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20/10/2006
OutcomeResultado
The Court of Appeals denied the prosecutor's claims and affirmed the acquittal of the defendant for lack of criminality in the wetland drainage, as the area had not been declared a wetland by executive decree.El Tribunal de Casación rechazó los recursos del Ministerio Público y confirmó la absolutoria del acusado por atipicidad de la conducta de drenaje de humedal, al no haberse declarado el área como humedal mediante decreto ejecutivo.
SummaryResumen
The Criminal Court of Appeals rejects the prosecutor's claims in a case concerning wetland drainage and illegal logging. The majority holds that the criminal offense under Article 90 of the Wildlife Conservation Law (wetland drainage) requires the wetland to have been previously created and demarcated by executive decree, as per Article 7(h) of the same law, as a normative element of the crime. The dissenting minority argues that criminal protection extends to any wetland meeting the natural characteristics, without the need for prior declaration. The trial court acquitted the defendant after finding that the affected area was never declared a wetland by decree, despite being considered one by MINAE officials. The Court concludes that, absent this objective requirement, the conduct is not criminal, without implying lack of protection, since the duty to declare wetlands lies with the Executive Branch. The civil action for damages is also dismissed for lack of proven harm.El Tribunal de Casación rechaza los recursos del Ministerio Público en una causa por drenaje de humedal y tala ilegal. La mayoría sostiene la tesis de que el tipo penal del artículo 90 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre (drenaje de humedales) exige que el humedal haya sido previamente creado y delimitado por decreto ejecutivo, conforme al artículo 7 inciso h) de esa misma ley, como elemento normativo del tipo. La minoría disidente considera que la protección penal se aplica a todo humedal que reúna las características naturales, sin necesidad de declaratoria previa. La sentencia de instancia absolvió al acusado al constatar que el área intervenida nunca fue declarada humedal por decreto, pese a que funcionarios del MINAE la consideraban como tal. El Tribunal concluye que, ante la ausencia de ese requisito objetivo, la conducta es atípica, sin que ello implique desprotección, pues la responsabilidad de declarar los humedales recae en el Poder Ejecutivo. Se rechaza además la acción civil resarcitoria por falta de daño probado.
Key excerptExtracto clave
In light of the above, it is clear that our legal system has never left these natural areas unprotected, which (it is understood) play a very important role in the biological balance of wild flora and fauna, which in turn integrate and form a harmonious part of the environment necessary for human beings (and future generations) to ensure their subsistence. However, it cannot be overlooked that for this protection to materialize in practice, and considering that our country has opted for a democratic political system under the rule of law, where respect for fundamental principles and guarantees is constitutionally enshrined (among which is the right to private property), certain limitations are placed on any state action or intervention that could affect individual interests of the governed. Accordingly, it is necessary that this protection (at least as far as criminal law is concerned) be provided, not unrestrictedly but in strict compliance with certain rules, among which is the principle of criminal specificity, derived from the principle of legality. Thus, to be able to criminally sanction those who engage in conduct affecting the wild areas in question, it is necessary that an administrative procedure has been previously completed whereby they have been identified, demarcated, and declared by Executive Decree (after payment of the corresponding compensation) as a wetland. From the foregoing, it is not true that the criterion established in vote No. 2005-461 of this Court of Cassation (which we consider correct) nullifies the protection of natural resources and the environment, as is stated in the cited vote No. [Telf1], with which we disagree. Such a statement seems to blame the judges who defend it for the impunity of conduct affecting a wild marshy area that, even though it meets all the characteristics and suitable conditions to be considered a wetland, has not been declared and demarcated as such by Executive Decree.De acuerdo con lo anterior, se advierte que nuestro ordenamiento jurídico en ningún momento ha dejado desprotegidas estas áreas naturales, las cuales (se comprende) juegan un papel muy importante en el equilibrio biológico de la flora y faunas silvestres, que a su vez integran y forman parte armónica del medio ambiente necesario para que el ser humano (y las generaciones venideras) pueda asegurar su subsistencia. No obstante, no puede perderse de vista que para que en la práctica esa protección se llegue a materializar, y tomando en cuenta que nuestro país ha optado por un sistema político de índole democrático y de Derecho, donde constitucionalmente se ha consagrado el respeto a principios y garantías fundamentales (entre las cuales está el derecho a la propiedad privada), se fijan algunas limitaciones a toda aquella actuación o intervención estatal que pudiera llegar a afectar intereses individuales de los administrados. En función de ello, es necesario que esa protección (al menos en lo que se refiere a la vía penal) se dé, no de modo irrestricto sino en estricto respeto de determinadas reglas, entre las cuales está el principio de tipicidad penal, derivado del principio de legalidad. Así, para que se puedan llegar a sancionar penalmente a aquellos sujetos que realicen conductas que afecten las áreas silvestres que se comentan, es necesario que se haya cumplido previamente con un procedimiento administrativo según el cual aquellas se hayan identificado, delimitado y declarado por Decreto Ejecutivo (previa cancelación de las indemnizaciones que correspondan) como un humedal. Como se colige de lo anterior, no es cierto que el criterio establecido en el voto Nº 2005-461 de este Tribunal de Casación (que estimamos acertado) haga nugatoria la protección los recursos naturales y del medio ambiente, según se asegura en el voto Nº [Telf1] citado, y del cual discrepamos. Con tal afirmación pareciera que se estaría responsabilizando a los jueces que lo defienden, por la impunidad de aquellas conductas que afecten una zona pantanosa silvestre que, aún cumpliendo con todas características y condiciones idóneas para considerarla como un humedal, no haya sido declarada y delimitada así por Decreto Ejecutivo.
