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Res. 00087-2011 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 31/03/2011
OutcomeResultado
The municipal agreement setting an unextendable deadline to remove the farmers market from the public road is upheld.Se confirma el acuerdo municipal que fijó una fecha límite improrrogable para retirar la feria del agricultor de la vía pública.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Tribunal, Section III, hears an appeal by the National Board of Agricultural Fairs against the Heredia City Council. The appeal challenges the Council's decision to set an unextendable deadline for removing the farmers market from a public road, claiming it was arbitrary and disregarded a committee recommendation. The Tribunal examines municipal powers over public roads, their inalienable nature, and the constitutional duty to protect the environment. Evidence showed neighborhood complaints about waste and traffic, especially near the new Heredia hospital. The Tribunal upholds the agreement, finding it lawful, motivated, and protective of public welfare. It emphasizes that municipalities have no duty to provide space for the fair and that compliance with environmental norms is mandatory. The appeal is denied.El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, conoce de un recurso de apelación por jerarquía impropia interpuesto por la Asociación Junta Nacional de Ferias del Agricultor contra el Concejo de la Municipalidad de Heredia. La asociación impugna el acuerdo que fijó como improrrogable el cese del uso de una avenida para la feria del agricultor, alegando que la decisión fue sorpresiva y lesiva del debido proceso al no acatar la recomendación de una comisión especial. El Tribunal analiza las competencias municipales en la administración de vías públicas, la naturaleza demanial de estas y la obligación constitucional de proteger el ambiente (artículo 50). Se acreditan múltiples denuncias vecinales por acumulación de basura y colapso vial, así como la proximidad al nuevo hospital de Heredia. El Tribunal concluye que el acuerdo municipal es legal, motivado y dictado en resguardo del interés público, sin que exista obligación de suplir espacio físico para la feria. Confirma el acuerdo impugnado y da por agotada la vía administrativa.
Key excerptExtracto clave
After a thorough review of the case file, the appellant association's arguments, and the numerous actions taken by the Municipality of the Central Canton of Heredia and other public entities, this Tribunal concludes that the challenged agreement must be upheld... First: It was issued in exercise of the powers constitutionally and legally assigned to municipalities, and particularly to the Council, precisely to safeguard the interests of the community as a whole, indeed of the citizens, given the well-documented environmental and traffic problems caused by holding the Farmers Market in that canton on a public road, namely Avenue 14, located very close to the new Hospital of the Province of Heredia, thereby even endangering patients' health... Based on the Farmers Market Regulation Act, No. 8533 of 7 June 2006, Municipalities are not responsible for organizing Farmers Markets, but rather the legally established producer organizations... In this regard, it is necessary to remind the appellant that Municipalities—like the rest of the Public Administration—are bound to fully comply with the constitutional mandate of Article 50, which establishes environmental protection as a genuine public function or power for the entire government apparatus...Posterior a un estudio minucioso del expediente, alegatos de la asociación apelante, así como de las múltiples actuaciones tanto de la Municipalidad del cantón Central de Heredia y de otras instancias públicas, este Tribunal llega a la conclusión de que el acuerdo impugnado debe ser confirmado... Primero: Es dictado en ejercicio de las competencias, constitucional y legalmente asignadas a las municipalidades, y en particular al Concejo, cabalmente en resguardo del interés de la colectividad en su conjunto, precisamente de los munícipes, al estar debidamente sustentada la problemática ambiental y vial que genera la realización de la Feria del Agricultor en dicho cantón, en una vía pública, cabalmente la avenida 14, ubicada muy cerca del nuevo Hospital de la Provincia de Heredia, de manera que pone, inclusive en riesgo de la salud de los pacientes... Con fundamento en la Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor, número 8533, del siete de junio del dos mil seis, las Municipalidades no son las responsables en la organización de las Ferias del Agricultor, sino a las organizaciones de productores legalmente constituidas a tal efecto... En este sentido, se estima necesario recordarle al apelante que las Municipalidades -al igual que el resto de la Administración Pública-, tienen la obligación de dar efectivo cumplimiento al mandato constitucional establecido en su artículo 50, que establece la tutela del ambiente en una verdadera función o potestad pública para todo el aparato estatal...
Pull quotesCitas destacadas
"Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto, no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de una persona determinada... Los derechos de tránsito, iluminación y aereación vista, acceso, derrames y otros semejantes, inherentes al destino de las vías públicas, se regirán exclusivamente por las leyes y Reglamentos Administrativos."
"Public roads are inalienable and imprescriptible, and therefore no mortgage, embargo, use, usufruct, or easement may be constituted over them for the benefit of any specific person... The rights of transit, light, air, view, access, drainage, and similar rights inherent to the purpose of public roads shall be governed exclusively by laws and administrative regulations."
Considerando VI, citando Decreto-Ley 833, artículo 5
"Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto, no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de una persona determinada... Los derechos de tránsito, iluminación y aereación vista, acceso, derrames y otros semejantes, inherentes al destino de las vías públicas, se regirán exclusivamente por las leyes y Reglamentos Administrativos."
Considerando VI, citando Decreto-Ley 833, artículo 5
"Con lo cual, solamente se podrán otorgar permisos o concesiones para el aprovechamiento de las vías, no obstante, éstos no crean ningún derecho a favor del permisionario o el concesionario... Estos permisos o concesiones deben ser temporales y podrán ser revocados por la Municipalidad."
"Thus, only temporary permits or concessions may be granted for use of the roads; however, they do not create any right in favor of the permittee or concessionaire... These permits or concessions must be temporary and may be revoked by the Municipality."
Considerando VI
"Con lo cual, solamente se podrán otorgar permisos o concesiones para el aprovechamiento de las vías, no obstante, éstos no crean ningún derecho a favor del permisionario o el concesionario... Estos permisos o concesiones deben ser temporales y podrán ser revocados por la Municipalidad."
Considerando VI
"Las Municipalidades -al igual que el resto de la Administración Pública-, tienen la obligación de dar efectivo cumplimiento al mandato constitucional establecido en su artículo 50, que establece la tutela del ambiente en una verdadera función o potestad pública para todo el aparato estatal."
"Municipalities—like the rest of the Public Administration—are bound to fully comply with the constitutional mandate of Article 50, which establishes environmental protection as a genuine public function or power for the entire government apparatus."
Considerando VI
"Las Municipalidades -al igual que el resto de la Administración Pública-, tienen la obligación de dar efectivo cumplimiento al mandato constitucional establecido en su artículo 50, que establece la tutela del ambiente en una verdadera función o potestad pública para todo el aparato estatal."
Considerando VI
"No existe ninguna disposición normativa, así como tampoco ningún pacto o convenio [...] que impida al Concejo [...] adoptar un acuerdo como el impugnado, esto es, en ponerle fecha límite, con carácter de improrrogable, al uso de una vía cantonal, para el funcionamiento de la feria del agricultor del cantón."
"There is no legal provision, nor any covenant or agreement, preventing the Council from adopting an agreement like the one challenged—that is, setting an unextendable deadline on the use of a cantonal road for the operation of the farmers market."
Considerando VI
"No existe ninguna disposición normativa, así como tampoco ningún pacto o convenio [...] que impida al Concejo [...] adoptar un acuerdo como el impugnado, esto es, en ponerle fecha límite, con carácter de improrrogable, al uso de una vía cantonal, para el funcionamiento de la feria del agricultor del cantón."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
It must be clear that it is based on the scope of competence defined in Article 169 of the Political Constitution that the administrative activity and management of municipalities in our country resides in the "administration of local interests and services" of the locality to which they are circumscribed, that is, the canton, and for this purpose they are endowed with governmental autonomy, although subject to the fiscal, financial, accounting, and legality control of the Comptroller General of the Republic. Thus, their powers are generic regarding the subject matter known as "local affairs," and while there is no detailed enumeration of their own duties but rather a simple statement of their scope of competence, this does not mean it is indeterminable, through the law and the judge's interpretation, bearing in mind that it is an original constitutional competence that can only be displaced, totally or partially, by a nationalization or regionalization law (in this regard, see rulings number 6469-97, of sixteen hours twenty minutes on October eight, nineteen ninety-seven, and 5445-99, of fourteen hours thirty minutes on July fourteen, nineteen ninety-nine, both from the Constitutional Chamber).
