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18/07/2023
OutcomeResultado
AyA's reconsideration appeal was partially granted, solely regarding the extension of deadlines for ASADAS to implement regulatory accounting, significantly extending the implementation periods.Se declaró parcialmente con lugar el recurso de revocatoria del AyA, únicamente en cuanto a la ampliación de los plazos de cumplimiento de la contabilidad regulatoria para las ASADAS, extendiendo significativamente los períodos de implementación.
SummaryResumen
This resolution analyzes the reconsideration appeal filed by AyA against resolution RE-0005-IA-2023, which implements regulatory accounting for ASADAS. The appellant argued that AyA is not a direct service provider, the impossibility of complying with the deadlines, and the lack of notification to individual ASADAS. The Water Intendancy determined that AyA is the service holder and is responsible for overseeing delegated ASADAS. It was found reasonable to extend the compliance deadlines, significantly extending the periods for adopting full IFRS and separation by value chain. Arguments regarding nullity due to lack of citizen participation were rejected, as it was proven that a public consultation was held. Notification to AyA was deemed sufficient, as the service holder, thus excluding the need for individual notification to each ASADA. The resolution modifies deadlines and confirms AyA's obligation to ensure ASADAS compliance.La resolución analiza el recurso de revocatoria interpuesto por el AyA contra la resolución RE-0005-IA-2023, que implementa la contabilidad regulatoria en las ASADAS. El recurrente argumentó que el AyA no es prestador directo, la imposibilidad material de cumplir los plazos y la falta de notificación a las ASADAS. La Intendencia de Agua determinó que el AyA es titular del servicio y responsable de fiscalizar a las ASADAS delegadas. Se consideró razonable ampliar los plazos de cumplimiento, extendiendo significativamente los períodos para la adopción de NIIF plenas y la separación por cadena de valor. Se rechazaron los argumentos sobre nulidad por falta de participación ciudadana, al comprobarse que sí se realizó consulta pública. La notificación al AyA se consideró suficiente, al ser el titular del servicio, quedando excluida la necesidad de notificación individual a cada ASADA. La resolución modifica los plazos y confirma la obligación del AyA de velar por el cumplimiento de las ASADAS.
Key excerptExtracto clave
The delegator always retains the obligation to supervise the delegatee's management and is jointly responsible with the delegatee for fault in supervision, in accordance with Article 91 of the General Public Administration Law. This means that AyA bears responsibility in this matter, including compliance with the regulatory resolutions of the Public Services Regulatory Authority, which are binding on it. Thus, the only peculiarity in the case of ASADAS is that the holder (AyA) does not develop or execute the regulated activity "directly" because it delegated it to a third party to do so on its behalf, but this does not entitle it to disengage from the obligations that the ASADAS to which it delegated service provision must fulfill. The regulatory resolutions issued by the Regulatory Authority that correlate with both direct and indirect provision by AyA of water and sewerage services must be formally notified only to AyA, without prejudice to their also being forwarded (communicated) to the ASADAS, although this second step does not constitute an effectiveness requirement for the resolution as such.El delegante conserva siempre la obligación de vigilar la gestión del delgado y es responsable con este por culpa en la vigilancia, esto de conformidad con el artículo 91 de la Ley General de la Administración Pública. Esto quiere decir que el AyA tiene responsabilidad en la materia, y en cuanto al cumplimiento de lo establecido en las resoluciones regulatorias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, las cuales le resultan vinculantes. Entonces tenemos, que lo único que sucede en el caso de las ASADAS es, que el titular (AyA) no desarrolla ni ejecuta la actividad regulada "directamente", porque la delegó en un tercero para que éste lo haga por él, pero ello no le habilita para que pueda desligarse del cumplimiento de las obligaciones que deban cumplir las Asadas a quienes les delegó la prestación del servicio. Las resoluciones regulatorias que dicte la Autoridad Reguladora que guarden correlación con la prestación tanto directa como indirecta del AyA del servicio de acueductos y alcantarillados, le deben ser notificadas formalmente solo al AyA, lo cual no obsta para que sean remitidas (comunicadas) también a las Asadas, no obstante este segundo paso, no implicaría un requisito de eficacia de la resolución como tal.
Pull quotesCitas destacadas
"El delegante conserva siempre la obligación de vigilar la gestión del delgado y es responsable con este por culpa en la vigilancia, esto de conformidad con el artículo 91 de la Ley General de la Administración Pública."
"The delegator always retains the obligation to supervise the delegatee's management and is jointly responsible with the delegatee for fault in supervision, in accordance with Article 91 of the General Public Administration Law."
Considerando I, apartado III
"El delegante conserva siempre la obligación de vigilar la gestión del delgado y es responsable con este por culpa en la vigilancia, esto de conformidad con el artículo 91 de la Ley General de la Administración Pública."
Considerando I, apartado III
"Las resoluciones regulatorias que dicte la Autoridad Reguladora que guarden correlación con la prestación tanto directa como indirecta del AyA del servicio de acueductos y alcantarillados, le deben ser notificadas formalmente solo al AyA, lo cual no obsta para que sean remitidas (comunicadas) también a las Asadas, no obstante este segundo paso, no implicaría un requisito de eficacia de la resolución como tal."
"The regulatory resolutions issued by the Regulatory Authority that correlate with both direct and indirect provision by AyA of water and sewerage services must be formally notified only to AyA, without prejudice to their also being forwarded (communicated) to the ASADAS, although this second step does not constitute an effectiveness requirement for the resolution as such."
Considerando I, apartado IV
"Las resoluciones regulatorias que dicte la Autoridad Reguladora que guarden correlación con la prestación tanto directa como indirecta del AyA del servicio de acueductos y alcantarillados, le deben ser notificadas formalmente solo al AyA, lo cual no obsta para que sean remitidas (comunicadas) también a las Asadas, no obstante este segundo paso, no implicaría un requisito de eficacia de la resolución como tal."
Considerando I, apartado IV
"La Sala Constitucional costarricense al analizar el tema de la delegación de la responsabilidad de administrar un sistema de acueductos y alcantarillados por parte del AyA en una Asada, estableció que se trata de una 'clara figura de concesión de gestión del servicio público, en donde -a pesar del silencio de la ley sobre este particular- es incontestable que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debe retener, ineludiblemente, los poderes de supervisión e intervención necesarios para garantizar la vigencia de los principios fundamentales del servicio público, a saber: continuidad, eficiencia, adaptación e igualdad en el trato de los usuarios (artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública).'"
"The Costa Rican Constitutional Chamber, when analyzing the delegation of responsibility for administering a water and sewerage system by AyA to an ASADA, established that it is a 'clear figure of concession of public service management, where -despite the silence of the law on this particular- it is undeniable that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers must necessarily retain the powers of supervision and intervention required to guarantee the validity of the fundamental principles of public service, namely: continuity, efficiency, adaptation and equality of treatment of users (Article 4 of the General Public Administration Law).'"
Considerando I, apartado III
"La Sala Constitucional costarricense al analizar el tema de la delegación de la responsabilidad de administrar un sistema de acueductos y alcantarillados por parte del AyA en una Asada, estableció que se trata de una 'clara figura de concesión de gestión del servicio público, en donde -a pesar del silencio de la ley sobre este particular- es incontestable que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debe retener, ineludiblemente, los poderes de supervisión e intervención necesarios para garantizar la vigencia de los principios fundamentales del servicio público, a saber: continuidad, eficiencia, adaptación e igualdad en el trato de los usuarios (artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública).'"
Considerando I, apartado III
Full documentDocumento completo
in the entirety of the text - Full Text of Standard 0012 Reform Implementation of regulatory accounting and accounting information requirements for services regulated by the Water Intendancy, provided by the Associations Managing Aqueducts and Sewers REGULATORY AUTHORITY OF PUBLIC SERVICES WATER INTENDANCY RE-0012-IA-2023 of July 18, 2023 THE WATER INTENDANT HEARS THE APPEAL FOR REVOCATION FILED BY THE REPRESENTATION OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AYA) AGAINST RESOLUTION RE-0005-IA-2023 OF APRIL 17, 2023 FILE: OT-203-2021
I.On March 23, 2017, through resolution RRG-091-2017, the Regulador General established the guidelines for the standardization of the implementation of accounting at the institutional level, in which the Intendancies were instructed, among other things, to standardize the process and conduct a public consultation to discuss the uniform regulatory accounting formats for each regulated service (folio 175, OT-156-2021).
II.On April 4, 2017, through official letter 295-RG-2017, the Regulador General, in order to comply with the provisions of resolution RRG-091-2017, instituted the creation of a task force to carry out internal coordination, review, and monitoring tasks for the implementation of regulatory accounting.
III.On January 31, 2018, through resolution RIA-001-2018, the Water Intendancy (IA) ordered the: "Implementation of regulatory accounting for aqueduct, sewer, fire hydrant, irrigation and fish farming water supply, and water resource protection activities". As relevant, said resolution is applicable to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A), and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), meaning it does not reach the associations managing community aqueduct and sewer systems (ASADAS); on the contrary, it expressly excluded them (folios 148 to 175, OT-242-2017).
IV.On April 15, 2021, through official letter OF-0221-IA-2021, the IA sent to the ASADAS a request for financial statements, for which a period of 10 business days was granted (folio 1275).
Document Management Department (DEGD) to open a file for "Regulatory Improvement", to which the report IN-0044-IA-2021 on the "Separation of the services value chain" was attached. This gave rise to file OT-203-2021 (folios 1 to 54).
VI.On March 14, 2022, through report IN-0035-IA-2022, the IA issued the "Report on regulatory accounting and accounting information requirements for services regulated by the Water Intendancy provided by the ASADAS", in which it recommended implementing regulatory accounting in the ASADAS for the public services of aqueduct, sanitary sewer, fire hydrants, and protection of the water resource, separated by stages of the value chain and establishing in a unified manner the structure, description, periodicity, and order of the regulatory financial accounting information that these operators must submit to the IA (folios 1577 to 1607).
VII.On March 14, 2022, through resolution RE-0006-IA-2022, the IA ordered: "(.) Implementation of regulatory accounting in the Community Associations Managing Aqueducts and Sewers (ASADAS)". This resolution was notified on March 14, 2022, to AyA (folio 1687). Likewise, it was published on March 17, 2022, in La Gaceta N°52, Alcance N°57 (folios 1648 to 1685, 1688 to 1725).
VIII.On March 17, 2022, through official letter GG-2022-00974, AyA filed an appeal against resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022 (folio 1726).
IX.On April 29, 2022, through resolution RE-0008-IA-2022, the IA resolved the "Appeal for revocation with subsidiary appeal, filed by AyA, against resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022", in which, as relevant, it declared the appeal for revocation filed without merit, and the subsidiary appeal was elevated to the Board of Directors (folios 1751 to 1752).
X.On May 2, 2022, through resolution RE-0009-IA-2022, the IA corrected a material error in resolution RE-0008-IA-2022 (folio 1754).
XI.On May 4, 2022, through official letter GG-2022-01685, AyA responded to the summons conferred through resolution RE-0008-IA-2022, in relation to the appeal filed against resolution RE-0006-IA2022 (folio 1755).
XII.On May 16, 2022, through official letter OF-0293-IA-2022, the IA submitted the report ordered by Article 349 of the General Public Administration Law, in relation to the appeal filed (folios 1756 to 1758, 1760).
XIII.On May 17, 2022, through memorandum ME-0102-SJD-2022, the Board of Directors Secretariat referred the appeal filed to the Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria (DGAJR). Furthermore, it referred official letter GG-2022-01685, submitted by AyA and related to the cited appeal (folio 1759).
XIV.On September 13, 2022, through official letter OF-0661-DGAJR-2022, the DGAJR issued its opinion on the appeal filed by AyA against resolution RE-0006-IA-2022. In said opinion, it was recommended: (Folios 2581 to 2615).
XV.On September 20 and 23, 2022, through official letters OF-0555-IA-2022 and OF0562-IA-2022, the IA requested the call for a public consultation on the Regulatory Accounting and Accounting Information Requirements report for services regulated by the Water Intendancy, provided by the ASADAS (IN0035-IA-2022) (folios 1992 to 1996).
XVI.On September 30, 2022, the invitation to interested parties to present their oppositions or coadjuvancies to the public consultation was published in the nationally circulated newspapers La Teja and La Extra (folios 2014 to 2015). October 20, 2022, was the deadline for receiving oppositions or coadjuvancies.
XVII.On October 21, 2022, through report IN-0790-DGAU-2022, the Dirección General de Atención al Usuario (DGAU), reported that, as a result of the public consultation, nine oppositions and one coadjuvancy were admitted (folios 2067 to 2069).
XVIII.On January 12, 2023, through resolution RE-0016-JD-2023, the Board of Directors, based on opinion OF-0661-DGAJR-2022, resolved the "Appeal filed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), against resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022, issued by the Water Intendancy". In its operative part, it resolved: (folios 2494 to 2526). "(.) THE BOARD OF DIRECTORS OF THE AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
I.To partially grant the appeal filed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), against resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022, solely in relation to argument number two, regarding the fact that the: "Implementation of regulatory accounting in the Community Associations Managing Aqueducts and Sewers (ASADAS)", should have been notified to the ASADAS, so that they could assert their rights.
II.To declare the absolute nullity of resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022, insofar as the right to citizen participation was violated in the procedure, in accordance with Article 9 of the Political Constitution and Article 361 of the General Public Administration Law and the provisions of resolution RRG-091-2017 of March 23, 2017.
III.To declare the absolute nullity, by connection, of resolutions RE-0008-IA2022 of April 29, 2022, which resolved the appeal for revocation filed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) against resolution RE-0006-IA-2022 of March 14, 2022, and RE-0009-IA-2022 of May 2, 2022, which resolved the correction of a material error in resolution RE-0008-IA-2022, of April 29, 2022.
IV.To roll back the procedure to the appropriate procedural stage, in order to submit the "Implementation of regulatory accounting in the Community Associations Managing Aqueducts and Sewers (ASADAS)", to the moment prior to holding the public consultation, in accordance with Article 361 of the LGAP, in order to guarantee the right of citizen participation for the ASADAS and AyA.
V.To calibrate the effects of the decreed nullity, maintaining resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022, in force for a maximum period of SIX CALENDAR MONTHS, starting from the issuance of the resolution to be issued, so that the Water Intendancy, within said period, issues a new administrative act in accordance with the law.
XIX.On April 17, 2023, through Report IN-0019-IA-2023, the IA issued the Technical Report on the "Implementation of regulatory accounting and accounting information requirements for services regulated by the Water Intendancy, provided by the ASADAS" (folios 2835 to 2896).
"Implementation of regulatory accounting and accounting information requirements for services regulated by the Water Intendancy, provided by the Community Associations Managing Aqueducts and Sewers (ASADAS)" (folios 2902 to 2966), which was notified to the parties on April 17, 2023 itself (folios 3035 to 3040).
XXI.On April 20, 2023, via email, the representation of AyA sent official letter GG-2023-01183, through which an appeal for revocation with subsidiary appeal was filed against resolution RE-0005-IA-2023 of April 17, 2023 (folio 3041).
XXII.Resolution RE-005-IA-2023, which was initially issued and notified, indicated on folio 2945, in its operative part, specifically in its Por Tanto number 2, that it is reported "(.) that the list of ASADAS with which the first stage of the implementation of regulatory accounting will begin is contained in Annex N°4 of Report XXX, which served as the basis for the issuance of this resolution (.)", which constitutes an obvious material error.
REPORT REGARDING THE CORRECTION OF THE MATERIAL ERROR CONTAINED IN THE OPERATIVE PART OF RESOLUTION RE-0005-IA2023 OF APRIL 17, 2023, CALLED IMPLEMENTATION OF REGULATORY ACCOUNTING AND ACCOUNTING INFORMATION REQUIREMENTS FOR SERVICES REGULATED BY THE INTENDENCIA DE AGUA PROVIDED BY THE ASADAS" (folios 3224 to 3234).
XXIV.On May 4, 2023, through resolution RE-0007-IA-2023, the Water Intendant resolved: "(.) I. To declare that in resolution RE-0005-IA-2023, of April 17, 2023, there are two material errors that must be corrected, since instead of stating what pertains to report IN-019-IA-2023, of April 17, which served as the basis for the issuance of that resolution as recorded on folio 2907, it was erroneously stated that it was resolved to report "(.) that the list of ASADAS with which the first stage of the implementation of regulatory accounting will begin is contained in Annex N° 4 of Report XXX, which served as the basis for the issuance of this resolution", a situation that, along with the yellow highlighting that appears in that same section, must be corrected. II. To correct the material errors identified in the previous paragraph, so that the second paragraph of the operative part of resolution RE0005-IA-2023, of April 17, 2023, reads correctly as follows: "2.
To report that the list of ASADAS with which the first stage of the implementation of regulatory accounting will begin is contained in Annex N°4 of report IN-0019-IA-2023, which served as the basis for the issuance of this resolution", simultaneously eliminating the yellow highlighting. III. To notify the parties of this resolution. IV. To publish resolution RE-005IA-2023 of April 17, 2023, duly corrected based on the provisions of this resolution. (.)" (folios 3235 to 3246).
XXV.That on July 18, 2017, through report IN-0040-IA-2023, the Intendencia de Agua conducted the analysis of the appeal for revocation filed by the representation of AyA against resolution RE-005-IA-2023 (which is attached to the file).
I.From report IN-0040-IA-2023, which serves as the basis for the issuance of this resolution, it is pertinent to extract the following:
"(.)
On March 31, 2023, the representation of AyA filed the appeal (folio 373), therefore the appeal is filed within the legal period established for it.
Consequently, the filed appeal is admissible, and thus the respective analysis on the merits proceeds.
The representation of the appellant supported its appeal on the following arguments, which will be analyzed separately for greater understanding.
The ARESEP acknowledges that on some occasions AyA is the operator of the systems (case of the provision it makes directly to its users) and on others it is the technical governing body (rector técnico) (case of delegation to the ASADAS where it does not provide the service directly); consequently, there is a great contradiction. It refers to AyA as the Governing Body of the ASADAS, on other occasions it calls it the Titleholder of the Service at the national level, and on others, as the direct provider even of the ASADAS' services, but in other cases it argues that the ASADAS are the direct providers of the service. The ARESEP acknowledges that AyA is not the direct provider of the service that the ASADAS provide, nor does it "directly execute the regulated activity." In relation to this argument, it is worth indicating in the first instance that AyA fails to specify precisely in which cases Aresep allegedly makes an undifferentiated use of the different appellations. Likewise, it must be indicated in relation to this assertion that, as AyA itself also acknowledges in its appeal, its own constitutive law states that it is the service titleholder (titular del servicio), just as it also acknowledges that it has a technical stewardship (rectoría técnica) in the provision of potable water and wastewater sanitation services.
