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Res. 00368-2011 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 30/09/2011
OutcomeResultado
The Court annuls the municipal agreement that ordered the suspension of proceedings and required an environmental impact study, as it completely lacked reasoning, failing to explain to the developer the reasons for reclassifying its agricultural project to an urban one and not communicating the underlying technical reports.El Tribunal anula el acuerdo municipal que ordenó la suspensión de trámites y exigió un estudio de impacto ambiental, por carecer totalmente de motivación, al no explicar al desarrollador las razones de la recategorización de su proyecto agrícola a urbanístico y no comunicar los informes técnicos subyacentes.
SummaryResumen
The Contentious Administrative Court, Section III, acting as improper municipal authority, hears the appeal per saltum filed by Feruga Limitada against Municipal Council of Naranjo’s agreement SE-25-969-2009, which ordered the suspension of procedures for the approval of plans and land use certificates for a 52-lot project, requiring an environmental impact study. The Court annuls the agreement for total lack of reasoning, as it failed to explain to the interested party why a new environmental impact study was required when an environmental viability had already been granted by SETENA, and because it did not communicate the technical reports supporting the doubts about the project's urban nature and the impact on water sources. The Court also annuls by connection the subsequent agreement that reiterated the suspension, warning the municipality about the need to ground its decisions in accordance with the principles of objectification of environmental protection and the precautionary principle, and the obligation to resolve proceedings without indefinite suspensions.El Tribunal Contencioso Administrativo Sección III, actuando como jerarca impropio municipal, conoce del recurso de apelación per saltum interpuesto por Feruga Limitada contra el acuerdo SE-25-969-2009 del Concejo Municipal de Naranjo, mediante el cual se ordenó suspender los trámites de visado de planos y certificación de uso de suelo para un proyecto de 52 lotes, requiriendo un estudio de impacto ambiental. El Tribunal anula el acuerdo por ausencia total de motivación, al no explicar al administrado por qué se exigía un nuevo estudio de impacto ambiental cuando ya existía una viabilidad ambiental otorgada por SETENA, y por no comunicar los informes técnicos que sustentaban las dudas sobre la naturaleza urbanística del proyecto y la afectación de nacientes. También anula por conexidad el posterior acuerdo que reiteraba la suspensión, advirtiendo a la municipalidad sobre la necesidad de fundamentar sus decisiones de acuerdo con los principios de objetivación de la tutela ambiental y precautorio, y la obligación de resolver las gestiones sin paralizaciones indefinidas.
Key excerptExtracto clave
VII.- ON THE ESSENTIAL DEFECT (TOTAL ABSENCE) IN THE REASONING OF THE CHALLENGED AGREEMENT.- In accordance with and further to the foregoing and point five G.) of the preceding Consideration, this Court finds that the challenged agreement is inconsistent with the legal order, due to an essential defect (total absence) in its reasoning; a formal element of every administrative act, which may be declared ex officio pursuant to the provisions of articles 181 and 182 of the General Public Administration Act. The reasoning or grounds of an administrative act consist of "... a declaration of the factual and legal circumstances that have led the respective public administration to issue or enact the administrative act. The reasoning is the formal expression of the ground and, normally, in any administrative decision, it is contained in the so-called 'consideranda' - the recital part. The reasoning, consisting of a statement of the facts and the legal basis that the public administration took into account to issue its decision or will, constitutes a means of proving its intention and an indispensable guideline for interpreting and applying the respective administrative act." VIII.- The foregoing violation is due to the fact that the interested party - Feruga Limitada - was not explained, with the clarity and precision required for the case, the decision adopted; that is, explaining the reason why a new environmental impact study was required, when the records show the existence of one for the development of an agricultural subdivision. Note also that the notification of this decision was not accompanied by official letter CTS-MN-CER-243-09, dated November 17, 2009 (visible on folios 9 and 10), from the municipal engineer - Daniel Santamaría González -, in which he referred the indicated project to the Council, considering that it was not an agricultural subdivision, but rather an urban development, as well as the possible impact on the five water sources located on the property where the project is intended to be carried out. IX.- ON THE NULLITY BY CONNECTION AND CONSEQUENCE.- Point 4. of agreement SE-7-197-2010, dated April 21, 2010, adopted by the same council, reiterates the order to suspend the subdivision project submitted by Feruga Limitada; which constitutes the same defect of absolute nullity, and for the same reasons as the previous agreement, namely, it was issued without any reasoning, and orders a suspension of the procedures requested by Feruga Limitada (approval of 152 cadastral plans and land use certification for construction on each of the lots resulting from the intended subdivision), but not of the final decision.VII.- DEL VICIO ESENCIAL (AUSENCIA TOTAL) EN LA FUNDAMENTACIÓN DEL ACUERDO IMPUGNADO.- En concordancia y desarrollo de lo dicho y en el punto quinto G.) del Considerando anterior, este Tribunal estima que el acuerdo impugnado es disconforme con el ordenamiento jurídico, por vicio esencial (ausencia total) en la fundamentación del mismo; elemento formal de todo acto administrativo, declarable de oficio conforme a las previsiones de los numerales 181 y 182 de la Ley General de la Administración Pública. La motivación o fundamentación de un acto administrativo consiste "... en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados 'considerandos' -parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo." VIII.- La anterior transgresión está dada por cuanto no se le explica al administrado interesado -Feruga Limitada-, con la claridad y precisión requerida para el caso, la decisión adoptada; esto es, explicándole el motivo por el cual se le está requiriendo -de nuevo- un estudio de impacto ambiental, cuando en los autos consta la existencia de uno, para el desarrollo de un fraccionamiento agrícola. Nótese además que tampoco se acompañó con la notificación de esta decisión, el oficio CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve (visible a folios 9 y 10), del ingeniero municipal -Daniel Santamaría González-, en el que remite al Concejo de la corporación el indicado proyecto, en el que estima que no se trata de un fraccionamiento agrícola, sino de uno de orden urbanístico, así como la posible afectación de las cinco nacientes que se localizaron en el inmueble donde se pretende realizar el proyecto. IX.- DE LA NULIDAD POR CONEXIDAD Y CONSECUENCIA.- El punto 4. del acuerdo SE-7-197-2010, del veintiuno de abril del dos mil diez, adoptado por el mismo cuerpo edil, reitera la orden de suspensión del proyecto de lotificación presentado por la empresa Feruga Limitada; lo que configura el mismo vicio de nulidad absoluta, y por los mismos motivos del acuerdo anterior, a saber, se dicta ayuno de toda fundamentación, y ordena una suspensión de los trámites solicitados por la empresa Feruga Limitada (visado de ciento cincuenta y dos planos catastrados y certificación de uso de suelo para la construcción en cada uno de los lotes resultantes del fraccionamiento pretendido), no así de la adopción de la decisión final.
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"La anterior transgresión está dada por cuanto no se le explica al administrado interesado -Feruga Limitada-, con la claridad y precisión requerida para el caso, la decisión adoptada; esto es, explicándole el motivo por el cual se le está requiriendo -de nuevo- un estudio de impacto ambiental, cuando en los autos consta la existencia de uno, para el desarrollo de un fraccionamiento agrícola."
"The foregoing violation is due to the fact that the interested party - Feruga Limitada - was not explained, with the clarity and precision required for the case, the decision adopted; that is, explaining the reason why a new environmental impact study was required, when the records show the existence of one for the development of an agricultural subdivision."
Considerando VIII
"La anterior transgresión está dada por cuanto no se le explica al administrado interesado -Feruga Limitada-, con la claridad y precisión requerida para el caso, la decisión adoptada; esto es, explicándole el motivo por el cual se le está requiriendo -de nuevo- un estudio de impacto ambiental, cuando en los autos consta la existencia de uno, para el desarrollo de un fraccionamiento agrícola."
Considerando VIII
"En materia ambiental, cobran especial significación estas consideraciones, por implicar la aplicación, de manera conjunta de dos principios constitucionales ambientales, de gran trascendencia, a saber la objetivación de la tutela del ambiente y el principio precautorio."
"In environmental matters, these considerations are of special significance, as they imply the joint application of two constitutional environmental principles of great importance, namely the objectification of environmental protection and the precautionary principle."
Considerando VI, Quinto, C.
"En materia ambiental, cobran especial significación estas consideraciones, por implicar la aplicación, de manera conjunta de dos principios constitucionales ambientales, de gran trascendencia, a saber la objetivación de la tutela del ambiente y el principio precautorio."
Considerando VI, Quinto, C.
"La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo."
"The reasoning, consisting of a statement of the facts and the legal basis that the public administration took into account to issue its decision or will, constitutes a means of proving its intention and an indispensable guideline for interpreting and applying the respective administrative act."
Considerando VII
"La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo."
Considerando VII
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V.PRECEDENT DECISION OF THIS TRIBUNAL.- Recently, in resolution number 312-2011, at fifteen hours thirty minutes on August thirty-first, two thousand eleven, this Contentious-Administrative Tribunal, acting as improper municipal hierarchical superior, annulled the resolution of the Mayor of Naranjo ALC-MN-EPB-0136-2010, of January twenty-first, two thousand ten, challenged in the municipal appeal processed in case file number 10-000533-1027-CA; and, by connection and consequence, official letter CTS-MN-CER-245-09, of November nineteenth, two thousand nine, issued by the Department of Constructions of that local corporation and agreement SE-969-2009, adopted by the municipal council in extraordinary session number 25, of November eighteenth, two thousand nine, for deeming them illegal due to lack of reasoning thereof (reference resolution, at folios 394 to 399). Notwithstanding the foregoing, this Tribunal considers that, as this is a nullity declared by "connection and consequence," and due to the content of the action and the implications that this nullity entails, it is necessary and pertinent to make some additional considerations to those indicated in the reference decision.
VI.ANALYSIS OF THE CHALLENGED AGREEMENT.- The appellant bases its challenge on four grounds: a.) the lack of jurisdiction of the collegiate body to hear the request for the fifty-two cadastral plans relating to the agrarian subdivision (lotificación) project proposed by its represented company and the issuance of land-use certificates for construction on said lots; b.) the absence of the grounds stated in the challenged act; c.) having required requirements not provided for in the legal system for the processing of the land-use certificate; and d.) the indefinite suspension of its project proceedings, leaving it in a situation of uncertainty and defenselessness, in addition to the irreparable economic damage caused. Having analyzed the challenged agreement and reviewed the grievances, the following clarifications must be made:
First: Regarding the legal nature of the challenged agreement: It must be considered that, by the content of the challenged agreement, it did not definitively resolve the proceedings initiated by the company Feruga Limitada, in this case, the approval of cadastral plans and certification of land use for construction on each one of them (fifty-two in total), but rather it constitutes the issuance of a procedural act, insofar as it instructed the interested party to comply with a requirement, the submission of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for the subdivision project (agricultural parcels), but which, due to the manner in which this requirement is made, by ordering the Mayor to suspend the processing of that project, has its own effect, and therefore, is appealable, under the terms provided in numerals 163.2 and 345.3 of the General Law of Public Administration, the latter insofar as it empowers the filing of ordinary appeals regarding the "procedural act that indefinitely suspends or makes impossible the continuation of the proceeding," in relation to subsection b) of 154 and Article 156 of the Municipal Code.
Second: Regarding the jurisdiction of the Council in the adoption of the challenged act: As this Tribunal rightly considered in resolution number 312-2011, at fifteen hours on August thirty-first last, the Council had jurisdiction to adopt the challenged agreement, as it involves urban planning matters, under the terms provided in subsection p) of Article 13 of the Municipal Code. Indeed, there is no doubt that this decision arises from the report rendered by the municipal engineer -Daniel Santamaría González-, in official letter CTS-MN-CER-243-09, of November seventeenth, two thousand nine (at folios 9 and 10), in which he submits to the Council the subdivision (fraccionamiento) project in question, because it must be treated "no longer as a subdivision of agricultural parcels, but rather as an urban planning project with a high degree of impact on the environment, and that everything related to this project be investigated from his hierarchical position," since, by overlaying the springs (nacientes) from the database onto it, "it was determined that there are at least 5 more that directly affect the project." Thus, given the existence of a prior formal act that transfers jurisdiction from the Engineering Department to the Council, due to the ex officio categorization of the project made by the local government, the appellant's thesis of considering said action as the municipal council's arrogation of powers that belong to the local government's Department of Constructions is unacceptable; much less that it involves the denial of the filed proceedings, nor an omission, due to "unjustified" delay in resolving its proceedings. Thus, in the reference resolution of this Chamber, it was stated:
"V.- Regarding the jurisdiction of the Municipal Council. The appeal challenges the jurisdiction of the Municipal Council to rule on the approval of the plans for the project called 'agricultural parceling'; however, this ground of grievance must be rejected. Pursuant to Article 13 subsection p) of the Municipal Code -formerly subsection o), numbering changed by Law 8822 of April 29, 2010-, the Municipal Council is the competent body in urban planning matters, and therefore must respect all applicable regulations and what it resolves in this regard, in its capacity as local hierarchical authority, is done in the exercise of its sovereign powers. Consequently, even though there is a Department of Constructions with an engineering body (sic) responsible for reviewing the projects submitted to it, due to the technique and science it masters, for the purposes of approving larger-scale urban development projects, as in the present case, due to the impact on the environment that this generates, its review and responsible approval must fall to the Municipal Council, as the highest local deliberative body, in order to comprehensively analyze the developer's proposal, in light of the aforementioned regulation, so this grievance must be rejected." Third: Regarding the requirement of prerequisites for the approval of a subdivision or urbanization project.
Given the importance derived from the legal implications of subdivision and urbanization processes, it is necessary to clarify the meaning of both concepts. Thus, "Subdivision (fraccionamiento) is the division of a property with the aim of introducing it into commerce among men, which presupposes, as each local government must verify when granting the corresponding approval, that it conforms, in terms of size and characteristics, to the current urban planning provisions, especially the local Land Use Master Plan – if one exists – as well as development regulations and other special public order laws. The subdivision that the law terms 'simple' does not include an urban habilitation process for the use and enjoyment of the parcels resulting from that subdivision, and this is so because the legislator assumes that in these cases, the properties already have access routes and green areas resulting from a prior urban development. It is for this reason that Article 40 of the Urban Planning Law provides:
'(…) Likewise, the obligation to transfer areas for parks and community facilities is excepted for simple subdivisions of parcels in previously urbanized areas…' (highlighting not from the original).
When a given area is previously urbanized, the purchasers of the subdivided parcels have access to the properties, parks, and community facilities, and it must not be forgotten that this is part of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution). For this reason – it is reiterated – the legislator has not considered it necessary to require, in the case of a 'simple' subdivision with prior urban development, additional land endowments for reasons of social interest. The approval for simple subdivisions, given its low significance, is usually granted by an official (e.g., Municipal Engineer) different from the one entrusted with 'complex' approvals (e.g., Municipal Council, urban planning commissions, etc.), with the former lacking jurisdiction to authorize a different approval; this in cases where urban planning regulations make such a distinction.
Now, a subdivision that is part of the urbanization process and entails the habilitation of properties, for the first time, for urban purposes, must be provided with streets, green areas, and parks, as well as the necessary services for their use and enjoyment. In this second scenario, we are dealing with a complex subdivision and urbanization process that introduces limitations on private property by reason of urban planning (Article 22 of the Urban Planning Law), limitations which the Constitutional Court has indicated are entirely consistent with Constitutional Law (Voto N° 5097-93 at 10:24 hrs on October 15, 1993). The residential or subdivision project that we shall call 'complex' is provided for in numeral 40 of the Urban Planning Law which, in relevant part, provides:
'Every land subdivider (…) and every urbanizer shall gratuitously cede for public use both the areas designated for roads and those corresponding to parks and community facilities; what is set for the latter two concepts shall be determined in the respective regulation, by setting percentages of the total area to be subdivided or urbanized, which may fluctuate between five percent and twenty percent, depending on the average size of the lots, the intended use of the land, and the regulations regarding this matter. Notwithstanding the foregoing, the sum of the lands that must be ceded for public roads, parks, and community facilities shall not exceed forty-five percent of the total surface area of the land to be subdivided or urbanized. (…)
The urbanizer's obligation to provide the subdivided parcels with accesses, green zones, parks, public roads, obligates them to comply with the urban provisions that establish minimum standards regarding space, quality, quantity, and other requirements demanded by law and development regulations regarding those areas. The local government must timely exercise its police power, guaranteeing to the canton's residents that the works will be carried out in the manner indicated by urban planning regulations and with the conditions those regulations provide. It is sufficient that a parceling requires works to enable access and provide various services to some of those properties to assert that there is no 'simple subdivision,' but rather a residential project that must, consequently, comply with all the indicated requirements. Urban residential projects can only enable access to the properties through public roads that must have the dimensions and requirements of the General Law of Public Roads and, the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, in the absence – in this latter case – of specific provisions in local regulations.
None of the municipal bodies has the jurisdiction to authorize a project in which access to the properties is provided by means of 'paved agricultural easements (servidumbres),' 'agricultural easements,' or 'simple easements,' since these are figures proper to Private Law and not to the residential urban planning regime governed by the rules and principles of Public Law." (Resolution number 175-2009 of the Third Section of this Tribunal. In the same sense, number 176-2009 of this same Tribunal.)
In light of which, the control that the local government must verify, in this case by the deliberative body (Council), is of special interest when dealing with the approval of construction permits for urbanizations, as it must verify that it fully complies with the requirements of the law, namely the provision of public roads, green and communal areas, as well as the habilitation and implementation, at the urbanizer's expense, of public services, such as electricity, telephone, potable water, and aqueducts and sewers, the latter, if the infrastructure exists for it. Consequently, the failure of urban development projects to comply with the requirements established in the urban planning system obliges – per se – the rejection of the initiated proceedings, in application of the principle of legality, which binds the entire state apparatus, of which the municipalities form a part. In the challenged agreement, no provisions are made for the accreditation of the availability of water and electricity services for the 'subdivision' project of fifty-two lots proposed by the company Feruga, Limitada, since, as indicated, it only requires the submission of an environmental impact assessment for the project in question.
Notwithstanding the foregoing, the appellant understands that such requirements are being imposed, which it considers are not established in the legal system. Contrary to what the appellant argues, this Tribunal notes that the accreditation of water and electricity services and their availability in relation to the processing of the land-use certificate are necessary and required, in the context of the plan approval process, under the provisions of Articles III.3.11 and III.13 of the Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, as well as the Acueductos y Alcantarillados Law, a requirement imposed on the developer (Feruga, Limitada) expressly for its 'subdivision' project of fifty-two lots, in resolution number 1455-2009-SETENA, in which it also conditioned its implementation on the fulfillment of this requirement, under warning of nullity of the environmental feasibility granted (folios 2 to 7).
Fourth: Regarding the absence of grounds for the challenged act: The appellant claims that the challenged agreement lacks grounds, as it is evident in the case file that it has already fulfilled the required demand, having obtained the environmental feasibility approved by the competent body for carrying out the agricultural subdivision project, according to resolution 1455-2009-SETENA, at ten hours fifty-five minutes on June twenty-third, two thousand nine. In this regard, the following considerations must be made: A.) To address this claim, it is necessary to note that the existence and validity of every administrative act depend on the concurrence of several essential elements, imposed by the legal system, which, for better understanding, can be classified as material, relating to subjective elements (jurisdiction, standing, and investiture), objective elements (purpose, content, and grounds – Articles 131, 132, and 133 of the General Law of Public Administration and 49 of the Political Constitution), and formal elements, comprising the manner in which the act is adopted, i.e., the means of expression or manifestation (instrumentation), the reasoning or statement of reasons (Article 136 of the cited General Law), and the procedure followed for its adoption (Articles 214 and 308 of the General Law of Public Administration and 39 and 41 of the Constitution).
Specifically, regarding the element which the challenged act is claimed to lack (the grounds), the following must be stated. It is an essential element of the administrative act under the provisions of Article 133 of the General Law of Public Administration, constituted by "the antecedents, assumptions, or legal (de jure) and factual reasons that make the issuance of the administrative act possible or necessary, and upon which the Public Administration relies to sustain its legitimacy, timeliness, or appropriateness." (JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. p. 370). Thus, they are the causes or assumptions, legal and factual antecedents that induce the Administration to adopt the specific act; and which denote the conformity that must exist between the act and the purpose assigned to it by the legal system, that is, the satisfaction of a specific public interest in each case. Therefore, the cited numeral 133 requires that the grounds be legitimate, as they are subject to the legal system, as a corollary of the principle of legality that governs Administrative action (articles 11 of the Political Constitution and of the General Law of Public Administration); and furthermore, they must exist as the Administration invokes them, and precisely sustain the decision adopted, which denotes their close relationship with the other element discussed (the reasoning of the act), hence, the content must correspond to the grounds.