And for the exercise of the municipalities' scope of competence, Article 170 of the Political Constitution endows them with governmental autonomy, meaning they enjoy the prerogatives of first-degree autonomy—administrative—that is, they have the power to determine how to administer the institution's resources to fulfill the assigned purposes and duties, in this case, the "administration of municipal interests and services," as delegated by Article 169 of the Constitution; and which constitutional jurisprudence has developed as the competence of the municipal sphere, within the concept of "local affairs" (in this regard, see rulings number 6469-97, 5445-99, and 2001-9677); and second-degree autonomy—of government—which in particular is the power of self-direction or political self-governance, translating into the definition of the institution's guidelines, objectives, goals, and purposes.
The foregoing means that they are not subject to directives and planning from the Central Government; rather, a relationship of coordination must exist with the latter, in the terms indicated by constitutional ruling 5445-99 (cited above). The Municipal Council is responsible for defining the entity's government policy, as provided for in subsection a) of Article 13 of the Municipal Code, in accordance with the government program registered by the Municipal Mayor for the term for which he was elected. Consequently, it is the Mayor who executes it, through his management as "general administrator" of the local corporation (Article 17, subsection a) of the cited legal body).
It is precisely because of the purpose or vocation that public roads have, under the terms of numeral 261 of the Civil Code, namely the free access of pedestrians and motor vehicles, and the entity responsible for their administration (the Public Administration, whether the Ministry of Public Works and Transport—Executive Branch—or the Municipalities—territorially decentralized entity), that they are public domain assets, and therefore, the inherent characteristics of this type of asset apply to them, meaning they are imprescriptible, inalienable, unattachable, and subject to police power concerning their administration, as our Constitutional Court has previously considered in ruling number 2306-91:
"Consequently, the national regime of public domain assets, such as the roads of the Capital City, be they municipal or national streets, sidewalks, parks, and other public sites, places them outside the commerce of men, and therefore, any permits granted will always be on a precarious basis and revocable by the Administration, unilaterally, when reasons of necessity or general interest so dictate." Thus, the teleological element is provided for in Articles 44 and 45 of the Urban Planning Law, which, as relevant, literally and respectively state:
"Public domain over areas of streets, squares, gardens, parks, or other open spaces for general public use is constituted by that same use, and its registration in the Property Registry may be dispensed with if it appears on the Official Map …" "The properties referred to in the preceding article may be transferred to another public use, pursuant to the determinations of the Regulatory Plan, but if they have a purpose designated by law, the change must be approved by the Legislative Assembly." Regarding the ownership of these assets, Article 2 of the General Roads Law states:
"All lands occupied by existing or future public highways and roads are property of the State. Municipalities own the streets within their jurisdiction. Public highways and roads may only be built and improved by the Ministry of Public Works and Transport. However, with prior authorization from said Ministry, municipalities and decentralized State institutions that have functions related to the construction of public roads may execute them directly or through third parties..." Furthermore, Article 28 of this same law (General Public Roads Law) contains the following statement regarding their disposition and their special regime of affectation:
"It is strictly prohibited for the Ministry of Public Works and Transport and for Municipalities to grant permits or rights of occupation, enjoyment, use, or simple possession of the right-of-way of public roads, or to perform acts that imply, in any form, the same by private individuals. Those who perform such acts on public lands under the care of the Ministry of Public Works and Transport or the Municipalities shall be administratively evicted by them within the following fifteen days from the written warning issued to the responsible party; all without prejudice to the applicable fine and compensation for damages that may have been caused." (Highlighting is not from the original.)
The Constitutional Chamber has stated in this regard:
For its part, Decree-Law number 833, of November four, nineteen forty-nine, issued by the Founding Junta of the Second Republic, which enacted the Construction Law, provides in Article 5:
"Public roads are inalienable and imprescriptible, and therefore, no mortgage, attachment, use, usufruct, or easement (servidumbre) benefiting a specific person may be constituted upon them, in the terms of common law. The rights of transit, illumination and aeration, view, access, drainage, and other similar rights, inherent to the purpose of public roads, shall be governed exclusively by administrative laws and regulations." Thus, permits or concessions for the use of roads may only be granted; however, these do not create any right in favor of the permittee or concessionaire, as provided for in subsection 6 of the Construction Law. These permits or concessions must be temporary and may be revoked by the Municipality. In addition, it must be added that they cannot be granted to the detriment of free, safe, and expeditious transit or, in general, to the detriment of any of the purposes for which such roads, according to their class, were intended.
Following a meticulous study of the case file, the arguments of the appellant association, and the multiple actions of both the Municipality of the central Canton of Heredia and other public entities, this Tribunal reaches the conclusion that the challenged agreement must be upheld, based on the following considerations: First: It was issued in exercise of the competencies constitutionally and legally assigned to the municipalities, and particularly to the Council, precisely in safeguarding the interest of the community as a whole, specifically the residents, as the environmental and road problems generated by holding the Farmer's Market in said canton on a public road—precisely 14th Avenue, located very close to the new Hospital of the Province of Heredia—are duly substantiated. This situation even endangers the health of patients due to the collapse it causes, even though it occurs only once a week, as evidenced by the multiple complaints filed by neighbors since the year two thousand seven.
As previously indicated, national and cantonal public roads are intended for the free transit of vehicles and persons, and logically, holding the market on the public road is contrary to that purpose. Second: Based on the Law for the Regulation of Farmer's Markets, number 8533, of June seven, two thousand six, Municipalities are not responsible for organizing Farmer's Markets; rather, that responsibility lies with legally constituted producer organizations for that purpose, under the control and oversight of the National Junta of Markets of the National Farmer's Market Program. Therefore, the management carried out by local governments in this matter is limited solely to assisting "in the promotion and development of farmer's markets, as well as in the search for solutions that guarantee an adequate physical space for the proper commercial development of the markets. Municipalities that provide municipal police services may collaborate, in coordination with national authorities, to guarantee security in farmer's markets." Consequently, their participation is limited to collaborating with the implementation of these markets, but this does not obligate them to provide the physical space, since that is the exclusive competence of the administrators and responsible parties for these activities; at most, they can expedite the corresponding procedures so that such spaces can be enabled for the intended function, without this implying or resulting in the waiver of environmental and technical requirements provided for in the legal system, before the Municipality itself and before other competent authorities on the matter, such as the National Environmental Technical Secretariat and the Ministry of Health.
It is recalled that environmental regulations are of public order, meaning they are not subject to private agreement or pact between individuals or with the Public Administration. In this sense, it is deemed necessary to remind the appellant that Municipalities—like the rest of the Public Administration—have the obligation to effectively comply with the constitutional mandate established in Article 50, which establishes environmental protection as a true public function or power for the entire state apparatus, of which Municipalities form a part (within the constitutional structure of the Costa Rican State). As such, it translates into concrete obligations for public administrations, thus conditioning political objectives and, consequently, the action of public powers in general, to fully comply with the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. For this purpose, they can and must act in a coordinated manner with other public agencies—such as the Ministries of Health and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications; SETENA, etc. Third: There is no normative provision, nor any pact or agreement between the Municipality of Heredia and the Asociación Junta Nacional de Ferias del Agricultor, that prevents the Council of the indicated local government from adopting an agreement such as the one challenged, that is, setting a non-extendable deadline for the use of a cantonal road for the operation of the canton's farmer's market. On the contrary, there exists an agreement signed on April second, two thousand eight, between the indicated parties, which stipulated:
"4. That the JUNTA NACIONAL undertakes and obligates itself that, after May fourth, two thousand eight, the Farmer's Market of Heredia will not be held on 14th Avenue of Heredia or on any other public road in the canton, and therefore, they obligate themselves that once said term has expired, no producer will attempt, with their consent, to set up in that location to sell their products. The JUNTA NACIONAL adds that if any producer attempts to set up in that location after the term has expired, they do so under their own responsibility, and the JUNTA NACIONAL accepts and urges the MUNICIPALITY to have that producer removed from the location, receiving the same treatment that the Municipality normally applies to a common street vendor who attempts to operate without a license from the City Council. 5. That the referenced deadline is non-extendable, and there shall be no reason whatsoever for which, after the indicated deadline has expired, the market continues to operate on the mentioned avenue. 6.
