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15/05/2025
OutcomeResultado
The judgment is partially annulled: retrial is ordered on the simulation fraud charges, the co-defendant's acquittal is overturned, the convicted defendant's penalty and conditional execution are vacated for redetermination, and the lower court must rule on possessory restitution. The declared instrumental falsehoods are upheld.Se anula parcialmente la sentencia: se ordena reenvío para nuevo juicio sobre los hechos de fraude de simulación, se anula la absolutoria del coimputado, se anula la pena y la ejecución condicional de la condenada, y se ordena pronunciamiento sobre restitución posesoria. Se confirman las falsedades instrumentales declaradas.
SummaryResumen
The Criminal Appeals Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José reviewed the appeals against judgment 662-2024, which had convicted a notary for aggravated fraud in ideal concurrence with ideological falsehood and acquitted the other defendant on reasonable doubt. The court partially granted the appeals of the private prosecutor and civil plaintiff, overturning the co-defendant's acquittal and ordering a retrial on the simulation fraud charges. It upheld the notary's conviction but annulled the sentencing and conditional execution benefit for redetermination, finding axiological contradiction and insufficient reasoning. It also annulled the decision on possessory restitution of the properties, ordering the trial court to rule on the victim's requests. The defense appeals were dismissed, affirming the declaration of instrumental falsehood and the cancellation of the fraudulent registry entries.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José conoció los recursos contra la sentencia 662-2024, que había condenado a una notaria por estafa mayor en concurso ideal con falsedad ideológica y absuelto por duda al otro imputado. En lo principal, declaró parcialmente con lugar los recursos de la querellante y actora civil, anulando la absolutoria del coimputado y ordenando el reenvío para nuevo juicio sobre los hechos de fraude de simulación. Confirmó la condena de la notaria pero anuló el extremo de la pena y el beneficio de ejecución condicional para su redosificación, al encontrar contradicción axiológica y falta de fundamentación. También anuló la decisión sobre restitución posesoria de los inmuebles, ordenando al tribunal de origen pronunciarse sobre las peticiones de la parte ofendida. Rechazó los recursos de la defensa, confirmando la declaratoria de falsedad instrumental y la supresión de los asientos registrales fraudulentos.
Key excerptExtracto clave
It is noted that regarding [Name 077], the trial court failed to apply the principle of free evaluation of evidence, set forth in Article 182 of the Code of Criminal Procedure, which provides: “Facts and circumstances of interest for the correct resolution of the case may be proved by any permissible means of evidence, except as expressly prohibited by law.” Instead, it adopted a system of weighted evidence by ruling that the credibility of [Name 107]’s testimony—asserting that her brokerage held an exclusive sales contract for the two properties, with signage and regular maintenance by a crew that checked the signs and fences, cut the grass, and paid taxes—depended on the testimony of a direct witness, specifically employee [Name 111], to corroborate the maintenance of the lots. This Chamber cannot share the lower court's analysis, since it demanded a specific quantity and type of evidence to validate a witness, relying on a weighted evidence system that, as is well known, does not govern our criminal procedural system, without it being possible to understand what reasonable doubt the court entertained. The arguments put forward by the trial court reveal an axiological contradiction, because each of the stated reasons brings to light various grounds which, under Article 71 of the Criminal Code, would be sufficient to impose a higher penalty, potentially up to ten years of imprisonment. Despite acknowledging that the defendant’s material acts harmed the property of foreign investors, involving two high-value lots, and undermined trust in the country’s registry security and image by a public notary with heightened legal and moral duties, the court set forth a series of considerations that collectively point unequivocally to a higher degree of reproach for the defendant’s conduct, yet imposed a three-year penalty that lacks proportionality and reasonableness with the blameworthiness of her behavior.Se advierte que en lo tocante a [Nombre 077] el tribunal desaplicó el principio de libertad probatoria, previsto en el ordinal 182 del Código Procesal Penal, el cual estipula que: “Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa de la ley” y, en su lugar partió de un criterio de prueba tasada al establecer que, la credibilidad del dicho de [Nombre 107] –en cuanto aseveró tener un contrato de exclusividad para la venta de las dos fincas, contando no solo con la rotulación de la empresa de correduría de su padre, sino además se le brindaba el servicio de mantenimiento por parte de una cuadrilla que, con regularidad revisaban los terrenos y verificaban el estado de los rótulos y la cerca, encargándose además de la corta del césped y el pago de los impuestos– dependía del testimonio de algún testigo directo, en concreto del funcionario [Nombre 111], para así corroborar el mantenimiento de los lotes. Esta Cámara no puede compartir el análisis que al respecto hizo el a quo, al exigir una determinada cantidad y tipo de prueba para validar un testimonio, partiendo de un sistema de tasación que, es bien sabido, no sigue nuestro sistema procesal penal, sin que se logre comprender cuál es la duda razonable que tuvo el tribunal. Los argumentos esbozados por el tribunal permite considerar la existencia de una contradicción axiológica, porque cada una de las razones expuestas se dirigen a poner de manifiesto distintos motivos que, al amparo de lo dispuesto por el artículo 71 del Código Penal, serían suficientes para imponer una pena mayor, que podría ser de hasta diez años de prisión. Pese a reconocer que las acciones materiales realizadas por la imputada afectaron el patrimonio de extranjeros inversionistas, sobre dos fincas de una valía muy alta, afectando la confianza en la seguridad registral del país como su imagen por una fedataria pública, con obligaciones legales y morales mayores, exponen una serie de argumentos que, en conjunto señalan inequívocamente hacia un mayor grado de reproche hacia la acusada por su conducta, pese a lo cual le fijan un monto de tres años que no guarda proporcionalidad ni razonabilidad con el reproche de su comportamiento.
Pull quotesCitas destacadas
"Se advierte que en lo tocante a [Nombre 077] el tribunal desaplicó el principio de libertad probatoria... y en su lugar partió de un criterio de prueba tasada."
"It is noted that regarding [Name 077], the trial court failed to apply the principle of free evaluation of evidence... instead adopting a weighted evidence criterion."
Considerando IV, apartado B)
"Se advierte que en lo tocante a [Nombre 077] el tribunal desaplicó el principio de libertad probatoria... y en su lugar partió de un criterio de prueba tasada."
Considerando IV, apartado B)
"No puede compartir esta cámara la apreciación del a quo sobre dicho particular porque es notable que la imputación sí describe los elementos objetivos del fraude de simulación."
"This chamber cannot share the lower court's assessment on this point because the accusation clearly does describe the objective elements of simulation fraud."
Considerando VII, apartado A)
"No puede compartir esta cámara la apreciación del a quo sobre dicho particular porque es notable que la imputación sí describe los elementos objetivos del fraude de simulación."
Considerando VII, apartado A)
"Los argumentos esbozados por el tribunal permite considerar la existencia de una contradicción axiológica, porque cada una de las razones expuestas se dirigen a poner de manifiesto distintos motivos que... serían suficientes para imponer una pena mayor."
"The trial court's reasoning reveals an axiological contradiction, because each of the stated reasons brings to light various grounds which... would be sufficient to impose a higher penalty."
Considerando IX, apartado B)
"Los argumentos esbozados por el tribunal permite considerar la existencia de una contradicción axiológica, porque cada una de las razones expuestas se dirigen a poner de manifiesto distintos motivos que... serían suficientes para imponer una pena mayor."
Considerando IX, apartado B)
"Es decir, para acoger un reclamo civil no es necesario que se configure el injusto penal ya que, a diferencia de lo penal,... el hecho generador de la responsabilidad civil es el daño ocasionado y no el carácter delictivo de la conducta."
"In other words, to uphold a civil claim it is not necessary to establish a criminal wrong, since, unlike criminal liability,... the triggering fact for civil liability is the harm caused, not the criminal nature of the conduct."
Considerando X
"Es decir, para acoger un reclamo civil no es necesario que se configure el injusto penal ya que, a diferencia de lo penal,... el hecho generador de la responsabilidad civil es el daño ocasionado y no el carácter delictivo de la conducta."
Considerando X
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Resolution: 2025-0769 Case File: 14-000380-0175-PE(12) CRIMINAL SENTENCING APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at two thirty-five in the afternoon, on the fifteenth of May, two thousand twenty-four.
APPEAL filed in the present case against [Name 047], known as [Name 047], of legal age, Costa Rican, attorney, holder of identity card number [Value 001], born in Costa Rica, San José, on October 26, 1968, daughter of [Name 086] and [Name 087], resident of Guanacaste, Liberia; and [Name 077], of legal age, married twice, businessman, identity card number [Value 002], son of [Name 088] and [Name 089], resident of Santa Ana, married; for the crime of FRAUD AND OTHERS, to the detriment of [Name 084] AND OTHERS. Judge Alejandra Valenciano Chinchilla and Judges Edwin Esteban Jiménez González and Rafael Mayid González González participate in the decision of the appeal. Appearing before this court were Attorney Desireé Rodríguez Becerra as public defender of the accused [Name 047], Attorney Horacio Mejias Portuguez as private defense counsel for the accused [Name 077], Dr. Alfonso Navas Aparicio as Special Judicial Representative of the private prosecutor, Attorney Aymará Fernández Madrid as Special Judicial Representative of the civil plaintiffs, and Attorney Ruth Maria Quesada Quesada as representative of the Public Prosecutor's Office.
WHEREAS:
I.- That by judgment number 662-2024, at eight thirty in the morning on the twenty-second of August, two thousand twenty-four, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of San José, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 1, 11, 21, 22, 30, 45, 50, 71, 75, 76, 216 subsection 2), 366, 367 and 372 of the Criminal Code; 1 to 15, 32, 33, 142, 175 to 179, 184, 258, 265, 267, 324 et seq. and concordant, 492 of the Criminal Procedure Code; 122, 124, 125, 129 of the Current Rules on Civil Liability of the 1941 Criminal Code, pursuant to Law No. 4891; 1045, 1048 and 1163 of the Civil Code; 1 subsection a) of the Law on Distribution of Confiscated and Forfeited Assets No. 6106; and 16, 39 and 42 of the Decree on the Tariff for Attorneys' and Notaries' Fees No. 41930-JP and other cited norms, by unanimity of the votes cast, it is resolved: 1° The exception of material res judicata regarding the civil claims related to the request for a declaration of instrumental falsehood of the questioned deeds is declared without merit. 2° [Name 047] is declared a co-perpetrator responsible for ONE CRIME OF MAJOR FRAUD IN IDEAL CONCURRENCE WITH ONE CRIME OF IDEOLOGICAL FALSEHOOD, as reclassified, to the detriment of CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO SL, Costa Rican legal identification number 3-012-552704, represented by [Name 327] and, ultimately, against ENTRECAMPOS UNO SL, and, in that capacity, she is sentenced to THREE YEARS OF IMPRISONMENT, TWO YEARS FOR THE CRIME OF FRAUD INCREASED BY ONE YEAR OF IMPRISONMENT FOR THE AFOREMENTIONED FALSEHOOD, which she shall serve in the place and manner indicated by penitentiary regulations, with credit for preventive detention served. As she meets the requirements for it and there is no objection from the prosecuting entity, the convicted person is granted the benefit of conditional execution of the sentence imposed for a term of FIVE YEARS, a benefit that will be revoked if, during said probationary period, she commits a new intentional crime punishable by more than six months of imprisonment. 3° In application of the Universal Principle of In Dubio Pro Reo, [Name 077] IS ACQUITTED of the crimes of UNLAWFUL ASSOCIATION, IDEOLOGICAL FALSEHOOD, SIMULATION FRAUD, and MAJOR FRAUD, which the private prosecutor had been attributing to him to the detriment of CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO SL, Costa Rican legal identification number 3-012-552704, represented by [Name 327] and, ultimately, to the damage of ENTRECAMPOS UNO SL, as was charged. 4° Regarding the civil action for damages filed, it is resolved: a) With respect to the civil defendant [Name 002], no ruling is made. b) With respect to the civil defendants [Name 077] in his personal capacity and representing the company Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima; the exceptions of lack of active and passive standing, and lack of right are upheld. Consequently, the civil action for damages filed against them is declared without merit. c) With respect to the civil defendant [Name 047], the exceptions of lack of active and passive standing and lack of right are declared without merit. Likewise, the aforementioned claim is declared with merit in the following terms: 1) The claim for loss of ownership of the property is upheld, understood as the impossibility of disposing of both properties from the moment of the registry dispossession (June 18, 2013) until its effective payment; this claim is upheld in the abstract, so it must be quantified in the civil venue during the execution of sentence. 2) The claim for moral damages (daño moral) in favor of [Name 084] in his personal capacity is upheld, for the amount of fifteen million colones. The claim is understood to be dismissed regarding all those claims on which no express ruling has been made. 3) Regarding interest, this claim is upheld on the amounts granted in this judgment from the moment the ruling becomes final and until its effective payment. Such interest corresponds to that paid by the Banco Nacional de Costa Rica for six-month certificates of deposit. d) The precautionary measures of provisional possession of the properties in question and the seizure requests are rejected. 4° The INSTRUMENTAL FALSEHOOD is declared for the following deeds: a) Deed number 317-3 of the notary [Name 047], in which she falsely inserted that [Name 084] appeared before her, in his capacity as unlimited general power of attorney of the offended company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., in its capacity as owner of the properties with registration number [Value 005] and number [Value 004] of the San José Registry and that they were fraudulently sold, for the sum of 1,700,000.00 colones each, to the co-defendant [Name 002] (dismissed due to death). Consequently, the instrumental falsehood of the certified copy of said deed is declared, which was presented to the Real Property Registry on June 19, 2013, under volume 2013 entry 00154808, ordering its SUPPRESSION from the Real Property Registry. b) Deed number 47 and number 48 of the notary Karla Vanessa Brenes Siles, in which it is falsely inserted that [Name 002] appeared before her, who falsely indicates that he is the legitimate owner of the properties of the Province of San José, registrations number [Value 005] and number [Value 004], which he sells to the Company Corporación Magno Futuro S.A. represented by [Name 077]. Consequently, the instrumental falsehood of the certified copies of both deeds is declared, which were presented to the Real Property Registry on July 22, 2013, and whose presentation details are: [Value 007] and [Value 008] respectively, ordering their SUPPRESSION from the Real Property Registry, as well as that of any subsequent transfer, annotation, or encumbrance. With the sole exception of the annotation of the ORDINARY CIVIL CLAIM CITATION: [Value 006] (on property 1-[Value 004]) and CITATION [Value 006] (on property [Value 005]). In addition to the foregoing: it is ordered to note in the margin of the protocols of the aforementioned notaries the note declaring the falsehood of said deeds. Ultimately, it is ordered that the properties of the Province of San José with registrations number [Value 005] and number [Value 004] be restored registry-wise to their original owner prior to the commission of the crime, (CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO SL, Costa Rican legal identification number 3-012-552704), represented by [Name 327]. 5° Regarding costs: a) In relation to the costs of the private prosecution and the civil action filed against [Name 077], in his personal capacity and representing the company Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, no special order is made as to costs. b) In relation to the costs of the private prosecution and the civil action filed against [Name 047], the defendant is ordered to pay both costs. The personal costs of the private prosecution are set at the amount of 726,000.00 colones. The personal costs of the civil action, having claims declared in the abstract, will be quantified in the respective venue. Regarding the procedural costs of the private prosecution and the civil action, only the expenses of the official expert Xinia Monge Rodríguez were liquidated for the sum of 922,984.00 colones, an amount that is granted. The claims upheld as liquid and enforceable sums must be paid by the defendant within fifteen days after the judgment becomes final. In case of failure to do so, the interested party is authorized to resort to the civil venue to execute what has been resolved. Once this judgment is final, communicate what has been resolved to the Notarial Archive (Archivo Notarial), so they may proceed to note in the margin of the original of the deeds described above the corresponding note, warning of their falsehood. Likewise, to the National Directorate of Notaries (Dirección Nacional de Notariado) regarding the conviction of the public notary [Name 047]. Once the judgment is final, any object seized in this case that does not constitute evidence must be removed by whoever proves a better right within the term of three months; otherwise, its forfeiture to the State will be ordered, and it must be delivered to the Judicial Supply Office (Proveeduría Judicial) which will determine its destination. Material constituting evidence will be preserved until the sentence imposed is served. Once this resolution is final, certified copies of the judgment will be issued for the Sentence Execution Court (Juzgado de Ejecución de la Pena) and the National Institute of Criminology (Instituto Nacional de Criminología), for their respective duties. The respective registration will be made with the Judicial Registry (Registro Judicial), and the convicted accused herein will be placed at the order of Social Adaptation (Adaptación Social), upon preparation of the sentence liquidation order. The costs of the process shall be borne by the State. Notify by reading." (sic).
II.- That against the preceding pronouncement, Attorney Desireé Rodríguez Becerra as public defender of the accused [Name 047], Attorney Horacio Mejias Portuguez as private defense counsel for the accused [Name 077], Dr. Alfonso Navas Aparicio as Special Judicial Representative of the private prosecutor, and Attorney Aymará Fernández Madrid as Special Judicial Representative of the civil plaintiffs, filed appeals.
III.- That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal.
IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.
Drafted by Judge Valenciano Chinchilla,
WHEREAS:
I.– The Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of San José issued judgment number 662-2024, at 08:30 hours, on August 22, 2024, by which it ordered the following: i) in application of the universal principle in dubio pro reo, it acquitted the accused [Name 077] of the crimes of unlawful association, ideological falsehood, simulation fraud, and major fraud attributed to him to the detriment of Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro SL, declaring the civil action for damages filed against him without merit, upholding the exceptions of lack of active and passive standing, and lack of right; ii) it declared [Name 047] a co-perpetrator responsible for a crime of major fraud in ideal concurrence with an ideological falsehood, as reclassified, to the detriment of Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., imposing a sentence of three years of imprisonment, granting her the benefit of conditional execution of the sentence for a term of five years, declaring the civil action for damages with merit, upholding the claims for loss of ownership of the property in the abstract and moral damages (daño moral) in the sum of fifteen million colones, plus the payment of interest; iii) it declared the instrumental falsehood of deeds number 317-3 of notary [Name 047], and 47 and 48 of notary Karla Vanessa Brenes Siles, ordering that the properties of the province of San José, registrations number [Value 005] and [Value 004], be restored to their registered owner Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro SL and; iv) it resolved matters relating to the payment of procedural and personal costs of the private prosecution and the civil action for damages filed. The following appeals were filed against the cited ruling: a) Attorney Désirée Rodríguez Becerra, in her capacity as public defender of the accused [Name 047], by means of a brief found on folios 3126 to 3135, filed on September 13, 2024; b) Attorney Horacio Mejías Portuguez, in his capacity as private defense counsel for the accused [Name 077] and the civil co-defendant Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, by means of a brief found on folios 3136 to 3153, filed on September 18, 2024; c) Dr. Alfonso Navas Aparicio, in his capacity as special judicial representative of the private prosecutor Entrecampos Uno S.L and [Name 327], by means of a brief found on folios 3273 to 3311, received on September 19, 2024 and; d) Attorney Aymara Fernández Madrid, in her capacity as special judicial representative of the civil plaintiffs Entrecampos Uno S.L and [Name 327], brief found on folios 3312 to 3349, filed on September 19, 2024. According to Article 437 of the Criminal Procedure Code, “…judicial resolutions shall be appealable only by the means and in the cases expressly established.” For its part, Article 458 provides that: “All judgments and dismissals issued during the trial phase that resolve criminal, civil, incidental aspects, and others determined by law are appealable.” In this case, full compliance with the requirements of objective and subjective impugnability has been verified, and it is further evident that the four appeals were duly filed in a timely manner and in proper form, in consideration of which we proceed to hear the grievances. It is worth noting that, once the aforementioned appeals were served, a response was received from: a) Attorney Ruth María Quesada Quesada, as appeals prosecutor, in a brief found on folios 3454 to 3460 and 3461, requesting that the public defense's appeal be declared without merit, omitting a ruling on the other appeals. b) Attorneys Alfonso Navas Aparicio and Aymara Fernández Madrid, in their capacity as special judicial representatives of the private prosecutor and civil plaintiff Entrecampos Uno S.L and [Name 327] respectively, by means of briefs found on folios 3462 to 3469 and 3470 to 3479.
II.– ORAL HEARING. As requested by the representative of the private prosecutor, on November 13, 2024, an oral hearing was held in this matter. Present at the hearing were the accused [Name 077], together with his private defense counsel, Attorney Horacio Mejías Portuguez, Attorney Desireé Rodríguez Becerra as public defender of the defendant [Name 047], Attorney Yamileth Ramírez Rodríguez representing the Public Prosecutor's Office, Dr. Alfonso Navas Aparicio representing the private prosecutor, and Attorney Aymara Fernández Madrid representing the civil plaintiff. The court was composed of Judge Edwin Jiménez González and Judges Rosa María Acón Ng and Cinthya Ramírez Angulo. It has been considered that, during the hearing, the parties presented and ratified the arguments set forth in writing, without expanding upon or modifying them, and no evidence was produced. Currently, Judge Ramírez Angulo is not appointed to the office and Judge Acón Ng is on a promotion assignment at the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, being replaced by Judge Rafael Mayid González González, who joins the section with Judge González Jiménez and Judge Alejandra Valenciano Chinchilla, who is substituting for Judge Rosa Acón Ng. This replacement does not affect the procedural interests or guarantees of the parties, because, as previously indicated, it has been corroborated that during the oral hearing the grounds for appeal were not expanded, nor was testimonial, expert, or documentary evidence produced, and therefore the principle of orality is not infringed, as the Constitutional Chamber has stated through resolution number 17553 of November 30, 2007: “…In this case, the query regarding the constitutional conditions for the participation of the same cassation judges in the oral hearing and in the decision on the merits of that appeal is raised. The query raised is answered in the sense that the criterion issued by this Chamber in judgment 6681-96 of three thirty in the afternoon on December tenth, nineteen ninety-six, is maintained, in that it indicates that it is constitutionally valid that in those cassation oral hearings in which no evidentiary elements are received orally or in which the arguments of the parties are already in writing, without anything new being contributed, other judges, different from those who participated in the hearing, may intervene at the time of making the decision, if and only if, they are in a position to do so and there are justified reasons (which must be recorded) that prevent those who were present at the oral hearing from meeting shortly thereafter to study and resolve the matter.” (In this same vein, review the resolution issued by this same Constitutional Court under number 12593-2011 at 3:44 p.m. on September 20, 2011). In addition to the foregoing, for the resolution of this matter, the recordings of the corresponding oral hearing have been examined, contained in the audio and video file identified as 140003800175PE-13112024013807-2_ Multi--1.wmv. Thus, given the need not to delay the resolution of the matter, we proceed to vote on it with the participation of the aforementioned judges.
III.– OFFER OF EVIDENCE. Attorney Navas Aparicio, in a brief filed with the Document Reception Office of the Second Judicial Circuit of San José, at 12:58 p.m., on November 13, 2024, found on folios 228 to 230 of the appeal file created for this purpose, which he again filed with this office on November 14 of the same year, at 10:00 a.m., found on folios 231 to 232, offers as evidence for a better resolution the certificate from the Spanish Tax Agency, with reference number 20248716704, dated October 3, 2024, “which certifies that the company Entrecampos Cuatro Socimi Sociedad Anónima, with tax identification number NIFA84193531, is up to date with its tax payments.” It mentions that said company has no relationship whatsoever with this process; however, the accused and his company indicated in their appeal that this entity is pending compliance with obligations before said agency. Although it acknowledges that the introduction of said company into this process is illogical, the certification attached as novel evidence demonstrates the procedural recklessness of the accused party and its intentions to divert the courts' attention. For his part, Attorney Horacio Mejías Portuguez, in his capacity as private defense counsel for the accused [Name 077] and the civil co-defendant Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, provided a series of pieces of evidence in the appeal brief, found on folios 51 verso to 75 front of the appeal file created for this purpose. It is resolved: The evidentiary activity in the appeal phase of a criminal sentence is directly linked to the comprehensive review of the judgment. This is because what this means of challenge seeks and guarantees is broad control and comprehensive review of the appealed judgment, as well as the trial that preceded it. Hence, this does not constitute a new plenary hearing or a phase in which evidence must be produced, so that in the appellate venue it is not legally permissible to conduct a new debate; rather, what is appropriate is to broadly and comprehensively review and control the criminal judgment issued by the Trial Court based on the oral and public debate on which it was based. By virtue of the foregoing, Article 464 of the procedural code establishes that what is appropriate during the appeal phase is the examination of the records of the debate and, obviously, of the judgment, making it possible for the appellant to offer “in the brief filing the appeal, new evidence regarding the facts subject to the process or the manner in which an act was performed, when it contradicts what is indicated in the proceedings, in the record, in the records of the debate, or the judgment itself.” Thus, said norm expressly establishes that, exceptionally, the reception of new evidence is possible, such a scenario being legally viable only in the following cases: i.- the evidence was offered in its proper time, but despite this, it was arbitrarily rejected; ii.- evidence that appears as novel after the judgment was issued; iii.- that which, although pre-existing, was not effectively able to be offered by the interested party at the time and; iv.- when, sua sponte, it is considered that the evidence is pertinent and useful for verifying the grievances. From the foregoing, it follows that any offer of evidence made outside the brief filing the appeal is inadmissible as untimely, as has occurred with the evidence offered by the representative of the private prosecutor. Furthermore, it is noted that it does not comply with any of the criteria for admitting it in this instance, since the party has even expressly alluded that the corporation does not even have a relationship with the present process, thus lacking pertinence and utility in relation to the appeal filed, making its rejection necessary. The same fate awaits the evidence attached by Attorney Mejías Portuguez, who did not even offer it expressly in his appeal, much less justified its relevance, pertinence, and utility in light of his allegations. Based on the foregoing, the evidence offered by Dr. Alfonso Navas Aparicio and by Attorney Horacio Mejía Portuguez is rejected.
IV.– Appeal filed by Attorney Désirée Rodríguez Becerra, in her capacity as public defender for the accused [Name 047]. As the sole ground, she alleges violation of the in dubio pro reo principle and disregard of the rules of sound criticism, regarding the reasons why her client was considered to have acted willfully, pursuant to articles 9, 142, 184, 363, 437, 438, 439, 458, 459, 460, 462, and 465 of the Criminal Procedure Code; articles 36, 39, and 41 of the Political Constitution; 14.5 of the International Covenant on Civil and Political Rights; and 8 of the American Convention on Human Rights. Her client was convicted of the crime of aggravated fraud in ideal concurrence with ideological falsehood because, in her capacity as notary, she drafted a deed, knowing that Mr. [Name 084] did not appear before her nor sell to Mr. [Name 002] the properties registered under real folio numbers [Value 005] and [Value 004]. At trial, it was discussed that, although [Name 047] drafted said deed, she did so under deception, since one of the appearing parties claimed to be Mr. ([Name 084]) and presented an identity document that supported that claim. The trial court dismissed the statement the defendant gave in her defense, explaining that she was unaware that the transaction was fraudulent, based on flawed reasoning, ignoring the existence of a reasonable doubt regarding her willful participation and, concurrently, reversed the burden of proof. The judges considered it hardly credible that a notary unconnected to the criminal group would be sought out and a false passport fabricated, a line of reasoning related to the first point of the proven facts, asserting that there was an agreement between her client and Mr. [Name 002] to dispossess the victim of two properties, questioning from which elements they derived the existence of such an agreement for a fraudulent dispossession, since not a single one exists that establishes that knowledge to support the court's assertion; instead, willfulness was presumed. She challenges the conclusion that it was unlikely that a person unconnected to the criminal structure would be sought out to draft the public instrument, without providing reasoning regarding the body of evidence, especially since it is possible that they sought to have the fewest number of people know about the plan, to avoid generating a greater risk, and approached a notary as soon as possible to seize the opportunity for the fraudulent transfer, she being unaware that the appearing parties were not who they claimed to be. Nor is it improbable that a false passport was fabricated, because according to experience, this type of crime is characterized by the sophistication of the plan, drafting documents, constructing the façade of a lawful transaction when it is not, and even involving the National Registry. On page 40 of the judgment, reference was made to the existence of a copy of the passport in the reference file, for which her client's version was taken into account—who stated that she did have it, but having had her office raided on several occasions for other cases, it was seized—considering that if that were so, it was a matter of indicating the case number to have it submitted, thus reversing the burden of proof, disregarding that it is the prosecution's responsibility to prove the person's knowledge of the illicit nature of the purchase-sale, which was not achieved with the evidence, and it was not [Name 047] who had to confirm her lack of knowledge. Her client provided a reasonable explanation for not providing the reference protocol and could not remember in which case it was seized, due to the time elapsed and the number of preliminary investigations, making it impossible for her to provide that information or submit the seizure record. Contrary to the foregoing, it was not discredited that she did not keep it, or that it was not seized from her; however, she was required to prove such situations, exempting the opposing party from that duty. The judges demanded a precaution from her that, at that time, she did not know she had to take, because even though she declared that all the judicial proceedings regarding fraudulent deeds in which she has been involved have [Name 096] as a common denominator, she did not know that when that person and his acquaintances requested her services, but rather arrived at that conclusion when she became aware of the criminal cases against her, so she had no prior reason to take extreme measures. She challenges the trial court's assertion that the defendant did not have before her the passport of the victim [Name 084] because it was always in his possession in Spain and, furthermore, she would have noticed that it expired on 06/02/2010, describing this as speculation, because she declared having been deceived and was presented with a document whose data matched the individual who appeared before her, providing the testimony of [Name 099], who declared that people in [Name 096]'s circle used to use false identity documents and have contacts in Immigration and Foreign Affairs who provided them with data on foreigners. The genuine passport could have been in its holder's hands, without excluding the possibility that a false one, with an expiration date far from reality, was presented to her to give the transaction an appearance of legality, relying on the statements of the defendant and the prosecution witness Karla Vanessa Brenes Siles, who declared that there are no platforms for verifying foreign documents, thus preventing corroboration of whether the presented document corresponded to the real one. She states that the defendant never said that [Name 096] was directly related to the drafting of deed 317 of her third protocol, because by the time [Name 002] appeared at her office, that person had died; however, she did say that the deeds she drafted that resulted in criminal cases had the common element that they involved people referred by [Name 096] and that, after speaking with [Name 099], he informed her of certain fraudulent details regarding the dealings of [Name 096] and the people in his circle, learning only after having drafted those deeds that she was used by a group of people dedicated to carrying out fraudulent dealings and that one of those people was [Name 002]. That [Name 096] had died by the time [Name 002] appeared at her office does not exclude or dismiss the possibility that the latter had been referred years earlier by [Name 098], that he was part of his circle, or that the accused knew the deal was fraudulent. The testimony of [Name 099], who was [Name 096]'s driver, was considered complacent because he declared nothing about deed 317, providing information on peripheral aspects of the accused's statement, which was omitted by the judges in their judgment, justifying it based on alleged inconsistencies, despite having reported that he suffered traumatic events that affected his memory. The importance of this witness was having allowed an explanation that [Name 096] and his associates engaged in fraudulent dealings with other people's properties, structuring an organization where false documents were fabricated and lawyers and notaries who were unaware of the illegalities were used. She challenges the assessment made regarding the existence of the notarial matrix and indices, since in her opinion it is an indication of her belief in the legality of the transaction. This situation, added to the lack of evidence attesting to an agreement between her client and [Name 002] and that the accused could not provide her reference protocol, generates doubt. She criticizes the failure to provide reasons for considering that having submitted the notarial index outside the stipulated deadline is a piece of evidence against her. In summary, she challenges that throughout the judgment all doubts regarding the proof of the subjective element of the crime charged were overlooked, reversing the burden of proof since, despite providing reasonable explanations, the defense was required to prove situations when its position does not obligate it to do so, while, concurrently, the prosecution was relieved of establishing those aspects that, given its role and interest in the process, it should have done. Furthermore, a capricious and fragmented analysis was made of the statement of the accused and the witness [Name 099] in order to make it appear there were contradictions and inconsistencies that, from a comprehensive analysis, it is clear never existed. All of the foregoing with the aim of justifying a conviction that would not have occurred had the evidence been analyzed in light of the rules of sound criticism and the in dubio pro reo principle. She requests that the appeal be granted and the judgment be annulled regarding the criminal and civil conviction entered against her client. Dismissed. As a starting point, it is evident that it was not the subject of any controversy—including by the defendant herself—that deed 317-3 of her third protocol was not executed by Mr. [Name 084], in his capacity as unlimited general agent of Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., selling to [Name 002] the properties of the San José district, real folio numbers [Value 005] and [Value 004], for the sum of one million seven hundred thousand colones each, given that there was evidence showing that the signature placed in his name was not made by him, as proven by expert report DCF:2017-00376-AED, as well as by the statement of the victim himself, since on the date of execution—June 2013—he was not in Costa Rica, but rather entered the country on December 10 of that year, corroborated by the certification from the General Directorate of Immigration and Foreign Affairs, making it absolutely clear that the indicated deed is false, as is the issued certified copy that was presented to the Real Property Registry. The point under controversy has revolved around one thematic axis, namely, whether the accused was deceived or induced into error or, as the public and private prosecutors have maintained, she acted willfully with functional co-dominion over the act together with [Name 002] and [Name 077]. This very aspect was explored by the adjudicating body, for which it suffices to read the judgment, explaining the arrival at a state of certainty that [Name 047] participated willfully in the alleged actions, rejecting that she was taken by surprise in her good faith by the identity theft of Mr. ([Name 084]). From the appeal brief, a disagreement with the following points can be extracted: i) the existence of an agreement or arrangement between [Name 047] and [Name 002]; ii) the characterization as unlikely that a public notary unconnected to the criminal group would be sought out; iii) the possibility that a false passport was fabricated and presented to her; iv) the reversal of the burden of proof, criticizing that the accused did not provide information on the cases that led to the raid on her office, where the seizure of her reference protocol occurred; v) precautionary measures were demanded of her client regarding [Name 096]'s dealings even though, at that time, she had no reason to do so; vi) the death of [Name 096] two years before the facts did not exclude that he had referred or introduced [Name 002] to her; vii) the discrediting of [Name 099]'s statement, and viii) the examination made of the notarial indices submitted outside the regulatory deadline, there being reasonable doubts about her client's conduct, who should have been granted an acquittal in accordance with the in dubio pro reo principle. Having confronted these points against the comprehensive examination of the conviction rendered, concerning the accused [Name 047], it is concluded that the alleged errors claimed by her lawyer have not been detected, as she seeks to substitute the court's reasoning and impose her own assessment of the body of evidence, from her particular perspective, logically linked to the role she performs, attempting to demonstrate an alleged doubt regarding the defendant's willfulness in the acts perpetrated by her. The accused [Name 002] died before the preliminary investigation was elevated to the plenary stage, that being the reason for the entry of a definitive dismissal in his favor. Following this event, attempts have been made to attribute sole responsibility for the facts to her; a theory the trial court dismissed, thanks to a logical, careful, and interwoven examination of the various evidentiary elements, which generated a chain of unequivocal circumstantial evidence that was assessed harmoniously and made it possible to overcome the presumption of innocence of [Name 047]. Certainly, there was no direct evidence establishing the details of the criminal plan outlined; however, this situation was successfully pinpointed based on circumstantial evidence, the version given by the accused herself in her defense being fundamental, having waived her right to remain silent and despite the warnings given to her. The judges did not believe her, deeming it hardly credible that for the commission of crimes of this nature, notaries unconnected to the criminal conduct would be used, just as they doubted that a Spanish passport would be forged. They questioned that, had such a document been presented, the copy should have remained in the reference protocol that notaries are obligated to keep, which was not located nor provided to the case file. A categorical element that destroyed the defense theory was the examination of [Name 096]'s connection to the facts, who was pointed out by the defendant as a member of a criminal network dedicated to registry fraud, whom she blamed for her legal problems and criminal convictions. Regarding this topic, the judges disproved that he had any relationship to the events under study because “this person was murdered by hitmen traveling on a motorcycle on May 31, two thousand eleven, more than two years before the drafting of the aforementioned deed. (see death certificate in relation to the certification of Thursday, June 2, 2011, evidence admitted for better resolution); for which reason [Name 098] could not have been behind the drafting of this deed and, therefore, her version is discarded.” (cf. 23 of the appeal file prepared for this purpose). Complete credibility was also denied to witness [Name 099]—driver for [Name 098]—by characterizing him as complacent, which was explained as follows: “He wants to make us believe that [Name 098] ran a gang of registry fraudsters who even had a person who made passports for them, even for foreigners, 'Chinese' among others, and in this case the Spanish passport in the name of [Name 084], when it is a known fact that each country issues its own passports and no official of the General Directorate of Immigration has the resources to make passports for another country, such as a passport for an Asian or Spanish person. He claims that the lawyers were deceived, that is, they were unaware of the false nature of the legal transaction being formalized in their notary offices. However, how could the witness have that knowledge if he stayed in the car? He did not participate in the negotiations or in the formalization of the deeds but can affirm that the falsity of the notarial instrument they executed was hidden from the notaries, who were used as instruments. He had all that knowledge despite not having participated in a single one of the formalizations carried out in [Name 047]'s notary office, since he stayed in the car, affirming that 'maybe, he could have entered the office on some occasion.' That being so, we ask ourselves, how can he attest that [Name 047] acted deceived? Furthermore, on multiple occasions when compromising questions were asked regarding the procedural situation of the accused [Name 047], he indicated that he is a survivor of an accident that erased part of his memory, to the point that he narrated having lost a daughter, who died of cancer, expressing that he has no memories of that event. A very selective memory that allows him to remember Ms. [Name 047], whom he saw on very few occasions more than three decades ago, but cannot remember the death of his daughter who died of cancer. Let us remember that [Name 098] died in May 2011, more than two years before the acts charged against [Name 047] and by that date said witness was no longer working for [Name 098], that being so, how can he attest to the absence of willfulness in the accused's conduct? On the other hand, neither the witness nor the accused who proposed him justifies how the latter managed to locate the former to offer him as a witness, if the last time Mr. [Name 099] drove [Name 098] to [Name 047]'s office was more than fifteen years ago. How does she manage to locate Mr. [Name 099]'s mother? And how does she then locate the sister in order to finally reach Mr. [Name 099]? When asked if he knows the facts for which Ms. [Name 047] is accused, he says 'he does not know when this mess occurred.' He states he does not know any person by the name of the deceased defendant [Name 002], so when asked why he connects this charged act (which he is unaware of) with [Name 098], he indicates he does not know. Regarding his statement that he worked with [Name 098], then separated from him, and later he was killed, he expresses that he worked with this person until before 2014; however, as proven by the death certificate and the newspaper provided, [Name 098] was killed at his business on May 31, two thousand eleven, many years before 2014, which denotes the falsity of his statements. Finally, it is evident that if he does not know [Name 002] and the charged acts occur more than two years after [Name 098]'s death, this witness has no way of connecting said [Name 098] and his criminal group to these acts. Consequently, it is clear that he is a complacent witness who contributes nothing to the search for truth and who came to trial with the clear intention of favoring the accused [Name 047].” (sic, cf. 23 verso to 24 recto of the appeal file prepared for this purpose). Another element weighed was that the accused did not submit the notarial indices within the regulatory period, every fifteen days, but did so until five years after the deed was executed, a situation that beyond being a disciplinary infraction, constitutes a piece of evidence against her. This Chamber finds no errors in the derivation the trial court made from such elements, because, although it is true that these criminal structures have become professionalized, the falsification of a foreign document such as a Spanish passport entails enormous complexity, since it requires having software, materials, and even knowledge of security features to attempt to match them, which collaborators in the area of the Directorate of Immigration and Foreign Affairs logically do not have, because they work for the government of Costa Rica and not Spain. Nor is it true that there was a reversal of the burden of proof as alleged; rather, a thorough scrutiny was made of [Name 047]'s statement, who accepted having drafted the deed, claiming that the respective identity documents were presented to her, which she kept in her reference protocol, which was seized from her in one of the multiple raids conducted on her office for forgery crimes. The appellant cannot ignore that the established notorious fact was that the reference protocol, and the document that was claimed to exist, was not located. Hence, in the exercise of the adversarial principle that operates during the trial phase and, in general, in the criminal process, it was incumbent upon whomever asserted a fact or circumstance (the existence of the copy of a forged foreign passport) to prove it through the evidentiary elements incorporated into the investigation. It is true that in the criminal process, the burden of proof falls on the Public Prosecutor's Office; however, that does not mean that the accused party is exempt from exercising, in accordance with the right of defense, the evidentiary mechanisms necessary to prove a fact, or at least, its positive probability. Above all, when, as in the case at hand, she decided not to avail herself of her right to remain silent, but to declare and base her defensive hypothesis on asserting the existence of an event she claims occurred. Unlike affirmative facts, which can be proven directly by evidence, negative facts are generally proven through indirect evidence, by demonstrating the absence of elements that should be present if the event were not real. The Public Prosecutor's Office demonstrated, indirectly, the non-existence of the copy of a forged foreign passport presented to the accused [Name 047] when the notarial act was performed, based on the absence of a reference protocol to verify it. Thus, if the intention was to refute such proof, on the basis that the document was seized in another criminal case, the correct approach would have been to provide evidence or information supporting that claim, in accordance with the adversarial principle and the exercise of the right of defense. Even so, the mentioned document never appeared, despite the ease of having it submitted had it been seized, a situation that rather led to the conclusion that “the accused never had before her the passport of the victim [Name 084], [Value 017], first because it was always in the possession of its holder in Spain, but also because she would have realized that it expired on 06/02/2010 (folios 110 and following where the copies of both the indicated passport and the valid one are found)” (cf. 22 verso to 23 recto of the appeal file prepared for this purpose). One must agree with the evidentiary examination conducted by the trial court, as well as the reasoning process that led to overcoming the presumption of innocence of the accused. It is worth highlighting that the attempt to blame [Name 096] for the act had a negative outcome for her theory, because she first asserted that he “had arrived with [Name 002], the Italian, and they negotiated properties, before this I did not draft deeds for them, but I knew them, [Name 002] lived in Barrio El Gallo.” (cf. 13 of the appeal file) insisting that the first time “[Name 098] brought [Name 002] we did not execute any deed; they were looking at properties.” (cf. 13 of the appeal file) noting that she had only seen [Name 002] twice when he arrived with [Name 096] at her office, a situation that was impossible since that person had died two years before the events under study, especially if one considers that she only saw [Name 002] twice. She then tried to correct her version upon discovering [Name 096]'s death, stating that [Name 002] arrived when [Name 098] was already dead. Her statement revealed profound inconsistencies and disagreements that completely weakened her defensive thesis, one in which she maintained her innocence, claiming to have been deceived, completely unaware of the illegality of the transaction, while there were incriminating elements linking her to the commission of the fraud, performing a core role as a public notary, to dispossess the victim of a highly valuable estate. There being no defect whatsoever in the exercise of evidence assessment or in the reasoning of the decision that must be rendered, this appeal must be dismissed in all its aspects.
