Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 00189-2013 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 14/05/2013

Demolition in Public Coastal Zone for Unproven Resident StatusDemolición en zona pública por falta de condición de poblador

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The municipal demolition order was upheld because qualifying resident status was not proven and the structure encroached on the public zone, but enforcement was temporarily suspended by operation of Law 9073.Se confirmó la orden municipal de demolición porque no se acreditó la condición de poblador y la construcción invadía la zona pública, pero su ejecución quedó suspendida temporalmente por mandato de la Ley 9073.

SummaryResumen

The Tribunal upheld the Garabito Municipality’s resolution ordering the demolition of a structure located partly within the public sector of the maritime-terrestrial zone at Playa La Pita. It distinguished among owners, lessees, concession holders, occupants, and qualifying coastal residents: an occupant has no possessory rights, although an occupant may receive priority when applying for a concession, while a qualifying resident must be Costa Rican by birth, prove more than ten years of residence predating Law 6043, and hold the occupied lot as their only property. The appellant submitted no legally sufficient evidence of those requirements. A certification showing that no real estate was registered in his name and a general statement about local fishing families did not establish qualifying resident status. Moreover, even a recognized resident must respect the public zone. Nevertheless, Law 9073 required temporary suspension of the demolition order’s effects, subject to statutory exceptions involving environmental harm, and the Tribunal declared the administrative remedies exhausted.El Tribunal confirmó la resolución de la Municipalidad de Garabito que ordenó demoler una construcción ubicada parcialmente en la zona pública de la zona marítimo-terrestre de playa La Pita. Diferenció las figuras de propietario, arrendatario, concesionario, ocupante y poblador: el ocupante carece de derechos posesorios, aunque puede tener prioridad para solicitar una concesión, mientras que el poblador debe ser costarricense por nacimiento, acreditar más de diez años de residencia anteriores a la Ley 6043 y tener el lote como única propiedad. El recurrente no aportó prueba idónea de esos requisitos; la certificación de que no poseía inmuebles inscritos y una declaración general sobre habitantes dedicados a la pesca no demostraron su condición de poblador. Además, aun un poblador reconocido debe respetar la zona pública. No obstante, por mandato de la Ley 9073, el Tribunal suspendió temporalmente los efectos de la orden de demolición, salvo los supuestos legales relacionados con daño ambiental, y declaró agotada la vía administrativa.

Key excerptExtracto clave

After reviewing the record, this Chamber finds that the respondent Municipality is correct regarding the appellant’s failure to produce evidence supporting the factual basis of his claimed status as a qualifying resident, a circumstance that necessarily entails rejection of his appeal and the resulting exhaustion of administrative remedies. Additionally, it should be emphasized that the final act closing the initial phase of the proceeding and opening its appellate phase ordered the demolition of what had been built in the Public Zone. It is important to note that Article 70 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, which regulates qualifying resident status as described above, requires respect for that Public Zone. This further supports the need to uphold the decision under appeal because it is undisputed that part of the appellant’s construction is located within that sector of the Maritime-Terrestrial Zone. The appealed resolution is upheld. The Municipality of Garabito shall observe the suspension of the effects of the upheld resolution under Articles 1 and 2 of the Law for the Protection of Occupants of Areas Classified as Special, Law No. 9073. Administrative remedies are declared exhausted.Revisados los autos, esta Cámara aprecia que lleva razón la Municipalidad recurrida respecto de la inexistencia de actividad probatoria de parte del apelante, tendente a dar sustento fáctico a su alegada condición de poblador, situación que acarrea el indefectible rechazo de su articulación recursiva, con el consiguiente agotamiento de la vía administrativa. Adicionalmente cabe destacar que en el acto final que cerró la fase constitutiva del procedimiento y que dio paso a la fase recursiva de éste, se ordenó la demolición de lo construido en Zona Pública, siendo importante aquí destacar que el artículo 70 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que regula el instituto del poblador en los términos apuntados dispone el respeto de la referida Zona Pública, aspecto que determina aún más la necesidad de confirmar la resolución venida en alzada, pues es un hecho no controvertido que parte de lo construido por el recurrente está ubicado en dicho sector de la Zona Marítimo Terrestre. Se confirma la resolución recurrida. Estese la Municipalidad de Garabito a la suspensión de los efectos de la resolución confirmada en los términos de los artículos 1 y 2 de la Ley de Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, Ley Nº 9073. Se da por agotada la vía administrativa.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Los “ocupantes” en palabras de la Sala Primera, son simplemente: “todas aquellas personas que, asentadas en la zona restringida, no contaban con una concesión al momento de promulgarse la Ley 6043”, estas personas no tienen derecho al pago de las mejoras, aunque sí un derecho de prelación o prioridad de sus solicitudes de concesión."

    "In the words of the First Chamber, “occupants” are simply “all those persons who, while settled in the restricted zone, did not hold a concession when Law 6043 was enacted”; these persons have no right to payment for improvements, although they do have a preferential or priority right regarding their concession applications."

    Considerando IV

  • "Los “ocupantes” en palabras de la Sala Primera, son simplemente: “todas aquellas personas que, asentadas en la zona restringida, no contaban con una concesión al momento de promulgarse la Ley 6043”, estas personas no tienen derecho al pago de las mejoras, aunque sí un derecho de prelación o prioridad de sus solicitudes de concesión."

    Considerando IV

  • "Por su parte, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley son “pobladores ” los costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en la Zona Marítimo Terrestre respectiva previos a la entrada en vigencia de la Ley 6043, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre su domicilio, y que además no tengan otras propiedades a su nombre."

    "Under Article 70 of the Law, “qualifying residents” are Costa Ricans by birth who resided in the relevant maritime-terrestrial zone for more than ten years before Law 6043 entered into force, as shown by information from the local Rural Assistance Guard authority or an Electoral Registry certification of domicile, and who have no other property registered in their names."

    Considerando IV

  • "Por su parte, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley son “pobladores ” los costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en la Zona Marítimo Terrestre respectiva previos a la entrada en vigencia de la Ley 6043, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre su domicilio, y que además no tengan otras propiedades a su nombre."

    Considerando IV

  • "Así las cosas, deja esta Cámara señaladas las dudas respecto de la constitucionalidad de tales requerimientos procesales al poderse constituir éstos en una prueba diabólica."

    "Accordingly, this Chamber places on record its doubts concerning the constitutionality of those procedural requirements, as they may amount to an impossible burden of proof."

    Considerando V

  • "Así las cosas, deja esta Cámara señaladas las dudas respecto de la constitucionalidad de tales requerimientos procesales al poderse constituir éstos en una prueba diabólica."

    Considerando V

  • "En el Estado actual del “ordenamiento” jurídico la ejecución de dicha resolución debe suspenderse, en razón de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 9073."

    "Under the current state of the legal order, enforcement of that resolution must be suspended pursuant to Articles 1 and 2 of Law 9073."

    Considerando VI

  • "En el Estado actual del “ordenamiento” jurídico la ejecución de dicha resolución debe suspenderse, en razón de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 9073."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Tribunal Contencioso Administrativo, Main Office 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Email: ...01 _________________________________________________________________ Proceeding: Municipal Improper Hierarchical Appeal.

Appellant: Nombre103387 .

Respondent: Municipalidad de Garabito.

Case File: 12-001302-1027-CA.

No. 189-2013.

