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Res. 00564-2025 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 27/03/2025
OutcomeResultado
The First Chamber denied the cassation appeal, upholding the inadmissibility of the usucapion claim due to res judicata and lack of right.La Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación, confirmando la improponibilidad de la demanda de usucapión por existir cosa juzgada material y falta de derecho.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court of Justice rejected the cassation appeal filed by Agroganadera Niño La Javilla S.A. against the Agrarian Tribunal’s ruling, which had confirmed the inadmissibility of its agrarian usucapion claim. The claimant sought a declaration of ownership over properties in Playa Coyote based on ten years of agrarian possession. However, a prior ordinary agrarian proceeding between the same parties had already declared the claimant’s possession unlawful and lacking just title, granting better possessory rights to the defendant, Enrique Manuel Niño Cordero. The court held that the new lawsuit attempted to circumvent the binding effect of res judicata, as the earlier case had already resolved the legitimacy of the same possession now invoked for usucapion. Procedural abuse and the clear lack of right as a material prerequisite for a favorable judgment were emphasized. The special agrarian usucapion under the Land and Colonization Law was deemed inapplicable because it was not pleaded in the complaint and because the claimant is a large-scale cattle company, inconsistent with family subsistence.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por Agroganadera Niño La Javilla S.A. contra la sentencia del Tribunal Agrario que confirmó la improponibilidad de su demanda de usucapión agraria. La demandante pretendía la declaratoria de propiedad por prescripción adquisitiva sobre fincas en Playa Coyote, Nandayure, alegando una posesión agraria decenal. No obstante, en un proceso ordinario agrario previo entre las mismas partes, se había declarado que la posesión de la actora carecía de justo título traslativo y era ilegítima, otorgándose mejor derecho posesorio al aquí demandado, Enrique Manuel Niño Cordero. El tribunal consideró que la nueva demanda constituía un intento de burlar la cosa juzgada material, pues el objeto mediato del primer proceso ya incluía la determinación sobre la legitimidad de la posesión que ahora se invocaba para la usucapión. Se destacó el abuso procesal y la falta de derecho como presupuesto material de la sentencia estimatoria, dado que la posesión de la actora ya fue calificada como ilícita. Se rechazó la invocación de la usucapión especial agraria de la Ley de Tierras y Colonización por no haber sido alegada en la demanda y por tratarse de una sociedad dedicada a ganadería a gran escala, incompatible con la figura de subsistencia familiar.
Key excerptExtracto clave
Thus, if the representative of Agroganadera Niño La Javilla met the requirements to acquire ownership of the property in dispute, it should have pled and proved everything relevant in the corresponding ordinary agrarian proceeding, even filing a counterclaim if necessary. That was where it had to assert usucapion if that remedy was appropriate against Mr. Niño Cordero. Notably, it now tries to rely on that very remedy against the same individual, which shows that it fundamentally seeks to evade the declaration of better right that benefited the latter, as well as the company's lack of right to register the lands in its name, as pointed out by the lower courts. For this Chamber, it is clear that this proceeding is dilatory and evasive with respect to the effects of the ordinary proceeding that has already concluded between the same parties; moreover, it runs counter to the duties of cooperation with the Administration of Justice and constitutes an abuse of rights, because it seeks to evade consequences prohibited by the legal system under the guise of the norms and remedies invoked both in the complaint and in subsequent filings. This Chamber has no difficulty in finding that the illicit aim pursued is the non-compliance with and obstruction of the execution of a judgment rendered with the force of substantive res judicata. This patently spurious aim has been sought through the invocation of ownership as a concept distinct from possession, when it is clear that the ordinary agrarian proceeding 20-000098-0391-AG already discussed what rights the plaintiff company could derive from the very possession it now invokes, which had direct bearing on its possible ownership right, as part of the mediate object of that declaratory proceeding, for ownership was, ultimately, what was sought in the possessory information.De tal manera, si la representación de Agroganadera Niño La Javilla cumplía con los requisitos para hacerse de la propiedad del inmueble en disputa, debió alegar y demostrar todo lo pertinente en el ordinario agrario correspondiente, formulando, inclusive, la contrademanda del caso, de ser necesario. Allí era donde tenía que formular la usucapión si era este el instituto que procedía en contra del señor Niño Cordero. Nótese que ahora intenta ampararse en dicha figura, precisamente, en contra del mismo individuo, lo que evidencia que lo que intenta, en el fondo, es evadir la declaratoria de mejor derecho que benefició a este último, así como la falta de derecho de la sociedad para inscribir los terrenos a su nombre, tal y como lo hicieron ver las instancias precedentes. Para la Sala es claro que este proceso es dilatorio y evasivo, con respecto a los efectos del ordinario que ya feneció entre las mismas partes; además, es contrario a los deberes de colaboración con el sistema de Administración de Justicia y un abuso de Derecho, pues se busca evadir consecuencias prohibidas por el ordenamiento jurídico, al amparo de las normas y figuras invocadas tanto en la demanda, como en las gestiones posteriores. La Sala aprecia sin dificultad que el fin ilícito perseguido es el incumplimiento y obstaculización de la ejecución de una sentencia dictada con carácter de cosa juzgada material. Tal fin, palmariamente espurio, se ha buscado conseguir por medio de la invocación de la propiedad, como instituto diverso a la posesión, cuando es claro que en el ordinario agrario 20-000098-0391-AG, ya se discutió cuáles derechos podría derivar la sociedad actora de la posesión misma que ahora invoca, lo que tenía incidencia directa en su posible derecho de propiedad, como parte del objeto mediato de aquel proceso declarativo, pues era la propiedad, finalmente, lo que se perseguía en la información posesoria.