IV.– Appeal by Dr. Alfonso Navas Aparicio, in his capacity as special judicial representative of the complainant Entrecampos Uno S.L and [Name 327]. In the first ground, as in the fourth ground of the challenge by Lic. Aymara Fernández Madrid, in her capacity as special judicial representative of the civil claimant, they allege that the judgment lacks proper intellectual and evidentiary reasoning regarding the acquittal of the defendants [Name 047] and [Name 077], the latter in his personal capacity and as representative of the company Corporación Magno Futuro, S.A. By way of background, he explains that the complaint charged the crime of criminal association (asociación ilícita), an ideological falsehood (falsedad ideológica) for the creation of false deed 317-3 of June 10, 2013, the same crime for the creation of the false deed certification used on June 19, 2013, before the National Registry, which is in an ideal concurrence (concurso ideal) with a major fraud (estafa mayor). Also charged was an ideological falsehood for deed 47, at 5:30 p.m., on July 19, 2013, before notary Karla Brenes Siles; the same illegality for the creation of the deed certification filed on July 22, 2013, before the National Registry; as well as for deed 48, at 5:40 p.m., on July 19, 2013, before the same notary, with [Name 002] selling the properties to the defendant [Name 077] and the company Corporación Magno Futuro S.A.; in addition to an ideological falsehood in an ideal concurrence with a major simulation fraud (fraude de simulación mayor), for the creation of the certification of deed 48, filed on July 22, 2013, before the National Registry. They contend that the rules on the comprehensive and joint assessment of evidence were disregarded, and that essential inputs proving the participation of both individuals in all the crimes were not analyzed. They note that at trial, none of the procedural parties questioned the falsehood of deed 317-3, which represented the first fraudulent transfer of the properties. The defendants and their technical defenses admitted as much, naturally, alleging that they were used and deceived by the now-deceased defendant, [Name 002], and, therefore, the falsehood of deeds 47 and 48, regarding the second fraudulent transfer of the properties, was also not questioned, with the respective instrumental falsehood being declared pursuant to Article 492 of the Code of Criminal Procedure, a point which should become final as it was not challenged. They argue that the crime of simulation fraud was indeed described in the complaint, specifically in the seventh fact, which matches Article 218 of the Penal Code, which criminalizes simulating a contract or act to obtain any undue benefit. The complaint specified that, as part of the criminal plan and according to the distribution of roles, the defendants [Name 002] and [Name 077] instrumentalized and misled a notary public into believing that the former was the legitimate owner of the two properties, and executed two sale and purchase contracts through which Corporación Magno Futuro, S.A., represented in that act by the latter, acquired them for a totally derisory sum. In reality, [Name 002] was not the legitimate owner of the properties, nor was [Name 077] a third party acting in good faith, such that they feigned, simulated, or gave an appearance of legality to both sale and purchase contracts contained in deeds 46 and 48 of the deceived notary public Karla Brenes Siles, in order to secure the financial gain from the misappropriation of both properties. They question that [Name 047] was acquitted of the crime of criminal association. While it is true that she did not participate from a physical-material standpoint in the actions subsequent to the false deed 317-3, from a legal standpoint, there were sufficient elements to charge her with the rest of the conduct, through a distribution of roles with [Name 002] and [Name 077]. They outline that the defendant [Name 077] engaged in unlawful conduct to hinder and obstruct this criminal proceeding and achieve an unlawful benefit, such as: i) initiating the cited civil proceeding 19-000062-1624-CI, just days after the order to open trial was issued against him; ii) offering the false witness [Name 104]; iii) the acquisition of both properties in July 2013 by Corporación Magno Futuro, S.A., represented by the defendant [Name 077], was for a total and absolutely derisory amount of ¢1,700,000 colones each, despite the fact that for the year 2014 the San José property, registration number [Value 010], had a value of ¢81,975,250.00 colones, while property [Value 004] was worth ¢83,611,500.00 colones; iv) the statement given by the defendant at trial, and which the false witness [Name 104] sought to support, was not credible and was, rather, absurd. Despite this, the court concluded that "the way the negotiation was carried out, the sale price, the form of payment, and the conduct subsequent to the opening of that proceeding demonstrate that there is a very high degree of probability that [Name 077] was a responsible co-perpetrator of the acts charged." They accuse the court of an error in its examination that prevented it from reaching a state of certainty, due to the erroneous examination of the statement of [Name 107], a collaborator of the real estate company "[Name 078]", daughter of its now-deceased founder. It was her company that discovered the fraudulent registration transfer of both properties, for which reason she contacted the victim ([Name 084]) and a visit was made to both properties, confirming that they remained in the same state of maintenance, with the weeds cut, with fences and a padlock, plus the sign for her company. This situation is essential since it demonstrated that the account given by the defendant [Name 077] and his false witness was false, to the effect that they visited the lots and found them in a state of abandonment, without any sign identifying the real estate company, such that they had no doubt that the defendant [Name 002] was their legitimate owner; especially since only one month and nine days elapsed between the first false sale of the properties to [Name 002] and the second transfers to Corporación Magno Futuro, S.A., represented by the defendant [Name 077]. This urgency in the transfer of properties constitutes a clear indicator of the real estate frauds committed by organized criminal groups. The Trial Court in no way doubted the veracity of the account of the indicated witness; however, since she did not go personally to the properties, they considered the possibility that her employees might have lied to her, deeming it essential to have at least one of them as a witness to thus prove with certainty the criminal participation of the defendant [Name 077]. They criticize that it is contrary to the rules of sound judgment (sana crítica), principally logic, coherence, and experience, to argue that there is a doubt regarding the veracity of the checks made by [Name 107]'s company, solely because the employee who visited the lots and rendered the report did not appear at trial to ratify what his boss said, the Court assuming that her employee could have lied to her, despite the absence of inputs that would allow such a conclusion. They question that the specific, real, and proven elements that led them to conclude that the information provided by [Name 107] could be false or mistaken were not set out, based on what her employee, named [Name 111], transmitted to her. At no time were there elements that would allow one to consider that this collaborator did not exist, that there was a custom of lying in that company, or that it was an organization of dubious credibility, disorganized, without any supervision of its collaborators, or that they acted outside the law in other alleged cases. In their view, the witness's statement was truthful, credible, and coherent, such that there is no reasonable doubt about what her employee reported after the fraudulent transfers, namely that the properties remained in an adequate condition and identified for sale by the company "[Name 078]". Therefore, the Court's reasoning constitutes an error in that, after examining all the incriminating evidence, it considered that there was a very high degree of probability, rather than certainty, that [Name 077] was a responsible co-perpetrator of the acts charged. Likewise, they allege that there are other pieces of evidence that were not properly assessed, which would have led to a different conclusion regarding the effective participation of both defendants in the crimes attributed, within an illicit organization or association, with significant material resources, aimed at stealing passive properties from foreign natural or legal persons. It was not weighed that: 1) in the supposed notarial notification of the complaint in ordinary civil proceeding 19-000062-1624-CI, which is the subject of questioning in the civil review proceeding 22-000030-004-CI being processed before the First Chamber, the times of notification are false, as ([Name 084]) "indicated that the times of notification -11:10 and 12:05- were unreal", in addition to the fact that notary Allan García Barquero, according to the certification from the National Directorate of Notaries (Dirección Nacional de Notariado), was disqualified from exercising the notarial function on that date. 2) The large amount of cash used in the commission of the crimes, with [Name 077] giving the deceased defendant two checks for the sums of 49 million colones and 16 million colones, as well as three vehicles, for the supposed purchase of the two properties, which were cashed on July 20 and 23, 2013, at the bank counter, with the aim of preventing administrative or judicial authorities from verifying the real destination of the money, resources delivered to an elderly and sick person. 3) The three vehicles supposedly given to [Name 002] as part of the payment were transferred in deeds numbers 45, 46, and 49, separate from 47 and 48, vehicles that he later transferred to third parties on August 6 and 28, and September 25, all of 2013, for significantly higher sums –8,400,000, 4,820,000, and 5,500,000 colones–, a serious indicator of being in the presence of an organized criminal group. 4) The defendants refused to answer questions from the complainant and civil claimant, which, although part of their right, should have been weighed together with the rest of the evidence. [Name 077] said he believed the name of the real estate broker through whom he had contact with [Name 002] was "Cindy", without further details. During ten years of this judicial proceeding, it was not until trial that he offered a –false– witness, an employee who worked with him until 2016, and referred to the existence of that person, but with the name of "[Name 105]", without further details. In closing arguments, they argued that the name of a woman with the last name "Aguilar" was false and was provided ten years later, in order to make it impossible to verify the veracity of her existence. In the case of the defendant [Name 047], she said that all the criminal proceedings against her and the convictions imposed on her for similar crimes were the responsibility of the clients introduced to her by [Name 098]. Even when her –false– witness, [Name 099] –who admitted to belonging to a criminal gang dedicated to registration frauds, as the driver of the vehicles used by the ringleader Delgado– recounted that the last time he worked for him was in 2014, precisely to coincide with the false deed 317-3 of the defendant. It was demonstrated at trial that this person had died in May 2011, so the accused had no choice but to say that the defendant [Name 002] had been introduced to her by [Name 098] before his death. 5) It was not assessed that the witness and notary public Karla Brenes Siles said she was the "assistant" of lawyer Carlos Umaña Brenes, and that she was sought out by Lic. Horacio Mejías Portuguez, defense attorney for [Name 077] in this criminal proceeding, who directed the ordinary civil complaint 19-000062-1624-CI, filed just days after the order to open trial was issued against him, as a mechanism to, in fraud of law (fraude de ley) and simulating a notarial notification of that complaint in Madrid (as already stated), seek material res judicata (cosa juzgada material) and halt the criminal proceeding, elements that allowed proving the criminal participation of the defendant [Name 077]. Despite the fact that Karla Brenes Siles appeared as a witness for the prosecution in the criminal proceeding and had been admitted in the order to open trial, [Name 077] and his lawyer asked her to authenticate the signature of the former, in his capacity as representative of the civil claimant company he represented, Corporación Magno Futuro, S.A., to support a fraudulent and reckless litigation. The witness Brenes Siles merely stated in this regard that she was sought for this purpose by the same lawyer Mejías Portuguez, and the person initially authorized in that civil complaint document to carry out the notification in Madrid, Spain, was Lic. Carlos Umaña Brenes, for whom she was his assistant. The deponent appeared extremely nervous and fearful at all times, even came accompanied by a lawyer of her own free will, and was warned that she could not testify with the advice of a defense lawyer. All the foregoing demonstrated that this was a properly organized criminal group, which motivated the complainant, during the closing arguments stage, to request the certification of excerpts against the defender Horacio Mejías Portuguez for the possible crimes of fraudulent conveyance (estelionato) and ideological falsehood, for what happened regarding the ordinary civil proceeding, as well as for the offering of false witnesses. 6) It was overlooked that the defendant [Name 077] stated at trial that he was in the process of requesting a loan from the finance company Desifyn for the sum of US$3 million, with a mortgage guarantee on both properties acquired by his company Corporación Magno Futuro, S.A., when they informed him at that entity that the properties had a notation ordered by the Criminal Court, regarding this criminal proceeding, dated February 25, 2014. Experience shows that criminal organizations dedicated to the misappropriation of real estate seek to legitimize the proceeds of the crime by requesting loans with a mortgage guarantee, with the disbursement being made and the criminal group thus obtaining capital, whether the loan is paid or not. If not paid, the entity is awarded the assets given as collateral, and the organized group manages to obtain money from a financial or bank loan that operates within the margins of the law. 7) It was considered that the use of checks at the time of the events, 2013, was usual, without evidentiary support. In reality, checks were falling steadily into disuse as a payment method, although it is true that they still exist to some extent in the banking market today. Therefore, in the general context of the events, the use of these two checks for an amount of ¢65,000,000, which were converted into cash and whose trace could never be followed, was another element that, when assessed with the rest of the evidence, allowed concluding the criminal responsibility of the defendant [Name 077] –who stated in his declaration that he was a businessman dedicated to the construction and sale of vehicles and that he had even tried to do business with a Chinese company– and, of course, also of the defendant [Name 047], with respect to all the facts charged. It is not "coherent, the supposed naturalness of using checks to pay 65 million colones to a person one barely knew, an elderly and sick person, and in a business concluded within a week." Lastly, the Court demanded in the partially appealed judgment the need for direct evidence to have proven the crime of criminal association, overlooking that this can be demonstrated –like the rest of the crimes charged– by means of circumstantial evidence, as was the case. They conclude by indicating that all the evidence assessed collectively allows concluding, based on indications, that both defendants formed an association to commit various crimes related to registration frauds. The absence of direct evidence is not an obstacle to reaching this conclusion. Both defendants, according to the evidence, knew that there were two adjacent properties that were in the name of a company, Camporredondo Puerta Hierro Cuatro, S.L., whose representative was a foreign person residing in Spain. Both participated in rapid and urgent transfers, for derisory prices, under totally unusual conditions. Had they acted in good faith, they would not have overlooked the severe alerts regarding the suspicious nature of the transactions. They also litigated recklessly and offered false or "complacent" witnesses at the last moment of the trial and in a surprising manner, after many long years of proceedings; they did not answer questions from the complainant and civil claimant, and maintained the theory that they had been deceived by the deceased defendant, [Name 002]. In addition, [Name 047] delayed the preliminary hearing as she was acting in her own defense and requested to be represented by the public defender's office, which forced the severance of the cases, which were later consolidated, with a report to the Prosecutor's Office of the Bar Association against the defendant, and she refused to testify at trial until the notarial indices offered only by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) were made part of the file, which prompted the complainant and civil claimant to rapidly coordinate with the National Archive. Once they were made part of the file, the accused made no reference to them, in addition to the fact that the defendant already had a copy of the indices as recorded in the same document, having been submitted by her to the National Archive. Regarding the defendant [Name 077], he likewise sought to obstruct the criminal proceeding with the ordinary civil complaint filed immediately after the order to open trial, and tried to obstruct and delay the criminal proceeding, as the victim had to make multiple trips to Costa Rica to attend the proceeding. Precisely these criminal organizations seek to psychologically and economically wear down foreign victims in order to promote the abandonment of the process. In short, for the reasons stated, the court incurred errors in the joint assessment of the evidence, in the interpretation and application of the principle of benefit of the "reasonable doubt" by considering that the complaint and the civil action did not contemplate any crime of simulation fraud; errors that led to the acquittal, in criminal and civil matters, of the defendants and respondents [Name 047] and [Name 077], except the first, who was convicted solely for the crimes of major fraud in an ideal concurrence with a crime of ideological falsehood. They request that this ground be granted and that the partial annulment of the appealed judgment be ordered regarding the criminal and civil acquittal declared for both defendants, ordering a retrial for a new debate. Partially granted. In order to resolve the claims, we will proceed to rule separately with respect to each of the defendants. A) Regarding the acquittal of the defendant [Name 047]. The appealing parties consider that she should have been convicted for the crime of criminal association, as well as for the actions subsequent to deed 317-3, due to a distribution of roles with [Name 002] and [Name 077]. In order to resolve the claim, the factual platform of the charges brought against her, both by the prosecuting entity and the complainant, must necessarily be reviewed. The former charged her with: "1.- Without specifying an exact date, but prior to June 18, 2013, the defendants [Name 047] and [Name 002] devised a criminal plan with the aim of dispossessing the company Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., which is their legitimate owner and is represented by the victim [Name 084], of properties [Value 005] and [Value 004], both in the San José district. 2. Thus, the defendant [Name 047] abusively used her role as a notary public and prepared public deed 317-3 in volume 3, folio 159 front of her protocol, in which she falsely inserted that [Name 084] appeared before her, in his capacity as generalísimo power of attorney without limit of sum for the victim company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., in its capacity as owner of properties [Value 005] and [Value 004] in the San José district, and sold them, for the sum of 1,700,000 colones each, to the co-defendant [Name 002], when in reality he never appeared. 3. Immediately thereafter, in order to mislead the officials of the National Registry, the accused [Name 047] prepared the certification of deed 317 of volume 3 of her protocol, which she printed on her security paper number 1733580 and attached the security slip 443442-O assigned to her person. 4. On June 18, 2013, the certification with false data of deed 317 of volume 3 of the protocol of the defendant [Name 047] was presented before the National Registry located in Zapote, which was registered under Volume 2013, Entry 185300, a false document used to thereby mislead the registrar, who, based on the public faith given by the notary regarding the information inserted in the certifications presented, disposed of the assets of the victim company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., through the transfer of ownership of properties [Value 005] and [Value 004] in the San José district to the co-defendant [Name 002], dispossessing the victim company of said real estate." a succession of events that were classified as typical of a crime of ideological falsehood and use of a false document (sic, cf. 630 to 631 of the virtual file, literal transcription). For his part, the private prosecutor presented the following charge: "FIRST.- The company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., with Costa Rican legal identification number 3-012-552704, was a Spanish company registered in Costa Rica and which is currently up to date with its tax payments. Said company was the registered owner until these events, of the properties located in the Province of San José, according to Public Registry inscription, the first under real folio number two hundred ninety-two thousand three hundred fifteen and the second under real folio number two hundred ninety-two thousand three hundred seventeen. The company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. acquired said properties through deed number 197 granted by Notary Carlos Fernández Zeledón, on October 10, 2008. Said deed was presented to the Registry's Journal on October 14, 2008, under volume 577, Entry 063191, being registered on October 27, 2008. The company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. changed its corporate name in 2010 to be called ENTRECAMPOS DOS, S.L.U., and through a deed granted in Madrid on February 16, 2011, it was totally split through the division of its assets, with its assets, specifically the land located in the city of San José described under real folios [Value 005] and [Value 004], being transferred to the appearing company ENTRECAMPOS UNO S.L., in a deed executed in Madrid before Notary Don Carlos de Prada Guaita under number 112 of his protocol. SECOND.- The complainant [Name 084] intervened in the acquisition of the properties as generalísimo power of attorney for the buyer CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., is the owner of four million five hundred thousand shares of the company ENTRECAMPOS UNO S.L., who is the current legitimate owner of the properties under real folios [Value 005] and [Value 004], and has sufficient power of attorney granted in his favor before Madrid Notary Don Carlos de Prada Guaita dated February 16, 2011, from the company Entrecampos UNO S.L. At the time of acquiring the properties, the Spanish passport of the appearing party [Name 084] was number [Value 017], a document which, although it was valid until February 6, 2010, was renewed on September 17, 2009, whereby the undersigned complainant was assigned a new travel document, a Spanish European Union passport with number [Value 018] valid until 2019. THIRD.- The company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. and subsequently ENTRECAMPOS UNO, S.L., as the title owner of the properties subject to this proceeding, held total ownership of them, not only through registration but by exclusively maintaining possession of the properties, through the Office of [Name 078], which was responsible for paying taxes on the real estate as well as cleaning the lots, a situation that continued over time until possession of said properties was taken from them by unknown persons who, taking advantage of the registration change, have changed the padlocks on the fences of the lots and have even carried out some minor works on them. These properties in the province of San José have the following asset value: the first, under real folio number [Value 005], which measures four hundred sixty-eight square meters and forty-three square decimeters, is valued at the amount of two hundred thirty-four thousand two hundred fifteen dollars ($234,215.00) -legal tender of the United States of America, habitually used in the real estate market-. The second property, under real folio number [Value 004], which measures four hundred seventy-seven square meters and seventy-eight square decimeters, is valued at the amount of two hundred thirty-eight thousand eight hundred ninety dollars ($238,890.00). FOURTH.- Without knowing the exact date, but on dates prior to June 10, 2013, the defendant [Name 047], in association to commit crimes with the defendants [Name 002] (now deceased) and [Name 077], each and every one of them with full knowledge of the illicit nature of their acts, planned how to illegitimately seize the properties of the province of San José, registrations two hundred ninety-two thousand three hundred fifteen-zero zero zero and two hundred ninety-two thousand three hundred seventeen-zero zero zero. A criminal plan that represented various roles for each of the defendants with the aim of illegitimately transferring the properties and separating them from the assets of the legitimate owner. In this way, the defendants, by introducing false data into public documents and presenting them to the Public Registry, registered the properties owned by Entrecampos Uno S.L. in the name of [Name 002], to then transfer them again to the company Corporación Magno Futuro S.A., a legal entity controlled by the defendant [Name 077], thereby obtaining an unlawful financial gain. FIFTH.- Thus, in fulfillment of the criminal plan, the co-defendant [Name 047], using the Public Faith that the notarial function confers upon her - a situation known and accepted by the co-defendants [Name 002] and [Name 077] - proceeded to fraudulently prepare on June 10, 2013, deed number three hundred seventeen-three, visible at folio one hundred fifty-nine front of volume three of her protocol, in which she falsely inserted that before her appeared at twelve o'clock noon on June 10, 2013, the defendant [Name 002] and the appearing party [Name 084], who supposedly identified himself with passport [Value 017] as the generalísimo power of attorney for the company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. Said defendants falsely stated in that document that the company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. sold in that act to the defendant [Name 002] the properties registered in the Public Registry of the San José District, real folios [Value 005] and [Value 004], for the derisory price of one million seven hundred thousand colones each, falsely inserting into the original deed that the seller received the price to the full satisfaction of the buyer. All that was carried out by the defendants was to the detriment of the complainant [Name 084], by usurping his identity in the document and inserting a false signature, supposedly made by him in said public deed. What was described in the deed by the defendant [Name 047] is totally false because the undersigned complainant [Name 084] was neither in Costa Rica on the date indicated in the deed, nor was he identified with said passport [Value 017] on that date. The complainant does not know the defendant [Name 047], nor has he negotiated with her, nor has he sold properties [Value 005] and [Value 004] of the province of San José to the co-defendant [Name 002], whom the complainant also does not know and from whom neither the complainant, nor the company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., nor its legitimate owner, the company ENTRECAMPOS UNO S.L., has received any consideration for this fraudulent sale.
SIXTH.- The defendant [Name 047], in accordance with the illicit plan laid out and once the parent deed had been executed, prepared a certified copy (testimonio) of said deed number 317 on her security paper sheets numbers 10881-27692763, and attached the security slip number 443442 series Q to the fraudulent certified copy, a document that was presented to the Public Registry Daily at its Central Headquarters on June 19, 2013, under volume 2013 entry 00154808 by Mr. Joseth Emanuelle Porras Batista, thereby managing to induce error in the registrars who, believing in the veracity of the document presented, registered properties [Value 005] and [Value 004] in the name of the accused [Name 002] under entry 154808, making him appear as the owner thereof, thus removing them from the assets of the companies Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. and ultimately from the owning company ENTRECAMPOS UNO S.L. Therefore, said acts were carried out to the detriment of these entities and that of the plaintiff [Name 084]. It is worth mentioning that Notary [Name 047] has not, to date, submitted either the indices or the corresponding protocol for deed three hundred seventeen-three to the National Archive, despite it being her obligation; she has submitted the indices of her Protocol up to the year 2017, and the Protocol corresponding to deed 317-3 was sent to the National Archive only on May 17, 2018.
SEVENTH.- Following the illicit plan and not satisfied with their actions, the co-defendants [Name 002] and [Name 077], on July 19, 2013, using the ruse devised to finalize the dispossession (despojo) of the properties from their legitimate owner, requested the transfer of the properties, for which they induced error in Public Notary Karla Vanessa Brenes Siles, with an office in San José, making her believe that [Name 002] was the legitimate owner of the properties of the Province of San José, registrations [Value 005] and [Value 004]; thus, the defendants managed to have this Notary prepare deeds number forty-seven and forty-eight, visible on sheets forty-eight front and back and forty-nine front and back, respectively, of volume twenty-three of her protocol, according to which the defendant [Name 002] sells to the company Corporación Magno Futuro S.A., represented by [Name 077], the aforementioned properties for the paltry sum of one million seven hundred thousand colones each, with both defendants performing other acts to simulate the legality of the transfer.
EIGHTH.- Said deeds 47 and 48 of the aforementioned Notary were presented to the Public Registry at the central headquarters by Mr. Jorge Zamora Santana on July 22, 2013, before the National Registry Daily for their definitive registration on July 30 and 23, 2013, respectively. An action by which the defendant [Name 077] finally disposed illegitimately of these properties that truly belong to the assets of the company Entrecampos Uno S.L.
NINTH.- With this illicit conduct by the accused [Name 047], [Name 002] (deceased), and [Name 077], a serious injury has been caused to the plaintiff [Name 084] personally, both material and moral, by supplanting his identity in notarial acts through which he falsely appeared selling assets of the company Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., which is not true and has caused me serious unease and a lack of confidence in the Public Faith and in the systems of the Public Registry of Costa Rica." events that were classified as typical of the crimes of fraud (estafa), criminal association (asociación ilícita), and ideological falsehood (falsedad ideológica) (sic, cf. 672 to 678 of the virtual case file, literal transcription).
In the concluding phase, the plaintiff requested for each of the accused a sentence of twenty-three years of imprisonment, broken down as follows: "CRIMINAL ASSOCIATION 2 YEARS IMPRISONMENT, IDEOLOGICAL FALSEHOOD 3 YEARS, IDEOLOGICAL FALSEHOOD AND MAJOR FRAUD 5 YEARS, IDEOLOGICAL FALSEHOOD 3 YEARS, FALSEHOOD AND MAJOR SIMULATION FRAUD 5 YEARS, IDEOLOGICAL FALSEHOOD AND MAJOR SIMULATION FRAUD 5 YEARS IMPRISONMENT" (as is evident from the trial record visible on sheets 3040 to 3041 of the virtual case file). In its judgment, the court did not accept the legal classification requested by the plaintiff regarding the crimes of simulation fraud (fraude de simulación) and criminal association, which it explained as follows: "On the other hand, the criminal type of simulation fraud is not even charged; there does not exist in the statement of facts of the complaint a factual description that alludes to the existence of a simulated contract, acts, proceedings, or writings, nor to the issuance of false receipts, or the constitution of bonds from false debts, or false attachments, given the appearance of being true for a fraudulent purpose. In the same vein, the existence of a criminal association to which [Name 047], [Name 077], and [Name 002] belonged has not been demonstrated. Not a single piece of evidence was produced to prove that these three individuals were related to, or at least knew, each other before the commission of the proven illicit act. At trial, [Name 047] and [Name 077] stated that prior to this proceeding they did not know each other, and there is no evidence to prove the contrary. Finally, as the defense attorney Rodríguez Becerra states, 'agreeing to commit a crime does not mean that the individuals form part of a criminal organization intended to commit crimes,' constituting a mere preparatory act for the commission of the agreed-upon illicit act." (cf. 27 front and back of the appeal file prepared for this purpose).