That the JUNTA NACIONAL obligates itself to fulfill its commitment to remove the Farmer's Market of Heredia from 14th Avenue after the term established herein has expired, even if it should happen that by that date, the JUNTA NACIONAL does not have a place to install the Market, or, even if having one, it has not been able to obtain the permits legally necessary to hold the activity" (folios 58 to 60).
It is not evident from the record that said pact has been annulled, repealed, or modified by a subsequent one or by agreement of the Council of the Municipality of the central canton of Heredia; what has occurred is great tolerance by the local government, which has extended the permit to use the public road on various occasions, which, it is insisted, have no normative basis whatsoever. Quite the contrary, it could be thought that this endangers the interest of the canton's community as a whole, due to the multiple problems generated by holding this activity on the public road. Thus, the relocation of the farmer's market's location to remove it from the public road has never been conditioned, nor can it be, on the granting of all the permits that would allow such relocation to a property intended to be conditioned for that purpose. The foregoing is consistent with ruling number 2008-7116, of twelve hours forty-six minutes on April twenty-fifth, two thousand eight, in which the Constitutional Chamber recognized the power of the Council of the Municipality of Heredia to not permit the use of 14th Avenue for the holding of the farmer's market (folios 78 to 86).
Fourth: Finally, and no less importantly, this Tribunal does not find that the challenged decision suffers from any nullity based on the grounds alleged by the appellant, since it is not true that either the Council President or the Special Emergency Commission for the operation of the Farmer's Market in Heredia recommended that the extension of the permit to use 14th Avenue should be until September twenty-third, two thousand eight. It is evident from the case file that said decision was submitted for consideration to the Council, the body that ultimately determined the final date of August twenty-second of the same year; this does not denote such a "surprising" modification, nor one that violates due process. It must be borne in mind that the decision is neither sudden nor surprising, given that from the beginning, the deliberative body has attempted to recover the purpose of 14th Avenue and has made its decisions known to the residents (neighbors).
In any event, despite the foregoing considerations, it is noted that the reports of commissions before the Council are not binding but rather mere recommendations, and the deliberative body may resolve contrary to the recommendation issued, as has happened on multiple occasions, and which is not the case under study, with the sole obligation to substantiate or state the grounds for the final decision, in accordance with the provisions of Article 136 of the General Law of Public Administration. It should be noted that the challenged agreement is duly substantiated (or grounded), in the opinion of this Tribunal, according to the considerations given." This Agreement shall be disseminated to the population of Heredia and the nation so that they may know the terms under which the matter has been definitively resolved" (folios 58 to 60);
II.FACTS NOT PROVEN.- Of importance for the resolution of this matter, the following facts are deemed unsubstantiated: 1.) That the agreement signed on April second, two thousand eight, between the Municipality of Heredia and the Asociación Junta Nacional de Ferias has been annulled, repealed, or modified by a later one or by an agreement of the Council of the Municipality of the central canton of Heredia; 2.) That the members of the Special Emergency Commission for the operation of the farmer's market in Heredia required the Council to extend the use permit for Dirección11667 until September twenty-third, two thousand eight; 3.) That in the challenged agreement, the Special Emergency Commission for the operation of the farmer's market in Heredia was abolished; and, 4.) That the Municipality of the Central Canton of Heredia committed itself to providing municipal police services at the holding of the farmer's market of that canton. There is no proof thereof.
III.ON THE GRIEVANCES OF THE APPELLANT ASSOCIATION.- The legal representative of the Asociación Junta Nacional de Ferias del Agricultor states that the challenged agreement is null and void, for disregarding the recommendation of the President of the Council and of the Special Emergency Commission for the operation of the farmer's market in Heredia, to extend the extension until the following September twenty-third, instead setting it until the following August twenty-third; which renders the decision "surprising"; by unilaterally modifying, through a motion, the indicated recommendation; which he deems violates due process. Likewise, he believes that with this decision, "the Special Commission, which must render its third report by the following September twenty-second, is totally abolished." In accordance with the foregoing, he requests that the motion for absolute nullity of the irregular modification of the Special Commission's report be favorably resolved, and the decision revoked, in order to extend the permit until September twenty-third, two thousand eight. (Folios 360 to 363.)
IV.ON THE COMPETENCES OF MUNICIPALITIES ACCORDING TO THE NATIONAL LEGAL ORDER.- It must be clear that it is based on the scope of competence, defined in Article 169 of the Political Constitution, that the activity and administrative management of municipalities in our country is vested in the "administration of local interests and services" of the locality to which it is circumscribed, that is, the canton, and for which it is granted governmental autonomy, though subject to fiscal, financial, accounting, and legality control by the Comptroller General of the Republic. Thus, their powers are generic, regarding the matter known as "the local", and insofar as there is no detailed list of their specific duties, but rather a simple enunciation of the scope of their competence; but this does not make it indeterminable, through law and judicial interpretation, taking into account that it is an original constitutional competence, which can only be displaced, totally or partially, by a nationalization or regionalization law (in this regard, see judgments number 6469-97, at sixteen hours twenty minutes of October eighth, nineteen ninety-seven and 5445-99, at fourteen hours thirty minutes of July fourteenth, nineteen ninety-nine, both from the Constitutional Chamber).
And for the exercise of the municipalities' scope of competence, Article 170 of the Political Constitution grants them governmental autonomy, thus they enjoy the prerogatives of first-degree -administrative- autonomy, that is, they have the power to determine how they will administer the institution's resources for the fulfillment of the assigned purposes and duties, in this case, the "administration of municipal interests and services", as delegated by constitutional Article 169; and which constitutional jurisprudence has developed as the competence of the municipal sphere, within the concept of "the local" (in this regard, see judgments number 6469-97, 5445-99 and 2001-9677); and second-degree -governmental- autonomy, which in particular is the power of self-direction or political self-governance, which translates into the definition of the institution's guidelines, objectives, goals, and purposes.
The foregoing means that they are not subject to directives and planning from the Central Government, and a relationship of coordination must exist with respect to the latter, in the terms indicated by constitutional judgment 5445-99 (cited above). The Municipal Council is responsible for defining the entity's governmental policy, as provided for in subsection a) of Article 13 of the Municipal Code, pursuant to the government program registered by the Municipal Mayor for the period for which they were elected. Consequently, it is the Mayor who executes it, through their management as the "general administrator" of the local corporation (Article 17 subsection a) of the cited legal body.)
VI.ON PUBLIC ROADS AS PUBLIC DOMAIN ASSETS.- It is precisely due to the purpose or vocation that public roads have, in the terms of numeral 261 of the Civil Code, namely the free access of passersby and motor vehicles, and the entity responsible for their administration (the Public Administration, whether the Ministerio de Obras Públicas y Transportes -Executive Branch- or the Municipalities -entity decentralized by territory-), that they are public domain assets, and therefore, the characteristics inherent to this type of asset apply to them, such that they are imprescriptible, inalienable, unattachable, and subject to police powers regarding their administration, as our Constitutional Court has previously considered in judgment number 2306-91:
"Consequently, the national regime of public domain assets, such as the roads of the Capital City, whether municipal or national streets, sidewalks, parks, and other public sites, places them outside of commerce, and therefore the permits granted will always be precarious and revocable by the Administration, unilaterally, when reasons of necessity or general interest so dictate. –“ Thus, the teleological element is provided for in Articles 44 and 45 of the Urban Planning Law, which, as relevant, literally and respectively state:
"Public domain over areas of streets, squares, gardens, parks, or other open spaces for general public use, is constituted by that same use and its registration in the Property Registry may be dispensed with if it appears on the Official Map …" "The properties referred to in the previous article may be transferred to another public use, in accordance with the provisions of the Regulating Plan, but if their purpose is established by law, the change must be approved by the Legislative Assembly." Regarding the ownership of these assets, Article 2 of the General Law of Public Roads states:
"All lands occupied by existing public highways and roads or those to be built in the future are State property. Municipalities own the streets within their jurisdiction. Public highways and roads may only be built and improved by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. However, with prior authorization from said Ministry, municipalities and decentralized State institutions that have functions related to the construction of public roads may execute them directly or through third parties." Furthermore, Article 28 of this same Law (General Law of Public Roads) contains the following statement regarding their disposition and their special regime of encumbrance:
“The Ministry of Public Works and Transport and the Municipalities are strictly prohibited from granting permits or rights of occupation, enjoyment, use, or simple possession of the right-of-way of public roads or from carrying out acts that imply any form of the same by persons. Those who perform such acts on public lands under the care of the Ministry of Public Works and Transport or the Municipalities shall be administratively evicted by them within the following fifteen days counted from the written warning given to the responsible party; all without prejudice to the applicable fine and the compensation for damages that may have been caused.” (The highlighting is not from the original.)
