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OJ-054-2020 · 25/03/2020
OutcomeResultado
The PGR advises the Legislative Assembly to consider observations on the lack of technical studies and the Nomenclature Commission's opposition, without ruling on the name change itself.La PGR recomienda a la Asamblea Legislativa valorar las observaciones sobre la falta de estudios técnicos y la oposición de la Comisión de Nomenclatura, sin pronunciarse sobre el fondo del cambio de nombre.
SummaryResumen
The Attorney General's Office reviews a bill to rename Cerro Caraigres to Cerro Dragón. While formally a name change, the bill confusingly includes provisions assigning environmental protection duties to MINAE and MAG and declares the importance of protecting the surrounding area—potentially creating a new management category or expanding the existing Caraigres Protected Zone. The PGR notes the bill lacks the technical studies required by Articles 36 of the Organic Environmental Law and 58 of the Biodiversity Law (physiogeographic, socioeconomic, biodiversity, and land tenure studies) to establish or expand protected areas. The National Nomenclature Commission opposed the renaming because Caraigres is of Huetar indigenous origin and already appears on national maps. The PGR advises the Legislative Assembly to consider these observations.La Procuraduría General de la República analiza el proyecto de ley para cambiar el nombre del Cerro Caraigres a Cerro Dragón. Observa que, aunque formalmente busca un cambio de nombre, la iniciativa contiene disposiciones confusas que asignan competencias de protección ambiental al MINAE y al MAG, y declara la importancia de proteger la zona circundante, lo cual podría interpretarse como la creación de una nueva categoría de manejo o ampliación de la Zona Protectora Caraigres. La PGR señala que el proyecto carece de estudios técnicos necesarios (fisiogeográficos, socioeconómicos, de biodiversidad y tenencia de la tierra) exigidos por los artículos 36 de la Ley Orgánica del Ambiente y 58 de la Ley de Biodiversidad para establecer o ampliar áreas protegidas. Además, la Comisión Nacional de Nomenclatura se opuso al cambio de nombre porque el término Caraigres es de origen indígena Huetar y ya aparece en la cartografía nacional. La PGR concluye que el proyecto no justifica técnicamente sus pretensiones y duplica competencias ya asignadas al MINAE, recomendando a la Asamblea Legislativa valorar estas observaciones.
Key excerptExtracto clave
As a first observation, it must be noted that the National Nomenclature Commission in Agreement 4 of Ordinary Session 011-2017 expressed its opposition to this project in the following terms: “Whereas the National Nomenclature Commission was created for the purpose of ensuring that public buildings and sites have names that pay tribute to persons or events of historical or social significance and to preserve traditional and indigenous names of Costa Rican geography. Whereas Subsection B) of Article 14 of this same law establishes that, in the case of indigenous names, the original phonetics shall be preserved, adapted to Spanish orthography. Whereas according to studies by philologist José Manuel Quesada, the term Caraigres is of Huetar origin and means wild shrub, predominant in the region. This Commission considers that, although the exercise is laudable, the spirit of Law 3535 and its regulations prevent it from agreeing with the proposal in file 20.514, in addition to the fact that both names are recognized on national maps: Caraigres, with Dragón in parentheses. Firm agreement.” In accordance with the foregoing, failure to comply with the requirements set forth above would entail the impossibility of creating a ‘zone surrounding this hill’ understood as a new management category or expansion of the Caraigres Protected Zone that in turn encompasses Cerro Caraigres, as apparently inferred from the text under analysis.Como primera apreciación, debe hacerse ver que la Comisión Nacional de Nomenclatura en acuerdo 4 de la sesión ordinaria 011-2017 externó su oposición a este proyecto en los siguientes términos: “Considerando que la Comisión Nacional de Nomenclatura es creada con el propósito de velar para que los edificios y parajes públicos tengan nombres que constituyen homenaje a personas o sucesos de trascendencia histórica o social y preservar los nombres tradicionales y autóctonos de la geografía costarricense. Que el Inciso B) del artículo 14 de esta misma ley, esta misma ley, establece que, si se trata de nombres indígenas, se conservará la fonética original, adaptándola a la ortografía castellana. Que según estudios del filólogo José Manuel Quesada, el término Caraigres, es de origen Huetar y significa arbusto silvestre, predominante en la región. Esta Comisión considera que, aunque el ejercicio es loable, el espíritu de la Ley 3535 y su reglamente, le impiden estar de acuerdo con la propuesta en el expediente 20.514, además de que se reconocen los dos nombres en la cartografía nacional Caraigres entre paréntesis Dragón. Acuerdo firme.” De conformidad con lo expuesto, el incumplimiento de las exigencias anteriormente plasmadas acarrearía consigo la imposibilidad de crear una “zona que rodea este cerro” entendida como una nueva categoría de manejo o ampliación de cabida de la zona protectora Caraigres que comprende a su vez al Cerro Caraigres como en apariencia se deduce del texto en análisis.
