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OutcomeResultado
The Constitutional Chamber grants the amparo and orders the CCSS to acquire adapted ambulances and the CTP to adopt verification measures of compliance with Law 7600 by CCSS ambulances.La Sala Constitucional estima el amparo y ordena a la CCSS adquirir ambulancias adaptadas y al CTP adoptar medidas de verificación del cumplimiento de la Ley 7600 por parte de las ambulancias de la CCSS.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber grants an amparo action filed by a person with a disability who alleged the lack of adapted ambulances in the Costa Rican Social Security Fund (CCSS) and the omission of the Public Transport Council (CTP) to enforce Law 7600. The Chamber holds that the CCSS has an obligation to provide means of transport adapted to the needs of persons with disabilities, under Articles 29 and 35 of Law 7600, and that having only two adapted ambulances nationwide is insufficient. Regarding the CTP, it finds that it does have jurisdiction to control and verify that ambulances comply with Law 7600, since the vehicle technical inspection includes safety and regulatory compliance aspects. Consequently, it orders the CCSS to acquire the necessary ambulances to guarantee adequate transport for persons with disabilities, and the CTP to adopt the technical measures to verify the adaptation of CCSS ambulances to Law 7600.La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo presentado por una persona con discapacidad que denunció la falta de ambulancias adaptadas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la omisión del Consejo de Transporte Público (CTP) de fiscalizar el cumplimiento de la Ley 7600. La Sala señala que la CCSS tiene la obligación de proveer medios de transporte adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 29 y 35 de la Ley 7600, y que contar con solo dos ambulancias adaptadas en todo el país es insuficiente. Respecto al CTP, establece que sí tiene competencia para controlar y verificar que las ambulancias cumplan con la Ley 7600, ya que la revisión técnica vehicular incluye aspectos de seguridad y cumplimiento normativo. En consecuencia, ordena a la CCSS adquirir las ambulancias necesarias para garantizar el traslado adecuado de personas con discapacidad y al CTP adoptar las medidas técnicas para verificar la adaptación de las ambulancias de la CCSS a la Ley 7600.
Key excerptExtracto clave
Thus, the Chamber considers that the Costa Rican Social Security Fund has an obligation to provide the disabled population with ambulance vehicles adapted to their needs. This circumstance is partially acknowledged in the sworn report provided to this Chamber when it is stated that as part of the institutional policy regarding the improvement of mobile equipment, there is a project to acquire units adapted to Law 7600, but at the same time it is stated that currently, there are only two units nationwide that have a ramp to transport patients to scheduled appointments at the National Rehabilitation Center. Undoubtedly, this scenario is quite discouraging because although Law 7600 does not state that all ambulance vehicles in the country must be adapted, it is also true that it does require public institutions such as the Costa Rican Social Security Fund to have means of transport adapted to the needs of persons with disabilities, and it is clear that two ambulances for the entire country are in no way covering the need of this group throughout the national territory. Consequently, as indicated, in this case it is also the competence of the Public Transport Council to verify that the ambulances of the Costa Rican Social Security Fund comply with the provisions of Law 7600, and therefore, it is appropriate to grant the amparo on this point as well. Accordingly, the Public Transport Council is ordered to immediately take the necessary technical measures to control and verify that the ambulance vehicles of the Costa Rican Social Security Fund are adapted to the provisions of the Equal Opportunities for Persons with Disabilities Act, Law No. 7600 of May 29, 1996.Así las cosas, considera la Sala que existe una obligación de la Caja Costarricense de Seguro Social de proveer a la población con discapacidad, vehículos ambulancias que estén adaptados a sus necesidades. Tal circunstancia es reconocida parcialmente en el informe rendido bajo juramento a esta Sala cuando se afirma que como parte de la política institucional en cuanto a la mejora de los equipos móviles, está el proyecto de adquirir unidades que estén adaptadas a la Ley 7600, pero a la vez se afirma que, en la actualidad, únicamente se cuenta con dos unidades para todo el país que tienen rampa para realizar traslados de los pacientes que van a citas programadas en el Centro Nacional de Rehabilitación. Sin duda alguna este panorama es bastante desalentador porque si bien es cierto la Ley 7600 no indica que todos los vehículos ambulancias del país deben estar adaptados, también es lo cierto que sí exige a las instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social, contar con medios de transporte adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad y es evidente que dos ambulancias para todo el país, no están cubriendo en modo alguno la necesidad que tiene ese colectivo a lo largo y ancho del territorio nacional. En consecuencia, como se ha indicado, en este caso también es competencia del Consejo de Transporte Público la verificación de que las ambulancias de la Caja Costarricense de Seguro Social cumplan con lo dispuesto en la Ley 7600, y por tanto, lo procedente es estimar el amparo también en cuanto a este extremo. En consecuencia se ordena al Consejo de Transporte Público que disponga de manera inmediata las medidas técnicas que sean necesarias para controlar y verificar que los vehículos ambulancias de la Caja Costarricense de Seguro Social estén adaptados a lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad que es Ley No.7600 del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis.
Pull quotesCitas destacadas
"Es claro que dentro de estos derechos se encuentra la garantía para las personas con discapacidad de que puedan llevar una vida independiente tanto en su ámbito privado como en todo aquello que tiene que ver con su desarrollo en la sociedad, lo cual implica necesariamente la obligación del Estado de que este colectivo pueda acceder a todos los servicios y facilidades que existan en una sociedad, en iguales condiciones que cualquier otra persona."
"It is clear that among these rights is the guarantee for persons with disabilities to be able to lead an independent life both in their private sphere and in everything related to their development in society, which necessarily implies the State's obligation to ensure that this group can access all existing services and facilities in society under equal conditions as any other person."
