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Res. 03468-2002 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 16/04/2002

IDA Obligation to Conduct Topographic Survey for Indigenous Land TransferObligación del IDA de realizar levantamiento topográfico para traspaso de tierras indígenas

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted and the IDA is ordered to immediately initiate the topographic surveys and register the land transfer for the Boruca-Térraba reserve within a maximum of six months.Se declara con lugar el amparo y se ordena al IDA iniciar de inmediato los trámites para realizar los levantamientos topográficos y traspasar registralmente las tierras de la reserva Boruca-Térraba en un plazo máximo de seis meses.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by the Curré de Boruca Indigenous Reserve Development Association against the Agrarian Development Institute (IDA). Claimants assert that the IDA has failed to prepare the topographic surveys needed to register the Boruca-Térraba Indigenous Reserve lands in the name of the respective indigenous communities, as required by Art. 9 of the Indigenous Law (Law 6172) and Executive Decree 8516. The IDA contended it had complied by drafting desk-based plans using coordinates from the National Geographic Institute, but the Federated College of Engineers and Architects denied the visa due to lack of field survey, a position upheld by this Chamber in ruling 5831-99. The Chamber finds that, although Decree 8516 does not exempt the field survey requirement, the IDA incurred in a harmful omission by adopting a passive stance instead of carrying out the necessary surveys in accordance with the hierarchy of norms (Arts. 6 LGAP, 9 Law 6172) to guarantee the indigenous communal property right. The amparo is granted and the IDA is ordered to immediately initiate the procedures to conduct the topographic surveys and register the land transfer to the indigenous communities, within a maximum of six months.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Curré de Boruca contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). El recurrente alega que el IDA ha omitido confeccionar los planos topográficos necesarios para inscribir a nombre de las comunidades indígenas correspondientes las tierras de la Reserva Indígena de Boruca-Térraba, conforme lo ordena el artículo 9 de la Ley Indígena (6172) y el Decreto Ejecutivo 8516. El IDA argumentó que cumplió elaborando planos de escritorio con coordenadas del Instituto Geográfico Nacional, pero el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos rechazó el visado por falta de levantamiento de campo, postura avalada por la propia Sala en sentencia 5831-99. La Sala determina que si bien el Decreto 8516 no exime del requisito de levantamiento de campo, el IDA incurrió en omisión lesiva al adoptar una actitud pasiva en lugar de realizar los levantamientos necesarios conforme al orden de fuentes (arts. 6 LGAP y 9 Ley 6172) para garantizar el derecho de propiedad comunal indígena. Se declara con lugar el amparo y se ordena al IDA iniciar en forma inmediata los trámites para realizar los levantamientos topográficos y traspasar registralmente las tierras a las comunidades indígenas, en un plazo máximo de seis meses.

Key excerptExtracto clave

Therefore, the Chamber finds that the Agrarian Development Institute’s conduct has been neglectful, since instead of acting in accordance with the hierarchy of sources established in Article 6 of the General Public Administration Act and ordering the field survey of the respective plans, it simply assumed a passive position in the face of the Federated College of Engineers and Architects’ rejection of the initial plans. For this reason, this court understands that the respondent Institute’s actions have harmed the rights of the members of the indigenous communities in question, and the present amparo action must be granted, ordering the Agrarian Development Institute to immediately initiate the necessary procedures to carry out the topographic surveys needed to transfer (by registration) to the respective indigenous communities the lands pertaining to the Boruca-Térraba reserve. Those plans shall be completed no later than six months after notification of this judgment.Así las cosas, estima la Sala que la actuación del Instituto de Desarrollo Agrario ha sido omisa, pues en vez de actuar de conformidad con el orden de fuentes disciplinado en el artículo 6° de la Ley General de la Administración Pública y ordenar el levantamiento de campo de los planos respectivos, simplemente asumió una posición pasiva ante el rechazo de los primeros planos realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Es por lo anterior que este tribunal entiende que la actuación del Instituto recurrido ha lesionado los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en cuestión, razón por la cual el presente recurso de amparo deberá ser declarado con lugar, ordenando al Instituto de Desarrollo Agrario iniciar de inmediato los trámites necesarios para realizar los levantamientos topográficos necesarios para traspasar (registralmente) a las comunidades indígenas correspondientes, los terrenos pertenecientes a la reserva Boruca-Térraba. Dichos planos deberán estar concluidos a más tardar seis meses después de la notificación de esta sentencia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Los grupos de personas pertenecientes a las comunidades autóctonas tienen el derecho de vivir en las tierras donde históricamente han estado asentados, y el Estado debe garantizar plenamente el disfrute de este derecho fundamental."

    "Groups of individuals belonging to native communities have the right to live on the lands where they have historically been settled, and the State must fully guarantee the enjoyment of this fundamental right."

    Considerando V

  • "Los grupos de personas pertenecientes a las comunidades autóctonas tienen el derecho de vivir en las tierras donde históricamente han estado asentados, y el Estado debe garantizar plenamente el disfrute de este derecho fundamental."

    Considerando V

  • "La anterior es la única interpretación que esta Sala puede dar al conjunto de normas en cuestión, en aras de permitir que el Instituto de Desarrollo Agrario cumpla con el compromiso establecido en el artículo 9° de la Ley 6172 (desarrollando, como se dijo, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo), sin irrespetar la jerarquía de normas establecido en nuestro orden jurídico."

    "This is the only interpretation that this Chamber can give to the set of norms at issue, in order to allow the Agrarian Development Institute to comply with the commitment established in Article 9 of Law 6172 (developing, as stated, Convention 169 of the International Labour Organization), without disrespecting the hierarchy of norms established in our legal system."

    Considerando V

  • "La anterior es la única interpretación que esta Sala puede dar al conjunto de normas en cuestión, en aras de permitir que el Instituto de Desarrollo Agrario cumpla con el compromiso establecido en el artículo 9° de la Ley 6172 (desarrollando, como se dijo, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo), sin irrespetar la jerarquía de normas establecido en nuestro orden jurídico."

    Considerando V

  • "Así las cosas, estima la Sala que la actuación del Instituto de Desarrollo Agrario ha sido omisa, pues en vez de actuar de conformidad con el orden de fuentes disciplinado en el artículo 6° de la Ley General de la Administración Pública y ordenar el levantamiento de campo de los planos respectivos, simplemente asumió una posición pasiva ante el rechazo de los primeros planos realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos."

    "Therefore, the Chamber finds that the Agrarian Development Institute’s conduct has been neglectful, since instead of acting in accordance with the hierarchy of sources established in Article 6 of the General Public Administration Act and ordering the field survey of the respective plans, it simply assumed a passive position in the face of the Federated College of Engineers and Architects’ rejection of the initial plans."

    Considerando VI

  • "Así las cosas, estima la Sala que la actuación del Instituto de Desarrollo Agrario ha sido omisa, pues en vez de actuar de conformidad con el orden de fuentes disciplinado en el artículo 6° de la Ley General de la Administración Pública y ordenar el levantamiento de campo de los planos respectivos, simplemente asumió una posición pasiva ante el rechazo de los primeros planos realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Case File: 01-010881-0007-CO Ruling: 2002-03468 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at sixteen hours and four minutes on the sixteenth of April, two thousand and two.

