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Res. 00673-2016 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 18/07/2016
OutcomeResultado
The Agrarian Court upheld the approval of the possessory information, finding that the property respects the public road right-of-way and that the legal reservations were properly included.El Tribunal Agrario confirmó la aprobación de la información posesoria al constatar que el inmueble respeta el derecho de vía de la calle pública y que las reservas legales fueron debidamente incluidas.
SummaryResumen
The Agrarian Court ruled on an appeal filed by the Attorney General's Office against a judgment that approved a possessory information proceeding. The State argued that the property encroached on the right-of-way of a national public road. The Court rejected the appeal after confirming, through a judicial inspection and cadastral map analysis, that the property duly respects the 20-meter right-of-way (10 meters from the road center). The Court clarified that the Attorney General's confusion stemmed from a misreading of the map: the property has only a 7-meter linear frontage on the public road, without affecting the right-of-way. The Court stressed that, under Article 19 of the Possessory Information Law, properties registered through this mechanism are subject to the reservations of the General Law of Public Roads and the Water Law, as an environmental protection guarantee grounded in Article 50 of the Constitution. It also cited constitutional precedent clarifying that these reservations do not entail the release of public domain assets, but constitute a legal reservation existing from the start of possession, protecting the public interest without violating property rights.El Tribunal Agrario conoce de la apelación interpuesta por la Procuraduría contra la sentencia que aprobó una información posesoria. La Procuraduría alegaba que el inmueble invadía el derecho de vía de una calle pública nacional. El Tribunal rechazó el recurso tras constatar, mediante reconocimiento judicial y análisis del plano catastrado, que el predio respeta debidamente el derecho de vía de 20 metros (10 metros desde el centro de la vía). Se aclaró que la confusión de la Procuraduría provenía de una lectura errónea del plano: la finca tiene un frente de solo 7 metros lineales sobre la calle pública, sin afectar el derecho de vía. El Tribunal enfatizó que, conforme al artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias, las fincas inscritas por este medio quedan afectas a las reservas de la Ley General de Caminos Públicos y la Ley de Aguas, como garantía de protección ambiental con fundamento en el artículo 50 constitucional. Asimismo, citó jurisprudencia constitucional que aclara que dichas reservas no implican desafectación de bienes de dominio público, sino que constituyen una reserva legal existente desde el inicio de la posesión, protegiendo el interés público sin vulnerar el derecho de propiedad.
Key excerptExtracto clave
Article 19 of the Possessory Information Law establishes that properties registered through this law will be subject to several reservations, without the need to indicate them in the resolution approving the proceeding. Among them: a) that the public roads existing in front of the properties, with a width of less than twenty meters, will be subject to the reservations indicated in the General Law of Public Roads; and b) The reservations indicated by the Water Law in its articles 72 and 73, when there are waters of public or private domain, as applicable. Although the cited norm indicates it is not necessary for the validity and effectiveness of these reservations to be included in the text of the judgment, it must be taken into consideration that their purpose is the protection of the environment and its resources, which has a constitutional basis in our legal system (article 50). Thus, this Court considers that, in order to improve the effectiveness of these norms through the publicity that their registration provides, it is pertinent that in the granting judgments of this type of proceedings, the respective legal reservations be expressly included. The judicial inspection recorded the following: "... The cadastral map A-900669-90 was used as a reference. The property was walked to determine whether it matches what is described in said cadastral map, which was verified. It is land with a steep slope, of agricultural nature. In addition, it was verified that the right-of-way is respected on the boundary to the East, i.e., the frontage to [Direction2] Street. For this, a tape measure was used. It was measured from the center of the public road to where the tape marks ten meters, given that the right-of-way is twenty meters. The boundaries are observed duly marked, by means of stakes, particularly with neon paint along the East boundary. It is determined that the provisions were effectively complied with and no state interests are affected or harmed." It follows