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera. Segundo Circuito Judicial de San José, Dirección200 . , at fourteen hours and thirty minutes on catorce de mayo del dos mil trece.- This Tribunal, acting as the improper hierarchical authority (jerarca impropio), hears the appeal filed by Nombre103387 against resolution AME-003-2012 dated 4 de enero de 2012, signed by Ms. Karla Gutiérrez Mora, Acting Mayor of the canton of Garabito.

Drafted by Judge Leiva Poveda, and:

CONSIDERING

I- Background: The following facts relevant to the resolution of this matter are deemed established:

  • 1)By resolution ZMT-201-2011, dated 4 de noviembre de 2011, the Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Garabito determined that the appellant was acting outside the law insofar as his building is located in the Public Zone (Zona Pública) of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of Playa La Pita and, consequently, ordered the demolition of said structure (see pages 25 to 29 of the case file);
  • 2)Mr. Nombre103387 filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) against that resolution (pages 32 to 35 of the case file);
  • 3)By official letter MMT-238-2011 dated 17 de noviembre de 2011, the motion for reconsideration was denied and the appeal was admitted for consideration by the Alcaldía Municipal (pages 37 to 42 of the case file);
  • 4)The appeal was denied by Ms. Karla Gutiérrez Mora, Acting Mayor of the canton of Garabito, in resolution AME-003-2012 dated 4 de enero de 2012 (see pages 8 to 23 of the case file).
  • 5)With respect to that resolution, on 31 de enero de 2012, Mr. Nombre103387 filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal (recursos de revocatoria con apelación subsidiaria) (see pages 47 to 49 of the case file); and
  • 6)By resolution AME-052-2012, dated 20 de febrero de 2012, the motion for reconsideration was denied and the appeal was admitted for consideration by this Tribunal (see pages 51 to 58 of the case file).

II.Unproven facts: That Mr. Nombre103387 is a resident (poblador) of the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone at playa La Pita, in the canton of Garabito (the record).

III- Arguments of the parties. The appellant, Nombre103387, stated that he had lived at that location since before Ley 6043 came into existence, as he has resided there and had his house built there for more than 50 years. He states that he is located on the seafront so that he may engage in artisanal fishing (pesca artesanal) and look after the boats and other equipment. He adds that the Sala Constitucional has established that this right must be respected. He explains that, as a seafaring person, he has a right to work and that this is his only home. He argues that the Contraloría General de la República indicated in official letter DFOE-9-2009, subsection d), that the Municipalidad is obligated to provide a housing solution to persons who have inhabited the location for more than ten years. He concludes by stating that the demolition of his dwelling is improper in light of Article 75 of the Reglamento a la Ley 6043.

The respondent Municipalidad, for its part, states that it gathered the relevant information and verified that the structure built by Mr. Nombre103387 is located between boundary markers (mojones) 624 and 625 of the Instituto Geográfico Nacional, rendering it unlawful, because no Regulatory Plan (Plan Regulador) exists for the area and no municipal construction permit was obtained for the approximately 90-square-meter building, which is situated in the Restricted Zone (Zona Restringida) and the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone. It adds that it proceeded in accordance with the Ley de la Zona Marítimo Terrestre and respected the appellant’s right to seek review. It explains that Mr. Nombre103387 failed to demonstrate that he had been granted any right over the parcel, nor did he establish that he was a resident of the area or engaged in artisanal fishing; it was therefore appropriate to act in accordance with Articles 10, 12, and 13 of the aforementioned Law.

IV- Favorable legal positions (situaciones jurídicas de ventaja) in the Maritime-Terrestrial Zone, in light of the considerations of the Sala Primera in judgment 317-2008. (occupant (ocupante), owner (propietario), lessee (arrendatario), resident, concession holder (concesionario)). Because the following matters are wholly undisputed in these proceedings—the authority of municipal corporations to protect the Maritime-Terrestrial Zone and the legal scope of the concept of the Maritime-Terrestrial Zone—this Chamber considers it necessary, before analyzing the specific case, to clarify certain legal terms relating to the various legal positions governed in matters concerning the Maritime-Terrestrial Zone by Ley Nº 6043 and its regulations, which have now been defined by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia in the above-cited judgment (317-2008). In this regard, the aforementioned Chamber has held:

“In accordance with the foregoing, it is of cardinal importance to determine who must be considered an ‘occupant’ (ocupante) of land located in the restricted zone (zona restringida). Should that concept be equated with that of a possessor (poseedor)? After analyzing the provision at issue jointly and harmoniously with the remaining articles of the aforementioned Law and the provisions of its Regulations, this Chamber concludes that the answer must be negative. Pursuant to Article 1 of the Law at issue, the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) forms part of the national patrimony, belongs to the State, and is inalienable and not subject to acquisition by prescription (imprescriptible). It bears repeating that private parties may make use of the restricted zone only through concessions (concesiones) (Article 39). In this regard, under section 12, unauthorized occupancy (tenencia no autorizada) of land located therein is prohibited: ‘In the maritime-terrestrial zone, without due legal authorization, it is prohibited to exploit the existing flora and fauna, demarcate boundaries with fences, lanes, or by any other means, erect buildings or installations, cut down trees, extract products, or carry out any other type of development, activity, or occupation.’ Section 13 penalizes unlawful possession or occupancy (posesión o tenencia ilegítima) as follows: ‘As soon as the authorities of the corresponding jurisdiction and the respective municipalities learn of the violations referred to in the two preceding articles, they shall, following an inquiry conducted for that purpose if deemed necessary, proceed to evict the offenders and destroy or demolish the structures, alterations, or installations erected by them, without any liability whatsoever on the part of the authority or municipality.

The cost of demolition or destruction shall be charged to the owner of the structure or installation. All of the foregoing is without prejudice to the applicable criminal penalties.’ Nevertheless, section 6 recognizes lawfully acquired private property in the maritime-terrestrial zone: ‘The provisions of this Law shall not apply to areas of cities located along the coasts, to properties lawfully registered in the names of private parties, or to those whose legitimacy is recognized by law.’ However, as provided in section 8, those lands are declared to be for public use (utilidad pública) for expropriation purposes: ‘The maritime-terrestrial zone is hereby declared to be for public use so that lots, parcels, or improvements located therein that have been sold, acquired, or held as property by private parties may be recovered for the national patrimony through expropriation.’ Likewise, in its Transitional Provisions I and II, the Law under discussion preserves the validity and effectiveness of lease agreements (contratos de arrendamiento) entered into under the prior legislation, provided that certain requirements are met: ‘Transitional Provision I.- Concessions or lease agreements granted under prior laws, except for the exceptions established herein, shall come under the control of the respective municipalities and shall continue under the same terms and conditions under which they were agreed; however, upon their expiration, and if an extension is approved, they shall be amended in accordance with the provisions of this Law.

The foregoing applies to the maritime-terrestrial zone. Transitional Provision II.- Within the first six months after this Law enters into force, the municipalities and the Instituto de Tierras y Colonización shall submit to the Instituto Costarricense de Turismo copies of the agreements or concessions they have granted in the maritime-terrestrial zone, without prejudice to the interested parties also submitting their agreements to that Institute within the same period, all for purposes of registration therewith. If that period expires without such agreements having been submitted, they shall be invalid and deemed terminated./ If no agreements were executed, any available supporting documents must be submitted./ In all cases, proof that payment of the respective fees (cánones) is current must be attached. The absence of such proof shall establish that the fees have not been paid./ For purposes of this Transitional Provision, the originals of the documents or photocopies thereof, signed by the interested party or by the representative of the corresponding entity, may be submitted.’ Consequently, the legal status of occupant referred to in Article 44 under discussion does not refer to owners, because they do not require a concession to enjoy the use of their land; nor does it refer to lessees of real property located in the maritime-terrestrial zone whose agreements were granted in accordance with the prior regulations, since, as just discussed, they are governed by specific provisions, on the understanding that these are extensions of the agreements; still less does it refer to persons who entered that zone unlawfully, because this is expressly prohibited by Article 12, as noted above.

