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Res. 01126-2021 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 13/07/2021

Invalidity of Private Title in the Maritime-Terrestrial ZoneNulidad de titulación privada en zona marítimo terrestre

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied both cassation appeals and preserved the invalidation of the possessory proceeding and title concerning land within the restricted maritime-terrestrial zone, with each appellant bearing its own costs.La Sala rechazó ambos recursos de casación y mantuvo la nulidad de la información posesoria y del título sobre la finca ubicada en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, con costas a cargo de cada recurrente.

SummaryResumen

The First Chamber denied the cassation appeals filed by the State and Naciente Selva Cristal S.A., thereby preserving the invalidation of the possessory-title proceeding through which land located entirely within the restricted area of the Manuel Antonio maritime-terrestrial zone had been privately titled. The transitional regime established by Law 4558 exceptionally permitted title to such parcels when more than thirty years of continuous, undisturbed, public, peaceful, owner-like possession were proven. Mario Golcher Avendaño’s documentary chain, however, contained a break because one transfer occurred without the participation of a co-possessor. Consequently, when the possessory proceeding began in 1971, the evidence established only sixteen years of uninterrupted possession. Applying in dubio pro natura, the Chamber construed the exceptional titling requirements restrictively to protect the environment and public domain. It also rejected challenges that were procedurally unavailable or newly introduced at the cassation stage. Both appeals were denied, with each appellant ordered to bear the costs associated with its own appeal.La Sala Primera rechazó los recursos de casación interpuestos por el Estado y Naciente Selva Cristal S.A. y mantuvo la nulidad de la información posesoria mediante la cual se tituló una finca situada íntegramente en la zona restringida de la zona marítimo terrestre de Manuel Antonio. El régimen transitorio de la Ley 4558 permitía excepcionalmente titular esas parcelas si se demostraban más de treinta años de posesión continua, quieta, pública, pacífica y a título de dueño. Sin embargo, la cadena documental presentada por Mario Golcher Avendaño contenía una ruptura: uno de los traspasos fue realizado sin la concurrencia de uno de los coposeedores. Por ello, al iniciar la información posesoria en 1971, únicamente se acreditaban dieciséis años de posesión ininterrumpida. La Sala aplicó restrictivamente los requisitos excepcionales, conforme al principio in dubio pro natura, para proteger el ambiente y el dominio público. También rechazó agravios procesalmente improcedentes o novedosos y condenó en costas a cada recurrente.

Key excerptExtracto clave

For this Chamber, it is undeniable that Transitory Provision III of Law 4558, the Maritime-Terrestrial Zone Tourism Development Law of April 22, 1970, published in La Gaceta No. 104 of May 12, 1970, temporarily opened the possibility for possessors of areas located in the restricted zone of the MTZ to obtain title to their parcels. To do so, they had to demonstrate more than 30 years of continuous, undisturbed, public and peaceful possession as owners, through the procedure established by the Possessory Information Law. The Chamber further finds that the Tribunal’s interpretation concerning the lack of continuity is consistent with the “in dubio pro natura” principle (Articles 50 of the Constitution and 11 of the Biodiversity Law), because this case requires determining whether a private party satisfied the statutory requirements—which are exceptionally demanding—for obtaining title to property within the restricted area of the MTZ. Any interpretation as to whether those requirements were met must, in case of doubt, be restrictive and protective of the environment and, of course, the public domain. Thus, interpreting the cited contract against the title claimant fully accords with the pro natura principle; consequently, the invalidity and resulting nullity of the possessory-title proceedings, as declared by the court below and affirmed by the Tribunal, are legally sound, and the judges committed none of the violations alleged by the appellant. The appeals are denied. Each party that filed an appeal shall bear its costs.Para esta Sala resulta innegable, el Transitorio III de la Ley 4558, Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítima Terrestre, de 22 de abril de 1970, publicada en La Gaceta 104 del 12 de mayo de 1970, abrió momentáneamente la posibilidad, a los poseedores de áreas ubicadas en la zona restringida de la ZMT, a fin de que obtuvieran la titulación de sus parcelas. Para ello debían demostrar una posesión de más de 30 años en forma continua, quieta, pública y pacífica y a título de dueños, lo anterior a través del procedimiento dispuesto por la LIP. Se estima además que la interpretación hecha por el Tribunal en cuanto a la no solución de continuidad, se ajusta al principio de “indubio pro natura” (numerales 50 de la Constitución Política, y 11 de la Ley de Biodiversidad), pues tomando en cuenta que en la especie se trata de discernir si un particular contó con los requerimientos “por demás excepcionales” de ley, a fin de titular un bien ubicado en la zona restringida de la ZMT, cualquier interpretación del cumplimiento o no de tales requisitos debe ser realizada en forma restrictiva, en protección del ambiente y por supuesto, del demanio público, en caso de duda. De esa suerte, la interpretación en contra del titulante en torno al contrato de cita, se ajusta en un todo al principio pro-natura, por lo cual, la invalidez y consecuente nulidad de las diligencias de información posesoria, declarada por el A Quo y ratificada por el Tribunal, se encuentra ajustada a derecho, sin que se observe incurrieren los jueces en los quebrantos apuntados por la parte recurrente. Se declaran sin lugar los recursos. Son las costas a cargo de cada una de las partes que lo formuló.

Pull quotesCitas destacadas

  • "No obstante, visto que la venta del señor Barboza Carrillo a don José Céspedes no contó con la firma del copropietario, señor Jerónimo Barboza Mora, no es dable contrastar la posición esbozada por el Tribunal, en el sentido de que dicha secuencia de traspasos de derechos posesorios fuera hecha -sin solución de continuidad-, toda vez que uno de los traspasos no contó con las dos firmas de sus titulares."

    "Nevertheless, because the sale by Mr. Barboza Carrillo to Mr. José Céspedes did not bear the signature of the co-owner, Mr. Jerónimo Barboza Mora, there is no basis for disputing the Tribunal’s conclusion that the sequence of transfers of possessory rights lacked continuity, since one transfer did not contain the signatures of both right holders."

    Considerando XII

  • "No obstante, visto que la venta del señor Barboza Carrillo a don José Céspedes no contó con la firma del copropietario, señor Jerónimo Barboza Mora, no es dable contrastar la posición esbozada por el Tribunal, en el sentido de que dicha secuencia de traspasos de derechos posesorios fuera hecha -sin solución de continuidad-, toda vez que uno de los traspasos no contó con las dos firmas de sus titulares."

    Considerando XII

  • "Desde esa óptica resulta irrelevante si el señor Golcher presentó el último de los traspasos como documento público, o si fue notificada o no la Corporación local, lo anterior por cuanto, al solicitar el proceso de información posesoria el 1º de octubre de 1971, solo probó contar documentalmente con una posesión ininterrumpida de 16 años, incumpliendo el plazo determinado por la Ley 4558, según la cual, a ese efecto debía superar los 30 años de posesión continúa."

    "From that standpoint, it is irrelevant whether Mr. Golcher submitted the final transfer as a public instrument or whether the local government was notified, because when he requested the possessory-title proceeding on October 1, 1971, the documentary evidence established only 16 years of uninterrupted possession, falling short of the period set by Law 4558, which required more than 30 years of continuous possession."

    Considerando XII

  • "Desde esa óptica resulta irrelevante si el señor Golcher presentó el último de los traspasos como documento público, o si fue notificada o no la Corporación local, lo anterior por cuanto, al solicitar el proceso de información posesoria el 1º de octubre de 1971, solo probó contar documentalmente con una posesión ininterrumpida de 16 años, incumpliendo el plazo determinado por la Ley 4558, según la cual, a ese efecto debía superar los 30 años de posesión continúa."

    Considerando XII

  • "En efecto, los reclamos por irretroactividad de la ley, o aplicación por derogatoria de la norma desplazada resultan absolutamente innovadores en esta etapa. Lo anterior lesiona lo dispuesto por el mandato 608 del CPC, circunstancia que obliga a su rechazo, toda vez que no pueden ser objeto del recurso extraordinario cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes."

    "Indeed, the claims concerning nonretroactivity of the law or the application of a repealed superseded rule are entirely new at this stage. This contravenes Article 608 of the Code of Civil Procedure and requires their rejection, because issues not timely raised and debated by the litigants may not be considered in an extraordinary appeal."

    Considerando XIV

  • "En efecto, los reclamos por irretroactividad de la ley, o aplicación por derogatoria de la norma desplazada resultan absolutamente innovadores en esta etapa. Lo anterior lesiona lo dispuesto por el mandato 608 del CPC, circunstancia que obliga a su rechazo, toda vez que no pueden ser objeto del recurso extraordinario cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes."

    Considerando XIV

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

PJEDITOR Document Case: 99-000260-0163-CA Decision 001126-F-S1-2021 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty-five a.m. on July thirteenth, two thousand twenty-one.

Ordinary Contentious-Administrative Proceeding brought by RODOLFO MUÑOZ BARRIENTOS, of legal age, married, hotel entrepreneur, resident of Quepos, represented by Dr. Roberto Yglesias Mora in his capacity as special judicial attorney-in-fact (folio 13); against the ESTATE OF MARIO GOLCHER AVENDAÑO, who during his lifetime and when this proceeding was filed was of legal age, married, an attorney, a resident of Curridabat, now deceased, represented by its executor, Attorney Federico Carlos Alvarado Aguilar; LLAMA DEL BOSQUE SOCIEDAD ANÓNIMA, corporate identification number 3-101-049331, represented by Gene Austry Brown, of legal age, married, social worker, resident of New York, United States of America, whose resident agent in the country is Attorney José Antonio Casafont Odor, of legal age, married, attorney, resident of San José; and THE STATE, represented by State Attorney Jose J. Barahona Vargas and Deputy State Attorney Mauricio Castro Lizano, both of legal age, married, and attorneys; and NACIENTE SELVA CRISTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, corporate identification number 3-101-206914, represented by its general attorney-in-fact with unlimited authority, Harry Mcmulan III, of legal age, married, entrepreneur, United States citizen, bearer of passport number 150601201, and its special judicial attorneys-in-fact Ricardo Alberto González Mora and Manfred Fischel Robles, both of legal age and attorneys. The Municipalidad de Aguirre y Parrita and Arribo de la Tortuga Sociedad Anónima S.A. appear as interested parties.

Justice Vargas Vásquez writing for the Court; and,

WHEREAS

I.Rodolfo Muñoz Barrientos sued Inversiones Picón S.A. (hereinafter Inversiones Picón), Mario Golcher Avendaño, Llama del Bosque S.A., and the State. He stated that, on June 16, 1998, he acquired real property in Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas, measuring one hectare and 517.11 m2, according to registered survey plan no. P-496930-98. He asserted that said land had formed part of other properties owned by don Mario Golcher and that, following various subdivisions (segregaciones) and transfers, it became property no. 6-054481, registered in the name of Villas Vista del Mar S.A. He explained that, excluding the area of the previous subdivision—now registered in his name—the remainder of that parent property was affected, both in the Registry and physically, by an overlap (traslape) with another property titled by don Mario Golcher and initially acquired in the form of ownership interests by Inversiones Picón, and in 1982 by Llama del Bosque S.A., which property is now registered under property number 6-044889-000.

He noted that Mr. Golcher Avendaño not only transferred a one-half interest to Inversiones Picón but was also the original titleholder of the estate registered in the name of Villas Vista del Mar S.A., from which his land was subdivided. In other words, he added, Mr. Golcher was the original person granting title in two independent chains of ownership concerning the land subject to the overlap. He further stated that, in the ordinary proceeding handled under case no. 1185-3-87, this Chamber determined ownership in favor of Inversiones Picón. He argued that, because the overlap of rights was partial with respect to Villas Vista del Mar, the lot he acquired from that property fell outside the dispute. He stated that Inversiones Picón acquired property 6-044889-000 from Mr. Golcher, according to plan P-10989-71. He emphasized that the boundary (lindero) separating his lot from the one possessed by Inversiones Picón S.A. does not currently correspond to the “true dividing line” shown on the registered survey plan under which Mr.

Golcher acquired it. He alleged that the general plan for the parent property titled by don Mario was no. P-53982, which shows in that sector the same distance recorded on plan P-10989-71, namely, that there is a distance of 150 linear meters between boundary markers (mojones) 0 and 5, which was the measurement under which he acquired the property. He stated that, on April 27, 1983, Inversiones Picón corrected the original plan for the lot in question (no. P-10989-71), increasing the distance between boundary markers 1 and 7—which on the prior plan (P-10898-71) correspond to boundary markers 0 and 5—by 7.52 meters. By doing so, he clarified, it enlarged that parcel by 1.500 m2, placing a fence almost eight meters inside his property along the boundary separating them. He recounted that, subsequently, in 1985, Inversiones Picón formalized boundary-correction proceedings (diligencias de rectificación de lindero) before the Civil Court of Puntarenas, increasing the area of its property at the expense of his lot.

He further specified that the property possessed by the defendant lies entirely within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre; hereinafter ZMT), at Playa Espadilla, Quepos, and that its southern boundary is the 50-meter “inalienable strip,” with 205 meters of frontage along it. He stated that the title originated in a possessory-information proceeding (información posesoria) conducted by don Mario Golcher in 1971 pursuant to transitory provision III of law 4558, which allowed persons who proved more than 30 prior years of possession to obtain title within the ZMT. He asserted that the testimony given in that proceeding did not establish that, as of April 1979, Mr. Golcher had met that period of possession. He emphasized that, nevertheless, the final decision of the Second Contentious-Administrative Court stated that possession for more than 30 years had been proven. He added that the titling was unlawful, detrimental to the public domain, and therefore null and void.

He requests that the judgment declare: a) that the possessory-information proceeding brought by Mario Golcher Avendaño under court case no. 1641-71 before the Second Contentious-Administrative and Civil Treasury Court did not satisfy the substantive legal requirements for granting him ownership of the land described in the complaint (now his estate)—Puntarenas property no. 44889-000—and therefore the judgment rendered in that proceeding is invalid and absolutely null and void; b) that the registration of the referenced property is invalid and absolutely null and void; c) that said land never ceased to constitute public-domain property (bien demanial); d) that, consequently, all transfers of said property after its original registration in the Registry are unlawful, invalid, ineffective, and absolutely null and void, including the conveyances by Mario Golcher Avendaño in favor of the co-defendants, the conveyance from Llama del Bosque to Inversiones Picón, and all subsequent conveyances to any third party.

Accordingly, the cancellation of all registrations resulting from those transfers must be ordered by writ or certified copy of the judgment. In the alternative, he requests: e) a declaration that the boundary correction shown on registered survey plan no. P-502694-83, referring to property no. 6-044889-000, as well as the boundary-correction proceedings, are unlawful and absolutely null and void and, therefore, unenforceable against him, such that a formal boundary determination, demarcation, and placement of boundary markers (deslinde formal, demarcación y amojonamiento) between the two properties must be conducted according to their true legal location. Accordingly, the registration of said plan with the Catastro Nacional and the reference to it in property 6-44889-000 must be canceled; f) that the boundary currently separating the plaintiff’s property from the ZMT—or, in the alternative, if the asserted public-domain status is not declared in whole or in part, from property no. 44889-000—does not correspond to the true legal location it must have legally, physically, and cadastrally; g) that, as a result of the stated correction of area, his land was reduced by 1500 m2, which must be restored to him when the boundary markers are placed during enforcement of the judgment; i) that the judgment must definitively locate the dividing line between his land and the ZMT or, alternatively, between the two registered properties to which this case refers, and boundary markers must be placed during enforcement of the judgment; j) that the expenses of removing and replacing the boundary markers and fences be borne by the co-defendants and don Mario Golcher—now his estate—; k) that a period of two months be established for the co-defendants to place the boundary markers and fences in accordance with the judgment and, should they fail to do so, that he be permitted to do so at the expense of the noncompliant co-defendants, at no cost to the State; l) that both categories of litigation costs be imposed upon the parties opposing the complaint.

The Court recognized the Municipalidad de Aguirre, Naciente Selva Cristal S.A., and El Arribo de la Tortuga S.A. as interested parties. Inversiones Picón denied the complaint and raised the defenses of res judicata (cosa juzgada), expiration (caducidad), mandatory joinder of defendants (litis consorcio pasivo necesario), lack of standing and lack of a legal right, and statute of limitations (prescripción). The State denied the complaint. Both the estate of Mario Golcher Avendaño and Llama del Bosque were held in default. Naciente Selva Cristal S.A. was substituted procedurally for Inversiones Picón. The Court deemed the legal representative of Inversiones Picón to have confessed by default. It partially sustained the defense of lack of a legal right and rejected the remaining defenses. It granted the complaint and declared null and void possessory-information proceedings no. 1641-1971, conducted by Mr.

Golcher Avendaño before the Second Contentious-Administrative Court. It ordered the cancellation from the Registry of Puntarenas property no. 44889-000 because it forms part of the restricted area of the ZMT, the delimitation of which is the responsibility of the State through the IGN (as are its physical divisions, such as the dividing fence). It ordered the State to place boundary markers and delimit the boundaries of the ZMT where property 6-044889-000 is located. It imposed the litigation costs upon Naciente Selva Cristal S.A. and the State. It found a lack of standing and current interest as to co-defendants Llama del Bosque and the Estate of Mario Golcher Avendaño, with respect to whom it dismissed the complaint, exempting them from payment of costs, which it imposed upon Naciente Selva Cristal S.A. and the State. The Court modified the judgment only insofar as it ordered the State to pay costs, from which it exempted the State. It affirmed the judgment in all other respects. Dissatisfied, the State and Naciente Selva Cristal appeal on points of law.

The State’s Appeal on Procedural Grounds

II.The appellant in cassation (casacionista) raises a single ground of this nature. It alleges lack of congruence (incongruencia) and contradictory provisions, in violation of articles 155 and 594 subsection 3) of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil; hereinafter, CPC). It states that the challenged judgment, in its Considerando IX, indicates: “...since the nullity of the titling has been decreed and cancellation of the registry entry for property No 6-044889-000 has been ordered, no boundary determination (delimitación) may be made between it and the plaintiff’s property. Meanwhile, the demarcation and determination of the exact boundary between the plaintiff’s property and the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) cannot be performed either by the plaintiff or by the private co-defendants; rather, it is incumbent upon the Institute to identify and place the corresponding boundary markers (mojones).” It notes that the judgment then states in its Por tanto: “It is declared that said land forms part of the restricted zone (zona restringida) of the maritime-terrestrial zone of playa Manuel Antonio on the coast of the Océano Pacifico, and that delimitation of the maritime-terrestrial zone is the responsibility of the State, through the Instituto Geográfico Nacional, with respect to placement of the maritime-terrestrial-zone line (as well as its physical separations, such as a dividing fence), pursuant to articles 1, 2, 4 and 9 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, and articles 1, 3 and 10 of the Ley de creación del Instituto Geográfico Nacional No 59 de 1944.

The State shall proceed as set forth above so that the corresponding actions may be taken to place boundary markers (amojonamiento) and delimit the boundaries of the Zone in which property 6-044889-000 is located, in order to protect the maritime-terrestrial zone in accordance with article 10 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.” It adds that the appellate judgment considers the placement of boundary markers in the restricted zone to be a natural and legal consequence of granting the principal claims. It points out, however, that none of the claims asserted requested that the State, through the IGN, place boundary markers in the restricted zone. It comments that, in the trial-court judgment, Considerando IX, the A quo granted claims 1, 2, 3 and 4 of the complaint and denied subsidiary claims 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Accordingly, it considers that the question of whether the plaintiff was required to physically demarcate the property ceased to be relevant when the request to establish the boundary (deslinde) between the claimant’s property and the State-owned land declared to be in the public domain (dominio público) was denied.

It therefore argues that the appellate judgment violates article 155 of the CPC and falls within the ground set forth in subsection 3) of article 594 thereof, because the order to demarcate the Restricted Zone is not a consequence of the principal claims. It states that the statement of grounds for appeal (memorial de agravios) of 21 de noviembre de 2016, objection IV (folios 1239-1241), asserts that ordering the IGN to demarcate the Restricted Zone constitutes the defect of granting relief beyond that requested (incongruencia por extra petita), since this was not sought in the complaint. It cites decisions of this Chamber in support of its position. It adds that the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted at 11 horas 15 minutos del 1° de agosto de 2012 confirmed the existence of two concrete IGN boundary markers painted yellow (folios 729-730); this also follows from IGN report DGT-388-12 of 14 de agosto de 2012 (folios 744-746), which the A quo admitted as a new document, Considerando I, (folios 1172 v-1173).

It notes that the report was prepared by the same official who participated in the judicial inspection, based on data from the ZMT “geodatabase,” linked to the National Coordinate System (Sistema Nacional de Coordenadas), in which he identified in red the line of the Restricted Zone, 150 metros wide, adjoining the 50 metros of the Public Zone (Zona Pública), shown in green. It notes that the foregoing also coincides with the expert evidence (prueba pericial) of 16 de julio de 2013, prepared after a field survey, with the topographic location of IGN boundary markers 12 al 18. It recounts that the report indicates that boundary marker 15 dates from 15 de mayo de 1979 and confirmed that the bearings (derroteros) of the cadastral plans (planos catastrados) are tied to boundary markers 13 and 16, which identify the 50 metros Public Zone and, therefore, the 150 metros “concessionable” zone (folios 812 in fine y 815).

It states that the supplementary expert report of 7 de octubre de 2013, points 1 and 5, also concludes that the IGN boundary markers are reliable for locating the cadastral plans examined in the expert assessment and that the expert survey plan was prepared with an actual and undeniable reference to those markers (folios 856-857). It specifies that the report of 18 de diciembre de 2013, point 2, indicates that the field survey was conducted on the basis of plans P-10989-1971 and P-502694-1983 because they share the IGN boundary markers, which are fixed and reliable points (folio 873). It reveals that the Public Zone marked off here is the one referenced in its filing of 20 de enero de 2006, in response to allegation 20 of the complaint (folio 495), which is in turn described in IGN official communication DGT-388-12 (folios 744-745), submitted with its filing of 16 de agosto de 2012 (folio 746), and which also coincides with the expert report (folios 808-840) cited in the filing of 28 de agosto de 2013 (folio 853).

It alleges that the issue was revisited in the closing arguments (conclusiones) of 27 de mayo de 2016 (folio 1125-1126), adding that demarcation of the Public Zone identifies the common-use strip of the ZMT and the beginning of the Restricted Zone, an indispensable requirement for granting concessions. It explains that the “demarcation” (demarcatoria) of the Public Zone forms part of the administrative boundary determination (deslinde administrativo) and establishes the beginning of the Restricted Zone through the placement of IGN boundary markers (opinion C-264-2004); nevertheless, this was not requested by the plaintiff in its claims, nor is it necessary, because the record shows that it has already been demarcated. It states that the National Coordinate System must be used to perform cartographic and geodetic work affecting the coastal strip, under the terms of the Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642, articles 1, 2, 4, 18, 19, 20 and 21, (hereinafter REDZPZMT), and Decreto 33797, provision 11, using the information available in that System concerning the IGN’s demarcations of the Public Zone (statement of grounds for appeal of 21 de noviembre de 2016, objection IV, folios 1239-1241).

In its view, the challenged judgment, 109-2016-11, Considerando VI, in fine (folios 1293- 1294), finds the placement of boundary markers in the Public Zone insufficient and extends that characterization to the information contained in IGN report DGT-388-12 (folios 744-746), which also identified in red the line of the 150 metros Restricted Zone. Nevertheless, it contends, that judgment cancels the registration of the property at issue and finds established in proven fact 10 (folio 1175) that the property is located entirely within the Restricted Zone, adjoining the IGN boundary markers that demarcate the Public Zone, a technical-legal fact (hecho técnico-jurídico) sufficient to resolve the claims. It asserts that this proven fact states that the property under examination is located within the Restricted Zone, which borders the Public Zone to the south. It adds that the A quo judgment later states, in its Considerando IX, that the judicial inspection conducted—whose record appears at folios 729 and 730—shows the proximity of the disputed property to the coastline.

