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Res. 01105-2019 Sala Tercera de la Corte · Sala Tercera de la Corte · 04/09/2019
OutcomeResultado
The Chamber denied the cassation appeal filed by the Indigenous Affairs Prosecutor's Office, upholding the acquittal of the accused for the crime of usurpation.La Sala declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía de Asuntos Indígenas, confirmando la absolución de los acusados por el delito de usurpación.
SummaryResumen
The Third Chamber of the Supreme Court of Justice resolved a cassation appeal against an acquittal for usurpation and attempted homicide, in a conflict between an indigenous person designated by the Council of Elders to recover lands and a non-indigenous occupant who had possessed the property as a tenant for years. The Chamber rejected the appeal of the Public Prosecutor's Office, which argued that the appeals court failed to apply conventionality control regarding indigenous collective property. The Chamber recognized the preferential right of indigenous peoples to their ancestral lands and the protection of collective property under ILO Convention 169 and Inter-American jurisprudence. However, it held that the conflict could not be resolved through criminal law, because the object of protection of the crime of usurpation is legitimate possession, and in this case the accused exercised valid possession derived from a prior lease. The Chamber stressed that the State must use civil or administrative mechanisms (eviction, expropriation, relocation) to restore indigenous lands, and that criminal law is a last resort. It concluded that the crime of usurpation was not committed because there was no violent or clandestine dispossession.La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación contra una sentencia absolutoria por los delitos de usurpación y tentativa de homicidio, en un conflicto entre una persona indígena designada por el Consejo de Ancianos para recuperar tierras y un ocupante no indígena que ejercía posesión como arrendatario desde hacía años. La Sala rechazó el recurso del Ministerio Público, que alegaba inaplicación del artículo 225 del Código Penal, argumentando que el tribunal de apelación omitió el control de convencionalidad sobre la propiedad colectiva indígena. La Sala reconoció el derecho preferente de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y la protección de la propiedad colectiva, conforme al Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia interamericana. No obstante, determinó que el conflicto no podía resolverse por la vía penal, porque el objeto de tutela del delito de usurpación es la posesión legítima, y en este caso el acusado ejercía una posesión válida derivada de un contrato de arrendamiento anterior. La Sala enfatizó que el Estado debe utilizar mecanismos civiles o administrativos (desalojo, expropiación, reubicación) para restituir tierras indígenas, y que el derecho penal es de última ratio. Concluyó que no se configuró el delito de usurpación al no existir despojo violento ni clandestino.
Key excerptExtracto clave
Now, under the established factual framework, the appellant errs by seeking a legal solution to the problem through criminal law, confusing the object of protection of the crime of usurpation with the preferential right of possession and collective property of indigenous communities. (...) However, this does not mean the crime of usurpation is committed, because the object of protection, as regulated in Article 225 of the Criminal Code, is the possession of a property and the legitimacy of the title to be protected by the norm is more than proven; the occupation of the property in question, for years, arising from the protocolized purchase in 1997 by [Name 004] and the 2007 lease agreement of the accused Víctor Zúñiga Mora, does not make the latter's stay on the property criminal, and it is up to the State to deploy the legal mechanisms of protection that allow the indigenous community to fully exercise the inherent attributes of their right to property and possession over ancestral lands; indigenous persons are empowered to resort to legal, administrative or judicial channels to enforce their reivindicatory rights as recognized by law. As has been explained, the appellant errs in seeking to address the conflict through criminal law, without considering that criminal law is an exceptional avenue (last ratio) for solving social conflicts, and only when all the objective and subjective elements required by substantive criminal law are met can the typicality of conduct be established, which is not the case here.Ahora bien, bajo el cuadro fáctico establecido, surge una interpretación errónea por parte del recurrente, en la búsqueda de la solución legal del problema por medio del derecho penal, confundiendo el objeto de tutela del delito de usurpación, con el derecho preferente de posesión y propiedad colectiva de las comunidades indígenas. (...) No obstante, esta situación no hace que se configure el delito de usurpación, porque el objeto de tutela, según se encuentra regulado en el artículo 225 del Código Penal, es la posesión de un inmueble y resulta sobrado probar la legitimidad del título para ser protegido por la norma; la ocupación del predio en cuestión, desde años atrás, surgida por la compra protocolizada en el año 1997 de [Nombre 004] y el contrato de arrendamiento del año 2007 del acusado Víctor Zúñiga Mora, no convierte en delictiva la permanencia de este último en el inmueble y, le corresponde al Estado desplegar los mecanismos legales de protección que le permita ejercer plenamente, a la comunidad indígena, las atribuciones inherentes a su derecho de propiedad y posesión sobre las tierras ancestrales; encontrándose facultadas las personas indígenas a acudir a las vías legales, administrativas o judiciales, para hacer valer sus derechos reivindicatorios conforme lo reconoce la ley. Como se ha venido explicando equivoca la parte recurrente la vía, al pretender amparar el conflicto suscitado en el derecho penal, sin tomar en cuenta que el derecho penal es una vía de excepción (última ratio) para solucionar los conflictos sociales, de donde sólo cuando se cumpla con todos los elementos objetivos y subjetivos que exige la normativa penal sustantiva, se estaría en condiciones de establecer la tipicidad de una conducta, lo cual no sucede en la especie.