Writ of amparo (recurso de amparo) filed by VÍCTOR DANIEL LEIVA LEIVA, President of the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Curré de Boruca (Rey Curré), represented by Nombre5011, bearer of national identity card (cédula de identidad) number CED33401, on behalf of the indigenous communities of Boruca de Curré; against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO.

Background:

  1. 1By written submission received at the Chamber's Secretariat on the fifth of November, two thousand and one (folio 1), the petitioner files a writ of amparo against the Instituto de Desarrollo Agrario and states that the Ley Indígena of nineteen seventy-seven, in its Article 9, provides: "the lands belonging to the ITCO included within the demarcation (demarcación) of the Indigenous Reserves, and the Boruca Térraba Reserves, must be transferred by that institution to the indigenous communities." The petitioner asserts that, notwithstanding the foregoing, twenty-four years after being mandated by law, the Instituto de Desarrollo Agrario has not transferred registered title (titularidad registral) to the lands belonging to the indigenous communities. He indicates that, based on that law, Executive Decree number 8516 of June nineteen seventy-eight ordered the Dirección General de Catastro to register the aforementioned indigenous territories and further imposed on the Instituto the obligation to prepare survey maps (planos de agrimensura) based on the coordinates and boundaries defined by the Instituto Geográfico Nacional and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.He alleges that in nineteen ninety-nine the Instituto de Desarrollo Agrario attempted to register with the cadastre the maps that purportedly described those reserves. The problem was that on that occasion the legal requirements established for that purpose were not met, and therefore the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos refused to grant the corresponding endorsement (visado), and the Sala Constitucional agreed with the Colegio in ruling number 5831-99. He reiterates that twenty-three years after the referenced Decree was enacted, efforts were made through many channels and at different times to obtain from the Instituto the preparation of the maps so as to transfer registered title to those lands to the indigenous people, but the best response was not always obtained and, in fact, the objective was not achieved. He states that the most recent effort was made in May and July of two thousand and one, and the Executive President of the Instituto excused himself by claiming that compliance depended on a legislative amendment or a ruling from the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.He states that on that occasion the Executive President of the Instituto informed him that "the central issue in this entire process is the formal impossibility for the IDA to prepare cadastral maps (planos catastrados) without conducting field surveys (levantamientos topográficos de campo), based on an Executive Decree, because the Ley de Catastro expressly provides otherwise, and that is sufficient reason to prevent us from proceeding in the manner that we all desire. It is our wish to grant your claims, which are moreover consistent with the rights you hold, but until a legislative amendment is made allowing the IDA to register cadastral maps without those field surveys, we will be obliged to await the ruling of the Colegio de Ingenieros Topógrafos regarding the viability of such a procedure in so special a matter." He adds that the Executive Decree ordering the Instituto de Desarrollo Agrario to prepare the maps does not state that they must be prepared without a field survey or in violation of any particular law.He considers that, through the Instituto's omissions, the property rights of the indigenous population are being violated, as recognized in International Convention number 169 of the International Labour Organization, as well as Articles 45 and 48 of the Constitución Política. The petitioner requests that the writ of amparo be granted and that the respondent Instituto be given a period of two months to prepare the map describing the Rey Curré indigenous territory and to transfer registered title to those lands to the indigenous community.
  2. 2By written submission received at the Chamber's Secretariat at thirteen hours and two minutes on the ninth of November, two thousand and one, the petitioner submits the power of attorney granted to him by the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Curré de Boruca to file the writ of amparo.
  3. 3José Joaquín Acuña Mesén, in his capacity as Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario (folio 19), reports under oath that it is true that the Ley Indígena of nineteen seventy-seven establishes the obligation to transfer to the indigenous communities the lands located within reserves of which the Instituto holds registered title. However, he considers that the case at hand is one of many instances in which the Legislative Branch created a legal norm without establishing the means by which the obligations imposed would be given effect. He adds that, due to that omission by the ordinary legislature, the Executive Branch issued an executive decree ordering the Dirección General de Catastro to register those territories that were to pass to the indigenous people. The problem was that the decree did not take into account that, given its lower hierarchical rank, it could not contradict norms of higher rank, such as a statute.He indicates that the aforementioned law, by providing in its Article 3 that the Instituto de Tierras y Colonización (now the Instituto de Desarrollo Agrario) was to prepare survey maps based on the coordinates and boundaries defined by the Instituto Geográfico Nacional and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, stipulated that said maps were not to be produced through a field survey—that is, that they were to be simple desk-drawn maps (planos de escritorio). When it was sought to have the Instituto register those maps in nineteen ninety-nine under the conditions established in Executive Decree number 8516, the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos objected and refused to grant its approval, arguing that the cited decree could not contravene the statute. He considers that the Instituto fulfilled its obligation to prepare the maps in accordance with the coordinates and boundaries defined by the Instituto Geográfico Nacional and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, and that it was an entity external to the Instituto de Desarrollo Agrario that prevented the full implementation of the directives of the Executive and Legislative branches.He notes that the Sala Constitucional itself upheld the position of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos in ruling 5831-998, and therefore argues that the limitations are not within the respondent's purview. He states that, contrary to what the petitioner asserts, the Instituto de Desarrollo Agrario did in fact prepare the referenced maps, but that they had not been registered due to the Colegio's objection. He confirms that the efforts made by the petitioners are accurate, but also assures that the Instituto undertook all legally available measures to fulfill the purpose of the law. He considers that the petitioner is incorrect when he states that the Decree ordering the preparation of the maps does not say that they must be prepared without a field survey or in violation of any particular law. This interpretation, in his view, is biased and entirely illogical, as the Decree literally establishes that the maps would be prepared "based on the coordinates and boundaries defined by the Instituto Geográfico Nacional and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas." He argues that the Ley Indígena only ordered the transfer of territories included within the demarcation of the Indigenous Reserves and the Boruca Térraba Reserve to the communities.That is to say, the statute did not establish a procedure for the transfer of the lands and, in order to fulfill that purpose, Executive Decree number 8516 was enacted with the intention of facilitating the registered transfer (traspaso registral) of those lands to the indigenous people. He considers that, having fulfilled its obligation, the responsibility lies not with the Instituto de Desarrollo Agrario but with the legislature to amend the Ley de Catastro Nacional to allow the registration of maps based on the coordinates and boundaries assigned by the Instituto Geográfico Nacional. He argues that the transfer of the territories comprising the indicated indigenous reserves does not entail their privatization, but rather a delimitation of dominion over them. He requests that the writ be dismissed.
  4. 4In the proceedings conducted, the applicable legal requirements have been observed.

Opinion authored by Justice Vargas Benavides; and,

Findings:

I.Proven facts. The following facts are considered duly established as relevant to the resolution of this matter, either because they have been so accredited or because the respondent omitted to address them as required by the initial order:

  • a)On the fourth of July, two thousand and one, Daniel Leiva Leiva, in his capacity as President of the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Curré Boruca (Rey Curré), requested the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario to proceed with preparing the corresponding maps for the transfer of the lands referred to in Law number 6172. (Copy at folio 8) b) By official communication (oficio) number PE 1317, dated the seventh of August, two thousand and one, the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario notified the representative of the petitioner of the response to the note described in the preceding paragraph, indicating that it was impossible for the Instituto to accede to the request until the Ley de Catastro was amended to allow the registration of maps without a topographic field survey. (Copy at folio 25)

II. Unproven facts. None of relevance to the issuing of this ruling

On the merits.