from the above that no violation is committed in this case, because the map excludes what corresponds to the right-of-way. Note in the judicial inspection, alluded to above, that the property boundary respects that 12% mentioned in the constitutional ruling and was excluded from the topographical survey.El artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias establece, las fincas inscritas por medio de esta ley, quedarán afectadas por varias reservas, sin que haya necesidad de indicarlas en la resolución que apruebe el proceso. Entre ellas: a) que los caminos públicos que existan frente a las fincas, con ancho inferior a veinte metros, estarán afecto a las reservas que indica la Ley General de Caminos Públicos; y, b) Las reservas que indica la Ley de Aguas en sus artículos 72 y 73, cuando existieren aguas de dominio público o privado, en su caso. Pese a que la norma citada indica no es necesario para la validez y eficacia de estas reservas se incluyan en el texto de la sentencia, debe tomarse en consideración, su fin es la tutela del ambiente y sus recursos, lo cual tiene en nuestro ordenamiento un fundamento constitucional (artículo 50). De esta forma, considera este Tribunal, para lograr mejorar la eficacia de dichas normas, a través de la publicidad registral que su inscripción permite, es pertinente que en las sentencias estimatorias de este tipo de procesos, se incluyan expresamente las reservas de ley respectivas. En lo que interesa se dejó constancia de lo siguiente: “… Se utilizó como referencia el plano catastrado A-900669-90. Se procedió a recorrer el inmueble a efecto de determinar si se ajusta a lo descrito en el plano catastrado referido, lo cual se comprobó. Es un terreno con fuerte pendiente, de naturaleza agrícola. Además, se verificó que se respeta el derecho de vía en la colindancia por el rumbo Este, sea el frente a calle [Dirección2]. Para ello se utilizó una cinta métrica. Se midió desde el centro de la vía pública hasta donde la cinta señala los diez metros, dado que el derecho de vía es de veinte metros. Se observa las colidancias debidamente demarcadas, por medio de estacas, en particular con pintura neón a lo largo de la colindancia Este. Se determina que efectivamente se cumplió con lo prevenido y no se observa intereses estatales afectados ni lesionados." De lo anterior se deriva, en este caso no se comete infracción alguna, porque el plano excluye lo que le corresponde al derecho de vía. Nótese en el reconocimiento judicial, arriba aludido, la delimitación de la finca respeta ese 12% mencionado en la sentencia constitucional y quedó excluida del levantamiento topográfico.
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"Pese a que la norma citada indica no es necesario para la validez y eficacia de estas reservas se incluyan en el texto de la sentencia, debe tomarse en consideración, su fin es la tutela del ambiente y sus recursos, lo cual tiene en nuestro ordenamiento un fundamento constitucional (artículo 50)."
"Although the cited norm indicates it is not necessary for the validity and effectiveness of these reservations to be included in the text of the judgment, it must be taken into consideration that their purpose is the protection of the environment and its resources, which has a constitutional basis in our legal system (article 50)."
Considerando III
"Pese a que la norma citada indica no es necesario para la validez y eficacia de estas reservas se incluyan en el texto de la sentencia, debe tomarse en consideración, su fin es la tutela del ambiente y sus recursos, lo cual tiene en nuestro ordenamiento un fundamento constitucional (artículo 50)."
Considerando III
"La confusión del MOPT y de la Procuradora se genera por cuanto del vértice 1 al 2 existe una distancia de siete metros, justo frente a calle pública, pero justo encima del vértice 2 se observa la referencia del ancho de veinte metros de la [Dirección3]. De manera tal que tanto el plano catastrado, como la cerca puesta por el promovente, según verificó este juzgador, respetan el derecho de vía, contando diez metros desde el centro de calle."
"The confusion of the MOPT and the Attorney General arises because from vertex 1 to 2 there is a distance of seven meters, right in front of the public road, but just above vertex 2 the reference to the twenty-meter width of the [Dirección3] can be seen. Thus, both the cadastral map and the fence erected by the petitioner, as verified by this judge, respect the right-of-way, counting ten meters from the center of the road."
Considerando IV
"La confusión del MOPT y de la Procuradora se genera por cuanto del vértice 1 al 2 existe una distancia de siete metros, justo frente a calle pública, pero justo encima del vértice 2 se observa la referencia del ancho de veinte metros de la [Dirección3]. De manera tal que tanto el plano catastrado, como la cerca puesta por el promovente, según verificó este juzgador, respetan el derecho de vía, contando diez metros desde el centro de calle."
