness of the situation the minor is in, and therefore this Court does not understand how, for the respondent institution, such situations are not conclusive proof that the life and physical integrity of the protected minor are at serious risk. The fact that the protected minor is a witness to a crime warrants the measures that have been adopted so far in order to provide him with protection, even if this has entailed his separation from the family nucleus and his placement in a shelter of the National Children's Trust.En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala concluye que dadas las condiciones particulares del menor amparado y el evidente riesgo en el que se encuentra su vida e integridad física, lo procedente es declarar con lugar este recurso al considerarse que el Patronato Nacional de la Infancia es el mejor lugar existente en el país en este momento para brindarle al menor amparado la protección y abrigo que requiere, por lo que se le ordena al Presidente Ejecutivo de esa institución, tomar las medidas de protección y vigilancia del menor [...] hasta tanto no cese el estado de amenaza contra la vida e integridad física. La Sala [...] disiente del criterio de la institución recurrida pues es evidente que en el caso concreto, tales causales como les llama, no solo son “suficientes y eficientes” sino que además ponen en evidencia la gravedad de la situación en la que se encuentra el menor y por ello no comprende este Tribunal como para la institución recurrida tales situaciones no son prueba contundente de que la vida e integridad física del menor amparado se encuentra en grave riesgo. El hecho de que el menor amparado sea testigo de un delito amerita las medidas que se hayan adoptado hasta ahora en aras de brindarle protección, aún cuando ello haya implicado su separación del núcleo familiar y su ubicación en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Es evidente que con tal argumento las propias autoridades recurridas se están contradiciendo y al final caen en la misma omisión que acusan."

    "It is evident that with such an argument the respondent authorities themselves are contradicting themselves and ultimately fall into the same omission they accuse."

    Considerando VIII

  • "Es evidente que con tal argumento las propias autoridades recurridas se están contradiciendo y al final caen en la misma omisión que acusan."

    Considerando VIII

  • "La Sala disiente del criterio de la institución recurrida pues es evidente que en el caso concreto, tales causales como les llama, no solo son 'suficientes y eficientes' sino que además ponen en evidencia la gravedad de la situación en la que se encuentra el menor."

    "The Chamber disagrees with the criterion of the respondent institution since it is evident that in the specific case, such grounds, as they call them, are not only 'sufficient and efficient' but also highlight the seriousness of the situation the minor is in."

    Considerando VIII

  • "La Sala disiente del criterio de la institución recurrida pues es evidente que en el caso concreto, tales causales como les llama, no solo son 'suficientes y eficientes' sino que además ponen en evidencia la gravedad de la situación en la que se encuentra el menor."

    Considerando VIII

  • "El hecho de que el menor amparado sea testigo de un delito amerita las medidas que se hayan adoptado hasta ahora en aras de brindarle protección, aún cuando ello haya implicado su separación del núcleo familiar y su ubicación en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia."

    "The fact that the protected minor is a witness to a crime warrants the measures that have been adopted so far in order to provide him with protection, even if this has entailed his separation from the family nucleus and his placement in a shelter of the National Children's Trust."

    Considerando IX

  • "El hecho de que el menor amparado sea testigo de un delito amerita las medidas que se hayan adoptado hasta ahora en aras de brindarle protección, aún cuando ello haya implicado su separación del núcleo familiar y su ubicación en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia."

    Considerando IX

  • "Si el Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en materia de niñez costarricense, encargada de tutelar y garantizar los derechos de esa población, también es lo cierto que para ello cuenta con la colaboración de otras instituciones del Estado."

    "If the National Children's Trust is the governing institution for Costa Rican children, charged with safeguarding and guaranteeing the rights of that population, it is also true that for this purpose it has the collaboration of other State institutions."

    Considerando XII

  • "Si el Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en materia de niñez costarricense, encargada de tutelar y garantizar los derechos de esa población, también es lo cierto que para ello cuenta con la colaboración de otras instituciones del Estado."

    Considerando XII

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Sections

Procedural marks

* 090029300007CO * * 090029300007CO * Res. No. 2009-005448 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and forty-one minutes on the first of April, two thousand nine.

Amparo action filed by Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, of legal age, Assistant Prosecutor of the Office of the Attorney General; on behalf of the minor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; against the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resultando:

  1. 1By written submission received at the Secretariat of the Chamber at thirteen hours and fifty-two minutes on the twenty-sixth of February, two thousand nine, the petitioner files an amparo action against the National Children's Trust and states that on the twenty-fourth of February, two thousand nine, during the night hours, the minor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, thirteen years old, who is a resident of Los Guido, sector 7, in Desamparados, appeared together with officer Steven Trejos Morales, currently Deputy Chief of Police of Desamparados, at the central offices of the Judicial Investigation Organization to report that he had been the victim of threats by a gang known as "Mata Pobres". He indicates that the minor recounted that members of that organization repeatedly shot at the house where he currently lives – in the aforementioned place –; however, he managed to escape and go to the nearest police station.He points out that on the twenty-fifth of February following, the minor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx appeared together with officer Trejos Morales at the Office of Attention and Protection of Victims of Crime (Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito) of the Public Ministry, and once the imminent risk to the life of the minor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx was assessed – taking into account the area where he lives, the violent threats suffered, the danger of the gang that intends to harm him, and also that at that time he was not represented by any adult –, the decision was made to request assistance from the National Children's Trust so that it could offer him shelter, as it was the only feasible means of providing effective protection to the minor given the high risk suffered. He mentions that it must be considered that no family or other recourse is known to solve the problem, despite the fact that work is currently being done on relocating the family of the affected person to another neighborhood – without results so far –.He explains that initially Licda. Teresa Serrano Moraga, shift coordinator of the National Children's Trust, agreed to take in the minor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, for which reason, starting at approximately eleven hours and fifty minutes on the twenty-fifth of February, the youth entered the facilities of said entity – in San José –, and furthermore, the police provided a guard to give special protection to the minor. He accuses that despite all of the foregoing, at seventeen hours and forty-nine minutes on the twenty-fifth of February, the respondent Mauricio Medrano Goebel, in his capacity as Technical Manager of the National Children's Trust, through official communication D.A.I.2009-0275, notified the Office of Attention and Protection of the Victim of Crime of the Public Ministry that the protection of minors in the said circumstances is not within the attributions and competencies of the Institution; however, he indicated that within the framework of institutional collaboration, he was willing to facilitate, on an exceptional basis and for this one time only, the facilities in order to keep the minor until the twenty-sixth of February at ten hours, at which time they were to be picked up and relocated to another site.He accuses that the respondent's action contravenes not only the constitutional provisions indicated in articles 51 and 55, but also article 3 of the Convention on the Rights of the Child – which obligates public institutions to consider primarily the best interests of children in measures concerning them –, and numerals 4, 13 and 24 of the Childhood and Adolescence Code (Código de la Niñez y de la Adolescencia) (No. 7739 of January 6, 1998) – which guarantee the rights to state protection and to the integrity of the minor. Deeming the rights of the minor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx violated, he requests that the amparo action be granted with its consequences.
  2. 2Under oath, Mario Alberto Víquez Jiménez, in his capacity as Executive President and Legal Representative, Mauricio Medrano Goebel, in his capacity as Technical Manager, and María Gerardina Vargas Hernández, as Coordinator of the Department of Integral Attention (Departamento de Atención Integral), all from the National Children's Trust, report (folio 15) that on the twenty-fifth of February, two thousand nine, Licda. Xinia Mora Peraza from the Office of Attention to the Victim of the Public Ministry, arrived at the Offices of the Department of Integral Attention, leaving the minor like an object, without any document or a report on the situation in which the adolescent found himself, and in view of this, a report was requested from her as soon as possible, which arrived later. They state that they subsequently coordinated by telephone with Licda. Mora Peraza the possible and eventual "placement" of the minor due to the "risk" in which he found himself as a witness in a criminal drug trafficking proceeding.They add that from the verbal coordination, official communication DAI-2009-0238 originated, signed by the Technical Manager of the Children's Trust, addressed to the Office of Attention to the Victim of the Public Ministry, informing what was verbally agreed, especially the collaboration of the Children's Trust for the adolescent's stay in the Department of Integral Attention for a period of a few hours while officials investigate and delve deeper into the situation encountered regarding the minors, it being precisely in this sense that this stay was arranged in order to later coordinate whatever is appropriate regarding the "temporary placement" in some alternative protection, if applicable. They add that the stay in that enclosure was strictly temporary according to what was discussed, coordinated, and agreed; temporary for the remainder of the twenty-fifth of February, two thousand nine, until ten o'clock in the morning of the following day, the twenty-sixth of February, when the Office of Attention to the Victim of the Public Ministry would proceed to re-accommodate the minor.They indicate that the decision taken by the Children's Trust was not capricious, nor even arbitrary, but rather, on the contrary, it was taken responsibly within the context in which the situation was presented and within the context of the responsibilities assumed by the Public Ministry, also supported by the official communications sent by the Public Ministry: a) coordination and verbal agreement between Lic. Mauricio Medrano and Licda. Xinia Mora; b) official communication number 263-09-OAVD-2009 of the twenty-fifth of February, two thousand nine, signed by Licda. Xinia Mora and addressed to Licda. Teresa Serrano Moraga, Shift Coordinator of the Department of Integral Attention of the Children's Trust, which, to the relevant point, stated that "this office is also in charge of relocating the minor's family, which is composed of the mother, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, and five (5) children, all minors.This relocation is coordinated with the IMAS, which collaborates with the deposit and the first month's rent for a dwelling that does not exceed 90,000 colones per month. Mrs. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx works fixing electrical appliances such as TVs, radios, sound equipment, etc., but as a result of this problem, she has not been able to leave the house"; c) official communication of the twenty-fifth of February, two thousand nine, signed by Licda. Xinia Mora from the Office of Attention to the Victim of the Public Ministry, addressed to officer Steven Trejos Morales, Deputy Chief of Police of Desamparados, where it states: "In a conversation held with Licenciado Mauricio Medrano, Technical Manager of PANI, the stay of the 13-year-old minor ... in the DAI (Department of Integral Attention) will be permitted during the night tonight until 10:00 hours tomorrow, at which time the staff of our office will take charge of the minor".They consider that the commitments and responsibilities acquired by the Children's Trust and the Public Ministry were clear, and to the institution's surprise, the Public Ministry suddenly changes its criteria, informing the Children's Trust officials that they would not fulfill the acquired commitment by virtue of the fact that they were preparing an amparo action. They point out that the statements made in the amparo action are not consistent with the doctrine of integral protection and the rights-based approach, since the grounds indicated: a) the area in which he lives; b) the violent threats suffered; c) the danger of the gang that intends to harm him; and d) that he was not represented by any adult, do not constitute sufficient and effective reasons to request that the Children's Trust offer him a shelter, as it is the only means considered feasible to provide effective protection to the minor given the high risk suffered.They indicate that, contrary to the Public Ministry's previous criteria, in their criteria, shelters cannot be the only feasible means of providing effective protection to the minor, since the State and its institutions must apply the principle of the best interests of minors. They consider that the Public Ministry argues the need for protection based on symptoms, which is characteristic of the doctrine of the irregular situation: area in which he lives, violence suffered, victim of possible harm, without adult representation, whereby the minor continues to be seen as an object without analyzing the causes for which his human rights are being violated, and the cause lies precisely in the omission of the competent institutions to provide him with police protection when required, and none of those symptoms would occur if the minor were guaranteed police custody and protection by the competent institutions.They point out that they do not understand why the Public Ministry indicates that there has been no representative for the minor if it has been coordinating with his mother the possible placement of the family group, and furthermore, they question why the Public Ministry is promoting the separation of the adolescent from his mother and siblings by requesting the Children's Trust to place the youth in a shelter. They consider that the answer to these questions lies in the doctrine of the irregular situation, which defends institutionalization and that, in the name of protecting minors, they are treated as objects of the process, representing a tutelary vision. They consider that the Children's Trust must act as a good father and paterfamilias, thereby overcoming the previous doctrine with that of the Protection Doctrine, which sees childhood as one and not as two, as the Public Ministry sees it: 1) on one hand, the protected person's young siblings who are not witnesses in a criminal proceeding and therefore have the right to be with their mother, and 2) on the other hand, the minor who is a witness in a criminal proceeding and therefore does not have the right to be with his mother and siblings given the danger his life faces and, therefore, must be confined in a shelter.They consider that this explicitly denies the fundamental rights of the minor (doctrine of the irregular situation), since in matters of the rights of children and adolescents, in the name of the best interests of the minor, their rights are violated. They indicate that they do not accept that, under the new paradigm of integral protection, minors are considered objects of protection when in reality they are full subjects of rights with legal capacity to enjoy and act in situations of violation of their rights and, therefore, full subjects of state protection, with each institution acting within the framework of its competencies. They point out that admission to a shelter must be the ultima ratio in both an administrative and judicial decision, as it constitutes an extremely burdensome measure on the rights of minors, and taking into account the principle of the best interests of minors, to proceed with separation from their family, the legal requirements must be met, and of course, being a witness is not a sufficient and effective cause for separation from their family, as neither the Family Code nor the Childhood and Adolescence Code establishes being a witness in a criminal proceeding as grounds for separation.They consider it unacceptable that the Public Ministry, knowing the collaboration provided by the minor, did not plan the collaboration and cooperation that should exist between both institutions, because it should have acted under the principle of integral attention, and for this reason, it is not possible for each institution to act in an isolated and disjointed manner. They consider that the Public Ministry should have planned and coordinated the actions with due anticipation, each within the framework of its competence, without violating the confidentiality of the actions carried out by the Public Ministry, but none of this is seen in the specific case. They add that the minor stated at the Children's Trust that he felt let down by the Public Ministry since he expected the accompaniment and protection of a guard; he felt betrayed and abandoned for having been left at the Children's Trust, indicating that if he had known all this was going to happen, he would not have said anything.They state that indeed the minor entered the facilities of the Department of Integral Attention of the National Children's Trust, which are for the person to rest and stay for a few hours, at most twenty-four hours, while the on-duty officials and those relieving them delve deeper into the situation and assess prima facie the minor's situation and coordinate a possible transitional placement, provided that the admission to some alternative protection is justified. They indicate that it is not true that the police provided a guard to provide special protection to the minor on a permanent basis; on the contrary, assistance has been sporadic and not permanent, for which reason they consider this has been a fatal weakness of the office of attention to the victim, which has not assumed the leadership and direction of institutional efforts, but rather, on the contrary, has reinforced, not to say promoted, situations that do not facilitate a calm and measured coordination, despite the fact that it must orchestrate all necessary efforts to minimize any situation that could imply re-victimization of the witness.They indicate that, on the contrary, the situation has been one of transferring responsibility from one side to another and from official to official, also denying the assignment of a permanent guard, and the Ministry of Security alleges resource limitations. They add that in a consultation made to the Ministry of Public Security, they were informed that it proceeded according to the orders of the Public Ministry, since it is the latter that orders the type of custody provided, and prior to the assignment of the guard, the victim or witness must be interviewed and informed of their rights and responsibilities. They consider that it would be a significant regression if the responsibility for orchestrating police protection actions were foisted upon the Children's Trust, since that is a responsibility incumbent upon the judicial authorities in coordination with the administrative police. They point out that the Children's Trust has never refused to assume its corresponding legal competencies and powers, as it knows it is the governing body in guaranteeing the catalog of human rights of minors, with the collaboration of all institutions, including the Judicial Branch.They add that the recent Law 8720, approved by the Legislative Assembly and not yet in force, states that the administration of the program for the protection of victims, witnesses, and other intervening subjects in the criminal proceeding is the responsibility of the Public Ministry; the attributions of the Office of Attention to the Victim of Crime of the Public Ministry include hearing requests for protection measures formulated, identifying, authorizing, implementing, modifying, and abolishing protection measures intended for persons who qualify to receive the program's benefits, coordinating with the Ministry of Public Security or other governmental organizations the establishment or use of the protection centers necessary to provide the measures referred to in the law, entrusting the execution of protection measures, requesting services from other public institutions for the fulfillment of its attributions, among others.They state that the will of the legislator, representing the citizens, indicates clear responsibilities for the office of attention to the victim of crime of the Public Ministry regarding the police protection of witnesses, in addition to guaranteeing a set of actions aimed at executing the material protection measures in cases requiring accompaniment or surveillance of the protected person. They add that the extra-procedural protection of the victim, witnesses, and other intervening subjects in the criminal proceeding, and special protection in cases of serious risks or threats to life or physical integrity, that of their relatives or other persons related to the intervening party in the proceeding, is the responsibility of the Public Ministry, the police, the Judge, or the Trial Court hearing the case, and they are the ones who must adopt the necessary measures to provide that protection, and although the rule is not yet in force, it serves as guidance to define, within a logical, rational, and reasonable framework, which body is responsible for guaranteeing police protection.They insist on the need to guarantee police protection, guards, or some other means, so that the minor could return to his family as soon as possible, since separation is not justified by the omission of the State and the competent institutions in guaranteeing that protection, for which purpose a coordinated action between the Public Ministry and the Ministry of Security must be carried out. They reaffirm their commitment to assume "complementary measures" when there is no parental authority that fulfills its obligations, since international instruments and national legislation on childhood and adolescence are clear in establishing that the State must promote the strengthening of the family and, to the extent required by the best interests of minors, facilitate and propitiate the best conditions for the minor to remain, grow, and develop with their family. They reiterate that in the specific case, the judicial actions have been those of applying the doctrine of the irregular situation, according to which, in the face of risk to minors, the solution is institutionalization without carrying out the exercise of analyzing, reasoning, and delving deeper into the application of the principle of the best interests of minors, where it must be demonstrated that the decision made was in the best interests of the minor, since the new paradigm of integral protection obliges undertaking every necessary effort to avoid re-victimization.They consider that the best would be for the minor to remain with his mother and siblings with due police protection provided by the competent institutions, and for the Children's Trust to guarantee the integral protection of other rights such as health, education, food, among others, thereby satisfying the greatest number of his rights, such as being with his family, state protection, life, physical integrity, health, education, food, among others. They consider that in this case, the mother should not be ruled out as the one to take charge of her son, considering her right to participate and opine, as well as the right to be with his family and for the State to guarantee him the conditions and the guard to avoid the risk of threats and actions against his physical integrity and life. They state that protection for the victim/witness is different from special protection, the latter being the one that corresponds to the Children's Trust to guarantee when there is an absence of parental authority, and in the specific case, this situation has not been conclusively demonstrated, thereby violating the raison d'être of the Children's Trust, changing the institution into one distinct from what the legislator and the constituent power created.They indicate that the Children's Trust is not an institution that shelters victims and witnesses of criminal offenses; rather, it was created to protect children and adolescents who lack the presence of a parental authority, and in this case, the excessive or neglectful exercise of authority by the protected person's mother has not been accredited in all the intervention, for which a due process must be followed with adequate evidentiary means and duly reasoned and argued resolutions, with all the procedural, administrative, and substantive guarantees established in the Childhood and Adolescence Code. They state that despite the foregoing, the Children's Trust has proceeded to provide protection to the witness, and in that sense, the Desamparados Office issued protection measures in a Community of Encounter (Comunidad de Encuentro) at fourteen hours on the twenty-seventh of February, two thousand nine, based on new events that occurred and were reported by the Office of Attention to the Victim; measures that were later modified, for which the youth was transferred to the La Garita Shelter (Albergue de la Garita) by resolution at ten hours on the third of March, two thousand nine.They indicate that the minor has been provided with food, psychological support, twenty-four-hour accompaniment, shelter, hygiene, medical attention, coordination with the Ministry of Public Security, coordination with the Psychiatric Hospital, visits and relationship with the mother, follow-up in Social Work, interviews, participation, opinion, has been heard, legal advice, among others. They consider that the Children's Trust has not acted negligently, much less arbitrarily; its intervention has been timely and adequate, and its actions have strictly adhered to the principle of administrative legality, providing protection to the minor given his condition of vulnerability. They conclude by requesting that the amparo action be dismissed, considering that the National Children's Trust has not violated any constitutional right of the minor protected person, also because they consider that the actions have complied with the national and international regulations in force as well as the principles that inspire the administrative process. They request that the National Children's Trust be released from all responsibility in this case.
  3. 3In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed as duly proven: a) that the protected minor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx has been a witness to a crime of drug trafficking, for which reason he requested protection from the Public Ministry, and the Office of Attention to the Victim of that institution referred him to the Department of Integral Attention of the National Children's Trust, where he entered on the twenty-fifth of February, two thousand nine (see sworn statements on folio 16); b) that the Office of Attention to the Victim of the Public Ministry requested that the protected person be kept in the offices of the National Children's Trust temporarily while his placement was decided (see sworn statements on folio 17); c) that the Technical Manager of the National Children's Trust indicated that the stay of the protected person in the Department of Integral Attention of that institution would be permitted until ten in the morning on the twenty-sixth of February, two thousand nine (see sworn statements on folio 18); d) that as a result of the precautionary measure decreed in this amparo, the youth Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx is in a shelter of the National Children's Trust against the criteria of this institution, which considers that it does not meet the conditions to keep a minor witness to a crime sheltered (see sworn statements on folio 24).

