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Res. 00038-2019 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · 07/05/2019
OutcomeResultado
The court found INDER's omission unlawful and ordered payment of moral damages and compensation for the impossibility of executing the award, while rejecting most other claims and the standing of the State and SINAC.Se declaró la omisión ilegítima del INDER y se condenó al pago de daño moral subjetivo e indemnización por la imposibilidad de ejecutar la adjudicación, rechazando la mayoría de las otras pretensiones y la legitimación del Estado y SINAC.
SummaryResumen
The Fifth Section of the Contentious-Administrative Tribunal held that INDER engaged in an unlawful omission by failing to annul a 1999 board agreement that awarded a parcel within the Golfo Dulce Forest Reserve to the plaintiff, even though the land belongs to the State's Natural Heritage since 1978 and is therefore inalienable and imprescriptible under the Forestry Law. The court dismissed the main claims seeking annulment of a 2007 agreement revoking a special titling procedure, but ordered INDER to pay subjective moral damages and to compensate the plaintiff for the impossibility of executing that award due to the unlawful omission. The State and SINAC were found not to have standing and the claim was partially successful.La Sección V del Tribunal Contencioso Administrativo resolvió que el INDER incurrió en una conducta omisiva ilegítima al no anular un acuerdo de su Junta Directiva de 1999 que adjudicó una parcela dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce a la actora, pese a que dicho terreno es parte del Patrimonio Natural del Estado desde 1978 y, por tanto, inalienable e imprescriptible según la Ley Forestal. El tribunal rechazó las pretensiones principales de nulidad del acuerdo de 2007 que revocó un procedimiento especial de titulación, pero condenó al INDER al pago de daño moral subjetivo y a indemnizar a la actora por la imposibilidad de ejecutar esa adjudicación, debido a la omisión ilegítima que mantuvo vigente un acto declarativo de derechos contrario a derecho. Se declaró la falta de legitimación pasiva del Estado y del SINAC y parcialmente con lugar la demanda.
Key excerptExtracto clave
This Tribunal considers that the omission incurred by the former IDA and the current INDER in failing to declare detrimental the agreement number VI of session 002-99 of January 6, 1999, which declared the plaintiff María Félix Zúñiga Solano and Pedro Miguel Chavarría Chavarría as awardees of parcel 23 sector 4 of the Osa Peasant Settlement, is contrary to Article 174(1) of the General Public Administration Law, as it has kept in force a declaratory act of rights in favor of the plaintiff and a third party that cannot be executed because it is manifestly contrary to Articles 13, 14 and 15 of the Forestry Law (No. 7575 in force since April 16, 1996) and Article 3 of Executive Decree 8494-A. This unlawful omission has negatively affected the plaintiff's legal sphere, placing her in a state of uncertainty she should not bear, still awaiting the titling and delivery of the deed for parcel 23 sector 4, which is impossible because the land forms part of the State's Natural Heritage.Considera este Tribunal que la omisión en que ha incurrido el antiguo IDA y el actual INDER en declarar lesivo el acuerdo número VI de la sesión 002-99 del 06 de enero de 1999, en que declara como adjudicatarios a la actora María Félix Zúñiga Solano y a Pedro Miguel Chavarría Chavarría de la parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, pues ha mantenido vigente en tiempo un acto declarativo de derechos a favor de la actora y un tercero, que no puede ser ejecutado por ser resultar manifiestamente contrario a lo dispuesto en los numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575 vigente desde el 16 de abril de 1996); 3 del Decreto Ejecutivo 8494-A. Dicha omisión ilegítima ha incidido negativamente en la esfera jurídica de la demandante, pues el INDER la colocó en un estado de incertidumbre que no tiene el deber de soportar, dado que sigue a la espera de que se titule a su nombre y se le entregue la escritura de propiedad sobre la parcela 23 sector 4, lo cual, resulta imposible ejecutar por constituir un terreno que forma parte del Patrimonio Natural del Estado.
Pull quotesCitas destacadas
"Considera este Tribunal que la omisión en que ha incurrido el antiguo IDA y el actual INDER en declarar lesivo el acuerdo número VI de la sesión 002-99 del 06 de enero de 1999… resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, pues ha mantenido vigente en tiempo un acto declarativo de derechos a favor de la actora y un tercero, que no puede ser ejecutado por ser resultar manifiestamente contrario a lo dispuesto en los numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal…"
"This Tribunal considers that the omission incurred by the former IDA and the current INDER in failing to declare detrimental the agreement number VI of session 002-99… is contrary to Article 174(1) of the General Public Administration Law, as it has kept in force a declaratory act of rights in favor of the plaintiff and a third party that cannot be executed because it is manifestly contrary to Articles 13, 14 and 15 of the Forestry Law…"
Considerando VII
"Considera este Tribunal que la omisión en que ha incurrido el antiguo IDA y el actual INDER en declarar lesivo el acuerdo número VI de la sesión 002-99 del 06 de enero de 1999… resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, pues ha mantenido vigente en tiempo un acto declarativo de derechos a favor de la actora y un tercero, que no puede ser ejecutado por ser resultar manifiestamente contrario a lo dispuesto en los numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal…"
Considerando VII
"Dicha omisión ilegítima ha incidido negativamente en la esfera jurídica de la demandante, pues el INDER la colocó en un estado de incertidumbre que no tiene el deber de soportar, dado que sigue a la espera de que se titule a su nombre y se le entregue la escritura de propiedad."
"This unlawful omission has negatively affected the plaintiff's legal sphere, placing her in a state of uncertainty she should not bear, still awaiting the titling and delivery of the deed."
Considerando VII
"Dicha omisión ilegítima ha incidido negativamente en la esfera jurídica de la demandante, pues el INDER la colocó en un estado de incertidumbre que no tiene el deber de soportar, dado que sigue a la espera de que se titule a su nombre y se le entregue la escritura de propiedad."
Considerando VII
"El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. …se necesitan dos requisitos, uno objetivo tal como lo es el hecho o la conducta que motiva el daño, y otro subjetivo constituido por la certeza en el sujeto que lo sufre, de que aquélla es la causa de su lesión."
"The right to claim compensation from the Administration shall prescribe in four years from the fact giving rise to liability. …two requirements are necessary: an objective one, i.e., the fact or conduct causing the damage, and a subjective one, consisting of the certainty of the injured party that such fact is the cause of the harm."
Considerando VIII
"El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. …se necesitan dos requisitos, uno objetivo tal como lo es el hecho o la conducta que motiva el daño, y otro subjetivo constituido por la certeza en el sujeto que lo sufre, de que aquélla es la causa de su lesión."
Considerando VIII
"No justifica la omisión de la Junta Directiva del actual INDER… en torno a cumplir la obligación impuesta en el numeral 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido de que «La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley»."
"The omission of the current INDER's Board of Directors… does not justify failing to comply with the obligation under Article 174(1) of the General Public Administration Law, which states: «The Administration shall be obliged to annul ex officio the absolutely null act, within the limits of this Law»."
Considerando VII
"No justifica la omisión de la Junta Directiva del actual INDER… en torno a cumplir la obligación impuesta en el numeral 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido de que «La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley»."
Considerando VII
Full documentDocumento completo
VII.REGARDING THE DECENNIAL POSSESSION ALLEGED BY THE PLAINTIFF AND THE SCOPE OF AGREEMENT VI OF SESSION 002-99 OF JANUARY 6, 1999, IN WHICH SHE WAS DECLARED AN ADJUDICATEE OF PARCEL 23-4 OF THE OSA PEASANT SETTLEMENT (ASENTAMIENTO CAMPESINO OSA). In the first instance, the discussion regarding whether the plaintiff met the requirement of possessing parcel 28 of sector 4 of the Osa Peasant Settlement, 10 years prior to June 1, 1978—the date of creation of the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce)—loses relevance in this specific case, given that the Board of Directors of the IDA itself declared a subjective right in her favor over said land described in cadastral plan number P-1027420-2005, insofar as it declared her an adjudicatee (adjudicataria) thereof as of January 6, 1999, a status recorded in official letter OSO-009-06 of January 9, 2006, signed by the Head of the IDA Subregional Office in Osa (images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, viewable in the filings folder of the virtual case file; folios 173 and 179 of the judicial case file).
Notwithstanding the foregoing, it is necessary to point out that from the evidentiary elements brought to the case, it does not follow that the plaintiff possessed the land (parcel 23, sector 4 of the OSA Peasant Settlement) that forms part of farm 39334-000, registered in the name of the IDA since January 21, 1982, and which was the result of the consolidation of properties with registration numbers 8947-000, 22046-000, and 22048, which were expropriated by the State and transferred to the ITCO, so that it could use them in a land titling program in the so-called Osa Peasant Settlement (folios 18, 29, 42 to 56, 353 to 424 of the judicial case file). In that regard, witness José Ramón Jiménez Tenorio only specified a matter of time, manner, and place, relating to the fact that prior to 1966, the plaintiff had not arrived at Rincón de San Josecito de Drake—the place where, according to his statement, the property that is the subject of this proceeding is located.
In that sense, although he affirms that said property belonged to other people who occupied it before the creation of the park and that they sold it to the plaintiff, he also states that he does not remember when that sale occurred, apart from the fact that he did not indicate the names of those people, noting that he had no direct relationship with them. Likewise, the first witness maintained that as of 1966, the year he arrived at Rincón de San Josecito de Drake, the lands belonged to the State; however, subsequently, in response to a question posed by the plaintiff's representative, he stated that the company Osa Forestal bothered them and did not allow them to enter, although he did not specify which specific place they were prohibited from entering. Finally, he maintains that the plaintiff had been on the land for a long time and that she planted cacao and laurel, but that he does not know why those crops did not work for her (see digital backup of the testimonial statement of José Ramón Jiménez Tenorio, given at the trial hearing held on April 2, 2019, in the associated documents folder of the virtual case file).
For her part, witness Luz Mary Jiménez Solórzano maintained that she entered the area where the farm subject to the proceeding is located around 1976 or 1977, and that she does not know how many years Macaria Aguirre—who allegedly sold the property to the plaintiff—or María Félix Zúñiga Baltodano had been on that land. Likewise, she points out that the plaintiff lived on said property and tried to work it, but it did not work out for her, so she worked with some gringos on the beach and also in Corcovado Park (Parque Corcovado), although she is currently retired and lives in Agujitas de Drake (see digital backup of the testimonial statement of Luz Mary Jiménez Solórzano, given at the trial hearing held on April 2, 2019, in the associated documents folder of the virtual case file). In the case of witness Miguel Herra Miranda, he clarified that although he began working in 1979 for the then Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización), it was not until 1986 that he began carrying out oversight inspections in the Osa Peasant Settlement.
That in that year, when he visited parcel 23, sector 4 of said settlement, the plaintiff was on the land doing work, as was also the case in 1999, at which time the plaintiff was on the farm accompanied by Pedro Chavarría Chavarría. That by 2005 and 2006, the plaintiff was no longer living on the land, nor has she occupied it to date (see digital backup of the testimonial statement of Miguel Herra Miranda, given at the trial hearing held on April 5, 2019, in the associated documents folder of the virtual case file). Regarding witness Elfrin López Castro, he declared—in what is relevant—that he has no relationship with the plaintiff, and that he has known her since 1985, when a meeting of peasants (campesinos) was held in Drake (see digital backup of the testimonial statement of Elfrin López Castro, given at the trial hearing held on April 5, 2019, in the associated documents folder of the virtual case file).
Finally, although it is true that in the sworn statement that the plaintiff submitted along with the titling request, based on the special procedure created for that purpose by the IDA Board of Directors, through agreement number 39 of session number 044-05 of November 14, 2005, it is indicated that “…she acquired said farm by purchase of improvements with authorization from the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), made from Mrs. Macaria Aguirre Álvarez in the year nineteen seventy-three; who in turn publicly took possession of the property in the year nineteen sixty-five, as it was vacant land (terreno baldío) at that time…” (folios 176 to 177 of the judicial case file; images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, viewable in the filings folder of the virtual case file); it is also true that said statement contains a series of inconsistencies.
In that sense, it is worth highlighting that in 1973, the Institute of Agrarian Development did not exist, but rather the Institute of Lands and Colonization, without prejudice to the fact that farms 8947-000, 22046-000, and 22048, which through Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 10088-G-H of May 2, 1979, were expropriated by the State from the company Osa Productos Forestales S.A. (Agroindustrial Rincón S.A.), which in turn transferred them to the ITCO, so that it could use them in a land titling program in the so-called Osa Peasant Settlement, originating farm 39334-000, within which parcel 23, sector 4, described in cadastral plan number P-1027420-2005, is comprised. In view of the foregoing, the ITCO could not have authorized the alleged transfer claimed by the plaintiff, given that it was unable to dispose of those lands, since they were not vacant lands, but rather were the property of the company Osa Productos Forestales, S.A., with which it even signed a preliminary settlement agreement on November 20, 1974, aimed at transferring to the ITCO the areas of the farms of its property that were necessary, following the conduct of censuses and studies by that entity, in order to provide economically exploitable lands to those occupants who qualified as precarious possessors (poseedores en precario) (folios 4 to 5, 18, 29, 35 to 40, 42 to 56, 353 to 424 of the judicial case file).
Consequently, from the evidence brought to the case record, it does not follow that the plaintiff possessed the land directly, or by adding the alleged possession of previous occupants, ten years prior to June 1, 1978, the date of creation of the Osa Forest Reserve (recital II, subsection b, of this judgment). Now then, as indicated above, said circumstance loses relevance in this specific case, given that the IDA Board of Directors itself issued a favorable act to the plaintiff and a third party regarding parcel 23, sector 4 of the Osa Peasant Settlement, described in cadastral plan number P-1027420-2005, insofar as it declared her, together with Pedro Miguel Chavarría Chavarría—her common-law partner at that time—adjudicatees of that land as of January 6, 1999, a status recorded in official letter OSO-009-06 of January 9, 2006, signed by the Head of the IDA Subregional Office in Osa (images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, viewable in the filings folder of the virtual case file; folio 173 of the judicial case file).
Although it is true that the IDA Board of Directors could not dispose of land that, as of June 1, 1978, became part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), upon the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve, given that it constitutes a public domain asset (bien demanial) characterized as being inalienable, unseizable, and imprescriptible; it is also true that it is not proven that said agreement was rendered without effect by the Board of Directors of the then IDA or the current INDER (recital II, subsection c, of this judgment). Now then, the fact that said agreement cannot be executed, and therefore, the property described in cadastral plan 1027429-000 cannot be titled in the name of the plaintiff in the Public Registry—which implies that claim 7 of the complaint must be denied, as ordered in the preceding recital—since, in accordance with the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law (Ley Forestal, number 7575, in force since April 16, 1996); 170 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública); 3 of Executive Decree 8494-A, and judgment number 2007-008098 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), at 4:24 p.m. on June 12, 2007, in the amparo appeal filed by the plaintiff here, María Félix Zúñiga Baltodano, and others against the Institute of Agrarian Development and others, processed under case file 07-007540-0007-CO, “…there exists a material impossibility for the respondents to title lands within forest reserves because such a proceeding is unconstitutional, as ordered by this Court (…) without prejudice to the appellants being able to initiate against the respondents such actions as they deem pertinent in the ordinary administrative contentious jurisdiction (vía ordinaria contencioso administrativa), aimed at the protection of their interests and rights…” (folios 155 to 164 of the judicial case file); this does not justify the omission of the Board of Directors of the current INDER, formerly IDA, regarding compliance with the obligation imposed in numeral 174, subsection 1), of the General Law of Public Administration, to the effect that “..The Administration shall be obligated to annul ex officio the absolutely null act, within the limitations of this Law…”, which implied a declaration of injuriousness (declaratoria de lesividad) under the terms of Articles 173 of the General Law of Public Administration; 10, 35, 37, subsection 3), of the Law Regulating the Administrative Contentious Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), in force at that time (images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, viewable in the filings folder of the virtual case file).
This Court considers that the omission incurred by the former IDA and the current INDER in declaring injurious agreement number VI of session 002-99 of January 6, 1999, in which it declares as adjudicatees the plaintiff María Félix Zúñiga Solano and Pedro Miguel Chavarría Chavarría of parcel 23, sector 4 of the Osa Peasant Settlement, is contrary to the provisions of Article 174, subsection 1), of the General Law of Public Administration, since it has kept in force over time a declaratory act of rights in favor of the plaintiff and a third party, which cannot be executed because it is manifestly contrary to the provisions of numerals 13, 14, and 15 of the Forestry Law (number 7575, in force since April 16, 1996); 3 of Executive Decree 8494-A. Said illegitimate omission has negatively affected the legal sphere of the plaintiff, as INDER placed her in a state of uncertainty that she has no duty to bear, given that she continues to wait for the property to be titled in her name and for the title deed (escritura de propiedad) to be delivered to her for parcel 23, sector 4, which is impossible to execute because it constitutes land that forms part of the Natural Heritage of the State, so that, even though it is comprised within farm 39334-000 registered in the name of the former IDA, now INDER, said institution is not authorized to alienate or encumber it, as it is a public domain asset, in accordance with the provisions of numerals 14 and 15 of Forestry Law number 7575.
In view of the foregoing, this Court finds that the State and SINAC do not constitute the authors of the omissive conduct declared illegitimate in this declaratory proceeding (proceso de conocimiento), since in compliance with both the obligation imposed by Executive Decree 8494-A itself, in terms of identifying those persons whose situation fit the factual scenario provided for in numeral 8 of that Executive Decree; and the operative part of judgment number 1997-2456 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, MINAE proceeded to census the plaintiff in accordance with the provisions of Executive Decrees number 8494-A, 938-A, and 10142-A, even though she did not appear as an appellant in case file number 92-0003605-0007-CO in which said judgment was issued, as can be seen from official letter number DM-816-203 of April 23, 2003, viewable at folios 75 and 93 of the judicial case file.
At this point, it is necessary to emphasize that by the date on which the Minister of Environment and Energy (Ministro de Ambiente y Energía) informed the Constitutional Chamber about the partial results of the census of occupants on lands comprised within the Golfo Dulce Forest Reserve, the IDA Board of Directors had already issued the adjudication agreement for parcel 28, sector 4 of the Osa Peasant Settlement—comprised within said forest reserve and described in cadastral plan number P-1027420-2005—since that formal conduct was issued as of January 6, 1999. Therefore, this Court considers that, as there exists a declaratory act of subjective rights in favor of the plaintiff over said property, what was provided for in Articles 8 and 9 of Executive Decree 8494-A, concerning determining whether the persons occupying lands comprised within the Golfo Dulce Forest Reserve were doing so on a farm registered in their name; on a farm with decennial possession prior to June 1, 1978; or on farms under precarious possession, as a sine qua non requirement for the State, through MINAE and SINAC, to manage the direct purchase or expropriation of those lands “…that are within the demarcation of this Reserve and that are indispensable for its integration…”, was no longer applicable—in principle.
So much so, that the plaintiff and the property adjudicated to her by INDER do not appear on the list of farms acquired by the State through purchase or donation within the Golfo Dulce Forest Reserve, as of November 9, 2015, viewable in images 55 to 57 of the brief submitted by the State on January 12, 2016, found in the filings folder of the virtual case file. Therefore, the defense of lack of standing (excepción de falta de legitimación) raised by the representative of SINAC is upheld, and the lack of passive standing (falta de legitimación ad causam pasiva) of the State is declared, and the complaint is declared inadmissible with respect to both.