Pull quotesCitas destacadas
"Para la Sala es claro que este proceso es dilatorio y evasivo, con respecto a los efectos del ordinario que ya feneció entre las mismas partes; además, es contrario a los deberes de colaboración con el sistema de Administración de Justicia y un abuso de Derecho, pues se busca evadir consecuencias prohibidas por el ordenamiento jurídico."
"For this Chamber, it is clear that this proceeding is dilatory and evasive with respect to the effects of the ordinary proceeding that has already concluded between the same parties; moreover, it runs counter to the duties of cooperation with the Administration of Justice and constitutes an abuse of rights, because it seeks to evade consequences prohibited by the legal system."
Considerando III
"Para la Sala es claro que este proceso es dilatorio y evasivo, con respecto a los efectos del ordinario que ya feneció entre las mismas partes; además, es contrario a los deberes de colaboración con el sistema de Administración de Justicia y un abuso de Derecho, pues se busca evadir consecuencias prohibidas por el ordenamiento jurídico."
Considerando III
"Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir."
"Acts performed under the cover of a legal provision that pursue a result prohibited by the legal system, or contrary to it, shall be deemed executed in fraud of the law and shall not prevent the proper application of the provision sought to be circumvented."
Considerando III (Citando art. 20 Código Civil)
"Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir."
Considerando III (Citando art. 20 Código Civil)
"Si la representación de Agroganadera Niño La Javilla cumplía con los requisitos para hacerse de la propiedad del inmueble en disputa, debió alegar y demostrar todo lo pertinente en el ordinario agrario correspondiente, formulando, inclusive, la contrademanda del caso, de ser necesario. Allí era donde tenía que formular la usucapión si era este el instituto que procedía en contra del señor Niño Cordero."
"If the representative of Agroganadera Niño La Javilla met the requirements to acquire ownership of the property in dispute, it should have pled and proved everything relevant in the corresponding ordinary agrarian proceeding, even filing a counterclaim if necessary. That was where it had to assert usucapion if that remedy was appropriate against Mr. Niño Cordero."
Considerando III
"Si la representación de Agroganadera Niño La Javilla cumplía con los requisitos para hacerse de la propiedad del inmueble en disputa, debió alegar y demostrar todo lo pertinente en el ordinario agrario correspondiente, formulando, inclusive, la contrademanda del caso, de ser necesario. Allí era donde tenía que formular la usucapión si era este el instituto que procedía en contra del señor Niño Cordero."
Considerando III
Full documentDocumento completo
Document Review Res. 000564-F-S1-2025 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours thirty-seven minutes on the twenty-seventh of March, two thousand twenty-five.
In an ordinary agrarian proceeding, filed by AGROGANADERA NIÑO LA JABVILLA S.A., legal identification number 3-101-292586, represented by Mrs. Ana Clemencia Gutiérrez Bonilla, identification number 1-489-884, in her capacity as unlimited general power of attorney; against ENRIQUE MANUEL NIÑO CORDERO, identification number 1-527-283, represented, in this litigation, by his general power of attorney, Marcela Rodríguez Chaves; the plaintiff filed a cassation appeal challenging judgment number 2024000342, issued at 08 hours 33 minutes on April 9, 2024, by the Agrarian Tribunal, composed of the judges Enrique Ulate Chacón, Antonio Darcia Carranza, and Carlos Picado Vargas. The plaintiff's special judicial attorneys, Jonatan Picado León and Eunice Ovares Hernández, appear.
Reporting Magistrate Jorge Leiva Poveda
CONSIDERING
I.The proceeding was initiated on November 15, 2022. In essence, the plaintiff seeks a declaration of its usucapion (usucapión) of the lands described by maps G-1844117-2015, G-1121796-2006, and G-1105650-2006, located in Playa Coyote, Nandayure. It alleged having exercised decennial agrarian possession (posesión agraria), as owner, in a public, peaceful, and uninterrupted manner. Conversely, it denied that the defendant has held any possession whatsoever during the last 20 years. The claims were set forth as follows: "Principal: 1) That the plaintiff has maintained, for more than 10 years, the peaceful, public, uninterrupted agrarian possession as owner of the property in Playa Coyote, sixth district of Bejuco, ninth canton of Nandayure, province of Guanacaste, pasture land. 2). That the property located in Playa Coyote, sixth district of Bejuco, ninth canton of Nandayure, province of Guanacaste, pasture land, has been possessed for the development of agricultural and livestock activity by the plaintiff for more than 10 years. 3).
That the defendant, up to the date this lawsuit is filed, has not maintained possession or agrarian activity of the property in the last 10 years. - 4). Given the agricultural and livestock possession of the property by the plaintiff up to the filing of this lawsuit, possession for agrarian production that has been for more than 10 years, peaceful, as owner, and uninterrupted, let the plaintiff's right of property be declared against the defendant's right of possession. - 5). My represented party has the right of usucapion of the property in question, therefore, let the right of property of the farm be declared in favor of my represented party, against the defendant's right of possession. - 6).- The registration of my represented party's property shall be ordered before the Public Registry, real estate section, for holding agrarian possession up to the filing of this lawsuit in a public, peaceful, as owner, and for more than ten years manner. 7).
