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Res. 00565-2017 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · 31/10/2017

Reversal of registered owner's civil liability in traffic accidentRevocatoria de responsabilidad civil del propietario registral en accidente de tránsito

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The civil liability judgment against the registered owner is partially reversed, limiting his liability to the value of the vehicle.Se revoca parcialmente la condena de responsabilidad civil contra el propietario registral, limitando su responsabilidad al valor del vehículo.

SummaryResumen

The Cartago Criminal Sentencing Appeals Court partially overturned a trial court's ruling that had declared the registered owner of a vehicle jointly and severally liable for a traffic accident, even though he was not the driver and none of the exhaustive grounds of Article 188 (current Article 187) of Law 7331 were met. The lower court had based liability on Article 7 of that law, interpreting that the owner is objectively responsible for consequences arising from use of the vehicle. The Appeals Court, disagreeing with the majority jurisprudential line, held that the 2008 reform by Law 8696 substantially altered the regime, limiting the owner's objective liability to the value of the vehicle, and that full joint and several liability only applies in the strictly defined cases under Article 188. Since none of those grounds were proven, it reversed the judgment against the civil defendant, ordering that his liability be limited to the value of the vehicle. It exempted the civil claimants from costs, finding they litigated with plausible reason.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago revocó parcialmente la condena de un juzgado penal que había declarado responsable civil solidario al propietario registral de un vehículo involucrado en un accidente de tránsito, a pesar de no ser el conductor ni concurrir ninguna de las causales taxativas del artículo 188 (actual 187) de la Ley 7331. La instancia anterior había fundado la responsabilidad en el artículo 7 de dicha ley, entendiendo que el propietario responde objetivamente por las consecuencias del uso del vehículo. El Tribunal de alzada, discrepando de la línea jurisprudencial mayoritaria, determinó que la reforma operada por la Ley 8696 en 2008 modificó sustancialmente el régimen, limitando la responsabilidad objetiva del propietario a la garantía del valor fiscal del vehículo, y que la responsabilidad solidaria plena únicamente procede en los casos estrictamente previstos en el artículo 188. Como en el caso no se demostró ninguna de esas causales, revocó la condena contra el demandado civil, ordenando que su responsabilidad se limite al valor del automotor. Exoneró en costas a los actores civiles, al considerar que litigaron con razón plausible.

Key excerptExtracto clave

For this Court of Appeals, the previous interpretation is contrary to the principle of legality, inasmuch as, in reality, the first type of liability, derived from current Article 189 of Law No. 7731 of April 13, 1993 — corresponding to former Article 188 whose numbering was shifted and which would be applicable to the case according to the date of the facts proven here — is closely linked to Article 7 of that same law, which expressly states, in its latest legislative wording: “In any traffic incident involving a vehicle, the registered owner shall be the objective civilly liable party for the consequences arising from the use, handling, possession or custody of the vehicle, even if he was not the driver of the vehicle and the responsible party is not identified in a traffic proceeding; unless said registered owner proves that he sold the motor vehicle by means of a public deed prior to the date of the incident under investigation. If the indicated exception or any other legally valid one is raised, the authority shall, in the first case, carry out all necessary steps to notify and inform the new documented owner of the facts, in order to continue the corresponding proceeding against the latter. To determine the joint and several civil liability of the owner, the proceeding shall be conducted in accordance with the provisions of Article 187 et seq. of this Law.” Note that, with the current wording of this seventh numeral, there is no doubt that the joint and several civil liability of the registered owner must be determined by the rules provided in the corresponding chapter, precisely for the determination of civil liability. A chapter reduced to a few articles concerning the specific scenarios in which the registered owner could be liable together with the driver (Article 188 of that same law). Thus, as a corollary, it must be understood that the registered owner will be jointly and severally liable with the driver only in the expressly established cases, and liable up to the value of the vehicle owned by him. Thus, it is clear that, in the case at hand, since the criterion for imputing liability to the civil defendant was not determined as the joint and several civil liability in the manner provided in Articles 187 et seq. of the commented law, his conviction is contrary to law, and its reversal is therefore appropriate.Para este Tribunal de Alzada, la anterior interpretación resulta contraria al principio de legalidad, en el tanto, en realidad, el primer tipo de responsabilidad, derivada del actual artículo 189 de la ley número 7731, de 13 de abril de 1993 -correspondiente al 188 anterior cuya numeración fue corrida y que sería el aplicable a la especie de acuerdo con la fecha de los hechos que aquí se demostraron-, se encuentra estrechamente vinculado con el artículo 7 de esa misma ley, que expresamente establece, en su formulación legislativa última: "En todo hecho de tránsito, en el cual se encuentre involucrado un vehículo, el propietario registral será el responsable civil objetivo de las consecuencias que se deriven del uso, la manipulación, la posesión o la tenencia del vehículo, aun cuando él no haya sido el conductor del vehículo y el responsable del hecho no sea identificado en un proceso de tránsito; salvo que dicho propietario registral demuestre haber vendido el automotor, por medio de escritura pública con fecha anterior al hecho que se investiga. De oponerse la salvedad indicada o cualquier otra legítimamente válida, la autoridad procederá, en el primer caso, a realizar todos los trámites necesarios para la notificación y puesta en conocimiento de los hechos al nuevo propietario documental, a fin de continuar contra este el proceso correspondiente. Para determinar la responsabilidad civil solidaria del propietario, la gestión se realizará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 y siguientes de esta Ley." Nótese que, con la redacción actual de este numeral sétimo, no cabe duda que la responsabilidad civil solidaria del propietario registral debe determinarse con las reglas previstas en el capítulo correspondiente, precisamente, para la determinación de la responsabilidad civil. Capítulo que se reduce a pocos artículos en torno a los supuestos específicos en los que el propietario registral podría ser responsable junto con el conductor (artículo 188 de esa misma ley). De modo que, como corolario, debe entenderse que el propietario registral responderá de forma solidaria con el conductor, solo en los casos expresamente establecidos y responde hasta por el valor del vehículo de su propiedad. Así las cosas, resulta claro que, en el caso que nos ocupa, al no haberse determinado como criterio de imputación contra el demandado civil la responsabilidad civil solidaria de la forma en que se dispone en los artículos 187 y siguientes de la ley de comentario, su condenatoria deviene contraria a derecho, por lo que corresponde su revocatoria.