Pull quotesCitas destacadas
"para que se puedan llegar a sancionar penalmente a aquellos sujetos que realicen conductas que afecten las áreas silvestres que se comentan, es necesario que se haya cumplido previamente con un procedimiento administrativo según el cual aquellas se hayan identificado, delimitado y declarado por Decreto Ejecutivo (previa cancelación de las indemnizaciones que correspondan) como un humedal."
"to be able to criminally sanction those who engage in conduct affecting the wild areas in question, it is necessary that an administrative procedure has been previously completed whereby they have been identified, demarcated, and declared by Executive Decree (after payment of the corresponding compensation) as a wetland."
Considerando sobre el tercer motivo
"para que se puedan llegar a sancionar penalmente a aquellos sujetos que realicen conductas que afecten las áreas silvestres que se comentan, es necesario que se haya cumplido previamente con un procedimiento administrativo según el cual aquellas se hayan identificado, delimitado y declarado por Decreto Ejecutivo (previa cancelación de las indemnizaciones que correspondan) como un humedal."
Considerando sobre el tercer motivo
"no procede que el juzgador corrija la plana al legislador en perjuicio de la libertad de las personas, sino que el juez debe resolver en estricta conformidad con las leyes (...) por más evidente que fuera el supuesto desacierto del legislador."
"the judge may not correct the legislator to the detriment of people's freedom; rather, the judge must decide strictly in accordance with the laws (...) no matter how evident the supposed mistake of the legislator might be."
Considerando sobre el tercer motivo
"no procede que el juzgador corrija la plana al legislador en perjuicio de la libertad de las personas, sino que el juez debe resolver en estricta conformidad con las leyes (...) por más evidente que fuera el supuesto desacierto del legislador."
Considerando sobre el tercer motivo
"En una democracia el fin no siempre justifica los medios, sino que a veces son los medios que justifican los fines, y la tutela de los derechos fundamentales de las personas, particularmente el régimen de la libertad individual, prevalece sobre cualquier otra consideración o conveniencia, incluyendo al bien jurídico 'medio ambiente'"
"In a democracy, the end does not always justify the means; sometimes it is the means that justify the ends, and the protection of fundamental rights of individuals, particularly the regime of individual liberty, prevails over any other consideration or convenience, including the legal interest 'environment'."
Considerando sobre el tercer motivo
"En una democracia el fin no siempre justifica los medios, sino que a veces son los medios que justifican los fines, y la tutela de los derechos fundamentales de las personas, particularmente el régimen de la libertad individual, prevalece sobre cualquier otra consideración o conveniencia, incluyendo al bien jurídico 'medio ambiente'"
Considerando sobre el tercer motivo
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II.- THIRD GROUND (merits): Failure to apply Article 90 of the Wildlife Conservation Law. In this third ground, as a question of merits, the failure to apply Article 90 of the substantive law indicated above is denounced. In support of his claim, the appellant affirms that the judge erred insofar as she considered that this case lacked an element of objective criminality, namely the official declaration of a wetland in the zone where the channels, floodgates, and culverts were built. In the appellant's opinion, such a declaration is not necessary for the configuration of the crime. The jurisprudence of the Court of Cassation itself has pronounced itself in the opposite sense. The judge's position means leaving wetlands unprotected. If the definition of wetland in Article 2 of the Wildlife Conservation Law, or else the criminal offense (Article 90 ibidem), had contained the phrase "and other wetlands declared as such by Executive Decree," there would be no doubt that the legislator intended to impose this limit of punishability to protect only those wetlands declared as such. But it cannot be interpreted that the legislator had the intention of modifying the scope of the criminal offense. By majority, with the dissenting vote of [Name1], the present claim is rejected. The appellant raises a discussion that is not novel, because it has already been the subject of analysis by this Court of Cassation, that is, whether the creation and delimitation of the wetland by Executive Decree, as established by Article 7 subsection h) of the Wildlife Conservation Law, constitutes or not an objective and normative element of the criminal offense provided for in Article 90 ibidem, which is denounced as not applied. In this regard, it can be verified how the prosecutor openly leans toward the majority thesis that, with the dissenting vote of co-judge [Name2], was held by judges [Name3] and [Name4] in ruling No. [Telf1] of 3:40 p.m. on November 15, 2005, namely: "... at no time has the Wildlife Conservation Law or any other law required that, in order for wetlands to be protected, an administrative declaration via decree is necessary. The foregoing not only would nullify the protection of the environment and of the wildlife species that permanently, seasonally, or occasionally live in the wetlands, but because that would imply a total lack of protection for the legal interest. Note that numeral Article 7 subsection h) of the Wildlife Conservation Law establishes that one of the functions of the Ministry of Environment, Energy and Mines is to administer, supervise, and protect wetlands, and immediately thereafter states: 'the creation and delimitation of wetlands shall be done by executive decree, according to technical criteria,' so that there should be no confusion between the protection that said law provides to wetlands and the subsequent declaration of the same as protected wilderness areas made by Article 32 of the Organic Law of the Environment. Indeed, at the time the Wildlife Conservation Law was published, wetlands were not protected wilderness areas, so its Article 7 sought to formalize state-owned wetlands by means of an executive decree. It is clear that if the State is interested in a property on which a wetland exists becoming its property, the expropriation procedure and prior