VIII.ON THE STATUTE OF LIMITATIONS (PRESCRIPCIÓN) ALLEGED BY THE THREE CO-DEFENDANTS, REGARDING THE INDEMNIFICATION CLAIMS FILED AS ACCESSORY CLAIMS BY THE PLAINTIFF. In the first instance, and given that the defense of lack of standing raised by the representative of SINAC was upheld and the lack of passive standing was declared with respect to the State, it is irrelevant to address the statute of limitations defenses that both raised, so this collegiate body will only refer to the one raised by the attorney for INDER. In the first instance, the 10-year period provided for in Article 868 of the Civil Code (Código Civil) is not applicable, since the object of the proceeding is to review the legality of conduct by the Public Administration, specifically of INDER (formerly IDA), and to determine the appropriateness or not of the indemnification claims filed as accessory claims, so the applicable rules of public law must be applied.
Likewise, this collegiate body finds that the provisions of Article 873 of the Civil Code in relation to Article 868 of that same regulatory body are also not applicable to this specific case, because we are not facing the scenario of an enforcement of judgment number 1997-2456 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 10:15 a.m. on November 2, 2007, in order to resolve the amparo appeal processed under case file number 92-003605-0007-CO, given that the plaintiff in this declaratory proceeding does not appear as an appellant in said amparo (see folios 892 to 899 of the judicial case file). Now then, as can be seen from the list of claims viewable at folios 2230 to 2236 of the judicial case file, we are not facing a civil hacienda proceeding in which the indemnification claim is the central object thereof, but rather, on the contrary, we are facing a declaratory proceeding in which formal and omissive conduct of INDER is challenged.
In that sense, it is worth recalling that although in recital V of this judgment, the expiration (caducidad) raised by the representative of said institute regarding the annulment claims of agreement number 35 of ordinary session number 040-2007 of November 19, 2007, was rejected; it is also true that, in accordance with the provisions of Article 40 of the Administrative Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), omissive conduct shall be challengeable as long as its continued effects subsist. The foregoing is relevant in this case, since, as analyzed in the preceding recital, the IDA Board of Directors itself issued a favorable act to the plaintiff and a third party regarding parcel 23, sector 4 of the Osa Peasant Settlement, described in cadastral plan number P-1027420-2005, insofar as it declared her, together with Pedro Miguel Chavarría Chavarría—her common-law partner at that time—adjudicatees of that land as of January 6, 1999, a status recorded in official letter OSO-009-06 of January 9, 2006, signed by the Head of the IDA Subregional Office in Osa (images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, viewable in the filings folder of the virtual case file; folio 173 of the judicial case file).
However, INDER has kept in force a declaratory act of rights in favor of the plaintiff and a third party, which cannot be executed because it is manifestly contrary to the provisions of numerals 13, 14, and 15 of the Forestry Law (number 7575, in force since April 16, 1996); 3 of Executive Decree 8494-A, despite the fact that numeral 174, subsection 1), of the General Law of Public Administration, imposes on it the obligation to “…annul ex officio the absolutely null act, within the limitations of this Law…”. The foregoing implies that the omissive conduct incurred by INDER has continued effects that persist to date, since it is not proven that said institute rendered without effect, through the channels provided for that purpose in Articles 173 of the General Law of Public Administration, 10, and 35 of the Law Regulating the Administrative Contentious Jurisdiction—in force at that time—said declaratory act of rights in favor of the plaintiff (recital II, subsection c, of this judgment).
Now then, it is necessary to emphasize that it was not until the issuance of judgment number 2007-008098 at 4:24 p.m. on June 12, 2007, in the amparo appeal filed by the plaintiff here, María Félix Zúñiga Baltodano, and others against the Institute of Agrarian Development and others, processed under case file 07-007540-0007-CO, that the plaintiff had effective knowledge of the fact that could give rise to the possible liability of the Administration, specifically of INDER, since recital III of that judgment indicates that “…there exists a material impossibility for the respondents to title lands within forest reserves because such a proceeding is unconstitutional, as ordered by this Court (…) without prejudice to the appellants being able to initiate against the respondents such actions as they deem pertinent in the ordinary administrative contentious jurisdiction, aimed at the protection of their interests and rights…” (folios 155 to 164 of the judicial case file).
In view of the foregoing, this Court finds that the alleged statute of limitations raised by the representative of INDER based on Article 198 of the General Law of Public Administration, regarding the indemnification claims that the plaintiff files as accessory to the main claims—annulment of formal acts and declaratory claims for omissive conduct related to the failure to title and deliver the title deed for parcel 23, sector 4 of the Osa Peasant Settlement—is not appropriate, not only because, as the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) has considered: "...Article 198 of the LGAP establishes: 'The right to claim indemnification from the Administration shall prescribe in four years, counted from the event that gives rise to the liability.' Although the rule under comment provides that the period is counted from the event that gives rise to the liability, this Chamber has considered that to '(…) determine the start of the prescriptive period, two requirements are needed, one objective, such as the event or conduct that causes the damage, and another subjective, consisting of the certainty in the person suffering it that said event or conduct is the cause of their injury.
These requirements do not always occur simultaneously, and it falls to the interpreter to determine them, which, under the constitutional principle of effective protection (tutela efectiva), can be no other than when there is knowledge of the harmful event' (Judgment no. 456-F-2007 of 2:30 p.m. on July 2, 2007. In that regard, see rulings no. 844-F-S1-2016 of 10:10 a.m. on August 11, 2016, 279-F-S1-2014 of 8:55 a.m. on February 26, 2014, and 490-F-S1-2012 of 8:50 a.m. on April 19, 2012)..."; but also because we are not facing a civil hacienda proceeding, given that the indemnification claims were filed accessorily to the annulment claims of formal acts and to the declaratory claims for omissive conduct related to the failure to title and deliver the title deed for parcel 23, sector 4 of the Osa Peasant Settlement, which, as indicated both in this recital and in recital V of this judgment, were filed in accordance with the provisions of Articles 39 and 40 of the Administrative Contentious Procedure Code.
In that sense, it is reiterated that the plaintiff had effective knowledge of the fact that could give rise to the liability of the Administration, specifically of INDER, as of June 12, 2007, the date on which the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice indicated that although it was not possible to title in favor of the appellants—among whom is the plaintiff—lands comprised within the Golfo Dulce Forest Reserve, given that they form part of the Natural Heritage of the State since June 1, 1978, this did not prevent “…the appellants from being able to initiate against the respondents such actions as they deem pertinent in the ordinary administrative contentious jurisdiction, aimed at the protection of their interests and rights…” (folios 155 to 164 of the judicial case file). For all the foregoing reasons, the defense of statute of limitations raised by the representative of INDER is rejected."
Drafted by Judge Nombre113722, with the affirmative vote of judges Mena García and Polinaris Vives; and,
CONSIDERING:
The following facts that are relevant for this proceeding are deemed duly accredited:
According to cadastral map P/1027420-2005; Located in Los Planes de Drake, Sierpe District, Osa Canton, Puntarenas Province, measuring 29 Ha…” (page 173 of the judicial file);
As relevant to this proceeding, the following are deemed not demonstrated: a) That the plaintiff was notified of agreement 35 of ordinary session number 040-07 of November 19, 2007, adopted by the IDA Board of Directors (there is no evidence in the file); b) That the plaintiff had possessed the land directly, or by adding the alleged possession of previous occupants, for ten years prior to June 1, 1978, the date of creation of the Osa Forest Reserve (it does not follow from the testimonial statements given by Nombre115268, Nombre115269, Nombre34677, and Nombre115270, nor from the sworn statement (declaración jurada) visible on pages 176 to 177 of the judicial file; and from images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, visible in the pleadings folder of the virtual file); c) That the IDA Board of Directors –currently INDER– rendered null and void, through the means provided for that purpose in the legal system, the agreement contained in article VI of session number 002-99 held on January 6, 1999, in which it awarded the plaintiff and Nombre115266, the Dirección14234, , located within the Golfo Dulce Forest Reserve (there is no evidence in the file proving this); d) That the plaintiff had been somehow prevented from collecting the environmental services in the forest protection modality authorized by the INDER Board of Directors in the agreement partially transcribed above (there is no evidence in the file).-
In general terms, it consists of seeking a declaration of nullity of agreement 35 of session 0040-2007 of November 10, 2007, of the INDER Board of Directors –which ordered that agreement 39 of session number 44-05 of November 14, 2005 be rendered null and void, in which, allegedly in compliance with the Constitutional Chamber’s order in judgment number 1997-256 of May 2, 1997, a special procedure was created to title lands in favor of those who held a property title or possession (posesión) within the Golfo Dulce Reserve–, given that, in her view: i) It was not notified to the plaintiff; ii) It implies disregarding the adverse possession (usucapión) rights recognized in favor of the plaintiff through OSO-009-06 of January 9, 2005, over parcel 23 of the INDER Osa Settlement, included in the Golfo Dulce Forest Reserve. That for the above reasons, she requests that the respective deed (escritura) for parcel 23, sector 4 of the INDER Osa Settlement be delivered to the plaintiff.
She also seeks damages (daños y perjuicios) to be borne by the State and, alternatively, by SINAC and INDER, for prohibiting her from exercising her rights over parcel 23 of the Osa Settlement from 1978 until their effective payment (which she estimates at 2 million colones per year) and for the impossibility of receiving the forest incentives from FONAFIFO (to be established during the execution of judgments). She also seeks that the three co-defendants be ordered, jointly and severally or proportionally, to pay subjective moral damages (daño moral subjetivo), which she has suffered for over 50 years under indescribable conditions in the place subject to conflict while waiting for a fair payment for the property she has possessed for over ten years, which she estimates at 50 million colones. As an Alternative Claim, she requests that the State and, alternatively, SINAC and INDER, be ordered to pay the value of the property, estimated at a price not less than 10 million colones per hectare, which was the market price determined when this proceeding was originally filed.-
In the opening arguments of the trial hearing held on April 2 and 5, 2019 (see digital recording of that proceeding, in the associated documents folder of the virtual file), the State’s representative raised the objection of substantive res judicata, and INDER’s legal representative reiterated it, since, in its case, it had already been dismissed by oral resolution number 1452-2016-T of 2:22 p.m. on June 30, 2016, issued by the Processing Judge (Juez Tramitador) at the preliminary hearing held on that same date (see image 2 of the file containing the minutes of the preliminary hearing and the digital recording of that same proceeding, visible in the associated documents folder of the virtual file). Firstly, it should be noted that while it is true that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, by judgment number 2008-14134 of 9:04 a.m. on September 24, 2008, dismissed the amparo appeal processed under case file number 08-008420-0007-CO, filed on June 6, 2008, by the plaintiff Nombre115261 and others against the then Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), in which the agreement contained in article 35 was challenged, adopted by that entity’s Board of Directors in ordinary session number 040-2007 held on November 19, 2007, which resolved to revoke agreement number 39 of session 44-05 of November 14, 2005 of the IDA Board of Directors, concerning the special titling procedure for the Golfo Dulce Forest Reserve (pages 1279 to 1297, 1306 of the judicial file); it is also true that in the final part of that judgment, the Constitutional Court is clear in stating that “…if the Chamber were to seek to determine whether in this matter the petitioners are beneficiaries or not of any right over the parcels of said Settlement and from what date, it is obvious that what has been stated exceeds the field of constitutionality and is linked to mere legality.
For the reasons stated, since it was not possible to find that any injury to the fundamental rights of the petitioners was proven, this appeal must be dismissed, although warning that this ruling does not prejudge the validity of the challenged administrative acts. Consequently, the petitioners must, if they so choose, resort to the administrative litigation jurisdiction to assert their rights…” (pages 1729 to 1735 of the judicial file; the highlighting is not from the original). In other words, the Constitutional Chamber itself indicates that the administrative litigation venue is the competent jurisdiction for the appellants to assert their rights, since its judgment does not prejudge the validity of the agreement contained in article 35, adopted by that entity’s Board of Directors in ordinary session number 040-2007 held on November 19, 2007. This is because it must first be determined whether the appellants –among them, the plaintiff in this plenary proceeding– are or are not “…beneficiaries of the IDA or whether they have any right of occupation or property with respect to any parcel in the Osa Campesino Settlement derived from an act issued directly by the Board of Directors or by the Subregional Office of the respondent Institute…”, and therefore, whether the challenged agreement –that is, article 35 of ordinary session number 040-2007 held on November 19, 2007– had or did not have the effect of suppressing or denying subjective rights that the IDA Board of Directors or the IDA Subregional Office in Osa might have declared through an administrative act in favor of those who filed that amparo appeal, just as the Processing Judge considered at the time of dismissing the defense of substantive res judicata raised by INDER’s representative at the preliminary hearing on June 30, 2016.
This is also without prejudice to the fact that judgment number 2008-14134, which serves as the basis for the co-defendants’ objection of res judicata, is much earlier than ruling number 2014-12825 issued by the Constitutional Chamber itself at 3:05 p.m. on August 6, 2014, in which it introduced the so-called “constitucional substantive res judicata (cosa juzgada material constitucional)” (see image 2 of the file containing the minutes of the preliminary hearing and the digital recording of that same proceeding, visible in the associated documents folder of the virtual file). For the reasons stated, the objection of substantive res judicata raised by the persons representing the State and INDER is dismissed.
This Tribunal considers that, in this case, the provisions of Transitory Provision III of the Contentious-Administrative Procedure Code and Article 175 of the General Public Administration Law –before the reform introduced by Law number 8508– are not applicable, but rather numeral 39.1.a of the Contentious-Administrative Procedure Code, for the reasons set forth below: a) While it is true that the agreement contained in article 35, which the IDA Board of Directors unanimously approved in ordinary session number 040-2007 held on November 19, 2007, became final before the entry into force of the Contentious-Administrative Procedure Code (January 1, 2008), it is also true that the plaintiff first learned of it on June 6, 2008 –since said agreement was not notified to her (recital II, paragraph a of this judgment), despite the fact that on February 2, 2006, she filed a request for titling of Dirección13781, under the special titling procedure in the Osa Campesino Settlement included in the Golfo Dulce Forest Reserve, which in any case had already been awarded to her by the INDER Board of Directors since January 6, 1999 (pages 165 to 170 of the judicial file and images 46 to 59 of INDER’s brief responding to the lawsuit, visible in the pleadings folder of the virtual file)–, the date on which she filed the amparo appeal processed under case file 08-008420-0007-CO against the IDA, seeking a declaration of absolute nullity of the agreement adopted by that entity’s Board of Directors, which resolved to revoke the one that had created the Special Procedure for the Titling of lands located in the Osa Campesino Settlement, included within the Golfo Dulce Forest Reserve (pages 1278 to 1307 of the judicial file); b) Because the plaintiff learned of the challenged agreement (article 35 unanimously approved in ordinary session number 040-2007 by the IDA Board of Directors on November 19, 2007) only on June 6, 2008, at which time the Contentious-Administrative Procedure Code was already in force, the applicable expiration period is the one-year period provided for in numeral 39 of that normative body, and not the four-year period established in Article 175 of the General Public Administration Law –before the reform introduced by Law number 8508–, given that, although the challenged act became final before the Contentious-Administrative Procedure Code was in force, the plaintiff was not notified of it by the IDA before January 1, 2008; c) Furthermore, it is established that on March 17, 2009, the plaintiff filed an incident of new facts and expansion of claims in the plenary proceeding in which her case was originally processed –that is, in case file 08-000110-0161-CA–, to the effect that “…Board of Directors Agreement No. 35 of session 040-2007, held on November 10, 2007, be declared null, and that Board of Directors Agreement No. 39 of session 44-05 of the session held on November 14, 2005, be in full force and effect…” (pages 1009 to 1013 of the judicial file).
Consequently, the claim for nullity against the agreement contained in article 35 of ordinary session number 040-2007 held by the IDA Board of Directors on November 19, 2007, was filed within the one-year period established in numeral 39 of the Contentious-Administrative Procedure Code, calculated from June 6, 2008, the date on which the plaintiff learned of said agreement, as analyzed in paragraph a) of this recital; d) At this point, it should be noted that while it is true that this case file has been assigned number 15-006080-1027-CA, this is due to the following: the original lawsuit was filed on February 14, 2008, and was processed under case file 08-000110-0161-CA, with its facts and claims being expanded in relation to agreement 35 of ordinary session number 040-2007 held on November 19, 2007, through a brief dated March 17, 2009 (pages 177 to 237, 1009 to 1013 of the judicial file).
Subsequently, and by oral resolution issued on May 25, 2009, the Judges who at that time were processing the various plenary proceedings in which cases similar to the one at hand are being discussed, ordered the joinder –among others– of case file 08-000110-0161-CA to case file 08-000111-161-CA (pages 1034 to 1037 of the judicial file). However, by resolution issued at 1:42 p.m. on November 10, 2014, the Processing Judge ordered: “…Thus, the conclusion reached by the Tribunal is that the only possible solution to allow the matter to proceed and guarantee the full exercise of the adversarial principle is its separation, not by geography or legal situation but by property, according to the attached table. Once this decision is final, the physical separation of the case files will proceed, and the parties will be informed of the assigned file number, the judge assigned, and the date for the continuation of the preliminary hearing…” (pages 2040 to 2046 of the judicial file).
It is for the above reasons that the proceeding initiated by the plaintiff was assigned file number 15-006080-1027-CA; however, it is reiterated that the original lawsuit was filed on February 14, 2008, and the expansion of facts and claims related to agreement 35 of ordinary session number 040-2007 held on November 19, 2007, was received by this Office on March 17, 2009. Therefore, as analyzed in the preceding paragraphs, it was filed within the one-year period provided for in numeral 39 of the Contentious-Administrative Procedure Code, calculated from June 6, 2008, the date on which the plaintiff learned of the challenged agreement. e) For all the foregoing reasons, the expiration objection raised by INDER’s representative is dismissed.-
VI.REGARDING THE LEGALITY OF AGREEMENT 35 OF ORDINARY SESSION 040-2007 AND THE SCOPE OF AGREEMENT 39 OF ORDINARY SESSION 39-2005, BOTH OF THE IDA BOARD OF DIRECTORS, IN THIS SPECIFIC CASE. This Tribunal finds as follows: i) First of all, it must be stated that agreement 39 approved by the IDA Board of Directors in ordinary session number 044-05 of November 14, 2005, did not per se entail the granting of a subjective right in favor of those who availed themselves of the special procedure for titling parcels in the Osa Campesino Settlement, registered in the name of the IDA under real property registration number Placa20756 and included within the Golfo Dulce Forest Reserve (pages 4 to 6, 11 to 13, 18 to 29, 42 to 58, 353 to 424 of the judicial file). This is because it was limited to regulating a procedural channel in order to “…deliver property titles in favor of those occupants who demonstrate a possession (posesión) of at least ten years prior to June 1, 1978, the date on which the Golfo Dulce Forest Reserve was created by decree…”.
To that end, the interested party had to meet a series of requirements, among which it was essential to submit to the IDA Subregional Office in Osa, “…legal documents that demonstrate the ten-year possession exercised prior to June 1, 1978 (…) A sworn statement rendered before a Notary Public stating the petitioner’s length of possession, the name, surnames, and other particulars of the person from whom they acquired their right, as well as the chain of transmission of the same as of July 1, 1968…”. Once the application with all the requirements provided for in paragraphs two and three of that same agreement was received, the IDA Subregional Office in Osa, in joint action with the Osa Conservation Area Directorate (Dirección del Área de Conservación Osa) of MINAE (Ministry of Environment and Energy), had to conduct an ocular inspection (inspección ocular) on the property sought to be titled, in order to –among other things–: “… a) Verify on the site itself the presence of the occupant as the owner of the land. b) Verify boundaries, verify that there are no overlaps or presence of third-party occupants. c) Describe the nature of the real property. d) Draw up the corresponding act (acta), which shall be signed by the indicated officials. e) Verify the investigated information with the database, censuses, and documents held by the IDA subregional office in Osa…”.
