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30/06/2020

Compensation for non-indigenous property within indigenous reserve requires conclusive topographic proofIndemnización por propiedad no indígena en reserva indígena requiere prueba topográfica fehaciente

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The First Chamber denied the plaintiff's cassation appeal, upholding the denial of compensation due to lack of conclusive evidence of the property's location within the indigenous reserve, and granted the appeal of the Office of the Comptroller General, ordering the plaintiff to pay costs to that entity.La Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación de la actora, confirmando la denegación de la indemnización por falta de prueba fehaciente de la ubicación del inmueble dentro de la reserva indígena, y acogió el recurso de la Contraloría, condenando en costas a la actora a favor de dicho órgano.

SummaryResumen

The First Chamber of the Supreme Court of Justice upheld the dismissal of MACG Consultores S.A.'s claim for compensation, alleging that its property was affected by its inclusion within the Huetar Indigenous Reserve of Quitirrisí under Article 5 of the Indigenous Law. The company claimed that its property, registered under Folio Real 262450-000, lay within the expanded boundaries of the reserve as per Executive Decree 29452-G of 2001, and submitted as evidence an unregistered cadastral map, certifications from CONAI, and letters from INDER. The Contentious Administrative Tribunal rejected the claim due to lack of expert topographic evidence proving the actual location of the land relative to the reserve. On appeal, the First Chamber held that the plaintiff failed to meet its evidentiary burden to prove the essential fact that the property was indeed within indigenous territory. It found that neither the unregistered map, nor CONAI's certifications, nor INDER's letters—based on unverified coordinates—constituted sufficient proof to replace a surveyor's expert report. Additionally, the Chamber upheld the appeal filed by the Office of the Comptroller General, reversing the cost exemption and ordering the plaintiff to pay both costs to that body.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la denegación de la demanda de MACG Consultores S.A., que reclamaba indemnización por la supuesta afectación de su finca dentro de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, según el artículo 5 de la Ley Indígena. La empresa alegó que el inmueble, inscrito en el Registro Nacional bajo la matrícula 262450-000, se encontraba dentro de los límites ampliados de la reserva por el Decreto Ejecutivo 29452-G de 2001, y presentó como prueba un plano no catastrado, certificaciones de la CONAI y oficios del INDER. El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda por falta de prueba pericial topográfica que demostrara la ubicación real del terreno respecto de la reserva. La Sala Primera, al resolver el recurso de casación, determinó que la parte actora no cumplió con la carga probatoria necesaria para acreditar el hecho fundamental: que la finca estuviera efectivamente dentro del territorio indígena. Señaló que ni el plano no catastrado, ni las certificaciones de la CONAI, ni los oficios del INDER, basados en coordenadas no verificadas en sitio, constituían prueba suficiente para sustituir un dictamen pericial de agrimensura. Además, la Sala acogió el recurso de la Contraloría General de la República y revocó la exención de costas, condenando a la actora al pago de ambas costas a favor de ese órgano.

Key excerptExtracto clave

X.- Continuation Along the same lines, certification no. CDET-111-14 issued by the Department of Territorial Studies of CONAI does not prove the location of the land within indigenous territory (...) note that in certification CDET-111-14, although CONAI's Department of Territorial Studies indicates that property registration number 1262450-000 is within the Quitirrisí Indigenous Reserve, it expressly warns that this is so “as long as the property is effectively located where the Surveyor placed it in the grid attached to the map” –referring to the map with submission number 2014-10076-C. That is, CONAI itself lacked technical certainty about the location of the land in physical reality with respect to the boundaries of the Quitirrisí Reserve. The certification assumes that if the location recorded by the surveyor on the annotated map is correct, then the property would be within the Reserve; it follows that this location had not been verified on site, and therefore the document does not make a categorical statement about the land's affectation. Thus, as the Tribunal correctly pointed out, that certification lacks technical support. Finally, regarding cadastral map no. SJ-1954486-2017 (offered as evidence for better adjudication; a digital document dated September 6, 2017, present in the Virtual Desktop system), the Regulations to the National Cadastre Law, in Article 57, provide that a cadastral map is not in itself absolute proof of what it records; therefore, by itself it is insufficient proof of the property's physical location within the territory of the Quitirrisí Indigenous Reserve, which is precisely the essential fact whose proof is found lacking in this proceeding.X.- Continuación En el mismo sentido apuntado, tampoco la certificación no. CDET-111-14 expedida por el Departamento de Estudios Territoriales de la CONAI acredita la ubicación del terreno dentro de territorio indígena (...) nótese que en la certificación CDET-111-14, si bien el Departamento de Estudios Territoriales de la CONAI indica que la finca matrícula 1262450-000 está dentro de la Reserva Indígena de Quitirrisí, expresamente advierte que ello es así “En el tanto que la propiedad esté efectivamente localizada donde el Topógrafo la ubicó en la cuadrícula anexa al plano” –refiriéndose al plano con número de presentación 2014-10076-C-. Es decir, tampoco la CONAI tenía certeza técnica de la ubicación del terreno en la realidad física y con respecto a los límites de la Reserva de Quitirrisí. La certificación parte de la premisa de que, de ser correcta la localización que el topógrafo consignó en el plano anotado, entonces la finca estaría dentro del terreno de la Reserva, de lo cual se sobreentiende que esa ubicación no había sido verificada en el sitio y por ello el documento no hace una afirmación categórica acerca de la afectación del terreno. Así, como bien lo apuntó el Tribunal, esa certificación no goza de respaldo técnico que le sirva de sustento. Finalmente, en lo atinente al plano catastrado no. SJ-1954486-2017 (ofrecido como prueba para mejor resolver; documento digital de fecha 06 de setiembre de 2017, constante en sistema de Escritorio Virtual), el propio Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, en su artículo 57 dispone que el plano catastrado no es de por sí prueba absoluta de lo que en él se consigna, de manera que en sí mismo no es prueba suficiente de la ubicación material de la finca dentro del territorio de la Reserva Indígena de Quitirrisí, que es precisamente el hecho fundamental cuya prueba se echa de menos en este proceso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En el caso concreto, reviste especial interés la Reserva Indígena Quitirrisí, creada mediante Decreto Ejecutivo no. 6036-G del 12 de junio de 1976, delimitado como 'Caserío Indígena' por Decreto Ejecutivo no. 10707-G del 24 de octubre de 1979, y posteriormente ampliado en sus límites por el Decreto Ejecutivo no. 29452-G del 21 de marzo de 2001."

    "In the present case, the Quitirrisí Indigenous Reserve is of particular interest, created by Executive Decree No. 6036-G of June 12, 1976, delimited as 'Indigenous Hamlet' by Executive Decree No. 10707-G of October 24, 1979, and subsequently expanded in its boundaries by Executive Decree No. 29452-G of March 21, 2001."

    Considerando VIII

  • "En el caso concreto, reviste especial interés la Reserva Indígena Quitirrisí, creada mediante Decreto Ejecutivo no. 6036-G del 12 de junio de 1976, delimitado como 'Caserío Indígena' por Decreto Ejecutivo no. 10707-G del 24 de octubre de 1979, y posteriormente ampliado en sus límites por el Decreto Ejecutivo no. 29452-G del 21 de marzo de 2001."

    Considerando VIII

  • "En cuanto al derecho a la expropiación, debe destacarse como presupuesto básico y primario –aunque resulte obvio- que el terreno respecto del cual un sujeto no indígena pretenda ser expropiado, y consecuentemente indemnizado, debe ubicarse certeramente dentro de una reserva indígena."

    "Regarding the right to expropriation, it must be emphasized as a basic and primary requirement—although obvious—that the land for which a non-indigenous person seeks expropriation and, consequently, compensation, must certainly be located within an indigenous reserve."

    Considerando VIII

  • "En cuanto al derecho a la expropiación, debe destacarse como presupuesto básico y primario –aunque resulte obvio- que el terreno respecto del cual un sujeto no indígena pretenda ser expropiado, y consecuentemente indemnizado, debe ubicarse certeramente dentro de una reserva indígena."

    Considerando VIII

  • "No puede ignorarse que una cuestión es lo que a nivel formal indique esa prueba documental, y otra lo que en la realidad material de los inmuebles exista; vertientes ambas que pueden o no ser coincidentes. De ahí la necesidad de demostrar de forma fehaciente y mediante prueba idónea, la localización de la finca en la realidad física y respecto de los límites de la Reserva Indígena de Quitirrisí."

    "It cannot be ignored that one thing is what the documentary evidence indicates at a formal level, and another is what exists in the material reality of the properties; both aspects may or may not coincide. Hence the need to reliably demonstrate, through suitable evidence, the property's location in physical reality with respect to the boundaries of the Quitirrisí Indigenous Reserve."

    Considerando X

  • "No puede ignorarse que una cuestión es lo que a nivel formal indique esa prueba documental, y otra lo que en la realidad material de los inmuebles exista; vertientes ambas que pueden o no ser coincidentes. De ahí la necesidad de demostrar de forma fehaciente y mediante prueba idónea, la localización de la finca en la realidad física y respecto de los límites de la Reserva Indígena de Quitirrisí."

    Considerando X

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

*140080921027CA* Case File 14-008092-1027-CA Ruling 002043-F-S1-2020 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at two p.m. on June thirtieth, two thousand twenty.

Ordinary proceeding declared a matter of pure law, filed in the Administrative and Civil Treasury Court by M A C G CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its unlimited general agent Juan Carlos Soto Víquez, businessman; against the STATE, represented by its Procurator Jorge Oviedo Álvarez, single, resident of Heredia, the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, represented by its General Manager Walter Mora Leiva, business administrator, the COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, represented by its unlimited general agent Urbano Mendoza Palacios, in a common-law union, resident of Puntarenas, the CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by the Comptroller General of the Republic Marta Eugenia Acosta Zúñiga, master's in public finance, BANCO PROMÉRICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its judicial general agent Carlos Valenciano Kamer. Participating as an active coadjuvant is the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE QUITIRRISÍ DE MORA, represented by its President Isabel Ureña Vásquez, homemaker. Appearing as special judicial attorneys are, for the plaintiff, Rodrigo Arauz Figueroa, of legal age, married, attorney, resident of San José, Manuel Briceño López; for INDER, Roderico Contreras Angulo, address not provided; for the CGR, Hansel Arias Ramírez, Jesús González Hidalgo, resident of Alajuela; for Banco Promérica, Ana Victoria Kinderson Roldán, divorced, resident of Heredia, Mike Brown Thomas, single; for the Asociación de Desarrollo Indígena, María Jesús Gutiérrez Guadamuz, divorced. The natural persons are of legal age, and with the noted exceptions, married, attorneys, and residents of San José.