payment must occur. The confusion arises from the fact that the Organic Law of the Environment declares all wetlands as protected wilderness areas; such a declaration, on private properties, only takes effect from the moment at which its payment or expropriation has been legally carried out – as already indicated – in accordance with Article 37 of the Organic Law of the Environment. However, even when wetlands are located on private property, they are protected, and the crime of draining wetlands can be configured in accordance with the Wildlife Law. It must be remembered that by express provision of Article 39 of the Organic Law of the Environment, wetlands are of public interest and therefore subject to protection. On the other hand, note that Article 7 of the Wildlife Conservation Law is located within Chapter II, titled 'Of the Administrative Organization,' and refers to the functions or competencies of the General Directorate of Wildlife, such that it is an article that only establishes the functions of that entity, but is not properly a criminal offense, nor is it the complement of one. It would have been different if the phrase in question, that is, 'The creation and delimitation of wetlands shall be done by decree, according to technical criteria,' had been placed after the definition of wetlands in Chapter I, Article 2; or if the criminal offense had included the phrase 'and other wetlands declared as such by executive decree,' such that under those conditions in the drafting of the criminal offense, there would be no doubt that the legislator's intention was to impose those limitations for the protection of wetlands only upon those declared via decree. That is not the purpose of the law, but rather the protection of wetlands in general, whether they are on private or state property ...". However, this thesis is neither shared nor accepted by [Name5] and [Name6]. In this regard, the conclusion reached in this vote, to the effect that the criminal offense provided for in Article 90 of the Wildlife Conservation Law makes no express reference to the wetland having to be previously created and delimited by Executive Decree according to technical criteria, especially – as in this case – when it is located within a private property, stems from a fragmented view of said Law. According to a systematic and integrative interpretation of this regulation, it is clear that it would not be necessary, if already in Article 7 subsection h) it was expressly established that the wetland must be created and delimited by Executive Decree according to technical criteria (which implies that prior to that, the compensations established by Article 37 of the Organic Law of the Environment must have been covered and honored), to additionally require that this also had to be included in Articles 2 and 90 ibidem. On the other hand, and always based on this integral vision of the law, it is understood that the definition of wetland contained in the cited Article 2 will be the parameter from which it will be determined in each case whether the zone under study should be administratively declared as a wetland or not, so it is clear that it would make no sense to include there the phrase contained in Article 7 subsection h). Thus, the undersigned judges [Name7] and [Name6] rather lean toward the unanimous criterion that was upheld in vote No. 2005-461 of 8:35 a.m. on May 25, 2005, by the cassation judges [Name8], [Name9], and [Name10], who, when interpreting in a systematic and coherent manner the content of Articles 2, 7 subsection h), and 90 of the Wildlife Conservation Law (No. 7317); 32, 37, and 42 of the Organic Law of the Environment; and 58 of the Biodiversity Law (No. 7788), arrived at establishing what the objective and normative elements required are so that, for the purpose of establishing the criminal nature (tipicidad penal) of a conduct under the light of the cited Article 90, it is determined that the wilderness area in question is a wetland. In this respect, the following was reasoned: (i) Article 90 of the Wildlife Conservation Law (No. 7317) generally punishes the destruction of protected areas; (ii).- Article 32 of the Organic Law of the Environment establishes that wetlands are protected wilderness areas, while Article 37 indicates that one of the powers of the Executive Branch is to establish and declare protected wilderness areas, it being the case that such a declaration on private properties will only take effect from the moment at which its payment or expropriation has been legally carried out; (iii).- Article 58 of the Biodiversity Law refers to the Organic Law of the Environment, regarding the creation of protected wilderness areas; (iv).- Finally, numeral 7 subsection h) of the Wildlife Conservation Law establishes that the creation and delimitation of wetlands shall be done by Executive Decree according to technical criteria. This entire relationship of norms, considered from an integrative and systematic hermeneutic perspective, allows one to understand that the legislator defined the special characteristics and conditions that must be taken into account so that a determined wilderness area qualifies and is declared (and delimited) as a wetland, for which it may even be advisable and appropriate to have adequate technical and professional assistance. It also established that said declaration and delimitation must be carried out by means of an Executive Decree, which presupposes that when dealing with a private property, the expropriation procedure or a prior indemnification (in cases of simple affectation) has been fulfilled. In accordance with the foregoing, it is observed that our legal system has at no time left these natural areas unprotected, which (it is understood) play a very important role in the biological balance of wild flora and fauna, which in turn integrate and form a harmonious part of the environment necessary for human beings (and future generations) to ensure their subsistence. However, one must not lose sight of the fact that for that protection to materialize in practice, and taking into account that our country has opted for a political system of a democratic nature and Rule of Law, where constitutionally the respect for fundamental principles and guarantees has been enshrined (among which is the right to private property), some limitations are set on any state action or intervention that could affect