Considerando IV
"Es claro que dentro de estos derechos se encuentra la garantía para las personas con discapacidad de que puedan llevar una vida independiente tanto en su ámbito privado como en todo aquello que tiene que ver con su desarrollo en la sociedad, lo cual implica necesariamente la obligación del Estado de que este colectivo pueda acceder a todos los servicios y facilidades que existan en una sociedad, en iguales condiciones que cualquier otra persona."
Considerando IV
"Si la revisión técnica vehicular se ha creado para controlar que los vehículos que circulan por las vías terrestres, se encuentren en óptimas condiciones y cumplan con los requisitos exigidos por la Ley, entre ellas la 7600 que integra el ordenamiento jurídico costarricense, y si le corresponde al Consejo de Transporte Público regular y controlar lo relativo a la revisión técnica vehicular para que los vehículos que circulan por las vías del territorio nacional cumplan la normativa establecida, entonces es evidente que si uno de los aspectos a controlar en los vehículos que transportan personas con discapacidad es precisamente que estén ajustados a lo establecido en la Ley 7600, no es válida ni aceptable la afirmación que hace la Presidenta del Consejo de Transporte Público en el sentido de que no es competencia de su representado regular, controlar o vigilar el cumplimiento de la Ley 7600 por parte de las ambulancias pertenecientes a la Caja Costarricense de Seguro Social."
"If the vehicle technical inspection was created to control that vehicles circulating on public roads are in optimal condition and comply with the requirements demanded by Law, including Law 7600 which is part of the Costa Rican legal system, and if it is the responsibility of the Public Transport Council to regulate and control matters related to vehicle technical inspection so that vehicles circulating on the national territory comply with established regulations, then it is evident that if one of the aspects to be controlled in vehicles that transport persons with disabilities is precisely that they are adjusted to the provisions of Law 7600, the statement by the President of the Public Transport Council that her represented entity is not competent to regulate, control or supervise compliance with Law 7600 by the ambulances belonging to the Costa Rican Social Security Fund is neither valid nor acceptable."
Considerando VIII
"Si la revisión técnica vehicular se ha creado para controlar que los vehículos que circulan por las vías terrestres, se encuentren en óptimas condiciones y cumplan con los requisitos exigidos por la Ley, entre ellas la 7600 que integra el ordenamiento jurídico costarricense, y si le corresponde al Consejo de Transporte Público regular y controlar lo relativo a la revisión técnica vehicular para que los vehículos que circulan por las vías del territorio nacional cumplan la normativa establecida, entonces es evidente que si uno de los aspectos a controlar en los vehículos que transportan personas con discapacidad es precisamente que estén ajustados a lo establecido en la Ley 7600, no es válida ni aceptable la afirmación que hace la Presidenta del Consejo de Transporte Público en el sentido de que no es competencia de su representado regular, controlar o vigilar el cumplimiento de la Ley 7600 por parte de las ambulancias pertenecientes a la Caja Costarricense de Seguro Social."
Considerando VIII
"Se infiere pues, que la determinación de los aspectos que se deben considerar en la revisión técnica vehicular es competencia y responsabilidad absoluta de las autoridades rectoras del transporte público y no una atribución del desarrollador, el cual se encuentra obligado a proceder conforme a lo predeterminado en el reglamento que al efecto se establezca."
"It is therefore inferred that the determination of aspects to be considered in vehicle technical inspection falls under the absolute competence and responsibility of the public transport governing authorities and is not an attribution of the developer, who is obliged to proceed in accordance with what is predetermined in the regulation established for that purpose."
Considerando IX (citando sentencia 2005-05895)
"Se infiere pues, que la determinación de los aspectos que se deben considerar en la revisión técnica vehicular es competencia y responsabilidad absoluta de las autoridades rectoras del transporte público y no una atribución del desarrollador, el cual se encuentra obligado a proceder conforme a lo predeterminado en el reglamento que al efecto se establezca."
Considerando IX (citando sentencia 2005-05895)
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II.Object of the appeal. The appellant alleges that he is a person with a disability who must attend rehabilitation appointments at hospitals of the Caja Costarricense de Seguro Social, for which he is transported by ambulance. However, he indicates that those vehicles do not have the appropriate adaptations for the transport of persons with disabilities and the Consejo de Transporte Público has not taken the necessary measures so that the vehicles of the Caja Costarricense de Seguro Social are adapted to the requirements established in Law No. 7600 and its regulation, in addition to the fact that this authority refuses to supervise that such transport units are conditioned to provide the transport service for persons with disabilities. He considers that this situation harms his rights and those of persons with disabilities in the country, for which reason he requests that the appeal be granted.
III.Regulatory framework for the rights of persons with disabilities. In the first place, it is important to point out that the Political Constitution and the American Convention on Human Rights (an international instrument with force superior to the law by provision of Article 7 of the Constitution) enshrine the principle of equality of persons and the prohibition of making distinctions contrary to their dignity –Articles 33 and 24 respectively-. Additionally, the rights of persons with disabilities are recognized in other international instruments such as the "Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities", approved by the Legislative Assembly by Law No. 7948 of November twenty-second, nineteen hundred and ninety-nine, and the "Equal Opportunities Law for Persons with Disabilities," No. 7600, published in La Gaceta of May twenty-ninth, nineteen hundred and ninety-six. The cited Convention defines discrimination in its Article 1, in the following manner:
"The term discrimination against persons with disabilities means any distinction, exclusion, or restriction based on a disability, record of disability, consequence of present or past disability, which has the effect or purpose of preventing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by persons with disabilities of their human rights and fundamental freedoms." Likewise, the obligation of the States that signed it, including Costa Rica, to adopt:
"measures to progressively eliminate discrimination and promote integration by governmental authorities and/or private entities in the provision or supply of goods, services, facilities, programs, activities, such as employment, transport, communications, housing, recreation, education, sports, access to justice and police services, and political and administrative activities." For its part, of importance for the resolution of this matter, it is appropriate to point out the provisions of the Equal Opportunities Law for Persons with Disabilities No. 7600, which establishes in general terms the obligation that institutions, both public and private, have to provide all necessary technical support for persons with disabilities in order to guarantee their rights:
"Article 5.- Technical aids and support services.- Public institutions and private public service institutions must provide persons with disabilities with the support services and technical aids required to guarantee the exercise of their rights and duties." In relation to the foregoing, it is essential to recall that this Constitutional Court has recognized on repeated occasions that "Law No. 7600 aims as its fundamental objective to achieve the necessary conditions so that persons who suffer any type of disability may achieve their full socio-economic participation AND INVESTMENT. In this sense, the system of updating and promoting the necessary conditions that the law establishes constitutes a guarantee of their right to full equality, in addition to an attempt at insertion into the socio-economic life of the country. Precisely, because of its foundation, the enjoyment of equal opportunities for access and participation in identical circumstances ceases to be a simple aspiration for the disabled and becomes a fundamental right.