Pull quotesCitas destacadas
"De conformidad con lo expuesto, el incumplimiento de las exigencias anteriormente plasmadas acarrearía consigo la imposibilidad de crear una “zona que rodea este cerro” entendida como una nueva categoría de manejo o ampliación de cabida de la zona protectora Caraigres que comprende a su vez al Cerro Caraigres como en apariencia se deduce del texto en análisis."
"In accordance with the foregoing, failure to comply with the requirements set forth would entail the impossibility of creating a ‘zone surrounding this hill’ understood as a new management category or expansion of the Caraigres Protected Zone that in turn encompasses Cerro Caraigres, as apparently inferred from the text under analysis."
Considerando II.2
"De conformidad con lo expuesto, el incumplimiento de las exigencias anteriormente plasmadas acarrearía consigo la imposibilidad de crear una “zona que rodea este cerro” entendida como una nueva categoría de manejo o ampliación de cabida de la zona protectora Caraigres que comprende a su vez al Cerro Caraigres como en apariencia se deduce del texto en análisis."
Considerando II.2
"Si la intención del proyecto fuera la creación de una nueva categoría de manejo, o una especie de reforma para ampliar la cabida, se hace la observación que con el texto no se justificó desde el punto de vista técnico cuáles son las circunstancias imperantes para la ampliación de una zona de protección ya establecida, tampoco se aportaron los criterios ambientales y estudios técnicos a realizar por el órgano competente, que en el caso de la materia ambiental es el Ministerio de Ambiente y Energía."
"If the intention of the project were the creation of a new management category or a kind of reform to expand the area, it is observed that the text did not technically justify the prevailing circumstances for the expansion of an already established protection zone, nor were the environmental criteria and technical studies to be carried out by the competent body provided—which in environmental matters is the Ministry of Environment and Energy."
Considerando II.1
"Si la intención del proyecto fuera la creación de una nueva categoría de manejo, o una especie de reforma para ampliar la cabida, se hace la observación que con el texto no se justificó desde el punto de vista técnico cuáles son las circunstancias imperantes para la ampliación de una zona de protección ya establecida, tampoco se aportaron los criterios ambientales y estudios técnicos a realizar por el órgano competente, que en el caso de la materia ambiental es el Ministerio de Ambiente y Energía."
Considerando II.1
"las áreas silvestres protegidas en cualquiera de su categoría de manejo están incorporadas en el Patrimonio Natural del Estado (artículo 39, inc. i) de la Ley Forestal; numeral 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y sentencias de la Sala Constitucional números 5399-93, 2777-98, 9158-98 considerando I d), 2988-99, 2005-08945 y 2007-02063, entre otras), reservado por el legislador para labores de investigación, capacitación y ecoturismo (artículo 18 de la Ley Forestal y dictámenes y pronunciamientos de esta Procuraduría números C-103-1998, OJ-022-1999, C-016-2002 y C-351-2006)."
"protected wild areas in any of their management categories are part of the State Natural Heritage (article 39(i) of the Forestry Law; numeral 38 of the Organic Environmental Law and Constitutional Chamber rulings 5399-93, 2777-98, 9158-98 recital I d), 2988-99, 2005-08945 and 2007-02063, among others), set aside by the legislator for research, training, and ecotourism activities (article 18 of the Forestry Law and opinions and pronouncements of this Attorney General's Office C-103-1998, OJ-022-1999, C-016-2002 and C-351-2006)."