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"el derecho penal es una vía de excepción (última ratio) para solucionar los conflictos sociales, de donde sólo cuando se cumpla con todos los elementos objetivos y subjetivos que exige la normativa penal sustantiva, se estaría en condiciones de establecer la tipicidad de una conducta, lo cual no sucede en la especie."
"criminal law is an exceptional avenue (last resort) for solving social conflicts, and only when all the objective and subjective elements required by substantive criminal law are met can the typicality of conduct be established, which is not the case here."
Considerando I
"el derecho penal es una vía de excepción (última ratio) para solucionar los conflictos sociales, de donde sólo cuando se cumpla con todos los elementos objetivos y subjetivos que exige la normativa penal sustantiva, se estaría en condiciones de establecer la tipicidad de una conducta, lo cual no sucede en la especie."
Considerando I
"No obstante, esta situación no hace que se configure el delito de usurpación, porque el objeto de tutela, según se encuentra regulado en el artículo 225 del Código Penal, es la posesión de un inmueble y resulta sobrado probar la legitimidad del título para ser protegido por la norma"
"However, this does not mean the crime of usurpation is committed, because the object of protection, as regulated in Article 225 of the Criminal Code, is the possession of a property and the legitimacy of the title to be protected by the norm is more than proven"
Considerando I
"No obstante, esta situación no hace que se configure el delito de usurpación, porque el objeto de tutela, según se encuentra regulado en el artículo 225 del Código Penal, es la posesión de un inmueble y resulta sobrado probar la legitimidad del título para ser protegido por la norma"
Considerando I
"Es claro que los pueblos indígenas y tribales tienen, no solo el derecho de poseer, sino también de ser dueños de sus territorios, así como ejercer un control efectivo de sus tierras, para resguardar su cultura."
"It is clear that indigenous and tribal peoples have not only the right to possess but also to own their territories, as well as to exercise effective control over their lands, to safeguard their culture."
Considerando I
"Es claro que los pueblos indígenas y tribales tienen, no solo el derecho de poseer, sino también de ser dueños de sus territorios, así como ejercer un control efectivo de sus tierras, para resguardar su cultura."
Considerando I
Full documentDocumento completo
*162001370634PE* Res: 2019-01105 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at sixteen hours and fifteen minutes on the fourth of September of two thousand nineteen.
Cassation appeal (recurso de casación) filed in the present case brought against Víctor Zúñiga Mora, adult, Costa Rican national, national identity card (cédula de identidad) number 1-0390-0839, born in San Isidro de Pérez Zeledón on June 1, 1950, farmer, son of Víctor Manuel Zúñiga Fallas and María Mora Fonseca, resident of Buenos Aires, Salitre, Olán; Víctor Hugo Zúñiga Fallas, adult, Costa Rican national, holder of national identity card number 1-1132-0931, born in San Isidro de Pérez Zeledón on March 20, 1982, farmer and rancher, son of Víctor Zúñiga Mora and Mireya Fallas Camacho, resident of Buenos Aires, Salitre, Olán; and Lelis Álvaro Vargas Morales, adult, Costa Rican national, holder of national identity card number 6-0292-0667, born in Salitre de Buenos Aires on July 14, 1978, farmer, son of Ernesto Vargas Figueroa and Magdalena Obando Obando, resident of Buenos Aires, Salitre, Palmital, for the offenses of Land Trespass (Usurpación) and Attempted Homicide (Tentativa de Homicidio), to the detriment of [Nombre 001].
Participating in this instance are the Justices Patricia Solano Castro, Jorge Enrique Desanti Henderson, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla, and Gerardo Rubén Alfaro Vargas, the latter four serving as alternate Justices. Also participating in this instance are Attorney Genive González Hernández, in her capacity as private defense counsel (defensora particular) for the Accused Zúñiga Mora and Zúñiga Fallas; Attorney Elvia Jeanneth Quirós Quirós representing the Oficina de la Defensa Civil de la Víctima of Pérez Zeledón; and Attorney Daniel Villalobos Araya representing the Fiscalía de Asuntos Indígenas del Ministerio Público.