III.The objection raised by the appellant association stems from the refusal, on the part of the authorities of the Instituto de Desarrollo Agrario, to prepare (and subsequently submit to the Cadastre (Catastro)) the topographic survey maps (planos topográficos) required to register in the name of the corresponding indigenous communities the lands forming part of the Reserva Indígena de Curré Boruca-Térraba. Before addressing the merits of this writ (recurso), the Sala must first review the regulations applicable to the case at hand, as well as its own case law (jurisprudencia) on this subject. It will then analyze the underlying situation in this writ in order to determine whether the alleged violation of the fundamental rights of the petitioners (amparados) did in fact occur as a result of the challenged acts. In that regard, while the Political Constitution does not contain a specific statute addressing the rights of indigenous communities, from its overall framework—particularly the provisions set forth in articles 28, 33, 50, and 74—it is possible to derive a principle recognizing such prerogatives, grounded in the idea of State respect and protection as obligations toward indigenous communities, ensuring the preservation of their culture while simultaneously guaranteeing that their members have access to the benefits produced by national development.

This is further affirmed by constitutional article 76, which expressly imposes on the State the duty to maintain and cultivate indigenous languages. The Sala may therefore take as its starting premise the constitutional recognition granted in favor of the cultural identity and protection of the indigenous peoples inhabiting the country. International law, for its part, has been prolific in recognizing the rights of these communities, with the following instruments being particularly noteworthy: the Universal Declaration of Human Rights (articles 1, 2.1, 7, 17.1, and 27), the International Covenant on Civil and Political Rights (27), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1.1 and 2), the American Declaration of the Rights and Duties of Man (2, 13, and 23), and the American Convention on Human Rights (24 and 26). Specifically, the International Labour Organization has produced the most detailed regulation of the rights of indigenous peoples.

In this regard, Conventions numbers 107 and 169 contain a comprehensive enumeration of rights recognized for these peoples. Of Convention number 107, Part II—governing the property regime of indigenous lands (tierras indígenas)—is especially relevant to the case under study. Of Convention 169, Part II likewise regulates matters pertaining to indigenous lands. Of particular relevance to this case is the provision set forth in article 14 of that Convention:

"Article 14 1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognised. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their subsistence and traditional activities. Particular attention shall be paid to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators in this respect.

2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession.

3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims (reivindicaciones de tierras) by the peoples concerned." Implementing this provision, the Ley Indígena (number 6172 of the twenty-ninth of November of nineteen seventy-seven) orders in its article 9°, with respect to the lands belonging to the Boruca peoples, the following:

"Article 9°.- The lands belonging to ITCO included within the demarcation of the indigenous reserves, and the Boruca-Térraba and Ujarrás-Salitre-Cabagra Reserves, shall be transferred by that institution to the indigenous communities." Implementing the provisions described above, Executive Decree number 8516, of the second of May of nineteen seventy-eight, which "Orders the Registration of Indigenous Reserves as State Patrimony," establishes in its article 3°:

"Article 3°.- ITCO shall prepare the survey maps (planos de agrimensura) based on the coordinates and boundaries defined by the Instituto Geográfico Nacional and CONAI in the aforementioned decrees." (This refers to Decrees 5904-G, 6036-G, and "other concordant" decrees, which established the respective indigenous reserves.)

IV.Furthermore, constitutional case law has been extensive in recognizing the fundamental rights of indigenous communities as such and of their individual members. In this regard, in judgment (sentencia) number 1786-93, handed down at sixteen hours and twenty-one minutes on the twenty-first of April of nineteen ninety-three, it was stated:

"I.- In Costa Rica, nine indigenous groups survive in different 'reservations,' totaling 30,500 inhabitants, or approximately 1% of the national population. These are:

  • a)Nombre35602: 6,700 members. They live in the cantons of Talamanca, province of Limón, and Buenos Aires, province of Puntarenas, extending to the southern Pacific.
  • b)Nombre46486: 8,300 members. They live in the canton of Talamanca, Limón; in Chirripó in the canton of Turrialba, Province of Cartago; and in Buenos Aires, Puntarenas.
  • c)Nombre63774 (borucas): 2,660 members. They inhabit Buenos Aires, Puntarenas.

ch) Nombre63775: 855 members. They live in the canton of Mora, province of San José.

  • d)Nombre63776 (GUATUSO): 520 persons. They inhabit Guatuso, province of Alajuela.
  • e)Nombre63777 (CHOROTEGA): 793 persons. They live in the cantons of Hojancha and Nicoya, province of Guanacaste.
  • f)Nombre63778 (TERRABA): 1,504 persons. They live in Buenos Aires, Puntarenas. 8,000 hectares.
  • g)Nombre24948: 2,036 persons. They inhabit the cantons of Corredores, Coto Brus, Golfito, and Osa, province of Puntarenas.

These peoples occupy 22 so-called—though wrongly named—'reservations,' a term that carries for them a connotation of isolation and confinement; the more accurate term is 'territories,' which together encompass more than 322,000 hectares.

II.In view of the foregoing, the Sala recognizes that the fact that one or more indigenous populations were conquered and colonized by the Spanish, and that following independence they remained in depressed conditions, has not been able to create any right on the part of the dominant populations to disregard the rights inherent in the human dignity of indigenous peoples. Accordingly, our Political Constitution must be interpreted and applied in a manner that permits and facilitates the independent life and development of the ethnic minorities inhabiting Costa Rica, subject only to the limits that human rights themselves impose on the conduct of all persons. In the same manner, the clauses of international instruments and ordinary legislation must be developed when applied to indigenous peoples. Neither the passage of time, nor numerical, technological, or economic superiority, constitutes justification for destroying, exploiting, or oppressing minorities—least of all when it concerns the most 'natural' of our native peoples."

Likewise:

"VII.- In addition to the violation noted in the preceding considerando, at the time the challenged decree was issued, the 'Convention 107 Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations' was in force and had been duly approved by the Legislative Assembly of Costa Rica through law N° 2330 of 9 April 1959, in effect from 17 April of the same year. That instrument, in its article 3, sets forth the obligation of signatory States to adopt special measures for the protection of the institutions, persons, property, and labor of indigenous populations, for as long as their social, economic, and cultural situation prevents them from benefiting from the general legislation of the country to which they belong. Such regulations, pursuant to article 7 of the Constitution, hold a rank superior to ordinary law and, consequently, superior to the amending decree.

VIII.Article 11 of the Convention in question contemplated the duty of the State to recognize the right of collective and individual property in favor of the members of indigenous populations over the lands traditionally occupied by them. These territories, traditionally occupied by these groups, were recognized in Decree 5904-G by the Costa Rican State when it established the boundaries of the Reserva Indígena de Guatuso, and therefore any variation to the detriment of its original area would be contrary to the provisions of article 11 of the International Convention ratified by Costa Rica, since the reduction of the boundaries of the Reserva Indígena de Guatuso effected by the challenged decree entailed a reduction in the surface area of the lands traditionally occupied by the indigenous people of Guatuso—a reduction that, pursuant to Decreto °7962-G, amounts to approximately two hundred and fifty hectares."