II.Object of the amparo action. The petitioner alleges that the National Children's Trust refuses to keep the protected person in one of its shelters, despite the fact that he requires special protection for having been a witness to a drug trafficking crime, which he deems violative of his rights, and for this reason, he requests that the amparo be granted.

III.Regarding the regulations establishing the guardianship and protection of the rights of children. Based on the principle set forth by article 55 of the Political Constitution, Costa Rica has enacted extensive regulations aimed at protecting the rights of minors and has also ratified various international treaties and conventions aimed at that special protection. In that sense, and as a first frame of reference, it must be recalled what article 55 of the Political Constitution establishes:

"Article 55.- The special protection of the mother and the minor shall be the responsibility of an autonomous institution called the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia), with the collaboration of the other State institutions." For its part, the American Convention on Human Rights, adopted in San José in nineteen sixty-nine and in force in the country since July nineteen seventy-eight, provides in its article 19, regarding the rights of minors, the following:

"Article 19. Rights of the Child Every minor child has the right to the measures of protection required by his condition as a minor on the part of his family, society, and the state." In the same way, article 3 of the Convention on the Rights of the Child, ratified by Law No. 7184 of July eighteenth, nineteen ninety, indicates that:

"Article 3 1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.

2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures. (...)” Now then, it should be recalled that in accordance with the doctrine derived from article 7 of the Political Constitution, international treaties or conventions, as a normative source of the Costa Rican legal system, occupy a position superior to that of ordinary law, and this implies that, in the face of a norm of a convention as cited supra, the internal norm of legal rank that opposes it yields, and therefore, the country is obligated to provide minors with the protection measures they require, which must always be dictated in consideration of the best interests of the minor.

On the other hand, and of equal relevance regarding the protection of the rights of minors, are articles 1, 3, 4, and 13 of the Childhood and Adolescence Code, which is Law number 7739. These articles provide:

"Article 1°- Objective. This Code shall constitute the minimum legal framework for the integral protection of the rights of minors. It establishes the fundamental principles of both social or community participation and administrative and judicial processes involving the rights and obligations of this population.

Norms of any rank that provide greater protection or benefits shall prevail over the provisions of this Code." "Article 3°. Scope of Application. The provisions of this Code shall apply to every minor, without any distinction, regardless of ethnicity, culture, gender, language, religion, ideology, nationality, or any other condition of their own, or of their father, mother, legal representatives, or responsible persons.

The rights and guarantees of this group are of public interest, inalienable, and non-negotiable." "Article 4°. State Policies. It shall be the general obligation of the State to adopt administrative, legislative, budgetary, and any other kind of measures to guarantee the full effectiveness of the fundamental rights of minors.

In the formulation and execution of policies, access to public services and their provision shall always uphold the best interests of these persons. Any action or omission contrary to this principle constitutes a discriminatory act that violates the fundamental rights of this population.

In accordance with the special protection regime that the Political Constitution, the Convention on the Rights of the Child, this Code, or related laws guarantee to minors, the State may not allege budgetary limitations to neglect the obligations established herein." "Article 13. Right to state protection. The minor shall have the right to be protected by the State against any form of intentional or negligent abandonment or abuse, of a cruel, inhuman, degrading, or humiliating nature that affects their comprehensive development.

The Patronato Nacional de la Infancia, the Instituto Mixto de Ayuda Social, and the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social shall provide opportunities for human and social promotion and development, through the corresponding programs, and shall strengthen the creation of inter-institutional networks, as well as with civil society organizations, to prevent abuse, mistreatment, and exploitation, in its various forms, against minors."

IV.On the powers of the Patronato Nacional de la Infancia. In order to ensure that concrete measures are dictated for the protection of children, but above all with the intention that they be effectively applied, the Constituent created the Patronato Nacional de la Infancia, with autonomous character, this institution being the national governing body responsible for the special protection of minors. To give applicability and support to Article 55 of the Constitution, the legislator enacted the Organic Law of the Patronato Nacional de la Infancia, number 7648, which in its Articles 1 and 2 establishes:

"Article 1- Nature. The Patronato Nacional de la Infancia is an autonomous institution with decentralized administration and its own budget. Its primary purpose is to protect, especially and comprehensively, minors and their families, as the natural element and pillar of society. Its domicile shall be in the capital of the Republic.

It shall be the obligation of the State to provide the Patronato Nacional de la Infancia with all the necessary resources for the adequate fulfillment of its purposes." "Article 2- Principles. The Patronato Nacional de la Infancia shall be the governing institution in matters of childhood, adolescence, and family and shall be governed by the following principles:

a. The priority obligation of the Costa Rican State to recognize, defend, and guarantee the rights of childhood, adolescence, and the family.

b. The best interests of the minor.

c. The protection of the family as the natural and fundamental element of society, for being the ideal means for the comprehensive development of the human being.

d. The comprehensive protection of childhood and adolescence as well as the recognition of their rights and guarantees established in the Political Constitution, international law norms, and laws pertaining to the matter.

e. The dignity of the human person and the spirit of solidarity as basic elements that shall guide institutional work." On this specific topic, the Chamber has expressed its opinion in repeated pronouncements and, as relevant, has indicated that:

"(…) The Constituent legislator, in the interest of protecting the mother and the minor, created, with Constitutional rank, the Patronato Nacional de la Infancia, making it the governing Institution, par excellence, of Costa Rican childhood. This sentiment expressed in this norm is undoubtedly also linked to the interest of protecting the family as one of the fundamental pillars of our society. Articles 51 and 55 establish, therefore, two of the most deeply rooted values of our people, values that, thanks to the approval of the United Nations Convention on the Rights of the Child, are now shared worldwide, with a consensus existing on the State's duty to always protect the best interests of the minor. (…)" (Judgment N° 227-93 of twelve hours thirty-six minutes of the fifteenth of January of nineteen ninety-three).

V.On the specific case. As is evident from the brief filing this remedy (recurso), the petitioner, in their capacity as Assistant Prosecutor (Fiscal Auxiliar) of the Fiscalía General de la República and intervening on behalf of the minor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, accuses the Patronato Nacional de la Infancia of neglecting the primary function and obligation for which it was created, as it refuses to provide protection to this minor who has been a witness to a drug trafficking crime and whose life is in danger. Such argumentation is supported by the petitioner on the fact that even though the Fiscalía General de la República, through the Office of Victim Assistance and Protection (Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito), exposed the seriousness of the situation to the Patronato Nacional de la Infancia and requested its assistance to place this minor in a shelter (albergue), considering it to be the only feasible means of providing protection given the high risk he suffers, this institution initially agreed to receive the minor as of eleven hours fifty minutes of the twenty-fifth of February two thousand nine, but later, at seventeen hours forty-nine minutes, its Technical Manager stated that the protection of minors in the circumstances in which the protected person finds himself is not within the powers and competencies of the institution, for which reason he indicated expressly and emphatically that he would provide the facilities to that minor exceptionally and for this one time only, until ten hours on the following twenty-sixth of February, such that the Fiscalía General de la República, at that time, had to proceed to collect and relocate the minor to another site.