Considerando II.2
"las áreas silvestres protegidas en cualquiera de su categoría de manejo están incorporadas en el Patrimonio Natural del Estado (artículo 39, inc. i) de la Ley Forestal; numeral 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y sentencias de la Sala Constitucional números 5399-93, 2777-98, 9158-98 considerando I d), 2988-99, 2005-08945 y 2007-02063, entre otras), reservado por el legislador para labores de investigación, capacitación y ecoturismo (artículo 18 de la Ley Forestal y dictámenes y pronunciamientos de esta Procuraduría números C-103-1998, OJ-022-1999, C-016-2002 y C-351-2006)."
Considerando II.2
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Legal Opinion: 054 - J of 03/25/2020 March 25, 2020 OJ-054-2020 Madam Érika Ugalde Camacho Head of Area Legislative Committees III Legislative Assembly Dear Madam:
With the approval of the Attorney General of the Republic, we are responding to Official Letter CG-186-2017 of October 19, 2017, regarding the inquiry about the bill entitled "Cambio de Nombre del Cerro Caraigres a Cerro Dragón." The legal advisory provided by the Attorney General's Office to the members of the Legislative Assembly is in the nature of a non-binding legal opinion, as it involves another Branch of the Republic, whose functions cannot be substituted through an opinion.
We reiterate the inadmissibility of assuming our conformity with the Bill under inquiry in the event of a failure to respond within the granted timeframe, an effect not attributed to legislation in our case. Likewise, the Office of the Attorney General of the Republic is not included among the organs and entities referred to in Article 157 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa.
I.- PURPOSE OF THE BILL From the statement of purpose of the bill, it is apparent that its objective is the following:
"(…) to generate greater coverage of the natural areas surrounding the Cerro Caraigres." "(…) to propose changing the name of Cerro Caraigres to Cerro Dragón, which will be linked to actions seeking economic, human, and regulatory resources that guarantee the effective protection of the surrounding environment, in the vicinity of this Hill." II.- CONSIDERATIONS Formally, the bill is composed of three articles.
1.- On the title of the initiative The legislative bill is titled "Cambio de Nombre del Cerro Caraigres a Cerro Dragón." From its content, it is observed that the initiative certainly seeks a name change, however, the bill is confusing because it simultaneously contains provisions aimed at protecting a "surrounding environment in the vicinity of this Hill" and the establishment of competencies for the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE) and the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG).
In that sense, and in order to provide greater logical coherence to the initiative under review, the following considerations are made:
"Article 1: Determination, protection, and conservation The Cerro Caraigres is named Cerro Dragón; likewise, the importance of protecting and conserving the area surrounding this hill is declared, in order to provide greater recognition of the importance of the Zona Protectora Caraigres and the surrounding towns." As a first observation, it must be noted that the Comisión Nacional de Nomenclatura, in agreement 4 of ordinary session 011-2017, expressed its opposition to this bill in the following terms:
"Considering that the Comisión Nacional de Nomenclatura was created with the purpose of ensuring that public buildings and sites bear names that constitute a tribute to persons or events of historical or social transcendence and to preserve the traditional and indigenous names of Costa Rican geography. That Subsection B) of article 14 of this same law establishes that, in the case of indigenous names, the original phonetics shall be preserved, adapting it to Castilian orthography. That according to studies by philologist José Manuel Quesada, the term Caraigres is of Huetar origin and means wild shrub, predominant in the region. This Commission considers that, although the exercise is laudable, the spirit of Ley 3535 and its regulations prevent it from agreeing with the proposal in expediente 20.514, in addition to the fact that both names are recognized in national cartography: Caraigres (Dragón) in parentheses. Firm agreement." (See official letter DIG-TOT-563-2017 from the legislative file).
In addition to the above, the name Cerro Dragón is included in the cartographic sheets of the Instituto Geográfico Nacional Caraigres 1:50000; consequently, the need for such a change is not perceivable.