Criminal association is provided for in section 281 of the Penal Code and punishes "anyone who takes part in an association of two or more persons to commit crimes, by the mere fact of being a member of the association." The party assumes that the mere existence of a criminal agreement, in which there is a distribution of functions, with the aim of defrauding the assets of the offended party, automatically implies an association to commit crimes, a proposition that is erroneous as it disregards the nature of said crime, which punishes when two or more persons form part of a structure or criminal organization to commit abstract or indeterminate crimes over time, where each member must be aware that they form part of that entity, generated to commit illicit acts, and have the purpose of wanting to be part of it, to execute actions that violate public tranquility as the protected legal interest. Thus, "It is not necessary for it to be formally constituted, by an express pact, but the union of efforts can occur tacitly, through conduct that unequivocally reflects the intention to integrate that criminal group. 'Taking part' is nothing more than being a member of the association; it is not required, then, that one directly intervenes in executing the punishable acts, but rather it is sufficient to be a member of the organization, in such a way that one participates in any manner in its operation (which can occur if, for example, one participates in the planning of the 'hits,' if one directs them, if one coordinates the group's activities, and even if one participates in the distribution of the dividends). He who is a member of the association is the perpetrator of the crime in question (...) It is opportune to remember that what is punished is membership in the group, independently of the individual participation of the subjects in each of the acts attributed to the group..." (Cf. Third Chamber of the Supreme Court of Justice, resolution number 885-2001, of 08:45 hours, of September 14, 2001, reiterated in vote 760-2005, of 10:20 hours, of July 8, 2005). In this specific case, the way in which the private accusation was drafted omits describing the creation of a criminal gang, prior to the facts, for committing illicit acts in an indeterminate manner. On the contrary, what is alleged is that three persons devised a plan to illegally seize the properties of the province of San José, registrations [Value 005] and [Value 004], where each of them was responsible for a function, with the aim of illegitimately transferring the properties, dispossessing them from the assets of their legitimate owner. That is to say, an agreement was alleged to develop a plan, in which each defendant had an essential function within it, with the specific aim of harming Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. and, with the corporate changes carried out in Spain, Entrecampos Uno S.L., without describing a plan for the commission of indeterminate crimes. This issue has been the subject of study in national jurisprudence, a position shared by this chamber, noting to that effect that "for Criminal Association to be configured, the agreement of its members must revolve around the intention to commit crimes, in the abstract, which can be demonstrated by a series of indicators. To consider the punishable act under study to have occurred, it is required that there be an organizational structure that facilitates the execution of the illicit acts, as well as all related activities. Like any organized group, it must tend toward permanence over time, that is, it cannot be a fleeting group whose objective is to carry out a single isolated strike. Without these elements, the punishable conduct described in article 274 of the Penal Code cannot be considered proven." (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, vote 2001-00885 of 8:45 hours of September 14, 2001). Thus, the court's decision is in accordance with law, besides the fact that the non-existence of valuable inputs proving the existence of an organized structure, beyond the simple agreement, nor its permanence over time, was also weighed in strict observance of the principle of freedom of evidence (principio de libertad probatoria) and in accordance with the rules of sound critical reasoning, making the appellant party's proposal regarding said crime inappropriate, one that the party did not even consider from the very moment of filing the private accusation, but only until the concluding phase of the adversarial proceeding. Consequently, the claim regarding this point cannot succeed.
A different outcome awaits what was decided regarding the crime of simulation fraud, a figure provided for in section 218 of the Penal Code, which punishes anyone who: "to the detriment of another, to obtain any undue benefit, makes a simulated contract, act, proceeding, or judicial writing, or issues false receipts or constitutes oneself as the guarantor of a debt and has previously had oneself attached, with the aim of evading the payment of the bond." The judges considered that the accusation did not describe the "existence of a simulated contract, acts, proceedings, or writings, nor the issuance of false receipts, or the constitution of bonds from false debts, or false attachments, given the appearance of being true for a fraudulent purpose" (sic). From a careful review of the facts of the accusation, it is evident that the assessment made by the lower court (a quo) is not correct. As a starting point, it should be noted that the fourth fact of the complaint specified that, without knowing the exact date, but certainly before June 10, 2013, "[Name 047], in association to commit crimes with the defendants [Name 002] (now deceased) and [Name 077], each and every one of them with full knowledge of the illicit nature of their acts, planned how to illegally seize the properties of the province of San José, registrations two hundred ninety-two thousand three hundred fifteen-zero zero zero and two hundred ninety-two thousand three hundred seventeen-zero zero zero. A criminal plan that represented for each of the defendants various functions with the aim of illegitimately transferring the properties and separating them from the assets of the legitimate owner," describing an agreement of wills, under the same criminal resolution, where each participant had a job or task to perform. Said document not only described the facts relating to deed 317-3 – classified as typical of the crimes of major fraud and ideological falsehood, in an ideal concurrence (concurso ideal) – but also specified that the accused [Name 002] – now deceased – was the legitimate owner of the aforementioned properties and, knowing that it was part of the plan of all the defendants to achieve the exhaustion of the crime — to ensure the non-pursuit of the assets — they simulated a purchase-sale, now to a corporation – Corporación Magno Futuro S.A. – which feigned a paltry consideration and the transfer of ownership that never left the sphere of the criminal group, a sequence that is evident from a reading of the fourth and seventh facts of the private accusation. This chamber cannot share the assessment of the lower court on this particular because it is notable that the accusation does describe the objective elements of simulation fraud, that is, that the act of sale from [Name 002] to Corporación Magno Futuro did not express a reality, but a fiction contrary to it. Therefore, the partial nullity of the appealed judgment is ordered, directing the remand of the case to the Trial Court of origin so that, with a different composition, it may hear the facts of the complaint numbered from the seventh to the ninth attributed to [Name 047], deciding what corresponds in law.
Despite such indicators, the judges acquitted the accused for the following reason: "The circumstantial element that could yield the degree of positive certainty in the present analysis consists of the statements of the witness [Name 107], (whom the defense attorney for the accused gave full credit to) insofar as she states that the lots at the time of the facts were properly fenced, cleared, and with the signs of the real estate company [Name 078] firmly anchored on the property. If the lots had been, with certainty, in those conditions, it would be evident that they had another intermediary, so it would be imperative to contact this company and make the respective inquiries. However, as the defense of the accused [Name 077] alleges, the deponent is an executive of the company [Name 078], she does not have direct knowledge of the facts, her statement responds to what was told to her by the worker who cleans the lots for sale, and as she indicates, at that time the laborers did not have mobile phones with cameras to keep a clear and detailed photographic record of said cleanings. The direct witness was not available (the one alluded to by Mrs. [Name 107], named [Name 111]), so this circumstantial element was not demonstrated with a degree of certainty. On the other hand, even if the properties could have been neglected and even without the signs mentioned, because – as Mrs. [Name 107] says – they are often stolen, the truth is that they were also not in such a state that one could not walk, and the existence of snakes was possible – as [Name 104] makes us see in an exaggerated and complacent manner – since the witness [Name 107] is clear in indicating that her company periodically carried out the maintenance of said properties; but, in any case, in the absence of the aforementioned employee mentioned by Mrs. [Name 107], these circumstances could not be reliably corroborated. Likewise, it is observed that the plaintiff party alleges the joint action of the accused [Name 047], [Name 002], and [Name 077]; however, no evidence was provided to establish that they previously knew each other or maintained some type of bond or connection among them, in order to establish that they acted jointly, as is affirmed. Thus, in application of the Universal Principle of In Dubio Pro Reo, the appropriate course is to acquit [Name 077] of the crimes charged." (cf. 27 back to 28 front, literal transcription).
It is observed that regarding [Name 077], the court failed to apply the principle of freedom of evidence, provided for in section 182 of the Criminal Procedural Code, which stipulates that: "Facts and circumstances of interest for the correct resolution of the case may be proven by any permitted means of proof, except for express prohibition by law," and instead, it started from a criterion of weighted evidence by establishing that the credibility of the statement of [Name 107] – insofar as she asserted having an exclusivity contract for the sale of the two properties, having not only the signage of her father's brokerage company, but also being provided with maintenance service by a crew that regularly checked the land and verified the state of the signs and the fence, also taking charge of mowing the lawn and paying the taxes – depended on the testimony of some direct witness, specifically the employee [Name 111], in order to corroborate the maintenance of the lots. This Chamber cannot share the analysis that the lower court made in this regard, by demanding a specific quantity and type of evidence to validate a testimony, starting from a system of weighted evidence (sistema de tasación) which, it is well known, our criminal procedural system does not follow, without managing to understand what the reasonable doubt was that the court had. Note that there was not only the statement of [Name 107], who is the daughter of the owner of the brokerage company in charge of the sale of the properties under discussion, who attested to the adequate maintenance of the properties and the proper signage for their sale, but she also stated that, upon realizing they had been transferred, when they were about to finalize their sale, they immediately notified their owner in Spain and went to inspect the properties, which are contiguous, specifying that "it was the same, in the same state, it had our for-sale signs where it said '[Name 078] Sells with the number'" (cf. 16 back of the appeal file prepared for this purpose) and, although she did not personally go to the site, one of her collaborators, [Name 111], did, who assured her they had "the same fences, the same padlock, and our signs" (cf. 17 front of the appeal file prepared). The witness even clarified that, although at that time, in 2013, the laborers who maintained the lots did not use phones with cameras, there was a photographic record because "the mower and the administrator once they finish doing maintenance send photos" (cf. 17 front of the appeal file prepared), an element from which it is deduced that it allowed not only controlling that the field work of the crews was carried out in accordance with the agreed terms and with the scheduled regularity, but that her company could have the necessary visibility to achieve selling the properties and, logically, collect the respective commission, typical of that type of contract, according to the most basic rules of experience. The foregoing was validated and corroborated by the offended party [Name 084], who ratified that the lots were for sale through a company that managed them, paid their taxes, and promoted them, because as a legal representative he was not in Costa Rica but in Spain, despite which he assured that they had mesh fencing and were fenced, testimony that was given complete credibility, without a single reason being indicated in the ruling to detract credibility from both deponents in everything they stated. At this point, attention must be drawn to the fact that it is absolutely contradictory that the testimony of [Name 111], one of the laborers of the maintenance crew of the brokerage company, was missed, considering that only he could report on the state of the properties and, at the same time, credibility was given to [Name 107], insofar as she declared about their regular and periodic maintenance, the panel of judges discarding the idea that they were neglected, preventing walking on them and even with snakes, as narrated by the witness [Name 104], who was described as complacent, it being notoriously irreconcilable that the deponent is believed on that point and, at the same time, it is that very point on which the supposed doubt was based. It is clear that to order an acquittal in application of the principle in dubio pro reo, the judges' questions must be justified with arguments that allow establishing why a doubtful state of mind could not be overcome, which is not evident from the judgment on the merits, whose decision is plagued by a series of defects in the evidentiary assessment that violate the duties of reasoning, as provided for in section 142 of the Criminal Procedural Code, which stipulates that judgments must contain a clear and precise foundation, expressing the factual and legal reasoning, the basis of the judge's decision, with an indication of the value granted to the means of proof; sanctioning with nullity the omission of said requirement. It is for all of the foregoing that it can be concluded that, after carrying out a comprehensive examination of the written judgment under appeal, it lacks adequate foundations to explain in a reasoned manner the decision adopted, upon verifying a deficient intellectual analysis of the evidence, for which reason it is necessary to partially grant the indicated grounds insofar as it ordered the acquittal of the accused [Name 077] from all penalty and responsibility, both in criminal and civil matters, ordering the partial nullity of the appealed judgment, directing the remand of the case to the Trial Court of origin so that, with a different composition, it may hear the entirety of the facts of the complaint and the civil action for damages filed against the accused and civil defendant [Name 077], a decision that necessarily encompasses the ruling that must be given regarding the procedural and personal costs for both actions, deciding what corresponds in law.
V.– As a second ground, it alleges an erroneous assessment of the penalty imposed on [Name 047], namely two years of imprisonment for the crime of aggravated fraud (estafa mayor) increased by one year, applying the penalty rules for ideal concurrence (concurso ideal) with the crime of ideological falsehood (falsedad ideológica), considering that two properties of very high value were involved, that the accused is a lawyer and notary public, and therefore higher standards of compliance with regulations and respect for third-party rights apply, affecting public faith in the registry (fe pública registral), the country's image, and legal certainty, causing serious harm to the victims, as well as that the accused is in a "process of amendment, stating that in recent years she has not had new criminal proceedings for acts of that kind," pages 44 and 45 of the judgment. The judges believed in the accused's supposed reform to no longer commit crimes in the exercise of the notary public function without any basis, solely on her word. The certificate of judgments shows that, to date, she has convictions for similar crimes in the years 2018, 2022, and 2023, sentenced to prison terms for crimes of fraud (estafa), ideological falsehood (falsedad ideológica), use of a false document, and falsification of private documents, not to mention other criminal judicial proceedings that appear in the record and in which several conciliations approved by judgments in the years 2022 and 2023 are recorded. The fact that there are no further crimes in the exercise of the notarial function is not due to an apparent amendment in the accused's personality, but rather to her having been repeatedly suspended from the notarial practice, which is why she is disqualified by the National Directorate of Notaries (Dirección Nacional del Notariado). Report 816-F-16-M of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial) (folios 330 to 333 of the file) indicated at that time the existence of 15 criminal proceedings, including the present one. It considers that the court should not have believed in her "supposed sudden fidelity to the law," especially since at trial she offered a false witness, so described by the same panel of judges, but with the adjective "complacent." The accused has not undergone any process of amendment to respect the Administration of Justice and lied when she said that she had been a victim of a supposed deception on the part of the deceased accused [Name 002], who was introduced to her years ago by that alleged leader of a criminal gang, called [Name 098]. Added to the above is that, even though it was her right, she refused to answer questions from the complainant and civil party, without showing any remorse for over a decade for what happened, and she did not accept the facts, did not take any action aimed at repairing the damage caused, nor did she collaborate with the investigation; on the contrary, she showed signs of obstructing the work of the criminal justice administration, offering a false witness, surprisingly only at the time of the hearing, but, moreover, at the preliminary hearing she requested the assistance of the public defender's office, since she had been representing herself, which caused a delay in the processing of the case, which required creating a separate set of documents (testimonio de piezas) so as not to stop the proceedings against the other accused, and the Prosecutor's Office of the Bar Association (Colegio de Abogados y Abogadas) was even notified. That the accused committed the crimes in the exercise of the notarial function imparts special gravity by affecting notarial public faith, as well as the level of professional responsibility she held as a legal professional, knowledgeable about the law and the consequences of disregarding it. Her actions resulted in the extraction in 2013 of two properties jointly valued in 2014 at the sum of ¢165,586,750.00 (folio 1531), harming the country's image and registry legal certainty, all reasons that do not justify, in strict legal terms, a penalty as low as the three years of imprisonment imposed in total, with the benefit of conditional execution of the sentence (ejecución condicional de la pena); a penalty equivalent to the maximum provided for a single crime of theft (hurto) under Art. 208 of the Penal Code. The quantum does not correspond to the gravity of the acts committed, especially since this was a registry fraud to extract properties from foreign persons, taking advantage of the geographical distance of their residences and the special situation of greater vulnerability in which the victims find themselves, as they cannot be physically monitoring the status of their properties in the country. It is for the above reasons that it requested that she be sentenced to three years of imprisonment for the first crime of ideological falsehood (falsedad ideológica) committed with the making of the false deed and five years of imprisonment for the crimes of aggravated fraud (estafa mayor) in ideal concurrence with another crime of ideological falsehood, for the making of the false certification (testimonio) of the deed. Being closely related, it alleges that the substantive law was not correctly applied by excluding from the conviction of the accused [Name 047] another crime of ideological falsehood, considering that the two false documents made at different times – the deed and the false certification (testimonio) presented to the National Registry – constituted a "unity of action" (unidad de acción) subsumable into a single crime of ideological falsehood, not two. In reality, it considers that she committed two offenses, one for each false document made and, only the second concurs ideally with the crime of aggravated fraud (estafa mayor) and both materially with each other, disregarding Articles 21, 22, 23, 71, 75, 76 and 367 of the Penal Code. Certainly, the aggravated fraud began with the acts of execution consisting of the presentation of the false certification (testimonio) before the National Registry, an act that concurs ideally with the crime of ideological falsehood regarding the same certification. However, notwithstanding the foregoing, the making of deed 317-3 in the protocol of the accused [Name 047] constitutes a fact separable in space and time from the making of the false certification (testimonio) that was subsequently presented before the National Registry. The crime of ideological falsehood (falsedad ideológica) provided for in article 367 of the Penal Code constitutes a crime of danger that is consummated by inserting into a public or authentic document a false declaration that the document must prove "in such a way that harm may result." The effective use of the document does not constitute an element of the objective criminality, since it is consummated by the mere possibility or harmful potential of that document. In the specific case, the making of a false deed of transfer of property within the protocol entails a sufficient possibility of harm to be criminally typical, especially considering that it is a deed in which public faith is given to a transfer that is in reality non-existent. Therefore, this crime is understood to be consummated with the mere making of that false deed within the protocol that gives public faith, regardless of whether it was subsequently used or not, which, as noted, does not constitute an objective element of the criminal type. Subsequently, another later event occurred that began with the execution of another crime of ideological falsehood, by materially creating a second false document, with the certification (testimonio) of the deed that was indeed used before the National Registry. Although it is true that all the crimes a person commits may have a common general purpose, this does not necessarily lead to the conclusion that, because the objective is to extract properties, all the conducts are in a "unity of action" (unidad de acción). The Court considered the making of two false documents, at two different times, both with harmful potential, as a single falsification, reasoning that is incorrect. It argues that each was carried out at different times, and therefore there is no unity of action, since each one begins and ends or is consummated at different times; thus, they concur materially. Thus, the amount of the prison sentence imposed was far below what would have been proportional, and the rules of material concurrence (concurso material) were not properly applied. It requests that this ground be granted and the partial nullity of the appealed judgment be ordered regarding the amount of the penalty imposed, ordering referral so that, with a new panel, a new sentence proportional to the true gravity of the acts be set. Without prejudice to the foregoing, it notes that the declaration of instrumental falsehood, the suppression of the fraudulent registry entries, the civil judgment against the accused [Name 047], and the costs agreed as a result of those judgments must remain final, without prejudice to what is requested in the other grounds of appeal. Partially granted. The party raises two issues, which will be addressed separately and in an order different from that proposed. A) Disagreement with the legal classification given to the proven facts. The lower court (a quo) found the following factual sequence to be proven: "1.- Without specifying an exact date, but prior to June 18, 2013, the accused [Name 047] and Mr. [Name 002] (an accused for whom a dismissal was issued due to death), devised a criminal plan with the purpose of dispossessing the properties registered under the Real Folio system with registration number [Value 005] and number [Value 004], both of the San José Registry, from the company Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., Costa Rican legal identification number 3-012-552704, represented by [Name 327]. 2. It is thus that the accused [Name 047] abusively used her function as a notary public and made public deed 317-3 in volume 3, folio 159 front of her protocol, in which she falsely inserted that [Name 084] appeared before her, in his capacity as general power of attorney without limit of sum of the offended company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., in its capacity as owner of the properties with registration numbers [Value 005] and [Value 004] of the San José Registry, and sold the same, for the sum of 1,700,000 colones each, to [Name 002], when in reality he never appeared. 3. Immediately thereafter, with the purpose of inducing the officials of the National Registry into error, the accused [Name 047] made the certification (testimonio) of deed 317 of volume 3 of her protocol, which she printed on her security paper number 1733580 and attached security slip 443442-O assigned to her person. 4. On June 18, 2013, the certification (testimonio) with false data of deed 317 of volume 3 of the protocol of the accused [Name 047] was presented before the National Registry located in Zapote, which was registered under Volume 2013, Entry 185300, a false document that was used to thereby induce the registrar into error, who, based on the public faith given by the notary regarding the information inserted in the presented certifications (testimonios), disposed of the patrimony of the offended company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., through the transfer of ownership of properties registration number [Value 005] and number [Value 004] of the San José Registry to [Name 002], dispossessing the offended company of said real estate. 5. Continuing with his criminal plan, Mr. [Name 002] (accused dismissed due to death), on July 19, 2013, carried out the transfer of the aforementioned properties, for which purpose, before Notary Public Karla Vanessa Brenes Siles with office in San José, [Name 002] fraudulently, passing himself off as the legitimate owner of the properties of the Province of San José, registration numbers [Value 005] and [Value 004], they made deeds number forty-seven and forty-eight, visible at folios forty-eight front and back and forty-nine front and back, respectively, of volume twenty-three of the protocol of said notary, according to which [Name 002] sells to the company Corporación Magno Futuro S.A., represented by [Name 077], the mentioned properties for the sum of one million seven hundred thousand colones each. A necessary act to claim an acquisition under the protection of the registry. 6. The corresponding certifications (testimonios) of deeds 47 and 48 of the mentioned notary were presented to the Public Registry at the central headquarters by Mr. Jorge Zamora Santana on July 22, 2013, before the Daily of the National Registry for their definitive registration on July 30 and 23, 2013, respectively. An action through which, finally, these properties were illegitimately disposed of, which in reality belong to the patrimony of the company Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., Costa Rican legal identification number 3-012-552704, represented by [Name 327] and, ultimately, to the detriment of Entrecampos Uno SL, which is its legitimate owner, represented equally by the offended party [Name 084]. 7. The described registry dispossession generated a material dispossession over said real estate, producing economic damage consisting of the impossibility of disposing of both properties from the moment of the registry dispossession (June 18, 2013). Likewise, with the described unlawful conduct, the complainant and civil party, [Name 084], personally suffered moral damage, by having his identity supplanted in notarial acts through which he falsely appeared selling the properties in question." (literal transcription, cf. 19 back to 21 back of the appeal file created for this purpose), which were classified as typical of a crime of aggravated fraud (estafa mayor) in ideal concurrence (concurso ideal) with an ideological falsehood (falsedad ideológica), sentencing the accused [Name 047] to three years of imprisonment. The punitive claim of the party was expressly dismissed, which sought conviction for two falsehood crimes, for granting public deed 317-3 and for issuing the certification (testimonio) that was later presented to the Real Estate Registry, considering that "the ideological falsehood (falsedad ideológica) of the deed, the false certification (testimonio) derived from it, and the use upon presentation to the National Registry, are considered from an ontological-normative point of view as a unity of action (unidad de acción), an offense that concurs ideally with the crime of aggravated fraud (estafa mayor)." (cf. 27 front of the appeal file created for this purpose). Article 367 of the Penal Code contemplates the indicated offense, penalizing two typical conducts, that of inserting into a public or authentic document false declarations concerning a fact that the document must prove, and that of causing such falsehoods to be inserted. The first can only be executed by one who has the legal power to issue the document, that is, a public attesting officer, so that "...the inserted declaration is false when what is stated in the document has a legal meaning different from the act that actually occurred in the presence of the attesting officer and that he should have included as the truth of what he must attest to..." –Creus, Carlos. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo 2. Sexta edición actualizada y ampliada. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1997. Pág. 428–. On the other hand, the conduct of causing to be inserted is committed by the grantor of the document who manages to have an attesting officer insert false declarations into a public or authentic document concerning a fact that the document must prove; and, for both cases, in such a way that harm may result. It is a crime that requires the existence of direct intent (dolo directo), that is, the active subject must be fully aware that the content of what is inserted is false and expresses his will to do so, just as that act will cause harm to another person, which eliminates the possibility that it can be committed with eventual intent (dolo eventual). The appellant considers that the making of the parent deed in the protocol of the accused [Name 047], and the issuance of the certification (testimonio), constitute two independent criminal-legal actions, rather than one, as the court considered. In order to establish whether or not there is a unity of action (unidad de acción) in the legal sense, the criminal sequence must be weighed, which allows for the determination of the moment in which the active subject achieved his objective. In this case, it was proven that the notary [Name 047] inserted false facts into a public deed, issuing the respective certification (testimonio) that was subsequently used in the Real Estate Registry to achieve a patrimonial advantage of a registry nature. This succession determines that the set of her actions is a single one, from a legal perspective, since the insertion of false facts in the parent deed had the purpose of modifying the registry reality, which is achieved only when the real right is registered, thus ending the unity of action (unidad de acción), having reached the pursued end that encompasses all the prior criminal actions. The thesis of the complainant ignores that, in the transfer of property, the effect of registry publicity and opposability against third parties is perfected only when its registration in the National Registry is verified. To achieve this end, not only is the making of the deed required, but also the issuance and presentation of its respective certification (testimonio) before the registry authority, such that the harm can only be generated when the document is used or put into circulation, precisely with its presentation and subsequent registration by the Real Estate Registry, induced into error and deception. It must be taken into account that the protocol where the parent deed recording the act is kept is never exhibited, much less presented in the Real Estate Registry to achieve the sought-after transfer of ownership, but remains in the custody of the public attesting officer while in use, and is deposited in the National Archive only once the authorized folios are completed. Under such considerations, the issuance of the deed certification (testimonio de escritura), even days or months after the parent deed was issued, cannot be considered an independent second falsehood crime, since "The making of the false certification (testimonio) has no other purpose than to give publicity to the legal transaction, and make it opposable to third parties, through its registration. It is precisely with said action, namely, the effective presentation of the certification (testimonio) in the Public Registry, that the elements required for the configuration of the ideological falsehood (falsedad ideológica) are completed (as reclassified in this venue), specifically regarding the requirement that '...harm may result...'" (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, vote 2008-0584, at 10:18 a.m., of May 23, 2008). The act recorded in the parent deed has no possibility whatsoever of causing harm by itself, but rather only until the respective certification (testimonio) is issued for its use in the National Registry, such that one is not faced with two legal actions as the party, which completely ignores the particularities of the case noted above, maintains. A different situation would occur if the certification (testimonio) issued by the public attesting officer contains any modification, addition, or deletion with respect to its parent deed, not being a faithful document thereof, a scenario that has not been alleged to have occurred in this case. This appellate chamber does not share the legal thesis of the appellant, endorsing the legal classification given by the lower court to the proven facts, thus dismissing this ground. B) Disagreement with the penalty imposed and grant of the benefit of conditional execution of the sentence (ejecución condicional de la pena). Having analyzed the written judgment and compared it against the appellant's arguments, this Chamber considers that the appellant is correct in invoking a defect in the reasoning for the three-year prison sentence imposed on the accused [Name 047], for the commission of a crime of aggravated fraud (estafa mayor) and ideological falsehood (falsedad ideológica) in ideal concurrence (concurso ideal). With respect to this point, the lower court stated only the following: "The crime of aggravated fraud (estafa mayor) is punishable by a penalty of six months to ten years of imprisonment and, being in ideal concurrence (concurso ideal) with a falsehood crime, it may be increased. The accused does not deserve the minimum penalty, it involves not one but two dispossessed properties, which today each have a value exceeding one hundred twenty million colones, the patrimonial damage is of very high value (see appraisal by expert Xinia Monge Rodríguez at folio 1529 of the file). The accused is a lawyer and notary, that is, a person with university studies, with a specialized education in law that allows her to clearly know the consequences of her acts and the duties her profession entails, but far from fulfilling the social function of her work, she affects public faith in the registry (fe pública registral), thereby generating a multi-million dollar fraud. In addition, the affected parties are foreign investors in real estate in the country, meaning the crime affects the country's image before these foreign persons. Even witness [Name 107], a real estate broker, states that this type of conduct, which she has repeatedly seen in her profession, generates a loss of the country's good image and affects legal certainty, especially before these foreign persons who are harmed. By virtue of this, the sentenced person is imposed the penalty of two years of imprisonment increased by one year for the falsehood crime that concurs ideally, for a total of three years of imprisonment. A higher penalty is not imposed taking into account that the accused states she is in a process of amendment, stating that in recent years she has not had new criminal proceedings for acts of that kind. A penalty that she must serve in the place and manner indicated by penitentiary regulations, after crediting the preventive detention served." (cf. 24 back to 25 front of the appeal file created for this purpose, literal transcription). It is the criterion of this chamber that, regarding this point, the judgment lacks adequate reasoning, considering the parameters provided for in Article 71 of the Penal Code. The judges recognize that the sentenced person does not deserve the minimum penalty, taking into account the magnitude of the injury, based on the dispossession of two properties of very high value, generating significant patrimonial harm to the victim, taking into account that they are foreign real estate investors, just as the events that occurred negatively impact the country's image internationally, calling legal certainty into question. Likewise, the personal conditions of the accused were considered, who, despite her specialized university studies in law, compromised public faith, which resulted in a multi-million dollar fraud. The arguments outlined by the court allow for the consideration of the existence of an axiological contradiction, because each of the stated reasons is aimed at highlighting different motives that, under the provisions of Article 71 of the Penal Code, would be sufficient to impose a higher penalty, which could be up to ten years of imprisonment. Despite recognizing that the material actions carried out by the accused affected the patrimony of foreign investors, concerning two properties of very high value, affecting trust in the country's registry security and its image by a public attesting officer, with greater legal and moral obligations, they set forth a series of arguments that, as a whole, unequivocally point towards a greater degree of reproach towards the accused for her conduct, despite which they set an amount of three years that holds no proportionality or reasonableness with the reproach of her behavior. It is even asserted that [Name 047] has begun a process of amendment, without developing the elements on which this appreciation, which is merely subjective, is based. The axiological contradiction regarding the assessment of the corresponding reproach is sufficient to declare the ineffectiveness of the three-year prison sentence imposed, and it must be highlighted that the court did not even weigh the impact that the events had on the victim, who has had to wait 13 years for a judicial resolution to restore her property, which she has been unable to dispose of for her enjoyment, use, fruition, exploitation, and alienation, generating a substantial financial loss, aggravated due to the need to hire legal counsel in the country to ensure the safeguarding of her rights in this process, as well as the constant trips she has had to make to the country to be present at the various hearings to which she has been summoned, as factors that the court did not even weigh. In the opinion of this court, there is insufficient reasoning in setting the quantum of the penalty, because, according to the personal conditions of the active and passive subject, the circumstances of manner, time, and place in which the unlawful act occurred, the quality of the determining motives, the magnitude of the damage caused, as well as the conduct of the accused after the event, there were elements that needed to be dimensioned in the graduation of the reproach. Despite what has been decided, it is necessary to point out that the claim for an increase in the penalty due to the fact that the defendant decided not to answer questions from the complainant and civil party, and the defense strategy followed at trial – denying her intentional participation in the facts and offering exculpatory evidence – could not be considered for setting the penalty because it would imply a violation of Article 36 of the Political Constitution and Article 8.2.g of the American Convention on Human Rights, since according to these norms, any accused person has the right to remain silent about the facts without any consequence to their detriment. It is illegitimate to consider that the attitude of the accused, availing herself of the right of abstention or testifying without answering questions, as well as the strategy developed in the adversarial process, implies an absence of remorse on her part, as this is part of her right of defense guaranteed by the Political Constitution, international human rights instruments, and our procedural legislation. Even the alleged lack of remorse does not constitute a valid parameter for the quantification of the reproach, since that would imply the duty of the accused person to have to acknowledge their guilt, when they are covered by the presumption of innocence and a right not to self-incriminate, as the Third Chamber has stated on other occasions, among others, votes 813-05, of July 22, 2005; 81-08, of February 18, 2008, and 265-08, of March 28, 2008. Similarly, if she did not appear at the scheduled time for the preliminary hearing, but rather arrived late, requesting the assistance of the public defender's office, this was an aspect that the judge of that stage assessed in due course and even ordered communication to the prosecutor's office of the Bar Association; however, this situation per se cannot be considered to the detriment of the convicted person, since she has the right to have professional technical assistance, even being a lawyer herself, because the law does not provide for an exception of that nature. In another vein, this Chamber notes that the benefit of conditional execution of the sentence (ejecución condicional de la pena) was granted to [Name 047] "Because she meets the requirements for it and there is no objection from the prosecuting authority, the sentenced person is granted the benefit of conditional execution of the sentence imposed for a term of FIVE YEARS, a benefit that will be revoked if during said probation period she commits a new intentional crime punishable by more than six months of imprisonment. The longer probation term is imposed taking into account that the penalty imposed is the highest that allows the granting of this benefit, the serious damages caused" (cf. 25 front of the appeal file created for this purpose, literal transcription), omitting to provide reasons for this decision, lacking a minimal examination of compliance with the legal requirements provided for in Articles 59 and 60 of the Penal Code. The foregoing takes on greater significance if the content of the criminal record certificate of the accused is taken into consideration, visible at folios 1772 to 1775 of the virtual file, determining the existence of three different convictions – summary records 13-027403-0042-PE, 14-001028-0414-PE, and 23-14-384-PE, for events of January 8, 2013; between December 2012 and January 8, 2013, and September 9, 2010, respectively, with judgments rendered on January 13, 2022; February 9, 2018, and August 23, 2023 – in each of which the cited benefit was granted for different terms, making it absolutely necessary to weigh whether the accused could be considered a first-time offender or not, as well as whether there could be a breach of Article 63 of the cited legal body, which establishes as a ground for revocation of the conditional execution of the sentence (ejecución condicional de la pena) when the convicted person commits a new intentional crime punishable by more than six months of imprisonment during the probation period, an analytical exercise that the court completely omitted, generating a defect in the reasoning that must be so declared. In consideration of what has been indicated, the judgment is partially annulled, ordering the referral of the case to the Criminal Trial Court of origin so that, with a different panel, it determines the penalty that corresponds in law and, thereby, the appropriateness or not of the benefit of conditional execution of the sentence (ejecución condicional de la pena) with respect to the accused [Name 047], and it must be noted that, since the sentence was appealed by the complainant, the prohibition of reformatio in peius (no reforma en perjuicio) is not applicable.