Whereas:
1. By Judgment No. 2018-0320, issued at ten hours twenty-nine minutes on the sixth of July of two thousand eighteen, the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ruled: "Por tanto: The appeals of judgment filed by the representative of the Ministerio Público and the attorney from the Oficina de la Defensa Civil de la Víctima are hereby denied, and the challenged ruling is confirmed in all its aspects. Notice to be served. CHRISTIAN FERNANDEZ MORA JUEZ/A DECISOR/A IVETTE CARRANZA CAMBRONERO JUEZ/A DECISOR/A JOSE MANUEL CISNEROS MOJICA JUEZ/A DECISOR/A" (sic).
2. Against the foregoing ruling, Attorney Daniel Villalobos Araya, representative of the Fiscalía de Asuntos Indígenas del Ministerio Público, filed a cassation appeal.
3. Upon completion of the corresponding deliberation, the Sala considered the questions raised in the appeal.
4. In the appeal, the relevant statutory requirements have been observed; and,
Considering:
I.By resolution number 2018-866, issued at 16:00 hours on November 28, 2018 (cf. folios 69 to 75), this Chamber admitted for review on the merits the first ground of the cassation appeal (recurso de casación) filed by Licenciado Daniel Villalobos Araya, in his capacity as Indigenous Affairs Prosecutor of the Ministerio Público, in which he alleged non-observance of a substantive legal provision—specifically, the non-application of Article 225 of the Código Penal. According to his argument, in assessing the objective elements of the criminal offense (tipo penal) of usurpation (usurpación), the ad quem failed to conduct the indispensable conventionality review (control de convencionalidad) with respect to the examination of possession and collective property (propiedad colectiva) of indigenous communities—that is, the spiritual relationship between the possessor and the land—whose territorial scope is different from, and more extensive than, the territory used on a daily basis.
In this case, that scope is linked to the collective right inherent to an organized indigenous people. Furthermore, the establishment of the necessary conditions is relevant to social, cultural, and economic survival for "the reproduction and preservation of their customs and traditions." In the present case, the accused persons—who are not Bribrí de Salitre indigenous people—therefore lack standing to possess real property "…within this territory, meaning that their rights were not being harmed, but rather the indigenous territorial transmission system of the Salitre territory was being respected, given that said land, as the Asociación de Desarrollo de Salitre and the other representative organizations of the Pueblo Bribrí de Salitre have indicated, was acquired by the aggrieved party, an acquisition that is recognized and endorsed by the respective Asociación de Desarrollo Indígena…." He considers that the interpretation issued by the Court of Appeals disregards the cultural integrity of a group of indigenous inhabitants, deeply rooted in traditions—a community distinguished from others by granting its members a unique cultural identity, which, if not protected, gives rise to violations of fundamental rights, such as the right to dignity and personal integrity, the right to food, and the right to their own spirituality.
The transfer of property entails a communal or collective purpose constituted by each of the rights of each individual, which are natural within their worldview (cosmovisión) and cannot be put at risk of members of other cultures modifying or diminishing their cultural identity. By virtue of this, the State is obligated to protect them legally, through lease agreements (contratos de arrendamiento), etc. In support of his argument, the appellant cites the merits, reparations, and costs judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, dated March 29, 2006 (cf. folios 42 verso to 43 verso). In this regard, the appellant states: "…reclaiming lands is a right held by indigenous peoples of an imprescriptible nature, as it remains in force over time since they are the rightful owners of their traditional lands, and therefore they are entitled to use and enjoy those lands, even if this right has been denied to them." He asserts that, in accordance with the inter-American system, the possession of lands in the indigenous sphere must comply with the established requirements, with the understanding that such possession has a scope similar to that of full ownership (pleno dominio) conferred by the State, and additionally requires recognition of the property and its registration.
Likewise, the right of property of indigenous populations is recognized even in the absence of a legal title. As the moving party indicates, an indigenous person has the right to recover their lands even if they lack possession thereof, since possession does not constitute a legal requirement for conditioning the existence of that right (cf. folio 44 recto and verso). Furthermore, the appellant notes that the Court of Appeals failed to recognize that protection is not limited solely to possession of the property, since it is essential to evaluate the spiritual bond between the possessor and the land—that is, the cultural legacy and the means by which the right to life is made effective in the development and transmission of cultures and traditions. In the appellant's view, for the criminal offense of usurpation, provided for in Article 225 of the Código Penal, to arise, in addition to analyzing possession and property, and by virtue of the principle of specialty, all subjective and objective elements of the criminal offense are required "…in such a way that not only must an irregular possession exist, but the non-indigenous person must commit acts that disturb or partially or totally dispossess by means of violence, threats, deceit, clandestinity, or abuse of trust, through invasions of the property, or by expelling the indigenous occupants, or by altering the territorial boundaries in order to fraudulently gain a greater area or extent of land.