Finally, it states that the expert report by Ing. Portilla Barquero, appearing at folios 808 to 840, contains topographic survey sheets showing the conditions of the disputed boundary, as well as several cadastral plans, from which it can be seen that property no. 2, -no. 44889-000-, lies between the end of the 50 metros strip of the Public Zone and extends 123 metros northward from IGN boundary marker 13, along the eastern and southern boundaries. It states that it likewise extends 150 metros northward from the midpoint between boundary markers 15 and 16. Thus, the property in question is located within the 150 metros strip of the ZMT. It states that proven fact 10, and the other facts in the A quo judgment, are upheld by the appellate judgment in Considerando II (folio 1260). It therefore maintains that the challenged judgment is contradictory because it could not find the essential fact in the proceedings—that the entire property at issue lies within the Restricted Zone—to have been sufficiently established by relying on the placement of boundary markers in the Public Zone while simultaneously, and contradictorily, deeming that placement insufficient.

III.Regarding the first claim, this Chamber has held that inconsistency (incongruencia) occurs when there is a lack of harmony between the litigants’ claims and what is decided in the operative part of the judgment; that is, when the judge decides issues not requested at the procedural stages established for that purpose, grants more than was requested, or fails to decide claims or defenses. (In this regard, reference may be made, among others, to judgments numbers 408, issued at 14 hours 30 minutes on 28 de junio del 2006; 41, issued at 9 hours on 26 de enero de 2007; and 478- 2008, issued at 8 hours 30 minutes on 18 de julio de 2008). In this specific case, two particular matters are raised. First, that in its complaint the plaintiff did not request, among its principal claims, that the State be ordered, through IGN, to place boundary markers around the Restricted Zone (Zona Restringida), which the Court nevertheless ordered.

Second, that the challenged judgment is internally contradictory because it could not find it proven that the entire property at issue is located within the Restricted Zone while nevertheless ordering the placement of boundary markers around the Public Zone (Zona Pública). Regarding the demarcation of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT), the Court stated that delimiting the property while respecting the 200 meters of the ZMT ceased to be relevant or of interest once subsidiary claims 5, 6, 7, 8, 9 and 10, which sought the establishment of boundaries, demarcation, and placement of boundary markers between the plaintiff’s property and State property, were denied. This was because the latter had been declared public-domain property (bien público demanial), to which the claimant acquiesced. That is, it stated that the land forms part of the Restricted Zone, without consequently ordering the physical establishment of the boundary between the plaintiff’s property and State property, but instead ordering the State, through IGN, to take the appropriate steps for the geographic demarcation of the boundaries and placement of boundary markers around that national zone.

It added that this could be done without having to allocate human resources and public funds to establish and identify the boundary of the plaintiff’s property (6-109427-000). In any event, it explained, the provisions of Article 302 of the Civil Code apply to every owner, without excluding the State as a matter of principle, and all of this was ordered to protect that zone, which by law is a primary obligation of the State by virtue of the public interest represented in this case by the provisions of the laws concerning the ZMT and the creation of IGN. It therefore emphasized that this is not a case of inconsistency, since the order issued is a natural and legal consequence of granting the claims in the complaint. The Court further noted an evident issue concerning the State’s standing (legitimación), because it does not participate in these proceedings as the plaintiff but as the defendant, and because this matter was not the subject of a counterclaim (reconvención) either.

It also rejected the State’s arguments as to whether IGN has authority to assist the State, since that authority derives from its own enabling law, by reason of its subject-matter jurisdiction as a State body whose primary function, plainly in the public interest, is to prepare the Geographic Chart and Cadastral Map of the Republic, as well as to conduct studies, research, or work of a geographic, geodetic, and geophysical nature and, of course, to carry out the geographic demarcation of the boundaries and placement of boundary markers around the Restricted Zone. Furthermore, it held that the decrees cited by the State do not negate IGN’s authority to perform that work and also deemed insufficient the assertion that the Public Zone had already been marked with boundary monuments. From the foregoing, it is clear that the judgment did not incur the defect of inconsistency. Although it orders the placement of boundary markers around the Public Zone in relation to the plaintiff’s property, it does not do so by exceeding what was requested in the proceedings through the granting of a subsidiary claim together with the principal claims, but rather in accordance with the comprehensive provisions of Articles 123 and 290.4 of the Code of Civil Procedure.

Indeed, Article 123 thereof provides that several claims may be asserted in a single complaint, provided that they are connected. In this case, the request for the placement of boundary markers is not inconsistent with the relief granted by the Court; rather, it is based on public-interest considerations as a consequence of what the judges have determined to be the powers and obligations conferred by law upon IGN and the State. In accordance with the foregoing, it is clear to this Chamber that the Court did rule on the issues raised, without incurring the defect of inconsistency, and therefore the claim must be rejected.

State’s appeal on substantive grounds

IV.In its sole claim of this nature, it alleges infringement through failure to apply Articles 61 and 62 of Decreto 7841, Reglamento a la Ley 6043; Articles 1, 4, 18; 19, 20 and 21 of the Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642; and Article 11 of Decreto 33792, as well as the improper application of Articles 1, 2, 3, 4, 9 and 10 of Ley 6043 and Articles 1, 3 and 10 of Ley 59 de 1944. It considers it contrary to law to order IGN to place boundary markers along the boundary of the Restricted Zone. It explains that the operative part of the first-instance judgment states that demarcation of the ZMT is the responsibility of the State, through that Institute, which must therefore undertake the corresponding actions to demarcate and place boundary markers along the boundaries of the Zone in which property 6-044889-000 is located.

It argues that, in doing so, the judgment improperly applies Articles 3 and 10 of Ley 59 de 1944 and Articles 1, 2, 3, 4, 9 and 10 of Ley 6043, since none of them grants that Institute authority to place boundary markers around the Restricted Zone. It asserts that this constitutes an error repeated in the appellate court’s judgment, which considered such authority to be included among IGN’s responsibilities for preparing the geographic chart and cadastral map. It interprets the power to demarcate and place boundary markers around the Public Zone as being expressly established by Reglamento a la Ley 6043, Decreto 7841, in Articles 62 and 63, which state: “Article 62.- Concessions may not be granted for lots where the Public Zone has not been demarcated. For this purpose, each municipality shall demarcate the Public Zone along the coastline within its jurisdiction, particularly in those areas of the Maritime-Terrestrial Zone where the construction of works or buildings is contemplated, and shall commission the necessary studies for this purpose from Instituto Geográfico Nacional, which shall perform the demarcation in accordance with Article 2 of these regulations, except along coastlines undergoing highly dynamic coastal formation processes, where the Public Zone shall be demarcated according to the boundaries established by Instituto Geográfico Nacional based on the studies it conducts in each case.

To cover the cost of the demarcation, municipalities may charge concessionaires whose lots adjoin the Public Zone a fee per linear meter of frontage, calculated by dividing the cost of the demarcation by the number of linear meters covered by it. Persons interested in commissioning the demarcation of the Public Zone must request authorization from the respective municipality; once authorization has been obtained, they may contract with the aforementioned Institute, and the interested parties shall bear the cost.” “Article 63.- Instituto Geográfico Nacional shall publish a notice in the Official Gazette regarding each portion of the Maritime-Terrestrial Zone in which it has demarcated the Public Zone. Dirección General de Catastro shall not register any plan that does not bear the approval of Instituto Geográfico Nacional with respect to the demarcation of the Public Zone.” It states that establishing the boundary of the Public Zone determines not only the coastal strip for common use but also the beginning of the Restricted Zone strip and its width of one hundred fifty meters, as established by Ley 6043, Article 10.

It asserts that the challenged judgment disregards the full effects and scope of Articles 62 and 63 of Decreto 7841, in relation to Article 10 of Ley 6043, and to that extent fails to apply them. It states that, in the first claim, it explained that the proceedings established, through a judicial inspection (reconocimiento judicial), a technical report from IGN, and expert evidence (prueba pericial), that the Public Zone in the coastal sector at issue is properly demarcated and marked with boundary monuments. It adds that, for this reason, the judgment infringes, through failure to apply, the Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642, Articles 1, 2, 4, 18, 19, 20 and 21, and Decreto 33797, Article 11, which likewise establish IGN’s authority to demarcate the Public Zone through the National Coordinate System (Sistema Nacional de Coordenadas), thereby allowing all surveys and cartographic and geodetic activities conducted in the national territory to be referenced, including those of owners and private parties who undertake or commission cartographic or geodetic work, who must reference their surveys in accordance with that demarcation.

It notes that, based on the IGN boundary monuments demarcating the Public Zone in Manuel Antonio, the first-instance judge determined that the property at issue lies entirely within the Restricted Zone (folio 1182). Accordingly, it argues, the scope of that placement of boundary markers cannot be disregarded in order to require, sua sponte (de oficio), an additional placement of boundary markers, thereby ignoring the digitized information contained in the National Coordinate System, which is useful for identifying both the Public Zone and the Restricted Zone and is of particular interest to the entity administering the ZMT (Ley 6043, Articles 3, 13, 17, 34 and 35).

V.For this adjudicatory body, the claim is unfounded. The appellant in cassation (casacionista) seeks to establish a violation of Articles 62 and 63 of Decreto 7841, in relation to Article 10 of Ley 6043, as well as of the Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642, Articles 1, 2, 4, 18, 19, 20 and 21, and Article 11 of Decreto 33797. Nevertheless, the cited legal basis substantiates IGN’s authority to participate in the placement of boundary markers around the Public Zone at the site under examination. Indeed, although the provisions alleged to have been violated are not cited by the Court in its judgment, they do establish IGN’s authority in the stated matters. This follows clearly from the provisions under analysis, which refer to IGN’s authority to place boundary markers around, demarcate, and delimit the ZMT. Thus, it cannot be argued that the Court erred in ordering IGN to place boundary markers around the Public Zone of the ZMT on the ground that it violated provisions establishing that body’s authority to do so, still less when those provisions concern the performance of a legislatively mandated public obligation, namely, the placement of boundary markers around the Public Zone.

Accordingly, even if the Court omitted mention of the cited provisions when ordering the State, through IGN, to undertake the placement of boundary markers under examination, it did not commit the alleged statutory violation because, as reiterated, those articles establish IGN’s authority to perform the tasks ordered in the judgment. Consequently, the claim must be rejected.

Appeal by Naciente Selva Cristal S.A. on procedural grounds

VI.The appellant raises three procedural grievances, which this Chamber reorganizes so as to address first the claim of incongruence (incongruencia). In the first objection (the second in the appeal), she alleges a violation of the principle of congruence (principio de congruencia). She alleges infringement of Article 24, first paragraph, of the LRJCA and Articles 99, 153, and 155 of the CPC. She outlines that, when filing the action, the plaintiff argued as the sole ground for seeking annulment of the registration of the property title that the then titleholder, Mario Golcher Avendaño, had not possessed the land for 30 years or more, basing his assertion on the witnesses’ deposition testimony. She states that, in view of the foregoing, she argued that the Court was required to rule within the limits of the claims asserted, as provided in the first paragraph of Article 24 of the LRJCA, or, alternatively, to grant a hearing regarding the grounds on which it considered the possessory-information proceeding (proceso de información posesoria) null and void, as set forth in the First-Instance judgment, thereby altering the cause of action (causa de pedir), since those other matters were not subjected to adversarial proceedings (contradictorio) in the present case, resulting in an incongruent judgment.

She adds that the Tribunal endorsed that position in the judgment under challenge and dismissed the appeal filed. She asserts that this renders the judgment null and void because it violates the principle of congruence, a situation that the Tribunal could not have endorsed because, under Article 24 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa) and Articles 99 and 155 of the CPC, it was required to ensure that the judgment was rendered within the limits established in the complaint. She further notes that the court below (A quo) ordered cancellation of the registry entry (asiento registral) for property no. 044889-000, but now, unexpectedly, anticipates and refers as an established fact to the cancellation of Puntarenas property no. 154679-000, without any prior directive (prevención) having been issued to allow her to prepare her defense.

This placed her in a state of defenselessness (indefensión) and legal uncertainty (inseguridad jurídica), because cancellation of the registry entry for Puntarenas property no. 154679-O00 was never a matter of dispute at either first or second instance. In the second ground, she alleges a violation of Article 24 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (hereinafter, LRJCA) and Articles 106, 155, and 315 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil). She argues that, according to the complaint, the ruling issued by the Second Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Juzgado Contencioso Segundo Administrativo y Civil de Hacienda) in proceedings initiated by the late Mario Golcher Avendaño is being challenged; because those proceedings are in the nature of non-contentious judicial activity (actividad judicial no contenciosa), the plaintiff should have included the Administrative Board of the National Registry (Junta Administrativa del Registro Nacional) as a defendant.

She adds that, alternatively, pursuant to the provisions alleged to have been infringed, the A quo should have issued the requisite directive requiring the plaintiff to amend the complaint to include the Junta Administrativa del Registro Nacional, given that the matter in dispute is the annulment of registry entries (inscripciones registrales). She observes, however, that this was neither done nor identified by the Tribunal, although it was required to do so under Article 155(b).- of the CPC. In addition, she contends that, under Article 24 of the LRJCA, if the Tribunal observed that the action submitted for judicial consideration had not been properly assessed by the A quo or the parties because there appeared to be other grounds capable of supporting the action or the defense, it should have ordered a remand (reenvío) so that the First-Instance Court could, by procedural order (providencia), grant the interested parties a period of eight days in which to submit such arguments as they deemed appropriate in defense of their rights and interests, while suspending the time limit for rendering judgment.

She states that, although this should have been identified by the Court and the plaintiff, it is also true that, pursuant to Article 155 of the CPC, any defects or omissions in the proceedings should have been detected by the Tribunal when ruling on challenges. In her view, the infringement of the cited legal provisions resulted in affirmance of a judgment that violates this Chamber’s case law in every respect, insofar as the Junta Administrativa del Registro Nacional was not joined in the proceedings. She believes that, at this stage of the proceedings, it is impossible to determine whether the Registry’s actions are manifestations of the administrative function, independent of orders issued by judicial bodies in possessory-information proceedings, or merely acts implementing judgments issued by those judicial bodies, without any independent decision-making content. For that reason, it is proper to join the body possessing instrumental legal personality (personalidad jurídica instrumental) that is directly responsible for those registrations, namely, the Junta Administrativa del Registro Nacional.

Nevertheless, she explains that, because this is a procedural stage at which the proceedings cannot be redirected against the Junta Administrativa del Registro Nacional and the incomplete compulsory joinder (litis consorcio necesario incompleto) cannot therefore be cured, as the issue is precluded (precluido), she requests that the complaint be declared inadmissible and that the claimant be ordered to pay attorney fees and procedural costs (costas personales y procesales). She says that this follows because the First Chamber, in decision N° 636-F-2006, indicates that even in proceedings conducted to conclusion under the provisions of the LRJCA, when annulment is sought of registry entries arising from non-contentious judicial activity, bodies possessing instrumental legal personality must be joined together with the principal entity on which they depend, in this case, the State. In the third objection, she alleges a failure to provide reasons (falta de fundamentación), in violation of Articles 99 and 155 of the CPC.

She considers that there was a lack of analysis and an incorrect ruling concerning the plaintiff’s standing (legitimación) to bring the complaint. She states that, in answering the complaint and throughout the proceedings, the plaintiff’s lack of standing was asserted and has continued to be argued. She maintains that he lacks standing to bring the action because he has no legitimate or direct interest in the proceedings. Nevertheless, in her interpretation, that issue was decided by the A quo and affirmed by the Tribunal a priori and without any reasoning whatsoever. She states that this Chamber’s case law has repeatedly affirmed the courts’ inescapable duty to decide all matters submitted for their consideration with proper reasoning. In her view, it is insufficient to state a very general concept of standing, as the First-Instance Court did and the Tribunal subsequently affirmed, to the effect that the plaintiff, by virtue of being a Costa Rican citizen, has standing to bring an action in defense of the ZMT.

She believes that, pursuant to Article 10. 1(a) of the LRJCA, both the A quo and the appellate tribunal (Tribunal de alzada) should have conducted a rigorous analysis and provided reasons for their ruling on the plaintiff’s standing, because under the former law governing this matter when the action was filed, a person was required to have standing to bring an action in his own name and to seek annulment of a property title. She indicates that, given the strictly personal nature of the right granted through the possessory-information proceeding, only its holder has standing to seek its annulment through this avenue, particularly because the restricted zone (zona restringida) is the only portion of the ZMT included in the registered cadastral plan (plano catastrado) for his property. The public zone (zona pública) is excluded from that plan and, pursuant to Article 35 of the Law on the ZMT (Ley Sobre la ZMT), is reserved exclusively for the free movement of persons; any private individual may seek protection of that zone before the courts.

In her interpretation, this does not apply to the restricted zone, title to which is held by the Municipality, since the municipal entity reserves that area of the ZMT for itself in order to grant concessions to private parties who satisfy the statutory requirements. In her opinion, with respect to active or passive “legitimatio ad causam,” the persons with standing in the action are those whose rights will be legally and directly affected, favorably or adversely, by the final judgment. Following this line of reasoning, she emphasizes that the judgment provides no benefit whatsoever to the plaintiff. Indeed, she notes that if the challenged judgment becomes final, the portion of land in the restricted zone included in the plan for her estate will simply revert to the Municipality’s assets, which could then choose either the concession mechanism or the settler status (figura de poblador), without the plaintiff benefiting in any way.

She advances arguments concerning the scope of standing. It follows, she continues, that the First-Instance Judge and the Tribunal whose decision is under appeal, disregarding the principle of legality (principio de legalidad), failed to dismiss the complaint at its inception in view of the plaintiff’s lack of standing. This capacity to sue, arising from the position of the person in relation to the procedural claim asserted, requires identity between the plaintiff and the right claimed in court, but no such identity exists in the present proceedings. She reiterates that the grant of title to State property through a judicial possessory-information proceeding constitutes a fundamental right to property inherent to the human person and of a strictly personal nature; only the holder legally vested for such purposes may assert it in court. Accordingly, third parties other than the holder may not appear in court to challenge the judicial decision granting the title unless the conditions arising under Articles 16 and 17 of the LIP are present.

She explains that this is because actions seeking the extinguishment or modification of rights generated by the grant of title to land located in the restricted zone of the ZMT may be brought only by the titleholder and are nontransferable; hence, the plaintiff in these proceedings lacks the standing required by law for that purpose. She comments that, although Article 10 of the LRJCA recognizes standing to sue (active legitimatio ad causam) for persons alleging impairment of legitimate or direct interests, in this case the plaintiff has suffered no infringement of a legitimate interest or subjective right (derecho subjetivo) that may be protected through judicial proceedings. She adds that, even though the plaintiff plainly has a personal interest in the outcome of a favorable judgment establishing the overlap that he alleges exists between his property and that of the party she represents, that circumstance does not confer standing on him to bring the present complaint, at least not in this jurisdiction.

She further states that even if the plaintiff prevails in these proceedings, he would not specifically obtain a declaration or recognition of a legitimate interest or subjective right, which only the municipal authorities may grant following an arduous concession process involving numerous applicants. She argues that it may thus be concluded with perfect clarity that the claimant has no connection whatsoever with the subject matter of the proceedings, namely, a declaration that the judicial possessory-information proceedings are null and void—an act that could be challenged only by the holder of that right, namely, the Municipalidad de Aguirre.

In this regard, it disputes the plaintiff’s standing (legitimación) based on a derivative or indirect interest that might arise from obtaining a favorable judgment or, alternatively, if the Court deemed it appropriate to endorse the position of the Trial Judge, it should at least have clearly stated the grounds for that decision, rather than relying solely on the fact that the plaintiff, as a Costa Rican citizen, is entitled to bring an action, a circumstance that, in its view, does not confer standing upon him. It adds that the Court failed to consider that, by setting the judicial machinery of the Judiciary in motion, the plaintiff seeks to sever a diffuse or collective right (derecho de carácter difuso o colectivo) and claim it as his own personal right, a theory that is unacceptable because, although that right lies within the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT), it is located in the restricted zone (zona restringida), title to which is held by the Municipalidad de Aguirre. It emphasizes that said Municipal Corporation, as the party that would benefit from a potential favorable judgment, did not bring the action in these contentious-administrative proceedings (sede contenciosa); therefore, the ruling denying the objection for lack of standing (excepción de falta de legitimación) must be vacated in its entirety.

VII.Regarding the first procedural grievance, since it concerns a claim of inconsistency between the relief sought and the judgment rendered (incongruencia), it is appropriate to establish the scope of the relief requested and its conformity with the decision. The plaintiff requested declarations that: a) the possessory title proceeding (información posesoria) instituted by Mario Golcher Avendaño through judicial expediente no. 1641-71 before the Second Administrative Litigation and Civil Treasury Court did not satisfy the substantive legal requirements for granting him title to the land described in the complaint (now held by his estate)—Puntarenas property no. 44889-000—and therefore the judgment issued in that proceeding is invalid and absolutely null and void; b) the registry inscription (inscripción registral) of the aforementioned property is invalid and absolutely null and void; c) notwithstanding the aforementioned titling, that land never lost its status as public-domain property (bien demanial); d) therefore, the transfers of that property subsequent to its original inscription in the Registry are unlawful, invalid, ineffective, and absolutely null and void, including the conveyances by Mario Golcher Avendaño to the co-defendants; the conveyance from Llama del Bosque to Inversiones Picón; and all subsequent conveyances to any third party.

Accordingly, a writ or certified copy of the judgment (ejecutoria de sentencia) must order the cancellation of all inscriptions generated by those transfers; e) in the alternative, a declaration that the correction of the boundary (rectificación del lindero) shown on registered survey plan (plano catastrado) no. P-502694-83, pertaining to property no. 6-044889-000, as well as the judicial boundary-correction proceedings instituted by Inversiones Picón before the Civil Court of Puntarenas, are unlawful and absolutely null and void and therefore unenforceable against him, and that he is instead entitled to request the formal boundary survey, demarcation, and placement of boundary markers (deslinde formal, demarcación y amojonamiento) between the two properties in accordance with their true legal location. Consequently, the inscription of that plan in the National Cadastre and the reference to it in property 6-44889-000 must be canceled; g) that the boundary currently separating the plaintiff’s property from the maritime-terrestrial zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT), or, in the alternative, if the asserted public-domain status is not declared in whole or in part, the boundary of property no. 44889-000, does not correspond to its true legal, physical, and cadastral location; h) that, as a result of the aforementioned correction of area, his land was reduced by 1500 m2, which must be restored to him when the boundary markers are placed during enforcement of the judgment; i) that the judgment must definitively locate the dividing line between the plaintiff’s land and the ZMT or, failing that, between the two registered properties at issue in these proceedings, and boundary markers must be placed during enforcement of the judgment; j) that the costs of removing and replacing the boundary markers and fences shall be borne by the co-defendants and Mr.

Mario Golcher—now his estate—; k) that the co-defendants be granted a period of two months to place the boundary markers and fences in accordance with the decision, failing which he may do so at the expense of the noncompliant co-defendants and at no cost to the State; l) that both categories of costs (ambas costas) be imposed on the parties opposing the complaint. For its part, the Court (in a judgment affirmed on appeal except as to costs) granted the complaint and declared null and void possessory title proceeding no. 1641-1971, conducted by Mr. Golcher Avendaño. It ordered the cancellation from the Registry of Puntarenas property no. 44889-000 because it forms part of the restricted zone of the ZMT, the delimitation of which is the responsibility of the State, through IGN, with respect to its boundary with the ZMT (as well as its physical divisions, such as the dividing fence). It ordered the State to place boundary markers and delimit the boundaries of the ZMT where property 6-044889-000 is located.