To guarantee the exercise of their rights and duties, the Law and its Regulations impose on Public Administrations and subjects of private law that provide public services the obligation to provide the disabled with the support services and technical aids they require to make that purpose a reality. Within this order of ideas, the non-fulfillment of the public interest that the law enshrines implies a flagrant violation of the fundamental rights of that social group." (see in this regard ruling number 2005-05895 at fourteen hours forty-seven minutes of May eighteenth, two thousand five).
IV.In light of the foregoing, it is evident, then, that there is a series of valid provisions in the Costa Rican legal system that prohibit all types of discrimination against persons by reason of their disability, which must be respected by both subjects of public law and private law because the effective protection of the rights of those persons turns out to be one of the means by which this group of the population can have a life that is as independent and normal as possible, in order that their integration into society is full and effective. It is clear that included within these rights is the guarantee for persons with disabilities to be able to lead an independent life both in their private sphere and in everything that has to do with their development in society, which necessarily implies the obligation of the State that this group can access all the services and facilities that exist in a society, under equal conditions with any other person.
As can be deduced from the legal framework cited above, it is evident that there exists in Costa Rica an entire normative basis that justifies the change of the traditional paradigm that has been managed in relation to persons with disabilities. The State must adopt measures to progressively eliminate discrimination and provide persons with disabilities the support services and technical aids required to guarantee them the exercise of their rights and duties. In that sense, this Chamber considers that the matter under study offers an important factual substratum to favor that paradigm shift because it signifies, for this Court, the opportunity to warn society of the need to begin to incorporate persons with disabilities under equal conditions in relation to the rest of individuals and in each and every one of the activities that make up the social conglomerate. It must be remembered that by virtue of the principle of diversity, persons with disabilities are not only limited to moving through the streets in wheelchairs, but it must be taken into account that other types of disability exist that also require the State's attention and for that reason, urban furniture, access to buildings, and their transfer to hospital centers, among other things of daily life, must guarantee to the entire population with disabilities free access, under conditions of equality and without discrimination.
The State cannot limit the measures to progressively eliminate discrimination only to access ramps or to elevators or to clear sidewalks but must go further, and precisely this amparo appeal provides the opportunity to take into account that another way of eliminating that discrimination and of fostering the full insertion of persons with disabilities into society is precisely through the possibility provided to them of being able to be transferred to hospital and health centers under adequate conditions that respect their dignity but above all that guarantee their freedom of movement to those places under conditions of safety and comfort, which is favored and fostered, undoubtedly, by their transfer in ambulances that have the minimum mechanisms to attend to a person with a disability. From any point of view, to admit the contrary translates into a violation of the equality of opportunities that these persons have as part of society and would mean denying this population the possibility of inserting themselves into society in a natural manner, of carrying out their activities in an adequate manner, but above all their right to enjoy independence.
V.Regarding the specific case. Based on the foregoing regulatory framework, it is appropriate now to analyze the situation raised by the appellant with respect to two specific points: in the first place, regarding the omission on the part of the Caja Costarricense de Seguro Social to provide ambulance vehicles that are equipped in accordance with the provisions of Law 7600 to allow the transport of persons with disabilities to be carried out under adequate conditions; and on the other hand, regarding the omission of the Consejo de Transporte Público to adopt the necessary measures to verify that the ambulance vehicles that transport persons with disabilities are adapted to the requirements established in Law No. 7600 and its regulation. As to what the first aspect refers, Law 7600 is very clear in establishing in several of its norms the need for the means of transport in which persons with disabilities are transported to be adapted, and among them, without any doubt, are ambulance vehicles, which is obvious because precisely the purpose of an ambulance is the transfer of sick patients or persons with disabilities to different medical and hospital centers. In that sense, it is appropriate to cite two norms of Law 7600 that are considered pertinent to the specific case:
"ARTICLE 29.- Obligations of the State. When a person insured by the State presents a disability as a consequence of an illness or injury, the Caja Costarricense de Seguro Social shall provide medical attention and rehabilitation, as well as the technical aids or support services required…." "ARTICLE 35.- Adapted means of transport. Public institutions that provide rehabilitation services must have means of transport adapted to the needs of persons with disabilities." Thus, it is evident, then, that there indeed exists on the part of the State, specifically in the specific case of the Caja Costarricense de Seguro Social, an obligation to guarantee persons with disabilities the technical aids or support services required, among which, without any doubt, they must have means of transport adapted for that group as provided by numeral 35 cited above, according to which public institutions that provide rehabilitation services must have means of transport adapted to the needs of persons with disabilities.
Making a broad interpretation of these norms from the perspective of persons with disabilities, it is deduced, then, that an institution such as the Caja Costarricense de Seguro Social, which is the entity responsible for providing health services in the country and not only rehabilitation services, must have within its fleet means of transport such as ambulances, adapted to the needs of persons with disabilities. That is logical if one starts from the assumption that a person with a disability, depending on the degree of affliction they have, is not under equal conditions with any other person who could well access an ambulance vehicle by their own means, and for that reason, it is necessary, as has been protected regarding the public transport service in the taxi and bus modality, that this consideration also exists in the case of ambulances and, therefore, that the Caja Costarricense de Seguro Social, like any other public or private institution responsible for transporting the sick, have ambulances that are adapted to allow persons with disabilities to access them and be transported with the greatest possible comfort and safety.