All of the foregoing with the sole purpose of disturbing the legitimate possession held by the indigenous person, whether by ancestral right or because the local government—in this case the ADI—granted it…" (cf. folio 46). He indicates that the grievance in the ad quem's judgment arises from an assessment of private property and civil possession that excludes the proper conventionality review and omits the importance of communal land rights, the title to which is held by the respective ethnic group—a decision that also undermines the legal powers of the Asociación de Desarrollo Indígena.
The claim is not well taken: From the arguments presented, this Chamber finds that the complaint consists of disagreement with the non-application of the criminal offense set forth in Article 225 of the Código Penal in the scenario in which indigenous territory is occupied by persons who do not hold that status. With respect to the legal framework applicable in indigenous matters, as regards the right to traditional lands and collective property, the primary instrument is the Ley Indígena N° 6172, of November 29, 1977, regulated by Decretos Ejecutivos No. 8487 of April 26, 1978, and No. 13568 of April 30, 1982, which contain extensive regulation of matters concerning the identity, organization, and territory of indigenous peoples. With regard to territories, it is recognized that these belong to the collective body of the indigenous community and that they must be organized or delimited by means of geographic coordinates.
Of great relevance to the respect of the rights of indigenous peoples in our legal system is the ratification of Convention 169 of the International Labour Organization, entitled "Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries," by means of Ley N°7316, of November 3, 1992, which provides in Article 14, on territorial rights, as follows: "1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognised. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their subsistence and traditional activities. Particular attention shall be paid to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators in this respect. 2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. 3.
Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims by the peoples concerned." This provision refers to the recognition of the right of ownership and possession of lands traditionally occupied by indigenous peoples, imposing upon the State the obligation to delimit such lands and guarantee effective protection of those rights, as well as the creation of procedures to achieve their reclamation. Additionally, Article 17 of the Convention establishes that: "1. Procedures established by the peoples concerned for the transmission of land rights among members of these peoples shall be respected. 2. The peoples concerned shall be consulted whenever consideration is being given to their capacity to alienate their lands or otherwise transmit their rights outside their own community. 3. Persons not belonging to these peoples shall be prevented from taking advantage of their customs or of lack of understanding of the laws on the part of their members to secure the ownership, possession or use of land belonging to them." Finally, the Convention in its Article 18 states: "Adequate penalties shall be established by law for unauthorised intrusion upon, or use of, the lands of the peoples concerned, and governments shall take measures to prevent such offences." In that same vein, Article 5 of the Ley Indígena establishes mechanisms to finance the defense and recovery of lands in favor of indigenous communities.
To that end, it expressly provides: "In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within indigenous reserves (reservas indígenas), ITCO shall relocate them to other similar lands, if they so wish; if relocation is not possible or they do not accept relocation, ITCO shall expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Ley de Expropiaciones. (As amended by Article 65, subsection d) of Ley Nº 7495 of May 3, 1995). The studies and expropriation and compensation proceedings shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI. If there is subsequently an invasion of the reserves by non-indigenous persons, the competent authorities shall immediately proceed to their eviction (desalojo), without payment of any compensation.
IN THE SPECIFIC CASE: From a comprehensive reading of the judgment, the following is corroborated as proven facts: "…the defendant (encartado) Víctor Zúñiga Mora is the person who had been continuously and uninterruptedly exercising possession of the property in question for several years prior to the events, as a lessee (arrendatario) of said property, such that at the time of the events described in the indictment he could not have usurped possession of a property that he himself had been possessing for several years prior…" (cf. folios 4 and 5). As a first observation, it must be noted that the occupation of the property by the defendants originated by reason of a lease agreement and therefore the question of ownership of the property title is not implicated; rather, the act of occupation derives from said legal transaction (negocio jurídico). This point was established through testimonial evidence (prueba testimonial); the witness (deponente) [Nombre 004] stated that he had acquired the disputed property from Mr. [Nombre 008] by means of a notarized deed of sale (carta venta protocolizada), with a survey map, on July 26, 1997, and that at the time of the events he had been in possession of it for approximately 20 years, noting that its previous owner had possessed the property for 15 years prior.
Furthermore, said witness recounted that beginning in the year 2007 or 2006 he had rented the property to the defendant Víctor Zúñiga Mora (cf. folio 5). Regarding possession of the property, the victim [Nombre 001] stated that he entered the property on April 3, 2016, with the endorsement of the Consejo de Ancianos Ditso Iriria Ajkonuk Wapka, for the purpose of recovering indigenous territory occupied by non-indigenous persons, and that the defendant Víctor had cattle there (cf. folio 6 verso); while the witness [Nombre 014] declared that at the time of the events there was cattle inside the property and he understood that it was Víctor Zúñiga who had it there (cf. folio 7).