From this perspective provided by the appellant itself, it would not be an error for it to be designated as governing body (rector), titleholder (titular), or even provider (prestador) of the service; rather, this would only be a consequence of the proper application of the legal system.
Furthermore, the representation of AyA also omits in its first section of its line of argument, to indicate what the grievance or defect is that exists in the resolution being challenged with respect to the aforementioned, which, as was noted, would only be a logical and natural consequence of applying, under a correct hermeneutics, the regulation contained in the applicable legal system.
Consequently, the party is not correct in its argument.
By virtue of this, it must be emphasized that the role of this Institute is one of support (acompañamiento), and the implementation of full NIIF, as well as regulatory accounting, falls on the ASADAS as they are independent operators and whose scope of regulation belongs to the Autoridad Reguladora, so any non-compliance by the ASADAS in said implementation should not imply the rejection of new tariff schedules for this institute.
Once this argument has been analyzed, it is necessary to point out that we agree with what was indicated by the representation of the appellant regarding the fact that the resolution under examination establishes the need for the Institute to provide support (acompañamiento) to the selected ASADAS that are not preparing their accounting based on full NIIF.
Now, from the analysis of AyA's line of argument, it is not concluded that there is opposition to this duty of support (acompañamiento), but rather that its disagreement lies in the possibility that an ASADA's non-compliance with the implementation of full NIIF might imply that the Institute's new tariff schedules could be rejected.
Regarding this assertion made by the institute, the following must be specified:
The Por Tanto 5., of the challenged resolution to which AyA refers, not only establishes the excerpt that the appellant highlights in its appeal, but also, in addition to establishing the need for the institute to provide support (acompañamiento) to the ASADAS (an obligation that derives from the Reglamento de las Asadas itself, Decreto N° 42582-SMINAE), it states that AyA must (mandatory nature) ensure that "(.) all the selected ASADAS have implemented full NIIF at 100%", and may count on the collaboration of Aresep for this.
From the previous excerpt, the existence of a mandatory compliance obligation for AyA is inferred, derived from the resolution itself in consonance with the obligations that have been established for the institute in the ASADAS regulation cited therein, specifically the provisions of Articles 28 subsections e), f) and k), 31 subsection c), 35, 37 subsections f) and l), 47 subsection g), 49, 52 subsections b) and c), 60, and 64 subsection c) of Regulation N°42582-S-MINAE.
It follows, that according to the provisions of numeral 33 of Law 7593, in case AyA fails to comply with the provisions of the challenged resolution in relation to the obligations it has as governing body (rector) and delegating titleholder of the service, there is the possibility that this may entail an impact on subsequent tariff petitions.
In this sense, the cited article states:
"Article 33.-Justification of petitions Every petition from providers regarding tariffs and prices must be justified. Furthermore, the applicants must have complied with the conditions established by the Regulatory Authority in previous fixings or interventions carried out in the exercise of its powers prior to the petition." Therefore, the representation of the appellant is not correct in its assertion, as the truth is that there is a clear obligation established in the legal system that is captured by the resolution itself, specifying it in terms of ensuring compliance with full NIFF by the ASADAS. It should not be lost sight of that AyA, as delegator (delegante), maintains its responsibility regarding compliance with the rules relating to the public service, supervising the execution and provision of the service made by the delegated party (parte delegada). This is in accordance with the provisions of numeral 91 of the General Public Administration Law, according to which the delegator (delegante) will always have the obligation to monitor the management of the delegate (delegado), and may be jointly responsible with the latter for fault in the monitoring.
In relation to this assertion, AyA develops the following arguments.
. As explained by the Institute's Financial Directorate, the implementation of this accounting has been quite a challenge for AyA due to not having a financial system that naturally allows generating the financial statements demanded by the Regulator.
. Regulatory accounting is basically a service-based cost accounting, poured into a financial statement format for traditional accounting, which makes its implementation very complex; many months are required to achieve an understanding of the structure of this accounting, and each time ARESEP makes it more complex because it adds a greater level of disaggregation, to the point that the latest resolution requires presenting financial statements with detailed information at the level of the corresponding stage in the production process. This requires very robust systems that allow such a level of detailed control, in addition to expert professionals in the management of this accounting.
. The Regulator must consider that the support (acompañamiento) for the ASADAS mentioned in the resolution is very complex and involves allocating institutional resources and human resources, which the Institution does not have at this time.
. For AyA, it is materially impossible, as indicated in Por tanto number 5 of the resolution, to submit reports on the progress of the implementation of regulatory accounting by the ASADAS, since, as mentioned above, it is necessary to allocate human resources, duly trained, which AyA does not have, without ceasing to attend to the Institute's own functions of applying regulatory accounting as a regulated operator.
. The majority of the ASADAS do not have the specialized technical personnel nor the financial resources to apply regulatory accounting and keep it updated. Therefore, it is foreseeable that the ASADAS could not comply with the requirement requested by ARESEP in reference to regulatory accounting, within the period granted by the Regulator.
. Once each of the requirements contained in resolution RE-0005-IA-2023 are objectively analyzed, it is observed that the period granted for their implementation by the ASADAS, given their current conditions, is very difficult or impossible to comply with, given that the support (acompañamiento) in this particular process demands the hiring, training, and coaching of officials dedicated to carrying out these types of functions.
Once the arguments raised by the representation of the appellant on this point have been analyzed, it is determined that what was requested by AyA is reasonable regarding the extension of the periods granted for the fulfillment of the requirements established in the resolution under challenge here.
Consequently, it is considered opportune and convenient to accept what is established herein and consequently modify the compliance periods established in resolution RE-0005-IA-2023 so that they read as follows:
| POR TANTO NUMBER | ORIGINAL PERIOD | NEW PERIOD | OBSERVATIONS | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 24 months | 36 months | Refers to the period granted for the selected ASADAS to prepare and submit to the Autoridad Reguladora their financial statements prepared based on full NIIF, after the publication of the resolution. | | POR TANTO NUMBER | ORIGINAL PERIOD | NEW PERIOD | OBSERVATIONS | | --- | --- | --- | --- | | 5 | Quarterly | Semiannually | Corresponds to the frequency of delivery by AyA of the progress reports on the implementation of full NIIF in the ASADAS | | 6 | 24 months | 42 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on full NIIF, to submit the first homologation. | | 8 and 9 | 6 months | 12 months | Refers to the period granted for the ASADAS, after the first homologation, to separate the items of the Statement of Financial Position by stages of the value chain of the respective service and submit the requested input data. | | 8 | 12 months | 18 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently prepare their financial statements based on full NIIF, to separate by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant and equipment. b. Construction in progress. d. Notes payable. e. Cash equivalents and temporary investments that form part of resource reserves to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant and equipment). f. Any other item from the Statement of Financial Position that can be separated by stages of the value chain and that does not require any "driver" or pro-rating methodology for this. | | POR TANTO NUMBER | ORIGINAL PERIOD | NEW PERIOD | OBSERVATIONS | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 30 months | 54 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on full NIIF, to separate by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant and equipment. b. Construction in progress. d. Notes payable. e. Cash equivalents and temporary investments that form part of resource reserves to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant and equipment). f. Any other item from the Statement of Financial Position that can be separated by stages of the value chain and that does not require any "driver" or pro-rating methodology for this. | | 10 and 11 | 8 months | 12 months | Refers to the period granted for the ASADAS, after the first homologation, to separate the items of the Income Statement by stages of the value chain of the respective service and submit the requested input data. | | 10 | 18 months | 30 months | Refers to the period granted after the publication of the resolution for the ASADAS that currently prepare their financial statements based on full NIIF, to separate by stages of the value chain all the respective items and sub-items of operating, maintenance, administrative, quality, and commercial expenses and submit the requested input data. | | 10 | 38 months | 66 months | Refers to the period granted after the publication of the resolution for the ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on full NIIF, to separate by stages of the value chain all the respective items and sub-items of operating, maintenance, administrative, quality, and commercial expenses and submit the requested input data. | 4) Regarding Resolution RE-0016-JD-2023 of January 12, 2023, through which the Board of Directors of ARESEP ordered in "Por tanto" IV to "roll back the procedure to the appropriate procedural stage in order to submit the implementation of Regulatory Accounting (Contabilidad Regulatoria) in the community water and sewer management associations (Asadas) to the moment prior to holding the public consultation in accordance with article 361 of the LGAP, in order to guarantee the right of citizen participation of the Asadas and AyA," it is considered that the Water Superintendence (Intendencia de Agua) disregards what was indicated by the Board of Directors regarding the right of citizen participation of the Asadas and AyA, continuing with the procedure and thus violating due process (debido proceso), which causes a NULLITY in the procedure that is evident and manifest and must be declared as such.
Having analyzed this argument, it is appropriate to contextualize what occurred in the procedure that resulted in the issuance of resolution RE-0016-JD-2023, of January 12, 2023.
The resolution in question originated from the filing of an appeal against resolution RE-0006-IA-2022, notified on March 14, 2022, and through which the implementation of regulatory accounting in the Community Water and Sewer Management Associations (ASADAS) was ordered.
This resolution was subsequently, by mandate of the Board of Directors, annulled in its entirety, whereby according to the provisions of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP), the legal situation generated for the interested parties from this resolution ceased to exist and be part of the legal system. In this regard, article 171 of the LGAP establishes that the declaration of absolute nullity will have purely declaratory and retroactive effects to the date of the act. This, coupled with the exhaustion of the administrative remedy declared in that same resolution, puts an end to the matter appealed and known by the Board of Directors and rolls back the matter to the procedural moment prior to the issuance of the resolution.
Now then, the procedure that resulted in the issuance of the resolution RE0005-IA-2023, which is challenged here, contrary to what was indicated by the appellant, was carried out in compliance with all procedural and substantive guarantees, including the holding of a public consultation stage so that all interested parties could express their views, in strict compliance with what is indicated in Article 9 of the Political Constitution.
In this sense, as can be seen in sections XVI to XVIII of the "Resultandos" of the challenged resolution, the Water Superintendence requested on the 20th and 23rd of September, 2022, the respective call for public consultation, on report IN-00035-IA-2022 (visible on folios 1577 to 1607), relating to Regulatory Accounting and Accounting Information Requirements for the services regulated by the Water Superintendence, provided by the ASADAS.
Subsequently, on September 30, 2022, a notice was published for interested parties to present their oppositions or joinders to the public consultation, in the national newspapers La Teja and La Extra (folios 2014 to 2015), with October 20 being the final date to receive oppositions or joinders.
As a result of this action, on October 21, 2022, through report IN-0790-DGAU- 2022, the General Directorate of User Assistance (Dirección General de Atención al Usuario, DGAU) reported that as a result of the public consultation, nine oppositions and one joinder were admitted (folios 2067 to 2069).
Furthermore, the challenged resolution itself proceeded to an individualized analysis of those nine oppositions and the joinder, which demonstrates that not only was the right of the interested parties to participate in the procedure that resulted in the resolution here challenged materialized, but also that they were duly served and resolved in detail each of the oppositions formulated by them. See in this regard section V. of the resolution titled "POSITIONS AND OPPOSITIONS." Consequently, it is evident that in the procedure under study the legal formalities were followed, and contrary to what was indicated by the appellant, the process of citizen participation was indeed carried out, both in the public consultation stage and in the stage of analysis of the oppositions and positions presented. From this, the existence of any defect that would generate an absolute nullity in the terms expressed by the representation of AyA is not evident.
Therefore, this argument must be rejected.
The challenged act breaches the limits to which administrative discretion is subject, by establishing unsuitable and unnecessary measures through the use of regulatory criteria impossible to comply with by AyA and the Asadas, violating the Principles of Proportionality and Reasonableness.
It is of great concern that the implementation by the ASADAS as operators and the accompaniment by AyA as Governing Body (Ente Rector), cannot be duly fulfilled.
In relation to this point, while the reasoning set forth by the representation of the appellant that the established period contravenes what is indicated by article 15 of the General Law of Public Administration is not shared, nor is the label of unsuitable outlined by AyA, it is considered reasonable to support what is requested by the appellant regarding the extension of the period for compliance with what is established in the resolution challenged here. For this reason, what was already analyzed in Point II of the appellant's arguments is reiterated. On the part of the Water Superintendence, in an effort to promote the due compliance with what is established in the resolution RE-0005IA-2023, and in view of what was requested by the representation of AyA, it is considered convenient and timely to extend the compliance periods of the requirements established in the resolution in question so that they are as follows:
| POR TANTO NUMBER | ORIGINAL DEADLINE | NEW DEADLINE | OBSERVATIONS | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 24 months | 36 months | Refers to the period granted for the selected ASADAS to prepare and present to the Regulatory Authority, their financial statements prepared under full IFRS (NIIF plenas), after the publication of the resolution. | | 5 | Quarterly | Semi-annual | Corresponds to the periodicity of delivery by AyA of the progress reports on the implementation of full IFRS in the ASADAS | | 6 | 24 months | 42 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements under full IFRS, to present the first homologation. | | 8 and 9 | 6 months | 12 months | Refers to the period granted for the ASADAS, after the first homologation, to separate by stages of the value chain of the respective service the items of the Balance Sheet (Balance de Situación) and present the requested cost drivers (ingresadores). | | POR TANTO NUMBER | ORIGINAL DEADLINE | NEW DEADLINE | OBSERVATIONS | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 12 months | 18 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently prepare their financial statements under full IFRS, to separate by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant and equipment. b. Construction in progress. d. Notes payable. e. Cash equivalents and short-term investments that form part of reserves of resources to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant and equipment). f. Any other Balance Sheet item that can be separated by stages of the value chain and that does not require for this purpose any "driver" or proration methodology. | | 8 | 30 months | 54 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements under full IFRS, to separate by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant and equipment. b. Construction in progress. d. Notes payable. e. Cash equivalents and short-term investments that form part of reserves of resources to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant and equipment). f. Any other Balance Sheet item that can be separated by stages of the value chain and that does not require for this purpose any "driver" or proration methodology. | | 10 and 11 | 8 months | 12 months | Refers to the period granted for the ASADAS, after the first homologation, to separate by stages of the value chain of the respective service the items of the Income Statement (Estado de Resultados) and present the requested cost drivers. | | POR TANTO NUMBER | ORIGINAL DEADLINE | NEW DEADLINE | OBSERVATIONS | | 10 | 18 months | 30 months | Refers to the period granted after the publication of the resolution for the ASADAS that currently prepare their financial statements under full IFRS (NIIF completas), to separate by stages of the value chain all the respective items and sub-items of operating, maintenance, administration, quality and commercial expenses and present the requested cost drivers. | | 10 | 38 months | 66 months | Refers to the period granted after the publication of the resolution for the ASADAS that currently do not prepare their financial statements under full IFRS, to separate by stages of the value chain all the respective items and sub-items of operating, maintenance, administration, quality and commercial expenses and present the requested cost drivers. | 6) Principle of proportionality and reasonableness of the administrative act.
This argument, again, refers to what is established by AyA regarding its inability to comply with what was decided in the challenged resolution within the established periods. It is for this reason that, while the labels on which it bases its petition are not shared, it is considered convenient and timely to extend the compliance periods of the requirements established in the resolution in question, according to the detail set forth in the preceding subsections.
With respect to this argument, AyA indicates that Aresep is the institution responsible, competent, and called to comply with said legal mandate and cannot foist or transfer it to another public entity as it intends with the challenged resolution, in particular, that AyA exercise functions proper to the regulatory body.
While it is true that AyA maintains the ownership of the service that the ASADAS provide by delegation, it is not the direct provider of the service offered in the community aqueducts and, consequently, it is not its responsibility to ensure their regulation, which is the purview of ARESEP.
The Institution exercises technical oversight (rectoría técnica) over the ASADAS, in accordance with what is stipulated by the legislator, without receiving any percentage of money from the tariffs that said associations charge, as they have economic independence. AyA delegates the provision of the service, which means that it no longer carries it out directly.
In relation to this argument, the representation of AyA omits to indicate in a clear and precise manner which responsibilities or competencies Aresep is "foisting or transferring" to AyA. Likewise, it must be pointed out that AyA retains its supervisory powers regarding compliance with the regulatory provisions issued by Aresep, in those to whom it delegates the provision of the service.
In this way, the line of argument sustained by the representation of the institute rests on the fact that since the Asadas provide the service, its role regarding them is solely one of oversight, thereby circumventing all the obligations that derive from the legal relationship that arises between it and the Asadas by virtue of the delegation carried out.
The fact that the Asadas receive the tariffs they charge for the provision of the service in no way implies a severance of the responsibilities that the institute has towards the Asadas and the compliance that these must have with the applicable legal and technical regulations. That is, economic independence does not imply the existence of a sphere of immunity for AyA regarding the actions of the Asadas, or what is the same, the existence of economic independence does not imply the disapplication of what is established in article 91 of the LGAP, in relation to the duties of the delegator towards the delegatee.
With respect to this point, what is indicated above is reiterated regarding the responsibilities of AyA in relation to compliance with what is established in the challenged resolution. In this sense, from the paragraph visible on folio 14 of the appeal, it is not evident that there is a line of argument that implies the nullity or disapplication of the content of the resolution. Likewise, regarding the scope and compliance obligations of the Asadas and AyA, the resolution is clear as to what corresponds to each one.
If ARESEP, in compliance with its legal powers, issues a resolution like the one indicated, which implies for said providers obligations contemplated in Article 14 of the Law of the Regulatory Authority of Public Services, Law 7593, it must comply with what is stipulated in the legal system and the procedural rules that govern the administrative procedure, making it necessary to notify each one of the providers so that they may timely and formally assert their rights.
Attempting to continue with this procedure behind the backs of the interested parties breaches basic and fundamental principles such as the principle of due process or the guarantee of defense, principle of legality, principle of challenge among others. There is an evident nullity in the procedure, regarding the notification of the interested associations.
To analyze the issue of the communication of administrative acts, we must begin by specifying that Article 239 of the General Law of Public Administration stipulates that every procedural act that affects the rights or interests of the parties or a third party must be duly communicated to the affected party. Likewise, this legal body, in Article 240, is clear in establishing the form of communicating said acts, stipulating that general acts will be communicated by publication and specific acts by notification, as well as general acts that particularly affect a person whose place for notifications is indicated in the file or is known by the Administration.
To the above, we must add what is stipulated in Article 241 subsection 1 regarding publication not normally being able to substitute for notification. It must be emphasized that the act of notification constitutes a guarantee of due process in general and of the right of defense. In this sense, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) ruled through resolution No. 5348-94 of 11:45 a.m. on July 1, 1992.