Let the right of exclusion my represented party holds against the defendant be declared, such that he must be evicted from any possession he may come to have of the property during this proceeding. 8). Let the defendant be ordered to pay costs. - Subsidiary: 1) That the plaintiff has maintained, for more than 10 years, the peaceful, public, uninterrupted agrarian possession as owner of the property in Playa Coyote, sixth district of Bejuco, ninth canton of Nandayure, province of Guanacaste, pasture land. 2). That the property located in Playa Coyote, sixth district of Bejuco, ninth canton of Nandayure, province of Guanacaste, pasture land, has been possessed for the development of agricultural and livestock activity by the plaintiff for more than 10 years. 3). That the defendant, up to the date this lawsuit is filed, has not maintained possession or agrarian activity of the property in the last 10 years. - 4).
Given the agricultural and livestock possession of the property by the plaintiff up to the filing of this lawsuit, possession for agrarian production that has been for more than 10 years, peaceful, as owner, and uninterrupted, let the plaintiff's right of property be declared against the defendant's right of possession. - 5). Let a title of property over the property be granted to my represented party in accordance with Article 1 of the "Ley de Información Posesoria". 6). Let the right of exclusion my represented party holds against the defendant be declared, such that he must be evicted from any possession he may come to have of the property during this proceeding. 7). Let the defendant be ordered to pay costs." The defendant opposed the lawsuit. He alleged the untenability (improponibilidad) of the lawsuit and raised the defense of res judicata (cosa juzgada). In the early judgment no. 2024000009 of 15 hours 32 minutes on January 29, 2024, the Agrarian Court of Jicaral declared the lawsuit untenable, pursuant to subsections 1, 3, and 9 of Article 35 of the Code of Civil Procedure. This decision was appealed by the plaintiff; however, in the decision now challenged, the Agrarian Tribunal confirmed the ruling. Disagreeing, the plaintiff's representative filed a cassation appeal.
II.In the first grievance, the appellant representative directly contests the concurrence of the requirements regarding subjects, object, and cause, between what is sought in this proceeding and that which was processed under file no. 20-000098-0391-AG. Essentially, it points out that, as it explained before the Tribunal, in that other matter, what was granted was a derived right of possession in favor of the plaintiff and promoter of that litigation, whereas now it seeks a declaratory judgment of usucapion, to prevail against that derived possession, which it assures has never been exercised. It reproaches that the lower court and the Ad quem court confuse the right of possession and the right of property. It reaffirms that both legal situations constitute the object of both proceedings, and therefore it is diverse. In the same vein, it argues that the cause is different, since the prior proceeding declared a derived right of possession, whereas in this matter the cause is a usucapion that must eliminate the defendant's "derived right of possession" (image 5).
The appellants therefore assert that the facts, claims, and causes of action are diverse in both proceedings. In the second challenge (image 6), it is alleged that the substantive issue raised by the plaintiff deserved to be addressed in a judgment, after the evidence was taken. Additionally, some arguments are added to contest the res judicata, such as:
III.Evidently, the appeal must be dismissed. It is important to be clear about what has occurred. The plaintiff corporation was sued by the current defendant herein, in the ordinary agrarian proceeding processed under file 20-000098-391-AG. In that case, Mr. Niño Cordero sought to be declared the holder of the possession acquired over lands that the defendant (then plaintiff) intended to register in its name in the possessory informations (informaciones posesorias) 07-000370-0391-AG and 03-000544-388-CI, which led to the suspension of said proceedings. He also requested authorization to register the lands in the Real Property Registry (Registro Inmobiliario) and that the re-registration of any act related to the "illegitimate" possession that the defendant might have maintained in the disputed area be ordered. In that proceeding, the latter was victorious, according to judgment no. 2022000074 of 16:05 hours on July 20, 2022 (a proven fact not refuted; as well as the judgment at issue, visible at image 25 of the electronic file downloaded by the Agrarian Court of Jicaral, visible in the "CD" attached to the file sent to this Chamber).
As indicated in the first instance judgment, which the appellant does not refute in this venue, in that prior ordinary proceeding, it was determined "that the translative title on which the current plaintiff bases its claim does not correspond to the signature of the party who acquires derivatively" (image 7 of the challenged judgment). Moreover, the ruling of that prior proceeding clearly explains that the corporation promoting the possessory informations 07-000370-0391-AG and 03-000544-0388-CI, alleged it held a possession derived from a translative title in which, as detected in a graphoscopic examination, the purported signature of the representative of the selling corporation, Ganadera La Javilla S.A., turned out not to be such, which precludes the requirements of just title and good faith (considering IV of that pronouncement). Instead, it was established and taken as proven that the corporation Ganadera La Javilla S.A. did execute a cession of possessory rights in favor of Mr.
Niño Cordero, son of the representative of that legal entity, according to a document that was not invalidated as indicated in the second proven fact and in considering IV of that pronouncement. Now, when opposing the request for untenability, the plaintiff, in this proceeding, stated: "...what was discussed in the proceeding processed under file 20-000098-0391-AG does NOT correspond to the right of property; on the contrary, the claims of that proceeding concerned the acquisition of possessory rights from the corporation Ganadería Hacienda la Javilla S.A. Expressly declaring: '[the Court] deems as derivatively acquired the possessory rights that the corporation represented at that time by Mr. Víctor Niño Loría over the properties corresponding to maps (…) in favor of Mr. Enrique Manuel Niño Cordero; the plaintiff is informed that he must establish the corresponding possessory information proceeding in order to achieve the registration of said areas, as this procedure is established by law'." Thus, it is clear that in the ordinary agrarian proceeding 20-000098-0391-AG, it was decided who, between the parties to that litigation, had a better right over the lands of interest.