individual interests of the administered parties. Based on this, it is necessary that this protection (at least with regard to the criminal avenue) is provided, not unrestrictedly but in strict respect of certain rules, among which is the principle of criminal definition (tipicidad penal), derived from the principle of legality. Thus, in order to be able to criminally sanction those subjects who carry out conduct that affects the wilderness areas under discussion, it is necessary that an administrative procedure has been previously fulfilled according to which those have been identified, delimited, and declared by Executive Decree (after payment of the corresponding indemnifications) as a wetland. As can be inferred from the foregoing, it is not true that the criterion established in vote No. 2005-461 of this Court of Cassation (which we consider correct) nullifies the protection of natural resources and the environment, as is asserted in the cited vote No. [Telf1], and from which we disagree. With such a statement, it would seem that the judges who defend it are being held responsible for the impunity of those conducts that affect a wild marshy zone that, even if meeting all the characteristics and suitable conditions to be considered a wetland, has not been declared and delimited as such by Executive Decree. In this sense, we must underline that what would be serious is for judges to give a criminal offense a scope that it does not have, because in our constitutional regime it is clear that judges are not legislators, and if a law is considered to be remiss or defective in its scope, because it should cover a series of scenarios, the appropriate course is to amend the law through the provided constitutional channel, and not to broaden criminal protection through an extensive or analogical judicial interpretation of the criminal law 'for the sake of protecting the environment,' as the appellant intends, for it is not proper for the judge to correct the legislator to the detriment of people's liberty; rather, the judge must resolve in strict conformity with the laws (Articles 41 of the Political Constitution; 1 and 2 of the Penal Code; 1 and 2 of the Code of Criminal Procedure), however evident the legislator's supposed error might be. In a democracy, the end does not always justify the means; rather, sometimes it is the means that justify the ends, and the protection of the fundamental rights of persons, particularly the regime of individual liberty, prevails over any other consideration or convenience, including the legal interest 'environment,' for it is clear that legal interests, as values, have a hierarchical relationship that must be respected, and the individual guarantee of the principle of criminal legality (Art. 39 of the Political Constitution) must not be subordinated to the right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution), if this must be done at the expense of individual liberty and in breach of the order in which the constituent power assigned and separated the functions of the Judicial, Legislative, and Executive Branches. In this regard, it must be clear that it is the responsibility of the Executive Branch to ensure that all those areas that could potentially qualify as wetlands are identified, assessed, studied, delimited, and declared as such (complying in all of this with due process and legal requirements so as not to affect the constitutional rights of the administered parties), so if this has not been fulfilled, the application of Criminal Law could not be sought. Now then, applying these principles to the case before us (as the trial judge did, who expressly indicates sharing the thesis developed in the cited vote No. 2005-461), it is clear that, as was considered fully demonstrated in the judgment, because the majority of the MINAE officials who testified at trial indicated so (cf. folio 436, line 9 onwards), without any error being noted in this, the area subject to this process has not been administratively declared as a wetland, that is, by Executive Decree, but rather it is considered as such by specialists in the field due to the peculiar conditions and characteristics it presents. That being so, it is clear that in this case one of the normative and objective elements of the criminal offense provided for in Article 7 subsection h) already discussed was missing, whence the conclusion reached by the judge, establishing the lack of criminal nature (atipicidad) of the conduct pursued by the Public Prosecutor's Office, was correct. Based on the foregoing, the arguments of the Public Prosecutor's Office are rejected by majority criterion. Co-judge [Name4] dissents. [...] V.- FIFTH GROUND (merits): Erroneous application of substantive norms. In this last ground, the existence of in iudicando defects is adduced, since the RAMSAR Convention and Article 7.h. of the Wildlife Conservation Law were erroneously applied, for the following reasons: a) The argument included in the third ground of the appeal is reiterated, in the sense that there is contradictory reasoning because on one hand, when resolving the res judicata (cosa juzgada) exception, the judge bases herself on the 'same facts,' but on the other hand finds it necessary to base it on the analysis of the concept 'wetland,' this in relation to the criminal offenses charged; b) In the ruling, both the drainage of the wetland and the illegal logging are conditioned on the existence or not of the requirements established by the Convention for being a wetland, to conclude that the sole intention of the accused was to drain the wetland. However, to create the identity between the two processes and to accept res judicata, as well as to establish criminality, the wetland is not analyzed as an ecosystem before moving on to its analysis according to legal definitions. After presenting the foregoing, the appellant asks how it was that the judge applied the Ramsar Convention, because "... there is an erroneous application, for failing to externalize a factual presupposition upon which to pour the legal analysis and with it the Ramsar Convention ..." (cf. folio 464, lines 2 and 3): c) There is also an error in not applying Article 4 of said Convention, which indicates that 'Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves in wetlands, whether or not they are included in the "List," and shall provide adequately for their management and care.' This