The Constitutional Chamber has stated in this regard:
For its part, Decree-Law number 833, of November fourth, nineteen forty-nine, issued by the Founding Junta of the Second Republic, which promulgated the Construction Law, provides in Article 5:
“Public roads are inalienable and imprescriptible, and therefore, no mortgage, seizure, use, usufruct, or easement (servidumbre) may be constituted over them for the benefit of a specific person, under the terms of common law. The rights of passage, light and air, view, access, runoff, and other similar rights, inherent to the purpose of public roads, shall be governed exclusively by administrative laws and regulations.” Thus, permits or concessions for the use of roads may only be granted; however, these do not create any right in favor of the permittee or concessionaire, as provided by section 6 of the Construction Law. These permits or concessions must be temporary and may be revoked by the Municipality. Furthermore, it must be added that they cannot be granted to the detriment of free, safe, and unimpeded transit or, in general, to the detriment of any of the purposes for which such roads, according to their class, were intended.
VI.ON THE LEGALITY OF THE APPEALED AGREEMENT.- After a thorough study of the case file, the arguments of the appealing association, as well as the numerous actions of both the Municipality of the central canton of Heredia and other public bodies, this Tribunal concludes that the appealed agreement must be upheld, based on the following considerations: First: It is issued in exercise of the powers, constitutionally and legally assigned to the municipalities, and in particular to the Council, precisely in protection of the interest of the community as a whole, specifically the residents, as the environmental and road problems generated by holding the Farmers' Market in said canton, on a public road, namely Dirección11661 , located very close to the new Hospital of the Province of Heredia, are duly substantiated, such that it even endangers the health of patients, by the operation of said activity, due to the collapse it entails, even if it is only once a week; as recorded in the multiple complaints filed by neighbors since the year two thousand seven.
As previously indicated, national and cantonal public roads are intended for the free transit of vehicles and persons, and logically, holding the market on the public road is contrary to that purpose. Second: Based on the Law for the Regulation of Farmers' Markets, number 8533, of June seventh, two thousand six, Municipalities are not responsible for organizing Farmers' Markets, but rather the legally constituted producer organizations to that effect, under the control and oversight of the National Junta of Markets of the Farmers' Market Program at the national level; thus, the management that local governments exercise in this matter is limited solely to assisting "in the promotion and development of farmers’ markets, as well as in the search for solutions that guarantee an adequate physical space for the proper commercial development of the markets. Municipalities that provide municipal police services may collaborate, in coordination with national authorities, in order to guarantee security in the farmers’ markets." Consequently, their participation is limited to collaborating with the implementation of these markets, but this does not oblige them to provide the physical space, since that is the exclusive competence of the administrators and managers of these activities; at best, they can expedite the corresponding procedures so that such spaces can be enabled for the intended function; without this implying or translating into the lifting of environmental and technical requirements, provided for in the legal system, before the municipality itself and before other competent bodies in the matter, such as the National Environmental Technical Secretariat and the Ministry of Health; for it is recalled that environmental regulations are of public order, which implies that they are not subject to agreement or pact between private parties or the Public Administration.
In this sense, it is deemed necessary to remind the appellant that Municipalities —like the rest of the Public Administration— have the obligation to effectively comply with the constitutional mandate established in Article 50, which establishes environmental protection as a true public function or power for the entire state apparatus, of which Municipalities form part (within the constitutional structure of the Costa Rican State); which, as such, translates into specific obligations for public administrations, thus conditioning political objectives and, consequently, the action of public authorities in general, to fully comply with the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, for which they can and must act in a coordinated manner with other public agencies —such as the Ministries of Health and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications; SETENA, etc.— Third: There is no normative provision, nor any pact or agreement between the Municipality of Heredia and the Asociación Junta Nacional de Ferias del Agricultor, that prevents the Council of said local government from adopting an agreement like the one appealed, that is, setting a final, non-extendable deadline for the use of a cantonal road for the operation of the canton’s farmers’ market; in fact, the contrary is true, as there is an agreement signed on April second, two thousand eight, between the indicated parties, which provided:
"4. That the JUNTA NACIONAL undertakes and binds itself so that, after May fourth, two thousand eight, the Heredia Farmers’ Market will not be held on Dirección11663 nor on any other public road in the canton, for which they bind themselves so that, once said deadline has expired, no producer will attempt, with its consent, to set up in that place to sell their products. The JUNTA NACIONAL adds that should any producer attempt to set up in that place after the deadline has expired, they shall do so at their own risk, and the JUNTA NACIONAL accepts and urges the MUNICIPALITY to have them removed from the place, receiving the same treatment that the Municipality normally applies to a common street vendor attempting to operate without a license from the City Council. 5. That the referred deadline is non-extendable and there will be no reason for which, once the indicated deadline has expired, the market may continue operating on the mentioned avenue. 6. That the JUNTA NACIONAL binds itself to fulfill its commitment to remove the Heredia Farmers’ Market from Dirección11662 after the deadline established herein has expired, even if the eventuality should occur that on that date, the JUNTA NACIONAL does not have a place to install the Market, or, even having one, it has not managed to obtain the legally necessary permits to hold the activity" (folios 58 to 60.)
There is no record in the proceedings that said pact has been annulled, repealed, or modified by a later one or by an agreement of the Council of the Municipality of the central canton of Heredia; what has occurred is great tolerance on the part of the local government, which has extended the permit for the use of the public road on several occasions; extensions which, it is insisted, have no normative basis whatsoever; and rather, one might think it endangers the interest of the canton’s community as a whole, due to the multiple problems generated by holding this activity on the public road. Consequently, the relocation of the farmers’ market to remove it from the public road has never been conditional, nor can it be, upon the granting of all permits that would allow said relocation to a property intended to be adapted for that purpose. The foregoing is consistent with judgment number 2008-7116, of twelve forty-six hours on April twenty-fifth, two thousand eight, in which the Constitutional Chamber recognized the power of the Council of the Municipality of Heredia not to allow the use of Dirección11662 for the holding of the farmers’ market (folios 78 to 86).
Fourth: Finally, and no less important, this Tribunal does not find that the appealed decision has any nullity due to the reason alleged by the appellant, since it is not true that either the President of the Council or the Special Emergency Commission for the operation of the Farmers’ Market in Heredia recommended that the extension of the use permit for Dirección11662 should be until September twenty-third, two thousand eight. It is evident from the proceedings that said decision was submitted for consideration to the Council, the body that ultimately determined the fatal date as the following August twenty-second; which does not denote such a "surprising" modification, nor one that is detrimental to due process. It must be considered that the decision is neither untimely nor surprising, given that from the beginning, the deliberative body has attempted to recover the purpose of Avenida Catorce, and has made its decisions known to the residents (neighbors).