"... in the face of a development such as the appellant company intends to undertake, it is the duty of the local authorities also to identify its true nature. If the appellant party claims that we are in the presence of an agricultural subdivision, its purpose must be aimed solely and exclusively at promoting the exploitation of the land for productive purposes, a circumstance that the company must demonstrate with accurate technical elements. The appellant cannot aspire to establish a type of 'agricultural' development based only on surface area measurement parameters and accesses, as this is insufficient to give it such a condition. It is for this reason that if the true purpose of the company is to sell land for residential purposes -regardless of the dimensions of the lots-, we are in the presence of an urban development project, which tends to transform a portion of land in order to equip a portion with the services typical of cities or towns, such as public roads, water, telephone, parks, etc., which is a complex process of environmental alteration with a major effect on natural and artificial ecosystems, since the majority of this type of works compact the land and cover a significant part of the surface with an impermeable layer, which could affect the aquifer reserves, increase runoff, alter natural drainage, and increase the flow of rivers and other watercourses, in addition to eliminating the original landscape.
Since the case file does not reflect the existence of a preliminary project by the developer, where all the services that need to be provided at the site to facilitate human habitation are foreseen, it is logical and understandable that the municipal engineer raised the matter to the knowledge of the municipal council, for if in reality the project does not constitute an agricultural parceling, we would possibly be in the presence of artifices aimed at evading all the legal requirements for its development and implementation. This situation must be analyzed carefully by the municipal authorities, but with the existing elements of judgment -at least before this instance- it is not possible to reach a certain conclusion." The ex officio classification made by the municipal engineer could well have justified the requirement imposed, since, as the appellant itself correctly points out, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental assessed the project as an agricultural subdivision, not as an urban development project, which changes both the requirements and the impact on the environment; and,
In this regard, it cannot go unnoticed that the preventive action adopted by the Municipality of Naranjo merited the recognition of the Constitutional Chamber in judgment 2010-014773, at fourteen hours thirty-six minutes on September first, two thousand ten, in which it stated, regarding the action of the appealed local entity, that "... far from having a negligent attitude regarding the protection of the water resources under its jurisdiction, said corporation has carried out a series of actions aimed at protecting them, going so far as the Council issuing agreement number SE-25-969-2009, by which it ordered the suspension of the processing of the request for approvals and obtaining land-use permits submitted by the company Feruga Limitada, given the existing doubt regarding the potential affectation of water in the Zone. In light of this panorama, the Court confirms that the Municipality of Naranjo has not violated the provisions of articles 21 and 50 of the Constitution, so the appeal must also be dismissed regarding this authority." It also warned that in this case, technical studies (hydrogeological) are required to determine the potential affectation of the water resource, "that evaluates the specific conditions of the site to be developed and its surroundings and assesses, based on technical data, the capture zones of the springs, the risk of groundwater contamination, and the risk of affectation on recharge conditions, a document that must be prepared by the developer and submitted to SENARA for its evaluation"; which is why it concludes by indicating to the appealed authorities that "they shall not grant any type of construction permit on property 2-00153575-000, until the company Feruga Limitada carries out the hydrogeological study referred to by SENARA in its report, in order to be certain regarding the type of constructions that can be carried out in the zone in question" (reference judgment, in the management system, folio 387 front to 393 back). The highlighting is not from the original).
Fifth: Regarding the indefinite suspension of the processing of the 'subdivision' project: The company Feruga Limitada accuses the indefinite halting of the processing of the filed proceedings - approval of one hundred fifty-two cadastral plans and certification of compliant land use for construction on each of those lots - which, besides irreparable damages, causes a situation of uncertainty and defenselessness. In this regard, the following considerations must be made regarding administrative justice and environmental protection by the municipalities. A.) It must be remembered that, in response to a proceeding filed in administrative instances, the obligated public entity has the duty to provide a response, derived from the fundamental right of petition, enshrined in Article 27 of the Political Constitution, whose essential content is the recognition of the right of individuals to make petitions before public authorities on matters of their particular or general interest, provided that the object of the petition is legally possible; by virtue of which, the obligation arises - for the official or entity requested - to respond, and within a reasonable timeframe, without it being required that the resolution be favorable to what is sought; that is, what is protected is obtaining a response to the filed proceeding, within a feasible timeframe.
Therefore, the Administration is not only empowered but in certain cases must require evidence or prior procedures, in order to support the final or definitive decision with an objective criterion and not a whimsical or arbitrary one, precisely in application of numerals 15 and 16 of the General Law of Public Administration, insofar as science and technique constitute parameters of administrative discretion. In this sense, in environmental matters, these considerations take on special significance, as they imply the joint application of two constitutional environmental principles of great importance, namely the objectification of environmental protection (objetivación de la tutela del ambiente) and the precautionary principle (principio precautorio). The first (the objectification of environmental protection) has as its content that in this matter (environmental) the necessary justification based on objective criteria—consisting of technical and scientific studies—is required for administrative decisions and actions within the framework of the various public functions carried out by the State to make environmental protection effective; and thus it applies both in the exercise of the materially administrative function, as well as in the legislative function and, of course, the jurisdictional function.
In light of the foregoing, it is possible to conclude that in such cases—at the time of enacting a law, adopting a regulatory norm, issuing a jurisdictional ruling, or carrying out a materially administrative action, the decision of the legislator, administrative head, judge, or official—the discretion of the Public Powers is reduced to zero. This principle finds its support and development in numerals 15 and 16 of the General Law of Public Administration in a generic manner, and more specifically, as derived from Article 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), which requires as a prerequisite for the approval and execution of any project that may have some impact on the environment, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), its control, which by interpretation we can extend to the requirement of technical and scientific evidence supporting every decision of the Public Administration in environmental matters in its various manifestations of public function.
And the second, the precautionary principle or "principle of prudent avoidance" (principio de la evitación prudente), whose name originates from the Latin "praeventio," which refers to the action and effect of preventing, applies to those preparations and arrangements made in advance to avoid a risk or execute something. Thus, the action of preventing seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. This principle is a corollary of the principle of responsibility, since it arises from the consideration of the new risks and damages that human conduct causes in nature, in view of the type of injuries that can be caused to the environment and human health, which are classified as irreversible, not only because of their dimension but also because of their accumulation. For this reason, it is possible to conclude that carrying out technical studies acts as a necessary condition for the correct application of the precautionary principle in environmental matters; as established in the Kourilisky-Viney Study of November twenty-ninth, nineteen ninety-nine (KOURILSKY, Phillipe, VINEY, Geneviève.
Le principe de Précaution. Rapport au Premier Ministre. Editions Odile Jacob. La Documentation Française, 2000. p. 56. Free translation and cited by MILANO SÁNCHEZ, Aldo. El principio precautorio. pp. 74, 75 and 177); in the Pronouncement or Communication of the European Union of February of the year two thousand –COM–; in the Nice Resolution of December of the year two thousand, and in the proposal of the Science and Environmental Health Network (SEHN), which establish guidelines for the operability of this principle, by requiring as support for any decision of the Administration, the definition, grading, and evaluation of risk, for which the necessary prior objective studies are required. Thus, the content of the precautionary principle refers to the cautious attitude that must be taken when reasonable doubt arises—not verifiable by objective and/or scientific methods—regarding the dangerousness of any activity, due to possible environmental repercussions, whether to prevent serious and irreparable damage, or to impose precautionary measures in the processing of procedures or in the execution phase of the granted right, to prohibit it (final or substantive decision) or to impose the necessary corrective or mitigation measures (final or substantive decision) conditioning the authorized activity in order to avoid environmental damage and harm to human health.
It is about determining risk situations for the environment (a concept understood broadly and integrally, which includes both elements of natural biodiversity and elements of urban planning, according to the interpretation given by the Constitutional Chamber itself in judgment number 2003-3656, at fourteen hours and forty-three minutes on May seventh, two thousand three) and that have or may have negative repercussions on the health of the population; and with this, the action of the Administration is conditioned, where the following situations arise:
"Criteria for applying this law. The criteria for applying this law are:
Therefore, if that technical-scientific-objective basis does not exist, it obliges the Administrations to procure that element in order to adopt a serious and responsible decision in the face of the situation raised, precisely to form the grounds (motivo) of the administrative act that is finally adopted. D.) This Tribunal has indicated on previous occasions (for example, in resolution number 125-2011, at nine hours fifty-five minutes on April fifteenth, two thousand eleven), and reiterates on this occasion, that the municipal authorities—both its deliberative body (Council) and its "executive official" (Mayor)—have the obligation to give effective compliance to the constitutional mandate established in Article 50, insofar as environmental protection is instituted as a true public function or power for the entire state apparatus, of which the Municipalities form part (within the constitutional structure of the Costa Rican State); which, as such, translates into concrete obligations for public administrations, thus conditioning political objectives, and consequently, the action of public powers in general, to give full compliance to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, for which they can and must act in a coordinated manner with other public agencies—case of the Ministries of Health and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET), as well as the National Environmental Technical Secretariat (SETENA)—.
In light of the foregoing, it is not possible to deny the exercise of such public power, especially since by constitutional mandate, they are entrusted with an essential task, "the administration of local interests and services," as defined by Article 169 of the Constitution; and which constitutional jurisprudence has developed as the competence of the municipal sphere, within the concept of "the local" (in this sense, judgments number 6469-97, 5445-99, and 2001-9677 can be consulted); environmental matters being of transcendental importance. Thus, it is incumbent upon local governments to exercise, within the urban function delegated by legal mandate—Articles 15 and 19 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and 13 subsection o), 79, 81, and 81 bis of the Municipal Code, 15 of the Decree-Law 833 on Constructions, and other related provisions—to exercise their competence, which is not limited solely to the enactment of the respective territorial regulations—regulatory plans and related regulations—but also extends to the control they exercise over compliance with local urban-environmental regulations, manifested precisely through the approval procedures for certified plat approvals (visados de planos catastrados), land-use certificates (certificados de uso de suelo), subdivision and development projects (proyectos de fraccionamiento y urbanizaciones), construction permits, and commercial licenses.
In this sense, as this Tribunal has indicated in various pronouncements (among them, numbers 175-2009, at fifteen hours forty minutes, and 176-2009, at fifteen hours fifty minutes, both of January thirtieth, two thousand nine), "local governments must act in a timely manner in the exercise of police power, using the powers that the legal system has granted them to achieve their purposes" (the underlining is not from the original); in accordance with the powers granted to local governments in Article 1 of the Decree-Law on Constructions, insofar as it literally provides:
"The Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other towns meet the necessary conditions of safety, public health, comfort, and beauty in their public roads, in the buildings and constructions erected on their lands, without prejudice to the powers that the laws grant in these matters to other administrative bodies." Recall in this regard that "police power" is the competence recognized to the Administration, so that, based on a law, it regulates and rules on an activity, in order to ensure public order, public health, tranquility, the safety of persons, as well as the moral, political, and economic organization of society; an attribution by virtue of which the imposition of restrictions on the enjoyment of fundamental rights is reasonable, insofar as its justification is found precisely in the consideration that fundamental rights are limited by those of other persons, since they must coexist with all and each of the other fundamental rights.
Therefore, the measures that the State—in a generic sense—adopts for the purpose of protecting safety, public health, and tranquility are of public social interest, manifested through police power, understood as the regulatory power over the enjoyment of rights and the fulfillment of constitutional duties. (In this sense, judgments number 401-91, at fourteen hours on February twentieth, and 619-91, at fourteen hours forty-five minutes on March twenty-second, both resolutions of nineteen ninety-one, and 2003-2864, at fifteen hours twenty minutes on April ninth, two thousand three, of the Constitutional Chamber can be consulted.) Consequently, it not only can, but must review the operation of companies and industries, and verify, as in this case, the non-impact on natural resources—especially water resources—of the canton, on the occasion of subdivision and development projects submitted to it for approval, in order to verify that they are carried out in accordance with the dictates of the regulations, in this case, urban and environmental; all of the foregoing in a preventive manner, and failing that, being able in any case to use all necessary resources and actions for its verification.
Thus, for the manifestation of any of its conduct—active or omissive—the Administration must adhere to the higher norm (constitutional or legal), from which its competence, authorization, and, in some cases, the obligation to act in a specific direction derives. Thus, the Administration must assume, with respect to the legal mandate, a supplementary function, in pursuit of the objectives imposed by the legal system. F.) It is deemed necessary to warn the municipal authorities of Naranjo that, in the exercise of police power in the area of urban planning and compliance with environmental regulations (to give full compliance to the constitutional mandate of environmental protection), they must act with extreme care in the decisions they adopt, since the procedures for plat approvals and land-use certificates are not mere formalities, but rather fundamental or substantive decisions, inasmuch as from the first, individual rights arise; and from the second, the conditioning of future actions of the corporation (construction permits); procedures in which the principles and environmental regulations previously indicated are fully applicable, as well as the precautionary, preventive, and objectification of environmental protection principles.
This situation, although it does not constitute the final decision of the proceedings formulated, is an intermediate step with its own effect (de trámite con efecto propio), which, because it is not substantiated—as will be detailed below—in the specific case, causes a serious violation of due process and defenselessness to the developing company, affecting its economic interests.
VII.OF THE ESSENTIAL DEFECT (TOTAL ABSENCE) IN THE REASONING OF THE CHALLENGED AGREEMENT.- In accordance with and as a development of what has been said and in point five G.) of the previous Considering, this Tribunal finds that the challenged agreement is inconsistent with the legal system, due to an essential defect (total absence) in its reasoning (fundamentación); a formal element of every administrative act, which may be declared ex officio in accordance with the provisions of numerals 181 and 182 of the General Law of Public Administration. The motivation or reasoning of an administrative act consists of
"... a declaration of the factual and legal circumstances that have led the respective public administration to the issuance or emanation of the administrative act. The reasoning is the formal expression of the grounds (motivo) and, normally, in any administrative resolution, it is contained in the so-called 'considerandos'—recital section—. The reasoning, consisting of a statement of the facts and the legal basis that the public administration took into account to issue its decision or will, constitutes a means of proof of its intentionality and an indispensable guide for interpreting and applying the respective administrative act." (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. First edition. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.)
Thus, the reasoning must determine the application of a concept to the specific factual circumstances in question (according to the development of Spanish jurisprudence, specifically in the judgment of May 18, 1991, RA 4120, accepting the recital of the appealed decision, which cites SSTS of September 23, 1969, RA 6078, and October 7, 1970, RA 4251, cited by the author Marcos M. Fernando Pablo, in his work La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, page 190); that is, it is a concrete decision that links the facts with the normative support, so that when there is a brief reference to general norms and unspecific facts, it can be concluded that there is no sufficient contribution of justification, to the extent that from them it is not possible to deduce the elements assessed by the governmental authority to make the decision, which acquires the greatest importance when it involves acts that limit or restrict individual rights or those in which a sanction is imposed on the administered party. By its content, it constitutes a determining factor of due process and the right of defense, which has full application in the administrative sphere, as indicated by the Constitutional Chamber starting with judgment 15-90, at sixteen hours forty-five minutes on January fifth, nineteen ninety, by stating the minimum elements of this constitutional principle
"(...) a) Notification to the interested party of the nature and purposes of the procedure; b) right to be heard, and opportunity for the interested party to present arguments and produce the evidence they deem pertinent; c) opportunity for the administered party to prepare their allegation, which necessarily includes access to information and administrative records linked to the matter in question; ch) right of the administered party to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons; d) adequate notification of the decision issued by the administration and the reasons on which it is based, and e) right of the interested party to appeal the decision issued ..." (The highlighting is not from the original.)
It is for this reason that pursuant to Article 136 of the General Law of Public Administration, the Administration is required to provide reasoning for acts that impose obligations; limit, suppress, or deny individual rights; resolve appeals; those issued departing from the criterion followed in previous actions or from the opinion of advisory bodies; those that maintain the execution of the act being challenged; general acts of a normative nature (regulations), and general discretionary acts. Thus, if there is no reasoning, a defect of form is incurred that seriously affects the act, rendering it absolutely void.
VIII.The foregoing transgression is given because the interested administered party—Feruga Limitada—is not explained, with the clarity and precision required for the case, the decision adopted; that is, explaining to them the reason why they are being requested—again—an environmental impact study, when the record shows the existence of one for the development of an agricultural subdivision. Note also that the notification of this decision was not accompanied by official letter CTS-MN-CER-243-09, of November seventeenth, two thousand nine (visible at folios 9 and 10), from the municipal engineer—Daniel Santamaría González—, in which he refers the indicated project to the Council of the corporation, stating that he considers it is not an agricultural subdivision, but one of an urban nature, as well as the possible impact on the five springs (nacientes) located on the property where the project is intended to be carried out. None of the foregoing was in the file at that time nor in the municipal archives nor was it communicated or explained to the developer, which demonstrates the lack of reasoning of this agreement, in open violation of the cited numerals 133 and 136 of the General Law of Public Administration, hence, its absolute nullity.
IX.OF THE NULLITY BY CONNECTION AND CONSEQUENCE.- Point 4. of agreement SE-7-197-2010, of April twenty-first, two thousand ten, adopted by the same municipal body, reiterates the order to suspend the lotification project presented by the company Feruga Limitada; which constitutes the same defect of absolute nullity, and for the same reasons as the previous agreement, namely, it is issued devoid of all reasoning, and orders a suspension of the procedures requested by the company Feruga Limitada (approval of one hundred fifty-two certified plats and certification of land use for construction on each of the lots resulting from the intended subdivision), but not the suspension of the adoption of the final decision. In this sense, this Chamber notes that as of the date of its adoption, the municipal authorities had more elements to support the doubts they had regarding the granting of the requested procedures.
Thus, in addition to the reasons already given, it must be considered that from the inspection carried out on the site, on December tenth, two thousand nine, with the presence of the following persons: Mayor of the Municipality of Naranjo, Eugenio Bonilla; congressman José Joaquín Salazar; Director of the Conservation Area - Central Volcanic Cordillera (Área de Conservación - Cordillera Volcánica Central) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, engineer Rafael Gutiérrez; Regional Chief of ACCV-SINAC-MINAET, engineer Carlos Zúñiga; parliamentary advisor, Licenciado Guillermo Corrales Montero; municipal advisor, Licenciado Alexander Cabezas Alvarado; municipal engineer of the Department of Constructions, Daniel Santamaría G.; engineer of the Department of Aqueducts, engineer Jonnathan (sic) Cubero Rojas; Secretary of the Federation of Aqueducts Guillermo Vega Zamora; council member Rafael Vargas González, Elio Vargas Rodríguez of the Environmental Department and Alfonso Fernández Brenes; the following was evidenced: a.) that there is no clarity in the exact determination of the area covered by the El Chayote Protective Zone (Zona Protectora El Chayote), created by Law number 6975, of November thirtieth, nineteen eighty-four; affected by Executive Decrees number 21.835-MIRENEM, of December seventh, two thousand two, and number 35151, of the year two thousand nine, so boundary-marking by MINAET is recommended; b.) that "according to the determination of land-use capacity (capacidad de uso de suelo), that zone would fall under the classification of protection, since it has been determined that the main resource to protect in the zone is water, and that on the farm there are defined springs, behaving as an infiltration zone for discharge in the form of potable water springs in the lower parts"; it being prohibited to change the use in protected zones, as well as the elimination of forest cover (cobertura boscosa); c.) that the protection of the water resources of the zone is essential for safeguarding the aqueducts of the area, so the respective hydrogeological studies of the farm are required; as well as the location of the springs of the canton, a task in which SINAC is already collaborating; and d.) that for the stated tasks, work will be done in a responsible and coordinated manner (folios 203 to 206).
And additionally, it is also pertinent to bring up that as of the date of this April two thousand ten agreement—which is now annulled by connection and consequence—the authorities of Naranjo also had knowledge of official letter D.052, of January thirteenth, two thousand ten, from Rafael Gutiérrez, Director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), Central Volcanic Cordillera Area, in which he informs congressman Joaquín Salazar Rojas, stating: "... after our visit to the zone, it was considered appropriate to carry out technical studies on the aquifer recharge areas as established in Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), for which we are in the best disposition to collaborate with your office and the Municipality of Naranjo” (folios 239 and 240). It is insisted, nothing noted in such proceedings is evident in the indicated agreement, which shows, at first glance, its lack of motivation or reasoning."
... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments No. 368-2011 CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. THIRD SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.
Goicoechea, at nine forty-five in the morning on the thirtieth of September two thousand eleven.