IX.If the governmental authorities subsequently became aware that within those lands — traditionally occupied by the indigenous peoples whose boundaries had been established by Decreto 5904 — there existed non-indigenous populations, the procedure to be followed in order to achieve the separation of those populations should have been different from the one used in the amending decree. What that decree contemplated was the exclusion from the Reserva Indígena de Guatuso of the settlements of Los Angeles and San Jerónimo (Cucaracha), which had the consequence — as can be gathered from the content of Decretos Ejecutivos N° 5904-G and 7962-G — that the latter reduced the area (cabida) of the Reserve by approximately 250 hectares that had formed part of the lands traditionally occupied by the indigenous peoples. By acting in this manner, the authorities violated Article 11 of the International Convention of the International Labour Organization "Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal Populations." This constitutes, therefore, a violation — by decree — of the rights of indigenous peoples recognized in an international convention, since if Decreto 5904-G and Ley N°6172 had established which territory the indigenous peoples had been traditionally occupying, that area could not thereafter be reduced by decree, inasmuch as, in accordance with the cited Convention, a right to a territory whose extent had been fixed and defined in those norms arose in favor of the indigenous peoples.

It must be borne in mind that we are not simply facing the modification of one decree by another, but rather the violation of an international human rights norm which, pursuant to Article 48 of the Constitución Política, also holds constitutional rank. Furthermore, if the cited Convention urged States to recognize for indigenous peoples the lands that they had traditionally occupied, and, in compliance therewith, the Costa Rican State through Decreto 5904-G and by means of Ley N°6172 recognized a specific area as the territory that the Maleku Indians had been traditionally occupying, the State thereby gave effect to the right established in the Convention, which cannot be modified by decree, as to do so would imply a violation of the Convention itself. In light of the foregoing, Articles 1 and 2 of Decreto 7962-G referring to the Reserva Indígena Guatuso are inapplicable as they are contrary to the Constitution and to Convention 107 ratified by Costa Rica, and consequently the appeal must be upheld, requiring the Executive Branch to initiate the corresponding legal proceedings to make effective the occupation by the Meleku indigenous peoples of the lands traditionally occupied by them, whose boundaries were recognized in Decreto Ejecutivo N°5904-G of March 11, 1976, and the Ley Indígena N°6172 of November 29, 1977." (Sentence number 06229-99, of fourteen hours and thirty minutes of August 11, 1999)

"(…)

A reading of the administrative file reveals that the formality of consultation has indeed been omitted, a situation that breaches due process (debido proceso) with respect to the fundamental rights of the indigenous peoples concerned, leaving them unable to defend the natural environment of their lands and their right to develop their lives with a guarantee of their quality of life (Article 13 of the cited Treaty and Article 50 of the Constitución Política)(…)" (Sentence number 2000-08019, of ten hours and eighteen minutes of September 18, 2000)

V.There is no doubt, therefore, that the Costa Rican State has broadly recognized the rights belonging to the indigenous groups inhabiting the country. The same may be said with respect to the specific right of communal property (derecho de propiedad comunal) that belongs to such communities by virtue of their traditional membership therein. Groups of persons belonging to indigenous communities have the right to live on the lands where they have historically been settled, and the State must fully guarantee the enjoyment of this fundamental right. To that end, the national legislation provided for the registry transfer (traspaso registral) of such lands to the respective indigenous communities (Ley número 6172, Article 9°, as transcribed above), imposing upon the Instituto de Desarrollo Agrario the duty to carry out all the necessary procedures in order to guarantee the effective completion of such transfer.

However, relying on the provisions of Article 3° of Decreto 8516-G (as transcribed above), the institute drew up the corresponding plans based on information from the Instituto Geográfico Nacional and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Nevertheless, the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos refused to authorize the plan endorsement (visado de planos), a course of conduct that was upheld by this very Chamber in Sentence number 2001-05831, of seventeen hours and three minutes of July 27, 1999, in the following terms:

"I.- The appellants allege a violation of their fundamental rights, given that the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos has denied authorization of the plan endorsement for the lands established as indigenous reserves by Decretos números 5804-G and 6036-G, arguing that no field survey (levantamiento de campo) has been carried out in those areas, which — according to the respondent — constitutes a sine qua non requirement for authorization, in accordance with the rules governing the matter. The appellant also asserts that this conduct is arbitrary, on the grounds that the respondent had already authorized fifteen of the twenty-two plans corresponding to the area in question without having required compliance with the aforementioned requirement.

II.In accordance with the report of the respondent — which is given under oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, set forth in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional — it is considered that the field survey, as a requirement for the granting of the plan endorsement, constitutes an indispensable one for such granting, since, in accordance with the provisions governing the matter — Article 1 of Ley número 4294 of December 19, 1965, and Articles 48, 49, 51, 52, 58, and 59 of the Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo número 13607-J of April 24, 1982 — it represents a technical necessity. In this regard, it is observed that the fact that compliance with this requirement was not demanded for the granting of the plan endorsement in submissions subject to prior review does not have the effect of creating a subjective right (derecho subjetivo) in favor of the appellants that could be asserted against the conduct of the respondent Colegio.

III.Furthermore, the appellants are not correct when they argue that this conduct on the part of the respondent places them in a state of discrimination relative to other indigenous communities who were authorized the plan endorsement without the requirement in question being imposed, since equal treatment cannot be demanded for a situation that contravenes the legal order (ordenamiento); in other words: the fact that a plan endorsement was previously authorized without requiring the performance of the field survey does not create for the respondent any obligation to treat the appellants in the same manner, since this practice contra legem creates no subjective right in favor of the petitioners that merits the protection of this Chamber. From the foregoing it follows that the requirement of this condition is a regulated power (potestad reglada) of the respondent Colegio, which may not make discretionary use of it. Consequently, this appeal must be dismissed."

Consistent with what was expressed in the sentence just transcribed, this Chamber is clear that neither the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos nor, in its case, the Catastro Nacional can be required to act in disregard of the rules imposed by the legal order for the performance and registration of topographic plans (planos topográficos). Thus, Article 1° of the Law on the Practice of Topography and Land Surveying (agrimensura) provides:

"Article 1°.- The following shall be understood as:

LAND SURVEYING (AGRIMENSURA): The survey and stakeout (replanteo) of traverse lines (poligonales), calculation of the enclosed area, subdivision (fraccionamiento) of non-urbanized areas, location of natural and artificial features existing within the area, preparation and interpretation of terrain descriptions for incorporation in deeds or other documents, preparation of plans in horizontal projection of the land and its linkage to the system of cartographic projections in use in the country.

TOPOGRAPHY (TOPOGRAFIA): All that is encompassed in land surveying, plus leveling (nivelaciones), development of profiles and cross-sections, calculation and balancing of earthworks (movimientos de tierra), establishment on the ground of the lines and grades of engineering projects based on information obtained from plans, geometric vertical and horizontal verification of works during their construction, survey of already-constructed works, topographic triangulations (triangulaciones topográficas), stakeout of urban developments (urbanizaciones), of road geometry, canals and railways, and hydrographic surveys (levantamientos hidrográficos)." As can be seen, the requirement of a field survey is an indispensable prerequisite for the cadastral registration of the plan. For that same reason, the reference made in Article 3° of Decreto 8516-G to the boundaries and coordinates established by the Instituto Geográfico Nacional, the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, and Decretos 5904-G and 6036-G must be understood in the sense that it does not authorize the Instituto de Desarrollo Agrario to bypass the other legal requirements necessary for the registration of documents before the Public Registry of Immovable Property (Registro Público de la Propiedad Inmueble) and of plans before the Catastro Nacional.