In any case, despite the foregoing considerations, it is noted that the opinions of the commissions before the Council are not binding, but mere recommendations, and the deliberative body may resolve contrary to what was recommended, as has happened on multiple occasions, which is not the case under study; with the sole obligation to substantiate or state the grounds for the final decision, pursuant to the provisions of Article 136 of the General Law of Public Administration. It should be noted that the appealed agreement is duly substantiated (or grounded), in the opinion of this Tribunal, according to the considerations given.
THEREFORE
The appealed agreement is upheld, and the administrative route is deemed exhausted.
Silvia Consuelo Fernández Brenes Juan Luis Giusti Soto Eduardo González Segura Municipal Appeal. Improper Hierarchy.
Asociación Junta Nacional de Ferias del Agricultor against Municipalidad de Heredia Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Tribunal Contencioso Administrativo Sección III Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Municipal Tema: Municipalidad Subtemas:
Ámbito de competencia de los entes territoriales. Participación municipal limitada a colaborar en implementación de ferias, no en suplir espacio físico para organizarlas.
Tema: Vía pública Subtemas:
Análisis sobre la naturaleza demanial. Acuerdo municipal que no permite funcionamiento en las mismas de la feria del agricultor es conforme al interés público.
Tema: Feria del agricultor Subtemas:
Acuerdo municipal que no permite su funcionamiento en vía pública es conforme al interés público.
“IV.- DE LA DE LAS COMPETENCIAS DE LAS MUNICIPALIDADES CONFORME AL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL.- Debe quedar claro que es con fundamento en el ámbito competencial, definido en el artículo 169 de la Constitución Política, que la actividad y gestión administrativa de las municipalidades en nuestro país, está residenciada en la "administración de los intereses y servicios locales" de la localidad a la que está circunscrita, esto es, el cantón, y para lo cual se la dota de autonomía de gobierno, aunque sujeta al control fiscal, financiero, contable y de legalidad de la Contraloría General de la República. De manera que sus potestades son genéricas, respecto de la materia denominada como "lo local", y en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a través de la ley y de la interpretación del juez, teniéndose en cuenta, que se trata de una competencia constitucional originaria, que sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente (en este sentido, se pueden consultar las sentencias número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete y 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, ambas de la Sala Constitucional).
Y para el ejercicio del ámbito competencial de las municipalidades, el artículo 170 de la Constitución Política, las dota de autonomía de gobierno, por lo que gozan de las prerrogativas de la autonomía de primer grado -administrativa-, esto es, tienen la potestad para determinar la forma en que administrará los recursos de la institución, para el cumplimiento de los fines y cometidos asignados, en este caso, la "administración de los intereses y servicios municipales", según delega el artículo 169 constitucional; y que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado como la competencia del ámbito municipal, dentro del concepto de "lo local" (en este sentido, se pueden consultar las sentencias número 6469-97, 5445-99 y 2001-9677); y la de segundo grado -de gobierno-, que en particular es la potestad de autodirigirse o gobernarse políticamente, lo que se traduce en la definición de los lineamientos, objetivos, metas y fines de la institución.
Lo anterior se traduce, que no son sujetos de directrices y planificaciones de parte del Ente Mayor, debiendo de darse respecto de éste, una relación de coordinación, en los términos señalados por la sentencia constitucional 5445-99 (supra citada). Corresponde al Concejo Municipal la definición de política de gobierno de la entidad, según lo prevé inciso a) del artículo 13 del Código Municipal, conforme al programa de gobierno inscrito por el Alcalde municipal, para el período para el que fue elegido. En consecuencia, es el Alcalde quien la ejecuta, a través de su gestión como "administrador general" de la corporación local (artículo 17 inciso a) del citado cuerpo legal.)
VI.DE LAS VÍAS PÚBLICAS COMO BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.-Es cabalmente por el destino o vocación que tienen las vías públicas, en los términos del numeral 261 del Código Civil, a saber el libre acceso de los transeúntes y vehículos automotores, y el sujeto a quien corresponde su administración (la Administración Pública, ya sea el Ministerio de Obras Públicas y Transportes -Poder Ejecutivo- o las Municipalidades -entidad descentralizada por el territorio-), que se trata de bienes de dominio público, y por ello, le son aplicables las características propias de este tipo de bienes, por lo que son imprescriptibles, inalienables, inembargables y están sujetos al poder de policía en lo que respecta a su administración, como lo ha considerado con anterioridad nuestro Tribunal Constitucional, en sentencia número 2306-91:
“En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías de la Ciudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y demás sitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administración, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés general así lo señale.-“ Así, el elemento teleológico está previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley de Planificación Urbana, que en lo que interesa disponen literal y respectivamente :
“El dominio público sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial …” “Los inmuebles a que se refiere el artículo anterior, podrán ser transferidos a otro uso público, conforme a las determinaciones del Plan Regulador, más si tuvieren destino señalado en la ley, el cambio deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa.” En cuanto a la titularidad de estos bienes, el artículo 2 de la Ley General de Caminos, dispone:
“Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos; existentes o que se construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción. Las carreteras y caminos públicos únicamente podrán ser construidos y mejorados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, con previa autorización de dicho Ministerio, las municipalidades y las instituciones descentralizadas del Estado, que tengan funciones relacionadas con la construcción de vías públicas, podrán ejecutarlas directamente o a través de terceros. ..” Además el artículo 28 de esta misma Ley (General de Caminos Públicos) contiene el siguiente enunciado en materia de su disposición y de su régimen especial de afectación:
“Queda terminantemente prohibido al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y a las Municipalidades otorgar permisos o derechos de ocupación, disfrute, uso o simple posesión del derecho vía de los caminos públicos o ejercer actos que impliquen en cualquier forma de los mismos por parte de las personas. Los que ejercieren tales actos sobre terrenos públicos al cuidado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o de las Municipalidades serán desalojados administrativamente por éstos dentro de los siguientes quince días contados a partir de la prevención escrita que se efectúe al responsable; todo sin perjuicio de la multa aplicable y del resarcimiento o de los daños y perjuicios que se hubieren causado.” (El resaltado no es del original.)
La Sala Constitucional, al respecto ha manifestado:
Por su parte, en el Decreto-Ley número 833, del cuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, dictado por la Junta Fundadora de la Segunda República, que promulgó la Ley de Construcciones, dispone en el artículo 5:
“Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto, no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de una persona determinada, en los términos del derecho común. Los derechos de tránsito, iluminación y aereación vista, acceso, derrames y otros semejantes, inherentes al destino de las vías públicas, se regirán exclusivamente por las leyes y Reglamentos Administrativos.” Con lo cual, solamente se podrán otorgar permisos o concesiones para el aprovechamiento de las vías, no obstante, éstos no crean ningún derecho a favor del permisionario o el concesionario, tal y como lo dispone el ordinal 6 de la Ley de Construcciones. Estos permisos o concesiones deben ser temporales y podrán ser revocados por la Municipalidad. Además hay que agregar que no pueden ser otorgados en perjuicio del libre seguro y expedito tránsito o en general en perjuicio de cualquiera de los fines a que tales vías, según su clase, hubieren sido destinadas.
VI.DE LA LEGALIDAD DEL ACUERDO IMPUGNADO.- Posterior a un estudio minucioso del expediente, alegatos de la asociación apelante, así como de las múltiples actuaciones tanto de la Municipalidad del cantón Central de Heredia y de otras instancias públicas, este Tribunal llega a la conclusión de que el acuerdo impugnado debe ser confirmado, con base en las siguientes consideraciones: Primero: Es dictado en ejercicio de las competencias, constitucional y legalmente asignadas a las municipalidades, y en particular al Concejo, cabalmente en resguardo del interés de la colectividad en su conjunto, precisamente de los munícipes, al estar debidamente sustentada la problemática ambiental y vial que genera la realización de la Feria del Agricultor en dicho cantón, en una vía pública, cabalmente la avenida 14, ubicada muy cerca del nuevo Hospital de la Provincia de Heredia, de manera que pone, inclusive en riesgo de la salud de los pacientes, el funcionamiento de dicha actividad, por el colapso que implica, no obstante que sea solo una vez a la semana; según consta en las múltiples denuncias presentadas por los vecinos, desde el año dos mil siete.