This Court hears, as an improper municipal hierarch, the appeal per saltum filed by FERUGA LIMITADA, represented by its general attorney-in-fact without limit of sum, Alfonso Fernández Brenes, of legal age, married once, industrial engineer, with identity card number CED78290, resident of Grecia; against agreement SE-25-969-2009, adopted by the Council of the Municipality of Naranjo in extraordinary session number 25, of the eighteenth of November two thousand nine.
Drafted by Judge Fernández Brenes, and:
WHEREAS:
I.OF THE PROVEN FACTS.- Of importance for the resolution of this matter, the following set of proven facts is considered duly accredited:
Faced with this situation, the Court verifies that the Municipality of Naranjo has not violated the provisions of constitutional articles 21 and 50, and therefore the appeal must also be dismissed with respect to this authority." It further warns that, because technical (hydrogeological) studies are required to determine the possible impact on the water resource, "which evaluates the specific conditions of the site to be developed and its surroundings and assesses, based on the technical data, the capture zones of the springs, the risk of contamination of groundwater, and the risk of impact on recharge conditions, a document that must be prepared by the developer and submitted to Nombre2449 for its evaluation." For this reason, it concludes by instructing the respondent authorities that "they shall not grant any type of construction permit on property 2-00153575-000, until such time as the company Feruga Limitada carries out the hydrogeological study referred to by Nombre2449 in its report, in order to have certainty regarding the type of constructions that may be carried out in the area in question" (referenced judgment, in the case management system, folio 387 front to 393 back.
The highlighting is not from the original); and; 38.) That by resolution number 312-2011, at fifteen hours and thirty minutes on August thirty-first, two thousand eleven, the Third Section of the Contentious-Administrative Court, acting as improper municipal hierarch, annuls the resolution of the Mayor of Naranjo ALC-MN-EPB-0136-2010, of January twenty-first, two thousand ten, challenged in a municipal appeal processed in case file number 10-000533-1027-CA; and, by connection and consequence, the official communication CTS-MN-CER-245-09, of November nineteenth, two thousand nine, issued by the Construction Department of that local corporation and agreement SE-969-2009, adopted by the municipal council in extraordinary session number 25, of November eighteenth, two thousand nine, deeming them illegal due to a lack of reasoning (referenced resolution, at folios 394 to 399).
II.UNPROVEN FACTS.- Also of importance for the resolution of this matter, the following is considered unsubstantiated: 1.) That the Council of Naranjo heard the ordinary appeals filed by the legal representative of Feruga Limitada against agreement SE-25-969-2009; 2.) The company Feruga Limitada has not demonstrated that the development it intends to implement is an agricultural subdivision (parcelamiento agrícola); 2.) That the subdivision project has water availability, approved by the municipal aqueduct, the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, or any of the ASADAS in the area; 3.) That the project has the availability of solid waste collection and electrical grid services; 4.) Whether the area in which the project is intended to be carried out is an aquifer recharge zone and the possible impact on the springs (nacientes) located in the canton; 5.) The exact limits of the coverage or extension of the Zona Protectora El Chayote. There is no evidence regarding this in the case file.
III.GROUNDS OF THE APPEAL.- In its appeal brief filed before the Council on November twenty-seventh, two thousand nine, the legal representative of the company Feruga Limitada alleges the nullity of agreement SE-25-969-2009, adopted by the Council of the Municipality of Naranjo in an extraordinary session held on November eighteenth, two thousand nine, for the following reasons: a.) The lack of competence of the collegiate body to hear the request for approval (visados) of the fifty-two cadastral plans related to the agricultural lotification project proposed by its represented party and the issuance of the land-use (uso de suelo) certificates for construction on said lots, as this task corresponds to the Construction Department, which has trained personnel to resolve such procedures; and because, according to the appeals regime, the Council does not hear the actions of such Department, but only the Mayor, and in case the exhaustion of the administrative remedy is required, the Contentious-Administrative Court.
Therefore, it considers that the Council illegitimately assumed a competence specific and exclusive to a municipal official, who does not report to it, requiring a legal norm that authorizes this, which does not exist in this case; b.) The absence of the grounds indicated in the challenged act, because the environmental feasibility (viabilidad ambiental) approved by the respective body, in this case, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, is recorded in the case file for the execution of the subdivision (fraccionamiento) project for agricultural purposes, as stated in resolution number 1455-2009-SETENA, at ten hours fifty-five minutes on June twenty-third, two thousand nine, which consists of fifty-nine lots with a minimum area of five thousand square meters, with an agricultural easement (servidumbre) seven meters wide; and, because nine are in a protected area, the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) was carried out over the entire area of the property to be subdivided; and that in the lots where a spring (naciente) was located, a larger area was provided than that required by the regulations.
Thus, it concludes that because it is an agricultural parcel project, there is no danger or risk of affecting the ecosystem, which is duly accredited by the studies in the case file; c.) The request for requirements not previously established in the legal system for the processing of a land-use certificate, such as permits or availability for water and electricity services, which are typical of an urban development project but not of an agricultural subdivision (parcelamiento agrícola), under the terms of sections II.2.1.6 and VI.3.11 of the Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, provisions which it claims to fully comply with. In this regard, it alleges that the land-use certificate is a regulated act, where subjective assessments are not appropriate; and d.) That on the occasion of the adopted agreement, its project is indefinitely suspended, leaving it in a situation of uncertainty and causing irreparable harm; having the right to have its procedure resolved within a reasonable time. Therefore, it requests the revocation of the agreement so that its procedures are resolved. (Folios 11 to 23 and 338 to 354).
IV.ON THE PERTINENCE OF THE APPEAL PER SALTUM.- We can consider the procedural mechanism of the appeal "per saltum," provided for in the final paragraph of article 156 of the Código Municipal and 191 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, as an expression of the principle of prompt and complete justice derived from section 41 of the Constitución Política, insofar as it provides that, in cases of omission by the Council to process the matter as legally required, meaning, in the session following the filing of the appeal, the administered party may appeal directly to the Contentious-Administrative Court, acting in its capacity as biphasic improper hierarch of the municipal sphere –in accordance with the mandate deriving from constitutional article 173– so that it may hear the filed appeal. In the case under study, it is clear that we are facing such a situation, as, regarding the appeal filed by the legal representative of Feruga Limitada on November twenty-seventh, two thousand nine, against agreement SE-25-969-2009, adopted by the Council of the Municipality of Naranjo in an extraordinary session held on November eighteenth, two thousand nine (folios 11 to 23), the truth is that no action by the municipal council aimed at resolving it is known; which empowers the interested company to promote the appeal per saltum directly before this Court, which it does on the following January fifth (folio 27). Therefore, the merits of the matter are now resolved.
V.PRECEDENTIAL DECISION OF THIS COURT.- Recently, in resolution number 312-2011, at fifteen hours thirty minutes on August thirty-first, two thousand eleven, this Contentious-Administrative Court, acting as improper municipal hierarch, annuls the resolution of the Mayor of Naranjo ALC-MN-EPB-0136-2010, of January twenty-first, two thousand ten, challenged in a municipal appeal processed in case file number 10-000533-1027-CA; and, by connection and consequence, the official communication CTS-MN-CER-245-09, of November nineteenth, two thousand nine, issued by the Construction Department of that local corporation and agreement SE-969-2009, adopted by the municipal council in extraordinary session number 25, of November eighteenth, two thousand nine, deeming them illegal due to a lack of reasoning (referenced resolution, at folios 394 to 399). Notwithstanding the foregoing, this Court considers that, because it is a nullity declared by "connection and consequence," and due to the content of the action and implications that this nullity entails, it is necessary and pertinent to make some additional considerations to those indicated in the referenced decision.
VI.ANALYSIS OF THE CHALLENGED AGREEMENT.- The appellant bases its challenge on four grounds: a.) the lack of competence of the collegiate body to hear the request for the fifty-two cadastral plans related to the agricultural lotification project proposed by its represented party and the issuance of land-use certificates for construction on said lots; b.) the absence of the grounds indicated in the challenged act; c.) having been required to provide requirements not foreseen in the legal system for the processing of a land-use certificate; and d.) the indefinite suspension of its project procedures, leaving it in a situation of uncertainty and defenselessness, in addition to the irreparable economic damage caused. The challenged agreement having been analyzed and the grievances reviewed, the following clarifications must be made:
First: On the legal nature of the challenged agreement: It must be considered that, by the content of the challenged agreement, it did not definitively resolve the procedures promoted by the company Feruga Limitada, in this case, the approval of cadastral plans and certification of land use for construction on each of them (fifty-two in total), but rather it is the issuance of a procedural act, insofar as it warned the interested party of the fulfillment of a requirement, the presentation of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for the lotification project (agricultural parcels), but which, due to the manner in which this requirement is made, by ordering the Mayor to suspend the processing of that project, has its own effect, and therefore, is appealable, under the terms provided in sections 163.2 and 345.3 of the Ley General de la Administración Pública, the latter insofar as it empowers the filing of ordinary appeals regarding the "procedural act that indefinitely suspends or makes impossible the continuation of the procedure," in relation to subsection b) of 154 and article 156 of the Código Municipal.
Second: On the competence of the Council in adopting the challenged act: As this Court rightly considered in resolution number 312-2011, at fifteen hours on August thirty-first of last year, the Council had competence to adopt the challenged agreement, as it concerns urban planning matters, under the terms provided in subsection p) of article 13 of the Código Municipal. Indeed, there is no doubt whatsoever that this decision arises from the report rendered by the municipal engineer -Daniel Santamaría González-, in official communication CTS-MN-CER-243-09, of November seventeenth, two thousand nine (at folios 9 and 10), in which he submits the subdivision project in question to the Council, because it must be treated "no longer as a subdivision of agricultural parcels, but rather as an urban development project with a high degree of impact on the environment, and that everything related to this project be investigated from his hierarchical position," because, by overlaying the spring database onto it, "it was determined that there are at least 5 more that directly affect the project." Thus, there being a prior formal act that transfers competence from the Engineering Department to the Council, due to the ex officio categorization that the local government made of the project, the appellant's thesis of considering said action as the municipal council assuming powers that are specific to the Construction Department of the local government is not acceptable; much less that it constitutes a denial of the procedures raised, nor an omission, due to "unjustified" delay in resolving its procedures. Thus, in the referenced resolution of this Chamber, it was stated:
"V.- On the competence of the Municipal Council. The appeal challenges the competence of the Municipal Council to rule on the approval of plans for the project called 'agricultural parceling'; however, this ground of grievance must be rejected. Pursuant to article 13 subsection p) of the Código Municipal -formerly subsection o), the numbering changed by Ley 8822 of April 29, 2010-, the Municipal Council is the competent body in urban planning matters, and therefore must respect all applicable regulations and what it resolves in this regard, in its condition as local hierarch, it does so in the exercise of its powers of authority. In such a way that, even though there is a Construction Department with an engineering corps (sic) tasked with reviewing the projects submitted to its knowledge, by reason of the technique and science it masters, for the purposes of approving larger-scale urban development projects, as is the present case, by reason of the impact on the environment that this generates, its review and responsible approval must fall on the Municipal Council, as the highest-ranking local deliberative body, so that it comprehensively analyzes the developer's proposal, in light of the aforementioned norm, therefore this grievance must be rejected." Third: On the requirement of prerequisites for the approval of a subdivision (fraccionamiento) or urbanization project.
Due to the significance derived from the legal implications entailed by subdivision and urbanization processes, it is necessary to clarify the meaning of both concepts. Thus, "Subdivision (fraccionamiento) is the division of a property with the purpose of introducing it to commerce, which supposes, as each local government must verify when granting the corresponding approval (visado), that it conforms, in terms of size and characteristics, to the current urban planning provisions, especially, to the local land-use Plan Regulador –if one exists– as well as to development regulations and other special public order laws. The subdivision that the law calls 'simple,' does not include an urban habilitation process for the use and enjoyment of the parcels resulting from that subdivision, and this is so because the legislator assumes that in these, the properties have access ways and green areas resulting from prior urban development. It is for this reason that article 40 of the Ley de Planificación Urbana provides:
"(…)Likewise, simple subdivisions of parcels in previously urbanized areas are exempt from the obligation to cede areas for parks and community facilities..." (the emphasis is not from the original).
When a certain area is previously urbanized, the acquirers of the subdivided parcels have access to the properties, parks, and community facilities, and it must not be lost sight of that this is part of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (constitutional article 50). For this reason –it is reiterated– the legislator has not deemed it necessary to require, in the case of a 'simple' subdivision with prior urban development, further land endowments for reasons of social interest. The approval for simple subdivisions, due to their limited significance, is usually granted to an official (e.g., Municipal Engineer) different from the one entrusted with 'complex' approvals (e.g., Municipal Council, urban planning commissions, etc.), the former lacking the competence to authorize a different type of approval; this in the event that urban planning regulations make such a distinction.
Now, a subdivision that is part of the urbanization process and entails a habilitation of the properties, for the first time, for urban purposes, must be provided with streets, green areas and parks, as well as the necessary services for their use and enjoyment. In this second scenario, we are facing a complex subdivision and urbanization process that introduces limitations on private property for reasons of urban planning (article 22 of the Ley de Planificación Urbana), which the Constitutional Court has indicated are fully consistent with Constitutional Law (Voto N° 5097-93 at 10:24 hrs on October 15, 1993). The residential or subdivision project that we will call 'complex' is provided for in section 40 of the Ley de Planificación Urbana which, in the pertinent part, provides:
'Every land subdivider (…) and every urbanizer shall cede free of charge for public use both the areas destined for roads and those corresponding to parks and community facilities; what is set for the latter two concepts shall be determined in the respective regulation, by setting percentages, of the total area to be subdivided or urbanized, which may fluctuate between five percent and twenty percent, according to the average size of the lots, the use intended for the land, and the relevant norms. Notwithstanding the foregoing, the sum of the lands that must be ceded for public roads, parks and community facilities shall not exceed forty-five percent of the total surface area of the land to be subdivided or urbanized. (…)
The urbanizer's obligation to provide the subdivided parcels with access ways, green areas, parks, public roads, obliges them to comply with urban provisions establishing minimum standards regarding space, quality, quantity, and other requirements demanded by law and development regulations regarding those areas. The local government must exercise its police power in a timely manner, guaranteeing the residents of the canton that the works will be carried out in the manner indicated by urban planning regulations and under the conditions they provide. It suffices that a parceling requires works to enable access and provide various services to some of those properties, to maintain that a 'simple subdivision' does not exist, but rather a residential project that must, consequently, comply with all the indicated requirements. Urban residential projects can only enable access to the properties through public roads that must have the dimensions and requirements of the Ley General de Caminos Públicos and, the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, in the absence -in this latter case- of specific provisions in local norms.
None of the municipal bodies has the competence to authorize a project in which the habilitations to the properties are made through 'paved agricultural easements (servidumbres agrícolas adoquinadas)', 'agricultural easements (servidumbres agrícolas)' or 'simple easements (servidumbres)', since these are figures characteristic of Private Law and not of the residential urban planning regime governed by the norms and principles of Public Law." (Resolution number 175-2009 of the Third Section of this Court. In the same sense, number 176-2009 of this same Court.)
In light of which, the control that the local government must verify, in this case by the deliberative body (Council), is of special interest when it comes to approving construction permits for urbanizations, as it must confirm that they fully comply with the legal requirements, namely the provision of public roads, green and community areas, as well as the habilitation and implementation, by the urbanizer, of public services, such as electricity, telephone, drinking water, and aqueducts and sewer systems, the latter, in case the infrastructure exists. Therefore, the non-conformity of urban development projects with the requirements established in urban planning regulations obliges –per se– the rejection of the initiated procedures, in application of the principle of legality, which binds the entire state apparatus, of which municipalities form a part. The challenged agreement does not make provisions for the accreditation of water and electricity availability services for the "subdivision" project of fifty-two lots proposed by the company Feruga, Limitada, since, as indicated, it only requires the presentation of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) of the project in question.
Notwithstanding the foregoing, the appellant understands that such requirements are being made, which they deem are not established in the legal system. Contrary to what is argued by the complainant, this Court warns that the accreditation of water and electricity services and availability in relation to the processing of a land-use certificate (certificado de uso de suelo) are necessary and enforceable in the context of the plan approval procedure, in accordance with the provisions of articles III.3.11 and III.13 of the Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, as well as the Ley de Acueductos y Alcantarillados, a requirement imposed on the developer (Feruga, Limitada) expressly for its "subdivision" project of fifty-two lots, in resolution number 1455-2009-SETENA, in which it also conditioned its implementation on the fulfillment of this requirement, under warning of nullity of the environmental feasibility granted (folios 2 to 7).
Fourth: On the absence of grounds (motivo) for the challenged act: The appellant alleges that the challenged agreement lacks grounds (motivo), because the case file shows that it has already fulfilled the required demand, having the environmental feasibility (viabilidad ambiental) approved by the competent body for the execution of the agricultural subdivision project, according to resolution 1455-2009-SETENA, at ten hours fifty-five minutes on June twenty-third, two thousand nine. In this regard, the following considerations must be made: A.) To address this grievance, it is deemed necessary to warn that the existence and validity of every administrative act depends on the concurrence of several essential elements, imposed by the legal system, which for better understanding can be classified into material, relating to subjective elements (competence, standing, and investiture), objective elements (purpose, content, and grounds –articles 131, 132 and 133 of the Ley General de la Administración Pública and 49 of the Constitución Política), and formal elements, encompassing the manner in which the act is adopted, namely, the means of expression or manifestation (instrumentation), the reasoning (article 136 of the cited Ley General) and the procedure followed for its adoption (articles 214 and 308 of the Ley General de la Administración Pública and 39 and 41 of the Constitution).
Specifically, regarding the element that the challenged act is claimed to lack (the grounds), the following must be stated. It is an essential element of the administrative act pursuant to the provisions of article 133 of the Ley General de la Administración Pública, constituted by "the antecedents, presuppositions or legal (de jure) and factual reasons, which make the issuance of the administrative act possible or necessary, and on which the Public Administration intends to sustain the legitimacy, timeliness or advisability thereof." (JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. p. 370). Thus, they are the causes or presuppositions, legal and factual antecedents that induce the Administration to adopt the specific act; and which denote the conformity that must exist between it and the purpose that the legal system assigns to it, that is, the satisfaction of a public interest to be met in each case. Therefore, the cited section 133 requires it to be legitimate, as it is subject to the legal system, as a corollary of the principle of legality that governs Administrative action (articles 11 of the Constitución Política and of the Ley General de la Administración Pública); and furthermore, it must exist as the Administration invokes it, and precisely, that sustains the decision adopted, which denotes its intimate relationship with the other commented element (the reasoning of the act), whence, the content must correspond with the grounds.
"... in the face of a development such as the one the appellant company intends to carry out, it is the duty of the local authorities also to identify its true nature. If the appellant party claims that we are in the presence of an agricultural subdivision, its purpose must be directed solely and exclusively to promoting the exploitation of the land for productive purposes, a circumstance that the company must demonstrate with certain technical elements. The appellant cannot aspire to establish a type of 'agricultural' development based only on surface area and access measurement parameters, as that is not sufficient to grant it such a condition. It is for this reason that if the company's true purpose is to sell land for residential purposes -regardless of the lot dimensions-, we are in the presence of an urban development, which tends to transform a portion of land to provide a portion with services typical of metropolises or cities, such as public roads, water, telephone, parks, etc., which is a complex process of environmental alteration with a great effect on natural and artificial ecosystems, since the majority of this type of works compacts the land and covers an important part of the surface with an impermeable layer, which can potentially affect aquifer reserves, increase runoff, alter natural drainage, and increase the flow of rivers and other watercourses, in addition to eliminating the original landscape.
Given that the existence of a preliminary project by the developer, providing for all the services needed to be set up in the place to facilitate human habitation, is not apparent in the case file, it is logical and understandable that the municipal engineer elevated the matter to the knowledge of the municipal council, because if in reality the project is not constituted as an agricultural parceling, we would eventually be dealing with artifices aimed at evading all the legal requirements for its development and implementation. This situation must be analyzed carefully by the municipal authorities, but with the existing evidence - at least before this instance - it is not possible to reach a certain conclusion." The ex officio classification made by the municipal engineer could well justify the requirement made, since, as the appellant itself rightly indicates, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental assessed the project as an agricultural subdivision, not as an urban development project, which changes both the requirements and the impact on the environment; and,
Spring 4 Latitude 497.230 Longitude 238.566; Spring 5: Latitude 496.737 Longitude 238.498 (folio 197). It is noteworthy that the potential threat to the canton's water resources (recurso hídrico) posed by the implementation of this project prompted the rural water boards (asadas) of Naranjo to appear before the municipality in support of the actions taken in this case, subsequent to the adoption of the challenged act.