The valid interpretation is that ‘occupant’ means all persons who, while settled in the restricted zone, did not hold a concession when Ley 6043 was enacted. It is therefore a special or exceptional regime, and it is not the only such regime under those regulations. In this regard, as noted above, Article 6, quoted above, excluded areas of cities located along the coasts; moreover, section 70 established the legal status of resident (poblador), who is afforded the possibility of remaining on the properties occupied by them until the zone is planned, at which time they may be relocated and compensated for their improvements (mejoras). That article provides: ‘Residents of the maritime-terrestrial zone who are Costa Rican by birth and have resided there for more than ten years, as shown by information from the local Guardia de Asistencia Rural authority or by certification from the Registro Electoral regarding the applicant’s domicile, may remain in possession of their respective lots, provided that each such lot is their only property.

They must, however, comply with the planning for the zone, for which purpose they may be relocated and compensated for their improvements in accordance with this Law. In all cases, the public zone (zona pública) must be respected.’ The foregoing conclusion—that, by using the expression ‘occupant,’ the Law refers to a special regime—is confirmed by section 48: ‘Concessions shall be granted for a term of no less than five and no more than twenty years and must state the fee payable and the method of payment. That fee replaces the land tax./ The Regulations to this Law shall establish the procedure for processing an application, the forms of concession, the fee payable in each zone according to its circumstances and, in particular, according to the differing circumstances of residents or inhabitants and those who are not, as well as any other provisions deemed necessary to govern relations between municipalities and concession holders (concesionarios).’ (Underlining not in the original); by stating ‘... and those who are not ...,’ that provision refers to occupants.

Section 75 of the Regulations is more explicit in elaborating upon the foregoing statutory provision: ‘Residents of the maritime-terrestrial zone who are Costa Rican by birth and have resided there continuously for more than ten years, as shown by information from the local Guardia de Asistencia Rural authority or by certification from the Registro Electoral regarding the applicant’s domicile, may remain in possession of their respective lots, provided that each such lot is their only property, and they may be relocated in accordance with the planning for the zone after receiving compensation for the improvements. In all cases, the public zone must be respected. / When the period of residence is less than ten years, residents may apply for a concession over the property, provided that no part of the public zone is included. If improvements exist in the public zone, the provisions of subsection e), Article 73 of the Regulations shall apply, as shall the provisions of Article 74 of the Regulations if the improvements are located in the restricted zone. / Persons who are not residents and who have constructed or built in the restricted zone on unlawfully possessed properties shall not be entitled to payment for improvements. / They may, however, apply for a concession over the property and, if it is granted, they shall not be charged for the use and enjoyment of those improvements.

Concession applications submitted by occupants of the maritime-terrestrial zone shall have priority over all others.’ When this provision refers in its third paragraph to ‘unlawfully possessed properties,’ as noted above, this must be understood to mean that the person is in the maritime-terrestrial zone without a lease agreement or concession legitimizing that presence—that is, as an occupant. It is important to note that this provision reiterates the rule set forth in section 44 of the Law, to the effect that ‘... Concession applications submitted by occupants of the maritime-terrestrial zone shall have priority over all others,’ which lends support to the position adopted. Likewise, Transitional Provision VII of the Law is unequivocal in establishing the provisional or precarious nature of the occupation (ocupación), which may be equated with mere tolerance (mera tolerancia) under ordinary law: ‘Transitional Provision VII.- Municipalities with jurisdiction over the maritime-terrestrial zone shall charge its occupants the fee established by this Law./ The fee shall be assessed according to use and the current appraisal by the Dirección General de la Tributación Directa.

This authorization shall be provisional until the development plan for the respective zone enters into force and shall create no rights whatsoever for occupants with respect to a concession.’ (Underlining not in the original). In light of the provisions of this Transitional Provision, it is clear that the State permits those persons—occupants—to remain in the coastal zone until concessions can be granted, that is, until the zoning plan (plan regulador) for the zone is issued (Articles 70, Transitional Provision VII of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; and 57 of its Regulations). Their status is so precarious that, pursuant to Article 75 of the Regulations, they are not entitled to payment for improvements, although their concession applications do have priority, provided that the proposed use of the land is compatible with that contemplated in the planning for the sector. Moreover, because the maritime-terrestrial zone forms part of the national patrimony belonging to the State and is inalienable and not subject to acquisition by prescription—as reflected in section 7 of the Law, which states that land located in the maritime-terrestrial zone ‘... may not be the subject of possessory-title proceedings (informaciones posesorias), and private parties may not appropriate it or register it in their names through this or any other means’—it is legally impossible to derive possessory rights (derechos posesorios) over that zone.

Consequently, the terminology used in Article 44 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre is appropriate; that is, it refers to a mere occupant and not to a possessor. Furthermore, occupant status may not be transferred to third parties because it entails special conditions enjoyed only by those persons—the occupants; consequently, any legal act intended to transfer it is absolutely null and void (absolutamente nulo). To hold otherwise would entail violating the aforementioned articles of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre and its Regulations.’ (The bold emphasis and the bold and underlined emphasis do not appear in the original document) (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ruling 317-2008 at 9:10 a.m. on May 2, 2008).” From the foregoing, this Tribunal understands that it is clear that, under both Ley 6043 and its regulations, as well as the precedent of the First Chamber, the titles of “owner” (propietario), “lessor” (arrendante), and “concession holder” (concesionario) present no controversy whatsoever, insofar as they are titles that may legitimately link a natural or legal person to the Restricted Zone (Zona Restringida) of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre).

As for the concepts of “occupant” (ocupante) and “possessor” (poseedor), it must first be emphasized that they are not synonymous, since they refer to different legal statuses. In the words of the First Chamber, “occupants” are simply “all those persons who, having settled in the Restricted Zone, did not hold a concession when Ley 6043 was enacted.” These persons are not entitled to payment for improvements (mejoras), although they do have a preferential or priority right regarding their concession applications (this legal institution is governed by Articles 44 and 76 and Transitory Provision VII of Ley 6043). Furthermore, pursuant to Article 70 of the Law, “residents” (pobladores) are Costa Ricans by birth who had resided for more than ten years in the respective Maritime-Terrestrial Zone before Ley 6043 entered into force, as evidenced by information from the local Rural Assistance Guard authority or certification from the Electoral Registry concerning their domicile, and who furthermore own no other property in their name.

Persons holding such status are entitled to payment for improvements in certain circumstances (this legal institution is governed by Articles 48 and 70 of the Law and by Sections 6 and 75 of the Regulations).

V- The possible existence of a “Probatio Diabolica” in determining the lawfulness of the legal status of residents of the Restricted Zone of the Maritime-Terrestrial Zone. First, this Tribunal considers it necessary to clarify, notwithstanding that it is a truth of Nombre25782, that the term “Probatio Diabolica” is the legal designation for a body of evidence and bears no relationship whatsoever to religious or metaphysical matters of any kind. This terminology simply reflects the logical contradiction most frequently used in the Middle Ages to demonstrate the satisfaction of a procedural requirement that was impossible or extremely difficult to fulfill. In general terms, it refers to an open-ended set of circumstances—numerus apertus—whose common characteristic is precisely the enormous difficulty faced by the litigating party upon whom the legal “order” has placed the burden of proof or duty to prove—“onnus probandi”—in satisfying that burden; for example, the obligation to prove that something did not occur, or that one is innocent of a criminal, disciplinary, administrative, or other violation, when the proper approach—and the one valid from a logical-legal standpoint—would be for the burden of proof in every case to rest upon the person alleging the existence of a fact or situation.