Drafted by Magistrate Molinari Vílchez

WHEREAS

I.- According to the facts held as proven in the appealed judgment, and not contested by the cassation appellants, on June 12, 1976, Executive Decree no. 6036-G was published in La Gaceta, by which the community of Quitirrisí was declared an Indigenous Reserve (Reserva Indígena). On November 8, 1979, Executive Decree no. 10707 was published in La Gaceta, by which the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve was delimited. On July 23, 1998, property folio real registration number 262450-000 of the province of San José was registered under the ownership of MACG Consultores S.A. According to the National Registry, the property measures 918,350.38 m2 (sic), is located in the canton of Mora, district of Colón. On May 16, 2001, Executive Decree no. 29452 was published in La Gaceta, by which Decree no. 10707 was modified and the boundaries of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve were expanded. On September 18, 2014, the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas issued certification no. CDET-111-14, indicating the following: "the uncadastrated survey (plano sin catastrar) that reads: Part of Folio Real No. 1262450-00, located on Calle el Guaco, District 01 Colón 1st Canton 7th Mora, Province 1st San José, with an area of 842322m2 is located in its Entirety within the indigenous reserve of Quitirrisí. Affected by delimitation of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve, according to decree No. 29452-G Gaceta No. 93 dated May 16, 2001. Decree that by Fe de Erratas some coordinates are corrected (sic). Fe de Erratas published in Gaceta No. 221 dated November 16, 2001. Insofar as the property is effectively located where the Surveyor placed it on the grid attached to the survey." By reason of the foregoing, MACG Consultores S.A. sued the Instituto de Desarrollo Rural, the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, the Contraloría General de la República, the State, and Banco Promerica de Costa Rica S.A., seeking that in judgment: 1) The corresponding appraisals be ordered to be carried out jointly with the Ministry of Finance, to value property folio real registration number 262450-000 of the province of San José, as well as the investments made with the planting of more than ninety thousand trees; 2) The defendants be ordered to pay the corresponding compensation according to the result of the appraisal; 3) On the amount of the just price (justiprecio) fixed, the respective indexation and legal interest be recognized from the date of the affectation of the property until effective payment; 4) Both costs of the proceeding be imposed on the defendants. The defendants answered in the negative. INDER raised the defenses of incomplete necessary passive joinder, expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), and lack of right. In addition to the foregoing, CONAI raised the defense of lack of passive and active standing. Banco Promerica raised the defenses of lack of passive standing and current interest. The State and the CGR alleged lack of passive standing and lack of right. Section Two of the Administrative and Civil Treasury Court issued judgment no. 65-2018 at 09:00 a.m. on October 2, 2018, and supplementary resolution no. 65-2018-BIS at 08:15 a.m. on November 21, 2018. It rejected the defenses of expiration and statute of limitations raised by CONAI and INDER; the defense of lack of passive standing raised by the State; and the defense of lack of active and passive standing raised by CONAI. It upheld the defense of lack of passive standing raised by the CGR, the defense of lack of current interest alleged by Banco Promerica, and the defense of lack of right invoked by all the defendants. Consequently, it dismissed the claim in all its aspects, imposing both costs and interest against the plaintiff, solely in favor of INDER, CONAI, and the State. Regarding the CGR and Banco Promerica, it ruled without an award of costs. Disagreeing with the ruling, both the plaintiff company and INDER filed a cassation appeal.

CASSATION APPEAL OF MACG CONSULTORES S.A.

IV.Based on article 148 of the Administrative Contentious Procedure Code, it offers as evidence the certification issued by the Public Registry of the property of the Partido de San José, registration number 262450-000, and of the cadastrated survey (plano catastrado) SJ-1954486-2017. It argues that with said certification, it is possible to verify that the cadastrated survey is the same survey that both the plaintiff and INDER had submitted as evidence and, therefore, that the data recorded by the surveyor are true. Furthermore, it points out, it verifies that survey SJ-1954486-2017 was registered by rectification of the land measurement and because it met the approval (visado) of CONAI and MINAE. It asserts that the evidence is useful and necessary for the search for the real truth of the facts, and with it, it is demonstrated that the compensation sought is appropriate, because the land is within the Quitirrisí Indigenous Reserve.

V.The first paragraph of article 148 of the CPCA provides: "The First Chamber or the Cassation Court may order, before issuing judgment, any evidentiary element or proceeding to better resolve the filed appeal." Regarding evidence to better resolve, this Chamber has repeatedly stated that it is an instrument conceived for the adjudicating body, so that it may clarify the disputed facts, when it considers that the evidentiary means offered and practiced are insufficient for such purpose. It presupposes that the parties have already deployed the evidentiary work corresponding to them in the opportune procedural moments, in accordance with the burden of proof imposed on them by the legal system (articles 220 of the CPCA and 317 of the Civil Procedure Code, Law 7130 of November 3, 1989, in force at the time of the issuance of the appealed ruling, in application of transitory provision II of the Civil Procedure Code of February 3, 2016, strictly in force since October 8, 2018). Hence, the mechanism cannot be used to correct omissions, negligence, or carelessness of the parties regarding that burden of proof, nor to remedy technical deficiencies in their defense. This must be weighed by the judges, both those of instance and those of this cassation phase, in the interest of maintaining respect for their duty of impartiality and the balance between the parties. It is reiterated that it consists of a discretionary power of the adjudicating body which, for the stated reason, may dismiss an offering by a party in that capacity. In this regard, resolutions of this Chamber 449-F-SI-2012 at 08:50 a.m. on April 12, 2012, 1690-F-SI-2012 at 10:00 a.m. on December 13, 2012, 1128-F-SI-2016 at 09:25 a.m. on October 27, 2016, 600-F-SI-2017 at 09:55 a.m. on May 25, 2017, and 409-F-SI-2019 at 10:55 a.m. on May 16, 2019, may be consulted. The figure of evidence to better resolve provided for in article 148 of the CPCA must be distinguished from that contemplated in precept 145 ibidem, whose first paragraph establishes: "During the processing of the appeal, documentary evidence may be submitted, under oath that it was not previously known, regarding facts that are new and subsequent to the appealed judgment." The possibility for the parties to offer documentary evidence before this extraordinary venue is subject to two conditions. One refers to the content of the evidence, that is, to the circumstance intended to be proven, which must be novel and have occurred after the issuance of the appealed judgment. The second, of a procedural nature, namely, that prior unawareness of the fact to be accredited must be guaranteed under oath. It is pertinent to clarify that the attribute of novelty can arise from two perspectives, the first—and which the article expressly contemplates—is that the fact occurs after the judgment is issued. The second, which is inferred from the oath itself, is that although the fact occurred prior to the issuance, the party was unaware of it and therefore also unaware of the means to accredit it. Now then, in the case at hand (subjúdice), the documentary evidence offered by the plaintiff cassation appellant is in the nature of evidence to better resolve, not as new evidence. In accordance with the foregoing, the offered document will be rejected, not only because it has not been ordered by this adjudicating body, but also because, due to the manner in which it will be resolved, it does not constitute useful evidence for the ruling that must be issued, as will be detailed in Considering X (it is not suitable to reliably accredit the physical location of the land for which compensation is claimed for supposedly being within the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve).

VI.- As far as the statement of grievances is concerned, the appellant raises two substantive charges. In the first, it accuses errors of preterition and erroneous evidentiary assessment. It reproaches that the Court denied its claim for compensation for an alleged lack of expert technical evidence accrediting the geographic location of the property and whether or not it is within the boundaries of the Quitirrisí Indigenous Reserve. Contrary to such criterion, it alleges that the uncadastrated survey (plano sin catastrar) submitted by the plaintiff and by INDER, which was presented and filed in the National Registry on February 24, 2014, indicates the route, location, and area of property folio real San José 262450-000. It asserts that it demonstrates a correspondence exists between the survey and the mentioned property. Furthermore, it argues that the certification issued by the Department of Territorial Studies of CONAI, no. CDET 111-14, certifies that the land forms part of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve according to Executive Decree no. 29452-G of 2001. It adds that INDER submitted Official Letter AT-530-2014 of November 12, 2014, where it is noted that the copy of the uncadastrated survey, according to Qualification Report 2014-10076-C, presented at the National Registry on February 24, 2014, is affected by the Reserve in question, and it even submitted the Cartographic Sheet Río Grande and Abra, determining that the land overlaps entirely with the indigenous territory. It argues that INDER itself, in Official Letter AT-569-2014 of December 4, 2014, signed by the head of the topography area, noted that, according to the minute of the qualification report 2014-10076-C, the survey only lacked the countersignature of CONAI and MINAE to be registered. It accuses non-application of articles 12 of the Law for the Practice of Topography and Surveying, and 11 of its Regulations, regarding the public faith (fe pública) of professionals in these matters. In its view, public faith confers veracity and legitimizes the act and document in which it is recorded, as long as its falsehood is not proven. Therefore, it asserts that the topographic expert evidence that the Court missed was not necessary, since the survey submitted by the plaintiff as evidence was never questioned by the defendants, and the topographic engineer who drew it up has public faith. It emphasizes that on September 6, 2017, after the preliminary hearing but before the issuance of the judgment, the certification that the Public Registry issued regarding property folio real San José 262450-000 and the now-registered survey (plano) no. SJ-1954486-2017 was submitted as additional evidence. It stresses that with said certification, it is verified that the registered survey is the same survey that had already been submitted as evidence by the plaintiff and by INDER. Furthermore, it is accredited that the survey was registered because the measurement of the property had been rectified, and because it had met the approvals (visados) of MINAE and CONAI. It says that despite said evidence being useful and necessary for the search for the real truth of the facts, the Court did not take it into consideration. It estimates that had it been assessed, the compensation claim would have been appropriate.

VII.- In summary, the plaintiff party alleges that the property it owns, registered in the National Registry under registration number 262450-000, of the Partido de San José, is within the boundaries of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve. According to the claim, it acquired the property by transfer from its then legal owners, by public deed number 71, before notary Mario Pacheco Flores, on February 26, 1998, and it was registered (without a cadastrated survey being recorded) on July 23, 1998. It argues that the affectation as indigenous territory occurred by means of expansion decree number 29452-G, of April 16, 2001, that is, after the registration of its ownership right over the property. Moreover, it noted that by means of certification CDET-111-14 issued by the Department of Territorial Studies of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, it was determined that the property is within the Reserve. Based on the foregoing, it asserts that, in accordance with article 5 of the Indigenous Law, the expropriation procedure and the payment of the respective compensation must be carried out, due to the limitation imposed on its property right. The instance Court denied such petition. In the criterion of the panel of judges, the plaintiff party incurred a significant procedural deficiency regarding the certain and effective accreditation of the factual element of its theory of the case, which is to establish with absolute certainty and technical precision, through expert evidence, the effective geographic location of the entirety of the property within the expanded boundaries of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve. It indicated that although the plaintiff company submitted a filed —not registered— survey (plano anotado), it did not demonstrate the certain correspondence between it and the registry registration number of the property, as the mere registry publicity of the property is an insufficient mechanism in this specific case to associate the registration number with its cartographic location and its precise location in physical reality. It warned that it would have been proper for the plaintiff to request, at the very least, topographic expert evidence, by means of which an expert would determine if the paths (derroteros) of the submitted survey effectively correspond to the area of the property in question and, in turn, that this would allow referencing its precise location in the area of interest, detailing whether it is within—partially or totally—or outside the boundaries of the Reserve. It added, furthermore, that what is recorded in certification 111-14 from CONAI is also insufficient, given that its content is not supported by any topographic technical evidence, and it even expressly states that the survey mentioned therein is not cadastrated. In this sense, it also pointed out, the representation of INDER in the answer to the claim questioned the precision and technical sufficiency of the survey submitted by the plaintiff, emphasizing the registry inconsistencies that were recorded in the defects report. Thus, in the criterion of the instance Court, since the facts constituting the claimed right were not proven, it was not feasible to analyze the appropriateness of the compensation sought. Against such position, the cassation appellant argues having demonstrated that property registration number 262450-000, of the Partido de San José, is within the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve. It reproaches that the record contains the evidence of that fundamental fact, but that it was the subject of erroneous assessment and preterition. Specifically, it accuses the uncadastrated survey that was presented and filed in the National Registry on February 24, 2014, as well as the certification issued by the Department of Territorial Studies of CONAI, no. CDET 111-14, of having been poorly assessed. And, as preterited, it invokes Official Letters AT-530-2014 of November 12, 2014, and AT-569-2014 of December 4, 2014, issued by INDER, as well as cadastrated survey no. SJ-1954486-2017 associated with the property in question (offered in instance and before this venue as evidence to better resolve). Now, having carefully analyzed the matter, in light of the record and the applicable law, this Chamber considers that the cassation appellant is not right in its claim, for the reasons set forth below.