In this regard, it cannot go unnoticed that the preventive action adopted by the Municipality of Naranjo earned the recognition of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in judgment 2010-014773, at fourteen hours thirty-six minutes on September first, two thousand ten, in which it stated, regarding the actions of the respondent local entity, that:
"... far from having a negligent attitude regarding the protection of the water resources (recursos hídricos) of its jurisdiction, said corporation has undertaken a series of actions to protect them, even going so far as the Council issuing agreement number SE-25-969-2009, by which it ordered the suspension of the processing of the application for approvals (visados) and obtaining of land use permits (usos de suelo) submitted by the company Feruga Limitada, given the existing doubt regarding the possible impact on the water in the Zone. Given this scenario, the Court verifies that the Municipality of Naranjo has not violated the provisions of constitutional articles 21 and 50, and therefore the appeal must also be dismissed with respect to this authority." It also warned that in this case, technical (hydrogeological) studies are required to determine the possible impact on the water resources (recurso hídrico), "which evaluates the specific conditions of the site to be developed and its surroundings and assesses, based on technical data, the capture zones of the springs, the risk of groundwater contamination, and the risk of impact on recharge conditions, a document that must be prepared by the developer and submitted to Nombre2449 for its evaluation"; for which reason it concludes by instructing the respondent authorities that "they shall not grant any type of construction permit on property 2-00153575-000 until the company Feruga Limitada performs the hydrogeological study referenced by Nombre2449 in its report, in order to have certainty regarding the type of constructions that may be carried out in the area in question" (judgment of reference, in the management system, folio 387 front to 393 back). The highlighting is not from the original).
Fifth: Regarding the indefinite suspension of the "subdivision (fraccionamiento)" project: The company Feruga Limitada accuses the indefinite halt of the processing of the submitted procedures —approval (visado) of one hundred fifty-two cadastral plans and certification of compliant land use (uso de suelo conforme) for construction on each of those lots— which, in addition to irreparable damages, causes a situation of uncertainty and defenselessness. In this regard, the following considerations must be made concerning administrative justice and the protection of the environment (tutela del ambiente) by municipalities. A.) It must be remembered that in the face of a procedure filed in administrative instances, the required public entity has the obligation to provide a response, as a derivative of the fundamental right of petition, enshrined in Article 27 of the Political Constitution, the essential content of which is the recognition of the right of citizens (administrados) to make requests to public authorities on matters of particular or general interest, provided that the object of the petition is legally possible; by virtue of which, the obligation is generated —for the required official or entity— to reply, within a reasonable time, without it being required that the resolution be favorable to what is sought; that is, what is protected is the obtaining of a response to the filed procedure, within a feasible timeframe.
Therefore, the Administration is not only empowered but, in some cases, must require evidence or prior procedures in order to support the final or definitive decision on an objective criterion and not on a whimsical or arbitrary one, precisely in application of numerals 15 and 16 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), insofar as science and technique constitute parameters of administrative discretion. In this sense, in environmental matters, these considerations take on special significance, as they imply the joint application of two constitutional environmental principles of great importance, namely the objectification of environmental protection (objetivación de la tutela del ambiente) and the precautionary principle (principio precautorio). The first (the objectification of environmental protection) has as its content the requirement in this matter (the environmental one) of the necessary reasoning (motivación) based on objective criteria —consisting of technical and scientific studies— for administrative decisions and actions within the framework of the various public functions carried out by the State in order to effectuate environmental protection; and it is thus applicable both in the scope of the exercise of materially administrative functions, as well as in the legislative function and, of course, the jurisdictional function.
In light of the foregoing, it is possible to conclude that in such cases —when enacting a law, adopting a regulatory norm, issuing a jurisdictional ruling, or performing a materially administrative action, the decision of the legislator, administrative head, judge, or official— the discretion of the Public Powers is reduced to zero. This principle finds its support and development in numerals 15 and 16 of the General Public Administration Law generically, and more specifically, as derived from Article 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), which requires as a prerequisite for the approval and execution of any project that may have any impact on the environment, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and its control, which by interpretation we can extend to the requirement of technical and scientific evidence that supports every decision of the Public Administration in environmental matters in its various manifestations of public function.
And the second, the precautionary principle (principio precautorio) or "principle of prudent avoidance", whose denomination originates from the Latin "praeventio", which alludes to the action and effect of preventing, applies to those preparations and arrangements made in advance to avoid a risk or execute something. Thus, the action of prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. This principle is a corollary of the principle of responsibility, as it arises from the consideration of the new risks and damages that human conduct causes in nature, considering the type of injuries that can be caused to the environment (ambiente) and people's health, which are qualified as irreversible, not only because of their scale but also because of their accumulation. For this reason, it is possible to conclude that the execution of technical studies acts as a necessary condition for the correct application of the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters; as established in the Study Nombre102732 of November twenty-ninth, nineteen ninety-nine (Nombre102733, Phillipe, Nombre102732, Nombre102734.
Le principe de Précaution. Rapport au Premier Ministre. Editions Odile Jacob. La Documentation Française, 2000. p. 56. Free translation cited by MILANO SÁNCHEZ, Aldo. El principio precautorio. pp. 74, 75, and 177); in the Pronouncement or Communication of the European Union of February two thousand –COM–; in the Resolution of Nombre99621, of December two thousand, and in the proposal of the Science and Environmental Health Network (SEHN), which establish guidelines for the operability of this principle, by requiring as support for any Administration decision, the definition, gradation, and evaluation of the risk, for which the necessary prior objective studies are required. Thus, the content of the precautionary principle (principio precautorio) refers to the cautious attitude that must be taken when any reasonable doubt arises —not verifiable through objective and/or scientific methods— in relation to the dangerousness of any activity, due to possible environmental repercussions, whether to prevent serious and irreversible damages, to impose precautionary measures in the processing of procedures or in the execution phase of the granted right, to prohibit it (final or substantive decision), or to impose the necessary corrective or mitigation measures (final or substantive decision) as conditions of the authorized activity in order to avoid environmental damage and harm to people's health.
It is about determining risk situations for the environment (a concept understood broadly and integrally, comprising both elements of natural biodiversity and elements of urban planning, according to the interpretation given by the Constitutional Chamber itself in judgment number 2003-3656, at fourteen hours forty-three minutes on May seventh, two thousand three) and that have or may have negative repercussions on the population's health; and with this, the Administration's actions are conditioned, where the following situations arise:
"Criteria for applying this law. The criteria for applying this law are:
Therefore, if this technical-scientific-objective basis does not exist, it obligates the Administrations to procure this element in order to adopt a serious and responsible decision in the face of the situation raised, precisely to form the grounds (motivo) of the administrative act that is ultimately adopted. D.) This Court has indicated on previous occasions (for example, in resolution number 125-2011, at nine hours fifty-five minutes on April fifteenth, two thousand eleven), and reiterates on this occasion, that municipal authorities —both their deliberative body (Council) and their "executive official" (Mayor)— have the obligation to effectively comply with the constitutional mandate established in Article 50, insofar as the protection of the environment (tutela del ambiente) is constituted as a true public function or power for the entire state apparatus, of which the Municipalities form a part (within the constitutional structure of the Costa Rican State); which, as such, translates into concrete obligations for public administrations, thus conditioning political objectives, and consequently, the action of public powers in general, to fully comply with the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, for which purpose they can and must act in a coordinated manner with other public agencies —case of the Ministries of Health and the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET), as well as the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA)—.
In light of the foregoing, it is not possible to deny the exercise of such public power, especially because by constitutional mandate, they are entrusted with an essential task, "the administration of local interests and services," as defined in constitutional Article 169; and which constitutional jurisprudence has developed as the competence of the municipal sphere, within the concept of "local" (in this sense, judgments number 6469-97, 5445-99, and 2001-9677 can be consulted); with environmental matters being transcendental. Thus, it is the responsibility of local governments to exercise, within the urban function delegated by legal mandate —Articles 15 and 19 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and 13 subsection o), 79, 81, and 81 bis of the Municipal Code (Código Municipal), 15 of Decree-Law 833 of Constructions and other related provisions— their competence, which is not limited solely to the promulgation of the respective territory regulations —regulatory plans (planes reguladores) and related regulations— but also extends to the control they exercise regarding compliance with local urban-environmental regulations, manifested precisely through the procedures for approving cadastral plan approvals (visados de planos catastrados), land use certificates (certificados de uso de suelo), subdivision and urbanization projects, construction licenses, and commercial licenses.
In this sense, as this Court has pointed out in various pronouncements (among them, numbers 175-2009, at fifteen hours forty minutes, and 176-2009, at fifteen hours fifty minutes, both on January thirtieth, two thousand nine), "local governments must act in a timely manner in the exercise of police power, using the powers that the legal system has granted them to achieve their purposes" (the underlining is not from the original); in accordance with the powers granted to local governments in Article 1 of the Decree-Law of Constructions (Decreto-Ley de Construcciones), as it literally provides:
"The Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other towns meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public roads, in the buildings and constructions erected on lands within them, without prejudice to the powers that laws grant in these matters to other administrative bodies." Remember in this regard that "police power" is the competence recognized to the Administration so that, based on a law, it regulates and governs an activity, in order to ensure public order, health, tranquility, the safety of persons, as well as the moral, political, and economic organization of society; an attribution by virtue of which the imposition of restrictions on the enjoyment of fundamental rights is reasonable, since its justification lies precisely in the consideration that fundamental rights are limited by those of other persons, given that they must coexist with all and each of the other fundamental rights.
Thus, the measures that the State —in a generic sense— adopts for the purpose of protecting safety, health, and tranquility are of public social interest, manifested through police power, understood as the regulatory faculty of the enjoyment of rights and the fulfillment of constitutional duties. (In this sense, judgments number 401-91, at fourteen hours on February twentieth, and 619-91, at fourteen hours forty-five minutes on March twenty-second, both resolutions of nineteen ninety-one, and 2003-2864, at fifteen hours twenty minutes on April ninth, two thousand three, from the Constitutional Chamber, can be consulted.) Consequently, it not only can but must review the operation of companies and industries, but also verify, as in this case, the non-impact on natural resources —especially water (hídrico)— of the canton, on the occasion of subdivision (fraccionamiento) and urbanization projects presented to it for approval, in order to verify that they are done in accordance with the dictates of the regulations, in this case, urban and environmental; all of the foregoing in a preventive manner, and failing that, being able in any case to use all necessary resources and actions for its verification.
Thus, for the manifestation of any of its conduct —active or omissive— the Administration must submit to the superior norm (constitutional or legal), from which its competence, authorization, and, in some cases, the obligation to act in a specific sense, emanate. Thus, the Administration must assume a complementary function regarding the legal mandate, in pursuit of the objectives imposed by the legal system. F.) It is deemed necessary to warn the municipal authorities of Naranjo that, in the exercise of police power in the field of urban planning and compliance with environmental regulations (to fully comply with the constitutional mandate of environmental protection), they must act with utmost care in the decisions they adopt, since the procedures for plan approvals (visados de planos) and land use certificates (certificados de uso de suelo) are not mere formalities, but rather fundamental or substantive decisions, insofar as subjective rights arise from the former; and, from the latter, the conditioning of future actions by the corporation (construction licenses); procedures in which the previously indicated environmental principles and regulations are fully applicable, as well as the precautionary (precautorio), preventive (preventivo), and objectification of environmental protection (objetivación de la tutela del ambiente) principles.
Nombre594.) Finally, regarding the suspensory effects of the challenged agreement, it must be reasoned that as a logical consequence, any prevention has the effect of suspending the adoption of the final decision of the procedure, precisely pending the fulfillment of the requirement that has been requested and deemed omitted or pending the results of the requested evidence (for example, when some technical evidence is required); but in no way can it imply the absolute halt in the processing of the matter, as was ordered in the case under study, in which the Mayor was expressly ordered to stop them completely. In this sense, if the Council of the Municipality of Naranjo reclassified ex officio the type of subdivision (fraccionamiento) that the company Feruga Limitada intended to carry out, to consider it no longer as one of an agricultural nature, but rather urban, it could compel the developer to comply with the requirements that the urban-environmental legal system establishes for such purposes; only suspending the adoption of the final act.
This situation, although it does not constitute the final decision of the submitted procedures, is a procedural step with its own effect, which, by not being reasoned (fundamentada) —as will be detailed below— in the specific case, causes a serious breach of due process (debido proceso) and defenselessness to the developing company, affecting its economic interests.
VII.ON THE ESSENTIAL VICE (TOTAL ABSENCE) IN THE REASONING (FUNDAMENTACIÓN) OF THE CHALLENGED AGREEMENT.- In concordance with and developing what has been said and in point five G.) of the preceding Considerando, this Court considers that the challenged agreement is inconsistent with the legal system, due to an essential vice (total absence) in its reasoning (fundamentación); a formal element of every administrative act, declarable ex officio in accordance with the provisions of numerals 181 and 182 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública). The motivation (motivación) or reasoning (fundamentación) of an administrative act consists of
"... a declaration of what the circumstances of fact and law are that have led the respective public administration to the dictation or issuance of the administrative act. The motivation is the formal expression of the grounds (motivo) and, normally, in any administrative resolution, it is contained in the so-called 'considerandos' - recital part -. The motivation, consisting of an enunciation of the facts and the legal basis that the public administration took into account to issue its decision or will, constitutes a means of proof of its intentionality and an indispensable guideline for interpreting and applying the respective administrative act." (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. Primera edición. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.)
So that the motivation (motivación) must determine the application of a concept to the singular factual circumstances in question (according to the development of Spanish jurisprudence, specifically in the judgment of May 18, 1991, RA 4120, accepting the recital of the appealed decision, which cites the SSTS of September 23, 1969, RA 6078, and October 7, 1970, RA 4251, cited by the author Marcos M. Fernando Pablo, in his work La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, page 190); that is, it is a concrete decision that links the facts with the normative support, so that when there is a brief allusion to general norms and unspecific facts, it can be concluded that there is not a sufficient contribution of justification, insofar as it is not possible to deduce from them the elements assessed by the governmental authority to make the decision, which acquires the greatest significance when it comes to acts that limit or restrict subjective rights or in which a sanction is imposed on the citizen (administrado).
Due to its content, it constitutes a determining factor of due process (debido proceso) and the right of defense, which has full application in the administrative sphere, as indicated by the Constitutional Chamber starting from judgment 15-90, at sixteen hours forty-five on January fifth, nineteen ninety, when enunciating the minimum elements of this constitutional principle
"(...) a) Notification to the interested party of the nature and purposes of the procedure; b) right to be heard, and opportunity for the interested party to present arguments and produce the evidence they deem pertinent; c) opportunity for the citizen (administrado) to prepare their allegation, which necessarily includes access to the information and administrative records linked with the matter in question; ch) right of the citizen (administrado) to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons; d) adequate notification of the decision issued by the administration and the grounds (motivos) on which it is based, and e) right of the interested party to appeal the decision issued ..." (The highlighting is not from the original.)
It is for this reason that, pursuant to Article 136 of the General Public Administration Law, the Administration is required to motivate (motivar) acts that impose obligations; limit, suppress, or deny subjective rights; resolve appeals; those issued in departure from the criterion followed in previous actions or from the opinion of advisory bodies; those maintaining the execution of one that is challenged; general acts of a normative nature (regulations), and discretionary acts of a general nature. Thus, if there is no motivation (motivación), a form vice is incurred that seriously affects the act, vitiating it with absolute nullity.
VIII.The foregoing transgression is given because the interested citizen (administrado) —Feruga Limitada— is not explained, with the clarity and precision required for the case, the decision adopted; that is, explaining the reason why it is being required —again— an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), when the record shows the existence of one for the development of an agricultural subdivision (fraccionamiento agrícola). Note also that this decision was not accompanied upon notification by official letter CTS-MN-CER-243-09, of November seventeenth, two thousand nine (visible at folios 9 and 10), from the municipal engineer —Daniel Santamaría González—, in which he submits the indicated project to the corporation's Council, opining that it is not an agricultural subdivision case, but rather one of an urban nature, as well as the possible impact on the five springs (nacientes) located on the property where the project is intended to be carried out.
None of the foregoing was in the case file at that time nor in the municipal archives was it communicated or explained to the developer, which demonstrates the lack of reasoning for this agreement, in open contravention of the cited numerals 133 and 136 of the Ley General de la Administración Pública, hence, its absolute nullity.
IX.ON NULLITY BY CONNEXITY AND CONSEQUENCE.- Point 4 of agreement SE-7-197-2010, of April twenty-first, two thousand ten, adopted by the same municipal body, reiterates the suspension order for the subdivision (lotificación) project presented by the company Feruga Limitada; which constitutes the same defect of absolute nullity, and for the same reasons as the previous agreement, namely, it is issued devoid of any reasoning, and orders a suspension of the procedures requested by the company Feruga Limitada (approval (visado) of one hundred fifty-two cadastral plans and land-use certification (certificación de uso de suelo) for construction on each of the lots resulting from the intended subdivision (fraccionamiento)), but not of the adoption of the final decision. In this regard, this Chamber notes that on the date of its adoption, the municipal authorities had more elements to support the doubts they had regarding the granting of the required procedures.
Thus, in addition to the reasons already given, it must be considered that from the inspection carried out on the site, on December tenth, two thousand nine, with the presence of the following persons: Mayor of the Municipalidad de Naranjo, Eugenio Bonilla; deputy José Joaquín Salazar; Director of the Área de Conservación - Cordillera Volcánica Central of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, engineer Rafael Gutiérrez; Regional Chief of the ACCV-SINAC-MINAET, engineer Carlos Zúñiga; parliamentary advisor, Licenciado Guillermo Corrales Montero; municipal advisor, Licenciado Alexander Cabezas Alvarado; municipal engineer of the Department of Constructions, Daniel Santamaría G.; engineer of the Department of Aqueducts, engineer Jonnathan (sic) Cubero Rojas; Secretary of the Federación de Acueductos Guillermo Vega Zamora; council member (regidor) Rafael Vargas González, Elio Vargas Rodríguez of the Environmental Department and Alfonso Fernández Brenes; the following was evidenced: a.) that there is no clarity in the exact determination of the area comprised by the Zona Protectora El Chayote, created by law number 6975, of November thirtieth, nineteen hundred eighty-four; affected by executive decrees (decretos ejecutivos) number 21.835-MIRENEM, of December seventh, two thousand two and number 35151, of the year two thousand nine, so a demarcation (amojonamiento) by MINAET is recommended; b.) that "according to the determination of land-use capacity, that zone would be under the protection classification, since it has been determined that the main resource to protect in the zone is water (hídrico), and that on the property there are defined springs (nacientes), behaving as an infiltration zone for discharge in the form of drinking water springs (nacientes) in the lower parts"; with land-use change being prohibited in protected zones, as well as the elimination of forest cover (cobertura boscosa); c.) that the protection of the water resources of the zone is essential for the safeguarding of the zone's aqueducts, therefore the respective hydrogeological studies of the property are required; as well as the location of the springs (nacientes) of the canton, a task in which SINAC is already collaborating; and d.) that for the stated works, work will be done in a responsible and coordinated manner (folios 203 to 206).
And additionally, it is also pertinent to mention that on the date of this agreement of April two thousand ten -which by connexity and consequence is now annulled-, the authorities of Naranjo also had knowledge of official communication D.052, of January thirteenth, two thousand ten, from Rafael Gutiérrez, Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área Cordillera Volcánica Central, in which he informs deputy Joaquín Salazar Rojas, in which he stated: "... after our visit to the zone, it was deemed opportune to carry out technical studies on the aquifer recharge areas as established in Article 33 of the Ley Forestal, for which we are in the best disposition to collaborate with your office and the Municipality of Naranjo" (folios 239 and 240). It is reiterated, nothing noted in such actions is evident in the indicated agreement, which demonstrates, at a glance, its lack of motivation or reasoning.
POR TANTO:
Regarding the challenge of agreement SE-969-2009 of the Concejo Municipal de Naranjo, taken in extraordinary session number 25, of November eighteenth, two thousand nine, abide by what was resolved in resolution number 312-2011, at three o'clock in the afternoon on August thirty-first last, of that Section of the Tribunal Contencioso Administrativo. By connexity and consequence, point 4 of agreement SE-7-197-2010, of April twenty-first, two thousand ten, adopted by the same municipal body, is annulled. The respondent Municipality shall take note of the considerations given in this decision.
Silvia Consuelo Fernández Brenes Evelyn Solano Ulloa Eduardo González Segura Apelación per saltum Feruga Limitada v/ Municipalidad de Naranjo Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 10:20:17.
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Tema: Motivación del acto administrativo Subtemas:
Nulidad de acuerdo por falta de fundamentación para solicitar presentación de estudio de impacto ambiental a proyecto de urbanismo. Concepto y alcances.