Pull quotesCitas destacadas

  • "De modo que, como corolario, debe entenderse que el propietario registral responderá de forma solidaria con el conductor, solo en los casos expresamente establecidos y responde hasta por el valor del vehículo de su propiedad."

    "Thus, as a corollary, it must be understood that the registered owner will be jointly and severally liable with the driver only in the expressly established cases, and liable up to the value of the vehicle owned by him."

    Considerando II

  • "De modo que, como corolario, debe entenderse que el propietario registral responderá de forma solidaria con el conductor, solo en los casos expresamente establecidos y responde hasta por el valor del vehículo de su propiedad."

    Considerando II

  • "La responsabilidad civil solidaria del propietario registral debe determinarse con las reglas previstas en el capítulo correspondiente, precisamente, para la determinación de la responsabilidad civil."

    "The joint and several civil liability of the registered owner must be determined by the rules provided in the corresponding chapter, precisely for the determination of civil liability."

    Considerando II

  • "La responsabilidad civil solidaria del propietario registral debe determinarse con las reglas previstas en el capítulo correspondiente, precisamente, para la determinación de la responsabilidad civil."

    Considerando II

  • "El vehículo con el cual se cause un daño se mantendrá gravado a resultas del proceso respectivo y a la orden de la autoridad judicial que conozca de éste."

    "The vehicle with which damage is caused shall remain encumbered subject to the outcome of the respective proceeding and at the disposal of the judicial authority hearing it."

    Considerando II (citando Art. 189 Ley 7331)

  • "El vehículo con el cual se cause un daño se mantendrá gravado a resultas del proceso respectivo y a la orden de la autoridad judicial que conozca de éste."

    Considerando II (citando Art. 189 Ley 7331)

  • "Así las cosas, resulta claro que, en el caso que nos ocupa, al no haberse determinado como criterio de imputación contra el demandado civil la responsabilidad civil solidaria de la forma en que se dispone en los artículos 187 y siguientes de la ley de comentario, su condenatoria deviene contraria a derecho, por lo que corresponde su revocatoria."

    "Thus, it is clear that, in the case at hand, since the criterion for imputing liability to the civil defendant was not determined as the joint and several civil liability in the manner provided in Articles 187 et seq. of the commented law, his conviction is contrary to law, and its reversal is therefore appropriate."

    Considerando II

  • "Así las cosas, resulta claro que, en el caso que nos ocupa, al no haberse determinado como criterio de imputación contra el demandado civil la responsabilidad civil solidaria de la forma en que se dispone en los artículos 187 y siguientes de la ley de comentario, su condenatoria deviene contraria a derecho, por lo que corresponde su revocatoria."

    Considerando II

Full documentDocumento completo

**II.-** […] **The complaint cannot succeed.** A simple reading of the challenged judgment makes it entirely easy to understand that it is not true that the trial judge leaned toward the simultaneous application of the law in force at the time of the facts, Law No. 7731, of April 13, 1993, and its amendments, as well as the law enacted after it, No. 9078, of October 4, 2012. It is alleged that this was done to hold the civil defendant liable, in his capacity as registered owner (propietario registral) of the vehicle involved in the accident, for not having demonstrated that a transfer (traspaso) of the vehicle existed prior to the accident. However, on the one hand, this is not the case, because, in any event, both regulations, Article 7 of Law No. 7731, of April 13, 1993, as well as Article 197 of Law No. 9078, of October 4, 2012, include within their formulation that the registered owner shall be strictly liable (responsable objetivo) for the consequences arising from the use, manipulation, possession, or tenancy of the vehicle and that he may be released from that liability, unless a document demonstrates that the vehicle was sold, transferred to a third party, stolen, or is not within his control, with a date prior to the traffic accident. However, under the law currently in force, that will only occur when the driver is not identified, in which case, the interested party must file the civil proceeding against the registered owner, and when this is not the case, that is, when the driver is identified, the joint and several civil liability (responsabilidad civil solidaria) of the owner or possessor may be processed within the respective traffic proceeding. For this Court, the argument is not accurate not only because, for the purposes of the judgment, the normative content is identical in both cases; but also because it is observed that only the law in force at the time of the fact was applied. For these reasons, the alleged defect would not exist.