The foregoing is the only interpretation this Chamber can give to the set of rules in question, in order to allow the Instituto de Desarrollo Agrario to fulfill the commitment established in Article 9° of Ley 6172 (implementing, as stated, Convention número 169 of the Organización Internacional del Trabajo), without disregarding the hierarchy of norms (jerarquía de normas) established in our legal order.

VI.In light of the foregoing, the Chamber considers that the conduct of the Instituto de Desarrollo Agrario has been one of omission, since instead of acting in accordance with the order of sources (orden de fuentes) governed by Article 6° of the Ley General de la Administración Pública and ordering the field survey of the corresponding plans, it simply assumed a passive position in the face of the rejection of the initial plans by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. It is for the foregoing reason that this tribunal finds that the conduct of the respondent Institute has injured the rights of the members of the indigenous communities in question, and therefore the present writ of amparo (recurso de amparo) must be declared well-founded, ordering the Instituto de Desarrollo Agrario to immediately initiate the necessary proceedings to carry out the topographic surveys (levantamientos topográficos) required to transfer — by registry registration — to the corresponding indigenous communities the lands belonging to the Reserva Boruca-Térraba. Said plans must be completed no later than six months after notification of this sentence.

Therefore:

The appeal is granted. The Instituto de Desarrollo Agrario is ordered to immediately initiate the necessary proceedings to conduct the topographic surveys (levantamientos topográficos) required to transfer—by registration in the public land registry—the lands belonging to the Boruca-Térraba reserve to the corresponding indigenous communities. Said surveys must be completed no later than six months after notification of this judgment. The Instituto de Desarrollo Agrario is ordered to pay the costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused by the acts that form the basis of this declaration, which shall be assessed in the enforcement of judgment (ejecución de sentencia) in administrative litigation (contencioso administrativo) proceedings.- Luis Fernando Solano C.

President Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M.

Adrián Vargas B. Fernando Cruz C.

Susana Castro A. Gilbert Armijo S.

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Res: 2002-03468 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con cuatro minutos del dieciséis de abril del dos mil dos.- Recurso de amparo interpuesto por VÍCTOR DANIEL LEIVA LEIVA, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Curré de Boruca (rey Curré), representado por Nombre5011, portador de la cédula de identidad número CED33401, a favor de las comunidades indígenas de Boruca de curré; contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el cinco de noviembre de dos mil uno (folio 1), el recurrente interpone recurso de amparo contra Instituto de Desarrollo Agrario y manifiesta que la Ley Indígena de mil novecientos setenta y siete en su artículo 9 dispone "los terrenos pertenecientes al ITCO incluidos en la demarcación de las Reservas Indígenas, y las Reservas de Boruca Térraba deberán ser cedidos por esa institución a las comunidades indígenas". Afirma que, a pesar de lo antes citado, veinticuatro años después de ordenado por Ley, el Instituto de Desarrollo Agrario no ha cedido a las comunidades indígenas la titularidad registral de las tierras que les pertenecen. Indica que, con fundamento en esa Ley, el Decreto Ejecutivo número 8516 de junio de mil novecientos setenta y ocho ordenó a la Dirección General de Catastro inscribir los territorios indígenas mencionados y además impuso al Instituto la obligación de elaborar los planos de agrimensura a partir de las coordenadas y límites definidos por el Instituto Geográfico Nacional y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.Alega que en mil novecientos noventa y nueve el Instituto de Desarrollo Agrario trató de catastrar los planos que presuntamente describían aquellas reservas. El problema fue que en esa ocasión no se cumplieron los requisitos legales establecidos para tal efecto, por lo que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se negó a dar el visado correspondiente y la Sala Constitucional le dio la razón a éste mediante el voto número 5831-99. Reitera que veintitrés años después de promulgado el Decreto citado, por muchos medios y en diferentes épocas se gestionó ante el Instituto la elaboración de los planos para así ceder a los indígenas la titularidad registral de esas tierras, pero no siempre se obtuvo la mejor respuesta y de hecho no se logró el objetivo. Afirma que la última gestión la hicieron en mayo y julio de dos mil uno, y el Presidente Ejecutivo del Instituto se excusó alegando que su cumplimiento dependía de una reforma legal o de un pronunciamiento del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.Afirma que en esa oportunidad, el Presidente Ejecutivo del Instituto le indico que "el punto medular en todo este proceso es la imposibilidad formal del IDA de confeccionar los planos catastrados sin hacer los levantamientos topográficos de campo, basados en un Decreto Ejecutivo, porque la Ley de Catastro expresamente dispone lo contrario, y ello es razón suficiente que nos impide proceder en la forma que todos queremos. Es nuestro deseo acceder a sus reclamos por demás, acordes con los derechos que les asiste, mientras no se verifique una reforma legal que le permita al IDA catastrar sin aquellos levantamientos, estaremos obligados a esperar la resolución del Colegio de Ingenieros Topógrafos con respecto a la viabilidad de ese proceder en un asunto tan especial". Agrega que el Decreto Ejecutivo que ordena al Instituto de Desarrollo Agrario elaborar los planos no dice que deben hacerse sin levantamiento de campo o violando alguna ley en particular.Estima que, con las omisiones del Instituto, se está violentando el derecho de propiedad de la población indígena, reconocido en el Convenio Internacional número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como los artículos 45 y 48 de la Constitución Política. Solicita el recurrente que se declare con lugar el amparo y que se le de al Instituto recurrido un plazo de dos meses para que elabore el plano que describa el territorio indígena Rey Curré y ceda a la comunidad indígena la titularidad registral de las tierras.
  2. 2Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas con dos minutos del nueve de noviembre de dos mil uno el recurrente aporta el poder que le fue otorgado por la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Curré de Boruca para presentar el recurso de amparo.
  3. 3Informa bajo juramento José Joaquín Acuña Mesén, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario (folio 19), que es cierto que la Ley Indígena de mil novecientos setenta y siete establece la obligatoriedad de ceder a las comunidades indígenas los terrenos ubicados en reservas, cuya titularidad registral ostente el Instituto. Sin embargo, considera que en el caso de marras se está ante una de las muchas ocasiones en que el Poder Legislativo creó una norma legal sin establecer los medios por los cuales se harían efectivas las obligaciones impuestas. Agrega que, en razón de esa omisión del legislador ordinario, el Poder Ejecutivo emitió un decreto ejecutivo por el que se ordenó a la Dirección General de Catastro inscribir esos territorios que debían pasar a ser indígenas. El problema fue que en dicho decreto no se consideró que, por su jerarquía inferior, el mismo no podía contrariar normas de rango superior como la ley.Indica que la Ley antes citada, al establecer en su artículo tercero que el Instituto de tierras y Colonización (hoy Instituto de Desarrollo Agrario) debía elaborar los planos de agrimensura a partir de las coordenadas y límites definidos por el Instituto de Geografía Nacional y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, disponiendo que dichos planos no se hicieran con levantamiento de campo, es decir, que fueran simples planos de escritorio. Al pretender que el Instituto inscribiera dichos planos en mil novecientos noventa y nueve, bajo las condiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo número 8516, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se opuso y negó el aval alegando que el citado decreto no podía contravenir la Ley. Considera que el Instituto cumplió con su obligación de elaborar los planos conforme a las coordenadas y límites definidos por el Instituto Geográfico Nacional y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, y que fue una entidad externa al Instituto de Desarrollo Agrario la que impidió la materialización completa de las disposiciones del Ejecutivo y el Legislativo.Señala que la misma Sala Constitucional avaló la posición del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en el voto 5831-998, por lo que alega que las limitaciones no son del resorte del recurrido. Afirma que, contrario a lo que indica el recurrente, el Instituto de Desarrollo Agrario sí elaboró los planos a los que se hace referencia, pero que no habían sido inscritos por la oposición del Colegio. Son ciertas las gestiones que realizaron los recurrentes, pero también asegura que el Instituto realizó todas las gestiones que legalmente podía, para cumplir con el propósito de la Ley. Considera que no lleva razón el recurrente cuando manifiesta que el Decreto que ordena elaborar los planos no dice que deban hacerse sin levantamiento de campo o violando alguna Ley en particular. Esta interpretación, a su criterio, es sesgada y fuera de toda lógica, ya que literalmente el Decreto establece que los planos se elaborarían "a partir de las coordenadas y límites definidos por el Instituto Geográfico Nacional y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas".Alega que en la Ley Indígena sólo se ordenó el traspaso de los territorios incluidos en demarcación de las Reservas indígenas y las Reserva de Boruca Térraba a las comunidades. Es decir, que la Ley no estableció un procedimiento para el traspaso de las tierras y, para cumplir con ese fin, se promulgó el Decreto Ejecutivo número 8516 cuya pretensión fue la de facilitar el traspaso registral de esas tierras a los indígenas. Considera que, habiendo cumplido con su obligación, no es responsabilidad del Instituto de Desarrollo Agrario sino del legislador el modificar la Ley de Catastro Nacional para permitir la inscripción de los planos con base en las coordenadas y límites asignados por el Instituto Geográfico Nacional. Aduce que el traspaso de los territorios comprendidos en las reservas indígenas indicadas no implican su privatización, sino una delimitación del dominio sobre las mismas. Solicita que se desestime el recurso planteado.
  4. 4En los procedimientos seguidos han sido observadas las prescripciones legales.