The appellant alleges non-observance of Article 225 of the Criminal Code by failing to conduct a conventionality review (control de convencionalidad) concerning the collective possession and property rights of indigenous communities. This Chamber agrees with the appellant regarding the indigenous worldview (cosmovisión) and the significant relationship between land, nature, and community subsistence in maintaining indigenous customs. For this reason, in the progressive analysis of Human Rights with respect to the right to property contained in Article 21 of the American Convention on Human Rights, an evolutionary interpretation of the concept of property has been developed. Consequently, indigenous territories are afforded protection from the perspective of collective property; for which reason, indigenous peoples who lose possession of their territories retain their ancestral property rights over those territories and a preferential right to recover them.
Nevertheless, this last aspect is relevant to the resolution of the particular case, since the complainant [Nombre 001], as referenced above, is an indigenous person who, for the purpose of reclaiming allegedly indigenous lands, was designated by the Consejo Ditso Iriria Ajkonuk Wapka of the Bribrí de Salitre territory to occupy the property in question, entering it on April 3, 2016, but at that time it was being used by the accused Víctor Zúñiga for cattle ranching (cf. folio 6 verso). The succession of actions carried out by the accused Lelis Álvaro Vargas Morales, Víctor Hugo Zúñiga Fallas, and Víctor Zúñiga Mora relating to the use of the land—entering the property to repair a fence and to cut down a tree (cf. folio 5 verso and 6)—as compared with those carried out by the complainant [Nombre 001] to recover the purported indigenous territory, namely entry, construction, and occupation of the property, do not permit the conclusion that a dispossession (despojo) or disturbance of possession (perturbación) of the real property to the detriment of [Nombre 001] was established in the terms set forth by Article 225 of the Criminal Code.
In that context, it appears rather that the events arose from the affirmative actions undertaken by the indigenous community of Bribrí de Salitre for the recovery of the allegedly indigenous territories. In that regard, concerning the necessary guarantee of the right to possession and collective property of territories traditionally occupied by indigenous peoples, with particular reference to access to justice for the recovery of lands, the Inter-American Court of Human Rights has repeatedly ruled as follows: "…Possession of the claimed lands and its requirement for recognition of communal property. 109. The Tribunal recalls its jurisprudence regarding communal property of indigenous lands, according to which:
With regard to this last argument, there is no restriction on the full exercise of possession (posesión) or tenure (tenencia), because, as has already been stated, the testimonial and documentary evidence (prueba testimonial y documental) gathered establishes that at the time of the assignment of the registered property (finca) — March 13, 2016 — to the victim [Nombre 001] by the Indigenous Development Association (Asociación de Desarrollo Indígena), and upon his subsequent entry onto the property on April 3, 2016, it was known that the party exercising possession of the property was the defendant herein, Víctor Zúñiga Mora; and, as regards their remaining on the parcel (predio), as has been seen, it would have had to be declared indigenous territory (territorio indígena) and, moreover, in this case, the eviction (expulsión) of the defendants would have had to be ordered. This being the case, the claim is dismissed.
Por tanto:
The appeal on the merits (recurso de casación) filed by Licenciado Daniel Villalobos Araya, Prosecutor for Indigenous Affairs (Fiscal de Asuntos Indígenas) of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), is hereby denied. Notify the parties.
Patricia Solano C.
Jorge Enrique Desanti H. Alternate Justice (Magistrado Suplente).
Sandra Eugenia Zúñiga M. Alternate Justice (Magistrada Suplente).
Rafael Segura B. Alternate Justice (Magistrado Suplente).
Gerardo Rubén Alfaro V. Alternate Justice (Magistrado Suplente).
CBADILLAB 590-4/16-6-18 *162001370634PE*
*162001370634PE* Res: 2019-01105 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y quince minutos del cuatro de setiembre del dos mil diecinueve.
Recurso de Casación interpuesto en la presente causa seguida contra Víctor Zúñiga Mora, mayor, costarricense, cédula de identidad número 1-0390-0839, nacido en San Isidro de Pérez Zeledón el 01 de junio del año 1950, agricultor, hijo de Víctor Manuel Zúñiga Fallas y María Mora Fonseca, vecino de Buenos Aires, Salitre, Olán; Víctor Hugo Zúñiga Fallas, mayor, costarricense, portador de la cédula de identidad número 1-1132-0931, nacido en San Isidro de Pérez Zeledón el 20 de marzo del año 1982, agricultor y ganadero, hijo de Víctor Zúñiga Mora y Mireya Fallas Camacho, vecino de Buenos Aires, Salitre, Olán y Lelis Álvaro Vargas Morales, mayor, costarricense, portador de la cédula de identidad número 6-0292-0667, nacido en Salitre de Buenos Aires, el 14 de julio del año 1978, agricultor, hijo de Ernesto Vargas Figueroa y Magdalena Obando Obando, vecino de Buenos Aires, Salitre, Palmital, por el delito de Usurpación y Tentativa de Homicidio, en perjuicio de [Nombre 001] .