Regarding the phrase "the importance of protecting and conserving the area surrounding this hill is declared," it should be noted that the term "declared" used in the text could be confused with the creation of a new management category distinct from that of Zona Protectora, since, according to the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), said hill is included within the protected zone created by decree 6112-A, which is in force and has an approximate area of 4000 ha.
If the intention of the bill were the creation of a new management category, or a sort of amendment to expand the extent, the observation is made that the text did not technically justify what the prevailing circumstances are for the expansion of an already established protection zone, nor were the environmental criteria and technical studies to be carried out by the competent body provided, which in the case of environmental matters is the Ministry of Environment and Energy.
Another issue to consider is that "the area surrounding this hill" is stated in the justification for the bill, however, the text does not refer to coordinates, so it is impossible to know exactly which lands are involved. All of the foregoing leads us to conclude that the bill under inquiry lacks the corresponding technical-legal criteria (preliminary studies, socioeconomic studies, biological diversity, land tenure study, among others) and establishes competencies that the Law confers upon the Ministry of Environment and Energy.
Thus, the Legislative Assembly has enacted a set of provisions aimed at environmental conservation. In particular, the establishment of a series of figures currently recognized under the common designation of "wild protected areas (áreas silvestres protegidas)" deserves to be highlighted; on this point, reference should be made to Article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, and Article 58 of the Ley de Biodiversidad, No. 7788:
"Article 32.- Classification of wild protected areas. The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, may establish wild protected areas, in any of the management categories that are established and in those indicated below:
These management categories and those created in the future will be administered by the Ministry of Environment and Energy, except for those established in Article 33 of this law. Municipalities must collaborate in the protection of these areas." The same regulatory body cited indicates competencies and procedures aimed at the creation and reduction of the surface area of wild protected areas:
"Article 36.- Requirements for creating new areas. To create new wild protected areas owned by the State, whatever the management category it may establish, the following must be previously complied with:
The objectives, classification, requirements, and mechanisms for establishing or reducing these areas are determined in the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, of October 4, 1995. The prohibitions affecting natural and legal persons within national parks and biological reserves are determined in the Ley de la Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, of August 24, 1977.
During the process of fulfilling requirements to establish state-owned wild protected areas, the respective technical reports must include the pertinent recommendations and justifications to determine the most appropriate management category to which the proposed area should be subjected. In any case, the establishment of areas and categories shall take into careful account the rights previously acquired by indigenous or peasant populations and other natural or legal persons, underlying or adjacent to it." In accordance with the foregoing, non-compliance with the requirements outlined above would entail the impossibility of creating a "zone surrounding this hill" understood as a new management category or an expansion of the extent of the Zona Protectora Caraigres, which in turn includes the Cerro Caraigres, as apparently deduced from the text under analysis.
2.- Regarding competencies and obligations Another topic to consider is that the bill establishes in its articles 2 and 3 the following:
"ARTICLE 2- Institutional Competence It shall be the responsibility of the Ministry of Environment and Energy (Minaet) and the Ministry of Livestock (MAG) the following:
"Article 3-Education and awareness The entities of the central Government of the Republic of Costa Rica, autonomous institutions, non-governmental entities, foundations, private companies, and other popular organizations surrounding Cerro Dragón and the Zona Protectora Caraigres must propose, plan, and execute education and awareness programs directed at wild animal species, as well as forest cover. The preponderant entities for this education and awareness shall be the Ministry of Environment and Energy (Minae) and the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG).
We consider it questionable that the initiative grants competencies to the Ministry of Agriculture and Livestock that by law correspond to the Ministry of Environment and Energy, which derive, among others, from the Ley Forestal and its regulation Decreto 25721-MINAE; Ley de Conservación de la Vida Silvestre 7317 and its Regulation decreto 32633, Ley de Biodiversidad 7788 and its Regulation decreto 34433, Ley Orgánica del Ambiente 7554, Ley de Servicio de Parques Nacionales 6084.
In addition to the above, since the Cerro Caraigres is within the management category of a protective zone, it constitutes a space or area subject to special protection rules, as this type of Protected Area is dedicated to the conservation and protection of biodiversity, soil, water resources, cultural resources, and ecosystem services in general. In that sense, it is the responsibility of MINAE, through the administrative structure of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Article 22 of the Ley de Biodiversidad, No. 7788), its administration, that is to say, its protection, conservation, and environmental education, and not to the Ministry of Agriculture and Livestock.