In the petitioner's opinion, the refusal of the authorities of the Patronato Nacional de la Infancia to provide him shelter in one of its shelters due to the imminent danger to his life, is harmful to his fundamental rights and, therefore, violates the best interests of the minor, his right to state protection, his right to physical integrity, and consequently, his right to life, thereby requesting the granting of the amparo.

VI.The case file (expediente) shows that the minor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx has declared as a witness in a drug trafficking crime and for this reason, the Office of Victim Assistance (Oficina de Atención a la Víctima del Delito) of the Ministerio Público has undertaken to adopt the measures it has deemed pertinent and necessary to provide him with the protection he requires given that he has been the subject of threats against his life and physical integrity. Among these coordinated measures, the Ministerio Público adopted the decision to request assistance from the respondent Patronato in order to place the protected minor in one of its shelters so that at that site he would be given the shelter and protection he required. Likewise, it is evident from the case records (autos) that precisely as a result of the filing of this amparo and in view of the precautionary measure decreed in the resolution that gave it course, the authorities of the Patronato Nacional de la Infancia have decided, under protest, to maintain the minor indefinitely in a shelter of the institution under their care, shelter, and protection.

On this matter, the representatives of the Patronato Nacional de la Infancia have expressed to the Chamber their disagreement with the request for collaboration made to them by the Ministerio Público to place the minor in one of their shelters as a protective measure; a disagreement that is based on several arguments that it is necessary to analyze one by one in order to provide a solution to this particular case and thus be able to determine, from the perspective of fundamental rights —in this case, the rights of the protected minor— what solution must be adopted.

VII.Firstly, under oath, the Executive President, the Technical Manager, and the Coordinator of the Department of Comprehensive Care (Departamento de Atención Integral), all of the Patronato Nacional de la Infancia, have informed the Chamber that the protected minor was left at the Offices of the Department of Comprehensive Care of that institution "like an object," "without any document, nor a report on the situation in which the adolescent finds himself." Regarding this specific point, the case records show that on the twenty-fifth of February two thousand nine, the protected minor appeared at the offices of the Ministerio Público, stating that members of the gang known as "Mata Pobres" have been constantly threatening him for his declaration as a witness in a drug trafficking crime in which some of its members are allegedly involved, and that the previous night, they repeatedly shot at his house, the youth managing to escape and go to the nearest police station, for which reason he requested the protection of the authorities of the Ministerio Público, being certain that his life is in danger.

It has been proven before this Chamber that given the urgency of the situation, the imminent risk in which the protected minor found himself, the area where he lives, the violent threats suffered, the dangerousness of the gang, and his not being represented by any adult at that moment, officials of the Office of Victim Assistance and Protection of the Ministerio Público made the decision to request assistance from the Patronato Nacional de la Infancia and therefore transferred the protected minor to that institution, requesting that he be offered shelter (albergue), considering that, at that moment, it was the only feasible means of providing protection to the minor. From the report rendered under oath by the respondent authorities, it is evident that for them, at that moment, the situation was imminent and for that reason they state that they requested from the members of the Ministerio Público a report which arrived later, and they also acknowledge that due to the "risk" in which the minor found himself, the eventual "placement (ubicación)" of the minor was verbally coordinated with Licda. Xinia Mora Peraza of the Office of Victim Assistance of the Ministerio Público.

Under oath, the informants state to the Chamber that from that verbal coordination arose the official letter DAI-2009-0238 signed by the Technical Manager, which communicated what was verbally agreed, in the sense that the minor would remain in the Department of Comprehensive Care for a period of some hours while the situation was further investigated, the informants acknowledging that the decision taken by the Patronato was not capricious or arbitrary, which reveals that given the urgency of the situation, it is not acceptable for the Patronato to now indicate that the minor was left "like an object," "without any document or a report on the situation," as it is evident that what mattered at that moment was not the bureaucratic paperwork customary in public institutions, but rather adopting immediate but above all effective measures in order to protect the best interests of the minor and above all his physical integrity.

From this perspective, it is not admissible for this Chamber that under such an argument, one intends to divert attention from what was truly important at that moment: providing protection to the minor and therefore receiving him in the institution which, as is clear from the regulations cited supra, is in charge of safeguarding the rights of minors. Likewise, from this perspective, it is also not admissible for the Chamber that the Patronato Nacional de la Infancia, as the governing body par excellence of Costa Rican childhood, was faced with a minor in an evident state of danger and, instead of fulfilling its obligation to provide protection, intended to evade its responsibility under the argument that the minor's stay in that facility "was strictly temporary" and that therefore he could stay there "for what remained of the day of February 25th until ten in the morning of the following day (February 26th)," as this reveals that it acted against what is established in its own Organic Law, according to which the primary purpose of that institution is to protect minors especially and comprehensively, and for this it is governed by principles according to which: a) there is a priority obligation of the Costa Rican State to recognize, defend, and guarantee the rights of childhood, adolescence, and the family; b) comprehensive protection must be provided to childhood and adolescence; and c) the rights of minors and their guarantees established in the Political Constitution, international law norms, and laws pertaining to the matter must be recognized.

Thus, in the Chamber's opinion and contrary to that of the respondent authorities, the decision made by that institution to provide a "strictly temporary" shelter to the protected minor is indeed capricious, arbitrary, and irresponsible, because precisely the context in which the situation should have been seen is not the one indicated in the report rendered to the Chamber (that of the responsibilities assumed by the Ministerio Público), but rather in reality from the perspective of what was happening, as it involved a minor who required the special assistance and protection for which the Constituent precisely created the Patronato Nacional de la Infancia. Consequently, the representatives of that institution are not correct in stating that to their surprise the Ministerio Público suddenly changed its criteria, informing that they would not fulfill the acquired commitment given that they were preparing a recurso de amparo, because it is evident that the surprise, rather, is revealed regarding the action of the Patronato, which by its omission to provide protection to this minor has violated the mission that the Constituent assigned to it in Article 55 of the Constitution, which is precisely to provide special protection to the minor, with the collaboration of other institutions, such that in this specific case, for the Chamber, it is the Ministerio Público that must provide collaboration for the protection of the minor to the Patronato Nacional de la Infancia and not the other way around as the representatives of the respondent institution claim, as admitting this criterion would completely distort the function for which it was created.

VIII.The Patronato Nacional de la Infancia also argues that the statements made in the amparo petition are not congruent with the doctrine of comprehensive protection because the cited grounds (the area where the minor lives, the violent threats suffered, the dangerousness of the gang that intends to harm him, and that at that moment he was not represented by an adult) are not "sufficient and efficient" to request that the Patronato offer shelter to the minor, this being considered the only feasible means of providing effective protection due to the high risk. On this matter, the Chamber disagrees with the criterion of the respondent institution because it is evident that in this specific case, such grounds, as they call them, are not only "sufficient and efficient" but also reveal the seriousness of the situation in which the minor finds himself, and therefore this Tribunal does not understand how for the respondent institution such situations are not compelling evidence that the life and physical integrity of the protected minor are at grave risk.

With this, even though it is true that shelters cannot be the only feasible means of providing effective protection to the minor, it is also true that in the absence of a better place, these become the most accessible and safest option for the placement of a minor whose life is in danger. The excuse resorted to by the respondents, according to which the cause for which the minor's rights are violated is due to the omission of the competent institutions to provide police protection, is not valid for the Chamber, and this is so because if that argument is admitted, the respondents must also accept that their represented party is denying, as the governing institution of Costa Rican childhood, to provide protection to the minor even though it is its obligation. It is evident that with such an argument the respondent authorities themselves are contradicting themselves and ultimately fall into the same omission they accuse.

Contrary to what the respondents have said, the Chamber observes that in this particular case, in order to provide protection to the protected minor and guarantee the best interests that cover him, an inter-institutional collaboration has been attempted between the Ministerio Público, the Instituto Mixto de Ayuda Social, the Ministerio de Seguridad Pública, and the Patronato Nacional de la Infancia, it being precisely this institution that has not allowed that collaboration to come to a successful conclusion due to its refusal to fulfill its obligation to protect the protected minor. Let it also be remembered that the Código de la Niñez y la Adolescencia establishes in its Article 129 that:

"In the administrative venue (sede administrativa), the special protection process corresponds to the local offices of the Patronato Nacional de la Infancia" And in that sense, remember that Article 55 speaks in generic terms of special protection of the minor and does not establish requirements or conditions for that special protection to be carried out. Likewise, Article 130 of that normative body establishes that:

"Article 130.- Grounds for protective measures. Protective measures for minors shall be applicable whenever the rights recognized in this Code are threatened or violated by one of the following causes:

  • a)Action or omission of society or the State.
  • b)…" Without any doubt, the situation in which the protected minor finds himself fits perfectly within the cases for which a protective measure is required, which in this specific case is precisely his temporary placement (ubicación) in a shelter as long as the risk to his life exists, since his rights to life and personal integrity are being threatened precisely by an action of society upon being a witness to a drug trafficking crime. This being the case, it is evident then that the conditions for which it was considered necessary to shelter the protected minor in the Patronato Nacional de la Infancia, are indeed "sufficient and efficient," contrary to the criterion of the respondent institution.

IX.On the other hand, the respondent Patronato also bases its position on the fact that this minor does have a legal representative, who is his mother, with whom there has been constant communication and coordination regarding the possible placement of the minor, such that it is not justified that, in order to protect him, he be separated from his family nucleus (núcleo familiar), since ultimately this implies a violation of his fundamental rights under the subterfuge of wanting to protect them, implying that he is treated as an object of the process when in reality the minor must be seen as a subject of rights with legal capacity to enjoy and act and, therefore, a full subject of state protection. This argument is not valid for this Tribunal because, reiterating what has already been said, the situation in which the protected minor finds himself must be viewed comprehensively, and it is evident that this is a special case.

Remember that we are faced with a minor who has been a witness to a drug trafficking crime and who, due to that circumstance, has his life threatened in such a way that he requires special and different protection. Precisely for this reason, in order to provide it, it may be necessary to adopt unique measures such as: a) separating him from his family nucleus in order to provide him greater protection, coupled with the safeguarding that, on the other hand, must also be given to his family; b) allowing unlimited access of his family to the minor as well as their participation in decision-making; c) moving or placing him in different sites in order to make the protection effective given the indications of attack against him that have occurred; d) facilitating his incorporation into society through drug detoxification programs and psychological help, among others. With the foregoing, it becomes evident that, contrary to the criterion of the respondent institution, the protected minor is not a simple object that is left at that entity to be institutionalized, but rather is a case of a minor, a subject of fundamental rights that must be protected and guaranteed by the State, and who therefore, due to the special conditions surrounding him, requires a different protection from that which the Patronato is accustomed to providing, but that does not mean it ceases to be a matter within its scope of competence and, therefore, a subject of rights that must be protected by the State.

In that sense, the Patronato is also not correct when it considers that the protected minor, by virtue of being a witness to a crime, does not meet the requirements to be considered a subject of its protection. However, for the Chamber, such requirements are neither more nor less than a creation of the Patronato for its own convenience, because, as they rightly state under oath, neither the Código de Familia nor the Código de la Niñez y la Adolescencia establishes being a witness in a criminal procedure as a ground for separation from one's family and, therefore, for institutionalization; nor does any of the regulations cited supra establish that the Patronato Nacional de la Infancia will only provide protection to minors in a state of abandonment by their parents. Indeed, as is evident from the regulatory framework transcribed above, what the Constituent created in the Political Constitution and what the legislator strengthened in the different laws that have been approved or in the conventions ratified by the country, has been an institution called Patronato Nacional de la Infancia, autonomous, responsible for providing "special protection of the mother and the minor," an institution whose "primary purpose is to protect, especially and comprehensively, minors and their families, as the natural element and pillar of society," "the governing institution in matters of childhood, adolescence, and family," and therefore, without a doubt, the situation of the protected minor fits perfectly within those cases established by Costa Rican legislation to require the special protection that only the Patronato Nacional de la Infancia is called to grant.

In such a way, by the mere fact that the protected minor is in a situation of grave risk and danger, he needs the special protection of the State, and it is precisely what the Ministerio Público has tried to provide him through the mechanisms provided for in Costa Rican legislation and seeking the collaboration of the different institutions that can be involved in the particular matter. From this perspective, the fact that the protected minor is a witness to a crime merits the measures that have been adopted so far in order to provide him protection, even if this has implied his separation from the family nucleus and his placement in a shelter of the Patronato Nacional de la Infancia. Thus, the respondent institution is also not correct in stating that it is "unacceptable that the Ministerio Público, knowing the collaboration provided by the minor, did not manage in a planned manner the collaboration and cooperation that must exist between both institutions," because it is clear from the case records that this criterion has no factual basis, as the records, on the contrary, show that the Office of Victim Assistance and Protection of the Ministerio Público has carried out this coordination with the different institutions that could provide collaboration, and for this purpose required the help of the Patronato Nacional de la Infancia, the Instituto Mixto de Ayuda Social, and the Ministerio de Seguridad Pública, it also being evident from the case file that it has only been the respondent institution that, contrary to what should be expected given its nature, has denied the requested collaboration.

This being the case, in disagreement with what the respondents state, providing shelter to the protected minor is not a matter of institutionalization for institutionalization's sake, but rather, given the very particular conditions of this specific case, it is the only possible, effective, safe, and real measure available to the Costa Rican State at this moment to provide protection to a minor who, without any doubt, is doing heroic work by daring to appear as a witness in a crime against drug trafficking and, therefore, a minor who requires protection from the grave danger in which he finds himself; a status which, it is worth mentioning, is regulated in the Código de la Niñez y la Adolescencia when it establishes:

"Article 19.- Right to protection in case of grave danger. Minors shall have the right to seek refuge, assistance, and guidance when the threat to their rights entails grave danger to their physical or spiritual health; likewise, to obtain, in accordance with the law, adequate and timely assistance and protection from the competent institutions." Without any doubt, in this task it is the Patronato Nacional de la Infancia that is primarily responsible for providing this type of protection, and for this it counts, as has been shown in the case file, on the collaboration of the Ministerio Público, the Instituto Mixto de Ayuda Social, and the Ministerio de Seguridad Pública.