Clearly, prevalence was granted to the plaintiff therein (defendant herein), since his counterpart (now plaintiff) lacked a just title to justify its possession, which led to the archiving of the possessory information proceedings it had initiated. Now, in a clear and open failure to accept the scope of the res judicata, the plaintiff seeks to evade its consequences, arguing that the object of that proceeding was possession and not property. However, it is clear that this is nothing more than an evasive argument, far removed from what the ruling rendered in that instance truly implies. It must be remembered that this ordinary agrarian proceeding had a direct impact on the possessory informations where the corporation was seeking to be declared the owner of the lands described by the maps submitted there, through the registry titling of those lands in its name, to the point that said proceedings were suspended pending the resolution of the declaratory action, and their archiving was ultimately ordered.
In this sense, Article 1 of the "Ley de Informaciones Posesorias" provides: "The possessor of real property who lacks a title registered or registrable in the Public Registry may request that it be granted, in accordance with the provisions of this law." Now, what is that title to which this precept refers? Evidently, ownership (dominio). This is established in canons 15 and 16 of the same regulatory body, by expressly establishing that the right granted is property. Therefore, it is not true that the sole object of the ordinary agrarian proceeding was one of possession, in favor of the plaintiff. Naturally, its object's scope also included determining whether the defendant had the right or not to process a possessory information, to obtain the declaratory judgment of the property right derived from its possession. Ergo, having been declared that the opposition was well-founded, because the plaintiff lacked a just translative title to justify the possession—as it had alleged—it is entirely untenable for it to subsequently file a lawsuit based on the very possession already declared illegitimate and which it sought to invoke in the possessory information, to now seek a declaratory judgment of usucapion.
This, evidently, is a way of trying to circumvent the effects of the res judicata and the definitive nature of what is decided in the ordinary agrarian proceeding processed on the occasion of the substantiated opposition to the possessory information, as regulated in canon 8 of the LIP, which states: "If within the terms indicated in Article 5, any person states in writing with reasoning to the Judge that the titling of the farm causes them harm, the processing shall be suspended so that in a declaratory judgment the parties may define their rights. If the opponent does not establish the ordinary proceeding within one month following the notification ordering them to do so, the opposition shall be deemed not filed and the proceedings shall continue. If the lawsuit is filed on time before a Judge other than the one handling the information, this shall be communicated to the latter so that the information processing continues pending the definitive resolution of the litigation.
In accordance with what is resolved in the judgment, the information shall be continued or archived." Note how this precept grants a definitive nature to what is decided in the ordinary proceeding that questions the appropriateness of the possessory information, which is consistent with the provisions of canon 64 of the Code of Civil Procedure, the procedural precept that regulates the doctrine of res judicata, in the following terms: "Final judgments issued in ordinary proceedings and decisions expressly indicated by law produce material res judicata (cosa juzgada material), which makes the existence or non-existence of the judged legal relationship indisputable in another proceeding." Accordingly, if the representative of Agroganadera Niño La Javilla met the requirements to acquire ownership of the disputed property, it should have alleged and proven all relevant matters in the corresponding ordinary agrarian proceeding, formulating, even, the counterclaim of the case, if necessary.
That was where it had to assert usucapion if this was the legal path to proceed against Mr. Niño Cordero. Note that it now attempts to rely on that figure, precisely, against the same individual, which evidences that what it attempts, at its core, is to evade the declaration of a better right that benefited the latter, as well as the corporation's lack of right to register the lands in its name, as the lower instances pointed out. For the Chamber, it is clear that this proceeding is dilatory and evasive with respect to the effects of the ordinary proceeding that already concluded between the same parties; furthermore, it is contrary to the duties of collaboration with the Administration of Justice system and an abuse of Law, as it seeks to evade consequences prohibited by the legal order, under the protection of the rules and figures invoked both in the lawsuit and in subsequent proceedings.
The Chamber appreciates without difficulty that the illicit purpose pursued is the non-compliance with and obstruction of the execution of a judgment issued with the character of material res judicata. Such a clearly spurious purpose has been sought by invoking property, as a legal entity distinct from possession, when it is clear that in the ordinary agrarian proceeding 20-000098-0391-AG, it was already discussed what rights the plaintiff corporation could derive from the very possession it now invokes, which had a direct impact on its possible right of property, as part of the mediate object of that declaratory proceeding, since property was, ultimately, what was being pursued in the possessory information. Therefore, canon 20 of the Civil Code must be applied, as a general rule, insofar as it establishes that: "Acts carried out under the protection of the text of a rule, which pursue a result prohibited by the legal order, or contrary to it, shall be considered executed in fraud of the law and shall not prevent the due application of the rule that was sought to be evaded." Likewise, canon 4.2 of the Code of Civil Procedure is applicable, according to which procedural abuse must be avoided, by the outright rejection of acts performed in such a manner, which must be linked with ordinal 5.3 ibid., as it provides that evidently untenable actions must have the same consequence.
Hence, it is not true that the res judicata was detected prematurely, nor the plaintiff's lack of right, as it is indubitable that, above all, what it seeks is to evade the consequences of a final declaratory proceeding.