For the time being, it is sufficient to note that instances in which the burden of proof is reversed do not always appear in the domestic regulatory “system” with the clarity of a statement requiring a person to “prove their innocence with respect to …”; on the contrary, their inclusion in legislation may be worded more subtly, presuming from the outset that conduct or a situation is unlawful and merely allowing a particular legal status to be demonstrated through observance of the Constitutional Right to Due Process (Derecho Constitucional al Debido Proceso). In such a case, although there would appear to be no infringement of that Right to Due Process, the lawfulness of the proceeding or procedure would merely be apparent, because the defect causing the violation of the litigant’s rights would lie in the very existence of the process or procedure as framed—namely, through an improper allocation of evidentiary burdens.

Accordingly, proving an illegality that did not occur ultimately entails proving one or more non-events. By way of digression, it should be noted here that this Tribunal is also aware that the doctrine of Probatio Diabolica forms the basis of other procedural institutions concerning evidence, whose analysis and legal validity it would be imprudent to address in this ruling. As regards the present case, a brief reference to Probatio Diabolica may be found in domestic law in voto 9276-2008 of the Constitutional Chamber. Without defining the institution, that decision used the concept as a synonym for an irrational and legally improper evidentiary requirement because it was extremely difficult to fulfill. Insofar as relevant, that Chamber held: “Nevertheless, at this juncture it is necessary to clarify that the requirement to submit the repertoire must not be taken to the point of ‘probatio diabolica,’ whereby each and every work must be registered; rather, as the Director of the Copyright Registry correctly states in her report, because the repertoire is not ‘a static whole,’ the requirement established by the challenged circular may validly be satisfied by referring to it generically when submitting it to the Registry.” Comparative law, for its part, contains frequent references to this procedural institution, notably those in the judgments of the Administrative Litigation Chamber of the Spanish Supreme Court: STS 1788/2005 and STS 3558/2004, which examined disputes specifically concerning the Coastal Law (Ley de Costas).

In the present case, given the limitations imposed upon the Third Section of this Tribunal concerning constitutional consultations and the non-application of legislation, and in view of the legal nature of the non-hierarchical legality review entrusted to it, it has simply been deemed prudent to place on record the possible need for constitutional or conventionality review of the requirements established in Article 70 of Ley de la Zona Marítimo Terrestre. These include the “residency letter” (Carta de vecindad), the name given to the document issued by the local Rural Assistance Guard authority—a police security force that no longer exists—which was produced despite the absence of any police registry concerning the residence of the inhabitants of the canton or district in question. In practice, it instead constituted written confirmation of the local police officers’ personal knowledge, a situation that varied from one locality to another, or confirmation of information supplied to the police authority by the interested parties themselves on the basis of testimonial or documentary evidence, all without any legal foundation or regulation.

A similar consideration must be made regarding the other requirement that litigants in proceedings such as this one may submit to demonstrate that their status in the Restricted Zone of the Maritime-Terrestrial Zone complies with Ley 6043 and its regulations—or, in other words, to prove that they have committed no unlawful act. According to the Law, the regularity of their legal status may be demonstrated by submitting a “Certification from the Electoral Registry” (Certificación del Registro Electoral), a requirement that disregards the reality still faced today by many people in areas far from the capital or the country’s other population centers, where access to public institutions is limited by a convergence of geographic, climatic, economic, educational, sociocultural, and other factors. The progressive and relatively recent regionalization of Costa Rican public institutions, including the Civil Registry—but not the Electoral Registry—is a matter of public knowledge.

Moreover, the purposes commonly attributed to civil identification documents issued by the Civil Registry—mere identification and use for electoral purposes—are evident. Combined with the low average educational attainment in certain regions of the country, this leads to the conclusion that “electoral domicile records” in rural areas generally, and in certain coastal sectors in particular, are highly inaccurate or sometimes nonexistent, given the limited practical usefulness that a document of this nature has for certain sectors of the Costa Rican population, such as artisanal fishers, piangua gatherers, or subsistence farmers. Accordingly, this Chamber places on record its doubts concerning the constitutionality of such procedural requirements, because they may constitute a probatio diabolica.

VI—The specific case. In the case at bar (sub lite), Mr. Nombre103387 seeks a declaration from this Section of the Court that the actions taken by the Municipalidad de Garabito were unlawful, without disputing the existence of a structure in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) for which the required concession (concesión) has not been obtained, and merely asserting his status as a resident (poblador). As stated in recitals III and IV (considerandos III y IV) of this decision, the requirements expressly established by the Costa Rican legal system (“ordenamiento” jurídico) for proof of resident status were specified. After reviewing the record, this Chamber finds that the respondent Municipalidad is correct regarding the appellant’s failure to submit evidence intended to provide a factual basis for his alleged status as a resident, a circumstance that inevitably requires the dismissal of his appeal, thereby exhausting the administrative remedies (vía administrativa).

In a different vein, it should be noted that, although the appellant submitted a certificate issued on once de noviembre de dos mil once, in which the Registro Nacional certified that, as of that date, no real property was registered in the name of Nombre103387 (page 36 of the case file), that circumstance alone is not sufficient to establish his status as a resident of the Maritime-Terrestrial Zone, because, as previously indicated, such status is contingent upon compliance with the following requirements, pursuant to sections 70 of the Law and 75 of its Regulations: being Costa Rican by birth; having resided in the Maritime-Terrestrial Zone for more than ten years, as may be established through the evidence specified in section 70 of the Law; and having the lots in their possession as their sole property. In any event, that certificate is sufficient to establish that the lot occupied by the appellant is not registered in his name; consequently, the aggrieved party’s situation would likewise not fall within any of the exceptions contained in Article 6 of Ley 6043 concerning properties lawfully registered in the names of private parties.

Similarly, the document submitted on primero de julio del dos mil once (pages 4 through 7 of the case file) is insufficient to establish the resident status provided for in sections 70 of Ley 6043 and 75 of its Regulations. This is so not only because it merely states, in general terms and without specifying whether it refers to the particular case of the appellant, Nombre103387, that those who live in La Pita de Tárcoles are fishers; that the structures were erected more than 30 years ago; that they have always lived there because of the nature of their occupation; and that the persons signing the document have personal knowledge that their residence at that location has continued for more than 30 or 40 years; but also because sections 70 of Ley 6043 and 75 of its Regulations provide that the status of a resident of the Maritime-Terrestrial Zone who has resided there for more than ten years must be established either through information supplied by the local Guardia de Asistencia Rural authority or through a certificate from the Registro Electoral concerning the applicant’s domicile, without prejudice to the matters examined in recital V of this decision.

Furthermore, it should be clarified for the appellant—as the Alcaldía Municipal found in the challenged decision—that, irrespective of the evidentiary considerations set forth in the preceding sections, pursuant to sections 70 of Ley 6043 and 75 of its Regulations, only where resident status has been established—which has not occurred in this case—may the interested party remain in possession of the lot occupied, provided that it is that person’s sole property; alternatively, such persons may be relocated and compensated for improvements (mejoras) as provided by the Law. It should additionally be emphasized that the final act concluding the decision-making phase (fase constitutiva) of the proceeding and initiating its appellate phase (fase recursiva) ordered the demolition of the structure built in the Public Zone (Zona Pública). It is important to note here that section 70 of the Ley de Zona Marítimo Terrestre, which governs resident status as described above, requires that the aforementioned Public Zone be respected.