It should also be borne in mind that wild protected areas in any of their management categories are incorporated into the Patrimonio Natural del Estado (Article 39, subsection i) of the Ley Forestal; Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente and rulings of the Sala Constitucional numbers 5399-93, 2777-98, 9158-98 considering I d), 2988-99, 2005-08945 and 2007-02063, among others), reserved by the legislator for research, training, and ecotourism activities (Article 18 of the Ley Forestal and opinions and pronouncements of this Attorney General's Office numbers C-103-1998, OJ-022-1999, C-016-2002 and C-351-2006).
In accordance with this approach, pronouncements of Sala IV and laws such as No. 7554, the Ley Orgánica del Ambiente, and those indicated above, set forth mechanisms through which SINAC can facilitate, by means of environmental education, the scope of the constitutional precept established by Article 50, which textually states: "The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to demand reparation for the harm caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." Furthermore, under the constitutional principles of rational use of natural resources, environmental quality, objectification of environmental protection, precautionary principle, and citizen participation in environmental issues, the Costa Rican State must not only invite citizen participation but must promote it (Articles 6, 22, and 23 of the Ley Orgánica del Ambiente).
Hence, the competencies and responsibilities established in Articles 2 and 3 of the legislative initiative are already contemplated within the framework of current environmental legislation; moreover, they are not related to the bill's initiative, that is, a name change from Cerro Caraigres to Cerro Dragón.
III.- CONCLUSION Although the approval or rejection of a bill is the exclusive purview of that Branch of the Republic, it is recommended to assess the observations made.
Sincerely,
Yannia Salas Víquez.
Opinión Jurídica : 054 - J del 25/03/2020 25 de marzo de 2020 OJ-054-2020 Señora Érika Ugalde Camacho Jefe Área Comisiones Legislativas III Asamblea Legislativa Estimada señora:
Con aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta al Oficio CG-186-2017 de 19 de octubre de 2017, sobre la consulta acerca del proyecto de ley denominado “Cambio de Nombre del Cerro Caraigres a Cerro Dragón”.
La asesoría jurídica de la Procuraduría a los miembros de la Asamblea Legislativa lo es con carácter de opinión jurídica no vinculante, por tratarse de otro Poder de la República, cuyas funciones son insustituibles a través de un dictamen.
Se reitera la improcedencia de asumir nuestra conformidad con el Proyecto consultado ante una eventual falta de respuesta en el plazo conferido, efecto que no atribuye la legislación en nuestro caso. Asimismo, la Procuraduría General de la República no está comprendida dentro de los órganos y entidades a que alude el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
I.- OBJETO DEL PROYECTO De la exposición de motivos del proyecto de ley, se desprende que su objetivo es el siguiente:
“(…) generar una mayor cobertura de las áreas naturales que circundan el cerro Caraigres”.
2(…) proponer el cambio de nombre del Cerro Caraigres por el de Cerro Dragón, el cual será concatenado con acciones que procuren los recursos económicos, humanos y normativos que garanticen la protección efectiva del medio ambiente circundante, en las cercanías de este Cerro”.
II.-CONSIDERACIONES Formalmente, el proyecto de ley se encuentra constituido por tres artículos.
1.- Sobre el título de la iniciativa El proyecto legislativo se titula “Cambio de Nombre del Cerro Caraigres a Cerro Dragón”.