VIII.- The Indigenous Law, no. 6172 of November 29, 1977, in force since its publication in La Gaceta no. 240 of December 20, 1977, provides in its first canon: "Indigenous are the persons who constitute ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and who preserve their own identity. - The indigenous reserves established in executive decrees numbers 5904-G of April 10, 1976, 6036-G of June 12, 1976, 6037-G of June 15, 1976, 7267-G and 7268-G of August 20, 1977, as well as the Guaymi de Conteburica Indigenous Reserve, are declared as such. (…)". In the specific case, the Quitirrisí Indigenous Reserve is of special interest, created by Executive Decree no. 6036-G of June 12, 1976, delimited as an "Indigenous Hamlet" (Caserío Indígena) by Executive Decree no. 10707-G of October 24, 1979, and subsequently expanded in its boundaries by Executive Decree no. 29452-G of March 21, 2001. In accordance with precept 2 of the Indigenous Law, such reserves are the property of the indigenous communities and must be registered in their name. Numeral 5 establishes: "In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, the ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept the relocation, it must expropriate them and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriations Law (…)". In relation to this regulation, in resolution 920-F-S1-2015 at 2:30 p.m. on August 6, 2015, this Chamber stated: "(…) from the moment when the land is integrated, by means of the respective Decree, into an indigenous reserve (whether those listed in canon one of the Law, or those that subsequently develop it), the non-indigenous subject who until then exercised possession or acts as owner in good faith has the right to be relocated or, failing that, expropriated and compensated, precisely because their right collides with the real property right held by the indigenous community as attributed by section two of article 2 of the Indigenous Law. From that moment on, moreover, the freezing (congelamiento) of the property occurs—as the Constitutional Chamber stated in judgment 2097-2011 of February 23, 2011—; and as a result, the individual who until then exercised possession or ownership with all its attributes absolutely has the right to dispose of their right over that land restricted, as was contemplated in that numeral three of the legal regulation" (emphasis original). Regarding the right to expropriation, it must be emphasized as a basic and primary requirement—although it may seem obvious—that the land for which a non-indigenous subject seeks to be expropriated, and consequently compensated, must be certainly located within an indigenous reserve. Then, once that first requirement is overcome, the interested party must also demonstrate the condition of possessor or owner in good faith. Accreditation of both aspects becomes fundamental and indispensable for the purposes of proceeding with the expropriation procedures, and such verification is incumbent upon the interested subject, in accordance with the burden of proof that—in the specific case—is imposed by canon 317 of the CPC of 1989 (whose supplementary application was appropriate by the mandate of article 220 of the CPCA). The absence of even one of the mentioned requirements makes the expropriation and the respective compensation unfeasible.

IX.In the present case, the first requirement was not met because, as the Court correctly considered, the plaintiff company did not reliably demonstrate that the farm of Partido de San José, registration number 262450-000, is located within the expanded boundaries of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve. First, note that the plan offered as evidence with the complaint – submitted to the Catastro Nacional on February 24, 2014, with submission number 2014-10076-C – was not a cadastral plan (plano catastrado) associated with the farm (folio 88 of the physical judicial file, which is scanned and whose digital file is in the Escritorio Virtual system). It was returned with a report of active defects, in which the interested party was asked to: “ACLARE SI ES FINCA COMPLETA O RECTIFICA AREA, SEGUN AREA QUE SE PRETENDE CATASTRAR (…) RESALTE PREDIO A CATASTRAR (…) COMPLETE REFERENCIA, DEFINA CLARAMENTE LA CALIDAD DEL PUNTO DONDE SE AMARRA (…) PLANO SOBRE AREAS DE RESERVA O PARQUES NACIONALES: APORTAR VISADO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE (…) PREDIO DENTRO DE RESERVA INDÍGENA HUETAR DE QUITIRRISÍ (…) PLANO SOBRE AREAS DE RESERVA O PARQUES NACIONALES: APORTAR VISADO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE (…) ZONA PROTECTORA EL RODEO (…) CROQUIS Y PLANO DIFIEREN CON HOJA EN CUANTO A DETALLES GEOGRÁFICOS (AGUAS Y CALLES)” (folios 292 and 293 of the physical judicial file, which is scanned and whose digital file is in the Escritorio Virtual system). Apart from the technical inaccuracies noted, as the Court correctly concluded, since it is not a cadastral plan, it is not possible to associate the land's registration number with the plan, and therefore with the cartographic location recorded by the surveyor in that document. Consider that even Article 57 of the Reglamento a la Ley de Catastro Nacional (Decreto Ejecutivo no. 34331 of November 29, 2007), in its second and third paragraphs, warns that “(…) The cadastral plan is not in itself absolute proof of what is recorded therein. The survey plan drawn up unilaterally by the interested party, even if registered in the Catastro, by itself cannot affect third parties, does not constitute a deed of transfer of ownership, and does not prove property or possession in accordance with the provisions of Article 301 of the Civil Code (…)”. That is to say, if a cadastral plan in itself is not irrefutable and sufficient proof of the data recorded therein, nor is it enforceable against third parties when drawn up unilaterally by the interested party, even less so can a plan that was merely submitted to the Catastro Nacional and returned with a defect report be so. Even so, based on the hypothesis that the plan in question corresponds to the farm owned by the plaintiff company, by itself it does not have sufficient probative force to demonstrate that the cartographic location recorded therein coincides with the location of the land in physical reality, and therefore whether it is inside or outside the boundaries of the Reserve. The plaintiff did not procure topographic expert evidence to determine if the boundaries and location of the plan coincide with material reality, in such a way that the interested party's thesis that the entirety of the farm is within indigenous territory could be verified. Secondly, the factual premise of the land's location within the boundaries of the Reserve also fails to be demonstrated by official letters AT-530-2014 of November 12, 2014, and AT-569-2014 of December 4, 2014, signed by Engineer Jimmy Garita Hernández, Head of the Topography Area of INDER (folios 290, 291, and 296 of the physical judicial file, which is scanned and whose digital file is in the Escritorio Virtual system). The reasons are set out below. In official letter AT-530-2014, Engineer Garita stated “(…) Based on the cartographic location shown by the document provided, which they relate to farm folio real 10262450-000, we proceeded, by means of Technician Arturo Jiménez Altamirano, to carry out the respective study on the cartographic sheets Río Grande and Abra, determining that the property overlaps in its entirety with the Quitirrisí Indigenous Territory. In addition to the study carried out, it was determined that the plan in question is entirely affected by the Protected Wild Area Zona Protectora El Rodeo. The observation is made that the farm in question, according to the registry study, does not indicate a cadastral plan, presents 14 sub-divisions (segregaciones), and some of the boundaries described by the plan in the process of cadastral registration differ. It is worth noting the advisability of having the qualification minute 2014-10076-C and a copy of the plan containing all the information, in order to know the observations from the journal of the Registral Cadastral Area. A sketch is attached” (the underlining is supplied). Attached to said official letter was a sketch in which, by means of color identification, the original and current boundaries of the Quitirrisí indigenous territory, those of the Protected Wild Area, and the land according to the plan with submission number 2014-10076-C are said to be demarcated. Then, in official letter AT-569-2014, Engineer Garita pointed out: “(…) it could be determined that of the observations indicated in qualification minute 201-10076-C, no procedure is requested that prevents the cadastral registration of the plan (…) As observed in the minute, the document, in order to be registered before the Registro Inmobiliario, must have both the approval of CONAI and Minae”. From the study of both official letters and the attached sketch, this Chamber notes several important aspects. First, upon carefully analyzing official letter AT-530-2014, it is observed that the Head of the Topography Area of INDER reported that, based on the cartographic location of the plan with submission number 2014-10076-C and the study of the cartographic sheets of Río Grande and Abra, it was determined that the property in question overlaps entirely with the indigenous territory of Quitirrisí. That is, the assertion made by that professional is not the result of his own survey study (for he himself indicates that the analysis was carried out by another person, with a technical degree, without specifying in which subject) carried out in situ, but rather of an analysis based on the formal reality recorded in the plan submitted to the Catastro Nacional in February 2014 (cartographic location) and the cartographic sheets of Río Grande and Abra. In the judgment of this Chamber, in that official letter INDER is not affirming or admitting that farm registration number 1-62450-000 is effectively located within the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve, because the location and boundaries of the plan submitted to the Catastro have been verified by that entity in physical reality, but rather the Head of the Topography Area makes the caveat that, according to the cartographic location of the plan and said cartographic sheets, the land would be completely within the boundaries of the Reserve. Thus, the real and material location of the property with respect to the perimeter of the Quitirrisí Indigenous Reserve remains undemonstrated by the plaintiff, since the official letter in question is not a report corresponding to a proper survey study, carried out on the land by a professional in the matter, but is the product of a graphical overlay according to the cartographic location and coordinates inserted in the plan submitted to the Catastro, and the cartographic sheets of Río Grande and Abra. That plan, as explained supra, cannot be recognized as absolute proof of the data recorded therein, so the sketch drawn based on that plan is also not conclusive to affirm that the land is located within indigenous territory. Furthermore, this Chamber notes that the sketch attached to official letter AT-530-2014 of November 12, 2014, has a date after the official letter – November 14, 2014 –, is not signed by the person who prepared it nor does it indicate their area of expertise, does not specify the technical method by which they carried out the overlay where it is presumably determined that the area shaded in black – which is said to correspond to the plan submitted to the Catastro – is located within the current boundaries of the Quitirrisí Indigenous Reserve, and in official letter AT-530-2014 it is indicated that the land overlaps entirely with the indigenous territory, but, when carefully observing the sketch, it is noted that a part of the area shaded in black is outside the traced boundary of the Reserve (which denotes a lack of accuracy in the information provided in that official letter). Moreover, it is important to highlight that INDER opposed the complaint and raised the defense of lack of right; in its reply to the complaint, it criticized the enforceability against third parties of the plan in question, and in the “Prueba Pericial” section it expressly requested “(…) that expert evidence be ordered for the cartographic location of the property in relation to the indigenous reserve by means of the corresponding expert, since there is no clarity regarding the true location of these and such situation is indispensable to verify the degree of affectation of these and subsequently, if applicable, the areas to be compensated (…)” (folios 161 and 181 of the physical judicial file, which is scanned and whose digital file is in the Escritorio Virtual system).