Convention declares a list of wetlands of international interest, but those not on it, after being identified as wetlands (according to Article 1 of said Convention), shall also be protected by domestic law; d) Article 7 subsection h) of the Wildlife Conservation Law was applied erroneously, given that 'the jurisprudence' (appears to refer to vote No. 2005-461 of this Court of Cassation) disregards Article 4 of the Ramsar Convention, which establishes that the wetland is protected whether or not it is on the list. If the General Directorate (which cannot issue Executive Decrees) has an interest in adding a wetland to the Ramsar list (that is, its creation or delimitation), it must channel it as a Decree with the Minister. The criterion that wetlands are not protected if they are not on the 'list' (it seems the appellant refers to the Convention's list), which must be created by Executive Decree, is contrary even to the Convention itself, so there is an in iudicando defect in the ruling; e) There is an erroneous application of Article 45 of the Political Constitution. The resources of wild flora are declared public domain as stated in Article 3 of Law No. 7317, so 'crimes and sanctions against flora are issued' (Articles 88 to 104), which include the facts investigated here, as part of the channels are within the protection zone of the Laguna Madrigal. It is not possible to apply constitutional Article 45 in the sense that it is necessary to expropriate in order to 'prior' (sic) exercise public control. While the right to private property must be respected, the owner can never exercise the right of destruction, only transformation. The accused should not have acted without prior administrative or judicial authorization; f) Regarding the civil action, the two constructed channels (which are not natural) were demonstrated, so it is appropriate to convict the perpetrator in the civil sphere (even if not in the criminal sphere), which was not done. Therefore, it is requested that the proven and demonstrated economic damage be taken into account, and that the appropriateness of the civil action be resolved in a liquid and specific amount for each proven fact, or else in the abstract. The claims are not receivable. The appellant again raises arguments regarding her disagreement with the acceptance of the res judicata exception, and regarding her position that in this case the conduct of the active subject is indeed criminal. Because of this, she must refer to what was already set forth in the preceding recitals. However, it is necessary to point out that the appellant presents an erroneous interpretation of Article 4 of the Ramsar Convention, because as she herself indicates, the list included therein refers to various zones of international interest, it being the case that other wetlands not on it must likewise be subject to protection by the State Parties. As was indicated supra, our legal system does NOT leave wilderness areas unprotected, it only conditions that protection on the respect for certain guarantees and requirements that in this case were not fulfilled by the Executive Branch, through the General Directorate of Wildlife of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (MINAE). The appellant's interpretive error is to affirm that the declaration referred to in Article 7 subsection h) of the Wildlife Conservation Law has as its purpose the inclusion of the wetland in the list of the cited Article 4, which is not true for the reasons indicated. In the vote of this Court that has been under discussion, at no time is it mentioned or suggested that to protect a wetland, it must be included in said list, for such an assertion is entirely the appellant's own. Regarding the last point of the complaint (identified as f), the contradictory nature of the appellant's argumentation is noted, as she requests that this Court of Cassation take the proven and demonstrated economic damage as demonstrated. If, as the appellant indicates, that supposed damage was already demonstrated in the trial court judgment, it would make no sense for this cassation body to deem it proven again. In reality, and as inferred from the content of the judgment, after the evidence was evacuated (especially the testimony of Mr. [Name11]), the conclusion was reached that this environmental damage did not occur (cf. folio 435, line 23 onwards), so there would be no basis to accept the claim now formulated by the representative of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), in her capacity as civil plaintiff. Based on the foregoing, the claim is rejected in all its aspects."
II.- TERCER MOTIVO (fondo): Falta de aplicación del artículo 90 de la Ley de Conservación de la vida silvestre. En este tercer motivo, como una cuestión de fondo, se denuncia la falta de aplicación del artículo 90 de la norma sustantiva arriba indicada. En sustento de su reclamo, el recurrente afirma que la juzgadora se equivocó en el tanto estimó en este caso faltó un elemento de tipicidad objetiva cual es la declaratoria oficial de humedal en la zona donde se construyeron los canales, compuertas y alcantarillas. En criterio del recurrente, tal declaratoria no es necesaria para la configuración del delito. La propia jurisprudencia del Tribunal de Casación se ha pronunciado en sentido contrario. La posición de la juzgadora significa desproteger los humedales. Si la definición de humedal del artículo 2 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, o bien el tipo penal (artículo 90 ibidem) hubiera contenido la frase "y los demás humedales declarados así por Decreto Ejecutivo", no habría duda de que el legislador quiso imponer este límite de punibilidad para proteger solo los humedales declarados como tales. Pero no puede interpretarse que el legislador tuviese la intención de modificar los alcances del tipo penal. Por mayoría, con el voto salvado de la [Nombre1], se rechaza el presente reclamo. El recurrente plantea una discusión que no resulta novedosa, debido a que ya ha sido objeto de análisis por parte de este Tribunal de Casación, esto es, si la creación y delimitación del humedal mediante Decreto Ejecutivo, según lo establece el artículo 7 inciso h) de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, constituye o no un elemento objetivo y normativo del tipo penal previsto por el artículo 90 ibidem, el cual se denuncia como no aplicado. Al respecto se puede