It imposed costs on Naciente Selva Cristal S.A. and the State. It found a lack of standing and current interest (legitimación e interés actual) as to co-defendants Llama del Bosque and the Estate of Mario Golcher Avendaño, as to whom it dismissed the complaint, exempting them from payment of costs, which it imposed on Naciente Selva Cristal S.A and the State. The Tribunal further explained that, when the judgment is understood as a unified whole, it ordered the cancellation from the Registry of the initial inscription of property 6-44889-000, extending the nullifying effects, by connection and natural consequence, to all entries recorded in the registry record. It noted that property 6-154679-000, registered in the name of Naciente Selva Cristal S.A., derives, according to its registry history and the judgment itself, from the same original parent property, folio no. 6-0448889-000, which was registered in setiembre de 2007 together with the inscription of the notice of the present ordinary proceeding, references 474-15066-01-0001-001.

It added that the judgment not only declares null and void possessory title proceeding no. 1641-1971, conducted by Mr. Mario Golcher Avendaño before the then Second Administrative Litigation Court, but also orders the cancellation of the inscription and registry record of Puntarenas property no. 044889-000. It stated that, when the judgment is understood as a unified whole, that declaration of nullity and order of registry cancellation relate to Naciente Selva Cristal S.A., not only because the ordinary complaint filed by Rodolfo Muñoz was granted against that company with respect to those claims, but also because that same property, currently registered under folio no. 6-154679 in the name of Naciente Selva Cristal S.A., derives, according to its registry history and the information in the case record, from the same original property, folio no. 6-044889-000. It therefore concluded that the appellant’s assertion that the annulment and cancellation relate only to the current Estate of Mr.

Golcher Avendaño, and that Naciente Selva Cristal S.A. acquired that title as a good-faith third party in reliance on the Registry, was dismissed as unfounded. In light of the foregoing, this Chamber finds it clear that the Tribunal did not commit the alleged error of inconsistency. The nullity of the record corresponding to Puntarenas property no. 6-154679, registered in the name of Naciente Selva Cristal S.A., is the logical and legal consequence of the declared nullity of the record for property folio 6-044889-000 because, as the judges noted, the former derives from the latter. The judges therefore did not commit the alleged error, and the grievance must accordingly be dismissed.

VIII.With respect to the second and third procedural grounds, the claims are inadmissible. The appellant alleges a violation of the provisions of section 24 of the LRJCA, as well as sections 106, 155 and 315 of the CPC. It likewise contends that the Tribunal failed to provide reasons concerning the plaintiff’s standing on the merits (legitimación ad causam). However, it is clear that the aforementioned grievances do not fall within the exhaustive grounds established by section 594 of the CPC, which prevents this Chamber from examining them further; they must therefore be rejected.

Appeal by Naciente Selva Cristal S.A. on substantive grounds

IX.In her principal appeal, the appellant raises a single ground on the merits. Nevertheless, the fourth procedural challenge is included for analysis, insofar as it actually constitutes a claim based on substantive grounds, together with five grounds raised in a supplemental brief. In the first objection (the fourth ground of the appeal), she alleges infringement of provisions 330, 369, 370, and 595 of the CPC, as well as Article 1 subsection g) of the LIP, due to failure to observe the privileged evidentiary value of the evidence introduced into the record (error of law). She argues that, when filing the proceeding, the plaintiff offered the record of the “non-contentious” judicial possessory information proceeding (información posesoria), processed before the Second Administrative and Civil Court of the Treasury under no. 1641 of 1971, alleging solely in his complaint that the applicant for title (titulante) had failed to prove through his witnesses that he had possessed the property for 30 years or more, a fact endorsed by the Tribunal in the challenged judgment.

However, she emphasizes, it failed to observe that the title obtained through possessory information was not registered until 1982, as is evident from the record submitted by the plaintiff himself to prove his assertion. She states that the Tribunal affirmed the judgment while disregarding the privileged or superior value of that document, which, as provided by Articles 569 and 570 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), constitutes a public document, and that, accordingly, as of the date on which that title was registered—1982—he had already possessed it for 32 years. She notes that the title giving rise to the registration of the property was issued directly by the judicial authority (Second Administrative and Civil Court of the Treasury). She further argues that the Tribunal likewise failed to observe that, under Article 1 subsection g) of the LIP, presentation of a public instrument of transfer is not the only means of evidence for proving possession, because when the applicant for title has not possessed the property for ten years, he may tack on the possession exercised by his transferors, for which purpose he must submit a public instrument recording the transfer of his right, though not those of previous possessors.

She states that this means that, if the applicant for title has possessed the property for 10 or more years, he need not submit the public instrument of transfer; nevertheless, both adjudicators failed to observe this fact. She considers that, although the witnesses offered by the applicant for title, Golcher Avendaño, did not state that he had possessed the land in question for 30 years or more, this was because the Judge was directed by operation of law to follow the procedure established by the LIP, which requires only possession for more than 10 years (Article 1 of the LIP), and therefore the Judge did not inquire beyond the 10 years required by Article 1 of those provisions, which does not diminish the possession he exercised for 32 years. She further states that the Tribunal failed to observe that, pursuant to Article 1 subsection g) thereof, the applicant for title, Golcher Avendaño, was permitted to select the means of evidence of his choice to prove his possession, because he had exercised it for more than 10 years; therefore, contrary to the challenged Tribunal’s erroneous assertion, submission of the public instrument of transfer was not indispensable.

She maintains that the Tribunal disregarded this evidence of privileged status, thereby violating the essential content of Articles 569 and 570 of the CPC, as well as Article 1 subsection g) of the LIP, which resulted in affirmance of the challenged judgment and the consequent annulment of the property title, all through a gross error of law arising from its failure to accord proper weight to the evidence submitted by the plaintiff. In the second challenge (the fifth ground of the appeal), she alleges errors of fact and law in the assessment of the evidence. She states that this led to the improper annulment of the property title created through the possessory information proceeding brought by Mr. Mario Golcher Avendaño. She states that the unlawfulness attributed to the Tribunal’s decision rests on two points. First, an error of fact concerning the contents of the documents submitted by Mr.

Mario Golcher in Possessory Information proceeding no. 164 1-71, namely: a) Contract of Sale dated 1º de diciembre de 1950, between Romeo Restani Seregatti, Francisco Barboza Carrillo, and Jerónimo Barboza Mora; b) Contract of Sale dated 1º de octubre de 1952, between Francisco Barboza Castillo and José Céspedes Salazar; c) Contract of Sale dated 17 de abril de 1955, between José Céspedes Salazar and Mario Golcher Avendaño (folios 258 through 261 of Volume I of the record). Second, an error of law concerning the legal value and significance of those agreements in light of the provisions applicable to the case (LIP). She states that the Tribunal’s legal assessment of both items of evidence is erroneous, not only regarding the validity and effectiveness of those private contracts as documentary evidence in a possessory information proceeding, but also regarding the possibility of proving continuous possession of real property for purposes of obtaining title thereto.

She states that, procedurally speaking, they entail defective reasoning in the judgment and constitute separate grounds for cassation (casación) based on indirect violation, namely, errors of fact and law in the assessment of the evidence. She cites decisions of this Chamber in support of her position. She contends that there is an error of fact concerning the actual content of the evidence, because the aforementioned contracts, which supported the possessory information proceeding under review and the registry entry now being annulled, were incorrectly assessed. She explains that both the Court and the Tribunal infer from that evidence something it does not reflect, namely, that Mr. Mario failed to satisfy the requirements of Transitory Provision III of Ley 4558 concerning continuous possession of the property for more than 30 years. However, she notes, the actual documentary evidence amply proves such possession.

In her view, the documents submitted clearly establish compliance with the requirement imposed by law. She states that, as declared by the court below (A quo) and reiterated by the Tribunal, Mr. Golcher Avendaño failed to prove the chain of transfers—without interruption in continuity of the property—up to the point when he acquired possession. She argues that it is clear, pursuant to provision 1º of LIP no. 139, that the applicant for title could tack on the possession exercised in good faith by the owners or possessors of the parcel for which title was sought. She notes that, through a contract of sale dated 1º de diciembre de 1950, Mr. Romeo Restani Seregatti (owner) sold Francisco Barboza Carrillo (buyer) a 30-hectare tract of land in Playa Manuel Antonio, bordering the Océano Pacifico with 300 meters of frontage, and that, after noting the presence of two witnesses, the document states that the possession sold covered 17 years.

She argues that the principal error of fact contained in the decisions of both the Court and the Tribunal is that they infer from the document something it does not state: that Jerónimo Barboza Mora also purchased possession of the land. Certainly, she asserts, the heading states “the undersigned” and mentions Mr. Romeo, Mr. Francisco, and Mr. Jerónimo, but the body of the document states: “That the first sells to the second, who accepts,” meaning that Romeo sells to Francisco. Accordingly, she asserts, Jerónimo made no declaration of intent in that contract and therefore neither purchased nor obtained any possession of the land in question. She maintains that, through a contract of sale dated 1º de octubre de 1952, Francisco Barboza Castillo (the sole possessor of the land) sold the property in question to José Céspedes Salazar (folio 259). Subsequently, she continues, on 17 de abril de 1955, Mr.

José Céspedes Salazar sold the specified unregistered parcel to Mario Golcher Avendaño, thus clearly establishing the chain of transfers: the right of possession passed from Romeo Restani Ceregatti to Francisco Barboza Carrillo, then to José Céspedes Salazar, who transferred it to Mario Golcher Avendaño. She emphasizes that this totals 22 years of possession of the unregistered land. She states that both the Court and the Tribunal objected in that proceeding that Mr. Francisco Barboza Carrillo sold the property to Mr. José Céspedes on 1º de octubre de 1952, which, according to the Tribunal, he did unilaterally, that is, without the participation of co-possessor (coposeedor) Jerónimo Barboza Mora. However, she states, it has been established that Jerónimo Barboza Mora did not purchase the land; only Mr. Francisco Barboza Carrillo did so, meaning that his signature alone was sufficient to sell it.

She maintains that, in the Tribunal’s view, the uninterrupted chain of transfers of possession of the property was broken, which is erroneous; it is clear that there is an error of fact in the assessment of the documentary evidence relating to the successive contracts of sale of the property because Mr. Jerónimo Barboza Mora never purchased the property and was never its owner, so his signature was not necessary for its sale. She states that, by committing that error of fact and perceiving something the documentary evidence does not say, the Tribunal violated substantive rules. Regarding the error of law, she argues that the Tribunal committed such an error when assessing the documentary evidence establishing the possession that Mr. Mario Golcher Avendaño received from the previous possessors. She explains that the error consists of introducing into Transitory Provision III of Ley 4558 (Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre) a requirement not contained in that provision: that the final document through which possession is acquired must be a public instrument.

She states that this requirement appears in Article 1 of the LIP but is not expressly included in the cited Transitory Provision III. She indicates that it is also evident that the requirement to notify the Municipalidad is not established by law; nevertheless, both the Court and the Tribunal treat it as a validity requirement and therefore annul the title issued through the possessory information proceeding. She states that, if the law does not impose it as a requirement, it likewise cannot constitute grounds for annulling the possessory information proceeding in question. She continues that, because the error of fact concerns the actual content of the cited documentary evidence rather than its legal evidentiary value, she does not cite any provision directly violated in that regard. She reaffirms that the document says one thing and the Tribunal understands another, which is the essence of the error she invokes.

She emphasizes that, regarding the error of law involving infringement of the laws governing the value of evidentiary documents establishing the transfer of possession, she cites as violated Transitory Provision III of Ley 4558—Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre—which was improperly interpreted, and provision 1º of the LIP, which was improperly applied to a case not governed by its provisions. Concerning the requirement of notification to the Municipalidad de Aguirre (formerly Aguirre y Parrita), she argues that, because it does not exist in any law and the Tribunal likewise cites none, it cannot be invoked as having been violated; nevertheless, the Tribunal assumes that it is a legal requirement, thereby violating both Transitory Provision III of Ley 4558 and provision 1 of the Ley de Informaciones Posesorias. She states that the specific provision governing the possibility of obtaining title to lots or properties in the ZMT when Mr.

Mario Golcher Avendaño filed his judicial application for title was Transitory Provision III of Ley 4558. She explains that the provision literally stated: “Transitory Provision III.- Those persons who prove that they have possessed, quietly, openly, peacefully, and as owners, lots or properties in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo-terrestre) for more than thirty years may apply for title to them, subject to the reservation referred to in Article 6 of this law, even if they possessed such properties during part of that period as lessees under contracts entered into with the State or its Institutions.

The procedure shall be that prescribed by the current LIP. In this case, there shall be no limitation regarding the size of the lot or property to be registered in the interested party’s name.” In this regard, he objects that the established requirement is to prove possession of the land for more than 30 years. He maintains that no specific form of evidence is prescribed, but only proof of such possession; therefore, he understands that any evidence permitted under ordinary law is admissible for that purpose. He comments that at the time there was no special requirement concerning the documents that could prove the transfer of possession of the land, since Transitory Provision III thereof did not require the documents to be public instruments. He emphasizes that the procedure established for titling is the one prescribed by the LIP, as a reference to the procedure itself (a procedural matter), but that the same substantive requirements (a substantive matter) established by that Law are required.

He explains that, in fact, the requirements concerning possession differ between the two laws. He stresses that it may therefore be concluded that the substantive requirements for registering the parcel at issue in 1971 were those set forth in Transitory Provision III thereof, whose procedure was governed by sections 5 through 11 of the LIP, since those provisions regulate the procedural portion of that law. He specifies that the requirements established by Article 1 of the LIP did not apply to the titling carried out by Mr. Mario Golcher, because the substantive requirements applicable to the particular case were those set forth in Transitory Provision III of law 4558. He thus interprets that the documents proving the transfer of possession in the case under review were not required to be public instruments but could be private documents, which accounts for the error of law committed by the Court and the Tribunal.

He observes that none of the provisions applicable to the particular case mentions notification of the local Municipality as a validity requirement; therefore, if the Tribunal understands it as such, it violates the cited legislation by assigning it content that those provisions do not contain. In his view, the judgment’s reliance on the fact that no public instrument was submitted for the final transfer, as required by Article 1 of the LIP, without the Court having noticed this, constitutes another “absolute defect.” He states that, with respect to substantive requirements, Transitory Provision III was a special and specific provision and imposed no special evidentiary requirement for proving 30 years of possession. He therefore asserts that, because Transitory Provision III of law 4558 did not establish that substantive requirement, the proper conclusion is that the contract for the sale of possession of unregistered property is valid and effective for obtaining title to the land, as was duly done.

He further states that, because the legislation does not require notification of the local Municipality, the absence of such notification must not be deemed grounds for nullity; consequently, the title obtained by Mr. Mario Golcher is fully valid and effective under the law in force in 1971. Finally, he alleges violation of section 330 of the CPC, which requires judges to consider all evidence received and assess it in accordance with the rules of sound judicial evaluation (sana crítica), while respecting the evidentiary weight assigned to each item of evidence by the CPC itself and, of course, the weight that other laws may assign to each evidentiary item. He states that the Tribunal assessed the evidence erroneously by denying it the weight it legally possesses. He explains that the violation, through nonapplication, of Article 1 of the LIP arises because that provision establishes requirements for the ordinary system of possessory title proceedings (Informaciones Posesorias); however, the proceeding conducted by Mr.

Mario Golcher Avendaño was a special application based on a Transitory Provision that was in force for a short time and is no longer in effect. He asserts that it concerned the titling of land in the ZMT, for which specific substantive requirements differing from those contained in section 1 of the LIP had been established. He therefore contends that applying the requirements of that section to a case not covered by its provisions entails a violation of the law through its improper application to a case in which it was inapplicable. He asserts that only the LIP’s procedural provisions were applicable, not its substantive requirements. He further states that Transitory Provision III of law 4558 specifically governed the titling proceeding conducted by Mr. Mario Golcher Avendaño, establishing that possession for more than 30 years had to be proven, but without prescribing in advance or otherwise the type of evidence that could be used specifically to prove such possession.

He explains that this Transitory Provision III was directly violated because the Tribunal assigns it content that it does not have and derives from it a requirement not established by the article. Indeed, he reasons that the Tribunal understands that, if the possession periods of previous possessors are to be aggregated in ZMT possessory title proceedings, the final transfer document must be a public instrument. He nevertheless alleges that, because the provision under discussion (Transitory Provision III) contains no such requirement, both the Trial Court and the Tribunal violate the section by construing it differently from what follows from its text. Expansion of the Appeal: In the first expanded ground of grievance, he alleges improper assessment of the evidence in violation of sections 5, 153, 155, 318, 330, 369, and 370 of the CPC. He observes that, when the claimant filed the administrative-law action in 1999, he submitted as documentary evidence the cadastral survey plan for the land he owned and court file no. 1641-1971 from the possessory title proceeding, documents by which he sought to prove that he was acting in defense of ZMT lands and thereby obtain recognition of his standing to bring the action.

He notes that recognizing the claimant’s standing violates the principles governing the evaluation and assessment of evidence, because it severs a right over land located in the ZMT and appropriates it to allege and support the standing granted. He argues that the judges disregarded the fact that, under section 10 of the LRJCA, the claimant could not seek a declaration of illegality and, where applicable, the annulment of acts and provisions issued by the authorities, because he lacked a legitimate and direct interest in seeking annulment of the title registered in the name of Mr. Mario Golcher Avendaño and the subsequent owners. He adds that the claimant did not challenge the decision granting the title registered in Mr. Golcher’s favor, but rather the possessory title proceedings, which, in his view, confer no rights whatsoever. Nor, he says, did the claimant hold a subjective right arising from the legal system that could be deemed infringed by the challenged act or provision.

In his view, had the aforementioned documentary evidence been assessed in accordance with the rules of rational sound judicial evaluation set forth in section 330 of the CPC, the judges would have concluded that the land titled by Mr. Golcher Avendaño in the Restricted Zone could not be subdivided (fraccionarse) to grant the claimant a right and, consequently, standing to appear before that court and file suit. He cites legal doctrine concerning the scope of standing in the action (legitimación en la causa). He states that the LRJCA applicable to the particular case governs standing in sections 10, 11, 12, 13, and 14. He alleges that the first of those sections governs standing to sue (legitimación activa) and provides for different circumstances requiring a legitimate interest or a subjective right. He notes that this interest must possess certain characteristics to qualify for protection in administrative and judicial proceedings.

First, he argues, annulment of the act must provide a benefit to the claimant, consisting of the elimination of an act harmful to him or, at a minimum, being useful or advantageous to him. Second, he argues, the nullity must have a direct and immediate effect on the challenger’s legal position; accordingly, the material interest must be directly altered by annulment of the challenged act. Third, he asserts, the interest must be personal, such that the administrative act must have an indirect or immediate effect within his legal sphere. Thus, he maintains, a so-called simple interest is not entitled to protection—namely, an interest relating to respect for legality in administrative activity—which may belong to all citizens or to particular groups without vesting in a specific person (diffuse interest (interés difuso)). Fourth, he considers that the interest must be current and certain and must therefore exist when the complaint is filed, either because harm or impairment has occurred, and must continue throughout the proceedings until issuance of a final judgment having the force of substantive res judicata (cosa juzgada material).

He continues that, when the foregoing requirements are assessed in relation to the claimant, the decision granting the title registered in favor of Mr. Mario Golcher Avendaño did not harm the claimant in any way, since he neither held nor holds any right over the portion of land located in the restricted zone of the ZMT; that is, he was neither a concession holder nor the owner of the privately owned portion of land outside the ZMT. Indeed, he emphasizes that, on the date title was granted to the land at issue in these proceedings, the claimant was not even a resident of Quepos. He therefore emphasizes that no current and certain interest existed when the complaint was filed. On the contrary, he states, that lot belonged to the Municipalidad de Quepos; however, the Land-Use Plan (Plan Regulador) for the coastal sector of Playa Espadilla de Manuel Antonio, where the property at issue in these proceedings is located, did not enter into force until 2001.

Consequently, the claimant could not even have aspired to become its concession holder, because, until a Land-Use Plan is implemented for a coastal sector of the ZMT, no concessions may be granted, according to the opinions of the Controlaría and the Procuraduría General de la República (hereinafter PGR). This is so, he argues, because the public zone measured from ordinary high tide and the restricted zone have not been demarcated; therefore, the claimant suffered no impairment of or harm to his rights. Furthermore, because that strip of coastal land forms part of the restricted zone of the Quepos ZMT, the claimant does not possess the interest that is an essential prerequisite for treating him as a party with standing in these proceedings. He states that, when he filed the appeal in cassation (recurso de casación), he argued that the claimant’s requested relief seeks to recover the portion of land that the claimant considers his own because of an alleged overlap (traslape), an issue already resolved by a judgment having the force of substantive res judicata; however, the claimant is neither a party with standing or a direct interest in these proceedings nor the holder of any subjective right.

He states that the Court and the Tribunal overlooked the foregoing, in violation of sections 153 and 155 of the CPC, rendering the challenged judgment irregular because it does not conform to the proper structure required of judgments. He specifies that the lack of standing could even have been declared by the court on its own motion because it is a substantive prerequisite, unless the proceedings had been conducted to address the overlap issue on which the claimant sought relief in the alternative; as to that issue, his action was denied because the administrative-law courts were not the proper forum for litigating strictly personal claims such as the cited overlap. Under the second ground, he states that he expands the claim concerning violation of section 34 of the Constitución Política, regarding the prohibition against retroactive application of laws, in violation of Ley 4847 del 14 de octubre de 1971, Transitory Provision V of Ley 6043 and its Regulations, as well as the decision of the Corte Plena issued at extraordinary session no.

52 held on 2 de noviembre de 1972, published in Judicial Bulletin no. 215 of 03 de noviembre de 1972, whereby Transitory Provision III ibídem was unanimously declared contrary to Article 34 of the Political Constitution because it made its effects retroactive to 8 of the immediately preceding month of September. It explains that the court of first instance (A quo) annulled the title to the land in dispute without verifying whether Transitory Provision III of Ley 4558 was in force and producing legal effects, a decision endorsed by the Tribunal when it affirmed the judgment. It states that, to demonstrate the retroactive application of Transitory Provision III of Ley 4558 by both the Court and the Tribunal, it will recount the chronology involved in the possessory title proceedings (diligencias de información posesoria) instituted. It indicates that Mr. Mario Golcher filed the possessory title proceedings on 4 de octubre de 1971; pursuant to provision 5 of the LIP, ITCO and the PGR were notified so that they could present their defenses, and the PGR objected on the ground that the then title claimant (titulante) had filed his petition for possessory title (demanda de información posesoria) on 4 de octubre de 1971, a date on which Transitory Provision III of Ley 4558 had already been repealed by Ley 4847 of 14 de octubre de 1971.

It adds that this law provided that only possessory title proceedings filed with the courts by 08 de septiembre de 1971 could continue until their conclusion. It insists that, because of this objection, the Court stayed the proceedings, clearly prejudicing the title claimant. Nevertheless, it reports that, given that the Full Court, acting as the Constitutional Court, had unanimously declared Transitory Provision III of Ley 4558 contrary to Article 34 of the Political Constitution, the title claimant Mario Golcher Avendaño requested that the possessory title proceedings be resumed, which the Court ordered in diciembre de 1978, resulting in registration of the title in favor of Golcher Avendaño in 1982. It states that the aforementioned titling process was thus conducted under the guidelines, terms, and conditions of the LIP, as required by its provision 8, so that it could continue in accordance with the law once the obstacle had been overcome seven years later, without any defect capable of causing nullity.