Nonetheless, it cannot be overlooked that, according to the facts proven in the judgment, the civil defendant was not attributed any of the cases of strict joint and several liability provided for in the oft-cited Article 188, but rather, it seems, his participation was derived from appearing as the mere registered owner of the vehicle involved in the event (see statement of facts on page 127 verso). Faced with this, as part of the intellectual reasoning of the judgment, the judge limited herself to understanding:

"...the CIVIL RESARCITORY ACTION IS HEREBY GRANTED, the damages caused having been proven, the legal standing (legitimación) of these parties to sue the causer of the damages, and the enforceability of the claim, that is, its current interest, likewise being deemed established against the civilly sued third party for being the registered owner of the motor vehicle license plate [Placa1], Toyota brand, therefore he must respond jointly and severally with the accused. Such treatment of civil liability is expounded upon in articles 187 and 188 of the cited Law No. 7331; the *Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres* comprehensively establishes a series of obligations pertinent to the registered owners of the vehicle. Part of these effects can be observed in Article 7 ibidem as it establishes the civil liability of the owner for the consequences emanating from the use, manipulation, possession, or tenancy of the vehicle, even when he was not the driver, except upon proof of having conveyed the asset by public deed before the event that would produce that liability. Likewise, case law has indicated that, even so, it is evident that the simple circumstance that the registered owner does not commit the infraction, but rather a third-party driver, does not release him from that civil liability, which would be limited to the fiscal value of the vehicle, with the exception of the cases of joint and several liability provided for by canon 188 ejusdem. The foregoing regulations allow establishing that there is no dissociation of the owner from the asset, by the simple fact of temporarily ceding its use to another person. As has been proven through the registry consultations of the involved vehicles (see pages 9 and 10) and to date the vehicle registrally belongs to the civil defendant [Name1]. Although efforts were made by presenting testimonial evidence to prove that the motor vehicle no longer belonged to him, the person who holds possession of the asset lacks interest, there is no proof of that sale, which should have been demonstrated by that party. Therefore, we have that in cases of traffic accidents, the civilly liable party shall be the person who appears as the owner of the vehicle in the Registry, or the person whose transfer document had the latest certain date or the date of execution of the deed prior to the event, a situation that was not proven in the plenary, so the liability of Mr. [Name1] becomes joint and several with the accused [Name2], for the purposes of reparation for the damages caused by the culpable illicit act..." (cf. pages 140 verso and 141).

In that sense, it is pertinent to make some clarifications regarding the issue, that is, the type of civil liability faced by the registered owner arising from traffic incidents, which fosters discussion around different positions. In the first place, it has been predominantly understood by national case law that the registered owner of a vehicle involved in a traffic incident is civilly liable jointly and severally, when he is not the driver of the vehicle, in two situations: merely for being the registered owner of the asset and up to the value of the vehicle, or else, based on specific grounds linked to consent in the use of the thing, which he assumes with the entirety of his assets.

Strict liability other than that derived from the mere exercise of the activity carried out on the occasion of the event, provided for in article 1048 of the Civil Code or the Consumer Protection Law. In that sense, it has been understood, in a precedent that due to its importance is transcribed *in extenso*, that:

<span style="font-family:Verdana; font-style:italic; color:#010101">"...The legal regime applicable to civil liability (responsabilidad civil) that operates in matters of damages (daños y perjuicios) caused as a consequence of a traffic accident is currently developed in the Law on Transit on Public Land Routes, No. 7331. As a starting point, precept 186 of that legal source indicates that civil liability falls, in principle, on drivers, passengers, pedestrians, and third parties, for the damages arising from a traffic accident attributable to them. However, in accordance with the rules that permeate the civil liability regime, that duty of pecuniary reparation for the injuries derived from their conduct related to a traffic accident is subject to the due accreditation of the pecuniary or non-pecuniary suffering—in the latter case, when applicable—as well as the causal link (nexo causal) between the action or omission of the subject to whom the legal injury sought to be compensated is intended to be attributed. Hence, the rule in this type of hypothesis is that civil liability falls on the person who, with their actions or omissions—generally with their conduct—has caused the damage, whether directly or indirectly. In cases where the potentially responsible subject is the driver of the automobile, various scenarios arise depending on whether or not they are the registered owner of the property. As a first scenario, the case arises where the driver is also the registered titleholder (titular registral) of the vehicle. In this case, they would be the sole and direct obligor to indemnify the damage with the entirety of their assets. **As a second scenario, the case arises where the driver is not the owner of the vehicle. In such an eventuality, with the exceptions detailed below, a joint and several liability (responsabilidad solidaria) arises for the registered owner with the driver, but limited to the tax value of the vehicle with which the accident occurred. That is, the share of civil liability of the owner of the property is limited solely to the value of the vehicle, which implies that they do not answer with the totality of their assets, but only with that fraction of their material estate. For these purposes, article 188 of the cited Traffic Law provides for the imposition of a lien (gravamen) that falls on the motor vehicle with which the accident occurred, whereby the law configures a lien of an objective nature that is annotated in the margin of the respective registration entry**. In that sense, regarding what is relevant to the case, the initial paragraph of that mandate indicates: **"The vehicle with which damage is caused shall remain encumbered (gravado) pending the outcome of the respective proceeding and at the order of the judicial authority hearing it.** That authority shall order it to be annotated in the margin of the vehicle's registration entry, in the event it is registered…". Therefore, **pursuant to ordinal 192 ibidem, such lien is imposed on the vehicle irrespective of whether the driver at the time of the accident is or is not the owner, or does not appear with that subjective condition in the Public Registry.** It should be clarified that it may only be lifted when there is reliable evidence within the civil collection proceeding that the economic reparations have been fully satisfied, legally waived, or the guarantee substituted to the satisfaction of the judge (numeral 193). Seen thus, **it is a charge on the property, independent of who its titleholder is, but which binds both the driver and the titleholder.** That lien survives until the duty of reparation derived from the jurisdictional condemnation is satisfied, independent of who the owner is over the course of time, ergo, it is maintained even when the property is transferred to another person. From the foregoing, it is inferred that when the titleholder of the vehicle is not the driver, their "liability" is limited to the value of the automobile, which, for these purposes, constitutes a total or partial guarantee of the indemnity ultimately ordered by the judge, which derives from the patrimonial link they hold over the property. Then, in that eventuality, the quantitative terms of the owner's obligation are limited to the value of the vehicle, upon which the law places a lien (gravamen). That is, in that scenario, they cannot be considered fully liable, however, the property upon which a lien weighs, the imposition of which is mandated by law, means that that specific part of their assets answers for the obligation, limiting their civil obligation to the value of the vehicle. This is unlike when they are the one who has directly caused the damage, since in that case, they answer exclusively with the totality of their assets. **Within the third scenario and as a specific case of the situations in which the driver is not the owner, an exceptional case arises to the rule just mentioned, by virtue of which the owner constitutes themselves as jointly and severally liable for all the pecuniary and non-pecuniary implications of the accident. The Traffic Law provides for certain hypotheses in which the titleholder assumes full joint and several liability with the driver. These are exhaustive (taxativas) and restricted grounds, a condition that derives from the fact that they aggravate the compensatory obligation. In this sense, precept 187 ibidem lists the following:** "a) The owner of a vehicle who allows it to be driven by a person lacking the respective license or under the effects of liquor or enervating drugs./ b) The natural or legal persons who, for any reason, exploit vehicles for commercial or industrial purposes, including public transport./ c) The owner who allows the [Placa2] of their vehicle to be used by another vehicle to which they have not been assigned, or does not surrender them to the Dirección General de Transporte Público for their custody, if the vehicle to which they were assigned is permanently unable to circulate./ d) Any natural or legal person who imports, assembles, produces, or commercializes motor vehicles, in the event that the traffic accident is caused by the omission, in the vehicle or vehicles involved in the traffic event, of the respective safety measures, included in article 31 of this Law." **In said situations, it is reiterated, the titleholder of the property jointly assumes the obligation to repair the damage, thereby granting the victim the possibility of formulating their claim against only one of them or both at the same time.** The application of this joint and several regime depends on the demonstration, which falls on the party bringing the action (canon 317 subsection 1) of the Civil Procedure Code), of the occurrence of any of these referred scenarios, so that if not accredited, said joint and several regime would be inapplicable. In those cases, joint and several liability (solidaridad) operates under the terms of ordinals 326 in relation to 1046 of the Civil Code, that is, the duty to answer for the damages of the responsible subjects, it being optional for the victim to exercise the indemnification action against both subjects or one of them..."</span> (The bold is supplied. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, resolution 03099-2010, at 15:00 hours, of 19 August 2010).