Considerando IV
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“II. The appeal is filed by attorney Lydiana Rodríguez Paniagua in her capacity as Deputy Attorney General. She appeals the judgment issued at 13 hours 46 minutes on 04 March 2016, which approved the possessory title proceeding (información posesoria). Specifically, the grievance concerns the right-of-way (derecho de vía) of the public road adjoining the property to be titled on the east; in her view, it is [Dirección1] of the national route. She adds that, under the principle of parallelism of powers (principio del paralelismo de las competencias), property dedicated by law to the public domain (dominio público) may be withdrawn from such status (desafectado) only by the legislature and not by other authorities. In her understanding, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice addresses the matter of public roads in judgment 2012-0116629. She requests that the judgment be vacated and that the proceedings be adjusted accordingly (Virtual Desk of the Agrarian Court of San Ramón, pleadings folder, dated 09 March 2016).
III.Article 19 of the Possessory Title Proceedings Law (Ley de Informaciones Posesorias) provides that properties registered under that law shall remain subject to several reservations (reservas), without any need to state them in the decision approving the proceeding. These include: a) public roads existing in front of properties that are less than twenty meters wide shall be subject to the reservations established by the General Public Roads Law (Ley General de Caminos Públicos); and b) the reservations established by the Water Law (Ley de Aguas) in Articles 72 and 73, where public-domain or private waters exist, as applicable. Although the cited provision states that these reservations need not be included in the text of the judgment for their validity and effectiveness, it must be borne in mind that their purpose is to protect the environment and its resources, which has a constitutional basis in our legal system (Article 50). Accordingly, this Court considers that, to enhance the effectiveness of those provisions through the public notice afforded by registration (publicidad registral), judgments granting applications in proceedings of this kind should expressly include the applicable statutory reservations.
IV.The challenge is directed specifically at the length of the frontage on the public road possessed by the property that is the subject of these proceedings on its eastern side. It may be seen from the registered cadastral plan (plano catastrado) submitted with the initial application, image 6, that the property that is the subject of the proceedings adjoins a public road on the east for seven linear meters; this is also shown by the applicant’s statements in the first allegation of that initial application, made under oath in accordance with section 3 of the Ley de Informaciones Posesorias. The argument advanced by the State’s representative has been analyzed more than sufficiently, and her interpretation of the plan has been shown to be erroneous. It should be noted that the property is approximately triangular in shape and that, on its eastern side, it adjoins the public road for only a few meters, which gives the property access to that road.
Following the statements made by the appellant entity and the official communication issued by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, added on 26 March 2015 at 1:09PM, the court ordered a judicial inspection (reconocimiento judicial) in decisions issued at 14 hours 02 minutes on 24 August 2015 and 13 hours 45 minutes on 27 October 2015. That judicial proceeding was conducted on the property at 09 hours on 10 November 2015. Insofar as relevant, the following was placed on record: “… Registered cadastral plan A-900669-90 was used as a reference. The property was traversed to determine whether it conformed to the description in that registered cadastral plan, and it was confirmed that it did. It is steeply sloping land used for agricultural purposes. It was also verified that the right-of-way along the boundary on the eastern side, namely the frontage on [Dirección2], is respected.
A measuring tape was used for that purpose. Measurement was taken from the center of the public road to the point where the tape indicated ten meters, since the right-of-way is twenty meters wide. The boundaries were observed to be duly marked with stakes, particularly with neon paint along the eastern boundary. It was determined that the prior order had indeed been complied with, and no State interests were observed to have been affected or harmed.—The land corresponds in its description and dimensions to that described in the registered cadastral plan submitted in the proceeding. Photographs were taken of the property and its boundary and are incorporated into the case file.” The State’s representative was notified of this inspection. As follows from the judicial inspection and the examination of the land survey (levantamiento topográfico), the latter complies with the requirements of the Ley General de Caminos and the Ley de Informaciones Posesorias.
It should be noted that it was established that the property adjoins “…a public road with frontage of seven linear meters…” on the eastern side; upon examination of the record, this is confirmed by the plan incorporated into the virtual case file and the judicial inspection dated 10 November 2015. Furthermore, the challenged decision undertook a detailed analysis of the objection by the Procuraduría General and set out the passage excerpted below, which, in this Chamber’s view, more than adequately explains the apparent confusion in reading the survey drawing; insofar as relevant, it states: “…The confusion on the part of MOPT and the Attorney General arises because there is a distance of seven meters from vertex 1 to vertex 2, directly in front of the public road, but immediately above vertex 2 the reference to the twenty-meter width of [Dirección3] can be seen. Thus, both the registered cadastral plan and the fence erected by the applicant, as verified by this judge, respect the right-of-way, measured as ten meters from the center of the road…”.