It mentions that the error committed by the judges of the contentious-administrative jurisdiction was to apply to this matter the provisions of a transitory provision that had been repealed seven years before the titling process resumed, whereas the procedurally correct approach was to recognize the right granted by Transitory Provision III of Ley 4558, allowing the title claimant to initiate the titling procedure, but not to apply the other provisions contained in that transitory provision because it had been repealed. This, it says, follows from the impossibility of extending the effectiveness of an abolished law, as held by the Constitutional Chamber. It describes how the Tribunal’s error allowed its property title to be annulled, with the resulting damages and losses, since it has been unable to dispose freely of the cited property since these proceedings began in 1999. It continues that the Tribunal’s conduct flagrantly violates Article 34 of the Constitution through the indiscriminate application of an obsolete transitory provision, thereby retroactively applying laws whose effectiveness and effects had ceased to exist.

It reaffirms that the plaintiff used the provisions of Transitory Provision III of Ley 4558 in bad faith to mislead the adjudicators and thereby support an obviously fraudulent legal action. Yet it did not invoke, for the benefit of the party represented, the existence of a subsequent law that nullified the effects of the cited Transitory Provision III, thereby violating the principle of procedural good faith (lealtad procesal) and committing procedural fraud (fraude procesal), because they deliberately succeeded in having proceedings instituted on the basis of repealed and inapplicable legislation. In the expanded third ground of challenge, it alleges an indirect violation of law and therefore asserts infringement of Article 154 of the Political Constitution; provisions 2 and 8, subsection 1, of the Organic Law of the Judiciary; provisions 1 and 6 of LIP number 139 of 14 de julio de 1941; Transitory Provision III of Ley Número 4558; provision 5 of the CPC; and provision 856 of the Civil Code.

It alleges that, on the dates when testimony was received from the witnesses presented by the title claimant to prove possession (13 de marzo y 10 de abril de 1979), Transitory Provision III of that law had already been repealed for eight years by Ley 4847 of 14 de octubre de 1971. It states that, on that date, the LIP was the only existing legislation to which the adjudicator could resort once the titling process resumed, in order to avoid the retroactive application of laws. It recounts that the Second Contentious-Administrative Court of the Second Judicial Circuit of San José admitted and then stayed the proceedings following the PGR’s objection, ordering their reactivation once the PGR’s objection had been overcome. It cites legal scholarship on repeal in support of its position. It argues that Transitory Provision III was repealed by Ley 4847; therefore, because there was an express provision of equal rank concerning the subject matter of Transitory Provision III, validity attached to the later provision, which displaced the earlier law that it contradicted in whole or in part.

In other words, the 30-year period established by Transitory Provision III was displaced by the 10-year period provided for in the LIP because the latter contradicted it on that point. It cites the testimony given in the possessory title proceedings. It adds that, knowing that Transitory Provision III of Ley 4558 and its effects had been displaced—not by a later law, but by a provision in force, of equal rank, expressly governing the procedure for obtaining title to untitled land—the adjudicator correctly applied the provisions established in the LIP. It emphasizes that, once Transitory Provision III had been repealed, the courts handling those proceedings had to remedy the absence of the repealed law with respect to the period of possession that title claimants were required to prove. Therefore, when the 30-year period prescribed by a law that had already been displaced conflicted with the 10-year period established by a law that remained fully in force, the Court was obviously required to apply the provisions of the “Displacing Law.” It maintains that, pursuant to provision 8 of the Organic Law of the Judiciary, the LIP applied to the case under review because it remains in force and in accordance with the effects of the principle of repeal of laws.

It underscores that, considering that judges, as members of the Judiciary, are subject only to the Constitution and the law, as provided respectively in Articles 2 and 154 of the Organic Law of the Judiciary and the Political Constitution, they were required to exercise their duty to administer justice at first instance in accordance with the Constitution and the law; that is, to avoid applying the law retroactively and to apply the existing provisions that were fully in force. In the fourth objection, it alleges violation of provisions 11, 24, and 47 of the LRJCA, as well as provisions 106, 155, 194, 197, 198, and 315 of the CPC. It expands upon the claim concerning the improper joinder of the parties (integración de la litis). It states that, upon detecting that the plaintiff had maliciously omitted to sue the true successor in interest (derechohabiente) to the property at issue, the A quo should have ordered the plaintiff to join the Municipalidad de Quepos as a party.

It specifies that the Tribunal committed the same error by failing in its ruling to comply with the required structure of judgments and by failing to correct the procedural omissions in the case. In its view, although the A quo ordered notice to be served on the then Municipalidad de Aguirre, under the cited provisions all parties who might be affected by the judgment had to be brought into the proceedings. Moreover, the aforementioned Corporation was not served with the complaint either, and the record shows that the cited Municipality was not the author of the act or provision at issue in the case under review. It argues that the circumstances contemplated by provision 11, subsections 1 and 2, of that body of law are not present, nor is this an action seeking a declaration that an administrative act is injurious to the public interest (proceso de lesividad) such that notice could have been given in another manner.

It believes that this omission grossly violates provision 47 of the LRJCA, provisions 106, 173, and 315 of the CPC, and provisions 2, 19, and 20 of the Service of Process Law. It outlines that the Municipalidad de Quepos should have been treated as a defendant because it holds title to the lands located within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT) and should have been ordered joined to the action. It alleges that the foregoing requires the judgment to be quashed, insofar as the ruling could prejudice the interests of the aforementioned Corporation. Nevertheless, it comments that, because the proceedings have reached a stage at which they can no longer be redirected against the cited Municipality, that procedural stage having already closed (precluida), it requests that the complaint be declared inadmissible. In the fifth ground, it alleges an indirect violation of law resulting from errors of fact and law in the assessment of the evidence, in breach of provisions 317, 318, 330, 379, and 399 of the CPC.

It argues that the adjudicators proceeded from an erroneous premise when they declared the possessory title proceedings null and consequently annulled the property title, but did not annul the ruling that granted the registered title, on the ground that the chain of conveyances had been broken. This, it says, was because the judges found that the conveyance to José Cespedes Salazar had occurred without the participation of Jerónimo Barboza Mora and because the contracts were private documents. It further adds that, in the adjudicators’ view, the witnesses presented proved only 20 years of possession, rather than the 30 years required under Transitory Provision III ibídem. It explains that the grammatical meaning of provision 1, subsection g), and provision 4 of the LIP shows that there are two ways to prove the possession exercised by the title claimant over the property for which title is sought.

First, when the title claimant has not exercised possession for ten years, the claimant may tack on the possession of prior transferors (anteriores transmitentes), in which case the title claimant must submit the respective public instrument of conveyance (documento público de traspaso). However, it adds, that circumstance is not present here because, when the title claimant initiated the proceedings, his possession had already exceeded 10 years; therefore, it was unnecessary to submit a public instrument of conveyance. On the other hand, it maintains that, reading Article 4 of the LIP by contrary implication, if the title claimant does not possess any public instrument proving possession of the land for which title is sought for more than ten years, such possession must be proved through witnesses. It states that the testimony of the witnesses presented established that Mr. Golcher had possessed the land for 20 years at the time of the examination.

It says this was because the adjudicator did not question the witnesses regarding a longer period, since the proceedings were being conducted under the terms and conditions of the LIP due to the displacement of Transitory Provision III following its repeal. From that perspective, it concludes that the adjudicators failed to assess the evidence and the legislation applicable to the titling process as a whole.

X.For this adjudicatory body, both the first ground of the principal appeal and the fourth and fifth grounds of the supplement are procedurally defective. All three grievances are substantive in nature, since they seek to establish a failure to observe the privileged evidentiary value of the evidence entered into the case file: in the first instance, under the ground for cassation (casación) based on an error of law provided for in section 595(3) of the CPC; in the second, based on violation of sections 11, 24, and 47 of the LRJCA and 106, 155, 194, 197, 198, and 315 of the CPC, concerning what it regards as the duty to notify the Municipal Corporation; and, in the last, based on errors of fact and law in the assessment of the evidence. In connection with the foregoing and insofar as relevant to this case, this Chamber has stated that, under the aforementioned provisions of the Code of Civil Procedure, a violation of law may occur indirectly through errors of fact or law in the assessment of evidence.

In both circumstances, the improperly assessed evidence and the substantive provisions allegedly infringed by that conduct must be specified. In the case of the latter error, the provisions governing the value of the evidentiary item alleged to have been improperly weighed must also be invoked. In this specific case, although it is alleged that the judges did not properly assess evidence submitted to the proceeding by the plaintiff and that the Municipalidad de Quepos was not duly notified and joined to the proceeding, it is apparent, following the position repeatedly stated by this panel, that the grievance as framed departs from proper cassation practice because it fails to identify the substantive provision alleged to have been violated. This is so pursuant to section 595(3) of the CPC, under which it is essential to identify the laws substantively infringed as a consequence of the alleged errors of assessment. That omission requires the cited grievances to be summarily dismissed.

XI.Regarding the second objection, the Court stated that the judgment of the Judge A Quo is sufficiently explicit, in its recital IX, concerning the merits of the matter and the absolute defects that cannot be cured or asserted against third parties contained in the adverse-possession title proceeding case file (expediente de información posesoria), which led him to declare void the adverse-possession title proceedings (diligencias de información posesoria) N° 1641-1971, brought before the then Juzgado Segundo de la Contencioso Administrativo by Mario Golcher Avendaño. Consequently, it explained, this applied to the order canceling the registration and the original registry entry for the parent property—registration number 6- 044889-000–—because, as the A Quo found, it did not satisfy all the requirements established by law at the time. Among them, it assessed compliance with Transitorio III of Ley 4558, which provided that, for possessors to obtain title to real property located within the restricted zone of the ZMT, they were required to prove more than 30 years of continuous, undisturbed, open, and peaceful possession of the property.

It stated that the A Quo did not overlook the fact that the proceedings were initiated on 1o de octubre de 1971, only a few days before that transitional provision ceased to be in force. It added that Mr. Golcher Avendaño failed to prove, through the witnesses Benjamín Rosales Rosales, Moisés Fallas Abertazzi, and Oscar Ortiz Sequeira, the factual predicate established by the cited Transitorio. It observed that, apart from his assertion, the appellant does not cite the relevant witness testimony or pages of the cited case file, nor provide the corresponding transcript, to substantiate it. It recounted that Mr. Golcher Avendaño also failed to prove, through the sale documents, compliance with the requirement of Transitorio III of Ley 4558 because, on 1o de diciembre de 1950, Mr. Romeo Restani Ceragatti transferred possession to Francisco Barboza Carrillo and Jerónimo Barboza Mora. It specified that, as of that date, according to that private document, Mr.

Restani Ceragatti had possessed the property for 17 years (page 258 of expediente N° 1641-1971). Subsequently, it added, on 1º de octubre de 1952, Mr. Francisco Barboza Carrillo sold the property to Mr. José Céspedes Salazar, which he did unilaterally, that is, without the participation of Jerónimo Barboza Mora, the co-owner of the possessory interest (page 259 of that case file). Lastly, it stated that Mr. Céspedes Salazar sold the property to Mario Golcher Avendaño on 17 de abril de 1955 (page 260 of the adverse-possession title proceeding case file). Accordingly, it found that, apart from his assertion, the appellant did not establish the uninterrupted chain of transfers of the property or that all the agreements satisfied the legal requirements applicable to that proceeding. It outlined that, pursuant to section 1º of the LIP no. 139, in conjunction with section 863 of the Código Civil, the applicant for title could benefit from possession exercised in good faith by the owners or possessors of the property for which title was sought.

From that perspective, Mr. Golcher submitted the document transferring his right and the documents for the preceding transfers; however, it cannot be inferred from the foregoing that Mr. Golcher could benefit from all the years of possession recorded in those transfers, particularly the 17 years that Mr. Romeo Restani Ceragatti had accumulated as of 1o de diciembre de 1950, according to the private document. This is because they were transferred to Francisco Barboza Carrillo and Jerónimo Barboza Mora, but were not subsequently conveyed by both of them to José Céspedes Salazar. It explained that this was because Mr. Francisco Barboza Carrillo acted unilaterally, that is, without the participation of co-owner Jerónimo Barboza Mora. As a result, it noted, the uninterrupted chain of transfers of possession of the property was broken. It specified that Mr. Restani Ceragatti’s 17 years of possession therefore cannot be added to the 5 years during which the property was possessed by the subsequent owners (from 1950 to 1952 by the Barboza parties and from 1952 to 1955 by Mr.

José Céspedes). Although Mr. Golcher’s 16 years of possession, from 1955, when he acquired the property, until 1971, when he initiated the adverse-possession title proceeding, may be added to those 5 years, the sum of the two periods amounts to only 21 years of possession, thus failing to satisfy the period established by law, which was more than 30 years. It stated that the invalidity and consequent nullity of the adverse-possession title proceedings declared by the A Quo was based, among other reasons, on the fact that the chain and continuity of transfers was broken because Jerónimo Barboza Mora did not participate in the transfer of the property to Mr. Céspedes Salazar. It found that the foregoing was sufficient reason for the chain of transfers to be broken. It considered insufficient the contention that no “title to the property” existed at that time and that, consequently, the transfer was legally deemed valid, because the matter did not concern “property titles,” but rather documents or instruments transferring possession of real property.

Consequently, it observed, by their nature and under the principle of parallelism of forms (paralelismo de las formas), those contracts require proper documentation for their validity and effectiveness so that they may be proven. It added that such documentation was necessary even for their effectiveness from a tax standpoint, since, by their nature, they are documented legal acts. In short, it interpreted the matter as involving not a pure and simple fact, but an agreement. It found it evident that the private document dated 1º de octubre de 1952 constitutes proof between Mr. Francisco Barboza Carrillo and Mr. José Céspedes Salazar regarding the declarations it contains, which are limited in that document to the transfer made unilaterally by the former to the latter, without the participation of Jerónimo Barboza Mora, the co-owner of the possessory interest. For that reason, it rejected the argument that Jerónimo Barboza Mora had not objected either to that sale or to the adverse-possession title proceeding.

It reasoned that, in this specific case, the adage that one who remains silent “is presumed to consent” is inapplicable. It determined that section 5 of the cited Ley no. 139 does indeed provide that the Procuraduría General de la República and the Instituto de Tierras y Colonización were to be treated as parties, and in the case under review they were notified and entered appearances in the proceeding. Nevertheless, it stated, that did not preclude an order, as was in fact issued, to notify the Municipality, through its Ejecutivo Municipal, as a potentially interested party, which was not done. In that manner, it cautioned, as the A Quo stated, that Municipal Corporation was prevented from assessing the matter and effectively defending the local interests of that area, which, in its view, constituted another absolute defect. It stated that proceedings in the adverse-possession title case file were stayed by the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda in view of the objections raised by the Procurador Agrario (pages 289 and 295 of the cited case file).

It further stated that the proceedings resumed in octubre de 1978 following Mr. Golcher’s representations that he had overcome the legal impediment asserted by the Procurador Agrario (page 299). Nevertheless, it observed, that does not alter the fact, as the A Quo noted, that the proceeding was initially stayed in response to the representative’s objection so that an ordinary civil action (juicio ordinario) could be filed (sections 5 and 8 of Ley No. 139 and 12 of Ley No. 4545). It found it legally proper to order the case file closed and that non-contentious avenue deemed exhausted so that the applicant could litigate his right to obtain title to the property in an ordinary civil action, which did not occur and constituted another absolute defect. In addition, it argued, as the A Quo stated but the appellant omits, analysis of the three aforementioned documents established that the last of them, from 1955, recording the direct transfer of the right by José Céspedes, was not submitted as a public instrument (documento público), as required by section 1º of the LIP—an argument raised by the plaintiff in the present proceeding.

This was likewise not identified at the time by the aforementioned Court, which approved the titling despite noncompliance with this legal requirement, also constituting an absolute defect. For all the foregoing reasons, it rejected the contention that the adverse-possession title proceeding at issue had been conducted and decided in accordance with the laws in force at the time and consequently found it proper to declare the adverse-possession title proceedings at issue void.

XII.For this Chamber, it is undeniable that Transitory Provision III of Law 4558, the Tourism Development Law for the Maritime-Terrestrial Zone, of 22 de abril de 1970, published in La Gaceta 104 of 12 de mayo de 1970, temporarily opened the possibility for possessors of areas located in the restricted zone of the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT) to obtain title to their parcels. To do so, they were required to demonstrate possession for more than 30 years, continuously, undisturbedly, publicly, peacefully, and as owners, through the procedure established by the LIP. For that purpose, Mr. Golcher Avendaño commenced possessory information proceedings (proceso de información posesoria) in the year 1971, offering as part of his evidence the testimony of Benjamín Rosales Rosales, Moisés Fallas Albertazzi, and Oscar Ortiz Sequeira, who stated (in the year 1979) that Mr. Golcher had been in possession for more than 10 years in one instance, and for 20 years according to the witness Rosales Rosales, thereby allowing the beginning of his possession to be dated to the year 1959 (see folios 284 and 287 of the case file).

Although Mr. Golcher Avendaño submitted as documentary evidence the contracts for the purchase of possession that, in his view, established more than 30 years of possession of the property for which title was sought, he failed to demonstrate the required period of more than three decades because, under the contract appearing at folio 258 of the case file, dated 1o de diciembre de 1950, Mr. Romeo Restani Ceragatti transferred his possession (corresponding to 17 years) to Messrs. Francisco Barboza Carrillo and Jerónimo Barboza Mora. This is the correct interpretation of the transaction documented in that contract because, although its literal wording states that the former sold to the latter, it is in fact clear that two persons appeared as purchasers, namely Messrs. Barboza Carrillo and Barboza Mora, both of whom signed the contract; it is therefore evident that the sale was made in favor of both and not solely in favor of Mr.

Barboza Carrillo. Subsequently, on 1º de octubre de 1952, Mr. Francisco Barboza Carrillo sold that possession to Mr. José Céspedes Salazar, but without the participation of the co-owner of the possession, Mr. Jerónimo Barboza Mora (folio 259). Finally, Mr. Céspedes Salazar sold his possession to Mr. Mario Golcher Avendaño on 17 de abril de 1955 (folio 260), which Mr. Golcher maintained, according to the testimony given, until the possessory information proceedings filed in 1971. Nevertheless, given that the sale by Mr. Barboza Carrillo to Mr. José Céspedes did not bear the signature of the co-owner, Mr. Jerónimo Barboza Mora, the position set out by the Court—that this sequence of transfers of possessory rights occurred without interruption—cannot be upheld, since one of the transfers did not bear the signatures of both rightsholders. From that perspective, it is irrelevant whether Mr. Golcher submitted the final transfer as a public instrument (documento público), or whether the local government was notified, because when he petitioned for possessory information proceedings on 1º de octubre de 1971, he documented only 16 years of uninterrupted possession, thus failing to satisfy the period established by Law 4558, under which he was required, for that purpose, to demonstrate more than 30 years of continuous possession.

The Court further considers that the interpretation adopted by the lower court regarding the lack of continuity is consistent with the principle of “indubio pro natura” (numerals 50 of the Political Constitution and 11 of the Biodiversity Law), because, considering that the issue here is whether a private individual satisfied the “highly exceptional” statutory requirements for obtaining title to property located in the restricted zone of the ZMT, any interpretation as to whether those requirements were met must, in case of doubt, be restrictive, in order to protect the environment and, of course, the public domain (demanio público). Accordingly, the interpretation adverse to the applicant for title concerning the cited contract is fully consistent with the pro-natura principle; therefore, the invalidity and consequent nullity of the possessory information proceedings, declared by the A Quo and affirmed by the Court, are in accordance with law, and the judges are not found to have committed the violations alleged by the appellant. For these reasons, the ground of appeal cannot be entertained.

XIII.With respect to the first supplemental ground, the grievance is unfounded. The appellant alleges a violation of the provisions of sections 5, 153, 155, 318, 330, 369, and 370 of the CPC. She likewise contends that the Court erred in assessing the plaintiff’s standing on the merits (legitimación ad causam). Nevertheless, it is clear that this allegation falls outside the exhaustive grounds established by section 595 of the CPC, which prevents this Chamber from examining it further and therefore requires its rejection.

XIV.Regarding the second and third grounds raised in the supplemental filing, it is clear to this Chamber that they are novel arguments that were not previously asserted. Although the appellant in cassation contends, on the one hand, that section 34 of the Political Constitution, concerning the prohibition against retroactive application of laws, was violated through infringement of Law 4847 of 14 de octubre de 1971, Transitory Provision V of Law 6043 and its Regulations, as well as the decision of the Full Court issued at extraordinary session no. 52 held on 2 de noviembre de 1972 and published in Boletín Judicial no. 215 of 03 de noviembre de 1972; and, on the other hand, that there was a violation of section 154 of the Political Constitution, sections 2 and 8 subsection 1 of the Organic Law of the Judiciary, sections 1 and 6 of the LIP, Transitory Provision III of Law Number 4558, section 5 of the CPC, and section 856 of the Civil Code, those arguments had not previously been presented. Indeed, the claims concerning the non-retroactivity of the law or the application of the superseded provision following its repeal are entirely new at this stage. This violates section 608 of the CPC, a circumstance requiring their rejection, because matters that were not timely raised and debated by the litigants cannot be considered in an extraordinary appeal.

XV.For the reasons stated, the appeals filed must be dismissed, with each party that filed an appeal bearing its own costs. (section 611 of the Code of Civil Procedure).

POR TANTO

The appeals are dismissed. Each party that filed an appeal shall bear its own costs.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jorge Alberto López González Jéssica Jiménez Ramírez Telephone numbers: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected]

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Documento PJEDITOR Res. 001126-F-S1-2021 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del trece de julio de dos mil veintiuno.

Proceso Ordinario Contencioso Administrativo promovido por RODOLFO MUÑOZ BARRIENTOS, mayor, casado, empresario hotelero, vecino de Quepos, representado por el Doctor Roberto Yglesias Mora en su condición de apoderado especial judicial (folio 13); contra la SUCESIÓN DE MARIO GOLCHER AVENDAÑO, quien en vida y al momento de interposición del presente proceso fuera mayor, casado, abogado, vecino de Curridabat, fallecido, representada por su albacea Licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar, LLAMA DEL BOSQUE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número 3-101-049331, representada por Gene Austry Brown, mayor, casado, trabajador social, vecino de Nueva York, Estados Unidos de América, cuyo agente residente en el país es el Licenciado José Antonio Casafont Odor, mayor, casado, abogado, vecino de San José, y, EL ESTADO, representado por el Procurador Jose J. Barahona Vargas y el Procurador Adjunto, Mauricio Castro Lizano, ambos, mayores, casados, abogados, y NACIENTE SELVA CRISTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-206914, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Harry Mcmulan III, mayor, casado, empresario, ciudadano estadounidense, con pasaporte número 150601201, y sus apoderados especiales judiciales Ricardo Alberto González Mora y Manfred Fischel Robles, ambos mayores, abogados. Figuran como interesados, la Municipalidad de Aguirre y Parrita y Arribo de la Tortuga Sociedad Anónima S.A.

Redacta la magistrada Vargas Vásquez; y,

CONSIDERANDO

I.Rodolfo Muñoz Barrientos, demandó a Inversiones Picón S.A. (en adelante Inversiones Picón), Mario Golcher Avendaño, Llama del Bosque S.A., y, al Estado. Puntualizó, el 16 de junio de 1998, adquirió un inmueble en Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas, con una medida de una hectárea 517.11 m2, según plano catastrado no. P-496930-98. Manifestó, dicho terreno formó parte de otros inmuebles propiedad de don Mario Golcher, y, luego de diversas segregaciones y traspasos, conformó la finca no. 6-054481, registrada a nombre de Villas Vista del Mar S.A. Explicó, excluyendo el área de la anterior segregación, -hoy a su nombre-, el resto de esa finca madre fue afectada tanto a nivel registral como material, por un traslape con otro inmueble, titulado por don Mario Golcher y adquirido inicialmente en derechos, por Inversiones Picón, y, en 1982 por Llama del Bosque S.A., finca que hoy aparece inscrita con la matrícula 6-044889-000.