Subsequently, the regional representative of MINAE and the IDA through the Osa Subregional Office would issue the respective recommendation, either to grant or deny the requested title; these actions had to be recorded in the file created for that purpose, which would be sent to the Director of the Brunca Region of INDER, whose legal advisory team would verify the content of the file and issue the recommendation on the case. “…In the event that the examination is positive, the segregation and transfer of the property to be titled will be recommended to the titling area, and it will submit it to the IDA Board of Directors for the corresponding agreement to be issued…” (pages 117 to 122 of the judicial file; digital recording of the testimonial statement of Nombre115267 during the trial hearing held on April 5, 2019, visible in the associated documents folder of the virtual file). Consequently, agreement 39 of ordinary session number 044-05 of November 14, 2005, adopted by the INDER Board of Directors, was limited to regulating a procedure aimed at establishing, in each specific case, whether or not the applicant met one of the requirements provided for in Article 8 of Executive Decree number 8494-A, which created the Golfo Dulce Forest Reserve as of June 1, 1978 –namely: properties with ten-year possession prior to the establishment of the reserve– and, if so, segregating the respective parcel or lot from the parent property 39334-000 registered in the name of the IDA and granting them a property title over the segregated real property.
Therefore, since agreement 30 of ordinary session number 44-05 of November 14, 2005, did not constitute an act declaring subjective rights, a lesivity procedure (procedimiento de lesividad) was not required to render it null and void; ii) At this point, it must be emphasized that the purpose of the special procedure set forth in agreement 30 of ordinary session number 44-05 of November 14, 2005, by the IDA Board of Directors –the titling of parcels in the Osa Campesino Settlement included within the Golfo Dulce Forest Reserve– was contrary not only to the provisions of numerals 9 and 10 of Executive Decree number 8494-A, since in cases of registered properties with ten-year possession prior to the creation of the forest reserve, or in precarious possession (with less than ten years), the direct purchase or expropriation of lands reduced to private ownership that were within the reserve would be arranged, or the relocation and resettlement of occupants with more or less than ten years of possessing lands within it; but also to the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law (Ley Forestal) (number 7575 in force since April 16, 1996) and Article 3 of Executive Decree 8494-A, according to which, lands located within the reserve boundaries –such as those of the Osa Campesino Settlement– not only were automatically incorporated into the State’s Natural Heritage, but also, this implies that they are “…unseizable and inalienable; their possession (posesión) by private individuals shall not give rise to any right in their favor, and the State’s action to recover (acción reivindicatoria) these lands is imprescriptible.”
Consequently, they cannot be registered in the Public Registry via possessory information, and both the invasion and the occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law…”; iii) By reason of the foregoing paragraphs, the action agreed upon by the Board of Directors of the IDA in the formal conduct challenged by the plaintiff, to “…Revoke agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005, regarding titling in the Golfo Dulce Forest Reserve…,” is not contrary to law, given that “…the encumbrance as a Forest Reserve on the lands registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario makes their inclusion in the Natural Heritage automatic, and it is barred from granting property titles to private parties…” (folio 641, 1307 of the judicial file; images 59, 114 to 120 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, visible in the filings folder of the virtual file).
In this regard, it is necessary to reiterate that it is contrary to law to title lands that have formed part of the State’s Natural Heritage since June 1, 1978, pursuant to the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal (number 7575 in force since April 16, 1996) and Article 3 of Decreto Ejecutivo 8494-A, even though farm 39334-000 has been registered in the name of the IDA since January 21, 1982 (folios 4 and 5 of the judicial file) and that Decreto Ejecutivo number 10088-G-H establishes in Article 5 that “…The Procuraduría General de la República is authorized to appear before the notary public indicated by the Instituto de Tierras y Colonización to execute the corresponding transfer deed for the expropriated properties and, in the same act, to transfer them to said Institute, which shall destine them for the purposes of law number 2825 of October 14, 1961, and its amendments…” (folios 18 and 29 of the judicial file), as recorded in deed number 40 executed before notaries public Eduardo Ching Murillo and Jorge Manuel Solano Chinchilla at 4:00 p.m. on July 12, 1979 (folios 353 to 424 of the judicial file), given that said lands have been unseizable, imprescriptible, and inalienable since June 1, 1978; iv) Now, although in principle the plaintiff should have been notified of that agreement, since on February 2, 2006, she submitted, based on the special land titling procedure regulated in agreement 39 of ordinary session number 044-05 of November 14, 2005, an application seeking to title in her name—initially and later both in her favor and that of Nombre115266, identity card number CED91109, who at that time was her partner—parcel number 23 sector 4 of the IDA’s Asentamiento Campesino Osa, a farm with real folio registration number Placa4406, included in the Golfo Dulce Forest Reserve—which in any case had already been awarded to them by the IDA’s Board of Directors through the agreement contained in Article VI of session number 002-99 of January 6, 1999— (images 48 to 59, 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, visible in the filings folder of the virtual file; folios 165, 166, 168 to 170 of the judicial file); it is also true that the lack of notification incurred by the IDA did not have the effect of denying or eliminating a subjective right, in the terms of Article 223 of the Ley General de la Administración Pública.
The foregoing, because in the specific case, the processing of the special titling procedure was limited solely to the receipt of the documents provided for in the second and third sections of agreement 39 of ordinary session number 044-05 of November 14, 2005, to the point that the field inspection provided for in section four of that same agreement was not even carried out in this instance (see digital recording of the testimonial statement of Nombre115267, given at the trial hearing held on April 5, 2019, visible in the associated documents folder of the virtual file; folios 165, 166, 168 to 170, 641 to 652 of the judicial file; images 46 to 59 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, visible in the filings folder of the virtual file). Likewise, the revocation of the agreement approving the special procedure for titling parcels in the IDA’s Asentamiento Campesino Osa also did not nullify the declaratory act of rights adopted by the IDA’s Board of Directors in the agreement contained in Article VI of session number 002-99 of January 6, 1999, through which it declared “…beneficiaries and awardees of lots and parcels in the Asentamiento Osa, Los Planes de Drake sector, located in Sierpe de Osa, in the Province of Puntarenas, Región Brunca…” to the plaintiff Nombre115261 and her partner at that time, Nombre115266, for parcel 23 sector 4 of that settlement, since in any case, for that purpose a declaration of lesividad (declaratoria de lesividad) was required in the terms of Articles 173 of the Ley General de la Administración Pública—the version prior to its reform by the Código Procesal Contencioso Administrativo—and 10 and 35 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, in force at that time (images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, visible in the filings folder of the virtual file).
On this point, it is necessary to highlight that in this case, official communication OSO-009-06 of January 9, 2006, signed by the Head of the IDA’s Subregional Office in Osa, reflects the provisions of the Board of Directors of that same entity, through agreement number VI of session 002-99 of January 6, 1999, stating that “…according to our Database, censuses, and files, Mrs. Nombre115261, identity card CED91108, appears registered as a Beneficiary of the IDA in the capacity of Awardee of Parcel No. 23, Sector 4, Asentamiento Campesino Osa. According to cadastral map P/1027420-2005; Located in Los Planes de Drake, Sierpe District, Osa Canton, Puntarenas Province, measuring 29 Ha…” (folio 173 of the judicial file); v) Finally, and contrary to what the plaintiff argued, judgment number 1997-2456 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia at 11:03 a.m. on May 2, 1997, in the amparo remedy processed under file number 1992-003605-0007-CO—in which the plaintiff did not appear as a petitioner, as can be inferred from the document visible at folios 892 to 899 of the judicial file—does not imply an abstract recognition of a right in favor of every possessor or owner of lands included in the Golfo Dulce Forest Reserve in the terms of Article 8 of Decreto Ejecutivo 8494-A to be expropriated in accordance with the provisions of numeral 9 of that same regulatory body, not only because the order directs that MINAE, through the Dirección General Forestal or the Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, must “…starting from notification of this ruling, proceed to comply with the provisions of Decretos Ejecutivos 8494-A, 9388-A, and 10142-A and initiate the expropriation proceedings…”; but also because the judgment is clear in establishing that that same Ministry must “…proceed to develop, jointly with those petitioners who result from the census as being legitimate owners or possessors, a land exploitation plan consistent with the Regime to which the lands are subject and that allows the legitimate owners or possessors their livelihood and subsistence while the expropriation process lasts…” (folios 69 to 73 of the judicial file).
Consequently, it is Decreto Ejecutivo 8494-A itself that imposes on MINAE the duty to determine those persons whose situation fits the factual scenario provided for in numeral 8 of that Decreto Ejecutivo (namely: registered farm; with ten-year possession prior to June 1, 1978, or farms in precarious possession), as a sine qua non requirement for it to manage the direct purchase or expropriation of those lands “…that are found within the demarcation of this Reserve and that are indispensable for its integration…” (Article 9 of Decreto Ejecutivo 8494-A); which in no way implies that the Sala Constitucional, by judgment number 1997-2456, declared that every occupant of lands included in the Osa Forest Reserve has that condition per se and that, therefore, they must be expropriated, whether or not they appeared as petitioners in the amparo in which that pronouncement was issued. Without prejudice to the fact, moreover, that agreement 30 of ordinary session number 44-05 of November 14, 2005, approved by the IDA’s Board of Directors, illegitimately exceeded not only what was ordered by the Sala Constitucional in judgment 1997-2456, but also the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal (number 7575 in force since April 16, 1996); and Articles 3, 8, 9, and 10 of Decreto Ejecutivo 8494-A, since through that act, the IDA’s Board of Directors created a special procedure for titling parcels in the Asentamiento Campesino Osa within the Golfo Dulce Forest Reserve, despite the fact that since June 1, 1978, those lands became part of the State’s Natural Heritage and are therefore inalienable, imprescriptible, and unseizable; vi) For all the foregoing, this Court considers that agreement number 35 of ordinary session 040-2007 held by the IDA’s Board of Directors on November 19, 2007, does not suffer from the absolute nullity defects alleged by the representative of the plaintiff, for which reason principal claims 1 to 7 are groundless and must be so declared.
VII.REGARDING THE TEN-YEAR POSSESSION ALLEGED BY THE PLAINTIFF AND THE SCOPE OF AGREEMENT VI OF SESSION 002-99 OF JANUARY 6, Placa21560 BY WHICH SHE WAS DECLARED AS AWARDEE OF PARCEL 23-4 OF THE ASENTAMIENTO CAMPESINO OSA. In the first instance, the discussion regarding whether the plaintiff met the requirement of possessing parcel 28 of sector 4 of the Asentamiento Campesino Osa ten years before June 1, 1978—the date of creation of the Golfo Dulce Forest Reserve—loses interest in the specific case, given that the IDA’s Board of Directors itself declared a subjective right in her favor over said land described in cadastral map number P-1027420-2005, insofar as it declared her the awardee thereof since January 6, 1999, a condition recorded in official communication OSO-009-06 of January 9, 2006, signed by the Head of the IDA’s Subregional Office in Osa (images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, visible in the filings folder of the virtual file; folios 173 and 179 of the judicial file).
Notwithstanding the foregoing, it is necessary to point out that from the evidentiary elements brought to the case, it cannot be inferred that the plaintiff possessed the land (parcel 23 sector 4 of the Asentamiento Campesino OSA) that forms part of farm 39334-000, registered in the name of the IDA since January 21, 1982, and that resulted from the consolidation of properties with registration numbers Placa20660, Placa20661, and Placa21562, which were expropriated by the State and transferred to the ITCO so that it could use them in a land titling program in the so-called Asentamiento Campesino Osa (folios 18, 29, 42 to 56, 353 to 424 of the judicial file). In that sense, witness Nombre115268 only specified an aspect of time, manner, and place regarding the fact that before the year 1966, the plaintiff had not arrived in Rincón de San Josecito de Drake—the place where, according to his statement, the property subject to this proceeding is located.
In that regard, although he states that said property belonged to other people who occupied it before the creation of the park and who sold it to the plaintiff, he also states that he does not remember when that sale occurred, apart from not indicating the name of those persons, as he notes he had no direct relationship with them. Likewise, the first witness maintained that by 1966, the year he arrived in Rincón de San Josecito de Drake, the lands belonged to the State; however, subsequently and when asked a question by the plaintiff’s representative, he stated that the Osa Forestal company bothered them and did not let them enter, although he did not specify which specific place they were prohibited from entering. Finally, he maintains that the plaintiff had been on the land for a long time and planted cocoa and laurel, but that he does not know why those crops did not work for her (see digital recording of the testimonial statement of Nombre115268, given at the trial hearing held on April 2, 2019, in the associated documents folder of the virtual file).
For her part, witness Nombre115269 stated that she entered the area where the farm subject to the proceeding is located around 1976 or 1977, and that she does not know how many years Nombre115271—who allegedly sold the property to the plaintiff—or Nombre115261 had been on that land. Likewise, she points out that the plaintiff lived on said property and tried to work it, but it did not work out, so she worked with some gringos on the beach and also in Corcovado park, although she is currently retired and lives in Agujitas de Drake (see digital recording of the testimonial statement of Nombre115269, given at the trial hearing held on April 2, 2019, in the associated documents folder of the virtual file). In the case of witness Nombre115270, he clarified that although he began working in 1979 for the then Instituto de Tierras y Colonización, it was not until 1986 that he began conducting oversight inspections in the Asentamiento Campesino Osa.
That in that year, when he visited Dirección14235 of said settlement, the plaintiff was on the land doing work, as was the case in 1999, when the plaintiff was on the farm accompanied by Nombre115266. That by 2005 and 2006, the plaintiff was no longer living on the land, nor has she occupied it to date (see digital recording of the testimonial statement of Nombre115270, given at the trial hearing held on April 5, 2019, in the associated documents folder of the virtual file). As for witness Nombre34677, he testified—in what is relevant—that he has no relationship with the plaintiff and has known her since 1985, when a meeting of campesinos was held in Drake (see digital recording of the testimonial statement of Nombre34677, given at the trial hearing held on April 5, 2019, in the associated documents folder of the virtual file). Finally, although it is true that in the sworn declaration that the plaintiff submitted together with the titling application, based on the special procedure created for that purpose by the IDA’s Board of Directors through agreement number 39 of session number 044-05 of November 14, 2005, it is stated that “…said farm was acquired by purchase of improvements with authorization from the Instituto de Desarrollo Agrario, made to Mrs.
Nombre115271 in the year nineteen seventy-three; who in turn took public possession of the property in the year nineteen sixty-five, it being vacant land at that time…” (folios 176 to 177 of the judicial file; images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, visible in the filings folder of the virtual file); it is also true that said declaration incurs a series of inconsistencies. In that sense, it is worth noting that in 1973, the Instituto de Desarrollo Agrario did not exist, but rather the Instituto de Tierras y Colonización, without prejudice to the fact that farms 8947-000, 22046-000, and 22048, which through Decreto Ejecutivo number 10088-G-H of May 2, 1979, were expropriated by the State from the company Osa Productos Forestales S.A. (Agroindustrial Rincón S.A.), which in turn transferred them to the ITCO so that it could use them in a land titling program in the so-called Asentamiento Campesino Osa, giving rise to farm 39334-000 in which is located parcel 23 sector 4, described in cadastral map number P-1027420-2005.
By reason of the foregoing, the ITCO could not have authorized the alleged transfer asserted by the plaintiff, given that it was unable to dispose of those lands, since they were not vacant but rather the property of the company Osa Productos Forestales, S.A., with which it even signed a preliminary settlement agreement on November 20, 1974, aimed at transferring to the ITCO the areas of the farms owned by it that were necessary, after the completion of censuses and studies by that entity, in order to provide economically exploitable lands to those occupants who qualified as possessors in precarious (poseedores en precario) (folios 4 to 5, 18, 29, 35 to 40, 42 to 56, 353 to 424 of the judicial file). Consequently, from the evidence brought to the record it cannot be inferred that the plaintiff possessed the land directly or by adding the alleged possession of previous occupants, ten years before June 1, 1978, the date of creation of the Osa Forest Reserve (considerando II section b of this judgment).
Now, as indicated supra, said circumstance loses interest in the specific case, given that the IDA’s Board of Directors itself issued an act favorable to the plaintiff and a third party over parcel 23 sector 4 of the Asentamiento Campesino Osa, described in cadastral map number Placa21563, insofar as it declared her, together with Nombre115266—at that time her common-law partner—awardees of that land since January 6, 1999, a condition recorded in official communication OSO-009-06 of January 9, 2006, signed by the Head of the IDA’s Subregional Office in Osa (images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, visible in the filings folder of the virtual file; folio 173 of the judicial file). Although it is true that the IDA’s Board of Directors could not dispose of land that since June 1, 1978, became part of the State’s Natural Heritage upon the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve, given that it constitutes a demanial property (bien demanial) characterized by being inalienable, unseizable, and imprescriptible; it is also true that it is deemed unproven that said agreement was nullified by the Board of Directors of the then IDA or the current INDER (considerando II section c of this judgment).
Now, the fact that said agreement cannot be executed and, therefore, the property described in cadastral map Placa21564 cannot be titled in the name of the plaintiff in the Public Registry—which implies that claim 7 of the complaint must be denied, as ordered in the preceding considerando—since in accordance with the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal (number 7575 in force since April 16, 1996); 170 of the Ley General de la Administración Pública; 3 of Decreto Ejecutivo 8494-A, and judgment number 2007-008098 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia at 4:24 p.m. on June 12, 2007, in the amparo remedy filed by the plaintiff herein Nombre115261 and others against the Instituto de Desarrollo Agrario and others, processed under file 07-007540-0007-CO, “…there exists a material impossibility for the respondents to title lands within forest reserves because such action is unconstitutional, as determined by this Court (…) without prejudice to the petitioners’ ability to initiate against the respondents such actions as they deem appropriate in the ordinary contentious-administrative jurisdiction, aimed at protecting their interests and rights…” (folios 155 to 164 of the judicial file); does not justify the omission of the Board of Directors of the current INDER, formerly IDA, in complying with the obligation imposed in numeral 174 subsection 1) of the Ley General de la Administración Pública, to the effect that “…The Administration shall be obligated to annul ex officio the absolutely null act, within the limitations of this Law…,” which implied a declaration of lesividad in the terms of Articles 173 of the Ley General de la Administración Pública; 10, 35, 37 subsection 3) of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, in force at that time (images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, visible in the filings folder of the virtual file).
This Court considers that the omission incurred by the former IDA and the current INDER in declaring lesivo agreement number VI of session 002-99 of January 6, 1999, which declares as awardees the plaintiff Nombre115272 and Nombre115266 of Dirección14234, is contrary to the provisions of Article 174 subsection 1) of the Ley General de la Administración Pública, since it has maintained in force over time a declaratory act of rights in favor of the plaintiff and a third party that cannot be executed because it is manifestly contrary to the provisions of numerals 13, 14, and 15 of the Ley Forestal (number 7575 in force since April 16, 1996); and 3 of Decreto Ejecutivo 8494-A. Said illegitimate omission has negatively affected the legal sphere of the plaintiff, since INDER placed her in a state of uncertainty that she has no duty to bear, given that she continues awaiting the property to be titled in her name and the property deed for Dirección14235 to be delivered to her, which is impossible to execute because it constitutes land that forms part of the State’s Natural Heritage, so even though it is included in farm 39334-000 registered in the name of the former IDA, now INDER, said institution is not authorized to alienate or encumber it as it is a demanial property, pursuant to the provisions of numerals 14 and 15 of Ley Forestal number 7575.