comprobar cómo el fiscal se inclina abiertamente por la tesis de mayoría que, con voto salvado del co-juez [Nombre2], se sostuvo por parte de los jueces [Nombre3] y [Nombre4] en el fallo Nº [Telf1] de las 15:40 horas del 15 de noviembre de 2005, a saber: "... en ningún momento la Ley de Conservación de Fauna Silvestre ni ninguna otra, ha exigido que para quedar protegidos los humedales, sea necesario la declaratoria administrativa vía decreto. Lo anterior por cuanto no sólo haría nugatoria la protección al medio ambiente, y a las especies de vida silvestre que de modo permanente, por temporada u ocasionalmente viven en los humedales, sino porque ello implicaría una desprotección total al bien jurídico. Véase que el numeral artículo 7 inciso h) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre lo que establece es que una de las funciones del Ministerio el Ambiente Energía y Minas es administrar, supervisar y proteger los humedales y de seguido dice: "la creación y delimitación de los humedales se hará por decreto ejecutivo, según criterios técnicos.", de tal modo que no debe existir confusión entre la protección que da a los humedales dicha ley y la posterior declaración de los mismos como áreas silvestres protegidas que hizo el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. En efecto, al publicarse la Ley de Conservación de Vida Silvestre, los humedales no eran áreas silvestre protegidas por lo que su artículo 7 pretendía oficializar los humedales de propiedad estatal mediante un decreto ejecutivo. Es claro que sí al Estado le interesa que un inmueble en que existe un humedal, sea de sus propiedad, debe darse el procedimiento de declara todos los humedales como áreas silvestres protegidas, tal declaratoria, en fincas particulares, rige solo a partir del momento en que se haya efectuado – como ya se indicó - legalmente su pago o expropiación, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. Sin embargo, aún cuando los humedales se encuentre en propiedad privada, están protegidos pudiendo llegar a configurarse el delito de drenaje de humedales conforme a la Ley de Vida Silvestre. Debe recordarse que por expresa disposición del artículo 39 de la Ley Orgánica del Ambiente, los humedales son de interés público, y por ende sujetos de protección. Por otro lado, véase que el artículo 7 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre se ubica dentro del capítulo II, denominado “De la Organización Administrativa” y está referido a las funciones o competencias de la Dirección General de Vida Silvestre, de tal modo que es un artículo que únicamente establece las funciones de ese ente, pero no es propiamente un tipo penal, ni es el complemento de alguno. Hubiese sido distinto si la frase en cuestión; esto es, “ La creación y relimitación de humedales, se hará por decreto ,según criterios técnicos”, se hubiese ubicado luego de la definición de humedales en el capítulo I, artículo 2; o bien si el tipo penal hubiese comprendido la frase "y los demás humedales declarados así por decreto ejecutivo", de tal modo que ante esas condiciones en la redacción del tipo penal no habría duda de que la intención del legislador era imponer esas limitaciones para la protección de los humedales únicamente sobre los declarados por vía de decreto. Esa no es el propósito de la ley, sino la protección en general de los humedales sea que se encuentren en propiedad privada o estatal ...". No obstante, esta tesis no es compartida ni aceptada por los [Nombre5] y [Nombre6]. Al respecto se tiene que la conclusión a la que se llega en este voto, en el sentido de que el tipo penal previsto por el artículo 90 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre no hace alusión expresa a que el humedal debe estar previamente creado y delimitado por Decreto Ejecutivo según criterios técnicos, sobre todo -como en este caso- cuando el mismo se encuentra dentro de una propiedad privada, parte de una visión fragmentada de dicha Ley. De acuerdo con una interpretación sistemática e integradora de esta normativa, resulta claro que no sería necesario que si ya en el artículo 7 inciso h) se estableció de modo expreso que el humedal debe ser creado y delimitado por Decreto Ejecutivo según criterios técnicos (lo que implica que de previo a ello deberán haberse cubierto y honrado las indemnizaciones que establece el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente), adicionalmente se venga a exigir que ello también debió incluirse en los artículos 2 y 90 ibidem. Por otra parte, y siempre a partir de esta visión integral de la ley, se comprende que la definición de humedal que recoge el citado artículo 2 será el parámetro a partir del cual se determinará en cada caso si la zona bajo estudio deberá ser declarada administrativamente como humedal o no, por lo que es claro que no tendría ningún sentido que ahí se incluyera la frase que recoge el artículo 7 inciso h). Así las cosas, los suscritos jueces [Nombre7] y [Nombre6] más bien nos inclinamos por el criterio unánime que se sostuvo en el voto Nº 2005-461 de las 8:35 horas del 25 de mayo de 2005 por parte de los jueces de casación [Nombre8], [Nombre9] y [Nombre10], quienes, al interpretar de manera sistemática y coherente el contenido de los artículos 2, 7 inciso h) y 90 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Nº 7317); 32, 37 y 42 de la Ley Orgánica del Ambiente; y 58 de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788), llegaron a establecer cuáles son los elementos objetivos y normativos requeridos para que, a efectos de establecer la tipicidad penal de una conducta a la luz del artículo 90 citado, se determine que el área silvestre en cuestión es un humedal. Al respecto se razonó lo siguiente: (i) El artículo 90 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Nº 7317) en general sanciona penalmente la destrucción de áreas protegidas; (ii).- El artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que los humedales son áreas silvestres protegidas, mientras que el 37 señala que una de las facultades del Poder Ejecutivo es establecer y declarar áreas silvestres protegidas, siendo que tal declaratoria en fincas particulares sólo entrará a regir a partir del momento en que se haya efectuado legalmente su pago o expropiación; (iii).- El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad remite a la Ley Orgánica del Ambiente, en lo que a creación de áreas silvestres protegidas se refiere; (iv).