However, for this Appellate Court, the previous interpretation is contrary to the principle of legality, insofar as, in reality, the first type of liability, derived from the current article 189 of law number 7731, of 13 April 1993—corresponding to the former 188 whose numbering was shifted and which would be the one applicable to the species according to the date of the facts proven here—is closely linked to article 7 of that same law, which expressly establishes, in its latest legislative formulation:

<span style="font-family:Verdana; font-style:italic; color:#010101">"In every traffic event (hecho de tránsito), in which a vehicle is involved, the registered owner shall be the objective civilly liable party (responsable civil objetivo) for the consequences derived from the use, manipulation, possession, or tenancy of the vehicle, even when they have not been the driver of the vehicle and the person responsible for the event is not identified in a traffic proceeding; unless said registered owner demonstrates having sold the motor vehicle, by means of a public deed with a date prior to the event under investigation. If the indicated exception or any other legitimately valid one is raised, the authority shall proceed, in the first case, to carry out all necessary procedures for the notification and making known of the facts to the new documentary owner, in order to continue the corresponding proceeding against the latter. To determine the joint and several civil liability (responsabilidad civil solidaria)</span><span style="font-family:Verdana; font-style:italic; color:#010101">&#xa0;</span><span style="font-family:Verdana; font-style:italic; color:#010101"> of the</span><span style="font-family:Verdana; font-style:italic; color:#010101">&#xa0;</span><span style="font-family:Verdana; font-style:italic; color:#010101"> owner,</span><span style="font-family:Verdana; font-weight:bold; font-style:italic; color:#010101">the proceedings shall be carried out in accordance with the provisions of article 187 and following of this Law."</span> (The highlighting is supplied). (Thus amended by subsection d) of article 1 of law N°8696 of **17 December 2008**).

Note that, with the current wording of this seventh numeral, there is no doubt that the joint and several civil liability of the registered owner must be determined with the rules provided in the corresponding chapter, precisely, for the determination of civil liability. A chapter that is reduced to a few articles around the specific scenarios in which the registered owner could be liable together with the driver (article 188 of that same law). So that, as a corollary, it must be understood that the registered owner shall answer jointly and severally with the driver, only in the cases expressly established and answers up to the value of the vehicle they own. No other conclusion can be reached, since article 189 of law 7331 itself states that the vehicle with which damage is caused shall remain encumbered (gravado) pending the outcome of the respective proceeding, by which it is understood, it is insisted, that the registered titleholder shall answer with only that part of their assets. This is because, it was thus limited in the law which does not establish that the owner faces their liability, in any case, with the totality of their assets, rather, it was sought that the interests of the victim would be assured, at least, with the value of the object with which the offense was committed.

Evidently, the jurisprudential interpretation contrary to this one has its rationale in the previous wording of this oft-cited article 7, which originally was limited to establishing that:

<span style="font-family:Verdana; font-style:italic; color:#010101">"Titles subject to registration, which are not registered in the Public Registry of Motor Vehicle Property (Registro Público de la Propiedad de Vehículos Automotores), do not prejudice third parties except from the date of their presentation in the Registry, in accordance with the provisions of article 455 of the Civil Code.</span><span style="font-family:Verdana; font-style:italic; color:#010101">&#xa0;</span><span style="font-family:Verdana; font-style:italic; color:#010101"> In cases of traffic accidents, the civilly liable party shall be the person who appears as the owner of the vehicle in the Registry, or that person whose transfer document had the latest certain date or the</span> <span style="font-family:Verdana; font-style:italic; color:#010101">date of execution of the deed prior to the event,</span><span style="font-family:Verdana; font-weight:bold; font-style:italic; color:#010101">without prejudice to the provisions of article 187 of this Law.</span><span style="font-family:Verdana; font-style:italic; color:#010101">"</span> (The bold does not correspond to the original).