By reason of the foregoing, this Court considers that the State and SINAC are not the authors of the omissive conduct declared illegitimate in this plenary proceeding, since in compliance both with the obligation imposed by Decreto Ejecutivo 8494-A itself, to the effect of determining those persons whose situation fit the factual scenario provided for in numeral 8 of that Decreto Ejecutivo, and with the operative part of judgment number 1997-2456 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, MINAE proceeded to census the plaintiff in accordance with the provisions of Decretos Ejecutivos numbers 8494-, 938-A, and 10142-A, even though she did not appear as a petitioner in file number 92-0003605-0007-CO in which said judgment was issued, as can be inferred from official communication number DM-816-203 of April 23, 2003, visible at folios 75 and 93 of the judicial file.
On this point it is necessary to emphasize that by the date on which the Minister of Environment and Energy informed the Sala Constitucional of the partial results of the census of persons occupying lands within the Golfo Dulce Forest Reserve, the IDA’s Board of Directors had already issued the award agreement for parcel 28 Dirección14236—located within said forest reserve and described in cadastral map number P-1027420-2005—given that this formal conduct was issued on January 6, 1999. Therefore, this Court considers that given the existence of a declaratory act of subjective rights in favor of the plaintiff over said property, the provisions of Articles 8 and 9 of Decreto Ejecutivo 8494-A—concerning determining whether the persons occupying lands within the Golfo Dulce Forest Reserve did so on a farm registered in their name; on a farm with ten-year possession prior to June 1, 1978; or on farms under precarious possession, as a sine qua non requirement for the State, through MINAE and SINAC, to manage the direct purchase or expropriation of those lands “…that are found within the demarcation of this Reserve and that are indispensable for its integration…”—were no longer applicable in principle.
This is so evident that the plaintiff and the property awarded to her by INDER do not appear on the list of farms acquired by the State through purchase or donation within the Golfo Dulce Forest Reserve as of November 9, 2015, visible in images 55 to 57 of the brief submitted by the State on January 12, 2016, contained in the filings folder of the virtual file. Therefore, the lack of standing defense raised by SINAC’s representative is upheld, and the lack of passive ad causam standing of the State is declared, and the complaint is declared inadmissible with respect to both.
VIII.ON THE STATUTE OF LIMITATIONS (PRESCRIPCIÓN) RAISED BY THE THREE CO-DEFENDANTS REGARDING THE COMPENSATORY CLAIMS ASSERTED ACCESSORILY BY THE PLAINTIFF. In the first instance, and given that the lack of standing defense raised by SINAC’s representative was upheld and the lack of passive ad causam standing with respect to the State was declared, it is pointless to address the statute of limitations defenses raised by both, so this collegiate body will refer only to the one raised by INDER’s representative. In the first instance, the 10-year period provided for in Article 868 of the Código Civil is not applicable, since the object of the proceeding is to review the legality of conduct by the Public Administration, specifically INDER (formerly IDA), and to determine the propriety or not of the compensatory claims asserted accessorily, and therefore the applicable public law norms must be applied.
Likewise, this collegiate body considers that the provisions of Article 873 of the Código Civil in relation to Article 868 of that same regulatory body are also not applicable to the specific case, because we are not before the scenario of an execution of judgment number 1997-2456 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia at 10:15 a.m. on November 2, 2007, resolving the amparo remedy processed under file number 92-003605-0007-CO, since the plaintiff in this plenary proceeding does not appear as a petitioner in said amparo (see folios 892 to 899 of the judicial file). Now, as can be inferred from the list of claims visible at folios 2230 to 2236 of the judicial file, we are not before a civil treasury proceeding in which the compensatory claim is the central object of the same, but rather we are before a plenary proceeding in which formal and omissive conduct by INDER is being challenged.
In that sense, it should be recalled that although in considerando V of this judgment the caducity (caducidad) raised by the representative of said institute with respect to the annulment claims against agreement number 35 of ordinary session number 040-2007 of November 19, 2007, was rejected; it is also true that, pursuant to the provisions of Article 40 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, omissive conduct shall be challengeable as long as its continued effects persist. The foregoing is relevant in this case, because as analyzed in the preceding considerando, the IDA’s Board of Directors itself issued an act favorable to the plaintiff and a third party over Dirección14234, described in cadastral map number P-1027420-2005, insofar as it declared her, together with Nombre115266—at that time her common-law partner—awardees of that land since January 6, 1999, a condition recorded in official communication OSO-009-06 of January 9, 2006, signed by the Head of the IDA’s Subregional Office in Osa (images 72 to 73 of the brief submitted by INDER on January 5, 2016, visible in the filings folder of the virtual file; folio 173 of the judicial file).
Nevertheless, INDER has maintained in force a declaratory act of rights in favor of the plaintiff and a third party that cannot be executed because it is manifestly contrary to the provisions of numerals 13, 14, and 15 of the Ley Forestal (number 7575 in force since April 16, 1996); and 3 of Decreto Ejecutivo 8494-A, despite the fact that numeral 174 subsection 1) of the Ley General de la Administración Pública imposes the obligation to “…annul ex officio the absolutely null act, within the limitations of this Law…”. The foregoing implies that the omissive conduct incurred by INDER has continued effects that persist to date, since it is deemed unproven that said institute nullified, through the means provided for that purpose in Articles 173 of the Ley General de la Administración Pública and 10 and 35 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa—in force at that time—said declaratory act of rights in favor of the plaintiff (considerando II section c of this judgment).
Now, it is necessary to highlight that it was not until the issuance of judgment number 2007-008098 at 16:24 hours on June 12, 2007, in the amparo action filed by the plaintiff here Nombre115261 and others against the Instituto de Desarrollo Agrario and others, processed under expediente 07-007540-0007-CO, that the claimant gained effective knowledge of the fact that could give rise to the possible liability of the Administration, specifically the INDER, since Considerando III of that judgment indicates that “…there exists a material impossibility for the respondents to title lands within forest reserves because such action is unconstitutional, as ordered by this Court (…) without prejudice to the claimants’ ability to initiate against the respondents the actions they deem pertinent in the ordinary administrative litigation jurisdiction, aimed at protecting their interests and rights…” (folios 155 to 164 of the judicial expediente).
By reason of the foregoing, this Court deems that the asserted statute of limitations (prescripción) raised by the INDER’s representative based on Article 198 of the Ley General de la Administración Pública, regarding the compensatory claims that the plaintiff formulates as accessory to the principal ones –annulment of formal acts and declaratory claims for omissive conduct related to the lack of titling and delivery of the property deed for Dirección14234– is not appropriate, not only because, as the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia has considered: "...Article 198 of the LGAP establishes: 'The right to claim compensation from the Administration shall be barred by the statute of limitations (prescripción) in four years, counted from the fact that gives rise to the liability.' Although the rule under commentary provides that the period is counted from the fact that gives rise to the liability, this Chamber has considered that in order to '(…) determine the starting point of the statute of limitations period, two requirements are needed: one objective, such as the fact or conduct that causes the damage, and another subjective, consisting of the certainty in the subject who suffers it, that this is the cause of his injury.
These requirements do not always occur simultaneously, and it falls to the interpreter to determine them, which, under the constitutional principle of effective protection, can be none other than the moment when the harmful fact becomes known' (Sentencia no. 456-F-2007 at 14 hours 30 minutes on July 2, 2007. In that sense, see resolutions no. 844-F-S1-2016 at 10 hours 10 minutes on August 11, 2016, 279-F-S1-2014 at 8 hours 55 minutes on February 26, 2014, and 490-F-S1-2012 at 8 hours 50 minutes on April 19, 2012)..."; but also because we are not in a civil tax proceeding, given that the compensatory claims were asserted accessory to the annulment claims of formal acts and to the declaratory claims for omissive conduct related to the lack of titling and delivery of the property deed for Dirección14234, which as indicated both in this Considerando and in number V of this judgment, were asserted in accordance with Articles 39 and 40 of the Código Procesal Contencioso Administrativo.
In that sense, it is reiterated that the claimant gained effective knowledge of the fact that could give rise to the Administration’s liability, specifically the INDER’s, as of June 12, 2007, the date on which the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia indicated that although it was not possible to title the land in favor of the claimants –among whom the plaintiff is found– within the lands comprised in the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce), given that they have formed part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) since June 1, 1978, this did not prevent “…the claimants from being able to initiate against the respondents the actions they deem pertinent in the ordinary administrative litigation jurisdiction, aimed at protecting their interests and rights…” (folios 155 to 164 of the judicial expediente). For all the foregoing reasons, the defense of statute of limitations (prescripción) raised by the INDER’s representative is rejected.
This is so much the case that, from the sworn statement given by the claimant before Notary Public Ramón Zumbado Retana, at 14:00 hours on January 11, 2006; as well as from the testimonial statements of Nombre115268, Nombre115269, and Nombre115270, it can be inferred that the claimant has used the land after it was declared part of the Forest Reserve (Reserva Forestal), since she has planted laurel, cacao, and pasture, although with negative results (see digital backup of the testimonial statements of Nombre115268, Nombre115269, and Nombre115270, given at the trial hearings held on April 2 and 5, 2019 –respectively–, in the associated documents folder of the virtual expediente; folios 168 to 169 of the judicial expediente; images 47 and 48 of the brief filed on January 5, 2016 by the INDER, in the associated documents folder of the virtual expediente). Without prejudice to the fact that through an agreement adopted by the INDER’s Board of Directors (Junta Directiva) in article 77 of ordinary session number 023-2013, held on September 30, 2013, it was definitively ordered: “…To authorize the payment for environmental services (pago de servicios ambientales) in the forest protection (protección al bosque) modality, for the lands described in the cadastral maps: 4- P-1027420-2005…” which describes plot number 23 sector 4 of the Asentamiento Campesino Osa, comprised within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce).
Said agreement was notified to the plaintiff at 11:55 hours on December 20, 2013, through someone who claimed to be her forestry regent (regente forestal) (images 76 and 77 of the memorial presented by the INDER on January 5, 2016, visible in the briefs folder of the virtual expediente). At this point, it is worth noting that the plaintiff did not prove that she had been somehow prevented from effectively collecting the payment for environmental services (servicios ambientales) in the forest protection (protección del bosque) modality, which was authorized for her by the INDER’s Board of Directors (Junta Directiva) in the agreement partially transcribed above (Considerando II section d of this judgment). That for all the foregoing reasons, this collegiate body deems that claims number 8 and 9 for alleged damages caused as a result of an alleged absolute prohibition on the use of natural resources of plot 23 sector 4 of the Asentamiento Campesino Osa, because it is located in a Forest Reserve (Reserva Forestal), are completely devoid of any factual and legal basis. ii) Regarding subjective moral damages (daño moral subjetivo).
The plaintiff seeks to be awarded the sum of fifty million colones (¢50,000,000.00) as compensation for subjective moral damages (daño moral subjetivo), for the suffering and afflictions she has endured, as a result of having suffered for more than fifty years indescribable conditions in the place under dispute, while waiting for a fair payment for the farm she has possessed, a situation that forced her to seek sources of work to try to subsist since she was not allowed to use the natural resources existing on the land. In that sense, it must be remembered that, although in cases where subjective moral damages (daño moral subjetivo) are alleged, it is not necessary to prove their amount; it is also true that one must prove not only the existence of the damage, but also the causal link with the conduct that allegedly caused it, with the exception of those cases where, by human experience, the suffering, anguish, or pain caused as a result of a specific conduct is evident, which is the case here.
This is because the subjective moral damages (daño moral subjetivo) arise from the uncertainty and wear caused to the claimant by waiting for the INDER to proceed to title Dirección14234 in her name, comprised within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce), which was allocated to her by the IDA’s Board of Directors (Junta Directiva) since January 6, 1999, an agreement that, while it is true cannot be executed for being contrary to the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law (Ley Forestal) (number 7575) and Article 3 of Decreto Ejecutivo number 8494-A, it is also true that the INDER has omitted its obligation to annul it ex officio, in accordance with the procedural channels set forth in Article 173 of the Ley General de la Administración Pública. Notwithstanding the foregoing, it should be noted that such suffering and uncertainty are attenuated, not only because it has been proven that the claimant had the effective possibility of using the natural resources of Dirección14235 once the forest reserve (reserva forestal) was established; but also because she worked at the Corcovado National Park (Parque Nacional Corcovado) until she retired, without prejudice to the fact that she currently lives in the Agujitas sector of Osa, as witness Nombre115269 stated in the first part of the trial hearing held on April 2, 2019 (see digital backup of that proceeding, in the associated documents folder of the virtual expediente).
By reason of all the foregoing, the Instituto de Desarrollo Rural is ordered to pay one million five hundred thousand colones as subjective moral damages (daño moral subjetivo) (¢1,500,000.00), the effective liquidation and due adjustment of which shall be carried out in the judgment enforcement phase, once this ruling becomes final.
With respect to subsidiary claims 1 and 2, aimed at having the plaintiff paid, by way of expropriation (expropiación), the value of plot 23 sector 4 of the Asentamiento Campesino Osa, with an area of 299,918.31 square meters, described in cadastral map number P-1027420-2005, by virtue of allegedly having possessed it for more than ten years before the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce) through Decreto Ejecutivo 8494-A, a status as a beneficiary by usucapion (usucapiente) that according to her statement was recognized by official communication OSO-09-06 of January 9, 2006, this Court declares them without merit. This is because, as analyzed in Considerandos VI and VII of this judgment, the evidence brought to the case file does not show that the plaintiff possessed the land directly, or by adding the alleged possession of previous occupants, for ten years before the creation of the Osa Forest Reserve (Reserva Forestal Osa) (June 1, 1978), nor that through official communication OSO-09-06 of January 9, 2006, the Head of the Subregional Office of the then Instituto de Desarrollo Agrario in Osa recognized her as a beneficiary in the capacity of usucapion (usucapiente) provided for in numeral 8 of Decreto Ejecutivo 8494-A, and therefore, that she has the right to have the expropriation (expropiación) or direct purchase of those lands managed, provided they were indispensable for the integration of the reserve.
Now, regarding subsidiary claim number 3, this collegiate body deems that it must be upheld for the following reasons: i) The omission in which the former IDA and the current INDER incurred by failing to declare as detrimental (declarar lesivo) agreement number VI of session 002-99 of January 6, 1999, in which the plaintiff Nombre115272 and Nombre115266 were declared as allocatees of Dirección14234, is contrary to the provisions of Article 174(1) of the Ley General de la Administración Pública, since it has kept in force a declaratory act of rights in favor of the plaintiff and a third party, which cannot be executed because it is manifestly contrary to the provisions of numerals 13, 14, and 15 of the Forestry Law (Ley Forestal) (number 7575 in force since April 16, 1996); and Article 3 of Decreto Ejecutivo 8494-A; ii) Said illegitimate omission has negatively affected the plaintiff’s legal sphere, because the INDER placed her in a state of uncertainty that she has no duty to bear, given that she continues to wait for the land to be titled in her name and the property deed for plot 23 sector 4 to be delivered to her, which is impossible to execute because it constitutes land that forms part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado).
Therefore, even though it is comprised within farm 39334-000 registered in the name of the former IDA, now INDER, said institution was not authorized to alienate or encumber it as it is a demanial asset (bien demanial), in accordance with numerals 14 and 15 of the Forestry Law (Ley Forestal) number 7575; iii) That by reason of the foregoing, the defenses asserted by the INDER’s attorney, relating to the victim’s fault and the act of a third party, are manifestly without merit, since it was said entity that allocated plot 23 of sector 4 of the Asentamiento Campesino Osa (farm 39334-000) to the plaintiff, despite said property forming part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), being comprised within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce). Therefore, the creation of the same by Decreto Ejecutivo number 8494-A is not the cause or fact that generates liability, but rather the conduct incurred by the INDER in allocating the indicated plot to her, despite the act being contrary to the legal order, with the aggravating factor that it omitted to fulfill the obligation imposed by Article 174 of the Ley General de la Administración Pública, namely to annul ex officio that act because it suffers from absolute nullity defects, within the limitations established by that Law; iv) For all the foregoing, the INDER is ordered to pay the plaintiff, as compensation for the impossibility of executing agreement VI of session 002-99 held by that entity’s Board of Directors (Junta Directora) on January 6, 1999, in which she was allocated plot 23 of sector 4 of the Asentamiento Campesino Osa, comprised within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce), with an area of 299,918.31 square meters, described in cadastral map number P-1027420-2005, one half of the market value that said property had (since it was also allocated to Nombre115266), as of February 14, 2008 (the date on which the plaintiff filed the complaint), as requested in the final part of subsidiary claim number 3, an amount that shall be determined and effectively liquidated in the judgment enforcement phase of this Court.
In accordance with what was analyzed in Considerandos IV, V, and VII of this judgment, the defenses of material res judicata (cosa juzgada material), statute of limitations in the strict sense (caducidad), and statute of limitations (prescripción) are rejected. Likewise, and based on what is set forth in Considerando VII of this judgment, the defense of lack of standing (falta de legitimación) raised by the SINAC representative is upheld, and the lack of passive procedural standing (legitimación ad causam pasiva) of the State is declared, and therefore, the complaint is inadmissible with respect to both. Furthermore, this Court deems that the proceeding was initiated by the recipient of the conduct incurred by the INDER in allocating Dirección14234 to her since 1999 and in failing to fulfill the obligation imposed by numeral 174 of the Ley General de la Administración Pública to annul ex officio a declaratory act of rights that suffers from absolute nullity defects, through the procedural means provided in that same law; and the claim is asserted against the Instituto de Desarrollo Rural, formerly Instituto de Desarrollo Agrario, which is the author of the active and omissive conduct that is the object of this declaratory proceeding (proceso de conocimiento), and therefore, active standing (legitimación activa) is supported by the provisions of Article 10.1.a of the Código Procesal Contencioso Administrativo, and the defense of lack of passive standing is rejected.
For its part, the interest remains current, insofar as the active and omissive conduct related both to the declaratory act of rights in favor of the plaintiff, which the INDER adopted in article VI of session 002-99 of January 6, 1999, and to the breach of the obligation contained in Article 174 of the Ley General de la Administración Pública by that same entity, continue to have effects on the plaintiff’s legal sphere and require a jurisdictional resolution that resolves them, and therefore, the defense of lack of interest is rejected. Finally, this collegiate body finds that, for all the reasons set forth in Considerandos VI, VII (in part), IX (in part), and X (in part), the defense of lack of right (falta de derecho) is upheld, only with respect to principal claims 1 through 9, and subsidiary claims 1 and 2. Consequently, and for all the reasons set forth in Considerandos VII (in part), IX (in part), and X (in part) of this judgment, the defense of lack of right (falta de derecho) is rejected on the remaining points, and the complaint filed by Nombre115261 Nombre115261 against the Instituto de Desarrollo Rural is partially granted, in the following terms, with it being understood as denied with respect to anything not expressly indicated:
In accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Exemption from this award is only viable when, in the Court’s judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered based on evidence whose existence the opposing party was unaware of. In the present case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions set forth in the regulation and to break the principle of awarding costs against the losing party. Therefore, the Instituto de Desarrollo Rural is ordered to pay the personal and procedural costs incurred by the plaintiff, items that shall be liquidated in the judgment enforcement phase of this Court. Moreover, this collegiate body considers that, due to the complexity of the debated issues, there was sufficient reason for the plaintiff to litigate against the State and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and for this reason, she is exonerated from paying both types of costs in relation to said co-defendants.