Redacta el magistrado Vargas Benavides; y,

Considerando:

I.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)En fecha cuatro de julio de dos mil uno, Daniel Leiva Leiva, en su condición de presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Curré Boruca (Rey Curré), solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario que procediera a levantar los planos respectivos para el traspaso de los terrenos de que habla la Ley número 6172. (Copia de folio 8) b) Mediante oficio número PE 1317, de siete de agosto de dos mil uno, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario comunicó al representante de la recurrente la respuesta a la nota descrita en el punto anterior, indicándole que al Instituto le resultaba imposible acceder a su petición hasta tanto no fuera reformada la Ley de Catastrado, permitiendo la inscripción de los planos sin levantamiento topográfico. (Copia de folio 25)

II. Hechos no probados. Ninguno de relevancia para el dictado de esta resolución

Sobre el fondo.

III.La inconformidad de la asociación recurrente radica en la negativa, por parte de las autoridades del Instituto de Desarrollo Agrario, de proceder a la confección (y posterior presentación al Catastro) de los planos topográficos necesarios para inscribir a nombre de las comunidades indígenas correspondientes, los terrenos que forman parte de la Reserva Indígena de Curré Boruca-Térraba. Lo primero que debe esta Sala hacer, antes de entrar a resolver el fondo de este recurso, es revisar la normativa aplicable al caso en cuestión, así como a su jurisprudencia referente a este tema. Luego, analizará la situación subyacente en este recurso, para así determinar si la alegada violación a los derechos fundamentales de los amparados, en verdad se dio producto de las actuaciones impugnadas. En ese sentido, la Constitución Política, si bien no contiene un estatuto específico respecto de los derechos de las comunidades autóctonas, de su sistema (en especial de las normas contenidas en los artículos 28, 33, 50 y 74) es posible colegir un principio de reconocimiento de tales prerrogativas, basado en la idea de respeto y protección estatales, como deberes ante las comunidades indígenas, velando por la preservación de su cultura y al mismo tiempo el acceso de sus integrantes a los frutos que el desarrollo nacional produce.

Lo anterior es reafirmado por el numeral 76 constitucional, que expresamente plantea impone al Estado el deber de mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Así, puede la Sala partir como premisa del reconocimiento constitucional hecho a favor de la identidad cultural y protección de los pueblos indígenas que habitan el país. El Derecho Internacional, por su parte, ha sido profuso en el reconocimiento de derechos de estas comunidades, destacando en ese sentido lo establecido en los siguientes instrumentos: Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1, 2.1, 7, 17.1 y 27), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (27), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1.1 y 2), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (2, 13 y 23), Convención Americana sobre Derechos Humanos (24 y 26). En forma concreta, ha sido la Organización Internacional del Trabajo la que ha generado la regulación más específica respecto de los derechos de los pueblos indígenas.

En ese sentido, los convenios números 107 y 169 contienen una detallada enumeración de derechos reconocidos a estos pueblos. Del Convenio número 107, resulta especialmente importante para el caso en estudio lo establecido en la Parte II (régimen de propiedad de las tierras indígenas). Del 169, también la Parte II regula lo atinente a las tierras indígenas. De especial relevancia para este caso resulta lo estipulado por el artículo 14 de dicho Convenio:

"Artículo 14 1.Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2.Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3.Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para decidir las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados." En desarrollo de esta disposición, la Ley Indígena (número 6172 de veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y siete), ordena en su artículo 9°, respecto de las tierras pertenecientes a los pueblos borucas lo siguiente:

"Artículo 9º.- Los terrenos pertenecientes al ITCO incluidos en la demarcación de las reservas indígenas, y las Reservas de Boruca-Térraba, Ujarrás-Salitre-Cabagra, deberán ser cedidos por esa institución a las comunidades indígenas " En desarrollo de los preceptos antes descritos, el Decreto Ejecutivo número 8516, de dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho, que "Ordena Inscribir como Patrimonio del Estado Reservas Indígenas" establece en su artículo 3°:

"Artículo 3°.- El ITCO elaborará los planos de agrimensura a partir de las coordenadas y límites definidos por el Instituto Geográfico Nacional y la CONAI en los decretos antes mencionados." (Se refiere a los Decretos 5904-G, 6036-G y "otros concordantes", los cuales establecieron las respectivas reservas indígenas)

IV.Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha sido prolija en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas en cuanto tales y de sus habitantes en particular. Al respecto, en la sentencia número 1786-93, de las dieciséis horas veintiún minutos del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y tres, se dijo:

"I.- En Costa Rica, nueve grupos autóctonos subsisten en diferentes "reservaciones" que suman 30,500 habitantes o cerca del 1% de la población nacional, aproximadamente. Estos son:

  • a)Nombre35602: 6700 miembros. Viven en los cantones de Talamanca, provincia de Limón y de Buenos Aires provincia de Puntarenas hasta el pacífico sur.
  • b)Nombre46486: 8300 miembros. Viven en el cantón de Talamanca, de Limón: en Chirripó del cantón de Turrialba, Provincia de Cartago y en Buenos Aires de Puntarenas.
  • c)Nombre63774 (borucas:. 2660 Miembros, habitan en Buenos Aires de Puntarenas.

ch) Nombre63775: 855 Miembros, Viven en el cantón de Mora, provincia de San José.