IV.Moreover, it is evident that the lawsuit is untenable from a legal perspective, as a material presupposition of any favorable judgment, whose absence is patent and unquestionable, which allows the application of subsections 1 and 9 of numeral 35.5 of Law no. 9342, duly employed in the judgment that declared the untenability. The plaintiff also cannot come to initiate another proceeding, seeking an agrarian usucapion, when it lacks a title to justify its possession, as required by canon 853 of the Civil Code, which also regulates positive prescription in this matter, with the exception of the special modality regulated in the "Ley de Tierras y Colonización," which is openly inapplicable, as shall be discussed. Now, the representative of the plaintiff corporation attempts to distance itself from the scope of what was resolved in ordinary proceeding no. 20-000098-0391-AG, arguing that the matter, ex officio, should be resolved according to Articles 92 and 101 of the "Ley de Tierras y Colonización." It is understood that appeal is made to these precepts, insomuch as they regulate the special agrarian usucapion, which dispenses with the requirements of a translative title of ownership and possessory good faith, under the terms of common legislation, provided it concerns a property that is effectively exploited by a family that needs it to survive; that is, due to a state of necessity.
However, not only was this not clearly explained in the appeal, but no invocation whatsoever of that figure is observed in the entire lawsuit, making it surprising and therefore untenable at this instance (numeral 589 of the Labor Code, applicable pursuant to the integration clause provided in ordinal 61 of the "Ley de Jurisdicción Agraria"). In any case, the untenability of the usucapion under the protection of that figure is indubitable and clear, considering that the plaintiff herself has insisted that she is engaged in a large-scale cattle ranching activity with national and international renown, under the protection of the "Niño" brand (fact five of the lawsuit, visible at image 3 of the initial filing). It was even reported that the company's representative has employees under her "orders and administration" (fact six). It is impossible, under these conditions, to grant a title of property under the guise of the figure of special agrarian usucapion, not only due to the scale of the enterprise that the plaintiff herself suggests—which is far from being a mere subsistence activity—but also because the promoter is a corporation, without it having been alleged, at any point, that the activity carried out is for the survival of a particular family.
We reiterate, what is natural and expected in this type of special action is that it be presented by a natural person for their own survival and that of their family, none of which has occurred. Nor is there any degree of probability that an ordinary usucapion might be declared, where the translative title of ownership is indeed required, pursuant to Article 853 of the Civil Code, when the illicit character of the acquisitive title that the plaintiff sought to invoke to justify its possession in the possessory informations was already determined to be spurious and unenforceable against the current defendant herein, in a judgment with the character of material res judicata. This is clarified complementarily and in support of the presuppositions of untenability associated with the evident and indisputable lack of right, as an essential prerequisite for the eventual granting of any lawsuit, without prejudice to the unquestionable operation of the res judicata.
V.Based on the reasons stated, this Chamber is convinced that the appropriate course is to order the dismissal of the appeal and to confirm the decision rendered by the Tribunal.
THEREFORE
The cassation appeal filed by the plaintiff is dismissed. DRUDIN.
Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected]
Revisión del Documento Res. 000564-F-S1-2025 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas treinta y siete minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinticinco .
En proceso ordinario agrario, presentado por AGROGANADERA NIÑO LA JABVILLA S.A., cédula jurídica 3-101-292586, representada por la señora Ana Clemencia Gutiérrez Bonilla, cédula 1-489-884, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma; contra ENRIQUE MANUEL NIÑO CORDERO, cédula 1-527-283, representado, en esta lite, por su apoderada general, Marcela Rodríguez Chaves; la parte actora interpuso recurso de casación impugnando la sentencia número 2024000342, emitida a las 08 horas 33 minutos del 09 de abril de 2024, por el Tribunal Agrario, integrado por las personas juzgadoras Enrique Ulate Chacón, Antonio Darcia Carranza y Carlos Picado Vargas. Figuran como apoderados especiales judiciales de la demandante el Licenciado Jonatan Picado León y Eunice Ovares Hernández.
Magistrado ponente Jorge Leiva Poveda
CONSIDERANDO
I.El proceso fue instaurado el 15 de noviembre de 2022. En lo medular, la parte actora busque que se declare su usucapión de los terrenos descritos por los planos G-1844117-2015, G-1121796-2006 y G-1105650-2006, sitos en Playa Coyote, Nandayure. Alegó haber ejercido una posesión agraria decenal, como dueña, de manera pública, pacífica, ininterrumpida. En cambio, rechazó que el demandado haya ostentado posesión alguna, durante los últimos 20 años. Las pretensiones se plantearon en los siguientes términos: “Principales: 1) Que la actora ha mantenido por más de 10 años la posesión agraria pacífica, pública, ininterrumpida y a título de dueña de la propiedad en Playa Coyote, distrito sexto de Bejuco, cantón noveno de Nandayure, provincia de Guanacaste, terreno de potrero. 2). Que la propiedad ubicada en Playa Coyote distrito sexto de Bejuco, cantón noveno de Nandayure, provincia de Guanacaste, terreno de potrero, por más de 10 años ha sido poseído para el desarrollo de la actividad agropecuaria por parte de la actora. 3).
Que el demandado hasta la fecha en que se interpone esta demanda, no ha mantenido en los últimos 10 años la posesión ni actividad agraria de la propiedad. - 4). Ante la posesión agropecuaria hasta la presentación de esta demanda de la propiedad por parte de la actora, posesión para la producción agraria que ha sido por más de 10 años, pacífica, a título de dueño e ininterrumpida, se declare el derecho de propiedad de la actora contra el derecho de posesión del demandado. - 5). Mi representada tiene derecho de usucapión de la propiedad que nos ocupa por lo cual se declare el derecho de propiedad de la finca a favor de mi representada, contra el derecho de posesión del demandado. - 6).- Se ordenará la inscripción de la propiedad de mi representada ante el Registro Público sección bienes inmuebles, por ostentar la posesión agraria hasta la presentación de esta demanda de forma pública, pacífica, a título de dueño y por más de diez años. 7).