- Por último, al numeral 7 inciso h) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre establece que la creación y delimitación de humedales se hará por Decreto Ejecutivo según criterios técnicos. Toda esta relación de normas, consideradas a partir de una herméutica integradora y sistemática, permite comprender que el legislador definió las características y condiciones especiales que deberán tomarse en cuenta para que un área silvestre determinada califique y sea declarada (y delimitada) como un humedal, para lo cual incluso podrá y será conviniente contar con auxilio técnico y profesional adecuado. También estableció que esa declaratoria y delimitación deberá realizarse por medio de Decreto Ejecutivo, el cual presupone que cuando se trate de un inmueble privado, se haya cumplido con el trámite de expropiación o con una indemnización previa (en casos de simple afectación). De acuerdo con lo anterior, se advierte que nuestro ordenamiento jurídico en ningún momento ha dejado desprotegidas estas áreas naturales, las cuales (se comprende) juegan un papel muy importante en el equilibrio biológico de la flora y faunas silvestres, que a su vez integran y forman parte armónica del medio ambiente necesario para que el ser humano (y las generaciones venideras) pueda asegurar su subsistencia. No obstante, no puede perderse de vista que para que en la práctica esa protección se llegue a materializar, y tomando en cuenta que nuestro país ha optado por un sistema político de índole democrático y de Derecho, donde constitucionalmente se ha consagrado el respeto a principios y garantías fundamentales (entre las cuales está el derecho a la propiedad privada), se fijan algunas limitaciones a toda aquella actuación o intervención estatal que pudiera llegar a afectar intereses individuales de los administrados. En función de ello, es necesario que esa protección (al menos en lo que se refiere a la vía penal) se dé, no de modo irrestricto sino en estricto respeto de determinadas reglas, entre las cuales está el principio de tipicidad penal, derivado del principio de legalidad. Así, para que se puedan llegar a sancionar penalmente a aquellos sujetos que realicen conductas que afecten las áreas silvestres que se comentan, es necesario que se haya cumplido previamente con un procedimiento administrativo según el cual aquellas se hayan identificado, delimitado y declarado por Decreto Ejecutivo (previa cancelación de las indemnizaciones que correspondan) como un humedal. Como se colige de lo anterior, no es cierto que el criterio establecido en el voto Nº 2005-461 de este Tribunal de Casación (que estimamos acertado) haga nugatoria la protección los recursos naturales y del medio ambiente, según se asegura en el voto Nº [Telf1] citado, y del cual discrepamos. Con tal afirmación pareciera que se estaría responsabilizando a los jueces que lo defienden, por la impunidad de aquellas conductas que afecten una zona pantanosa silvestre que, aún cumpliendo con todas características y condiciones idóneas para considerarla como un humedal, no haya sido declarada y delimitada así por Decreto Ejecutivo. En este sentido debemos subrayar que lo grave sería que los jueces den a un tipo penal un alcance que no tiene, porque en nuestro régimen constitucional es claro que los jueces no son legisladores, y si se considera que una ley es omisa o defectuosa en su alcance, porque debería cubrir una serie de supuestos, lo que procede es enmendar la ley por el canal constitucional previsto, pero no ampliando la tutela penal mediante una interpretación judicial extensiva o analógica de la ley penal "en aras de la protección del medio ambiente", conforme a la pretensión del impugnante, pues no procede que el juzgador corrija la plana al legislador en perjuicio de la libertad de las personas, sino que el juez debe resolver en estricta conformidad con las leyes (artículos 41 de la Constitución Política; 1 y 2 del Código Penal; 1 y 2 del Código Procesal Penal), por más evidente que fuera el supuesto desacierto del legislador. En una democracia el fin no siempre justifica los medios, sino que a veces son los medios que justifican los fines, y la tutela de los derechos fundamentales de las personas, particularmente el régimen de la libertad individual, prevalece sobre cualquier otra consideración o conveniencia, incluyendo al bien jurídico "medio ambiente", pues resulta claro que los bienes jurídicos, en cuanto valores, tienen una relación jerárquica que debe respetarse, y no ha de subordinarse la garantía individual del principio de legalidad penal (art. 39 de la Constitución Política) al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política), si ha de hacerse a expensas de la libertad individual y con quebranto del orden en que el constituyente asignó y separó las funciones de los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Al respecto debe tenerse claro que es responsabilidad del Poder Ejecutivo velar porque todas aquellas áreas que potencialmente puedan llegar a calificar como humedales, sean identificadas, valoradas, estudiadas, delimitadas y declaradas como tales (cumpliendo en todo ello el debido proceso y las exigencias legales a fin de no afectar derechos constitucionales de los administrados), de modo que si no se ha cumplido con ello, no podría pretenderse la aplicación del Derecho Penal. Ahora bien, aplicando estos principios al caso que nos ocupa (conforme lo hizo la jueza de mérito, quien de manera expresa indica compartir la tesis desarrollada en el voto Nº 2005-461 citado), resulta claro que según se tuvo por plenamente demostrado en la sentencia, pues así lo indicó la mayoría de los funcionarios del MINAE que declararon en debate (cfr. folio 436, línea 9 en adelante), sin que en ello se advierte yerro alguno, el área objeto de este proceso no ha sido declarada administrativamente como un humedal, esto por Decreto Ejecutivo, sino que así es considerada por los especialistas en la materia debido a las condiciones y características peculiares que presenta. Siendo ello así, es claro que en este caso faltó uno de los elementos normativos y objetivos del tipo penal previsto por el artículo 7 inciso h) ya comentado, de donde resultó acertada la conclusión a la que llegó la juzgadora al establecer la atipicidad de la conducta objeto de persecusión por parte del Ministerio Público. Con base en lo anterior, por criterio de mayoría se rechazan los alegatos del Ministerio Público. La cojueza [Nombre4] salva su voto. [...] V.