  • d)Nombre63776 (GUATUSO): 520 personas, Habitan en Guatuso de la provincia de Alajuela.
  • e)Nombre63777 (CHOROTEGA): 793 Personas. Viven en los cantones de Hojancha y Nicoya de la provincia de Guanacaste.
  • f)Nombre63778 (TERRABA): 1504 personas. Viven en Buenos Aires de Puntarenas. 8000 hectáreas.
  • g)Nombre24948: 2036 personas. Habitan en los cantones de Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa de la provincia de Puntarenas.

Estos pueblos ocupan 22 mal llamadas reservaciones, término que tiene para ellos una connotación de aislamiento, de encierro, cuando lo más correcto es definirlos como territorios, que abarcan más 322 000 hectáreas.

II.Visto lo anterior la Sala reconoce que el hecho de que una o varias poblaciones autóctonas fueran conquistadas y colonizadas por los españoles y luego de la independencia se mantuvieran en condiciones deprimidas, no ha podido crear ningún derecho de las poblaciones dominantes, para desconocer los inherentes a la dignidad humana de los indígenas. Así, nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos imponen a la conducta de todos los hombres. De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas. Ni el transcurso del tiempo, ni la superioridad numérica, tecnológica o económica son justificantes para destruir, explotar o deprimir a las minorías, mucho menos tratándose de los más "naturales" de nuestros naturales."

Asimismo:

"VII.- Además de la infracción señalada en el considerando anterior, al momento de dictarse el decreto cuestionado se encontraba vigente y debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, mediante ley N° 2330 de 9 de abril de 1959, vigente a partir del 17 de abril del mismo Año el " Convenio 107 Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribuales ". Tal instrumento en su artículo 3 dispone la obligación de los Estados firmantes de adoptar medidas especiales para la protección de las instituciones, las personas, los bienes y el trabajo de las poblaciones indígenas, mientras su situación social, económica y cultural les impida beneficiarse de la legislación general del país a que pertenecen. Tal normativa, de conformidad con el artículo 7 de la Constitución, tiene rango superior a la Ley rango superior a la ley y por consiguiente, al decreto reformista.

VIII.El artículo 11 del convenio en cuestión, contempló el deber del Estado de reconocer el derecho de propiedad, colectivo e individual, a favor de los integrantes de las poblaciones indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas. Estos territorios, tradicionalmente ocupados por estos grupos, fueron reconocidas en el Decreto 5904-G por el Estado costarricense, al fijar los límites de la Reserva Indígena de Guatuso, por lo que cualquier variación en detrimento de su primera cabida, estaría en contraposición con lo estipulado en el artículo 11 del Convenio Internacional ratificado por Costa Rica, ya que la disminución de los límites de la Reserva Indígena de Guatuso, por parte del Decreto cuestionado, significó una disminución de la superficie de las tierras tradicionalmente ocupadas por los Indígenas de Guatuso, menoscabo que de conformidad con el Decreto °7962-G es de cerca de doscientas cincuenta hectáreas.

IX.Si posteriormente, las autoridades gubernamentales, tuvieron conciencia de que dentro de esas tierras - tradicionalmente ocupadas por los indígenas cuyos límites habían sido fijados por el Decreto 5904- existían poblaciones no indígenas, el procedimiento a seguir para lograr la separación de tales poblaciones debió haber sido diferente al utilizado en el decreto reformista, pues lo que allí se contempló fue la exclusión de la Reserva Indígena de Guatuso, de los poblados de Los Angeles y San Jerónimo (Cucaracha) lo que trajo como consecuencia y según se desprende del contenido de los Decretos Ejecutivos N° 5904-G y 7962-G, que éste último disminuye la cabida de la Reserva en cerca de 250 hectáreas, que formaban parte de las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas. Con tal actuación violentaron el artículo 11 del Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo "Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribuales".

Se trata, entonces, de una violación, vía decreto, de los derechos de los indígenas reconocidos en un convenio internacional, ya que si por decreto 5904-G y por la Ley N°6172 se había establecido cuál era el territorio que los indígenas habían venido ocupando tradicionalmente, no podía luego, reducirse su cabida por decreto, toda vez que de conformidad con la Convención citada, a favor de los indígenas surgió un derecho a un territorio cuya extensión fue fijada y concretada en esas normas. Debe tenerse presente, que no estamos simplemente ante la modificación de un decreto por otro, sino ante la violación de una norma internacional de derechos humanos, la cual conforme al artículo 48 de la Constitución Política, también tiene rango constitucional. A mayor abundamiento, si el convenio citado urgía a los Estados a reconocer a los indígenas las tierras que estos habían ocupado tradicionalmente, y, en cumplimiento de ello el Estado costarricense por decreto 5904-G y mediante la Ley N°6172 reconoció un área determinada como el territorio que los indios malekus habían venido ocupando tradicionalmente, con ello hizo efectivo el derecho contemplado en la Convención, que no puede ser modificado por decreto, ya que esto implica una violación a la Convención misma.

Así las cosas, los artículos 1 y 2 del decreto 7962-G que se refieren a la Reserva Indígena Guatuso son inaplicables por ser contrarios a la Constitución y a la Convención 107 ratificada por Costa Rica, y en consecuencia el recurso debe ser estimado, por lo que debe el Poder Ejecutivo iniciar los trámites legales correspondientes, para hacer efectiva la ocupación de los indígenas melekus, dentro de las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos, cuyos límites fueron reconocidos en el Decreto Ejecutivo N°5904-G de once de marzo de mil novecientos setenta y seis y la Ley Indígena N°6172 del 29 de noviembre de 1977." (Sentencia número 06229-99, de las catorce horas con treinta minutos del once de agosto de mil novecientos noventa y nueve)

"(…)

De la lectura del expediente administrativo resulta que efectivamente se ha omitido con la formalidad de la consulta, situación que quebranta el debido proceso respecto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas interesados, dejándolos en la imposibilidad de poder defender el entorno natural de sus tierras y su derecho a desenvolverse con garantía de su calidad de vida (artículo 13 del citado Tratado y 50 de la Constitución Política)(…)" (Sentencia número 2000-08019, de las diez horas con dieciocho del dieciocho de setiembre de dos mil)

V.No cabe duda, por ende, que el Estado costarricense ha reconocido en forma amplia los derechos que corresponden a los grupos indígenas que habitan el país. Lo mismo se puede decir respecto del específico derecho de propiedad comunal que corresponde a tales comunidades en razón de su pertenencia tradicional. Los grupos de personas pertenecientes a las comunidades autóctonas tienen el derecho de vivir en las tierras donde históricamente han estado asentados, y el Estado debe garantizar plenamente el disfrute de este derecho fundamental. Para ello, la legislación nacional dispuso el traspaso registral de tales tierras a las respectivas comunidades indígenas (Ley número 6172, artículo 9°, antes transcrito), imponiéndose al Instituto de Desarrollo Agrario el deber de proceder a efectuar todos los trámites necesarios a fin de garantizar la efectiva verificación de dicho traspaso. Ahora bien, basándose en lo estipulado en el artículo 3° del Decreto 8516-G (antes transcrito), el instituto levantó los respectivos planos con base en la información contenida en el Instituto Geográfico Nacional y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.