VI.– As the third ground of appeal of attorney Alfonso Navas Aparicio, in his capacity as special judicial representative of the complainant Rodríguez, and the fifth ground of attorney Aymara Fernández Madrid, in her capacity as special judicial representative of the civil plaintiffs, they allege a partially erroneous interpretation of Article 140 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). The complainant and civil plaintiff requested that the judgment order the restoration of the properties fraudulently taken to the state they were in before the criminal act, namely, two adjoining lots, without any internal construction, earthen ground with naturally occurring and growing plants and grass, which were fenced, padlocked, and had a sign indicating they were for sale by the company “[Nombre 078]” and its telephone number. The judges considered that said provisional measure could not be applied at the trial stage or upon issuing judgment. Contrary to what the lower court (a quo) believes, said provision expressly empowers the imposition of the provisional measure at any stage of the proceedings. In this specific case, the requirements for its application were met. As recorded in the documentary evidence (folios 1529 to 1545) and by the defendant [Nombre 077] himself, representative of Corporación Magno Futuro, S.A., which acquired the properties in a second and also fraudulent transfer, despite knowledge of the present criminal proceedings, he decided to build on the lots a solid material base (colloquially called “planché”) that covered the entire surface of the land, installed a shed, placed a perimeter mesh fence, and set up a vehicle sales business, with many vehicles inside, which remains to date, a situation not disputed in the hearing, just as the property transfer deeds were false, even though both defendants stated before the Court that they, supposedly, had also been deceived by the deceased defendant [Nombre 002]. Due to the foregoing, the court ordered the declaration of instrumental falsity and ordered the registry suppression of the entries recording the transfers of both lots. That is, there were sufficient elements to order the restoration of things to the state prior to the act, a measure that was denied due to an erroneous interpretation, despite the fulfillment of the two fundamental requirements of any precautionary or provisional measure, appearance of good right (apariencia de buen derecho) and danger in delay (peligro en la demora), which further affects over time the legitimate property rights of the stolen properties, ten years ago, where the victim has had to endure the passage of time and make a great psychological and economic effort to attend to this process, traveling between Spain and Costa Rica. The immediate possession of the victim over the properties that were taken from him more than 10 years ago should have been ordered, without waiting for the entire judgment to become final. During this time, the defendant and his company have obtained economic benefits from a duly proven registry fraud, regardless of whether the defendant was acquitted due to doubt, a point under appeal; Article 106.4 of the Penal Code (Código Penal) obligates the payment of damages and losses to “those who, for lucrative title, participate in the effects of the punishable act, to the extent they have benefited.” It is clear that the defendant and his Corporación Magno Futuro, S.A. are civilly liable, even under the mere hypothesis (not shared) of their possible non-participation in the crime. To still maintain the possession of the defendant and his company in the properties, who continue to exploit them economically, would imply unduly legitimizing a possession that has already been proven with certainty to be illegal by the defendant [Nombre 077] and his company Corporación Magno Futuro, S.A. Consequently, the Court, in a correct application, should have decreed the provisional measure of Article 140 of the Code of Criminal Procedure and ordered, with the help of the Public Force (Fuerza Pública), which includes the Traffic Police (for the removal of the vehicles supposedly for sale existing on the land), the immediate placement into possession of the properties to Mr. [Nombre 084], as representative of the affected company that owns the properties; the immediate eviction of persons, vehicles, and other movable property existing on the land; the authorization for Mr. [Nombre 084] to demolish and remove any work or construction attached to the land, such as the solid material base with which the soils of both lands were covered; the perimeter mesh fence; and an installed shed. They request that the ground of appeal be granted and that the partial nullity of the appealed judgment be ordered and, without the need for remand, that the following be ordered as a provisional measure: the restoration of the real estate to its previous state before the criminal acts, in the following manner: the immediate placement into possession of the properties with real folio number 292.315-000 and real folio number 292.317-000, both of the San José Registry (Partido de San José), the immediate eviction of persons, vehicles, and other movable property existing on the cited real estate, and the authorization for [Nombre 084] to demolish and remove any work or construction attached to the land, execution to be immediate and, if necessary, with the collaboration of the Public Force, which includes the Traffic Police to, with the use of tow trucks, remove the vehicles supposedly for sale existing on the land. As both claims are linked to the same reproach, they are addressed jointly and are granted: This Appeals Chamber has reviewed not only the issued judgment but also the recording records of the trial hearings, determining that, in the concluding stage, the complainant party expressly requested that, in accordance with Article 140 of the Code of Criminal Procedure, “as a provisional measure, the restoration of the circumstances, of the situation to the state prior to the act” be imposed, justifying that it was appropriate at any stage of the proceedings, especially since, in this case, there were more than sufficient elements to order it, because the falsity of Deed 317 of the protocol of the accused [Nombre 047] was clearly established and was not disputed by any of the parties. Thus, they requested “that the immediate possession of the company Entrecampos Uno, represented by Mr. [Nombre 084], of those two properties be ordered, and that it be ordered with the help of the Public Force, including the Traffic Police, because it has been indicated here that there is currently a vehicle sale there, we do not know who the owners of those vehicles are, that with the help of the Public Force and the Traffic Police, the eviction of all those vehicles and the infrastructure that is there be ordered, and that, as part of this, the company represented by Mr. [Nombre 084] also be authorized for the immediate demolition of everything that is not evicted, meaning the demolition of that fence they have put up, a mesh fence, meaning the demolition or destruction of a concrete slab (planché) and whatever remains at that moment that is not subject to eviction, to removal by the police authorities,” considering that it was not necessary to wait for a final judgment for the provisional measure to be ordered, arguments reiterated by the special judicial representative of the civil plaintiff (counter 14:16 to 18:25 and 2:57:05 to 2:57:24 of the audio and video file identified as 1400038000175PE-19082024014011-2_Multi.mp4). Regarding that request, the court resolved only the following: “Finally, the provisional measures of provisional placement into possession of the real estate in question and the requests for seizure are requested. In relation to the first, as a provisional and therefore non-definitive measure, it cannot be granted in a judgment, but only in stages prior to it. (Article 140 of the Code of Criminal Procedure).” (folio 31 of the appeal file prepared for this purpose). Article 140 of the Code of Criminal Procedure stipulates that: “At any stage of the proceedings and at the request of the victim, the court may order, as a provisional measure, the restoration of things to the state they had before the act, provided there are sufficient elements to decide it.” This provision is a procedural power of a provisional nature, authorizing the judge, in cases where the infraction has been demonstrated and it is appropriate, to seek to restore all circumstances to their original state, in order to cease the effects thereof, not definitively, but provisionally; hence, its nature ceases with the issuance of the judgment. The appellants are correct in arguing that the judges made a misreading of the cited article because, indeed, the norm does not prevent its application in a judgment; on the contrary, it allows it to be applied at any stage of the proceedings, without a distinction being possible where the law has not expressly provided for one. Regardless of the foregoing, this Chamber notes the existence of a defect in the resolution, which translates into a lack of reasoning in the judgment regarding that point, because, irrespective of the name and number of the norm that the parties cited in their conclusions, it is clear that their claim was not limited to the declaration of falsity of public instruments 317-3 of notary [Nombre 047], such as 47 and 48 of notary Karla Vanessa Brenes Siles, but rather sought a judicial pronouncement encompassing the placement into possession of the properties of the San José Registry, with real folio number [Valor 005] and [Valor 004], to their owner. Logically, such a requirement includes the eviction of the persons and goods found on the real estate, as well as the demolition of the works built on them, claims that aim at the consolidation of a situation definitively, which is contrary to the rules of exceptionality and provisionality of provisional measures. The parties' request is characteristic of the restitution of the material object of the crime, which does not constitute a form of compensation in the strict sense. Note that Article 103 of the Penal Code establishes that “every punishable act has as a consequence civil reparation, which shall be determined in a condemnatory judgment; it shall order: 1) The restitution of the things or, failing that, the payment of their respective value; 2) The repair of all damage; and the compensation for the losses caused both to the victim and to third parties; and 3) The confiscation.” An aspect reiterated by Article 123 of the 1941 Penal Code also in an imperative form, by ordering that the convicted person must restore to the victim the thing that was the object of the punishable act, and if unable to do so, shall be obliged to pay its value. That is, it is absolutely necessary that, in a case like the present one, where the falsity of public instruments was declared, ordering their suppression from the Real Estate Registry, as well as any subsequent transfer, annotation, or encumbrance made thereafter, the court analyze the request made by the party because, regardless of the normative basis used, their claims are characteristic of the effects of restitution that must be ordered as a consequence of a punishable act. Their claims go from being provisional measures, ergo, provisional, to being a necessary and logical consequence of a declaratory situation of law ordered by the lower court, in accordance with Article 492 of the Code of Criminal Procedure. See in this regard that the parties were not only requesting the eviction of persons or goods found on both properties, but the demolition of any existing work, with the aim of returning the real estate to the state it was in before the fraud, of which the complainant and civil plaintiff were victims. It is contradictory that the judges ordered the falsity of the indicated public instruments, with their suppression from the National Registry (Registro Nacional), but failed to assess their effects, protecting the effective placement into possession of the real estate to its legitimate owner, especially since, in this case, it was brought to their attention that they were being used by the accused [Nombre 077] as a commercial point for the sale of vehicles. In that sense, it was ignored that the concept of property provided in Article 264 of the Civil Code (Código Civil), which encompasses the rights of: “1º.- Of possession. 2º.- Of usufruct. 3º.- Of transformation and alienation. 4º.- Of defense and exclusion; and 5º.- Of restitution and compensation”; which are protected not only by registry inscription but also include the possession of the real estate. According to the particularities of this process, it was necessary for the court to rule on the petitions of the offended party, which was actually seeking to also protect the right of possession, alienation, and usufruct, through the full use and enjoyment of the two properties, not only at the registry level but in practice, without the need to initiate new judicial processes aimed at placing them in possession. Both appellants are correct because, throughout the judgment, the lower court omitted to examine this point, arguing that Article 140 of the Code of Criminal Procedure could not be applied in a judgment, overlooking that, on the merits, the issue of restitution of things to their prior state should have been resolved, which was not done, ignoring that these were petitions covered by restitution, pursuant to Article 103(1) of the Penal Code, and deserved their examination and ruling by express provision of law, on an issue discussed during the deliberation stage and which should have been included in the judgment, pursuant to Articles 361 and 362 of the Code of Criminal Procedure. It must even be noted that restitution is appropriate even when an acquittal judgment is issued and can be ordered even if a civil action for damages has not been filed, as can be inferred from Article 366 of the Code of Criminal Procedure. However, in addition, based on that decision, there was no impediment to also seeking a precautionary measure, so that the crime being judged would have no further repercussions on the victim's rights. The foregoing procedure violates the duty to provide reasoning, established in Article 142 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates that judgments must contain clear and precise reasoning, expressing the reasoning of fact and law on which the judge's decision is based, indicating the value given to the evidence; sanctioning the omission of said requirement with nullity. Based on the foregoing, the grounds are upheld, and the appealed judgment is partially annulled, ordering the remand of the case to the Criminal Trial Court of origin, so that it may rule on the petitions of the complainant and civil plaintiff indicated herein, resolving as appropriate. It should be added that it is not possible to resolve this aspect at this venue, as it would mean deciding in a single instance and preventing the parties from their right to discuss the point more fully before the lower court, enabling the latter to have quality inputs regarding the state and condition of the real estate, issuing a resolution capable of being examined on appeal.
VII.– Appeal filed by attorney Horacio Mejías Portuguez, in his capacity as private defender of the defendant [Nombre 077] and the civil co-defendant Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima. As a first ground, he challenges the determination of facts. His client was acquitted due to doubt, although the court attributed to him a high probability of authorship in the complaint for fraud (estafa), without explaining what that participation in the iter criminis consisted of; to the detriment of the duty to provide reasoning, established in Article 142 of the Code of Criminal Procedure, whether to convict or acquit. He disagrees with the fifth proven fact, insofar as it establishes that his client, through the company Corporación Magno Futuro S.A., bought the properties [Valor 005] and [Valor 004] from [Nombre 002] as a “Necessary act to claim an acquisition under the protection of the registry (sic).” If that had been his intention, an acquittal in his favor would not be possible, let alone contradicting himself by stating that he was unaware of the fraudulent origin of the real estate, expressions that cannot coexist without falling into serious contradiction, affecting the institutes of res judicata (cosa juzgada) and instrumental falsity, improperly applied to the specific case, since the accused had no prior plans or collusion with the other defendants, and the civil judgment made him the immovable owner of said lands, using a refrain that disrespects the operative part of the civil judgment, lacking the authority to re-examine a judgment with material res judicata. He requests that the nullity of the judgment be ordered and a new proceeding be ordered to provide justice to defendant [Nombre 077]. Ruling is omitted. For reasons of procedural economy and given the manner in which the first ground of the complainant's appeal has been resolved, as well as the fourth ground of the civil plaintiff's appeal, regarding the criminal acquittal, this claim will not be addressed. Regarding the questioning of the scope of the declaration of instrumental falsity issued in the record, it must be remembered that it must obligatorily be issued in a judgment when a public instrument is declared false, ordering “that the act be reconstructed, suppressed, or reformed. If applicable, it shall order the corresponding registry rectifications. If the document has been extracted from an archive, it shall be returned to it, with a marginal note on each page, and a copy of the judgment that established the total or partial falsity shall be attached. If it is a protocolized document, the declaration made in the judgment shall be noted in the margin of the original, in the certified copies that have been presented, and in the respective registry.” as provided in Article 492 of the Code of Criminal Procedure. In the case under review, none of the parties disputed that the content of Deed 317-3 of the third protocol of the accused [Nombre 047] had not been executed by Mr. [Nombre 084], in his capacity as unlimited general power of attorney of Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., selling to [Nombre 002] the properties of the San José Registry, real folio numbers [Valor 005] and [Valor 004] for the sum of one million seven hundred thousand colones each. The court had ample evidentiary inputs that corroborated that the signature placed in the name of ([Nombre 084]) was not made by him – expert opinion DCF:2017-00376-AED – and even, on the date of its execution – June 2013 – he was not in Costa Rica, making it absolutely clear that the indicated deed is false, as is the issued certified copy that was presented to the Real Estate Registry and allowed the transfer of ownership of the properties in favor of [Nombre 002], which extends to the property dispositions that the latter made on the cited properties, under a fraudulent scheme, hence, what was resolved by the lower court conforms to law, referring the party to what was analyzed in the first and ninth recital (considerando) of this judgment.
VIII.– As a second ground, he alleges disagreement with the incorporation and assessment of evidence, which he divides into two sections: A) Circumstantial evidence. His client was acquitted due to doubt of the fraud accusation brought in the complaint, noting that there was a very high probability of participation in the events, and the court took eight pieces of circumstantial evidence that it listed on page 45. He considers that, under the principle of effective judicial protection, it is necessary to claim that the previous determination is slanderous, this appeal being the useful and appropriate remedy to “find reparation for the insults or damages they may have received in their person,” in this case, that of being pointed out as a participant with high probability in a crime of fraud and, therefore, of being a fraudster. The resolution causes him harm, as it leaves him as a criminal acquitted due to doubt, when what was appropriate was to do so with certainty or innocence. As a grievance, he points out that a criminal judgment, despite being acquittal, creates material res judicata in its grounds and will thus remain “petrified for eternity” if not corrected through the appeal amendment. He claims the violation of the rules of sound criticism (sana crítica), through the principle of identity, where “one thing cannot be two different things at once,” as a violation in the assessment of evidence, “by digging up inconsequential pieces of circumstantial evidence and not confronting them with the rest of the significant evidence that was indeed admitted in the adversarial process and that consists of two monolithic elements that were not even taken into account, despite having been heavily insisted upon during the defense's conclusions.” He details that the lifting of bank secrecy was ignored, visible at image 1280 of the virtual file, where Scotiabank certifies that check 26-1, for ¢49,000,000 colones, was cashed by [Nombre 002], while number 248-2, for the sum of ¢16,000,000, was cashed by [Nombre 112], after being endorsed by [Nombre 002]. He notes that the same situation occurred regarding the transfer deeds for the vehicles, made by the acquitted [Nombre 077] to the discharged [Nombre 002], locatable in the virtual file, between images 2764 to 2784, which were presented and registered in the National Registry, vehicles that were later sold to third parties, disposing of them. Had all the documentary evidence incorporated into the hearing been assessed, it would be concluded that the circumstantial evidence of criminal participation in the crime of fraud attributed to [Nombre 077] is non-existent, and that it can only be affirmed, disregarding the rest of the evidence, because it is also a rule of experience that if he paid, he cannot be a fraudster, and that if he delivered some vehicles as payment in kind of the price, it matters little how they chose them, because what is really important is that the deal did occur. His client is not a defendant but a victim, so he requests that the judgment be modified and he be acquitted with certainty and not due to doubt; alternatively, given a defect in the reasoning of the judgment, he requests that the process be remanded for new proceedings. B) Incorporation and assessment of the expert report rendered by Xinia Monge. The present case was elevated to trial with evidence to be gathered, among others, the completion of an expert report to determine the value of the properties, which was necessary to establish the penalty for the fraud crime under complaint. Said expert report was never rendered, and it was not until November 9, 2021, that the civil plaintiff provided an appraisal, of which the parties were not given a hearing nor informed of said documentation. At the start of the trial, the defense stated that there was no opposition to the incorporation of the document as such, in its capacity as documentary evidence, provided it was understood that it was not an expert report. Such warnings and complaints were not taken into account, since the use of a written opinion on the value of a property requires analysis to determine its admissibility as an element of conviction. He claims that it is not an expert report because the court did not appoint the expert, was not sworn in, and could not be interrogated during the hearing; in other words, that document is simply one person's opinion on the value of a property. Such input was used to set the price of the properties and irresponsibly conclude that they were acquired at half price, which creates defenselessness, both due to the “impossibility of a hearing and defense,” and the absence of analysis by the judges to determine its value as evidentiary input. Had they realized the futility of said piece of evidence, a different conclusion would have been reached, namely that the price paid by [Nombre 077] is reasonable, and they would not have reached unfortunate conclusions, enabling an acquittal with certainty and not due to doubt, which is precisely the claim concretized on appeal. Denied. Regarding the challenge to the grounds for acquitting the accused due to doubt and not with certainty, in consideration of the manner in which the first ground of the complainant's appeal has been resolved, as well as the fourth ground of the civil plaintiff's appeal, this point will not be addressed. Regarding the challenge brought against the incorporation of the appraisal, as an expert report rendered by Xinia Monge Rodríguez, the claim is dismissed. From the review of the civil action for damages, it is evident that the plaintiff party reiterated its request for a mathematical expert opinion, not only for the evaluation of material and moral damages and the losses suffered but also to value the properties of the San José Registry, real folio numbers [Valor 005] and [Valor 004] (cf. 702 of the virtual file), also reiterated in the complaint brief, visible at folio 717, reiterating said petition in a brief dated February 5, 2019 (cf. 755 to 760). By oral resolution at 2:20 p.m. on February 5, 2019, the criminal judge issued an order to open trial against [Nombre 077] and, regarding the indicated evidence, ordered the following: “Given that since 2014 the representation of the civil plaintiff requested the appointment of an actuarial mathematical expert to specify the quantification of the estimated and claimed damage, and given that the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) failed to comply with the required act, the Prosecutor's Office is ordered to process that petition, appoint an actuarial mathematical expert, and gather the requested expert report, subsequently providing it to the Criminal Court as it is essential to determine the value of the loss alleged by the promoting party (in recording).” (cf. 793 of the virtual file). Given that the Prosecutor's Office failed to comply with what was ordered by the criminal judge, who ordered the gathering of an actuarial expert report, from the study of the file, it is recorded that, by brief dated November 9, 2021, visible at folio 1481 of the virtual file, attorney Fernández Madrid, as representative of the civil plaintiff party, among other things, provided an appraisal of the aforementioned properties, visible at folios 1484 to 1500. Certainly, it is not noted that all parties were informed; however, it is recorded that, by order at 08:05 a.m. on May 12, 2022, a hearing was convened for August 17 and 18, 2023, at which time “all proceedings, orders, as well as the existing evidence from the investigation” were made available to the parties (cf. 1536 of the virtual file), which also occurred each time an adversarial hearing was convened. From that perspective, it is clear that the defendant party could not allege ignorance of a piece of evidence that was duly admitted for trial and was pending gathering, which was duly added to the file, and, therefore, all parties could have become aware of its content. It has even been taken into account that, in a brief dated May 30, 2023, addressed to the criminal court, attorney Mejías Portuguez complained about the lack of digitization of the information contained on a compact disc, which was delivered at the hearings on December 2 and 9, 2021, after having consulted the virtual file (cf. 1569), which denotes full knowledge and management of the summary, ruling out an alleged defenselessness due to violation of the principle of hearing. It is worth noting that, when the hearing was opened in the first audience on July 22, 2024, attorney Navas Aparicio again provided the appraisal of the properties, which had been submitted since November 9, 2021, and it was determined that the appellant expressly stated he did not oppose the incorporation of the report, on the understanding that it is documentary evidence and not an expert report (cf. 1777 of the virtual file), the court resolving to accept it as submitted, noting that its character would be established in the judgment. This entire account allows concluding that the party seeks nullity for the sake of nullity, ignoring that he was aware of the indicated evidence once it was presented by the plaintiff party, establishing the value of the properties under dispute, without observing a single action by the appellant questioning its scope, results, or methodology, hence his reproaches are not acceptable. In any case, even hypothetically suppressing the appraisal of the properties, regarding the determination of whether it was a minor or major fraud, based on the defendant's own acknowledgment of the value he paid for both properties – ¢80,000,000 – it is more than evident that this sum exceeds the ten base salaries set for the year 2013, set at the sum of ¢379,400.00 (three hundred seventy-nine thousand four hundred colones exactly), by agreement of the Superior Council, taken in session number 107-2012, held on December 11 of that year, Article XXVI, communicated via circular 191-2012. Therefore, the ground is denied in all its aspects.
IX.– As a third ground: Disagreement with the legal reasoning regarding the manner in which the exception of substantive res judicata (cosa juzgada material) was resolved, violating Article 42 of the Political Constitution. It was proven that the judgment issued by the Second Collegiate Court of First Instance, Civil Division, of the First Judicial Circuit of San José, under unique case file number 19-000062-1624-CI-2, is final, and its operative part ordered: “1) The plaintiff corporation Corporación Magno Futuro S.A. is the owner with all attributes of ownership of the Properties of the Partido de San José, registration numbers [Value 005] and [Value 016], and therefore has full enjoyment of them. 2) Good faith in the legal transaction carried out for the purchase of these is presumed. 3) All other petitions are denied.” The court considered that there was no substantive res judicata (cosa juzgada material) based on a flawed reading of the ruling, rendering null and void what was declared therein, namely, that Corporación Magno Futuro is the owner of the real estate and acquired it in good faith. It also stumbles in its reasoning “by indicating on its own accord” that the defendant has no right to file civil lawsuits. We see, then, that the vision of the law and the proceedings implemented by the court conforms neither to the law nor the Constitution. The error is significant, in that by violating the constitutional guarantee of respecting res judicata (cosa juzgada), by nullifying the final judgment issued in civil court, it declares the instrumental forgery (falsedad instrumental) of the deeds through which the company acquired and paid for the real estate, contradicting and nullifying it, when the former was final and prior. This, apart from being a defect and a violation of a constitutional guarantee, jeopardizes the cornerstone of a legal system, which is legal certainty (seguridad jurídica). The sentencing court also errs seriously by arguing that there is no subjective identity of the parties, because although it may be read in the documentation, the co-defendant [Name 047] could not and should not have been sued for such purposes, nor was she part of the legal relationship that was declared. It requests that the resolution under appeal be partially annulled to, instead, nullify the declaration of instrumental forgery (falsedad instrumental) ordered and, consequently, the properties remain under the ownership of their true owner, Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, as previously decided in a final judgment, with the character of substantive res judicata (cosa juzgada material). It criticizes the court’s reflections, which found it concerning that the defendants filed civil lawsuits and used notaries public (notarios públicos) to serve notice abroad, denoting unacceptable bias. A core issue over which the debate revolved was precisely that the civil plaintiff and complainant never proved ownership of the real estate, which even led the lower court to directly question [Name 084] about the companies he claimed to represent: Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro, Entrecampos Dos, and later Entrecampos Uno. The answer was always that it was a family group, but how the properties were transferred from one company to another was always a mystery. This is relevant because the status of victim rests on the ownership of the object of the crime, i.e., the properties. To circumvent this lack of ownership, the court, on page 53 of the judgment, sanctifies a attestation (dación de fe), and this is sufficient for it to consider the ownership of the goods proven, when what was required was the deed. By the date the complaint that generated this trial was filed, Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro had ceased to exist for several years, and the reason was one: to render the properties invisible for the payment of taxes in Spain, which is now corroborated with the attached documentation. Around 2004, fraudulent maneuvers were carried out through corporate spin-offs that Mr. [Name 084] could never explain to the Court. Furthermore, the representative of the complainant and civil action, [Name 084], was asked and admitted that the legal capacities (personerías) used to file the complaint in 2014 no longer corresponded to reality, that said companies did not exist, and worst of all, this was known to the Costa Rican lawyers handling the complaint. They cared little about keeping the Public Prosecutor’s Office (Ministerio Público) and the courts of justice misled and lied to. It states that, from the beginning of the debate, it was reported that the complainants and civil plaintiffs were always opaque in showing who they are, and that their objectives were to defraud the Spanish tax authorities, precisely contemporaneous with Transfer 1 from Ciudad Puerta de Hierro to Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro (now non-existent), with a tax evasion of sixty-four million euros, a situation that was proven with the attached documentary evidence from the Spanish stock exchange (BME). In the same vein, it argues that on page 53, the ownership of the properties in dispute is proven with an attestation (dación de fe) from a Spanish notary, who claimed to have seen a deed that provided for this; at the very least, the document alluded to by the notary should have been requested. After the judgment was issued, [Name 077] traveled to Madrid to fulfill what was promised to the Tax Administration in Spain, an opportunity he took to try to obtain the original or master deed from which an attestation (dación de fe) was presented to them, which served the Court to believe that they are the true owners of the properties; documentation that was denied by the notary office of Carlos Prada Guaita, and lawyers in Madrid were tasked with its recovery. It was explained to the Court in closing arguments “the about-face of the notary, but instead of weighing it as it should in light of what the parties said, it leans towards descending into this type of comment with the intention that the Court of Appeals would be biased,” deeming it prudent to review the recordings. Finally, it refers that “the lineage of the powers of attorney held by Mr. ([Name 084]) was presented with powers that did not correspond to reality, because at the time the complaint is filed in 2014, Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro no longer existed, and he never presented certification of his legal capacity.” Denied. The appellant refers to several issues in this ground, which he intermingles and links as if they dealt with the same theme, which is why this Chamber will address them separately and in logical order. A) Regarding the exception of substantive res judicata (cosa juzgada material). The private defense attorney seeks to challenge the evidentiary assessment made by the Trial Court; however, beyond proving alleged defects in the reasoning, what he does is express his disagreement with the decision, in addition to reinterpreting the scope of judgment number 710-2019, issued within proceeding 19-00062-1624-CI-2 according to his particular interest. The lower court expressly dismissed the cited exception, for which it first considered that res judicata (cosa juzgada) occurs when there is an identity of subjects, object, and cause, with the matter decided acquiring immutability, unappealability, and coercibility, a situation that did not occur in the present matter. The existence of the aforementioned civil proceeding was expressly recognized, in particular the claims outlined in the complaint, which sought to declare that: i) Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima was the sole owner and proprietor with all attributes of the properties of the Partido de San José, real estate folio numbers [Value 005] and [Value 004]; ii) That it was a good-faith purchaser, under the protection of registry publicity; iii) It had the right to full enjoyment of the ownership of the real estate and the co-defendants Entrecampos Uno S.L. and [Name 348] lacked the right to thwart, obstruct, or seek to annul the act of acquisition and, iv) the award of costs on both counts. The judges comprehensively studied the content of judgment 710-2019, of 10:37 a.m., on October 4, 2019, determining that the complaint was partially granted, establishing that the plaintiff corporation is the owner with all attributes of ownership of the Properties of the Partido de San José, registration numbers [Value 005] and [Value 016], and therefore has full enjoyment of them; presuming good faith in the legal transaction carried out for their purchase, denying all other petitions, and ordering the payment of costs to be liquidated in the judgment execution stage. The judges considered that, in the fifth whereas clause (considerando quinto), the civil court rejected the complaint insofar as it sought to declare that the defendants lacked the right to thwart, obstruct, or seek to annul the act of acquisition of the party because said properties had been acquired in good faith and under the protection of Registry publicity, specifying that if the defendants considered that any right had been violated, they could resort to the legal mechanisms they considered necessary. Based on the foregoing facts, the lower court rightly recognized that the cited judgment was from an ordinary proceeding, that it was final, and consequently could create substantive res judicata (cosa juzgada material); however, it concluded that the prerequisites of identity regarding the subject and object were not present, basing its decision on the following argument, transcribed at length given its relevance and importance: “This action is brought by ([Name 084]) in his personal capacity and as representative of Entrecampos Uno. S.L. against [Name 047], [Name 002], Corporación Magno Futuro S.A., represented by [Name 077], and [Name 077] in his personal capacity. For its part, the civil judgment cited has as plaintiff Corporación Magno Futuro S.A. represented by the defendant [Name 077] and as defendants Entrecampos Uno. S.L.U and ([Name 084]) (as representative of the company and in his personal capacity). As we can infer, from a simple reading of them, it is clear that there is subjective identity only between the civil plaintiff [Name 348] in his personal capacity and as representative of Entrecampos Uno. S.L. and Corporación Magno Futuro S.A., such that if substantive res judicata (cosa juzgada material) exists, it would only be in relation to these civil defendants, so there is also no subjective identity. Regarding the cause, also called causa petendi, we can infer that there is identity regarding the claim only in relation to the claim of ownership of the properties in dispute, insofar as the basis of what is sought is related to ownership, that is, the factual reason stated in the complaint as the basis of the claim and that analyzed in the judgment under study is identical, except that, evidently, they are juxtaposed, as the ruling declares the right to the defendant here, and in this one, it is the company sued in that proceeding that bases the existence of events affecting its property right over said goods. Regarding the object, understood as ‘the right recognized, declared, or modified in the judgment, in relation to one or several specific things, a declared legal relationship, as the case may be,’ we find that there is no identity between what was decided in that judgment and what is claimed in this proceeding, since the claims of the current complaint lie in the following points: ‘I.- The declaration of direct Material Damage: Proceed to the registry restitution of the properties registered in the province of San José, real estate folio [Value 005] and [Value 004], through the declaration of nullity of the acquisition titles, due to a declaration of instrumental forgery (falsead instrumental). Subsidiarily, economic compensation is requested in favor of the plaintiff company. An amount that is specified in the sum of two hundred seventy-nine million, one hundred thirty-one thousand, nine hundred fifty colones for the patrimonial loss caused by the criminal acts complained of, which is the value of the stolen properties. II.- The declaration of economic loss. III.- The declaration of moral damages. IV.- The award of costs against the defendant party.’ As can be seen, all the damages and losses claimed in this proceeding by the civil plaintiff are in relation to the consequences of the crime charged. It is important to note that although the main claim for a declaration of direct material damage shares identity with the third claim of the complaint (3.