- QUINTO MOTIVO (fondo): Errónea aplicación de normas sustantivas. En este último motivo se aduce la existencia de vicios in iudicando, pues se aplicaron erróneamente la Convención de RAMSAR y el artículo 7.h. de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, por lo siguiente: a) Se reitera el alegato incluido en el tercer motivo del recurso, en el sentido de que existe una fundamentación contradictoria debido a que por una parte, al resolver la excepción de cosa juzgada, la jueza se fundamenta en los "mismos hechos", pero por otra encuentra necesario fundamentarla en el análisis del concepto "humedal", ello con relación a los tipos penales acusados; b) En el fallo se condiciona tanto el drenaje del humedal como la tala ilegal, a la existencia o no de los requisitos que establece la Convención para ser humedal, para concluir que la única intención del acusado era drenar el humedal. No obstante, para crear la identidad entre los dos procesos y acoger la cosa juzgada, así como para establecer la tipicidad, el humedal no es analizado como ecosistema para luego pasar a su análisis según definiciones legales. Luego de exponer lo anterior, la recurrente se pregunta cómo fue que la juzgadora aplicó la Convención de Ramsar, pues "... hay una errónea aplicación, por no exteriorizar un presupuesto de hecho sobre el cual verter el análisis legal y con ello la Convención Ramsar ..." (cfr. folio 464, líneas 2 y 3): c) También existe un error al no aplicarse el artículo 4 de dicha Convención, que indica que "Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la "lista", y atenderá de manera adecuada su manejo y cuidado". Esta Convención declara una lista de humedales de interés internacional, pero los que no estén en ella, luego de ser identificados como humedales (según el artículo 1º de dicha Convención) será protegida también por el ordenamiento interno; d) El artículo 7 inciso h) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre fue aplicado de manera equivocada, dado que "la jurisprudencia" (parece referirse al voto Nº 2005-461 de este Tribunal de Casación) deja de lado el artículo 4 de la Convención de Ramsar, que establece que es protegido el humedal esté o no en la lista. Si la Dirección General (que no puede emitir Decretos Ejecutivos) tiene interés en agregar un humedal a la lista de Ramsar (o sea, su creación o delimitación), debe canalizarlo como un Decreto con el Ministro. El criterio de que no están protegidos los humedales si no están en la "lista" (parece que la recurrente se refiere a la lista de la Convención), la que debe ser creada por Decreto Ejecutivo, es contraria incluso a la misma Convención, por lo que existe en el fallo un vicio in iudicando; e) Existe una aplicación errónea del artículo 45 de la Constitución Política. Los recursos de la flora silvestre están declarados de dominio público como reza el artículo 3 de la Ley Nº 7317, por lo que se "emiten delitos y sanciones contra la flora" (artículos 88 a 104), que incluyen los hechos aquí investigados, pues parte de los canales están en la zona de protección de la Laguna Madrigal. No es posible aplicar el artículo 45 constitucional en el sentido de que es necesario expropiar para "previo" (sic) ejercer el control público. Si bien debe respetarse el derecho de propiedad privada, nunca puede ejercer el propietario el derecho de destrucción, sólo de transformación. El acusado no debió actuar sin previa autorización administrativa o judicial; f) En cuanto a la acción civil, quedaron demostrados los dos canales construidos (que no son naturales), por lo que es procedente condenar al autor en lo civil (aún cuando no en lo penal), lo que no se hizo. Por ello, se solicita tener el daño económico causado y demostrado, y resolver la procedencia de la acción civil en monto líquido y concreto para cada hecho probado, o bien en abstracto. Los reclamos no resultan de recibo. La impugnante vuelve a plantear alegatos en torno a su inconformidad por haberse acogido la excepción de cosa juzgada, y en cuanto a su postura de que en este caso la conducta del sujeto activo sí resulta típica. Debido a ello, deberá remitirse a lo que ya se expuso en los anteriores considerando. No obstante, es necesario hacer notar que la impugnante expone una errónea interpretación del artículo 4 de la Convención de Ramsar, pues conforme ella misma lo indica, la lista que ahí se incluye se refiere a varias zonas de interés internacional, siendo que los demás humedales que no estén en ella igual deberán ser objeto de protección por los Estados Parte. Tal y como se indicó supra, nuestro ordenamiento jurídico NO deja desprotegidas las áreas silvestres, sólo que condiciona esa protección al respeto de ciertas garantías y requisitos que en este caso no se cumplieron por parte del Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MINAE). El error interpretativo de la recurrente es afirmar que la declaratoria de que habla el artículo 7 inciso h) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, tiene como propósito el que el humedal se incluya en la lista del citado artículo 4, lo que no es cierto por lo que se indicó. En el voto de este Tribunal que se ha venido comentando, en ningún momento se menciona o sugiere que para proteger un humedal, debe incluírsele en dicha lista, pues tal afirmación es muy propia de la recurrente. En lo que se refiere al último punto de la queja (identificado como f), se advierte lo contradictoria que resulta la argumentación de la impugnante, pues solicita que este Tribunal de Casación tenga por demostrado el daño económico causado y demostrado. Si, conforme lo indica la recurrente, ese supuesto daño ya quedó demostrado en la sentencia de instancia, no tendría ningún sentido que este órgano de casación lo volviera a tener por demostrado. En realidad, y según se colige del contenido de la sentencia, luego de evacuada la prueba (sobre todo la declaración del señor [Nombre11]) se llegó a la conclusión de que ese daño ambiental no se produjo (cfr. folio 435, línea 23 en adelante), de modo que no existiría base alguna para acoger la pretensión que ahora formula la representante de la Procuraduría General de la República, en su condición de parte actora civil. Con base en lo anterior, se rechaza el reclamo en todos sus aspectos."
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