From this perspective, the appellant is correct when he states that a person with a disability who cannot enter an ambulance that is not adapted by their own means can suffer injuries or mistreatment when a third party tries to help them board, either by pulling or lifting them, in addition to also causing them psychological impairment by having to be exposed to another person helping them when this would not be necessary if the ambulance were enabled for them to access it by their own means or with the least possible assistance. To refute the foregoing, it is not valid to think that the ambulance service is an assisted service and that therefore the adaptation of the units to Law 7600 is not required, because such assistance would only be provided eventually in emergency situations where the person requiring transport is in a serious state of health or unconscious and therefore requires being moved on a stretcher, which is not the case raised by the appellant.
In that sense, as the Constitutional Court guarantor of the rights of individuals and with special attention to those of persons with disabilities, the situation denounced by the appellant is fully valid because it involves the case of this group of society that requires being transferred to receive medical attention and, by reason of their disability, requires having a means of transport that adapts to their particular situation, and what has been said above is taken up again in the sense that it is not only about the ambulance being adapted for the transport of a person with a disability who moves in a wheelchair, because persons with disabilities are not only limited to moving through the streets in wheelchairs, but it must be taken into account that other types of disability exist that also require the State's attention, and for that reason their transfer to hospital centers, among other things of daily life, must guarantee free access, under conditions of equality and without discrimination, just as the principle of diversity establishes in this matter.
VI.Thus, this Chamber considers that there is an obligation on the part of the Caja Costarricense de Seguro Social to provide the population with disabilities ambulance vehicles that are adapted to their needs. Such circumstance is partially recognized in the report rendered under oath to this Chamber when it is stated that, as part of the institutional policy regarding the improvement of mobile equipment, there is a project to acquire units that are adapted to Law 7600, but at the same time it is stated that, at present, there are only two units for the entire country that have a ramp to carry out transfers of patients who go to scheduled appointments at the National Rehabilitation Center (Centro Nacional de Rehabilitación). Undoubtedly, this outlook is quite discouraging because, even though it is true that Law 7600 does not indicate that all ambulance vehicles in the country must be adapted, it is also true that it does require public institutions such as the Caja Costarricense de Seguro Social to have means of transport adapted to the needs of persons with disabilities, and it is evident that two ambulances for the entire country are not in any way covering the need that this group has throughout the length and breadth of the national territory.
For these reasons, it is necessary to order the Executive President of the Caja Costarricense de Seguro Social to proceed immediately to adopt the measures that are necessary so that, in accordance with Law 7600 and the percentages of persons with disabilities managed at each of the medical and hospital care centers under the responsibility of that institution, the number of ambulance vehicles necessary to guarantee an adequate transfer of persons with disabilities who require being moved to the different hospitals and clinics of the Caja Costarricense de Seguro Social be acquired. For these reasons, with respect to this point, the amparo must be granted, as is indeed ordered, with the indicated consequences.
VII.On the other hand, it is appropriate now to analyze the other claim that arises from the writ of interposition of the appeal, according to which the Consejo de Transporte Público has not taken the necessary measures so that the vehicles of the Caja Costarricense de Seguro Social are adapted to the requirements established in Law No. 7600 and its regulation, because that authority refuses to supervise that these transport units are conditioned to provide the transport service for persons with disabilities. On this matter, under oath, the Presidenta of the Consejo de Transporte Público has informed this Court that her represented entity does not have the competence to regulate, control, or monitor compliance with Law 7600 by ambulances belonging to the Caja Costarricense de Seguro Social. However, in light of the regulations in force on the matter, the Presidenta of that Council is not correct in making that assertion.
Effectively, it should be noted that according to the Law for the Creation of the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) number 4786, Article 2, subsection a) and its amendments, the regulation, control, and monitoring of traffic and transport on public roads is the competence of that Ministry. For its part, Article 19 of the Law on Transit on Public Land Routes (Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres) No. 7331 establishes that the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) is responsible for verifying that vehicles circulating on national roads meet the mechanical, safety, polluting emissions, and other conditions determined by law, which it shall do through the partial or total vehicle technical inspection. In turn, Article 7 of the Regulatory Law for the Public Service of Remunerated Transport of Persons in Vehicles in the Taxi Modality No. 7969, provides that it corresponds to the Consejo de Transporte Público to coordinate and verify the correct application of public transport policies, their planning, and the technical inspection, with it being the case that in resolution number 28 at fourteen hours of February eighth, two thousand two, the Minister of Public Works and Transport (Ministro de Obras Públicas y Transportes), based on Article 89 of the General Law of Public Administration, delegated in favor of that Consejo de Transporte Público all the technical, operational, fiscal, administrative, and other aspects necessary for the due fulfillment of the comprehensive technical inspection of the country's vehicle fleet, that Council therefore being responsible for the due observance of the legal system with respect to this matter.
It must be remembered that the comprehensive technical inspection of vehicles has been created to verify, control, and inspect those elements that affect vehicle safety, their polluting emissions, and compliance with the technical regulations established so that they can circulate in ideal conditions (see in that sense the Regulation for the Comprehensive Technical Inspection of Motor Vehicles Circulating on Public Roads, Decreto Ejecutivo No. 30184-MOPT of February sixth, two thousand two) and its primary object is to guarantee the minimum safety conditions of vehicles based on their design and manufacturing criteria; in addition to verifying that they comply with the technical regulations that affect them and that they maintain a level of polluting emissions that does not exceed the maximum limits established in the regulations in force (see in this regard the Procedures Manual for the Technical Inspection of Motor Vehicles at RTV Stations approved by the Consejo de Transporte Público in ordinary session 48-2002 of July second, two thousand two).