Besides being consistent with the evidence, this reasoning is ample, reasonable, and legally sound; this Court concurs with it. Moreover, the operative portion (segmento dispositivo) of the challenged decision expressly states: “…The property shall remain subject to the reservations concerning rights-of-way provided for in Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos and Article 19(a) of the Ley de Informaciones Posesorias,” thereby ensuring that those important restrictions receive public notice through registration.
V.Furthermore, section 4 of the Ley General de Caminos Públicos provides as follows: “The width of highways and local roads shall be that specified by the Technical Departments of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, but may not be less than twenty meters for the former and fourteen meters for the latter.” The State’s representative must take into account that the record identifies the type of road associated with the property and, consequently, its width, and compliance with the stated requirement was verified. The possessory title proceeding constitutes formalization of the property right because the party has already acquired possessory rights through adverse possession (usucapión). The requirements of Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias regarding subjection to the reservations specified by the Ley General de Caminos Públicos must indeed be satisfied, as occurred here.
The purpose is to ensure that both the applicant and third parties are aware of that encumbrance (afección) on the property right when the title is registered in the appropriate Registry. Section 2 of the Ley de Informaciones Posesorias provides that plans must depict accurate data and measurements and holds the professional responsible for the survey accountable for compliance with the statutory requirements. It also refers to Laws 3454 of14 November 1964 and the Law Governing the Practice of Topography and Land Surveying (Ley para el ejercicio de la Topografía y Agrimensura), N° 4294 of 16 December 1968. Section 1° of the Regulations to the National Cadastre Law (Reglamento a la Ley del Catastro Nacional) establishes a series of definitions. For purposes of this case, the following concepts are relevant: “Survey Plan (Plano de Agrimensura): The document that graphically, mathematically, textually, and legally depicts only one property, parcel, or tract and complies with the standards established by these Regulations.
Registered Cadastral Plan (Plano Catastrado): A survey plan that has been registered with the Catastro Nacional.” In light of all the foregoing, the land survey depicts the property to be titled and must reflect its actual configuration. In this case, the dimensions shown on the plan included as image 6 of the initial application conform to reality, as verified through the judicial inspection; the current width of the road was therefore established and is recorded accordingly in the judgment under appeal.
VI.Nor is there any basis for the allegation concerning the withdrawal of public-domain property from such status, because compliance with the requirements of the aforementioned road law has been amply explained. Judgment number 2012-116629 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, issued at 16 hours 31 minutes on 28 November 201, examines a constitutional inquiry concerning Article 7(b) of the Ley General de Caminos Públicos, Nº 5060 of 22 August 1972, and section 19(a) and (b) of the Ley de Informaciones Posesorias, Nº 139 of 14 July 1941, because the referring judicial body considered that those provisions might infringe section 45 of the Political Constitution (Carta Política), which recognizes the fundamental right to private property. From the extensive reasoning of the High Constitutional Court, this Court considers it appropriate to highlight the following conclusion regarding the provisions applicable to the case under examination (sub exámine): “…the conclusion that subsection b) actually establishes a public-domain reservation (reserva de dominio público) is entirely plausible.
That reservation does not arise upon issuance of the registrable title (the judgment approving the possessory title proceeding), nor when the person seeking title completes ten years of possession of the land that is the subject of the proceedings, but rather from the very moment when the possessor or original transferor began holding the property. From that first moment, the State has the possibility of allocating a strip of up to 12% of the affected land for the construction of a work of evident public utility: roads of any kind no more than twenty meters wide; the harnessing of hydroelectric power; the passage of telegraph or telephone lines; the construction of bridges; the use of watercourses necessary to supply communities, water livestock, or provide irrigation; or any other public-utility purpose. As the aforementioned provision states: ‘Such restrictions and burdens shall attach to the registration of the affected property, and the official responsible for executing the deed or signing the registrable writ shall be required to place them on record.
The Registro Público shall not register the title unless those restrictions and burdens are stated therein.’ Because this is a public-domain reservation, the affected strip of land (12% of the total area to be registered) is understood not to be susceptible to possession capable of giving rise to acquisitive prescription (prescripción positiva), but instead remains allocated to the public purpose established by the provision; accordingly, that portion of land cannot be appropriated or become part of the private assets of individuals. However, as the Procuraduría notes, under the foregoing interpretation, until the reserved strip is materially required for the designated public purpose, the State permits its holder to occupy it and even to include it within the area described in the registered cadastral plan on the basis of which possessory title proceedings are conducted for the remainder of the occupied property (88% of the total registered area).