X.In relation to the previous argument of the appealed PANI that one of the State's obligations is to facilitate and foster the best conditions for the minor to remain, grow, and develop with their family, and that for this reason the Public Prosecutor's Office is disregarding this principle by having separated the minor from their family to shelter them in the PANI, it must be said that such an assertion is not true for this Chamber, because, on the contrary, it is rather evident in the case file that the Public Prosecutor's Office's decision to shelter the minor in the appealed institution is seeking at all times to guarantee their rights and those of their family, since, as has been stated, the placement of the minor in a shelter has been a temporary measure justified by the circumstances surrounding the case and has in no way implied a radical or definitive separation from their family nucleus.

Observe in the case file that the mother has been duly informed of the actions undertaken, has given her consent when necessary, and furthermore, both she and the minor's siblings have had full and direct access to the minor, every time or moment they wished to be with him, they have been able to do so. In this regard, it is important to take into account that the mother herself, being aware of the situation surrounding her son, has stated in the filing brief for habeas corpus case number 09-003389-0007-CO, which is related to this matter, on page 2, that “at this moment I cannot have my son Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx with me because it is a risk for the whole family…” (emphasis not in original). In addition to the above, it must be considered that, as the Attorney General of the Republic has stated under oath in the mentioned habeas corpus case, on the back of page 10, when referring to the protected minor's mother, “... it is essential to consider that the petitioner herself has stated before the authorities in charge that she cannot take care of the minor, which is why she desires his referral to the IAFA and subsequent entry to the Ciudad de los Niños (PANI shelter)…”.

On this point, it is evident that the Public Prosecutor's Office has also adopted measures to provide protection to the mother and other members of the minor's family nucleus. Regarding that aspect, the Attorney General of the Republic has also stated under oath to this Court that “the Fiscalía coordinated from the beginning economic aid for the minor's family through the IMAS, which was materialized on March 6 of this year”; aid with which, it is deduced from that case file, implied the granting of cash so that the mother could move to another rental dwelling with her children in a place where she would not be in danger, which, according to what is evident from that case file, she did, and to date she is residing in a different place with her other children, receiving economic aid from the Instituto Mixto de Ayuda Social to cover the rental cost of that new domicile, as this is a low-income family that, due to their particular conditions, does not have the means or the possibilities to provide, by themselves, the protection and shelter the minor requires, which, on the contrary, the State is in a position to grant, precisely through the Patronato Nacional de la Infancia.

It is evident then that the PANI's assertions to the effect that no measures have been adopted to protect the protected minor's family nucleus are not true, as it is clear to the Chamber that precise and forceful measures have indeed been adopted to provide protection not only to the minor but also to their family. It should be highlighted that the mother herself has recognized that she cannot have her son with her due to the risk it represents for her and her other children; an assertion that definitively reveals that if the mother herself cannot take in the minor, there is no doubt that the State is the one that must assume their protection, and what better place for this than through the governing institution in matters of childhood and adolescence? Recall that, faced with a situation of potential risk to the minor, the Administration has the obligation to take the necessary measures to ensure the minor's well-being, just as mandated by the various international instruments and the Código de la Niñez y la Adolescencia, which recognize and impose the state duty to grant particular protection to the rights of boys and girls, ensuring that this group is provided with adequate assistance and respect for the rights recognized therein.

Under such assumptions, for the Chamber, there has been no dismemberment of the family as the Patronato Nacional de la Infancia tries to suggest, but rather, on the contrary, the measure adopted by the Public Prosecutor's Office to request the protection and shelter of the minor in the PANI is considered reasonable in order to protect the life and physical integrity of the minor, who furthermore, as has been demonstrated to the Chamber, is also in a situation of social risk since this is a minor with a degree of drug addiction. For this reason, what better institution to protect them than the Patronato Nacional de la Infancia itself; an institution that, taking into account this addiction problem, as reported under oath to the Chamber on page 163, when the minor presented in the last three placements “drug use, … was admitted for detoxification in the Nuevos Horizontes program of the Hospital Nacional Psiquiátrico,” it was expressly indicated that at the time that report was rendered, the minor was in that center, this being a transitory placement to address a stage of use.

This demonstrates that even though the PANI remains reluctant to have the minor under its care, it is implicitly recognizing that it has the necessary mechanisms to provide the minor with the attention they require, proof of this being that, faced with this addiction problem, it decided to immediately refer him to the aforementioned program, all in order to guarantee the best interest of the minor.

XI.The Patronato Nacional de la Infancia also alleges as an excuse that the installations of the Oficina de Atención Integral of that institution are not suitable to keep the protected minor, as this is a space intended for a person to rest and remain there for a few hours, at most twenty-four, while the on-duty officials delve deeper into the situation and assess a possible subsequent placement, provided admittance to a protection alternative is justified. Such an argument is also not valid for this Court because, while it is true that this site may not meet adequate conditions to keep the protected minor, it is also true that the appealed institution has a series of different shelters, homes, and shelter alternatives in which it could have placed the minor, thus providing not only the protection they require but also the best conditions, as far as possible, so they could feel comfortable, at ease, protected, and above all, safe given the seriousness of the situation surrounding them.

Unfortunately, it is clear from the record that the PANI's motivation has not been this, but rather to remove the minor from its sphere of care and protection, making it evident that, far from protecting and safeguarding their fundamental rights, it instead violated them and also placed them in evident threat and risk. The PANI also argues that it is not true that a police custodian was provided to give special protection to the minor permanently, but rather, on the contrary, the presence has been sporadic and not permanent, which it considers as “a fatal weakness of the victim care office,” estimating that this office “has not assumed the leadership and direction of the institutional efforts; on the contrary, it has reinforced —not to say promoted— situations that do not facilitate a calm and composed coordination.” In contradiction with such a criterion, the Chamber observes in the case file that the Public Prosecutor's Office has performed multiple coordination tasks, mainly with the Ministerio de Seguridad Público, and its representative, in habeas corpus case number 09-003389-0007-CO, affirmed to the Chamber under the gravity of oath that the collaboration requested and as requested has been provided: “…the actions of the officers of the Ministerio de Seguridad Pública have been deployed at all times in accordance with the Law and attending at all times to collaboration with other institutions in accordance with their functions.” This statement demonstrates that, for this specific case, police presence has indeed been provided when it has been possible and when resources have allowed.

However, it also hints that, definitively, because the appealed PANI has resisted assuming the full responsibility it should have adopted in this case and, consequently, materializing concrete actions to protect the protected minor, it has neither requested that collaboration granted to it by Article 55 of the Constitution itself, by virtue of which it is fully empowered to request and demand from the competent bodies the police protection it deems pertinent to address the situation. Furthermore, it becomes evident that, at this moment, by not being fully aware of its responsibility within the array of institutions existing in the country, the Patronato Nacional de la Infancia has neither devised protocols nor measures to resort to for requesting police protection from the Ministerio de Seguridad Pública or the other police forces existing in the country, with which it should be equipped, given that in the same report rendered under oath to this Chamber, it states that situations of violence among minors under its protection have arisen at its facilities, which it has had to attend to, and for which, undoubtedly, police collaboration could be timely and convenient.

For this reason, the excuse that the appealed PANI has raised regarding this point is not acceptable, as this reveals that, as the governing institution for Costa Rican childhood, it is not aware that under the protection of Article 55 of the Constitution, it has full competence to request and demand the collaboration of other State institutions, among them, the police forces. While it is true, as the respondent itself states, that it is not its responsibility to “orchestrate police protection actions,” it is also true that it is within its competence to request or demand, when applicable, the police protection it requires to attend to its constitutionally assigned task. Therefore, the argument it formulates in this regard is rejected, and especially that this could imply a “significant setback” when, on the contrary, it is part of the obligations that the Constituent Power has entrusted to it.

XII.In conjunction with the above, the PANI also claims that there is no adequate infrastructure to house individuals like the protected person, since having them there with other children and youths who are in different conditions endangers the life and physical integrity of the latter, as they may be affected by actions carried out by third parties. On this point, the Chamber disproves that statement with the same arguments that have been indicated: if the Patronato Nacional de la Infancia is the governing institution in Costa Rican childhood matters, responsible for safeguarding and guaranteeing the rights of that population, it is also true that for this purpose it has the collaboration of other State institutions, among which, as stated, are the country's various police forces, under the protection of the norm established in Article 55 of the Constitution. Now, the fact that it does not have the installed capacity to coordinate and materialize that help is a problem pertaining to the institution's own infrastructure and administration, but never an omission by the Costa Rican State, much less attributable to the Public Prosecutor's Office.

Therefore, the excuse that it lacks the conditions to provide protection to the other children or youths it houses is not valid, as the truth is that it has at its disposal an entire regulatory arsenal that empowers it to request the collaboration it deems necessary, and therefore, it must channel its efforts in that direction, not as it is currently doing by claiming it does not have the conditions to house individuals like the protected minor. Consequently, that argument is not acceptable to this Court, and on the contrary, it is warned that, under the protection of Article 55 of the Constitución Política, the Patronato Nacional de la Infancia must initiate the necessary coordination efforts to efficiently carry out the function that the Constituent Power itself entrusted to it.

XIII.The Patronato Nacional de la Infancia states that, in this specific case, it has not refused to fulfill its legal competencies and powers as the governing institution to guarantee the catalog of human rights of minors with the collaboration of all institutions. However, in the Chamber's opinion and in light of what has been stated, it is totally discredited by the facts denounced in the filing brief of the appeal, since by refusing to keep the protected minor under its shelter and care, the PANI has precisely neglected its obligation to guarantee the rights of that minor. As noted above, for the Chamber, the argument that the protected person's case does not meet the requirements to be subject to the PANI's protection is in no way valid, since, as indicated, the obligation granted to that institution by the Constituent Power is related to the special protection of the minor, regardless of whether they are in a state of abandonment or are a victim of a crime or a witness in a criminal case. Therefore, such an argument must be dismissed.

XIV.The Patronato Nacional de la Infancia argues that with the approval of Ley 8720 de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos intervinientes en el Proceso Penal, the Public Prosecutor's Office now has a valid instrument that grants it a set of actions aimed at executing material protection measures in cases where accompaniment or surveillance of the protected person is required, and therefore it considers that under the protection of that law, the Public Prosecutor's Office is still responsible for attending to these cases, not the Patronato Nacional de la Infancia. Faced with this argument, the Chamber observes that in habeas corpus case number 09-003389-0007-CO, both the Attorney General of the Republic (on page 11) and the Deputy Attorney General (on page 157) stated under oath that the publication of that law is expected in the coming days. In addition to this, on page 27 of this amparo, the respondents themselves state under oath that “the recent Ley 8720 approved (sic) by the Legislative Assembly, signed (sic) by the President of the Republic, not yet in force.” Thus, this argument that the Patronato Nacional de la Infancia raises regarding that Law is not valid for this Chamber because, as deduced from both statements rendered under oath to this Court, said Law had not been published at the time those reports were rendered, and therefore it had not entered into force.

XV.By virtue of the foregoing considerations, the Chamber concludes that, given the particular conditions of the protected minor and the evident risk to their life and physical integrity, the proper course is to grant this appeal, considering that the Patronato Nacional de la Infancia is the best place existing in the country at this moment to provide the protected minor with the protection and shelter they require. Therefore, the Executive President of that institution is ordered to take protection and surveillance measures for the minor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx until the state of threat against life and physical integrity ceases.

Por tanto:

The appeal is granted. Mario Alberto Víquez Jiménez, in his capacity as Executive President of the Patronato Nacional de la Infancia, is ordered, in coordination with the Public Prosecutor's Office, to take protection and surveillance measures for the minor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx until the state of threat against life and physical integrity ceases. Mario Alberto Víquez Jiménez, in his capacity as Executive President of the Patronato Nacional de la Infancia, or whoever exercises the position in his place, is warned that failure to comply with said order will result in the crime of disobedience, and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the crime is not more severely penalized.

The Patronato Nacional de la Infancia is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceeding. Notify personally Mario Alberto Víquez Jiménez in his capacity as Executive President of the Patronato Nacional de la Infancia and Francisco Dall´Anese Ruiz in his capacity as Attorney General. Communicate this.- Adrián Vargas B. Acting Presiding Judge Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Rosa María Abdelnour G.

Horacio González Q.

Jorge Araya G.

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* 090029300007CO * * 090029300007CO * Res. Nº 2009-005448 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y cuarenta y uno minutos del uno de abril del dos mil nueve.