VIII.Thus, it is evident, then, that if the vehicle technical inspection has been created to control that vehicles circulating on land routes are in optimal conditions and comply with the requirements demanded by law, among them Law 7600, which makes up the Costa Rican legal system, and if it corresponds to the Consejo de Transporte Público to regulate and control matters related to the vehicle technical inspection so that vehicles circulating on the roads of the national territory comply with the established regulations, then it is evident that if one of the aspects to control in vehicles that transport persons with disabilities is precisely that they are adjusted to the provisions of Law 7600, the statement made by the Presidenta of the Consejo de Transporte Público that her represented entity does not have the competence to regulate, control, or monitor compliance with Law 7600 by ambulances belonging to the Caja Costarricense de Seguro Social is not valid or acceptable.
From this perspective then, if the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) delegated to the Consejo de Transporte Público matters related to the technical inspection, and it must control in vehicles compliance with matters concerning the adaptations established in Law 7600, as in the specific case of ambulances, and this control and verification is not being carried out at present, then it is necessary to grant the appeal because it is evident that a limitation and discrimination is occurring to the detriment of persons with disabilities by not requiring ambulances to be adjusted to Law 7600 and thereby facilitating persons with disabilities to access by their own means the ambulances when they need to be transported to medical or hospital centers where they require medical attention or treatment, the foregoing just as is currently required of the taxi vehicle fleet and the bus fleet.
IX.It must be remembered that this Chamber, in ruling number 2005-005895 at fourteen hours forty-seven minutes of May eighteenth, two thousand five, when assessing compliance with the provisions of Law 7600 in the country's bus fleet, expressly indicated that:
"It is inferred, then, that the determination of the aspects that must be considered in the vehicle technical inspection is the absolute competence and responsibility of the governing authorities of public transport and not an attribution of the developer, which is obliged to proceed in accordance with what is predetermined in the regulation established for that purpose. In this sense, as it is indubitably accredited that the Consejo de Transporte Público has not ordered the appropriate technical measures to adapt the remunerated transport of persons in the bus modality to what Law No. 7600 provides, and the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) approved the Vehicle Technical Inspection Manual without contemplating the provisions of that law and its regulation, the Chamber confirms the accused violation of the fundamental rights of the amparo appellant.
Precisely, based on the foregoing, this Constitutional Court rules out that Riteve SyC, the Ministry of the Presidency (Ministerio de la Presidencia), and the Legislative Assembly have violated any fundamental right of Rojas Villalobos with respect to compliance with the provisions of Law No. 7600." Consequently, as has been indicated, in this case it is also the competence of the Consejo de Transporte Público to verify that the ambulances of the Caja Costarricense de Seguro Social comply with the provisions of Law 7600, and therefore, the appropriate course is to grant the amparo also with respect to this point. Consequently, the Consejo de Transporte Público is ordered to immediately order the technical measures that are necessary to control and verify that the ambulance vehicles of the Caja Costarricense de Seguro Social are adapted to the provisions of the Equal Opportunities Law for Persons with Disabilities, which is Law No. 7600 of May twenty-ninth, nineteen hundred and ninety-six.
X.Conclusion. By virtue of the foregoing considerations, this Chamber is of the opinion that the denounced acts are effectively violating the rights of the appellant and other persons with disabilities, for which reason it is necessary to grant the appeal with the consequences indicated in the preceding whereas clauses.
“…II.- Objeto del recurso. Alega el recurrente que es una persona con discapacidad que debe asistir a citas de rehabilitación en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social para lo cual se le traslada en ambulancia. Sin embargo, indica que esos vehículos no tienen las adaptaciones apropiadas para el transporte de personas con discapacidad y el Consejo de Transporte Público no ha tomado la medidas necesarias para que los vehículos de la Caja Costarricense de Seguro Social se adapten a los requisitos establecidos en la Ley número 7600 y su reglamento, además de que esa autoridad se niega a fiscalizar que tales unidades de transporte se encuentren acondicionadas para brindar el servicio de transporte para personas con discapacidad. Considera que esta situación lesiona sus derechos y los de las personas con discapacidad del país por lo que pide que se declare con lugar el recurso.
III.Marco normativo de los derechos de las personas con discapacidad. En primer término, es importante señalar que la Constitución Política y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (instrumento internacional con fuerza superior a la ley por disposición del artículo 7 constitucional) consagran el principio de igualdad de las personas y la prohibición de hacer distinciones contrarias a su dignidad –artículos 33 y 24 respectivamente-. Adicionalmente, los derechos de las personas con discapacidad están reconocidos en otros instrumentos internacionales como la "Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad", aprobada por la Asamblea Legislativa por Ley número 7948 del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y la "Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad", número 7600, publicada en La Gaceta del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis. La citada Convención define en su artículo 1° la discriminación, de la siguiente manera:
"El término discriminación contra las personas con discapacidad, significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o el propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales." Asimismo, se consagra la obligación de los Estados que la suscribieron, entre ellos Costa Rica, a adoptar:
"las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas, actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales y las actividades políticas y de administración." Por su parte, de importancia para la resolución del presente asunto resulta conveniente señalar lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad número 7600, la cual establece en términos generales la obligación que tienen las instituciones, tanto públicas como privadas, de proveer todo el apoyo técnico que sea necesario para las personas con discapacidad a fin de garantizar sus derechos:
“Artículo 5.- Ayudas técnicas y servicios de apoyo.- Las instituciones públicas y las privadas de servicio público deberán proveer, a las personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridos para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes.” En relación con lo anterior, es indispensable recordar que este Tribunal Constitucional ha reconocido en reiteradas oportunidades que “la Ley Nº 7600 pretende como objetivo fundamental lograr las condiciones necesarias para que las personas que padecen cualquier tipo de discapacidad, alcancen su plena participación E INVERSIÓN socio- económica. En este sentido, el sistema de actualización y promoción de las condiciones necesarias que la ley establece, supone una garantía de su derecho a la plena igualdad, además, de un intento de inserción en la vida socio-económica del país. Precisamente, por su fundamento es que el disfrute de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias deja de ser para los discapacitados una simple aspiración y se convierte en un derecho fundamental.