Mencionó, el señor Golcher Avendaño no solo transmitió un derecho a la mitad a Inversiones Picón, sino que también fue el titular original de la heredad inscrita a nombre de Villas Vista del Mar S.A., de la cual se segregó su terreno. En otras palabras, agregó, el señor Golcher es el titulante original en dos cadenas de propietarios independientes respecto del terreno objeto del traslape. Adicionó, en proceso ordinario tramitado en expediente no. 1185-3-87, esta Sala definió la titularidad en favor de Inversiones Picón. Argumentó, dado que el traslape de derechos era parcial en lo que refiere Villas Vista del Mar, el lote que adquirió de esa propiedad quedó fuera de la controversia. Expresó, Inversiones Picón adquirió del señor Golcher la finca 6-044889-000, conforme al plano P-10989-71. Enfatizó, el lindero que separa su lote del poseído por Inversiones Picón S.A., no corresponde en la actualidad a la “verdadera línea divisoria” que indica el plano catastrado con el cual adquirió el señor Golcher.

Imputó, el plano general de la finca madre titulada por don Mario era el no. P-53982, el cual muestra en ese sector la misma distancia que consta en el plano P-10989-71, a saber, que ente el mojón 0 y el 5 existe una distancia de 150 metros lineales, medida conforme a la cual adquirió. Estipuló, el 27 de abril de 1983, Inversiones Picón rectificó el plano original del lote en cuestión, (no. P-10989-71) ampliando la distancia entre los mojones 1 y 7, -que en el plano anterior (P-10898-71) corresponden a los mojones 0 y 5-, en 7.52 metros. Con lo anterior, aclaró, incrementó esa parcela en 1.500 m2, cercándola casi ocho metros dentro de su propiedad, a lo largo del lindero que los separa. Relató, posteriormente en 1985, Inversiones Picón formalizó diligencias de rectificación de lindero ante el Juzgado Civil de Puntarenas, ampliando su cabida a costa de su lote. Además, precisó, la finca que posee la accionada se encuentra en su totalidad dentro de la Zona Marítimo Terrestre (en lo sucesivo ZMT), en Playa Espadilla, Quepos, cuya colindancia sur es “faja inalienable” de 50 metros, con frente a ella de 205 metros.

Expresó, el origen de dicho título es una información posesoria realizada por don Mario Golcher en el año 1971, conforme al transitorio III la ley 4558, que permitió titular dentro de la ZMT a quienes probaran más de 30 años anteriores de posesión. Aseveró, de los testimonios rendidos en ese proceso, no se determinó que a abril de 1979, el señor Golcher cumpliera dicho plazo de posesión. Destacó, no obstante, en la resolución final del Juzgado Segundo de lo Contencioso, se afirmó haber demostrado una posesión mayor a 30 años. Agregó, su titulación fue ilegal, en perjuicio del dominio público, por ende, nula. Solicita en sentencia se declare: a) la información posesoria promovida por Mario Golcher Avendaño mediante el expediente judicial no. 1641-71, ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, no cumplió los presupuestos legales de fondo para conferirle la titularidad del terreno descrito en la demanda (hoy su sucesión), -finca de Puntarenas no. 44889-000-, por lo cual es inválida y absolutamente nula la sentencia dictada dentro de dicho proceso; b) la inscripción registral del inmueble de cita resulta inválida y absolutamente nula; c) dicho terreno nunca perdió su condición de bien demanial; d) por lo tanto, son ilegales, inválidos, ineficaces y absolutamente nulos los traspasos de dicha finca, posteriores a su inscripción original en el Registro, incluyendo las enajenaciones de Mario Golcher Avendaño a favor de las codemandadas; y, de Llama del Bosque a Inversiones Picón, así como las sucesivas a cualquier tercero.

Por ello, mediante mandamiento o ejecutoria de sentencia deberá ordenarse la cancelación de todas las inscripciones generadas por esos traspasos. Subsidiariamente, solicita: e) declarar que la rectificación del lindero que muestra el plano catastrado no. P-502694-83, referido a la finca no. 6-044889-000, así como las diligencias de rectificación de lindero, son ilegales y absolutamente nulas, por ende, no le son oponibles, por lo cual procede el deslinde formal, demarcación y amojonamiento entre ambos inmuebles, conforme a la ubicación legal y verdadera. Por lo anterior, debe ordenarse cancelar la inscripción de dicho plano en el Catastro Nacional y la referencia que de él se hace en la finca 6-44889-000; f) que el lindero que divide actualmente el inmueble del actor con la ZMT, o subsidiariamente, en defecto de la declaratoria en todo o en parte de la demanialidad indicada, la finca no. 44889-000 no corresponde con la ubicación legal y verdadera que debe tener legal, material y catastralmente; g) que con la rectificación de medida indicada, su terreno se vio disminuido en 1500 m2, los cuales deberán restituírsele al colocarse los mojones en ejecución de sentencia; i) deberá localizarse en definitiva en el fallo, la línea divisoria entre su terreno y la ZMT, o en su defecto, entre los dos terrenos inscritos a los que se refiere este juicio, los cuales deberán amojonarse en ejecución de sentencia; j) los gastos de remoción y recolocación de los mojones y cercas corren por cuenta de las codemandadas y don Mario Golcher, -hoy su sucesión-; k) se fije el plazo de dos meses para que los codemandados procedan a colocar los mojones y las cercas conforme a lo resuelto, y, en su defecto, pueda hacerlo por cuenta y gasto de los codemandados renuentes, sin costo para el Estado; l) se impongan ambas costas a las partes que se opongan a la demanda.

El Tribunal tuvo como partes interesadas a la Municipalidad de Aguirre, así como a Naciente Selva Cristal S.A., y, a El Arribo de la Tortuga S.A. Inversiones Picón contestó en forma negativa, opuso las defensas de cosa juzgada, caducidad, litis consorcio pasivo necesario, falta de: legitimación y derecho, y, prescripción. El Estado contestó en forma negativa. Se tuvo por rebeldes tanto a la sucesión de Mario Golcher Avendaño como a Llama del Bosque. Se sustituyó procesalmente a Inversiones Picón por Naciente Selva Cristal S.A. El Juzgado declaró confeso en rebeldía al representante legal de Inversiones Picón. Acogió parcialmente la falta de derecho, rechazó las demás defensas. Declaró con lugar la demanda y nulas las diligencias de información posesoria no. 1641-1971, tramitadas ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo por el señor Golcher Avendaño. Ordenó la cancelación en el Registro de la finca de Puntarenas, no. 44889-000, por formar parte de la zona restringida de la ZMT, cuya delimitación corresponde al Estado, por medio del IGN (así como de sus separaciones materiales, como lo sería la cerca divisoria).

Ordenó al Estado amojonar y delimitar los linderos de la ZMT donde se ubica la finca 6-044889-000. Impuso las costas a Naciente Selva Cristal S.A. y al Estado. Determinó una falta de legitimación e interés actual en cuanto a los codemandados Llama del Bosque y la Sucesión de Mario Golcher Avendaño, respecto de quienes declaró sin lugar la demanda, eximiéndoles del pago de costas, las cuales impuso a Naciente Selva Cristal S.A y al Estado. El Tribunal modificó la sentencia solo en cuanto condenó en costas al Estado, de las cuales le exoneró. En lo demás confirmó. Inconformes el Estado y Naciente Selva Cristal acuden en casación.

Recurso del Estado por razones procesales

II.El casacionista formula un único cargo de esta naturaleza. Esgrime incongruencia y disposiciones contradictorias, en infracción a los numerales 155 y 594 inciso 3) del Código Procesal Civil, (en adelante CPC). Esboza, la sentencia que ataca en su considerando IX, indica: “...siendo que se ha decretado la nulidad de la titulación y ordenado la cancelación del asiento registral de la finca No 6-044889-000, no cabe realizar delimitación alguna entre esta y la finca del actor. Mientras tanto, la delimitación y definición del lindero exacto entre la finca del actor y la zona marítimo terrestre no puede ser ejecutada ni por ella, ni por las codemandadas privadas sino que corresponde al Instituto indicar y colocar los mojones correspondientes”. Apunta, luego la sentencia en su por tanto refiere: “Se declara que dicho terreno forma parte de la zona restringida de la zona marítimo terrestre de playa Manuel Antonio en la costa con el Océano Pacifico, siendo que la delimitación de la zona marítimo terrestre corresponde al Estado, por medio del Instituto Geográfico Nacional en lo que respecta a la colocación de la línea de la zona marítimo terrestre (así como de sus separaciones materiales como lo sería la cerca divisoria) conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, así como los numerales 1, 3 y 10 de la Ley de creación del Instituto Geográfico Nacional No 59 de 1944.

Proceda el Estado, en el sentido expuesto, para efectos de que se ejerzan las acciones correspondientes al amojonamiento y la delimitación de los linderos de la Zona en la cual se ubica la finca 6-044889-000 a efectos de proteger la zona marítimo terrestre de acuerdo con el numeral 10 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre". Agrega, la sentencia de segunda instancia estima que el amojonamiento de la zona restringida es consecuencia natural y legal del acogimiento de las pretensiones principales. Apunta, sin embargo, en ninguna de las pretensiones deducidas se pidió al Estado, por medio del IGN, amojonar la zona restringida. Comenta, el A quo en la sentencia de primera instancia, considerando IX, acogió las peticiones 1, 2, 3 y 4 de la demanda, rechazando las subsidiarias 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Por ello, considera, la cuestión de si correspondía o no al actor deslindar materialmente la propiedad, perdió interés al denegarse la petición de deslinde entre el inmueble del accionante y el terreno del Estado, declarado de dominio público.

De esa manera, opina, el fallo de segunda instancia infringe el artículo 155 del CPC, e incurre en la causal del inciso 3) artículo 594 ibídem, pues la orden de demarcar la Zona Restringida no es consecuencia de las pretensiones principales. Manifiesta, en el memorial de agravios del 21 de noviembre de 2016, reparo IV (folios 1239-1241), se señala que, al ordenar al IGN la demarcación de la Zona Restringida, se incurre en el vicio de incongruencia por extra petita, ya que no fue pedido en la demanda. Cita fallos de esta Sala en apoyo de su tesis. Añade, el reconocimiento judicial de las 11 horas 15 minutos del 1° de agosto de 2012, constató la existencia de dos mojones del IGN en concreto y pintados de amarillo (folios 729-730); lo cual también se obtiene del informe DGT-388-12 del 14 de agosto de 2012 del IGN (folios 744-746), el cual admitió el A quo con carácter de documento nuevo, considerando I, (folios 1172 v-1173).

Apunta, éste fue rendido por el mismo funcionario que participó en el reconocimiento judicial, con base en los datos de la “geodatabase” de la ZMT, vinculados al Sistema Nacional de Coordenadas, donde identificó con color rojo la línea de la Zona Restringida, de 150 metros de ancho, contigua a los 50 metros de la Zona Pública, ésta con color verde. Apunta, lo anterior también coincide con la prueba pericial del 16 de julio de 2013, rendida previo levantamiento de campo, con ubicación topográfica de los mojones 12 al 18 del IGN. Relata, el informe indica que el mojón 15 data del 15 de mayo de 1979, y, constató que los derroteros de los planos catastrados tienen amarre a los mojones 13 y 16, que identifican la Zona Pública de 50 metros y, por ende, la zona “concesionable” de 150 metros (folios 812 in fine y 815). Estipula, el informe pericial complementario del 7 de octubre de 2013, puntos 1 y 5, también concluye que los mojones del IGN son confiables para ubicar los planos catastrados objeto de la experticia, y, que, el plano del peritaje se confeccionó con referencia real e innegable a esos mojones (folios 856-857).

Detalla, el del 18 de diciembre de 2013, punto 2, indica que el levantamiento de campo se realizó con base en los planos P-10989-1971 y P-502694-1983, por tener en común los mojones del IGN, puntos fijos y confiables (folio 873). Revela, a la Zona Pública aquí amojonada es aquella a la cual hace mención en su escrito del 20 de enero de 2006, como respuesta al hecho 20 de la demanda (folio 495), la cual describe a su vez el oficio DGT-388-12 del IGN (folios 744-745), aportado con su escrito del 16 de agosto de 2012 (folio 746), el cual es a su vez coincidente con el informe pericial (folios 808-840), señalado en escrito del 28 de agosto de 2013 (folio 853). Acusa, el tema fue retomado en las conclusiones del 27 de mayo de 2016 (folio 1125-1126), para agregar que con la demarcación de la Zona Pública se identifica la franja de uso común de la ZMT y el inicio de la Zona Restringida, requisito indispensable para otorgar las concesiones.

Explica, la “demarcatoria” de la Zona Pública se inserta dentro del deslinde administrativo y hace evidente el inicio de la Zona Restringida (dictamen C-264-2004), por el amojonamiento del IGN, no obstante, no fue solicitado por el actor en sus pretensiones, ni es necesario, porque consta, ya se demarcó. Expone, para realizar trabajos cartográficos y geodésicos con incidencia en la franja litoral debe utilizarse el Sistema Nacional de Coordenadas, en los términos del Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642, numerales 1, 2, 4, 18, 19, 20 y 21, (en adelante REDZPZMT), y, del Decreto 33797, canon 11, con la información disponible en ese Sistema sobre las demarcaciones de la Zona Pública del IGN (escrito de agravios del 21 de noviembre de 2016, reparo IV, folios 1239-1241). En su criterio, la sentencia recurrida, 109-2016-11, considerando VI, in fine (folios 1293- 1294) estima insuficiente el amojonamiento de la Zona Pública, calificativo que extiende a la información contenida en el informe DGT-388-12 del IGN (folios 744-746), que además identificó, con color rojo, la línea de la Zona Restringida de 150 metros.

No obstante, plantea, dicha sentencia anula la inscripción registral de la finca en litigio, y, tiene por acreditado en el hecho probado 10 (folio 1175), que ésta se localiza, en su totalidad, dentro de la Zona Restringida, contigua a los mojones del IGN que demarcan la Zona Pública, hecho técnico-jurídico que es suficiente para resolver las pretensiones. Afirma, en ese hecho probado se consigna que la finca de examen se ubica dentro de la Zona Restringida, la cual colinda al sur con la Zona Pública. Agrega, más adelante la sentencia del A quo, en su considerando IX, refiere, que en cuanto al reconocimiento judicial realizado, -acta visible a folio 729 y 730-, se observa la cercanía de la finca en discusión con la línea de costa. Finalmente, expone, del informe pericial del Ing. Portilla Barquero, visible a folios 808 a 840, constan láminas de levantamientos topográficos de las condiciones del lindero discutido, así como de varios planos catastrados, donde se aprecia que la finca no. 2, -no. 44889-000-, está comprendida entre la finalización de la faja de 50 metros de la Zona Pública extendiéndose 123 metros con rumbo norte, a partir del mojón 13 del IGN, ello en las colindancias este y sur.

Dice, igualmente con rumbo norte se extiende 150 metros a partir del punto medio entre los mojones 15 y 16. De esa forma, la finca en cuestión se ubica dentro de la franja de 150 metros de la ZMT. Exterioriza, el hecho probado 10, y los demás de la sentencia del A quo, son avalados por el fallo de alzada en el considerando II (folio 1260). De esa manera, interpreta, la sentencia impugnada es contradictoria porque no podría tener como probado, en forma suficiente, el hecho esencial del proceso (que la totalidad del inmueble en litigio está en la Zona Restringida), dependiendo del amojonamiento de la Zona Pública y, a la vez, en forma contradictoria, estimarlo insuficiente.

III.Tocante al primer cargo, esta Cámara ha estimado que la incongruencia, se presenta cuando existe desarmonía entre las pretensiones de los litigantes y lo resuelto en la parte dispositiva del fallo; esto es, cuando el juez decide sobre cuestiones no peticionadas en las etapas dispuestas para ello, otorga más de lo pedido u omite decidir las pretensiones o excepciones. (Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las sentencias números 408 de las 14 horas 30 minutos del 28 de junio del 2006; 41 de las 9 horas del 26 de enero de 2007 y 478- 2008 de las 8 horas 30 minutos del 18 de julio de 2008). En el caso concreto se apuntan dos aspectos específicos. Por una parte, que la actora en su demanda, no solicitó en sus pretensiones principales, se ordenara al Estado a través del IGN amojonar la zona restringida, lo cual a la sazón ordenó el Tribunal. Por otra, que la sentencia impugnada es contradictoria en sí misma, porque no podría tener como probado que la totalidad del inmueble en litigio se ubica dentro de la Zona Restringida, y, sin embargo, ordenar el amojonamiento de la Zona Pública.

Ahora bien, sobre la delimitación de la ZMT, el Tribunal indicó, la delimitación de la propiedad respetando los 200 metros de la ZMT perdió relevancia e interés, desde el momento en que se rechazaron las pretensiones subsidiarias 5, 6, 7, 8, 9 y 10, encaminadas al deslinde, delimitación y amojonamiento, entre la propiedad del actor y la del Estado. Lo anterior en virtud de haberse declarado esta última como bien público demanial, con lo cual la accionante se conformó. Esto es, apuntó, que dicho terreno forma parte de la zona restringida, sin que se dispusiera entonces la realización del deslinde material entre la propiedad del actor y la del Estado, si no, que el Estado proceda a ejercer las acciones correspondientes a la delimitación geográfica, de los linderos y amojonamiento de esa zona nacional, por medio del IGN. Agregó, ello sin tener que destinar recursos humanos y fondos públicos para satisfacer e identificar el lindero de la propiedad del actor (6-109427-000).

Como sea, esbozó, el contenido del numeral 302 del Código Civil aplica a todo propietario, sin excluir por principio al Estado, todo lo cual se dispuso a efectos de proteger esa zona, lo cual por ley es obligación primordial del Estado, en virtud del interés público, representado en este caso, en los numerales de las leyes sobre la ZMT y de creación del IGN. Por lo anterior, resaltó, no se está ante un supuesto de incongruencia, por cuanto, lo ordenado corresponde a una consecuencia natural y legal del acogimiento de las pretensiones de la demanda. Además, acusó el Tribunal, existe un evidente problema de legitimación de parte del Estado en este respecto, por cuanto, no actúa en este proceso como parte actora, sino como demandada, además, que dicho aspecto tampoco fue objeto de reconvención. Rechazó también los alegatos del Estado en cuanto a si el IGN tiene o no competencia para auxiliar al Estado, por cuanto, su competencia deriva de su propia ley de creación, en razón de la materia como órgano del Estado, cuya función primordial de evidente interés público, es la ejecución de la Carta Geográfica y Mapa Catastral de la República, así como los estudios, investigaciones o labores de carácter geográfico, geodésico, geofísico y por supuesto, la competencia para la delimitación geográfica de los linderos y amojonamiento de la zona restringida.

Además, estimó en tanto los decretos citados por el Estado, no desdicen la competencia del IGN para tal labor, estimando también insuficiente la afirmación en el sentido de que la zona pública ya fue amojonada. De lo expuesto es claro, no se observa el fallo haya incurrido en el vicio de incongruencia. Si bien ordena el amojonamiento de la zona pública con respecto a la propiedad del actor, no lo hace como un exceso de lo peticionado en el proceso, al acoger una petición subsidiaria junto a las principales, sino de conformidad con lo dispuesto en forma integral por el numerales 123 y 290.4 del Código Procesal Civil. En efecto, el mandato 123 ibídem establece la posibilidad de plantear en una demanda, varias pretensiones, siempre y cuando exista conexión entre éstas. En la especie, no se observa que la petición de amojonamiento sea excluyente de las concedidas por el Tribunal, sino que se fundamenta en razones de interés público, como una consecuencia de lo que los jueces han estimado, constituyen las potestades y obligaciones conferidas normativamente al IGN y al Estado. Acorde a lo expuesto, para esta Sala es claro, efectivamente el Tribunal resolvió sobre los extremos planteados, sin incurrir en el vicio de incongruencia, de ahí que el cargo deberá rechazarse.

Recurso del Estado por motivos sustanciales

IV.En el único agravio de esta naturaleza arguye infracción, por falta de aplicación de los preceptos 61 y 62 del Decreto 7841, Reglamento a la Ley 6043; 1, 4, 18; 19, 20 y 21 del Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642; y 11 del Decreto 33792, así como indebida aplicación de los ordinales 1, 2, 3, 4, 9 y 10 de la Ley 6043; 1, 3 y 10 de la Ley 59 de 1944. Considera, es contrario a derecho, ordenar al IGN que amojone el límite de la Zona Restringida. Explica, en la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia se afirma que la delimitación de la ZMT corresponde al Estado, por medio de ese Instituto, por lo cual, ha de proceder a las respectivas acciones de demarcación y amojonamiento de los linderos de la Zona en que se ubica la finca 6-044889-000. Comenta, para ello aplica indebidamente los numerales 3 y 10 de la Ley 59 de 1944, y 1, 2, 3, 4, 9 y 10 de la Ley 6043, toda vez que ninguno establece la competencia de ese Instituto para amojonar la Zona Restringida.

Lo anterior, señala, constituye un yerro que reproduce la sentencia del Ad quem, al considerar tal competencia incluida en las de ejecución de la carta geográfica y mapa catastral a cargo del IGN. Interpreta, la potestad de demarcación y amojonamiento de la Zona Pública, la establece expresamente el Reglamento a la Ley 6043, Decreto 7841, en los ordinales 62 y 63, en los cuales se indica: “Artículo 62.- No se podrán otorgar concesiones en lotes donde no esté demarcada la zona pública. A tal efecto, cada municipalidad demarcará la zona pública a lo largo del litoral de su jurisdicción y en especial en aquellas áreas de la zona marítimo terrestre en que se contemple la construcción de obras o edificaciones, debiendo contratar los estudios necesarios para este fin con el Instituto Geográfico Nacional, el cual demarcará de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este reglamento, salvo en los litorales que presenten procesos formadores de costas muy dinámicos, en los que se demarcará la zona pública según las delimitaciones que fija el Instituto Geográfico Nacional de conformidad con los estudios que realice en cada caso.

Para cubrir el costo de la demarcación, las municipalidades podrán cobrar a los concesionarios cuyos lotes colinden con la zona pública una tasa por metro lineal de frente, la cual se calculará dividiendo el costo de la demarcación entre el número de metros lineales que abarque la misma. Quienes tengan interés para contratar la demarcación de la zona pública, deberán solicitar autorización a la municipalidad respectiva; una vez obtenida podrán contratarla con el citado Instituto y el costo correrá por cuenta de los interesados”. “Artículo 63.- El Instituto Geográfico Nacional deberá publicar aviso en el Diario Oficial, de cada porción de la zona marítimo terrestre en que haya demarcado la zona pública. La Dirección General de Catastro no registrará ningún plano que no lleve el visto bueno del Instituto Geográfico Nacional en lo referente a la delimitación de la zona pública”. Apunta, con la fijación del límite de la Zona Pública se determina no sólo la franja litoral de uso común, sino también el inicio de la franja de la Zona Restringida y su extensión en el ancho de ciento cincuenta metros fijada por la Ley 6043, artículo 10.

Expresa, la sentencia impugnada desconoce los efectos y alcances plenos de los mandatos 62 y 63 del Decreto 7841, en relación con el 10 de la Ley 6043, y en ese tanto los desaplica. Dice, en el primer agravio expuso que en el proceso se acreditó, con reconocimiento judicial, informe técnico del IGN y prueba pericial, que, en el sector costero de interés, la Zona Pública está debidamente demarcada y amojonada. Agrega, por ello, la sentencia lesiona por falta de aplicación, el Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642, artículos 1, 2, 4, 18, 19, 20 y 21; y el Decreto 33797, artículo 11, que igualmente fijan la competencia del IGN para demarcar la Zona Pública, a través del Sistema Nacional de Coordenadas, y, permite referenciar todos los levantamientos, actividades cartográficas y geodésicas que se efectúen en el territorio nacional, incluidos los de los propietarios y particulares que emprendan o contraten trabajos cartográficos o geodésicos, quienes deben referenciar sus levantamientos observando esa demarcatoria.