X.- Continuation In the same vein, certification no. CDET-111-14 issued by the Department of Territorial Studies of CONAI does not prove the location of the land within indigenous territory either (folio 104 of the physical judicial file, which is scanned and whose digital file is in the Escritorio Virtual system). In accordance with the aforementioned canon 5 of the Ley Indígena, it is INDER that is responsible for relocating, expropriating, and compensating non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves (first paragraph); although the studies and procedures for expropriation and compensation must be carried out in coordination with CONAI (second paragraph), the final decision corresponds exclusively to the autonomous entity. CONAI is a public law entity with its own patrimony (Article 1 of Ley 5251, Creation of the National Commission for Indigenous Affairs), whose functions are contemplated in canon 4, which reads: “The fundamental objectives of the National Commission for Indigenous Affairs are: [.-] a) To promote the social, economic, and cultural improvement of the indigenous population with a view to raising their living conditions and integrating the aboriginal communities into the development process; [.-] b) To serve as an instrument of coordination among the different public institutions obliged to execute works and provide services for the benefit of indigenous communities; [.-] c) To promote scientific research into the way of life of indigenous groups, with the purpose of achieving the most complete knowledge of them, and thus to base the orientation of programs aimed at their well-being, in order to objectively value our autochthonous cultural traditions; [.-] d) To foster the dissemination of indigenous affairs in order to create awareness about them, and thus stimulate interest in the study of their culture, especially regarding indigenous languages, whose use and study will be actively promoted; [.-] e) To ensure respect for the rights of indigenous minorities, stimulating State action in order to guarantee to the indigenous person individual and collective land ownership; the timely use of credit; adequate marketing of production and efficient technical assistance; [.-] f) To ensure compliance with any current or future legal provision for the protection of indigenous cultural patrimony, collaborating with the institutions in charge of these aspects; [.-] g) To guide, stimulate, and coordinate the collaboration of private initiative in the work of social, economic, and cultural improvement of the aboriginal population; [.-] h) To promote, through the development of training, greater capacity-building for those who exercise professions or hold positions in areas inhabited by indigenous people; [.-] i) To organize agricultural cooperatives in the different indigenous communities, providing them with agricultural education, technical help, and adequate financing; [.-] j) To establish health centers with well-trained personnel, seeking to train elements from the different areas inhabited by indigenous people so they can exercise these functions in the future; [.-] k) To create local administration councils to resolve, in principle, the multiple problems of indigenous localities; and [.-] l) To serve as the official liaison body with the Instituto Indigenista Interamericano and with other international agencies working in this field” (the underlining and bold highlighting are added). It is therefore not within its powers to render a technical opinion on the precise location of a piece of land within an indigenous reserve, nor to decide whether an expropriation and the corresponding compensation are appropriate. And, in any case, note that in certification CDET-111-14, although the Department of Territorial Studies of CONAI indicates that farm registration number 1262450-000 is within the Quitirrisí Indigenous Reserve, it expressly warns that this is the case “Insofar as the property is effectively located where the Topographer placed it in the grid attached to the plan” – referring to the plan with submission number 2014-10076-C. That is to say, CONAI also did not have technical certainty of the land's location in physical reality with respect to the boundaries of the Quitirrisí Reserve. The certification starts from the premise that, if the location recorded by the topographer on the noted plan is correct, then the farm would be within the land of the Reserve, from which it is understood that this location had not been verified on-site and therefore the document does not make a categorical statement about the affectation of the land. Thus, as the Court correctly pointed out, this certification lacks technical support to serve as its basis. Finally, regarding cadastral plan no. SJ-1954486-2017 (offered as evidence for better resolution; digital document dated September 6, 2017, present in the Escritorio Virtual system), the Reglamento a la Ley de Catastro Nacional itself, in its Article 57, provides that the cadastral plan is not in itself absolute proof of what is recorded therein, so in itself it is not sufficient proof of the material location of the farm within the territory of the Quitirrisí Indigenous Reserve, which is precisely the fundamental fact whose proof is notably lacking in this process. In this regard, it is worth recalling what was stated by this Chamber in judgment no. 66-1994 of 14 hours 45 minutes on August 17, 1994, regarding the probative value of the cadastral plan: “(…) In this respect, it must be initially pointed out that, indeed, cadastral plans constitute documentary evidence of a public nature, insofar as they are documents issued by public officials, in the required forms and within the limits of their powers (doctrine of Articles 368 and 370 of the Código Procesal Civil). But such character as public documents, contrary to what the appellant argues, does not give them the quality of absolute and incontrovertible proof, nor do they confer any right by themselves. Hence the provision of Section 301 of the Civil Code, which states that the measurement of a piece of land is not sufficient by itself to prove possession thereof. The probative value of plans will depend on their conformity with other probative elements that have been presented in the process. (…) III.- To what has been said, it must be added that the same special legislation, specifically Articles 30 of the Ley de Catastro Nacional, N 6545 of March 26, 1981, and 42 of its Reglamento, promulgated by Decreto Ejecutivo N 13607-J of April 24, 1982, [which in the current legislation applicable to the matter correspond to Sections 30 of the Law and 57 of the Reglamento] -which in what will be said, are fully congruent with the aforementioned Section 301 of the Civil Code-, establish the probative scope of cadastral plans, firstly, by both rules prescribing that only survey plans registered in the Catastro have legal effect and, then, by the second rule cited providing: "Cadastral registration does not validate documents that are null or voidable in accordance with the law, nor does it remedy their defects." (the underlining is not from the original). It is clear, then, that not even the special law recognizes in the cadastral plan the value that the appellant intends to give it in the process, because, in any contentious case, necessarily, -as already indicated-, the reality that prevails on the land must be studied and demonstrated, and contrasted with what the plan indicates, in order to thus reach a conclusion on the true probative scope of the cited document”. In the case at bar, it is futile to admit the cadastral plan offered as evidence for better resolution, and its rejection is therefore necessary, since, as has been pointed out when analyzing the rest of the evidence alleged to have been omitted or poorly appreciated, by itself it does not demonstrate the real and material location of the land it represents, precisely because the interested party did not procure the topographic expert evidence that would allow the data recorded in the cadastral plan to be confronted with the physical reality of the farm, in order to determine where the area corresponding to the plaintiff's property is located and its eventual degree of affectation as indigenous territory. In summary, although documentary evidence was brought to the record that – at a formal level – suggests that the plaintiff's farm is located within the Quitirrisí Indigenous Reserve, none of it is conclusive and suitable in itself to prove this central fact of the case theory presented in the complaint – for the reasons explained supra –, and in no way could it substitute the technical evidence that has been notably lacking. It cannot be ignored that what this documentary evidence indicates at a formal level is one thing, and what exists in the material reality of the properties is another; these two aspects may or may not coincide. Hence the need to reliably demonstrate, through suitable evidence, the location of the farm in physical reality with respect to the boundaries of the Quitirrisí Indigenous Reserve. Since such evidentiary burden was not met by the interested party, the Court acted correctly in denying its claim, because the first of the requirements that Article 5 of the Ley Indígena imposes as a prerequisite for the expropriation and compensation of non-indigenous owners established therein was not met. Consequently, it is appropriate to deny the charge raised.

XI.- In the second objection, it reproaches the award of costs in favor of the State, imposed as a result of having been the unsuccessful party at trial. It argues it never requested it, and even opposed joining the State as a defendant, arguing that this Chamber, in judgment 1604-F-S1-2012, had already stated that it was not necessary to bring the state entity into this type of proceeding. Despite this, it claims, the procedural judge ordered the joinder. It argues the plaintiff has no responsibility regarding the incorporation of the State as a defendant, because it was forced to sue it, and therefore it should be exempted from costs, based on subsection b) of Article 193 of the CPCA.

XII.- The appellant requests to be exempted from the payment of costs in favor of the State because, despite its opposition, it was forced to sue it. Regardless of the fact that the reason invoked is not foreseen as a cause for exemption in precept 193 of the CPCA – and this in itself warrants its rejection –, the appellant seeks to revive a discussion that is precluded, namely the joinder of the litis, an aspect already resolved at a procedural stage already passed. Note that in their responses to the complaint, both INDER and CONAI raised the defense of incomplete necessary joinder of parties, requesting the joinder of the State and the CGR as defendants (folios 173 to 176 and 314 to 316 of the physical judicial file, which is scanned and whose digital file is in the Escritorio Virtual system). This defense was upheld by the procedural judge, through resolution no. 511-2015 at 09:10 hours on February 24, 2015 (folios 360 to 362 of the physical judicial file, which is scanned and whose digital file is in the Escritorio Virtual system). Against this decision, the plaintiff filed an appeal, but, through writs filed on March 10 and April 9 – both in 2015 –, it desisted from the challenge (folios 369 to 376 of the physical judicial file, which is scanned and whose digital file is in the Escritorio Virtual system). That is to say, the plaintiff accepted the joinder of the State as a passive co-litigant, despite having the appellate remedies available to oppose such a decision by the procedural judge; hence the matter was precluded and does not admit further discussion. It would not be valid therefore to now argue that it was forced to sue the State and that, for this reason, the payment of costs in favor of that entity is not appropriate, because it had the opportunity to attempt to reverse that judicial decision it considers caused it harm, but voluntarily and expressly desisted from its challenge. Furthermore, note that the award of costs in favor of the State was imposed due to the fact of being unsuccessful at trial, and against this criterion the appellant raises no specific reproach, nor does it argue how it could eventually be covered by any of the exemption causes provided in canon 193 of the CPCA. Consequently, the grievance raised will be denied.

RECURSO DE CASACIÓN OF THE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA XIII.- In the sole charge, it reproaches that judgment was rendered without an award of costs in relation to the CGR. It points out that the Court upheld the defense of lack of passive standing raised by the controlling entity, but did not impose the payment of costs in its favor, which created a situation of procedural inequality with respect to the other defendants who were granted this item, and this also caused it harm. It notes that the CGR maintained an active defense during the process, and the fact that its defense of lack of passive standing was upheld does not mean it did not incur a series of expenses typical of the processing of the case. It argues that the exemption signifies a patrimonial detriment to the public resources that were allocated for the attention of this litigation and an infraction of constitutional canon 41. It emphasizes that it lacks logical sense to have conducted a responsible defense of the public interest involved in this matter, raising the defenses of lack of passive standing and lack of right, which were upheld in the judgment, only to then not be allowed to recover the economic expenses generated by the proceeding. It requests that both costs plus the respective interests be recognized in its favor.

XIV.- The appellant is correct in its claim. As noted supra, the CGR was joined as a defendant by resolution of the procedural judge no. 511-2015 at 09:10 hours on February 24, 2015, against which, although it disagreed, the plaintiff did not exhaust the means of challenge provided against it (it desisted from the appeal), thus accepting what was decided. With this conduct, the plaintiff implicitly accepted the possibility that, in the event of a dismissive judgment, it would be condemned to pay costs to its counterpart, for being the unsuccessful party at trial, according to the doctrine of cardinal 193 of the CPCA. Even so, it desisted from the appeal against the joinder of the CGR as a defendant, and as a consequence of this, the matter being precluded, regardless of its propriety from a legal standpoint, the controlling entity had to exercise its technical defense in this proceeding, attending to each of its stages and incidents. Hence, although the claim against the Contraloría was dismissed because it lacked passive standing, the truth of the matter is that it had to deploy a series of procedural actions in defense of its interests and in opposition to the claim filed against it, which generate costs that must be recognized. In this case, the prerequisite for condemning the plaintiff is thus met, which is precisely having been the unsuccessful party against the CGR. Moreover, this Chamber does not observe that there was sufficient reason for the plaintiff to litigate, since its claim suffers from significant evidentiary deficiencies in proving the theory supporting its claim, so no objective data is observed from which it could have believed it had rationally and objectively founded reasons to believe in the merit and appropriateness of its claim. Consequently, the appeal of the Contraloría will be upheld, in the manner that will be stated.