“V.- DECISIÓN PRECEDENTE DE ESTE TRIBUNAL.- De manera reciente, en resolución número 312-2011, de las quince horas treinta minutos del treinta y uno de agosto del dos mil once, este Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio municipal, anula la resolución del Alcalde de Naranjo ALC-MN-EPB-0136-2010, del veintiuno de enero del dos mil diez, impugnado en apelación municipal tramitada en expediente número 10-000533-1027-CA; y, por conexidad y consecuencia el oficio CTS-MN-CER-245-09, del diecinueve de noviembre del dos mil nueve, dictado por el Departamento de Construcciones de esa corporación local y el acuerdo SE-969-2009, adoptado por el cuerpo edil en sesión extraordinaria número 25, del dieciocho de noviembre del dos mil nueve, por estimar su ilegalidad por falta de fundamentación de los mismos (resolución de referencia, a folios 394 a 399). No obstante lo anterior, estima este Tribunal que por tratarse de una nulidad declarada por “conexidad y consecuencia”, y por el contenido de la actuación e implicaciones que esta nulidad conlleva, resulta necesario y pertinente hacer unas consideraciones adicionales a las indicadas en la decisión de referencia.
VI.ANÁLISIS DEL ACUERDO IMPUGNADO.- El apelante sustenta su impugnación en cuatro motivos: a.) la falta de competencia del órgano colegiado para conocer de la solicitud de los cincuenta y dos planos catastrados relativos al proyecto de lotificación agrario propuesto por su representada y la emisión de los certificados de uso de suelo para construcción en dichos lotes; b.) la ausencia del motivo señalado en acto impugnado; c.) el haberle requerido requisitos no previstos en el ordenamiento jurídico para el trámite de certificado de uso de suelo; y d.) la suspensión indefinida de sus gestiones su proyecto, dejándole en una situación de incertidumbre e indefensión, además del daño económico irreparable causado. Analizado el acuerdo impugnado y revisados los agravios deben hacerse las siguientes precisiones:
Primero: De la naturaleza jurídica del acuerdo impugnado: Debe tenerse en consideración que por el contenido del acuerdo impugnado, el mismo no resolvía de manera definitiva las gestiones promovidas por la empresa Feruga Limitada, en esta ocasión, de visado de planos catastrados y certificación de uso de suelo para la construcción en cada uno de ellos (en total, cincuenta y dos), sino que más bien se trata del dictado de un acto de trámite, en tanto previno al interesado el cumplimiento de un requisito, la presentación de un estudio de impacto ambiental del proyecto de lotificación (parcelas agrícolas), pero que, por la forma en que se hace este requerimiento, al ordenarle al Alcalde la suspensión de los trámites de ese proyecto, tiene efecto propio, y por lo tanto, es apelable, en los términos previstos en el numeral 163.2 y 345.3 de la Ley General de la Administración Pública, éste último en cuanto faculta la formulación de los recursos ordinarios respecto del "acto de tramitación que suspenda indefinidamente o haga imposible la continuación del procedimiento", en relación con el inciso b) del 154 y artículo 156 del Código Municipal.
Segundo: De la competencia del Concejo en la adopción del acto impugnado: Como bien se consideró este Tribunal en la resolución número 312-2011, de las quince horas del treinta y uno de agosto anterior, el Concejo tenía competencia para la adopción del acuerdo impugnado, por tratarse de materia de urbanismo, en los términos previstos en el inciso p) del artículo 13 del Código Municipal. En efecto, no cabe la menor duda de que esta decisión nace del informe rendido por el ingeniero municipal -Daniel Santamaría González-, en oficio CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve (a folios 9 y 10), en el que remite al Concejo el proyecto de fraccionamiento en cuestión, por cuanto debe tratársele "ya no como fraccionamiento de parcelas agrícolas, sino más bien como un proyecto de urbanismo con alto grado de impacto para el ambiente, y que se investigue desde su posición jerárquica todo lo referente a este proyecto", por cuanto, haciendo el montaje de nacientes de la base de datos sobre el mismo, "se determinó que existen al menos 5 más afectan directamente el proyecto".
Así, existiendo un acto formal previo que traspasa la competencia, del Departamento de Ingeniería al Concejo, por la categorización oficiosa que hizo el gobierno local del proyecto, no resulta aceptable la tesis del apelante de considerar dicha actuación en la avocación que hace el cuerpo de ediles de las competencias que son propias al Departamento de Construcciones del gobierno local; y muchos menos de que se trate de la denegación de las gestiones planteadas, ni tampoco de una conducta omisiva, por retardo “injustificado” de la resolución de sus gestiones. Así, en la resolución de referencia de esta Cámara se indicó:
"V.- Sobre la competencia del Concejo Municipal. El recurso viene impugnando la competencia del Concejo Municipal a efectos de pronunciarse respecto del visado de los planos para el proyecto denominado "aparcelamiento agrícola"; sin embargo, este motivo de agravio debe ser rechazado. Conforme al artículo 13 inciso p) del Código Municipal -anteriormente inciso o), corrida la numeración por Ley 8822 del 29 de abril del 2010-, el Concejo Municipal es el órgano competente en materia de urbanismo, por lo que debe respetar toda la normativa aplicable y lo que resuelva al respecto, en su condición de jerarca local, lo hace en el ejercicio de sus poderes de imperio. De manera tal que, aún y cuando exista un Departamento de Construcciones con un cuerpo ingenieril (sic) encargado de revisar los proyectos que se someten a su conocimiento, en razón de la técnica y ciencia que domina, para los efectos de la aprobación de proyectos urbanísticos de mayor envergadura, como es el presente caso, en razón del impacto sobre el medio ambiente que ello genera, su revisión y aprobación responsable debe recaer en el Concejo Municipal, como cuerpo deliberante de mayor jerarquía local, a efectos de que analice de manera integral la propuesta del desarrollador, a la luz de la norma precitada, por lo que este agravio debe ser de rechazo." Tercero: De la exigencia de requisitos previos a la aprobación de un proyecto de fraccionamiento o urbanización.
Por la trascendencia derivada de las implicaciones jurídicas que conllevan los procesos de fraccionamiento y urbanizaciones, resulta necesario clarificar el significado de ambos conceptos. Así, "El fraccionamiento, es la división de un predio con la finalidad de introducirlo al comercio de los hombres, lo que supone, tal y como lo debe constatar cada gobierno local al otorgar el visado correspondiente, que el mismo se ajuste, en cuanto a tamaño y características, a las disposiciones urbanísticas vigentes, en especial, al Plan Regulador del suelo local –si lo hubiere- así como a la normativa de desarrollo y demás leyes especiales de orden público. El fraccionamiento que la ley denomina como “simple”, no incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes de ese fraccionamiento y ello es así porque el legislador parte de que en estos, los fundos cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo urbanístico anterior. Es por este motivo que el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana dispone:
“(…)Asimismo se exceptúa de la obligación de ceder áreas para parques y facilidades comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas…” (el destacado no es del original).
Cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirentes de las parcelas fraccionadas cuentan con acceso a los fundos, parques y facilidades comunales y es que no debe perderse de vista que ello hace parte de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional). Por este motivo –se reitera- el legislador no ha estimado necesario exigir en el caso del fraccionamiento “simple” con desarrollo urbanístico, mayores dotaciones de tierra por motivos de interés social. El visado para fraccionamientos simples, por su poca trascendencia, suele otorgarse a un funcionario (v.gr. Ingeniero Municipal) diverso de aquél al que se encomiendan los visados “complejos” (v. gr. Concejo Municipal, comisiones de urbanismo, etc), careciendo el primero de competencia para autorizar un visado diverso; ello en el caso de que las normas urbanísticas hagan tal distinción.
Ahora bien, al fraccionamiento que hace parte del proceso urbanizador y que conlleva una habilitación de los fundos, por vez primera, para fines urbanos, debe proveérsele de calles, áreas verdes y parques, así como de los servicios necesarios para su uso y disfrute. En este segundo supuesto, estamos ante un proceso complejo de fraccionamiento y urbanización que introduce limitaciones a la propiedad privada por razón de urbanismo (artículo 22 de la Ley de Planificación Urbana), las que el Tribunal Constitucional ha señalado son totalmente conformes con el Derecho de la Constitución (voto N° 5097-93 de las 10:24 hrs del 15 de octubre de 1993 ) . El proyecto residencial o de fraccionamiento que llamaremos “complejo”, se encuentra previsto en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana que, en lo conducente, dispone:
“Todo fraccionador de terrenos (…) y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que fijará por los dos conceptos últimos se determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes, del área total a fraccionar o urbanizar, que podrá fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al respecto. No obstante lo anterior, la suma de los terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y facilidades comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total del terreno a fraccionar o urbanizar. (…)
La obligación del urbanizador de dotar las parcelas fraccionadas de accesos, zonas verdes, parques, vías públicas, le obliga a acatar las disposiciones urbanas que establecen estándares mínimos en cuanto a espacio, calidad, cantidad y demás requisitos exigidos por ley y los reglamentos de desarrollo en cuanto a esas áreas. El gobierno local tiene que ejercer oportunamente su poder de policía, garantizando a los vecinos del cantón, que las obras se realizarán de la forma que las normas urbanísticas lo indican y con las condiciones que aquellas disponen. Basta que un parcelamiento requiera obras para habilitar el ingreso y brindar servicios diversos a algunos de esos fundos, para sostener que no existe un “simple fraccionamiento”, sino un proyecto residencial que debe, en consecuencia, cumplir con todos los requisitos señalados. Los proyectos residenciales urbanos sólo pueden habilitar el ingreso a los fundos a través de vías públicas que deben tener las dimensiones y exigencias de la Ley General de Caminos Públicos y, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamintos y Urbanizaciones, a falta, -en este ultimo caso- de disposiciones concretas en las normas locales.
Ninguno de los órganos municipales tiene competencia para autorizar un proyecto en el que las habilitaciones a los fundos se hace mediante “servidumbres agrícolas adoquinadas”, "servidumbres agrícolas" o “simples servidumbres”, puesto que ellas son figuras propias del Derecho Privado y no del régimen urbanístico residencial que se rige por las normas y principios del Derecho Público." (Resolución número 175-2009 de la Sección Tercera de este Tribunal. En igual sentido, la número y 176-2009 de este mismo Tribunal.)
Al tenor de lo cual, reviste de especial interés el control que corresponde verificar al gobierno local, en este caso a cargo del órgano deliberativo (Concejo), tratándose de la aprobación de permisos de construcción de urbanizaciones, ya que debe corroborar que cumple a cabalidad con los requerimientos de ley, a saber dotación de vías públicas, áreas verdes y comunales, así como la habilitación e implementación, a cargo del urbanizador, de los servicios públicos, tales como el de la luz, telefonía, agua potable y acueductos y alcantarillados, éste último, en caso de que exista la infraestructura para ello. Con lo cual, la no adecuación de los proyectos urbanísticos a los requerimientos establecidos en el ordenamiento urbano, obligan -per ser-, al rechazo de las gestiones incoadas, en aplicación del principio de legalidad, que sujeta a todo el aparato estatal, del que forman parte las municipalidades.
En el acuerdo impugnado no se hacen las previsiones de las acreditaciones de los servicios de disponibilidad de agua y electricidad para el proyecto de "fraccionamiento" de cincuenta y dos lotes propuesto por la sociedad Feruga, Limitada, ya que según se indicó, únicamente requiere la presentación de un estudio de impacto ambiental del proyecto en cuestión. No obstante lo anterior, el apelante entiende que se le hacen tales requerimientos, los que estima que no están establecidos en el ordenamiento jurídico. Contrario a lo argüido por el quejoso, advierte este Tribunal que la acreditación de los servicios y disponibilidad de agua y electricidad en relación con el trámite de certificado de uso de suelo, son necesarios y exigibles, tratándose del trámite de visado de planos, al tenor de lo dispuesto en los artículos III.3.11 y III.13 del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, así como en la Ley de Acueductos y Alcantarillados, exigencia impuesta al desarrollador (Feruga, Limitada) expresamente para su proyecto de "fraccionamiento" de cincuenta y dos lotes, en la resolución número 1455-2009-SETENA, en que además condicionó su puesta en ejecución al cumplimiento de este requisito, bajo advertencia de nulidad de la viabilidad ambiental otorgada (folios 2 a 7) .
Cuarto: De la ausencia de motivo del acto impugnado: Alega el apelante que el acuerdo impugnado carece de motivo, por cuanto consta en los autos que ya cumplió con la exigencia requerida, al contar con la viabilidad ambiental aprobada por el órgano competente para la realización del proyecto de fraccionamiento agrícola, según resolución 1455-2009-SETENA, de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil nueve. Al respecto procede hacer las siguientes consideraciones: A.) Para conocer de este quebranto, se estima necesario advertir que para la existencia y validez de todo acto administrativo depende de la concurrencia de varios elementos esenciales, impuestos por el ordenamiento jurídico, que para una mayor comprensión, pueden clasificarse en materiales, relativos a los elementos subjetivos (competencia, legitimación e investidura), objetivos (fin, contenido y motivo -artículos 131, 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública y 49 de la Constitución Política) y formales, comprensivos de la forma en que se adopta el acto, sea, el medio de expresión o manifestación (instrumentación), la motivación o fundamentación (artículo 136 de la citada Ley General) y el procedimiento seguido para su adopción (artículos 214 y 308 de la Ley General de la Administración Pública y 39 y 41 de la Constitución).
Concretamente, respecto del elemento que se estima ayuno el acto impugnado (el motivo) se debe de indicar lo siguiente. Es un elemento esencial del acto administrativo al tenor de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, constituido por "los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (de derecho) y fácticas, que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo, y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste." (JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. p. 370). Así, son las causas o presupuestos, antecedentes jurídicos y fácticos que inducen a la Administración a la adopción del acto concreto; y que denota la conformidad que debe existir entre éste y el propósito que el ordenamiento jurídico le asigna, ya sea, la satisfacción de un interés público a satisfacer en cada caso. Por ello, el citado numeral 133 exige que sea legítimo, por cuanto está supeditado al ordenamiento jurídico, como corolario del principio de legalidad que rige la actuación Administrativa (artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública); y además, debe existir tal y como la Administración lo invoca, y que precisamente, sustentan la decisión adoptada, lo que denota su íntima relación con el otro elemento comentado (la motivación del acto), de donde, el contenido debe ser correspondiente con el motivo.
"... ante un desarrollo como el que pretende hacer la sociedad apelante, es deber de las autoridades locales identificar también su verdadera naturaleza. Si la parte apelante alega que estamos en presencia de un fraccionamiento agrícola, su destino debe estar dirigido única y exclusivamente a fomentar la explotación de la tierra con fines productivos, circunstancia que debe demostrar la sociedad con elementos técnicos certeros. No puede aspirar la recurrente, a establecer un tipo de desarrollo "agrícola" solamente sobre parámetros de medición de superficies y accesos, pues ello no es suficiente para darle tal condición. Es por ello que si la verdadera finalidad de la empresa es realizar la venta de terrenos con fines habitacionales -sin importar las dimensiones de los lotes-, estamos en presencia de un desarrollo urbanístico, el cual tiende a transformar una porción de terreno a efectos de dotar una porción de los servicios propios de las urbes o ciudades, como vías públicas, agua, teléfono, parques, etc., lo cual es un proceso complejo de alteración ambiental de gran efecto sobre los ecosistemas naturales y artificiales, ya que la mayoría de este tipo de obras compacta los terrenos y cubre una parte importante de la superficie de una capa impermeabilizante, con lo que se pueden llegar a afectar las reservas de acuíferos, se aumenta la escorrentía, se alteran los desagues naturales y se aumenta el caudal de los ríos y otros cursos del agua, además de eliminar el paisaje original.
Dado que en autos no se aprecia la existencia de un anteproyecto por parte del desarrollador, donde se prevean todos los servicios que necesita acondicionar en el lugar a efectos de facilitar la habitación humana, es lógico y comprensible que el ingeniero municipal haya elevado el asunto a conocimiento del cuerpo edil, pues en caso de que en realidad el proyecto no se constituya como parcelamiento agrícola, estaríamos eventualmente ante artificios tendientes a evadir todas las exigencias de índole legal para su desarrollo e implementación. Esta situación debe ser analizada con detenimiento por las autoridades municipales, mas con los elementos de juicio existentes- por lo menos ante esta instancia- no es posible arribar a una conclusión certera." La calificación oficiosa que hace el ingeniero municipal, bien pudo justificar la exigencia que se le hace, toda vez que, como bien lo indica el propio apelante, la Secretaría Técnico Nacional Ambiental valoró el proyecto pero como fraccionamiento agrícola, no así como proyecto urbanístico, lo que cambia tanto las exigencias como el impacto en el ambiente; y,
En este sentido, no puede pasar desapercibido que la acción preventiva adoptada por la Municipalidad de Naranjo mereció el reconocimiento de la Sala Constitucional en sentencia 2010-014773, de las catorce horas treinta y seis minutos del primero de setiembre del dos mil diez, en que señaló respecto de la actuación de la entidad local recurrida, que "... lejos de tener una actitud negligente con respecto a la tutela de los recursos hídricos de su jurisdicción, dicha corporación ha realizado una serie de acciones con el fin de protegerlos, llegando incluso el Concejo a emitir el acuerdo número SE-25-969-2009, por el que dispuso suspender los trámites de la solicitud de visados y obtención de usos de suelo presentados por la sociedad Feruga Limitada, ante la duda existente con respecto a la posible afectación del agua en la Zona. Ante dicho panorama, el Tribunal comprueba que la Municipalidad de Naranjo no ha lesionado lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, por lo que el recurso también debe ser desestimado en cuanto a esta autoridad." Asimismo advirtió que en este caso, se requieren estudios técnicos (hidrogeológico) para determinar la posible afectación del recurso hídrico, "que evalúe las condiciones propias de sitio a desarrollar y del entorno y valore, a partir de los datos técnicos, las zonas de captura de los manantiales, el riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas y el riesgo de afectación hacia las condiciones de recarga, documento que debe ser elaborado por el desarrollador y presentado ante SENARA para su evaluación"; motivo por el que concluye indicándole a las autoridades recurridas que "no deberán otorgar ningún tipo de permiso de construcción en la finca 2-00153575-000, hasta tanto la sociedad Feruga Limitada no efectúe el estudio hidrogeológico al que hace referencia SENARA en su informe, con el fin de tener certeza con respecto al tipo de construcciones que pueden efectuarse en la zona en cuestión" (sentencia de referencia, en sistema de gestión, folio 387 frente a 393 vuelto). El resaltado no es del original).
Quinto: De la suspensión indefinida del trámite del proyecto de "fraccionamiento": Acusa la sociedad Feruga Limitada, la paralización indefinida de los trámites de las gestiones formuladas -visado de ciento cincuenta y dos planos catastrados y certificación de uso de suelo conforme para construcción en cada uno de esos lotes-, lo que además de daños irreparables, le causa una situación de incertidumbre e indefensión. Al respecto, deben hacerse las siguientes consideraciones respecto de la justicia administrativa y la tutela del ambiente a cargo de las municipalidades. A.) Debe recordarse que ante una gestión planteada en instancias administrativas, se impone la obligación a la entidad pública requerida, de dar una respuesta, como derivado del derecho fundamental del derecho de petición, consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política, cuyo contenido esencial es el reconocimiento a los administrados, de realizar peticiones ante las autoridades públicas sobre asuntos de su interés particular o general, siempre que el objeto de la petición sea legalmente posible; en virtud de lo cual, se genera la obligación -para el funcionario o entidad requerida-, de contestar, y en un plazo razonable, sin que sea exigido que se resuelva de manera favorable a lo pretendido; es decir, que lo tutelado es la obtención de una respuesta a la gestión planteada, en un plazo posible.
Por ello, la Administración, no sólo está facultada sino que en algunos supuestos deben requerir probanzas o trámites previos, a fin de sustentar la decisión final o definitiva a un criterio objetivo y no antojadizo o arbitrario, cabalmente en aplicación de los numerales 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto la ciencia y la técnica se constituyen en parámetros de la discrecionalidad administrativa. En este sentido, en materia ambiental, cobran especial significación estas consideraciones, por implicar la aplicación, de manera conjunta de dos principios constitucionales ambientales, de gran trascendencia, a saber la objetivación de la tutela del ambiente y el principio precautorio. El primero (la objetivación de la tutela del ambiente), tiene como contenido que en esta materia (la ambiental) sea exigida la necesaria motivación en criterios objetivos –consistentes en estudios técnicos y científicos– de las decisiones y actuaciones administrativas en el marco de las diversas funciones públicas que realiza el Estado en atención a efectivizar la tutela ambiental; y es así como resulta de aplicación tanto en el ámbito del ejercicio de la función materialmente administrativa, como también en el de la función legislativa y, por supuesto, de la función jurisdiccional.