See that, certainly, the legislator had opted to hold the registered titleholder of the vehicle involved in a traffic event liable, independent of the exhaustive (taxativas) scenarios, related to the use of the thing, provided for in the current article 188, of this same law 7331. A situation that even led the Constitutional Chamber to establish the existence of a duality of liabilities, in the case of the registered owner of the vehicle involved in an accident. (In this regard, see vote 2248-96 of 14 May 1996). The scenario was modified when the law was reformed in the manner stated above.

</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%\"><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\"> Thus, it is clear that, in the case before us, since the standard of imputation against the civil defendant, joint and several civil liability (responsabilidad civil solidaria), was not determined in the manner set forth in Article 187 and following of the law under discussion, the conviction is contrary to law, and its revocation is appropriate.</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\"> Now, because this is an issue rooted in the interpretation of the law, the civil plaintiffs are deemed to have acted in good faith in filing their claim, that is, there was plausible reason to litigate, for which reason, in accordance with Article 267 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), they are exempted from paying costs.</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\"> </span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%\"><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\"> For all the foregoing reasons, for reasons different from those alleged, the appeal is granted.</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\"> The appealed judgment is partially reversed, and in its place, the civil action for damages brought against the civil defendant [Nombre1]</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101; -aw-import:spaces\">&#xa0; </span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">is dismissed.</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Verdana; color:#010101\"> The civil plaintiff is exonerated from costs.”</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt\"><span>&#xa0;</span></p></div></body></html> To determine the joint and several civil liability (responsabilidad civil solidaria) of the owner, the proceeding shall be conducted in accordance with the provisions of Article 187 et seq. of this Law." (Emphasis supplied). (As amended by subsection d) of Article 1 of Law No. 8696 of 17 de diciembre de 2008).

It should be noted that, with the current wording of this seventh paragraph, there is no doubt that the joint and several civil liability of the registered owner must be determined using the rules set forth in the chapter corresponding, precisely, to the determination of civil liability. A chapter that is reduced to a few articles regarding the specific scenarios in which the registered owner could be liable together with the driver (Article 188 of that same law). Thus, as a corollary, it must be understood that the registered owner shall be jointly and severally liable with the driver only in the cases expressly established and is liable up to the value of the vehicle they own. No other conclusion can be entertained, as Article 189 of Law 7331 itself provides that the vehicle with which damage is caused shall remain encumbered pending the outcome of the respective proceeding, whereby it is understood, it is reiterated, that the registered titleholder will be liable with only that part of their assets. This is because it was so limited in the law, which does not establish that the owner faces their liability, in any case, with the entirety of their assets, given that, rather, an attempt was made to ensure that the victim's interests were secured, at least, by the value of the object with which the crime was committed.

Evidently, the jurisprudential interpretation contrary to this one has its rationale in the earlier wording of this Article 7, repeatedly cited, which originally was limited to establishing that:

"Titles subject to registration, which are not registered in the Public Registry of Automotive Vehicle Property (Registro Público de la Propiedad de Vehículos Automotores), do not affect third parties except from the date of their submission to the Registry, in accordance with the provisions of Article 455 of the Civil Code. In cases of traffic accidents, the person who appears as the owner of the vehicle in the Registry shall be civilly liable, or the person whose transfer document had the latest certain date or the date of execution of the deed prior to the event, without prejudice to the provisions of Article 187 of this Law." (The boldface does not correspond to the original).

Notice that, certainly, the legislator had opted to hold the registered titleholder of the vehicle involved in a traffic incident liable regardless of the exhaustive scenarios, related to the use of the thing, provided for in the current Article 188, of this same Law 7331. A situation that even led the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to establish the existence of a duality of liabilities, in the case of the registered owner of the vehicle involved in an accident. (In this regard, see Voto 2248-96 of 14 de mayo de 1996). The scenario was modified when the law was reformed in the manner stated above.

Therefore, it is clear that, in the case before us, since joint and several civil liability was not determined as a criterion of imputation against the civil defendant in the manner provided in Article 187 et seq. of the law under discussion, their conviction becomes contrary to law, and its revocation is appropriate. Now, as this is an issue that originates from the interpretation of the law, it is considered that the civil plaintiffs acted in good faith in filing their claim, that is, as there was a plausible reason to litigate, for which reason, in accordance with Article 267 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), they are exempted from the payment thereof.

For all the foregoing reasons, on grounds different from those alleged, the appeal is granted. The appealed judgment is partially revoked and, in its place, the civil compensatory action (acción civil resarcitoria) brought against the civil defendant [Name1] is dismissed. The civil plaintiff is exonerated from costs (costas)."

