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14/03/2007

Confirmation of IDA Land Revocation for Abandonment of Forested ParcelConfirmación de revocatoria de adjudicación del IDA por abandono de parcela con bosque

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OutcomeResultado

UpheldConfirmada

The IDA resolution revoking the land grant for unjustified abandonment is upheld, with an order to pay for necessary and useful improvements.Se confirma la resolución del IDA que revocó la adjudicación de la parcela por abandono injustificado, ordenando cancelar el valor de las mejoras necesarias y útiles.

SummaryResumen

The Agrarian Tribunal upholds the decision of the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) to revoke the land grant of two beneficiaries on grounds of unjustified abandonment. The grantees argued that most of the parcel was primary forest that should be preserved and that their possession was passive or ecological, consistent with sustainable development. The Tribunal, however, found that abandonment pertained to the approximately 4 hectares originally intended for cattle ranching, which were allowed to turn into secondary forest due to the grantees' inaction. The ruling cites Constitutional Chamber case law on sustainable development and environmental protection, but clarifies that this does not excuse non-compliance with contractual obligations to the IDA, as the grantees should have maintained agricultural use on the non-forested portion unless they had obtained institutional approval or enrolled in environmental services programs. The IDA is ordered to pay for necessary and useful improvements made by the grantees.El Tribunal Agrario confirma la decisión del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) de revocar la adjudicación de una parcela a dos beneficiarios, por la causal de abandono injustificado. Los adjudicatarios argumentaron que la mayor parte del terreno era bosque primario que debía conservarse y que su posesión era pasiva o ecológica, en consonancia con el desarrollo sostenible. El Tribunal, sin embargo, determinó que el abandono se configuró respecto de las aproximadamente 4 hectáreas que originalmente estaban destinadas a la actividad ganadera y que fueron convertidas en tacotales o bosque secundario por inacción de los adjudicatarios. Se cita la jurisprudencia constitucional sobre el desarrollo sostenible y la protección del ambiente, pero se aclara que ello no justifica el incumplimiento de las obligaciones contractuales con el IDA, pues los adjudicatarios debieron mantener la explotación agraria en la parte que no era bosque, salvo que hubieran contado con autorización institucional o programas de servicios ambientales. Se ordena al IDA reconocer el valor de las mejoras necesarias y útiles introducidas.

Key excerptExtracto clave

The analysis in this case will be limited to the matters under appeal, since the legal implications regarding the possibility that this parcel forms part of the Natural Heritage of the State and, therefore, its administration does not necessarily correspond to that entity, must be resolved in another venue and through another type of proceeding. It is noteworthy that the Chamber noted that when forest exists on such parcels at the time of the award, a situation that occurs in the parcel in dispute where, according to the evidence provided, there is a significant forested area, both the Institute and the grantees must respect that resource and not change its use, as all environmental regulations are applicable, and are not excluded merely because the land is part of a land allocation program by an entity whose goals are production and land distribution. Accordingly, the grantees' passive attitude in not using that sector for agriculture could not be classified as 'abandonment,' as argued by their representative on appeal; however, this is not considered to have been the Institute's assessment in the appealed resolution. The entity's reference to abandonment is directed at that part of the parcel which, in the appeal, is admitted to be 4 hectares destined from the time of the award for cattle ranching. If this is so, and given the conditions imposed by the Institute under the norms of the Land and Colonization Law, it was not an option for the grantees to leave that part of the parcel in what they call 'passive possession,' seeking to liken it to an interest in natural regeneration over time, unless they had the Institution's approval. In accordance with the conditions imposed in such contracts, under which parcels are awarded to provide a means of subsistence for persons or families without access to private property, the grantees, in order to comply, should have undertaken to maintain the agricultural or livestock activity that part of the land had, which was not done and is admitted by the appellant upon indicating that since the award was made, his clients engaged in what they term passive possession.El análisis en este caso se limitará a lo que es objeto de agravios, puesto que las implicaciones jurídicas en torno a la posibilidad de que esta parcela forme parte del Patrimonio Natural del Estado y por ende, su administración no necesariamente corresponde a dicho ente, deberán dilucidarse en otra sede y mediante otro tipo de proceso. Es de interés rescatar lo expuesto por la Sala en relación con la posibilidad de que en estas parcelas exista bosque en el momento de la adjudicación, situación que se da en la parcela en litis en la que de acuerdo a las probanzas aportadas existe un importante sector de bosque. Ante esta situación, lo procedente es que tanto el Instituto como los adjudicatarios respetaran dicho recurso y no hicieran cambios de uso, pues les es aplicable toda la normativa ambiental, sin que resulte excluida solo por formar parte de un programa de asignación de tierras por parte de un ente cuyos fines son la producción y la distribución de tierras. De acuerdo a ello, no podría catalogarse de "abandono" la actitud pasiva de los adjudicatarios al no destinar ese sector a la agricultura, como lo señala el representante de éstos en la apelación; sin embargo, no se considera esa haya sido la apreciación del Instituto en la resolución recurrida. El enfoque que el ente expone al hacer alusión al abandono está dirigido a aquel sector de la parcela que en el recurso se admite es de 4 hectáreas destinadas desde el momento de la adjudicación a la actividad ganadera. De ser así, y ante las condiciones impuestas por el Instituto propias de la normativa expuesta en la Ley de Tierras y Colonización, no era opción de los adjudicatarios dejar esa parte de la parcela en lo que él cataloga de "posesión pasiva" queriendo asimilarlo al interés de que se generara con el paso del tiempo en un proceso de regeneración natural, a menos que contara con el visto bueno de la Institución. De acuerdo a las condiciones impuestas en ese tipo de contratos, según los cuales las adjudicaciones de parcelas se hacen para que éstas constituyan el medio de subsistencia de personas o familias que no tienen acceso a propiedad privada, debieron los adjudicatarios a fin de cumplir con las mismas, ocuparse de mantener la actividad agrícola o ganadera que parte del terreno tenía, lo cual en efecto no se hizo y es admitido por el recurrente en la apelación al indicar que desde que se generó la adjudicación sus representados se ocuparon de ejercer una posesión que catalogan de pasiva.

Pull quotesCitas destacadas

  • "De acuerdo a las condiciones impuestas en ese tipo de contratos, según los cuales las adjudicaciones de parcelas se hacen para que éstas constituyan el medio de subsistencia de personas o familias que no tienen acceso a propiedad privada, debieron los adjudicatarios a fin de cumplir con las mismas, ocuparse de mantener la actividad agrícola o ganadera que parte del terreno tenía, lo cual en efecto no se hizo y es admitido por el recurrente."

    "In accordance with the conditions imposed in such contracts, under which parcels are awarded to provide a means of subsistence for persons or families without access to private property, the grantees, in order to comply, should have undertaken to maintain the agricultural or livestock activity that part of the land had, which was not done and is admitted by the appellant."