- That CORPORACIÓN MAGNO FUTURO SOCIEDAD ANÓNIMA has the right to full enjoyment of the ownership of its real estate registered in the Public Real Estate Registry, Partido de San José, registration TWO HUNDRED NINETY-TWO THOUSAND THREE HUNDRED FIFTEEN, sub-registration ZERO ZERO ZERO, and of the property registration TWO HUNDRED NINETY-TWO THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTEEN, sub-registration ZERO ZERO ZERO, and that the co-defendants here lack the right to thwart, obstruct, or seek to annul the act of acquisition of my client because said properties were acquired in good faith and under the protection of registry publicity.), it is clear that substantive res judicata (cosa juzgada material) is not generated by the complaint of that proceeding but by the operative part of the final judgment (in this case, the N°000710-2019 cited above). Said resolution expressly rejected this claim. […] Thus, there can be no substantive res judicata (cosa juzgada material) in relation to the claim for registry restitution of the properties registered in the province of San José, real estate folio number [Value 005] and number [Value 004], through the declaration of nullity of the acquisition titles, due to a declaration of instrumental forgery (falsead instrumental), since said claim was expressly rejected in the judgment on the merits.” (faithful transcription of the original, pages 8 verso to 10 recto of the appeal file prepared for that purpose). This Chamber does not observe any defect in what was decided, since the court dismissed the identity of subject and object, for which it took into account the claims deduced in each complaint, considering that the petition to prevent the company Entrecampos Uno S.L and [Name 084] from initiating the proceedings they deemed appropriate to discuss the act of acquisition of the properties by Corporación Magno Futuro S.A. was expressly rejected. Ergo, the possibility of it being discussed within the possibilities offered by the Costa Rican legal system was validated, so it is not possible, then, to claim a res judicata (cosa juzgada) that, from a technical point of view, was not applicable nor within the scope of the ruling issued by the civil court. The appellant fails to prove an error in the application of the law, nor in what was decided in the civil instance, hence, his claim is based on mere disagreements, from an eminently subjective basis, leaving aside the legal examination prepared by the court in this regard. It is worth noting that the conduct of the criminal defendant and civil defendant, personally and as legal representative, was assessed by the judges as a typical maneuver of procedural fraud, by filing a civil lawsuit against the civil plaintiffs here, knowing of the existence of a criminal case against him, in which he was charged with criminal conduct that allowed him to illegitimately and fraudulently seize two properties belonging to the civil plaintiff, seeking, among other claims, the declaration of instrumental forgery (falsedad instrumental) of the deeds granted before the defendant [Name 047] and the notary Brenes Siles. In reality, the party resorted to the civil route to obtain a kind of judicial shield and avoid the discussion of the act of acquisition of two real estate properties, despite knowing that he was the subject of a criminal proceeding where precisely the legal transaction was being discussed, and we must agree with the assessment made by the panel of judges on this matter. Attention was even drawn to the fact that in the civil complaint that led to the issuance of judgment 710-2019 by the Second Collegiate Court of First Instance of the First Judicial Circuit of San José, the act of notification (acto de notificación) carried out in Spain by a notary public (notario público) is being discussed in a review proceeding, and has been deemed false, resulting in the defendant party not appearing in the proceeding to defend its interests. Regarding this matter, the judges stated the following: “this Chamber cannot ignore the distortion in the Administration of Justice caused by the filing of civil lawsuits by defendants, in particular, as in the present case, those who are being prosecuted for crimes of fraud (estafas), forgery (delitos falsarios), and others. Especially in civil proceedings in which the transfer of the complaint is served via a notary public (notario público), since if he is part of a criminal group that has notaries public (notarios públicos) to forge deeds, it is not far-fetched that they have such professionals to forge notification records (actas de notificación) for the transfer of complaints and thus obtain favorable judgments without opposition. The concern is greater at a historical moment where registry fraud constitutes one of the objectives of organized crime, who with this precedent can use the civil route to launder their registry titles under the protection of the presumption of good faith. We consider it important to clarify that the position expressed here in no way means we are ruling on the validity or not of the service of the complaint in the civil proceeding processed under case file N°19-000062-1624-CI-2, heard before the Second Collegiate Court of First Instance, because although in this debate both parties alluded to the issue, and even produced evidence regarding it, it is a topic that falls to the civil route to hear. Added to the fact that at this moment it is the subject of discussion in a review proceeding, processed under number 22-000030-0004-CI, before the First Chamber of the Supreme Court of Justice. However, we cannot overlook that the photographs attached to the notification (notificación) do not illustrate the exact moment of the act of notification. Strangely, the documentation is carried in a manila envelope and not displayed, as is reasonable and expected if what is sought to be proven through photographic records is that the defendant party was indeed notified. Moreover, the notification record is not photographed, either before, during, or after the supposed notification. In the photographs shown during the debate, the envelope is always seen in the possession of the supposed notary or on the corner of a counter, but not on the secretary’s desk, with the notary’s outstretched hand delivering, or at least trying to deliver, the documents, and much less is such an envelope seen in the hands of the secretary or Mr. [Name 084]. Photographs that are far from evidencing an act of notification (acto de notificación), so far from proving the act, they cast doubt on its effective execution; especially in virtue of the fact that according to the rules of sound rational criticism and common sense, it is very striking that if the expenses and fees of a professional were paid so that he would specifically travel abroad and carry out the described act of notification in Spain in a valid manner, and if also, as Mr. Mejías indicated during his closing argument, the expenses of a photographer accompanying him were covered, the great unknown that overwhelms this panel is: Why was what was of interest for the purposes of the ordinary proceeding initiated in civil court not documented? That is, there are several photographs where several people are clearly seen, including Mr. [Name 084], who appear close by, but the communication of the complaint itself is not recorded, i.e., the moment of delivery and receipt of said envelope.” (faithful transcription of the original, pages 12 recto and verso of the appeal file prepared for that purpose). The appellant criticizes the court for taking sides, evidencing a basic lack of knowledge of its role, by seeking that it maintain impartiality, a situation that is notoriously incompatible with the issuance of a judgment that, logically, demands the judges adopt a specific position, thus resolving the different requests of the parties, without any defect existing that must be so declared. B) Regarding the standing (legitimación activa) of the civil plaintiff party. The appellant argues that the plaintiff and complainant party did not prove to be the registered owner of the real estate in dispute and, at the time the complaint initiating this criminal proceeding was filed, the corporation Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro had “disappeared” to evade the payment of taxes in Spain. This claim cannot prosper because it relies on a fallacious argument, a false cause, according to which the properties lacked a registered owner and, consequently, judicial protection under our legal system. Upon reviewing the judgment and the case file comprehensively, it is inferred that the real estate of the Partido de San José, with real estate folio number [Value 005] and [Value 004] from October 10, 2008, until June 10, 2013, were the property of the Spanish company Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro, with identification number 3-012-552704, represented by [Name 084], as inferred from the notarial certification of the copy of Deed 197 of Notary Carlos Fernández Zeledón, dated October 8, 2008, where the sale of the registered properties [Value 005] and [Value 004] by the company Inmobiliaria Ciudad Puerta de Hierro S.A. to the company Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L was verified, evidence duly admitted and incorporated into the trial. That is, the foregoing reveals that said company had the right to file a criminal complaint in the face of the dispossession it suffered of its assets on June 10, 2013, whether by its legal representative or its partners. The court even held it as proven that “since 01/10/2006, Mrs. [Name 094], as sole administrator of said company, granted a broad and sufficient power of attorney in favor of [Name 084] and others. (70 to 84 and 1032 to 1038 of the case file)” (cf. page 28 verso of the appeal file prepared for that purpose), which legitimized its criminal and civil action. It was also held as proven that, subsequently, “the company Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L changed its corporate name to Entrecampos Dos, S.L.U. (see page 1038). Later, by deed granted in Madrid on February 16, 2011, it was fully demerged (escindida) through the division of its assets, with its goods specifically, the lands located in the city of San José described in real estate folios [Value 005] and [Value 004] being transferred to the appearing company Entrecampos Uno S.L. B6/085727, in a deed executed in Madrid before Notary Don Carlos de Prada Guaita with number 112 of his protocol. (see the testimony of [Name 084], as well as pages 806 et seq. of the case file)” (sic, cf. 28 verso to 29 recto of the appeal file prepared for that purpose), for which it was considered that “the Spanish company that holds the ownership of the properties in question is the Spanish company Entrecampos Uno, S.L.U. Although in our country said properties appear registered in the name of the company Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., it was dissolved in Spain and the assets awarded to the Spanish company Entrecampos Uno S.L.U., therefore the latter has standing (legitimación activa) to sue. In addition, the technical defense of the defendant [Name 077] provided documentation of the corporate movements carried out in Spain in relation to the company Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. visible from page 462 to 1407; documentation that corroborates the corporate movements and the powers of attorney alluded to by Mr. ([Name 084], [Name 084], [Name 084]). Likewise, the defense of [Name 077] alleged that it was unknown if the powers of attorney granted and presented in favor of [Name 084] were in force; on this point, the truth is that the powers of attorney were presented, and if the defendant party has doubts about their validity, it must demonstrate this in the debate; however, despite having extracted from the Spanish authorities and apostilled all the documentation related to the aforementioned companies, the lack of currency or validity of the powers of attorney granted to the offended party ([Name 084]) could not be proven. Furthermore, the defender Horacio Mejías Portuguéz is so clear that standing (legitimación activa) belongs to the Spanish company Entrecampos Uno, S.L. that when he sued the offended parties here in civil court, he did so against [Name 084] and the Spanish company Entrecampos Uno, S.L. (See case file unique 19-000062-1624-CI-2 processed in the Second Collegiate Court of First Instance, Civil Division, First Judicial Circuit of San José, and in particular the complaint and the judgment)” (sic, cf. 29 verso of the appeal file prepared for that purpose), so that the standing (legitimación activa) of the civil plaintiff was reliably proven, as was his status as a victim that allowed him to file a private criminal complaint. The party resorts to a fallacious argument of false cause, according to which, since the company Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. legally does not exist, the properties have no owner and, consequently, no protection from the Costa Rican judicial system, an approach that is incorrect because, even when the corporation as a legal entity no longer exists, this does not entail the loss of its assets, because the real estate continues to exist and does not disappear, barring some natural event, hence its ownership does not remain unprotected, as has been erroneously sought to imply. Finally, it has been alleged that the name change has a defrauding origin vis-à-vis the Spanish treasury, an aspect that has no probative relevance to the theory of the case, because a tax crime is not being judged, nor does this country have any jurisdiction over situations occurring in another State; hence, if the party considers it pertinent, it can exercise the actions in Spain that it deems appropriate, without the decision reached having to be reversed by this authority. In accordance with the foregoing, and since the decision is in accordance with the law, observing an adequate examination of the evidence and the applied rules, this ground is denied in all its aspects, leaving intact what was decided in whereas clause seven (considerando sétimo), called “on the declarations of instrumental forgeries (falsedades instrumentales).” X.– Appeal filed by attorney Aymara Fernández Madrid, in her capacity as special judicial representative of the civil plaintiffs Entrecampos Uno S.L and [Name 327]. As a first ground, she alleges disregard of the law and non-application of Article 106.4 of the Penal Code, regarding the acquittal of the company Corporación Magno Futuro S.A. and its representative [Name 077] as lucrative beneficiaries of the illicit act. The cited company was absolved of all liability, without being jointly and severally condemned with the perpetrators of the crime to pay for its effects to the extent they benefited, despite the law not requiring any type of knowledge of the illegality and that in the accredited seventh fact, the registry dispossession was recognized as entailing a material one, which generated economic damage, making it impossible to dispose of the properties from June 18, 2013, to date. She explains that, in the civil complaint, [Name 077] was attributed the illegitimate enjoyment of the properties, as the representative of the cited company, for which both were brought into the proceedings as lucrative beneficiaries of the fraud, who from July 19, 2013, accessed the material enjoyment of the lots, which were used as a commercial point for the sale of vehicles, as recognized by [Name 077] and in the appraisal conducted by Xinia Monge Rodríguez, with photographs that accounted for that commercial exploitation. The legal link of Corporación Magno Futuro does not arise solely from criminal participation as the court erroneously stated, but from its illegitimate benefit from the fraud. Compensation was claimed for direct material harm, given the impossibility of disposing of the properties in a possible sale, a thesis that was accepted regarding the existence of the damage, but the liquidation of the sums was not recognized, condemning in the abstract. Despite the link of the company that benefited from the fraud being clear, using and exploiting the properties, it absolves it from the joint and several obligation to respond, in disregard of numeral 106.4 of the Penal Code. The cited rule does not even require knowledge of the existence of the crime for its declaration, since, if it did, it would involve other offenses, such as receiving goods of suspicious origin or real facilitation or, as was charged for fraud (estafa) and simulation fraud. As this is a disregard of a legal precept, it can be resolved at this instance and, having proven both the beneficiary's position and the damage, she requests that the judgment be partially annulled and that the civil defendant Corporación Magno Futuro S.A., which has been illegitimately benefiting from a fraud for over ten years, commercially exploiting the properties, be condemned, an amount that must be awarded in the abstract. As a second ground, she alleges lack of reasoning regarding the acquittal of the civil claim against Corporación Magno Futuro S.A. A legal link of the civil defendant as a beneficiary of the crime has been claimed, pursuant to article 106.4 of the Penal Code, claiming that the judgment did not assess such claim nor are reasons given for which, having deemed it proven that the defendant holds material possession of the properties, considering it a harmful fact, it makes no attribution of civil liability whatsoever, to the detriment of article 142 of the Code of Criminal Procedure. She requests that the judgment be partially annulled and the parties be remitted to a retrial to resolve this issue. Because both claims are linked to the same reproach, they are heard jointly and are granted. The court dismissed the civil action for damages brought by the civil plaintiff [Name 084], in his personal capacity and as representative of Entrecampos Uno S.L. under the following reasoning: “B.- In relation to the defendant [Name 077] in his personal capacity and as representative of the Company Corporación Magno Futuro S.A., the plaintiff has attributed civil liability to them alleging as the sole source of liability the commission of the crime, as said authorship has not been proven with a degree of certainty, the exceptions of lack of standing to sue and to be sued, as well as lack of right regarding the claims for damages generated by the commission of the crime, must be granted.” (cfr. 27 back). The court proceeds from the thesis that to accept the civil claim, the commission of a criminal act had to be proven, even though, for a very long time, national jurisprudence has been uniform in that the issuance of a dismissal or acquittal judgment does not prevent civil condemnation nor implies the impossibility of ruling on the civil action or its automatic rejection, which is in accordance with the provisions of article 40 of the Code of Criminal Procedure, in its third paragraph, stating that: “The acquittal judgment shall not prevent the court from ruling on the civil action for damages validly exercised, when appropriate,” a scenario that is applicable when final dismissal judgments are issued. See that a different position violates the principle of effective judicial protection guaranteed by article 41 of the Political Constitution, which establishes that: “Resorting to the laws, everyone must find reparation for the injuries or damages they have received to their person, property, or moral interests. They must be given prompt, complete justice, without denial and in strict accordance with the laws.” That is to say, to accept a civil claim, it is not necessary for the criminal wrong to be configured since, unlike criminal law, where it must be determined that the action is typical, unlawful, and culpable, the generating fact of civil liability is the damage caused and not the criminal nature of the conduct, requiring proof of standing to sue and to be sued, current interest, the right with the demonstration of damage, a causal relationship, and a criterion of civil attribution, which can be contractual or extracontractual of a subjective nature, arising from willful misconduct (dolo) or fault, provided for in article 1045 of the Civil Code; objective, whether for a created risk, in accordance with article 1048.5 of the Civil Code, derived from consumer protection, numeral 35 of the Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer; for liability of the Administration, pursuant to the General Law of Public Administration in its article 190 onwards and concordant, among other norms. In this regard, the Third Chamber has been reiterative that: “... it is perfectly feasible that, without a criminal wrong, a condemnation for civil liability proceeds, provided that the requirement is met that there is another normative source distinct from the criminal system that allows such a thing...”, (ruling # 619, of 11:20 hours on June 9, 2000. See in the same sense, # 1130, of 9:18 hours on November 23, 2001, both from this Third Chamber).” From the review of the civil action for damages filed, visible on folios 135 to 149 and 365 to 378 of the virtual case file, expanded on September 27, 2018, folios 655 to 669 and 689 to 703, all from the virtual case file, it is inferred that, [Name 084] in his personal capacity and as representative of Entrecampos Uno S.L., insofar as relevant, filed a civil complaint against the accused [Name 077] and the civilly liable third party Corporación Magno Futuro S.A. in the person of its legal representative [Name 077], under the following factual sequence, admitted by the judge of the intermediate stage in the order opening trial (cfr. 792 to 794 of the virtual case file): “FIRST.- The company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L with Costa Rican legal identification number 3-012-552704, was a Spanish company registered in Costa Rica and which is currently up to date on its tax payments. Said company was the registered owner until these events, of the properties located in the Province of San José according to the Public Registry inscription the first, under real estate folio registration number two hundred ninety-two thousand three hundred fifteen and the second, under real estate folio registration number two hundred ninety-two thousand three hundred seventeen. The company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. acquired said properties through deed number 197 granted by Notary Carlos Fernández Zeledón, on October 8, 2008. Said deed was submitted to the Registry Daily on October 14, 2008 under volume 577 Entry 063191, being registered on October 27, 2008. The company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. in the year 2010 changed its corporate name to ENTRECAMPOS DOS, S.L.U, and by deed granted in Madrid on February 16, 2011, it was totally split by dividing its assets, with its assets specifically the lands located in the city of San José described in real estate folios [Value 005] and [Value 004] being transferred to the appearing company ENTRECAMPOS UNO S.L. in a deed executed in Madrid before Notary Don Carios de Prada Guaita with number 112 of his protocol. SECOND.- The complainant [Name 084] participated in the acquisition of the properties as the generalísimo representative of the purchaser CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L... he is the owner of four million five hundred thousand shares of the company ENTRECAMPOS UNO S.L... which is the current legitimate owner of the properties real estate folios [Value 005] and [Value 004], and has sufficient power of attorney granted in his favor before the Madrid Notary Don Carlos de Prada Guaita dated February 16, 2011. At the time of the acquisition of the properties, the Spanish passport of the appearing party [Name 084] was number [Value 017], a document that although valid until February 6, 2010, was renewed on September 17, 2009, by which the undersigned complainant was assigned a new travel document, European Union Spain passport with number [Value 018] valid until 2019. THIRD.- The company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. and subsequently ENTRECAMPOS UNO, S.L. as the dominical owner of the properties subject to this proceeding held total ownership thereof, not only through registry inscription but also maintaining exclusive possession of the properties, through the Office of [Name 078], who was responsible for paying the taxes on the real estate as well as the cleaning of the lots, a situation that continued over time until possession of said properties was wrested from it by unknown persons who, taking advantage of the registry change, have changed the padlocks on the fence of the lots and have even carried out some minor works on them. These properties in the province of San José have the following asset value; the first one registration real estate folio [Value 005] which measures four hundred sixty-eight square meters and forty-three square decimeters is valued at two hundred thirty-four thousand two hundred fifteen dollars ($ 234,215.00) -legal tender of the United States of America habitually used in the real estate market-. The second property with registration real estate folio [Value 004] which measures four hundred seventy-seven square meters and seventy-eight square decimeters, is valued at two hundred thirty-eight thousand eight hundred ninety dollars ($238,890.00). FOURTH.- Without knowing the exact date but on dates prior to June tenth, 2013, the accused [Name 047] in conspiracy to commit a crime with the accused [Name 002] and [Name 077], each and every one of them with full knowledge of the illicit nature of their acts, planned how to unlawfully seize the properties of the province of San José, registrations two hundred ninety-two thousand three hundred fifteen-zero zero zero and two hundred ninety-two thousand three hundred seventeen-zero zero zero. A criminal plan that represented various functions for each of the accused in order to illegitimately transfer the properties and separate them from the patrimony of the legitimate owner. In this way, the accused, by introducing false data into public documents and presenting them to the Public Registry, registered in the name of [Name 002] the properties owned by Entrecampos Uno S.L. to later transfer them again to the company Corporación Magno Futuro S.A., a legal entity controlled by the accused [Name 077] thus obtaining an anti-juridical patrimonial benefit. FIFTH.- In this manner, in fulfillment of the criminal plan, the co-accused [Name 047] using the Public Faith vested in her by the notarial function—a situation known and accepted by the co-accused [Name 002] and [Name 077]—proceeded to fraudulently prepare on June 10, 2013, deed number three hundred seventeen three visible on folio one hundred fifty-nine front of volume three of her protocol, in which she falsely inserted that before her appeared at twelve hours on June 10, 2013, the defendant [Name 002] and the appearing party [Name 084] who supposedly identified himself with passport [Value 017] as the generalísimo representative of the company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L... Said accused falsely stated in said document that the company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. sold in that act to the defendant [Name 002] the properties registered in the Public Registry of the Partido de San José real estate folio registrations [Value 005] and [Value 004] for the derisory price of one million seven hundred thousand colones each, falsely inserting in the original deed that the seller received the price to the buyer's full satisfaction. Everything the accused did was to the detriment of the complainant [Name 084] by supplanting his identity in the document, inserting a false signature, supposedly made by him in said public deed. What was described in the deed by the accused [Name 047] is totally false because the undersigned complainant [Name 084] was neither in Costa Rica on the date indicated in the deed, nor was he identified with said passport AA72288 at that date. The complainant does not know the accused [Name 047], nor has he maintained negotiations with her, nor has he sold the properties [Value 005] and [Value 004] of the province of San José to the co-accused [Name 002] whom the complainant also does not know and from whom neither the complainant, nor the company CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., nor its legitimate owner the company ENTRECAMPOS UNO S.L. has received any consideration for this fraudulent sale. SIXTH.- The defendant [Name 047] in accordance with the illicit plan devised and once the original deed was executed, prepared a certified copy of said deed number 317 on her security paper folios numbers 10881-27692763, and attached the security slip number 443442 series Q to the fraudulent certified copy, a document that was submitted to the Daily of the Public Registry at its Central Headquarters on June 19, 2013, under volume 2013 entry 00154808 by Mr. Joseth Emanuelle Porras Batista, thereby managing to induce the registrars into error who, believing in the veracity of the document presented, registered the properties [Value 005] and [Value 004] in the name of the accused [Name 002] with entry 154808, making him appear as the owner thereof, thus removing them from the patrimony of the companies Camportedondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. and ultimately from the owning company ENTRECAMPOS UNO S.L.. Therefore, said acts were carried out to the detriment of these and of the complainant [Name 084]. It is worth mentioning that Notary [Name 047] to date has not presented either the indexes or the protocol corresponding to deed three hundred seventeen-three to the National Archive, despite it being her obligation. SEVENTH.- The co-accused [Name 002] and [Name 077], continuing with the illicit plan and not satisfied with their action, on July 19, 2013, using the ruse contrived to finalize the dispossession of the properties from their legitimate owner, requested the transfer of the properties, for which they induced Public Notary Karla Vanessa Brenes Siles with office in San José into error, making her believe that [Name 002] was the legitimate owner of the properties of the Province of San José registrations [Value 005] and [Value 004], thus, the accused managed to have this Notary prepare deeds number forty-seven and forty-eight, visible on folios forty-eight front and back and forty-nine front and back, respectively, of volume twenty-three of her protocol, according to which the accused [Name 002] sells to the company Corporación Magno Futuro S.A. represented by [Name 077] the mentioned properties for the derisory sum of one million seven hundred thousand colones each, both accused carrying out other acts to simulate the legality of the transfer. EIGHTH.- Said deeds 47 and 48 of the mentioned Notary were presented to the Public Registry at its central headquarters by Mr. Jorge Zamora Santana on July 22, 2013, before the National Registry Daily for their final registration on July 30 and 23, 2013, respectively. An action by which the accused [Name 077] finally illegitimately disposed of these properties that actually belong to the patrimony of the company Entrecampos Uno S.L. NINTH.- With this illicit action by the defendants [Name 047], [Name 002] and [Name 077], the complainant [Name 084] has personally suffered serious harm, both material and moral, by having his identity supplanted in notarial acts through which he falsely appeared selling assets of the company Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., which is not true and has generated serious unease and lack of confidence in the Public Faith and in the systems of the Public Registry of Costa Rica.” (faithful transcription of its original). According to the terms of the civil complaint, the court was obliged to rule on the claim for condemnation of the civil defendant [Name 077] and the third-party defendant Corporación Magno Futuro, the former under a criterion of subjective civil liability attribution, derived from his participation as the perpetrator of the crimes charged and, in the case of the latter, “arises from being the illegitimate beneficiary of the criminal actions by being, at this moment, the registered owner of the properties subject to the falsehood and fraud, a company that must be brought into the proceedings so that it is aware of the nullity of the deed from which its right originates, given that its legal representative is also a defendant in the present proceeding, knowing the illicit origin of Mr. [Name 002]'s right and the sale being for an evidently derisory amount. All of this in accordance with the provisions of articles 103 and 106 of the Penal Code, articles 122, 123, 1335, 136 and 137 of the 1941 Penal Code that remain in force as Rules of Civil Liability.” (sic, cfr. 695 of the virtual case file). Simply reading article 106 suffices to note that said norm refers not only to joint and several liability for the action of the participants in a punishable act, regarding civil reparation, but also provides for it under several scenarios: “[…] 2) Legal entities whose managers, administrators, or legal representatives are found responsible for the punishable acts; […] Those who by lucrative title participate in the effects of the punishable act, up to the amount they have benefited; and 5) Those indicated by special laws.” The joint and several liability claimed by the plaintiff was an issue that the court omitted to resolve in the appealed judgment, ignoring the duty to provide a reasoned response to all the submissions of the parties and, in particular, to that of the appellant here. The judges were also obliged to examine whether, in the facts under review, the elements of civil liability were present, instead of rejecting it because the criminal authorship of the defendant was not proven, reasoning that is not only omissive but erroneous and overlooks the necessary analysis of whether, in the facts under judgment, there was or was not another normative source, distinct from the crime, that would allow supporting the duty to compensate, since the content of the civil complaint was not even analyzed, the facts of which were not even summarized, thus denoting a defect in the reasoning of the decision that causes its ineffectiveness. By virtue of the foregoing, both grounds are accepted, and the partial nullity of the judgment is ordered, insofar as it dismissed the civil action filed, a decision that logically includes the pronouncement issued regarding procedural and personal costs, ordering the holding of a retrial for a new substantiation regarding the civil issues claimed against Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima.
XI.– As a third ground, she alleges disregard and non-application of procedural law regarding the precautionary measure of seizure (embargo). She points out that the judges rejected the petition, alleging that the guarantee deposit provided for in article 86.2 of the Code of Civil Procedure was not made, as if what was requested had been a preventive seizure (embargo preventivo). She points out that the petition was made pursuant to numeral 263 of the Code of Criminal Procedure, in relation to 152 of the Code of Civil Procedure, to be decreed in a conviction judgment, which does not require a guarantee. She claims that, despite such a petition being made in closing arguments, the judges disregarded its resolution under an argument different from the one raised, rejecting it without further support despite having ordered the payment of fifteen million colones for moral damages and others in the abstract, issues that went unsecured, the extension of which is requested with respect to the defendants [Name 077] and Corporación Magno Futuro S.A. She cites in support of her claim ruling 623-2003 of the Third Chamber, which is based on 7884-1999 of the Constitutional Chamber. She requests that the partial nullity of the judgment be ordered and a retrial be mandated for a new substantiation, with a view to decreeing the simple seizure (embargo simple) of the assets of the condemned civil defendants. Granted. It has been possible to verify that in the closing arguments stage, the representative of the civil plaintiff requested that a simple seizure be decreed “based on articles 152 of the Code of Civil Procedure, articles 263 of the Code of Criminal Procedure, ruling 623-2008 of the Third Chamber,” noting that said ruling is important because “it tells us that the precautionary measure established by the Code of Criminal Procedure allows the civil plaintiff to present it, either at the, in the, at the time of the, in the brief of constitution or at any other procedural moment. We are requesting at this moment and that it be declared so in judgment and this right to seizure does not contradict any constitutional right and the purpose is to guarantee the outcome. As we see here, there has not been at any time an intention to repair or return, because in reality that was not the purpose, the purpose was not what a mess, I bought something that was not from the owner, it's not that we knew and we wanted to keep it, so we would not expect less than for Corporación Magno Futuro to suddenly cease to have what it does have today and there no longer be any way to collect the damage they have caused and I ask that a seizure be decreed on five properties, the five of the partido de San José, 78716, 112456, 308246, 388079 and 388080, the three are of San José their registrations 000, and as of the day we conducted the study they appeared in the name of Corporación Magno Futuro” (counter 2:57:25 to 3:00:04 of the audio and video file identified as 1400038000175PE-19082024014011-2_ Multi.mp4). The previous request was resolved by the a quo as follows: “For its part, the precautionary measure of seizure (preventive seizure) requires the corresponding guarantee deposit (86.2 of the Code of Civil Procedure), a diligence that has not been carried out to be able to execute an eventual preventive seizure, for which both precautionary measures must be rejected outright.” (folio 31 of the appeal file prepared for this purpose). The party is correct in criticizing the undue rejection of her request under the premise that what was requested was a preventive seizure, missing a guarantee of money or securities for its admissibility, completely overlooking that this was not what was requested by the civil plaintiff, impairing the party's right to obtain an express response to her request, thereby incurring a defect in what was resolved, related to the reasoning to discard the request for decreeing a simple seizure on five properties of the civil defendant Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, despite the judges' obligation to adequately state the reasons for their decision, in order to comply with article 142 of the Code of Criminal Procedure. Indeed, an examination of the admissibility or not of decreeing a simple seizure on real estate, without a guarantee in between, was left aside, based on what is stipulated in the civil substantive and procedural norms, as well as the scope of what was resolved in the ruling of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, a pronouncement that the party alluded to in her closing arguments and is transcribed below: “The Code of Civil Procedure—as indicated, a supplementary norm to the Code of Criminal Procedure—contemplates, on the one hand, preventive seizure as a precautionary measure, which is provisionally annotated in the Public Registry of Property, requiring a guarantee, at the plaintiff's expense, that secures the damages and losses that originate from that seizure in case the claim is dismissed, in accordance with its articles 272 to 281, in relation to article 468, subsection 4 of the Civil Code. On the other hand, simple seizure is provided for, whose registry annotation is definitive and does not require a surety on the part of the creditor, resulting from the declaratory judgment of an obligation to pay a sum of money and the recognition of the respective credit right, or from a judgment execution proceeding in accordance with articles 99, 155, 445, 469, 692 and 700 of the Code of Civil Procedure. Consideration must also be given to the fact that any seizure decree requires, by legal imperative, that the jurisdictional body communicate by writ to the National Registry the specific data of the movable and real estate properties on which the seizure decree falls, as requested by the plaintiff, in accordance with the principle of party disposition that governs civil procedural matters, according to articles 274, 633 and 635 of the cited civil procedural law.” (ruling 2008-00623, of 15:50 hours, of June 2, 2008). By virtue of the foregoing, this ground is accepted and the appealed judgment is partially annulled, with regard to the request for simple seizure, ordering the case to be sent back to the Trial Court of origin so that, with a different panel, it may resolve what is appropriate under law.
THEREFORE
The appeal filed by attorney Désirée Rodríguez Becerra, in her capacity as public defender of the accused [Name 047], is dismissed. The appeal filed by attorney Horacio Mejías Portuguez, in his capacity as private defender of the defendant [Name 077] and the co-civil defendant Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, is dismissed. The first and second grounds of the appeal of attorney Alfonso Navas Aparicio, in his capacity as special judicial representative of the complainant [Name 084], in his personal capacity and as representative of Entrecampos Uno S.L., are partially granted, and the third ground is granted. The appeal of attorney Aymara Fernández Madrid, in her capacity as special judicial representative of the civil plaintiffs [Name 084], in his personal capacity and as representative of Entrecampos Uno S.L., is granted. Consequently, the partial nullity of the appealed judgment is ordered, mandating the case be sent back to the Trial Court of origin so that, with a different panel, it may hear the following issues: i) The facts of the complaint numbered from seventh to ninth with respect to the accused [Name 047]; ii) Set the criminal penalty to be imposed for the crimes of major fraud (estafa mayor) and ideological falsehood in ideal concurrence, regarding the sentenced [Name 047] and thereby the admissibility or not of the benefit of conditional execution of the penalty; iii) The entirety of the facts of the complaint and the civil action for damages filed against the defendant and civil defendant [Name 077], as well as the co-civil defendant Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, covering the necessary pronouncement on the procedural and personal costs of both actions; iv) Rule on the request for placement in possession, eviction, and demolition regarding the properties of the partido de San José, real estate folio [Value 005] and [Value 004], as well as the request for simple seizure, resolving in all cases what is appropriate under law. In all other respects, the judgment remains unaltered. NOTIFY. –
Resolución: 2025-0769 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las catorce horas treinta y cinco minutos, del quince de mayo de dos mil veinticuatro.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 047], conocida como [Nombre 047], mayor, costarricense, abogada, portadora de la cédula de identidad número [Valor 001], nacida en Costa Rica, San José, en fecha 26 de octubre de 1968, hija de [Nombre 086] y [Nombre 087], vecina de Guanacaste, Liberia; y [Nombre 077], es mayor, casado dos veces, empresario, cédula número [Valor 002], hijo de [Nombre 088] y [Nombre 089], vecino de Santa Ana, casado; por el delito de ESTAFA Y OTROS, en perjuicio de [Nombre 084] Y OTROS. Intervienen en la decisión del recurso la jueza Alejandra Valenciano Chinchilla y los jueces Edwin Esteban Jiménez González y Rafael Mayid González González. Se apersonaron en esta sede la licenciada Desireé Rodríguez Becerra como defensora pública de la imputada [Nombre 047], el licenciado Horacio Mejias Portuguez como defensor particular del imputado [Nombre 077], el doctor Alfonso Navas Aparicio como Apoderado Especial Judicial de la parte querellante, la licenciada Aymará Fernández Madrid como Apoderada Especial Judicial de los actores civiles y la licenciada Ruth Maria Quesada Quesada como representante del Ministerio Público.
RESULTANDO:
I.- Que mediante sentencia número 662-2024, de las ocho horas treinta minutos del veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41, de la Constitución Política, 1, 11, 21, 22, 30, 45, 50, 71, 75, 76, 216 inciso 2), 366, 367 y 372 del Código Penal; 1 a 15, 32, 33, 142, 175 a 179, 184, 258, 265, 267, 324 siguientes y concordantes, 492 del Código Procesal Penal; 122, 124, 125, 129 de las Reglas Vigentes de Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, según Ley Nº 4891; 1045, 1048 y 1163 del Código Civil; 1 inciso a) de la Ley de Distribución de Bienes Confiscados y Caídos en Comiso N° 6106; y 16, 39 y 42 del Decreto de Arancel de Honorarios de Abogados y Notarios N°41930-JP y demás normas citadas, por unanimidad de los votos emitidos, se resuelve: 1° Se declara sin lugar la excepción de cosa juzgada material en cuando a los extremos civiles relacionados con la solicitud de declaratoria de falsedad instrumental de las escrituras cuestionadas. 2° Se declara a [Nombre 047] coautora responsables de UN DELITO DE ESTAFA MAYOR EN CONCURSO IDEAL CON UN DELITO DE FALSEDAD IDEOLÓGICA, así recalificados, en perjuicio de CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO SL, cédula jurídica costarricense 3-012-552704, representada por [Nombre 327] y, en definitiva, contra ENTRECAMPOS UNO SL, y, en tal carácter, se le impone la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, DOS AÑOS POR EL DELITO DE ESTAFA AUMENTADA EN UN AÑO DE PRISIÓN POR LA ALUDIDA FALSEDAD, que deberá descontar en el lugar y forma que indiquen los reglamentos penitenciarios previo abono de la preventiva cumplida. Por cumplir con los requisitos para ello y no haber objeción del ente fiscal, se le otorga a la sentenciada el beneficio de ejecución condicional de la pena impuesta por el érmino de CINCO AÑOS, beneficio que será revocado si durante dicho período de prueba comete nuevo delito doloso sancionado con pena superior a seis meses de prisión. 3° En aplicación del Principio Universal de Indubio Pro reo SE ABSUELVE A [Nombre 077] por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA, FALSEDAD IDEOLÓGICA, FRAUDE DE SIMULACIÓN y ESTAFA MAYOR, que le ha venido atribuyendo el querellante en perjuicio de CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO SL, cédula jurídica costarricense 3-012-552704, representada por [Nombre 327] y, en definitiva, en daño de ENTRECAMPOS UNO SL, según fue querellado. 4° En lo relativo a la acción civil resarcitoria incoada se resuelve: a) En lo atinente al demandado civil [Nombre 002], se omite pronunciamiento. b) En lo atinente a los demandados civiles [Nombre 077] en su carácter personal y en representación de la empresa Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima; se acogen las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta en su contra. c) En lo atinente a la demandada civil [Nombre 047], se declaran sin lugar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho. Asimismo, se declara con lugar la referida demanda en los siguientes términos: 1) Se acoge el rubro por pérdida de la titularidad del bien, entendida como imposibilidad de disponer de ambas fincas desde el momento del despojo registral (18 de junio del 2013) y hasta su efectivo pago; extremo que se acoge en abstracto, por lo que deberá ser cuantificado en la vía civil en ejecución de sentencia. 2) Se acoge el rubro por daño moral a favor de [Nombre 084] en su condición personal, por el monto de quince millones de colones. Entiéndase desestimada la demanda en todos aquellos rubros en que no se haya hecho pronunciamiento expreso. 3) En lo atinente a los intereses, se acoge dicho rubro sobre las partidas acogidas en esta sentencia desde el momento de la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago. Tal interés corresponde al que paga el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo. d) Se rechazan las medidas cautelares de puesta en posesión provisional de los inmuebles en cuestión y las solicitudes de embargo. 4° Se declara la FALSEDAD INSTRUMENTAL, de las siguientes escrituras: a) Escritura número 317-3 de la notaria [Nombre 047], en la que insertó falsamente que ante ella compareció [Nombre 084], en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad ofendida CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. en su calidad de propietaria de las fincas con la matrícula número [Valor 005] y número [Valor 004] del Partido de San José y que fueron vendidas fraudulentamente, por la suma de 1.700.000.00 colones cada una, al co-encartado [Nombre 002] (sobreseído por fallecimiento). En consecuencia, se declara la falsedad instrumental del testimonio de tal escritura, el cual fue presentado al Registro Público de la Propiedad el día 19 de junio de 2013, bajo el tomo 2013 asiento 00154808, ordenándose su SUPRESIÓN del Registro Público de la Propiedad. b) Escritura número 47 y número 48 de la notaria Karla Vanessa Brenes Siles, en la cual se inserta falsamente que ante ella compareció [Nombre 002], quien falsamente indica que es el legítimo propietario de las fincas de la Provincia de San José matriculas número [Valor 005] y número [Valor 004], las cuales vende a la Sociedad Corporación Magno Futuro S.A. representada por [Nombre 077]. En consecuencia, se declara la falsedad instrumental del testimonio de ambas escrituras, los cuales fueron presentados al Registro Público de la Propiedad el día 22 de Julio del 2013, y cuyos datos de presentación son: [Valor 007] y [Valor 008] respectivamente, ordenándose su SUPRESIÓN del Registro Público de la Propiedad, así como la de cualquier traspaso, anotación o gravamen posteriormente confeccionado. Con la única excepción de la anotación de DEMANDA ORDINARIA CIVIL CITA: [Valor 006] (en la finca 1-[Valor 004]) y CITA [Valor 006] (en la finca [Valor 005]). En adición a lo anterior: se ordena anotar al margen de los protocolos de las notarias antes mencionadas, la nota que declara la falsedad de dichas escrituras. En definitiva, se ordena que las fincas de la Provincia de San José con las matriculas número [Valor 005] y número [Valor 004] se restablezcan registralmente a su titular original antes de la comisión del delito, (CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO SL, cédula jurídica costarricense 3-012-552704), representada por [Nombre 327]. 5° En lo relativo a las costas: a) En relación con las costas de la querella y la acción civil incoadas en contra de [Nombre 077], en su carácter personal y en representación de la empresa Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, se resuelve sin especial condena en ambas costas. b) En relación con las costas de la querella y la acción civil incoadas en contra en contra de [Nombre 047] se condena a la demandada al pago de ambas costas. Las personales de la querella se fijan en el monto de 726.000.00 colones. Las personales de la acción civil, habiendo rubros declarados en abstracto, serán cuantificadas en la vía respectiva. En lo referente a las costas procesales de la querella y la acción civil, solo se liquidaron los gastos de la perito oficial Xinia Monge Rodríguez por la suma de 922.984.00 colones, monto que se otorga. Las rubros acogidos como sumas líquidas y exigibles deberán ser canceladas por la demandada en el lapso de quince días posteriores a la firmeza del fallo. En caso de no hacerlo queda el interesado autorizado a recurrir a la vía civil a ejecutor lo resuelto. Firme esta sentencia, comuníquese lo resuelto al Archivo Notarial, para que procedan a anotar al margen de la matriz de las escrituras antes descritas la nota correspondiente, advirtiendo sobre la falsedad de estas. Asimismo, a la Dirección Nacional de Notariado lo relativo a la condena de la notaria pública [Nombre 047]. Una vez firme el fallo, cualquier objeto decomisado en la presente causa que no constituya evidencia deberá ser retirada por quien demuestre tener mejor derecho dentro del plazo de tres meses, caso contrario se ordenará su comiso a favor del Estado, debiendo entregarse a la Proveeduría Judicial quien determinará su destino. El material que constituya evidencia, se conservará hasta el cumplimiento de la pena impuesta. Firme esta resolución, se expedirán los testimonios de sentencia para ante el Juzgado de Ejecución de la Pena y el Instituto Nacional de Criminología, para lo de su cargo. Se hará la inscripción respectiva ante el Registro Judicial y se pondrá a la acusada aquí condenada a la orden de Adaptación Social, previa confección del auto de liquidación de la pena. Son los gastos del proceso por cuenta del Estado. Por lectura notifíquese." (sic).