While the resolution under challenge was published in the official newspaper La Gaceta, it is necessary to clarify to the respectable members of the Board of Directors, that as indicated by Article 241 of the General Law of Public Administration, said publication is only appropriate when the place for notifications of the interested party is unknown or is incorrect due to their fault. Note that the same article emphasizes in its first subsection that publication cannot normally substitute for notification; in this case, publication would proceed as long as the condition stipulated in subsection 2 is met, which corresponds to the lack of knowledge of the place or means of notification, a situation that does not occur in the present case, since it is an essential requirement for all service operators, including the ASADAS, to keep their notification address or means updated in the ARESEP records, as stipulated by the Regulatory Law of Public Services No. 7593 and its regulation.
Thus, the possibility of notifying the ASADAS by publication is an absolutely exceptional act and must be mediated by the reasons that the law Gazette and based on reasons other than the lack of knowledge of the domicile would directly violate not only the previously cited legal norm, but also is susceptible to affecting the due process recognized by the Constitutional Chamber within the framework of formal guarantees and due communication to the interested party of what was decided by ARESEP. Therefore, acting differently from what is stipulated by Article 241 cited above is to incur the materialization of Article 247 of the same General Law of Public Administration, which refers to the absolute or relative nullity of the communication.
In light of the foregoing, it can be concluded that notification constitutes a guarantee of due process of an instrumental nature, whose purpose is to ensure that the parties to the procedure have full knowledge of what has been done and decided therein, which allows them to exercise an adequate defense of their rights.
In relation to what was indicated by the representation of AyA regarding the duty to notify the Asadas, the following is indicated, making it clear from the outset that through the participation procedure held within the file, the Asadas appeared, even presenting oppositions regarding the proposal submitted for consultation, which were timely analyzed and addressed in the resolution under study. Having said this, we proceed to analyze what was indicated by the representation of the appellant:
The ASADAS, as has been indicated, may be capable of providing a public service, but to do so they must meet a series of requirements, and such compliance and subsequent authorization do not empower them to operate freely with minimal intervention regarding their structure and operation, as occurs in the case of other service providers that have obtained authorization through a public service permit or concession. In fact, according to what is set forth below, the authorization that the ASADAS have granted by AYA presents similarities with a permit of a precarious nature which can be revoked at any time by the granting Administration, when non-compliance with the conditions of provision is determined or when it is not convenient or timely for the granted authorization to continue.
In fact, in order to be able to provide the public services of aqueduct and sewerage, the ASADAS are necessarily obligated to sign a delegation agreement (convenio de delegación) with AyA; they do not possess their own enabling title and there is no express legal norm for them to do so directly and independently, this according to what is derived from what is established in Articles 2 subsection 14, 6, 8, 28 subsection b), 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 subsection b), 99 and 105, of the ASADAS Regulation (Reglamento de ASADAS), Decree No. 42582-S-MINAE.
The above, since the provision of public services must be carried out by the bodies authorized by law, concession, or permit; and in the case at hand, the entity authorized by law is AyA[1], which is empowered to delegate this service to them as it is the state entity responsible for resolving everything related to the supply of drinking water and operating the aqueduct systems, according to what is established in Articles 1 and 2 of its Constitutive Law No. 2726.
1 In this regard, see what is established in opinion C-236-2008 of July 7, 2008, from the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República): "(.) the A y A, by means of an agreement signed to that effect, with the prior favorable agreement of its Board of Directors, may delegate the administration, operation, maintenance, and development of the community aqueduct and/or sewer systems, in favor of associations duly constituted and registered in accordance with the Associations Law No. 218 of August 8, 1939, its amendments and respective Regulation, Executive Decree No. 29496-J, published in La Gaceta No. 95 of May 21, 2001." It is worth noting, regarding this authorization for the provision of the public service of supplying the aqueduct and sewerage service, which is marked by a delegation of powers (understood in a technical legal sense), that AyA retains the ownership of the service, in addition to the powers relating to oversight (rectoría)[2], and the powers (rights and obligations[3], binomial power-duty) of supervision and rescue[4] in the provision of the service offered by the ASADAS.
2 This oversight implies, among other things, that AyA must carry out concrete actions aimed at solving problems of water supply in aqueducts managed by Asadas, as well as to assume their administration when the right to life of the people and their health is at stake, as has been recognized by the Constitutional Chamber in its judgment No. 2012-009687 of July 20, 2012, and currently in the ASADAS regulation in its Articles 31 subsection f., and Articles from 82 to 97.
3 Regarding the duties imposed by the regulations concerning the direction, supervision, control, and monitoring of the actions of the Asadas, see what is established in Articles 28 subsections e), f) and k), 31 subsection c), 35, 37 subsections f) and l), 47 subsection g), 49, 52 subsections b) and c) and 64 subsection c) of the Regulation of the Community Aqueduct and Sewer System Management Associations (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales), Decree No. 42582-S-MINAE.
4 In this sense, Article 95 of the Asadas Regulation, Decree No. 42582-S-MINAE, establishes the Reasons for assuming the provision of the services. AyA will assume the provision of the services provided by the ASADAS, when any of the following reasons occurs: a. The service is not provided in accordance with the basic principles of providing public services, irregular situations persist in the operation of the ASADAS, or the intervention processes established in this Regulation have been exhausted. b. In emergency situations and imminent need, there is an affectation or possibility of affectation to the health of the population supplied by the ASADA. c. The ASADA expresses its interest in AyA assuming the provision of the service due to the lack of the required organizational capacity or others that affect the provision of the service given under delegation by AyA. d. There are duly justified reasons of opportunity and/or convenience, to guarantee the satisfaction of the public interest (.)".
An example of this particular relationship (AyA-ASADAS) is found in the exorbitant powers of public law granted to the institute over the Asadas, which would conflict with the usual behavior of any association governed in its organization by private law.
To this effect, Executive Decree No. 42582-S-MINAE, published in the Official Gazette La Gaceta Digital No. 223, Scope (Alcance) No. 233 of Friday, September 4, 2020 (Asadas Regulation), empowers AyA to assume by operation of law the administration and operation of the community aqueducts -including all their assets-, when these do not provide the service adequately, without distinguishing whether the aqueduct was built with public or community funds, since it considers that the aqueducts are assets of the AyA and that it delegates their operation through the Delegation Agreement (Convenio de delegación).
From what is established in the regulations governing the matter, we can highlight the following powers of intervention of AyA that make this relationship and operation of the Asadas a particular issue that distinguishes them from the operation of other organizations typical of private law. There would even be exorbitant clauses to common law, as discussed in doctrine:
-The approval of the delegation agreement by AyA must exist for the ASADAS to be able to provide the public service of drinking water and sewerage (Article 2 subsection g) Law No. 2726 and Article 28 subsection b) of Regulation No. 42582-S-MINAE).
-AyA must exercise all activities inherent to the control, vigilance, supervision, evaluation, standardization, sectoral planning of the drinking water and wastewater sanitation services, and direction of the management carried out by the ASADAS. (Article 3 of Regulation No. 42582-S-MINAE) -The formation of ASADAS into federations, leagues, unions, or confederations for the proper functioning and to improve the public service they offer, must have the approval (visto bueno) of AyA. Likewise, the Institute may order that ASADAS be assumed, integrated, or merged (Article 37 subsection a) and m) of Regulation No. 42582-S-MINAE). (The highlighting has been added).
-It is the responsibility of AyA to authorize the ASADAS to dispose of movable or immovable property, as well as to authorize them for indebtedness or loan guarantees (Articles 38 subsection k), 58, and 61 subsection e) of Regulation No. 42582-S-MINAE). (The highlighting has been added).
- AyA will be the one to authorize the ASADAS for the construction, expansion, and improvement works of the aqueduct and sewer systems. (Article 34 of Regulation No. 42582-S-MINAE). (The highlighting has been added).
- AyA may convene an ordinary and extraordinary general assembly of associates to discuss matters of removal and replacement of the members of the Board of Directors (Junta Directiva) and the Auditor (Fiscal). It may also participate in the assemblies of the ASADAS with voice but no vote. (Article 37 subsection k) and l) of Regulation No. 42582-S-MINAE). (The highlighting has been added).
- It is the responsibility of AyA to request from the Water Department of MINAE the registration of flow rates (caudales) of the ASADAS. (Article 42 subsection a) of Regulation No. 42582-S-MINAE).
-Also, AyA must supervise the provision of the service by the ASADAS, as well as advise them on the provision of said service. (Articles 28 subsections e), f) and k), 31 subsection c), 35, 37 subsections f) and l), 47 subsection g), 49, 52 subsections b) and c), 60, and 64 subsection c) of Regulation No. 42582-S-MINAE).
-AyA, according to what is established in Article 37 subsection f. of the Asadas Regulation, must offer technical, administrative, legal, commercial, social, and environmental advice from the oversight standpoint (punto de vista de rectoría) to the Asadas, giving them the appropriate guidance for the actions they must carry out. The recommendations given to the ASADAS in the advisory processes will be of mandatory compliance. (The highlighting has been added).
-Within the framework of the delegation, AyA may intervene and assume by operation of law the systems, complying with the procedures established in this regulation (Article 31 subsection f., of the Asadas Regulation).
-AyA may temporarily or permanently intervene in the provision of the drinking water supply and wastewater sanitation services that are being offered by an ASADA or any illegal operator, in order to normalize situations that prevent an adequate functioning and management of public services, when any of the following causes concur:
a. That the special accompaniment process has not yielded the expected results, after a reasoned act that justifies such a circumstance.
b. That there is an imminent risk to the health of the supplied population.
c. That there is a mishandling of public funds.
d. That there are irregular and/or illegal actions in their management, committed by the members of the Board of Directors, the Auditor's Office (Fiscalía), or representatives of the ASADA.
e. That there are irregularities in the operation of the ASADA, where on reiterated occasions AyA has recommended actions for its solution and the ASADA has not addressed them without justification.
f. That users file complaints questioning the conduct of the Board of Directors and the Oversight Office regarding decisions that benefit their own or private interests, or acts of corruption, to the detriment of service quality and the conservation of water resources, and that these have been evaluated and verified by AyA, following due process.
g. For reasons of opportunity and convenience in the provision of the service (.). (See Article 88 of the Reglamento Decreto N° 42582-S-MINAE).
-AyA, as empowered by Article 93 of the Reglamento de Asadas, as part of the intervention processes, may carry out the following actions:
a. Access to information: The intervening body may have immediate access to the minute books of the Board of Directors and Assemblies, the membership book, accounting books (journal, ledger, and balance sheet), as well as any record or documentation related to the provision of services kept by the ASADAS. In the event of a refusal by the ASADA to comply with the provisions of the preceding paragraph, AyA may initiate the corresponding administrative proceeding, so that the sanctions established in Article 33 of the Ley de Asociaciones are applied.
b. Calling of an Assembly: In the event that the reason for the intervention is inadequate management by the ASADA's Board of Directors, AyA, through the intervening body, may call an extraordinary assembly for the election of a new Board of Directors, which shall take office immediately, even if its registration is pending in the Registry of Associations of the National Registry, with AyA providing support until the respective registration of its legal status.
c. Calling of users and the community: If deemed pertinent, the intervening body may call users and community members to inform them of the actions to be followed for the solution, which may be constructed jointly, respectfully, and equitably.
d. Oversight by the National Registry: When conditions so warrant, AyA may request the initiation of an oversight process before the Registry of Associations of the National Registry, in its capacity as a third party with a legitimate interest (.)." AyA, as empowered by Article 94 of the Reglamento N°42582-S-MINAE, may assume by operation of law, definitively, with all its assets, duties, and obligations, the provision of public services for drinking water supply and wastewater sanitation, regardless of who the service provider is, in accordance with Article 4 of the Ley General de la Administración Pública and numeral 2 of the Ley Constitutiva del AyA. The scenarios under which it may do so are regulated in Article 95 of that same regulation.
-The Asadas are not empowered to directly approach the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos to request a tariff adjustment; rather, when the ASADAS require an adjustment in their tariffs, it is AyA, and not the ASADAS directly, that appears before the Autoridad Reguladora to request them, because these, although considered public service providers, legally cannot request their tariffs directly from the Autoridad Reguladora[5], as these must be previously approved by the Board of Directors of AyA by mandate of Article 3 of Ley N.º 2726. At all times, AyA must always exercise and issue acts based on the provision of the service provided by the ASADAS, even having established deadlines for this purpose.
From the foregoing, it follows that there is a close relationship between the ASADAS and AyA, which arises within the framework of the delegation and consequent authorization for the provision of the public aqueduct and sewerage service that the institute grants to the Asada, such that it is representing the former, which retains its ownership and the obligations inherent to the provision of the service, assumes the provision of the public aqueduct and sewerage service in a specific territory and for a specific community.
5 See in this regard the provisions of Article 64, subsections b, c, and e of Decreto Ejecutivo N ° 42.582-SMINAE.
Decreto N° 42582-S-MINAE establishes in its Article 31 the scope of the delegation in the provision of drinking water and wastewater sanitation services by AyA to the Asadas. Specifically, subsection f. of that article establishes that within the framework of the delegation, AyA may intervene and assume by operation of law the systems, complying with the procedures established in this regulation.
The Costa Rican Sala Constitucional, when analyzing the issue of the delegation of responsibility for administering an aqueduct and sewerage system by AyA to an Asada, established that it is a "(.) clear figure of concession of management of the public service, where -despite the silence of the law on this matter- it is incontestable that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must retain, unavoidably, the powers of supervision and intervention necessary to guarantee the validity of the fundamental principles of public service, namely: continuity, efficiency, adaptation, and equality in the treatment of users (Article 4 of the Ley General de la Administración Pública)." (Sentencia N°2006-01651 of sixteen hours and thirty-nine minutes on February fourteenth, two thousand six).
That is to say, AyA as the service owner retains, despite the delegation, all the obligations inherent to the provision of the service to the point that it not only can but must assume by operation of law the systems that have been delegated when these are being operated irregularly, or when reasons of convenience, opportunity, and merit so establish, as also happens mutatis mutandis with precarious permits granted by the Administration[6].
6 Regarding the factual scenarios in which AyA has the power to assume the provision of the service, see Articles 94 and 95 of the Reglamento de Asadas, Decreto N° 42582-S-MINAE.
It is precisely this obligation derived from holding the ownership of the service that implies that acts related to the provision of the aqueduct and sewerage service in systems that have been delegated must be notified to AyA as the party responsible for them, and regarding the Asadas, these may be communicated to them.
It must not be lost sight of that Article 90 of the Ley General de la Administración Pública, in its subsection c), limits the power of delegation by prescribing that neither a total delegation nor a delegation of the essential competencies of the organ, which justify its existence, may be made.
To these effects, the provisions of the Ley Constitutiva del AyA N° 2726, in its Article 2, subsection f), are of vital importance. According to this rule, it is the responsibility of AyA to exploit, use, govern, or monitor, as appropriate, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions established in this law, as well as subsection g), it is responsible for Administering and directly operating the aqueduct and sewerage systems throughout the country, which will be assumed gradually, taking into account convenience and availability of resources.
It should be noted that from the previous articles derives an obligation that at a certain time, when conditions so allow, or when the law so mandates, as in cases of delegated aqueducts whose provision fails to comply with legal requirements, it is AyA that must provide the aqueduct and sewerage service throughout the country.
Therefore, as long as the law and regulations remain unchanged in this regard, AyA cannot validly use the delegation mechanism as a justification for not assuming the responsibilities that derive from the ownership of the service granted to it by the legislator.
An interpretation to the contrary would imply that the applicable regulations were being circumvented to the detriment not only of the provision of the service but also of the conditions that must prevail so that AyA can validly and under conditions of continuity, efficiency, and effectiveness, directly assume the provision of the service when the factual scenarios established in the regulations, and which have been extensively described in this report, are configured.
An action in that sense would imply, on the part of the Institute and the regulatory body itself, the violation of the principle of singular non-derogability of the norm established in numeral 13 of the Ley General de la Administración Pública, and in turn, a violation by omission of the principle of legality, regarding the exercise of the regulatory powers established through Ley 7593 by the legislator.
It is worth noting in this regard, that the delegator always retains the obligation to supervise the management of the delegate and is jointly responsible with the latter for fault in supervision, this in accordance with Article 91 of the Ley General de la Administración Pública. This means that AyA has responsibility in the matter, and regarding compliance with the provisions of the regulatory resolutions of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, which are binding upon it.
Thus, we have that the only thing that happens in the case of the ASADAS is that the owner (AyA) does not develop or execute the regulated activity "directly," because it delegated it to a third party to do it on its behalf, but this does not enable it to disassociate itself from compliance with the obligations that the Asadas, to whom it delegated the provision of the service, must fulfill.
The foregoing becomes more relevant when it is determined that the institute must, at any time, take over the provision of the delegated service, for which it must clearly and precisely know the conditions under which this service should be developing, as well as those under which it is actually developing, given that, according to the provisions of the Ley Constitutiva, it is in principle the institute that is called upon to provide aqueduct and sewerage services throughout the country.
This cannot be otherwise, since Article 91 of the Ley General de la Administración Pública also establishes that the delegator (AyA), will always have the obligation to supervise the management of the delegate (ASADAS), and may even be liable for fault in the supervision of the latter, as has been described supra.
IV.ON THE NOTIFICATION OF REGULATORY RESOLUTIONS ISSUED BY THE INTENDENCIA DE AGUAS TO AYA AND THEIR COMMUNICATION TO THE ASADAS
From the development contained in the preceding sections, it has become clear that in the case of the provision of the public aqueduct and sewerage service, by legal and regulatory mandate, AyA is the titular provider of the public aqueduct and sewerage service throughout the national territory, while the ASADAS are only "indirect" providers, which, without the aforementioned delegation and without the approval of the Agreement referred to in subsection g) of Article 2 of Ley N.º 2726 and Articles 2.14, 10, 32, and 35 of Decreto Ejecutivo N.º 42.582-S-MINAE, could not legally provide this public service.
Furthermore, it must be considered that even when complying with all the requirements of the law and the cited regulation, the ASADAS cannot, under any circumstances, hold the status of "owner" of that public service nor directly request adjustments to their tariffs before the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos without the prior approval of the Board of Directors of AyA.
By virtue of the foregoing, the resolutions issued by the Intendencia de Agua that concern AyA and the Asadas must be notified to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and communicated to the ASADAS, so that these are informed of what the regulatory body resolves.
Regarding this issue, since AyA is the owner of the service, it is the one responsible for ensuring compliance, through its delegates, with the regulatory obligations and mandates established by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; the contrary would imply ignoring the regulation, limitations, and scope given by the legislator and the Executive Branch itself to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, regarding its obligation to provide the service throughout the country, as has become clear in Article 2 of the Ley Constitutiva del AyA.