    Considerando IV

  • "De acuerdo a las condiciones impuestas en ese tipo de contratos, según los cuales las adjudicaciones de parcelas se hacen para que éstas constituyan el medio de subsistencia de personas o familias que no tienen acceso a propiedad privada, debieron los adjudicatarios a fin de cumplir con las mismas, ocuparse de mantener la actividad agrícola o ganadera que parte del terreno tenía, lo cual en efecto no se hizo y es admitido por el recurrente."

    Considerando IV

  • "Nótese, el primer deponente cita que el señor [Nombre3] '... hace tiempo había sacado un plan de manejo de la montaña.' (folio 25), el cual no fue aportado como prueba. La existencia de ese plan de manejo, lejos de ser considera una afectación a los recursos naturales, hubiera permitido concluir que protegiendo el bosque existente, uno de los adjudicatarios hizo trámites para incrementar sus ganancias mediante la obtención de recursos económicos para asegurar su subsistencia pero no se acreditó se hiciera ese trámite."

    "Note that the first deponent states that '[Nombre3] ... had some time ago obtained a forest management plan.' (folio 25), which was not presented as evidence. The existence of such a management plan, far from being considered an impact on natural resources, would have confirmed that by protecting the existing forest, one of the grantees had taken steps to increase their income by obtaining economic resources to secure their livelihood, but it was not proven that any such step was taken."

    Considerando IV

  • "Nótese, el primer deponente cita que el señor [Nombre3] '... hace tiempo había sacado un plan de manejo de la montaña.' (folio 25), el cual no fue aportado como prueba. La existencia de ese plan de manejo, lejos de ser considera una afectación a los recursos naturales, hubiera permitido concluir que protegiendo el bosque existente, uno de los adjudicatarios hizo trámites para incrementar sus ganancias mediante la obtención de recursos económicos para asegurar su subsistencia pero no se acreditó se hiciera ese trámite."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

VOTO Nº 0215-F-07 VOTO Nº 0215-F-07 AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at eight hours and forty-seven minutes on the fourteenth of March of two thousand seven.

ADMINISTRATIVE PROCEEDING FOR NULLITY OF TITLE AND REVOCATION OF ADJUDICATION brought by the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, represented by Margarita Elizondo Jiménez, whose qualifications are unknown in the record, in her capacity as legal advisor, against [Nombre1], of legal age, married once, homemaker, resident of San José, identity card number CED1- - , and [Nombre2], of legal age, married once, farmer, resident of San José, identity card number CED2- - , represented by [Nombre3], of legal age, married once, farmer, resident of San José, identity card number CED3- - , in his capacity as unlimited general power of attorney. The attorneys Randall Ruben Sánchez Mora, of legal age, divorced, lawyer, resident of Alajuela, identity card number CED4- - ; and Fabian Jiménez Valverde, of legal age, single, lawyer, resident of San José, identity card number CED5- - , appear as special judicial attorneys for the defendants.

WHEREAS:

1.- The Instituto de Desarrollo Agrario, by resolution issued at ten hours on the eighth of August of two thousand six, resolved: "POR TANTO: Based on the foregoing, the Board of Directors, in Article 5, Session number 025-06 held on the 3rd of August of 2006, Agrees: To revoke the adjudication of the [Dirección1], on the ground of ABANDONMENT OF THE PARCEL against: [Nombre2], identity card CED6- - and [Nombre1], identity card number CED7- - respectively, adjudicated by Agreement of the Board of Directors, in article II of session 008-96 of the 5th of March of 1996. The Legal Advisory Office of the Brunca Region is authorized to notify, by means of a letter rogatory to the Public Registry, the nullity of the title registered under the mechanized system of the Puntarenas registry with number NINETY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED EIGHT- ZERO ZERO ONE- ZERO ZERO TWO, with the nature, situation, area, and boundaries indicated in the registry. The respective lien for the limitations of the IDA under Ley 2825, article 67, be cancelled, at Volume 430, Entry 03899, Sequence 01-0119-001. The described property be reverted and registered in the name of the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO....", (folio 33 to 37).

2.- This Tribunal hears the improper hierarchical appeal filed by [Nombre2] and [Nombre1] against the resolution issued at ten hours on the eighth of August of two thousand six, folios 55 to 70.

3.- In the substantiation of the proceeding, the legal requirements have been observed, without noting the existence of errors or omissions capable of causing the nullity of the judgment.- Drafted by Judge Vargas Vásquez; and,

WHEREAS:

I.- The representative of the adjudicatees offered in this instance, as evidence for better judgment, the conducting of a field inspection on the parcel in dispute, in order to detail even further its conservation conditions, and that the testimony of [Nombre4] and [Nombre5] be received. Said evidence is considered by this Tribunal unnecessary to resolve the filed appeal because there are sufficient evidentiary elements in the proceeding to be clear about the current situation of the parcel; furthermore, regarding the testimonial evidence, although it could bring new elements of judgment, the truth is that it is evident from the proceeding that it could have been perfectly offered in the first instance before the Instituto de Desarrollo Agrario and was not, without the reason for this being attributable to said entity. Therefore, it is rejected.- II.- The Tribunal shares the list of facts deemed proven in the appealed resolution, as they are consistent with the evidence and procedure contained in the record, with the following being added of such nature: D.- That [Nombre2] and [Nombre1], upon the parcel being adjudicated to them, proceeded to rent it to third parties so they could introduce cattle on the part of it that did not have forest, and later, they discontinued said activity on the property to such an extent that this sector became scrubland or secondary forest (bosque secundario) (declaration of [Nombre2] at folio 18 and testimonial statements of [Nombre6] and [Nombre7] at folios 25 and 23).- III.- Attorney Fabián Jiménez Valverde, special judicial attorney for [Nombre1] and for [Nombre3], the latter acting as unlimited general power of attorney for [Nombre2], filed an appeal before the improper superior against the resolution issued by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, hereinafter IDA, at 10 hours on the 8th of August of 2006, in a brief presented to the regional headquarters of the Brunca Directorate on the 2nd of October of that same year (folio 70). In essence, the appellant alleges: After making a broad exposition of what he classifies as a "retrospective vision of the concept of agricultural property and social function" as well as the "modern trends" of such concepts, and a partial transcription of judgment number 229 of 15 hours on the 20th of July of 1990 issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, the appellant points out that the resolution issued by the IDA responds to outdated policies regarding the concept of agricultural property. He argues that possession (posesión) over a property with agricultural vocation is no longer the traditional form of active possession, which implies constant animal or plant production for social purposes, coupled with the fact that in this matter, reference is also made to the topic of "possessions," some of which are typical of "forest reserve" zones. For this reason, he says, "ecological possession" must be protected when it involves reserves of agricultural properties, without failing to fulfill the social function sought "... because even though it is no longer the support of a family through agriculture as it was formerly, a slightly more modern social purpose prevails, which is the conservation of a healthy and balanced environment, which supersedes any other." (folio 66). Based on the foregoing, he concludes that "... possession over properties with agricultural vocation (sic), does not imply only active exercises of production, for other modalities have emerged, which, contrary to the above, allow an omissive (sic) or passive possession." (folio 66), citing as an additional argument for the latter what was resolved by this Tribunal in a resolution at 11 hours on the 30th of April of 1998, as well as a doctrinal reference from the national writer Jorge Cabrera Medaglia in the article titled "Las relaciones entre el derecho Ambiental y del derecho Agrario" published in the Revista de Los Tribunales Agrarios number 12 of May and August of 1996, pages 133 to 135 and 137 to 138. The appellant argues that conservation implies the provision of an environmental service (servicio ambiental), which is to prevent soil erosion that will eventually have negative consequences for production, regulate microclimates, absorb carbon dioxide to avoid the damages linked to global atmospheric warming, among them the loss of production and the impact on ecosystems, the maintenance of a genetic reserve of importance for future agricultural improvements, the possibility of enjoying services from protected areas, among others. The foregoing exposition, which has been synthesized to the cited lines, serves as a basis for the appellant to conclude that an incorrect assessment of the possession exercised by his clients over the property occurred in this case. He argues that it was accredited both by testimonial evidence and by field inspections that the property is mostly constituted by mountain composed of primary forest, of whose total area only 4 hectares are susceptible to agricultural exploitation, especially for cattle raising. However, he points out, "... The possessory acts by my clients have consisted of conserving the land in its entirety. For at a certain moment the dilemma arose between conserving the primary forest that amounts to some thirty hectares, composed of a range of wild flora and fauna typical of the area and worthy of conservation that even includes species of animals in danger of extinction ... or sacrificing it in favor of livestock production, which is, let it be said, unlikely due to the physical conditions of the land and the presence of wild animals highly dangerous to livestock ... in the zone where cattle raising could have been minimally exploited, there are two streams which have a quite important flow, for which reason they deserve special protection ..." (folio 61). He objects to the field inspection on the grounds that it is "... poor, complacent, and inconsistent" (folio 61) given that it classifies as a state of abandonment aspects such as the perfect state of conservation and that the property is properly demarcated by firebreaks. Regarding the testimonial evidence, he points out that both [Nombre6] and [Nombre7] testified in accordance with what was stated, in the sense that his clients' possession over the property has been passive since the IDA adjudicated the parcel to them because they considered the conservation of natural resources to be more beneficial. He argues that abandonment is not established because this implies the absence of possessory acts, as if the parcel became "... no man's land ..." (folio 59), which he considers not to be the case here because the neighbors of the locality themselves know that the land belongs to his clients.- IV.- The Instituto de Desarrollo Agrario initiated this administrative proceeding on the ground of unjustified abandonment, which is regulated in article 68, subsection 4), paragraph b). The representative of the adjudicatees in the appeal maintains that since the IDA allocated the parcel, they, faced with the dilemma of exploiting it in agricultural activities or protecting natural resources, opted for conservation, even of the 4 hectares that they say were destined for livestock activity. On the topic of sustainable development, particularly on farms adjudicated by the IDA, the Constitutional Chamber, in Voto Nº 1763 of sixteen hours forty-five minutes on the 13th of April of 1994, stated: "PROTECTION OF A HEALTHY AND BALANCED ENVIRONMENT: Regarding what is of interest in this matter, namely, the protection of environmental rights, this Chamber, in the aforementioned ruling number 3705-93, affirmed: "It is important for the Chamber to elaborate, prior to the strictly substantive considerations, a general analysis that establishes the constitutional framework and the conditions and interests that environmental conservation arouses today, for its study constitutes a novelty of this last century. It is essential to remember that for many centuries, man believed that he should dominate the forces of nature and put them at his service, since it was considered, to some extent, that natural resources were inexhaustible and that industrialization was per se a desirable objective, without evaluating what the impact of economic activity on the environment would be. In fact, the division between renewable and non-renewable natural resources is modern, since even economic science, which deals with the administration of the environment to achieve the maximum satisfaction of human needs with limited resources, did not incorporate the wear and deterioration of the environment as a tool of economic analysis until very recently... The environment, therefore, must be understood as a potential for development to be used appropriately, and actions must be taken in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relationships, since, otherwise, its productivity for the present and the future is degraded and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the style of socioeconomic development adopted by the country. For example, environmental problems occur when the methods of exploiting natural resources lead to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which results in broad sectors of the population being harmed and generates a high environmental and social cost that leads to a deterioration in the quality of life; for the primary objective of the use and protection of the environment is precisely to obtain development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that if man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of "injury," already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself..." III.- This Chamber has also recognized that both the right to health and the right to an environment free from contamination, without which the former could not be made effective, are fundamental rights, so it is the State's obligation to provide for their protection, whether through general policies to achieve that end or through specific acts by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State enacts to expand the possibilities for everyone to satisfy their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between this and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, orientation of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting the human needs of the present and the future. IV.- While it is true that the respondent authorities affirm that the project for the subdivision (parcelación) of the lands of the farm called [Dirección2] -acquired by the Instituto de Desarrollo Agrario on the twenty-third of December of nineteen hundred seventy-seven-, which are encompassed by the Tivives Protective Zone (Área Protectora de Tivives), in accordance with the terms of Decreto Ejecutivo number 17023 of the sixth of May of nineteen hundred eighty-six, is in accordance with law, even after the entry into force of that regulation, since in the first instance it cannot be considered that said property has become part of the national forest heritage (patrimonio forestal del Estado) as long as the corresponding amount is not indemnified to the autonomous institution they represent in order to consider that property expropriated, and secondly, because they have always had the authorization of the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal) to carry out the agricultural, livestock, or forestry activities established in article 3 of Decreto number 17023, which declares as a Zona Protectora the territories that comprise the mangroves of Mata de Limón and Tivives, as well as the redoubt of tropical dry forest located on the Barranca Cartographic Sheet; the argument outlined by the respondent entity is not valid, given that in accordance with articles 32 and 34 of the Ley Forestal, the national forest heritage is constituted by all forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to the municipalities, to the autonomous institutions, and to other Public Administration bodies, for this reason, no Public Administration body -central or decentralized- may expropriate, swap, cede, or transfer by any title, deliver, or lease rural lands of its property or under its administration, without them having been previously classified by the General Forestry Directorate, in which case, if it considers