POR TANTO.
The defenses of material res judicata (cosa juzgada material), statute of limitations in the strict sense (caducidad), and statute of limitations (prescripción) are rejected. The defense of lack of standing (falta de legitimación) raised by the SINAC representative is upheld, and the lack of passive procedural standing (legitimación ad causam pasiva) of the State is declared, and therefore, the complaint is inadmissible with respect to both co-defendants. The defenses of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) and lack of current interest raised by the Instituto de Desarrollo Rural are rejected. The defense of lack of right (falta de derecho) is upheld, only with respect to principal claims 1 through 9, and subsidiary claims 1 and 2. Consequently, the defense of lack of right (falta de derecho) on the remaining points is rejected, and the complaint filed by Nombre115273 against the Instituto de Desarrollo Rural is partially granted, in the following terms, with it being understood as denied with respect to anything not expressly indicated:
Nombre113722 Sergio Mena García Luis Arturo Polinaris Vives DECLARATORY PROCEEDING (PROCESO DE CONOCIMIENTO) PLAINTIFF: Nombre115261 DEFENDANTS: SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL AND THE STATE (Procuradora: Susana Fallas Cubero) * * Nombre113722 - DECISOR JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) * * SERGIO MENA GARCÍA - DECISOR JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) * * LUIS ARTURO POLINARIS VIVES - DECISOR JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for a fee prohibited.
Tribunal Contencioso Administrativo Sección V Sentencias en igual sentido Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Instituto de Desarrollo Rural Subtemas:
Análisis sobre la omisión de declarar lesivo un acto declarativo de derechos que no puede ser ejecutado. Caso de declaratoria de adjudicatarios en terrenos que forman parte de Reserva Forestal Golfo Dulce. Consideraciones sobre la prescripción de pretensiones indemnizatorias ante imposibilidad material para titular terrenos.
Tema: Lesividad del acto administrativo Subtemas:
Análisis sobre la omisión del INDER de declarar lesivo un acto declarativo de derechos que no puede ser ejecutado. Consideraciones sobre la prescripción de pretensiones indemnizatorias ante imposibilidad material para titular terrenos.
Tema: Reservas forestales Subtemas:
Análisis sobre la omisión del INDER de declarar lesivo un acto declarativo de derechos que no puede ser ejecutado. Consideraciones sobre la prescripción de pretensiones indemnizatorias ante imposibilidad material para titular terrenos. Caso de declaratoria de adjudicatarios en terrenos que forman parte de Reserva Forestal Golfo Dulce.
"VIIo.- RESPECTO A LA POSESIÓN DECENAL ALEGADA POR LA DEMANDANTE Y A LOS ALCANCES DEL ACUERDO VI DE LA SESIÓN 002-99 DEL 06 DE ENERO DE 1999 EN QUE SE LE DECLARÓ COMO ADJUDICATARIA DE LA PARCELA 23-4 DEL ASENTAMIENTO CAMPESINO OSA. En primera instancia, la discusión en torno a que si la actora cumplía el requisito de poseer la parcela 28 del sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, 10 años antes del 01 de junio de 1978 –fecha de creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce-, pierde interés en el caso concreto, dado que la propia Junta Directiva del IDA le declaró un derecho subjetivo sobre dicho terreno descrito en el plano catastrado número P-1027420-2005, en el tanto la declaró adjudicataria del mismo desde el 06 de enero de 1999, condición que se hace constar en el oficio OSO-009-06 del 09 de enero del 2006, suscrito por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa (imágenes 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual; folios 173 y 179 del expediente judicial).
No obstante lo anterior, es menester señalar que de los elementos probatorios allegados a la causa, no se desprende que la actora haya poseído el terreno (parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino OSA) que forma parte de la finca 39334-000, inscrita a nombre del IDA desde el 21 de enero de 1982 y que fue el resultado de la reunión de los inmuebles con matrícula número 8947-000, 22046-000 y 22048, que fueron expropiados por el Estado y que se traspasaron al ITCO, a fin de que los utilizara en un programa de titulación de tierras en el denominado Asentamiento Campesino Osa (folios 18, 29, 42 a 56, 353 a 424 del expediente judicial). En ese sentido, el testigo José Ramón Jiménez Tenorio, sólo precisó un aspecto de tiempo, modo y lugar, relativo a que con anterioridad al año de 1966, la actora no había llegado a Rincón de San Josecito de Drake –lugar donde según su dicho se encuentra ubicado el inmueble objeto de este proceso-.
En ese sentido, si bien afirma que dicho inmueble era de otra gente que lo ocupó antes de la creación del parque y que se lo vendieron a la actora, también manifiesta que no recuerda cuándo sucedió esa venta, aparte de que no indicó cuál era el nombre de esas personas, pues señala que no tenía relación directa con ellas. Asimismo, el testigo primero sostuvo que para 1966, año en que él llego a Rincón de San Josecito de Drake, los terrenos eran del Estado; sin embargo, con posterioridad y ante una pregunta formulada por el representante de la actora, manifestó que la empresa Osa Forestal los molestaba y no los dejaba ingresar, aunque no precisó a qué lugar en concreto se les prohibía entrar. Por último, sostiene que hacía rato que la actora estaba en el terreno y que sembró cacao y laurel, pero que no sabe porqué no le sirvieron esos cultivos (ver respaldo digital de la declaración testimonial de José Ramón Jiménez Tenorio, rendida en la audiencia de juicio celebrada el 02-04-2019, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual).
Por su parte, la testigo Luz Mary Jiménez Solórzano sostuvo que ingresó a la zona en que se localiza la finca objeto del proceso entre 1976 o 1977, y que no conoce cuántos años tenía Macaria Aguirre –quién presuntamente le vendió el inmueble a la actora- o María Félix Zúñiga Baltodano, de estar en ese terreno. Asimismo, señala que la actora vivió en dicho inmueble y trató de trabajarlo, pero no le funcionó, por lo que, trabajó con unos gringos en la playa y también en el parque Corcovado, aunque actualmente está pensionada y vive en Agujitas de Drake (ver respaldo digital de la declaración testimonial de Luz Mary Jiménez Solórzano, rendida en la audiencia de juicio celebrada el 02-04-2019, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual). En el caso del testigo Miguel Herra Miranda, aclaró que si bien empezó a laborar desde el año 1979 para el entonces Instituto de Tierras y Colonización, fue hasta 1986 que empezó a realizar inspecciones de fiscalización en el Asentamiento Campesino Osa.
Que para ese año, cuando visitó la parcela 23, sector 4 de dicho asentamiento, la actora se encontraba en el terreno haciendo trabajos, al igual que en el año de 1999, oportunidad en que la demandante estaba en la finca acompañada de Pedro Chavarría Chavarría. Que ya para el año 2005 y 2006, la accionante no vivía en el terreno, ni lo ha ocupado hasta la fecha (ver respaldo digital de la declaración testimonial de Miguel Herra Miranda, rendida en la audiencia de juicio celebrada el 05-04-2019, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual). En el supuesto del testigo Elfrin López Castro, declaró -en lo que interesa- que no tiene relación con la actora, y que la conoce desde el año 1985, cuando se celebró una reunión de campesinos en Drake (ver respaldo digital de la declaración testimonial de Elfrin López Castro, rendida en la audiencia de juicio celebrada el 05-04-2019, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual).
Por último, si bien es cierto en la declaración jurada que la demandante presentó junto con la solicitud de titulación, basada en el procedimiento especial creado al efecto por la Junta Directiva del IDA, mediante acuerdo número 39 de la sesión número 044-05 del 14 de noviembre del 2005, se indica que “…dicha finca la adquirió por compra de mejoras con autorización del Instituto de Desarrollo Agrario, que le hiciera a la señora Macaria Aguirre Álvarez en el año mil novecientos setenta y tres; quien a su vez tomó públicamente la posesión del inmueble en el año mil novecientos sesenta y cinco, al ser éste un terreno baldío en ese entonces…” (folios 176 a 177 del expediente judicial; imágenes 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual); también lo es, que en dicha declaración se incurre en una serie de inconsistencias.
En ese sentido, cabe destacar que para el año 1973 no existía el Instituto de Desarrollo Agrario, sino el Instituto de Tierras y Colonización, sin perjuicio de que las fincas 8947-000, 22046-000 y 22048, que mediante Decreto Ejecutivo número 10088-G-H del 2 de mayo de 1979 fueron expropiadas por el Estado a la empresa Osa Productos Forestales S.A. (Agroindustrial Rincón S.A.), que a su vez las traspasó al ITCO, a fin de que los utilizara en un programa de titulación de tierras en el denominado Asentamiento Campesino Osa, originando la finca 39334-000 en que se encuentra comprendida la parcela 23 sector 4, descrita en el plano catastrado número P-1027420-2005. En razón de lo anterior, el ITCO no podía haber autorizado el supuesto traspaso alegado por la actora, dado que estaba imposibilitado para disponer de esos terrenos, puesto que no eran baldíos, sino que eran propiedad de la empresa Osa Productos Forestales, S.A., con la que incluso firmó un convenio preliminar de arreglo el 20 de noviembre de 1974, tendiente a traspasar al ITCO las áreas de las fincas de su propiedad que fueran necesarias, previa realización de censos y estudios por esa entidad, a fin de dotar de tierras económicamente explotables, a aquellos ocupantes que calificaran como poseedores en precario (folios 4 a 5, 18, 29,35 a 40, 42 a 56, 353 a 424 del expediente judicial).
En consecuencia, de la prueba allegada a los autos no se desprende que la actora haya poseído el terreno de manera directa o sumando la supuesta posesión de los anteriores ocupantes, diez años antes del 01 de junio de 1978 fecha de creación de la Reserva Forestal Osa (considerando II aparte b de esta sentencia). Ahora bien, tal y como se indicó supra dicha circunstancia pierde interés en el caso concreto, dado que la propia Junta Directiva del IDA dictó un acto favorable a la actora y a un tercero sobre la parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, descrita en el plano catastrado número P-1027420-2005, en el tanto la declaró junto con Pedro Miguel Chavarría Chavarría –en ese entonces su pareja de hecho- adjudicatarios de ese terreno desde el 06 de enero de 1999, condición que se hace constar en el oficio OSO-009-06 del 09 de enero del 2006, suscrito por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa (imágenes 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual; folio 173 del expediente judicial).
Si bien es cierto, la Junta Directiva del IDA no podía disponer de un terreno que desde el 01 de junio de 1978 pasó a formar parte del Patrimonio Natural del Estado, al crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce, dado que constituye un bien demanial que se caracteriza por ser inalienable, inembargable e imprescriptible; también lo es, que se tiene por no acreditado que dicho acuerdo haya sido dejado sin efecto por la Junta Directiva del entonces IDA o del actual INDER (considerando II aparte c de esta sentencia). Ahora bien, el hecho de dicho acuerdo no pueda ser ejecutado y por ende, no pueda titularse a nombre de la actora en el Registro Público el inmueble descrito en el plano catastrado 1027429-000 –lo que implica, que la pretensión 7 de la demanda debe ser denegada, tal y como se dispuso en el considerando precedente-, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575 vigente desde el 16 de abril de 1996); 170 de la Ley General de la Administración Pública; 3 del Decreto Ejecutivo 8494-A, y la sentencia número 2007-008098 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 16:24 horas del 12 de junio del 2007, en recurso de amparo interpuesto por la aquí actora María Félix Zúñiga Baltodano y otros contra el Instituto de Desarrollo Agrario y otros, que se tramitó bajo expediente 07-007540-0007-CO, “…existe una imposibilidad material para los recurridos de titular terrenos dentro de las reservas de carácter forestal por resultar tal proceder inconstitucional, según lo dispuesto por este Tribunal (…) sin perjuicio de que los recurrentes puedan iniciar en contra de los recurrido las acciones que estimen pertinentes en la vía ordinaria contencioso administrativa, tendente a la protección de sus intereses y derechos…” (folios 155 a 164 del expediente judicial); no justifica la omisión de la Junta Directiva del actual INDER, antes IDA, en torno a cumplir la obligación impuesta en el numeral 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido de que “..La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley…”, lo que implicaba una declaratoria de lesividad en los términos de los artículos 173 de la Ley General de la Administración Pública; 10, 35, 37 inciso 3) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, vigentes en ese momento (imágenes 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual).
Considera este Tribunal que la omisión en que ha incurrido el antiguo IDA y el actual INDER en declarar lesivo el acuerdo número VI de la sesión 002-99 del 06 de enero de 1999, en que declara como adjudicatarios a la actora María Félix Zúñiga Solano y a Pedro Miguel Chavarría Chavarría de la parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, pues ha mantenido vigente en tiempo un acto declarativo de derechos a favor de la actora y un tercero, que no puede ser ejecutado por ser resultar manifiestamente contrario a lo dispuesto en los numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575 vigente desde el 16 de abril de 1996); 3 del Decreto Ejecutivo 8494-A. Dicha omisión ilegítima ha incidido negativamente en la esfera jurídica de la demandante, pues el INDER la colocó en un estado de incertidumbre que no tiene el deber de soportar, dado que sigue a la espera de que se titule a su nombre y se le entregue la escritura de propiedad sobre la parcela 23 sector 4, lo cual, resulta imposible ejecutar por constituir un terreno que forma parte del Patrimonio Natural del Estado, por lo que, aún y cuando se encuentre comprendido en la finca 39334-000 inscrita a nombre del antiguo IDA hoy INDER, dicha institución no está facultada para enajenarlo o gravarlo al ser un bien demanial, conforme a lo dispuesto en los numerales 14 y 15 de la Ley Forestal número 7575.
En razón de lo anteriormente expuesto, estima este Tribunal que el Estado y el SINAC, no constituyen los autores de la conducta omisiva que se declara ilegítima en este proceso de conocimiento, toda vez que en cumplimiento tanto de la obligación que le impone el propio Decreto Ejecutivo 8494-A, en el sentido de determinar a aquellas personas cuya situación encuadraba en el supuesto de hecho previsto en el numeral 8 de ese Decreto Ejecutivo; como de la parte dispositiva de la sentencia número 1997-2456 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el MINAE procedió a censar a la actora conforme a lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos número 8494-, 938-A y 10142-A, aún y cuando la misma no figuraba como recurrente en el expediente número 92-0003605-0007-CO en que dicha sentencia se dictó, tal y como se desprende del oficio número DM-816-203 del 23 de abril del 2003, visible a folios 75 y 93 del expediente judicial.
En este punto es menester resaltar que para la fecha en que el Ministro de Ambiente y Energía informó a la Sala Constitucional, acerca de los resultados parciales del censo de personas ocupantes en terrenos comprendidos en la Reserva Forestal Golfo Dulce, la Junta Directiva del IDA ya había emitido el acuerdo de adjudicación de la parcela 28 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa -comprendido en dicha reserva forestal y descrito en el plano catastrado número P-1027420-2005-, dado que esa conducta formal fue dictada desde el 06 de enero de 1999. Por ende, considera este Tribunal que al existir un acto declarativo de derechos subjetivos a favor de la actora sobre dicho inmueble, ya no resultaba aplicable -en principio- lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Decreto Ejecutivo 8494-A, relativo a determinar si las personas ocupantes de terrenos comprendidos en la Reserva Forestal Golfo Dulce, lo hacían en una finca inscrita a su nombre; en una finca con posesión decenal anterior al 01 de junio de 1978 o en fincas bajo posesión precaria, como requisito sine qua non para que el Estado a través del MINAE y el SINAC, gestionaran la compra directa o la expropiación de esos terrenos “…que se encuentren dentro de la demarcación de esta Reserva y que sean indispensables para su integración…”.
Tan es así, que la actora y el inmueble que le fue adjudicado por el INDER, no aparecen en la lista de las fincas adquiridas por el Estado mediante compra o donación dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, al 09 de noviembre del 2015, visible de imagen 55 a 57 del memorial presentado por el Estado el 12 de enero del 2016, que consta en la carpeta de escritos del expediente virtual. Por ende, se acoge la excepción de falta de legitimación planteada por el representante del SINAC y se declara la falta de legitimación ad causam pasiva del Estado y se declara la demanda inadmisible respecto de ambos.
VIII.SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ALEGADA POR LOS TRES CODEMANDADOS, RESPECTO A LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS PLANTEADAS ACCESORIAMENTE POR LA PARTE ACTORA. En primera instancia y dado que se acogió la excepción de falta de legitimación planteada por el representante del SINAC y se declaró la falta de legitimación ad causam pasiva respecto del Estado, carece de interés referirse a las defensas de prescripción que ambos plantearon, por lo que, este órgano colegiado únicamente hará referencia a la interpuesta por el apoderado del INDER. En primera instancia, no resulta aplicable el plazo de 10 años previsto en el 868 del Código Civil, toda vez que el objeto del proceso es revisar la legalidad de conductas de la Administración Pública, específicamente del INDER (antiguo IDA) y determinar la procedencia o no de las pretensiones indemnizatorias planteadas de manera accesoria, por lo que, deben aplicarse las normas de derecho público que resulten procedentes.
Asimismo, estima este órgano colegiado, que lo dispuesto en el artículo 873 del Código Civil con relación al 868 de ese mismo cuerpo normativo, tampoco resulta aplicable al caso concreto, pues no estamos ante el supuesto de una ejecución de la sentencia número 1997-2456 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 10:15 horas del 02 de noviembre del 2007, a efecto de resolver el recurso de amparo tramitado bajo expediente número 92-003605-0007-CO, toda vez que la demandante en este proceso de conocimiento, no figura como recurrente en dicho amparo (ver folios 892 a 899 del expediente judicial). Ahora bien, tal y como se desprende del elenco de pretensiones visibles de folios 2230 a 2236 del expediente judicial, no estamos frente a un proceso civil de hacienda en que la pretensión indemnizatoria sea el objeto central del mismo, sino que por el contrario nos encontramos ante un proceso de conocimiento en que se impugnan conductas formales y omisivas del INDER.
En ese sentido, cabe recordar que si bien en el considerando V de esta sentencia se rechazó la caducidad planteada por el representante de dicho instituto respecto de las pretensiones anulatorias del acuerdo número 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 del 19 de noviembre del 2007; también lo es, que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo, serán impugnables las conductas omisivas mientras subsistan sus efectos continuados. Lo anterior adquiere relevancia en la especie, pues tal y como se analizó en el considerando precedente, la propia Junta Directiva del IDA dictó un acto favorable a la actora y a un tercero sobre la parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, descrita en el plano catastrado número P-1027420-2005, en el tanto la declaró junto con Pedro Miguel Chavarría Chavarría –en ese entonces su pareja de hecho- adjudicatarios de ese terreno desde el 06 de enero de 1999, condición que se hace constar en el oficio OSO-009-06 del 09 de enero del 2006, suscrito por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa (imágenes 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual; folio 173 del expediente judicial).