In other words, it must be understood that, of the total area registered through the possessory title proceeding, 88% belongs to the person in whose name it is registered, while the remaining 12% constitutes a public-domain reservation that never entered that person’s private assets through acquisitive prescription. A similar rule would apply to water reservations, as explained below (watercourses included in registered cadastral plans, although counted in calculating the total registered area, do not belong to the private owner of the registered property because they are public-domain assets (bienes demaniales))” (emphasis not in the original). It follows from the foregoing that no violation occurred in this case because the plan excludes the area corresponding to the right-of-way. It should be noted that, during the judicial inspection discussed above, the property’s boundaries were found to respect the 12% mentioned in the constitutional judgment, which was excluded from the land survey. For that reason, the appellant Attorney General’s argument that the titling of a portion of the public domain (demanio público) is being permitted is unfounded.”
“II. La apelación es interpuesta por la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua en su carácter de Procuradora Adjunta. Recurre la sentencia de las 13 horas 46 minutos del 04 de marzo de 2016 donde se aprobó la información posesoria. Específicamente el agravio gravita en torno al derecho de vía de la calle pública que colinda por el rumbo este con predio a titular, a su criterio es de [Dirección1] de la ruta nacional. Agrega por el principio del paralelismo de las competencias, un bien afecto a la ley a dominio público solo el legislador puede desafectarlo y no otras instancias. A su entender la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto 2012-0116629 aborda el tema de las calles públicas. Pide se anule la sentencia y se readecuen los procedimientos (Escritorio virtual del Juzgado Agrario de San Ramón, carpeta de escritos, del 09 de marzo de 2016).
III.El artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias establece, las fincas inscritas por medio de esta ley, quedarán afectadas por varias reservas, sin que haya necesidad de indicarlas en la resolución que apruebe el proceso. Entre ellas: a) que los caminos públicos que existan frente a las fincas, con ancho inferior a veinte metros, estarán afecto a las reservas que indica la Ley General de Caminos Públicos; y, b) Las reservas que indica la Ley de Aguas en sus artículos 72 y 73, cuando existieren aguas de dominio público o privado, en su caso. Pese a que la norma citada indica no es necesario para la validez y eficacia de estas reservas se incluyan en el texto de la sentencia, debe tomarse en consideración, su fin es la tutela del ambiente y sus recursos, lo cual tiene en nuestro ordenamiento un fundamento constitucional (artículo 50). De esta forma, considera este Tribunal, para lograr mejorar la eficacia de dichas normas, a través de la publicidad registral que su inscripción permite, es pertinente que en las sentencias estimatorias de este tipo de procesos, se incluyan expresamente las reservas de ley respectivas.
IV.El reclamo se dirige específicamente a la dimensión del frente a calle pública que posee el bien objeto de las diligencias por el rumbo este. Se nota del plano catastrado aportado en el escrito inicial imagen 6, el fundo objeto de las diligencias limita por el este con calle pública en siete metros lineales, así como de las manifestaciones de la parte promovente en el hecho primero del escrito inicial en mención, rendido bajo la fe de juramente de conformidad con el ordinal 3 de la Ley de Informaciones Posesorias. El argumento de la representación estatal ha sido sobradamente analizado y verificado lo errado de su interpretación del plano. Debe anotarse, el fundo asemeja geométricamente a un triángulo, siendo por el rumbo este, el cual colinda con calle pública solo unos pocos metros lo que da acceso a la finca a esa vía. Luego de las manifestaciones de la referida entidad apelante, y el oficio expedido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, agregado el 26 de marzo de 2015 de las 1:09PM el despacho ordenó realizar un reconocimiento judicial según resoluciones de las 14 horas 02 minutos del 24 de agosto de 2015 y 13 horas 45 minutos del 27 de octubre de 2015.