II.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Desireé Rodríguez Becerra como defensora pública de la imputada [Nombre 047], el licenciado Horacio Mejias Portuguez como defensor particular del imputado [Nombre 077], el doctor Alfonso Navas Aparicio como Apoderado Especial Judicial de la parte querellante, la licenciada Aymará Fernández Madrid como Apoderada Especial Judicial de los actores civiles, interpusieron recurso de apelación.
III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.
IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta la Jueza Valenciano Chinchilla,
CONSIDERANDO:
I.– El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, dictó la sentencia número 662-2024, de las 08:30 horas, del 22 de agosto de 2024, mediante la cual dispuso lo siguiente: i) en aplicación del principio universal in dubio pro reo absolvió al imputado [Nombre 077] de los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, fraude de simulación y estafa mayor que se le atribuían en detrimento de Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro SL, declarando sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en su contra, acogiendo las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, derecho; ii) declaró a [Nombre 047] coautora responsable de un delito de estafa mayor en concurso ideal con una falsedad ideológica, así recalificados, en perjuicio de Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., imponiéndole la pena de tres años de prisión, concediéndole el beneficio de ejecución de la pena por el término de cinco años, declarando con lugar la acción civil resarcitoria, acogiendo los rubros por pérdida de la titularidad del bien en abstracto y el daño moral en la suma de quince millones de colones, más el pago de los intereses; iii) declaró la falsedad instrumental de las escrituras número 317-3 de la notaria [Nombre 047], 47 y 48 de la notaria Karla Vanessa Brenes Siles, disponiendo que las fincas de la provincia de San José, matrículas número [Valor 005] y [Valor 004] se restablezcan a su propietario registral Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro SL y; iv) resolvió lo relativo al pago de las costas procesales y personales de la querella y acción civil resarcitoria incoada. Contra el citado fallo se interpusieron los siguientes recursos de apelación: a) La licenciada Désirée Rodríguez Becerra, en su condición de defensora pública de la acusada [Nombre 047], mediante libelo visible a folios 3126 al 3135, presentado en fecha 13 de setiembre de 2024; b) El licenciado Horacio Mejías Portuguez, en su condición de defensor particular del imputado [Nombre 077] y la codemandada civil Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, mediante libelo visible a folios 3136 al 3153, presentado el 18 de setiembre de 2024; c) El doctor Alfonso Navas Aparicio, en su condición de apoderado especial judicial de la querellante Entrecampos Uno S.L y [Nombre 327], mediante libelo visible a folios 3273 al 3311, recibido en fecha 19 de setiembre de 2024 y; d) La licenciada Aymara Fernández Madrid, en su condición de apoderada especial judicial de los actores civiles Entrecampos Uno S.L y [Nombre 327], libelo visible a folios 3312 al 3349, presentado en fecha 19 de setiembre de 2024. De acuerdo con el artículo 437 del Código Procesal Penal “…las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos”. Por su parte, el ordinal 458 dispone que: “Son apelables todas las sentencias y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles, incidentales y demás que la ley determina”. En este caso, se ha verificado el cabal cumplimiento de los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, evidenciándose, además, que los cuatro recursos fueron debidamente presentados en tiempo y forma, en consideración a lo cual se procede a conocer los agravios. Valga señalar que, una vez emplazados las anteriores impugnaciones se recibió respuesta por parte de: a) La licenciada Ruth María Quesada Quesada, como fiscal de impugnaciones en libelo visible a folios 3454 al 3460 y 3461, solicitando se declare sin lugar el recurso de la defensa pública, omitiendo pronunciamiento en cuanto a las demás impugnaciones. b) Los abogados Alfonso Navas Aparicio y Aymara Fernández Madrid, en su condición de apoderados especiales judiciales de la querellante y actora civil Entrecampos Uno S.L y [Nombre 327] respectivamente, mediante escritos visible a folios 3462 al 3469 y 3470 al 3479.
II.– AUDIENCIA ORAL. Por haber sido solicitada por el apoderado de la parte querellante, el 13 de noviembre de 2024 se realizó una vista oral dentro del presente asunto. En la misma estuvieron presentes el imputado [Nombre 077], junto con su defensor particular, licenciado Horacio Mejías Portuguez, la licenciada Desireé Rodríguez Becerra en calidad de defensora pública de la sindicada [Nombre 047], la licenciada Yamileth Ramírez Rodríguez en representación del Ministerio Público, el doctor Alfonso Navas Aparicio en representación de la parte querellante y la licenciada Aymara Fernández Madrid en representación de la parte actora civil. El tribunal estuvo integrado por el juez Edwin Jiménez González y las juezas Rosa María Acón Ng y Cinthya Ramírez Angulo. Se ha ponderado que, durante la audiencia las partes expusieron y ratificaron los argumentos dispuestos por escrito, sin que se ampliaran o modificaran estos ni se evacuara prueba. En la actualidad, la Jueza Ramírez Angulo no se encuentra nombrada en el despacho y la jueza Acón Ng se encuentra en ascenso en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, siendo sustituidos por el juez Rafael Mayid González González, quien integra sección con el Juez González Jiménez y la Jueza Alejandra Valenciano Chinchilla, quien se encuentra en sustitución de la Jueza Rosa Acon Ng. Este reemplazo no afecta los intereses procesales ni las garantías de las partes, debido a que, como previamente se indicó se ha corroborado que durante la audiencia oral no se ampliaron los motivos de apelación ni tampoco se evacuó prueba testimonial, pericial o documental alguna, por lo que no se infringe el principio de oralidad, según ha dicho la Sala Constitucional mediante resolución número 17553 del 30 de noviembre de 2007: “…En este caso se plantea la consulta sobre las condiciones constitucionales para participación de los mismos jueces de casación en la audiencia oral y en la toma de la decisión de fondo sobre ese recurso. Se evacua la consulta planteada en el sentido de que se mantiene el criterio emitido por esta Sala en la sentencia 6681-96 de las quince horas treinta minutos del diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en cuanto señala que resulta constitucionalmente válido que en aquellas vistas o audiencias orales de casación en las que no se reciban elementos de prueba en forma oral o, que las argumentaciones de las partes consten ya por escrito, sin que se aporte nada nuevo, puedan intervenir otros jueces, distintos a los que participaron la vista, a la hora de tomar la decisión, si y sólo si, están en capacidad de hacerlo y existen razones justificadas (que deberán constar) que impidan que quienes estuvieron en la audiencia oral se reúnan en fecha próxima a estudiar y resolver el asunto”. (En este mismo sentido, revisar la resolución emitida por este mismo Tribunal Constitucional bajo el número 12593-2011 de las 15:44 horas del 20 de setiembre de 2011). Además de lo anterior, para la resolución del presente asunto, se han examinado las grabaciones de la audiencia oral correspondiente, contenidas en el archivo de audio y video identificado como 140003800175PE-13112024013807-2_ Multi--1.wmv. Así las cosas, ante la necesidad de no dilatar la resolución del asunto se procede a votarlo con la participación de los citados juzgadores.
III.– OFRECIMIENTO DE PRUEBA. El abogado Navas Aparicio, en escrito presentado en la Oficina de Recepción de Documentos del Segundo Circuito Judicial de San José, al ser las 12:58 horas, del 13 de noviembre de 2024, visible a folios 228 al 230 del legajo de apelación confeccionado al efecto, el que volvió a presentar en este despacho, el día 14 de noviembre del mismo año, al ser las 10:00 horas, visible a folios 231 al 232, ofrece como prueba para mejor resolver el certificado de la Agencia Tributaria Española, con referencia número 20248716704, del 3 de octubre de 2024 “que acredita que la empresa Entrecampos Cuatro Socimi Sociedad Anónima, con número de identificación fiscal NIFA84193531, se encuentra al día en el pago de impuestos.” Menciona que dicha empresa no tiene relación alguna con este proceso; sin embargo, el imputado y su empresa indicaron en su recurso que esa entidad se encuentra pendiente de cumplir obligaciones ante dicha agencia. Si bien reconoce que resulta ilógica la introducción de dicha empresa en este proceso, la certificación que se adjunta como prueba novedosa demuestra la temeridad procesal de la parte acusada y sus pretensiones de desviar la atención de los tribunales. Por su parte, el licenciado Horacio Mejías Portuguez, en su condición de defensor particular del imputado [Nombre 077] y la codemandada civil Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, aportó en el escrito de apelación una serie de pruebas, visibles a folios 51 vuelto al 75 frente del legajo de apelación confeccionado al efecto. Se resuelve: La actividad probatoria en fase de apelación de sentencia penal está directamente vinculada al examen integral del fallo. Lo anterior por cuanto lo que se procura y garantiza con dicho medio impugnativo es el amplio control y el examen integral de la sentencia recurrida, así como del juicio que le precedió. De ahí que esta no constituye un nuevo plenario o una fase en que se deba producir prueba de manera que, en sede de apelación no es legalmente procedente realizar un nuevo debate, sino que lo que corresponde es revisar y controlar de manera amplia e integral la sentencia penal dictada por el Tribunal de Juicio con base en el debate oral y público en el que la misma se sustentó. En virtud de lo anterior, en el ordinal 464 del código de rito se establece que lo que procede en fase de alzada es el examen de los registros del debate y, obviamente, de la sentencia, posibilitándose que la parte recurrente pueda ofrecer “en el escrito de interposición del recurso, pruebas nuevas sobre los hechos objeto del proceso o sobre la forma en que fue realizado un acto, cuando se contradiga lo señalado en las actuaciones, en el acta, en los registros del debate o la propia sentencia.” Así, en dicha norma se establece de manera expresa que, excepcionalmente, es posible la recepción de prueba nueva siendo que, tal supuesto solo es legalmente viable en los siguientes casos: i.- que la prueba haya sido ofrecida en su oportunidad u oportunamente, pero a pesar de esto, la misma fuere arbitrariamente rechazada; ii.- la que aparezca como novedosa con posterioridad al dictado de la sentencia; iii.- aquella que, aunque existiendo previamente, no estuvo en posibilidad efectiva de ser ofrecida por el interesado en su momento y, iv.- cuando de oficio se estime que la prueba resulta pertinente y útil para la comprobación de los agravios. De lo anterior se desprende que todo ofrecimiento de prueba realizado fuera del escrito de interposición del recurso resulta inadmisible por extemporáneo, como ha ocurrido con la prueba ofrecida por el apoderado de la querellante y, además, se advierte que no se ajusta a ninguno de los criterios para admitirla en esta instancia, ya que incluso la parte expresamente ha aludido que la sociedad anónima siquiera tiene relación con el presente proceso, careciendo entonces de pertinencia y utilidad en relación a la impugnación incoada, por lo cual se impone su rechazo. La misma suerte corre la prueba que adjuntó el licenciado Mejías Portuguez, quien siquiera la ofreció de forma expresa en su recurso ni mucho menos justificó su relevancia, pertinencia y utilidad de cara a sus alegaciones. Por lo Horacio Mejía Portuguez IV.– Recurso de apelación de la licenciada Désirée Rodríguez Becerra, en su condición de defensora pública de la acusada [Nombre 047]. Como único motivo alega violación al principio in dubio pro reo e inobservancia de las reglas de la sana crítica, en torno a los motivos por los que se consideró que su defendida actúo de manera dolosa, a tenor de los ordinales 9, 142, 184, 363, 437, 438, 439, 458, 459, 460, 462 y 465 del Código Procesal Penal; artículos 36, 39 y 41 de la Constitución Política; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Su patrocinada fue condenada por un delito de estafa mayor en concurso ideal con una falsedad ideológica ya que, en su condición de notaria elaboró una escritura, a sabiendas que el señor [Nombre 084] no compareció ante ella ni vendió al señor [Nombre 002] las propiedades matrícula de folio real [Valor 005] y [Valor 004]. En el debate se discutió que, si bien [Nombre 047] confeccionó dicha escritura, lo hizo bajo engaño, ya que uno de los comparecientes afirmó ser el señor ([Nombre 084]) y presentó un documento de identidad que respaldaba dicha afirmación. El tribunal desestimó la declaración que, en su descargo brindó la imputada, explicando que desconocía que dicho negocio era fraudulento, bajo una motivación que presenta vicios, obviando la existencia de una duda razonable en torno a su participación, a título de dolo y, paralelamente, invirtió la carga de la prueba. Los jueces consideraron poco creíble que se buscara a una notaria ajena al grupo criminal y se elaborara un pasaporte falso, razonamiento que está relacionado con el punto primero de los hechos probados, afirmándose que entre su defendida y el señor [Nombre 002] hubo un acuerdo para despojar al ofendido de dos propiedades, cuestionando de cuáles elementos derivaron que hubo tal convenio para un despojo fraudulento, ya que no existe uno solo que determine ese conocimiento que permita sostener la aseveración del tribunal, sino se presumió un dolo. Cuestiona la conclusión de que fuera poco probable que se buscara a una persona ajena a la estructura criminal para elaborar el instrumento público, sin que se motive respecto al acervo probatorio, máxime que es posible que se procurara que la menor cantidad de personas conocieran el plan, para no generar un riesgo mayor y se acudiera lo más pronto posible ante una notaria para aprovechar la oportunidad del traspaso fraudulento, desconociendo ella que los comparecientes no eran quienes decían ser. Tampoco es improbable que se elaborara un pasaporte falso, porque de acuerdo con la experiencia este tipo de delincuencia tiene como característica la sofisticación del plan, elaborando documentos, construyendo la fachada de un negocio lícito, cuando no es así e, incluso involucra al Registro Nacional. En la página 40 del fallo se aludió a la existencia de una copia del pasaporte en el archivo de referencia, para lo cual se tuvo en cuenta la versión de su defendida —quien señaló que sí lo tuvo, pero al haber sido allanada su oficina en varias ocasiones, por otras causas, se decomisó— considerándose que de haber sido así, era cuestión de indicar la causa para hacerlo llegar, invirtiéndose la carga de la prueba, dejando de lado que es a la parte acusadora a quien le corresponde acreditar el conocimiento de la persona sobre el carácter ilícito de la compra venta, lo que no se logró con las probanzas, sin que fuera [Nombre 047] la que debía confirmar su desconocimiento. Su representada brindó una explicación razonable para no aportar el protocolo de referencia y no logró recordar en qué causa se le decomisó, debido al tiempo y cantidad de sumarias, resultando imposible que brindara esa información o aportara el acta de decomiso. Contrario a lo anterior, no se desacreditó que ella no la guardara, o que no se le decomisara, sin embargo, se le exigió acreditar tales situaciones, eximiendo a la contraparte de ese deber. Los jueces le demandaron una precaución que, para ese momento, no conocía que debía tomar, porque aún y cuando declaró que todos los procesos judiciales en torno a escrituras fraudulentas en las que se ha visto involucrada tienen a [Nombre 096] como denominador común, ella no lo supo cuando esa persona y sus conocidos le solicitaban sus servicios, sino arribó a esa conclusión cuando se percató de las causas penales en su contra, por lo que antes no tuvo motivos para extremar medidas. Cuestiona que el tribunal afirmara que la justiciable no tuvo a la vista el pasaporte del ofendido [Nombre 084], porque siempre estuvo en su poder en España y, además, habría advertido que expiró el 06/02/2010, calificándolo como una especulación, porque ella declaró haber sido engañada y se le presentó un documento cuyos datos correspondían con el sujeto que estuvo al frente, aportando el testimonio de [Nombre 099], quien declaró que las personas del círculo de [Nombre 096] solían hacer uso de documentos de identidad falsos y tener contactos en Migración y Extranjería, que le brindaban datos de los extranjeros. El pasaporte verdadero pudo estar manos de su titular, sin que excluya que se le hubiera presentado uno falso y con una fecha de vencimiento alejada a la realidad, para dar apariencia de legalidad al negocio, contándose con el dicho de la imputada y el de la testigo de cargo Karla Vanessa Brenes Siles, quienes declararon que no existen plataformas para consultar documentos extranjeros, posibilitando así corroborar si el presentado correspondía o no con el verdadero. Refiere que la justiciable nunca dijo que [Nombre 096] estuviera relacionado de forma directa con la confección de la escritura 317 de su protocolo tercero, porque para el momento en que se presentó [Nombre 002] a su oficina, dicha persona había muerto; sin embargo, si dijo que las escrituras elaboradas por ella, que derivaron en causas penales, tenían como elemento común que se trataba de personas referidas por [Nombre 096] y que, luego de hablar con [Nombre 099], él le informó de ciertos detalles fraudulentos en torno a las negociaciones de [Nombre 096] y las personas de su entorno, enterándose con posterioridad a haber elaborado dichas escrituras que fue utilizada por un grupo de personas que se dedicaban a realizar negocios fraudulentos y que, una de esas personas fue [Nombre 002]. Que [Nombre 096] hubiera muerto para el momento en que [Nombre 002] se presentó a su oficina no excluye ni desestima que, este último hubiera sido referido años atrás por [Nombre 098], que fuera de su entorno, ni que la acusada conociera que el negocio era fraudulento. El testimonio de [Nombre 099], quien fue chofer de [Nombre 096], fue considerado complaciente, porque nada declaró sobre la escritura 317, aportando información sobre aspectos periféricos del dicho de la acusada, lo que fue omitido por los jueces en su sentencia, justificándose en supuestas inconsistencias, pese a haber informado que sufrió eventos traumáticos que afectaron su memoria. La importancia de este testigo fue el haber permitido explicar que [Nombre 096] y sus allegados se dedicaban a negocios fraudulentos con propiedades de otras personas, articulando una organización donde se elaboraban documentos falsos y se utilizaban abogados y notarios que desconocían las ilicitudes. Cuestiona la valoración que se hizo relativo a la existencia de matriz e índices notariales, ya que en su criterio es un indicio de la creencia de la licitud del negocio. Esta situación sumada a la inexistencia de prueba que diera cuenta de un acuerdo entre su defendida y [Nombre 002] y que la endilgada no pudo aportar su protocolo de referencias genera una duda. Recrimina que no se motivara la razón para considerar que el haber presentado el índice notarial fuera del plazo estipulado es un insumo de valor en su contra. En síntesis, cuestiona que a lo largo de la sentencia se soslayaron todas las dudas en torno a la acreditación del tipo subjetivo del delito atribuido, invirtiéndose la carga de la prueba ya que, a pesar de que brindó explicaciones razonables, se le exigió a la defensa probar situaciones cuando su posición no la obliga a ello, mientras que, paralelamente, se relevó a la parte acusadora de establecer aquellos aspectos que, en atención a su rol e interés en el proceso, debía hacerlo. Además, se hizo un análisis antojadizo y fragmentado de la declaración de la persona imputada y del testigo [Nombre 099] con tal de hacer ver contradicciones e inconsistencias que, de un análisis integral, se desprende nunca existieron. Todo lo anterior con el afán de justificar un fallo condenatorio que no se hubiera producido de haberse analizado la prueba a la luz de las reglas de la sana crítica y del principio in dubio pro reo. Solicita se acoja el recurso y se anule el fallo respecto a la condena penal y civil dictada en perjuicio de su defendida. Sin lugar. Como punto de partida se desprende que no fue objeto de controversia alguna –en cuenta por la propia justiciable– que, la escritura 317-3 de su protocolo tercero no fue otorgada por el señor [Nombre 084], en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., vendiendo a [Nombre 002] las fincas del partido de San José, número de folio real [Valor 005] y [Valor 004] por la suma de un millón setecientos mil colones cada una, al contarse con insumos probatorios que daban cuenta que, la firma plasmada a su nombre no fue confeccionada por él, así acreditado con el dictamen pericial DCF:2017-00376-AED, como del dicho de la propia víctima, ya que para la fecha de otorgamiento –junio de 2013– no se encontraba en Costa Rica, sino ingresó hasta el 10 de diciembre de ese año, corroborándose con la certificación de la Dirección General de Migración y Extranjería, quedando absolutamente claro que la escritura indicada es falsa, al igual que el testimonio expedido que se presentó en el Registro Inmobiliario. El punto bajo controversia ha versado sobre un eje temático, a saber, si la encausada fue engañada o inducida a error o, como lo han sostenido los acusadores públicos y particulares, actuó dolosamente con codominio funcional del hecho junto a [Nombre 002] y [Nombre 077]. Justamente este aspecto fue explorado por el cuerpo juzgador para lo cual basta dar lectura al fallo, explicando el arribo a un estado de certeza en el sentido que [Nombre 047] participó dolosamente en las acciones acusadas, desechándose que hubiera sido sorprendida en su buena fe, por la suplantación de identidad del señor ([Nombre 084]). Del libelo impugnaticio se logra extraer una inconformidad con los siguientes puntos: i) la existencia de un acuerdo o convenio entre [Nombre 047] y [Nombre 002]; ii) la calificación de poco probable que se acudiera a una fedataria pública ajena al grupo criminal; iii) la posibilidad que se confeccionara un pasaporte falso y se le presentara a ella; iv) la inversión de la carga de la prueba, recriminándose que la acusada no aportara información de las causas que motivaron el allanamiento de su oficina, donde se dio el decomiso de su protocolo de referencia; v) se exigieron a su defendida medidas de precaución respecto a los negocios de [Nombre 096] pese a que, para ese entonces no tenía una razón para ello; vi) el fallecimiento de [Nombre 096] dos años antes de los hechos no excluía que él le hubiera referido o presentado a [Nombre 002]; vii) la descalificación del dicho de [Nombre 099] y, viii) el examen que se hizo de los índices notariales presentados fuera del plazo reglamentario, existiendo dudas razonables en el actuar de su defendida, que debió ser beneficiada con una absolutoria en apego al principio in dubio pro reo. Confrontados que han sido estos puntos respecto el examen integral del fallo condenatorio dictado, en lo atinente a la endilgada [Nombre 047], se concluye que no se han detectado los supuestos yerros acusados por su abogada, quien pretende sustituir los razonamientos del tribunal e imponer su propia valoración del acervo probatorio, desde su particular visión, lógicamente vinculada al rol que desempeña, procurando evidenciar una supuesta duda en torno al dolo de la endilgada en los hechos perpetrados por ella. El acusado [Nombre 002] falleció antes de que la sumaria fuera elevada a etapa plenaria, siendo esa la razón que medió para el dictado de un sobreseimiento definitivo en su favor. A partir de este acontecimiento se ha procurado atribuirle la única responsabilidad en los hechos; tesis que el tribunal descartó, gracias a un examen lógico, cuidadoso e hilvanado de los distintos medios probatorios, que generaron una cadena de indicios unívocos que fueron valorados de forma armónica y posibilitó derribar la presunción de inocencia de [Nombre 047]. Ciertamente no hubo prueba que, de forma directa, estableciera los detalles del plan criminal trazado; no obstante, tal situación se logró precisar a partir de prueba indiciaria, resultando fundamental la versión que rindió la propia acusada en su descargo, renunciando al derecho de abstención y pese a las advertencias que le fueron efectuadas. Los jueces no le creyeron, estimando poco creíble que para la comisión de delitos de esta índole se empleen notarios ajenos al proceder delictual, al igual que se falsificara un pasaporte de origen español. Cuestionaron que, de haberse presentado tal documento, la copia debió quedar en el protocolo de referencia que los notarios tienen la obligación de llevar, la que no se localizó ni se aportó a los autos. Un elemento categórico que destruyó la tesis defensiva fue el examen de la vinculación de [Nombre 096] en los hechos, quien fue señalado por la enjuiciada como un miembro de una red delincuencial, dedicada al fraude registral, a quien culpó de sus problemas legales y condenas penales. Con respecto a este tema, los jueces desvirtuaron que él hubiera tenido relación con los sucesos bajo estudio debido a que “esta persona fue asesinada por sicarios que viajaban en motocicleta el 31 de mayo del dos mil once, más de dos años antes de la confección de la aludida escritura. (ver certificación de defunción en relación con la certificación del día jueves 2 de junio del 2011, prueba admitida para mejor resolver); motivo por el cual [Nombre 098] no pudo estar detrás de la confección de esta escritura y, por ende, se descarta su versión.” (cfr. 23 del legajo de apelación confeccionado al efecto). Incluso se le restó completa credibilidad al testigo [Nombre 099] –chofer de [Nombre 098]– al calificarse de complaciente, lo que se explicó así: “Nos quiere hacer creer que [Nombre 098] manejaba una banda de estafadores registrales quienes, incluso, contaban con una persona que les hacía pasaportes hasta extranjeros, "chinos" entre otros, y en este caso el pasaporte español a nombre de [Nombre 084], cuando es un hecho conocido que cada país emite sus propios pasaportes y ningún funcionario de la Dirección General de Migración cuenta con los insumos para hacer pasaportes de otro país, como sería un pasaporte a una persona oriental o española. Afirma que los abogados eran engañados, es decir, desconocían la falsedad del negocio jurídico que se formalizaba en sus notarias. Sin embargo ¿Cómo iba a tener el testigo ese conocimiento si se quedaba en el carro? No participaba en las negociaciones ni en la formalización de las escrituras pero puede afirmar que la falsedad del instrumento notarial que realizaban le era ocultado a los notarios, quienes eran instrumentalizados. Tenía todo ese conocimiento a pesar de que no partició ni en una sola de las formalizaciones efectuadas en la notaría de [Nombre 047], pues él se quedaba en el carro, afirmando que "tal vez, pudo haber ingresado a la oficina en alguna ocasión". Siendo así nos preguntamos ¿Cómo es que puede dar fe que [Nombre 047] actuó engañada? Además, en múltiples ocasiones cuando se le hacían preguntas comprometedoras para la situación procesal de la imputada [Nombre 047] indicaba que él es sobreviviente de un accidente que le borró parte de la memoria, al punto que narró haber pérdido una hija, la cual falleció de cáncer, expresando no tener recuerdos de ese evento. Una memoria muy selectiva que le permite recordar a doña [Nombre 047], a quien vio en muy pocas ocasiones hace más de tres lustros, pero no puede recordar la muerte de su hija que murió de cáncer. Recordemos que [Nombre 098] murió en el mayo del 2011, más de dos años antes de los hechos acusados a [Nombre 047] y para esa fecha dicho testigo ya no trabaja para [Nombre 098], siendo así ¿Cómo puede dar fe de la ausencia de dolo en la conducta de la imputada? Por otra parte, ni el testigo ni la imputada que lo propone justifican como es que la segunda logra ubicar al primero para ofrecerlo como testigo, si la última vez que don [Nombre 099] llevó a [Nombre 098] a la oficina de [Nombre 047] fue hace más de quince años. ¿Cómo es que logra ubicar a la madre de don [Nombre 099]? Y ¿Cómo es que luego ubica a la hermana para así llegar a don [Nombre 099]? Cuando se le pregunta si conoce los hechos por los que se le acusa a doña [Nombre 047] dice "no saber cuando ocurrió este enredo." Afirma no conocer alguna persona con el nombre del imputado fallecido [Nombre 002], por lo que al consultarle el porque él relaciona este hecho acusado (el cual desconoce) con [Nombre 098], indicar no saber. Con relación a su dicho referente a que él trabajo con [Nombre 098], luego se separó de él y posteriormente lo mataron, expresa que trabajó con esta persona hasta antes del 2014, sin embargo, como quedó acreditado con el acta de defunción y el periódico aportado, a [Nombre 098] lo mataron en su negocio el 31 de mayo del dos mil once, muchos años antes al 2014, lo cual denota la falsedad de sus manifestaciones. Por último, es evidente que si no conoce a [Nombre 002] y los hechos acusados acontecen más de dos años después de la muerte de [Nombre 098], este testigo no tiene forma de relacionar al tal [Nombre 098] y su grupo criminal con estos hechos. En consecuencia, resulta claro que se trata de un testigo complaciente que nada aporta para la averiguación de la verdad y que vino a debate con la clara intención de favorecer a la imputada [Nombre 047].” (sic, cfr. 23 vuelto al 24 frente del legajo de apelación confeccionado al efecto). Otro elemento que se ponderó fue que la acusada no presentó los índices notariales, dentro del período reglamentario, cada quince días, sino lo hizo hasta cinco años después de otorgada la escritura, situación que más allá de ser una infracción de índole disciplinaria, constituye un elemento de valor en su contra. No encuentra esta cámara yerros en la derivación que hizo el tribunal de tales elementos, porque, aunque es cierto la profesionalización de estas estructuras criminales, la falsificación de un documento extranjero como lo es un pasaporte de España reviste de una complejidad mayúscula, desde que es necesario contar con software, los materiales y hasta un conocimiento de los mecanismos de seguridad para procurar igualarlos, que colaboradores del área de la Dirección de Migración y Extranjería no tienen lógicamente, porque laboran para el gobierno de Costa Rica y no de España. Tampoco es cierto que hubo inversión de la carga de la prueba como se alega, sino se hizo un escrutinio minucioso del dicho de [Nombre 047], quien aceptó haber confeccionado la escritura, aduciendo que se le presentaron los documentos de identidad respectivos, los que guardó en su protocolo de referencia, que le fue decomisado en alguno de los múltiples allanamientos practicados en su oficina por delitos falsarios. No puede obviar quien apela, que el hecho notorio acreditado fue que el protocolo de referencia, y el documento que se afirmaba existía, no fue localizado. De ahí que, en el ejercicio de la máxima de contradicción que opera en la fase de juicio y, en general, en el proceso penal, correspondía a quien afirmaba un hecho o circunstancia (la existencia de la copia de un pasaporte extranjero falsificado) el acreditarlo a través de los elementos probatorios incorporados al sumario. Es cierto que en el proceso penal la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, empero, ello no significa que la parte acusada está exenta de ejercer, en apego al derecho de defensa, los mecanismos probatorios necesarios para acreditar un hecho, o por lo menos, su probabilidad positiva. Sobre todo, cuando, como en el caso concreto, decidió no acogerse a su derecho de abstención, sino declarar y sustentando su hipótesis defensiva en asegurar la existencia de un evento que dice ocurrió. A diferencia de los hechos positivos, que pueden ser demostrados directamente por la prueba, los negativos se demuestran, por lo general, a través de la prueba indirecta, al demostrarse la inexistencia de elementos que deberían estar presentes si el evento no fuera real. El Ministerio Público demostró, de manera indirecta, la inexistencia de la copia de un pasaporte extranjero falsificado que se presentó a la imputada [Nombre 047], cuando se realizó el acto notarial, a partir de la ausencia de un protocolo de referencia que así lo verificara. De modo que, si lo pretendido era refutar tal acreditación, a partir de que el documento fue decomisado en otra causa penal, lo correcto era que se aportara prueba o información que así lo sostuviera, conforme al principio de contradicción y ejercicio del derecho de defensa. Aún así, el documento mencionado del todo no apareció, pese a la facilidad de hacerlo llegar de haber sido decomisado, situación que más bien permitía concluir que “la imputada nunca tuvo a la vista el pasaporte del ofendido [Nombre 084], [Valor 017], primero porque este siempre estuvo en poder de su titular en España, pero además porque se hubiese dado cuenta que el mismo expiró el 06/02/2010 (folios 110 y siguientes donde constan las copias tanto del pasaporte indicado como el vigente)” (cfr. 22 vuelto al 23 frente del legajo de apelación confeccionado al efecto). Debe coincidirse con el examen probatorio que hizo el tribunal, como el ejercicio de derivación que condujo a desvirtuar la presunción de inocencia de la acriminada. Valga resaltar que el intento de culpar a [Nombre 096] del hecho tuvo un desenlace negativo para su teoría, porque primeramente aseveró que él “había llegado con [Nombre 002], el italiano, y ellos negociaban propiedades, antes de esto no les hice escrituras, pero yo los conocía, [Nombre 002] vivía en Barrio El Gallo.” (cfr. 13 del legajo de apelación) insistiendo que la primera vez que “[Nombre 098] llevó a [Nombre 002] no hicimos ninguna escritura ellos andaban viendo propiedades.” (cfr. 13 del legajo de apelación) acotando que a [Nombre 002] solo dos veces lo había visto cuando llegó con [Nombre 096] a su oficina, situación que era imposible desde que esa persona había fallecido dos años antes de los sucesos bajo estudio, más si se parte de que solo vio a [Nombre 002] dos veces. Luego trató de enderezar su versión al descubrirse el fallecimiento de [Nombre 096], señalando que [Nombre 002] llegó cuando [Nombre 098] estaba ya muerto. Su declaración evidenció profundas inconsistencias y desacuerdos que debilitaron por completo su tesis defensiva, una en la que sostenía su inocencia, acusando haber sido engañada, desconociendo por completo la ilicitud del negocio, contándose con elementos de valor que la vinculaban con la comisión de la estafa, ejerciendo una labor medular como fedataria pública, para despojar a la ofendida de un patrimonio de gran valía. No existiendo defecto alguno en el ejercicio de valoración de la prueba como en la fundamentación de la decisión que se deba declarar, corresponde declarar sin lugar este recurso en todos sus extremos.