Recurso de amparo interpuesto por Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía General de la República; a favor del menor de edad Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; contra el Patronato Nacional de la Infancia. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas cincuenta y dos minutos del veintiséis de febrero del dos mil nueve, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Patronato Nacional de la Infancia y manifiesta que el veinticuatro de febrero del dos mil nueve, en horas de la noche, el menor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de trece años de edad, quien es vecino de Los Guido, sector 7, en Desamparados, se presentó junto con el oficial Steven Trejos Morales, actualmente Subjefe de la Policía de Desamparados, a las oficinas centrales del Organismo de Investigación Judicial para informar que había sido víctima de amenazas por parte de una banda conocida como "Mata Pobres". Indica que el menor narró que integrantes de esa organización dispararon en repetidas ocasiones a la casa donde actualmente vive -en el lugar antes dicho-; sin embargo logró escapar y acudir al puesto policial más cercano.Señala que el veinticinco de febrero siguiente se presentó el menor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx junto con el oficial Trejos Morales a la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito del Ministerio Público, y una vez valorado el riesgo inminente para la vida del menor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx -tomando en cuenta la zona en que vive, las violentas amenazas sufridas, la peligrosidad de la banda que pretende hacerle daño, y además que en ese momento no se encontraba representado por algún adulto-, se tomó la decisión de pedir auxilio al Patronato Nacional de la Infancia para que le ofreciera albergue, pues era el único medio factible de brindar protección efectiva al menor ante el alto riesgo sufrido. Menciona que debe considerarse que no se conoce de un recurso familiar o de otra índole para solucionar el problema, pese a que se trabaja actualmente en la reubicación de la familia del afectado en otro vecindario -sin resultados hasta ahora-.Expone que inicialmente la Licda. Teresa Serrano Moraga, coordinadora de turno del Patronato Nacional de la Infancia, estuvo de acuerdo en acoger al menor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por lo que a partir de las once horas cincuenta minutos aproximadamente del veinticinco de febrero, el joven ingresó a las instalaciones de dicha entidad -en San José-, y además la policía proporcionó un custodio para brindar protección especial al menor. Acusa que pese a todo lo anterior, al ser las diecisiete horas cuarenta y nueve minutos del veinticinco de febrero, el recurrido Mauricio Medrano Goebel en su condición de Gerente Técnico del Patronato Nacional de la Infancia, mediante oficio D.A.I.2009-0275, comunicó a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público que la protección de personas menores de edad en las circunstancias dichas no está dentro de las atribuciones y competencias de la Institución, no obstante, señaló, que en el marco de la colaboración institucional, estaba dispuesto a facilitar, de manera excepcional y por esta única vez las instalaciones a efecto de mantener a la persona menor de edad hasta el veintiséis de febrero a las diez horas, momento en el cual se debía recoger y reubicar en otro sitio.Acusa que la actuación del recurrido contraviene no sólo las disposiciones constitucionales señaladas en los artículos 51 y 55, sino también el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño -que obliga a las instituciones públicas a considerar primordialmente el interés superior de los niños en las medidas concernientes a éstos-, y los numerales 4, 13 y 24 del Código de la Niñez y de la Adolescencia (No. 7739 del 6 de enero de 1998) -que garantizan los derechos a la protección estatal y a la integridad de la persona menor de edad. Al estimar vulnerados los derechos del menor de edad Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, solicita que se declare con lugar el recurso con sus consecuencias.
  2. 2Informan bajo juramento Mario Alberto Víquez Jiménez en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal, Mauricio Medrano Goebel en su calidad de Gerente Técnico y María Gerardina Vargas Hernández como Coordinadora del Departamento de Atención Integral, todos del Patronato Nacional de la Infancia (folio 15), que el veinticinco de febrero del dos mil nueve la Licda. Xinia Mora Peraza de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, acudió a las Oficinas del Departamento de Atención Integral dejando como un objeto a la persona menor de edad, sin ningún documento ni un informe de la situación en que se encontraba el adolescente y ante esto se le requirió un informe a la mayor brevedad posible, el cual llegó posteriormente. Manifiestan que posteriormente se coordinó telefónicamente con la Licda. Mora Peraza la posible y eventual “ubicación” del menor por el “riesgo” en que se encontraba al ser testigo en un proceso penal de tráfico de drogas.Añaden que de la coordinación verbal se originó el oficio DAI-2009-0238 firmado por el Gerente Técnico del Patronato a la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público informando lo acordado verbalmente, en especial la colaboración del Patronato para la permanencia del adolescente en el Departamento de Atención Integral durante un lapso de algunas horas mientras los funcionarios investigan y profundizan la situación encontrada de las personas menores de edad, siendo precisamente en este sentido que se dispuso esta permanencia para luego coordinar lo que corresponda en cuanto a la “ubicación temporal” en alguna alternativa de protección si es que corresponde. Añaden que la permanencia en ese recinto era estrictamente temporal según lo conversado, coordinado y acordado; temporal por lo que restaba del veinticinco de febrero del dos mil nueve hasta las diez de la mañana del día siguiente veintiséis de febrero cuando procedería la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público a reubicar a la persona menor de edad.Indican que la decisión asumida por el Patronato no fue antojadiza ni siquiera arbitraria, sino que, por el contrario, fue asumida responsablemente en el contexto en que fue presentada la situación y en el contexto de las responsabilidades asumidas por el Ministerio Público, además respaldada por los oficios enviados por el Ministerio Público: a) coordinación y acuerdo verbal entre el Lic. Mauricio Medrano y la Licda. Xinia Mora; b) oficio número 263-09-OAVD-2009 del veinticinco de febrero del dos mil nueve firmada por la Licda. Xinia Mora y dirigido a la Licda. Teresa Serrano Moraga, Coordinadora de Turno del Departamento de Atención Integral del Patronato que en lo que interesa señaló que “este despacho también está a cargo de la reubicación de la familia del menor, que la integra la madre, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxy cinco (5) hijos todos menores de edad. Esta reubicación se coordina con el IMAS quien colabora con el depósito y el primer mes de renta de una vivienda que no supere los 90.000 colones mensuales.La Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxtrabaja arreglando artefactos eléctricos como TVS, radios, equipos de sonidos, etc, pero a raíz de este problema no ha podido salir de la casa”; c) oficio del veinticinco de febrero del dos mil nueve firmado por la Licda. Xinia Mora de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público dirigido al oficial Steven Trejos Morales, Sub-Jefe de la Policía de Desamparados en donde señala: “En conversación sostenida con el licenciado Mauricio Medrano, Gerente Técnico del PANI se permitirá la permanencia del menor de 13 años ... en el DAI (Departamento de Atención Integral) durante la noche de hoy u hasta las 10:00 horas del día de mañana, momento en el cual el personal de nuestra oficina se hará cargo del menor”. Consideran que estaban claros los compromisos y responsabilidades adquiridos por el Patronato y el Ministerio Público para sorpresa de la institución, el Ministerio Público de repente cambia de criterio informando a los funcionarios del Patronato que no cumplirían con el compromiso adquirido en virtud de que estaban preparando un recurso de amparo.Señalan que las afirmaciones vertidas en el amparo no son congruentes con la doctrina de protección integral y el enfoque de derecho, ya que las causales señaladas: a) la zona en que vive; b) las violentas amenazas sufridas; c) la peligrosidad de la banda que pretende hacerle daño y d) que no estaba representado por algún adulto, no constituyen razones suficientes y eficientes para solicitar que el Patronato le ofrezca un albergue pues es el único medio que se considera factible de brindar protección efectiva al menor ante el alto riesgo sufrido. Indican que contrario al criterio anterior del Ministerio Público, en su criterio los albergues no pueden ser el único medio factible de brindar protección efectiva al menor pues el Estado y sus instituciones deben aplicar el principio del interés superior de las personas menores de edad. Estiman que el Ministerio Público argumenta la necesidad de protección alrededor de los síntomas, lo cual es propio de la doctrina de la situación irregular: zona en que vive, violencia sufrida, víctima de posible daño, sin representación de adulto, con lo cual se sigue viendo a la persona menor de edad como un objeto sin analizar las causas por las cuales se están violentando sus derechos humanos y la causa radica precisamente en la omisión de las instituciones competentes para brindarle la protección policial cuando es requerido, siendo que ninguno de esos síntomas se presentarían si a la persona menor de edad se le garantiza por parte de las instituciones competentes el custodio y la protección policial requerida.Señalan que no comprenden porqué el Ministerio Público indica que no ha habido representante del menor si ha estado coordinando con su madre la posible ubicación del grupo familiar, además se preguntan porqué el Ministerio Público está promoviendo la separación del adolescente de su madre y hermanos solicitando al Patronato la ubicación del joven en un albergue. Consideran que la respuesta a estas interrogantes está en la doctrina de la situación irregular que defiende la institucionalización y que en nombre de la protección de las personas menores de edad se les trata como objeto del proceso, siendo una visión tutelar. Estiman que el Patronato debe ser un buen padre y madre de familia, superándose con ello la doctrina anterior por la de la Doctrina de Protección que ve a la niñez como una sola y no como dos, como la ve el Ministerio Público: 1) por un lado los hermanitos del amparado quienes no son testigos en un proceso penal y por ende si tienen el derecho a estar con su madre y 2) por el otro el menor quienes testigo en un proceso penal y por tanto no tiene el derecho a estar con su madre y hermanos dada la peligrosidad que corre su vida y por ello debe estar recluido en un albergue.Consideran que esto es negar explícitamente los derechos fundamentales de la persona menor de edad (doctrina de la situación irregular) pues en materia de los derechos de la niñez y la adolescencia, en nombre del interés superior del menor se conculcan sus derechos. Indican que no aceptan que bajo el nuevo paradigma de la protección integral se considere que las personas menores de edad son objeto de protección cuando en realidad son sujetos plenos de derechos con capacidad jurídica de gozar y actuar frente a las situaciones de violación de sus derechos y por tanto, sujetos plenos de protección estatal siendo que para cada institución dentro del marco de sus competencias. Señalan que el ingreso a un albergue debe ser la última ratio en una decisión tanto administrativa como judicial ya que constituye una medida sumamente gravosa a los derechos de los menores y tomando en cuenta el principio del mejor interés superior de las personas menores de edad, para proceder con la separación de su familia, debe cumplirse con los presupuestos legales y desde luego el ser testigo no es causa suficiente y eficiente para la separación de su familia, siendo que ni el Código de Familia ni el Código de la Niñez y la Adolescencia, se establece como causal de separación el ser testigo en un proceso penal.Consideran inaceptable que el Ministerio Público conociendo la colaboración brindada por la persona menor de edad, no gestionara en forma planificada la colaboración y cooperación que debe existir entre ambas instituciones porque debió haberse actuado bajo el principio de atención integral y por ello no es posible que cada institución actúen en forma aislada y desarticulada. Estiman que el Ministerio Público debió haber planificado y coordinado las acciones con la debida anticipación, cada uno dentro del marco de su competencia, sin violentar la confidencialidad de las acciones realizadas por el Ministerio Público, pero nada de esto se aprecia en el caso concreto. Agregan que el menor ha manifestado en el Patronato sentirse defraudado del Ministerio Público ya que él esperaba el acompañamiento y protección de un custodio, se sintió traicionado y abandonado por haberlo dejado en el Patronato, indicando que si hubiera sabido que todo esto iba a suceder, no hubiera dicho nada.Manifiestan que efectivamente el menor ingresó a las instalaciones del Departamento de Atención Integral del Patronato Nacional de la Infancia, que son para que la persona descanse y se mantenga durante unas horas, lo más veinticuatro horas, mientras los funcionarios de turno y los que los revelen, profundicen en la situación y valoren prima facie la situación de la persona menor de edad y coordinen una posible ubicación transitoria siempre y cuando así se motive y justifique el ingreso a alguna alternativa de protección. Indican que no es cierto que la policía haya proporcionado un custodio para brindar protección especial al menor de edad en forma permanente, siendo que, por el contrario, la asistencia ha sido esporádica y no permanente, por lo que estiman que ello ha sido una debilidad funesta de la oficina de atención a la víctima, la cual no ha asumido el liderazgo y la dirección de los esfuerzos institucionales, sino que por el contrario ha reforzado, por no decir promovido, situaciones que no facilitan una coordinación pausada y calmada, a pesar de que debe orquestar todos los esfuerzos necesarios para minimizar cualquier situación que pueda implicar una revictimización del testigo.Indican que por el contrario, la situación ha sido de trasladar la responsabilidad de un lado a otro y de funcionario en funcionario, negándose además la asignación de un custodio permanente y el Ministerio de Seguridad alega limitación de recursos. Agregan que en consulta realizada al Ministerio de Seguridad Pública se les informó que éste procedía según las órdenes del Ministerio Público ya que es éste el que ordena el tipo de custodia que se brinda y previo a la asignación del custodio la víctima o testigo debe ser entrevistado e informado sobre sus derechos y responsabilidades. Consideran que sería un retroceso significativo si se le endosa al Patronato la responsabilidad de orquestar las acciones de protección policial pues esa es una responsabilidad que le compete a las autoridades judiciales en coordinación con la policía administrativa. Señalan que el Patronato nunca se ha negado a asumir las competencias y facultades legales que le corresponden pues sabe que es el ente rector en garantizar el catálogo de los derechos humanos de las personas menores de edad con la colaboración de todas las instituciones incluyendo al Poder Judicial.Añaden que la reciente Ley 8720 aprobada por la Asamblea Legislativa y no vigente aún, señala que es responsabilidad del Ministerio Público la administración del programa de protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, siendo atribuciones de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público el conocer las solicitudes de medidas de protección formuladas, el identificar, autorizar, implementar, modificar y suprimir las medidas de protección destinadas a las personas que califiquen para recibir los beneficios del programa, coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública u otros organismos gubernamentales el establecimiento o uso de los centros de protección necesarios para brindar las medidas a las que se refiere la ley, encomendar la ejecución de medidas de protección, requerir servicios a otras instituciones públicas para el cumplimiento de sus atribuciones, entre otros.Manifiestan que la voluntad del legislador en representación de los ciudadanos señala responsabilidades claras para la oficina de atención de la víctima del delito del Ministerio Público en cuanto a la protección policial de los testigos además de garantizar un conjunto de acciones tendientes a ejecutar las medidas materiales de protección en los casos en que se requiera acompañamiento o vigilancia de la persona protegida. Agrega que la protección extraprocesal de la víctima, los testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal y la protección especial en caso de riesgos o amenazas graves contra la vida o la integridad física, la de sus familiares u otras personas relacionadas con el interviniente en el proceso, es responsabilidad del Ministerio Público, la policía, el Juez o el Tribunal de Juicio que conozca la causa, y son quienes deberán adoptar las medidas necesarias para que se brinde esa protección y aunque la norma no esté vigente todavía, sirve de orientación para definir dentro de un esquema lógico, racional y razonable cuál es la instancia responsable de garantizar la protección policial.Insisten en la necesidad de garantizar la protección policial, custodios o algún otro medio, pues la persona menor de edad podría regresar al lado de su familia a la brevedad posible, siendo que la separación no se justifica por la omisión el Estado y de las instituciones competentes para garantizarle esa protección, para lo cual se debe cumplir con una acción coordinada entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad. Reafirman su compromiso de asumir “las medidas complementarias” cuando no exista una autoridad parental que cumpla con sus obligaciones pues los instrumentos internacionales y la legislación nacional en materia de niñez adolescencia son claros en establecer que el Estado debe promover el fortalecimiento de la familia y en la medida que lo exija el interés superior de las personas menores de edad, facilitar y propiciar las mejores condiciones para que la persona menor de edad permanezca, crezca y se desarrolle con su familia.Reiteran que en el caso concreto las actuaciones judiciales han sido las de aplicar la doctrina de la situación irregular según la cual ante el riesgo de las personas menores de edad, la solución es la institucionalización sin realizar el ejercicio de analizar, razonar y profundizar en la aplicación del principio del interés superior de las personas menores de edad, en donde hay que demostrar que la decisión tomada lo fue en el interés superior de la persona menor de edad, siendo que el nuevo paradigma de la protección integral obliga a realizar todo el esfuerzo necesario para evitar una revictimización. Consideran que lo mejor sería que el menor permanezca con su madre y hermanos con la debida protección policial a cargo de las instituciones competentes y que el Patronato garantice la protección integral de otros derechos como la salud, educación, alimentación entre otros, con lo cual se podría satisfacer la mayor cantidad de sus derechos como lo es el estar con su familia, la protección estatal, la vida, la integridad física, la salud, la educación, la alimentación entre otros.Estiman que en este caso no se debe descartar a la madre para que asuma a su hijo considerando su derecho a participar y opinar, así como el derecho de estar con su familia y que el Estado le garantice las condiciones y el custodio para evitar el riesgo de amenazas y de acciones en contra de su integridad física y su vida. Manifiestan que la protección a la víctima/testigo es distinta a la protección especial siendo ésta última la que le corresponde al Patronato garantizar cuando existe ausencia de la autoridad parental y en el caso concreto no se ha demostrado fehacientemente esta situación, con lo cual se está violentando la razón de ser del Patronato, cambiando a la institución en una distinta a la que el legislador y el constituyente crearon. Indican que el Patronato no es una institución que alberga a víctimas y testigos de delitos penales sino que fue creada para proteger a niños, niñas y adolescentes que no cuenten con la presencia de una autoridad parental y en este caso no ha quedado acreditado en toda la intervención el ejercicio excesivo u omisivo de la madre del amparado, para lo cual debe seguirse un debido proceso con los medios probatorios adecuados y con resoluciones debidamente motivadas y argumentadas, con todas las garantías procesales, administrativas y sustantivas establecidas en el Código de la Niñez y de la Adolescencia.Manifiestan que a pesar de lo anterior, el Patronato ha procedido a brindar protección al testigo y en ese sentido, la Oficina de Desamparados ha emitido medidas de protección en Comunidad de Encuentro a las catorce horas del veintisiete de febrero del dos mil nueve a partir de los nuevos hechos ocurridos y reportados por la Oficina de Atención a la Víctima; medidas que fueron luego modificadas por lo que se trasladó al joven al Albergue de la Garita en resolución de las diez horas del tres de marzo del dos mil nueve. Indican que se ha brindado al menor alimentación, contención psicológica, acompañamiento de las veinticuatro horas, abrigo, higiene, atención médica, coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, coordinación con el Hospital Psiquiátrico, visita y relación con la madre, seguimiento en Trabajo Social, entrevistas, participación, opinión, ha sido escuchado, asesoría legal, entre otros.Estiman que el Patronato no ha actuado en forma negligente ni mucho menos arbitraria, su intervención ha sido oportuna y adecuada y las actuaciones se han ajustado estrictamente al principio de legalidad administrativa, brindándose protección a la persona menor de edad dada su condición de vulnerabilidad. Finalizan solicitando que se declare sin lugar el recurso al estimar que el Patronato Nacional de la Infancia no ha violentado ningún derecho constitucional del menor amparado, además porque consideran que las actuaciones se han ajustado a la normativa nacional e internacional vigente como a los principios propios que inspira el proceso administrativo. Solicitan que se libere al Patronato Nacional de la Infancia de toda responsabilidad en este caso.
  3. 3En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que el menor amparado Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha sido testigo de un delito de narcotráfico por lo que solicitó protección al Ministerio Público y la Oficina de Atención a la Víctima de esa institución lo remitió al Departamento de Atención Integral del Patronato Nacional de la Infancia donde ingresó el veinticinco de febrero del dos mil nueve (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 16); b) que la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público solicitó que se mantuviera al amparado en las oficinas del Patronato Nacional de la Infancia de manera temporal mientras se decidía su ubicación (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 17); c) que el Gerente Técnico del Patronato Nacional de la Infancia indicó que se permitiría la permanencia del amparado en el Departamento de Atención Integral de esa institución hasta las diez de la mañana del veintiséis de febrero del dos mil nueve (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 18); d) que a raíz de la medida cautelar decretada en este amparo, el joven Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxse encuentra en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia en contra del criterio de esta institución que estima que no reúne las condiciones para mantener albergado a un menor testigo de un delito (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 24).