Esa diligencia judicial se verificó en el fundo a las 09 horas del 10 de noviembre de 2015. En lo que interesa se dejó constancia de lo siguiente: “… Se utilizó como referencia el plano catastrado A-900669-90. Se procedió a recorrer el inmueble a efecto de determinar si se ajusta a lo descrito en el plano catastrado referido, lo cual se comprobó. Es un terreno con fuerte pendiente, de naturaleza agrícola. Además, se verificó que se respeta el derecho de vía en la colindancia por el rumbo Este, sea el frente a calle [Dirección2]. Para ello se utilizó una cinta métrica. Se midió desde el centro de la vía pública hasta donde la cinta señala los diez metros, dado que el derecho de vía es de veinte metros. Se observa las colidancias debidamente demarcadas, por medio de estacas, en particular con pintura neón a lo largo de la colindancia Este. Se determina que efectivamente se cumplió con lo prevenido y no se observa intereses estatales afectados ni lesionados.- El terreno corresponde en su descripción y dimensiones al descrito en el plano catastrado aportado al proceso.
Se tomaron fotografías de la finca y de la colindancia, las cuales se incorporan al expediente”. Este reconocimiento fue puesto en conocimiento por la representación estatal. Como se deriva del reconocimiento judicial y el estudio del levantamiento topográfico, éste se ajusta los requerimientos de la Ley General de Caminos y la Ley de Informaciones Posesorias. Nótese se tiene por demostrado que por el rumbo este colinda con “…calle pública con un frente de siete metros lineales…” lo cual realizado el estudio de los autos se comprueba con el plano incorporado al expediente virtual y el reconocimiento judicial de fecha 10 de noviembre de 2015. Además, la decisión impugnada se avocó por analizar de manera puntualizada la oposición de la Procuraduría General, y expuso lo que de seguido se extracta, y estima esta Cámara, sobradamente explica la aparente confusión en la lectura del dibujo topográfico; indica en lo que interesa lo siguiente: “…La confusión del MOPT y de la Procuradora se genera por cuanto del vértice 1 al 2 existe una distancia de siete metros, justo frente a calle pública, pero justo encima del vértice 2 se observa la referencia del ancho de veinte metros de la [Dirección3] .
De manera tal que tanto el plano catastrado, como la cerca puesta por el promovente, según verificó este juzgador, respetan el derecho de vía, contando diez metros desde el centro de calle…”. Este razonamiento, amén de encontrarse ajustados a las probanzas, resulta abundante, razonable y ajustado a derecho; es compartido por esta Instancia. Por otra parte, en el segmento dispositivo de la resolución impugnada expresamente se indica: “…Queda afecto el inmueble a las reservas en cuanto a derechos de vía que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias” velando de esa manera con dar publicidad registral a esas importantes limitaciones.
V.A mayor abundamiento de razones, el numeral 4 de la Ley General de Caminos Públicos, establece lo siguiente: "El ancho de las carreteras y de los caminos vecinales será el que indique los Departamentos Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que pueda ser menor de veinte metros para las primeras y de catorce metros para los segundos". Debe tomar en consideración la representación estatal que en autos consta el tipo de vía que se relacionan con el fundo, y en consecuencia el ancho de tal y se comprobó el cumplimiento de lo indicado. El procedimiento de información posesoria, constituye una formalización del derecho de propiedad, porque la parte ya ha adquirido el derecho de posesión por usucapión. Si se debe cumplir con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias en cuanto a quedar sujeto a las reservas que indica la Ley General de Caminos Públicos, como ocurre en la especie.
Lo anterior con la finalidad que tanto la parte promovente como los terceros, al inscribir el título en el Registro pertinente, tengan conocimiento de tal afección a su derecho de propiedad. El ordinal 2 de la Ley de Informaciones Posesorias, establece que los planos deberán representar datos y medidas exactas, e impone al profesional encargado del levantamiento la responsabilidad por el cumplimiento de lo estatuido. Además, remite a las leyes 3454 del14 de noviembre de 1964 y la Ley para el ejercicio de la Topografía y Agrimensura, N° 4294 del 16 de diciembre de 1968. En el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, en el ordinal 1° establece una serie de definiciones. Para los fines de este caso, interesa analizar los siguientes conceptos: “Plano de Agrimensura: Es el documento mediante el cual se representa en forma gráfica, matemática, literal y jurídicamente sólo una finca, parcela o predio, que cumple con las normas que establece el presente reglamento.