In this sense, it must not be lost sight of that the obligations and implications contained in the resolutions issued by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, regarding the provision of the public aqueduct and sewerage service, which develop topics related to aspects to be followed in the systems that have been delegated, are directed in the first instance to the national-level service owner, and from this must permeate to the Asadas, since it is AyA itself that must ensure compliance with these mandates as part of the fulfillment of its own obligations.
That is to say, the regulatory resolutions issued by the Autoridad Reguladora that correlate with both the direct and indirect provision of the aqueduct and sewerage service by AyA must be formally notified only to AyA, which does not preclude them from being forwarded (communicated) also to the Asadas; however, this second step does not imply a requirement for the effectiveness of the resolution as such.
This in compliance with the provisions of the Ley General de la Administración Pública itself in its Articles 239 and 240 regarding the publication of acts of general scope and the notification of acts of particular or specific scope, which must be notified to the natural or legal person primarily obliged by the content of the resolution, which in this case, as has been evidenced, is AyA as the service owner.
Consequently, according to the preceding analysis, it is clear that in the case of the contested resolution, whose content resolves on the matter of the provision of the aqueduct and sewerage service, provided by AyA indirectly through delegation, the party that must be formally notified is the institute and not the Asadas, as has been demonstrated; thereby fulfilling the requirement of effectiveness of the notification to the service owner.
Therefore, AyA's argument does not prevail, and the existence of a nullity in the procedure under the terms raised by the appellant in its appeal and petition is not evidenced. In the case under study, the interested parties had the opportunity to address and learn of the proposal made and subsequently the resolution that was issued.
1. The appeal for revocation filed against resolution RE-0005-IA-2023 is admissible.
2. AyA fails to specify precisely in which cases the Aresep allegedly makes an undifferentiated use of the different designations. Likewise, it must be indicated in relation to this assertion that, as AyA itself also acknowledges in its appeal, its own constitutive law states that it is the owner of the service, just as it also acknowledges that it has a technical stewardship (rectoría) in the provision of drinking water and wastewater sanitation services.
From this perspective provided by the appellant itself, it would not be an error for it to be referred to as steward, owner, or even provider of the service, but rather this would be nothing more than a consequence of the proper application of the legal system.
3. In the contested resolution, a series of obligations for AyA are established, which are provided in accordance with the obligations established for the institute in the reglamento de ASADAS, cited therein, specifically the provisions established in Articles 28 subsections e), f) and k), 31 subsection c), 35, 37 subsections f) and l), 47 subsection g), 49, 52 subsections b) and c), 60 and 64 subsection c) of Reglamento N°42582-S-MINAE, which is why, according to the provisions of numeral 33 of Ley 7593, in the event that AyA fails to comply with the provisions of the contested resolution in relation to the obligations it has as steward and delegating owner of the service, there is a possibility that this could affect successive tariff petitions.
4. There is a clear obligation established in the legal system that is embraced by the resolution itself, specifying it in terms of ensuring compliance with full IFRS by the ASADAS. It must not be lost sight of that AyA as delegator maintains its responsibility regarding compliance with the rules relating to the public service, supervising the execution and provision of the service made by the delegated party. The foregoing in accordance with the provisions of numeral 91 of the Ley General de la Administración Pública, according to which the delegator shall always have the obligation to supervise the management of the delegate and may be jointly liable with the latter for fault in supervision.
5. The request for an extension of the deadlines established in the contested resolution for compliance with the requirements is reasonable; therefore, it is considered opportune and convenient to accept what is sought by AyA and consequently modify the compliance deadlines established in resolution RE-0005-IA-2023.
6. The procedure that resulted in the issuance of resolution RE-0005IA-2023, contested here, contrary to what was stated by the appellant, was carried out in adherence to all procedural and substantive guarantees, including the holding of a public consultation stage so that all interested parties could express themselves, in strict adherence to the provisions of Article 9 of the Constitución Política. In this regard, through report IN- 0790- DGAU- 2022, the Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) reported that as a result of the public consultation, nine oppositions and one joinder were admitted (folios 2067 to 2069).
7. Consequently, it is evident that in the procedure under study, the formalities of law were followed, and contrary to what was stated by the appellant, the citizen participation process was indeed carried out, both in the public consultation stage and in the analysis stage of the oppositions and positions presented. From which, the existence of any defect that generates an absolute nullity in the terms expressed by the representation of AyA is not evidenced.
8. Although the reasoning set forth by the representation of the appellant that the established deadline contravenes the provisions of Article 15 of the Ley General de la Administración Pública is not shared, nor is the qualification of unsuitable outlined by AyA shared, it is considered reasonable to support the appellant's request regarding the extension of the deadline for compliance with what is established in the resolution contested herein. For this reason, what has already been analyzed in Point II of the appellant's arguments is reiterated. On the part of the Intendencia de Agua, in pursuit of promoting due compliance with the provisions of resolution RE-0005-IA-2023, and given the request by the representation of AyA, it is considered that it is convenient and opportune to extend the deadlines for compliance with the requirements established in the contested resolution.
9. AyA, in its appeal, fails to clearly and precisely indicate which responsibilities or competencies the Aresep is "foisting or transferring" onto it. Likewise, it must be pointed out that AyA retains its oversight powers regarding compliance with the regulatory provisions issued by the Aresep, over those to whom it delegates the provision of the service.
10. The line of argument maintained by the institute's representation is built upon the fact that since the Asadas provide the service, its role regarding them is solely one of stewardship (rectoría), thereby circumventing all the obligations that arise from the legal relationship that emerges between it and the Asadas by virtue of the delegation made.
11. The fact that the Asadas receive the tariffs they charge for the provision of the service in no way implies a breaking of the responsibilities that the institute has towards the Asadas and the compliance that these must have with the applicable legal and technical regulations. That is, economic independence does not imply the existence of a sphere of immunity for AyA regarding the actions of the Asadas, or what is the same, the existence of economic independence does not imply the non-application of the provisions of numeral 91 of the LGAP, in relation to the duties of the delegator towards the delegate.
12. From the paragraph visible on folio 14 of the appeal, it is not evident that there is a line of argument implying the nullity or non-application of the content of the resolution. Likewise, regarding the scope and compliance obligations of the Asadas and AyA, the resolution is clear as to what corresponds to each.
13. In order to provide the public aqueduct and sewerage services, the ASADAS are necessarily obliged to enter into a delegation agreement with AyA; they do not possess their own enabling title and there is no express legal norm for them to do so directly and independently, this as derived from the provisions of Articles 2 subsection 14, 6, 8, 28 subsection b), 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 subsection b), 99 and 105, of the Reglamento de las ASADAS, Decreto N.° 42582-S-MINAE.
14. It is worth noting that regarding this authorization for the provision of the public service of supplying the aqueduct and sewerage service, which is marked by a delegation of competencies (understood in the technical legal sense), AyA retains the ownership of the service, in addition to the competencies relating to stewardship (rectoría)[7], and the powers (rights and obligations[8], power-duty binomial) of oversight and rescue[9] in the provision of the service rendered by the ASADAS.
7 This stewardship, among other things, implies that AyA must carry out concrete actions aimed at solving water supply problems in aqueducts managed by Asadas, as well as take over their administration when the right to life and health of people is at stake, as has been recognized by the Sala Constitucional in its sentencia N° 2012-009687 of July 20, 2012, and currently in the reglamento de ASADAS in its Article 31 subsection f., and Articles from 82 to 97.
8 Regarding the duties imposed by the regulations concerning direction, oversight, control, and monitoring of the actions of the Asadas, see the provisions of Articles 28 subsections e), f) and k), 31 subsection c), 35, 37 subsections f) and l), 47 subsection g), 49, 52 subsections b) and c) and 64 subsection c) of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto N°42582-S-MINAE.
9 In this sense, Article 95 of the Reglamento de Asadas, Decreto N° 42582-S-MINAE, establishes that these will be Reasons to assume the provision of the services. AyA will assume the provision of the services provided by the ASADAS when any of the following reasons occur: a. The service is not provided in accordance with the basic principles of public service provision, irregular situations persist in the operation of the ASADAS, or the intervention processes established in this Reglamento have been exhausted. b. In emergency situations and imminent need, there is an affectation or possibility of affectation to the health of the population supplied by the ASADA. c. The ASADA expresses its interest in AyA assuming the provision of the service due to the lack of required organizational capacity or other issues that affect the provision of the service given in delegation by AyA. d. There exist duly justified reasons of opportunity and/or convenience to guarantee the satisfaction of the public interest (.)." 15.
Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE, published in the Diario Oficial La Gaceta Digital N°223, Alcance N°233 of Friday, September 4, 2020 (Reglamento de Asadas), empowers AyA to assume by operation of law the administration and operation of the communal aqueducts—including all their assets—when these do not provide the service adequately, without distinguishing if the aqueduct was built with public or community funds, since it considers that the aqueducts are the property of AyA and that it delegates their operation through the Delegation Agreement.
16. The Asadas are not empowered to directly approach the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos to request a tariff adjustment; rather, when the ASADAS require an adjustment in their tariffs, it is AyA, and not the ASADAS directly, that appears before the Autoridad Reguladora to request them, because these, although considered public service providers, legally cannot request their tariffs directly from the Autoridad Reguladora[10], as these must be previously approved by the Board of Directors of AyA by mandate of Article 3 of Ley N.º 2726. At all times, AyA must always exercise and issue acts based on the provision of the service provided by the ASADAS, even having established deadlines for this purpose.
10 See in this regard the provisions of Article 64, subsections b, c, and e of Decreto Ejecutivo N ° 42.582-SMINAE.
17. The Costa Rican Sala Constitucional, when analyzing the issue of the delegation of responsibility for administering an aqueduct and sewerage system by AyA to an Asada, established that it is a "(.) clear figure of concession of management of the public service, where -despite the silence of the law on this matter- it is incontestable that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must retain, unavoidably, the powers of supervision and intervention necessary to guarantee the validity of the fundamental principles of public service, namely: continuity, efficiency, adaptation, and equality in the treatment of users (Article 4 of the Ley General de la Administración Pública)." (Sentencia N°2006-01651 of sixteen hours and thirty-nine minutes on February fourteenth, two thousand six).
18. AyA as the service owner retains, despite the delegation, all the obligations inherent to the provision of the service to the point that it not only can but must assume by operation of law the systems that have been delegated when these are being operated irregularly, or when reasons of convenience, opportunity, and merit so establish, as also happens mutatis mutandis with precarious permits granted by the Administration[11]. This obligation, which derives from holding the ownership of the service, is what implies that acts related to the provision of the aqueduct and sewerage service in systems that have been delegated must be formally notified to AyA as the party responsible for them, and regarding the Asadas, these may be communicated to them (which does not imply a requirement of effectiveness regarding this communication).
11 Regarding the factual scenarios in which AyA has the power to assume the provision of the service, see Articles 94 and 95 of the Reglamento de Asadas, Decreto N° 42582-S-MINAE.
19. Article 90 of the Ley General de la Administración Pública, in its subsection c), limits the power of delegation by prescribing that neither a total delegation nor a delegation of the essential competencies of the organ, which justify its existence, may be made.
20. The delegator always retains the obligation to supervise the management of the delegate and is jointly responsible with the latter for fault in supervision, this in accordance with Article 91 of the Ley General de la Administración Pública. This means that AyA has responsibility in the matter, and regarding compliance with the provisions of the regulatory resolutions of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, which are binding upon it.
21. Even when complying with all the requirements of the law and the cited regulation, the ASADAS cannot, under any circumstances, hold the status of "owner" of that public service nor directly request adjustments to their tariffs before the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos without the prior approval of the Board of Directors of AyA.
22. AyA as the service owner is the one responsible for ensuring compliance, through its delegates, with the regulatory obligations and mandates established by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; the contrary would imply ignoring the regulation, limitations, and scope given by the legislator and the Executive Branch itself to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, regarding its obligation to provide the service throughout the country, as has become clear in Article 2 of the Ley Constitutiva del AyA.
23. The obligations and implications contained in the resolutions issued by the Public Services Regulatory Authority (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), regarding the provision of the public water supply and sewerage service, which develop topics related to aspects that must be followed in the systems that have been delegated, are directed in the first instance to the national service provider, and from this entity they must permeate to the Asadas, because it is AyA itself that must ensure compliance with these mandates as part of the fulfillment of its own obligations.
24. The regulatory resolutions issued by the Regulatory Authority (Autoridad Reguladora) that correlate with both the direct and indirect provision by AyA of the water supply and sewerage service must be formally notified only to AyA, which does not prevent them from also being sent (communicated) to the Asadas; however, this second step would not imply a requirement for the effectiveness of the resolution as such. This is in compliance with the provisions of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) itself in its articles 239 and 240 regarding the publication of acts of general scope and the notification of acts of particular or specific scope, which must be notified to the natural or legal person primarily obligated by the content of the resolution, which in this case, as has been demonstrated, is AyA as the service provider.
(.)".
II.In accordance with what is stated in the findings (resultandos) and recitals (considerandos) above and on the merits of the case file, the appropriate course of action in the case under study is to partially grant the motion for reversal (recurso de revocatoria), filed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA), against resolution RE-005-IA-2023, only regarding the extension of the deadlines ordered in that resolution, and consequently modify the deadlines as established in the report under consideration; as is hereby ordered.
THEREFORE (POR TANTO) Based on the powers conferred in Law No. 7593 and its amendments, in the General Public Administration Law No. 6227, in Executive Decree No. 29732-MP, which is the Regulation to Law No. 7593, and in the Internal Regulations for the Organization and Functions of the Public Services Regulatory Authority and its Deconcentrated Body (Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado).
THE WATER SUPERINTENDENT (INTENDENTE DE AGUA) HEREBY RESOLVES (RESUELVE):
I.To partially grant the motion for reversal (recurso de revocatoria) filed by the representatives of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), only regarding the request for an extension of the compliance deadlines established in resolution RE-0005-IA-2023.
| POR TANTO NUMBER | ORIGINAL DEADLINE | NEW DEADLINE | OBSERVATIONS | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 24 months | 36 months | Refers to the deadline granted for the selected ASADAS to prepare and submit to the Regulatory Authority (Autoridad Reguladora) their financial statements prepared under full IFRS (NIIF plenas), after the publication of the resolution. | | 5 | Quarterly | Semi-annual | Corresponds to the frequency of delivery by AyA of the progress reports on the implementation of full IFRS (NIIF plenas) in the ASADAS | | 6 | 24 months | 42 months | Corresponds to the deadline granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements under full IFRS (NIIF plenas) to submit the first homologation. | | 8 and 9 | 6 months | 12 months | Refers to the deadline granted for the ASADAS, after the first homologation, to separate by stages of the value chain of the respective service the items of the Balance Sheet and submit the requested inputs (ingresadores). | | POR TANTO NUMBER | ORIGINAL DEADLINE | NEW DEADLINE | OBSERVATIONS | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 12 months | 18 months | Corresponds to the deadline granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently prepare their financial statements under full IFRS (NIIF plenas) to separate by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant, and equipment. b. Construction in progress. d. Notes payable. e. Cash equivalents and temporary investments that form part of resource reserves to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant, and equipment). f. Any other Balance Sheet item that can be separated by stages of the value chain and that does not require any "driver" or proration methodology for this. | | 8 | 30 months | 54 months | Corresponds to the deadline granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements under full IFRS (NIIF plenas) to separate by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant, and equipment. b. Construction in progress. d. Notes payable. e. Cash equivalents and temporary investments that form part of resource reserves to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant, and equipment). f. Any other Balance Sheet item that can be separated by stages of the value chain and that does not require any "driver" or proration methodology for this. | | 10 and 11 | 8 months | 12 months | Refers to the deadline granted for the ASADAS, after the first homologation, to separate by stages of the value chain of the respective service the items of the Income Statement and submit the requested inputs (ingresadores). | | POR TANTO NUMBER | ORIGINAL DEADLINE | NEW DEADLINE | OBSERVATIONS | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 18 months | 30 months | Refers to the deadline granted after the publication of the resolution for the ASADAS that currently prepare their financial statements under full IFRS (NIIF completas) to separate by stages of the value chain all the respective line items and sub-items of operating, maintenance, administration, quality, and commercial expenses and submit the requested inputs (ingresadores). | | 10 | 38 months | 66 months | Refers to the deadline granted after the publication of the resolution for the ASADAS that currently do not prepare their financial statements under full IFRS (NIIF completas) to separate by stages of the value chain all the respective line items and sub-items of operating, maintenance, administration, quality, and commercial expenses and submit the requested inputs (ingresadores). |
III.To note that through resolution RE-0007-IA-2023 of May 4, 2023, issued by the Water Superintendency (Intendencia de Agua), it was resolved: "(.) I. To declare that in resolution RE-0005-IA-2023, of April 17, 2023, there are two material errors that must be corrected, since instead of recording what pertains to report IN-019-IA-2023, of April 17, which served as the basis for issuing that resolution as recorded on folio 2907, it was erroneously recorded that it was resolved to inform "(.) that the list of ASADAS with which the first stage of the implementation of regulatory accounting will begin is contained in Annex No. 4 of Report XXX, which served as the basis for issuing the present resolution," a situation that, together with the yellow highlighting appearing in that same section, must be corrected. II. To correct the material errors identified in the preceding paragraph, so that the second paragraph of the operative part of resolution RE-0005-IA-2023, of April 17, 2023, is correctly read as follows: "2.
To inform that the list of ASADAS with which the first stage of the implementation of regulatory accounting will begin is contained in Annex No. 4 of report IN-0019-IA-2023, which served as the basis for issuing the present resolution," simultaneously eliminating the yellow highlighting. III. To notify the parties of the present resolution. IV. To publish resolution RE-005-IA-2023 of April 17, 2023, duly corrected based on the provisions established in the present resolution. (.)".
IV.To declare the motion for reversal (recurso de revocatoria) filed by the representatives of the Costa Rican Institute of Sewers (Instituto Costarricense de Alcantarillados) without merit on all other requested points, confirming the appealed resolution regarding these.
V.To declare that there is no defect that must be remedied regarding the notification of the Asadas of resolution RE-0005-IA-2023.
VI.To reject the claim of absolute nullity of the procedure filed by the representatives of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), since as analyzed above there is no defect in relation to compliance with the provisions set forth in the operative clause (por tanto) IV of resolution RE-0016-JD-2023 of January 12, 2023.
VII.To elevate the subsidiary appeal (recurso de apelación en subsidio) to the Board of Directors (Junta Directiva) and to warn the appellant that they have three business days, starting from the day following the notification of this resolution, to assert their rights before said appellate body (órgano de alzada).