Para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes, la Ley y su Reglamento imponen a las Administraciones Públicas y a los sujetos de derecho privado que brindan servicios públicos proveer a los discapacitados los servicios de apoyo y las ayudas técnicas que requieren para hacer realidad ese propósito. Dentro de este orden de ideas, el incumplimiento del interés público que la ley consagra, implica una violación flagrante de los derechos fundamentales de ese grupo social.” (ver en ese sentido sentencia número 2005-05895 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de mayo del dos mil cinco).
IV.A la luz de lo expuesto, es evidente entonces que existen una serie de disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico costarricense, que prohíben todo tipo de discriminación contra las personas en razón de su discapacidad, las cuales deben ser respetadas tanto por sujetos de derecho público como de derecho privado pues la tutela efectiva de los derechos de esas personas resulta ser uno de los medios por los cuales este grupo de la población puede tener una vida lo más independiente y normal posible, en aras de que su integración a la sociedad sea plena y efectiva. Es claro que dentro de estos derechos se encuentra la garantía para las personas con discapacidad de que puedan llevar una vida independiente tanto en su ámbito privado como en todo aquello que tiene que ver con su desarrollo en la sociedad, lo cual implica necesariamente la obligación del Estado de que este colectivo pueda acceder a todos los servicios y facilidades que existan en una sociedad, en iguales condiciones que cualquier otra persona.
Como se desprende del marco legal citado supra, es evidente que existe en Costa Rica todo un sustento normativo que justifica el cambio del paradigma tradicional que se ha venido manejando en relación con las personas con discapacidad. Debe el Estado adoptar medidas para eliminar progresivamente la discriminación y proveer a las personas con discapacidad los servicios de apoyo y ayudas técnicas requeridas para garantizarles el ejercicio de sus derechos y deberes. En ese sentido, considera la Sala que el asunto bajo estudio ofrece un importante sustrato fáctico para favorecer ese cambio de paradigma pues significa, para este Tribunal, la oportunidad de advertir a la sociedad la necesidad de empezar a incorporar a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones en relación con el resto de los individuos y en todas y cada una de las actividades que conforman el conglomerado social.
Recuérdese que en virtud del principio de diversidad, las personas con discapacidad no solo se limitan a transitar por las calles en sillas de ruedas, sino que debe tomarse en cuenta que existen otros tipos de discapacidad que también requieren la atención del Estado y por ello, el mobiliario urbano, el ingreso a los edificios y su traslado a centros hospitalarios, entre otras cosas de la vida cotidiana, deben garantizar a toda la población con discapacidad, el libre acceso, en condiciones de igualdad y sin discriminación. El Estado no puede limitar las medidas para eliminar progresivamente la discriminación solo a rampas de acceso o a ascensores o a aceras libres sino que debe ir más allá y justamente este recurso de amparo da la oportunidad para tomar en cuenta que otra de las formas de eliminar esa discriminación y de propiciar la inserción plena de las personas con discapacidad a la sociedad, es precisamente a través de la posibilidad que se les brinde de poder ser trasladados a centros hospitalarios y de salud en condiciones adecuadas, que respeten su dignidad pero sobre todo que garanticen su libertad de desplazamiento hacia esos sitios en condiciones de seguridad y comodidad, lo cual se favorece y se propicia, sin duda alguna, con su traslado en ambulancias que cuenten con los mecanismos mínimos para atender a una persona con discapacidad.
Desde cualquier punto de vista, admitir lo contrario se traduce en una violación a la igualdad de oportunidades que tienen esas personas como parte de la sociedad y significaría negarle a esta población la posibilidad de insertarse en la sociedad de manera natural, de realizar sus actividades de forma adecuada pero sobre todo su derecho a gozar de independencia.
V.Sobre el caso concreto. A partir del marco normativo anterior, procede ahora analizar la situación planteada por el recurrente respecto de dos puntos en concreto: en primer lugar, sobre la omisión por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social de habilitar vehículos ambulancia que estén habilitados de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7600 para permitir que el transporte de personas con discapacidad se realice en condiciones adecuadas; y por otro lado, en cuanto a la omisión del Consejo de Transporte Público de adoptar las medidas necesarias para verificar que los vehículos ambulancias que transportan personas con discapacidad, estén adaptados a los requisitos establecidos en la Ley número 7600 y su reglamento. En lo que al primer aspecto se refiere, la Ley 7600 es muy clara al establecer en varias de sus normas la necesidad de que los medios de transporte en que se transporte a personas con discapacidad, estén adaptados y entre ellos, sin duda alguna, se encuentran los vehículos ambulancias, lo cual es obvio porque precisamente la finalidad de una ambulancia es el traslado de pacientes enfermos o bien de personas con discapacidad, hacia los diferentes centros médicos y hospitalarios. En ese sentido conviene citar dos normas de la Ley 7600 que se consideran atinentes al caso concreto:
“ARTICULO 29.- Obligaciones del Estad. Cuando una persona asegurada por el Estado presente una discapacidad como consecuencia de una enfermedad o lesión, la Caja Costarricense de Seguro Social le proporcionará atención médica y rehabilitación, así como las ayudas técnicas o los servicios de apoyo requeridos….” “ARTICULO 35.- Medios de transporte adaptados. Las instituciones públicas que brindan servicios de rehabilitación deberán contar con medios de transporte adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad”.