XV.- Based on the foregoing, it will be appropriate to reject the evidence for better resolution offered by the plaintiff and declare its appeal without merit, imposing on it the costs generated by its exercise, in accordance with Article 150.3 of the CPCA. The appeal filed by the Contraloría General de la República will be upheld. The appealed judgment will be annulled, solely in regard to its ruling without an award of costs in relation to the CGR. In its place, ruling on the merits, the plaintiff is condemned to pay both costs of the proceeding in favor of the controlling entity (canon 193 ibidem), with their respective legal interest running from the finality of this judgment until their effective payment.

POR TANTO

The documentation offered by the plaintiff as evidence for better resolution is rejected. The recurso de casación filed by MACG Consultores S.A. is declared without merit, and the costs generated by its exercise are imposed on it. The recurso de casación filed by the Contraloría General de la República is upheld. Consequently, the appealed judgment is annulled, solely in regard to its ruling without an award of costs in relation to the Contraloría. In its place, ruling on the merits, the plaintiff is condemned to pay both costs of the proceeding in favor of the controlling entity, with their respective legal interest from the finality of this judgment until their effective payment. In all other respects, the challenged judgment shall remain unaffected.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez gcr

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20180004001337-2690121-1.rtf *140080921027CA* Res. 002043-F-S1-2020 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas del treinta de junio de dos mil veinte.

Proceso de conocimiento declarado de puro derecho, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por M A C G CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma Juan Carlos Soto Víquez, empresario; contra el ESTADO, representado por su Procurador Jorge Oviedo Álvarez, soltero, vecino de Heredia, el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, representado por su Gerente General Walter Mora Leiva, administrador de empresas, la COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma Urbano Mendoza Palacios, en unión libre, vecino de Puntarenas, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por la Contralora General de la República Marta Eugenia Acosta Zúñiga, máster en finanzas públicas, el BANCO PROMÉRICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado general judicial Carlos Valenciano Kamer. Participa como coadyuvante activa la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE QUITIRRISÍ DE MORA, representada por su Presidenta Isabel Ureña Vásquez, ama de casa. Figuran como apoderados especiales judiciales, de la actora, Rodrigo Arauz Figueroa, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Manuel Briceño López; por el INDER, Roderico Contreras Angulo, no indica domicilio; por la CGR, Hansel Arias Ramírez, Jesús González Hidalgo, vecino de Alajuela; por el Banco Promérica, Ana Victoria Kinderson Roldán, divorciada, vecina de Heredia, Mike Brown Thomas, soltero; por la Asociación de Desarrollo Indígena, María Jesús Gutiérrez Guadamuz, divorciada. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de San José.

Redacta el magistrado Molinari Vílchez

CONSIDERANDO

I.- Según los hechos tenidos por probados en la sentencia recurrida, y no controvertidos por los casacionistas, el 12 de junio de 1976 se publicó en La Gaceta el Decreto Ejecutivo no. 6036-G, mediante el cual se declaró a la comunidad de Quitirrisí como Reserva Indígena. El 8 de noviembre de 1979 se publicó en la Gaceta el Decreto Ejecutivo no. 10707, mediante el cual se delimitó la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí. El 23 de julio de 1998, se inscribió bajo el dominio de MACG Consultores S.A. la finca folio real matrícula 262450-000 de la provincia de San José. Según el Registro Nacional, el inmueble mide 918.350,38 m2 (sic), está ubicado en el cantón de Mora, distrito de Colón. El 16 de mayo de 2001 se publicó en La Gaceta el Decreto Ejecutivo no. 29452, mediante el cual se modificó el Decreto no. 10707 y se ampliaron los límites de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí. El 18 de setiembre de 2014, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas emitió la certificación no. CDET-111-14, indicando lo siguiente: "el plano sin catastrar que dice: Parte del Folio Real No 1262450-00, sita en calle el Guaco, Distrito 01 Colón 1° Cantón 7° Mora, Provincia 1° San José, con un área de 842322m2 se encuentra ubicado en su Totalidad dentro de la reserva indígena de Quitirrisí. Afectado por delimitación de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, según decreto No 29452-G Gaceta No 93 de fecha 16 de mayo del 2001. Decreto que mediante Fe de Erratas se le corrige algunas coordinadas (sic). Fe de Erratas publicado en la Gaceta No 221 de fecha 16 de noviembre del 2001. En el tanto que la propiedad esté efectivamente localizada donde el Topógrafo la ubicó en la cuadrícula anexa al plano". En razón de lo anterior, MACG Consultores S.A. demandó al Instituto de Desarrollo Rural, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la Contraloría General de la República, el Estado y el Banco Promerica de Costa Rica S.A. pretendiendo que en sentencia: 1) Se ordene realizar los respectivos avalúos en conjunto con el Ministerio de Hacienda, para valorar la finca folio real matrícula 262450-000 de la provincia de San José, así como las inversiones hechas con la siembra de más de noventa mil árboles; 2) Se condene a los accionados al pago de la indemnización correspondiente conforme el resultado del avalúo; 3) Sobre el monto del justiprecio fijado se reconozca la respectiva indexación, e intereses legales desde la fecha de la afectación del inmueble y hasta el efectivo pago; 4) Se impongan ambas costas del proceso a los demandados. Los accionados contestaron negativamente. El INDER opuso las excepciones de litisconsorcio pasivo necesario incompleto, caducidad, prescripción y falta de derecho. Además de las anteriores, la CONAI planteó defensa de falta de legitimación pasiva y activa. Banco Promerica formuló las excepciones de falta de legitimación pasiva y de interés actual. El Estado y la CGR adujeron falta de legitimación pasiva y de derecho. La Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo dictó la sentencia no. 65-2018 de las 09 horas del 02 de octubre de 2018, y resolución complementaria no. 65-2018-BIS de las 08 horas 15 minutos del 21 de noviembre de 2018. Rechazó las excepciones de caducidad y prescripción opuestas por la CONAI y el INDER; la de falta de legitimación pasiva planteada por el Estado; la de falta de legitimación activa y pasiva formulada por la CONAI. Acogió la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la CGR, la de falta de interés actual aducida por el Banco Promerica, y la de falta de derecho invocada por todos los accionados. En consecuencia, declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos, imponiendo ambas costas e intereses a cargo de la actora, únicamente a favor del INDER, la CONAI y el Estado. En cuanto a la CGR y el Banco Promerica falló sin condena en costas. Inconformes con lo resuelto, tanto la sociedad accionante como el INDER plantearon recurso de casación.

RECURSO DE CASACIÓN DE MACG CONSULTORES S.A.

IV.Con fundamento en el artículo 148 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ofrece como prueba la certificación expedida por el Registro Público de la finca del Partido de San José matrícula 262450-000 y del plano catastrado SJ-1954486-2017. Sostiene, con dicha certificación se logra constatar que el plano catastrado es el mismo plano que tanto el actor como el INDER habían aportado como prueba y, por ende, que los datos consignados por el topógrafo son ciertos. Además, señala, se verifica que el plano SJ-1954486-2017 se inscribió por rectificación de medida del terreno y porque cumplió con el visado de CONAI y del MINAE. Asevera, la probanza es útil y necesaria para la búsqueda de la verdad real de los hechos, y con ella se demuestra que procede la indemnización pretendida, por encontrarse el terreno dentro de la Reserva Indígena de Quitirrisí.

V.El párrafo primero del ordinal 148 del CPCA dispone: “La Sala Primera o el Tribunal de Casación podrán ordenar, antes del dictado de la sentencia, cualquier elemento de prueba o diligencia para mejor resolver el recurso interpuesto”. Acerca de la prueba para mejor resolver, esta Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que se trata de un instrumento concebido para el órgano juzgador, a fin de que pueda esclarecer los hechos controvertidos, cuando estime que los medios de prueba ofrecidos y practicados resultan insuficientes para tal fin. Presupone que las partes hayan desplegado ya la labor demostrativa que les corresponde en los momentos procesales oportunos, de conformidad con la carga probatoria que les impone el ordenamiento jurídico (artículos 220 del CPCA y 317 del Código Procesal Civil, Ley 7130 del 3 de noviembre de 1989, vigente al momento del dictado del fallo recurrido, en aplicación del transitorio II del Código Procesal Civil del 3 de febrero de 2016, en rigor desde el 8 de octubre de 2018). De ahí que el instituto no puede utilizarse para corregir omisiones, negligencias o descuidos de las partes respecto de esa carga probatoria, ni para subsanar deficiencias técnicas de su defensa. Eso ha de ser ponderado por los juzgadores, tanto los de instancia como los de esta fase de casación, en aras de mantener el respeto a su deber de imparcialidad y el equilibrio entre las partes. Se insiste consiste en una facultad del órgano juzgador quien, por lo dicho, ante un ofrecimiento de una parte en esa calidad, puede desecharlo. En ese sentido pueden consultarse las resoluciones de esta Cámara 449-F-SI-2012 de las 8 horas 50 minutos del 12 de abril de 2012, 1690-F-SI-2012 de las 10 del 13 de diciembre de 2012, 1128-F-SI-2016 de las 9 horas 25 minutos del 27 de octubre de 2016, 600-F-SI-2017 de las 9 horas 55 minutos del 25 de mayo de 2017 y 409-F-SI-2019 de las 10 horas 55 minutos del 16 de mayo de 2019. La figura de la prueba para mejor resolver prevista en el cardinal 148 del CPCA ha de distinguirse de la contemplada en el precepto 145 ibídem, cuyo parágrafo primero establece “Durante el trámite del recurso, se podrá aportar prueba documental que jure no haber conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida”. La posibilidad de que las partes puedan ofrecer prueba documental ante esta sede extraordinaria está sujeta a dos condiciones. Una referida al contenido de la probanza, es decir, a la circunstancia que se pretenda demostrar, y es que ésta ha de ser novedosa y acaecida con posterioridad al dictado de la sentencia recurrida. La segunda, de índole procesal, a saber, que se garantice mediante juramento el desconocimiento previo del hecho a acreditar. Conviene precisar que la atribución de novedad puede darse desde dos perspectivas, la primera –y que el artículo expresamente contempla-, es que el hecho ocurra luego de emitida la sentencia. La segunda, que se infiere del juramento mismo, es que si bien el hecho acaeció con anterioridad al dictado, la parte lo desconocía y por ende también desconocía el medio para acreditarla. Ahora bien, en el subjúdice, la probanza documental ofrecida por la actora casacionista lo es en carácter de prueba para mejor resolver, no como prueba nueva. En consonancia con lo

juzgador, sino porque además, por la forma cómo se resolverá, no resulta prueba útil para el pronunciamiento que habrá de dictarse, según se detallará en el Considerando X (no es idónea para acreditar fehacientemente la ubicación material del terreno respecto del cual se reclama indemnización por supuestamente encontrarse dentro de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí).