Tal y como se indicó anteriormente, las vías públicas nacionales y cantonales, están dispuestas para el libre tránsito de los vehículos y las personas, y lógicamente la realización de la feria en la vía pública es contraria a dicho fin. Segundo: Con fundamento en la Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor, número 8533, del siete de junio del dos mil seis, las Municipalidades no son las responsables en la organización de las Ferias del Agricultor, sino a las organizaciones de productores legalmente constituidas a tal efecto, bajo el control y fiscalización de la Junta Nacional de Ferias del Programa de Ferias del Agricultor en el ámbito nacional; de manera que la gestión que esta materia ejercen los gobiernos locales se circunscribe únicamente a coadyuvar "en la promoción y el desarrollo de las ferias del agricultor, así como en la búsqueda de soluciones que garanticen un espacio físico adecuado para el buen desarrollo comercial de las ferias.
Las municipalidades que presten el servicio de policía municipal podrán colaborar, en coordinación con las autoridades nacionales, a fin de garantizar la seguridad en las ferias del agricultor." Con lo cual, su participación se limita a colaborar con la implementación de estas ferias, pero ello no le obliga a suplir el espacio físico, ya que ello es competencia exclusiva de los administradores y responsables de estas actividades; siendo que a lo sumo, puede agilizar los trámites correspondientes para que dichos espacios puedan habilitarse para la función pretendida; sin que ello implique ni se traduzca en el levantamiento de requisitos ambientales y técnicos, previstos en el ordenamiento jurídico, ante ella misma y ante otras instancias competentes en la materia, tales como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Ministerio de Salud; por cuanto se recuerda, que la normativa ambiental es de orden público, lo cual implica que no está sujeta a convenio o pacto entre particulares o de la Administración Pública.
En este sentido, se estima necesario recordarle al apelante que las Municipalidades -al igual que el resto de la Administración Pública-, tienen la obligación de dar efectivo cumplimiento al mandato constitucional establecido en su artículo 50, que establece la tutela del ambiente en una verdadera función o potestad pública para todo el aparato estatal, del que forman parte las Municipalidades (dentro de la estructura constitucional del Estado costarricense); que como tal, se traduce en obligaciones concretas para las administraciones públicas, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual, pueden y deben actuar de manera coordinada con otras dependencias públicas -caso de los Ministerios de Salud y Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; SETENA, etc.- Tercero: No existe ninguna disposición normativa, así como tampoco ningún pacto o convenio entre la Municipalidad de Heredia y la Asociación Junta Nacional de Ferias del Agricultor, que impida al Concejo del indicado gobierno local adoptar un acuerdo como el impugnado, esto es, en ponerle fecha límite, con carácter de improrrogable, al uso de una vía cantonal, para el funcionamiento de la feria del agricultor del cantón; siendo más bien al contrario, en tanto existe un acuerdo suscrito el dos de abril del dos mil ocho, entre las partes indicadas, en el que se dispuso:
"4. Que la JUNTA NACIONAL se compromete y obliga a que, pasado el cuatro de mayo del año dos mil ocho, la Feria del Agricultor de Heredia no se realizará en la avenida catorce de Heredia ni en ninguna otra vía pública del cantón, por lo que se obligan a que cumplido dicho plazo, ningún productor intentará, con su consentimiento, colocarse en ese lugar para vender sus productos. Agrega la JUNTA NACIONAL que en caso de que algún productor intentara colocarse en ese lugar luego de vencido el plazo, lo hará bajo su propia responsabilidad y la JUNTA NACIONAL acepta e insta a la MUNICIPALIDAD para que el mismo sea retirado del lugar, recibiendo el mismo tratamiento que el Municipio aplica normalmente a un vendedor ambulante común que intente funcionar sin licencia del Ayuntamiento. 5. Que el referido plazo es improrrogable y no existirá ningún motivo por el cual, vencido el plazo indicado, la feria continúe funcionando en la avenida mencionada. 6.
Que la JUNTA NACIONAL se obliga a cumplir su compromiso de retirar la Feria del Agricultor de Heredia de la avenida catorce luego de vencido el plazo aquí establecido, aún y cuando pudiere suceder la eventualidad de que a esa fecha, la JUNTA NACIONAL no cuente con un lugar dónde instalar la Feria, o, aún y cuando teniéndolo, no haya logrado obtener los permisos que legalmente son necesarios para poder celebrar la actividad" (folios 58 a 60.)
No consta en los autos, que dicho pacto haya sido anulado, derogado o modificado por otro posterior o por acuerdo del Concejo de la Municipalidad del cantón central de Heredia; siendo que lo que ha ocurrido es una gran tolerancia del gobierno local, que ha prorrogado el permiso de uso de la vía pública, en diversas ocasiones; las cuales, se insiste, no tienen ningún sustento normativo; y más bien, podría pensarse que pone en riesgo el interés de la colectividad en su conjunto del cantón, por los múltiples problemas que genera la realización de esta actividad en la vía pública. Así las cosas, el traslado de la ubicación la feria del agricultor para quitarla de la vía pública, nunca ha estado condicionada, ni puede estarlo, al otorgamiento de todos los permisos que permitan dicho traslado a un inmueble que se pretende acondicionar a tal efecto. Lo anterior resulta conforme con la sentencia número 2008-7116, de las doce horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de abril del dos mil ocho, en que la Sala Constitucional reconoció la potestad del Concejo de la Municipalidad de Heredia de no permitir la utilización de la avenida catorce para la celebración de la feria del agricultor (folios 78 a 86).
Cuarto: Finalmente, y no por ello menos importante, no encuentra este Tribunal que en la decisión impugnada haya nulidad alguna por el motivo alegado por el apelante, toda vez que no es cierto que, ni el Presidente del Concejo ni la Comisión Especial de Emergencia para el funcionamiento de la Feria del Agricultor en Heredia haya recomendado que la prórroga del permiso de uso de la avenida catorce debía ser hasta el veintitrés de setiembre del dos mil ocho. De los autos se desprende que dicha decisión se remitió a consideración del Concejo, órgano que finalmente determinó la fecha fatal, para el veintidós de agosto siguiente; lo que no denota tal modificación "sorpresiva", ni tampoco lesiva del debido proceso. Téngase en cuenta que la decisión no es intempestiva ni sorpresiva, dado que desde un principio, el órgano deliberativo ha intentado recuperar el destino de la avenida catorce, y ha puesto en conocimiento de los munícipes (vecinos) sus decisiones.
En todo caso, no obstante las anteriores consideraciones, se advierte que los dictámenes de las comisiones ante el Concejo, no son vinculantes, sino meras recomendaciones, pudiendo el órgano deliberativo resolver en forma contraria a lo dictaminado, como ha sucedido en múltiples ocasiones, y lo que no es el caso en estudio; con la única obligación, de fundamentar o motivar la decisión final, al tenor de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General de la Administración. Cabe señalar que el acuerdo impugnado está debidamente sustentado (o motivado), a criterio de este Tribunal, según las consideraciones dadas.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas No. 87-2011 SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del treinta y uno de marzo del dos mil once.
Conoce este Tribunal, en su condición de jerarca impropio municipal, del recurso de apelación interpuesto por Wenceslao Bejarano Rodríguez, mayor, casado, agricultor, cédula de identidad número CED78559, vecino de Sarapiquí, en su condición de Presidente y representante legal de la ASOCIACIÓN JUNTA NACIONAL DE FERIAS DEL AGRICULTOR, contra el acuerdo adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Heredia en el Artículo 4, Capítulo III, de la sesión ordinaria número 48-2008, celebrada el diecinueve de agosto del dos mil ocho.