Intervienen en esta instancia lo s magistrados y magistradas Patricia Solano Castro, Jorge Enrique Desanti Henderson, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, estos últimos cuatro como magistrados suplentes. También intervienen en esta instancia la licenciada Genive González Hernández, en su condición de defensora particular de los Imputados Zúñiga Mora y Zúñiga Fallas, la licenciada Elvia Jeanneth Quirós Quirós en representación de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima de Pérez Zeledón y el licenciado Daniel Villalobos Araya en representación de la Fiscalía de Asuntos Indígenas del Ministerio Público.
Resultando:
1. Mediante sentencia N° 2018-0320, dictada a las diez horas veintinueve minutos del seis de julio del dos mil dieciocho, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago resolvió: “Por Tanto: Se declara sin lugar los recursos de apelación de sentencia incoados por el representante del Ministerio Público y la abogada de la oficina de la Defensa Civil de la Víctima y se confirma la resolución impugnada en todos sus extremos. Notifíquese. CHRISTIAN FERNANDEZ MORA JUEZ/A DECISOR/A IVETTE CARRANZA CAMBRONERO JUEZ/A DECISOR/A JOSE MANUEL CISNEROS MOJICA JUEZ/A DECISOR/A " (sic).
2. Contra el anterior pronunciamiento el Licenciado Daniel Villalobos Araya representante de la Fiscalía de Asuntos Indígenas del Ministerio Público, interpus o recurso de casación.
3. Verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formulada en el recurso.
4. En los r ecurso se han observado las prescripciones legales pertinentes; y,
Considerando:
I.Mediante resolución número 2018-866, de las 16:00 horas, del 28 de noviembre de 2018 (cfr. folios 69 a 75), esta Sala admitió para conocimiento de fondo el primer motivo del recurso de casación interpuesto por el licenciado Daniel Villalobos Araya, en su condición de Fiscal de Asuntos Indígenas del Ministerio Público, en el que adujo inobservancia de un precepto legal sustantivo, concretamente, la inaplicación del numeral 225 del Código Penal. Según su tesis, en la valoración de los elementos objetivos del tipo penal de usurpación, el ad quem olvidó llevar a cabo el indispensable control de convencionalidad en lo concerniente al examen sobre la posesión y la propiedad colectiva de las comunidades indígenas (la relación espiritual del poseedor con la tierra), cuyo ámbito territorial es diferente y más extenso al utilizado diariamente. En la especie, dicho ámbito está vinculado al derecho colectivo propio de un pueblo indígena organizado.
Además, el establecimiento de las condiciones necesarias es relevante para la supervivencia social, cultural y económica para “la reproducción y preservación de sus costumbres y tradiciones”. En el presente caso, las personas imputadas –no son indígenas de Bribrí de Salitre-, de ahí su falta de legitimación, a efectos de poseer inmuebles “…a lo interno de este territorio, con lo que no se le estaba lesionando sus derechos, si no respetando el sistema de transmisión propio del territorio indígena de Salitre, toda vez que dicho terreno como lo ha indicado la Asociación de Desarrollo de Salitre y las demás organizaciones representativas del Pueblo Bribrí de Salitre, fue adquirido por el agraviado, cuya adquisición es reconocida y avalada por la respectiva Asociación de Desarrollo Indígena…”. Estima que la interpretación emitida por el Tribunal de Apelación, desampara la integridad cultural de un grupo de habitantes indígenas, acentuada en tradiciones; comunidad que se distingue entre las restantes por conceder a sus integrantes –una identidad cultural única-, que si no es tutelada, acarrea quebrantos a derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad e integridad personal, a la alimentación y a su propia espiritualidad.
La transmisión de la propiedad encierra una finalidad comunitaria o colectiva, constituida por cada uno de los derechos de cada persona individual, naturales en su cosmovisión no pueden arriesgar que miembros de otras culturas modifiquen o devalúen la identidad cultural. En esa virtud, el Estado tiene la obligación de protegerlos jurídicamente, a través de contratos de arrendamiento, etc. En respaldo de su tesis el recurrente cita la sentencia de fondo, reparaciones y costas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay, del 29 de marzo de 2006 (cfr. folios 42 vuelto a 43 vuelto). Al respecto, el recurrente señala: “…reivindicar las tierras, es un derecho que tienen los indígenas de naturaleza imprescriptible, pues permanece vigente en el tiempo ya que son los dueños legítimos de sus tierras tradicionales, por lo cual tienen derecho al uso y goce de las mismas, a pesar de que este derecho les haya sido negado”.
