Possessory information proceedings: requirements and natural resource protectionInformación posesoria: requisitos y protección de recursos naturales

V.Regarding this type of proceeding, this Tribunal has repeatedly determined that "Información Posesoria is a non-contentious judicial activity procedure for the formalization of a registrable title over a property right that has been acquired through usucapion (adverse possession), fulfilling the corresponding legal requirements for that purpose. It requires demonstrating possession as owner, in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner (articles 1 of the Ley de Informaciones Posesorias and 856 of the Civil Code). The title applicant, apart from lacking a registered or registrable title in the Public Registry, must expressly state that the property has not been previously registered in the Public Registry. For reasons of public interest, and to avoid double registry registration over the same property, or to protect third parties with better right than the title applicant, the Law requires notifying certain subjects.

It also established an opposition procedure within the Información Posesoria, in the event that any of the interested parties feels harmed by the titling (article 8). The Ley de Informaciones Posesorias orders the Judge to consider as parties, and therefore to personally notify from the initiation of the proceedings, the adjoining landowners, since the titling could encompass part of the lands belonging to them. It is also ordered to notify co-owners or co-owners (condueños or condóminos). Likewise, in safeguarding the interests of the State, it is ordered to consider as a party the Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Agrario, for the protection of property subject to public domain, and of state Agrarian Property (article 5). Finally, the Law mandates summoning all interested parties, through the publication of an Edict in the Boletín Judicial, who may have a legitimate interest in the proceeding.

(See numeral 5 of the Ley de Informaciones Posesorias) (see Voto Nº 755 of 9:45 hours on November 13, 2003). The existence of well-defined boundaries (fences, lanes, etc.) is also required. The following documents must be provided: livestock brand if the property is used for livestock; identity card or respective identification document of the title applicant; the cadastral map; updated certification from the Public Registry clarifying whether other properties have been titled by the applicant and what their measurement is; updated certification from the Ministerio del Ambiente de Energía on whether or not the land is included within any protected area. Current legislation on soils requires demonstrating the use of the land in accordance with its suitability (land-use conformity study). The judge is also obligated, to ensure the protection of water resources for public utility purposes, if springs (nacientes) or water sources exist, to request the respective report from the competent entity for this purpose (articles 50 of the Ley Orgánica del Ambiente, subsection 14 of numeral 121 of the Constitución Política, 1, 3 and 17 of the Ley de Aguas N°276 of August 27, 1942, 33 of the current Ley Forestal Nº 7575 of February 5, 1996 and Decreto Ejecutivo N° 26237-MINAE of June 19, 1997). Tribunal Agrario, Voto N° 943 of 15:40 hours on December 6, 2004."

“V.- Sobre este tipo de procesos, este Tribunal ha determinado en forma reiterada, que la “Información Posesoria es un trámite de actividad judicial no contenciosa para la formalización de un título registrable sobre un derecho de propiedad que se ha llegado a adquirir por la usucapión, cumpliendo para ello con los requisitos legales correspondientes. Se exige demostrar la posesión a título de dueño, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida (artículos 1 de la Ley de Informaciones Posesorias y 856 del Código Civil). El titulante, aparte de carecer de título inscrito o inscribible en el Registro Público, debe manifestar expresamente que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público anteriormente. Por razones de interés público, y para evitar una doble inscripción registral sobre un mismo bien, o bien, para tutelar a terceros de mejor derecho que el titulante, la Ley exige notificar a ciertos sujetos.

También estableció un trámite de oposición dentro de la Información Posesoria, en caso de que alguno de los interesados se sienta perjudicado por la titulación (artículo 8). La Ley de Informaciones Posesorias ordena al Juez tener como partes y por tanto notificarles personalmente desde el inicio de las diligencias, a los colindantes, ello por cuanto la titulación podría abarcar parte de las tierras que les pertenecen. También se ordena notificar a los condueños o condóminos. Igualmente, en resguardo de los intereses del Estado, se ordena tener como parte a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Agrario, para el resguardo de la propiedad sujeta al dominio público, y de la Propiedad Agraria estatal (artículo 5). Finalmente, la Ley manda a citar a todos los interesados, mediante la publicación de un Edicto en el Boletín Judicial, que puedan tener un interés legítimo en el proceso.

(Ver numeral 5 de la Ley de Informaciones Posesorias) (ver Voto Nº 755 de las 9:45 horas del 13 de noviembre del 2003). Se exige también la existencia de linderos bien señalados (cercas, carriles, etc.). Deben aportarse los siguientes documentos: marca de ganado si la finca se dedica a ganadería; cédula de identidad o documento de identificación respectivo del titulante; el plano catastrado; certificación actualizada del Registro Público que aclare si se han titulado otras fincas por el promovente y cual es su medida; certificación actualizada del Ministerio del Ambiente de Energía sobre si está o no comprendido el terreno dentro de alguna área protegida. La legislación vigente sobre suelos exige se demuestre el uso del terreno conforme a su aptitud (estudio conforme de uso del suelo). También está obligado el juez, para velar por la protección del recurso hídrico con fines de utilidad pública, de existir nacientes o fuentes de agua, a solicitar el informe respectivo del ente competente para ello (artículos 50 de la Ley Orgánica del Ambiente, inciso 14 del numeral 121 de la Constitución Política, 1, 3 y 17 de la Ley de Aguas N°276 de 27 de agosto de 1942, 33 de la Ley Forestal vigente Nº 7575 de 5 de febrero de 1996 y Decreto Ejecutivo N° 26237-MINAE de 19 de junio de 1997). Tribunal Agrario, Voto N° 943 de las 15:40 horas del 6 de diciembre del 2004.”