The parties are informed that no further recourse is applicable against this resolution, in accordance with the provisions of articles 343 and 345.1 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública).
WHEREAS:
RESOLVES:
CONSIDERING:
en la totalidad del texto - Texto Completo Norma 0012 Reforma Implementación de la contabilidad regulatoria y requerimientos de información contable para los servicios regulados por la intendencia de agua, prestados por las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS INTENDENCIA DE AGUA RE-0012-IA-2023 del 18 de julio de 2023 CONOCE EL INTENDENTE DE AGUA DEL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA) CONTRA LA RESOLUCIÓN RE-0005-IA-2023 DEL 17 DE ABRIL DE 2023 OT-203-2021
I.El 23 de marzo de 2017, mediante la resolución RRG-091-2017, el Regulador General estableció los lineamientos para la estandarización de la implementación de la contabilidad a nivel institucional, en los cuales se instruyó a las Intendencias, entre otras cosas, estandarizar el proceso y realizar una consulta pública para discutir los formatos uniformes de contabilidad regulatoria de cada servicio regulado (folio 175, OT-156-2021).
II.El 4 de abril de 2017, mediante el oficio 295-RG-2017, el Regulador General, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de lo dispuesto mediante la resolución RRG-091-2017, instituyó la creación de una fuerza de tarea para la realización de labores de coordinación interna, revisión y seguimiento para la implementación de la contabilidad regulatoria.
III.El 31 de enero de 2018, mediante la resolución RIA-001-2018, la Intendencia de Agua (IA) dispuso la: "Implementación de la contabilidad regulatoria para los servicios de acueducto, alcantarillado, hidrantes, suministro de agua para riego y piscicultura y actividades de protección del recurso hídrico". En lo que interesa, dicha resolución es aplicable al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A) y al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), es decir no alcanza a las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillado comunales (ASADAS), por el contrario, las excluyó de forma expresa (folios 148 al 175, OT-242-2017).
IV.El 15 de abril de 2021, mediante el oficio OF-0221-IA-2021, la IA remitió a las ASADAS, solicitud de estados financieros, para lo cual, se les otorgó el plazo de 10 días hábiles (folio 1275).
Departamento de Gestión Documental (DEGD), la apertura de un expediente para "Mejora Regulatoria", en el cual se adjuntó el informe IN-0044-IA-2021 sobre la "Separación de la cadena de valor de los servicios". Ello dio origen al expediente OT-203-2021 (folios 1 al 54).
VI.El 14 de marzo de 2022, mediante el informe IN-0035-IA-2022, la IA emitió el "Informe de contabilidad regulatoria y requerimientos de información contable para los servicios regulados por la Intendencia de Agua prestados por las ASADAS", en el que recomendó implementar en las ASADAS la contabilidad regulatoria en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado sanitario, hidrantes y protección del recurso hídrico, separados por etapas de la cadena de valor y establecer de manera unificada la estructura, descripción, periodicidad y orden de la información regulatoria financiero contable que estos operadores deben presentar a la IA (folios 1577 al 1607).
VII.El 14 de marzo de 2022, mediante la resolución RE-0006-IA-2022, la IA dispuso: "(.) Implementación de la contabilidad regulatoria en las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS)". Esta resolución, se notificó el 14 de marzo de 2022, al AyA (folio 1687). Asimismo, se publicó el 17 de marzo de 2022, en la Gaceta N°52, Alcance N°57 (folios 1648 al 1685, 1688 al 1725).
VIII.El 17 de marzo de 2022, mediante el oficio GG-2022-00974, el AyA interpuso recurso de apelación, contra la resolución RE-0006-IA-2022, del 14 de marzo de 2022 (folio 1726).
IX.El 29 de abril de 2022, mediante la resolución RE-0008-IA-2022, la IA resolvió el "Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por el AyA, contra la resolución RE-0006-IA-2022, del 14 de marzo de 2022", en la cual, en lo que interesa, le declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto, y se elevó ante la Junta Directiva el recurso de apelación interpuesto en subsidio (folios 1751 al 1752).
X.El 2 de mayo de 2022, mediante la resolución RE-0009-IA-2022, la IA corrigió un error material de la resolución RE-0008-IA-2022 (folio 1754).
XI.El 4 de mayo de 2022, mediante el oficio GG-2022-01685, el AyA atendió el emplazamiento conferido mediante la resolución RE-0008-IA-2022, con relación al recurso de apelación, interpuesto contra la resolución RE-0006-IA2022 (folio 1755).
XII.El 16 de mayo de 2022, mediante el oficio OF-0293-IA-2022, la IA, rindió el informe que ordena el artículo 349 de la Ley General de la Administración Pública, con relación al recurso de apelación interpuesto (folios 1756 al 1758, 1760).
XIII.El 17 de mayo de 2022, mediante el memorando ME-0102-SJD-2022, la Secretaría de Junta Directiva remitió a la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria (DGAJR), el recurso de apelación interpuesto. Además, remitió el oficio GG-2022-01685, presentado por el AyA y relacionado con el citado recurso (folio 1759).
XIV.El 13 de setiembre de 2022, mediante el oficio OF-0661-DGAJR-2022, la DGAJR emitió criterio sobre el recurso de apelación interpuesto por el AyA, contra la resolución RE-0006-IA-2022. En dicho criterio se recomendó: (Folios 2581 al 2615).
XV.El 20 y 23 de setiembre de 2022, mediante los oficios OF-0555-IA-2022 y OF0562-IA-2022, la IA solicitó la convocatoria a consulta pública, sobre el informe de Contabilidad Regulatoria y Requerimientos de información contable para los servicios regulados por la Intendencia de Agua, prestados por las ASADAS (IN0035-IA-2022) (folios 1992 al 1996).
XVI.El 30 de setiembre de 2022, se publicó la invitación a los interesados a presentar sus oposiciones o coadyuvancias a la consulta pública, en los diarios de circulación nacional La Teja y La Extra (folios 2014 a 2015). El 20 de octubre de 2022, fue la fecha máxima para recibir oposiciones o coadyuvancias.
XVII.El 21 de octubre de 2022, mediante el informe IN-0790-DGAU-2022, la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU), informó que, como resultado de la consulta pública, se admitieron nueve oposiciones y una coadyuvancia (folios 2067 al 2069).
XVIII.El 12 de enero de 2023, mediante la resolución RE-0016-JD-2023, la Junta Directiva, con base en el criterio OF-0661-DGAJR-2022, resolvió el "Recurso de apelación interpuesto por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), contra la resolución RE-0006-IA-2022, del 14 de marzo de 2022 dictada por la Intendencia de Agua". En lo conducente resolvió: (folios 2494 al 2526). "(.) LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
I.Declarar parcialmente con lugar, el recurso de apelación, interpuesto por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), contra la resolución RE-0006-IA-2022, del 14 de marzo de 2022, únicamente, en relación con el argumento número dos, en cuanto a que la: "Implementación de la contabilidad regulatoria en las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS)", debía notificarse a las ASADAS, a fin de que estas hicieran valer sus derechos.
II.Declarar la nulidad absoluta de la resolución RE-0006-IA-2022, del 14 de marzo de 2022, en el tanto, se violentó en el procedimiento, el derecho de participación ciudadana, de conformidad con el artículo 9 de la Constitución Política y 361 de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto en la resolución RRG-091-2017 del 23 de marzo de 2017.
III.Declarar la nulidad absoluta, por conexidad de las resoluciones RE-0008-IA2022 del 29 de abril de 2022, que resolvió:recurso de revocatoria, interpuesto por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) contra la resolución RE-0006-IA-2022 del 14 de marzo de 2022- y RE-0009-IA-2022 del del 2 de mayo de 2022, que resolvió:corrección de error material de la resolución RE-0008-IA-2022, del 29 de abril de 2022.
IV.Retrotraer el procedimiento a la etapa procedimental oportuna, a fin de someter la "Implementación de la contabilidad regulatoria en las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS)", al momento previo a celebrar la consulta pública, conforme el artículo 361 de la LGAP, a fin de garantizar el derecho de participación ciudadana a las ASADAS y al AyA.
V.Dimensionar los efectos de la nulidad decretada, manteniendo vigente la resolución RE-0006-IA-2022, del 14 de marzo de 2022, por el plazo máximo de SEIS MESES CALENDARIO, a partir del dictado de la resolución que ha de dictarse, a fin de que la Intendencia de Agua, dentro de dicho plazo, dicte un nuevo acto administrativo ajustado a derecho.
XIX.El 17 de abril de 2023, mediante el Informe IN-0019-IA-2023, la IA rindió el Informe Técnico sobre la "Implementación de la contabilidad regulatoria y requerimientos de información contable para los servicios regulados por la Intendencia de Agua, prestados por las ASADAS" (folios 2835 al 2896).
"Implementación de la contabilidad regulatoria y requerimientos de información contable para los servicios regulados por la Intendencia de Agua, prestados por las Asociaciones Administradores de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS)" (folios 2902 al 2966), la cual fue notificada a las partes el propio 17 de abril de 2023 (folios 3035 al 3040).
XXI.El 20 de abril de 2023, mediante correo electrónico, la representación del AyA remitió el oficio GG-2023-01183, a través del cual se interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución RE-0005-IA-2023 del 17 de abril de 2023 (folio 3041).
XXII.La resolución RE-005-IA-2023, que se dictó y notificó inicialmente, indicó a folio 2945, en su parte dispositiva, específicamente en su Por Tanto número 2, que se informa "(.) que la lista de ASADAS con las que se iniciará la primera etapa de la implementación de la contabilidad regulatoria está contenida en el Anexo N°4 del Informe XXX, el cual sirvió de base para el dictado de la presente resolución (.)", lo cual constituye un evidente error material.
INFORME RESPECTO A LA CORRECCIÓN DEL ERROR MATERIAL CONTENIDO EN LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN RE-0005-IA2023 DEL 17 DE ABRIL DE 2023, DENOMINADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD REGULATORIA Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION CONTABLE PARA LOS SERVICIOS REGULADOS POR LA INTENDENCIA DE AGUA PRESTADOS POR LAS ASADAS" (folios 3224 al 3234).
XXIV.El 04 de mayo de 2023, mediante la resolución RE-0007-IA-2023, el Intendente de Agua resolvió: "(.) I. Declarar que en la resolución RE-0005-IA-2023, del 17 de abril de 2023, existen dos errores materiales que deben ser corregidos, pues en lugar de consignarse lo relativo al informe IN-019-IA-2023, del 17 de abril que sirvió de base para el dictado de esa resolución según consta a folio 2907, se consignó por error que se resolvía informar "(.) que la lista de ASADAS con las que se iniciará la primera etapa de la implementación de la contabilidad regulatoria está contenida en el Anexo N° 4 del Informe XXX, el cual sirvió de base para el dictado de la presente resolución", situación que junto con el resaltado en amarillo que aparece en ese mismo apartado, deben corregirse. II. Corregir los errores materiales identificados en el párrafo anterior, de manera que el párrafo segundo de la parte dispositiva de la resolución RE0005-IA-2023, del 17 de abril de 2023, se lea correctamente de la siguiente forma: "2.Informar que la lista de las ASADAS con las que se iniciará la primera etapa de la implementación de la contabilidad regulatoria está contenida en el Anexo N°4 del informe IN-0019-IA-2023, el cual sirvió de base para el dictado de la presente resolución", eliminando a su vez el resaltado en amarillo.
III. Notificar a las partes la presente resolución. IV. Publicar la resolución RE-005IA-2023 del 17 de abril de 2023, debidamente corregida con base en lo establecido en la presente resolución. (.)" (folios 3235 al 3246).
XXV.Que el 18 de julio de 2017, mediante el informe IN-0040-IA-2023, la Intendencia de Agua realizó el análisis del recurso de revocatoria interpuesto por la representación del AyA contra la resolución RE-005-IA-2023 (mismo que corre agregado a los autos).
I.Del informe IN-0040-IA-2023, que sirve de sustento para el dictado de la presente resolución conviene extraer lo siguiente:
"(.)
I.ANÁLISIS DE AMISIBILIDAD a) Naturaleza del recurso El recurso interpuesto que se conoce es el de revocatoria al que le aplican los artículos 342 a 352 de la Ley General de la Administración Pública N°6227 y sus reformas (en adelante LGAP).
El 31 de marzo de 2023, la representación del AyA interpuso el recurso (folio 373), por lo cual el recurso se encuentra presentado dentro del plazo legal establecido para ello.
En consecuencia, el recurso interpuesto resulta admisible, por lo que se procede al respectivo análisis de fondo.
II.ANÁLISIS DE FONDO DEL RECURSO La representación de la parte recurrente sustentó su recurso en los siguientes argumentos, los cuales serán analizados de forma separada para su mayor comprensión.
La ARESEP reconoce que en unas ocasiones el AyA es el operador de los sistemas (caso de la prestación que brinda de manera directa a sus usuarios) y en otra es el rector técnico (caso de delegación a las ASADAS donde no presta el servicio de manera directa), por consiguiente, existe una gran contradicción. Refiere al AyA como Ente Rector de las ASADAS, en otras ocasiones lo denomina el Titular del Servicio a nivel nacional y en otras como prestatario directo incluso de los servicios de las ASADAS, pero en otros casos argumenta que las ASADAS son las prestatarias directas del servicio. La ARESEP reconoce que el AyA no es el prestatario directo del servicio que brindan las ASADAS ni "ejecuta la actividad regulada directamente".
En relación con este argumento, valga indicar en un primer momento que el AyA omite señalar con precisión en qué casos es que la Aresep presuntamente, hace una utilización indiferenciada de los distintos apelativos. Asimismo, se debe indicar en relación con esta aseveración, que como también lo reconoce el propio AyA en su recurso, su propia ley constitutiva señala que él es el titular de servicio, así como también reconoce que este tiene una rectoría técnica en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales.
Desde esta visión que aporta la propia parte recurrente, no sería un error que se le señale como rector, titular o incluso prestador del servicio, sino que esto no sería más que una consecuencia de la debida aplicación del ordenamiento jurídico.
Asimismo, omite también la representación del AyA en su primer acápite de línea argumentativa, indicar cuál es el agravio, o vicio que existe en la resolución que se impugna respecto a lo señalado supra, lo cual, según se advirtió, no sería más que una consecuencia lógica y natural de la aplicación bajo una correcta hermenéutica de la regulación contenida en el ordenamiento jurídico aplicable.
En consecuencia, no lleva razón la parte en su argumento.
En virtud de esto, debe recalcarse que la labor de este Instituto es de acompañamiento y la implementación de las NIIF plenas, así como que la contabilidad regulatoria, recae sobre las ASADAS por tratarse de operadores independientes y cuyo ámbito de regulación pertenece a la Autoridad Reguladora, por lo que cualquier incumplimiento por parte de las ASADAS, en dicha implementación, no debería implicar la improbación de nuevos pliegos tarifarios para este instituto.
Una vez analizado este argumento resulta menester señalar que se concuerda con lo señalado por la representación de la parte recurrente en cuanto al hecho de que en la resolución bajo examen se establece la necesidad de que el Instituto brinde acompañamiento a las ASADAS seleccionadas y que no están preparando su contabilidad con base en las NIIF plenas.
Ahora bien, del análisis de la línea argumentativa del AyA no se concluye que exista oposición a este deber de acompañamiento, sino que su inconformidad radica en que el hecho de que una ASADA incumpla con la implementación de las NIIF plenas no implique que al Instituto se le puedan improbar nuevos pliegos tarifarios.
Respecto a esta afirmación que realiza el instituto se debe puntualizar lo siguiente:
El Por Tanto 5., de la resolución impugnada al que refiere AyA, no solo establece el extracto que rescata la parte recurrente en su recurso, sino que además de establecer la necesidad de que el instituto brinde acompañamiento a las ASADAS (obligación que deriva del propio Reglamento de las Asadas, Decreto N° 42582-SMINAE), señala que el AyA debe (carácter preceptivo) asegurarse que "(.) todas las ASADAS seleccionadas hayan implementado en un 100 % las NIIF plenas", pudiendo contar con el colaboración de Aresep para ello.
Del anterior extracto se colige la existencia para el AyA de una obligación de acatamiento preceptivo que se deriva de la propia resolución en consonancia con las obligaciones que le han sido establecidas al instituto en el reglamento de ASADAS, que allí mismo se citan, específicamente lo establecido en los artículos 28 incisos e), f) y k), 31 inciso c), 35, 37 incisos f) y l), 47 inciso g), 49, 52 incisos b) y c), 60 y 64 inciso c) del Reglamento N°42582-S-MINAE.
Viene de lo anterior, que según lo establecido en el numeral 33 de la Ley 7593, en caso de que el AyA incumpla con lo establecido en la resolución impugnada en relación con las obligaciones que tiene este como rector y titular delegante del servicio, existe la posibilidad de que esto implique una afectación para sucesivas peticiones tarifarias.
En este sentido señala el citado artículo:
"Artículo 33.-Justificación de peticiones Toda petición de los prestadores sobre tarifas y precios deberá estar justificada. Además, los solicitantes tendrán que haber cumplido con las condiciones establecidas, por la Autoridad Reguladora, en anteriores fijaciones o intervenciones realizadas en el ejercicio de sus potestades antes de la petición".
Por consiguiente, no lleva razón la representación de la parte recurrente en su afirmación, pues lo cierto es que existe una obligación clara establecida en el ordenamiento jurídico que es recogida por la propia resolución, puntualizándola en cuanto a velar por el cumplimiento de las NIFF completas por parte de las ASADAS. No debe perderse de vista de que el AyA como delegante, mantiene su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas relativas al servicio público, fiscalizando la ejecución y prestación que haga del servicio la parte delegada. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 91 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual el delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado pudiendo ser responsable junto con este por culpa en la vigilancia.
3)Imposibilidad material respecto al acompañamiento de las Asadas para la implementación de la contabilidad regulatoria, en el plazo otorgado por la Autoridad Reguladora.
En relación con esta aseveración, el AyA desarrolla los siguientes argumentos.
. Según lo explica la Dirección Financiera del Instituto, la implementación de esta contabilidad ha sido todo un reto para AyA por no contar con un sistema financiero que permita de forma natural generar los estados financieros que demanda el Regulador.
. La contabilidad regulatoria es básicamente una contabilidad de costos por servicio, vaciada en un formato de estados financieros para una contabilidad tradicional, lo que hace muy compleja su implementación, se requiere de muchos meses para lograr el entendimiento de la estructura de esta contabilidad, y cada vez ARESEP la hace más compleja porque le agrega mayor nivel de desagregación, al punto que la última resolución obliga a presentar estados financieros con detalle de información al nivel de la etapa que corresponde en el proceso productivo, para esto se requiere de sistemas muy robustos que permitan tal nivel de control detallado, además de profesionales expertos en el manejo de esta contabilidad.