Comenta, con base en los mojones del IGN que demarcan la Zona Pública en Manuel Antonio, el Juzgador de primera instancia determinó que el inmueble en litigio está, en su totalidad, dentro de la Zona Restringida (folio 1182). Por ende, considera, no cabe desatender los alcances de ese amojonamiento, para exigir, en forma oficiosa, adicionalmente otro, con desconocimiento de la información digitalizada que contiene el Sistema Nacional de Coordenadas, de utilidad para identificar tanto la Zona Pública como la Zona Restringida, de especial interés para el ente administrador de la ZMT (Ley 6043, artículos 3, 13, 17, 34 y 35).

V.Para este órgano decisor, el cargo es improcedente. La casacionista procura establecer la violación de los mandatos 62 y 63 del Decreto 7841, en relación con el 10 de la Ley 6043, así como del Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642, artículos 1, 2, 4, 18, 19, 20 y 21, y artículo 11 del Decreto 33797. No obstante, el fundamento normativo de cita, sustancia la competencia del IGN a fin de participar en el amojonamiento de la zona pública en el sitio de examen. En efecto, las normas que acusa violadas, si bien no aparecen citadas por el Tribunal en su sentencia, efectivamente establecen la competencia del IGN en las materias dichas. Lo anterior se extrae con claridad de las normas de análisis, las cuales refieren la competencia del IGN para amojonar, demarcar y delimitar la ZMT. De tal suerte, no cabe argumentar el error del Tribunal al ordenar el amojonamiento de la zona pública de la ZMT por parte del IGN, alegando el quebranto de disposiciones que fundamentan la competencia de dicho órgano al efecto, menos aun cuando refieren el cometido de una obligación pública dispuesta legislativamente, a saber, el amojonamiento de la zona pública.

Así, aún y cuando el Tribunal hubiese dejado de mencionar las disposiciones de cita a la hora de ordenar al Estado proceder al amojonamiento de examen a través del IGN, no incurre en la violación normativa que se apunta, pues se reitera, dicho articulado establece la competencia del IGN para las tareas que en sentencia se le han ordenado. En consecuencia, el cargo deberá de rechazarse.

Recurso de Naciente Selva Cristal S.A. por razones procesales

VI.La recurrente formula tres agravios por la forma, los cuales esta Sala reorganiza a fin de conocer en primer orden el cargo por incongruencia. En la primera inconformidad (segunda del recurso), acusa violación al principio de congruencia. Acusa lesionados los ordinales 24 párrafo primero de la LRJCA, 99, 153 y 155 del CPC. Esboza, al interponer la acción, el actor argumentó como único motivo para pedir la nulidad de la inscripción del título de propiedad, que el entonces titulante don Mario Golcher Avendaño, no había poseído el terreno por 30 años o más, sustentando su dicho en lo argumentado por los testigos en su deposición. Apunta, por lo anterior, acusó, debía el Juzgado resolver dentro de los limites de las pretensiones formuladas, según lo dispone el párrafo primero del cardinal 24 de la LRJCA, o en su defecto, otorgar audiencia por las razones que consideró nulo el proceso de información posesoria, contenidas en la sentencia de Primera Instancia, variando la causa de pedir, puesto que esos otros asuntos, no fueron sometidos al contradictorio en el presente proceso, generando un fallo incongruente.

Agrega, el Tribunal avaló esa posición en la sentencia que impugna, y, rechazó el recurso de apelación interpuesto. Revela, ello hace que la sentencia devenga nula porque atenta contra el principio de congruencia, situación que no pudo haber avalado, ya que conforme al precepto 24 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y, los cánones 99 y 155 del CPC, el Tribunal estaba obligado a velar porque la sentencia se dictara dentro de los límites establecidos en la demanda. Además, señala, el A quo ordenó la cancelación del asiento registral de la finca no. 044889-000, pero ahora y en forma sorpresiva, anticipa y menciona como un hecho cierto la cancelación de la finca de Puntarenas no. 154679-000, sin que mediara ningún tipo de prevención para que preparara su defensa, lo que implica colocarle en estado de indefensión e inseguridad jurídica, porque la cancelación del asiento registral de la finca de Puntarenas no. 154679-O00 nunca fue un motivo de discusión ni en primera ni en segunda instancia.

En el segundo motivo acusa violación a lo dispuesto en el ordinal 24 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (en adelante LRJCA), numerales 106, 155 y 315 del Código Procesal Civil. Reclama, según la demanda se impugna lo resuelto por el Juzgado Contencioso Segundo Administrativo y Civil de Hacienda en proceso tramitado por quién en vida fue Mario Golcher Avendaño, que tiene la naturaleza de actividad judicial no contenciosa, por lo que el actor debió incluir como parte demandada a la Junta Administrativa del Registro Nacional. Añade, en su defecto, conforme a los numerales que se citan lesionados, el A quo debió haber hecho la prevención de rigor a fin de que el demandante ampliara la demanda en contra de la Junta Administrativa del Registro Nacional, habida cuenta que lo que se cuestiona es la nulidad de inscripciones registrales. Sin embargo, apunta, eso no se hizo ni lo advirtió el Tribunal, estando obligado a ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso b). - del CPC.

Además de lo anterior, esgrime, de acuerdo al artículo 24 de la LRJCA, si el Tribunal notó que la acción sometida al conocimiento judicial no fue bien apreciada debidamente por el A quo ni por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, debió haber ordenado el reenvío, para que el Juzgado de Primera Instancia, mediante providencia concediera a los interesados un plazo de ocho días a fin que formularan las alegaciones que estimen oportunas en defensa de sus derechos e intereses, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Estipula, si bien debió ser advertido por el Juzgado y la parte actora, también es cierto, conforme al canon 155 del CPC, los defectos u omisiones que presentara el proceso debieron ser detectados por el Tribunal al resolver impugnaciones. Opina, la transgresión a los preceptos jurídicos citados generó se confirmara una sentencia que violenta en todos sus extremos la Jurisprudencia de esta Sala, en el tanto no se llamó a juicio a la Junta Administrativa del Registro Nacional.

Estima, a estas alturas del proceso, es imposible establecer si las actuaciones del Registro, son manifestaciones de la función administrativa, independientes de disposiciones de órganos judiciales, en procesos de información posesoria, o bien meros actos que ejecutan sentencias de esos órganos judiciales, sin contenido decisorio propio, razón por la cual es correcto, se llame al órgano con personalidad jurídica instrumental, como responsable directo de esas inscripciones, a saber la Junta Administrativa del Registro Nacional. No obstante, detalla, tratándose de una etapa procesal en la que no es posible enderezar el proceso en contra de la Junta Administrativa del Registro Nacional y en ese sentido establecer el litis consorcio necesario incompleto, por ser un tema precluido, solicita se declare la inadmisibilidad de la demanda, asimismo, se condene al accionado al pago de las costas personales y procesales.

Lo anterior, dice, por cuanto la Sala Primera en resolución N° 636-F-2006, indica que aún en los procesos que se tramiten hasta su conclusión con las disposiciones de la LRJCA, cuando se trate de anular inscripciones registrales que tienen naturaleza de actividad judicial no contenciosa, se debe llamar a los órganos con personalidad jurídica instrumental, junto con el ente mayor del cual dependen, en este caso, el Estado. En el tercer reproche, reclama falta de fundamentación, en quebranto de los cardinales 99 y 155 del CPC. Considera, existe falta de análisis y resolución incorrecta en cuanto al tema de la legitimación del actor para promover la demanda. Dice, al contestar la acción y a lo largo del proceso, se interpuso y se ha venido alegando la falta de legitimación de la parte actora. Refiere, no cuenta con la legitimación para accionar pues no posee un interés legítimo o directo en el proceso.

Sin embargo, interpreta, dicho extremo fue resuelto por el A quo y confirmado por el Tribunal a priori y sin ningún tipo de fundamentación. Expone, es reiterada la jurisprudencia de esta Sala sobre el deber ineludible de los Tribunales de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento con la debida fundamentación. En su criterio, no basta enunciar un concepto muy general de la legitimación, como lo hizo el Juzgado de Primera Instancia y fue luego confirmado por el Tribunal, en el sentido de que el actor, por ser un ciudadano costarricense, se encuentra legitimado para accionar en defensa de la ZMT. Opina, acorde al numeral 10. 1 inciso a) de la LRJCA tanto el A quo como el Tribunal de alzada debieron realizar un análisis riguroso y fundamentar su resolución sobre la legitimación del actor, ya que conforme a la antigua Ley que regia esta materia al presentarse la acción, era necesario contar con legitimación para accionar a título personal y para pedir la nulidad de un título de propiedad.

Indica, conforme a la naturaleza personalísima del derecho concedido mediante el proceso de información posesoria, únicamente su titular se encuentra legitimado para pretender su nulidad en esta vía, especialmente, al ser la zona restringida la única porción de la ZMT que se encuentra incluida en el plano catastrado de su propiedad, quedando excluida de dicho plano la zona pública, la cual según el mandato 35 de la Ley Sobre la ZMT, está reservada exclusamente para el libre tránsito de las personas, zona cuya protección si puede requerir cualquier particular ante los Tribunales. Interpreta, ello no se da respecto de la zona restringida cuyo titular lo es la Municipalidad, pues el ente municipal se reserva para sí dicha área de la ZMT, a fin de otorgar concesiones a los particulares que cumplan con los postulados de ley. En su opinión, respecto de la "legitimatio ad causam" activa o pasiva, están legitimados en la causa las personas que jurídica y directamente van a ser afectadas positiva o negativamente en sus derechos por la sentencia que recaiga en firme.

Bajo esta línea de pensamiento, resalta, es notorio que la sentencia en nada beneficia al actor, de hecho, obsérvese que en el evento de que la sentencia atacada quede en firme, la porción de terreno de la zona restringida inserta en el plano de su heredad, simplemente volverá al patrimonio de la Municipalidad, por lo que podría optar por la concesión o por la figura de poblador, sin que en ningún caso se beneficie el actor al respecto. Plantea tesis en cuanto a los alcances de la legitimación. De lo anterior, prosigue, el Juzgador de Primera Instancia y el Tribunal recurrido, obviando el principio de legalidad, omitieron descartar la demanda desde su génesis, habida cuenta de la falta de legitimación del actor, pues esa capacidad para demandar que nace de la posición en que se halle el sujeto respecto a la pretensión procesal promovida, es la identidad necesaria que debe darse entre el actor y el derecho que pretenda en juicio, pero que en el presente proceso no existe.

Reitera, el otorgamiento de un título sobre una propiedad del Estado mediante la tramitación de un proceso judicial de información posesoria, constituye un derecho fundamental a la propiedad inherente al ser humano de carácter personalísimo, y será solo su titular jurídicamente dotado para esos efectos, quién podrá reclamarlo en juicio, de ahí que no resulta procedente que terceros distintos a su titular puedan presentarse en juicio a impugnar la resolución judicial que concedió el titulo, a no ser que se esté frente a los presupuestos dimanados de los cardinales 16 y 17 de la LIP. Lo anterior, explica, por cuanto las acciones tendientes a la extinción o modificación de los derechos generados con el otorgamiento de un título de propiedad sobre un terreno ubicado en la zona restringida de la ZMT solo pueden ser ejercidas por su titular y no son transferibles, de ahí que el actor en este proceso no cuente con la legitimación que la legislación exige al efecto.

Ello en tanto, comenta, si bien es cierto el parágrafo 10 de la LRJCA reconoce la legitimación para demandar (legitimación ad causam activa) a quiénes invoquen la afectación de intereses legítimos o directos, en el presente caso no existe un interés legitimo o derecho subjetivo que haya sido lesionado al demandante que pueda ser tutelado en sede jurisdiccional. Agrega, aún y cuando resulta evidente la existencia de un interés personal del actor en las resultas de una sentencia estimatoria que determine el traslape que él alega existe entre su propiedad y la de nuestra representada, es lo cierto que esta circunstancia no lo legitima para formular la presente demanda que nos ocupa, por lo menos no en esta sede. Adiciona, aún en el evento de que el actor resulte victorioso en este proceso, no obtendría en concreto la declaratoria o reconocimiento de un interés legítimo o derecho subjetivo, lo cual solamente las autoridades Municipales pueden otorgar tras un arduo proceso de concesión, donde muchos serán los concursantes.

Argumenta, así se puede concluir con inteligencia meridiana, el accionante no ostenta ninguna relación con el objeto del proceso, que es la declaratoria de nulidad de las diligencias de información posesoria en sede judicial, acto que sólo podría ser objetado por el titular de este derecho, a saber, la Municipalidad de Aguirre. En este sentido, discrepa de la legitimación del demandante por un interés reflejo o indirecto que pudiera generarse de obtener una sentencia estimatoria, o en su defecto, si el Tribunal estima pertinente avalar la posición del Juzgador de Primera Instancia, por lo menos debió haber fundamentado esa decisión en forma clara, no solo atenerse al hecho de que el actor, por ser ciudadano costarricense está facultado para accionar, situación que desde su óptica no le confiere legitimación alguna. Añade, el Tribunal inobservó que el actor mediante la puesta en marcha del engranaje jurisdiccional del Poder Judicial, lo que pretende es fraccionar un derecho de carácter difuso o colectivo y hacerlo suyo a título personal, tesis que no es aceptable, ya que ese derecho, si bien se ubica en la ZMT, se encuentra ubicado en la zona restringida, cuyo titular lo es la Municipalidad de Aguirre.

Destaca, dicha Corporación como beneficiada de las resultas de una eventual sentencia estimatoria, no fue quién accionó en esta sede contenciosa, de ahí que el fallo que deniega la excepción de falta de legitimación debe ser anulada en todos sus extremos.

VII.Tocante al primer agravio por la forma, tratándose de un cargo por incongruencia, conviene establecer el marco de lo peticionado y su conformidad con lo resuelto. El accionante solicitó declarar: a) la información posesoria promovida por Mario Golcher Avendaño mediante el expediente judicial no. 1641-71, ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, no reunió los presupuestos legales de fondo para conferirle la titularidad del terreno descrito en la demanda (hoy su sucesión), -finca de Puntarenas no. 44889-000-, por lo cual es inválida y absolutamente nula la sentencia dictada dentro de dicho proceso; b) la inscripción registral del inmueble de cita resulta inválida y absolutamente nula; c) dicho terreno nunca perdió su condición de bien demanial, no obstante la titulación de cita; d) por lo tanto, son ilegales, inválidos, ineficaces y absolutamente nulos los traspasos de dicha finca, posteriores a su inscripción original en el Registro, incluyendo las enajenaciones de Mario Golcher Avendaño a favor de las codemandadas; y, de Llama del Bosque a Inversiones Picón, así como las sucesivas a cualquier tercero.

Por ello, mediante mandamiento o ejecutoria de sentencia deberá ordenarse la cancelación de todas las inscripciones generadas por esos traspasos; e) Subsidiariamente, solicita declarar que la rectificación del lindero que muestra el plano catastrado no. P-502694-83, referido a la finca no. 6-044889-000, así como las diligencias judiciales de rectificación de lindero, promovida por Inversiones Picón ante el Juzgado Civil de Puntarenas son ilegales y absolutamente nulas, por ende, no le son oponibles, sino que tiene derecho a pedir el deslinde formal, demarcación y amojonamiento entre ambos inmuebles, conforme a la ubicación legal y verdadera. Por lo anterior, debe ordenarse cancelar la inscripción de dicho plano en el Catastro Nacional y la referencia que de él se hace en la finca 6-44889-000; g) que el lindero que divide actualmente el inmueble del actor con la ZMT, o subsidiariamente, en defecto de la declaratoria en todo o en parte de la demanialidad indicada, la finca no. 44889-000 no corresponde con la ubicación legal y verdadera que debe tener legal, material y catastralmente; h) que con la rectificación de medida indicada, su terreno se vio disminuido en 1500 m2, los cuales deberán restituírsele al colocarse los mojones en ejecución de sentencia; i) deberá localizarse en definitiva en el fallo, la línea divisoria entre el terreno del actor y la ZMT, o en su defecto, entre los dos terrenos inscritos a los que se refiere este juicio, los cuales deberán amojonarse en ejecución de sentencia; j) los gastos de remoción y recolocación de los mojones y cercas corren por cuenta de las codemandadas y don Mario Golcher, -hoy su sucesión-; k) se fije el plazo de dos meses para que los codemandados procedan a colocar los mojones y las cercas conforme a lo resuelto, y, en su defecto, pueda hacerlo por cuenta y gasto de los codemandados renuentes, sin costo para el Estado; l) se impongan ambas costas a las partes que se opongan a la demanda.

Por su parte el Juzgado, (fallo confirmado en segunda instancia salvo por el extremo de costas), declaró con lugar la demanda y nulas las diligencias de información posesoria no. 1641-1971, tramitadas por el señor Golcher Avendaño. Ordenó la cancelación en el Registro de la finca de Puntarenas, no. 44889-000, por formar parte de la zona restringida de la ZMT, cuya delimitación corresponde al Estado, por medio del IGN en lo que respecta a su deslinde con la ZMT (así como de sus separaciones materiales, como lo sería la cerca divisoria). Ordenó al Estado amojonar y delimitar los linderos de la ZMT donde se ubica la finca 6-044889-000. Impuso las costas a Naciente Selva Cristal S.A. y al Estado. Determinó una falta de legitimación e interés actual en cuanto a los codemandados Llama del Bosque y la Sucesión de Mario Golcher Avendaño, respecto de quienes declaró sin lugar la demanda, eximiéndoles del pago de costas, las cuales impuso a Naciente Selva Cristal S.A y al Estado.

Ahora bien, el Tribunal explicó, entendiendo la sentencia como una unidad de sentido, en la misma se decretó la cancelación registral del nacimiento de la finca 6-44889-000, extendiendo los efectos anulatorios, por conexión y consecuencia natural, a todos los movimientos apuntados en el asiento registral. Comentó, la finca 6-154679-000, a nombre de Naciente Selva Cristal S.A., proviene según sus antecedentes registrales y la propia sentencia, de la misma finca madre, original, matrícula 6-0448889-000, el cual fue registrado en setiembre de 2007, con la inscripción de la anotación de la presente demanda ordinaria, citas 474-15066-01-0001-001. Agregó, la sentencia no solo declara la nulidad de las diligencias de información posesoria no. 1641-1971, tramitadas ante el entonces Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo, por el señor Mario Golcher Avendaño, sino que también ordena la cancelación de la inscripción y del asiento registral de la finca de Puntarenas no. 044889-000.

Expresa, entendiendo la sentencia como una unidad de sentido, esa declaración de nulidad y orden de cancelación registral, tiene relación con Naciente Selva Cristal S.A., no solo porque la demanda ordinaria planteada por Rodolfo Muñoz se declara con lugar en cuanto a estos extremos, en contra de dicha sociedad, sino, además, porque ese mismo inmueble, registrado actualmente bajo matrícula no. 6-154679, a nombre de Naciente Selva Cristal S.A., proviene según sus antecedentes registrales, e información de los autos, de la misma finca original, matrícula 6-044889-000. Por ello, opinó, se desestimó por infundada, la derivación del apelante en cuanto a que la anulación y cancelación solo tenga relación con la actual sucesión del señor Golcher Avendaño, y; que dicho título fue adquirido por Naciente Selva Cristal S.A., como tercero de buena fe, al amparo del Registro. Acorde a lo expuesto, para esta Sala, es claro, el Tribunal no ha incurrido en el vicio de incongruencia que se apunta.

La nulidad del asiento correspondiente a la finca de Puntarenas no. 6-154679, a nombre de Naciente Selva Cristal S.A., es consecuencia lógica y jurídica, de la nulidad declarada del asiento de la heredad matrícula 6-044889-000, por cuanto la primera, según lo apunta los juzgadores, deriva de esta última. De tal suerte, no incurren los jueces en el vicio que se apunta, de ahí que deba desestimarse.

VIII.Referente al segundo y tercer motivos procesales, los cargos resultan improcedentes. La recurrente reclama la violación de lo dispuesto en el ordinal 24 de la LRJCA), así como de los numerales 106, 155 y 315 del CPC. Igualmente, estima, el Tribunal incurre en una falta de fundamentación en lo tocante la legitimación ad causam del actor. No obstante, es claro, los agravios de cita no se ajustan a las causales taxativas establecidas por el mandato 594 del CPC, lo cual impide a esta Sala ahondar en su conocimiento de ahí que deban rechazarse.

Recurso de Naciente Selva Cristal S.A. por razones sustantivos

IX.En su recurso principal la recurrente formula un único agravio por el fondo. No obstante, se incluye para su análisis la cuarta censura por la forma, en tanto corresponde en realidad a un cargo por razones sustantivas, y, cinco agravios formulados en escrito de ampliación. En la primera inconformidad (cuarta del recurso), reclama infracción a los preceptos 330, 369, 370, y 595 del CPC, así como el artículo 1 inciso g) de la LIP, por inobservancia del valor privilegiado de la prueba traída al expediente (error de derecho). Esgrime, el actor, al interponer el proceso ofreció el expediente judicial “no contencioso” de información posesoria, tramitado ante el Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda no. 1641 de 1971, alegando únicamente en su demanda, que el titulante no logró demostrar por medio de sus testigos, que había poseído por 30 años o más, hecho avalado por el Tribunal en la sentencia atacada.

Sin embargo, subraya, inobserva que el título por información posesoria no se inscribió sino hasta el año 1982, según se extrae del expediente aportado por el propio actor para demostrar su dicho. Refiere, el Tribunal confirmó la sentencia, desconociendo el valor privilegiado o superior de ese documento, el cual según lo disponen los artículos 569 y 570 del Código Procesal Civil, constituyen documentos públicos, y en ese sentido si se observa que para la fecha de la inscripción del citado título -1982-, ya la había poseído por 32 años. Denota, el titulo que origina la inscripción del inmueble emana directamente de la autoridad judicial (Juzgado Segundo de lo Contencioso y Civil de Hacienda). Arguye, de igual forma inobservó el Tribunal que según el artículo 1 inciso g) de la LIP, la presentación del documento público de traspaso no es el único medio probatorio para demostrar la posesión ejercida, pues cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble puede aprovechar la ejercida por sus transmitentes, para lo cual deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores.

Dice, lo anterior significa que, si el titulante tiene 10 o más años de poseer el bien, no es necesario que presente el documento público de traspaso, sin embargo, este hecho fue inobservado tanto por los juzgadores. Considera, si bien es cierto los testigos ofrecidos por el titulante Golcher Avendaño no manifestaron que había poseído el citado terreno por 30 años o más, ello se debió a que el Juzgador fue remitido por ministerio de ley al procedimiento que dispone la LIP, que solo exige la posesión por más de 10 años, (artículo 1 de la LIP), y en ese sentido el Juzgador no se extendió más allá de los 10 años requeridos por el artículo 1o de dicha normativa, lo cual no demerita la posesión que ejerció por 32 años. De igual forma, estipula, el Tribunal inobservó que conforme al artículo 1 inciso g) ibídem, al titulante Golcher Avendaño se le permitía escoger el medio probatorio de su elección para demostrar su posesión, por cuanto la ejercida superaba los 10 años, no siendo indispensable como equivocadamente lo asevera el Tribunal recurrido, la presentación del documento público de traspaso.