En atención a lo anterior, es posible concluir que en tales supuestos –al momento de promulgar una ley, adoptarse una norma reglamentaria, al emitirse un fallo jurisdiccional, o realizarse una actuación materialmente administrativa, la decisión del legislador, jerarca administrativo, el juez o del funcionario–, la discrecionalidad de los Poderes Públicos se ve reducida a cero. Este principio encuentra su sustento y desarrollo en los numerales 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública de manera genérica, y más concretamente, como derivado del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que exige como requisito previo a la aprobación y realización de cualquier proyecto que pueda tener alguna incidencia en el ambiente, la evaluación de impacto ambiental, su control, que por interpretación podemos extenderlo a la exigencia de probanza técnica y científica que sustente toda decisión de la Administración Pública en la materia ambiental en sus diversas manifestaciones de la función pública.
Y el segundo, el principio precautorio o "principio de la evitación prudente", cuya denominación se origina en el latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, se aplica a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. Así, la acción de prevenir pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Este principio es corolario del principio de responsabilidad, ya que surge de la consideración de los nuevos riesgos y daños que la conducta humana provoca en la naturaleza, en atención al tipo de lesiones que se pueden causar sobre el ambiente y la salud de las personas, que se califican de irreversibles, no sólo por su dimensión, sino también por su acumulación. Por tal motivo es que es posible concluir que la realización de los estudios técnicos actúa como condicionante necesario para la correcta aplicación del principio precautorio en materia ambiental; como se ha establecido en el Estudio Kourilisky-Viney del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (KOURILSKY, Phillipe, VINEY, Geneviève.
Le principe de Précaution. Rapport au Premier Ministre. Editions Odile Jacob. La Documentation Française, 2000. p. 56. Traducción libre y citado por MILANO SÁNCHEZ, Aldo. El principio precautorio. pp. 74, 75 y 177); en el Pronunciamiento o Comunicación de la Unión Europea de febrero del año dos mil –COM–; en la Resolución de Niza, de diciembre del año dos mil y en la propuesta de la Science and Enviromental Health Network (SEHN), que establecen pautas para la operatividad de este principio, al exigir como sustento de cualquier decisión de la Administración, la definición, graduación y evaluación del riesgo, para lo cual se requieren de los necesarios estudios objetivos previos. Así, el contenido del principio precautorio se refiere a la actitud cautelosa que se debe tomar cuando surja alguna duda razonable -no comprobable mediante métodos objetivos y/o científicos- en relación con la peligrosidad de cualquier actividad, por las posibles repercusiones ambientales, sea, para impedir daños graves e irreparables, ya sea para imponer medidas cautelares en la tramitación de los procedimientos o en la fase de ejecución del derecho otorgado, prohibirla (decisión final o de fondo) o para imponer las medidas correctivas o de mitigación necesarias (decisión final o de fondo) condicionantes de la actividad autorizada a fin de evitar el daño ambiental y en la salud de las personas.
Se trata de determinar las situaciones de riesgo para el ambiente (concepto entendido de manera amplia e integral, que comprende tanto los elementos de la biodiversidad natural, como los elementos del urbanismo, según interpretación dada por la propia Sala Constitucional en sentencia número 2003-3656, de las catorce horas con cuarenta y tres minutos del siete de mayo del dos mil tres) y que tienen o pueden tener repercusiones negativas en la salud de la población; y con ello, se condiciona la actuación de la Administración, donde se presentan las siguientes situaciones:
"Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley:
Por ello, si ese basamento técnico-científico-objetivo no existe, obliga a las Administraciones, a procurarse ese elemento para poder adoptar una decisión seria y responsable ante la situación planteada, cabalmente para conformar el motivo del acto administrativo que finalmente se adopte. D.) Este Tribunal ha señalado en ocasiones anteriores (por ejemplo en la resolución número 125-2011, de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del quince de abril del dos mil once), y reitera en esta ocasión, que las autoridades municipales -tanto su órgano deliberativo (Concejo), como su "funcionario ejecutivo" (Alcalde)-, tienen la obligación de dar efectivo cumplimiento al mandato constitucional establecido en su artículo 50, en tanto la tutela del ambiente se instituye en una verdadera función o potestad pública para todo el aparato estatal, del que forman parte las Municipalidades (dentro de la estructura constitucional del Estado costarricense); que como tal, se traduce en obligaciones concretas para las administraciones públicas, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual, pueden y deben actuar de manera coordinada con otras dependencias públicas -caso de los Ministerios de Salud y Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), así como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA)-.
En atención a lo anterior, no resulta posible negar el ejercicio de tal potestad pública, máxime que por mandato constitucional, tienen encomendada una tarea esencial, "la administración de los intereses y servicios locales", como lo define el artículo 169 constitucional; y que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado como la competencia del ámbito municipal, dentro del concepto de "lo local" (en este sentido, se pueden consultar las sentencias número 6469-97, 5445-99 y 2001-9677); siendo materia trascendental, la ambiental. Así, corresponde a los gobiernos locales ejercer, dentro de la función urbana delegada por mandato legal -artículos 15 y 19 de la Ley de Planificación Urbana y 13 inciso o), 79, 81 y 81 bis del Código Municipal, 15 del Decreto-Ley 833, de Construcciones y demás disposiciones conexas- ejercer su competencia, que no se circunscribe únicamente a la promulgación de las respectivas regulaciones del territorio -planes reguladores y regulaciones conexas-, sino que se extiende también al control que ejerce respecto del cumplimiento de la normativa urbanística-ambiental local, manifestada, cabalmente a través de los trámites de aprobación de visados de planos catastrados, certificados de uso de suelo, proyectos de fraccionamiento y urbanizaciones, licencias constructivas y licencias comerciales.
En este sentido, como lo ha señalado este Tribunal en diversos pronunciamientos (entre ellos, los número 175-2009, de las quince horas cuarenta minutos 176-2009, de las quince horas cincuenta minutos, ambos, del treinta de enero del dos mil nueve), "los gobiernos locales deben actuar oportunamente en el ejercicio del poder de policía, utilizando las potestades que el ordenamiento jurídico les ha otorgado para alcanzar sus cometidos" (el subrayado no es del original); conforme a las competencias otorgadas a los gobiernos locales en el artículo 1 del Decreto-Ley de Construcciones, en tanto dispone literalmente:
"Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas, en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materia a otros órganos administrativos." Recuérdese al respecto que el "poder de policía" es la competencia que se le reconoce a la Administración, para que, con fundamento en una ley, ésta regule y reglamente una actividad, a fin de asegurar el orden público, la salubridad, la tranquilidad, la seguridad de las personas, así como la organización moral, política y económica de la sociedad; atribución, en virtud de la cual, la imposición de restricciones al goce de los derechos fundamentales, resulta razonable, en tanto su justificación se encuentra precisamente en la consideración de que los derechos fundamentales se encuentran limitados por los de las demás personas, toda vez que deben coexistir con todos y cada uno de los otros derechos fundamentales.
Con lo cual, las medidas que el Estado –en sentido genérico- adopte con la finalidad de proteger la seguridad, la salubridad y tranquilidad, son de interés público social, que se manifiestan por medio del poder de policía, entendida como la facultad reguladora del goce de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales. (En este sentido, se pueden consultar las sentencias número 401-91, de las catorce horas del veinte de febrero y 619-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de marzo, ambas, resoluciones de mil novecientos noventa y uno y 2003-2864, de las quince horas veinte minutos del nueve de abril del dos mil tres, de la Sala Constitucional.) En consecuencia, no sólo puede, sino que debe revisar el funcionamiento de las empresas e industrias, sino de verificar, como en este caso, la no afectación de los recursos naturales –en especial el hídrico- del cantón, con ocasión de los proyectos de fraccionamiento y urbanizaciones que se le presenten para su aprobación, a fin de verificar que se hacen conforme lo dicta la normativa, en este caso, urbano y ambiental; todo lo anterior de manera preventiva, y en su defecto, pudiendo en todo caso, utilizar todos los recursos y acciones necesarias para su constatación.
Así, para la manifestación de cualquiera de sus conductas –activa u omisiva–, la Administración debe sujetarse a la norma superior (constitucional o legal), de la cual dimana su competencia, autorización, y en algunos casos, la obligación de actuar en determinado sentido. Así, la Administración debe asumir respecto del mandato legal, una función complementadora, en búsqueda de los objetivos impuestos por el ordenamiento. F.) Se estima necesario advertir a las autoridades municipales de Naranjo que, en el ejercicio del poder de policía en el ámbito del urbanismo y del cumplimiento de la normativa ambiental (para dar cabal cumplimiento al mandato constitucional de la tutela del ambiente), deben actuar con sumo cuidado en las decisiones que adopten, por cuanto los trámites de visados de planos y certificados de uso de suelo no son actuaciones de mero trámite, sino decisiones fundamentales o de fondo, en tanto nacen, de la primera, derechos subjetivos; y de la segunda, el condicionamiento de actuaciones futuras de la corporación (licencias constructivas); trámites en las que resultan de plena aplicación los principios y normativa ambiental previamente indicada, así como los principios precautorio, el preventivo y de la objetivación de la tutela del ambiente.
Esta situación, aunque no se constituye en la decisión final de las gestiones formuladas, son de trámite con efecto propio, que por no estar fundamentada -lo que se detallará a continuación- en el caso concreto, provoca un serio quebranto al debido proceso e indefensión a la empresa desarrolladora, con afectación de sus intereses económicos.
VII.DEL VICIO ESENCIAL (AUSENCIA TOTAL) EN LA FUNDAMENTACIÓN DEL ACUERDO IMPUGNADO.- En concordancia y desarrollo de lo dicho y en el punto quinto G.) del Considerando anterior, este Tribunal estima que el acuerdo impugnado es disconforme con el ordenamiento jurídico, por vicio esencial (ausencia total) en la fundamentación del mismo; elemento formal de todo acto administrativo, declarable de oficio conforme a las previsiones de los numerales 181 y 182 de la Ley General de la Administración Pública. La motivación o fundamentación de un acto administrativo consiste
"... en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados 'considerandos' -parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo." (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. Primera edición. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.)
De manera que la motivación debe determinar la aplicación de un concepto a las circunstancias de hecho singulares de que se trate (según desarrollo de la jurisprudencia española, propiamente en la sentencia del 18 de mayo de 1991, RA 4120, aceptando considerando de la apelada, que cita las SSTS de 23 de setiembre de 1969, RA 6078, y 7 de octubre de 1970, RA 4251, citado por el autor Marcos M. Fernando Pablo, en su obra La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, página 190); es decir, se trata de una decisión concreta, que liga los hechos con el sustento normativo, de manera que cuando hay una breve alusión a normas generales y hechos inespecíficos, se puede concluir que no hay aporte suficiente de justificación, en la medida en que de ellos no es posible deducir los elementos valorados por la autoridad gubernativa para tomar la decisión, lo cual adquiere la mayor trascendencia cuando se trata de actos limitativos o restrictivos de derechos subjetivos o en los que se impone una sanción al administrado.
Por su contenido, se constituye en factor determinante del debido proceso y derecho de defensa, que tiene plena aplicación en el ámbito administrativo, según lo señaló la Sala Constitucional a partir de la sentencia 15-90, de las dieciséis horas cuarenta y cinco horas del cinco de enero de mil novecientos noventa, al enunciar los elementos mínimos de este principio constitucional
"(...) a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada ..." (El resaltado no es del original.)
Es por ello que al tenor del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, resulta exigido para la Administración motivar los actos que imponen obligaciones; limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; resuelvan recursos; los que se dictan con separación del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de los órganos consultivos; los que mantienen la ejecución del que es impugnado; los generales de carácter normativo (reglamentos) y los discrecionales de carácter general. Así, si no hay motivación, se incurre en un vicio de forma que afecta gravemente el acto, viciándolo de nulidad absoluta.
VIII.La anterior transgresión está dada por cuanto no se le explica al administrado interesado -Feruga Limitada-, con la claridad y precisión requerida para el caso, la decisión adoptada; esto es, explicándole el motivo por el cual se le está requiriendo -de nuevo- un estudio de impacto ambiental, cuando en los autos consta la existencia de uno, para el desarrollo de un fraccionamiento agrícola. Nótese además que tampoco se acompañó con la notificación de esta decisión, el oficio CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve (visible a folios 9 y 10), del ingeniero municipal -Daniel Santamaría González-, en el que remite al Concejo de la corporación el indicado proyecto, en el que estima que no se trata de un fraccionamiento agrícola, sino de uno de orden urbanístico, así como la posible afectación de las cinco nacientes que se localizaron en el inmueble donde se pretende realizar el proyecto. Nada de lo anterior constaba en el expediente a ese momento ni en los archivos municipales le fue comunicado ni explicado al desarrollador, lo que evidencia la falta de fundamentación de este acuerdo, en contravención abierta de los citados numerales 133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública, de ahí, su nulidad absoluta.
IX.DE LA NULIDAD POR CONEXIDAD Y CONSECUENCIA.- El punto 4. del acuerdo SE-7-197-2010, del veintiuno de abril del dos mil diez, adoptado por el mismo cuerpo edil, reitera la orden de suspensión del proyecto de lotificación presentado por la empresa Feruga Limitada; lo que configura el mismo vicio de nulidad absoluta, y por los mismos motivos del acuerdo anterior, a saber, se dicta ayuno de toda fundamentación, y ordena una suspensión de los trámites solicitados por la empresa Feruga Limitada (visado de ciento cincuenta y dos planos catastrados y certificación de uso de suelo para la construcción en cada uno de los lotes resultantes del fraccionamiento pretendido), no así de la adopción de la decisión final. En este sentido, advierte esta Cámara que a la fecha de su adopción, las autoridades municipales tenían más elementos para sustentar las dudas que tenían para el otorgamiento de los trámites requeridos.
Así, adicional a las razones ya dadas, debe considerarse que de la inspección que se realizó en el sitio, el diez de diciembre del dos mil nueve, con la presencia de las siguientes personas: Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, Eugenio Bonilla; diputado José Joaquín Salazar; Director del Área de Conservación - Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ingeniero Rafael Gutiérrez; Jefe Regional del ACCV-SINAC-MINAET, ingeniero Carlos Zúñiga; asesor parlamentario, Licenciado Guillermo Corrales Montero; asesor municipal, Licenciado Alexander Cabezas Alvarado; ingeniero municipal del Departamento de Construcciones, Daniel Santamaría G.; ingeniero del Departamento de Acueductos, ingeniero Jonnathan (sic) Cubero Rojas; Secretario de la Federación de Acueductos Guillermo Vega Zamora; regidor Rafael Vargas González, Elio Vargas Rodríguez del Departamento Ambiental y Alfonso Fernández Brenes; se evidenció lo siguiente: a.) que no existe claridad en la determinación exacta del área comprendida de la Zona Protectora El Chayote, creado por ley número 6975, del treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro; afectada por los decretos ejecutivos número 21.835-MIRENEM, del siete de diciembre del dos mil dos y número 35151, del año dos mil nueve, por lo que se recomienda un amojonamiento a cargo del MINAET; b.) que "de acuerdo a la determinación de la capacidad de uso de suelo, esa zona estaría bajo la clasificación de protección, ya que se ha determinado que el principal recurso a proteger en la zona es el hídrico, y que en la finca hay nacientes definidas, comportándose como una zona de infiltración para la descarga en forma de nacientes de agua potable en las partes más bajas"; siendo prohibido el cambio de uso en zonas protegidas, al igual que la eliminación de cobertura boscosa; c.) que resulta esencial la tutela del recurso hídrico de la zona para la salvaguarda de los acueductos de la zona, por lo que se requieren los respectivos estudios hidrogeológicos de la finca; así como la ubicación de las nacientes del cantón, tarea en la que ya colabora el SINAC; y d.) que para los trabajos enunciados, se trabajará de manera responsable y coordinada (folios 203 a 206).
Y adicionalmente, conviene traer también a colación que a la fecha de este acuerdo de abril del dos mil diez -que por conexidad y consecuencia ahora se anula-, también tenían conocimiento las autoridades de Naranjo del oficio D.052, del trece de enero del dos mil diez, Rafael Gutiérrez Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área Cordillera Volcánica Central, en el que le informa al diputado Joaquín Salazar Rojas, en el que indicó: "... luego de nuestra visita a la zona, se consideró oportuno realizar estudios técnicos sobre las áreas de recarga acuífera tal y como se establecen en el artículo 33 de la Ley Forestal, para lo cual estamos en la mejor disposición de colaborar con su despacho y el Municipio de Naranjo” (folios 239 y 240). Se insiste, nada de lo denotado en tales actuaciones se desprende en el indicado acuerdo, lo que evidencia, a simple vista su falta de motivación o fundamentación.”
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas No. 368-2011 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre del dos mil once.
Conoce este Tribunal, como jerarca impropio municipal, del recurso de apelación per saltum interpuesto por FERUGA LIMITADA, representado por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Alfonso Fernández Brenes, mayor, casado una vez, ingeniero industrial, con cédula de identidad número CED78290, vecino de Grecia; contra el acuerdo SE-25-969-2009, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Naranjo en sesión extraordinaria número 25, del dieciocho de noviembre del dos mil nueve.
Redacta la Juez Fernández Brenes, y:
CONSIDERANDO:
I.DE LOS HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado el siguiente elenco de hechos probados:
II.DE LOS HECHOS NO PROBADOS.- También de importancia para la resolución de este asunto, se tiene por no acreditado lo siguiente: 1.) Que el Concejo de Naranjo haya conocido de los recursos ordinarios formulados por el personero de Feruga Limitada contra el acuerdo SE-25-969-2009; 2.) No ha demostrado la sociedad Feruga Limitada, que el desarrollo que se pretende implementar sea un parcelamiento agrícola; 2.) Que el proyecto de parcelamiento cuente con disponibilidad de agua, aprobado por el acueducto municipal, Instituto de Acueductos y Alcantarillados o alguna de las asadas de la zona; 3.) Que el proyecto cuente con la disponibilidad de los servicios de recolección de desechos sólidos y de tendido eléctrico; 4.) Si el área en que se pretende realizar el proyecto, es zona de recarga acuífera y la posible afectación de las nacientes ubicados en el cantón; 5.) Los límites exactos de la cobertura o extensión del Zona Protectora El Chayote. No hay prueba al respecto en los autos.
III.DE LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN.- En su libelo de impugnación presentado ante el Concejo el veintisiete de noviembre del dos mil nueve, el personero de la sociedad Feruga Limitada alega la nulidad del acuerdo SE-25-969-2009, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Naranjo en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de noviembre del dos mil nueve, por los siguientes motivos: a.) La falta de competencia del órgano colegiado para conocer de la solicitud de visados de los cincuenta y dos planos catastrados relativos al proyecto de lotificación agrario propuesto por su representada y la emisión de los certificados de uso de suelo para construcción en dichos lotes, por corresponderle esa tarea al Departamento de Construcciones, por tener personal capacitado para resolver tales gestiones; y por cuanto conforme al régimen recursivo, el Concejo no conoce de las actuaciones de tal Dependencia, sino únicamente el Alcalde, y en caso de requerirse el agotamiento de la vía administrativa, el Tribunal Contencioso Administrativo.
Por ello estima que lo que de manera ilegítima, el Concejo se avocó una competencia propia y exclusiva de un funcionario municipal, que no depende de su cargo, requiriéndose para ello, de una norma legal que así lo autorice, lo que no se da en el caso; b.) La ausencia del motivo señalado en acto impugnado, por cuanto consta en los autos, la viabilidad ambiental aprobada por el órgano respectivo, en este caso, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, para la realización del proyecto de fraccionamiento con fines agrarios, según consta en resolución número 1455-2009-SETENA, de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil nueve, que consiste en cincuenta y nueve lotes de un área mínima de cinco mil metros cuadrados, con una servidumbre agrícola de de siete metros de ancho; y, por encontrarse nueve de en zona protegida, se realizó el estudio de impacto ambiental en toda el área de la finca a fraccionar; y que en los lotes donde se ubicó una naciente, se dotó de mayor área de la exigida en la normativa.