No obstante, el INDER ha mantenido vigente un acto declarativo de derechos a favor de la actora y de un tercero, que no puede ser ejecutado por ser resultar manifiestamente contrario a lo dispuesto en los numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575 vigente desde el 16 de abril de 1996); 3 del Decreto Ejecutivo 8494-A, a pesar de que el numeral 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, le impone la obligación de “…anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley…”. Lo anterior implica que la conducta omisiva en que incurre el INDER, tiene efectos continuados que se mantienen hasta la fecha, puesto que se tiene por no acreditado que dicho instituto dejara sin efecto, mediante las vías previstas al efecto en los artículos 173 de la Ley General de la Administración Pública, 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -vigentes en ese momento-, dicho acto declarativo de derechos a favor de la actora (considerando II aparte c de esta sentencia).
Ahora bien, es menester resaltar, que no es hasta el dictado de la sentencia número 2007-008098 de las 16:24 horas de 12 de junio del 2007, en el recurso de amparo interpuesto por la aquí actora María Félix Zúñiga Baltodano y otros contra el Instituto de Desarrollo Agrario y otros, tramitado bajo expediente 07-007540-0007-CO, que la demandante tuvo conocimiento efectivo del hecho que podría motivar la posible responsabilidad de la Administración, específicamente del INDER, puesto que en el considerando III de esa sentencia se indica que “…existe una imposibilidad material para los recurridos de titular terrenos dentro de las reservas de carácter forestal por resultar tal proceder inconstitucional, según lo dispuesto por este Tribunal (…) sin perjuicio de que los recurrentes puedan iniciar en contra de los recurrido las acciones que estimen pertinentes en la vía ordinaria contencioso administrativa, tendente a la protección de sus intereses y derechos…” (folios 155 a 164 del expediente judicial).
En razón de lo anterior, estima este Tribunal que la pretendida prescripción planteada por el representante del INDER con fundamento en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, respecto de las pretensiones indemnizatorias que la actora formula de manera accesoria a la principal –anulatorias de actos formales y a las declarativas por conductas omisivas relacionadas con la falta de titulación y entrega de escritura de propiedad sobre la parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa-, no resulta procedente, no sólo porque tal y como ha considerado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: "...El cardinal 198 de la LGAP establece: “El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad”. Si bien la norma de comentario dispone que el plazo se contabiliza a partir del hecho que motiva la responsabilidad, esta Sala ha considerado que para “(…) determinar el inicio del plazo de la prescripción se necesitan dos requisitos, uno objetivo tal como lo es el hecho o la conducta que motiva el daño, y otro subjetivo constituido por la certeza en el sujeto que lo sufre, de que aquélla es la causa de su lesión.
Estos requisitos no siempre ocurren en forma simultánea, correspondiendo al intérprete su determinación, que bajo el principio constitucional de tutela efectiva, no puede ser otro que aquel cuando se tiene conocimiento del hecho dañino” (Sentencia no. 456-F-2007 de las 14 horas 30 minutos del 2 de julio de 2007. En ese sentido consúltense las resoluciones no. 844-F-S1-2016 de las 10 horas 10 minutos del 11 de agosto de 2016, 279-F-S1-2014 de las 8 horas 55 minutos del 26 de febrero de 2014 y 490-F-S1-2012 de las 8 horas 50 minutos del 19 de abril de 2012)..."; sino porque no nos encontramos ante un proceso civil de hacienda, dado que las pretensiones indemnizatorias fueron planteadas accesoriamente a las anulatorias de actos formales y a las declarativas por conductas omisivas relacionadas con la falta de titulación y entrega de escritura de propiedad sobre la parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, las que tal y como se indicó tanto en este considerando como en el número V de esta sentencia, fueron planteadas conforme a lo dispuesto en los artículos 39 y 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
En ese sentido, se reitera que la demandante tuvo conocimiento efectivo del hecho que podría motivar la responsabilidad de la Administración, específicamente del INDER, a partir del 12 de junio del 2007, fecha en que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, indicó que si bien no era posible titular a favor de los recurrentes –entre los que se encuentra la actora- en terrenos comprendidos en la Reserva Forestal Golfo Dulce, dado que forman parte del Patrimonio Natural del Estado desde el 01 de junio de 1978, ello no obstaba para que “…los recurrentes puedan puedan iniciar en contra de los recurrido las acciones que estimen pertinentes en la vía ordinaria contencioso administrativa, tendente a la protección de sus intereses y derechos…” (folios 155 a 164 del expediente judicial). Por todo lo expuesto, se rechaza la excepción de prescripción planteada por el representante del INDER."
... Ver más Otras Referencias: Ver votos de la Sala Constitucional , números 2007-008098, de las 16:24 horas del 12 de junio del 2007 y 1997-2456 de las 10:15 horas del 02 de noviembre del 2007 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 _____________________________________________________________________ PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTORA: Nombre115261 DEMANDADOS: SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y EL ESTADO (Procuradora: Susana Fallas Cubero) Nº 38-2019-V TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del siete de mayo del dos mil diecinueve.- Proceso de conocimiento interpuesto por Nombre115261 , cédula CED91105, cuyo Apoderado Especial Judicial es Ricardo Zeledón Zeledón, carné de abogado número CED8633 (folios 172 y 463 del expediente judicial); contra el ESTADO, cuya representante es la Procuradora Susana Gabriela Fallas Cubero, cédula de identidad número CED91106 (folio 292 y 2204 del expediente judicial); el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representado por Guillermo Goyenaga Calvo, cédula de identidad número CED91107, en su condición de Apoderado Especial Judicial (folio 2208 del expediente judicial) y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, cuyo Apoderado Especial Judicial es Nombre13444 , cédula de identidad número CED90072 (imagen 1 del memorial recibido el 02-04-2019 que consta en la carpeta de escritos del expediente virtual).-
RESULTANDO:
Redacta la jueza Nombre113722 , con el voto afirmativo de los jueces Mena García y Polinaris Vives; y, C O N S I DE R A N D O:
Io.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso:
Vo.- EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD. Considera este Tribunal que en la especie no resulta aplicable lo dispuesto en el Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo y el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública -antes de la reforma introducida por la Ley número 8508-, sino el numeral 39.1.a del Código Procesal Contencioso Administrativo, por las razones que de seguido se exponen: a) Si bien es cierto, el acuerdo contenido en el artículo 35 que la Junta Directiva del IDA, aprobó por unanimidad en sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, quedó en firme antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo (01 de enero del 2008); también lo es, que la actora tuvo conocimiento del mismo hasta el 06 de junio del 2008 –pues dicho acuerdo no le fue notificado (considerando II aparte a de esta sentencia), a pesar de que el 02 de febrero del 2006 presentó una solicitud de titulación de la Dirección13781 , al amparo del procedimiento especial de titulación en el Asentamiento Campesino Osa comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce, que en todo caso, ya le había sido adjudicada por la Junta Directiva del INDER desde el 06 de enero de 1999 (folios 165 a 170 del expediente judicial e imágenes 46 a 59 del memorial de contestación de la demanda del INDER, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual)-, fecha en que interpuso el recurso de amparo tramitado bajo expediente 08-008420-0007-CO contra el IDA, con el objeto de que se declarara la nulidad absoluta del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de esa entidad, en que se dispuso revocar el que había creado el Procedimiento Especial de Titulación de tierras ubicadas en el Asentamiento Campesino Osa, comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce (folio 1278 a 1307 del expediente judicial); b) En razón de que la actora tuvo conocimiento del acuerdo cuestionado (artículo 35 aprobado por unanimidad en sesión ordinaria número 040-2007 por la Junta Directiva del IDA el 19 de noviembre del 2007) hasta el 06 de junio del 2008, momento para el cual ya estaba en vigencia el Código Procesal Contencioso Administrativo, el plazo de caducidad aplicable es el de un año previsto en el numeral 39 de ese cuerpo normativo y no el de cuatro años establecido en el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública -antes de la reforma introducida por la Ley número 8508-, pues aunque el acto impugnado quedó firme antes de la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, la actora no fue notificada del mismo por parte del IDA antes del 01 de enero del 2008; c) Por otra parte, se tiene por acreditado que el 17 de marzo del 2009, la actora presentó un incidente de hechos nuevos y ampliación de pretensiones en el proceso de conocimiento en que originalmente se tramitó su caso –o sea en el expediente 08-000110-0161-CA-, en el sentido de que “…Se declare nulo el Acuerdo de Junta Directiva Nº 35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, y con plena vigencia el Acuerdo de Junta Directiva Nº 39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005…” (folios 1009 a 1013 del expediente judicial).
En consecuencia, la pretensión de nulidad contra el acuerdo contenido en el artículo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada por la Junta Directiva del IDA, el 19 de noviembre del 2007, fue incoada dentro del plazo de un año establecido en el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se computa a partir del 06 de junio del 2008, fecha en que la actora tuvo conocimiento de dicho acuerdo, tal y como se analizó en el aparte a) de este considerando; d) En este punto cabe resaltar, que si bien es cierto, este expediente tiene asignado el número 15-006080-1027-CA, ello se debe a lo siguiente: la demanda original se interpuso desde el 14 de febrero del 2008 y fue tramitada bajo expediente 08-000110-0161-CA, ampliándose sus hechos y pretensiones con relación al acuerdo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, mediante escrito del 17 de marzo del 2009 (folios 177 a 237, 1009 a 1013 del expediente judicial).
Con posterioridad y mediante resolución oral dictada el 25 de mayo del 2009, los Jueces que aquel momento tramitaban los diferentes procesos de conocimiento en que se discuten casos similares al que aquí nos ocupa, ordenaron la acumulación –entre otros- del expediente 08-000110-0161-CA, al expediente 08-000111-161-CA (folios 1034 a 1037 del expediente judicial). Sin embargo por resolución dictada a las 13:42 horas del 10 de noviembre del 2014, la Jueza Tramitadora dispuso: “…Así, la conclusión a la que llega el Tribunal es que la única solución posible para permitir el avance del asunto y garantizar el ejercicio pleno del contradictorio es su separación, no por geografía o situación jurídica sino por predio, conforme a la tabla adjunta. Firme esta decisión, se procederá a la separación física de los expedientes y a comunicar a las partes el número de carpeta asignado, el juez turnado y la fecha de continuación de la audiencia preliminar…” (folios 2040 a 2046 del expediente judicial).
En razón de lo antes expuesto, es que al proceso incoado por la accionante se le asignó el número de carpeta 15-006080-1027-CA, sin embargo, se insiste en que la demanda original fue planteada desde el 14 de febrero del 2008 y la ampliación de hechos y pretensiones relacionadas con el acuerdo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, fue recibida en este Despacho desde el 17 de marzo del 2009, por lo que, tal y como se analizó en los apartados precedentes, se planteó en el plazo de un año previsto en el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se computa a partir del 06 de junio del 2008, fecha en que la actora tuvo conocimiento del acuerdo cuestionado. e) Por todo lo expuesto, se rechaza la excepción de caducidad interpuesta por el representante del INDER.- VIo.- CON RELACIÓN A LA LEGALIDAD DEL ACUERDO 35 DE LA SESIÓN ORDINARIA 040-2007 Y LOS ALCANCES DEL ACUERDO 39 DE LA SESIÓN ORDINARIA 39-2005 AMBOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IDA, EN EL CASO CONCRETO.
Este Tribunal estima lo que de seguido se expone: i) En primera instancia es menester indicar, que el acuerdo 39 aprobado por la Junta Directiva del IDA, en sesión ordinaria número 044-05 del 14 de noviembre del 2005, no implicaba per se el otorgamiento de un derecho subjetivo a favor de quienes se acogieran al procedimiento especial de titulación de parcelas en el Asentamiento Campesino Osa, inscrito a nombre del IDA bajo matrícula de folio real Placa20756 y comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce (folios 4 a 6, 11 a 13, 18 a 29, 42 a 58, 353 a 424 del expediente judicial). Ello por cuanto, se limitaba a regular un cauce procedimental a efecto de “…entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una posesión de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978 fecha en la que se creó por decreto la Reserva Forestal Golfo Dulce…”. Con ese objeto, el interesado debía cumplir una serie de requisitos, entre los que destacaban presentar ante la Oficina Subregional del IDA en Osa, “…documentos legales que demuestren la posesión decenal ejercida con anterioridad al 1 de junio de 1978 (…) Declaración jurada rendida ante Notario Público donde conste el tiempo de posesión del solicitante, el nombre, apellidos y demás calidades d la persona de quién adquirió su derecho, así como la cadena de transmisión del mismo a partir del 1 de julio de 1968…”.
Una vez recibida la solicitud con todos los requisitos previstos en los apartes segundo y tercero de ese mismo acuerdo, la Oficina Subregional del IDA en Osa, en acción conjunta con la Dirección del Área de Conservación Osa del MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía), debían realizar una inspección ocular en el predio que se pretendía titular, a fin de –entre otros-: “… a) Comprobar en el propio sitio la presencia del ocupante como dueño del terreno. b) Comprobar linderos, comprobar que no existen traslapes ni presencia de terceros ocupantes. c) Reseñar la naturaleza del inmueble. d) Levantar el acta correspondiente, que será suscrita por los funcionarios señalados. e) Verificar la información investigada con la base de datos, censos y documentos que posea la oficina subregional del IDA en Osa…”. Con posterioridad, el representante regional del MINAE y el IDA por medio de la Oficina Subregional de Osa emitirían la recomendación respectiva, ya fuera para otorgar o denegar el título solicitado; actuaciones que debían constar en el expediente levantado al efecto, el que sería remitido al Director de la Región Brunca del INDER, que mediante su asesoría legal verificarían el contenido del expediente y emitiría la recomendación sobre el caso.
“…En el supuesto de que el examen resultare positivo se recomendará la segregación y traspaso del predio a titular ante el área de titulación y éste lo elevará a la Junta Directiva del IDA para que se dicte el acuerdo correspondiente…” (folios 117 a 122 del expediente judicial; respaldo digital de la declaración testimonial de Nombre115267 , durante la audiencia de juicio celebrada el 05-04-2019, visible en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual). En consecuencia, el acuerdo 39 de la sesión ordinaria número 044-05 del 14 de noviembre del 2005, adoptado por la Junta Directiva del INDER, se limitaba a regular un procedimiento tendente a establecer en cada caso concreto, si el solicitante cumplía o no uno de los requisitos previstos en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo número 8494-A, que creó la Reserva Forestal Golfo Dulce a partir del 1º de junio de 1978 –a saber: fincas con posesión decenal anterior a la constitución de la reserva- y en caso positivo, segregar la parcela o el lote respectivo de la finca madre 39334-000 inscrita a nombre del IDA y otorgarle un título de propiedad sobre el inmueble segregado.
Por ende y al no constituir el acuerdo 30 de la sesión ordinaria número 44-05 del 14 de noviembre del 2005, un acto declarativo de derecho subjetivos, no se requería de un procedimiento de lesividad para dejarlo sin efecto; ii) En este punto es menester resaltar, que la finalidad del procedimiento especial dispuesto en el acuerdo 30 de la sesión ordinaria número 44-05 del 14 de noviembre del 2005 por la Junta Directiva del IDA -la titulación de parcelas en el Asentamiento Campesino Osa comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce-, resultaba contrario no sólo a lo dispuesto en los numerales 9 y 10 Decreto Ejecutivo número 8494-A, pues en los casos de fincas inscritas, o con posesión decenal anterior a la creación de la reserva forestal, o en posesión precaria (con menos de diez años), se gestionaría la compra directa o expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular que se encontraran dentro de la reserva o bien, el traslado y reasentamiento de ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de la misma; sino también a lo previsto en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575 vigente desde el 16 de abril de 1996) y 3 del Decreto Ejecutivo 8494-A, conforme a los cuales, los terrenos que se encuentran dentro de la delimitación de la reserva –como los del Asentamiento Campesino Osa- no sólo quedaron incorporados automáticamente al Patrimonio Natural del Estado, sino que además, ello implica que son “…inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible.
En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley…”; iii) En razón de lo expuesto en los apartados anteriores, no resulta contrario a derecho lo acordado por la Junta Directiva del IDA en conducta formal impugnada por la actora al “…Revocar el acuerdo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005, referente a la titulación en la Reserva Forestal Golfo Dulce…”, dado que “…la afectación a Reserva Forestal de los terrenos que se encuentran inscritos a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, hace que su afectación al Patrimonio Natural sea automático, estándole vedado otorgar títulos de propiedad a particulares…” (folio 641, 1307 del expediente judicial; imágenes 59, 114 a 120 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual).
En ese sentido, es menester reiterar que resulta contrario a derecho titular terrenos que forman parte del Patrimonio Nacional del Estado desde el 01 de junio del 1978, conforme a lo dispuesto en artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575 vigente desde el 16 de abril de 1996) y, 3 del Decreto Ejecutivo 8494-A, aún y cuando la finca 39334-000 se encuentre inscrita a nombre del IDA desde el 21 de enero de 1982 (folios 4 y 5 del expediente judicial) y que por Decreto Ejecutivo número 10088-G-H, se establezca en el artículo 5 que “…Se autoriza a la Procuraduría General de la República para que comparezca ante el notario público que indique el Instituto de Tierras y Colonización, a otorgar la correspondiente escritura de traspaso de los bienes que se expropian y para que, en el mismo acto lo traspase a dicho Instituto, el que los destinará para los fines de la ley número 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas…” (folios 18 y 29 del expediente judicial), tal y como se consignó en la escritura número 40 otorgada ante los notarios públicos Eduardo Ching Murillo y Jorge Manuel Solano Chinchilla, a las 16:00 horas del 12 de julio de 1979 (folios 353 a 424 del expediente judicial), dado que dichos terrenos son inembargables, imprescriptibles e inalienables desde el 01 de junio de 1978; iv) Ahora bien, aunque en principio la actora debió ser notificada de ese acuerdo, ya que el 02 de febrero del 2006, presentó con base en el procedimiento especial de titulación de tierras regulado en el acuerdo 39 de la sesión ordinaria número 044-05 del 14 de noviembre del 2005, una solicitud tendente a que se titulara a su nombre –en primera instancia y después tanto a su favor como de Nombre115266 , cédula de identidad número CED91109, quién para ese momento era su pareja-, la parcela número 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa del IDA, finca con matrícula de folio real Placa4406, comprendida en la Reserva Forestal Golfo Dulce –que en todo caso, ya les había sido adjudicada por la Junta Directiva del IDA mediante acuerdo comprendido en el artículo VI de la sesión número 002-99 del 06 de enero de 1999- (imágenes 48 a 59, 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual; folios 165, 166, 168 a 170 del expediente judicial); también lo es, que la falta de notificación en que incurrió el IDA, no tuvo la virtud de denegarle o suprimirle un derecho subjetivo, en los términos del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública.
Lo anterior, porque en el caso concreto, el trámite del procedimiento especial de titulación, únicamente se limitó a la recepción de los documentos previstos en los apartes segundo y tercero del acuerdo 39 de la sesión ordinaria número 044-05 del 14 de noviembre del 2005, al punto de que ni siquiera se realizó en la especie la inspección de campo prevista en el apartado cuatro de ese mismo acuerdo (ver respaldo digital de la declaración testimonial de Nombre115267 , rendida en la audiencia de juicio celebrada el 05-04-2019, visible en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual; folios 165, 166, 168 a 170, 641 a 652 del expediente judicial; imágenes 46 a 59 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual). Asimismo, la revocatoria del acuerdo en que se aprobó el procedimiento especial de titulación de parcelas en el Asentamiento Campesino Osa del IDA, tampoco dejó sin efecto el acto declarativo de derechos adoptado por la Junta Directiva del IDA en acuerdo contenido en el artículo VI de la sesión número 002-99 del 06 de enero de 1999, mediante el cual, se declaró “…beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas en el Asentamiento Osa, sector los Planes de Drake, sito en Sierpe de Osa, de la Provincia de Puntarenas, Región Brunca…” a la actora Nombre115261 y a su pareja en ese momento Nombre115266 , de la parcela 23 sector 4 de ese asentamiento, ya que en todo caso, para tal efecto se requería una declaratoria de lesividad en los términos de los artículos 173 de la Ley General de la Administración Pública -la versión anterior a su reforma por el Código Procesal Contencioso Administrativo; 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, vigentes en ese momento (imágenes 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual).