This consideration further establishes the need to affirm the decision under appeal, because it is undisputed that part of the structure built by the appellant is located within that sector of the Maritime-Terrestrial Zone. Notwithstanding the legal validity of the challenged decision of the Alcaldía Municipal, which would in principle be enforceable, under the current state of the legal system its enforcement must be stayed pursuant to sections 1 and 2 of Ley 9073. Those provisions state verbatim: “Article 1.—For a period of twenty-four months, the eviction of persons, demolition of structures, and suspension of activities and projects in the Maritime-Terrestrial Zone, border zone, and State natural heritage shall be stayed. // Article 2.—The provision set forth in the preceding article does not preclude the issuance of judicial or administrative interim measures (medidas cautelares), or the enforcement of final judicial or administrative decisions, in either case when environmental damage or a danger or threat of harm to the environment has been determined. // The administrative decisions referred to in the preceding paragraph shall be exclusively those issued by the Tribunal Administrativo Ambiental or by the ministro de Ambiente y Energía.” Accordingly, the effects of the affirmed decision are hereby stayed—by operation of law and not by determination of this Court—and that stay shall cease to have effect under the terms expressly established in the provisions transcribed above, without any further ruling by this body being required.

Por tanto.

The decision under appeal is affirmed. The Municipalidad de Garabito shall comply with the stay of the effects of the affirmed decision under the terms of sections 1 and 2 of the Ley de Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, Ley Nº 9073. The administrative remedies are deemed exhausted.

Evelyn Solano Ulloa Marianella Álvarez Molina Jorge Leiva Poveda Proceeding: Municipal improper hierarchical appeal (Jerarquía Impropia Municipal).

Appellant: Nombre103387 .

Respondent: Municipalidad de Garabito.

Case file: 12-001302-1027-CA.

Secciones

Marcadores

Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 _________________________________________________________________ Proceso: Jerarquía Impropia Municipal.

Recurrente: Nombre103387 .

Recurrida: Municipalidad de Garabito.

N° 189-2013.

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera. Segundo Circuito Judicial de San José, Dirección200 . , a las catorce horas treinta minutos del catorce de mayo del dos mil trece.- Conoce este Tribunal como jerarca impropio, del recurso de apelación interpuesto por Nombre103387 , en contra de la resolución AME-003-2012 de fecha 4 de enero de 2012, suscrita por la señora Karla Gutiérrez Mora, Alcaldesa a.i. del cantón de Garabito.

Redacta el Juez Leiva Poveda, y:

CONSIDERANDO

I- Antecedentes: De importancia para la resolución del presente asunto, se tiene por acreditado lo siguiente: 1) Que mediante resolución ZMT-201-2011, de fecha 4 de noviembre de 2011, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Garabito, resolvió que el apelante está al margen de la ley en el tanto su edificación está en la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre de Playa La Pita y en consecuencia se ordenó demoler dicha construcción (ver folios 25 a 29 del expediente);2) Que contra dicha resolución el señor Nombre103387 presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio (folios 32 a35 del expediente); 3)Que mediante oficio MMT-238-2011 de 17 de noviembre de 2011 se rechazó el recurso de revocatoria y se admitió el recurso de apelación para ante la Alcaldía Municipal (folios 37 a 42 del expediente);

  • 4)Que el recurso de apelación fue rechazado por la señora Karla Gutiérrez Mora, Alcaldesa a.i. del cantón de Garabito, en resolución AME-003-2012 de fecha 4 de enero de 2012 (ver folios 8 a 23 del expediente).
  • 5)Que respecto de dicha resolución, el día 31 de enero de 2012, el señor Nombre103387 interpuso los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria (ver folios 47 a 49 del expediente), y,
  • 6)Que en resolución AME-052-2012, de fecha 20 de febrero de 2012, se rechazó el recurso de revocatoria y se admitió la apelación para ante este despacho (ver folios 51 a 58 del expediente).

II.Hechos no probados: Que el señor Nombre103387 sea poblador de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre en playa La Pita, del cantón de Garabito (los autos).

III- Alegatos de las partes. El apelante Nombre103387 señaló que: ha vivido en ese lugar desde antes de la existencia de la Ley 6043, pues tiene más de 50 años de residir ahí y de haber construido su casa. Señala que está ubicado frente al mar para realizar su actividad de pesca artesanal y poder cuidar los botes y demás enseres. Agrega que la Sala Constitucional ha establecido que se debe respetar ese derecho. Explica que como gentes de mar tienen derecho al trabajo y que tiene solamente esa casa para residir. Argumenta que la Contraloría General de la República indicó en el oficio DFOE-9-2009, acápite d), que esa Municipalidad tiene la obligación de suministrar solución de vivienda a aquellas personas que tengan más de diez años de habitar en el lugar. Concluye indicando que es improcedente la demolición de su casa de habitación en razón de lo establecido en el artículo 75 del Reglamento a la Ley 6043.

Por su parte la Municipalidad recurrida señala que, se ha procedido con el levantamiento de la información y se ha constatado que la construcción realizada por el señor Nombre103387 , se ubica entre los mojones 624 y 625 del Instituto Geográfico Nacional, lo que la torna ilegal, pues no existe Plan Regulador en la zona, que no contó con ningún permiso municipal de construcción de la edificación de aproximadamente 90 metros cuadrados, la cual se ubica en la Zona Restringida y en la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre. Agrega que se ha procedido conforme lo establece la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, habiendo respetado el proceso recursivo al apelante. Explica que el señor Nombre103387 no logró demostrar que se le haya otorgado algún derecho sobre la parcela, ni acreditó la condición de poblador de la zona o que esté dedicado a la pesca artesanal, siendo procedente entonces actuar conforme lo establecen los artículos 10,12 y 13 de la citada Ley.

IV- Situaciones jurídicas de ventaja en Zona Marítimo Terrestre, a la luz de las consideraciones de la Sala Primera en el voto 317-2008. (ocupante, propietario, arrendatario, poblador, concesionario). Dado que en el presente proceso están fuera de toda discusión: los aspectos relativos a la competencia de las corporaciones municipales en materia de protección de la Zona Marítimo Terrestre, y el alcance jurídico del concepto de Zona Marítimo Terrestre, esta Cámara entiende necesario, que previamente al análisis del caso concreto, se precisen algunos términos jurídicos, relativos a las diferentes situaciones jurídicas que en materia de Zona Marítimo Terrestre regula la Ley Nº 6043 y su reglamento, mismas que a la fecha han sido decantadas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto arriba citado (317-2008). En esta dirección la citada Sala ha considerado:

“De conformidad con lo expuesto, cobra importancia cardinal determinar a quién debe considerarse “ocupante” del terreno ubicado en la zona restringida. ¿Debe equipararse tal concepto al de poseedor? Esta Sala, después de analizar la norma en estudio, de manera conjunta y armónica con el resto del articulado de la susodicha Ley, y lo dispuesto en su Reglamento, concluye que la respuesta debe ser negativa. De conformidad con el artículo primero de la Ley en estudio, la zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Sólo por medio de concesiones, se reitera, los particulares pueden aprovecharse de la zona restringida (artículo 39). En este sentido, a tenor del numeral 12, la tenencia no autorizada de terrenos ahí ubicados es prohibida: “En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.” El ordinal 13 sanciona la posesión o tenencia ilegítima de la siguiente forma: “Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos anteriores, procederán, previa información levantada al efecto, si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad.