Del contenido del mismo, se aprecia que la iniciativa ciertamente busca un cambio de nombre, sin embargo, el proyecto es confuso ya que al mismo tiempo contiene disposiciones encaminadas a la protección de un“medio ambiente circundante en las cercanías de este Cerro” y el establecimiento de competencias para el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
En ese sentido y en aras de brindar mayor coherencia lógica a la iniciativa bajo examen, se realizan las siguientes consideraciones:
“Artículo 1: Determinación, protección y conservación Se denomina al Cerro Caraigres como Cerro Dragón; asimismo, se declara la importancia de proteger y conservar la zona que rodea este cerro, a fin de brindar un mayor reconocimiento de la importancia de la Zona Protectora Caraigres y los pueblos circundantes.” Como primera apreciación, debe hacerse ver que la Comisión Nacional de Nomenclatura en acuerdo 4 de la sesión ordinaria 011-2017 externó su oposición a este proyecto en los siguientes términos:
“Considerando que la Comisión Nacional de Nomenclatura es creada con el propósito de velar para que los edificios y parajes públicos tengan nombres que constituyen homenaje a personas o sucesos de trascendencia histórica o social y preservar los nombres tradicionales y autóctonos de la geografía costarricense. Que el Inciso B) del artículo 14 de esta misma ley, esta misma ley, establece que, si se trata de nombres indígenas, se conservará la fonética original, adaptándola a la ortografía castellana. Que según estudios del filólogo José Manuel Quesada, el término Caraigres, es de origen Huetar y significa arbusto silvestre, predominante en la región. Esta Comisión considera que, aunque el ejercicio es loable, el espíritu de la Ley 3535 y su reglamente, le impiden estar de acuerdo con la propuesta en el expediente 20.514, además de que se reconocen los dos nombres en la cartografía nacional Caraigres entre paréntesis Dragón. Acuerdo firme.” (Ver oficio DIG-TOT-563-2017 del Aunado a lo anterior, el nombre Cerro Dragón se encuentra incluido en las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional Caraigres 1:50000, en consecuencia, no resulta perceptible la necesidad de dicho cambio.
En cuanto a la frase “se declara la importancia de proteger y conservar la zona que rodea este cerro”, cabe destacar que, el vocablo “declara” utilizado en el texto podría confundirse con la creación de una nueva categoría de manejo distinta a la de Zona Protectora, que de conformidad con el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) dicho cerro está contemplado dentro de la zona protectora creada por el decreto 6112-A, que se encuentra vigente y tiene una extensión aproximada de 4000 ha.
Si la intención del proyecto fuera la creación de una nueva categoría de manejo, o una especie de reforma para ampliar la cabida, se hace la observación que con el texto no se justificó desde el punto de vista técnico cuáles son las circunstancias imperantes para la ampliación de una zona de protección ya establecida, tampoco se aportaron los criterios ambientales y estudios técnicos a realizar por el órgano competente, que en el caso de la materia ambiental es el Ministerio de Ambiente y Energía.
Otra de las cuestiones a contemplar, es que “la zona que rodea este cerro” se enuncia en la justificación del proyecto de Ley, sin embargo, el texto no hace referencia a coordenadas, de modo que no se puede saber con exactitud de cuáles terrenos se trata. Todo lo anterior nos lleva a concluir que el proyecto consultado carece del criterio técnico- legal correspondiente (estudios preliminares, socioeconómicos, diversidad biológica, estudio de tenencia de la tierra entre otros) y establece competencias que la Ley confiere al Ministerio de Ambiente y Energía.
Así, la Asamblea Legislativa ha dictado un conjunto de disposiciones tendentes a conservación del ambiente. En particular merece resaltarse el establecimiento de una serie de figuras reconocidas actualmente bajo la denominación común de "áreas silvestres protegidas"; sobre este punto debe hacerse referencia al artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 y 58 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788:
"Artículo 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación:
Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la prevención de estas áreas”.
El mismo cuerpo normativo citado indica competencias y procedimientos tendentes a la creación y reducción de la superficie de las áreas silvestres protegidas:
"Artículo 36.- Requisitos para crear nuevas áreas. Para crear nuevas áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente con lo siguiente:
Los objetivos, la clasificación, los requisitos y mecanismos para establecer o reducir estas áreas se determinan en la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, de 4 de octubre de 1995. Las prohibiciones que afectan a las personas físicas y jurídicas dentro de los parques nacionales y las reservas biológicas están determinadas, en la Ley de la Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977.
Durante el proceso de cumplimiento de requisitos para establecer áreas silvestres protegidas estatales, los informes técnicos respectivos deberán incluir las recomendaciones y justificaciones pertinentes para determinar la categoría de manejo más apropiada a que el área propuesta debe someterse. En todo caso, el establecimiento de áreas y categorías tomará muy en cuenta los derechos previamente adquiridos por las poblaciones indígenas o campesinas y otras personas físicas o jurídicas, subyacentes o adyacentes a ella”.