II.Objeto del recurso. Alega el recurrente que el Patronato Nacional de la Infancia se niega a mantener al amparado en un albergue de esa institución a pesar de que requiere protección especial por haber sido testigo de un delito de narcotráfico, lo que estima lesivo de sus derechos y por ello pide que se declare con lugar el recurso.

III.Sobre la normativa que establece la tutela y protección de los derechos de los niños y niñas. A partir del principio sentado por el artículo 55 de la Constitución Política, Costa Rica ha dictado amplia normativa dirigida a la protección de los derechos de los menores de edad así como también ha ratificado varios tratados y convenios internacionales dirigidos a esa especial protección. En ese sentido y como primer marco de referencia, debe recordarse lo que establece el artículo 55 de la Constitución Política:

“Artículo 55.- La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado.” Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José en mil novecientos sesenta y nueve y vigente en el país desde julio de mil novecientos setenta y ocho, dispone en su artículo 19 sobre los derechos de los menores de edad, lo siguiente:

“Artículo 19. Derecho del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” Del mismo modo, en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Ley Nº 7184 de dieciocho de julio de mil novecientos noventa, se indica que:

“Artículo 3 En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (…)” Ahora bien, recuérdese que de conformidad con la doctrina derivada del artículo 7 de la Constitución Política, los tratados o convenios internacionales como fuente normativa del ordenamiento jurídico costarricense, ocupan una posición preponderante a la de la ley común y ello implica que ante la norma de un convenio como las citadas supra, cede la norma interna de rango legal que se le oponga y por ende el país está obligado a brindar a los menores de edad, las medidas de protección que requieran, las cuales deben ser dictadas siempre en atención al interés superior de la persona menor de edad.

Por otra parte, y de igual relevancia en cuanto a la protección de los derechos de las personas menores de edad, resultan los artículos 1, 3, 4 y 13 del Código de la Niñez y de la Adolescencia que es Ley número 7739. Tales artículos disponen:

“Artículo 1°- Objetivo. Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad. Establece los principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta población.

Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o beneficios prevalecerán sobre las disposiciones de este Código”.

“Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Código se aplicarán a toda persona menor de edad, sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la cultura, el género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra condición propia, de su padre, madre, representantes legales o personas encargadas.

Los derechos y las garantías de este grupo son de interés público, irrenunciables e intransigibles”.

“Artículo 4°. Políticas Estatales. Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad.

En la formulación y ejecución de políticas, el acceso a los servicios públicos y su prestación se mantendrá siempre presente el interés superior de estas personas. Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales de esta población.

De conformidad con el régimen de protección especial que la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, este Código o leyes conexas garantizan a las personas menores de edad, el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las obligaciones aquí establecidas.” “Artículo 13. Derecho a la protección estatal. La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso intencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo integral.

El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brindarán las oportunidades para la promoción y el desarrollo humano social, mediante los programas correspondientes y fortalecerán la creación de redes interinstitucionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil que prevengan el abuso, el maltrato y la explotación, en sus distintas modalidades, contra las personas menores de edad.”

IV.Sobre las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia. En aras de que se dicten medidas concretas en protección de los niños y las niñas, pero sobre todo con la intención de que sean efectivamente aplicadas, el Constituyente creó al Patronato Nacional de la Infancia, con carácter autónomo, siendo esta institución el ente rector nacional encargado de la protección especial de los menores de edad. Para darle aplicabilidad y sustento al artículo 55 constitucional, el legislador dictó la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, número 7648 que en sus artículos 1° y 2° establece:

“Artículo 1°- Naturaleza. El Patronato Nacional de la Infancia es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio. Su fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad. Su domicilio estará en la capital de la República.

Será obligación del Estado dotar al Patronato Nacional de la Infancia, de todos los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines.” “Artículo 2°- Principios. El Patronato Nacional de la Infancia será la institución rectora en materia de infancia, adolescencia y familia y se regirá por los siguientes principios:

a. La obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

b. El interés superior de la persona menor de edad.

c. La protección de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, por ser el medio idóneo para el desarrollo integral del ser humano.

d. La protección integral de la infancia y la adolescencia así como el reconocimiento de sus derechos y garantías establecidos en la Constitución Política, las normas de derecho internacional y las leyes atinentes a la materia.

e. La dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad como elementos básicos que orientarán el quehacer institucional.” Sobre este tema en concreto, la Sala ha vertido su criterio en reiterados pronunciamientos y en lo conducente ha señalado que:

“(…) El legislador Constituyente en aras de proteger a la madre y al menor, creó con rango Constitucional, el Patronato Nacional de la Infancia, convirtiéndola en la Institución rectora, por excelencia, de la niñez costarricense. Este sentimiento expresado en esta norma, está indudablemente unido también al interés de proteger a la familia como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Los artículos 51 y 55 preceptan pues, dos de los valores más arraigados de nuestro pueblo, valores que gracias a la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, hoy son compartidos a nivel mundial, existiendo consenso sobre el deber del Estado de proteger siempre, el interés superior del menor.(…)” (Sentencia N° 227-93 de las doce horas treinta y seis minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y tres).

V.Sobre el caso concreto. Según se desprende del memorial de interposición de este recurso, el accionante en su condición de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía General de la República e interviniendo a favor del menor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

, acusa que el Patronato Nacional de la Infancia está desatendiendo la función y obligación primordial para la cual fue creado pues se niega a brindarle protección a este menor de edad que ha sido testigo de un delito de narcotráfico y cuya vida corre peligro. Tal argumentación es sustentada por el recurrente en el hecho de que aún cuando la Fiscalía General de la República a través de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito, expuso la gravedad de la situación al Patronato Nacional de la Infancia y le solicitó auxilio para ubicar a este menor en un albergue al considerarse que era el único medio factible de brindarle protección ante el alto riesgo que sufre, esta institución accedió inicialmente a acoger al menor a partir las once horas cincuenta minutos del veinticinco de febrero del dos mil nueve pero luego, a las diecisiete horas cuarenta y nueve minutos, su Gerente Técnico manifestó que la protección de personas menores de edad en las circunstancias en las que se encuentra el amparado, no está dentro de las atribuciones y competencias de la institución, por lo que indicó de manera excepcional y por esta única vez, hasta el veintiséis de febrero siguiente a las diez horas, de modo tal que la Fiscalía General de la República, a esa hora, debía proceder a recoger y reubicar al menor en otro sitio.

En criterio del recurrente, la negativa de las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia de brindarle abrigo en uno de sus albergues debido al inminente peligro que corre su vida, es lesiva de sus derechos fundamentales y por ende, vulnera el interés superior del menor de edad, su derecho a la protección estatal, su derecho a la integridad física y en consecuencia, su derecho a la vida, solicitando por ello la estimación del amparo.

VI.Consta en el expediente que el menor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha declarado como testigo en un delito de narcotráfico y por tal razón, la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, se ha avocado a adoptar las medidas que ha estimado pertinentes y necesarias para brindarle la protección que requiere en vista de que ha sido sujeto de amenazas en contra de su vida e integridad física. Dentro de esas medidas coordinadas, el Ministerio Público adoptó la decisión de solicitar auxilio al Patronato recurrido a fin de ubicar al menor amparado en uno de sus albergues a fin de que en ese sitio se le brindara el abrigo y la protección que requería. De igual forma se desprende de autos que precisamente a raíz de la interposición de este amparo y en vista de la medida cautelar decretada en la resolución que le dio curso, las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia han decidido, bajo protesta, mantener de modo indefinido al menor en un albergue de la institución bajo su cuidado, abrigo y protección.

Sobre el particular, los representantes del Patronato Nacional de la Infancia han manifestado a la Sala su disconformidad con la solicitud de colaboración que les formuló el Ministerio Público a fin de ubicar en uno de sus albergues al menor como medida de protección; disconformidad que se sustenta en varios argumentos que se hace preciso analizar uno a uno a fin de darle solución a este caso en particular y así poder determinar, bajo la perspectiva de los derechos fundamentales -en este caso los derechos del menor amparado- cuál es la solución que se debe adoptar.

VII.En primer lugar, bajo juramento han informado a la Sala el Presidente Ejecutivo, el Gerente Técnico y la Coordinadora del Departamento de Atención Integral, todos del Patronato Nacional de la Infancia que el menor amparado fue dejado en las Oficinas del Departamento de Atención Integral de esa institución “como un objeto”, “sin ningún documento, ni un informe de la situación en que se encuentra el adolescente”. En cuanto a este punto en concreto, consta en autos que el veinticinco de febrero del dos mil nueve, el menor amparado se presentó a las oficinas del Ministerio Público narrando que miembros integrantes de la banda conocida como “Mata Pobres”, le han estado efectuando constantes amenazas por su declaración como testigo en un delito de narcotráfico en el que supuestamente están involucrados algunos de sus miembros y que la noche anterior, dispararon en repetidas ocasiones contra su casa de habitación, logrando el joven escapar y acudir al puesto policial más cercano, por lo que solicitaba la protección de las autoridades del Ministerio Público al tener certeza de que su vida corre peligro.

Ha quedado acreditado ante esta Sala que dada la premura de la situación, el riesgo inminente en el que se encontraba el menor amparado, la zona en donde vive, las violentas amenazas sufridas, la peligrosidad de la banda y el no estar representando por ningún adulto en ese momento, funcionarios de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito del Ministerio Público, toman la decisión de pedir auxilio al Patronato Nacional de la Infancia y por ello trasladan al menor amparado a esa institución, solicitando que se le ofreciera albergue al considerarse que, para ese momento, era el único medio factible de brindar protección al menor. Del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas se desprende que para ellos mismos, en ese momento, la situación era inminente y por tal razón afirman que le requirieron a los miembros del Ministerio Público, un informe que llegó posteriormente y reconocen además que por el “riesgo” en el que se encontraba el menor, se coordinó verbalmente con la Licda. Xinia Mora Peraza de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, la eventual “ubicación” de la persona menor de edad.