Afirma que, de acuerdo con el sistema interamericano, la posesión de tierras en el ámbito indígena debe apegarse al cumplimiento de los requisitos establecidos, en el entendido de que, tal posesión tiene alcances similares al título de pleno dominio que concede el Estado, además de exigir el reconocimiento de la propiedad y del registro. De igual manera, se reconoce a las poblaciones indígenas el derecho de propiedad pese a la falta de título legal. Según indica el gestionante, la persona indígena tiene la facultad de recuperar sus tierras, aunque carezca de la posesión sobre las mismas, por cuanto la posesión no configura un requisito legal para condicionar la existencia de ese derecho (cfr. folio 44 frente y vuelto). A su vez, refiere, que el Tribunal de Apelación de Sentencia desconoció que la protección no se circunscribe solamente a la posesión del inmueble, pues resulta fundamental valorar el nexo espiritual del poseedor con las tierras; es decir, el legado cultural y el medio que permite la efectividad del derecho a la vida, en el desarrollo y transmisión de las culturas y tradiciones.
En criterio del recurrente, para el surgimiento del delito de usurpación, contemplado en el numeral 225 del Código Penal, además de analizar la posesión y propiedad, por el tema de especialidad, requiere de todos los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal “… de manera que solo exista una posesión irregular sino que la persona no indígena realice actos que turbare, despoje parcial o totalmente por medio de violencia, amenaza, engaño, clandestinidad o abuso de confianza, por medio de invasiones sobre el inmueble o bien expulsando a los ocupantes indígenas o bien alterare los límites territoriales para ganar mayor cavidad o extensión de terreno de forma fraudulenta. Todo lo anterior con la única finalidad de perturbar la posesión legítima que ostenta la persona indígena, ya sea por un derecho ancestral o bien que el gobierno local, en este caso ADI le otorgó...” (cfr. folio 46). Indica que, el agravio en la sentencia del ad quem se genera a partir de una valoración de propiedad privada y posesión civil excluyente del correcto control de convencionalidad y en la cual se omite la importancia del derecho comunal a la tierra, cual titular lo conforma el grupo étnico respectivo, decisión que también menoscaba las facultades legales de la Asociación de Desarrollo Indígena.
El reclamo no es de recibo: De los argumentos formulados, aprecia esta Cámara que la queja consiste en discrepar en la inaplicación del tipo penal contenido en el artículo 225 del Código Penal, en el supuesto en que el territorio indígena, se encuentra ocupado por personas que no reviste dicha condición. Con relación al marco jurídico que se aplica en materia indígena, en lo que se refiere al derecho a sus tierras tradicionales y a la propiedad colectiva, se tiene en primer orden la Ley Indígena N° 6172, del 29 de noviembre de 1977, reglamentada por los Decretos Ejecutivos No. 8487 de 26 de abril de 1978 y No. 13568 de 30 de abril de 1982, contienen una amplia regulación de temas sobre la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas. En lo que respecta a los territorios se reconoce que estos pertenecen a la colectividad de la comunidad indígena y, que se deben ordenar o delimitar por medio de coordenadas geográficas.
De gran relevancia para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro ordenamiento jurídico, es la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, denominado “Convenio sobre pueblos indígenas y Tribales en países independientes”, mediante la Ley N°7316, del 3 de noviembre de 1992, la cual dispone en el artículo 14, sobre el derecho territorial, lo siguiente: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2.
Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. Esta norma se refiere al reconocimiento del derecho de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado los pueblos indígenas imponiendo la obligación del Estado de delimitar las tierras y garantizar la protección efectiva de esos derechos, así como la creación de procedimientos para lograr su reivindicación. También, el artículo 17 del Convenio, establece que: “1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 2.
Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.” Finalmente, el Convenio en su artículo 18 señala: “ La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”. En ese mismo sentido, el artículo 5 de la Ley Indígena dispone mecanismos para financiar la defensa y recuperación de tierras a favor de las comunidades indígenas.
Para ello, expresamente establece: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. (Así reformado por el artículo 65, inc. d) de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995). Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. EN EL CASO CONCRETO": De la integralidad de la sentencia, se corrobora como hechos demostrados que: “…el encartado Víctor Zúñiga Mora es la persona que venía ejerciendo la posesión continua e ininterrumpida del inmueble en cuestión, desde varios años antes de los hechos, como arrendatario de dicho inmueble, por lo que a la fecha de los sucesos narrados en la acusación, no podía haber usurpado la posesión de un inmueble que él mismo venía ejerciendo desde varios años antes…” (cfr. folio 4 y 5).