Así las cosas, es evidente entonces que sí existe de parte del Estado, específicamente en el caso concreto de la Caja Costarricense de Seguro Social, una obligación de garantizar a las personas con discapacidad ayudas técnicas o servicios de apoyo requeridos, entre los cuales, sin duda alguna deben contar con medios de transporte adaptados para ese colectivo como lo dispone el numeral 35 citado supra según el cual, las instituciones públicas que brindan servicios de rehabilitación, deberán contar con medios de transporte adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad. Haciéndose una interpretación amplia de estas normas desde la perspectiva de las personas con discapacidad, se deduce entonces que una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social que es la encargada de brindar los servicios de salud en el país y no solo los de rehabilitación, debe contar dentro de su flotilla con medios de transporte como son las ambulancias, adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.
Ello tiene lógica si se parte del supuesto de que una persona con discapacidad, dependiendo del grado de padecimiento que tenga, no se encuentra en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que bien podría acceder por sus propios medios a un vehículo ambulancia y por tal razón, es preciso, como se ha tutelado en cuanto al servicio de transporte público modalidad taxi y autobús, que también exista esa consideración en el caso de las ambulancias y por tanto, que en la Caja Costarricense de Seguro Social como en cualquier otra institución pública o privada encargada de transportar enfermos, se cuente con ambulancias que estén adaptadas para permitir que personas con discapacidad puedan acceder a ellas y ser transportadas con la mayor comodidad y seguridad posibles. Desde esta perspectiva, lleva razón el recurrente cuando afirma que una persona con discapacidad que no puede ingresar por sus propios medios a una ambulancia que no esta adaptada, puede sufrir lesiones o maltratos cuando un tercero trata de ayudarle a subir ya sea jalándolo o alzándolo, además de que también se le ocasiona un menoscabo psicológico al tener que estar expuesto a que otra persona le ayude cuando ello no sería necesario si la ambulancia estuviera habilitada para que acceda a ella por sus propios medios o con la menor ayuda posible.
Para desvirtuar lo anterior no es válido pensar que el servicio de ambulancia es un servicio asistido y que por ello no se requiere la adaptación de las unidades a la Ley 7600 pues tal asistencia solo se daría eventualmente en situaciones de emergencia en donde la persona que requiere ser transportada se encuentra en un grave estado de salud o inconsciente y por tanto requiere que la movilicen en camilla, lo cual no es el caso planteado por el recurrente. En ese sentido, como Tribunal Constitucional garante de los derechos de los individuos y con especial atención los de las personas con discapacidad, la situación que denuncia el recurrente es plenamente válida pues se trata del caso de este colectivo de la sociedad que requiere estarse trasladando para recibir atención médica y en razón de su discapacidad requiere contar con un medio de transporte que se adapte a su situación particular y nuevamente se retoma lo que se ha dicho supra en el sentido de que no se trata solo que la ambulancia esté adaptada para el transporte de una persona con discapacidad que se desplaza en silla de ruedas pues las personas con discapacidad no solo se limitan a transitar por las calles en sillas de ruedas, sino que debe tomarse en cuenta que existen otros tipos de discapacidad que también requieren la atención del Estado y por ello su traslado a centros hospitalarios, entre otras cosas de la vida cotidiana, deben garantizar el libre acceso, en condiciones de igualdad y sin discriminación, tal y como lo establece el principio de diversidad en esta materia.
VI.Así las cosas, considera la Sala que existe una obligación de la Caja Costarricense de Seguro Social de proveer a la población con discapacidad, vehículos ambulancias que estén adaptados a sus necesidades. Tal circunstancia es reconocida parcialmente en el informe rendido bajo juramento a esta Sala cuando se afirma que como parte de la política institucional en cuanto a la mejora de los equipos móviles, está el proyecto de adquirir unidades que estén adaptadas a la Ley 7600, pero a la vez se afirma que, en la actualidad, únicamente se cuenta con dos unidades para todo el país que tienen rampa para realizar traslados de los pacientes que van a citas programadas en el Centro Nacional de Rehabilitación. Sin duda alguna este panorama es bastante desalentador porque si bien es cierto la Ley 7600 no indica que todos los vehículos ambulancias del país deben estar adaptados, también es lo cierto que sí exige a las instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social, contar con medios de transporte adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad y es evidente que dos ambulancias para todo el país, no están cubriendo en modo alguno la necesidad que tiene ese colectivo a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por tales razones, es preciso ordenar al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que proceda de manera inmediata a adoptar las medidas que sean necesarias para que en atención a lo dispuesto en la Ley 7600, y a los porcentajes de personas con discapacidad que se maneja en cada uno de los centros de atención médica y hospitalaria a cargo de esa institución, se adquiera la cantidad de vehículos ambulancias que sean necesarios para garantizar un traslado adecuado de las personas con discapacidad que requieren ser movilizadas a los diferentes hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por tales razones, en cuanto a este extremo, el amparo debe ser estimado como en efecto se ordena, con las consecuencias indicadas.
VII.Por otra parte, procede analizar ahora el otro reclamo que se deriva del memorial de interposición del recurso según el cual, el Consejo de Transporte Público no ha tomado la medidas necesarias para que los vehículos de la Caja Costarricense de Seguro Social se adapten a los requisitos establecidos en la Ley número 7600 y su reglamento, pues esa autoridad se niega a fiscalizar que esas unidades de transporte se encuentren acondicionadas para brindar el servicio de transporte para personas con discapacidad. Sobre el particular, bajo juramento se ha informado a este Tribunal por parte de la Presidenta del Consejo de Transporte Público que su representada no tiene competencia para regular, controlar o vigilar el cumplimiento de la Ley 7600 por parte de las ambulancias pertenecientes a la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, a la luz de la normativa vigente en la materia, no lleva razón la Presidenta de ese Consejo al hacer tal afirmación.