En este punto, es menester resaltar que en la especie, el oficio OSO-009-06 del 09 de enero del 2006, suscrito por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, es reflejo de lo dispuesto por la Junta Directiva de esa misma entidad, mediante acuerdo número VI de la sesión 002-99 del 06 de enero de 1999, a consignar que “…según nuestra Base de Datos, censos y archivos la señora Nombre115261 , cédula CED91108, aparece registrada como Beneficiaria del IDA en calidad de Adjudicataria de la parcela No. 23, Sector 4, Asentamiento Campesino Osa. Según plano catastrado P/1027420-2005; Sito en Los Planes de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia Puntarenas Mide 29 Ha…” (folio 173 del expediente judicial); v) Por último y contrario a lo indicado por la actora, la sentencia número 1997-2456 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, en el recurso de amparo tramitado en expediente número 1992-003605-0007-CO –en el cual, la actora no figuró como recurrente, según se desprende del documento visible de folio 892 a 899 del expediente judicial-, no implica un reconocimiento en abstracto de un derecho a favor de todo poseedor o propietario de terrenos comprendidos en la Reserva Forestal Golfo Dulce en los términos del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 8494-A, a ser expropiado conforme a lo dispuesto en el numeral 9 de ese mismo cuerpo normativo, no sólo porque la orden va en el sentido de que el MINAE, por medio de la Dirección General Forestal o Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, debe “…a partir de la notificación de esta resolución, proceder a cumplir con lo establecido en los Decretos Ejecutivos 8494-A, 9388-A y 10142-A e iniciar las diligencias de expropiación…”; sino porque además, la sentencia es clara al establecer que ese mismo Ministerio debe “…proceder a elaborar conjuntamente con aquellos recurrentes que resulten del censo ser propietarios o poseedores legítimos, un plan de explotación de la tierra acorde con el Régimen a que están sometidos los terrenos y que le permita a los propietarios o poseedores legítimos su sustento y subsistencia mientras dure el trámite expropiatorio…” (folios 69 a 73 del expediente judicial).
En consecuencia, es el propio Decreto Ejecutivo 8494-A, que impone al MINAE el deber de determinar a aquellas personas cuya situación encuadra en el supuesto de hecho previsto en el numeral 8 de ese Decreto Ejecutivo (a saber: finca inscrita; con posesión decenal anterior al 01 de junio de 1978, o fincas en posesión precaria), como requisito sine qua non para que gestionara la compra directa o la expropiación de esos terrenos “…que se encuentren dentro de la demarcación de esta Reserva y que sean indispensables para su integración…” (artículo 9 del Decreto Ejecutivo 8494-A); lo que no implica en modo alguno que la Sala Constitucional por sentencia número 1997-2456, haya declarado que todo ocupante de terrenos comprendidos en la Reserva Forestal Osa, tienen esa condición per se y que por ende, deban ser expropiados, aún y cuando figuraran o no como recurrentes en el amparo en que dicho pronunciamiento se dictó.
Sin perjuicio de que además, el acuerdo 30 de la sesión ordinaria número 44-05 del 14 de noviembre del 2005 aprobado por la Junta Directiva del IDA, excedió de manera ilegítima no sólo lo ordenado por Sala Constitucional en la sentencia 1997-2456, sino también, lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575 vigente desde el 16 de abril de 1996); 3, 8, 9 y 10 del Decreto Ejecutivo 8494-A, puesto que mediante ese acto, la Junta Directiva del IDA creó un procedimiento especial para la titulación de parcelas en el Asentamiento Campesino Osa comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce, a pesar de que desde el 01 de junio de 1978 dichos terrenos pasaron a formar parte del Patrimonio Natural del Estado y por ende, son inalienables, imprescriptibles e inembargables; vi) Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que el acuerdo número 35 de la sesión ordinaria 040-2007 celebrada por la Junta Directiva del IDA, el 19 de noviembre del 2007, no adolece de los vicios de nulidad absoluta alegados por el representante de la parte actora, razón por la cual, las pretensiones principales 1 a 7 resultan improcedentes y así deben declararse.
VIIo.- RESPECTO A LA POSESIÓN DECENAL ALEGADA POR LA DEMANDANTE Y A LOS ALCANCES DEL ACUERDO VI DE LA SESIÓN 002-99 DEL 06 DE ENERO Placa21560 QUE SE LE DECLARÓ COMO ADJUDICATARIA DE LA PARCELA 23-4 DEL ASENTAMIENTO CAMPESINO OSA. En primera instancia, la discusión en torno a que si la actora cumplía el requisito de poseer la parcela 28 del sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, 10 años antes del 01 de junio de 1978 –fecha de creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce-, pierde interés en el caso concreto, dado que la propia Junta Directiva del IDA le declaró un derecho subjetivo sobre dicho terreno descrito en el plano catastrado número P-1027420-2005, en el tanto la declaró adjudicataria del mismo desde el 06 de enero de 1999, condición que se hace constar en el oficio OSO-009-06 del 09 de enero del 2006, suscrito por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa (imágenes 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual; folios 173 y 179 del expediente judicial).
No obstante lo anterior, es menester señalar que de los elementos probatorios allegados a la causa, no se desprende que la actora haya poseído el terreno (parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino OSA) que forma parte de la finca 39334-000, inscrita a nombre del IDA desde el 21 de enero de 1982 y que fue el resultado de la reunión de los inmuebles con matrícula número Placa20660, Placa20661 y Placa21562, que fueron expropiados por el Estado y que se traspasaron al ITCO, a fin de que los utilizara en un programa de titulación de tierras en el denominado Asentamiento Campesino Osa (folios 18, 29, 42 a 56, 353 a 424 del expediente judicial). En ese sentido, el testigo Nombre115268 , sólo precisó un aspecto de tiempo, modo y lugar, relativo a que con anterioridad al año de 1966, la actora no había llegado a Rincón de San Josecito de Drake –lugar donde según su dicho se encuentra ubicado el inmueble objeto de este proceso-.
En ese sentido, si bien afirma que dicho inmueble era de otra gente que lo ocupó antes de la creación del parque y que se lo vendieron a la actora, también manifiesta que no recuerda cuándo sucedió esa venta, aparte de que no indicó cuál era el nombre de esas personas, pues señala que no tenía relación directa con ellas. Asimismo, el testigo primero sostuvo que para 1966, año en que él llego a Rincón de San Josecito de Drake, los terrenos eran del Estado; sin embargo, con posterioridad y ante una pregunta formulada por el representante de la actora, manifestó que la empresa Osa Forestal los molestaba y no los dejaba ingresar, aunque no precisó a qué lugar en concreto se les prohibía entrar. Por último, sostiene que hacía rato que la actora estaba en el terreno y que sembró cacao y laurel, pero que no sabe porqué no le sirvieron esos cultivos (ver respaldo digital de la declaración testimonial de Nombre115268 , rendida en la audiencia de juicio celebrada el 02-04-2019, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual).
Por su parte, la testigo Nombre115269 sostuvo que ingresó a la zona en que se localiza la finca objeto del proceso entre 1976 o 1977, y que no conoce cuántos años tenía Nombre115271 –quién presuntamente le vendió el inmueble a la actora- o Nombre115261 , de estar en ese terreno. Asimismo, señala que la actora vivió en dicho inmueble y trató de trabajarlo, pero no le funcionó, por lo que, trabajó con unos gringos en la playa y también en el parque Corcovado, aunque actualmente está pensionada y vive en Agujitas de Drake (ver respaldo digital de la declaración testimonial de Nombre115269 , rendida en la audiencia de juicio celebrada el 02-04-2019, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual). En el caso del testigo Nombre115270 , aclaró que si bien empezó a laborar desde el año 1979 para el entonces Instituto de Tierras y Colonización, fue hasta 1986 que empezó a realizar inspecciones de fiscalización en el Asentamiento Campesino Osa.
Que para ese año, cuando visitó la Dirección14235 , de dicho asentamiento, la actora se encontraba en el terreno haciendo trabajos, al igual que en el año de 1999, oportunidad en que la demandante estaba en la finca acompañada de Nombre115266 . Que ya para el año 2005 y 2006, la accionante no vivía en el terreno, ni lo ha ocupado hasta la fecha (ver respaldo digital de la declaración testimonial de Nombre115270 , rendida en la audiencia de juicio celebrada el 05-04-2019, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual). En el supuesto del testigo Nombre34677 , declaró -en lo que interesa- que no tiene relación con la actora, y que la conoce desde el año 1985, cuando se celebró una reunión de campesinos en Drake (ver respaldo digital de la declaración testimonial de Nombre34677 , rendida en la audiencia de juicio celebrada el 05-04-2019, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual).
Por último, si bien es cierto en la declaración jurada que la demandante presentó junto con la solicitud de titulación, basada en el procedimiento especial creado al efecto por la Junta Directiva del IDA, mediante acuerdo número 39 de la sesión número 044-05 del 14 de noviembre del 2005, se indica que “…dicha finca la adquirió por compra de mejoras con autorización del Instituto de Desarrollo Agrario, que le hiciera a la señora Nombre115271 en el año mil novecientos setenta y tres; quien a su vez tomó públicamente la posesión del inmueble en el año mil novecientos sesenta y cinco, al ser éste un terreno baldío en ese entonces…” (folios 176 a 177 del expediente judicial; imágenes 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual); también lo es, que en dicha declaración se incurre en una serie de inconsistencias.
En ese sentido, cabe destacar que para el año 1973 no existía el Instituto de Desarrollo Agrario, sino el Instituto de Tierras y Colonización, sin perjuicio de que las fincas 8947-000, 22046-000 y 22048, que mediante Decreto Ejecutivo número 10088-G-H del 2 de mayo de 1979 fueron expropiadas por el Estado a la empresa Osa Productos Forestales S.A. (Agroindustrial Rincón S.A.), que a su vez las traspasó al ITCO, a fin de que los utilizara en un programa de titulación de tierras en el denominado Asentamiento Campesino Osa, originando la finca 39334-000 en que se encuentra comprendida la parcela 23 sector 4, descrita en el plano catastrado número P-1027420-2005. En razón de lo anterior, el ITCO no podía haber autorizado el supuesto traspaso alegado por la actora, dado que estaba imposibilitado para disponer de esos terrenos, puesto que no eran baldíos, sino que eran propiedad de la empresa Osa Productos Forestales, S.A., con la que incluso firmó un convenio preliminar de arreglo el 20 de noviembre de 1974, tendiente a traspasar al ITCO las áreas de las fincas de su propiedad que fueran necesarias, previa realización de censos y estudios por esa entidad, a fin de dotar de tierras económicamente explotables, a aquellos ocupantes que calificaran como poseedores en precario (folios 4 a 5, 18, 29,35 a 40, 42 a 56, 353 a 424 del expediente judicial).
En consecuencia, de la prueba allegada a los autos no se desprende que la actora haya poseído el terreno de manera directa o sumando la supuesta posesión de los anteriores ocupantes, diez años antes del 01 de junio de 1978 fecha de creación de la Reserva Forestal Osa (considerando II aparte b de esta sentencia). Ahora bien, tal y como se indicó supra dicha circunstancia pierde interés en el caso concreto, dado que la propia Junta Directiva del IDA dictó un acto favorable a la actora y a un tercero sobre la parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, descrita en el plano catastrado número Placa21563, en el tanto la declaró junto con Nombre115266 –en ese entonces su pareja de hecho- adjudicatarios de ese terreno desde el 06 de enero de 1999, condición que se hace constar en el oficio OSO-009-06 del 09 de enero del 2006, suscrito por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa (imágenes 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual; folio 173 del expediente judicial).
Si bien es cierto, la Junta Directiva del IDA no podía disponer de un terreno que desde el 01 de junio de 1978 pasó a formar parte del Patrimonio Natural del Estado, al crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce, dado que constituye un bien demanial que se caracteriza por ser inalienable, inembargable e imprescriptible; también lo es, que se tiene por no acreditado que dicho acuerdo haya sido dejado sin efecto por la Junta Directiva del entonces IDA o del actual INDER (considerando II aparte c de esta sentencia). Ahora bien, el hecho de dicho acuerdo no pueda ser ejecutado y por ende, no pueda titularse a nombre de la actora en el Registro Público el inmueble descrito en el plano catastrado Placa21564 –lo que implica, que la pretensión 7 de la demanda debe ser denegada, tal y como se dispuso en el considerando precedente-, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575 vigente desde el 16 de abril de 1996); 170 de la Ley General de la Administración Pública; 3 del Decreto Ejecutivo 8494-A, y la sentencia número 2007-008098 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 16:24 horas del 12 de junio del 2007, en recurso de amparo interpuesto por la aquí actora Nombre115261 y otros contra el Instituto de Desarrollo Agrario y otros, que se tramitó bajo expediente 07-007540-0007-CO, “…existe una imposibilidad material para los recurridos de titular terrenos dentro de las reservas de carácter forestal por resultar tal proceder inconstitucional, según lo dispuesto por este Tribunal (…) sin perjuicio de que los recurrentes puedan iniciar en contra de los recurrido las acciones que estimen pertinentes en la vía ordinaria contencioso administrativa, tendente a la protección de sus intereses y derechos…” (folios 155 a 164 del expediente judicial); no justifica la omisión de la Junta Directiva del actual INDER, antes IDA, en torno a cumplir la obligación impuesta en el numeral 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido de que “..La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley…”, lo que implicaba una declaratoria de lesividad en los términos de los artículos 173 de la Ley General de la Administración Pública; 10, 35, 37 inciso 3) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, vigentes en ese momento (imágenes 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual).
Considera este Tribunal que la omisión en que ha incurrido el antiguo IDA y el actual INDER en declarar lesivo el acuerdo número VI de la sesión 002-99 del 06 de enero de 1999, en que declara como adjudicatarios a la actora Nombre115272 y a Nombre115266 de la Dirección14234 , resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, pues ha mantenido vigente en tiempo un acto declarativo de derechos a favor de la actora y un tercero, que no puede ser ejecutado por ser resultar manifiestamente contrario a lo dispuesto en los numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575 vigente desde el 16 de abril de 1996); 3 del Decreto Ejecutivo 8494-A. Dicha omisión ilegítima ha incidido negativamente en la esfera jurídica de la demandante, pues el INDER la colocó en un estado de incertidumbre que no tiene el deber de soportar, dado que sigue a la espera de que se titule a su nombre y se le entregue la escritura de propiedad sobre la Dirección14235 , lo cual, resulta imposible ejecutar por constituir un terreno que forma parte del Patrimonio Natural del Estado, por lo que, aún y cuando se encuentre comprendido en la finca 39334-000 inscrita a nombre del antiguo IDA hoy INDER, dicha institución no está facultada para enajenarlo o gravarlo al ser un bien demanial, conforme a lo dispuesto en los numerales 14 y 15 de la Ley Forestal número 7575.
En razón de lo anteriormente expuesto, estima este Tribunal que el Estado y el SINAC, no constituyen los autores de la conducta omisiva que se declara ilegítima en este proceso de conocimiento, toda vez que en cumplimiento tanto de la obligación que le impone el propio Decreto Ejecutivo 8494-A, en el sentido de determinar a aquellas personas cuya situación encuadraba en el supuesto de hecho previsto en el numeral 8 de ese Decreto Ejecutivo; como de la parte dispositiva de la sentencia número 1997-2456 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el MINAE procedió a censar a la actora conforme a lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos número 8494-, 938-A y 10142-A, aún y cuando la misma no figuraba como recurrente en el expediente número 92-0003605-0007-CO en que dicha sentencia se dictó, tal y como se desprende del oficio número DM-816-203 del 23 de abril del 2003, visible a folios 75 y 93 del expediente judicial.
En este punto es menester resaltar que para la fecha en que el Ministro de Ambiente y Energía informó a la Sala Constitucional, acerca de los resultados parciales del censo de personas ocupantes en terrenos comprendidos en la Reserva Forestal Golfo Dulce, la Junta Directiva del IDA ya había emitido el acuerdo de adjudicación de la parcela 28 Dirección14236 -comprendido en dicha reserva forestal y descrito en el plano catastrado número P-1027420-2005-, dado que esa conducta formal fue dictada desde el 06 de enero de 1999. Por ende, considera este Tribunal que al existir un acto declarativo de derechos subjetivos a favor de la actora sobre dicho inmueble, ya no resultaba aplicable -en principio- lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Decreto Ejecutivo 8494-A, relativo a determinar si las personas ocupantes de terrenos comprendidos en la Reserva Forestal Golfo Dulce, lo hacían en una finca inscrita a su nombre; en una finca con posesión decenal anterior al 01 de junio de 1978 o en fincas bajo posesión precaria, como requisito sine qua non para que el Estado a través del MINAE y el SINAC, gestionaran la compra directa o la expropiación de esos terrenos “…que se encuentren dentro de la demarcación de esta Reserva y que sean indispensables para su integración…”.
Tan es así, que la actora y el inmueble que le fue adjudicado por el INDER, no aparecen en la lista de las fincas adquiridas por el Estado mediante compra o donación dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, al 09 de noviembre del 2015, visible de imagen 55 a 57 del memorial presentado por el Estado el 12 de enero del 2016, que consta en la carpeta de escritos del expediente virtual. Por ende, se acoge la excepción de falta de legitimación planteada por el representante del SINAC y se declara la falta de legitimación ad causam pasiva del Estado y se declara la demanda inadmisible respecto de ambos.
VIII.SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ALEGADA POR LOS TRES CODEMANDADOS, RESPECTO A LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS PLANTEADAS ACCESORIAMENTE POR LA PARTE ACTORA. En primera instancia y dado que se acogió la excepción de falta de legitimación planteada por el representante del SINAC y se declaró la falta de legitimación ad causam pasiva respecto del Estado, carece de interés referirse a las defensas de prescripción que ambos plantearon, por lo que, este órgano colegiado únicamente hará referencia a la interpuesta por el apoderado del INDER. En primera instancia, no resulta aplicable el plazo de 10 años previsto en el 868 del Código Civil, toda vez que el objeto del proceso es revisar la legalidad de conductas de la Administración Pública, específicamente del INDER (antiguo IDA) y determinar la procedencia o no de las pretensiones indemnizatorias planteadas de manera accesoria, por lo que, deben aplicarse las normas de derecho público que resulten procedentes.
Asimismo, estima este órgano colegiado, que lo dispuesto en el artículo 873 del Código Civil con relación al 868 de ese mismo cuerpo normativo, tampoco resulta aplicable al caso concreto, pues no estamos ante el supuesto de una ejecución de la sentencia número 1997-2456 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 10:15 horas del 02 de noviembre del 2007, a efecto de resolver el recurso de amparo tramitado bajo expediente número 92-003605-0007-CO, toda vez que la demandante en este proceso de conocimiento, no figura como recurrente en dicho amparo (ver folios 892 a 899 del expediente judicial). Ahora bien, tal y como se desprende del elenco de pretensiones visibles de folios 2230 a 2236 del expediente judicial, no estamos frente a un proceso civil de hacienda en que la pretensión indemnizatoria sea el objeto central del mismo, sino que por el contrario nos encontramos ante un proceso de conocimiento en que se impugnan conductas formales y omisivas del INDER.