Redacta la Juez Fernández Brenes, y;
CONSIDERANDO:
De importancia para la resolución de la apelación en estudio, se tienen como probados los siguientes hechos:
II.HECHOS NO PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tienen por no acreditados los siguientes hechos: 1.) Que el acuerdo suscrito el dos de abril del dos mil ocho entre la Municipalidad de Heredia y la Asociación Junta Nacional de Ferias haya sido anulado, derogado o modificado por otro posterior o por acuerdo del Concejo de la Municipalidad del cantón central de Heredia; 2.) Que los miembros de la Comisión Especial de Emergencia para el funcionamiento de la feria del agricultor en Heredia, hayan requerido al Concejo prorrogar el permiso de uso de la Dirección11667 hasta el veintitrés de setiembre del dos mil ocho; 3.) Que en el acuerdo impugnado, se haya derogado la Comisión Especial de Emergencia para el funcionamiento de la feria del agricultor en Heredia; y, 4.) Que la Municipalidad del cantón Central de Heredia, preste se haya comprometido en prestar el servicio de policía municipal en la realización de la feria del agricultor de ese cantón. No hay prueba de ello.
III.DE LOS AGRAVIOS DE LA ASOCIACIÓN APELANTE.- Manifiesta el personero de la Asociación Junta Nacional de Ferias del Agricultor que el acuerdo impugnado es nulo, por desatender la recomendación del Presidente del Concejo y de la Comisión Especial de Emergencia para el funcionamiento de la feria del agricultor en Heredia, de extender la prórroga hasta el veintitrés de setiembre siguiente, para fijarla hasta el veintitrés de agosto siguiente; lo que convierte la decisión en "sorpresiva"; al modificarse, de manera unilateral, por una moción, la recomendación indicada; lo que estima lesivo del debido proceso. Asimismo, estima que con esta decisión, "se deroga totalmente la Comisión Especial, que tiene que rendir su tercer informe hasta el veintidós de setiembre siguiente. Al tenor de lo anterior, pide se resuelva favorablemente el incidente de nulidad absoluta a la modificación irregular del informe de la Comisión Especial, y se revoque la decisión, a fin de prorrogar el permiso hasta el veintitrés de setiembre del dos mil ocho. (Folios 360 a 363.)
IV.DE LA DE LAS COMPETENCIAS DE LAS MUNICIPALIDADES CONFORME AL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL.- Debe quedar claro que es con fundamento en el ámbito competencial, definido en el artículo 169 de la Constitución Política, que la actividad y gestión administrativa de las municipalidades en nuestro país, está residenciada en la "administración de los intereses y servicios locales" de la localidad a la que está circunscrita, esto es, el cantón, y para lo cual se la dota de autonomía de gobierno, aunque sujeta al control fiscal, financiero, contable y de legalidad de la Contraloría General de la República. De manera que sus potestades son genéricas, respecto de la materia denominada como "lo local", y en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a través de la ley y de la interpretación del juez, teniéndose en cuenta, que se trata de una competencia constitucional originaria, que sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente (en este sentido, se pueden consultar las sentencias número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete y 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, ambas de la Sala Constitucional).
Y para el ejercicio del ámbito competencial de las municipalidades, el artículo 170 de la Constitución Política, las dota de autonomía de gobierno, por lo que gozan de las prerrogativas de la autonomía de primer grado -administrativa-, esto es, tienen la potestad para determinar la forma en que administrará los recursos de la institución, para el cumplimiento de los fines y cometidos asignados, en este caso, la "administración de los intereses y servicios municipales", según delega el artículo 169 constitucional; y que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado como la competencia del ámbito municipal, dentro del concepto de "lo local" (en este sentido, se pueden consultar las sentencias número 6469-97, 5445-99 y 2001-9677); y la de segundo grado -de gobierno-, que en particular es la potestad de autodirigirse o gobernarse políticamente, lo que se traduce en la definición de los lineamientos, objetivos, metas y fines de la institución.
Lo anterior se traduce, que no son sujetos de directrices y planificaciones de parte del Ente Mayor, debiendo de darse respecto de éste, una relación de coordinación, en los términos señalados por la sentencia constitucional 5445-99 (supra citada). Corresponde al Concejo Municipal la definición de política de gobierno de la entidad, según lo prevé inciso a) del artículo 13 del Código Municipal, conforme al programa de gobierno inscrito por el Alcalde municipal, para el período para el que fue elegido. En consecuencia, es el Alcalde quien la ejecuta, a través de su gestión como "administrador general" de la corporación local (artículo 17 inciso a) del citado cuerpo legal.)
VI.DE LAS VÍAS PÚBLICAS COMO BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.-Es cabalmente por el destino o vocación que tienen las vías públicas, en los términos del numeral 261 del Código Civil, a saber el libre acceso de los transeúntes y vehículos automotores, y el sujeto a quien corresponde su administración (la Administración Pública, ya sea el Ministerio de Obras Públicas y Transportes -Poder Ejecutivo- o las Municipalidades -entidad descentralizada por el territorio-), que se trata de bienes de dominio público, y por ello, le son aplicables las características propias de este tipo de bienes, por lo que son imprescriptibles, inalienables, inembargables y están sujetos al poder de policía en lo que respecta a su administración, como lo ha considerado con anterioridad nuestro Tribunal Constitucional, en sentencia número 2306-91:
“En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías de la Ciudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y demás sitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administración, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés general así lo señale.-“ Así, el elemento teleológico está previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley de Planificación Urbana, que en lo que interesa disponen literal y respectivamente :
“El dominio público sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial …” “Los inmuebles a que se refiere el artículo anterior, podrán ser transferidos a otro uso público, conforme a las determinaciones del Plan Regulador, más si tuvieren destino señalado en la ley, el cambio deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa.” En cuanto a la titularidad de estos bienes, el artículo 2 de la Ley General de Caminos, dispone:
“Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos; existentes o que se construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción. Las carreteras y caminos públicos únicamente podrán ser construidos y mejorados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, con previa autorización de dicho Ministerio, las municipalidades y las instituciones descentralizadas del Estado, que tengan funciones relacionadas con la construcción de vías públicas, podrán ejecutarlas directamente o a través de terceros. ..” Además el artículo 28 de esta misma Ley (General de Caminos Públicos) contiene el siguiente enunciado en materia de su disposición y de su régimen especial de afectación:
“Queda terminantemente prohibido al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y a las Municipalidades otorgar permisos o derechos de ocupación, disfrute, uso o simple posesión del derecho vía de los caminos públicos o ejercer actos que impliquen en cualquier forma de los mismos por parte de las personas. Los que ejercieren tales actos sobre terrenos públicos al cuidado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o de las Municipalidades serán desalojados administrativamente por éstos dentro de los siguientes quince días contados a partir de la prevención escrita que se efectúe al responsable; todo sin perjuicio de la multa aplicable y del resarcimiento o de los daños y perjuicios que se hubieren causado.” (El resaltado no es del original.)
La Sala Constitucional, al respecto ha manifestado:
Por su parte, en el Decreto-Ley número 833, del cuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, dictado por la Junta Fundadora de la Segunda República, que promulgó la Ley de Construcciones, dispone en el artículo 5:
“Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto, no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de una persona determinada, en los términos del derecho común. Los derechos de tránsito, iluminación y aereación vista, acceso, derrames y otros semejantes, inherentes al destino de las vías públicas, se regirán exclusivamente por las leyes y Reglamentos Administrativos.” Con lo cual, solamente se podrán otorgar permisos o concesiones para el aprovechamiento de las vías, no obstante, éstos no crean ningún derecho a favor del permisionario o el concesionario, tal y como lo dispone el ordinal 6 de la Ley de Construcciones. Estos permisos o concesiones deben ser temporales y podrán ser revocados por la Municipalidad. Además hay que agregar que no pueden ser otorgados en perjuicio del libre seguro y expedito tránsito o en general en perjuicio de cualquiera de los fines a que tales vías, según su clase, hubieren sido destinadas.