Efectivamente, obsérvese que según la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes número 4786, artículo 2 inciso a) y sus reformas, es competencia de ese Ministerio la regulación, control y vigilancia del tránsito y el transporte por las vías públicas. Por su parte, el artículo 19 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres No. 7331 establece que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, comprobar que los vehículos que circulen por las carreteras nacionales reúnan las condiciones mecánicas, de seguridad, de emisiones contaminantes y otros que determine la Ley, lo cual hará mediante la revisión técnica de vehículos parcial o total. A su vez, el artículo 7 de la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi No. 7969, dispone que corresponde al Consejo de Transporte Público coordinar y verificar la aplicación correcta de las políticas de transporte público, su planeamiento y la revisión técnica, siendo que en resolución número 28 de las catorce horas del ocho de febrero del dos mil dos, el Ministro de Obras Públicas y Transportes con fundamento en lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley General de la Administración Pública, delegó a favor de ese Consejo de Transporte Público, todos los aspectos técnicos, operacionales, fiscales, administrativos y de otra índole que sean necesarios para el debido cumplimiento de la revisión técnica integral de la flota vehicular del país, siendo ese Consejo entonces el responsable por la debida observancia del ordenamiento jurídico en cuanto a esta materia se refiere.
Debe recordarse que la revisión técnica integral de vehículos ha sido creada para verificar, controlar e inspeccionar aquéllos elementos que afecten a la seguridad del vehículo, sus emisiones contaminantes y el cumplimiento de la normativa técnica establecida para que pueda circular en condiciones idóneas (ver en ese sentido Reglamento para la Revisión Técnica Integral de Vehículos Automotores que Circulen por las Vías Públicas Decreto Ejecutivo No. 30184-MOPT de seis de febrero del dos mil dos) y tiene por objeto primordial garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos basadas en los criterios de diseño y fabricación de éstos; además comprobar que cumplen con la normativa técnica que les afecta y que mantienen un nivel de emisiones contaminantes que no supere los límites máximos establecidos en la normativa vigente (ver en ese sentido Manual de Procedimientos para la Revisión técnica de Vehículos Automotores en las Estaciones de RTV aprobado por el Consejo de Transporte Público en sesión ordinaria 48-2002 de dos de julio del dos mil dos).
VIII.Así las cosas, es evidente entonces que si la revisión técnica vehicular se ha creado para controlar que los vehículos que circulan por las vías terrestres, se encuentren en óptimas condiciones y cumplan con los requisitos exigidos por la Ley, entre ellas la 7600 que integra el ordenamiento jurídico costarricense, y si le corresponde al Consejo de Transporte Público regular y controlar lo relativo a la revisión técnica vehicular para que los vehículos que circulan por las vías del territorio nacional cumplan la normativa establecida, entonces es evidente que si uno de los aspectos a controlar en los vehículos que transportan personas con discapacidad es precisamente que estén ajustados a lo establecido en la Ley 7600, no es válida ni aceptable la afirmación que hace la Presidenta del Consejo de Transporte Público en el sentido de que no es competencia de su representado regular, controlar o vigilar el cumplimiento de la Ley 7600 por parte de las ambulancias pertenecientes a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Desde esta perspectiva entonces, si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes delegó en el Consejo de Transporte Público lo relativo a revisión técnica y éste tiene que controlar en los vehículos el cumplimiento de lo concerniente a las adaptaciones establecidas en la Ley 7600, como en el caso concreto de las ambulancias y ese control y verificación no se está llevando a cabo en la actualidad, entonces se impone declarar con lugar el recurso porque es evidente que se está dando una limitación y discriminación en perjuicio de las personas con discapacidad al no exigirse a las ambulancias estar ajustadas a la Ley 7600 y con ello facilitar a las personas con discapacidad que accedan por sus propios medios a las ambulancias cuando requieren ser transportados a centros médicos u hospitalarios donde requieren recibir atención o tratamiento médico, lo anterior tal y como se exige en la actualidad a la flota de vehículos taxi y a la flotilla de autobuses.
IX.Recuérdese que esta Sala en sentencia número 2005-005895 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de mayo del dos mil cinco, al valorarse el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 7600 en la flota de autobuses del país, indicó expresamente que:
“Se infiere pues, que la determinación de los aspectos que se deben considerar en la revisión técnica vehicular es competencia y responsabilidad absoluta de las autoridades rectoras del transporte público y no una atribución del desarrollador, el cual se encuentra obligado a proceder conforme a lo predeterminado en el reglamento que al efecto se establezca. En este sentido, como se encuentra indubitablemente acreditado que el Consejo de Transporte Público no ha dispuesto las medidas técnicas conducentes para adaptar el transporte remunerado de personas modalidad autobús a lo que dispone la Ley Nº 7600 y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes aprobó el Manual de Revisión Técnica de Vehículos sin contemplar lo estatuido en esa ley y su reglamento, la Sala constata la acusada violación a los derechos fundamentales del amparado. Precisamente, en razón de lo expuesto, este Tribunal Constitucional descarta que la Riteve SyC, el Ministerio de la Presidencia, y la Asamblea Legislativa hayan vulnerado derecho fundamental alguno de Rojas Villalobos en lo que respecta al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 7600”.
En consecuencia, como se ha indicado, en este caso también es competencia del Consejo de Transporte Público la verificación de que las ambulancias de la Caja Costarricense de Seguro Social cumplan con lo dispuesto en la Ley 7600, y por tanto, lo procedente es estimar el amparo también en cuanto a este extremo. En consecuencia se ordena al Consejo de Transporte Público que disponga de manera inmediata las medidas técnicas que sean necesarias para controlar y verificar que los vehículos ambulancias de la Caja Costarricense de Seguro Social estén adaptados a lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad que es Ley No.7600 del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis.
X.Conclusión. En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala es del criterio de que con los hechos denunciados efectivamente se están vulnerando los derechos del recurrente y demás personas con discapacidad por lo que se impone declarar con lugar el recurso con las consecuencias indicadas en los considerandos anteriores.”
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