VI.- En lo que a la exposición de agravios se refiere, la recurrente plantea dos cargos sustantivos. En el primero acusa yerros de preterición y errónea valoración probatoria. Recrimina, el Tribunal denegó su reclamo indemnizatorio por supuesta falta de prueba técnica pericial que acreditara la ubicación geográfica de la finca y si ésta se encuentra o no dentro de los límites de la Reserva Indígena de Quitirrisí. Contrario a tal criterio, alega, el plano sin catastrar aportado por la actora y por el INDER, que fue presentado y anotado en el Registro Nacional el 24 de febrero de 2014, indica el derrotero, la ubicación y área de la propiedad folio real San José 262450-000. Asegura, se demuestra que existe correspondencia entre el plano y la finca mencionada. Además, sostiene, en la certificación emitida por el Departamento de Estudios Territoriales de la CONAI, no. CDET 111-14, se hace constar que el terreno forma parte de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí según el Decreto Ejecutivo no. 29452-G de 2001. Añade, el INDER aportó el Oficio AT-530-2014 del 12 de noviembre de 2014, donde se señala que la copia del plano sin catastrar según el Reporte de Calificación 2014-10076-C, presentado en el Registro Nacional el 24 de febrero de 2014, se encuentra afectado por la Reserva en cuestión, e inclusive aportó la Hoja Cartográfica Río Grande y Abra, determinando que el terreno traslapa en su totalidad con el territorio indígena. Aduce, el propio INDER en el Oficio AT-569-2014 del 04 de diciembre de 2014, firmado por el jefe del área de topografía, señaló que, según la minuta del reporte de calificación 2014-10076-C, al plano sólo le faltaba el refrendo de la CONAI y del MINAE para poder ser inscrito. Acusa inaplicación de los artículos 12 de la Ley para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura, y 11 de su Reglamento, en cuanto a la fe pública de los profesionales en esas materias. A su juicio, la fe pública confiere veracidad y legitima al acto y documento en que se asienta, mientras no se demuestre su falsedad. Por ende, asevera, no era necesaria la prueba pericial topográfica que echó de menos el Tribunal, pues el plano aportado por la actora como prueba nunca fue cuestionado por los demandados, y el ingeniero topógrafo que lo confeccionó tiene fe pública. Subraya, el 06 de setiembre de 2017, después de la audiencia preliminar pero antes del dictado de sentencia, se aportó como prueba adicional la certificación que el Registro Público expidió respecto de la finca folio real San José 262450-000 y el plano ya inscrito no. SJ-1954486-2017. Enfatiza, con dicha certificación se constata que el plano inscrito es el mismo plano que ya había sido aportado como prueba por la actora y por el INDER. Además, se acredita que el plano fue inscrito por haber sido rectificada la medida de la propiedad, y por haber cumplido con los visados del MINAE y de la CONAI. Dice, pese a que dicha probanza resultaba útil y necesaria para la búsqueda de la verdad real de los hechos, el Tribunal no la tomó en consideración. Estima, de haber sido valorada, la pretensión indemnizatoria hubiese resultado procedente.

VII.- En síntesis, alega la parte actora, la finca de su propiedad, inscrita en el Registro Nacional bajo la matrícula 262450-000, del Partido de San José, se encuentra dentro de los límites de la Reserva Indígena de Huetar de Quitirrisí. Según la demanda, adquirió el inmueble por transmisión de sus entonces legítimos propietarios, mediante escritura pública número 71, ante el notario Mario Pacheco Flores, el 26 de febrero de 1998, y se inscribió (sin que constara plano catastrado) el día 23 de julio de 1998. Sostiene, la afectación como territorio indígena tuvo lugar mediante el decreto de ampliación número 29452-G, del 16 de abril de 2001, es decir, en forma posterior a la inscripción de su derecho de dominio sobre la finca. Además, acotó, mediante la certificación CDET-111-14 emitida por el Departamento de Estudios Territoriales de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, se determinó que el inmueble se encuentra dentro de la Reserva. Con base en lo anterior, asevera, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Indígena, corresponde realizar el trámite expropiatorio y el pago de la indemnización respectiva, debido a la limitación impuesta a su derecho de propiedad. El Tribunal de instancia denegó tal pedimento. En criterio del colegio de jueces, la parte actora incurrió en una deficiencia procesal importante relativa a la acreditación cierta y efectiva del elemento fáctico de su teoría del caso, que es establecer con absoluta certeza y precisión técnica a través de la prueba pericial, la efectiva ubicación geográfica de la totalidad de la finca dentro de los límites ampliados de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí. Indicó, si bien la sociedad accionante aportó un plano anotado –no inscrito-, no demostró la correspondencia certera entre éste y la matrícula registral de la finca, siendo que la sola publicidad registral del inmueble resulta un mecanismo insuficiente en este caso concreto para asociar la matrícula con su ubicación cartográfica y su localización precisa en la realidad física. Advirtió, lo propio hubiese sido que la actora solicitase, cuando menos, una prueba pericial topográfica, mediante la cual un experto determinara si los derroteros del plano aportado corresponden efectivamente con el área de la finca en cuestión y, a su vez, que esto permitiera referenciar su localización precisa en la zona de interés, detallando si se encuentra dentro –parcial o totalmente- o fuera de los límites de la Reserva. Agregó, además, tampoco es suficiente lo consignado en la certificación 111-14 de la CONAI, toda vez que su contenido no está sustentado en ninguna prueba técnica topográfica, e incluso refiere expresamente que el plano que allí se menciona no está catastrado. En este sentido, también apuntó, la representación del INDER en la contestación de la demanda cuestionó la precisión y la suficiencia técnica del plano aportado por la actora, enfatizando las inconsistencias registrales que se consignaron en el reporte de defectos. Así, en criterio del Tribunal de instancia, al no haberse demostrado los hechos constitutivos del derecho reclamado, no era viable analizar la procedencia de la indemnización pretendida. Contra tal postura, la casacionista aduce haber demostrado que la finca matrícula 262450-000, del Partido de San José, se encuentra dentro de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí. Reprocha, en autos consta la prueba de ese hecho fundamental, pero ésta fue objeto de errónea valoración y preterición. En concreto acusa mal apreciados el plano sin catastrar que fuera presentado y anotado en el Registro Nacional el 24 de febrero de 2014, así como la certificación emitida por el Departamento de Estudios Territoriales de la CONAI, no. CDET 111-14. Y, como preteridos, invoca los Oficios AT-530-2014 del 12 de noviembre de 2014 y AT-569-2014 del 04 de diciembre de 2014, emitidos por el INDER, así como el plano catastrado no. SJ-1954486-2017 asociado a la finca en cuestión (ofrecido en instancia y ante esta sede como prueba para mejor resolver). Ahora bien, analizado con detenimiento el asunto, a la luz de los autos y del derecho aplicable, estima esta Sala que no le asiste razón a la casacionista en su reclamo, por los motivos que se pasan a exponer.

VIII.- La Ley Indígena, no. 6172 del 29 de noviembre de 1977, vigente desde su publicación en La Gaceta no. 240 del 20 de diciembre de 1977, dispone en su canon primero “Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad..-Se declaran reservas indígenas las establecidas en los decretos ejecutivos números 5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la Reserva Indígena Guaymi de Conteburica. (…)”. En el caso concreto, reviste especial interés la Reserva Indígena Quitirrisí, creada mediante Decreto Ejecutivo no. 6036-G del 12 de junio de 1976, delimitado como " Caserío Indígena" por Decreto Ejecutivo no. 10707-G del 24 de octubre de 1979, y posteriormente ampliado en sus límites por el Decreto Ejecutivo no. 29452-G del 21 de marzo de 2001. De conformidad con el precepto 2 de la Ley Indígena, tales reservas son propiedad de las comunidades indígenas y deben inscribirse a nombre de éstas. El numeral 5 establece: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones (…)”. Con relación a esta normativa, en resolución 920-F-S1-2015 de las 14 horas 30 minutos del 6 de agosto de 2015, esta Sala señaló: “(…) desde el momento cuando el terreno es integrado mediante el Decreto respectivo a una reserva indígena (bien los enlistados en el canon primero de la Ley, bien los que posteriormente le desarrollan), el sujeto no indígena que hasta entonces ejercía de buena fe la posesión o actos como propietario, tiene el derecho a ser reubicado o en su defecto expropiado e indemnizado, precisamente por cuanto su derecho colisiona con el derecho real de propiedad que ostenta la comunidad indígena según le atribuye el acápite segundo del artículo 2 de la Ley Indígena. A partir de ese momento, además se produce –como manifestó la Sala Constitucional en la sentencia 2097-2011 del 23 de febrero de 2011- el congelamiento del inmueble; y a raíz de ello el individuo que hasta entonces ejercía posesión o propiedad con todos los atributos, tiene restringida absolutamente la facultad de disponer de su derecho sobre ese terreno, así se contempló en ese numeral tercero de la normativa legal” (el énfasis es original). En cuanto al derecho a la expropiación, debe destacarse como presupuesto básico y primario –aunque resulte obvio- que el terreno respecto del cual un sujeto no indígena pretenda ser expropiado, y consecuentemente indemnizado, debe ubicarse certeramente dentro de una reserva indígena. Luego, superado ese primer requerimiento, el interesado debe también demostrar la condición de poseedor o propietario de buena fe. La acreditación de ambos aspectos deviene fundamental e indispensable a los efectos de proceder con los trámites expropiatorios, y tal comprobación incumbe al sujeto interesado, de conformidad con la carga probatoria que –en el caso concreto- le impone el canon 317 del CPC de 1989 (cuya aplicación supletoria procedía por el mandato 220 del CPCA). La ausencia de uno sólo de los presupuestos mencionados torna inviable la