Como primera apreciación debe tomarse en cuenta que la ocupación del inmueble por parte de los acusados, se originó en razón de un contrato de arrendamiento y por ello, no se involucra la titularidad del derecho de la propiedad de la finca, sino que el acto de ocupación deriva del referido negocio jurídico. Este punto se constató por medio de prueba testimonial; el deponente [Nombre 004] indicó haber adquirido la propiedad en disputa del señor [Nombre 008], por medio de una carta venta protocolizada, con un plano, en fecha 26 de julio de 1997 y, para la fecha de los hechos tenía alrededor de 20 años de poseerla, haciendo mención de que su anterior propietario, poseía la finca desde 15 años atrás. Además, dicho testigo narró que desde el año 2007 o 2006 le alquiló el inmueble al aquí acusado Víctor Zúñiga Mora (cfr. folio 5). Sobre la posesión del inmueble el ofendido [Nombre 001] expuso que ingresó a la finca el 3 de abril de 2016, con el aval del Consejo de Ancianos Ditso Iriria Ajkonuk Wapka, con el fin de recuperar territorio indígena ocupado por personas no indígenas y que el acusado Víctor tenía ganado ahí (cfr. folio 6 vuelto); mientras el testigo [Nombre 014] declaró que para el momento de los hechos había ganado en el interior de la propiedad y él entendía que quien lo tenía era Víctor Zúñiga (cfr. folio 7).
Se alega por parte del impugnante la inobservancia del artículo 225 del Código Penal, al omitirse el control de convencionalidad sobre la posesión y propiedad colectiva de las comunidades indígenas. Coincide esta Cámara con el recurrente en la tesis sobre la cosmovisión indígena y la importante relación entre la tierra, naturaleza y su subsistencia como comunidad, para mantener sus costumbres. Por ello, en el análisis progresivo de los Derechos Humanos en cuanto al derecho de propiedad, contenido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha venido haciendo una interpretación evolutiva del concepto de propiedad. Consecuentemente, se otorga a los territorios indígenas una protección desde la perspectiva de una propiedad colectiva; razón por la cual los pueblos indígenas que pierdan la posesión de sus territorios, mantienen su derecho de propiedad ancestral sobre ellos y un derecho preferente a recuperarlos.
No obstante, este último aspecto es relevante para la solución del caso en particular, pues el denunciante [Nombre 001], como se refirió líneas arriba, es una persona indígena quien con el fin de reivindicar supuestas tierras indígenas fue designado por el Consejo Ditso Iriria Ajkonuk Wapka del territorio Bribrí de Salitre, para ocupar la finca en cuestión, ingresando a esta el 03 de abril de 2016, pero para ese momento, era aprovechada por el acusado Víctor Zúñiga para cuido de ganado (cfr. folio 6 vuelto). La sucesión de acciones llevadas a cabo por los acusados Lelis Álvaro Vargas Morales, Víctor Hugo Zúñiga Fallas y Víctor Zúñiga Mora, referente al aprovechamiento, ingresó al fundo para reparar una cerca y la corta de un árbol (cfr. folio 5 vuelto y 6), frente a las ejecutadas por el denunciante [Nombre 001], para recuperar el pretendido territorio indígena, ingreso, construcción y ocupación en el mismo, no permiten tener por configurado en los términos dispuestos por el artículo 225 del Código Penal un despojo o perturbación de la posesión del inmueble en perjuicio del señor [Nombre 001] .
En ese contexto, se denota más bien, que los hechos surgen a partir de las acciones afirmativas emprendida por la comunidad indígena de Bribrí de Salitre, para la recuperación de los supuestos territorios indígenas. En ese sentido, sobre la necesaria garantía del derecho a la posesión y propiedad colectiva de los territorios ocupados tradicionalmente por los pueblos indígenas, en especial referencia al acceso a la justicia para reivindicar las tierras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones se ha pronunciado de la siguiente manera: “…Posesión de las tierras reclamadas y su exigencia para el reconocimiento de la propiedad comunitaria. 109. El Tribunal recuerda su jurisprudencia respecto a la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, según la cual:
Por Tanto:
Se declara sin lugar el recurso de casación que interpuso el licenciado Daniel Villalobos Araya, Fiscal de Asuntos Indígenas del Ministerio Público. Notifíquese.
Patricia Solano C.
Jorge Enrique Desanti H.
Magistrado Suplente.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
Magistrada Suplente.
Rafael Segura B.
Magistrado Suplente.
Gerardo Rubén Alfaro V.
Magistrado Suplente.
CBADILLAB 590-4/16-6-18 *162001370634PE*
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