“II.-[…] La queja no puede prosperar. La simple lectura del fallo impugnado permite entender con entera facilidad que, no es cierto que la juzgadora de instancia se inclinase por la aplicación simultánea de la ley vigente para el momento de los hechos, ley número 7731, de 13 de abril de 1993 y sus reformas, así como, la ley que fue dictada con posterioridad a ella, número 9078, de 4 de octubre de 2012. Ello, se acusa que fue así, para tener como responsable al demandado civil, en su calidad de propietario registral del vehículo involucrado en el accidente, por no haber demostrado que existiera traspaso del vehículo, con anterioridad al accidente. Sin embargo, por una parte, no se trata de ello, porque, de cualquier forma, ambas normativas, el artículo 7 de la ley número 7731, de 13 de abril de 1993, así como, el artículo 197 de la ley número 9078 de 4 de octubre de 2012, incluyen dentro de su formulación el que el propietario registral será responsable objetivo de las consecuencias que se deriven del uso, la manipulación, posesión o tenencia del vehículo y que podrá liberarse de esa responsabilidad, salvo que, mediante documento que demuestre que el vehículo fue vendido, traspasado a un tercero, sustraído, o no se encuentra dentro de su apoderamiento, con fecha anterior al accidente de tránsito. Sin embargo, para la ley actualmente vigente, eso solo ocurrirá cuando no esté identificado el conductor, caso en el cual, el interesado deberá instaurar el proceso civil en contra del titular registral y, cuando no sea así, sea, cuando el conductor sea identificado, la responsabilidad civil solidaria del propietario o poseedor podrá tramitarse dentro del proceso de tránsito respectivo. Para este Tribunal, el alegato no es atinado no sólo porque, para los efectos de la sentencia, el contenido normativo es idéntico en ambos casos; sino también, porque se observa que se aplicó únicamente la ley vigente para el momento del hecho. Razones por las cuales, el vicio alegado no existiría.

No obstante, no puede soslayarse que, de acuerdo con los hechos demostrados en sentencia, al demandado civil no se le atribuyó ninguno de los supuestos de responsabilidad objetiva solidaria previstos en el artículo 188 de repetida cita, sino que, al parecer, su participación se derivó del figurar como simple titular registral del vehículo involucrado en el suceso (ver relación de hechos de folio 127 vuelto). Frente a ello, como parte de la fundamentación intelectiva del fallo, la juzgadora se limitó a entender:

"...se DECLARA CON LUGAR LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA, habiéndose acreditado los daños causados, la legitimación de éstos para demandar al causante del los daños y la exigibilidad del reclamo, sea el interés actual del mismo igualmente se tiene por establecida contra el tercer civilmente demandado por ser el dueño registral del automotor placas [Placa1] marca Toyota, por tanto deberá de responder solidariamente con el encausado. Tal tratamiento de responsabilidad civil se profundiza en los ordinales 187 y 188 de la citada Ley No. 7331, se la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres establece de manera integral una serie de obligaciones que son atinentes a los propietarios registrales del vehículo. Parte de dichos efectos puede observarse en el artículo 7 ibídem en cuanto fija la responsabilidad civil del propietario, por las consecuencias que dimanen del uso, manipulación, posesión o tenencia del vehículo, aún cuando no fuere el conductor, salvo acreditación de haber enajenado el bien mediante escritura pública antes del evento que produciría esa responsabilidad. Igualmente la jurisprudencia ha indicado que con todo, es evidente que la simple circunstancia de que el propietario registral no cometa la infracción, sino un tercero conductor, no le libera de esa responsabilidad civil, la que quedaría limitada al valor fiscal del vehículo, salvedad hecha de los casos de responsabilidad solidaria previstos por el canon 188 ejusdem. Las anteriores regulaciones permiten establecer que no existe una desvinculación del propietario con el bien, por el simple hecho de ceder temporalmente su uso a otra persona. Como ha quedado acreditado mediante las consultas registrales de los vehículos involucrados (ver folio 9 y 10) y hasta la fecha el vehículo le pertenece registralmente al demandado civil [Nombre1] . A pesar que hicieron sus esfuerzos con presentar prueba testimonial para acreditar que el automotor ya no le pertenecía, la misma carece de interés quien ostenta la posesión del bien, no existe prueba de esa venta lo que debió de ser demostrado por esa parte. Por lo cual tenemos que en los casos de accidentes de tránsito, será responsable civil, la persona que aparezca como propietaria del vehículo en el Registro, o aquella cuyo documento de traspaso tuviera la última fecha cierta o la fecha de otorgamiento de la escritura anterior al suceso, situación que no fue acreditada en el plenario, por lo que la responsabilidad del señor [Nombre1] deviene en solidaria con el encausado [Nombre2] , a efectos de la reparación por los daños y perjuiciods (sic) derivados del ilícito culposos..."(cfr. folios 140 vuelto y 141).

En ese sentido, conviene realizar algunas precisiones en torno al tema, sea, el tipo de responsabilidad civil que enfrenta el propietario registral derivado de los hechos de tránsito, que propicia la discusión en torno a posiciones distintas. En primer lugar, se ha venido entendiendo mayoritariamente por la jurisprudencia nacional, que el propietario registral de un vehículo involucrado en un hecho de tránsito, responde civilmente de forma solidaria, cuando no es el conductor del vehículo, en dos supuestos: por solo ser propietario registral del bien y hasta por el valor del vehículo, o bien, a partir de causales específicas vinculadas al consentimiento en el uso de la cosa, que asume con la totalidad de su patrimonio. Responsabilidad civil objetiva distinta a aquella derivada del simple ejercicio de la actividad desplegada con ocasión del hecho, prevista en el artículo 1048 del Código Civil o la Ley de Protección al Consumidor. En ese sentido, se ha entendido, en antecedente que por su importancia se transcribe in extenso, que:

"...El régimen jurídico propio de la responsabilidad civil que opera en materia de daños y perjuicios que se hayan ocasionado como consecuencia de un accidente de tránsito, se encuentra desarrollado, en la actualidad, en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, no. 7331. Como punto de partida, el precepto 186 de esa fuente legal señala que la responsabilidad civil recae, en tesis de principio, sobre los conductores, pasajeros, peatones y terceros, por los daños y perjuicios que se deriven de un accidente de tránsito que les sea imputable. Con todo, a tono con las normas que impregnan el régimen de responsabilidad civil, ese deber de reparación pecuniaria de las lesiones derivadas de sus conductas relacionadas con un accidente de tránsito, se encuentra supeditada a la debida acreditación del padecimiento patrimonial o extrapatrimonial –en este último caso, cuando corresponda-, así como del nexo causal entre el proceder u omisión del sujeto a quien se pretende imputar la lesión jurídica que busca ser indemnizada. De ahí que la regla en este tipo de hipótesis es que la responsabilidad civil recae sobre la persona que con sus acciones u omisiones –en general con su conducta- haya causado el daño, sea de manera directa o indirecta. En los casos en que el eventual sujeto responsable sea el conductor del automóvil, surgen diversos supuestos dependiendo de si es o no el propietario registral del bien. Como primer supuesto surge el caso en que el conductor sea a su vez el titular registral del vehículo. En este, sería el único y directo obligado de indemnizar el daño con la plenitud de su patrimonio. Como segundo supuesto, surge el caso de que quien conduzca no sea el propietario del vehículo. En tal eventualidad, con las excepciones que infra se detallarán, surge una responsabilidad solidaria del propietario registral con el conductor, pero limitada al valor fiscal del vehículo con el cual se produjo el accidente. Es decir, la cuota de responsabilidad civil del propietario del bien se limita al valor del vehículo únicamente, lo que implica, no responde con la totalidad de su patrimonio, sino solo con esa fracción de su haber material. Para tales efectos, el artículo 188 de la citada Ley de Tránsito dispone la imposición de un gravamen que recae sobre el automotor con el que se ha producido el accidente, con lo cual, la ley configura un gravamen de naturaleza objetiva que se anota al margen del asiento registral respectivo. En ese sentido, en lo que viene relevante al caso, el párrafo inicial de ese mandato indica: “El vehículo con el cual se cause un daño se mantendrá gravado a resultas del proceso respectivo y a la orden de la autoridad judicial que conozca de éste. Esa autoridad ordenará anotarlo al margen del asiento de la inscripción del vehículo, en caso de que esté inscrito…”. Por ende, al tenor del ordinal 192 ibidem, tal gravamen se impone al vehículo al margen de que el conductor al momento del accidente sea o no el dueño, o no aparezca con esa condición subjetiva en el Registro Público. Cabe aclarar que solo podrá ser levantado cuando exista constancia fehaciente dentro del proceso de cobro civil, de que las reparaciones económicas han sido satisfechas a plenitud, renunciadas de forma legal o sustituida la garantía a satisfacción del juzgador (numeral 193). Así visto, es una carga que pesa sobre el bien, con independencia de quien sea su titular, pero que vincula tanto al conductor como al titular. Ese gravamen pervive hasta tanto sea satisfecho el deber de reparación que deriva de la condena jurisdiccional, con independencia de quien sea el propietario en el curso del tiempo, ergo, se mantiene aún cuando el bien sea transferido a otra persona. De lo anterior se colige que cuando el titular del vehículo no sea el conductor, su “responsabilidad” se limita al valor del automóvil, el que para los efectos, se constituye en una garantía total o parcial de la indemnización que en definitiva sea dispuesta por el juzgador, lo que deriva del vínculo patrimonial que sobre el bien ostenta. Entonces, en esa eventualidad, los términos cuantitativos de la obligación del dueño se limitan al valor del vehículo, sobre el que la ley dispone un gravamen. Es decir, en ese escenario, no puede considerarse plenamente responsable, empero, el bien sobre el que pesa un gravamen cuya imposición viene dispuesta por ley, hace que esa parte específica de su patrimonio responda por la obligación, limitando su obligación civil al valor del vehículo. Ello a diferencia de cuando es quien de manera directa ha ocasionado el daño, pues en ese tanto, responde de manera exclusiva con la totalidad de su patrimonio. Dentro del tercer supuesto y como caso específico de las situaciones en que el conductor no es el propietario, surge un caso de excepción a la regla recién comentada y en virtud del cual, el propietario se constituye como responsable solidario por todas las implicaciones patrimoniales y extra patrimoniales del accidente. La Ley de Tránsito prevé ciertas hipótesis en que el titular asume una responsabilidad solidaria plenaria con el conductor. Se trata de causales taxativas y restringidas, condición que deriva del hecho de que agravan la obligación resarcitoria. En este sentido, el precepto 187 ibidem enuncia las siguientes: “a) El dueño de un vehículo que permita que lo conduzca una persona carente de la respectiva licencia o bajo los efectos del licor o drogas enervantes./ b) Las personas físicas o jurídicas que, por cualquier título, exploten vehículos con fines comerciales o industriales, incluyendo el transporte público./ c) El propietario que permita que las [Placa2] de su vehículo sean utilizadas por otro vehículo al que no le han sido asignadas, o no las entregue a la Dirección General de Transporte Público, para su custodia, si el vehículo al que le fueron asignadas, queda imposibilitado permanentemente para circular./ d) Toda persona física o jurídica que importe, ensamble, produzca o comercialice vehículos automotores, en caso de que el accidente de tránsito tenga como causa la omisión, en el vehículo o vehículos involucrados en el hecho de tránsito, de las respectivas medidas de seguridad, comprendidas en el artículo 31 de esta Ley.” En dichas situaciones, se reitera, el titular del bien asume de manera solidaria la obligación de reparar el daño, otorgándose por ende a la víctima la posibilidad de formular su reclamo contra solo uno de ellos o ambos a la vez. La aplicación de este régimen solidario pende de la demostración, que incumbe a quien acciona (canon 317 inciso 1) del Código Procesal Civil), de la ocurrencia de alguno de estos supuestos referidos, de modo que al no acreditarse, dicho régimen solidario sería inaplicable. En esos casos, la solidaridad opera en los términos de los ordinales 326 en relación al 1046 del Código Civil, sea, el deber de responder ante los daños y perjuicios de los sujetos responsables, siendo facultativo a la víctima, ejercitar la acción indemnizatoria contra ambos sujetos o uno de ellos..." (La negrita se suple. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, resolución 03099-2010, de las 15:00 horas, de 19 de agosto de 2010).