En ese sentido, cabe recordar que si bien en el considerando V de esta sentencia se rechazó la caducidad planteada por el representante de dicho instituto respecto de las pretensiones anulatorias del acuerdo número 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 del 19 de noviembre del 2007; también lo es, que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo, serán impugnables las conductas omisivas mientras subsistan sus efectos continuados. Lo anterior adquiere relevancia en la especie, pues tal y como se analizó en el considerando precedente, la propia Junta Directiva del IDA dictó un acto favorable a la actora y a un tercero sobre la Dirección14234 , descrita en el plano catastrado número P-1027420-2005, en el tanto la declaró junto con Nombre115266 –en ese entonces su pareja de hecho- adjudicatarios de ese terreno desde el 06 de enero de 1999, condición que se hace constar en el oficio OSO-009-06 del 09 de enero del 2006, suscrito por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa (imágenes 72 a 73 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual; folio 173 del expediente judicial).
No obstante, el INDER ha mantenido vigente un acto declarativo de derechos a favor de la actora y de un tercero, que no puede ser ejecutado por ser resultar manifiestamente contrario a lo dispuesto en los numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575 vigente desde el 16 de abril de 1996); 3 del Decreto Ejecutivo 8494-A, a pesar de que el numeral 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, le impone la obligación de “…anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley…”. Lo anterior implica que la conducta omisiva en que incurre el INDER, tiene efectos continuados que se mantienen hasta la fecha, puesto que se tiene por no acreditado que dicho instituto dejara sin efecto, mediante las vías previstas al efecto en los artículos 173 de la Ley General de la Administración Pública, 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -vigentes en ese momento-, dicho acto declarativo de derechos a favor de la actora (considerando II aparte c de esta sentencia).
Ahora bien, es menester resaltar, que no es hasta el dictado de la sentencia número 2007-008098 de las 16:24 horas de 12 de junio del 2007, en el recurso de amparo interpuesto por la aquí actora Nombre115261 y otros contra el Instituto de Desarrollo Agrario y otros, tramitado bajo expediente 07-007540-0007-CO, que la demandante tuvo conocimiento efectivo del hecho que podría motivar la posible responsabilidad de la Administración, específicamente del INDER, puesto que en el considerando III de esa sentencia se indica que “…existe una imposibilidad material para los recurridos de titular terrenos dentro de las reservas de carácter forestal por resultar tal proceder inconstitucional, según lo dispuesto por este Tribunal (…) sin perjuicio de que los recurrentes puedan iniciar en contra de los recurrido las acciones que estimen pertinentes en la vía ordinaria contencioso administrativa, tendente a la protección de sus intereses y derechos…” (folios 155 a 164 del expediente judicial).
En razón de lo anterior, estima este Tribunal que la pretendida prescripción planteada por el representante del INDER con fundamento en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, respecto de las pretensiones indemnizatorias que la actora formula de manera accesoria a la principal –anulatorias de actos formales y a las declarativas por conductas omisivas relacionadas con la falta de titulación y entrega de escritura de propiedad sobre la Dirección14234 -, no resulta procedente, no sólo porque tal y como ha considerado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: "...El cardinal 198 de la LGAP establece: “El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad”. Si bien la norma de comentario dispone que el plazo se contabiliza a partir del hecho que motiva la responsabilidad, esta Sala ha considerado que para “(…) determinar el inicio del plazo de la prescripción se necesitan dos requisitos, uno objetivo tal como lo es el hecho o la conducta que motiva el daño, y otro subjetivo constituido por la certeza en el sujeto que lo sufre, de que aquélla es la causa de su lesión.
Estos requisitos no siempre ocurren en forma simultánea, correspondiendo al intérprete su determinación, que bajo el principio constitucional de tutela efectiva, no puede ser otro que aquel cuando se tiene conocimiento del hecho dañino” (Sentencia no. 456-F-2007 de las 14 horas 30 minutos del 2 de julio de 2007. En ese sentido consúltense las resoluciones no. 844-F-S1-2016 de las 10 horas 10 minutos del 11 de agosto de 2016, 279-F-S1-2014 de las 8 horas 55 minutos del 26 de febrero de 2014 y 490-F-S1-2012 de las 8 horas 50 minutos del 19 de abril de 2012)..."; sino porque no nos encontramos ante un proceso civil de hacienda, dado que las pretensiones indemnizatorias fueron planteadas accesoriamente a las anulatorias de actos formales y a las declarativas por conductas omisivas relacionadas con la falta de titulación y entrega de escritura de propiedad sobre la Dirección14234 , las que tal y como se indicó tanto en este considerando como en el número V de esta sentencia, fueron planteadas conforme a lo dispuesto en los artículos 39 y 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
En ese sentido, se reitera que la demandante tuvo conocimiento efectivo del hecho que podría motivar la responsabilidad de la Administración, específicamente del INDER, a partir del 12 de junio del 2007, fecha en que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, indicó que si bien no era posible titular a favor de los recurrentes –entre los que se encuentra la actora- en terrenos comprendidos en la Reserva Forestal Golfo Dulce, dado que forman parte del Patrimonio Natural del Estado desde el 01 de junio de 1978, ello no obstaba para que “…los recurrentes puedan puedan iniciar en contra de los recurrido las acciones que estimen pertinentes en la vía ordinaria contencioso administrativa, tendente a la protección de sus intereses y derechos…” (folios 155 a 164 del expediente judicial). Por todo lo expuesto, se rechaza la excepción de prescripción planteada por el representante del INDER.
IXo.- EN CUANTO A LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS NÚMERO 8, 9 Y 10 DE LA DEMANDA. Este Tribunal estima lo que de seguido se expone: i) Daños y perjuicios relativos a la supuesta prohibición para utilizar la parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, comprendida en la Reserva Forestal Golfo Dulce: En primera instancia, es menester indicar que contrario a lo que afirma el representante de la actora, de los artículos 6 y 7 del Decreto Ejecutivo numero 8494-A –que crea la Reserva Forestal Golfo Dulce- se desprende que es posible el aprovechamiento de los recursos naturales en dicha reserva, siempre y cuando se cuente con el permiso respectivo, el cual, se otorgará bajo normas técnicas que se aprobaran por la autoridad forestal y/o ambiental competente, conforme a la zonificación que para tal efecto se establezca, lo que se corrobora mediante oficio número ACOSA D-0183 del 22 de abril del 2008, suscrito por la Directora del Área de Conservación Osa del SINAC, visible a folios 540 y 541 del expediente judicial, conforme al cual, “…los ocupantes de la reserva han podido hacer uso libremente de sus tierras siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la legislación vigente aplicable por igual a todos los ciudadanos del país…”.
Tan es así, que de la declaración jurada otorgada por la demandante ante el Notario Público Ramón Zumbado Retana, a las 14:00 horas del 11 de enero del 2006; así como, de las declaraciones testimoniales de Nombre115268 , Nombre115269 y Nombre115270 , se desprende que la demandante ha aprovechado el terreno con posterioridad a que fuera declarado como parte de la Reserva Forestal, pues ha sembrado laurel, cacao y pastos, aunque con resultados negativos (ver respaldo digital de las declaraciones testimoniales de Nombre115268 , Nombre115269 y Nombre115270 , rendidas en las audiencias de juicio celebradas el 02 y 05 de abril del 2019 -respectivamente-, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual; folios 168 a 169 del expediente judicial; imágenes 47 y 48 del escrito presentado el 05 de enero del 2016 por el INDER, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual).
Sin perjuicio de que mediante acuerdo adoptado por la Junta Directiva del INDER en artículo 77 de la sesión ordinaria número 023-2013, celebrada el 30 de setiembre del 2013, se dispuso en firme “…Autorizar el pago de servicios ambientales en la modalidad de protección al bosque, para los terrenos descritos en los planos catastrados: 4- P-1027420-2005…” que describe la parcela número 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce. Dicho acuerdo le fue notificado a la 11:55 horas del 20 de diciembre del 2013, por medio de quién dijo ser su regente forestal (imágenes 76 y 77 del memorial presentado por el INDER el 05 de enero del 2016, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual). En este punto cabe destacar, que la actora no acreditó que de alguna manera se hubiera visto imposibilitada para hacer efectivo el cobro de los servicios ambientales en la modalidad de protección del bosque, que le fue autorizado por la Junta Directiva del INDER en el acuerdo parcialmente transcrito con anterioridad (considerando II aparte d de esta sentencia).
Que por todo lo expuesto, estima este órgano colegiado que las pretensiones número 8 y 9 por supuestos daños y perjuicios causados a consecuencia de una supuesta prohibición absoluta para el aprovechamiento de los recursos naturales de la parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, por encontrarse en una Reserva Forestal, resultan carentes de todo sustento fáctico y jurídico. ii) Sobre el daño moral subjetivo. La actora pretende que se le reconozca la suma de cincuenta millones de colones (¢50.000.000,00) por concepto de indemnización por daño moral subjetivo, por los sufrimientos y aflicciones que ha padecido, a consecuencia de haber sufrido por más de cincuenta años condiciones indescriptibles en el lugar objeto de conflicto, mientras esperaba a que se hiciera un pago justo de la finca que ha poseído, situación que la obligó a buscar fuentes de trabajo para tratar de subsistir dado que no le era permitido realizar un aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el terreno.
En ese sentido, es menester recordar, que no obstante en los supuestos en que se alegue un daño moral subjetivo, no es necesario demostrar su cuantía; también lo es, que sí debe acreditarse no sólo la existencia del daño, sino el nexo de causalidad con la conducta que presuntamente los provocó, con excepción de aquellos casos en que por la experiencia humana, sea evidente el sufrimiento, la angustia o el dolor ocasionado a consecuencia de una determinada conducta, lo cual ocurre en este caso. Ello por cuanto, el daño moral subjetivo surge por la incertidumbre y el desgaste que le provocó a la demandante, esperar a que el INDER procediera a titular a su nombre la Dirección14234 , comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce, que le fue adjudicada desde por la Junta Directiva del IDA desde el 06 de enero de 1999, acuerdo que si bien es cierto no puede ser ejecutado por ser contrario a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575) y 3 del Decreto Ejecutivo número 8494-A, también lo es, que el INDER ha omitido su obligación de anularlo de oficio, conforme a los cauces procesales previstos en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.
No obstante lo anterior, cabe indicar que dicho sufrimiento e incertidumbre se atenúa, no sólo porque se tiene por demostrado que la demandante tuvo la posibilidad efectiva de aprovechar los recursos naturales de la Dirección14235 una vez constituida la reserva forestal; sino también porque trabajó en el Parque Nacional Corcovado hasta acogerse a la jubilación, sin perjuicio de que en la actualidad vive en el sector de Agujitas de Osa, tal y como declaró la testigo Nombre115269 en la primera parte de la audiencia de juicio, realizada el 02 de abril del 2019 (ver respaldo digital de esa diligencia, en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual). En razón de todo lo expuesto, se condena al Instituto de Desarrollo Rural al pago de un millón quinientos mil de colones por concepto de daño moral subjetivo (¢1.500.000,00) cuya liquidación efectiva y su debido reajuste, se realizará en la vía de ejecución de sentencias, una vez que este pronunciamiento adquiera firmeza.
Xo.- CON RELACIÓN A LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 1, 2 Y 3 RELATIVAS AL PAGO DEL VALOR DE LA PARCELA 28 SECTOR 4. En cuanto a las pretensiones subsidiarias 1 y 2 tendentes a que se pague a la actora a título de expropiación, el valor de la parcela 23 sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, con un área de 299.918.31 metros cuadrados, descrita en el plano catastrado número P-1027420-2005, en virtud de supuestamente haberla poseído por más de diez años antes de la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce mediante Decreto Ejecutivo 8494-A, condición de beneficiaria usucapiente que según su dicho le fue reconocida mediante oficio OSO-09-06 del 09 de enero del 2006, este Tribunal las declara improcedentes. Ello por cuanto, tal y como se analizó en los considerandos VI y VII de esta sentencia, de la prueba allegada a los autos no se desprende que la actora haya poseído el terreno de manera directa o sumando la supuesta posesión de los anteriores ocupantes, diez años antes a la creación de la Reserva Forestal Osa (1 de junio de 1978), como tampoco que mediante oficio OSO-09-06 del 09 de enero del 2006, el Jefe de la Oficina Subregional del entonces Instituto de Desarrollo Agrario en Osa, le haya reconocido la condición de beneficiaria en calidad de usucapiente prevista en el numeral 8 del Decreto Ejecutivo 8494-A, y por ende, que tenga derecho a que se gestione la expropiación o compra directa de esos terrenos, siempre que fueran indispensables para la integración de la reserva.
Ahora bien, en cuanto a la pretensión subsidiaria número 3, este órgano colegiado estima que debe acogerse por las siguientes razones: i) La omisión en que ha incurrido el antiguo IDA y el actual INDER en declarar lesivo el acuerdo número VI de la sesión 002-99 del 06 de enero de 1999, en que declara como adjudicatarios a la actora Nombre115272 y a Nombre115266 de la Dirección14234 , resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 174 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, pues ha mantenido vigente un acto declarativo de derechos a favor de la actora y un tercero, que no puede ser ejecutado por ser resultar manifiestamente contrario a lo dispuesto en los numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (número 7575 vigente desde el 16 de abril de 1996); 3 del Decreto Ejecutivo 8494-A; ii) Dicha omisión ilegítima ha incidido negativamente en la esfera jurídica de la demandante, pues el INDER la colocó en un estado de incertidumbre que no tiene el deber de soportar, dado que sigue a la espera de que se titule a su nombre y se le entregue la escritura de propiedad sobre la parcela 23 sector 4, lo cual, resulta imposible de ejecutar por constituir un terreno que forma parte del Patrimonio Natural del Estado, por lo que, aún y cuando se encuentre comprendido en la finca 39334-000 inscrita a nombre del antiguo IDA hoy INDER, dicho institución no estaba facultado para enajenarlo o gravarlo al ser un bien demanial, conforme a lo dispuesto en los numerales 14 y 15 de la Ley Forestal número 7575; iii) Que en razón de lo expuesto, resultan manifiestamente improcedentes las eximentes de responsabilidad alegadas por el apoderado del INDER, relativas a culpa de la víctima y hecho de un tercero, toda vez que fue dicha entidad la que adjudicó a favor de la actora la parcela 23 del sector 4 del Asentamiento Campesino Osa (finca 39334-000), a pesar de dicho inmueble forma parte del Patrimonio Natural del Estado, al estar comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce.
Por ende, la creación de la misma mediante Decreto Ejecutivo número 8494-A, no es la causa o el hecho que genera la responsabilidad, sino las conductas en que incurrió el INDER al adjudicarle la parcela indicada, a pesar de que el acto resulta contrario al ordenamiento jurídico, con el agravante de que omitió cumplir la obligación que le impone el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública, en orden a anular de oficio ese acto por adolecer de vicios de nulidad absoluta, dentro de las limitaciones que le establece esa Ley; iv) Por todo lo expuesto, se condena al INDER a pagar a la actora a título de indemnización por la imposibilidad de ejecutar el acuerdo VI de la sesión 002-99 celebrada por la Junta Directora de esa entidad el 06 de enero de 1999, en que se le adjudica la parcela 23 del sector 4 del Asentamiento Campesino Osa, comprendida en la Reserva Forestal Golfo Dulce, con un área de 299.918.31 metros cuadrados, descrita en el plano catastrado número P-1027420-2005, la mitad del valor de mercado que tenía dicho inmueble (dado que también fue adjudicado a favor de Nombre115266 ), al 14 de febrero del 2008 (fecha en que la actora planteó la demanda), tal y como se solicita en la parte final de la pretensión subsidiaria número 3, monto que será determinado y liquidado de manera efectiva, en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal.
XIo.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS Y EXCEPCIONES DE FONDO. Conforme a lo analizado en los considerandos IV, V y VII de esta sentencia, se rechazan las excepciones de cosa juzgada material, caducidad y prescripción. Asimismo y con base en lo dispuesto en el considerando VII de esta sentencia, se acoge la excepción de falta de legitimación planteada por el representante del SINAC y se declara la falta de legitimación ad causam pasiva del Estado, por lo que, la demanda resulta inadmisible respecto de ambos. Por otra parte, este Tribunal estima que el proceso fue incoado por la destinataria de las conductas en que incurrió el INDER al adjudicarle desde el año 1999 la Dirección14234 y al no cumplir la obligación que le impone el numeral 174 de la Ley General de la Administración Pública en orden a anular de oficio un acto declarativo de derechos que adolezca de vicios de nulidad absoluta por los medios procesales previstos en esa misma ley; y el reclamo se plantea contra el Instituto de Desarrollo Rural antes Instituto de Desarrollo Agrario, que es el autor de las conductas activas y omisivas objeto de este proceso de conocimiento, por lo que, la legitimación activa se ampara en lo dispuesto en los ordinal 10.1.a del Código Procesal Contencioso Administrativo, y se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva.
Por su parte, el interés se mantiene actual, en el tanto las conductas activas y omisivas relacionadas tanto con el acto declarativo de derechos en favor de la actora, que el INDER adoptó en artículo VI de la sesión 002-99 del 6 de enero de 1999, como con el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública por esa misma entidad, siguen surtiendo efectos en la esfera jurídica de la demandante y requieren de una resolución jurisdiccional que las resuelva, por lo que, se rechaza la excepción de falta de interés. Finalmente, encuentra este órgano colegiado que por todo lo expuesto en los considerandos VI, VII (en parte) IX (en parte) y X (en parte), se acoge la excepción de falta de derecho, únicamente en cuanto a las pretensiones principales 1 a 9, y las pretensiones subsidiarias 1 y 2. En consecuencia, y por todo lo expuesto en los considerados VII (en parte) IX (en parte) y X (en parte) de esta sentencia, se rechaza la excepción de falta de derecho en los extremos restantes y se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Nombre115261 Nombre115261 contra el Instituto de Desarrollo Rural, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa:
XIIo.- SOBRE LAS COSTAS. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, este órgano colegiado no encuentra motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen al Instituto de Desarrollo Rural, el pago de las costas personales y procesales en que incurrió la actora, extremos que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal. Por otra parte, considera este órgano colegiado, que por la complejidad de las cuestiones debatidas, existió motivo bastante para que la actora litigara en contra del Estado y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, razón por la cual, se le exonera del pago de ambas costas con relación a dichos codemandados.-
POR TANTO.
Se rechazan las excepciones de cosa juzgada material, caducidad y prescripción. Se acoge la excepción de falta de legitimación planteada por el representante del SINAC y se declara la falta de legitimación ad causam pasiva del Estado, razón por la cual, la demanda resulta inadmisible respecto de ambos codemandados. Se rechazan las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de interés actual planteadas por el Instituto de Desarrollo Rural. Se acoge la excepción de falta de derecho, únicamente en cuanto a las pretensiones principales 1 a 9, y las pretensiones subsidiarias 1 y 2. En consecuencia, se rechaza la excepción de falta de derecho en los extremos restantes y se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Nombre115273 contra el Instituto de Desarrollo Rural, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa:
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