. Debe considerar el Regulador, que el acompañamiento a las ASADAS que se mencionan en la resolución es muy complejo y que conlleva destinar recursos institucionales y recurso humano, con el cual no cuenta la Institución en este momento.
. Para el AyA resulta materialmente imposible como lo indica el por tanto número 5 de la resolución, presentar informes sobre el avance de la implementación de la contabilidad regulatoria por las ASADAS, ya que como se menciona líneas arriba, es necesario destinar recurso humano, debidamente capacitado y del cual no cuenta el AyA, sin dejar de atender las funciones propias de aplicación de la contabilidad regulatoria del Instituto como operador regulado.
. La mayoría de las ASADAS no cuentan con el personal técnico especializado ni con los recursos financieros para aplicar la contabilidad regulatoria y mantenerla actualizada. Por lo tanto, es previsible que las ASADAS no podrían cumplir con el requerimiento solicitado por la ARESEP en referencia a la contabilidad regulatoria, dentro del plazo otorgado por el Regulador.
. Analizados objetivamente cada uno de los requerimientos contenidos en la resolución RE-0005-IA-2023, se observa que el plazo otorgado para su implementación por parte de las ASADAS, dados sus condiciones actuales, resulta de muy difícil o imposible cumplimiento, siendo que el acompañamiento en este proceso particular exige la contratación, capacitación y entrenamiento de funcionarios abocados a realizar este tipo de funciones.
Una vez analizados los argumentos planteados por la representación de la parte recurrente en este punto, se determina que lo solicitado por el AyA resulta razonable en cuanto a la extensión de los plazos concedidos para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la resolución que aquí se impugna.
En consecuencia, se considera oportuno y conveniente acoger lo aquí establecido y en consecuencia modificar los plazos de cumplimiento establecidos en la resolución RE-0005-IA-2023 para que queden de la siguiente manera:
| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 24 meses | 36 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS seleccionadas elaboren y presenten a la Autoridad Reguladora, sus estados financieros realizados con base en las NIIF plenas, luego de la publicación de la resolución. | | NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 5 | Trimestral | Semestral | Corresponde a la periodicidad de entrega por parte del AyA de los informes de avance de la implementación de las NIIF plenas en las ASADAS | | 6 | 24 meses | 42 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, presenten la primera homologación. | | 8 y 9 | 6 meses | 12 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Balance de Situación y presenten los ingresadores solicitados. | | 8 | 12 meses | 18 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas: a. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de efectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados para la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f. Cualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de valor y que no requiera para ello algún " driver" o metodología de prorrateo. | | NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 30 meses | 54 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas: a. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de efectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados para la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f. Cualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de valor y que no requiera para ello algún " driver" o metodología de prorrateo. | | 10 y 11 | 8 meses | 12 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Estado de Resultados y presenten los ingresadores solicitados. | | 10 | 18 meses | 30 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución para que las ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de gastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten los ingresados solicitados. | | 10 | 38 meses | 66 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución para que las ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de gastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten los ingresadores solicitados. | 4) Respecto a la Resolución RE-0016-JD-2023 del 12 de enero de 2023, a través de la Junta Directiva de la ARESEP dispuso en el por tanto IV "retrotraer el procedimiento a la etapa procedimental oportuna a fin de someter la implementación de la Contabilidad Regulatoria en las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados comunales (Asadas) al momento previo a celebrar la consulta pública conforme al artículo 361 de la LGAP, a fin de garantizar el derecho de participación ciudadana a las Asadas y al AyA", se considera que la Intendencia de Agua desoye lo señalado por la Junta Directiva respecto al derecho de participación ciudadana de las Asadas y el AyA, continuando con el procedimiento y vulnerándose de tal forma el debido proceso, lo que ocasiona una NULIDAD en el procedimiento evidente y manifiesta que así debe ser declarada.
Analizado este argumento, conviene contextualizar lo sucedido en el procedimiento que dio como resultado el dictado de la resolución RE-0016-JD-2023, del 12 de enero de 2023.
La resolución de marras se origina producto de la interposición de un recurso de apelación contra la resolución RE-0006-IA-2022, notificada el 14 de marzo de 2022 y a través de la cual se dispuso la implementación de la contabilidad regulatoria en las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS).
Esta resolución posteriormente, por mandato de la Junta Directiva anulada en su totalidad, con lo cual según lo establecido por la Ley General de la Administración Pública (LGAP), la situación jurídica generada en las partes interesadas a partir de esta resolución dejó de existir y formar parte del ordenamiento jurídico. Al respecto, el numeral 171 de la LGAP, establece que la declaración de nulidad absoluta tendrá efectos puramente declarativos y retroactivos a la fecha del acto. Con esto aunado al agotamiento de la vía administrativa declarado en esa misma resolución, se pone fin al asunto recurrido y conocido por la Junta Directiva y se retrotrae el asunto al momento procesal previo al dictado de la resolución.
Ahora bien, el procedimiento que dio como resultado el dictado de la resolución RE0005-IA-2023, que aquí se impugna, contrario a lo señalado por la parte recurrente, se realizó con apego a todas las garantías procesales y sustantivas, incluyendo la celebración de una etapa de consulta pública para que todas las partes interesadas se pudiesen manifestar, en estricto apego con lo señalado en el artículo 9 de la Constitución Política.
En este sentido, como puede apreciarse en los numerales XVI al XVIII de los resultandos de la resolución impugnada, la Intendencia de Agua solicitó el 20 y 23 de setiembre de 2022, la respectiva convocatoria a consulta pública, sobre el informe IN-00035-IA-2022 (visible a folios 1577 al 1607), relativo a la Contabilidad Regulatoria y Requerimientos de Información contable para los servicios regulados por la Intendencia de Agua, prestados por las ASADAS.
Posteriormente, el 30 de setiembre de 2022, se publicó a los interesados a presentar sus oposiciones o coadyuvancias a la consulta pública, en los diarios de circulación nacional La Teja y La Extra (folios 2014 a 2015), siendo el 20 de octubre la fecha máxima para recibir oposiciones o coadyuvancias.
Producto de esta gestión, el 21 de octubre de 2022, mediante el informe IN- 0790- DGAU- 2022, la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU), informó que como resultado de la consulta pública, se admitieron nueve oposiciones y una coadyuvancia (folios 2067 al 2069).
A mayor abundamiento, la propia resolución impugnada procedió al análisis individualizado de esas nueve oposiciones y coadyuvancia, con lo cual se evidencia que no solo se materializó el derecho de los interesados de participar en el procedimiento que dio como resultado la resolución aquí impugnada, sino que también, oportunamente se les atendió y resolvió con detalle cada una de las oposiciones formuladas por ellos. Véase en este sentido el apartado V. de la resolución denominado "POSICIONES Y OPOSICIONES".
En consecuencia, se evidencia que en el procedimiento bajo estudio se siguieron las formalidades de ley, y contrario a lo señalado por la parte recurrente, sí se llevó a cabo el proceso de participación ciudadana, tanto en la etapa de consulta pública, como en la etapa de análisis de las oposiciones y posiciones presentadas. A partir de lo cual, no se evidencia la existencia de vicio alguna que genere una nulidad absoluta en los términos manifestados por la representación del AyA.
Por consiguiente, este argumento debe rechazarse.
El acto impugnado quebranta los límites a los cuales se encuentra sujeta la discrecionalidad administrativa, pues al establecer medidas inidóneas e innecesarias mediante el uso de criterios regulatorios de imposible cumplimiento por parte del AyA a las Asadas, transgrediendo los Principios de Proporcionalidad y Razonabilidad.
Preocupa en gran medida, que la implementación por parte de la ASADAS como operadores y el acompañamiento del AyA como Ente Rector, no puedan ser debidamente cumplidos.
En relación con este punto si bien no se comparte el razonamiento expuesto por la representación de la parte recurrente en cuanto a que el plazo establecido contraviene lo señalado por el artículo 15 de la Ley General de la Administración Pública, así como tampoco se comparte el calificativo de inidóneo esbozado por el AyA, si se considera razonable apoyar lo solicitado por el recurrente en cuanto a la ampliación del plazo para el cumplimiento de lo establecido en la resolución aquí impugnada. Por este motivo, se reitera lo ya analizado en el Punto II de los argumentos de la parte recurrente. Por parte de la Intendencia de Agua, en procura de promover del debido cumplimiento de lo establecido en la resolución RE-0005IA-2023, y ante lo solicitado por la representación del AyA, se considera que resulta conveniente y oportuno ampliar los plazos de cumplimiento de los requerimientos establecidos en la resolución de marras de manera que queden de la siguiente manera:
| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 24 meses | 36 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS seleccionadas elaboren y presenten a la Autoridad Reguladora, sus estados financieros realizados con base en las NIIF plenas, luego de la publicación de la resolución. | | 5 | Trimestral | Semestral | Corresponde a la periodicidad de entrega por parte del AyA de los informes de avance de la implementación de las NIIF plenas en las ASADAS | | 6 | 24 meses | 42 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, presenten la primera homologación. | | 8 y 9 | 6 meses | 12 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Balance de Situación y presenten los ingresadores solicitados. | | NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 12 meses | 18 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas: a. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de efectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados para la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f. Cualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de valor y que no requiera para ello algún " driver" o metodología de prorrateo. | | 8 | 30 meses | 54 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas: a. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de efectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados para la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f. Cualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de valor y que no requiera para ello algún " driver" o metodología de prorrateo. | | 10 y 11 | 8 meses | 12 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Estado de Resultados y presenten los ingresadores solicitados. | | NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | 10 | 18 meses | 30 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución para que las ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de gastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten los ingresados solicitados. | | 10 | 38 meses | 66 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución para que las ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de gastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten los ingresadores solicitados. | 6) Principio de proporcionalidad y razonabilidad del acto administrativo.
Este argumento, nuevamente, refiere a lo establecido por el AyA en cuanto a su imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto en la resolución impugnada en los plazos establecidos. Es por esto que, si bien no se comparten los calificativos en los que fundamente su petición, sí se considera conveniente y oportuno ampliar los plazos de cumplimiento de los requerimientos establecidos en la resolución de marras, según el detalle expuesto en los acápites precedentes.
Con respecto a este argumento señala el AyA que la Aresep es la institución responsable, competente y llamada a cumplir con dicho mandato legal y no puede endilgarla o transferirla a otro ente público como lo pretende con resolución impugnada, en particular, que el AyA ejerza funciones propias del ente regulador.
Si bien es cierto, el AyA mantiene la titularidad del servicio que prestan las ASADAS por delegación, no es el prestador directo del servicio que se brinda en los acueductos comunales y, por consiguiente, no le corresponde velar por su regulación que compete a la ARESEP.
La Institución ejerce una rectoría técnica sobre las ASADAS, de conformidad con lo dispuesto por el legislador, sin recibir ningún porcentaje de dinero por las tarifas que cobran dichas asociaciones, por tener estas, independencia económica. El AyA delega la prestación del servicio, lo que significa que ya no lo realiza de manera directa.
En relación con este argumento omite la representación del AyA señalar de forma clara y precisa cuáles son las responsabilidades o competencias que la Aresep le está "endilgando o transfiriendo" al AyA. Asimismo, se debe puntualizar que el AyA conserva sus competencias de fiscalización en cuanto al cumplimiento de las disposiciones regulatorias que dicte la Aresep, en aquellos a quienes delegue la prestación del servicio.
De este modo, la línea argumentativa sostenida por la representación del instituto se erige sobre el hecho de que como las Asadas prestan el servicio, su papel en cuanto a ellas es únicamente de rectoría, con lo cual soslaya todas las obligaciones que se derivan de la relación jurídica que surge entre este y las Asadas en virtud de la delegación realizada.
El hecho de que las Asadas reciban las tarifas que estas cobran por la prestación del servicio en nada implica un rompimiento de las responsabilidades que tiene el instituto para con las Asadas y el cumplimiento que deben hacer estas de la normativa jurídica y técnica aplicable. Es decir, la independencia económica, no implica la existencia de un fuero de inmunidad del AyA respecto al accionar de las Asadas, o lo que es lo mismo, la existencia de independencia económica no implica la desaplicación de lo establecido en el numeral 91 de la LGAP, en relación con los deberes del delegante para con el delegado.
Con respecto a este punto, se reitera lo señalado supra en cuanto a las responsabilidades del AyA en relación con el cumplimiento de lo establecido en la resolución impugnada. En este sentido, del párrafo visible a folio 14 del recurso no se evidencia que exista una línea argumentativa que implique la nulidad o desaplicación del contenido de la resolución. Asimismo, en cuanto a los alcances y obligaciones de cumplimiento de las Asadas y el AyA la resolución es clara en cuanto a qué le corresponde a cada una.
Si la ARESEP en cumplimiento de sus facultades legales, emite una resolución como la indicada, que significa para dichos prestadores, obligaciones contempladas en el artículo 14 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 7593, deberá cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y las normas procesales que regulan el procedimiento administrativo, lo que hace necesario notificar a cada uno de los prestadores para que en tiempo y forma hagan valer sus derechos.
Pretender continuar con este trámite a espaldas de los interesados, quebranta principios básicos y fundamentales como lo son principio del debido proceso o de garantía de la defensa, principio de legalidad, principio de impugnación entre otros. Existe una evidente nulidad en el trámite, respecto a la notificación de las asociaciones interesadas.
A efectos de analizar el tema de la comunicación de los actos administrativos, debemos iniciar precisando que el artículo 239 de la Ley General de la Administración Pública dispone que todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado. Asimismo, este cuerpo legal, en el artículo 240, es claro al establecer la forma de comunicar dichos actos, disponiendo que se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los concretos y los actos generales que afecten particularmente a una persona cuyo lugar para notificaciones esté señalado en el expediente o sea conocido por la Administración.
A lo anterior debemos agregar lo dispuesto en el numeral 241 inc.1 respecto a que la publicación no puede normalmente suplir la notificación. Se debe hacer especial énfasis que el acto de notificación constituye una garantía al debido proceso general y del derecho de defensa. En este sentido la Sala Constitucional dispuso mediante resolución N° 5348-94 de las 11 horas 45 minutos de 1 de julio de 1992.
Si bien la resolución objeto de impugnación fue publicada en el diario oficial La Gaceta, es preciso aclararle a los respetables señores miembros de la Junta Directiva, que tal y como lo indica el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública; dicha publicación solo es procedente cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones del interesado por culpa de éste. Véase que el mismo artículo, enfatiza en su primer inciso, que la publicación no puede normalmente suplir la notificación, que en este caso procedería la publicación en el tanto se cumpla la condición dispuesta en el inciso 2, que corresponde al desconocimiento del lugar o medio de notificaciones, situación que no ocurre en el presente caso, toda vez que es requisito esencial para todos los operadores de los servicios incluidas las ASADAS, mantener actualizado el medio o lugar de notificación en los registros de la ARESEP, tal y como lo dispone la Ley Reguladora de los Servicios Públicos N°7593 y su reglamento.
De tal manera, la posibilidad de notificar por publicación a las ASADAS, es un acto absolutamente excepcional y deben mediar los motivos que la ley Oficial y fundada en motivos diferentes al desconocimiento del domicilio, violentaría directamente no solo la norma legal de previa cita, sino que es susceptible de afectar el debido proceso reconocido por la Sala Constitucional dentro del marco de la garantías formales y debida comunicación al interesado de lo resuelto por la ARESEP. Por tanto, actuar diferente a lo dispuesto por el artículo 241 de previa cita, es incurrir en la materialización del artículo 247 de la misma Ley General de la Administración Pública, que refiere a la nulidad absoluta o relativa de la comunicación.
A tenor de lo expuesto, se puede concluir que la notificación constituye una garantía del debido proceso de carácter instrumental, que tiene como finalidad, asegurar a las partes del procedimiento, el pleno conocimiento de lo actuado y decidido en el mismo, lo que le permite ejercer una adecuada defensa de sus derechos.
En relación con lo señalado por la representación del AyA con respecto al deber de notificación de las Asadas, se indica lo siguiente, dejando claro desde ya, que mediante el procedimiento de participación celebrado dentro del expediente, las Asadas se hicieron presentes incluso presentando oposiciones respecto a la propuesta sometida a consulta, las cuales fueron oportunamente analizadas y atendidas en la resolución bajo estudio. Dicho esto, pasamos a analizar lo señalado por la representación de la parte recurrente:
Las ASADAS, según ha quedado señalado pueden ser capaces de prestar un servicio público pero para poder hacerlo deben de cumplir con una serie de requisitos y ese cumplimiento y posterior habilitación no las facultan para operar de forma libre con intervención mínima en cuanto a su estructura y operación como sí sucede en el caso de otros prestadores de servicio que han obtenido la habilitación mediante permiso o concesión de servicio público. De hecho, según se expone de seguido, la habilitación que tienen las ASADAS otorgadas por el AYA presenta similitudes con un permiso de naturaleza en precario el cual puede ser revocado en cualquier momento por la Administración concedente, cuando se determine el incumplimiento en las condiciones de prestación o cuando no resulte conveniente u oportuno que se continúe la habilitación concedida.
De hecho con el fin de poder brindar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las ASADAS están necesariamente en la obligación de suscribir un convenio de delegación con el AyA; no poseen un título habilitante propio y no existe norma jurídica expresa para que puedan hacerlo directa e independientemente, esto según se desprende de lo establecido en los artículos 2 inciso 14, 6, 8, 28 inciso b), 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 inciso b), 99 y 105, del Reglamento de las ASADAS, Decreto N.° 42582-S-MINAE.
Lo anterior, por cuando la prestación de los servicios públicos debe ser realizada por los órganos autorizados por ley, concesión o permiso; siendo que en el caso que nos ocupa el ente autorizado por ley es el AyA[1], quien está facultado para delegarles este servicio por ser el ente estatal encargado de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y operar los sistemas de acueductos, según lo establecido en los artículos 1 y 2 de su Ley Constitutiva N° 2726.
1 Al respecto véase lo establecido en el dictamen C-236-2008 del 7 de julio de 2008 de la Procuraduría General de la República: "(.) el A y A mediante convenio suscrito al efecto, previo acuerdo favorable de su Junta Directiva, podrá delegar la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados comunales, a favor de asociaciones debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley de Asociaciones N°218 del 08 de agosto de 1939, sus modificaciones y respectivo Reglamento, Decreto Ejecutivo N°29496-J, publicado en La Gaceta N°95 del 21 de mayo del 2001." Valga señalar, que respecto a esta autorización para la prestación del servicio público de suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, que viene marcada por una delegación de competencias (entendida en sentido jurídico técnico), el AyA conserva, la titularidad del servicio, además de las competencias relativas a la rectoría[2], y las potestades (derechos y obligaciones[3], binomio poder-deber) de fiscalización y rescate[4] en la prestación del servicio brindado por las ASADAS.