Así, concluye que por tratarse de proyecto de parcelas agrícolas, no hay peligro o riesgo de afectación del ecosistema, lo que está debidamente acreditado por los estudios que constan en autos; c.) La solicitud de requisitos que no están previamente establecidos en el ordenamiento jurídico para el trámite de certificado de uso de suelo, como lo son los permisos o disponibilidad para los permisos de agua y electricidad, propios de un proyecto urbanístico más no así de un parcelamiento agrícola, en los términos de los numerales II.2.1.6 y VI.3.11 del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, disposiciones que alega cumple a cabalidad. En este sentido, alega que el certificado de uso de suelo es un acto reglado, donde no proceden apreciaciones subjetivas; y d.) Que con ocasión del acuerdo adoptado, se paraliza de manera indefinida su proyecto, dejándole en una situación de incertidumbre y provocándole un gravamen irreparable; siendo que tiene derecho a que se le resuelva su gestión en un plazo razonable. Por ello pide la revocatoria del acuerdo a fin de que se le resuelvan sus gestiones. (Folios 11 a 23 y 338 a 354).
IV.DE LA PERTINENCIA DE LA APELACIÓN PER SALTUM.- Podemos considerar como una expresión del principio de justicia pronta y cumplida que deriva del numeral 41 de la Constitución Política, el instituto procesal de la apelación “per saltum”, previsto en el párrafo final del artículo 156 de Código Municipal y 191 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto prevé que, en casos de omisión del Concejo de tramitar como en derecho corresponde, sea, en la sesión siguiente a la presentación de la impugnación que se formula, el administrado acuda directamente ante el Tribunal Contencioso Administrativo, actuando en calidad de jerarca impropio bifásico del ámbito municipal –conforme al mandato que deriva del artículo 173 constitucional- para que éste conozca de la apelación planteada. En el caso en estudio, es claro que estamos frente a tal situación, en tanto, de la impugnación formulada por el personero de Feruga Limitada el veintisiete de noviembre del dos mil nueve, contra el acuerdo SE-25-969-2009, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Naranjo en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de noviembre del dos mil nueve (folios 11 a 23), es lo cierto que no se conoce actuación de parte del cuerpo de ediles tendiente a resolverla; lo que faculta a la sociedad interesada a promover la apelación per saltum directamente ante este Tribunal, lo que hace el cinco de enero siguiente (folio 27). Por ello se pasa a resolver el fondo del asunto.
V.DECISIÓN PRECEDENTE DE ESTE TRIBUNAL.- De manera reciente, en resolución número 312-2011, de las quince horas treinta minutos del treinta y uno de agosto del dos mil once, este Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio municipal, anula la resolución del Alcalde de Naranjo ALC-MN-EPB-0136-2010, del veintiuno de enero del dos mil diez, impugnado en apelación municipal tramitada en expediente número 10-000533-1027-CA; y, por conexidad y consecuencia el oficio CTS-MN-CER-245-09, del diecinueve de noviembre del dos mil nueve, dictado por el Departamento de Construcciones de esa corporación local y el acuerdo SE-969-2009, adoptado por el cuerpo edil en sesión extraordinaria número 25, del dieciocho de noviembre del dos mil nueve, por estimar su ilegalidad por falta de fundamentación de los mismos (resolución de referencia, a folios 394 a 399). No obstante lo anterior, estima este Tribunal que por tratarse de una nulidad declarada por “conexidad y consecuencia”, y por el contenido de la actuación e implicaciones que esta nulidad conlleva, resulta necesario y pertinente hacer unas consideraciones adicionales a las indicadas en la decisión de referencia.
VI.ANÁLISIS DEL ACUERDO IMPUGNADO.- El apelante sustenta su impugnación en cuatro motivos: a.) la falta de competencia del órgano colegiado para conocer de la solicitud de los cincuenta y dos planos catastrados relativos al proyecto de lotificación agrario propuesto por su representada y la emisión de los certificados de uso de suelo para construcción en dichos lotes; b.) la ausencia del motivo señalado en acto impugnado; c.) el haberle requerido requisitos no previstos en el ordenamiento jurídico para el trámite de certificado de uso de suelo; y d.) la suspensión indefinida de sus gestiones su proyecto, dejándole en una situación de incertidumbre e indefensión, además del daño económico irreparable causado. Analizado el acuerdo impugnado y revisados los agravios deben hacerse las siguientes precisiones:
Primero: De la naturaleza jurídica del acuerdo impugnado: Debe tenerse en consideración que por el contenido del acuerdo impugnado, el mismo no resolvía de manera definitiva las gestiones promovidas por la empresa Feruga Limitada, en esta ocasión, de visado de planos catastrados y certificación de uso de suelo para la construcción en cada uno de ellos (en total, cincuenta y dos), sino que más bien se trata del dictado de un acto de trámite, en tanto previno al interesado el cumplimiento de un requisito, la presentación de un estudio de impacto ambiental del proyecto de lotificación (parcelas agrícolas), pero que, por la forma en que se hace este requerimiento, al ordenarle al Alcalde la suspensión de los trámites de ese proyecto, tiene efecto propio, y por lo tanto, es apelable, en los términos previstos en el numeral 163.2 y 345.3 de la Ley General de la Administración Pública, éste último en cuanto faculta la formulación de los recursos ordinarios respecto del "acto de tramitación que suspenda indefinidamente o haga imposible la continuación del procedimiento", en relación con el inciso b) del 154 y artículo 156 del Código Municipal.
Segundo: De la competencia del Concejo en la adopción del acto impugnado: Como bien se consideró este Tribunal en la resolución número 312-2011, de las quince horas del treinta y uno de agosto anterior, el Concejo tenía competencia para la adopción del acuerdo impugnado, por tratarse de materia de urbanismo, en los términos previstos en el inciso p) del artículo 13 del Código Municipal. En efecto, no cabe la menor duda de que esta decisión nace del informe rendido por el ingeniero municipal -Daniel Santamaría González-, en oficio CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve (a folios 9 y 10), en el que remite al Concejo el proyecto de fraccionamiento en cuestión, por cuanto debe tratársele "ya no como fraccionamiento de parcelas agrícolas, sino más bien como un proyecto de urbanismo con alto grado de impacto para el ambiente, y que se investigue desde su posición jerárquica todo lo referente a este proyecto", por cuanto, haciendo el montaje de nacientes de la base de datos sobre el mismo, "se determinó que existen al menos 5 más afectan directamente el proyecto".
Así, existiendo un acto formal previo que traspasa la competencia, del Departamento de Ingeniería al Concejo, por la categorización oficiosa que hizo el gobierno local del proyecto, no resulta aceptable la tesis del apelante de considerar dicha actuación en la avocación que hace el cuerpo de ediles de las competencias que son propias al Departamento de Construcciones del gobierno local; y muchos menos de que se trate de la denegación de las gestiones planteadas, ni tampoco de una conducta omisiva, por retardo “injustificado” de la resolución de sus gestiones. Así, en la resolución de referencia de esta Cámara se indicó:
"V.- Sobre la competencia del Concejo Municipal. El recurso viene impugnando la competencia del Concejo Municipal a efectos de pronunciarse respecto del visado de los planos para el proyecto denominado "aparcelamiento agrícola"; sin embargo, este motivo de agravio debe ser rechazado. Conforme al artículo 13 inciso p) del Código Municipal -anteriormente inciso o), corrida la numeración por Ley 8822 del 29 de abril del 2010-, el Concejo Municipal es el órgano competente en materia de urbanismo, por lo que debe respetar toda la normativa aplicable y lo que resuelva al respecto, en su condición de jerarca local, lo hace en el ejercicio de sus poderes de imperio. De manera tal que, aún y cuando exista un Departamento de Construcciones con un cuerpo ingenieril (sic) encargado de revisar los proyectos que se someten a su conocimiento, en razón de la técnica y ciencia que domina, para los efectos de la aprobación de proyectos urbanísticos de mayor envergadura, como es el presente caso, en razón del impacto sobre el medio ambiente que ello genera, su revisión y aprobación responsable debe recaer en el Concejo Municipal, como cuerpo deliberante de mayor jerarquía local, a efectos de que analice de manera integral la propuesta del desarrollador, a la luz de la norma precitada, por lo que este agravio debe ser de rechazo." Tercero: De la exigencia de requisitos previos a la aprobación de un proyecto de fraccionamiento o urbanización.
Por la trascendencia derivada de las implicaciones jurídicas que conllevan los procesos de fraccionamiento y urbanizaciones, resulta necesario clarificar el significado de ambos conceptos. Así, "El fraccionamiento, es la división de un predio con la finalidad de introducirlo al comercio de los hombres, lo que supone, tal y como lo debe constatar cada gobierno local al otorgar el visado correspondiente, que el mismo se ajuste, en cuanto a tamaño y características, a las disposiciones urbanísticas vigentes, en especial, al Plan Regulador del suelo local –si lo hubiere- así como a la normativa de desarrollo y demás leyes especiales de orden público. El fraccionamiento que la ley denomina como “simple”, no incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes de ese fraccionamiento y ello es así porque el legislador parte de que en estos, los fundos cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo urbanístico anterior. Es por este motivo que el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana dispone:
“(…)Asimismo se exceptúa de la obligación de ceder áreas para parques y facilidades comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas…” (el destacado no es del original).
Cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirentes de las parcelas fraccionadas cuentan con acceso a los fundos, parques y facilidades comunales y es que no debe perderse de vista que ello hace parte de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional). Por este motivo –se reitera- el legislador no ha estimado necesario exigir en el caso del fraccionamiento “simple” con desarrollo urbanístico, mayores dotaciones de tierra por motivos de interés social. El visado para fraccionamientos simples, por su poca trascendencia, suele otorgarse a un funcionario (v.gr. Ingeniero Municipal) diverso de aquél al que se encomiendan los visados “complejos” (v. gr. Concejo Municipal, comisiones de urbanismo, etc), careciendo el primero de competencia para autorizar un visado diverso; ello en el caso de que las normas urbanísticas hagan tal distinción.
Ahora bien, al fraccionamiento que hace parte del proceso urbanizador y que conlleva una habilitación de los fundos, por vez primera, para fines urbanos, debe proveérsele de calles, áreas verdes y parques, así como de los servicios necesarios para su uso y disfrute. En este segundo supuesto, estamos ante un proceso complejo de fraccionamiento y urbanización que introduce limitaciones a la propiedad privada por razón de urbanismo (artículo 22 de la Ley de Planificación Urbana), las que el Tribunal Constitucional ha señalado son totalmente conformes con el Derecho de la Constitución (voto N° 5097-93 de las 10:24 hrs del 15 de octubre de 1993 ) . El proyecto residencial o de fraccionamiento que llamaremos “complejo”, se encuentra previsto en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana que, en lo conducente, dispone:
“Todo fraccionador de terrenos (…) y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que fijará por los dos conceptos últimos se determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes, del área total a fraccionar o urbanizar, que podrá fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al respecto. No obstante lo anterior, la suma de los terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y facilidades comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total del terreno a fraccionar o urbanizar. (…)
La obligación del urbanizador de dotar las parcelas fraccionadas de accesos, zonas verdes, parques, vías públicas, le obliga a acatar las disposiciones urbanas que establecen estándares mínimos en cuanto a espacio, calidad, cantidad y demás requisitos exigidos por ley y los reglamentos de desarrollo en cuanto a esas áreas. El gobierno local tiene que ejercer oportunamente su poder de policía, garantizando a los vecinos del cantón, que las obras se realizarán de la forma que las normas urbanísticas lo indican y con las condiciones que aquellas disponen. Basta que un parcelamiento requiera obras para habilitar el ingreso y brindar servicios diversos a algunos de esos fundos, para sostener que no existe un “simple fraccionamiento”, sino un proyecto residencial que debe, en consecuencia, cumplir con todos los requisitos señalados. Los proyectos residenciales urbanos sólo pueden habilitar el ingreso a los fundos a través de vías públicas que deben tener las dimensiones y exigencias de la Ley General de Caminos Públicos y, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamintos y Urbanizaciones, a falta, -en este ultimo caso- de disposiciones concretas en las normas locales.
Ninguno de los órganos municipales tiene competencia para autorizar un proyecto en el que las habilitaciones a los fundos se hace mediante “servidumbres agrícolas adoquinadas”, "servidumbres agrícolas" o “simples servidumbres”, puesto que ellas son figuras propias del Derecho Privado y no del régimen urbanístico residencial que se rige por las normas y principios del Derecho Público." (Resolución número 175-2009 de la Sección Tercera de este Tribunal. En igual sentido, la número y 176-2009 de este mismo Tribunal.)
Al tenor de lo cual, reviste de especial interés el control que corresponde verificar al gobierno local, en este caso a cargo del órgano deliberativo (Concejo), tratándose de la aprobación de permisos de construcción de urbanizaciones, ya que debe corroborar que cumple a cabalidad con los requerimientos de ley, a saber dotación de vías públicas, áreas verdes y comunales, así como la habilitación e implementación, a cargo del urbanizador, de los servicios públicos, tales como el de la luz, telefonía, agua potable y acueductos y alcantarillados, éste último, en caso de que exista la infraestructura para ello. Con lo cual, la no adecuación de los proyectos urbanísticos a los requerimientos establecidos en el ordenamiento urbano, obligan -per ser-, al rechazo de las gestiones incoadas, en aplicación del principio de legalidad, que sujeta a todo el aparato estatal, del que forman parte las municipalidades.
En el acuerdo impugnado no se hacen las previsiones de las acreditaciones de los servicios de disponibilidad de agua y electricidad para el proyecto de "fraccionamiento" de cincuenta y dos lotes propuesto por la sociedad Feruga, Limitada, ya que según se indicó, únicamente requiere la presentación de un estudio de impacto ambiental del proyecto en cuestión. No obstante lo anterior, el apelante entiende que se le hacen tales requerimientos, los que estima que no están establecidos en el ordenamiento jurídico. Contrario a lo argüido por el quejoso, advierte este Tribunal que la acreditación de los servicios y disponibilidad de agua y electricidad en relación con el trámite de certificado de uso de suelo, son necesarios y exigibles, tratándose del trámite de visado de planos, al tenor de lo dispuesto en los artículos III.3.11 y III.13 del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, así como en la Ley de Acueductos y Alcantarillados, exigencia impuesta al desarrollador (Feruga, Limitada) expresamente para su proyecto de "fraccionamiento" de cincuenta y dos lotes, en la resolución número 1455-2009-SETENA, en que además condicionó su puesta en ejecución al cumplimiento de este requisito, bajo advertencia de nulidad de la viabilidad ambiental otorgada (folios 2 a 7) .
Cuarto: De la ausencia de motivo del acto impugnado: Alega el apelante que el acuerdo impugnado carece de motivo, por cuanto consta en los autos que ya cumplió con la exigencia requerida, al contar con la viabilidad ambiental aprobada por el órgano competente para la realización del proyecto de fraccionamiento agrícola, según resolución 1455-2009-SETENA, de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil nueve. Al respecto procede hacer las siguientes consideraciones: A.) Para conocer de este quebranto, se estima necesario advertir que para la existencia y validez de todo acto administrativo depende de la concurrencia de varios elementos esenciales, impuestos por el ordenamiento jurídico, que para una mayor comprensión, pueden clasificarse en materiales, relativos a los elementos subjetivos (competencia, legitimación e investidura), objetivos (fin, contenido y motivo -artículos 131, 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública y 49 de la Constitución Política) y formales, comprensivos de la forma en que se adopta el acto, sea, el medio de expresión o manifestación (instrumentación), la motivación o fundamentación (artículo 136 de la citada Ley General) y el procedimiento seguido para su adopción (artículos 214 y 308 de la Ley General de la Administración Pública y 39 y 41 de la Constitución).
Concretamente, respecto del elemento que se estima ayuno el acto impugnado (el motivo) se debe de indicar lo siguiente. Es un elemento esencial del acto administrativo al tenor de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, constituido por "los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (de derecho) y fácticas, que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo, y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste." (JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. p. 370). Así, son las causas o presupuestos, antecedentes jurídicos y fácticos que inducen a la Administración a la adopción del acto concreto; y que denota la conformidad que debe existir entre éste y el propósito que el ordenamiento jurídico le asigna, ya sea, la satisfacción de un interés público a satisfacer en cada caso. Por ello, el citado numeral 133 exige que sea legítimo, por cuanto está supeditado al ordenamiento jurídico, como corolario del principio de legalidad que rige la actuación Administrativa (artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública); y además, debe existir tal y como la Administración lo invoca, y que precisamente, sustentan la decisión adoptada, lo que denota su íntima relación con el otro elemento comentado (la motivación del acto), de donde, el contenido debe ser correspondiente con el motivo.
"... ante un desarrollo como el que pretende hacer la sociedad apelante, es deber de las autoridades locales identificar también su verdadera naturaleza. Si la parte apelante alega que estamos en presencia de un fraccionamiento agrícola, su destino debe estar dirigido única y exclusivamente a fomentar la explotación de la tierra con fines productivos, circunstancia que debe demostrar la sociedad con elementos técnicos certeros. No puede aspirar la recurrente, a establecer un tipo de desarrollo "agrícola" solamente sobre parámetros de medición de superficies y accesos, pues ello no es suficiente para darle tal condición. Es por ello que si la verdadera finalidad de la empresa es realizar la venta de terrenos con fines habitacionales -sin importar las dimensiones de los lotes-, estamos en presencia de un desarrollo urbanístico, el cual tiende a transformar una porción de terreno a efectos de dotar una porción de los servicios propios de las urbes o ciudades, como vías públicas, agua, teléfono, parques, etc., lo cual es un proceso complejo de alteración ambiental de gran efecto sobre los ecosistemas naturales y artificiales, ya que la mayoría de este tipo de obras compacta los terrenos y cubre una parte importante de la superficie de una capa impermeabilizante, con lo que se pueden llegar a afectar las reservas de acuíferos, se aumenta la escorrentía, se alteran los desagues naturales y se aumenta el caudal de los ríos y otros cursos del agua, además de eliminar el paisaje original.
Dado que en autos no se aprecia la existencia de un anteproyecto por parte del desarrollador, donde se prevean todos los servicios que necesita acondicionar en el lugar a efectos de facilitar la habitación humana, es lógico y comprensible que el ingeniero municipal haya elevado el asunto a conocimiento del cuerpo edil, pues en caso de que en realidad el proyecto no se constituya como parcelamiento agrícola, estaríamos eventualmente ante artificios tendientes a evadir todas las exigencias de índole legal para su desarrollo e implementación. Esta situación debe ser analizada con detenimiento por las autoridades municipales, mas con los elementos de juicio existentes- por lo menos ante esta instancia- no es posible arribar a una conclusión certera." La calificación oficiosa que hace el ingeniero municipal, bien pudo justificar la exigencia que se le hace, toda vez que, como bien lo indica el propio apelante, la Secretaría Técnico Nacional Ambiental valoró el proyecto pero como fraccionamiento agrícola, no así como proyecto urbanístico, lo que cambia tanto las exigencias como el impacto en el ambiente; y,
En este sentido, no puede pasar desapercibido que la acción preventiva adoptada por la Municipalidad de Naranjo mereció el reconocimiento de la Sala Constitucional en sentencia 2010-014773, de las catorce horas treinta y seis minutos del primero de setiembre del dos mil diez, en que señaló respecto de la actuación de la entidad local recurrida, que "... lejos de tener una actitud negligente con respecto a la tutela de los recursos hídricos de su jurisdicción, dicha corporación ha realizado una serie de acciones con el fin de protegerlos, llegando incluso el Concejo a emitir el acuerdo número SE-25-969-2009, por el que dispuso suspender los trámites de la solicitud de visados y obtención de usos de suelo presentados por la sociedad Feruga Limitada, ante la duda existente con respecto a la posible afectación del agua en la Zona. Ante dicho panorama, el Tribunal comprueba que la Municipalidad de Naranjo no ha lesionado lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, por lo que el recurso también debe ser desestimado en cuanto a esta autoridad." Asimismo advirtió que en este caso, se requieren estudios técnicos (hidrogeológico) para determinar la posible afectación del recurso hídrico, "que evalúe las condiciones propias de sitio a desarrollar y del entorno y valore, a partir de los datos técnicos, las zonas de captura de los manantiales, el riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas y el riesgo de afectación hacia las condiciones de recarga, documento que debe ser elaborado por el desarrollador y presentado ante Nombre2449 para su evaluación"; motivo por el que concluye indicándole a las autoridades recurridas que "no deberán otorgar ningún tipo de permiso de construcción en la finca 2-00153575-000, hasta tanto la sociedad Feruga Limitada no efectúe el estudio hidrogeológico al que hace referencia Nombre2449 en su informe, con el fin de tener certeza con respecto al tipo de construcciones que pueden efectuarse en la zona en cuestión" (sentencia de referencia, en sistema de gestión, folio 387 frente a 393 vuelto). El resaltado no es del original).