No obstante, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se negó a autorizar el visado de los planos, conducta que fue avalada por esta misma Sala en sentencia número 2001-05831, de las diecisiete horas con tres minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve, en el siguiente sentido:

"I.- Los recurrentes acusan lesión de sus derechos fundamentales , dado que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha denegado la autorización de visado de planos para los terrenos que mediante los Decretos números 5804-G y 6036-G se establecieron como reservas indígenas, alegando que no se ha efectuado el levantamiento de campo en esas zonas, el cual –según el recurrido- constituye un requisito sine qua non para la autorización, de conformidad con la normativa que rige la materia. Asimismo, afirma el recurrente que este proceder es arbitrario, en razón de que el recurrido ya había autorizado quince de los veintidós planos que corresponden al área en cuestión, sin que se hubiese exigido el cumplimiento del mencionado requisito.

II.De conformidad con el informe del recurrido -el cual es dado bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- se estima que el levantamiento de campo como requisito para el otorgamiento del visado de planos, constituye uno indispensable para la concesión del mismo, toda vez que de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia -artículo primero de la Ley número 4294 del 19 de diciembre de 1965, y artículos 48, 49, 51, 52, 58 y 59 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo número 13607-J del 24 de abril de 1982- consiste en una necesidad técnica. En este orden de ideas, se observa que el hecho de que no se haya exigido el cumplimiento de este requisito para la concesión del visado de planos sometidos a anterior fiscalización, no tiene la virtud de crear un derecho subjetivo a favor de los recurrentes que puedan oponer a la actuación del Colegio recurrido.

III.Por otra parte, no llevan razón los actores cuando alegan que esta actuación del recurrido los coloca en un estado de discriminación respecto de otras comunidades indígenas a quienes sí se les autorizó el visado sin la exigencia del mencionado requisito, dado que no se puede pretender un trato igualitario para una situación que contraviene el ordenamiento, en otras palabras: el hecho de que se haya autorizado con anterioridad un visado de planos sin gestionar la realización del levantamiento del campo, no origina para el recurrido la obligación de tratar de la misma forma a los recurrentes, toda vez que esta practica "contra legem" no crea ningún derecho subjetivo a favor de los promoventes que merezca la tutela de esta Sala. De lo anterior se desprende, que la exigencia de este requisito es una potestad reglada del Colegio recurrido, no pudiendo éste hacer una práctica discrecional del mismo. En consecuencia, debe desestimarse el presente recurso."

Consecuente con lo expresado en la sentencia que acaba de ser transcrita, esta Sala tiene claro que ni al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ni en su caso al Catastro Nacional se les puede exigir que actúen en desatención de las reglas impuestas por el ordenamiento para el levantamiento e inscripción de planos topográficos. Así, el artículo 1° de la Ley el ejercicio de la topografía y la agrimensura dispone:

"Artículo 1º.- Se entiende por:

AGRIMENSURA: El levantamiento y replanteo de poligonales, cálculo del área comprendida, fraccionamiento de áreas no urbanizadas, localización de detalles naturales y artificiales existentes dentro del área, preparación e interpretación de descripciones del terreno para su incorporación en escrituras u otros documentos, confección de planos en proyección horizontal del terreno y su enlace con el sistema de proyecciones cartográficas en uso en el país.

TOPOGRAFIA: Lo comprendido en agrimensura, nivelaciones, desarrollo de perfiles y secciones transversales, cálculo y compensación de movimientos de tierras, establecimiento en el terreno de las líneas y niveles de proyectos de obras a partir de la información obtenida en los planos, verificación vertical y horizontal geométrica de las obras durante su construcción, levantamiento de obras ya construidas, triangulaciones topográficas, replanteo de urbanizaciones, de la geometría de carreteras, canales y ferrocarriles y levantamientos hidrográficos." Como se puede ver, la exigencia de un levantamiento de campo es requisito indispensable para el catastro del plano. Por esa misma razón, la mención que hace el artículo 3° del Decreto 8516-G a los límites y coordenadas establecidos por el Instituto Geográfico Nacional, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y los Decretos 5904-G, 6036-G debe ser entendida en el sentido de que la misma no autoriza al Instituto de Desarrollo Agrario a obviar los otros requisitos legales necesarios para la inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble y de planos ante el Catastro Nacional.

La anterior es la única interpretación que esta Sala puede dar al conjunto de normas en cuestión, en aras de permitir que el Instituto de Desarrollo Agrario cumpla con el compromiso establecido en el artículo 9° de la Ley 6172 (desarrollando, como se dijo, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo), sin irrespetar la jerarquía de normas establecido en nuestro orden jurídico.

VI.Así las cosas, estima la Sala que la actuación del Instituto de Desarrollo Agrario ha sido omisa, pues en vez de actuar de conformidad con el orden de fuentes disciplinado en el artículo 6° de la Ley General de la Administración Pública y ordenar el levantamiento de campo de los planos respectivos, simplemente asumió una posición pasiva ante el rechazo de los primeros planos realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Es por lo anterior que este tribunal entiende que la actuación del Instituto recurrido ha lesionado los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en cuestión, razón por la cual el presente recurso de amparo deberá ser declarado con lugar, ordenando al Instituto de Desarrollo Agrario iniciar de inmediato los trámites necesarios para realizar los levantamientos topográficos necesarios para traspasar (registralmente) a las comunidades indígenas correspondientes, los terrenos pertenecientes a la reserva Boruca-Térraba. Dichos planos deberán estar concluidos a más tardar seis meses después de la notificación de esta sentencia.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario iniciar de inmediato los trámites necesarios para realizar los levantamientos topográficos necesarios para traspasar (registralmente) a las comunidades indígenas correspondientes, los terrenos pertenecientes a la reserva Boruca-Térraba. Dichos planos deberán estar concluidos a más tardar seis meses después de la notificación de esta sentencia. Se condena al Instituto de Desarrollo Agrario al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los cuales serán liquidados en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.- Luis Fernando Solano C.

Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M.

Adrián Vargas B. Fernando Cruz C.

Susana Castro A. Gilbert Armijo S.

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    • Indigenous Law 6172 — Inalienable Territories and ILO 169Ley Indígena 6172 — Territorios Inalienables y Convenio OIT 169

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      • Ley 6227 General Public Administration Law
      • Ley 6172 Indigenous Law
      • Ley 6545 National Cadastre Law
      • Ley 4294 Law for the Practice of Topography and Land Surveying

      Este documento cita

      • Ley 6227 Ley General de la Administración Pública
      • Ley 6172 Ley Indígena
      • Ley 6545 Ley del Catastro Nacional
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