2 Esta rectoría entre otras cosas implica que el AyA deba realizar acciones concretas tendentes a la solución de problemas de abastecimiento de agua en acueductos administrados por Asadas, así como asumir su administración al estar en juego el derecho a la vida de las personas y su salud, como ha sido reconocido por la Sala Constitucional en su sentencia N° 2012-009687 del 20 de julio de 2012, y actualmente en el reglamento de ASADAS en sus artículos 31 incido f., y artículos del 82 al 97.
3 Con respecto a los deberes que le impone la normativa respecto a dirección, fiscalización, control y seguimiento de actuaciones de las Asadas, puede verse lo establecido en los artículos 28 incisos e), f) y k), 31 inciso c), 35, 37 incisos f) y l), 47 inciso g), 49, 52 incisos b) y c) y 64 inciso c) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto N°42582-S-MINAE.
4 En este sentido el artículo 95 del Reglamento de Asadas, Decreto N° 42582-S-MINAE, establece que serán Motivos para asumir la prestación de los servicios. El AyA asumirá la prestación de los servicios brindados por las ASADAS, cuando se presente alguno de los siguientes motivos: a. El servicio no se brinda de conformidad con los principios básicos de prestación de los servicios públicos, persistan situaciones irregulares en el funcionamiento de las ASADAS o se hayan agotado los procesos de intervención establecidos en el presente Reglamento. b. En situaciones de emergencia e inminente necesidad, exista afectación o posibilidad de afectación a la salud de la población abastecida por la ASADA. c. La ASADA manifieste su interés en que el AyA asuma la prestación del servicio por la falta de capacidad organizativa requerida u otras que afecten la prestación del servicio dado en delegación por el AyA. d. Existan razones de oportunidad y/o conveniencias debidamente justificadas, para garantizar la satisfacción del interés público (.)".
Un ejemplo de esta particular relación (AyA-ASADAS), la encontramos en las potestades exorbitantes de derecho público concedidas al instituto por sobre las Asadas que reñirían con el comportamiento habitual de cualquier asociación regida en su organización por el derecho privado.
A este efecto el Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Digital N°223, Alcance N°233 del viernes 4 de setiembre de 2020 (Reglamento de Asadas), faculta al AyA para que asuma de pleno derecho la administración y operación de los acueductos comunales -incluso todo su patrimonio-, cuando estos no presten el servicio adecuadamente, sin hacer distinción si el acueducto fue construido con fondos públicos o comunales, ya que estima que los acueductos son patrimonio del AyA y que este delega su operación mediante el Convenio de delegación.
De lo establecido en la normativa que regula la materia podemos rescatar las siguientes facultades de intervención del AyA que hacen de esta relación y operación de las Asadas un tema particular que las distingue de la operación de otras organizaciones propias del derecho privado. Incluso se estaría en presencia de cláusulas exorbitantes al derecho común, como se habla en doctrina:
-Debe existir aprobación del convenio de delegación por parte del AyA, para que las ASADAS puedan brindar el servicio público de agua potable y el de alcantarillado (Artículo 2 inciso g) Ley N°2726 y artículo 28 inciso b) del Reglamento N°42582-SMINAE).
-El AyA debe ejercer todas las actividades propias del control, vigilancia, fiscalización, evaluación, normalización, planificación sectorial de los servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales y dirección de la gestión que realizan las ASADAS. (Artículo 3 del Reglamento N°42582-S-MINAE) -La conformación de ASADA en federaciones, ligas o uniones o confederaciones para el buen funcionamiento y mejorar el servicio público que ofrecen, debe contar con el visto bueno del AyA. Asimismo, el Instituto puede ordenar que se asuman, se integren o se fusionen ASADAS (Artículo 37 inciso a) y m) del Reglamento N°42582S-MINAE). (El destacado es suplido).
-Corresponde al AyA autorizar a las ASADAS para disponer de bienes muebles o inmuebles, así como autorizarlas para el endeudamiento o garantías de préstamos (Artículos 38 inciso k), 58 y 61 inciso e) del Reglamento N°42582-S-MINAE). (El destacado es suplido).
- El AyA será quien autorice a las ASADAS las obras de construcción, ampliación y mejoramiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados. (Artículo 34 del Reglamento N°42582-S-MINAE). (El destacado es suplido).
- El AyA puede convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria de asociados para discutir asuntos de remoción y sustitución de los miembros de Junta Directiva y Fiscal. Así como también puede participar en las asambleas de las ASADAS con voz, pero sin voto. (Artículo 37 inciso k) y l) del Reglamento N°42582-S-MINAE). (El destacado es suplido).
- Corresponde al AyA solicitar al Departamento de Aguas del MINAE el registro de caudales de las ASADAS. (Artículo 42 inciso a) del Reglamento N°42582-S-MINAE).
-También, debe el AyA fiscalizar la prestación del servicio por parte de las ASADAS, así como asesorarlas en la prestación de dicho servicio. (Artículos 28 incisos e), f) y k), 31 inciso c), 35, 37 incisos f) y l), 47 inciso g), 49, 52 incisos b) y c), 60 y 64 inciso c) del Reglamento N°42582-S-MINAE).
-El AyA, según lo establecido en el artículo 37 inciso f. del Reglamento de Asadas, debe ofrecer asesoría técnica, administrativa, legal, comercial, social y ambiental desde el pinto de vista de rectoría a las Asadas, dándoles la orientación adecuada a las acciones que debe realizar. Las recomendaciones dadas a las ASADAS en los procesos de asesoría serán de acatamiento obligatorio. (El destacado es suplido).
-En el marco de la delegación, podrá el AyA intervenir y asumir de pleno derecho los sistemas cumpliendo con los procedimientos establecidos en el presente reglamento (artículo 31 inciso f., del Reglamento de Asadas).
-El AyA podrá intervenir de manera temporal o permanente la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales que estén siendo brindados por una ASADA o cualquier operador ilegal, con el fin de normalizar las situaciones que impidan un adecuado funcionamiento y gestión de los servicios públicos, cuando concurran cualquiera de las siguientes causales:
a. Que el proceso de acompañamiento especial no haya rendido los resultados esperados, previo acto motivado que justifique tal circunstancia.
b. Que exista riesgo inminente contra la salud de la población abastecida.
c. Que exista un mal manejo de los fondos públicos.
d. Que existan actuaciones irregulares y/o ilegales en su gestión, cometidos por losmiembros de la Junta Directiva, Fiscalía o personeros de la ASADA.
e. Que existan irregularidades en el funcionamiento de la ASADA, donde enreiteradas ocasiones el AyA haya recomendado acciones para su solución y que la ASADA sin justificación no haya atendido.
f. Que las personas usuarias presenten denuncias en las que se cuestione elproceder de la Junta Directiva y Fiscalía respecto a decisiones que benefician intereses propios o privados, o actos de corrupción, en detrimento de la calidad de servicio y la conservación del recurso hídrico y que éstas hayan sido valoradas y comprobadas por el AyA, previo debido proceso.
g. Por razones de oportunidad y conveniencia en la prestación del servicio (.).(Véase el artículo 88 del Reglamento Decreto N° 42582-S-MINAE).
-El AyA, según lo faculta el artículo 93 del Reglamento de Asadas, como parte de los procesos de intervención, podrá llevar a cabo las siguientes acciones:
a. Acceso a información: El órgano interventor, podrá tener acceso inmediato a loslibros de actas de Junta Directiva y Asambleas, libro de asociados, libros contables (diario, mayor y balance), así como, a cualquier registro o documentación relacionada con la prestación de los servicios que llevan las ASADAS. En caso de negativa por parte de la ASADA de cumplir con lo indicado en el párrafo anterior, el AyA podrá iniciar el proceso administrativo correspondiente, a fin de que se apliquen las sanciones establecidas en el artículo 33 de la Ley de Asociaciones.
b. Convocatoria a Asamblea: En caso de que el motivo de la intervención sea unainadecuada gestión de la Junta Directiva de la ASADA, el AyA a través del órgano interventor podrá convocar a asamblea extraordinaria, para elección de una nueva Junta Directiva, la cual entrará en funciones de inmediato, aunque su inscripción esté en trámite en el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, ateniéndose el acompañamiento del AyA hasta el respectivo registro de su personería jurídica.
c. Convocatoria a las personas usuarias y comunidad: De estimarse pertinente, elórgano interventor podrá convocar a las personas usuarias y miembros de la comunidad, para informar las acciones de la solución a seguir, misma que podrá ser construida de manera conjunta, respetuosa y equitativa.
d. Fiscalización del Registro Nacional: Cuando las condiciones así lo ameriten, elAyA podrá solicitar el inicio de un proceso de fiscalización ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, en su condición de tercero con interés legítimo (.)".
El AyA, según lo faculta el artículo 94 del Reglamento N°42582-S-MINAE, podrá asumir de pleno derecho con todos sus haberes, deberes y obligaciones de manera definitiva, la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales, indistintamente de quien sea su ente prestador, de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública y el numeral 2 de la Ley Constitutiva del AyA. Los supuestos bajo los cuales puede hacerlo están regulados en el artículo 95 de ese mismo reglamento.
-Las Asadas no se encuentran facultadas para acudir directamente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para solicitar un ajuste tarifario, sino que cuando las ASADAS requieren un ajuste en sus tarifas, quien se apersona a la Autoridad Reguladora a solicitarlas es el AyA y no las ASADAS directamente, porque estas, aunque se consideran prestadores de servicios públicos, legalmente no pueden solicitar directamente sus tarifas ante la Autoridad Reguladora[5], esto por cuanto debe aprobarlas de previo, la Junta Directiva del AyA por mandato del artículo 3 de la Ley N.º 2726. En todo momento, el AyA siempre debe ejercer y emitir actos en función de la prestación del servicio que brindan las ASADAS, teniendo inclusive plazos establecidos al efecto.
De lo anterior se colige que existe una estrecha relación entre las ASADAS y el AyA, que surge en el marco de la delegación y consecuente habilitación para la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado que el instituto concede a la Asada, de manera que está en representación del primero, que mantiene su titularidad y las obligaciones inherentes a la prestación del servicio, asume la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado en un determinado territorio y para una determinada comunidad.
5 Véase en este sentido lo establecido en el artículo 64 incisos b, c, y e del Decreto Ejecutivo N ° 42.582-SMINAE.
El Decreto N° 42582-S-MINAE, establece en su artículo 31 el alcance de la delegación en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales por parte del AyA a las Asadas. En específico el inciso f. de dicho artículo, establece que en el marco de la delegación podrá el AyA intervenir y asumir de pleno derecho los sistemas cumpliendo con los procedimientos establecidos en el presente reglamento.
La Sala Constitucional costarricense al analizar el tema de la delegación de la responsabilidad de administrar un sistema de acueductos y alcantarillados por parte del AyA en una Asada, estableció que se trata de una "(.) clara figura de concesión de gestión del servicio público, en donde -a pesar del silencio de la ley sobre este particular- es incontestable que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debe retener, ineludiblemente, los poderes de supervisión e intervención necesarios para garantizar la vigencia de los principios fundamentales del servicio público, a saber: continuidad, eficiencia, adaptación e igualdad en el trato de los usuarios (artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública)." (Sentencia N°2006-01651 de las dieciséis horas con treinta y nueve minutos del catorce de febrero del dos mil seis).
Es decir, el AyA como titular del servicio conserva pese a la delegación todas las obligaciones inherentes a la prestación del servicio al punto que no solo puede sino que debe asumir de pleno derecho los sistemas que hayan sido delegados cuando estos se estén operando de forma irregular, o cuando motivos de conveniencia, oportunidad y mérito así lo establezcan, como sucede también mutatis mutandis con los permisos en precario que otorga la Administración[6].
6 Respecto a los supuestos de hecho en los que el AyA tiene la potestad de asumir la prestación del servicio, pueden verse los artículos 94 y 95 del Reglamento de Asadas, Decreto N° 42582-S-MINAE.
Es precisamente esta obligación que deriva de ostentar la titularidad del servicio la que implica que los actos relativos a la prestación del servicio de acueductos y alcantarillados en sistemas que hayan sido delegados deban serle notificados al AyA como responsable de estos y en cuanto a las Asadas estos pueden serles comunicados.
No debe perderse de vista que el artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública en su inciso c) limita la potestad de delegación al prescribir que no podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las competencias esenciales del órgano, que justifican su existencia.
A estos efectos, lo establecido en la Ley Constitutiva del AyA N° 2726, en su artículo 2 inciso f) resulta de vital importancia. Según esta norma le compete al AyA aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar según sea el caso todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley, así como inciso g), le corresponde Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo, tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos.
Nótese que del anterior articulado se deriva una obligación de que en un determinado momento, cuando las condiciones así lo permitan, o cuando la ley así lo mande como en los casos de acueductos delegados cuya prestación incumpla con requisitos legales, sea el AyA quien preste el servicio de acueducto y alcantarillado en todo el país.
De manera que mientras la ley y reglamentación se mantenga invariable en ese sentido, el AyA no puede válidamente usar el mecanismo de delegación como justificante para no asumir las responsabilidades que se derivan de la titularidad del servicio que le ha sido otorgada por el legislador.
Una interpretación en otro sentido implicaría que se estuviera soslayando la normativa aplicable en desmedro no solo de la prestación del servicio sino de las condiciones que deben privar para que el AyA pueda válidamente y en condiciones de continuidad, eficiencia y eficacia, asumir los directamente la prestación del servicio cuando se configuren los supuestos de hecho establecidos en la normativa y que han sido descritos ampliamente en el presente informe.
Una actuación en ese sentido implicaría por parte del Instituto y del propio ente regulador la violación al principio de inderogabilidad singular de la norma establecido en el numeral 13 de la Ley General de la Administración Pública, y a su vez una violación por omisión al principio de legalidad, en cuanto al ejercicio de las potestades regulatorias establecidas a través de la Ley 7593 por el legislador.
Valga acotar al efecto, que el delegante conserva siempre la obligación de vigilar la gestión del delgado y es responsable con este por culpa en la vigilancia, esto de conformidad con el artículo 91 de la Ley General de la Administración Pública. Esto quiere decir que el AyA tiene responsabilidad en la materia, y en cuanto al cumplimiento de lo establecido en las resoluciones regulatorias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, las cuales le resultan vinculantes.
Entonces tenemos, que lo único que sucede en el caso de las ASADAS es, que el titular (AyA) no desarrolla ni ejecuta la actividad regulada "directamente", porque la delegó en un tercero para que éste lo haga por él, pero ello no le habilita para que pueda desligarse del cumplimiento de las obligaciones que deban cumplir las Asadas a quienes les delegó la prestación del servicio.
Lo anterior cobra mayor relevancia cuando se determina que el instituto en cualquier momento debe avocarse la prestación del servicio delegado para lo cual debe conocer de forma clara y precisa las condiciones en las que este debe estarse desarrollando, así como aquellas en las que efectivamente se está desarrollando, dado que según lo establecido en la Ley Constitutiva, es en principio el instituto el llamado a prestar los servicios de acueducto y alcantarillado a lo largo del país.
Esto no puede ser de otra manera, puesto que el artículo 91 de la Ley General de la Administración Pública también establece que el delegante (AyA), tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado (ASADAS), e inclusive puede ser responsable por culpa en la vigilancia de éstas últimas, según ha quedado descrito supra.
REGULATORIAS DICTADAS POR LA INTENDENCIA DE AGUAS AL AYA Y SU COMUNICACIÓN A LAS ASADAS Del desarrollo contenido en los acápites precedentes ha quedado claro que en el caso de la prestación del servicio público de acueductos y alcantarillados, por mandato legal y reglamentario, el AyA es el prestador titular del servicio público de acueducto y alcantarillado en todo el territorio nacional, mientras que las ASADAS son sólo prestadores "indirectos", las cuales, sin la delegación supra citada y sin la aprobación del Convenio al que alude el inciso g) del artículo 2 de la Ley N.º 2726 y los artículos 2.14, 10, 32 y 35 del Decreto Ejecutivo N.º 42.582-S-MINAE, no podrían prestar este servicio público de manera legal.
Además debe considerarse, que incluso cumpliendo con todos los requisitos de ley y del reglamento citados, las ASADAS no pueden en ninguna circunstancia, ostentar la condición de "titular" de ese servicio público ni solicitar directamente los ajustes de sus tarifas ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos sin la aprobación previa de la Junta Directiva del AyA.
En virtud de lo anterior, es que las resoluciones dictadas por la Intendencia de Agua que atañen al AyA y a las Asadas le deban ser notificadas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y comunicadas a las ASADAS, a efectos de que estas se encuentren informadas de aquello que resuelve el ente regulador.
Con respecto a este tema, siendo el AyA el titular del servicio es a quien le corresponde dar cumplimiento a través de sus delegados a las obligaciones y mandatos regulatorios que establezca la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, lo contrario implicaría desconocer la regulación, limitaciones y alcances que ha dado el legislador y el propio Poder Ejecutivo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en cuanto a su obligación de prestar el servicio en todo el país, como ha quedado claro en el artículo 2 de la Ley Constitutiva del AyA.
En este sentido no debe perderse de vista que las obligaciones e implicaciones contenidas en las resoluciones que dicta la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, respecto a la prestación del servicio público de acueductos y alcantarillado, que desarrollan temas relativos a aspectos que deben ser seguidos en los sistemas que han sido delegados, van dirigidas en primera instancia al titular del servicio a nivel nacional, y de este deben permear a las Asadas, pues quien debe velar por el cumplimiento de estos mandatos como parte del cumplimiento de sus propias obligaciones es el propio AyA.
Es decir, las resoluciones regulatorias que dicte la Autoridad Reguladora que guarden correlación con la prestación tanto directa como indirecta del AyA del servicio de acueductos y alcantarillados, le deben ser notificadas formalmente solo al AyA, lo cual no obsta para que sean remitidas (comunicadas) también a las Asadas, no obstante este segundo paso, no implicaría un requisito de eficacia de la resolución como tal.
Esto en cumplimiento de lo establecido en la propia Ley General de la Administración Pública en sus artículos 239 y 240 en cuanto a la publicación de los actos de alcance general y la notificación de los actos de alcance particular o concretos, los cuales deben ser notificados a la persona física o jurídica obligada en primer término por el contenido de la resolución, que en este caso según ha quedado evidenciado es el AyA como titular del servicio.