IX.En la especie, no se cumplió con el primer requisito pues, como bien lo consideró el Tribunal, la sociedad actora no demostró fehacientemente que la finca del Partido de San José, matrícula 262450-000, se encuentra dentro de los límites ampliados de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí. Primero, nótese que el plano ofrecido como prueba con la demanda –presentado al Catastro Nacional el 24 de febrero de 2014, con número de presentación 2014-10076-C- no era plano catastrado asociado a la finca (folio 88 del expediente judicial físico, que se encuentra escaneado y cuyo archivo digital consta en el sistema de Escritorio Virtual). Fue devuelto con un reporte de defectos activos, dentro del cual se le solicitó a la interesada: “ACLARE SI ES FINCA COMPLETA O RECTIFICA AREA, SEGUN AREA QUE SE PRETENDE CATASTRAR (…) RESALTE PREDIO A CATASTRAR (…) COMPLETE REFERENCIA, DEFINA CLARAMENTE LA CALIDAD DEL PUNTO DONDE SE AMARRA (…) PLANO SOBRE AREAS DE RESERVA O PARQUES NACIONALES: APORTAR VISADO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE (…) PREDIO DENTRO DE RESERVA INDÍGENA HUETAR DE QUITIRRISÍ (…) PLANO SOBRE AREAS DE RESERVA O PARQUES NACIONALES: APORTAR VISADO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE (…) ZONA PROTECTORA EL RODEO (…) CROQUIS Y PLANO DIFIEREN CON HOJA EN CUANTO A DETALLES GEOGRÁFICOS (AGUAS Y CALLES)” (folios 292 y 293 del expediente judicial físico, que se encuentra escaneado y cuyo archivo digital consta en el sistema de Escritorio Virtual). Al margen de las imprecisiones técnicas señaladas, como acertadamente lo concluyó el Tribunal, al no ser catastrado, no es posible asociar la matrícula del terreno con el plano, y por ende con la ubicación cartográfica consignada por el agrimensor en ese documento. Tómese en consideración que incluso el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional (Decreto Ejecutivo no. 34331 del 29 de noviembre de 2007), en sus párrafos segundo y tercero, advierte que “(…) El plano catastrado no es de por sí prueba absoluta de lo que en él se consigna. El plano de agrimensura levantado unilateralmente por el interesado, aunque esté inscrito en el Catastro, por sí mismo no puede afectar a terceros, no constituye título traslativo de dominio, no comprueba la propiedad ni la posesión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 301 del Código Civil (…)”. Es decir, si un plano catastrado en sí mismo no es prueba irrefutable y suficiente de los datos en él consignados, ni es oponible a terceros cuando fue levantado unilateralmente por el interesado, menos aún puede serlo un plano que apenas fue presentado al Catastro Nacional y que resultó devuelto con un reporte de defectos. Aún así, partiendo de la hipótesis de que el plano en cuestión correspondiere a la finca propiedad de la empresa actora, por sí mismo no tiene la fuerza probatoria suficiente para demostrar que la ubicación cartográfica en él consignada coincide con la localización del terreno en la realidad física, y por ende si se encuentra dentro o fuera de los límites de la Reserva. La parte actora no procuró prueba pericial topográfica que permitiera determinar si los derroteros y la ubicación del plano coinciden con la realidad material, de forma tal que pudiere comprobarse la tesis de la interesada en cuanto a que la totalidad de la finca se encuentra dentro de territorio indígena. En segundo lugar, el presupuesto fáctico de la ubicación del terreno dentro de los límites de la Reserva tampoco logra ser demostrado con los Oficios AT-530-2014 del 12 de noviembre de 2014 y AT-569-2014 del 04 de diciembre de 2014, suscritos por el Ingeniero Jimmy Garita Hernández, Jefe de Área de Topografía del INDER (folios 290, 291 y 296 del expediente judicial físico, que se encuentra escaneado y cuyo archivo digital consta en el sistema de Escritorio Virtual). Los motivos se exponen de seguido. En el Oficio AT-530-2014, el Ing. Garita indicó “(…) Basados en la ubicación cartográfica que muestra el documento aportado, el que relacionan con la finca folio real 10262450-000, se procedió por medio del Téc. Arturo Jiménez Altamirano, a realizar estudio respectivo en las hojas cartográficas Río Grande y Abra, determinando que el predio traslapa en su totalidad con el Territorio Indígena Quitirrisí. Además del estudio practicado se determinó que el plano en cuestión se encuentra afectado en su totalidad por el Área Silvestre Protegida Zona Protectora El Rodeo. Se hace la observación de que la finca en mención, de acuerdo al estudio registral no indica plano catastrado, presenta 14 segregaciones y algunas de las colindancias que describe el plano en trámite de catastro difieren. Cabe destacar la conveniencia de contar con la minuta de calificación 2014-10076-C y una copia el plano donde conste toda la información, para efectos de conocer las observaciones del diario del Área Catastral Registral. Se adjunta croquis” (el subrayado es suplido). A dicho Oficio se le adjuntó un croquis en el cual, mediante identificación por colores, se dicen demarcados los linderos originales y actuales del territorio indígena Quitirrisí, los del Área Silvestre Protegida, y el terreno según el plano con número de presentación 2014-10076-C. Luego, en Oficio AT-569-2014, el Ing. Garita señaló: “(…) se pudo determinar que de las observaciones indicadas en la minuta de calificación 201-10076-C, no se solicita trámite que impida el catastro del plano (…) Como se observa en la minuta, el documento para poder inscribirse ante el Registro Inmobiliario; debe contar tanto con el refrendo de la CONAI como del Minae”. Del estudio de ambos oficios y del croquis adjuntado, advierte esta Sala varios aspectos importantes. Primero, al analizarse con detenimiento el Oficio AT-530-2014, se observa que el Jefe del Área de Topografía del INDER informó que con base en la ubicación cartográfica del plano con número de presentación 2014-10076-C y el estudio de las hojas cartográficas de Río Grande y Abra, se determinó que el predio en cuestión traslapa en su totalidad con el territorio indígena de Quitirrisí. Es decir, la aseveración hecha por ese profesional no es el resultado de un estudio de agrimensura propio (pues él mismo indica que el análisis lo realizó otra persona, con grado técnico, sin precisar en qué materia) realizado in situ, sino de un análisis que partió de la realidad formal consignada en el plano presentado al Catastro Nacional en febrero de 2014 (ubicación cartográfica) y de las hojas cartográficas de Río Grande y Abra. A juicio de esta Sala, en ese Oficio el INDER no está afirmando o admitiendo que la finca matrícula 1-62450-000 se encuentre efectivamente dentro de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, porque la ubicación y derroteros del plano presentado al Catastro hayan sido verificados por esa entidad en la realidad física, sino que el Jefe del Área de Topografía hace la salvedad de que, según la ubicación cartográfica del plano y las hojas cartográficas dichas, el terreno estaría completamente comprendido dentro de los límites de la Reserva. Así las cosas, la ubicación real y material del inmueble con respecto al perímetro de la Reserva Indígena de Quitirrisí sigue sin ser demostrado por la parte actora, pues el Oficio en cuestión no es un informe que corresponda a un estudio de agrimensura propiamente, llevado a cabo sobre el terreno por un profesional en la materia, sino que es producto de un montaje gráfico según la ubicación cartográfica y coordenadas insertas en el plano presentado a Catastro, y las hojas cartográficas de Río Grande y Abra. Plano aquel al que no puede reconocérsele el carácter de prueba absoluta de los datos en él consignados, por los motivos explicados supra, de manera que el croquis dibujado con base en ese plano tampoco resulta concluyente para afirmar que el terreno se encuentra ubicado dentro de terreno indígena. Además, llama la atención de esta Sala, el croquis adjunto al Oficio AT-530-2014 del 12 de noviembre de 2014 tiene fecha posterior al Oficio -14 de noviembre de 2014-, no se encuentra firmado por quien lo elaboró ni indica el ámbito de su pericia, no especifica el método técnico con base en el cual realizó el montaje donde presuntamente se determina que el área sombreada en color negro –que dice corresponder al plano presentado a Catastro- se ubica dentro de los linderos actuales de la Reserva Indígena de Quitirrisí, y en el Oficio AT-530-2014 se indica que el terreno traslapa en su totalidad con el territorio indígena, pero, cuando se observa detenidamente el croquis, se nota que una parte del área sombreada en negro se encuentra fuera del límite de la Reserva trazado (lo cual denota la falta de exactitud de lo informado en ese Oficio). Además, interesa destacar que el INDER se opuso a la demanda y formuló la excepción de falta de derecho; en su escrito de contestación a la demanda criticó la oponibilidad frente a terceros del plano en cuestión y en el acápite de “Prueba Pericial” expresamente solicitó “ (…) se ordene prueba pericial para la ubicación cartográfica del inmueble en relación de la reserva indígena por medio del perito correspondiente, ya que no existe claridad respecto de la verdadera ubicación de los mismos y tal situación es indispensable para comprobar el grado de afectación de estos y posteriormente si fuera las áreas a indemnizar (…)” (folios 161 y 181 del expediente judicial físico, que se encuentra escaneado y cuyo archivo digital consta en el sistema de Escritorio Virtual).

X.- Continuación En el mismo sentido apuntado, tampoco la certificación no. CDET-111-14 expedida por el Departamento de Estudios Territoriales de la CONAI acredita la ubicación del terreno dentro de territorio indígena (folio 104 del expediente judicial físico, que se encuentra escaneado y cuyo archivo digital consta en el sistema de Escritorio Virtual). De conformidad con el ya citado canon 5 de la Ley Indígena, es al INDER a quien le corresponde reubicar, expropiar e indemnizar a las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas (parágrafo primero); si bien los estudios y trámites de expropiación e indemnización ha de llevarlos en coordinación con la CONAI (párrafo segundo), la decisión final le corresponde exclusivamente a la entidad autónoma. La CONAI es un ente de derecho público con patrimonio propio (artículo 1 de la Ley 5251 Creación de Comisión Nacional de Asuntos Indígenas), cuyas funciones están contempladas en el canon 4, el cual se lee: “Son objetivos fundamentales de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas: [.-] a) Promover el mejoramiento social, económico y cultural de la población indígena con miras a elevar sus condiciones de vida y a integrar las comunidades aborígenes al proceso de desarrollo; [.-] b) Servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas obligadas a la ejecución de obras y a la prestación de servicios en beneficio de las comunidades indígenas; [.-] c) Promover la investigación científica del modo de vida de los grupos indígenas, con el propósito de lograr el más cabal conocimiento de éstos, y fundamentar así la orientación de los programas tendientes a su bienestar, para poder valorar objetivamente nuestras tradiciones culturales autóctonas; [.-] d) Fomentar la divulgación de los asuntos indigenistas a fin de crear conciencia sobre éstos, y así poder estimular el interés por el estudio de su cultura, en especial lo referente a las lenguas indígenas, cuyo uso y estudio serán activamente promovidos; [.-] e) Velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra; el uso oportuno de crédito; mercadeo adecuado de la producción y asistencia técnica eficiente; [.-] f) Velar por el cumplimiento de cualquier disposición legal actual o futura para la protección del patrimonio cultural indígena, colaborando con las instituciones encargadas de estos aspectos; [.-] g) Orientar, estimular y coordinar la colaboración de la iniciativa privada en las labores de mejoramiento social, económico y cultural de la población aborigen; [.-] h) Promover mediante el desarrollo de adiestramiento una mayor capacitación de quienes ejercen profesiones o cargos en las zonas habitadas por los indígenas; [.-] i) Organizar en las distintas comunidades indígenas cooperativas agrarias, proporcionándoles educación agrícola, ayuda técnica y financiación adecuada; [.-] j) Establecer centros de salud con personal bien adiestrado, procurando capacitar elementos de las diferentes zonas habitadas por los indígenas para que puedan ejercer estas funciones en el futuro; [.-] k) Crear consejos locales de administración para resolver en principio los múltiples problemas de las localidades indígenas; y [.-] l) Servir de órgano oficial de enlace con el Instituto Indigenista Interamericano y con las demás agencias internacionales que laboren en este campo” (el subrayado y destacado en negrita se añaden). No está pues dentro de sus atribuciones rendir un dictamen técnico sobre la ubicación precisa de un terreno dentro de una reserva indígena, tampoco decidir si procede una expropiación y la respectiva indemnización. Y es que, en todo caso, nótese que en la certificación CDET-111-14, si bien el Departamento de Estudios Territoriales de la CONAI indica que la finca matrícula 1262450-000 está dentro de la Reserva Indígena de Quitirrisí, expresamente advierte que ello es así “En el tanto que la propiedad esté efectivamente localizada donde el Topógrafo la ubicó en la cuadrícula anexa al plano” –refiriéndose al plano con número de presentación 2014-10076-C-. Es decir, tampoco la CONAI tenía certeza técnica de la ubicación del terreno en la realidad física y con respecto a los límites de la Reserva de Quitirrisí. La certificación parte de la premisa de que, de ser correcta la localización que el topógrafo consignó en el plano anotado, entonces la finca estaría dentro del terreno de la Reserva, de lo cual se sobreentiende que esa ubicación no había sido verificada en el sitio y por ello el documento no hace una afirmación categórica acerca de la afectación del terreno. Así, como bien lo apuntó el Tribunal, esa certificación no goza de respaldo técnico que le sirva de sustento. Finalmente, en lo atinente al plano catastrado no. SJ-1954486-2017 (ofrecido como prueba para mejor resolver; documento digital de fecha 06 de setiembre de 2017, constante en sistema de Escritorio Virtual), el propio Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, en su artículo 57 dispone que el plano catastrado no es de por sí prueba absoluta de lo que en él se consigna, de manera que en sí mismo no es prueba suficiente de la ubicación material de la finca dentro del territorio de la Reserva Indígena de Quitirrisí, que es precisamente el hecho fundamental cuya prueba se echa de menos en este proceso. Al respecto, valga traer a colación lo señalado por esta Sala en la sentencia no. 66-1994 de las 14 horas 45 minutos del 17 de agosto de 1994, en cuanto al valor probatorio del plano catastrado: “(…) Al respecto, debe señalarse inicialmente que, en efecto, los planos catastrados constituyen prueba documental de carácter público, en el tanto se trata de documentos atribuciones (doctrina de los artículos 368 y 370 del Código Procesal Civil). Pero tal carácter de documentos públicos, contrario a lo que señala el recurrente, no les dan la calidad de prueba absoluta e incombatible, ni confieren ningún derecho por sí mismos. De ahí la disposición del numeral 301 del Código Civil, que señala que la mesura de un terreno, no basta por sí sola para probar la posesión del mismo. El valor probatorio de los planos dependerá de su conformidad con otros elementos probatorios que hayan sido evacuados en el proceso. (…) III.- A lo dicho debe agregarse, que la misma legislación especial, concretamente los artículos 30 de la Ley de Catastro Nacional, N 6545 de 26 de marzo de 1981, y 42 del Reglamento de la Ley, promulgado mediante Decreto Ejecutivo N 13607-J de 24 de abril de 1982, [que en la legislación vigente aplicable al asunto corresponden a los numerales 30 de la Ley y 57 del Reglamento] -que en lo que se dirá, resultan plenamente congruentes con el 301 del Código Civil ya mencionado-, establecen el alcance probatorio de los planos catastrados, primeramente, al prescribir ambas normas que, únicamente los planos de agrimensura inscritos en el Catastro, surten efectos legales y, luego, al disponer la segunda norma señalada: "La registración catastral no convalida los documentos que sean nulos o anulables conforme con la ley, ni subsanará sus defectos." (el subrayado no es del original). Está claro, entonces, que ni ley especial reconoce al plano catastrado el valor que el recurrente pretende darle en el proceso, pues, en todo caso conflictivo, necesariamente, -como ya se señaló-, debe estudiarse y demostrarse la realidad que impera sobre el terreno, y contraponerla con la que señala el plano, para de esta forma poder concluir sobre el verdadero alcance probatorio del citado documento”. En el sublite, resulta inútil admitir el plano catastrado ofrecido como prueba para mejor resolver, y por eso se impone su rechazo, toda vez que al igual que ha sido apuntado al analizar el resto de pruebas acusadas como preteridas o mal apreciadas, por sí mismo no demuestra cuál es la ubicación real y material del terreno que representa, precisamente porque la parte interesada no procuró la prueba pericial topográfica que permitiera confrontar los datos consignados en el plano catastrado de frente a la realidad física de la finca, para así determinar dónde está ubicada el área correspondiente a la propiedad de la actora y su eventual grado de afectación como territorio indígena. En síntesis, aunque si bien a los autos se trajo prueba documental que -a nivel formal- sugiere que la finca del actor se encuentra dentro de la Reserva Indígena de Quitirrisí, ninguna de ellas es concluyente e idónea en sí misma para acreditar ese hecho central de la teoría del caso planteada en la demanda –por los motivos explicados supra-, y de ninguna manera podrían sustituir la prueba técnica que se ha echado de menos. No puede ignorarse que una cuestión es lo que a nivel formal indique esa prueba documental, y otra lo que en la realidad material de los inmuebles exista; vertientes ambas que pueden o no ser coincidentes. De ahí la necesidad de demostrar de forma fehaciente y mediante prueba idónea, la localización de la finca en la realidad física y respecto de los límites de la Reserva Indígena de Quitirrisí. Al no haberse cumplido tal carga probatoria por la parte interesada, bien hizo el Tribunal en denegar su demanda, pues no se cumplió con el primero de los requerimientos que el artículo 5 de la Ley Indígena impone como presupuesto para la expropiación e indemnización de los propietarios no indígenas allí establecidas. En consecuencia, procede denegar el cargo aducido.