El costo de la demolición o destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procesan.” Empero, al socaire de su ordinal 6, se reconoce la propiedad privada, legítimamente adquirida, en la zona marítimo terrestre: “Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes.”; sin embargo, según lo dispone el canon 8, esos terrenos son declarados de utilidad pública para efectos de expropiación: “Se declara de utilidad pública la zona marítimo terrestre a efecto de que los lotes, parcelas o mejoras ubicados en ella, que hubieren sido vendidos, adquiridos o poseídos en propiedad, por particulares, puedan rescatarse para el patrimonio nacional por medio de expropiación.” Asimismo, la Ley de comentario, en sus transitorios I y II, mantiene la validez y vigencia de los contratos de arrendamiento celebrados al amparo de la anterior legislación, siempre que se cumplan con algunos requisitos: “Transitorio I.- Las concesiones o contratos de arrendamiento otorgados con fundamento en leyes anteriores, salvo las excepciones aquí establecidas, pasarán a control de las municipalidades respectivas y continuarán en los mismos términos y condiciones en que fueron convenidos, pero a su vencimiento y si fuere acordada su prórroga, se modificarán con arreglo a las normas de esta ley.

Lo anterior referido a la zona marítimo terrestre. Transitorio II.- Las municipalidades y el Instituto de Tierras y Colonización deberán remitirle al Instituto Costarricense de Turismo dentro de los seis primeros meses de la vigencia de esta ley, copias de los contratos o concesiones que hubieren otorgado en zona marítimo terrestre, sin perjuicio de que los interesados presenten, también en ese plazo, sus contratos a este Instituto, todo para efectos de su registro en el mismo. Vencido ese término sin haberse presentado dichos contratos, carecerán de validez y se tendrán como extinguidos./ Si no se hubieren extendido contratos deberán presentarse los comprobantes que existieren./ En todo caso deberá adjuntarse constancia de que se está al día en el pago de los cánones respectivos. La ausencia de esa constancia será comprobación de que los cánones no se han satisfecho./ Para los efectos de este transitorio podrán presentarse los originales de los documentos o copias fotostáticas de los mismos, suscritas por el interesado o por el representante de la entidad correspondiente.” La figura del ocupante, señalada en el artículo 44 de comentario, por consiguiente, no hace alusión a los propietarios, pues éstos no necesitan de una concesión para usufructuar sus terrenos; tampoco a los arrendatarios de inmuebles ubicados en la zona marítimo terrestre, cuyo contrato fue otorgado de conformidad con la normativa anterior, puesto que, como se acaba de analizar, existen disposiciones específicas que los regulan, en el entendido de que se trata de prórrogas de los convenios; menos aún, se refiere a personas introducidas en dicha zona de manera ilícita, por estar expresamente prohibido por el artículo 12, según se apuntó.

La interpretación válida es la de considerar “ocupante” a todas aquellas personas que, asentadas en la zona restringida, no contaban con una concesión al momento de promulgarse la Ley 6043. Se trata, en consecuencia, de un régimen especial o de excepción, el cual no es el único en esa normativa. Al respecto, según se apuntó, en el trascrito artículo 6, fueron excluidas las áreas de las ciudades situadas en los litorales; además, en el ordinal 70 se creó la figura del poblador, a quien se le brinda la posibilidad de permanecer en las heredades por ellos ocupados, hasta que se produzca la planificación de la zona, momento en el cual pueden ser reubicados e indemnizadas sus mejoras. Dispone dicho artículo: “Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad.

Sin embargo, deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto podrán ser reubicados e indemnizadas su mejoras de acuerdo con esta ley. En todo caso deberá respetarse la zona pública.” La conclusión indicada, de que con la expresión “ocupante” la Ley hace referencia a un régimen especial, es confirmado por lo dispuesto en el numeral 48: “Las concesiones se otorgarán por un plazo no menor de cinco ni mayor de veinte años y deberán indicar el canon a pagar y su forma de pago. Ese canon sustituye el impuesto territorial./ El reglamento de esta ley establecerá la forma de tramitar la solicitud, las modalidades de la concesión, el canon a pagar en cada zona de acuerdo con sus circunstancias y, en forma especial, con la diferente situación de los pobladores o habitantes y quienes no lo sean, así como cualesquiera otras disposiciones que se estimaren necesarias para regular las relaciones entre las municipalidades y los concesionarios.”(Lo subrayado no es del original); al indicar dicha disposición: “... y quienes no lo sean ...” alude a los ocupantes.

Más explícito resulta el numeral 75 del Reglamento, al desarrollar la anterior disposición legal: “Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia continua en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad, pudiendo ser reubicados de acuerdo con la planificación de la zona, previa indemnización de las mejoras. En todo caso deberá respetarse la zona pública. / Cuando el período de residencia sea inferior a diez años, los pobladores podrán solicitar concesión sobre el predio, siempre que no se incluya parte alguna de la zona pública. Si existieren mejoras en la zona pública, se aplicará lo dispuesto en el inciso e), artículo 73 del reglamento, y las disposiciones del artículo 74 del reglamento si las mejoras estuvieren ubicadas en la zona restringida. / Quienes no siendo pobladores hayan construido o edificado en la zona restringida en predios ilegalmente poseídos, no tendrán derecho al pago de mejoras. / Sin embargo podrán solicitar concesión sobre el predio y, si se les otorgare, no se les cobrará por el uso y disfrute de esas mejoras.

Las solicitudes de concesiones que hagan los ocupantes de la zona marítimo terrestre tendrán prioridad sobre los demás.” Cuando esta disposición, en su párrafo tercero, hace referencia a “predios ilegalmente poseídos ”, según se ha apuntado, debe entenderse que la persona se encuentra en la zona marítimo terrestre sin contrato de arrendamiento o concesión que la legitime, es decir, como ocupante. Es importante hacer notar que esta norma reitera lo preceptuado en el ordinal 44 de la Ley, en el sentido de que “... Las solicitudes de concesiones que hagan los ocupantes de la zona marítimo terrestre tendrán prioridad sobre los demás.”, lo cual abona a favor de la tesis sustentada. Asimismo, el transitorio VII de la Ley es diáfano al establecer el carácter provisional, o precario, de la ocupación, la cual puede ser equiparada a la mera tolerancia del derecho común: “Transitorio VII.- Las municipalidades con jurisdicción en la zona marítimo terrestre cobrarán el canon que establece esta ley para los ocupantes de la misma./ El cobro se hará de acuerdo con el uso y con el avalúo actual de la Dirección General de la Tributación Directa.

Esta autorización tendrá carácter provisional, hasta tanto no entre en vigencia el plan de desarrollo para la respectiva zona y no produce derecho alguno para los ocupantes en lo que a concesión se refiere.”(Lo subrayado no es del original). A la luz de lo expuesto en esta norma transitoria, es claro que el Estado permite la permanencia de esas personas –ocupantes- en la zona costera hasta tanto sea posible el otorgamiento de concesiones, sea, cuando se emita el plan regulador de la zona (artículos 70, Transitorio VII de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; y 57 de su Reglamento). Su condición es tan precaria que, de conformidad con el artículo 75 reglamentario, no tienen derecho al pago de las mejoras, aunque sí el de prioridad de sus solicitudes de concesión, siempre que el uso proyectado en el terreno sea compatible con el previsto en la planificación del sector. Por otro lado, al constituir la zona marítimo terrestre parte del patrimonio nacional perteneciente al Estado, inalienable e imprescriptible, lo cual es recogido por el numeral 7 de la ley, al indicar que los terrenos ubicados en la zona marítimo terrestre “... no pueden ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ellos ni legalizarlos a su nombre, por éste u otro medio.”; implica la imposibilidad jurídica de derivar derechos posesorios sobre dicha zona.