Bajo juramento los informantes afirman a la Sala que de esa coordinación verbal surgió el oficio DAI-2009-0238 firmada por el Gerente Técnico en el que se informaba lo acordado verbalmente en el sentido de que el menor permanecería en el Departamento de Atención Integral durante un lapso de algunas horas mientras se profundizaba la situación, reconociendo los informantes que la decisión asumida por el Patronato no fue antojadiza ni arbitraria, lo cual pone en evidencia que dada la urgencia de la situación, no es aceptable que el Patronato indique ahora que el menor fue dejado “como un objeto”, “sin ningún documento ni un informe de la situación”, pues es evidente que lo que interesaba en ese momento no era la papelería burocrática que se acostumbra en las instituciones públicas, sino más bien el adoptar medidas inmediatas pero sobre todo efectivas en aras de proteger el interés superior del menor y sobre todo su integridad física.

Bajo esta perspectiva, no es admisible para esta Sala que bajo tal argumento, se pretenda desviar la atención de lo que era realmente importante en ese momento: brindar protección al menor y por ende recibirlo en la institución que, como se desprende de la normativa citada supra, es la encargada de tutelar los derechos de las personas menores de edad. De igual modo, bajo esta perspectiva, tampoco es admisible para la Sala que el Patronato Nacional de la Infancia, como ente rector por excelencia de la niñez costarricense, estuviera frente a un menor en un evidente estado de peligro y en lugar de cumplir con su obligación de brindarle protección, pretendiera evadir su responsabilidad bajo el argumento de que la permanencia del menor en ese recinto “era estrictamente temporal” y que por lo tanto podía quedarse ahí “por lo que restaba del día 25 de febrero hasta las diez de la mañana del día siguiente (26 de febrero)”, pues con ello se pone en evidencia que actuó en contra de lo dispuesto en su propia Ley Orgánica según la cual el fin primordial de esa institución es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y para ello se rige por principios según los cuales: a) existe una obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia; b) se debe brindar protección integral a la infancia y adolescencia y c) se debe reconocer los derechos de las personas menores de edad y de sus garantías establecidas en la Constitución Política, las normas de derecho internacional y las leyes atinentes a la materia.

De este modo, en criterio de la Sala y contrario al de las autoridades recurridas, la decisión que asumió esa institución de brindarle un albergue “estrictamente temporal” al menor amparado, sí resulta antojadiza, arbitraria e irresponsable, porque precisamente el contexto en el que debió haberse visto la situación no es el que se indica en el informe rendido a la Sala (el de las responsabilidades asumidas por el Ministerio Público), sino en realidad bajo la perspectiva de lo que estaba ocurriendo pues se trataba de un menor de edad que requería del auxilio y protección especial para el cual el Constituyente precisamente creó al Patronato Nacional de la Infancia. De tal suerte, no llevan razón los representantes de esa institución al afirmar que para su sorpresa el Ministerio Público de repente cambió de criterio informando que no cumplirían con el compromiso adquirido en vista de que estaban preparando un recurso de amparo, pues es evidente que más bien, la sorpresa se pone en evidencia en cuanto a la actuación del Patronato que con su omisión de brindar protección a este menor ha vulnerado la misión que el Constituyente le asignó en el artículo 55 constitucional, cual es justamente, brindar protección especial al menor, con la colaboración de otras instituciones, de modo tal que en este caso concreto, para la Sala, es el Ministerio Público el que le debe brindar colaboración para la protección del menor al Patronato Nacional de la Infancia y no a la inversa como lo pretenden los representantes de la institución recurrida pues admitir este criterio sería desnaturalizar por completo la función para la cual fue creado.

VIII.Argumenta también el Patronato Nacional de la Infancia que las afirmaciones vertidas en la solicitud de amparo no son congruentes con la doctrina de la protección integral porque las causales señaladas (la zona donde vive el menor, las violentas amenazas sufridas, la peligrosidad de la banda que pretende hacerle daño y que en ese momento no estaba representado por un adulto), no son “suficientes y eficientes” para solicitar que el Patronato le ofrezca albergue al menor al considerarse como el único medio factible de brindar protección efectiva por el alto riesgo. Sobre el particular, la Sala disiente del criterio de la institución recurrida pues es evidente que en el caso concreto, tales causales como les llama, no solo son “suficientes y eficientes” sino que además ponen en evidencia la gravedad de la situación en la que se encuentra el menor y por ello no comprende este Tribunal como para la institución recurrida tales situaciones no son prueba contundente de que la vida e integridad física del menor amparado se encuentra en grave riesgo, con lo cual, aún cuando es cierto que los albergues no pueden ser el único medio factible de brindar protección efectiva al menor, también es lo cierto que ante la inexistencia de un mejor sitio, éstos se convierten en la opción más accesible y segura para la ubicación de un menor cuya vida corre peligro.

No es válida para la Sala la excusa a la que se echa mano por los recurridos según la cual la causa por la cual se violentan los derechos del menor se debe a la omisión de las instituciones competentes para brindarle protección policial y ello es así porque si se admite ese argumento también deben aceptar los recurridos que su representado está negando como institución rectora de la niñez costarricense, brindar protección al menor a pesar de que es su obligación. Es evidente que con tal argumento las propias autoridades recurridas se están contradiciendo y al final caen en la misma omisión que acusan. Contrario a lo dicho por los recurridos, observa la Sala que en este caso en particular, en aras de brindarle protección al menor amparado y de garantizar el interés superior que le cobija, se ha intentado una colaboración interinstitucional entre Ministerio Público, Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio de Seguridad Pública y Patronato Nacional de la Infancia, siendo precisamente ésta institución la que no ha permitido que esa colaboración llegue a feliz término por su negativa de cumplir con su obligación de proteger al menor amparado. Recuérdese además que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece en su artículo 129 que:

“En sede administrativa, el proceso especial de protección corresponde a las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia” Y en ese sentido, recuérdese que el artículo 55 habla en términos genéricos de protección especial del menor y no establece requisitos ni condiciones para que se lleve a cabo esa protección especial. Del mismo modo, el artículo 130 de ese cuerpo normativo dispone que “Artículo 130.- Causas para medidas de protección. Las medidas de protección a las personas menores de edad serán aplicables siempre que los derechos reconocidos en este Código sean amenazados o violados por una de las siguientes causas:

  • a)Acción u omisión de la sociedad o el Estado.
  • b)…” Sin duda alguna, la situación en la que se encuentra el menor amparado, encuadra perfectamente dentro de los supuestos por los cuales requiere de una medida de protección que en este caso específico es precisamente su ubicación temporal en un albergue mientras exista el riesgo para su vida ya que sus derechos a la vida e integridad personal, están siendo amenazados precisamente por una acción de la sociedad al ser testigo de un delito de narcotráfico. Así las cosas, es evidente entonces que las condiciones por las cuales se consideró necesario albergar al menor amparado en el Patronato Nacional de la Infancia, sí son “suficientes y eficientes”, contrario al criterio de la institución recurrida.

IX.Por otra parte el Patronato recurrido también fundamenta su posición en el hecho de que este menor sí cuenta con representante legal quien es su madre, con la que se ha tenido comunicación y coordinación constante en cuanto a la posible ubicación del menor, por lo que no se justifica que en aras de protegerlo, se le separe de su núcleo familiar pues al final de cuentas ello implica una vulneración de sus derechos fundamentales bajo el subterfugio de querer protegerlos, implicando que se le trata como un objeto del proceso cuando en realidad se debe ver a la persona menor de edad como un sujeto de derechos con capacidad jurídica de gozar y actuar y por ende, sujeto pleno de protección estatal. Este argumento no es válido para este Tribunal pues, reiterándose lo que ya se ha dicho, la situación en la que se encuentra el menor amparado debe ser vista de manera integral y es evidente que se trata de un caso especial.

Recuérdese que se está frente a un menor de edad, que ha sido testigo de un delito de narcotráfico y que por esa circunstancia su vida está amenazada de modo tal que requiere de una protección especial y diferente, siendo precisamente por ello que, en aras de brindársela, puede ser necesario adoptar medidas únicas como puede ser: a) el separarlo de su núcleo familiar en aras de brindarle mayor protección aparejado al resguardo que, por otro lado, también se le debe dar a su familia; b) permitir el acceso ilimitado de su familia al menor así como la participación de ésta en la toma de decisiones; c) movilizarlo o ubicarlo en diferentes sitios en aras de que la protección sea efectiva en vista de los indicios de ataque en su contra que se han dado; d) facilitar su incorporación a la sociedad a través de programas de desintoxicación de drogas y ayuda psicológica, entre otros. Con lo anterior, se deja en evidencia que, contrario al criterio de la institución recurrida, el menor amparado no se trata de un simple objeto que es dejado en esa entidad para que sea institucionalizado, sino que, es un caso de una persona menor de edad, sujeto de derechos fundamentales que deben ser protegidos y garantizados por el Estado y que por lo tanto, en razón de las condiciones especiales que le rodean, requiere de una protección diferente de aquélla que el Patronato está acostumbrado a brindar pero que no por ello deja de ser materia de su ámbito de competencia y por ende, sujeto de derechos que deben serle protegidos por el Estado.

En ese sentido, tampoco lleva razón el Patronato cuando considera que el menor amparado, por el hecho de ser testigo de un delito, no reúne los requisitos para considerarlo sujeto de su protección. Sin embargo, para la Sala, tales requisitos, no son ni más ni menos que una creación del Patronato a su conveniencia, pues como bien lo afirman bajo juramento, ni en el Código de Familia, ni en el Código de la Niñez y la Adolescencia se establece como causal de separación de su familia y por ende de institucionalización, el ser testigo en un proceso penal, como tampoco en ninguna de la normativa que se ha apuntado supra se establece que el Patronato Nacional de la Infancia únicamente dará protección a menores en estado de abandono de sus padres. Efectivamente, como se desprende del cuadro normativo transcrito líneas arriba, lo que el Constituyente creó en la Constitución Política y lo que el legislador fortaleció en las diferentes leyes que han sido aprobadas o en los convenios ratificados por el país, ha sido una institución que se denomina Patronato Nacional de la Infancia, autónoma, encargada de brindar “protección especial de la madre y del menor”, una institución cuyo “fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad”, “la institución rectora en materia de infancia, adolescencia y familia”, y por ende, sin lugar a dudas, la situación del menor amparado encuadra perfectamente dentro de esos supuestos establecidos por la legislación costarricense para requerir de la protección especial que solo el Patronato Nacional de la Infancia está llamado a otorgar.

De tal manera, por el solo hecho de estar el menor amparado en una situación de grave riesgo y peligro, necesita la protección especial del Estado y es precisamente lo que el Ministerio Público ha tratado de darle a través de los mecanismos previstos en la legislación costarricense y buscando la colaboración de las diferentes instituciones que pueden involucrarse en el asunto en particular. Bajo esta perspectiva, el hecho de que el menor amparado sea testigo de un delito amerita las medidas que se hayan adoptado hasta ahora en aras de brindarle protección, aún cuando ello haya implicado su separación del núcleo familiar y su ubicación en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia. De tal forma, tampoco lleva razón la institución recurrida al afirmar que es “inaceptable que el Ministerio Público conociendo la colaboración brindada por la persona menor de edad no gestionara en forma planificada la colaboración y cooperación que debe existir entre ambas instituciones” pues de autos se desprende que ese criterio no tiene sustento fáctico ya que los autos, por el contrario, demuestran que la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público, ha realizado esa coordinación con las diferentes instituciones que pudieren brindar colaboración y para ello requirió la ayuda del Patronato Nacional de la Infancia, del Instituto Mixto de Ayuda Social y del Ministerio de Seguridad Pública, desprendiéndose también del expediente que ha sido únicamente la institución recurrida la que, contrario a lo que debiera esperarse en razón de su naturaleza, ha negado la colaboración solicitada.

Así las cosas, en discrepancia con lo que afirman los recurridos, el brindar albergue al menor amparado no se trata de la institucionalización por la institucionalización misma sino más bien, dadas las condiciones tan particulares que presenta el caso concreto, de la única medida posible, efectiva, segura y real con que cuenta el Estado costarricense en este momento para brindarle protección a un menor que, sin duda alguna, está realizando una heroica labor al atreverse a figurar como testigo en un delito contra el narcotráfico y por lo tanto, una persona menor de edad que requiere la protección ante el peligro grave en el que se encuentra; figura que no está demás decir, está regulada en el Código de la Niñez y la Adolescencia al establecer:

“Artículo 19.- Derecho a protección ante peligro grave. Las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio, auxilio y orientación cuando la amenaza de sus derechos conlleve grave peligro para su salud física o espiritual; asimismo, de obtener, de acuerdo con la ley, la asistencia y protección adecuadas y oportunas de las instituciones competentes” Sin duda alguna, en esta tarea es al Patronato Nacional de la Infancia al que principalmente le corresponde, brindar este tipo de protección y para ello cuenta porque así se ha puesto en evidencia en el Ayuda Social y el Ministerio de Seguridad Pública.

X.En relación con el anterior argumento del Patronato recurrido según el cual, una de las obligaciones del Estado es facilitar y propiciar las mejores condiciones para que la persona menor de edad permanezca, crezca y se desarrolle con su familia y que por tal razón el Ministerio Público está desatendiendo este principio al haber separado al menor de su familia para albergarlo en el Patronato, debe decirse que tal afirmación no es cierta para esta Sala pues contrario a ello, más bien se denota en el expediente que la decisión del Ministerio Público de albergar al menor en la institución recurrida, está pretendiendo en todo momento garantizar sus derechos y los de su familia pues, como se ha dicho, la ubicación del menor en un albergue ha sido una medida temporal que se justifica en razón de las circunstancias que rodean el caso y en ningún momento ha implicado una separación radical o definitiva de su núcleo familiar pues obsérvese en el expediente que la madre ha estado debidamente informada de las actuaciones desplegadas, ha otorgado su consentimiento cuando ha sido necesario y además tanto ella como los hermanos del menor, han tenido acceso al menor de manera plena, directa y todas las veces o momento en que han deseado estar con él lo han podido hacer.