VI.DE LA LEGALIDAD DEL ACUERDO IMPUGNADO.- Posterior a un estudio minucioso del expediente, alegatos de la asociación apelante, así como de las múltiples actuaciones tanto de la Municipalidad del cantón Central de Heredia y de otras instancias públicas, este Tribunal llega a la conclusión de que el acuerdo impugnado debe ser confirmado, con base en las siguientes consideraciones: Primero: Es dictado en ejercicio de las competencias, constitucional y legalmente asignadas a las municipalidades, y en particular al Concejo, cabalmente en resguardo del interés de la colectividad en su conjunto, precisamente de los munícipes, al estar debidamente sustentada la problemática ambiental y vial que genera la realización de la Feria del Agricultor en dicho cantón, en una vía pública, cabalmente la Dirección11661 , ubicada muy cerca del nuevo Hospital de la Provincia de Heredia, de manera que pone, inclusive en riesgo de la salud de los pacientes, el funcionamiento de dicha actividad, por el colapso que implica, no obstante que sea solo una vez a la semana; según consta en las múltiples denuncias presentadas por los vecinos, desde el año dos mil siete.
Tal y como se indicó anteriormente, las vías públicas nacionales y cantonales, están dispuestas para el libre tránsito de los vehículos y las personas, y lógicamente la realización de la feria en la vía pública es contraria a dicho fin. Segundo: Con fundamento en la Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor, número 8533, del siete de junio del dos mil seis, las Municipalidades no son las responsables en la organización de las Ferias del Agricultor, sino a las organizaciones de productores legalmente constituidas a tal efecto, bajo el control y fiscalización de la Junta Nacional de Ferias del Programa de Ferias del Agricultor en el ámbito nacional; de manera que la gestión que esta materia ejercen los gobiernos locales se circunscribe únicamente a coadyuvar "en la promoción y el desarrollo de las ferias del agricultor, así como en la búsqueda de soluciones que garanticen un espacio físico adecuado para el buen desarrollo comercial de las ferias.
Las municipalidades que presten el servicio de policía municipal podrán colaborar, en coordinación con las autoridades nacionales, a fin de garantizar la seguridad en las ferias del agricultor." Con lo cual, su participación se limita a colaborar con la implementación de estas ferias, pero ello no le obliga a suplir el espacio físico, ya que ello es competencia exclusiva de los administradores y responsables de estas actividades; siendo que a lo sumo, puede agilizar los trámites correspondientes para que dichos espacios puedan habilitarse para la función pretendida; sin que ello implique ni se traduzca en el levantamiento de requisitos ambientales y técnicos, previstos en el ordenamiento jurídico, ante ella misma y ante otras instancias competentes en la materia, tales como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Ministerio de Salud; por cuanto se recuerda, que la normativa ambiental es de orden público, lo cual implica que no está sujeta a convenio o pacto entre particulares o de la Administración Pública.
En este sentido, se estima necesario recordarle al apelante que las Municipalidades -al igual que el resto de la Administración Pública-, tienen la obligación de dar efectivo cumplimiento al mandato constitucional establecido en su artículo 50, que establece la tutela del ambiente en una verdadera función o potestad pública para todo el aparato estatal, del que forman parte las Municipalidades (dentro de la estructura constitucional del Estado costarricense); que como tal, se traduce en obligaciones concretas para las administraciones públicas, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual, pueden y deben actuar de manera coordinada con otras dependencias públicas -caso de los Ministerios de Salud y Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; SETENA, etc.- Tercero: No existe ninguna disposición normativa, así como tampoco ningún pacto o convenio entre la Municipalidad de Heredia y la Asociación Junta Nacional de Ferias del Agricultor, que impida al Concejo del indicado gobierno local adoptar un acuerdo como el impugnado, esto es, en ponerle fecha límite, con carácter de improrrogable, al uso de una vía cantonal, para el funcionamiento de la feria del agricultor del cantón; siendo más bien al contrario, en tanto existe un acuerdo suscrito el dos de abril del dos mil ocho, entre las partes indicadas, en el que se dispuso:
"4. Que la JUNTA NACIONAL se compromete y obliga a que, pasado el cuatro de mayo del año dos mil ocho, la Feria del Agricultor de Heredia no se realizará en la Dirección11663 ni en ninguna otra vía pública del cantón, por lo que se obligan a que cumplido dicho plazo, ningún productor intentará, con su consentimiento, colocarse en ese lugar para vender sus productos. Agrega la JUNTA NACIONAL que en caso de que algún productor intentara colocarse en ese lugar luego de vencido el plazo, lo hará bajo su propia responsabilidad y la JUNTA NACIONAL acepta e insta a la MUNICIPALIDAD para que el mismo sea retirado del lugar, recibiendo el mismo tratamiento que el Municipio aplica normalmente a un vendedor ambulante común que intente funcionar sin licencia del Ayuntamiento. 5. Que el referido plazo es improrrogable y no existirá ningún motivo por el cual, vencido el plazo indicado, la feria continúe funcionando en la avenida mencionada. 6. Que la JUNTA NACIONAL se obliga a cumplir su compromiso de retirar la Feria del Agricultor de Heredia de la Dirección11662 luego de vencido el plazo aquí establecido, aún y cuando pudiere suceder la eventualidad de que a esa fecha, la JUNTA NACIONAL no cuente con un lugar dónde instalar la Feria, o, aún y cuando teniéndolo, no haya logrado obtener los permisos que legalmente son necesarios para poder celebrar la actividad" (folios 58 a 60.)
No consta en los autos, que dicho pacto haya sido anulado, derogado o modificado por otro posterior o por acuerdo del Concejo de la Municipalidad del cantón central de Heredia; siendo que lo que ha ocurrido es una gran tolerancia del gobierno local, que ha prorrogado el permiso de uso de la vía pública, en diversas ocasiones; las cuales, se insiste, no tienen ningún sustento normativo; y más bien, podría pensarse que pone en riesgo el interés de la colectividad en su conjunto del cantón, por los múltiples problemas que genera la realización de esta actividad en la vía pública. Así las cosas, el traslado de la ubicación la feria del agricultor para quitarla de la vía pública, nunca ha estado condicionada, ni puede estarlo, al otorgamiento de todos los permisos que permitan dicho traslado a un inmueble que se pretende acondicionar a tal efecto. Lo anterior resulta conforme con la sentencia número 2008-7116, de las doce horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de abril del dos mil ocho, en que la Sala Constitucional reconoció la potestad del Concejo de la Municipalidad de Heredia de no permitir la utilización de la Dirección11662 para la celebración de la feria del agricultor (folios 78 a 86).
Cuarto: Finalmente, y no por ello menos importante, no encuentra este Tribunal que en la decisión impugnada haya nulidad alguna por el motivo alegado por el apelante, toda vez que no es cierto que, ni el Presidente del Concejo ni la Comisión Especial de Emergencia para el funcionamiento de la Feria del Agricultor en Heredia haya recomendado que la prórroga del permiso de uso de la Dirección11662 debía ser hasta el veintitrés de setiembre del dos mil ocho. De los autos se desprende que dicha decisión se remitió a consideración del Concejo, órgano que finalmente determinó la fecha fatal, para el veintidós de agosto siguiente; lo que no denota tal modificación "sorpresiva", ni tampoco lesiva del debido proceso. Téngase en cuenta que la decisión no es intempestiva ni sorpresiva, dado que desde un principio, el órgano deliberativo ha intentado recuperar el destino de la avenida catorce, y ha puesto en conocimiento de los munícipes (vecinos) sus decisiones.
En todo caso, no obstante las anteriores consideraciones, se advierte que los dictámenes de las comisiones ante el Concejo, no son vinculantes, sino meras recomendaciones, pudiendo el órgano deliberativo resolver en forma contraria a lo dictaminado, como ha sucedido en múltiples ocasiones, y lo que no es el caso en estudio; con la única obligación, de fundamentar o motivar la decisión final, al tenor de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General de la Administración. Cabe señalar que el acuerdo impugnado está debidamente sustentado (o motivado), a criterio de este Tribunal, según las consideraciones dadas.
POR TANTO
Se confirma el acuerdo impugnado y se da por agotada la vía administrativa.
Silvia Consuelo Fernández Brenes Juan Luis Giusti Soto Eduardo González Segura Apelación Municipal. Jerarquía impropia.
Asociación Junta Nacional de Ferias del Agricultor contra Municipalidad de Heredia Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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