them to have forest aptitude (aptitud forestal), they will be immediately incorporated into the national forest heritage, for this reason if Decreto number 17023 affected part of the farm acquired by the Instituto de Desarrollo Agrario in its time, the application of the terms of that regulation as well as the cited articles of the Ley Forestal is immediate, so the respondent entity is not empowered to disapply them under the justification that a purchase process involving the corresponding indemnification has not taken place. Thus, from the moment the repeatedly cited Decreto entered into force, the lands of the [Dirección2] farm affected by the Tivives Conservation Zone passed to become part of the national forest heritage automatically; these are rules of immediate application, which is why from that moment the Instituto de Desarrollo Agrario was unable to dispose of those lands and continue with the subdivision project, except in the case of all those adjudications that had been agreed upon prior to the promulgation of the regulation, for in that case, the beneficiaries' plots must be purchased or expropriated, unless at the request of the General Forestry Directorate, their owners accept to submit to the respective forest regime (article 37, paragraph 2 of the Ley Forestal); the adjudications agreed upon by the respondent institution after the entry into force of the cited Decreto over the lands comprised by the Tivives natural conservation zone are not valid, since from that date -sixth of May of nineteen hundred eighty-six-, it is not empowered to freely dispose of those properties, given that their administration falls to the General Forestry Directorate, in coordination with the Municipality of Esparza and the Agricultural Centers: Central Pacific Regional and Cantonal of Esparza, therefore the permits it grants to develop agricultural activities in those territories do not imply an authorization to transfer or rent them, nor do they give rise to any real right over the property in favor of the concessionaire (article 41 of the Ley Forestal); in other words, the respondent authority cannot abstain from mandatorily complying with the rules that declare the automatic incorporation into the national forest heritage of those properties that are classified as having forest aptitude, for these provisions are of immediate application due to the public interest that their content represents, which is the conservation of natural resources through their sustained and rational use (article 1 of the Ley Forestal), therefore any adjudication that has been agreed upon after the sixth of May of nineteen hundred eighty-six up to the present day is null, by virtue of having improperly disposed of forest-protected lands. V.- If the respondent authorities consider that the provisions of article 34 of the Ley Forestal are contrary to the Carta Fundamental, because it unjustifiably establishes that lands whose titleholder is a Public Administration body automatically become part of the national forest heritage from the very moment their forest aptitude is declared, and consequently the public interest in conserving them, without any indemnification in their favor, they must allege this through the corresponding unconstitutionality action, since the control of the constitutionality of laws is not exercised through amparo but by the procedural means indicated previously. ... " From the foregoing, what is noteworthy for its binding nature is what the Chamber stated regarding the possibility that, when addressing the topic of sustainable development, if the parcel has forest, it must be respected and therefore, neither said entity nor the adjudicatees can abstain from applying the regulations related to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), of which it becomes a part given its nature. On this last point, the Legal Opinion of the Procuraduría General de la República Nº 129-2002 of the 12th of September of 2002 can be reviewed, which, although not binding for this instance, is of interest because it refers to the fact that the adjudicatee must, jointly with the IDA, protect the environment. The analysis in this case will be limited to what is the object of grievances, since the legal implications regarding the possibility that this parcel forms part of the Natural Heritage of the State and therefore, its administration does not necessarily correspond to said entity, must be elucidated in another venue and through another type of proceeding. It is of interest to highlight what the Chamber stated in relation to the possibility that forest exists on these parcels at the time of adjudication, a situation that occurs in the parcel in dispute, in which, according to the evidence provided, there is an important forest sector. Facing this situation, the appropriate course is for both the Institute and the adjudicatees to respect said resource and not make land-use changes (cambios de uso), since all environmental regulations are applicable to them, without being excluded simply because they form part of a land allocation program by an entity whose purposes are the production and distribution of lands. Accordingly, the passive attitude of the adjudicatees in not allocating that sector to agriculture could not be classified as "abandonment," as their representative points out in the appeal; however, it is not considered that this was the appreciation of the Institute in the appealed resolution. The focus that the entity presents when alluding to abandonment is directed at that sector of the parcel which, in the appeal, is admitted to be 4 hectares destined from the moment of adjudication for livestock activity. If so, and given the conditions imposed by the Institute as per the regulations set forth in the Ley de Tierras y Colonización, it was not an option for the adjudicatees to leave that part of the parcel in what he classifies as "passive possession," wanting to equate it to the interest in generating a natural regeneration process over time, unless they had the approval of the Institution. In accordance with the conditions imposed in that type of contract, according to which parcel adjudications are made so that they constitute the means of subsistence for persons or families who do not have access to private property, the adjudicatees, in order to comply with them, should have taken care to maintain the agricultural or livestock activity that part of the land had, which in fact was not done and is admitted by the appellant in the appeal when indicating that since the adjudication occurred, his clients undertook to exercise a possession that they classify as passive. Likewise, it is important to clarify that in accordance with the scope of the term "sustainable development" used by the Constitutional Chamber in the partially described resolution, it is possible in this case that the adjudicatees maintained the existing agrarian activity in the part of the parcel that had no forest, thus complying with the purposes of the Institution, provided they respected the part that still conserved trees. In any case, there is no record in the proceedings of any action by the adjudicatees aimed at having the Ministerio de Ambiente y Energía consider them as beneficiaries of the environmental services program (programa de servicios ambientales) through which their means of subsistence would have been increased, given their allegation that the scarce area they could indeed allocate to agrarian activity did not allow them to develop it profitably. The arguments presented regarding the existence of wild animals typical of forested areas, existing in that zone, which could threaten the life of the livestock, are not sufficient to justify abandoning the agrarian activity and letting that small sector become secondary forest. Certainly, the witnesses offered by the administered parties, Messrs. [Nombre6] and [Nombre7], declared identically that Mr. [Nombre2], without citing the female adjudicatee, had destined the parcel for pasture but left them so they would become scrubland (tacotal), maintaining the firebreaks at the boundaries (folios 25 and 23), which in principle could be considered laudable, their attitude of conserving natural resources. In reality, it is not so for this Tribunal, because there are no sufficient objective elements to conclude that. Note that the first deponent mentions that Mr. [Nombre3] "... had drawn up a management plan (plan de manejo) for the mountain some time ago." (folio 25), which was not provided as evidence. The existence of that management plan, far from being considered an impact on natural resources, would have allowed the conclusion that while protecting the existing forest, one of the adjudicatees took steps to increase his earnings by obtaining economic resources to ensure his subsistence, but it was not accredited that this procedure was done, which is relevant because the adjudicatees should have proven that their omissions were really intentional and not acts of abandonment. As no evidence was provided, and the forest being there, in the best of cases, it can be concluded that the intention was to protect the forest; but that is not sufficient to depart from the conclusion reached by the IDA that the parcel was in abandonment, since the part that could have been exploited for agricultural purposes, in accordance with sustainable development, has become scrubland. Regarding the latter, the justification of the representative of the adjudicatees is also not acceptable, much less what the witnesses said in the sense that the Ministerio de Ambiente y Energía would not allow their exploitation, since it is only up to a certain level of development that vegetation growing through a natural regeneration process can be classified as scrubland, which, in order to reach that maturity, requires an evident passive attitude of the adjudicatees, which translates as abandonment in this particular case because it was a sector of the parcel dedicated to agrarian activity, that being the purpose that should have been maintained on the parcel to be consistent with the conditions that mediated in the adjudication, as this is a special contract in this matter. The situation would have been different if the adjudicatees had demonstrated in the record that they had the Institution's approval so that, at the moment the adjudication occurred, they left the parcel in a process of natural regeneration without any agricultural exploitation, or, that even when the allocation was made, it was entirely forest, in which case a land-use change would have contravened the forestry regulations in force. The current situation of the parcel, with a large part of forest and a sector of scrubland or secondary forest, must be defined by the Institution according to its destination, respecting environmental regulations, after the finality of this resolution, under its responsibility, in accordance with what was stated by the Constitutional Chamber in the cited resolution. That decision is beyond the Tribunal insofar as what matters is to determine whether abandonment on the part of the adjudicatees indeed occurred. Regarding this last point, what was resolved by the IDA is shared by this Venue for the reasons pointed out above, in addition to the fact that [Nombre2] himself, when testifying before the IDA as part of the administrative proceeding, admitted the state of abandonment in which he generally left the parcel for many years: "... That approximately almost twelve years ago I left the place, it was at the beginning of the year 1994 ... I gave permission to a neighbor to keep cattle there, I gave him the pasture, and he in return occasionally cleaned the firebreaks (rondas), other times I did it or paid someone to do it. ... Because I rented the Rancho Quemado farm, I had to leave there." (folio 18). For that reason, it is also not considered that the field inspection carried out by agents of the Institute does not reflect reality.- V.- Based on the foregoing, in what has been appealed, the appealed resolution should be confirmed. Ex officio, the right of the adjudicatees must be recognized that the IDA compensate them for the necessary and useful improvements (mejoras) that they prove to have introduced to the parcel, in accordance with article 66 of the Ley de Tierras y Colonización.-