Se declare el derecho de exclusión que tiene mi representada contra el demandado, de modo tal que éste debe ser desalojado de cualquier posesión que llegue a tener del inmueble durante este proceso. 8). Se condene en costas al demandado. - Subsidiarias: 1) Que la actora ha mantenido por más de 10 años la posesión agraria pacífica, pública, ininterrumpida y a título de dueña de la propiedad en Playa Coyote, distrito sexto de Bejuco, cantón noveno de Nandayure, provincia de Guanacaste, terreno de potrero. 2). Que la propiedad ubicada en Playa Coyote distrito sexto de Bejuco, cantón noveno de Nandayure, provincia de Guanacaste, terreno de potrero, por más de 10 años ha sido poseído para el desarrollo de la actividad agropecuaria por parte de la actora. 3). Que el demandado hasta la fecha en que se interpone esta demanda no ha mantenido en los últimos 10 años la posesión ni actividad agraria de la propiedad. - 4).
Ante la posesión agropecuaria hasta la presentación de esta demanda de la propiedad por parte de la actora, posesión para la producción agraria que ha sido por más de 10 años, pacífica, a título de dueño e ininterrumpida, se declare el derecho de propiedad de la actora contra el derecho de posesión del demandado. - 5). Se otorgue de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Información Posesoria, título de propiedad sobre la propiedad a mi representada. 6). Se declare el derecho de exclusión que tiene mi representada contra el demandado, de modo tal que éste debe ser desalojado de cualquier posesión que llegue a tener del inmueble durante este proceso. 7). Se condene en costas al demandado”. La parte demandada se opuso. Alegó la improponibilidad de la demanda y formuló la excepción de cosa juzgada. En la sentencia anticipada no. 2024000009 de las 15 horas 32 minutos del 29 de enero de 2024, el Juzgado Agrario de Jicaral declaró improponible la demanda, conforme a los incisos 1, 3 y 9 del artículo 35 del Código Procesal Civil.
Esta resolución fue apelada por la parte accionante; no obstante, en la sentencia ahora cuestionada, el Tribunal Agrario confirmó lo resuelto. Disconforme, la representación de la demandante presentó recurso de casación.
II.El primer agravio, la representación recurrente combate directamente la concurrencia de los requisitos de sujetos, objeto y causa, entre lo pretendido en este proceso y el que fue tramitado bajo el expediente no. 20-000098-0391-AG. Esencialmente, hace ver que, tal y como lo explicó ante el Tribunal, en aquel otro asunto, lo que se otorgó fue un derecho de posesión derivado, en favor de la parte demandante y promotora de esa lite, mientras que ahora se busca una declaratoria de usucapión, que prevalezca en contra de esa posesión derivada, la que asegura, nunca ha sido ejercida. Reprocha que el a quo y el Ad quem confunden el derecho de posesión y el de propiedad. Reafirma que sendas situaciones jurídicas constituyen el objeto de ambos procesos, por lo que es diverso. En el mismo sentido, aduce que la causa es diferente, puesto que en el proceso antecedente se declaró un derecho de posesión derivado, mientras que en este asunto la causa es una usucapión que debe hacer desaparecer “el derecho de posesión derivado” del demandado (imagen 5).
Aseguran los recurrentes, en consecuencia, que los hechos, petitorias y causas de pedir son diversos en ambos procesos. En el segundo embate (imagen 6), se alega que la cuestión de fondo traída a colación por la parte actora, ameritaba de ser abordada en sentencia, después de evacuada la prueba. Además, se añaden algunos argumentos para combatir la cosa juzgada, como los siguientes:
III.Evidentemente, el recurso debe ser rechazado. Es importante tener claro lo que ha ocurrido. La sociedad actora fue demandada por el aquí accionado, en el proceso ordinario agrario tramitado bajo el expediente 20-000098-391-AG. En este, el señor Niño Cordero solicitó ser declarado titular de la posesión adquirida sobre terrenos que la demandada pretendía inscribir a su nombre en las informaciones posesorias 07-000370-0391-AG y 03-000544-388-CI, lo que motivó la suspensión de dichas diligencias. Además, solicitó que se le autorizara la inscripción de los terrenos en el Registro Inmobiliario y que se ordenara la reinscripción de cualquier acto relacionado con la posesión “ilegítima” que hubiese mantenido la demandada en el área en disputa. En ese proceso, este último resultó victorioso, conforme a la sentencia no. 2022000074 de las 16:05 horas del 20 de julio del 2022 (hecho probado no desmentido; así como la sentencia de marras, visible a imagen 25 del expediente electrónico descargado por el Juzgado Agrario de Jicaral, visible en “CD” adjunto al expediente remitido a esta Sala).
Según se indicó en la sentencia de primera instancia, lo que no desmiente en esta sede la parte recurrente, en ese proceso ordinario previo, se determinó “que el título traslativo en la cual basa la hoy actora, no corresponde a la firma de quién adquiere de forma derivada” (imagen 7 de la sentencia impugnada). Además, en el fallo de ese proceso antecedente se explica claramente que la sociedad promotora de las informaciones posesorias 07-000370-0391-AG y 03-000544-0388-CI, alegó ostentar una posesión derivada de un título traslativo en el que, según se detectó en examen grafoscópico. la presunta firma del representante de la sociedad vendedora, Ganadera La Javilla S.A., resultó no ser tal, lo que excluye los requisitos de justo título y buena fe (considerando IV de ese pronunciamiento). En cambio, se estableció y se tuvo por probado que la sociedad Ganadera La Javilla S.A. sí realizó una cesión de derechos posesorios en favor del señor Niño Cordero, hijo del representante de esa persona jurídica, según documento que no fue desvirtuado conforme a lo indicado en el hecho probado segundo y en el considerando IV de ese pronunciamiento.