En este aspecto es importante tomar en cuenta que la propia madre al ser consciente de la situación que rodea a su hijo, ha afirmado en el memorial de interposición del recurso de hábeas corpus número 09-003389-0007-CO que tiene relación con este asunto, a folio 2 que “en este momento yo no puedo tener a mi hijo Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxconmigo porque es un riesgo para toda la familia…” (el resaltado no es del original) Aunado a lo anterior debe tomarse en cuenta que tal como lo ha afirmado bajo juramento el Fiscal General de la República en el mencionado recurso de hábeas corpus, folio 10 vuelto al referirse a la madre del menor amparado que “… es indispensable considerar que la propia recurrente ha manifestado ante las autoridades encargadas que no puede hacerse cargo del menor, por lo que desea su remisión al IAFA y posterior ingreso a la Ciudad de los Niños (albergue del PANI)…”. Sobre el particular, es evidente que el Ministerio Público también ha adoptado medidas para brindar protección a la madre y demás miembros del núcleo familiar del menor y también sobre ese aspecto bajo juramento se ha afirmado a este Tribunal por parte del Fiscal General de la República que “la Fiscalía coordinó desde el inicio la ayuda económica para la familia del menor a través del IMAS, la cual se materializó en fecha 6 de marzo del año en curso”; ayuda con la cual, se deduce de aquél expediente que implicó el otorgamiento de dinero en efectivo para que la madre se trasladara a otra vivienda de alquiler con sus hijos en un sitio en donde no corriera peligro, lo cual según se desprende de ese expediente, efectuó y a la fecha se encuentra residiendo en otro lugar diferente con sus otros hijos, recibiendo una ayuda económica del Instituto Mixto de Ayuda Social para cubrir el costo del alquiler de ese nuevo domicilio pues se trata de una familia de escasos recursos que, por sus condiciones particulares, no tienen los medios ni las posibilidades de brindarle por sí mismos, la protección y el abrigo que requiere el menor, lo cual, por el contrario, sí está en posibilidad de otorgarse por parte del Estado a través precisamente del Patronato Nacional de la Infancia.

Es evidente entonces que las afirmaciones del Patronato en el sentido de que no se han adoptado medidas para proteger el núcleo familiar del menor amparado, no son ciertas pues consta para la Sala que sí se han adoptado medidas precisas y contundentes para brindar protección no solo al menor sino también a su familia, debiendo destacarse que la propia madre ha reconocido que no puede tener a su hijo con ella por el riesgo que representa para ella y sus otros hijos; afirmación que termina de poner en evidencia que si la propia madre no puede asumir al menor, no queda duda de que el Estado es el que debe asumir su protección y que mejor sitio para ello que a través de la institución rectora en materia de niñez y adolescencia pues recuérdese que ante una situación de eventual riesgo para el menor, la Administración tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para asegurar el bienestar del menor; tal y como obligan los diversos instrumentos internacionales y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que reconocen e imponen el deber estatal de prestar particular protección a los derechos de los niños y las niñas, procurando que se brinde a este grupo la adecuada asistencia y el respeto a los derechos en éstos reconocidos.

Bajo tales supuestos, para la Sala no ha existido desmembramiento de la familia como lo pretende hacer ver el Patronato Nacional de la Infancia, sino que, por el contrario, se considera que la medida adoptada por el Ministerio Público de solicitar la protección y albergue del menor en el Patronato, es razonable en aras de tutelar la vida y la integridad física del menor, quien además, como le ha sido puesto en evidencia a la Sala, también se encuentra en una situación de riesgo social ya que se trata de un menor con un grado de adicción a las drogas y por tal razón, qué mejor institución para protegerlo que el propio Patronato Nacional de la Infancia; institución que al tomar en cuenta ese problema de adicción, según informó bajo juramento a la Sala en folio 163, al presentar el menor en las últimas tres ubicaciones “consumo de drogas, … fue ingresado para desintoxicación en el programa Nuevos Horizontes del Hospital Nacional Psiquiátrico” indicándose encontraba en ese centro, tratándose de una ubicación transitoria para atender una etapa del consumo.

Con ello se pone en evidencia que aún cuando el Patronato se mantiene reticente a tener al menor bajo su cuidado, de manera implícita está reconociendo que cuenta con los mecanismos necesarios para darle la atención que el menor requiere, siendo prueba de ello el que ante ese problema de adicción, decidiera remitirlo inmediatamente al referido programa, todo ello en aras de garantizar el interés superior del menor.

XI.También aduce como excusa el Patronato Nacional de la Infancia que las instalaciones de la Oficina de Atención Integral de esa institución no son aptas para mantener al menor amparado pues se trata de un espacio destinado a que una persona descanse y se mantenga ahí durante unas horas, lo más veinticuatro, mientras los funcionarios de turno profundizan en la situación y valoran una posible ubicación posterior, siempre y cuando se justifique el ingreso a una alternativa de protección. Tal argumento tampoco es válido para este Tribunal pues si bien es cierto ese sitio puede no reunir condiciones adecuadas para mantener al menor amparado, también es lo cierto que la institución recurrida cuenta con una serie de albergues, hogares y alternativas de abrigo diferentes en las cuales podría haber ubicado al menor, brindándole así no solo la protección que requiere sino también las mejores condiciones, dentro de lo que cabe, para que pudiera sentirse cómodo, a gusto, protegido y sobre todo, seguro frente a la gravedad de la situación que lo rodea.

Desgraciadamente, de autos se desprende que la motivación del Patronato no ha sido ésta, sino sacar al menor de su esfera de cuidado y protección, con lo cual es evidente que lejos de proteger y tutelar sus derechos fundamentales, más bien los vulneró y además los colocó en evidente amenaza y riesgo. También argumenta el Patronato que no es cierto que se haya proporcionado un custodio policial para brindar protección especial al menor en forma permanente sino que, por el contrario, la presencia ha sido esporádica y no permanente, lo cual considera como “una debilidad funesta de la oficina de atención de la víctima”, estimando que esa oficina “no ha asumido el liderazgo y la dirección de los esfuerzos institucionales, por el contrario ha reforzado –para no decir promovido- situaciones que no facilitan una coordinación pausada y calmada”. En contradicción con tal criterio, la Sala observa en el expediente que el Ministerio Público ha realizado múltiples labores de coordinación, principalmente con el Ministerio de Seguridad Público y la representante de éste, en el recurso de hábeas corpus número 09-003389-0007-CO afirmó a la Sala bajo la gravedad del juramento, que se ha brindado la colaboración que se ha solicitado y conforme se ha pedido: “…la actuación de los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública ha sido en todo momento desplegada conforme a Derecho y atendiendo en todo momento a la colaboración de otras instituciones de conformidad con sus funciones”, poniéndose en evidencia con tal afirmación, que para el caso concreto sí se ha brindado la presencia policial cuando se ha podido y cuando los recursos lo han permitido; sin embargo, también se deja entrever que, en definitiva, como el Patronato recurrido se ha resistido a asumir la responsabilidad plena que debió haber adoptado en este caso y por ende, materializar acciones concretas para proteger al menor amparado, tampoco ha solicitado esa colaboración que le otorga el propio artículo 55 constitucional y a partir de la cual, se encuentra plenamente facultado para pedir y para exigir a los órganos competentes, la protección policial que estime pertinente para atender la situación.

Además de ello, se pone en evidencia que, en este momento, al no ser completamente consciente el Patronato Nacional de la Infancia de su responsabilidad en el concierto de instituciones existentes en el país, tampoco ha ideado protocolos o medidas a las cuales acudir para solicitar protección policial de parte del Ministerio de Seguridad Pública o de las otras fuerzas de policía existentes en el país, con lo cual debería contar puesto que en el mismo informe rendido bajo juramento a esta Sala afirma que en sus instalaciones se han presentado situaciones de violencia entre menores bajo su protección, que ha tenido que atender y para las cuales, sin duda alguna, pudiera ser oportuno y conveniente contar con la colaboración policial. Por tal razón, no es aceptable la excusa que ha planteado el Patronato recurrido en cuanto a este extremo pues con ello se pone en evidencia que como institución rectora de la niñez costarricense no es consciente de que al amparo del artículo 55 constitucional, cuenta con plena competencia para solicitar y exigir la colaboración de otras instituciones del Estado, entre ellas, las fuerzas policiales y si bien es cierto, como lo afirma el propio recurrido, no le corresponde “orquestar las acciones de protección policial”, también es lo cierto que sí es de su competencia, solicitar o exigir cuando así sea del caso, la protección policial que requiera para atender su cometido constitucionalmente asignado, por lo que se rechaza la argumentación que formula en tal sentido y sobre todo que ello pueda implicar un “retroceso significativo” cuando, por el contrario, es parte de las obligaciones que el Constituyente le ha encomendado.

XII.Aparejado con lo anterior, también aduce el Patronato que no se cuenta con una infraestructura adecuada para albergar personas como el amparado ya que al tenerlo ahí con otros niños y jóvenes que se encuentran en condiciones diferentes, se pone en peligro la vida e integridad física de éstos ya que pueden resultar afectados por acciones realizadas por terceros. Sobre el particular, la Sala desvirtúa esa afirmación con los mismos argumentos que se han venido indicando: si el Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en materia de niñez costarricense, encargada de tutelar y garantizar los derechos de esa población, también es lo cierto que para ello cuenta con la colaboración de otras instituciones del Estado, entre las cuales, como se dijo, se encuentran las diferentes fuerzas de policía del país, al amparo de la norma sentada en el artículo 55 constitucional. Ahora bien, el hecho de que no tenga la capacidad instalada para coordinar y materializar esa ayuda, es un problema propio de la infraestructura y administración que se está llevando a cabo en la institución pero nunca una omisión del Estado costarricense ni mucho menos atribuible al Ministerio Público.

Por lo tanto, no es válida la excusa de que no cuenta con condiciones para brindarle protección a los otros niños o jóvenes que alberga, pues lo cierto es que tiene a su disposición todo un arsenal normativo que le faculta para solicitar la colaboración que estime necesaria y por ende, deberá de canalizar sus esfuerzos en esa dirección, no como lo está haciendo al aducir que no tiene las condiciones para albergar a personas como el menor amparado. De tal forma, ese argumento no es aceptable para este Tribunal y por el contrario, se le advierte que al amparo del artículo 55 de la Constitución Política, deberá el Patronato Nacional de la Infancia iniciar las labores de coordinación que sean necesarias para llevar a cabo de manera eficiente, la función que el propio Constituyente le confió.

XIII.Afirma el Patronato Nacional de la Infancia que para el caso concreto no se han negado a cumplir sus competencias y facultades legales como institución rectora en garantizar el catálogo de los derechos humanos de las personas menores de edad con la colaboración de todas las instituciones, sin embargo, en criterio de la Sala y en atención a lo que se ha venido diciendo, queda totalmente desacreditada con los hechos denunciados en el memorial de interposición del recurso pues al haberse negado el Patronato a mantener bajo su albergue y cuidado al menor amparado, ha desatendido precisamente su obligación de garantizar los derechos de esa persona menor de edad. Como se señaló supra, para la Sala no es válido de ningún modo el argumento de que el caso del amparado no reúne los requisitos para ser objeto de protección del Patronato ya que, como se indicó, la obligación otorgada a esa institución por el Constituyente, está referida a protección especial del menor independientemente de si éste se encuentra en abandono o si es víctima de un delito o testigo en una causa penal. Por lo tanto tal argumento debe ser desestimado.

XIV.Aduce el Patronato Nacional de la Infancia que al haberse aprobado la Ley 8720 de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos intervinientes en el Proceso Penal, el Ministerio Público cuenta ahora con un instrumento válido que le otorga un conjunto de acciones tendientes a ejecutar medidas materiales de protección en los casos en que se requiera acompañamiento o vigilancia de la persona protegida y por lo tanto estima que al amparo de esa ley, sigue siendo el Ministerio Público el responsable de atender esos casos y no el Patronato Nacional de la Infancia. Frente a este argumento, la Sala observa que en el recurso de hábeas corpus número 09- 003389-0007-CO, bajo juramento afirmó tanto el Fiscal General de la República (en folio 11) y la Fiscala General Subrogante (en folio 157) que la publicación de esa ley se espera en los próximos días. Además de ello, en folio 27 de este amparo, los propios recurridos apuntan bajo juramento que “la reciente Ley 8720 aprobado (sic) por la Asamblea Legislativa, firmado (sic) por el Presidente de la República, no vigente aún”.

Así las cosas, tal argumento que plantea el Patronato Nacional de la Infancia en relación con esa Ley, no es válido para esta Sala porque, como se deduce de ambas manifestaciones rendidas bajo juramento a este Tribunal, dicha Ley no había sido publicada al momento de rendirse esos informes y por tanto no había entrado en vigencia.

XV.En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala concluye que dadas las condiciones particulares del menor amparado y el evidente riesgo en el que se encuentra su vida e integridad física, lo procedente es declarar con lugar este recurso al considerarse que el Patronato Nacional de la Infancia es el mejor lugar existente en el país en este momento para brindarle al menor amparado la protección y abrigo que requiere, por lo que se le ordena al Presidente Ejecutivo de esa institución, tomar las medidas de protección y vigilancia del menor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx hasta tanto no cese el estado de amenaza contra la vida e integridad física.-

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Mario Alberto Víquez Jiménez en su condición de Presidente Ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia en coordinación con el Ministerio Público tomar las medidas de protección y vigilancia del menor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx hasta tanto no cese el estado de amenaza contra la vida e integridad física. Se advierte a Mario Alberto Víquez Jiménez en su condición de Presidente Ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Patronato Nacional de la Infancia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese en forma persona a Mario Alberto Víquez Jiménez en su condición de Presidente Ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia y a Francisco Dall´Anese Ruiz en su condición de Fiscal General. Comuníquese.- Adrián Vargas B.

Presidente a.i.

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G.

Horacio González Q. Jorge Araya G.

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        • Ley 7648 Organic Law of the National Child Welfare Agency
        • Ley 7739 Childhood and Adolescence Code
        • Constitución Política 0 (Asamblea Nacional Constituyente, 07/11/1949) Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment — Article 50 of the Political Constitution

        Este documento cita

        • Ley 7135 Ley de la Jurisdicción Constitucional
        • Ley 7648 Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia
        • Ley 7739 Código de la Niñez y la Adolescencia
        • Constitución Política 0 (Asamblea Nacional Constituyente, 07/11/1949) Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado — Artículo 50 de la Constitución Política

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