Valora, esta prueba de carácter privilegiado fue inobservada por el Tribunal conculcando el contenido esencial de los artículos 569 y 570 del CPC, así como el numeral 1 inciso g) de la LIP, generando la confirmación de la sentencia recurrida y la consecuente anulación del título de propiedad, todo en un craso error de derecho al restarle valor a la prueba aportada por el actor. En el segundo embate, (quinto del recurso) recrimina error de hecho y derecho en la valoración de la prueba. Manifiesta, lo anterior llevó a la incorrecta anulación del título de propiedad creado a partir de la información posesoria promovida por don Mario Golcher Avendaño. Expresa, el desafuero atribuido al fallo del Tribunal estriba en dos aspectos. Primero, error (de hecho) en cuanto al contenido de los documentos aportados por don Mario Golcher en el proceso de Información Posesoria no. 164 1-71, a saber: a) Contrato de Compra Venta del 1º de diciembre de 1950, entre Romeo Restani Seregatti, Francisco Barboza Carrillo y Jerónimo Barboza Mora; b) Contrato de Compra Venta de 1º de octubre de 1952, entre Francisco Barboza Castillo y José Céspedes Salazar; c) Contrato de Compra Venta de 17 de abril de 1955, entre José Céspedes Salazar y Mario Golcher Avendaño (folios 258 a 261 del Tomo I del expediente).

Segundo, error (de derecho) en cuanto al valor y trascendencia jurídica de esos acuerdos a la luz de la normativa aplicable al caso (LIP). Menciona, la apreciación jurídica que sobre ambas pruebas realiza el Tribunal es equivocada, no solo en cuanto a la validez y eficacia de tales contratos privados, como prueba documental dentro de unas diligencias de información posesoria, sino también en cuanto a la posibilidad de demostrar la posesión continuada sobre un inmueble para los fines de su titulación. Enuncia, procesalmente hablando, implican una defectuosa fundamentación de la sentencia y configuran sendos motivos de casación por violación indirecta, sea por error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba. Cita fallos de esta Cámara en apoyo de su tesis. Opina, existe error de hecho en la materialidad de la prueba, pues se aprecian incorrectamente los contratos mencionados, que sustentaron la información posesoria de examen e inscripción registral que ahora se anula.

Aclara, tanto el Juzgado como el Tribunal deducen de tal prueba algo que no refleja, a saber, que don Mario no cumplió los requisitos del Transitorio III de la Ley 4558 en cuanto a la posesión continuada del inmueble por más de 30 años. Sin embargo, advierte, la materialidad de la prueba documental demuestra sobradamente dicha posesión. En su criterio, de los documentos aportados se desprende con claridad el cumplimiento del requisito exigido por ley. Afirma, según enuncia el A quo y reitera el Tribunal, el señor Golcher Avendaño no logró demostrar la cadena de traspasos -sin solución de continuidad del inmueble-, hasta que él llegó a adquirir la posesión. Alega, es claro, de conformidad con el mandato 1º de la LIP no. 139, el titulante podía aprovechar la posesión ejercida de buena fe por los dueños o poseedores de la parcela que se pretendía titular. Apunta, mediante contrato de compra venta del 1º de diciembre de 1950, el señor Romeo Restani Seregatti (dueño) vendió a Francisco Barboza Carrillo (comprador) un terreno de 30 hectáreas en Playa Manuel Antonio, colindante con el Océano Pacifico con 300 metros de frente y donde con posterioridad a la indicación de la presencia de dos testigos, se indica, la posesión vendida corresponde a 17 años.

Argumenta, el principal error de hecho que contiene el fallo del Juzgado y también del Tribunal, es que deducen del documento algo que no dice, esto es, que Jerónimo Barboza Mora también compró la posesión del terreno. Ciertamente, asegura, en el encabezado se indica que "los suscritos" y se menciona tanto a don Romeo como a don Francisco y a don Jerónimo, pero en el contenido del documento se indica: "Que el primero le vende al segundo, quien acepta", es decir, que Romeo le vende a Francisco. De esa suerte, asevera, Jerónimo no emitió ninguna declaración de voluntad en dicho contrato y por tanto no compró ni obtuvo posesión alguna del terreno en cuestión. Considera, mediante contrato de compra venta del 1º de octubre de 1952, Francisco Barboza Castillo (único poseedor del terreno) le vende la finca en cuestión a José Céspedes Salazar, (folio 259). Posteriormente, continúa, el 17 de abril de 1955, don José Céspedes Salazar le vende a Mario Golcher Avendaño, la parcela sin inscribir indicada, quedando clara la cadena de traspasos, esto es, que el derecho de posesión pasó de Romeo Restani Ceregatti a Francisco Barboza Carrillo, luego a José Céspedes Salazar, quien lo transfiere a Mario Golcher Avendaño.

Enfatiza, en total se acumulan 22 años de posesión del terreno sin inscribir. Enuncia, tanto el Juzgado como el Tribunal han objetado de dicho trámite, que don Francisco Barboza Carrillo vende la propiedad el 1º de octubre de 1952 a don José Céspedes, lo cual (dice el Tribunal) hizo unilateralmente, esto es, sin la concurrencia del coposeedor señor Jerónimo Barboza Mora. Sin embargo, exterioriza, queda demostrado, Jerónimo Barboza Mora no compró el terreno, sino que únicamente lo hizo don Francisco Barboza Carrillo, de modo que para venderlo bastaba su firma. Estima, para el Tribunal se rompió la cadena de traspasos - sin solución de continuidad- de la posesión del inmueble, lo cual es erróneo, quedando claro, existe un error de hecho en la apreciación de la prueba documental referida a los sucesivos contratos de compraventa del inmueble, ya que, don Jerónimo Barboza Mora nunca compró el inmueble, ni tampoco fue su propietario, de modo que no era necesaria su firma para venderlo.

Estipula, al cometerse ese error de hecho, percibiendo el Tribunal algo que la prueba documental no dice, se violentan normas de fondo. En cuanto al error de derecho, esgrime, incurre en dicha falta al valorar la prueba documental que acredita la posesión que recibió don Mario Golcher Avendaño de los anteriores poseedores. Esboza, el error consiste en introducir en el Transitorio III de la Ley 4558 (Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre) un requisito que la norma no contiene: la exigencia de que el último documento mediante el cual se adquiere la posesión sea un documento público. Expresa, dicho requisito se contempla en el artículo 1 de la LIP, pero no está expresamente contemplado en el Transitorio III citado. Indica, también es notorio que la exigencia de notificación a la Municipalidad no está prevista por la ley; y, sin embargo, tanto el Juzgado como el Tribunal lo valoran como un requisito de validez y por ello anulan el título emanado de la información posesoria.

Menciona, si la ley no lo pone como requisito, tampoco puede ser motivo para anular el proceso de información posesoria en cuestión. Prosigue, en cuanto al error de hecho, por referirse a la materialidad de la prueba documental citada y no a su valor jurídico-probatorio, no cita como violada directamente norma alguna al respecto. Reafirma, el documento dice una cosa y el Tribunal entiende otra, en ello reside el error que invoca. Recalca, en punto al error de derecho, la infracción de las leyes relativas al valor de los documentos probatorios que acreditan el traspaso de la posesión, cita como infringidos el Transitorio III de la Ley 4558 -Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre- (el cual se interpretó en forma indebida), el mandato 1º de la LIP (aplicado indebidamente a un caso que no corresponde a sus disposiciones). Tocante al requisito de notificación a la Municipalidad de Aguirre (antes Aguirre y Parrita), reclama, al no existir en ninguna ley ni citarla tampoco el Tribunal, no es posible invocarla como violentada; pero igualmente el Tribunal asume que es un requisito legal, con lo cual violenta tanto el Transitorio III de la Ley 4558, como también el mandato 1 de la Ley de Informaciones Posesorias.

Refiere, la norma especifica que regulaba la posibilidad de titular lotes o fincas en la ZMT al momento en que se presentó la gestión judicial de titulación de don Mario Golcher Avendaño, era el Transitorio III de la Ley 4558. Relata, dicha disposición en lo literal indicaba: “ Transitorio III.- Aquellas personas que demuestren haber poseído en forma quieta, pública, pacífica y a título de dueños, lotes o fincas en la zona marítimo-terrestre, por más de treinta años, pueden solicitar título de propiedad sobre ellos, salvo la reserva a que se refiere el artículo 6 de esta ley, aun cuando hubieren poseído tales inmuebles durante parte de ese tiempo como arrendatarios, mediante contratos suscritos con el Estado o sus Instituciones. El procedimiento será el que marca la actual LIP. En este caso no habrá limitación en cuanto a la extensión del lote o finca a inscribir en cabeza del interesado".

Sobre el particular, reprocha, el requisito que se establece es demostrar haber poseído el terreno por más de 30 años. Sostiene, no se indica una forma específica de prueba, sino solo demostrar esa posesión, por lo cual entiende, es prueba admisible para ello cualquiera de las que permite el derecho común. Comenta, no existía entonces requerimiento especial en cuanto a los documentos que podían demostrar el traspaso de la posesión del terreno, pues el Transitorio III ibídem, no impuso como requisito que los documentos debieran ser públicos. Subraya, se establece que el procedimiento para la titulación es el que indica la LIP, como remisión al procedimiento (aspecto procesal), pero exige los mismos requisitos de fondo (aspecto de fondo) establecidos por dicha Ley. Expone, de hecho, los requisitos en cuanto a la posesión son diferentes en ambas leyes. Resalta, puede concluirse entonces que los requisitos de fondo para inscribir la parcela en discusión en el año 1971 eran los indicados por el Transitorio III ibídem, cuyo procedimiento disponían los ordinales 5 a 11 de la LIP, pues tales normas son las que regulan la parte procesal de esa ley.

Especifica, los requisitos que establece el artículo 1º de la LIP, no eran de aplicación a la titulación que realizó don Mario Golcher, pues para el caso concreto los requisitos de fondo eran los dispuestos por el Transitorio III de la ley 4558. De este modo, interpreta, los documentos para acreditar el traspaso de la posesión para el caso de estudio no requerían ser públicos, sino que podían ser privados y de allí el error de derecho cometido por el Juzgado y el Tribunal. Observa, ninguna de las normas aplicables al caso concreto menciona como requisito de validez la notificación a la Municipalidad del lugar; así si el Tribunal lo entiende como tal, violenta la normativa citada, pues le asigna un contenido que dichas normas no poseen. A su juicio, al sustentar la sentencia que del último traspaso no se presentó documento público, tal y como lo exige la LIP en su numeral 1º, sin percatarse el Juzgado de ello, constituye otro “vicio absoluto”.

Manifiesta, en cuanto a requisitos de fondo, el Transitorio III era norma especial y específica, no dispuso ningún requerimiento especial probatorio para demostrar los 30 años de posesión. Así expone, como el Transitorio III de la ley 4558 no estableció ese requisito de fondo, lo correcto es considerar que el contrato de compraventa de posesión de finca sin inscribir es válido y eficaz para obtener la titulación del terreno, tal y como se hizo oportunamente. Revela, igualmente, como la normativa no exige la notificación a la Municipalidad del lugar, debe entenderse, su falta no es motivo de nulidad; y, en consecuencia, el título obtenido por don Mario Golcher es totalmente válido y eficaz a la luz de la ley vigente en 1971. Finalmente acusa violada la norma 330 del CPC, que establece el mandato para los juzgadores en cuanto a tomar en cuenta la totalidad de la prueba recibida y valorarla conforme a las reglas de la sana crítica, pero atendiendo al valor probatorio que cada probanza según el mismo CPC, y, por supuesto según el valor que otras leyes puedan asignarle a cada elemento probatorio.

Señala, por cuanto el Tribunal valora erróneamente la prueba, negándole un valor que legalmente tiene. Explica, la violación en sentido negativo del canon 1º de la LIP, se da en tanto dicha disposición establece requisitos para el régimen ordinario de las Informaciones Posesorias, no obstante, la que realizó don Mario Golcher Avendaño fue una gestión especial basada en un Transitorio que estuvo vigente un corto tiempo y que ya no lo está. Afirma, se trata de la titulación de un terreno en la ZMT, para lo cual se dispusieron requisitos de fondo específicos y distintos de los contenidos en el mandato 1 de la LIP. Por esto, asegura, aplicar requisitos de este numeral a un caso que no está comprendido en sus disposiciones conlleva violación de la norma por aplicación indebida a un caso en que no tenía que aplicarse. Asevera, de la LIP debían aplicarse solo las normas de procedimiento, no así las de requisitos de fondo.

Ahora bien, estipula, el Transitorio III de la ley 4558 regulaba justamente el caso de la titulación que tramitó don Mario Golcher Avendaño, estableciendo que debía probarse una posesión mayor a 30 años, pero sin calificar de antemano ni de ninguna otra forma el tipo de prueba que podía utilizarse para demostrar precisamente esa posesión. Detalla, este Transitorio III se viola en forma directa, pues el Tribunal le asigna un contenido que no tiene y desprende de la norma un requisito que el artículo no establece. En efecto, valora, el Tribunal entiende que, si en las informaciones posesorias de la ZMT se pretende sumar el plazo de posesión de poseedores anteriores, el último documento de traspaso debe ser un documento público. Pero acusa, como la norma en comentario (Transitorio III) no contiene dicho requisito, tanto el Juzgado de Primera Instancia como el Tribunal violan el contenido del ordinal al entenderlo de forma distinta de lo que se desprende de su lectura.

Ampliación del Recurso: En el primer agravio ampliado, reclama indebida valoración de la prueba en infracción de los mandatos 5, 153, 155, 318, 330, 369 y 370 del CPC. Observa, cuando interpuso la acción contenciosa en el año 1999, el actor presentó como evidencia documental el plano catastrado del terreno de su propiedad y el expediente judicial no. 1641-1971, del proceso de información posesoria, documentos con los cuales pretendía demostrar, acudía en defensa de terrenos de la ZMT, y, de esa forma lograr se reconociera su legitimación para accionar. Apunta, al reconocerse la legitimación del actor se violentan los principios de valoración y de apreciación de la prueba, por cuanto fracciona un derecho sobre un terreno ubicado en la ZMT y lo hace suyo para alegar y sustentar la legitimación otorgada. Alega, dejan de lado los juzgadores que conforme al precepto 10 de la LRJCA, el actor no podía demandar la declaración de ilegalidad, y, en su caso, la anulación de actos y disposiciones de las autoridades, porque carecía del interés legítimo y directo para pedir se anulara el título inscrito a nombre del señor Mario Golcher Avendaño y de los posteriores propietarios.

Agrega, además de que el actor no impugnó la resolución que otorgó el titulo inscrito a favor del señor Golcher, sino las diligencias de Información Posesoria, que, en su criterio, no otorgan derecho alguno. Tampoco, dice, era titular el actor de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto o la disposición impugnados. A su juicio, de haberse valorado la prueba documental supra citada conforme a las reglas de la sana crítica racional dispuestas en el artículo 330 del CPC, los juzgadores habrían concluido que el terreno titulado por el señor Golcher Avendaño en la Zona Restringida, no podía fraccionarse para otorgarle un derecho al actor y consecuentemente legitimarlo para que acudiera a esa sede a demandar. Refiere tesis en cuanto a los alcances de la legitimación en la causa. Dice, la LRJCA aplicable al caso concreto, regula lo referente a la legitimación en sus preceptos 10, 11, 12, 13 y 14.

Acusa, el primero de ellos establece lo concerniente a la legitimación activa, y prevé diferentes hipótesis, para las cuales se requiere un interés legítimo o un derecho subjetivo. Este interés, apunta, debe reunir algunas características para ser tutelable en sede administrativa y jurisdiccional. Argumenta, en primer lugar, la anulación del acto debe suponer un beneficio para el demandante, el cual consiste en la eliminación de un acto perjudicial para él o, al menos, serle de utilidad o provecho. En segundo lugar, arguye, la repercusión de la nulidad debe ser directa e inmediata sobre la situación jurídica del impugnante; por ende, el interés material debe ser transformado directamente por la anulación del acto impugnado. En tercer lugar, asegura, el interés debe ser personal, de tal suerte, es necesaria una repercusión mediata o inmediata del acto administrativo en su esfera jurídica.

Así, asevera, no es tutelable el denominado interés simple, a saber, aquel referente al respeto de la legalidad en la actividad de la administración, el cual puede corresponder a todos los ciudadanos o a grupos en particular, sin que se concrete en un sujeto determinado (interés difuso). En cuarto lugar, considera, el interés debe ser actual y cierto, por ende, debe existir al momento de establecerse la demanda, sea porque se ha producido un daño o menoscabo, y debe mantenerse a lo largo del proceso hasta el dictado del fallo final con carácter de cosa juzgada material. Continúa, valorando los presupuestos enunciados con respecto al demandante, la resolución que otorgó el titulo inscrito a favor don Mario Golcher Avendaño, en nada perjudica al demandante, toda vez que no ostentaba ni ostenta ningún derecho sobre la porción de tierra ubicada en la zona restringida de la ZMT, es decir, no era concesionario ni titular de la porción de tierra no comprendida dentro la ZMT de dominio privado.

De hecho, destaca, a la fecha en la que se tituló el terreno objeto del presente proceso, el demandante ni siquiera era vecino de Quepos. Así, enfatiza, el interés actual y cierto era inexistente al momento de establecerse la demanda. Contrario a ello, enuncia, dicho lote le pertenecía a la Municipalidad de Quepos, sin embargo, el Plan Regulador para el sector costero de Playa Espadilla de Manuel Antonio donde ubica el fundo objeto del presente proceso, no entró en vigencia sino hasta el año 2001, de ahí que el señor demandante ni siquiera podía aspirar a ser concesionario de aquel, porque hasta tanto no se dé la implementación de un Plan Regulador para algún sector costero de la ZMT, no se puede hablar de concesiones, según los pronunciamientos de la Controlaría y de la Procuraduría General de la República (en adelante PGR). Ello, esgrime, porque no se ha procedido a separar la zona pública de la pleamar ordinaria ni la zona restringida, y por ende el actor no sufrió ningún menoscabo o daño en la esfera de sus derechos.

Además, como dicha franja de terreno costera es parte de la zona restringida de la ZMT de Quepos, el accionante no mantiene el interés como presupuesto esencial para tenerlo como parte legitimada en este proceso. Enuncia, cuando formuló el recurso casación, alegó, que la pretensión del demandante, se dirige a recuperar la parte de terreno que él considera suya por motivo de un traslape que alega, sobre el que ya existe sentencia con autoridad de cosa juzgada material; pero que no es parte legitimada o con interés directo en este proceso, ni titular de derecho subjetivo alguno. Lo anterior, exterioriza, fue pasado por alto por el Juzgado y Tribunal, en quebranto de los mandatos 153 y 155 del CPC, lo cual tornó el fallo que ataca en irregular, ya que no cumple con la correcta estructura que deben contener las sentencias. Puntualiza, la falta de legitimación era declarable aún de oficio, por tratarse de un presupuesto sustancial, a no ser que el proceso se hubiese instruido por el problema de traslape por el cual accionó en forma subsidiaria el actor, respecto de lo cual, su acción fue denegada, por no ser la sede contenciosa la vía para discutir pretensiones personalísimas como lo es el traslape de cita.

En el segundo motivo, esboza, amplía el cargo referente a la violación del mandato 34 de la Constitución Política, sobre la prohibición de aplicar las leyes en forma retroactiva, en infracción a la Ley 4847 del 14 de octubre de 1971, el Transitorio V de la Ley 6043 y su Reglamento, así como el voto de la Corte Plena emitido en la sesión extraordinaria no. 52 celebrada el 2 de noviembre de 1972, publicada en el Boletín Judicial no. 215 del 03 de noviembre de 1972, mediante el cual y por unanimidad, se declaró al Transitorio III ibídem, contrario al artículo 34 de la Constitución Política por retrotraer sus efectos al 8 del mes de setiembre inmediato anterior. Explica, el A quo anuló el título del terreno en discusión sin verificar si el Transitorio III de la Ley 4558, estaba vigente y surtiendo efectos legales, decisión que fue avalada por el Tribunal al confirmar la sentencia. Expresa, para demostrar la aplicación retroactiva del Transitorio III de la Ley 4558 en la que incurrió tanto el Juzgado como el Tribunal, se procede a hacer un recuento de los aspectos cronológicos involucrados en las diligencias de información posesoria promovidas.

Indica, don Mario Golcher interpuso las diligencias de Información Posesoria el 4 de octubre de 1971, conforme al numeral 5 de la LIP, le fue notificada al ITCO y a la PGR para que ejercieran su defensa, a lo cual se opuso la PGR con fundamento en el hecho de que el entonces titulante había presentado su demanda de información posesoria el 4 de octubre de 1971, data en la cual ya se había derogado el Transitorio III de la Ley 4558 mediante la Ley 4847 del 14 de octubre de 1971. Agrega, en dicha ley se dispuso que solo los procesos de información posesoria presentados a estrados judiciales al 08 de septiembre de 1971, podían continuar su tramitación hasta su fenecimiento. Insiste, debido a dicha oposición el Juzgado suspendió el trámite en un claro perjuicio para el titulante. Sin embargo, informa, atendiendo a que la Corte Plena, actuando como Tribunal Constitucional, había declarado por unanimidad, que el Transitorio III de la Ley 4558 era contrario al artículo 34 de la Constitución Política, el titulante Mario Golcher Avendaño solicitó la reanudación de las diligencias de información posesoria, lo cual ordenó el Juzgado en diciembre de 1978, lográndose la inscripción del título a favor de Golcher Avendaño en el año 1982.

Manifiesta, así, el proceso de titulación aludido fue tramitado bajos los lineamientos, términos y condiciones de la LIP, conforme lo ordena su canon 8, para continuar su tramitación conforme a la ley una vez superado el obstáculo siete años más tarde, sin que existiera algún vicio susceptible de causar nulidad. Menciona, el error en el cual incurrieron los jueces contenciosos, fue aplicar al presente asunto las disposiciones de un transitorio que había sido derogado 7 años antes de que se reanudara el proceso de titulación, cuando lo correcto en buena técnica procesal, era reconocer el derecho que le otorgó el Transitorio III de la Ley 4558, para que al titulante iniciara el trámite de titulación, más no la aplicación de las demás disposiciones que contenía dicho transitorio en razón de su derogatoria. Ello, dice, ante la imposibilidad de prolongar la eficacia de una ley abolida, según lo ha dispuesto la Sala Constitucional.

Describe, el yerro del Tribunal permitió que se anulara su título de propiedad con los consecuentes daños y perjuicios irrogados, ya que desde el año 1999 cuando se inició este proceso, no ha podido disponer libremente de la citada propiedad. Prosigue, el accionar del Tribunal violenta flagrantemente el mandato 34 de la Constitución por la aplicación indiscriminada de un transitorio obsoleto, aplicando de esa manera retroactivamente leyes cuya eficacia y efectos, habían dejado de existir. Reafirma, el demandante utilizó de mala fe las disposiciones del Transitorio III de la Ley 4558 para inducir a error a los juzgadores y así sustentar una acción judicial a todas luces fraudulenta. Pero no utilizó en beneficio de su representada, la existencia de una ley posterior que enervó los efectos del citado transitorio III, quebrantando el principio de lealtad procesal e incurriendo en actos de fraude procesal, porque deliberadamente lograron la instrucción de un proceso con base en una normativa derogada e inaplicable.

En la tercera censura ampliada, reclama, violación indirecta de ley, por lo cual acusa quebranto del precepto 154 de la Constitución Política, los numerales 2 y 8 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los mandatos 1 y 6 de la LIP número 139 del 14 de julio de 1941, Transitorio III de la Ley Número 4558, del cardinal 5 del CPC, y de lo dispuesto en el canon 856 del Código Civil. Acusa, a la fecha en la que se recibieron los testimonios de los testigos propuestos por el titulante para demostrar la posesión (13 de marzo y 10 de abril de 1979), el Transitorio III de dicha ley, ya tenía 8 años de haber sido derogado por la Ley 4847 del 14 de octubre de 1971. Refiere, a esa data la LIP era la única normativa existente a la que cual el Juzgador podía acudir una vez reanudado el proceso de titulación, para evitar la aplicación de leyes en forma retroactiva. Relata, el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, dio curso y luego suspendió la tramitación de dicho proceso ante la oposición de la PGR, ordenando su reactivación una vez superada la oposición de la PGR.