De conformidad con lo expuesto, el incumplimiento de las exigencias anteriormente plasmadas acarrearía consigo la imposibilidad de crear una “zona que rodea este cerro” entendida como una nueva categoría de manejo o ampliación de cabida de la zona protectora Caraigres que comprende a su vez al Cerro Caraigres como en apariencia se deduce del texto en análisis.
2.- De las competencias y obligaciones Otro tema a tomar en cuenta es que el proyecto de ley establece en sus numerales 2 y 3 lo siguiente:
“ARTÍCULO 2- Competencia institucional Será responsabilidad del Ministerio de Ambientes y Energía (Minaet) y del Ministerio de Ganadería (MAG) lo siguiente:
“Artículo 3-Educación y concientización Las entidades del Gobierno central de la República de Costa Rica, las instituciones autónomas, las entidades no gubernamentales, las fundaciones, las empresas privadas y otras organizaciones populares circundantes al Cerro Dragón y la Zona Protectora Caraigres deberán plantear, planificar y ejecutar programas de educación y concientización dirigidos a las especies animales silvestres, así como a la cobertura boscosa. Serán entidades preponderantes, de esta educación y concientización, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Estimamos cuestionable que la iniciativa otorgue competencias al Ministerio de Agricultura y Ganadería que por ley corresponden al Ministerio de Ambiente y Energía las cuales se desprenden entre otras, de la Ley Forestal y su reglamento Decreto 25721-MINAE; Ley de Conservación de la Vida Silvestre 7317 y su Reglamento decreto 32633, Ley de Biodiversidad 7788 y su Reglamento decreto 34433, Ley Orgánica del Ambiente 7554, Ley de Servicio de Parques Nacionales 6084.
Aunado a lo anterior, al encontrarse el cerro Caraigres dentro de la categoría de manejo de zona protectora constituye un espacio o área sometida a reglas de especial protección ya que este tipo de Áreas Protegidas están dedicadas a la conservación y protección de la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general. En ese sentido, corresponde al MINAE mediante la estructura administrativa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (artículo 22 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788) su administración, es decir, su protección, conservación y educación ambiental y no al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Téngase en cuenta, además, que las áreas silvestres protegidas en cualquiera de su categoría de manejo están incorporadas en el Patrimonio Natural del Estado (artículo 39, inc. i) de la Ley Forestal; numeral 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y sentencias de la Sala Constitucional números 5399-93, 2777-98, 9158-98 considerando I d), 2988-99, 2005-08945 y 2007-02063, entre otras), reservado por el legislador para labores de investigación, capacitación y ecoturismo (artículo 18 de la Ley Forestal y dictámenes y pronunciamientos de esta Procuraduría números C-103-1998, OJ-022-1999, C-016-2002 y C-351-2006).
En concordancia con este planteamiento, pronunciamientos de Sala IV y leyes como la Nº 7554, la Ley Orgánica del Ambiente y las indicadas anteriormente, exponen mecanismos a través de los cuales puede el SINAC facilitar por medio de la educación ambiental el alcance del precepto constitucional dispuesto por el artículo 50, el cual dispone textualmente: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.” Además, bajo los principios constitucionales de uso racional de los recursos naturales, calidad ambiental, objetivación de la tutela ambiental, precautorio y, el de participación ciudadana en problemas ambientales, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla (artículos 6,22 y 23 de la Ley Orgánica del Ambiente).
De ahí que, las competencias y responsabilidades establecidas en los artículos 2 y 3 de la iniciativa de ley, se encuentran contempladas en el marco de legislación ambiental vigente, además, no se relacionan con la iniciativa del proyecto de ley, sea un cambio de nombre del Cerro Caraigres a Cerro Dragón.
III.- CONCLUSIÓN Si bien la aprobación o no de un proyecto de ley compete en forma exclusiva a ese Poder de la República, se recomienda valorar las observaciones hechas.
Atentamente,
Yannia Salas Víquez.
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