En consecuencia, la terminología utilizada por el artículo 44 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre es la adecuada, es decir, se refiere al mero ocupante y no al poseedor. Además, dicha condición de ocupante no puede ser transmitida a terceros, por cuanto reviste especiales condiciones que sólo esas personas –los ocupantes- tienen; por consiguiente, todo acto jurídico tendiente a traspasarla deviene en absolutamente nulo. Aceptar lo contrario implicaría quebrantar lo dispuesto por los artículos antes indicados de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su reglamento.” (El destacado en negrita y el destacado en negrita y subrayado no corresponden al documento original) (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto 317-2008 de las 9:10 horas del 2 de mayo de 2008).

De lo anterior, este Tribunal entiende que es claro que a partir tanto de la Ley 6043 y de su reglamento, así como del precedente de la Sala Primera, los títulos “propietario”, “arrendante” y “concesionario” no presentan ninguna controversia en tanto son títulos que legítimamente pueden vincular a una persona física o jurídica con la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre. Por su parte en lo que hace a los conceptos de “ocupante” y “poseedor” se debe destacar en primer término que éstos no son sinónimos pues hacen referencia a condiciones jurídicas distintas. Los “ocupantes” en palabras de la Sala Primera, son simplemente: “todas aquellas personas que, asentadas en la zona restringida, no contaban con una concesión al momento de promulgarse la Ley 6043”, estas personas no tienen derecho al pago de las mejoras, aunque sí un derecho de prelación o prioridad de sus solicitudes de concesión (dicho instituto encuentra regulación en los artículos 44 y 76 y en el transitorio VII de la Ley 6043).

Por su parte, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley son “pobladores ” los costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en la Zona Marítimo Terrestre respectiva previos a la entrada en vigencia de la Ley 6043, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre su domicilio, y que además no tengan otras propiedades a su nombre. Quienes detenten tal condición sí tienen derecho al pago de mejoras en determinados supuestos (Dicho instituto encuentra regulación en los artículos 48 y 70 de la Ley y en los ordinales 6 y 75 del Reglamento).

V- De la posible configuración de una “Probatio Diabolica ”, en materia de la determinación de la licitud de la situación jurídica de los pobladores de la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre. En primer término, este Tribunal entiende necesario precisar, pese a ser una verdad de Nombre25782, que el término “Probatio Diabolica”, es una denominación jurídica de un conjunto de pruebas, que no tiene ninguna relación con aspectos religiosos o metafísicos de ninguna índole. Dicha terminología simplemente obedece a la contradicción lógica que en la Edad Media, se utilizó con más frecuencia para demostrar la concurrencia de un requisito procesal de imposible o de muy difícil cumplimiento. Con ella, se hace referencia en términos generales a un cúmulo de supuestos –numerus apertus- que presentan como característica común justamente la enorme dificultad para que sean satisfechos por la parte en litigio a la cual el “ordenamiento” jurídico ha asignado la carga probatoria o el deber de probar “onnus probandi”, verbigracia: la obligación de demostrar que algo no ha ocurrido, o que se es inocente de una infracción penal, disciplinaria, administrativa, etc., cuando lo correcto (y válido desde un vértice lógico-jurídico), sería que en todos los casos la referida carga de la prueba recaiga en quien alegue la existencia de un hecho o de una situación.

Por el momento, baste con indicar que los supuestos de inversión de la carga de la prueba no siempre se presentan en el “sistema” normativo patrio, con la claridad de un enunciado de “demostrar su inocencia respecto de …”, pues por el contrario su inclusión normativa puede revestir una redacción más sutil, presumiendo de partida la ilegalidad de una conducta o situación, y simplemente permitiendo a través del respeto al Derecho Constitucional al Debido Proceso, se demuestre una determinada situación jurídica. En este caso, si bien no se configuraría en apariencia ningún quebranto del referido Derecho al Debido Proceso, la legalidad del procedimiento sería solo aparente pues el vicio que configura la lesión de los derechos del justiciable, estaría en la existencia misma del proceso o procedimiento en los términos planteados a saber, a través de una inadecuada distribución de cargas probatorias.

Así las cosas, demostrar una ilegalidad que no ha ocurrido, implica a la postre la prueba de uno o de varios no hechos. A manera de excurso, aquí es menester señalar que este Tribunal también conoce que el instituto de la Probatio diabolica, es la base doctrinal de otros institutos procesales en materia probatoria, respecto de cuyo análisis y regularidad jurídica no es prudente incursionar en esta resolución. En lo que hace al presente caso, en el ámbito nacional es posible encontrar una breve referencia a la Probatio Diabolica en el voto 9276-2008 de la Sala Constitucional, en la que sin ofrecerse ninguna definición del instituto, se utilizó el concepto como sinónimo de requerimiento probatorio irracional y contrario a derecho por ser de muy difícil cumplimiento. En lo que interesa esa Sala consideró: “No obstante, en este punto es necesario aclarar que la condición de presentar el repertorio no debe arrastrarse hasta la “probatio diabolica”: en que todas y cada una de las obras deben estar registradas, sino que como bien dice la Directora del Registro de Derechos de Autor en su informe, al no ser el repertorio “un todo estático”, puede válidamente satisfacerse el requisito que establece la circular cuestionada, haciendo referencia a él de forma genérica, al presentarlo ante el Registro” .

Por su parte, en el Derecho Comparado se pueden encontrar frecuentes referencias a este instituto procesal, destacándose las contenidas en los votos de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Español: STS 1788/2005 y STS 3558/2004, en los que se analizaban controversias justamente en materia de la Ley de Costas. En el presente caso, dadas las limitaciones que en materia de consultas de constitucionalidad y desaplicación de normativa tiene la Sección Tercera de este Tribunal, y en razón de la naturaleza jurídica del control de legalidad no jerárquico que le corresponde, simplemente se ha estimado prudente dejar patente la posible necesidad de que se efectúe un control de constitucionalidad o bien de convencionalidad, respecto de los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, como el de la “Carta de vecindad” denominación que recibía el documento que emitía la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local (cuerpo de seguridad policial hoy inexistente), que se producía sin que existiera ningún registro policial en materia de residencia de los habitantes del cantón o distrito del que se trataba, correspondiendo en la práctica más bien a la acreditación escrita del conocimiento privado de los oficiales de policía del lugar, situación que variaba de localidad en localidad, o bien, a la acreditación de la información suministrada a la autoridad de policía por los propios interesados a partir de pruebas testimoniales o documentales, todo esto, sin ningún respaldo o regulación jurídica.

Consideración similar debe ofrecerse respecto del otro requisito que los justiciables en procesos como el presente, pueden presentar para demostrar que su situación en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre está conforme a la Ley 6043 y su reglamento (o dicho en otras palabras, para probar que no existe ilicitud de su parte). Según la Ley es posible demostrar la regularidad de su situación jurídica mediante la presentación de una “Certificación del Registro Electoral”, requerimiento que desconoce la realidad que aún hoy viven muchas personas en zonas alejadas de la capital o de los demás centros de población del país, en donde el acceso a las instituciones públicas está limitado en razón de la convergencia de razones geográficas, climáticas, económicas, educativas, socioculturales, etc. Es un hecho público el progresivo y relativamente reciente proceso de regionalización de las instituciones públicas costarricenses entre las cuales está el Registro Civil –que no el Registro Electoral-.