Plano Catastrado: Es el plano de agrimensura que ha sido inscrito en el Catastro Nacional”. Con todo lo anterior, el levantamiento topográfico representa el fundo a titular, y debe ser de forma real. En este caso las dimensiones indicadas en el plano agregado en la imagen 6 del escrito inicial se encuentra apegado a la realidad cuando se constató mediante el reconocimiento judicial, con lo cual se tiene por probado el ancho actual de la vía y así se consigna en el fallo recurrido.
VI.Tampoco tiene sustento el alegato sobre la desafectación de un bien de dominio público, pues de manera abundante se ha explicado el cumplimiento de lo ordenado en la ley de caminos referida. El voto de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, número 2012-116629 de las 16 horas 31 minutos del 28 de noviembre de 201, analiza una consulta sobre la constitucionalidad del artículos 7 inciso b) de la Ley General de Caminos Públicos, Nº 5060 del 22 de agosto de 1972, y del numeral 19 incisos a) y b) de la Ley de Informaciones Posesorias, Nº 139 del 14 de julio de 1941, pues el órgano judicial consultante considera que podrían ir en detrimento del numeral 45 de la Carta Política, en el cual se reconoce el derecho fundamental a la propiedad privada. De la exuberante argumentación del Alto Tribunal Constitucional conviene, a criterio de esta Sede, resaltar la siguiente conclusión sobre las normas de aplicación en el sub exámine: “…resulta del todo plausible la conclusión de que este inciso b) en realidad lo que contempla es una reserva de dominio público, la cual no se constituye con la expedición del título inscribible (sentencia aprobatoria de la información posesoria) ni tampoco cuando el titulante cumple diez años de posesión sobre el terreno objeto de las diligencias, sino desde el mismo momento en que el poseedor o el transmitente original comenzó a detentar el inmueble.
Desde ese primer momento, existe la posibilidad de que el Estado destine una franja del terreno afectado de hasta un 12% a fin de construir alguna obra de evidente utilidad pública: caminos de cualquier naturaleza con un ancho no mayor de veinte metros, aprovechamiento de fuerzas hidroeléctricas o para el paso de líneas telegráficas o telefónicas, construcción de puentes o utilización de cursos de agua que fueren necesarios para el abastecimiento de poblaciones, abrevaderos de ganado o irrigación, o para cualquier otra finalidad de utilidad pública. Como señala el mencionado numeral: “Tales restricciones y cargas irán aparejadas a la inscripción de la finca afectada, quedando obligado el funcionario a quien corresponde otorgar la escritura o suscribir el mandamiento inscribible a dejar constancia de las mismas. El Registro Público no inscribirá el título si en éste no constan dichas restricciones y cargas” Al tratarse de una reserva de dominio público, se entiende que la franja de terreno que se afecta (12% del área total a inscribir) no es susceptible de posesión apta para prescribir positivamente, sino que queda destinada al fin público dispuesto en la norma; de tal forma que esa porción de terreno no es susceptible de apropiación ni de ingresar al patrimonio privado de particulares.
Ahora bien, como señala la Procuraduría, partiendo de la concepción esbozada, mientras la franja sujeta no sea requerida materialmente para el fin público dispuesto, el Estado permite que su detentador la ocupe, y aún que la incluya dentro del área descrita en el plano catastrado con base en el cual se tramitan diligencias de información posesoria sobre el resto del inmueble poseído (88% del área total inscrita). En otras palabras, habría que entender que del total del área inscrita registralmente por medio del trámite de información posesoria, un 88% pertenece a la persona a cuyo nombre aparece inscrita y el 12% restante constituye una reserva de dominio público, la cual nunca ingresó al patrimonio privado de esa persona por prescripción positiva. Un caso similar se aplicaría a las reservas de aguas, según se explicará más adelante (los cauces de agua incluidos en los planos catastrados, aunque forman parte del cálculo del área inscrito total, no pertenecen al particular propietario de la finca inscrita por tratarse de bienes demaniales)” (lo destacado no es del texto original).
De lo anterior se deriva, en este caso no se comete infracción alguna, porque el plano excluye lo que le corresponde al derecho de vía. Nótese en el reconocimiento judicial, arriba aludido, la delimitación de la finca respeta ese 12% mencionado en la sentencia constitucional y quedó excluida del levantamiento topográfico. Por esa razón, es infundado el argumento de la procuradora apelante, en cuanto se está permitiendo la titulación de un segmento del demanio público.”
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