Por consiguiente, según lo analizado de forma precedente, resulta claro que en el caso de la resolución impugnada, cuyo contenido resuelve sobre la materia de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, prestado por el AyA de forma indirecta a través de la delegación, quien debe ser notificado formalmente es el instituto y no a las Asadas, según ha quedado demostrado; cumpliéndose con esto con el requisito de eficacia de la notificación al titular del servicio.
En consecuencia no lleva razón el AyA en su argumento, y no se evidencia la existencia una nulidad en el procedimiento en los términos planteados por la parte recurrente en su recurso y petitoria. En el caso bajo estudio, las partes interesadas tuvieron la oportunidad de referirse y conocer la propuesta planteada y posteriormente la resolución que se dictó.
1. El recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución RE-0005-IA-2023, resulta admisible.
2. El AyA omite señalar con precisión en qué casos es que la Aresep presuntamente, hace una utilización indiferenciada de los distintos apelativos. Asimismo, se debe indicar en relación con esta aseveración, que como también lo reconoce el propio AyA en su recurso, su propia ley constitutiva señala que él es el titular de servicio, así como también reconoce que este tiene una rectoría técnica en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales.
Desde esta visión que aporta la propia parte recurrente, no sería un error que se le señale como rector, titular o incluso prestador del servicio, sino que esto no sería más que una consecuencia de la debida aplicación del ordenamiento jurídico.
3. En la resolución impugnada se establecen una serie de obligaciones para el AyA, las cuales se encuentran dadas en consonancia con las obligaciones que le han sido establecidas al instituto en el reglamento de ASADAS, que allí mismo se citan, específicamente lo establecido en los artículos 28 incisos e), f) y k), 31 inciso c), 35, 37 incisos f) y l), 47 inciso g), 49, 52 incisos b) y c), 60 y 64 inciso c) del Reglamento N°42582-S-MINAE, motivo por el cual según lo establecido en el numeral 33 de la Ley 7593, en caso de que el AyA incumpla con lo establecido en la resolución impugnada en relación con las obligaciones que tiene este como rector y titular delegante del servicio, existe la posibilidad de que esto implique una afectación para sucesivas peticiones tarifarias.
4. Existe una obligación clara establecida en el ordenamiento jurídico que es recogida por la propia resolución, puntualizándola en cuanto a velar por el cumplimiento de las NIFF completas por parte de las ASADAS. No debe perderse de vista de que el AyA como delegante, mantiene su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas relativas al servicio público, fiscalizando la ejecución y prestación que haga del servicio la parte delegada. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 91 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual el delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado pudiendo ser responsable junto con este por culpa en la vigilancia.
5. La solicitud de ampliación de los plazos establecidos en la resolución impugnada para el cumplimiento de los requerimientos resulta razonable, por lo que se considera oportuno y conveniente acoger lo pretendido por el AyA y en consecuencia modificar los plazos de cumplimiento establecidos en la resolución RE-0005-IA-2023.
6. El procedimiento que dio como resultado el dictado de la resolución RE-0005IA-2023, que aquí se impugna, contrario a lo señalado por la parte recurrente, se realizó con apego a todas las garantías procesales y sustantivas, incluyendo la celebración de una etapa de consulta pública para que todas las partes interesadas se pudiesen manifestar, en estricto apego con lo señalado en el artículo 9 de la Constitución Política. En este sentido, mediante el informe IN- 0790- DGAU- 2022, la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU), informó que como resultado de la consulta pública, se admitieron nueve oposiciones y una coadyuvancia (folios 2067 al 2069).
7. En consecuencia, se evidencia que en el procedimiento bajo estudio se siguieron las formalidades de ley, y contrario a lo señalado por la parte recurrente, sí se llevó a cabo el proceso de participación ciudadana, tanto en la etapa de consulta pública, como en la etapa de análisis de las oposiciones y posiciones presentadas. A partir de lo cual, no se evidencia la existencia de vicio alguna que genere una nulidad absoluta en los términos manifestados por la representación del AyA.
8. Si bien no se comparte el razonamiento expuesto por la representación de la parte recurrente en cuanto a que el plazo establecido contraviene lo señalado por el artículo 15 de la Ley General de la Administración Pública, así como tampoco se comparte el calificativo de inidóneo esbozado por el AyA, si se considera razonable apoyar lo solicitado por el recurrente en cuanto a la ampliación del plazo para el cumplimiento de lo establecido en la resolución aquí impugnada. Por este motivo, se reitera lo ya analizado en el Punto II de los argumentos de la parte recurrente. Por parte de la Intendencia de Agua, en procura de promover del debido cumplimiento de lo establecido en la resolución RE-0005-IA-2023, y ante lo solicitado por la representación del AyA, se considera que resulta conveniente y oportuno ampliar los plazos de cumplimiento de los requerimientos establecidos en la resolución impugnada.
9. El AyA en su recurso omite señalar de forma clara y precisa cuáles son las responsabilidades o competencias que la Aresep le está "endilgando o transfiriendo". Asimismo, se debe puntualizar que el AyA conserva sus competencias de fiscalización en cuanto al cumplimiento de las disposiciones regulatorias que dicte la Aresep, en aquellos a quienes delegue la prestación del servicio.
10. La línea argumentativa sostenida por la representación del instituto se erige sobre el hecho de que como las Asadas prestan el servicio, su papel en cuanto a ellas es únicamente de rectoría, con lo cual soslaya todas las obligaciones que se derivan de la relación jurídica que surge entre este y las Asadas en virtud de la delegación realizada 11. El hecho de que las Asadas reciban las tarifas que estas cobran por la prestación del servicio en nada implica un rompimiento de las responsabilidades que tiene el instituto para con las Asadas y el cumplimiento que deben hacer estas de la normativa jurídica y técnica aplicable. Es decir, la independencia económica, no implica la existencia de un fuero de inmunidad del AyA respecto al accionar de las Asadas, o lo que es lo mismo, la existencia de independencia económica no implica la desaplicación de lo establecido en el numeral 91 de la LGAP, en relación con los deberes del delegante para con el delegado.
12. Del párrafo visible a folio 14 del recurso no se evidencia que exista una línea argumentativa que implique la nulidad o desaplicación del contenido de la resolución. Asimismo, en cuanto a los alcances y obligaciones de cumplimiento de las Asadas y el AyA la resolución es clara en cuanto a qué le corresponde a cada una.
13. Con el fin de poder brindar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las ASADAS están necesariamente en la obligación de suscribir un convenio de delegación con el AyA; no poseen un título habilitante propio y no existe norma jurídica expresa para que puedan hacerlo directa e independientemente, esto según se desprende de lo establecido en los artículos 2 inciso 14, 6, 8, 28 inciso b), 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 inciso b), 99 y 105, del Reglamento de las ASADAS, Decreto N.° 42582-S-MINAE.
14. Valga señalar, que respecto a esta autorización para la prestación del servicio público de suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, que viene marcada por una delegación de competencias (entendida en sentido jurídico técnico), el AyA conserva, la titularidad del servicio, además de las competencias relativas a la rectoría[7], y las potestades (derechos y obligaciones[8], binomio poder-deber) de fiscalización y rescate[9] en la prestación del servicio brindado por las ASADAS.
7 Esta rectoría entre otras cosas implica que el AyA deba realizar acciones concretas tendentes a la solución de problemas de abastecimiento de agua en acueductos administrados por Asadas, así como asumir su administración al estar en juego el derecho a la vida de las personas y su salud, como ha sido reconocido por la Sala Constitucional en su sentencia N° 2012-009687 del 20 de julio de 2012, y actualmente en el reglamento de ASADAS en sus artículos 31 incido f., y artículos del 82 al 97.
8 Con respecto a los deberes que le impone la normativa respecto a dirección, fiscalización, control y seguimiento de actuaciones de las Asadas, puede verse lo establecido en los artículos 28 incisos e), f) y k), 31 inciso c), 35, 37 incisos f) y l), 47 inciso g), 49, 52 incisos b) y c) y 64 inciso c) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto N°42582-S-MINAE.
9 En este sentido el artículo 95 del Reglamento de Asadas, Decreto N° 42582-S-MINAE, establece que serán Motivos para asumir la prestación de los servicios. El AyA asumirá la prestación de los servicios brindados por las ASADAS, cuando se presente alguno de los siguientes motivos: a. El servicio no se brinda de conformidad con los principios básicos de prestación de los servicios públicos, persistan situaciones irregulares en el funcionamiento de las ASADAS o se hayan agotado los procesos de intervención establecidos en el presente Reglamento. b. En situaciones de emergencia e inminente necesidad, exista afectación o posibilidad de afectación a la salud de la población abastecida por la ASADA. c. La ASADA manifieste su interés en que el AyA asuma la prestación del servicio por la falta de capacidad organizativa requerida u otras que afecten la prestación del servicio dado en delegación por el AyA. d. Existan razones de oportunidad y/o conveniencias debidamente justificadas, para garantizar la satisfacción del interés público (.)".
15. El Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Digital N°223, Alcance N°233 del viernes 4 de setiembre de 2020 (Reglamento de Asadas), faculta al AyA para que asuma de pleno derecho la administración y operación de los acueductos comunales -incluso todo su patrimonio-, cuando estos no presten el servicio adecuadamente, sin hacer distinción si el acueducto fue construido con fondos públicos o comunales, ya que estima que los acueductos son patrimonio del AyA y que este delega su operación mediante el Convenio de delegación.
16. Las Asadas no se encuentran facultadas para acudir directamente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para solicitar un ajuste tarifario, sino que cuando las ASADAS requieren un ajuste en sus tarifas, quien se apersona a la Autoridad Reguladora a solicitarlas es el AyA y no las ASADAS directamente, porque estas, aunque se consideran prestadores de servicios públicos, legalmente no pueden solicitar directamente sus tarifas ante la Autoridad Reguladora[10], esto por cuanto debe aprobarlas de previo, la Junta Directiva del AyA por mandato del artículo 3 de la Ley N.º 2726. En todo momento, el AyA siempre debe ejercer y emitir actos en función de la prestación del servicio que brindan las ASADAS, teniendo inclusive plazos establecidos al efecto.
10 Véase en este sentido lo establecido en el artículo 64 incisos b, c, y e del Decreto Ejecutivo N ° 42.582-SMINAE.
17. La Sala Constitucional costarricense al analizar el tema de la delegación de la responsabilidad de administrar un sistema de acueductos y alcantarillados por parte del AyA en una Asada, estableció que se trata de una "(.) clara figura de concesión de gestión del servicio público, en donde -a pesar del silencio de la ley sobre este particular- es incontestable que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debe retener, ineludiblemente, los poderes de supervisión e intervención necesarios para garantizar la vigencia de los principios fundamentales del servicio público, a saber: continuidad, eficiencia, adaptación e igualdad en el trato de los usuarios (artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública)." (Sentencia N°2006-01651 de las dieciséis horas con treinta y nueve minutos del catorce de febrero del dos mil seis).
18. El AyA como titular del servicio conserva pese a la delegación todas las obligaciones inherentes a la prestación del servicio al punto que no solo puede sino que debe asumir de pleno derecho los sistemas que hayan sido delegados cuando estos se estén operando de forma irregular, o cuando motivos de conveniencia, oportunidad y mérito así lo establezcan, como sucede también mutatis mutandis con los permisos en precario que otorga la Administración[11]. Esta obligación, que deriva de ostentar la titularidad del servicio, es la que implica que los actos relativos a la prestación del servicio de acueductos y alcantarillados en sistemas que hayan sido delegados deban serle notificados al AyA como responsable de estos y en cuanto a las Asadas estos pueden serles comunicados (lo cual no implica un requisito de eficacia en cuanto a esta comunicación).
11 Respecto a los supuestos de hecho en los que el AyA tiene la potestad de asumir la prestación del servicio, pueden verse los artículos 94 y 95 del Reglamento de Asadas, Decreto N° 42582-S-MINAE.
19. El artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública en su inciso c) limita la potestad de delegación al prescribir que no podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las competencias esenciales del órgano, que justifican su existencia.
20. El delegante conserva siempre la obligación de vigilar la gestión del delgado y es responsable con este por culpa en la vigilancia, esto de conformidad con el artículo 91 de la Ley General de la Administración Pública. Esto quiere decir que el AyA tiene responsabilidad en la materia, y en cuanto al cumplimiento de lo establecido en las resoluciones regulatorias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, las cuales le resultan vinculantes.
21. Incluso cumpliendo con todos los requisitos de ley y del reglamento citados, las ASADAS no pueden en ninguna circunstancia, ostentar la condición de "titular" de ese servicio público ni solicitar directamente los ajustes de sus tarifas ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos sin la aprobación previa de la Junta Directiva del AyA.
22. El AyA como titular del servicio es a quien le corresponde dar cumplimiento a través de sus delegados a las obligaciones y mandatos regulatorios que establezca la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, lo contrario implicaría desconocer la regulación, limitaciones y alcances que ha dado el legislador y el propio Poder Ejecutivo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en cuanto a su obligación de prestar el servicio en todo el país, como ha quedado claro en el artículo 2 de la Ley Constitutiva del AyA.
23. Las obligaciones e implicaciones contenidas en las resoluciones que dicta la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, respecto a la prestación del servicio público de acueductos y alcantarillado, que desarrollan temas relativos a aspectos que deben ser seguidos en los sistemas que han sido delegados, van dirigidas en primera instancia al titular del servicio a nivel nacional, y de este deben permear a las Asadas, pues quien debe velar por el cumplimiento de estos mandatos como parte del cumplimiento de sus propias obligaciones es el propio AyA.
24. Las resoluciones regulatorias que dicte la Autoridad Reguladora que guarden correlación con la prestación tanto directa como indirecta del AyA del servicio de acueductos y alcantarillados, le deben ser notificadas formalmente solo al AyA, lo cual no obsta para que sean remitidas (comunicadas) también a las Asadas, no obstante este segundo paso, no implicaría un requisito de eficacia de la resolución como tal. Esto en cumplimiento de lo establecido en la propia Ley General de la Administración Pública en sus artículos 239 y 240 en cuanto a la publicación de los actos de alcance general y la notificación de los actos de alcance particular o concretos, los cuales deben ser notificados a la persona física o jurídica obligada en primer término por el contenido de la resolución, que en este caso según ha quedado evidenciado es el AyA como titular del servicio.
(.)".
II.De conformidad con lo señalado en los resultandos y considerandos precedentes y en el mérito de los autos, lo procedente en el caso bajo estudio es declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por el Instituto Costarricense de Alcantarillados (AyA), contra la resolución RE-005-IA-2023, únicamente en cuanto a la ampliación de los plazos dictados en esa resolución, y en consecuencia modificar los plazos según lo establecido en el informe de marras; tal y como se dispone.
Con fundamento en las facultades conferidas en la Ley N°7593 y sus reformas, en la Ley General de la Administración Pública N°6227, en el Decreto Ejecutivo N°29732-MP, que es el Reglamento a la Ley N°7593 y en el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado.
El INTENDENTE DE AGUA
I.Declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la representación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, únicamente en cuanto a la solicitud de ampliación de los plazos de cumplimiento establecidos en la resolución RE-0005-IA-2023.
| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 24 meses | 36 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS seleccionadas elaboren y presenten a la Autoridad Reguladora, sus estados financieros realizados con base en las NIIF plenas, luego de la publicación de la resolución. | | 5 | Trimestral | Semestral | Corresponde a la periodicidad de entrega por parte del AyA de los informes de avance de la implementación de las NIIF plenas en las ASADAS | | 6 | 24 meses | 42 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, presenten la primera homologación. | | 8 y 9 | 6 meses | 12 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Balance de Situación y presenten los ingresadores solicitados. | | NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 12 meses | 18 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas: a. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de efectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados para la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f. Cualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de valor y que no requiera para ello algún " driver" o metodología de prorrateo. | | 8 | 30 meses | 54 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas: a. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de efectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados para la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f. Cualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de valor y que no requiera para ello algún " driver" o metodología de prorrateo. | | 10 y 11 | 8 meses | 12 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Estado de Resultados y presenten los ingresadores solicitados. | | NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 18 meses | 30 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución para que las ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de gastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten los ingresados solicitados. | | 10 | 38 meses | 66 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución para que las ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de gastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten los ingresadores solicitados. |
III.Señalar que mediante la resolución RE-0007-IA-2023 del 04 de mayo de 2023, dictada por la Intendencia de Agua, se resolvió: "(.) I. Declarar que en la resolución RE-0005-IA-2023, del 17 de abril de 2023, existen dos errores materiales que deben ser corregidos, pues en lugar de consignarse lo relativo al informe IN-019-IA-2023, del 17 de abril que sirvió de base para el dictado de esa resolución según consta a folio 2907, se consignó por error que se resolvía informar "(.) que la lista de ASADAS con las que se iniciará la primera etapa de la implementación de la contabilidad regulatoria está contenida en el Anexo N° 4 del Informe XXX, el cual sirvió de base para el dictado de la presente resolución", situación que junto con el resaltado en amarillo que aparece en ese mismo apartado, deben corregirse. II. Corregir los errores materiales identificados en el párrafo anterior, de manera que el párrafo segundo de la parte dispositiva de la resolución RE-0005-IA-2023, del 17 de
abril de 2023, se lea correctamente de la siguiente forma: "2.Informar que la lista de las ASADAS con las que se iniciará la primera etapa de la implementación de la contabilidad regulatoria está contenida en el Anexo N°4 del informe IN-0019-IA-2023, el cual sirvió de base para el dictado de la presente resolución", eliminando a su vez el resaltado en amarillo. III. Notificar a las partes la presente resolución. IV. Publicar la resolución RE-005-IA-2023 del 17 de abril de 2023, debidamente corregida con base en lo establecido en la presente resolución. (.)".
IV.Declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la representación del Instituto Costarricense de Alcantarillados, en todos los demás extremos peticionados, confirmando en cuanto a estos la resolución recurrida.
V.Declarar que no existe un vicio que deba ser subsanado en cuanto a la notificación de las Asadas de la resolución RE-0005-IA-2023.
VI.Rechazar la pretensión de nulidad absoluta del procedimiento interpuesta por la representación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que según fue analizado supra no existe un vicio en relación con el cumplimiento de lo establecido en el por tanto IV de la resolución RE-0016-JD-2023 del 12 de enero del 2023.
VII.Elevar a la Junta Directiva el recurso de apelación en subsidio y prevenirle al recurrente que cuenta con tres días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, para hacer valer sus derechos ante dicho órgano de alzada.
Se informa a las partes que contra esta resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto en el artículo 343 y 345.1 de la Ley General de la Administración Pública.
RESULTANDO:
RESUELVE:
CONSIDERANDO:
POR TANTO
RESUELVE:
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