XI.- En la segunda censura reprocha la condena en costas a favor del Estado, impuesta en razón de haber resultado vencida en juicio. Aduce, nunca lo solicitó, incluso se opuso a integrar al Estado como demandado, argumentando que esta Sala en la sentencia 1604-F-S1-2012 ya había manifestado que no era necesario traer al ente estatal a este tipo de procesos. A pesar de ello, reclama, el juez de trámite ordenó la integración. Aduce, el actor no tiene responsabilidad alguna con respecto a la incorporación del Estado como accionado, porque fue obligado a demandarlo, de ahí que deba ser exonerado en costas, con fundamento en el inciso b) del artículo 193 del CPCA.

XII.- Solicita la recurrente se le exima del pago de costas a favor del Estado porque, a pesar de su oposición, ella fue obligada a demandarlo. Al margen de que el motivo invocado no se encuentra previsto como causal de exención en el precepto 193 del CPCA –y ello amerita por sí su rechazo-, pretende la casacionista revivir una discusión que se encuentra precluída, cual es la integración de la litis, aspecto que ya fue resuelto en una etapa procesal ya superada. Nótese que en la contestación a la demanda, tanto el INDER como la CONAI opusieron excepción de litisconsorcio necesario incompleto, solicitando la integración del Estado y de la CGR como demandados (folios 173 a 176 y 314 a 316 del expediente judicial físico, que se encuentra escaneado y cuyo archivo digital consta en el sistema de Escritorio Virtual). Tal defensa fue acogida por el juez tramitador, mediante resolución no. 511-2015 de las 09 horas 10 minutos del 24 de febrero de 2015 (folios 360 a 362 del expediente judicial físico, que se encuentra escaneado y cuyo archivo digital consta en el sistema de Escritorio Virtual). Contra tal pronunciamiento, la actora planteó apelación, pero, mediante escritos presentados en fecha 10 de marzo y 09 de abril –ambos de 2015-, desistió de la impugnación (folios 369 a 376 del expediente judicial físico, que se encuentra escaneado y cuyo archivo digital consta en el sistema de Escritorio Virtual). Es decir, la actora se conformó con la integración del Estado como litisconsorte pasivo, pese a contar con los remedios recursivos para oponerse a tal decisión del juez tramitador, de ahí que el asunto precluyó y no admite ulterior discusión. No sería valido entonces ahora aducir que se vio obligada a demandar el Estado y que por ello no procede el pago de las costas a favor de ese ente, porque tuvo oportunidad para intentar revertir esa decisión judicial que estima le causó perjuicio, pero voluntaria y expresamente desistió de su impugnación. Además, nótese que la condena en costas a favor del Estado fue impuesta por el hecho de resultar perdidosa en juicio, y contra tal criterio la casacionista no plantea ningún reproche concreto, ni aduce cómo eventualmente pudiere estar amparada por alguna de las causales de exoneración previstas en el canon 193 del CPCA. Por consiguiente, se denegará el agravio formulado.

RECURSO DE CASACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA XIII.- En el único cargo reprocha se haya fallado sin condena en costas respecto de la CGR. Apunta, el Tribunal acogió la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el ente contralor, pero no impuso el pago de costas a su favor, lo cual generó una situación de desigualdad procesal con respecto a los demás accionados a quienes sí se les concedió ese rubro, y ello además le causó perjuicio. Acota, la CGR mantuvo una defensa activa durante el proceso y el hecho de que fuera acogida su defensa de falta de legitimación pasiva no implica que no incurriera en una serie de gastos propios de la tramitación del proceso. Acusa, la exención significa un detrimento patrimonial en perjuicio de los recursos públicos que fueron dispuestos para la atención de este litigio y una infracción al canon 41 constitucional. Enfatiza, carece de sentido lógico haber realizado una defensa responsable del interés público que media en este asunto, oponiendo las excepciones de falta de legitimación pasiva y de derecho, las cuales fueron acogidas en sentencia, para luego no permitirle recuperar los gastos económicos generados con el proceso. Solicita le sean reconocidas ambas costas más los respectivos intereses.

XIV.- Lleva razón la recurrente en su reclamo. Según se apuntó supra, la CGR fue integrada como demandada mediante resolución del juez tramitador no. 511-2015 de las 09 horas 10 minutos del 24 de febrero de 2015, contra la cual, si bien estaba en desacuerdo, la actora no agotó los medios de impugnación previstos contra aquella (desistió de la apelación), conformándose así con lo resuelto. Con tal proceder, implícitamente la actora aceptó la posibilidad de que, ante una eventual sentencia desestimatoria, se viera condenada a pagar las costas a su contraparte, al resultar vencida en juicio, según la doctrina del cardinal 193 del CPCA. Aún así, desistió del recurso de apelación contra la integración de la CGR como demandada, y consecuencia de ello, al precluir el asunto, independientemente de su procedencia desde el punto de vista jurídico, el ente contralor ha debido ejercer su defensa técnica en este proceso, atendiendo cada una de sus etapas e incidencias. De ahí que, si bien se desestimó la demanda contra la Contraloría por carecer ésta de legitimación pasiva, lo cierto del caso es que ha debido desplegar una serie de actuaciones procesales en defensa de sus intereses y en oposición a la demanda incoada en su contra, los cuales generan costos que deben serle reconocidos. En la especie se cumple entonces el presupuesto para la condena a la actora, que es precisamente haber resultado vencida frente a la CGR. Por lo demás, no observa esta Sala que haya existido motivo suficiente para litigar de parte de la accionante, toda vez que su demanda adolece de deficiencias probatorias importantes en orden a acreditar la teoría que sustenta su demanda, de manera que no se observa dato objetivo alguno a partir del cual haya podido creer que tenía motivos racional y objetivamente fundados para creer en la bondad y procedencia de su pretensión. Por consiguiente, se acogerá el recurso de la Contraloría, en la forma que se dirá.

XV.- En mérito de lo expuesto, procederá rechazar la prueba para mejor resolver ofrecida por la actora y declarar sin lugar su recurso, imponiéndole las costas generadas con su ejercicio, de conformidad con el artículo 150.3 del CPCA. Se acogerá el recurso formulado por la Contraloría General de la República. Se anulará la sentencia recurrida, únicamente en cuanto resolvió sin condena en costas en relación con la CGR. En su lugar, fallando por el fondo, se condenará a la accionante al pago de ambas costas del proceso a favor del ente contralor (canon 193 ibídem), con sus respectivos intereses legales que correrán desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago.

POR TANTO

Se rechaza la documentación ofrecida por la actora como prueba para mejor resolver. Se declara sin lugar el recurso de casación formulado por MACG Consultores S.A., a quien se imponen las costas generadas con su ejercicio. Se acoge el recurso de casación planteado por la Contraloría General de la República. En consecuencia, se anula la sentencia recurrida, únicamente en cuanto resolvió sin condena en costas en relación con la Contraloría. En su lugar, fallando por el fondo, se condena a la accionante al pago de ambas costas del proceso a favor del ente contralor, con sus respectivos intereses legales desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. En lo demás, la sentencia impugnada permanecerá incólume.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez gcr

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Indigenous Law 6172 — Inalienable Territories and ILO 169Ley Indígena 6172 — Territorios Inalienables y Convenio OIT 169

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7130 Code of Civil Procedure
      • Ley 6172 Indigenous Law
      • Ley 6545 National Cadastre Law
      • Decreto Ejecutivo 13607 National Cadastre Law Regulation
      • Decreto Ejecutivo 34331 Regulation to the National Cadastre Law

      Este documento cita

      • Ley 7130 Código Procesal Civil
      • Ley 6172 Ley Indígena
      • Ley 6545 Ley del Catastro Nacional
      • Decreto Ejecutivo 13607 Reglamento a la Ley del Catastro Nacional
      • Decreto Ejecutivo 34331 Reglamento a la Ley de Catastro Nacional

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