Sin embargo, para este Tribunal de Alzada, la anterior interpretación resulta contraria al principio de legalidad, en el tanto, en realidad, el primer tipo de responsabilidad, derivada del actual artículo 189 de la ley número 7731, de 13 de abril de 1993 -correspondiente al 188 anterior cuya numeración fue corrida y que sería el aplicable a la especie de acuerdo con la fecha de los hechos que aquí se demostraron-, se encuentra estrechamente vinculado con el artículo 7 de esa misma ley, que expresamente establece, en su formulación legislativa última:

"En todo hecho de tránsito, en el cual se encuentre involucrado un vehículo, el propietario registral será el responsable civil objetivo de las consecuencias que se deriven del uso, la manipulación, la posesión o la tenencia del vehículo, aun cuando él no haya sido el conductor del vehículo y el responsable del hecho no sea identificado en un proceso de tránsito; salvo que dicho propietario registral demuestre haber vendido el automotor, por medio de escritura pública con fecha anterior al hecho que se investiga. De oponerse la salvedad indicada o cualquier otra legítimamente válida, la autoridad procederá, en el primer caso, a realizar todos los trámites necesarios para la notificación y puesta en conocimiento de los hechos al nuevo propietario documental, a fin de continuar contra este el proceso correspondiente. Para determinar la responsabilidad civil solidaria del propietario, la gestión se realizará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 y siguientes de esta Ley." (El resaltado se suple). (Así modificado por el inciso d) del artículo 1° de la ley N°8696 de 17 de diciembre de 2008).

Nótese que, con la redacción actual de este numeral sétimo, no cabe duda que la responsabilidad civil solidaria del propietario registral debe determinarse con las reglas previstas en el capítulo correspondiente, precisamente, para la determinación de la responsabilidad civil. Capítulo que se reduce a pocos artículos en torno a los supuestos específicos en los que el propietario registral podría ser responsable junto con el conductor (artículo 188 de esa misma ley). De modo que, como corolario, debe entenderse que el propietario registral responderá de forma solidaria con el conductor, solo en los casos expresamente establecidos y responde hasta por el valor del vehículo de su propiedad. Otra conclusión no puede atenderse, pues el mismo artículo 189 de la ley 7331 dispone que el vehículo con el cual se cause un daño, se mantendrá gravado a las resultas del proceso respectivo, con lo que se entiende, se insiste, que el titular registral responderá con solo esa parte de su patrimonio. Esto por cuanto, así quedó limitado en la ley que no establece que el propietario enfrente su responsabilidad, en ningún caso, con la totalidad de su patrimonio, siendo que, más bien, se procuró que los intereses de la víctima quedaran asegurados, al menos, con el valor del objeto con el que se cometió el delito.

Evidentemente, la interpretación jurisprudencial contraria a esta tiene su razón de ser en la redacción anterior de este artículo 7, de repetida cita, que originalmente se limitaba a establecer que:

"Los títulos sujetos a inscripción, que no estén inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Vehículos Automotores, no perjudican a terceros sino, desde la fecha de su presentación en el Registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455 del Código Civil. En los casos de accidentes de tránsito, será responsable civil, la persona que aparezca como propietaria del vehículo en el Registro, o aquella cuyo documento de traspaso tuviera la última fecha cierta o la fecha de otorgamiento de la escritura anterior al suceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 de esta Ley."(La negrita no corresponde con el original).

Véase que, ciertamente, el legislador había optado por responsabilizar al titular registral del vehículo involucrado en un hecho de tránsito con independencia de los supuestos taxativos, relacionados con el uso de la cosa, previstos en el artículo actual 188, de esta misma ley 7331. Situación que llevó incluso a la Sala Constitucional a establecer la existencia de una dualidad de responsabilidades, en tratándose del propietario registral del vehículo involucrado en un accidente. (Al respecto, puede consultarse el voto 2248-96 del 14 de mayo de 1996). El escenario resultó modificado al reformarse la ley de la forma enunciada líneas atrás.

Así las cosas, resulta claro que, en el caso que nos ocupa, al no haberse determinado como criterio de imputación contra el demandado civil la responsabilidad civil solidaria de la forma en que se dispone en los artículos 187 y siguientes de la ley de comentario, su condenatoria deviene contraria a derecho, por lo que corresponde su revocatoria. Ahora bien, por tratarse de una arista que tiene su origen en la interpretación de la ley, se considera que los actores civiles actuaron de buena fe en la interposición de su demanda, sea, por existir razón plausible para litigar, motivo por el cual, de conformidad con el artículo 267 del Código Procesal Penal, se les exime del pago de las mismas.

Por todo lo expuesto, por razones distintas a las alegadas, se declara con lugar el reclamo. Se revoca parcialmente la sentencia venida en alzada y, en su lugar, se declara sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en contra del demandado civil [Nombre1] . Se exonera en costas a la parte actora civil.”

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7331 Traffic Law on Public Land Routes
      • Ley 7594 Criminal Procedure Code — Criminal Action in Environmental Crimes
      • Ley 8696 Law 8696 — Partial Reform of the Traffic Law
      • Ley 9078 Law on Public Roads and Road Safety

      Este documento cita

      • Ley 7331 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres
      • Ley 7594 Código Procesal Penal — Acción penal en delitos ambientales
      • Ley 8696 Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331,
      • Ley 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial

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