Ahora bien, al oponerse a la solicitud de improponibilidad, la parte actora, en este proceso, indicó: “…lo que se discutió en el proceso tramitado en el expediente 20-000098-0391-AG NO corresponde al derecho de propiedad, por el contrario las pretensiones de dicho proceso versaron sobre la adquisición derechos posesorios de la sociedad Ganadería Hacienda la Javilla S.A. Declarándose expresamente: “se tiene como adquirido de forma derivada los derechos posesorios que la sociedad que representaba en su momento el señor Víctor Niño Loría sobre los inmuebles correspondientes a los planos (…) al favor del señor Enrique Manuel Niño Cordero, se le indica al actor que debe establecer el correspondiente proceso de información posesoria con la finalidad de lograr la inscripción de dichas áreas, por estar dicho trámite establecido por ley”. Así las cosas, es claro que en el proceso ordinario agrario 20-000098-0391-AG se resolvió quién tenía, entre las partes de esa lite, mejor derecho sobre los terrenos de interés.
Claramente, se otorgó prevalencia al ahí demandante (aquí demandado), toda vez que su contraparte (ahora actora), carecía de un justo título que justificara su posesión, lo que llevó a que se ordenara el archivo de los procesos de información posesoria que había instado. Ahora, en clara y abierta falta de aceptación a los alcances de la cosa juzgada, pretende la parte accionante evadir sus consecuencias, alegando que el objeto de aquel proceso era la posesión y no la propiedad. No obstante, es claro que tal no es más que un argumento evasivo y alejado de lo que realmente implica el fallo recaído en esa instancia. Debe recordarse que ese proceso ordinario agrario tenía incidencia directa en las informaciones posesorias en las que se pretendía que se declarara a la sociedad como propietaria de los terrenos descritos por los planos allí presentados, por medio de la titulación registral de esos terrenos a su nombre, al punto que dichas diligencias fueron suspendidas a la espera de lo que se resolviera en la vía declarativa, ordenándose, finalmente, su archivo.
En ese sentido, el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias dispone: “El poseedor de bienes raíces que careciere de título inscrito o inscribible en el Registro Público podrá solicitar que se le otorgue, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”. Ahora bien, ¿cuál es ese título al que se refiere dicho precepto? Evidentemente, el dominio. Así se establece en los cánones 15 y 16 del mismo cuerpo normativo, al establecer expresamente que el derecho otorgado es la propiedad. Por ende, no es cierto que el único objeto del proceso ordinario agrario era el de posesión, en favor de la parte actora. Naturalmente, también era parte de los alcances de su objeto, determinar si la parte demandada tenía derecho o no a tramitar una información posesoria, para obtener la declaratoria del derecho de propiedad derivado de su posesión. Ergo, al haberse declarado que la oposición era procedente, por carecer la parte actora de un justo título traslativo que justificara la posesión -como lo había alegado-, es totalmente improcedente que posteriormente presente una demanda, sobre la base de la misma posesión ya declarada ilegítima y que pretendió invocar en la información posesoria, para, ahora, buscar una declaratoria de usucapión.
Esto, evidentemente, es una forma de buscar burlar los efectos de la cosa juzgada y el carácter definitivo de lo que se resuelve en el ordinario agrario que se tramita con ocasión de la oposición fundada a la información posesoria, como se regula en el canon 8 de la LIP, al decir: “Si dentro de los términos indicados en el artículo 5º, alguna persona manifestare por escrito razonado al Juez que la titulación de la finca le causa perjuicio, se suspenderá la tramitación para que en juicio declarativo las partes definan sus derechos. Si el opositor no establece el juicio ordinario dentro del mes siguiente a la notificación en que así se le ordene, se tendrá por no presentada la oposición y se continuarán los trámites. Si la demanda se presenta en tiempo ante el Juez que no sea el que conoce de la información, éste lo comunicará a aquél para que continúe la tramitación de la información en espera de lo que en definitiva se resuelva en la litis.
De acuerdo con lo que resuelva en sentencia, se continuará o se archivará la información”. Nótese como este precepto otorga carácter definitivo a lo que se resuelva en el proceso ordinario que se cuestione la procedencia de la información posesoria, lo que es concordante con lo dispuesto en el canon 64 del Código Procesal Civil, que es el precepto adjetivo que regula el instituto de la cosa juzgada, en los siguientes términos: “Producen cosa juzgada material las sentencias firmes dictadas en procesos ordinarios y las resoluciones expresamente indicadas por la ley, lo cual hace indiscutible, en otro proceso, la existencia o no de la relación jurídica juzgada”. De tal manera, si la representación de Agroganadera Niño La Javilla cumplía con los requisitos para hacerse de la propiedad del inmueble en disputa, debió alegar y demostrar todo lo pertinente en el ordinario agrario correspondiente, formulando, inclusive, la contrademanda del caso, de ser necesario.