Cita doctrina sobre la derogación en apoyo de su tesis. Reprocha, el Transitorio III fue derogado por la Ley 4847, por lo tanto, al existir norma expresa de igual rango que concordara en cuanto al contenido del Transitorio III, el efecto de validez lo ejerce la norma posterior, que desplaza a la anterior ley a la que contradice parcial o totalmente, es decir, el plazo de 30 años que fijaba el Transitorio III quedó desplazado por el de 10 años que dispone la LIP, al contradecirlo en cuanto a ese extremo. Cita los testimonios rendidos en el proceso de información posesoria. Agrega, conociendo el juzgador que el transitorio III de la Ley 4558 y sus efectos habían sido desplazados, no por una ley posterior sino por una norma vigente, de igual rango y con contenido expreso en cuanto al procedimiento para titular terrenos carentes de título, acertadamente aplicó las disposiciones establecidas en la LIP.

Resalta, al quedar derogado el Transitorio III los despachos judiciales que tenían en trámite dichos procesos, debían suplir la ausencia de la ley derogada en cuanto al plazo de posesión que los titulantes debían demostrar, por lo que al colisionar el plazo de 30 años dispuesto en una ley ya desplazada con el plazo de 10 años establecido en una ley que gozaba de plena vigencia, el Juzgado obviamente debía aplicar las disposiciones de la “Ley Desplazante”. Sostiene, conforme al precepto 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la LIP era aplicable al caso de estudio por regir en la actualidad y de acuerdo con los efectos del principio de derogatoria de las leyes. Subraya, valorando que los Jueces como miembros del Poder Judicial sólo están sometidos a la Constitución y a la ley, según lo disponen los artículos 2 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución Política, respectivamente, debían ejercer su ministerio de administrar justicia en primera instancia, conforme a la Constitución y a la Ley, eso es, evitar la aplicación de la ley en forma retroactiva y administrar las normas existentes con plena vigencia.

En la cuarta inconformidad, acusa violación a lo dispuesto en los ordinales 11, 24, y 47 de la LRJCA, así como en los preceptos 106, 155, 194, 197, 198, y 315 del CPC. Amplía el cargo referente a la indebida integración de la litis. Expone, el A quo al detectar que el actor omitió maliciosamente demandar a la verdadera derechohabiente del bien en cuestión, debió ordenarle integrar la litis en contra de la Municipalidad de Quepos. Especifica, en igual yerro incurrió el Tribunal al omitir en el fallo cumplir con las estructuras de las sentencias, dejando de corregir las omisiones procesales del caso. A su juicio, si bien el A quo ordenó notificar a la entonces Municipalidad de Aguirre, conforme a los preceptos mencionados, debía traerse al proceso a todas las partes que la sentencia pudiera afectar, además, la referida Corporación tampoco fue notificada de la demanda, constante en el expediente que el referido Ayuntamiento no es el autor del acto o de la disposición al que se refiere el juicio de examen.

Esgrime, tampoco se está ante los supuestos del canon 11 incisos 1 y 2 de ese cuerpo normativo, ni en presencia de un proceso de lesividad como para que la notificación se hubiera realizado de otro modo. Opina, esa omisión lesiona groseramente el contenido de los preceptos 47 de la LRJCA y los mandatos 106, 173 y 315 del CPC, así como los numerales 2, 19, y 20 de la Ley de Notificaciones. Esboza, debió tenerse a la Municipalidad de Quepos como demandada, por ser titular de los terrenos ubicados en la ZMT, a quien debió ordenarse integrar a la litis. Lo anterior, acusa, obliga a que se case la sentencia, en tanto lo fallado podría perjudicar los intereses de la referida Corporación, sin embargo, comenta, estando en una etapa en la cual no es posible enderezar el proceso en contra de la Municipalidad de cita, al ser una etapa ya precluida, solicita declarar la inadmisibilidad de la demanda.

En el quinto cargo, refiere violación indirecta de la ley por error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, en quebranto de los preceptos 317, 318, 330, 379, y 399, del CPC. Esgrime, los juzgadores partieron de una premisa errada al disponer la nulidad del proceso de información posesoria y la consecuente nulidad del título de propiedad, no así la nulidad de la resolución que otorgó el título inscrito, con fundamento en que se rompió la cadena de traspasos. Ello, dice, por cuanto, para los jueces, se dio el traspaso a José Cespedes Salazar sin la concurrencia de Jerónimo Barboza Mora, y, porque los contratos eran documentos privados. Además, agrega, porque para los juzgadores, los deponentes ofrecidos solo acreditaron 20 años de posesión y no los 30 del Transitorio III ibídem. Explica, del sentido gramatical de la redacción del mandato 1 inciso g) y del numeral 4 de la LIP se extrae, existen dos formas de demostrar la posesión que el titulante ha ejercido sobre el inmueble a titular, la primera, cuando el titulante no haya ejercido la posesión decenal, puede aprovechar la de los anteriores transmitentes, en cuyo caso si es necesario que el titulante presente el respectivo documento público de traspaso.

Sin embargo, adiciona no se está ese presupuesto, porque al momento en que el titulante inició las diligencias, ya su posesión sobrepasaba los 10 años, por ello, no era necesario aportar documento público de traspaso. Por otro lado, sostiene, de la literalidad del artículo 4 de la LIP, interpretada en sentido contrario, se concluye, si el titulante no está en posesión de documento público alguno con el que demuestre que ha estado en posesión del terreno a titular por más de diez años, deberá demostrar dicha posesión por medio de testigos. Expresa, según los testigos ofrecidos, se logró demostrar que el señor Golcher había poseído el terreno por espacio de 20 años al momento del interrogatorio. Dice, ello obedeció a que el Juzgador no examinó a los testigos por un plazo mayor, toda vez que se estaba en presencia de un proceso tramitado bajo los términos y condiciones de la LIP, debido al desplazamiento del que fue objeto el Transitorio III dada su derogatoria. Desde esa óptica, valora, ni la prueba ni la normativa aplicable al proceso de titulación fue valorada en conjunto por los juzgadores.

X.Para este órgano decisor, tanto el primer motivo del recurso principal, como el cuarto y quinto de la ampliación resultan informales. Los tres agravios son de naturaleza sustantiva, toda vez que pretenden establecer inobservancia del valor privilegiado de la prueba traída al expediente, en un caso correspondiente a la causal de casación por error de derecho dispuesto por el cardinal 595 inciso 3) del CPC, en el segundo por violación de los ordinales 11, 24, y 47 de la LRJCA, y 106, 155, 194, 197, 198, y 315 del CPC, referente a lo que considera el deber de notificar a la Corporación Municipal y en el último por error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba. Relacionado con lo anterior y en lo que al caso interesa, esta Sala ha indicado que, al amparo de los cánones mencionados del Código de rito civil, la violación de ley puede acontecer, de manera indirecta, por errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba.

En ambos supuestos, debe precisarse la prueba mal valorada y las normas sustantivas que se habrían infringido con ese proceder. En el último de los yerros, además, deben invocarse las disposiciones atinentes al valor del elemento probatorio cuya ponderación desacertada se reclama. En el caso concreto, si bien se reclama, los juzgadores no valoraron adecuadamente prueba aportada al proceso por el actor, asimismo, se omitió notificar y traer al proceso en la forma debida a la Municipalidad de Quepos, se observa, siguiendo el criterio señalado en reiteradas ocasiones por este órgano colegiado, el agravio así planteado se aparta de la correcta técnica casacional, toda vez que deja de mencionar la norma de fondo que se estima violentada. Ello de conformidad con el inciso 3) del numeral 595 del CPC, según el cual resulta indispensable indicar las leyes que en cuanto al fondo, resultan infringidas como consecuencia de los errores de apreciación reclamados. Dicha desatención obliga a que los agravios de cita deban rechazarse de plano.

XI.Tocante al segundo de los reproches, el Tribunal indicó, la sentencia del Juez A Quo es suficientemente explícita, en su considerando IX, sobre el fondo del asunto, en cuanto a los vicios absolutos no convalidables ni oponibles a tercero, que contiene el expediente de la información posesoria, que lo llevaron a declarar la nulidad de las diligencias de información posesoria N° 1641-1971, tramitadas ante el entonces Juzgado Segundo de la Contencioso Administrativo por el señor Mario Golcher Avendaño. Consecuentemente, reveló, en cuanto a ordenar la cancelación de la inscripción y del asiento registral - original- de la finca madre- matrícula 6- 044889-000–, pues, como estimó el A quo- no cumplió con todos los requisitos que establecía la ley en su momento. Entre ellos, valoró, con lo que disponía el Transitorio III de la Ley 4558, en el sentido de que para que los poseedores obtuvieran la titulación de un inmueble que se encontraba dentro de la zona restringida de la ZMT, requerían demostrar más de 30 años de poseer el inmueble en forma continua, quieta, pública y pacífica.

Estipuló, el A quo no desconoce que las diligencias fueron interpuestas el 1o de octubre de 1971, a pocos días de perder vigencia ese transitorio. Agregó, el señor Golcher Avendaño no logró demostrar, por medio de los testigos Benjamín Rosales Rosales, Moisés Fallas Abertazzi y Oscar Ortiz Sequeira, el supuesto de hecho normativo del citado Transitorio. Opinó, salvo por su afirmación, el apelante no cita los elementos de prueba testimoniales y folios respectivos del citado expediente, ni su respectiva transcripción, que lo demuestre. Relató, el señor Golcher Avendaño no logró demostrar, tampoco, por medio de los documentos de compraventas, el requisito del Transitorio III de la Ley 4558, ello por cuanto, el 1o de diciembre de 1950, el señor Romeo Restani Ceragatti traspasa la posesión a los señores Francisco Barboza Carrillo y Jerónimo Barboza Mora. Detalló, a esa data, según ese documento privado, el señor Restani Ceragatti tenía 17 de años de poseer (folio 258 del expediente N° 1641-1971).

Posteriormente, adicionó, el 1º de octubre de 1952, el señor Francisco Barboza Carrillo vende la propiedad al señor José Céspedes Salazar, lo cual hizo unilateralmente, esto es, sin la concurrencia del copropietario de la posesión, señor Jerónimo Barboza Mora (folio 259 de dicho expediente). Por último, estipuló, el señor Céspedes Salazar vende la propiedad a Mario Golcher Avendaño el 17 de abril de 1955 (folio 260 del expediente de Información Posesoria). De esa suerte, consideró, salvo por su afirmación, el apelante no acredita la cadena de traspasos -sin solución de continuidad- del inmueble, ni tampoco que todos los acuerdos contaran con los requisitos de legalidad pertinentes para dicho proceso. Esbozó, acorde al numeral 1º de la LIP no. 139, con relación al 863 del Código Civil, el titulante podía aprovechar la posesión ejercida de buena fe por los dueños o poseedores del inmueble que se pretende titular.

Desde esa óptica, el señor Golcher presentó el documento del traspaso de su derecho, y de los anteriores traspasos, sin embargo, de lo expuesto no cabe derivar que el señor Golcher pudiera aprovecharse de todos los años de posesión que constan en esos traspasos, particularmente de los 17 años, que para el 1o de diciembre de 1950, -según el documento privado tenía el señor Romeo Restani Ceragatti-, ello en virtud de que fueron traspasados a los señores Francisco Barboza Carrillo y Jerónimo Barboza Mora, sin que fueran enajenados a su vez por ambos, al señor José Céspedes Salazar. Ello, por cuanto, explicó, el señor Francisco Barboza Carrillo, lo hizo en forma unilateralmente, esto es, sin la concurrencia del copropietario, señor Jerónimo Barboza Mora. Con lo anterior, apuntó, se rompió la cadena de traspasos -sin solución de continuidad- de la posesión del inmueble. Detalló, así los 17 años de posesión del señor Restani Ceragatti no pueden sumarse a los 5 años en los que el bien fue poseído por los posteriores dueños (del año 1950 a 1952 por los señores Barboza y de 1952 a 1955 por el señor José Céspedes).

Si bien, a esos 5 años cabe sumar los 16 años de posesión que tuvo el señor Golcher del año 1955 en que adquirió la propiedad, al año 1971 en que promueve el proceso de información posesoria, sin embargo, la suma de ambos períodos solo arroja 21 años de posesión, incumpliendo el tiempo determinado por la ley, que era de más de 30 años. Manifestó, la invalidez y consecuente nulidad de las diligencias de información posesoria, declarada por el A Quo, se funda, entre otras razones, en el hecho de que se rompió la cadena y continuidad de los traspasos, por no estar presente el señor Jerónimo Barboza Mora en el traspaso de la propiedad al señor Céspedes Salazar. Lo anterior, estimó, es razón suficiente para que la cadena de traspasos se rompa. Consideró insuficiente que para ese momento no existiera "título de la propiedad" y por ende, que jurídicamente el traspaso se tuvo por bien hecho, porque no se estaba hablando de "títulos de propiedad", sino de documentos o títulos de traspaso de posesión de un bien inmueble.

Consecuentemente, opinó, dichos contratos requieren por su naturaleza, para su validez y eficacia, asimismo, por el paralelismo de las formas, de su debida documentación, a fin de acreditarlos. Añadió, incluso para su eficacia, desde el punto de vista fiscal, siendo que se trata - por su naturaleza-, de actos jurídicos documentados. En fin, interpretó, por no tratarse, de un hecho puro y simple, sino de una convención. Estimó evidente que el documento privado del 1º de octubre de 1952, hace fe entre el señor Francisco Barboza Carrillo y el señor José Céspedes Salazar, en cuanto a las declaraciones contenidas en el mismo, limitadas, en ese documento, al traspaso que el primero le hizo, unilateralmente, al segundo, sin la concurrencia del copropietario de la posesión, señor Jerónimo Barboza Mora. Por esa razón, rechazó el alegato en el sentido de que no existiera oposición por parte de Jerónimo Barboza Mora sobre esa venta, ni tampoco al proceso de Información Posesoria.

Argumentó, en el caso concreto resulta inaplicable el adagio de que el que calla “se presume que consiente”. Determinó, el mandato 5 de la citada ley no. 139, dispone ciertamente que se debían tener como partes a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Tierras y Colonización, quienes en el caso de estudio fueron notificados y apersonados al proceso. Sin embargo, afirmó, eso no obsta se ordenara como en efecto se hizo, notificar a la Municipalidad en la persona de su Ejecutivo Municipal como posible interesada, lo cual no se llevó a cabo. De esa forma, advirtió, - como señaló el A Quo-, se obstaculizó que esa Corporación Municipal hiciera una valoración de ese asunto, y una defensa efectiva de los intereses locales de dicha zona, lo cual desde su óptica es otro vicio absoluto. Aseguró, el procedimiento del expediente del proceso de información posesoria, fue suspendido por el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en vista de las manifestaciones de oposición del Procurador Agrario, (folios 289 y 295 del citado expediente).

Asimismo, aseveró, fue continuado en octubre de 1978 luego de las manifestaciones del señor Golcher, en cuanto a haber superado el obstáculo legal alegado por el Procurador Agrario (folio 299). Sin embargo, comentó, eso no obsta, como señaló el A Quo, que inicialmente fue suspendido, de acuerdo con la oposición del representante a fin de que se presentara el juicio ordinario (artículos 5 y 8 de la Ley No. 139 y 12 de la Ley No. 4545). Consideró adecuado a derecho, ordenar el archivo del expediente y tener por agotada esa vía - no contenciosa-, para que la parte gestionante acudiera a discutir su derecho a titular el bien en juicio ordinario, lo que no se dio, lo cual es otro vicio absoluto. Además, esgrimió, como lo expresara el A Quo, lo cual omite el apelante, analizados los tres documentos dichos se pudo determinar que el último de ellos del año 1955, donde consta el traspaso del derecho ya de forma directa (traspasado por José Céspedes), no fue presentado en documento público, tal y como lo exige la LIP, en su artículo 1º. -argumento que fue expuesto por la parte actora, del presente proceso-, lo cual tampoco fue evidenciado, en su momento, por el Juzgado indicado, el cual aprobó la titulación sin que se cumpliera este requisito legal, también constitutivo de un vicio absoluto.

En razón a todo lo anterior, descartó que la Información Posesoria en cuestión hubiese sido tramitada y resuelta conforme a las leyes vigentes a la época, en consecuencia, procedente, declarar la nulidad de las diligencias de información posesoria en cuestión.

XII.Para esta Sala resulta innegable, el Transitorio III de la Ley 4558, Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítima Terrestre, de 22 de abril de 1970, publicada en La Gaceta 104 del 12 de mayo de 1970, abrió momentáneamente la posibilidad, a los poseedores de áreas ubicadas en la zona restringida de la ZMT, a fin de que obtuvieran la titulación de sus parcelas. Para ello debían demostrar una posesión de más de 30 años en forma continua, quieta, pública y pacífica y a título de dueños, lo anterior a través del procedimiento dispuesto por la LIP. Con ese objeto, el señor Golcher Avendaño inició proceso de información posesoria en el año 1971, ofreciendo dentro del proceso como parte de su prueba, la testimonial de Benjamín Rosales Rosales, Moisés Fallas Albertazzi y Oscar Ortiz Sequeira, quienes indicaron (en el año 1979) que el señor Golcher superaba una posesión de 10 años en un caso, y de 20 años en el caso del testigo Rosales Rosales, es decir, lo que permite datar el inicio de su posesión, en el año 1959 (ver folios 284 y 287 del expediente).

Aunque el señor Golcher Avendaño aportó como prueba documental los contratos de compra de posesión que en su criterio acreditaban más de 30 años de ejercicio de la posesión sobre el inmueble a titular, no logró demostrar los más de tres decenios requeridos, toda vez que, en el contrato visible a folio 258 del expediente, fechado 1o de diciembre de 1950, el señor Romeo Restani Ceragatti traspasó su posesión (correspondiente a 17 años), a los señores Francisco Barboza Carrillo y Jerónimo Barboza Mora. Tal es la interpretación correcta de lo actuado en dicho contrato, toda vez que, aunque en su literalidad se indica que el primero vendió al segundo, en la realidad es claro, como compradores comparecieron dos personas, a saber, los señores Barboza Carrillo y Barboza Mora, quienes efectivamente suscribieron el contrato, de ahí que sea evidente, la venta fue realizada a favor de ambos y no solo del señor Barboza Carrillo.

Posteriormente, el 1º de octubre de 1952, el señor Francisco Barboza Carrillo vendió dicha posesión al señor José Céspedes Salazar, mas sin la concurrencia del copropietario de la posesión, señor Jerónimo Barboza Mora (folio 259). Finalmente, el señor Céspedes Salazar vendió su posesión a don Mario Golcher Avendaño el 17 de abril de 1955 (folio 260), la cual dicho señor mantuvo según la testimonial brindada, hasta el proceso de información posesoria formulado en 1971. No obstante, visto que la venta del señor Barboza Carrillo a don José Céspedes no contó con la firma del copropietario, señor Jerónimo Barboza Mora, no es dable contrastar la posición esbozada por el Tribunal, en el sentido de que dicha secuencia de traspasos de derechos posesorios fuera hecha -sin solución de continuidad-, toda vez que uno de los traspasos no contó con las dos firmas de sus titulares. Desde esa óptica resulta irrelevante si el señor Golcher presentó el último de los traspasos como documento público, o si fue notificada o no la Corporación local, lo anterior por cuanto, al solicitar el proceso de información posesoria el 1º de octubre de 1971, solo probó contar documentalmente con una posesión ininterrumpida de 16 años, incumpliendo el plazo determinado por la Ley 4558, según la cual, a ese efecto debía superar los 30 años de posesión continúa.

Se estima además que la interpretación hecha por el Tribunal en cuanto a la no solución de continuidad, se ajusta al principio de “indubio pro natura” (numerales 50 de la Constitución Política, y 11 de la Ley de Biodiversidad), pues tomando en cuenta que en la especie se trata de discernir si un particular contó con los requerimientos “por demás excepcionales” de ley, a fin de titular un bien ubicado en la zona restringida de la ZMT, cualquier interpretación del cumplimiento o no de tales requisitos debe ser realizada en forma restrictiva, en protección del ambiente y por supuesto, del demanio público, en caso de duda. De esa suerte, la interpretación en contra del titulante en torno al contrato de cita, se ajusta en un todo al principio pro-natura, por lo cual, la invalidez y consecuente nulidad de las diligencias de información posesoria, declarada por el A Quo y ratificada por el Tribunal, se encuentra ajustada a derecho, sin que se observe incurrieren los jueces en los quebrantos apuntados por la parte recurrente. Debido a lo anterior, el agravio es inatendible.

XIII.Referente al primer motivo ampliado, el agravio resulta improcedente. La recurrente reclama la violación de lo dispuesto en los mandatos 5, 153, 155, 318, 330, 369 y 370 del CPC. Igualmente estima, el Tribunal yerra al valora la legitimación ad causam del actor. No obstante, es claro, el cargo de referencia escapa a las causales taxativas establecidas por el mandato 595 del CPC, lo cual impide a esta Sala ahondar en su conocimiento de ahí que deba rechazarse.

XIV.Tocante a los motivos segundo y tercero formulados en la ampliación, para esta Sala es claro, se trata de argumentos novedosos, no argüidos con anterioridad. Si bien la casacionista esgrime por una parte, la violación del mandato 34 de la Constitución Política, sobre la prohibición de aplicar las leyes en forma retroactiva, en infracción a la Ley 4847 del 14 de octubre de 1971, el Transitorio V de la Ley 6043 y su Reglamento, así como el voto de la Corte Plena emitido en la sesión extraordinaria no. 52 celebrada el 2 de noviembre de 1972, publicada en el Boletín Judicial no. 215 del 03 de noviembre de 1972; y por otra, el quebranto del precepto 154 de la Constitución Política, de los numerales 2 y 8 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1 y 6 de la LIP, del Transitorio III de la Ley Número 4558, del cardinal 5 del CPC, y de lo dispuesto en el canon 856 del Código Civil, dichos alegato no habían sido expuestos con anterioridad. En efecto, los reclamos por irretroactividad de la ley, o aplicación por derogatoria de la norma desplazada resultan absolutamente innovadores en esta etapa. Lo anterior lesiona lo dispuesto por el mandato 608 del CPC, circunstancia que obliga a su rechazo, toda vez que no pueden ser objeto del recurso extraordinario cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes.

XV.Por lo expuesto, resulta obligado el rechazo de los recursos formulados, con costas a cargo de cada una de las partes que lo formuló. (numeral 611 del Código Procesal Civil).

POR TANTO

Se declaran sin lugar los recursos. Son las costas a cargo de cada una de las partes que lo formuló.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jorge Alberto López González Jéssica Jiménez Ramírez

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    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones
    • Land Tenure and TitlingTenencia y Titulación de Tierras

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Decreto Ejecutivo 7841 Maritime-Terrestrial Zone Law Regulation
      • Ley 6043 Maritime Terrestrial Zone Law
      • Ley 7788 Biodiversity Law
      • Ley 4558 Tourism Development Law for the Maritime-Terrestrial Zone
      • Decreto Ejecutivo 36642 Regulation on Specifications for Demarcating the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone

      Este documento cita

      • Decreto Ejecutivo 7841 Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre
      • Ley 6043 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre
      • Ley 7788 Ley de Biodiversidad
      • Ley 4558 Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre
      • Decreto Ejecutivo 36642 Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre

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