POR TANTO:

In what has been the object of appeal, the resolution issued by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario issued at ten hours on the eighth of August of two thousand six, which corresponds to agreement number five taken in session number twenty-five, article five, of the third of August of that same year, by said Board, is confirmed. The Instituto de Desarrollo Agrario must pay to the adjudicatees the value of the necessary and useful improvements that they prove to have introduced to the parcel in dispute.-

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VOTO Nº 0215-F-07 VOTO Nº 0215-F-07 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las ocho horas cuarenta y siete minutos del catorce de marzo del dos mil siete PROCESO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DE TITULO Y REVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN seguido por el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, representado por Margarita Elizondo Jiménez de calidades desconocidas en autos, en su condición de asesora legal, contra [Nombre1] , mayor, casada una vez, ama de casa, vecina de San José, cédula número CED1- - , y [Nombre2] , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de San José, cédula número CED2- - , representado por [Nombre3] , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de San José, cédula número CED3- - , en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma. Interviene como apoderados especiales judiciales de los demandados los licenciados Randall Ruben Sánchez Mora, mayor, divorciado, abogado, vecino de Alajuela, cédula número CED4- - ; y Fabian Jiménez Valverde, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, cédula número CED5- - .

RESULTANDO:

1.- El Instituto de Desarrollo Agrario mediante resolución de las diez horas del ocho de agosto del dos mil seis, resolvió: "POR TANTO: Con fundamento en lo anterior la Junta Directiva, en el Artículo 5 Sesión número 025-06 celebrada el día 3 de agosto del 2006, Acuerda: Revocar la adjudicación de la [Dirección1] , por la causal de ABANDONO DE LA PARCELA a: [Nombre2] , cédula CED6- - y [Nombre1] , cédula número CED7- - respectivamente, adjudicado en Acuerdo de Junta Directiva, en el artículo II de la sesión 008-96 del 5 de marzo de 1996. Se autoriza a la Asesoría Legal de la Región Brunca para que comunique mediante exhorto al Registro Público la nulidad del título inscrito bajo el sistema mecanizado del partido de Puntarenas con número NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO- CERO CERO UNO- CERO CERO DOS, con la naturaleza , situación cabida y linderos que indica el registro,. Se cancele el gravamen respectivo de las limitaciones del IDA Ley 2825 artículo 67, al Tomo 430, Asiento 03899, Secuencia 01-0119- 001, Se revierta el inmueble descrito y se inscriba a nombre del INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO....", (folios 33 al 37).

2.- Conoce este Tribunal del recurso jerárquico impropio de apelación formulado por [Nombre2] y [Nombre1] , contra la resolución de las diez horas del ocho de agosto del dos mil seis, folios 55 al 70.

3.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, sin que se note la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.- Redacta la jueza Vargas Vásquez; y,

CONSIDERANDO:

I.- El representante de los adjudicatarios ofreció en esta instancia como prueba para mejor resolver la realización de una inspección de campo en la parcela en litis, a fin de detallar aún más las condiciones de conservación de ésta, y que se reciba la declaración de [Nombre4] y [Nombre5] . Dicha prueba es considerada por este Tribunal innecesaria para resolver la apelación presentada debido a que existen elementos probatorios suficientes en el proceso como para tener claro cuál es la situación actual de la parcela; además, en cuanto a la testimonial, si bien ésta podría traer nuevos elementos de juicio, es lo cierto que de la tramitación se desprende que ésta pudo haberse ofrecido perfectamente en primera instancia ante el Instituto de Desarrollo Agrario y no se hizo, sin que la razón de ello sea achacable a dicho ente. Por ende se rechaza la misma.- II.- El Tribunal comparte el elenco de hechos tenidos por probados en la resolución recurrida al ser acordes con las probanzas y tramitación constantes en autos, adicionándose de tal naturaleza lo siguiente: D.- Que [Nombre2] y [Nombre1] , al adjudicárseles la parcela, procedieron a alquilar a terceras personas para que introdujeran ganado en la parte de ésta que no tenía bosque, y luego, descontinuaron dicha actividad en el fundo a tal punto que ese sector se convirtió en tacotales o bosque secundario (declaración de [Nombre2] de folio 18 y declaraciones testimoniales de [Nombre6] y [Nombre7] de folios 25 y 23).- III.- El licenciado Fabián Jiménez Valverde, apoderado especial judicial de [Nombre1] y de [Nombre3] , actuando este último como apoderado generalísimo sin límite de suma de [Nombre2] , interpuso recurso de apelación ante el jerarca impropio contra la resolución dictada por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en adelante IDA, a las 10 horas del 8 de agosto del 2006, en memorial presentado a la sede regional de la Dirección Brunca el 2 de octubre del citado año (folio 70). En lo medular, alega el recurrente: Luego de hacer una amplia exposición de lo que cataloga es una "visión retrospectiva del concepto de fundo agrario y función social" así como de las "tendencias modernas" de tales conceptos, y una transcripción parcial de la sentencia número 229 de las 15 horas del 20 de julio de 1990 dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el recurrente señala que la resolución dictada por el IDA responde a las políticas desfazadas sobre el concepto de fundo agrario. Argumenta que la posesión sobre un fundo con vocación agraria ya no es la tradicional forma de posesión activa, que implica la producción animal o vegetal constante con el fin social, aunado al hecho de que en esta materia también se hace alusión al tema de "las posesiones" algunas de ellas propias de las zonas de "reserva forestal". Por ello dice, debe tutelarse la "posesión ecológica" cuando se trata de reservas de fundos agrarios sin dejar de cumplir con la función social que se busca "... pues aunque ya no es el sostén de una familia a raíz de la agricultura como era anteriormente, impera un fin social un poco más moderno, el cual es la conservación de un ambiente sano y equilibrado el cual se sobrepone a cualquier otro." (folio 66). Con fundamento en lo anterior, concluye que "... la posesión sobre fundos con vocación agrarios (sic), no implica solamente los ejercicios activos de producción, pues otras modalidades han surgido, que a contrariedad de lo anterior permiten una posesión omitiva (sic) o pasiva." (folio 66), citando como argumento adicional de esto último lo resuelto por este Tribunal en resolución de las 11 horas del 30 de abril de 1998, así como una referencia doctrinaria del escritor nacional Jorge Cabrera Medaglia en el artículo titulado "Las relaciones entre el derecho Ambiental y del derecho Agrario" publicado en la Revista de Los Tribunales Agrarios número 12 de mayo y agosto de 1996, páginas 133 a 135 y 137 a 138. Aduce el recurrente que la conservación implica la prestación de un servicio ambiental cual es evitar la erosión de los suelos que eventualmente tendrá consecuencias negativas para la producción, regular microclimas, absorver dióxido de carbono para evitar los perjuicios vinculados al calentamiento global de la atmósfera, entre ellos la pérdida de producción y la afectación de los ecosistemas, el mantenimiento de una reserva genética de importancia para futuros mejoramientos agrícolas, la posibilidad de disfrutar de servicios provenientes de áreas protegidas, entre otros. La anterior exposición, que ha sido sintetizada a las líneas citadas, sirve de base para el recurrente a fin de concluir se dio en este caso una incorrecta apreciación de la posesión ejercida por sus representados en el fundo. Aduce, fue acreditado tanto por la prueba testimonial como por las inspecciones de campo que el inmueble en su mayor parte está constituido por montaña compuesta por bosque primario, de cuya área total sólo 4 hectáreas son susceptibles de explotación agrícola, especialmente para cría de ganado. No obstante señala, "... Los actos posesorios por parte de mis representados han consistido en conservar el terreno en su totalidad. Pues en cierto momento se presento (sic) la disyuntiva entre conservar el bosque primario que asciende a unas treinta hectáreas, compuesto por una gama de flora y fauna salvaje propios de la zona y dignos de conservación que incluso abarca especies de animales en peligro de extinción ... o sacrificarlo en pro de la producción ganadera, que valga decirles poco probable por las condiciones físicas del terreno y la presencia de animal salvaje de alto peligro para el ganado ... en la zona en la cual se pudo haber explotado de manera mínima la crianza de ganado, existen dos quebradas las cuales cuentan con un afluente bastante importante, por lo que merece una especial protección ..." (folio 61).Objeta de la inspección de campo el hecho de que es "... pobre, complaciente e inconsistente" (folio 61) dado que califica de estado de abandono aspectos tales como el perfecto estado de conservación y que el fundo está debidamente deslindado mediante carriles. En cuanto a la testimonial señala, tanto [Nombre6] como [Nombre7] declararon de manera acorde con lo expuesto en el sentido de que la posesión de sus representados sobre el fundo ha sido pasiva desde que el IDA les adjudicó la parcela pues consideraron es más beneficiosa la conservación de los recursos naturales. Alega, no se configura el abandono pues éste supone la ausencia de actos posesivos como si la parcela pasara a "... ser tierra de nadie ..." (folio 59) lo cual considera no se da en este caso pues los vecinos mismos de la localidad conocen que el terreno le pertenece sus representados.- IV.- El Instituto de Desarrollo Agrario dio inicio a este proceso administrativo por la causal de abandono injustificado, la cual se encuentra regulada en el artículo 68 inciso 4) apartado b). El representante de los adjudicatarios en la apelación, sostiene que desde que el IDA asignó la parcela, éstos, ante la disyuntiva de explotarla en actividades agrarias o proteger los recursos naturales, optaron por la conservación, aún de las 4 hectáreas que dicen, estaban destinadas a la actividad ganadera. Sobre el tema del desarrollo sostenible, particularmente en fincas adjudicadas por el IDA, la Sala Constitucional en Voto Nº 1763 de las 16 horas cuarenta y cinco minutos del 13 de abril de 1994, indicó: "PROTECCIÓN AL AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO: En lo que interesa a este asunto, sea, la protección de los derechos ambientales, esta Sala en el ya citado pronunciamiento número 3705-93, afirmó: "Resulta importante para la Sala elaborar, de previo a las consideraciones estrictamente de fondo, un análisis general que establezca el marco constitucional y las condiciones e intereses que hoy en día despierta la conservación del ambiente, pues su estudio se constituye en una novedad de esta última centuria. Es primordial recordar que durante muchos siglos el hombre creyó que debía dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a su servicio, ya que se consideraba, en alguna medida, que los recursos naturales eran inagotables y que la industrialización era per se un objetivo deseable, sin que se evaluara cuál sería el impacto de la actividad económica sobre el ambiente. De hecho, la división entre recursos naturales renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia económica, que se preocupa de la administración del entorno para lograr la satisfacción al máximo de las necesidades humanas con recursos limitados, no incorporó el desgaste y deterioro del medio como herramienta del análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente...El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo..." IIIo.- Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro. IVo.- Si bien es cierto las autoridades recurridas afirman que el proyecto de parcelación de los terrenos de la finca denominada [Dirección2] -adquiridos por el Instituto de Desarrollo Agrario el veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y siete-, que se encuentran comprendidos por el área Protectora de Tivives, de conformidad con los términos del Decreto Ejecutivo número 17023 del seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis, está ajustado a derecho, aún despúes de la entrada en vigencia de esa normativa, puesto que en primer instancia no puede considerarse que aquella heredad haya pasado a formar parte del patrimonio forestal del Estado mientras no se le indemnice a la institución autónoma que representan el monto correspondiente a fin de tener por expropiado ese inmueble, y en segundo término, por cuanto siempre han contado con la autorización de la Dirección General Forestal para llevar a cabo las actividades agrícolas, ganaderas o forestales que establece el artículo 3 del Decreto número 17023 que declara como Zona Protectora los territorios que comprenden los manglares de Mata de Limón y Tivives, así como el reducto de bosque tropical seco ubicado en la Hoja Cartográfica de Barranca; no resulta válido el argumento esbozado por la entidad recurrida, toda vez que de acuerdo con los artículos 32 y 34 de la Ley Forestal, el patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública, por esa razón, ningún organismo de la Administración Pública -central o desecentralizada- podrá expropiar, permutar, ceder o enajenar, a cualquier título, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que previamente hayan sido clasificados por la Dirección General Forestal, en cuyo caso si ésta los considerara de aptitud forestal quedarán inmediatamente incorporados al patrimonio forestal del Estado, por ese motivo si el Decreto número 17023 afectó parte de la finca adquirida por el Instituto de Desarrollo Agrario en su oportunidad, la aplicación de los términos de aquella normativa así como de los artículos citados de la Ley Forestal, es inmediata, por lo que el ente recurrido no esta facultado para desaplicarlos bajo la justificación de que no ha mediado un proceso de compra que conlleve la indemnización correspondiente. Así pues, desde el momento en que el Decreto tantas veces citado entró en vigencia, los terrenos de la finca [Dirección2] afectados por la Zona de Conservación de Tivives, pasaron a formar parte del patrimonio forestal del Estado automáticamente, son pues normas de aplicación inmediata, motivo por el cual desde ese momento el Instituto de Desarrollo Agrario se encontraba imposibilitado para disponer de esos terrenos y continuar con el proyecto de parcelación, excepto en el supuesto de todas aquellas adjudicaciones que se hubieran acordado con anterioridad a la promulgación del terreno, pues en ese caso los predios de los beneficiarios se deberán comprar o someterse al régimen forestal respectivo (artículo 37 párrafo 2 de la Ley Forestal); no resultan válidas las adjudicaciones acordadas por la institución recurrida con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de cita sobre los terrenos comprendidos por la zona de conservación natural de Tivives, toda vez que desde esa fecha -seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis-, no está facultada para disponer libremente de esas heredades, puesto que la administración de las mismas compete a la Dirección General Forestal, en coordinación con la Municipalidad de Esparza y los Centros Agrícolas: Regional Pacífico Central y Cantonal de Esparza, por ello los permisos que ésta conceda a fin de desarrollar actividades de índole agrario en esos territorios no implica una autorización para enajenar o rentar aquellos, ni tampoco originan derecho real alguno sobre el inmueble a favor del concesionario (artículo 41 de la Ley Forestal); en otras palabras, la autoridad recurrida no puede abstraerse de acatar obligatoriamente las normas que declaran la incorporación automática al patrimonio forestal del Estado de aquellos inmuebles que se les califique como de aptitud forestal, pues esas disposiciones son de aplicación inmediata por el interés público que reviste su contenido, cual es la conservación de los recursos naturales a través del aprovechamiento sostenido y racional de los mismos (artículo 1 de la Ley Forestal), por ello toda adjudiciación que se haya acordado con posterioridad al seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis hasta la actualidad, son nulas, en virtud de que se ha dispuesto de manera indebida sobre terrenos forestalmente protegidos. Vo.- Si las autoridades recurridas estiman que lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Forestal es contrario a la Carta Fundamental, pues establece de manera injustificada que los terrenos cuyo titular sea un organismo de la Administración Pública pasan a formar parte automáticamente al patrimonio forestal del Estado, desde el mismo instante en que se declare la aptitud forestal de los mismos y en consecuencia el interés público por conservarlos, sin que medie indemnización alguna a su favor, ello deberá alegarlo a través de la acción de inconstitucionalidad correspondiente, ya que el control de la constitucionalidad de las leyes no se ejerce por la vía de amparo sino por el medio procesal indicado con anterioridad. ... " De lo expuesto es rescatable por su carácter vinculante, lo expuesto por la Sala en torno a la posibilidad de que ante el tema del desarrollo sostenible, si la parcela tiene bosque éste debe respetarse y por ende, ni dicho ente ni los adjudicatarios pueden abstraerse de aplicar la normativa relacionada con el Patrimonio Natural del Estado del cual pasa a formar parte dada su naturaleza. Sobre esto último puede revisarse la Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República Nº 129-2002 del 12 de setiembre del 2002, la cual, aunque no es vinculante para esta instancia, si es de interés dado que hace alusión a que el adjudicatario debe en conjunto con el IDA proteger el medio ambiente. El análisis en este caso se limitará a lo que es objeto de agravios, puesto que las implicaciones jurídicas en torno a la posibilidad de que esta parcela forme parte del Patrimonio Natural del Estado y por ende, su administración no necesariamente corresponde a dicho ente, deberán dilucidarse en otra sede y mediante otro tipo de proceso. Es de interés rescatar lo expuesto por la Sala en relación con la posibilidad de que en estas parcelas exista bosque en el momento de la adjudicación, situación que se da en la parcela en litis en la que de acuerdo a las probanzas aportadas existe un importante sector de bosque. Ante esta situación, lo procedente es que tanto el Instituto como los adjudicatarios respetaran dicho recurso y no hicieran cambios de uso, pues les es aplicable toda la normativa ambiental, sin que resulte excluida solo por formar parte de un programa de asignación de tierras por parte de un ente cuyos fines son la producción y la distribución de tierras. De acuerdo a ello, no podría catalogarse de "abandono" la actitud pasiva de los adjudicatarios al no destinar ese sector a la agricultura, como lo señala el representante de éstos en la apelación; sin