Quinto: De la suspensión indefinida del trámite del proyecto de "fraccionamiento": Acusa la sociedad Feruga Limitada, la paralización indefinida de los trámites de las gestiones formuladas -visado de ciento cincuenta y dos planos catastrados y certificación de uso de suelo conforme para construcción en cada uno de esos lotes-, lo que además de daños irreparables, le causa una situación de incertidumbre e indefensión. Al respecto, deben hacerse las siguientes consideraciones respecto de la justicia administrativa y la tutela del ambiente a cargo de las municipalidades. A.) Debe recordarse que ante una gestión planteada en instancias administrativas, se impone la obligación a la entidad pública requerida, de dar una respuesta, como derivado del derecho fundamental del derecho de petición, consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política, cuyo contenido esencial es el reconocimiento a los administrados, de realizar peticiones ante las autoridades públicas sobre asuntos de su interés particular o general, siempre que el objeto de la petición sea legalmente posible; en virtud de lo cual, se genera la obligación -para el funcionario o entidad requerida-, de contestar, y en un plazo razonable, sin que sea exigido que se resuelva de manera favorable a lo pretendido; es decir, que lo tutelado es la obtención de una respuesta a la gestión planteada, en un plazo posible.
Por ello, la Administración, no sólo está facultada sino que en algunos supuestos deben requerir probanzas o trámites previos, a fin de sustentar la decisión final o definitiva a un criterio objetivo y no antojadizo o arbitrario, cabalmente en aplicación de los numerales 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto la ciencia y la técnica se constituyen en parámetros de la discrecionalidad administrativa. En este sentido, en materia ambiental, cobran especial significación estas consideraciones, por implicar la aplicación, de manera conjunta de dos principios constitucionales ambientales, de gran trascendencia, a saber la objetivación de la tutela del ambiente y el principio precautorio. El primero (la objetivación de la tutela del ambiente), tiene como contenido que en esta materia (la ambiental) sea exigida la necesaria motivación en criterios objetivos –consistentes en estudios técnicos y científicos– de las decisiones y actuaciones administrativas en el marco de las diversas funciones públicas que realiza el Estado en atención a efectivizar la tutela ambiental; y es así como resulta de aplicación tanto en el ámbito del ejercicio de la función materialmente administrativa, como también en el de la función legislativa y, por supuesto, de la función jurisdiccional.
En atención a lo anterior, es posible concluir que en tales supuestos –al momento de promulgar una ley, adoptarse una norma reglamentaria, al emitirse un fallo jurisdiccional, o realizarse una actuación materialmente administrativa, la decisión del legislador, jerarca administrativo, el juez o del funcionario–, la discrecionalidad de los Poderes Públicos se ve reducida a cero. Este principio encuentra su sustento y desarrollo en los numerales 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública de manera genérica, y más concretamente, como derivado del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que exige como requisito previo a la aprobación y realización de cualquier proyecto que pueda tener alguna incidencia en el ambiente, la evaluación de impacto ambiental, su control, que por interpretación podemos extenderlo a la exigencia de probanza técnica y científica que sustente toda decisión de la Administración Pública en la materia ambiental en sus diversas manifestaciones de la función pública.
Y el segundo, el principio precautorio o "principio de la evitación prudente", cuya denominación se origina en el latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, se aplica a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. Así, la acción de prevenir pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Este principio es corolario del principio de responsabilidad, ya que surge de la consideración de los nuevos riesgos y daños que la conducta humana provoca en la naturaleza, en atención al tipo de lesiones que se pueden causar sobre el ambiente y la salud de las personas, que se califican de irreversibles, no sólo por su dimensión, sino también por su acumulación. Por tal motivo es que es posible concluir que la realización de los estudios técnicos actúa como condicionante necesario para la correcta aplicación del principio precautorio en materia ambiental; como se ha establecido en el Estudio Nombre102732 del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (Nombre102733, Phillipe, Nombre102732, Nombre102734.
Le principe de Précaution. Rapport au Premier Ministre. Editions Odile Jacob. La Documentation Française, 2000. p. 56. Traducción libre y citado por MILANO SÁNCHEZ, Aldo. El principio precautorio. pp. 74, 75 y 177); en el Pronunciamiento o Comunicación de la Unión Europea de febrero del año dos mil –COM–; en la Resolución de Nombre99621, de diciembre del año dos mil y en la propuesta de la Science and Enviromental Health Network (SEHN), que establecen pautas para la operatividad de este principio, al exigir como sustento de cualquier decisión de la Administración, la definición, graduación y evaluación del riesgo, para lo cual se requieren de los necesarios estudios objetivos previos. Así, el contenido del principio precautorio se refiere a la actitud cautelosa que se debe tomar cuando surja alguna duda razonable -no comprobable mediante métodos objetivos y/o científicos- en relación con la peligrosidad de cualquier actividad, por las posibles repercusiones ambientales, sea, para impedir daños graves e irreparables, ya sea para imponer medidas cautelares en la tramitación de los procedimientos o en la fase de ejecución del derecho otorgado, prohibirla (decisión final o de fondo) o para imponer las medidas correctivas o de mitigación necesarias (decisión final o de fondo) condicionantes de la actividad autorizada a fin de evitar el daño ambiental y en la salud de las personas.
Se trata de determinar las situaciones de riesgo para el ambiente (concepto entendido de manera amplia e integral, que comprende tanto los elementos de la biodiversidad natural, como los elementos del urbanismo, según interpretación dada por la propia Sala Constitucional en sentencia número 2003-3656, de las catorce horas con cuarenta y tres minutos del siete de mayo del dos mil tres) y que tienen o pueden tener repercusiones negativas en la salud de la población; y con ello, se condiciona la actuación de la Administración, donde se presentan las siguientes situaciones:
"Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley:
Por ello, si ese basamento técnico-científico-objetivo no existe, obliga a las Administraciones, a procurarse ese elemento para poder adoptar una decisión seria y responsable ante la situación planteada, cabalmente para conformar el motivo del acto administrativo que finalmente se adopte. D.) Este Tribunal ha señalado en ocasiones anteriores (por ejemplo en la resolución número 125-2011, de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del quince de abril del dos mil once), y reitera en esta ocasión, que las autoridades municipales -tanto su órgano deliberativo (Concejo), como su "funcionario ejecutivo" (Alcalde)-, tienen la obligación de dar efectivo cumplimiento al mandato constitucional establecido en su artículo 50, en tanto la tutela del ambiente se instituye en una verdadera función o potestad pública para todo el aparato estatal, del que forman parte las Municipalidades (dentro de la estructura constitucional del Estado costarricense); que como tal, se traduce en obligaciones concretas para las administraciones públicas, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual, pueden y deben actuar de manera coordinada con otras dependencias públicas -caso de los Ministerios de Salud y Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), así como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA)-.
En atención a lo anterior, no resulta posible negar el ejercicio de tal potestad pública, máxime que por mandato constitucional, tienen encomendada una tarea esencial, "la administración de los intereses y servicios locales", como lo define el artículo 169 constitucional; y que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado como la competencia del ámbito municipal, dentro del concepto de "lo local" (en este sentido, se pueden consultar las sentencias número 6469-97, 5445-99 y 2001-9677); siendo materia trascendental, la ambiental. Así, corresponde a los gobiernos locales ejercer, dentro de la función urbana delegada por mandato legal -artículos 15 y 19 de la Ley de Planificación Urbana y 13 inciso o), 79, 81 y 81 bis del Código Municipal, 15 del Decreto-Ley 833, de Construcciones y demás disposiciones conexas- ejercer su competencia, que no se circunscribe únicamente a la promulgación de las respectivas regulaciones del territorio -planes reguladores y regulaciones conexas-, sino que se extiende también al control que ejerce respecto del cumplimiento de la normativa urbanística-ambiental local, manifestada, cabalmente a través de los trámites de aprobación de visados de planos catastrados, certificados de uso de suelo, proyectos de fraccionamiento y urbanizaciones, licencias constructivas y licencias comerciales.
En este sentido, como lo ha señalado este Tribunal en diversos pronunciamientos (entre ellos, los número 175-2009, de las quince horas cuarenta minutos 176-2009, de las quince horas cincuenta minutos, ambos, del treinta de enero del dos mil nueve), "los gobiernos locales deben actuar oportunamente en el ejercicio del poder de policía, utilizando las potestades que el ordenamiento jurídico les ha otorgado para alcanzar sus cometidos" (el subrayado no es del original); conforme a las competencias otorgadas a los gobiernos locales en el artículo 1 del Decreto-Ley de Construcciones, en tanto dispone literalmente:
"Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas, en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materia a otros órganos administrativos." Recuérdese al respecto que el "poder de policía" es la competencia que se le reconoce a la Administración, para que, con fundamento en una ley, ésta regule y reglamente una actividad, a fin de asegurar el orden público, la salubridad, la tranquilidad, la seguridad de las personas, así como la organización moral, política y económica de la sociedad; atribución, en virtud de la cual, la imposición de restricciones al goce de los derechos fundamentales, resulta razonable, en tanto su justificación se encuentra precisamente en la consideración de que los derechos fundamentales se encuentran limitados por los de las demás personas, toda vez que deben coexistir con todos y cada uno de los otros derechos fundamentales.
Con lo cual, las medidas que el Estado –en sentido genérico- adopte con la finalidad de proteger la seguridad, la salubridad y tranquilidad, son de interés público social, que se manifiestan por medio del poder de policía, entendida como la facultad reguladora del goce de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales. (En este sentido, se pueden consultar las sentencias número 401-91, de las catorce horas del veinte de febrero y 619-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de marzo, ambas, resoluciones de mil novecientos noventa y uno y 2003-2864, de las quince horas veinte minutos del nueve de abril del dos mil tres, de la Sala Constitucional.) En consecuencia, no sólo puede, sino que debe revisar el funcionamiento de las empresas e industrias, sino de verificar, como en este caso, la no afectación de los recursos naturales –en especial el hídrico- del cantón, con ocasión de los proyectos de fraccionamiento y urbanizaciones que se le presenten para su aprobación, a fin de verificar que se hacen conforme lo dicta la normativa, en este caso, urbano y ambiental; todo lo anterior de manera preventiva, y en su defecto, pudiendo en todo caso, utilizar todos los recursos y acciones necesarias para su constatación.
Así, para la manifestación de cualquiera de sus conductas –activa u omisiva–, la Administración debe sujetarse a la norma superior (constitucional o legal), de la cual dimana su competencia, autorización, y en algunos casos, la obligación de actuar en determinado sentido. Así, la Administración debe asumir respecto del mandato legal, una función complementadora, en búsqueda de los objetivos impuestos por el ordenamiento. F.) Se estima necesario advertir a las autoridades municipales de Naranjo que, en el ejercicio del poder de policía en el ámbito del urbanismo y del cumplimiento de la normativa ambiental (para dar cabal cumplimiento al mandato constitucional de la tutela del ambiente), deben actuar con sumo cuidado en las decisiones que adopten, por cuanto los trámites de visados de planos y certificados de uso de suelo no son actuaciones de mero trámite, sino decisiones fundamentales o de fondo, en tanto nacen, de la primera, derechos subjetivos; y de la segunda, el condicionamiento de actuaciones futuras de la corporación (licencias constructivas); trámites en las que resultan de plena aplicación los principios y normativa ambiental previamente indicada, así como los principios precautorio, el preventivo y de la objetivación de la tutela del ambiente.
Nombre594.) Finalmente, en cuanto a los efectos suspensivos del acuerdo impugnado, se debe razonar que por lógica consecuencia, cualquier prevención tiene el efecto de suspender la adopción de la decisión final de la gestión o trámite, cabalmente en espera del cumplimiento del requisito que se ha pedido que se estima omiso o a las resultas de las probanzas solicitadas (por ejemplo, cuando se requiere alguna prueba técnica); pero en modo alguno puede implicar la paralización absoluta en la tramitación del asunto, como se dispuso en el caso en estudio, en que expresamente se ordenó al Alcalde detenerlos por completo. En este sentido, si el Concejo de la Municipalidad de Naranjo recalificó de manera oficiosa el tipo de fraccionamiento que pretendía hacer la empresa Feruga Limitada, para tenerlo, ya no como uno de naturaleza agrario, sino urbanístico, podía compeler al desarrollador al cumplimiento de los requerimientos que el ordenamiento urbano-ambiental establece para tales fines; suspendiendo únicamente, la adopción del acto final.
Esta situación, aunque no se constituye en la decisión final de las gestiones formuladas, son de trámite con efecto propio, que por no estar fundamentada -lo que se detallará a continuación- en el caso concreto, provoca un serio quebranto al debido proceso e indefensión a la empresa desarrolladora, con afectación de sus intereses económicos.
VII.DEL VICIO ESENCIAL (AUSENCIA TOTAL) EN LA FUNDAMENTACIÓN DEL ACUERDO IMPUGNADO.- En concordancia y desarrollo de lo dicho y en el punto quinto G.) del Considerando anterior, este Tribunal estima que el acuerdo impugnado es disconforme con el ordenamiento jurídico, por vicio esencial (ausencia total) en la fundamentación del mismo; elemento formal de todo acto administrativo, declarable de oficio conforme a las previsiones de los numerales 181 y 182 de la Ley General de la Administración Pública. La motivación o fundamentación de un acto administrativo consiste
"... en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados 'considerandos' -parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo." (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. Primera edición. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.)
De manera que la motivación debe determinar la aplicación de un concepto a las circunstancias de hecho singulares de que se trate (según desarrollo de la jurisprudencia española, propiamente en la sentencia del 18 de mayo de 1991, RA 4120, aceptando considerando de la apelada, que cita las SSTS de 23 de setiembre de 1969, RA 6078, y 7 de octubre de 1970, RA 4251, citado por el autor Marcos M. Fernando Pablo, en su obra La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, página 190); es decir, se trata de una decisión concreta, que liga los hechos con el sustento normativo, de manera que cuando hay una breve alusión a normas generales y hechos inespecíficos, se puede concluir que no hay aporte suficiente de justificación, en la medida en que de ellos no es posible deducir los elementos valorados por la autoridad gubernativa para tomar la decisión, lo cual adquiere la mayor trascendencia cuando se trata de actos limitativos o restrictivos de derechos subjetivos o en los que se impone una sanción al administrado.
Por su contenido, se constituye en factor determinante del debido proceso y derecho de defensa, que tiene plena aplicación en el ámbito administrativo, según lo señaló la Sala Constitucional a partir de la sentencia 15-90, de las dieciséis horas cuarenta y cinco horas del cinco de enero de mil novecientos noventa, al enunciar los elementos mínimos de este principio constitucional
"(...) a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada ..." (El resaltado no es del original.)
Es por ello que al tenor del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, resulta exigido para la Administración motivar los actos que imponen obligaciones; limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; resuelvan recursos; los que se dictan con separación del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de los órganos consultivos; los que mantienen la ejecución del que es impugnado; los generales de carácter normativo (reglamentos) y los discrecionales de carácter general. Así, si no hay motivación, se incurre en un vicio de forma que afecta gravemente el acto, viciándolo de nulidad absoluta.
VIII.La anterior transgresión está dada por cuanto no se le explica al administrado interesado -Feruga Limitada-, con la claridad y precisión requerida para el caso, la decisión adoptada; esto es, explicándole el motivo por el cual se le está requiriendo -de nuevo- un estudio de impacto ambiental, cuando en los autos consta la existencia de uno, para el desarrollo de un fraccionamiento agrícola. Nótese además que tampoco se acompañó con la notificación de esta decisión, el oficio CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve (visible a folios 9 y 10), del ingeniero municipal -Daniel Santamaría González-, en el que remite al Concejo de la corporación el indicado proyecto, en el que estima que no se trata de un fraccionamiento agrícola, sino de uno de orden urbanístico, así como la posible afectación de las cinco nacientes que se localizaron en el inmueble donde se pretende realizar el proyecto. Nada de lo anterior constaba en el expediente a ese momento ni en los archivos municipales le fue comunicado ni explicado al desarrollador, lo que evidencia la falta de fundamentación de este acuerdo, en contravención abierta de los citados numerales 133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública, de ahí, su nulidad absoluta.
IX.DE LA NULIDAD POR CONEXIDAD Y CONSECUENCIA.- El punto 4. del acuerdo SE-7-197-2010, del veintiuno de abril del dos mil diez, adoptado por el mismo cuerpo edil, reitera la orden de suspensión del proyecto de lotificación presentado por la empresa Feruga Limitada; lo que configura el mismo vicio de nulidad absoluta, y por los mismos motivos del acuerdo anterior, a saber, se dicta ayuno de toda fundamentación, y ordena una suspensión de los trámites solicitados por la empresa Feruga Limitada (visado de ciento cincuenta y dos planos catastrados y certificación de uso de suelo para la construcción en cada uno de los lotes resultantes del fraccionamiento pretendido), no así de la adopción de la decisión final. En este sentido, advierte esta Cámara que a la fecha de su adopción, las autoridades municipales tenían más elementos para sustentar las dudas que tenían para el otorgamiento de los trámites requeridos.
Así, adicional a las razones ya dadas, debe considerarse que de la inspección que se realizó en el sitio, el diez de diciembre del dos mil nueve, con la presencia de las siguientes personas: Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, Eugenio Bonilla; diputado José Joaquín Salazar; Director del Área de Conservación - Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ingeniero Rafael Gutiérrez; Jefe Regional del ACCV-SINAC-MINAET, ingeniero Carlos Zúñiga; asesor parlamentario, Licenciado Guillermo Corrales Montero; asesor municipal, Licenciado Alexander Cabezas Alvarado; ingeniero municipal del Departamento de Construcciones, Daniel Santamaría G.; ingeniero del Departamento de Acueductos, ingeniero Jonnathan (sic) Cubero Rojas; Secretario de la Federación de Acueductos Guillermo Vega Zamora; regidor Rafael Vargas González, Elio Vargas Rodríguez del Departamento Ambiental y Alfonso Fernández Brenes; se evidenció lo siguiente: a.) que no existe claridad en la determinación exacta del área comprendida de la Zona Protectora El Chayote, creado por ley número 6975, del treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro; afectada por los decretos ejecutivos número 21.835-MIRENEM, del siete de diciembre del dos mil dos y número 35151, del año dos mil nueve, por lo que se recomienda un amojonamiento a cargo del MINAET; b.) que "de acuerdo a la determinación de la capacidad de uso de suelo, esa zona estaría bajo la clasificación de protección, ya que se ha determinado que el principal recurso a proteger en la zona es el hídrico, y que en la finca hay nacientes definidas, comportándose como una zona de infiltración para la descarga en forma de nacientes de agua potable en las partes más bajas"; siendo prohibido el cambio de uso en zonas protegidas, al igual que la eliminación de cobertura boscosa; c.) que resulta esencial la tutela del recurso hídrico de la zona para la salvaguarda de los acueductos de la zona, por lo que se requieren los respectivos estudios hidrogeológicos de la finca; así como la ubicación de las nacientes del cantón, tarea en la que ya colabora el SINAC; y d.) que para los trabajos enunciados, se trabajará de manera responsable y coordinada (folios 203 a 206).
Y adicionalmente, conviene traer también a colación que a la fecha de este acuerdo de abril del dos mil diez -que por conexidad y consecuencia ahora se anula-, también tenían conocimiento las autoridades de Naranjo del oficio D.052, del trece de enero del dos mil diez, Rafael Gutiérrez Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área Cordillera Volcánica Central, en el que le informa al diputado Joaquín Salazar Rojas, en el que indicó: "... luego de nuestra visita a la zona, se consideró oportuno realizar estudios técnicos sobre las áreas de recarga acuífera tal y como se establecen en el artículo 33 de la Ley Forestal, para lo cual estamos en la mejor disposición de colaborar con su despacho y el Municipio de Naranjo” (folios 239 y 240). Se insiste, nada de lo denotado en tales actuaciones se desprende en el indicado acuerdo, lo que evidencia, a simple vista su falta de motivación o fundamentación.
POR TANTO:
En cuanto a la impugnación del acuerdo SE-969-2009 del Concejo Municipal de Naranjo, tomado en la sesión extraordinaria número 25, del dieciocho de noviembre del dos mil nueve, estése a lo resuelto en resolución número 312-2011, de las quince horas del treinta y uno de agosto último de esa Sección del Tribunal Contencioso Administrativo. Por conexidad y consecuencia, se anula el punto 4 del acuerdo SE-7-197-2010, del veintiuno de abril del dos mil diez, adoptado por el mismo cuerpo edil. Tome nota la Municipalidad recurrida de las consideraciones dadas en esta decisión.
Silvia Consuelo Fernández Brenes Evelyn Solano Ulloa Eduardo González Segura Apelación per saltum Feruga Limitada c/ Municipalidad de Naranjo Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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