Allí era donde tenía que formular la usucapión si era este el instituto que procedía en contra del señor Niño Cordero. Nótese que ahora intenta ampararse en dicha figura, precisamente, en contra del mismo individuo, lo que evidencia que lo que intenta, en el fondo, es evadir la declaratoria de mejor derecho que benefició a este último, así como la falta de derecho de la sociedad para inscribir los terrenos a su nombre, tal y como lo hicieron ver las instancias precedentes. Para la Sala es claro que este proceso es dilatorio y evasivo, con respecto a los efectos del ordinario que ya feneció entre las mismas partes; además, es contrario a los deberes de colaboración con el sistema de Administración de Justicia y un abuso de Derecho, pues se busca evadir consecuencias prohibidas por el ordenamiento jurídico, al amparo de las normas y figuras invocadas tanto en la demanda, como en las gestiones posteriores.
La Sala aprecia sin dificultad que el fin ilícito perseguido es el incumplimiento y obstaculización de la ejecución de una sentencia dictada con carácter de cosa juzgada material. Tal fin, palmariamente espurio, se ha buscado conseguir por medio de la invocación de la propiedad, como instituto diverso a la posesión, cuando es claro que en el ordinario agrario 20-000098-0391-AG, ya se discutió cuáles derechos podría derivar la sociedad actora de la posesión misma que ahora invoca, lo que tenía incidencia directa en su posible derecho de propiedad, como parte del objeto mediato de aquel proceso declarativo, pues era la propiedad, finalmente, lo que se perseguía en la información posesoria. Por ende, debe aplicarse el canon 20 del Código Civil, como norma general, en el tanto establece que: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.
Asimismo, resulta de aplicación el canon 4.2 del Código Procesal Civil, conforme al cual el abuso procesal debe evitarse, con el rechazo de plano de los actos que se realicen de esa manera, lo que debe enlazarse con el ordinal 5.3 ibídem, en el tanto dispone que las gestiones evidentemente improcedentes deben tener la misma consecuencia. De ahí que no es cierto que la cosa juzgada se haya detectado de manera anticipada, ni la falta de derecho de la parte actora, pues es indubitable que, ante todo, lo que busca es evadir las consecuencias de un proceso declarativo firme.
IV.Valga decir, además, que es evidente la improcedencia de la demanda, desde la perspectiva del derecho, como presupuesto material de toda sentencia estimatoria, cuya ausencia es palmaria e incuestionable, lo que permite la aplicación de los incisos 1 y 9 del numeral 35.5 de la ley no. 9342, debidamente empleados en la sentencia que declaró la improponibilidad. La parte actora tampoco puede venir a entablar otro proceso, buscando una usucapión agraria, cuando carece de título que justifique su posesión, como lo exige el canon 853 del Código Civil, que también regula la prescripción positiva en esta materia, con excepción de la modalidad especial regulada en la Ley de Tierras y Colonización, abiertamente improcedente, como se dirá. Ahora, la representación de la sociedad accionante intenta desmarcarse de los alcances de lo que se resolvió en el ordinario no. 20-000098-0391-AG, alegando que el asunto, de oficio, debe ser resuelto conforme a los artículos 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización.
Según se entiende, se apela a dichos preceptos, en el tanto los mismos regulan la usucapión especial agraria, en la que se prescinde de los requisitos de título traslativo de dominio y buena fe posesoria, en los términos de la legislación común, siempre y cuando se trate de un bien que sea explotado, de manera efectiva, por una familia que lo necesita para sobrevivir; es decir, por un estado de necesidad. Sin embargo, no solo no fue esto explicado claramente en el recurso, sino que tampoco se observa en toda la demanda invocación alguna a dicha figura, lo que lo hace sorpresivo y por ende improcedente en esta instancia (numeral 589 del Código de Trabajo, aplicable conforme a la cláusula de integración prevista en el ordinal 61 de la Ley de Jurisdicción Agrario). En todo caso, es indubitable y clara la improcedencia de la usucapión al amparo de esa figura, considerando que la misma actora ha insistido en que se dedica a una actividad Ganadera a gran escala con renombre nacional e internacional, al amparo de la marca “Niño” (hecho quinto de la demanda, visible a imagen 3 del escrito inicial).
Incluso, se dio cuenta de que la representante de la empresa tiene empleados bajo sus “órdenes y administración” (hecho sexto). Es imposible, en esas condiciones, otorgar un título de propiedad, al socaire de la figura de la usucapión especial agraria, no solo por las dimensiones de la empresa que sugiere la misma parte actora -lo que dista de ser una actividad de mera subsistencia-, sino, además, porque la promotora es una sociedad, sin que se haya alegado, en ningún momento, que la actividad desplegada es para la supervivencia de una familia en particular. Se insiste, lo natural y esperable en este tipo de acciones especiales es que lo presente una persona física para su propia supervivencia y la de su familia, nada de lo cual ha ocurrido. Tampoco existe grado alguno de probabilidad de que se llegue a declarar una usucapión ordinaria, en la que sí se exige el título traslativo de dominio, conforme al artículo 853 del Código Civil, cuando el carácter ilícito del título adquisitivo que pretendió invocar la parte actora para justificar su posesión, en las informaciones posesorias, ya fue determinado como espurio e inoponible ante el aquí demandado, en sentencia con carácter de cosa juzgada material.
Esto se aclara complementariamente y en respaldo de los presupuestos de improponibilidad asociados a la evidente e indiscutible falta de derecho, como presupuesto esencial para la eventual estimación de toda demanda, sin perjuicio de la incuestionable operación de la cosa juzgada.
V.En mérito de las razones expuestas, esta Sala arriba al convencimiento de que lo procedente será disponer el rechazo del recurso y confirmar lo resuelto por el Tribunal.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso de casación incoado por la parte actora. DRUDIN.
Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos
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