Más aún, resultan evidentes las finalidades comúnmente atribuidas a la documentación de identificación civil expedida por el Registro Civil (de mera identificación y para efectos electorales), lo cual añadido al bajo nivel educativo promedio en algunas regiones del país, llevan a concluir que la existencia de “registros electorales de domicilio”, en zonas rurales en general y en algunos sectores costeros en particular, sea altamente impreciso o a veces inexistente, en razón de la poca utilidad práctica que determinados sectores de la población costarricense, por ejemplo pescadores artesanales, piangüeros o agricultores de subsistencia, les significa un documento de esta naturaleza. Así las cosas, deja esta Cámara señaladas las dudas respecto de la constitucionalidad de tales requerimientos procesales al poderse constituir éstos en una prueba diabólica.

VI- Del caso concreto. En el sub lite, el señor Nombre103387 , pretende que esta Sección del Tribunal declare la ilegalidad de lo actuado por la Municipalidad de Garabito, no desvirtuando el hecho de la existencia de una construcción en Zona Marítimo Terrestre, sin contar con la debida concesión, alegando simplemente su condición de poblador. En los términos indicados en los considerandos III y IV de esta resolución, se especificaron los requisitos que el “ordenamiento” jurídico costarricense expresamente establece para que se acredite la condición de “poblador”. Revisados los autos, esta Cámara aprecia que lleva razón la Municipalidad recurrida respecto de la inexistencia de actividad probatoria de parte del apelante, tendente a dar sustento fáctico a su alegada condición de poblador, situación que acarrea el indefectible rechazo de su articulación recursiva, con el consiguiente agotamiento de la vía administrativa.

En otro orden de ideas cabe señalar que si bien es cierto, el recurrente presentó una certificación extendida el once de noviembre de dos mil once, en la cual, el Registro Nacional hizo constar que para esa fecha, no habían bienes inmuebles inscritos a nombre de Nombre103387 (folio 36 del expediente); también lo es, que dicha circunstancia por sí sola no tiene la virtud de demostrar la condición de poblador de la zona marítimo terrestre, pues como se indicó antes esta está supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos, conforme a lo dispuesto en los numerales 70 de la Ley y 75 de su Reglamento, a saber: ser costarricense por nacimiento; con más de diez años de residencia en la zona marítimo terrestre, acreditable mediante los medios probatorios indicados en el numeral 70 de la Ley, y; que los lotes que tienen en posesión sean su única propiedad. En todo caso, dicha certificación es idónea para demostrar que el lote que ocupa el apelante, no está inscrito a su nombre, por lo que, la situación del agraviado tampoco encuadraría en uno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 6 de la Ley 6043, respecto a propiedades inscritas con sujeción a la ley, a nombre de particulares.

De igual manera, en lo que hace al documento presentado el primero de julio del dos mil once (folios 4 a 7 del expediente), no es idóneo para acreditar la condición de poblador prevista en los numerales 70 de la Ley 6043 y 75 de su Reglamento, no sólo porque se limita a indicar de manera general y sin especificar si se refiere al caso concreto del recurrente Nombre103387 , que quienes viven en La Pita de Tárcoles son pescadores; que las construcciones tienen más de 30 años de levantadas; que siempre han vivido en dicho lugar por la naturaleza del oficio que ejercen y que las personas que firman dicho documento les consta que su permanencia en ese sitio se ha prolongado por más de 30 o 40 años; sino también, porque los numerales 70 de la Ley 6043 y 75 de su Reglamento, establecen que la condición de poblador de la zona marítimo terrestre con más de diez años de residencia en ella, se demostrará ya sea, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante, ello sin perjuicio de lo analizado en el considerando V de esta resolución.

Por otra parte, cabe aclarar al recurrente –tal y como la Alcaldía Municipal consideró en la resolución impugnada- que, al margen de las consideraciones vertidas en materia probatoria en los apartados anteriores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 de la Ley 6043 y 75 de su Reglamento, solamente en el supuesto de que se haya acreditado la condición de poblador –extremo que no se ha demostrado en este caso-, el interesado podrá continuar en posesión del lote que ocupa, siempre que sea su única propiedad; o bien, podrán ser reubicados e indemnizadas las mejoras conforme lo indique la Ley. Adicionalmente cabe destacar que en el acto final que cerró la fase constitutiva del procedimiento y que dio paso a la fase recursiva de éste, se ordenó la demolición de lo construido en Zona Pública, siendo importante aquí destacar que el artículo 70 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que regula el instituto del poblador en los términos apuntados dispone el respeto de la referida Zona Pública, aspecto que determina aún más la necesidad de confirmar la resolución venida en alzada, pues es un hecho no controvertido que parte de lo construido por el recurrente está ubicado en dicho sector de la Zona Marítimo Terrestre.

No obstante la regularidad jurídica de la resolución de la Alcaldía Municipal impugnada, misma que en principio sería ejecutable, en el Estado actual del “ordenamiento” jurídico la ejecución de dicha resolución debe suspenderse, en razón de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 9073. Dichas normas textualmente establecen: “Artículo 1.- Por el plazo de veinticuatro meses, se suspenderá el desalojo de personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la zona marítimo-terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado. // Artículo 2.- La disposición prevista en el artículo anterior no excluye dictar las medidas cautelares judiciales o administrativas, ni la ejecución de resoluciones judiciales o administrativas en firme, en ambos casos cuando se determine la comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente. // Las resoluciones administrativas referidas en el párrafo anterior serán exclusivamente las emitidas por el Tribunal Administrativo Ambiental o por el ministro de Ambiente y Energía.” Así las cosas se procede a la suspensión de los efectos de la resolución confirmada (por ministerio de ley y no por determinarlo así este Tribunal), quedando sin efecto dicha suspensión, en los términos expresamente establecidos en la normativa transcrita, sin necesidad de pronunciamiento ulterior de este despacho.

Por tanto.

Se confirma la resolución recurrida. Estese la Municipalidad de Garabito a la suspensión de los efectos de la resolución confirmada en los términos de los artículos 1 y 2 de la Ley de Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, Ley Nº 9073. Se da por agotada la vía administrativa.

Evelyn Solano Ulloa Marianella Álvarez Molina Jorge Leiva Poveda Proceso: Jerarquía Impropia Municipal.

Recurrente: Nombre103387 .

Recurrida: Municipalidad de Garabito.

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Land Tenure and TitlingTenencia y Titulación de Tierras

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Decreto Ejecutivo 7841 Maritime-Terrestrial Zone Law Regulation
      • Ley 6043 Maritime Terrestrial Zone Law
      • Ley 9073 Law for the Protection of Occupants of Special-Classification Zones

      Este documento cita

      • Decreto Ejecutivo 7841 Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre
      • Ley 6043 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre
      • Ley 9073 Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas clasificadas como Especiales

      News & Updates Noticias y Actualizaciones

      All articles → Todos los artículos →

      Weekly Dispatch Boletín Semanal

      Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

      ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

      One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

      Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
      Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

      Stay Informed Mantente Informado

      Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

      Email Updates Actualizaciones por Correo

      Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

      Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

      WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

      Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

      Join Channel Unirse al Canal
      Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
      🙏