embargo, no se considera esa haya sido la apreciación del Instituto en la resolución recurrida. El enfoque que el ente expone al hacer alusión al abandono está dirigido a aquel sector de la parcela que en el recurso se admite es de 4 hectáreas destinadas desde el momento de la adjudicación a la actividad ganadera. De ser así, y ante las condiciones impuestas por el Instituto propias de la normativa la parcela en lo que él cataloga de "posesión pasiva" queriendo asimilarlo al interés de que se generara con el paso del tiempo en un proceso de regeneración natural, a menos que contara con el visto bueno de la Institución. De acuerdo a las condiciones impuestas en ese tipo de contratos, según los cuales las adjudicaciones de parcelas se hacen para que éstas constituyan el medio de subsistencia de personas o familias que no tienen acceso a propiedad privada, debieron los adjudicatarios a fin de cumplir con las mismas, ocuparse de mantener la actividad agrícola o ganadera que parte del terreno tenía, lo cual en efecto no se hizo y es admitido por el recurrente en la apelación al indicar que desde que se generó la adjudicación sus representados se ocuparon de ejercer una posesión que catalogan de pasiva. Así mismo, es importante aclarar que de acuerdo a los alcances del término de "desarrollo sostenible" que utiliza la Sala Constitucional en la resolución parcialmente descrita, es posible en este caso que los adjudicatarios mantuvieran la actividad agraria existente en la parte de la parcela que no tenía bosque, cumpliendo así con los fines de la Institución, siempre y cuando respetaran la parte que aún conservaba árboles. De toda forma, no consta en autos gestión alguna de los adjudicatarios tendiente a que el Ministerio de Ambiente y Energía los tuviera como beneficiarios del programa de servicios ambientales mediante el cual sus medios de subsistencia se vieran incrementados, ante el alegato de éstos en el sentido de que la escasa área que sí podían destinar a la actividad agraria no les permitía desarrollar ésta en forma rentable. Los argumentos expuestos en torno a la existencia de animales salvajes propios de áreas con bosque, existentes en esa zona, que podrían poner en amenaza la vida de los semovientes no es suficiente para tener por justificado el abandonar la actividad agraria y dejar que ese pequeño sector se convirtiera en bosque secundario. Ciertamente, los testigos ofrecidos por los administrados, señores [Nombre6] y [Nombre7] , de manera idéntica declararon que el señor [Nombre2] , sin citar a la adjudicataria, tenía destinada la parcela a pastizales pero los dejó para que se convirtieran en tacotal manteniendo los carriles de las colindancias (folios 25 y 23), lo cual en principio podría considerarse es loable su actitud de conservar los recursos naturales. En realidad no lo es así para este Tribunal, pues no constan elementos objetivos suficientes para concluir eso. Nótese, el primer deponente cita que el señor [Nombre3] "... hace tiempo había sacado un plan de manejo de la montaña." (folio 25), el cual no fue aportado como prueba. La existencia de ese plan de manejo, lejos de ser considera una afectación a los recursos naturales, hubiera permitido concluir que protegiendo el bosque existente, uno de los adjudicatarios hizo trámites para incrementar sus ganancias mediante la obtención de recursos económicos para asegurar su subsistencia pero no se acredito se hiciera ese trámite lo cual es relevante pues los adjudicatarios debieron acreditar que sus omisiones realmente eran intencionales y no actos de abandono. Al no aportarse prueba, y estando ahí el bosque, en el mejor de los casos se puede concluir que se pretendía proteger el bosque; pero eso no es suficiente para separarse de la conclusión a la que arribó el IDA en el sentido de que la parcela estaba en abandono, pues la parte que se pudo haber explotado agrariamente, de manera acorde con el desarrollo sostenible, se han convertido en tacotales. Respecto a éstos, tampoco cabe la justificación del representante de los adjudicatarios, menos aún lo dicho por los testigos en el sentido de que el Ministerio de Ambiente y Energía no permitiría la explotación de los mismos, puesto que es hasta cierto nivel de desarrollo de la vegetación que crece mediante un proceso de regeneración natural puede catalogarse como de tacotales, el cual para que llegue a esa madurez requiere de una evidente actitud pasiva de los adjudicatarios, la cual se traduce como abandono en este caso en particular pues era un sector de la parcela dedicado a la actividad agraria, siendo ese el fin que debió mantenerse en la parcela para ser conteste con las condiciones que mediaron en la adjudicación, al ser éste un contrato especial en esta materia. Diferente hubiera sido la situación si los adjudicatarios hubieran demostrado en autos, contaban con el visto bueno de la Institución para que, al momento en que se generó la adjudicación, éstos dejaran la parcela en proceso de regeneración natural sin explotación agraria alguna, o bien, que aún cuando se hizo la asignación, ésta en su totalidad era de bosque en cuyo caso un cambio de uso hubiera contravenido la normativa forestal vigente. La situación actual de la parcela, con gran parte de bosque y un sector de tacotales o de bosque secundario deberá ser definida por la Institución conforme a su destino, respetando la normativa ambiental, luego de la firmeza de esta resolución, bajo su responsabilidad, de conformidad con lo expuesto por la Sala Constitucional en la resolución citada. Esa decisión es ajena al Tribunal en la medida de que lo que interesa determinar es si en efecto medio abandono por parte de los adjudicatarios. Sobre esto último, lo resuelto por el IDA es compartido en esta Sede por las razones apuntadas líneas atrás, aunado al hecho de que el propio [Nombre2] al declarar ante el IDA como parte del procedimiento administrativo admitió el estado de abandono en que dejó la parcela en general por muchos años:"... Que hace aproximadamente casi doce años que me vine del lugar, fue a inicios del año 1994 ... le daba permiso a un vecino para que tuviera ganado ahí, yo le regalaba el pasto, y él a cambio de vez en cuando limpiaba las rondas, otras veces lo hacía yo o le pagaba a alguien para que lo hiciera. ... Debido a que alquilé la finca de Rancho Quemado es que tuve que venirme de ahí." (folio 18). Por esa razón tampoco se considera la inspección de campo realizada por personeros del Instituto no responda a la realidad.- V.- Por lo expuesto, en lo apelado deberá confirmarse la resolución apelada. De oficio, ha de reconocerse el derecho de los adjudicatarios de que el IDA les reconozca las mejoras necesarias y útiles que éstos demuestren haber introducido a la parcela, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Tierras y Colonización.-

POR TANTO:

En lo que ha sido objeto de apelación, se confirma la resolución dictada por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario dictada a las diez horas del ocho de agosto del dos mil seis, que responde al acuerdo número cinco tomado en sesión número veinticinco, artículo cinco, del tres de agosto del citado año, por dicha Junta. Debe el Instituto de Desarrollo Agrario cancelar a los adjudicatarios el valor de las mejoras necesarias y útiles que éstos demuestren haber introducido a la parcela en litis.- DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ MAGDA DÍAZ BOLAÑOS CARLOS BOLAÑOS CÉSPEDES [Nombre8] PROCESO:// RECURSO JERARQUICO IMPROPIO ACT:// [Nombre2] Y OTRA DEM:// I.D.A.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Land Tenure and TitlingTenencia y Titulación de Tierras
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Decreto Ejecutivo 17023 Tivives Protective Zone
      • Ley 2825 Land and Colonization Law
      • Ley 7575 Forestry Law

      Este documento cita

      • Decreto Ejecutivo 17023 Declara Zona Protectora Tivives
      • Ley 2825 Ley de Tierras y Colonización
      • Ley 7575 Ley Forestal

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