IV.– Recurso de apelación del doctor Alfonso Navas Aparicio, en su condición de apoderado especial judicial de la querellante Entrecampos Uno S.L y [Nombre 327]. En el primer motivo al igual que en el cuarto de la impugnación de la licenciada Aymara Fernández Madrid, en su condición de apoderada especial judicial de la actora civil alegan que el fallo carece de la debida fundamentación intelectiva y probatoria, en cuanto a la absolutoria de los imputados [Nombre 047] y [Nombre 077], este último en su calidad personal y como representante de la empresa Corporación Magno Futuro, S.A. Como antecedente explica que se querelló un delito de asociación ilícita, una falsedad ideológica por la confección de la escritura falsa 317-3 del 10 de junio de 2013, igual delincuencia por la confección del testimonio de escritura falso que se usó el 19 de junio de 2013 ante el Registro Nacional el que concursa idealmente con una estafa mayor. Además se imputó una falsedad ideológica por la escritura 47, de las 17:30 horas, del 19 de julio de 2013 ante la notaria Karla Brenes Siles, misma ilicitud por la confección del testimonio de escritura que se presentó el 22 de julio de 2013 ante el Registro Nacional, al igual que, por la escritura 48, de las 17:40 horas, del 19 de julio de 2013 ante la misma notaria, vendiendo [Nombre 002] las fincas al imputado [Nombre 077] y a la empresa Corporación Magno Futuro S.A; además de una falsedad ideológica en concurso ideal con un fraude de simulación mayor, por la confección del testimonio de escritura 48, que se presentó el 22 de julio de 2013 ante el Registro Nacional. Sostienen que se irrespetaron las reglas sobre la valoración íntegra y conjunta de la prueba, ni se analizaron insumos esenciales que acreditaban la participación de ambas personas en todas las delincuencias. Refieren que en juicio ninguna de las partes procesales cuestionó la falsedad de la escritura 317-3, que supuso el primer traspaso fraudulento de las fincas. Los imputados y sus defensas técnicas así lo admitieron, claro está, alegando que fueron utilizados y engañados por el imputado ya fallecido, [Nombre 002] y, por ende, tampoco se cuestionó la falsedad de las escrituras 47 y 48, sobre el segundo traspaso fraudulento de las fincas, declarándose la respectiva falsedad instrumental conforme al artículo 492 del Código Procesal Penal, extremo que debe quedar firme al no ser objeto de impugnación. Sostienen que sí se describió en la querella el delito de fraude de simulación, concretamente en el hecho sétimo, que se adecúa al ordinal 218 del Código Penal, que penaliza simular un contrato o acto para obtener cualquier beneficio indebido. La querella puntualizó que, como parte del plan delictivo y conforme a la distribución de funciones, los imputados [Nombre 002] y [Nombre 077], instrumentalizaron e indujeron a error a una notaria pública para hacerle creer que, el primero es el legítimo propietario de las dos fincas y realizar dos contratos de compraventa por medio de los cuales Corporación Magno Futuro, S.A., representada en ese acto por el segundo, las adquirió por una suma totalmente irrisoria. En realidad, [Nombre 002] no era el legítimo propietario de las fincas ni [Nombre 077] un tercero de buena fe, de forma que fingieron, simularon o dieron apariencia de legalidad a ambos contratos de compraventa contenidos en las escrituras 46 y 48 de la notaria pública engañada Karla Brenes Siles, con el objeto de asegurar el provecho patrimonial de la sustracción de ambas fincas. Cuestionan que se absolviera a [Nombre 047] del delito de asociación ilícita. Si bien es cierto, no participó desde un punto de vista físico material en las acciones con posterioridad a la escritura falsa 317-3, desde un punto de vista jurídico sí había elementos suficientes para imputarle el resto de los comportamientos, mediante una distribución de funciones junto a [Nombre 002] y [Nombre 077]. Reseñan que, el acusado [Nombre 077] incurrió en conductas ilícitas para entorpecer y obstaculizar este proceso penal y lograr un beneficio antijurídico como fue: i) iniciar el citado proceso civil 19-000062-1624-CI, a los pocos días de dictado el auto de apertura a juicio en su contra; ii) el ofrecimiento del testigo falso [Nombre 104]; iii) la adquisición en julio de 2013 de ambas fincas por parte de Corporación Magno Futuro, S.A. representada por el imputado [Nombre 077] lo fue por un monto total y absolutamente irrisorio de ¢1.700.000 colones cada una, a pesar de que para el año 2014 la finca de San José, matrícula [Valor 010], tenía un valor de ¢81.975.250.00 colones, mientras que, la finca [Valor 004] era de ¢83.611.500.00 colones; iv) la declaración del imputado brindada en debate y, que en alguna medida procuró el testigo falso [Nombre 104] respaldar, no resultó creíble y más bien era absurda. Pese a ello, el tribunal concluyó que “la forma en que se lleva a cabo la negociación, el precio de la compraventa, la forma de pago y la conducta posterior a la apertura de ese proceso demuestran que existe un altísimo grado de probabilidad de que [Nombre 077] sea coautor responsable de los hechos acusados”. Acusan un yerro en el examen de tribunal que le impidió arribar a un estado de certeza, debido al examen erróneo de la declaración de [Nombre 107], colaboradora de la empresa de bienes raíces “[Nombre 078]”, hija de su fundador, ya fallecido. Fue su empresa quien descubrió el traspaso registral fraudulento de ambas propiedades, por lo que se comunicó con el ofendido ([Nombre 084]) y se realizó una visita a ambas fincas, comprobándose que se mantenían en el mismo estado de mantenimiento, con la maleza cortada, con cercas y candado, más el rótulo de su empresa. Esta situación resulta esencial toda vez que demostraba que era falaz lo relatado por el imputado [Nombre 077] y su testigo falso, en el sentido de que los lotes los visitaron y se encontraban en estado de abandono, sin rótulo alguno que identificara a la empresa de bienes raíces, de manera que no dudaron en que el imputado [Nombre 002] era su legítimo dueño; máxime que, entre la primera compraventa falsa de las fincas hacia [Nombre 002] y los segundos traspasos hacia Corporación Magno Futuro, S.A., representada por el imputado [Nombre 077], transcurrió tan solo un mes y nueve días. Esta urgencia en el traspaso de propiedades constituye un claro indicador de los fraudes inmobiliarios cometidos por grupos delictivos organizados. El Tribunal de Juicio en ningún caso puso en duda la veracidad del relato de la testigo indicada; sin embargo, al no haber ido en forma personal a los terrenos, consideraron la posibilidad de que sus empleados le mintieran, estimando imprescindible tener al menos a uno de estos como testigo, para así acreditar con certeza la participación delictiva del imputado [Nombre 077]. Recriminan que es contrario a las reglas de la sana crítica, principalmente de la lógica, de la coherencia y de la experiencia, argumentar que existe una duda sobre la veracidad de las comprobaciones que hizo la empresa de [Nombre 107], únicamente porque el empleado que efectuó visita a los lotes y rindió el informe no compareció al debate para ratificar lo dicho por su jefa, suponiendo el Tribunal que su empleado le podría haber mentido, pese a la inexistencia de insumos que permitan concluir tal situación. Cuestionan que no se expusieran los elementos concretos, reales y demostrados que los llevara a concluir que podría ser falsa o equivocada la información brindada por [Nombre 107], a partir de lo que le transmitió su empleado, de nombre [Nombre 111]. En ningún momento se contó con elementos que permitieran considerar que ese colaborador no existía, de una costumbre en mentir en esa empresa o que fuera una organización de dudosa credibilidad, desorganizada, sin supervisión alguna de sus colaboradores o bien, que actuaran al margen de la ley con motivo de otros supuestos expedientes. En su criterio, la declaración de la testigo fue veraz, creíble y coherente, de forma que no hay duda razonable sobre lo informado por su empleado, luego de los traspasos fraudulentos, en cuanto a que las fincas permanecían en un estado adecuado e identificadas para su venta por parte de la empresa “[Nombre 078]”. Por ello, constituye un error el razonamiento del Tribunal que, luego de examinar todos los elementos probatorios de cargo consideró que existía un altísimo grado de probabilidad de que [Nombre 077] fuera un coautor responsable de los hechos acusados y no, una certeza. Asimismo, alegan que existen otros elementos de prueba que no se valoraron de manera adecuada, los que habrían llevado a concluir de manera diversa acerca de la efectiva participación de ambos imputados en los delitos atribuidos, dentro de una organización o asociación ilícita, con elevados recursos materiales, dirigida a sustraer propiedades pasivas de personas físicas o jurídicas extranjeras. Se dejó de ponderar que: 1) la supuesta notificación notarial de la demanda del proceso ordinario civil 19-000062-1624-CI, objeto de cuestionamiento en el proceso de revisión civil 22-000030-004-CI que se tramita ante la Sala Primera, las horas de la notificación son falsas, pues ([Nombre 084]) “señaló que las horas de la notificación -11:10 y 12:05- eran irreales”, sumado a que el notario Allan García Barquero, conforme a la certificación de la Dirección Nacional de Notariado se encontraba inhabilitado para ejercer la función notarial en esa fecha. 2) La gran cantidad de dinero en efectivo usado en la comisión de los delitos, entregando [Nombre 077] al imputado fallecido dos cheques por la suma de 49 millones de colones y 16 millones de colones, así como tres vehículos, por la supuesta compra de las dos propiedades, que se hicieron efectivos los días 20 y 23 de julio de 2013, en ventanilla bancaria, con la finalidad de evitar que las autoridades administrativas o judiciales puedan verificar el destino real del dinero, recursos entregados a una persona de avanzada edad y enferma. 3) Los tres vehículos que supuestamente se entregó a [Nombre 002] como parte del pago, se traspasaron en las escrituras números 45, 46 y 49, separadas de las 47 y 48, vehículos que después traspasó a terceras personas los días 6 y el 28 de agosto y el 25 de septiembre, todos del 2013, por unas sumas sumamente mayores –8.400.000, 4.820.000 y 5.500.000 colones –, indicador serio de estar en presencia de un grupo criminal organizado. 4) Los imputados se negaron a responder preguntas de la parte querellante y actora civil que, si bien es cierto, forma parte de su derecho, debió de ser ponderado junto al resto de la prueba. [Nombre 077] dijo creer que el nombre de la corredora de bienes raíces, por medio de la cual tuvo contacto con [Nombre 002] era “Cindy”, sin más datos. Durante diez años de este proceso judicial no fue sino hasta el debate que ofreció un testigo –falso– a un empleado que trabajó con él hasta el año 2016 y refirió la existencia de aquella persona, pero con el nombre de “[Nombre 105]”, sin más datos. En conclusiones sostuvieron que el nombre de una señora de apellido “Aguilar” era falaz y se aportó diez años después, con la finalidad de lograr que fuera imposible comprobar la veracidad de su existencia. En el caso de la imputada [Nombre 047] dijo que todos los procesos penales en su contra y las condenas recaídas en su contra por delitos similares eran responsabilidad de los clientes que le presentó [Nombre 098]. Incluso, una vez que su testigo –falso– [Nombre 099] –quien admitió integrar una banda criminal dedicada fraudes registrales, como conductor de los vehículos que utilizaba el cabecilla Delgado– narró que la última vez que trabajó para él fue en el año 2014, precisamente para hacerlo coincidir con la escritura falsa 317-3 de la imputada. Se demostró en debate que esa persona había fallecido en mayo del 2011 por lo que, a la endilgada, no le quedó más que decir que el imputado [Nombre 002] le había sido presentado por [Nombre 098] antes de su fallecimiento. 5) No se valoró que la testigo y notaria pública Karla Brenes Siles dijo ser “asistente” del abogado Carlos Umaña Brenes y que fue buscada por el licenciado Horacio Mejías Portuguez, defensor de [Nombre 077] en este proceso penal, quien dirigió la demanda civil ordinaria 19-000062-1624-CI, planteada a los pocos días de dictado el auto de apertura a juicio en su contra como un mecanismo para, en fraude de ley y simulando una notificación notarial de esa demanda en Madrid (como ya se expuso), pretender una cosa juzgada material y detener el proceso penal, elementos que permitían acreditar la participación delictiva del imputado [Nombre 077]. Pese a que, Karla Brenes Siles figuraba como testigo de cargo en el proceso penal y había sido admitida en el auto de apertura a juicio, [Nombre 077] y su abogado le pidieron que autenticara la firma del primero, en su calidad de representante de la empresa actora civil que representaba, Corporación Magno Futuro, S.A. para acuerpar un litigio fraudulento y temerario. La testigo Brenes Siles se limitó a decir al respecto que fue buscada a tal efecto por el mismo abogado Mejías Portuguez y, al que inicialmente autorizaron en ese escrito de demanda civil para realizar la notificación en Madrid, España, era el licenciado Carlos Umaña Brenes, de quien ella era su asistente. La deponente se mostró sumamente nerviosa y temerosa en todo momento, incluso llegó acompañada por una abogada por su propia voluntad y se le previno que no podía declarar con la asesoría de una abogada defensora. Todo lo anterior demostró que se trataba de un grupo criminal debidamente organizado, lo que motivó que en la etapa de conclusiones la parte querellante solicitara el testimonio de piezas en contra del defensor Horacio Mejías Portuguez por los posibles delitos de estelionato y falsedad ideológica, por lo sucedido en torno al procedimiento ordinario civil, como por el ofrecimiento de testigos falsos. 6) Se dejó de lado que el imputado [Nombre 077] manifestó en el debate que estaba en proceso de solicitar un préstamo a la financiera Desifyn por la suma de US$3 millones, con garantía hipotecaria de ambas fincas adquiridas por su empresa Corporación Magno Futuro, S.A., cuando le indicaron en dicha entidad que las fincas tenían una anotación ordenada por el Juzgado Penal, con motivo de este proceso penal, de fecha 25 de febrero de 2014. La experiencia da cuenta que las organizaciones criminales dedicadas a la sustracción de bienes inmuebles procuran legitimar el provecho del delito, mediante la solicitud de créditos con garantía hipotecaria, realizando el desembolso y el grupo criminal obtiene así capital, sea que el préstamo se pague o no. En caso de no cancelarse, la entidad se adjudica los bienes dados en garantía y el grupo organizado logra obtener un dinero proveniente de un préstamo financiero o bancario que funciona dentro del margen de la ley. 7) Se consideró que el uso de cheques en la época de los hechos, 2013, era usual, sin tener sustento probatorio. En realidad, los cheques venían en constante desuso como método de pago, a pesar de que en efecto aún hoy subsistan algo en el mercado bancario. Por ello, en el contexto general de los hechos, el uso de aquellos dos cheques por un monto de ¢65.000.000, que se cambiaron en efectivo y cuyo rastro nunca pudo ser seguido, resultaba otro elemento que, valorado con el resto de la prueba, permitía concluir en la responsabilidad penal del imputado [Nombre 077] -quien refirió en su declaración ser un empresario dedicado a la construcción y venta de vehículos y que, incluso, intentó hacer negocios con una empresa china– y, por supuesto, también de la imputada [Nombre 047], respecto de todos los hechos atribuidos. No “es coherente la supuesta naturalidad en el uso de cheques para pagar 65 millones de colones a una persona que apenas se conocía, adulta mayor y enferma, y en un negocio que se realizó en una semana.” Por último, el Tribunal exigió en el fallo parcialmente recurrido la necesidad de prueba directa para haber acreditado el delito de asociación ilícita, obviando que ello cabe demostrarse –al igual que el resto de los delitos querellados– por medio de prueba indiciaria, como era el caso. Concluyen indicando que todos los elementos de prueba valorados en su conjunto permiten concluir, a partir de indicios, que ambos imputados conformaron una asociación para cometer varios delitos relacionados con fraudes registrales. Que no exista una prueba directa no es óbice para así concluirlo. Ambos imputados, conforme se deriva de la prueba, conocían que se trataba de dos propiedades colindantes que estaban a nombre de una empresa, Camporredondo Puerta Hierro Cuatro, S.L., cuyo representante era una persona extranjera que residía en España. Ambos participaron en rápidos y urgentes traspasos, por precios irrisorios, en unas condiciones totalmente inusuales. Si hubieran actuado de buena fe no habría pasado por alto las severas alertas sobre lo sospechoso de las transacciones. También litigaron de forma temeraria y ofrecieron testigos falsos o “complacientes” en el último momento del debate y de forma sorpresiva, tras largos años de proceso; no respondieron preguntas de la parte querellante y actora civil y mantuvieron la tesis de que habían sido engañados por el imputado [Nombre 002], fallecido. Además, [Nombre 047] retrasó la audiencia preliminar pues venía ejerciendo su propia defensa y solicitó ser representada por la defensa pública, lo que obligó a separar las causas, que luego fueron acumuladas, con un reporte a la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas en su contra de la imputada y se negó a declarar en juicio hasta que se hicieran llegar al expediente los índices notariales ofrecidos solo por el Ministerio Público, lo que motivó que la parte querellante y actora civil coordinara rápidamente con el Archivo Nacional. Una vez que se hicieron llegar al expediente, la acriminada no hizo alusión alguna a los mismos, además de que ya la imputada tenía copia de los índices tal cual constaba en el mismo documento, al haber sido presentados por ella misma ante el Archivo Nacional. Respecto del imputado [Nombre 077] igualmente procuró obstaculizar el proceso penal con la demanda ordinaria civil presentada inmediatamente después del auto de apertura a juicio y trató de obstaculizar y retrasar el proceso penal, ya que el ofendido debió realizar múltiples viajes a Costa Rica para atender el proceso. Precisamente estas organizaciones criminales procuran desgastar psicológica y económicamente a las víctimas extranjeras con el fin de promover el abandono del proceso. En definitiva, por las razones expuestas el tribunal incurrió en errores en la valoración conjunta de la prueba, en la interpretación y aplicación del principio del beneficio de la “duda razonable” al considerar que la querella y la acción civil no contemplaba delito alguno de fraude de simulación; yerros que condujeron a la absolutoria en lo penal y civil de los imputados y demandados [Nombre 047] y [Nombre 077], excepto la primera que resultó condenada solo por los delitos de estafa mayor en concurso ideal con un delito de falsedad ideológica. Solicitan se declare con lugar este motivo y se disponga la nulidad parcial del fallo recurrido en cuanto a la absolutoria penal y civil declarada para ambos imputados, ordenando el juicio de reenvío para un nuevo el debate. Parcialmente con lugar. A fin de dar solución a los reclamos, se procederá a resolver en forma separada, respecto a cada uno de los acusados. A) En cuanto a la absolutoria de la justiciable [Nombre 047]. Las partes recurrentes consideran que se le debió condenar por el delito de asociación ilícita, como por las acciones posteriores a la escritura 317-3, por una distribución de funciones junto a [Nombre 002] y [Nombre 077]. A fin de dar solución al reclamo, necesariamente debe revisarse la plataforma de hechos que le fueron endilgados, tanto por el ente fiscal como por la parte querellante. La primera le atribuyó que: “1.- Sin precisar fecha exacta, pero con anterioridad al 18 de junio del 2013, los acusados [Nombre 047] y [Nombre 002], idearon un plan delictivo con la finalidad de despojar de las propiedades [Valor 005] y [Valor 004], ambas del partido de San José a la sociedad Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., la cual es su legítima propietaria, y es representada por el ofendido [Nombre 084]. 2. Es así como la imputada [Nombre 047] se valió abusivamente de su función como notario público y confeccionó la escritura pública 317-3 en el tomo 3, folio 159 frente de su protocolo, en la que insertó falsamente que ante ella compareció [Nombre 084], en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad ofendida CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. en su calidad de propietaria de las fincas [Valor 005] y [Valor 004] del partido de San José y vendió las mismas, por la suma 1.700.000 colones cada una, al co-encartado [Nombre 002], cuando en realidad nunca compareció. 3. Acto seguido, con la finalidad de inducir a error a los funcionarios del Registro Nacional, la acusada [Nombre 047] confeccionó el testimonio de la escritura 317 del tomo 3 de su protocolo, mismos que imprimió en su papel de seguridad número 1733580 y le adjunto la boleta de seguridad 443442-O asignada a su persona. 4. El 18 de junio de 2013, se presentó ante el Registro Nacional ubicado en Zapote, el testimonio con datos falsos de la escritura 317 del tomo 3 del protocolo de la imputada [Nombre 047], que se inscribió bajo el Tomo 2013, Asiento 185300, documento falso que se usó para lograr de esta forma inducir a error al funcionario registrador, quien basado en la fe pública que da el notario sobre la información inserta en los testimonios presentados, dispuso el patrimonio de la sociedad ofendida CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., mediante el traspaso de la titularidad de las fincas [Valor 005] y [Valor 004] del partido de San José al coencartado [Nombre 002], despojando a la empresa ofendida de dichos bienes inmuebles.” sucesión de hechos que fueron calificados como típicos de un delito de falsedad ideológica y uso de documento falso (sic, cfr. 630 al 631 del expediente virtual, transcripción literal). Por su parte, el acusador particular presentó la siguiente imputación: “PRIMERO.- La sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. con cédula jurídica costarricense 3-012-552704, era una sociedad española inscrita en Costa Rica y que hoy se encuentra al día en el pago de sus impuestos. Dicha sociedad fue titular registral hasta estos hechos, de las fincas ubicadas en la Provincia de San José según inscripción del Registro Público la primera, bajo el folio real matrícula doscientos noventa y dos mil trescientos quince y la segunda, bajo el folio real matrícula doscientos noventa y dos mil trescientos diecisiete. La sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. adquirió dichas fincas mediante escritura número 197 otorgada por el Notario Carlos Fernández Zeledón, el día 10 de Octubre de 2008. Dicha escritura fue presentada al Diario del Registro e 14 de Octubre de 2008 bajo el tomo 577 Asiento 063191, quedando inscrita el 27 de octubre de 2008. La sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. en el año 2010 cambió de denominación social pasando a llamarse ENTRECAMPOS DOS, S.L.U, siendo que por escritura otorgada en Madrid el día 16 de febrero de 2011, fue escindida totalmente mediante la división de su patrimonio, siendo que sus bienes especificamente los terrenos ubicados en la cuidad de San José descritos a los folios reales [Valor 005] y [Valor 004] fueron traspasados a la sociedad compareciente ENTRECAMPOS UNO S.L. en escritura realizada en Madrid ante el Notario Don Carlos de Prada Guaita con el número 112 de su protocolo. SEGUNDO.- El querellante [Nombre 084] intervino en la adquisición de las fincas como apoderado generalísimo de la adquirente CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., es dueño de cuatro millones quinientos mil participaciones de la sociedad ENTRECAMPOS UNO S.L.. quien es la actual propietaria legítima de las fincas folios reales [Valor 005] y [Valor 004], y tiene otorgado a su favor apoderamiento suficiente otorgado ante el Notario de Madrid Don Carlos de Prada Guaita de fecha 16 de febrero de 2011 de la sociedad Entrecampos UNO S.L. Al momento de la adquisición de las fincas, el pasaporte español del compareciente [Nombre 084] era el número [Valor 017], documento que si bien tenía una vigencia hasta el día 6 de febrero de 2010, fue renovado con fecha 17 de septiembre de 2009, por el que se le asignó a quien suscribe esta querella un nuevo documento de viaje, pasaporte de la Unión Europea España con el número [Valor 018] vigente hasta el 2019. TERCERO.- La sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. y posteriormente ENTRECAMPOS UNO,S.L. como titular dominical de las fincas objeto de este proceso ostentó el dominio total de las mismas, no solo a través e la inscripción registral sino manteniendo de forma exclusiva la posesión de las fincas, ello a través de la Oficina de [Nombre 078], quien se encargaba de pagar los impuestos de los bienes inmuebles así como la limpieza de los lotes, situación que se prolongó en el tiempo hasta que le fue arrebatada la posesión de dichas propiedades por personas desconocidas quien aprovechándose del cambio registral han cambiado los candados de la cerca de los lotes e incluso han realizado algunas obras menores en los mismos. Estas fincas de la provincia de San José tienen el siguiente valor patrimonial: la primera de ellas matricula folio real [Valor 005] que mide cuatrocientos sesenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados está valorada en la cantidad de doscientos treinta y cuatro mil doscientos quince dólares ($ 234,215.00) -moneda de curso legal de los Estados Unidos de América utilizada habitualmente en el mercado inmobiliario-. La segunda finca con matricula folio real [Valor 004] que mide cuatrocientos setenta y siete metros cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados, está valorada en la cantidad de doscientos treinta y ocho mil ochocientos noventa dólares ($238,890.00). CUARTO.- Sin conocer la fecha exacta pero en fechas previas al día diez de junio de 2013 la querellada [Nombre 047] en asocio para delinquir con los querellados [Nombre 002] (hoy fallecido) y [Nombre 077], todos y cada uno de ellos con pleno conocimiento del carácter ilícito de sus actos, planearon como apoderarse ilegítimamente de las fincas de la provincia de San José, matriculas doscientos noventa y dos mil trescientos quince- cero cero cero y doscientos noventa y dos mil trescientos diecisiete-cero cero cero Plan delictivo que representaba para cada uno de los querellados diversas funciones con el fin de traspasar ilegítimamente las propiedades y separarlas del patrimonio de la legitima propietaria. De esta forma los querellados mediante introducción de datos falsos en documentos público presentandolos al Registro Público inscribieron registralmente a nombre de [Nombre 002] las fincas propiedad de Entrecampos Uno S.L. para luego traspasarlas nuevamente a la sociedad Corporación Magno Futuro S.A., persona jurídica controlada por el querellado [Nombre 077] obteniendo así un beneficio patrimonial antijurídico. QUINTO.- De esta forma, en cumplimiento del plan delictivo la coquerellada [Nombre 047] valiéndose de la Fe Pública que le reviste la función notarial - situación conocida y aceptada por los coquerellados [Nombre 002] y [Nombre 077] procedió a confeccionar el día 10 de junio de 2013 en forma fraudulenta la escritura número trescientos diecisiete-tres visible al folio ciento cincuenta y nueve frente del tomo tres de su protocolo, en la cual insertó falsamente que ante ella comparecieron a las doce horas del día diez de junio de 2013 el encartado [Nombre 002] y el compareciente [Nombre 084] quien supuestamente se identificó con pasaporte [Valor 017] como apoderado generalísimo de la sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L.. Dichos querellados consignaron falsamente en dicho documento que la sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. le vendía en ese acto al encartado [Nombre 002] las fincas inscritas en el Registro Público del Partido de San José folio real matriculas [Valor 005] y [Valor 004] por el precio irrisorio de un millón setecientos mil colones cada una, insertando falsamente en la escritura matriz que el vendedor recibió el precio a entera satisfacción del comprador. Todo lo que realizaron los querellados lo fue en perjuicio del querellante [Nombre 084] al suplantarse su personalidad en el documento insertándose una firma falsa, supuestamente realizada por él en dicha escritura pública. Lo descrito en la escritura por la querellada [Nombre 047] es totalmente falso por cuanto el que suscribe esta querella [Nombre 084] ni estuvo en Costa Rica en la fecha que indica la escritura, ni a esa fecha se identificaba con dicho pasaporte [Valor 017]. El querellante no conoce a la querellada [Nombre 047], ni tampoco ha mantenido negociación con ella, ni le ha vendido las fincas [Valor 005] y [Valor 004] de la provincia de san José al coquerellado [Nombre 002] al que tampoco conoce el querellante y del que no ha recibido contraprestación alguna ni el querellante, ni la sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. ni tampoco su propietaria legitima la sociedad ENTRECAMPOS UNO S.L. por esta fraudulenta venta. SEXTO.- La encartada [Nombre 047] de conformidad con el ilícito plan trazado y una vez realizada la escritura matriz, elaboró testimonio de dicha escritura número 317 en su papel de seguridad folios números 10881-27692763, y le adjuntó la boleta de seguridad número 443442 serie Q al fraudulento testimonio, documento que fue presentado al Diario del Registro Público en su Sede Central el día 19 de junio de 2013, bajo el tomo 2013 asiento 00154808 por el Sr. Joseth Emanuelle Porras Batista, logrando de esta forma inducir a error a los registradores quienes creyendo en la veracidad del documento presentado la inscribieron las fincas [Valor 005] y [Valor 004] a nombre del querellado [Nombre 002] con asiento 154808, haciéndolo figurar como propietario de las mismas, sustrayéndolas de esta forma del patrimonio de la sociedades Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. y en definitiva de la sociedad dueña ENTRECAMPOS UNO S.L.. Por lo que dichos actos fueron realizados en perjuicio de éstas y en el del querellante [Nombre 084]. Es de mencionar que la Notaria [Nombre 047] no ha presentado a la fecha ni los índices, ni el protocolo correspondiente a la escritura trescientos diecisiete-tres al Archivo Nacional, a pesar de que era su obligación ha presentado los índices de su Protocolo hasta el año 2017 y el Protocolo correspondiente a la escritura 317-3 fue remitido al Archivo Nacional hasta el 17 de mayo de 2018. SÉPTIMO.- Siguiendo los coquerellados [Nombre 002] y [Nombre 077] con el plan ilícito y no satisfechos con su actuar, el 19 de julio de 2013 valiéndose del ardid elaborado con el fin de ultimar el despojo de las fincas de su legítima propietaria, solicitaron el traspaso de las fincas para lo cual, indujeron a error a la Notaria Pública Karla Vanessa Brenes Siles con oficina en San José le hicieron creer que [Nombre 002] era el legítimo dueño de las fincas de la Provincia de San José matriculas [Valor 005] y [Valor 004], así, los querellados lograron que esta Notaria confeccionara las escrituras número cuarenta y siete y cuarenta y ocho, visibles a los folios cuarenta y ocho frente y vuelto y cuarenta y nueve frente y vuelto, respectivamente del tomo veintitrés de su protocolo según las cuales el querellado [Nombre 002] le vende a la sociedad Corporación Magno Futuro S.A. representada por [Nombre 077] las propiedades mencionadas por la suma irrisoria de un millón setecientos mil colones cada una, realizando ambos querellados otros actos para simular la legalidad del traspaso. OCTAVO.- Dichas escrituras 47 y 48 de la mencionada Notaria fueron presentadas al Registro Público en la sede central por el Sr. Jorge Zamora Santana el día 22 de Julio de 2013 ante el Diario del Registro nacional para su definitiva inscripción los días 30 y 23 de julio de 2013 respectivamente. Acción con la que se finalmente el querellado [Nombre 077] dispuso ilegítimamente de estas fincas que pertenecen en realidad al patrimonio de la sociedad Entrecampos Uno S.L. NOVENO.- Con este actuar ilícito de los imputados [Nombre 047], [Nombre 002] (fallecido) y [Nombre 077] se le ha generado al querellante [Nombre 084] en lo personal un grave perjuicio, tanto material como moral al suplantar su personalidad en actos notariales por los cuales figuro falsamente vendiendo activos de la sociedad Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. lo que no es cierto y me ha generado un grave desasosiego y falta de seguridad en la Fe Pública y en los sistemas del Registro Público de Costa Rica.” sucesos que fueron calificados como típicos de los delitos de estafa, asociación ilícita y falsedad ideológica (sic, cfr. 672 al 678 del expediente virtual, transcripción literal). En la etapa conclusiva, la parte querellante solicitó para cada uno de los imputados el tanto de veintitrés años de prisión, desglosados así “ASOCIACIÓN ILÍCITA 2 AÑOS DE PRISIÓN, FALSEDAD IDEOLÓGICA 3 AÑOS, FALSEDAD IDEOLÓGICA Y ESTAFA MAYOR 5 AÑOS, FALSEDAD IDEOLÓGICA 3 AÑOS, FALSEDAD Y FRAUDE DE SIMULACIÓN MAYOR 5 AÑOS, FALSEDAD IDEOLÓGICA Y FRAUDE DE SIMULACIÓN MAYOR 5 AÑOS DE PRISIÓN” (conforme se desprende del acta de debate visible a folios 3040 al 3041 del expediente virtual). En sentencia el tribunal no acogió la calificación jurídica requerida por el querellante en cuanto a los delitos de fraude de simulación y asociación ilícita, lo que explicó de la siguiente manera: “Por otra parte, ni siquiera se acusa el tipo penal de fraude de simulación, no existe en la relación de hechos de la querella una descripción fáctica que nos aluda a la existencia de un contrato, actos, gestiones o escritos simulados, tampoco a la extensión de recibos falsos, o la constitución de fianzas provenientes de deudas falsas, o embargos falso, que se les de apariencia de verdaderos con un fin defraudatorio. En igual sentido, no ha quedado demostrada la existencia de una asociación ilícita a la que perteneciera [Nombre 047], [Nombre 077] y [Nombre 002]. Ni siquiera se evacuó un solo elemento probatorio que acredite que estas tres personas se relacionaban o, al menos conocían, entre sí antes de la comisión del ilícito acreditado. En debate [Nombre 047] y [Nombre 077] expresaron que previo a este proceso ellos no se conocían y no existe ningún elemento probatorio que acredite lo contrario. Por último, tal y como lo refiere la defensora Rodríguez Becerra, "ponerse de acuerdo para la comisión de un delito no significa que las personas integren una organización criminal destinada a cometer delitos", constituyendo un mero acto preparatorio para la comisión del ilícito pactado.” (cfr. 27 frente y vuelto del legajo de apelación confeccionado al efecto). La asociación ilícita está prevista en el ordinal 281 del Código Penal y sanciona a “quien tome parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. La parte asume que la mera existencia de un acuerdo delictual, en el que existe una distribución de funciones, con el fin de defraudar el patrimonio de la parte ofendida, implica de forma automática una asociación para delinquir, planteamiento que resulta errado ya que desconoce la naturaleza de dicha delincuencia, que sanciona cuando dos personas o más, forman parte de una estructura u organización criminal para cometer delitos abstractos o indeterminados en el tiempo, donde cada miembro debe tener conocimiento de que forma parte de ese ente, generado para cometer ilícitos y el propósito de querer integrarlo, para ejecutar acciones que violentan la tranquilidad pública como bien jurídico. Así “No es necesario que el mismo se constituya formalmente, mediante un pacto expreso, sino que la unión de esfuerzos puede darse tácitamente, por medio de conductas que unívocamente reflejen el ánimo de integrar esa agrupación delictiva. “Tomar parte” no es más que ser integrante de la asociación; no se requiere, entonces, que se intervenga directamente en ejecutar los hechos punibles, sino que es suficiente ser miembro de la organización, de forma tal que participe de cualquier manera en el funcionamiento de la misma (lo cual puede ocurrir si, por ejemplo, se interviene en el planeamiento de los "golpes", si se dirigen éstos, si se coordinan actividades del grupo e, incluso, si se participa en el reparto de los dividendos). El que es integrante de la asociación es autor del delito de comentario (...) Oportuno es recordar que lo que se castiga es la pertenencia al grupo, independientemente de la participación individual de los sujetos en cada uno de los hechos atribuidos al grupo...” (Cfr. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 885-2001, de las 08:45 horas, del 14 de setiembre de 2001, reiterado en el voto 760-2005, de las 10:20 horas, del 08 de julio de 2005). En este caso en concreto, la forma en que se redactó la imputación particular omite describir la creación de una banda criminal, de previo a los hechos, para cometer ilícitos de forma indeterminada. Al contrario, lo que se imputa es que tres personas idearon un plan para apoderarse ilegítimamente de las fincas de la provincia de San José, matrículas [Valor 005] y [Valor 004], donde cada uno de ellos tenía a cargo una función, con el fin de traspasar ilegítimamente los inmuebles, despojándolos del patrimonio de su legítima propietaria. Es decir, se endilgó un acuerdo para desarrollar un plan, en el que cada justiciable tenía una función esencial dentro de él, con el fin concreto de perjudicar a Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. y, con los cambios societarios llevados a cabo en España a Entrecampos Uno S.L., sin que se describa un plan para la comisión de delitos indeterminados. Este tema ha sido objeto de estudio en la jurisprudencia nacional, posición que comparte esta cámara, señalándose al efecto que “para que se configure la Asociación Ilícita, el acuerdo de sus miembros debe girar en torno a la intención de cometer delitos, en abstracto, lo cual puede demostrarse por una serie de indicios. Para tener por acaecido el hecho punible en estudio se requiere que exista una estructura organizativa que facilite la ejecución de los ilícitos, así como todas las actividades conexas. Como todo grupo organizado, debe tender a la permanencia en el tiempo, es decir, no puede ser una agrupación fugaz que tiene como objetivo dar un golpe aislado. Sin esos elementos, la conducta punible descrita en el artículo 274 del Código Penal no puede tenerse por acreditada.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 2001-00885 de las 8:45 horas del 14 de setiembre de 2001). Así las cosas, la decisión del tribunal se ajusta a derecho, amén de que también se ponderó en estricta observancia del principio de libertad probatoria y conforme a las reglas de la sana crítica racional la inexistencia de insumos de valor que acreditara la existencia de una estructura organizada, más allá del simple acuerdo, ni tampoco su permanencia en el tiempo, resultando improcedente la propuesta de la parte recurrente en cuanto a dicha delincuencia, una que siquiera desde al propio momento de la interposición de la acusación particular se consideró por la parte, sino lo hizo hasta la etapa conclusiva del contradictorio. En consecuencia, no puede prosperar el reclamo en cuanto a este extremo. Distinta suerte corre lo resuelto respecto al delito de fraude de simulación, figura prevista en el ordinal 218 del Código Penal, que sanciona al que: “en perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido, hiciere un contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulados, o excediere falsos recibos o se constituyere el fiador de una deuda y previamente se hubiere hecho embargar, con el fin de eludir el pago de la fianza”. Los jueces consideraron que la imputación no describía la “existencia de un contrato, actos, gestiones o escritos simulados, tampoco a la extensión de recibos falsos, o la constitución de fianzas provenientes de deudas falsas, o embargos falso, que se les de apariencia de verdaderos con un fin defraudatorio” (sic). De la revisión atenta de los hechos de la imputación se desprende que la apreciación que el a quo hizo no resulta correcta. Como punto de partida debe señalarse que el hecho cuarto de la querella se precisó que, sin conocer la fecha exacta, pero sí, antes del 10 de junio de 2013 “[Nombre 047] en asocio para delinquir con los querellados [Nombre 002] (hoy fallecido) y [Nombre 077], todos y cada uno de ellos con pleno conocimiento del carácter ilícito de sus actos, planearon como apoderarse ilegítimamente de las fincas de la provincia de San José, matriculas doscientos noventa y dos mil trescientos quince- cero cero cero y doscientos noventa y dos mil trescientos diecisiete-cero cero cero Plan delictivo que representaba para cada uno de los querellados diversas funciones con el fin de traspasar ilegítimamente las propiedades y separarlas del patrimonio de la legitima propietaria” describiendo un acuerdo de voluntades, bajo una misma resolución delictual, donde cada interviniente tenía una labor o tarea para realizar. Dicha pieza no solo describió los hechos relativos a la escritura 317-3 –calificados como típicos de los delitos de estafa mayor y falsedad ideológica, en concurso ideal– sino también se puntualizó que el acusado [Nombre 002] –hoy fallecido– era el legítimo propietario de las fincas supra indicadas y, a sabiendas de que era parte del plan de todos los querellados para lograr el agotamiento del delito —asegurar la no persecución de los bienes— simularon una compra venta, ahora hacia una sociedad anónima –Corporación Magno Futuro S.A– que fingió una contraprestación irrisoria y el traslado de un dominio que nunca salió de la esfera del grupo criminal, secuencia que se desprende de la lectura del hecho cuarto y sétimo de la acusación particular. No puede compartir esta cámara la apreciación del a quo sobre dicho particular porque es notable que la imputación sí describe los elementos objetivos del fraude de simulación, es decir, que el acto de venta de [Nombre 002] a Corporación Magno Futuro no expresó una realidad, sino una ficción contraria a ella. Así las cosas, se ordena la nulidad parcial de la sentencia venida en alzada, ordenando el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen para que, con una diferente integración, conozca los hechos de la querella numerados del sétimo al noveno endilgados a [Nombre 047], resolviendo lo que corresponda en derecho. B) Respecto a la absolutoria del acriminado [Nombre 077]. Luego del examen integral de la sentencia dictada, se ha advertido que aquella presenta un defecto en la valoración de la prueba que conduce a declarar con lugar la impugnación en lo que respecta a dicho justiciable, tanto en lo penal como en lo civil. El tribunal consideró que existían elementos probatorios importantes que acreditaban un alto grado de probabilidad del sindicado en la comisión de los hechos querellados, lo que se explicó del siguiente modo: “En primer lugar, tenemos que los bienes son adquiridos por su persona y, a favor de la empresa que representa, por un monto mucho menor al valor de mercado de las fincas. Según el avaluó de ambas fincas y que fuera llevado a cabo por la perito oficial Xinia Monge Rodríguez, para el año 2014 la finca de San José matrícula [Valor 010], tenía un valor de 81.975.250.00 colones, mientras que la finca [Valor 004] tenía un valor de 83.611.500.00 colones. Por su parte, según las escrituras de adquisición (47 y 48 de la Notaria Pública Karla Vanessa Brenes Siles), cada una de las fincas se vendió por un precio de 1.700.000.00 colones, en julio de 2013, sea a tan solo cinco meses del 2014 en que se hizo tal valoración. La notario en su deposición refiere que el imputado [Nombre 077] dio unos vehículos en pago y este adiciona que además de tres vehículos giró dos cheques, uno por la suma de 49 millones de colones y otro por la suma de 16 millones de colones, para un total en efectivo de 65 millones de colones, los cuales junto con los tres vehículos sumaban el monto de 80 millones de colones. Como podemos colegir, aún dando por válida la deposición del imputado tenemos que a lo sumo se pago un cincuenta por ciento del valor de mercado. Por otra parte, [Nombre 077] indica que solo una vez se reunió con el señor [Nombre 002] y que fue para la formalización de la compraventa, toda vez que la agente de bienes raíces una mujer de nombre Cindy era muy celosa al respecto y no quería que el vendedor y comprador se contactaran directamente, porque podía perder su comisión. Sin embargo, [Nombre 077] no explica cómo es que se llegó al acuerdo de recibir esos tres vehículos. ¿Cuándo los vio el señor [Nombre 002] para decidir aceptarlos como parte de pago? Por otra parte, las reglas de la experiencia nos indican que cuando se adquiere un vehículo usado o se va a recibir como parte de pago, el mismo se hace revisar y valuar por un mecánico o al menos por una persona versada en la materia, sin embargo, según la versión del imputado [Nombre 077], se llamó a la notario y se formalizó todo en un mismo momento. Sobre este punto es de fundamental importancia la declaración de la notario Brenes Siles quien afirmó que el pago se llevo a cabo con la entrega de tres vehículos cuyas compraventas ella misma protocolizó y al respecto se aporta el índice entregado al Archivo Nacional sobre dichas compraventas. Pese a ello, esta en ningún momento indica que en su presencia se hayan entregado los aludidos cheques como parte del pago de las propiedades. Por otra parte, si bien ya no es común el pago mediante cheques, como sí lo era una década atrás, lo cierto es que tratándose de negociaciones entre extraños (como en la especie nos dice el imputado que sucedió), las reglas de la experiencia y de la prudencia nos indican que los cheques se solicitan por parte del vendedor de gerencia o, en su defecto, se solicita un espacio para que las partes consulten los cheques en una sucursal bancaria a efectos de determinar si tienen fondos y en la gran mayoría de las veces la escritura se formaliza en dichas sucursales bancarias. No es razonable que un vendedor acepte, a la ligera, cheques sin verificación alguna, mucho menos de un completo extraño y en una negociación donde estos tienen un valor de sesenta y cinco millones de la época (2013) y que al día de hoy representan un monto muy superior a los ciento veinte mil dólares estadounidenses. Con mucho mayor razón que el vendedor de los inmuebles reciba de un total extraño cheques posfechados o postdatados (como se desprende de la escritura y del dicho del propio imputado la indicada compraventa se formalizó el 19 de Julio del 2013 y los cheques tienen fecha del 20 de julio del 2013), lo que quiere decir que no podía ni cambiarlos ni consultarlos el mismo día de la negociación y se tenía que esperar un día más para intentar hacerlos efectivos. Por su parte el imputado en ejercicio de su derecho de defensa, ofrece como prueba para mejor resolver el testimonio de [Nombre 104], cédula [Valor 011], quien dice que trabajó para él, pero dejó de hacerlo después de construir un albergue para el Hospital de Niños, esto en el 2014 o 2015 y que no había tenido forma de contactarlo para ofrecerlo como prueba y por eso lo ofrece hasta en debate. Sobre estos extremos el señor ([Nombre 104]) contradice al imputado al indicar que trabajó con él entre el 2011- 2016 cuando quedaron terminados unos apartamentos para alquilar del imputado. Refiere que él cambió su dirección y su correo electrónico pero mantuvo su número de teléfono, el cual sigue siendo el mismo, motivo por el cual no es cierto que [Nombre 077] haya perdido los mecanismos para contactarlo y por eso lo ofrece hasta este momento, puesto que solo tenía que llamarlo al número conocido para poder comunicarse con él. Según esta deposición los lotes en cuestión fueron localizados por dicho testigo, por medio de una corredora de bienes raíces de nombre [Nombre 105], con la cual dice que había negociado otra propiedad, pero no sabe como fue que la contactó por primera vez, igualmente sabe que tiene oficina o tenía para la época oficina en Tres Ríos pero no sabe la dirección exacta, tampoco sabe cual es el segundo apellido y no recuerda cómo fue que la contactó por primera vez; en conclusión, no brinda datos para individualizarla o contactarla y así corroborar su dicho y el del imputado. Agrega que dicha corredora corría las propiedades en cuestión junto con otro corredor pero no sabe quién es, para cuál empresa trabajaba o qué negociación en específico tenía con [Nombre 105]. Estos intermediarios resultan de gran importancia toda vez que al surgir a la luz la estafa y sobre todo el engaño que dice el imputado [Nombre 077] que le hizo [Nombre 002], lo esperable es una reacción inmediata de [Nombre 077] reclamándole a su empleado [Nombre 104] el mal negocio que le trajo y, a su vez, era esperable -como el sentido común lo dicta- el que estos al sentirse ofendidos le reclamaran a los intermediarios asi como a [Nombre 002], puesto que no es una prenda de vestir la que salió de mala calidad, se trata de un negocio multimillonario; sin embargo, el imputado [Nombre 077] dijo no haber hablado ni buscado a la intermediaria para dilucidar el punto, mucho menos al supuesto segundo corredor. [Nombre 104] indica que en una ocasión él se topó a [Nombre 105] y esta le dijo que no le hablara de esa negociación porque a ella no le dieron su comisión y ahí se acabó el tema; conducta que no resulta razonable si tomamos en cuenta los graves perjuicios que este mal negocio le produjeron y le producen económicamente a su jefe, el aquí imputado [Nombre 077]. Como vemos la forma en que se lleva a cabo la negociación, el precio de la compraventa, la forma de pago y la conducta posterior a la apertura de este proceso demuestran que existe un altísimo grado de probabilidad de que [Nombre 077] sea coautor responsable de los hechos acusados.” (sic, cfr. 25 frente al 27 vuelto, transcripción literal). Pese a tales indicios, los jueces absolvieron al sindicado por la siguiente razón: “El elemento indiciario que podría arrojar el grado de certeza positiva en el presente análisis lo constituyen las afirmaciones de la testigo [Nombre 107], (a quien el defensor del señor imputado le dio pleno crédito) en el tanto refiere que los lotes para el momento de los hechos se encontraban debidamente cercados, chapeados y con los rótulos de la empresa de bienes raíces [Nombre 078] bien anclados en el predio. Si los lotes hubiesen estado, con certeza, en esas condiciones, resultaría evidente que estos tenían otro intermediario, por lo que sería imperioso contactar a esta empresa y realizar las consultas respectivas. Sin embargo, tal y como lo alega la defensa del imputado [Nombre 077], la deponente es una ejecutiva de la empresa [Nombre 078], no le constan los hechos directamente, su dicho responde a lo que le fue referido por el trabajador que limpia los lotes en venta y como lo indica ella, en aquel momento los peones no contaban con teléfonos móviles con cámara para poder llevar un registro fotográfico claro y detallado de dichas limpiezas. No se contó con el testigo directo (al cual alude doña [Nombre 107], de nombre [Nombre 111]), por lo que este elemento indiciario no quedó demostrado en grado de certeza. Por otra parte, si bien los predios pudieron estar descuidados e, incluso, sin los rótulos dichos, porque -como dice doña [Nombre 107]- suelen robárselos, lo cierto es que tampoco estaban en tal estado que no se pudiera caminar y era posible la existencia de culebras -como en forma exagerada y complaciente nos lo hace ver [Nombre 104]- toda vez que la testigo [Nombre 107] es clara en indicar que su empresa realizaba periódicamente el mantenimiento de dichos predios; pero, en todo caso, a falta del referido empleado mencionado por doña [Nombre 107] estas circunstancias no se pudieron corroborar certeramente. Igualmente, se aprecia que la parte querellante alega la actuación conjunta de la imputada [Nombre 047], [Nombre 002] y [Nombre 077], sin embargo, no se aportó ningún elemento probatorio que permita establecer que, previamente, se conocían o mantenían algún tipo de vínculo o conexión entre ellos, a efecto de establecer que actuaron de manera conjunta, como se afirma. Así las cosas en aplicación del Principio Universal de Indubio Pro Reo, lo procedente es absolver a [Nombre 077] de los delitos acusados.” (cfr. 27 vuelto al 28 frente, transcripción literal). Se advierte que en lo tocante a [Nombre 077] el tribunal desaplicó el principio de libertad probatoria, previsto en el ordinal 182 del Código Procesal Penal, el cual estipula que: “Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa de la ley” y, en su lugar partió de un criterio de prueba tasada al establecer que, la credibilidad del dicho de [Nombre 107] –en cuanto aseveró tener un contrato de exclusividad para la venta de las dos fincas, contando no solo con la rotulación de la empresa de correduría de su padre, sino además se le brindaba el servicio de mantenimiento por parte de una cuadrilla que, con regularidad revisaban los terrenos y verificaban el estado de los rótulos y la cerca, encargándose además de la corta del césped y el pago de los impuestos– dependía del testimonio de algún testigo directo, en concreto del funcionario [Nombre 111], para así corroborar el mantenimiento de los lotes. Esta Cámara no puede compartir el análisis que al respecto hizo el a quo, al exigir una determinada cantidad y tipo de prueba para validar un testimonio, partiendo de un sistema de tasación que, es bien sabido, no sigue nuestro sistema procesal penal, sin que se logre comprender cuál es la duda razonable que tuvo el tribunal. Véase que no solo se contó con el dicho de [Nombre 107], quien es hija del dueño de la empresa de correduría encargada de la venta de las fincas bajo discusión, quien dio fe del adecuado mantenimiento de los inmuebles y la debida rotulación para su venta, sino expuso que, al darse cuenta que había sido traspasados, cuando estaban a punto de firmar su venta, dieron aviso inmediato a su propietario en España y fueron a revisar las propiedades, que son contiguas, precisando que “estaba igual, en el mismo estado, tenía nuestros rótulos de venta donde decía “[Nombre 078] Vende con el número” (cfr 16 vuelto del legajo de apelación confeccionado al efecto) y, aunque ella no fue personalmente al sitio, sí fue uno de sus colaboradores, [Nombre 111], quien le aseguró tenían “las mismas cercas, el mismo candado y los rótulos nuestros” (cfr. 17 frente del legajo de apelación confeccionado). Incluso la testigo aclaró que, aunque en ese entonces, año 2013, los peones que le daban mantenimiento a los lotes no usaban teléfonos con cámaras, si había un registro fotográfico porque “el chapeador y el administrador una vez que terminan de dar mantenimiento mandan fotos” (cfr. 17 frente del legajo de apelación confeccionado) elemento que se deduce permitía no solo controlar que la labor de campo de las cuadrillas se cumpliera conforme a los términos acordados y con la regularidad programada, sino que su empresa pudiera tener la visibilidad necesaria para lograr vender las propiedades y, lógicamente, cobrar la respectiva comisión, propia de ese tipo de contratos, conforme a las más básicas reglas de la experiencia. Lo anterior fue validado y corroborado por el ofendido [Nombre 084], quien ratificó que los lotes estaban a la venta por parte de una empresa que los administraba, pagaba sus impuestos y los promocionaba, porque como apoderado no se hallaba en Costa Rica sino en España pese a lo cual, aseguró que contaban con malla y estaban cercados, deposición a la que se le brindó completa credibilidad, sin que se señalara una sola razón en el fallo para restarles credibilidad a ambos deponentes en todo lo que manifestaron. En este punto debe llamarse la atención que resulta absolutamente contradictorio que se echara de menos el testimonio de [Nombre 111], uno de los peones de la cuadrilla de mantenimiento de la empresa de correduría, considerando que solamente él podía referir acerca del estado de las fincas y, al mismo tiempo se le brindara crédito a [Nombre 107], en cuanto declaró sobre su mantenimiento regular y periódico, descartando el cuerpo de jueces que estuvieran descuidados, impidiendo caminar en ellos y hasta con culebras, como lo narró el testigo [Nombre 104], quien fue calificado como complaciente, resultando notoriamente inconciliable que se le crea a la deponente sobre ese punto y, a la misma vez sea ese el extremo en que se fundó la supuesta duda. Es claro que para disponer una absolutoria en aplicación del principio in dubio pro reo los cuestionamientos de los jueces deben estar justificados con argumentos que permitan establecer por qué no se pudo superar un ánimo dubitativo, lo que no se desprende del fallo de mérito, cuya decisión está plagada de una serie de defectos en la valoración probatoria que vulneran los deberes de motivación, así previsto en el ordinal 142 del Código Procesal Penal, el cual estipula que las sentencias deben contener una fundamentación clara y precisa, expresando los razonamientos de hecho y derecho, base de la decisión del juzgador, con indicación del valor otorgado a los medios de prueba; sancionando con ineficacia la omisión de dicho requisito. Es por todo lo antes expuesto que se puede concluir que, luego de efectuar un examen integral la sentencia escrita venida en alzada, aquella carece de fundamentos adecuados para de las pruebas, por lo cual se impone acoger parcialmente los motivos indicados en cuanto dispuso la absolutoria del sindicado [Nombre 077] de toda pena y responsabilidad, tanto en lo penal como en lo civil, ordenándose la nulidad parcial de la sentencia venida en alzada, ordenando el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen para que, con una diferente integración, conozca la totalidad de los hechos de la querella y la acción civil resarcitoria entablada en contra del imputado y demandado civil [Nombre 077], decisión que alcanza necesariamente el pronunciamiento que debe darse respecto a las costas procesales y personales por ambas acciones, resolviendo lo que corresponda en derecho.
V.– Como segundo motivo alega errónea apreciación de la pena fijada a [Nombre 047], en el tanto de dos años de prisión por el delito de estafa mayor aumentada en un año, en aplicación de las reglas de penalidad del concurso ideal por el delito de falsedad ideológica, considerando al efecto que se trató de dos fincas de muy alto valor, que la imputada es abogada y notaria pública, por lo que los niveles de exigencia en el cumplimiento de la normativa y respeto de derechos de terceros son mayores, afectando la fe pública registral, la imagen del país y la seguridad jurídica, causando graves perjuicios a los ofendidos, al igual que, la imputada está en un “proceso de enmienda, refiriendo que en los últimos años no ha tenido nuevos procesos penales por hechos de esa especie”, páginas. 44 y 45 de la sentencia. Los jueces creyeron en la supuesta reforma de la imputada para ya no volver a cometer más delitos en el ejercicio del notariado público sin sustento alguno, con el solo dicho de ella. De la certificación de juzgamientos se desprende que, a la fecha, aquella registra condenas por delitos similares en los años 2018, 2022 y 2023, sentenciándole a penas de prisión por delitos de estafa, falsedad ideológica, uso de documento falso y falsificación de documentos privados, sin mencionar otros procesos judiciales penales que aparecen en el registro y los que constan varias conciliaciones homologadas por sentencias de los años 2022 y 2023. El que no existan más delitos en el ejercicio de la función notarial no obedece a una aparente enmienda en la personalidad de la imputada, sino al haber sido reiteradamente suspendida del ejercicio notarial, razón por la que está inhabilitada por la Dirección Nacional del Notariado. Del informe 816-F-16-M del Organismo de Investigación Judicial (folios 330 a 333 del expediente) se desprendía en ese entonces la existencia de 15 procesos penales, incluyendo el presente. Considera que no debió el tribunal creer en su “supuesta repentina fidelidad al derecho”, máxime si en el juicio ofreció un testigo falso, así calificado por el mismo cuerpo de jueces, pero con el adjetivo de “complaciente”. La imputada no ha tenido un proceso de enmienda alguna para respetar a la Administración de Justicia y mintió al decir que ella ha sido una víctima de un supuesto engaño por parte del imputado fallecido [Nombre 002], quien le fue presentado años atrás por aquel supuesto líder de una banda criminal, llamado [Nombre 098]. A lo anterior se suma que, aun cuando fuera su derecho, se negó a responder preguntas de la parte querellante y actora civil, sin que mostrara en más de una década arrepentimiento alguno por lo sucedido y no aceptó los hechos, no realizó alguna acción dirigida a reparar el daño causado ni colaboró con la investigación, contrario a ello, dio muestras de obstaculizar el trabajo de la administración de justicia penal, ofreciendo un testigo falso, de forma sorpresiva hasta el momento del debate, pero, además, en la audiencia preliminar solicitó la asistencia de la defensa pública, pues se venía representando a sí misma, lo que motivó un retraso en la tramitación de la causa, que implicó crear un testimonio de piezas para no detener el proceso en contra del otro imputado y hasta se le comunicó a la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas. El que la acriminada cometiera los delitos en el ejercicio de la función notarial imprime una especial gravedad al afectar la fe pública notarial, como el nivel de exigencia profesional que poseía como profesional en derecho, conocedora de la ley y de las consecuencias de su irrespeto. Su actuar se tradujo en la sustracción en el año 2013 de dos propiedades valoradas conjuntamente el año 2014 en la suma de ¢165,586,750.00 (folio 1531), perjudicando la imagen del país y la seguridad jurídica registral, razones todas que no justifican, en rigor jurídico, una penalidad tan baja como la impuesta de tres años de prisión en total, con el beneficio de ejecución condicional de la pena; sanción que equivale a la máxima prevista para un único delito de hurto del art. 208 del Código Penal. El quantum no se corresponde con la gravedad de los hechos cometidos, máxime cuando se trató de un fraude registral para sustraer propiedades de personas extranjeras, aprovechándose de la lejanía territorial de sus residencias y de una especial situación de mayor vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas, al no poder estar controlando presencialmente el estado de sus propiedades en el país. Es por lo anterior que se solicitó que se le impusieran tres años de prisión por el primer delito de falsedad ideológica cometido con la confección de la escritura falsa y de cinco años de prisión por los delitos de estafa mayor en concurso ideal con otro delito de falsedad ideológica, por la confección del falso testimonio de la escritura. Al estar estrechamente relacionado, alega que no se aplicó correctamente la ley sustantiva al excluir de la condena de la imputada [Nombre 047] otro delito falsedad ideológica, al considerarse que los dos documentos falsos confeccionados en diferentes momentos –la escritura y el testimonio falso que se presentó ante el Registro Nacional–, se trataba de una “unidad de acción” subsumible en un único delito de falsedad ideológica, no de dos. En realidad, considera que cometió dos delincuencias, uno por cada documento falso confeccionado y, sólo el segundo concursa idealmente con el delito de estafa mayor y, ambos materialmente entre sí, inobservando los artículos 21, 22, 23, 71, 75, 76 y 367 del Código Penal. Ciertamente la estafa mayor dio comienzo con los actos de ejecución consistentes en la presentación del testimonio falso ante el Registro Nacional, acto que concurre idealmente con el delito de falsedad ideológica sobre el mismo testimonio. No obstante, lo anterior, la confección de la escritura 317-3 en el protocolo de la endilgada [Nombre 047] constituye un hecho separable espacio temporal de la confección del testimonio falso que, luego se presentó ante el Registro Nacional. El delito de falsedad ideológica previsto en el numeral 367 del Código Penal constituye un delito de peligro que se consuma con la inserción en un documento público o auténtico una declaración falsa que el documento deba probar “de modo que pueda resultar perjuicio”. No constituye un elemento de la tipicidad objetiva el efectivo uso del documento, ya que se consuma con la sola posibilidad o potencialidad lesiva de ese documento. En el caso concreto, la confección de una escritura falsa de traspaso de bienes dentro del protocolo supone una posibilidad de perjuicio suficiente para ser penalmente típica, máxime considerando que se trata de una escritura en la que se da fe pública de un traspaso que en realidad es inexistente. Por lo tanto, este delito se entiende consumado con la sola confección de esa escritura falsa dentro del protocolo que da fe pública, al margen de si con posterioridad fue o no utilizado, lo que, como se señaló, no constituye un elemento objetivo del tipo penal. Luego aconteció otro hecho posterior que se inició con la ejecución de otro delito de falsedad ideológica, al elaborarse materialmente un segundo documento falso, con el testimonio de la escritura que sí se utilizó ante el Registro Nacional. Aun cuando es cierto que todos los delitos que comete una persona puedan tener una finalidad general común, ello no conduce necesariamente a estimar que, porque el objetivo es sustraer propiedades, todas las conductas se encuentran en una “unidad de acción”. El Tribunal consideró que la confección de dos documentos falsos, en dos diferentes momentos, ambos con potencialidad lesiva, como una sola falsificación, razonamiento que es incorrecto. Sostiene que cada uno fue realizado en momentos diferentes, por lo que no hay unidad de acción, ya que cada uno inicia y se concluye o consuma en momentos diferentes; de manera que estos concurren materialmente. Así las cosas, se impuso un monto de pena de prisión muy por debajo de la que habría resultado proporcional y no se aplicó de manera adecuada las reglas del concurso material. Solicita se declare con lugar este motivo y se disponga la nulidad parcial del fallo recurrido en cuanto al monto de la pena impuesta, ordenando el reenvío para que, con una nueva integración se fije una nueva pena proporcional a la verdadera gravedad de los hechos. Sin perjuicio de lo anterior, señala que debe quedar firme la declaratoria de la falsedad instrumental, la supresión de los asientos registrales fraudulentos, la condena civil recaída sobre la imputada [Nombre 047] y las costas acordadas con motivo de esas condenas, sin perjuicio de lo solicitado en los demás motivos de apelación. Parcialmente con lugar. Son dos temas los que plantea la parte, los que se conocerán en forma separada y en un orden distinto al propuesto. A) inconformidad con la calificación jurídica otorgada a los hechos probados. El a quo tuvo por demostrada la siguiente secuencia fáctica: “1.- Sin precisar fecha exacta, pero con anterioridad al 18 de junio del 2013, la acusada [Nombre 047] y el señor [Nombre 002] (imputado a quien se dictó sobreseimiento por fallecimiento), idearon un plan delictivo con la finalidad de despojar de las propiedades inscritas bajo el sistema de Folio Real con la matrícula número [Valor 005] y número [Valor 004], ambas del Partido de San José, a la sociedad Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. cédula jurídica costarricense 3-012-552704, representada por [Nombre 327]. 2. Es así como la imputada [Nombre 047] se valió abusivamente de su función como notaria pública y confeccionó la escritura pública 317-3 en el tomo 3, folio 159 frente de su protocolo, en la que insertó falsamente que ante ella compareció [Nombre 084], en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad ofendida CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. en su calidad de propietaria de las fincas con las matrículas número [Valor 005] y número [Valor 004] del Partido de San José y vendió las mismas, por la suma 1.700.000 colones cada una, a [Nombre 002], cuando en realidad nunca compareció. 3. Acto seguido, con la finalidad de inducir a error a los funcionarios del Registro Nacional, la acusada [Nombre 047] confeccionó el testimonio de la escritura 317 del tomo 3 de su protocolo, mismo que imprimió en su papel de seguridad número 1733580 y le adjuntó la boleta de seguridad 443442-O asignada a su persona. 4. El 18 de junio de 2013, se presentó ante el Registro Nacional ubicado en Zapote, el testimonio con datos falsos de la escritura 317 del tomo 3 del protocolo de la imputada [Nombre 047], que se inscribió bajo el Tomo 2013, Asiento 185300, documento falso que se usó para lograr de esta forma inducir a error al funcionario registrador, quien basado en la fe pública que da el notario sobre la información inserta en los testimonios presentados, dispuso el patrimonio de la sociedad ofendida CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L., mediante el traspaso de la titularidad de las fincas matrícula número [Valor 005] y número [Valor 004] del Partido de San José a [Nombre 002], despojando a la empresa ofendida de dichos bienes inmuebles. 5. Siguiendo el señor [Nombre 002] con su plan delictivo (imputado sobreseído por muerte), el 19 de julio de 2013 realiza el traspaso de las fincas aludidas, para lo cual ante la Notaria Pública Karla Vanessa Brenes Siles con oficina en San José, [Nombre 002] en forma fraudulenta, haciéndose pasar como el legítimo dueño de las fincas de la Provincia de San José, matrículas número [Valor 005] y número [Valor 004], confeccionan las escrituras número cuarenta y siete y cuarenta y ocho, visibles a los folios cuarenta y ocho frente y vuelto y cuarenta y nueve frente y vuelto, respectivamente del tomo veintitrés del protocolo de dicha notaria, según las cuales [Nombre 002] le vende a la sociedad Corporación Magno Futuro S.A. representada por [Nombre 077], las propiedades mencionadas por la suma de un millón setecientos mil colones cada una. Acto necesario para alegar una adquisición al amparo del registro. 6. Los correspondientes testimonios de escrituras 47 y 48 de la mencionada notaria fueron presentadas al Registro Público en la sede central por el señor Jorge Zamora Santana el día 22 de Julio de 2013, ante el Diario del Registro Nacional para su definitiva inscripción los días 30 y 23 de julio de 2013 respectivamente. Acción con la que, finalmente, se dispuso ilegítimamente de estas fincas que pertenecen en realidad al patrimonio de la sociedad Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., cédula jurídica costarricense 3-012- 552704, representada por [Nombre 327] y, en definitiva, en daño de Entrecampos Uno SL, la cual es su legítima propietaria, representada igualmente por el ofendido [Nombre 084]. 7. El despojo registral descrito generó un despojo material sobre dichos inmuebles, produciendo un daño económico consistente en la imposibilidad de disponer de ambas fincas desde el momento del despojo registral (18 de junio del 2013). Igualmente, con el actuar ilícito descrito se le generó al querellante y actor civil, [Nombre 084], en lo personal, un daño moral, al suplantar su identidad en actos notariales por los cuales figuró falsamente vendiendo las fincas en cuestión.” (transcripción literal, cfr. 19 vuelto al 21 vuelto del legajo de apelación confeccionado al efecto), los que fueron calificados como típicos de un delito de estafa mayor en concurso ideal con una falsedad ideológica, condenando a la imputada [Nombre 047] a tres años de prisión. Expresamente se descartó la pretensión punitiva de la parte, tendiente a la condenatoria por dos delitos falsarios, al otorgar la escritura pública 317-3 y por la expedición del testimonio que luego se presentó al Registro Inmobiliario, al estimar que “la falsedad ideológica de la escritura, el testimonio falso derivado de ella y el uso ante la presentación al Registro Nacional, se consideran desde el punto de vista ontológico-normativo como una unidad de acción, delincuencia que concursa idealmente con el delito de estafa mayor.” (cfr. 27 frente del legajo de apelación confeccionado al efecto). El artículo 367 del Código Penal contempla la delincuencia indicada, sancionando dos conductas típicas, la de insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar y, el hacer insertar tales falsedades. La primera solo puede ser ejecutada por quien tiene la potestad jurídica de emitir el documento, es decir un fedatario público, de modo que “... la declaración insertada es falsa cuando lo consignado en el documento tiene un sentido jurídico distinto del acto que realmente ha pasado en presencia del fedatario y que él debió incluir como verdad de lo que debe dar fe...” –Creus, Carlos. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo 2. Sexta edición actualizada y ampliada. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1997. Pág. 428–. Por su parte, la conducta de hacer insertar, la comete el otorgante del documento quien logra que un fedatario inserte en un documento público o auténtico declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar y; para ambos supuestos, de un modo que pueda resultar perjuicio. Es un delito que requiere la existencia de un dolo directo, es decir, el sujeto activo debe tener plena conciencia de que el contenido de lo que inserta es falso y expresa su voluntad de hacerlo, al igual que ese acto acarreará un perjuicio a otra persona, lo que elimina la posibilidad de que pueda ser cometido con un dolo eventual. La parte recurrente considera que la confección de la escritura matriz en el protocolo de la acusada [Nombre 047], como la expedición del testimonio, constituyen dos acciones jurídico penales independientes, en lugar de una, tal y como lo consideró el tribunal. De cara a establecer si hay o no unidad de acción en sentido jurídico debe ponderarse la secuencia delictiva, la que permite precisar el momento en que el sujeto activo alcanzó su objetivo. En este caso se demostró que la notaria [Nombre 047] insertó en una escritura pública hechos falsos, expidiendo el respectivo testimonio que luego se usó en el Registro Inmobiliario para lograr alcanzar una ventaja patrimonial de orden registral. Esta sucesión determina que el conjunto de sus acciones son una sola, desde una óptica jurídica, pues la inserción de hechos falsos en la matriz tenía la finalidad de modificar la realidad registral, la que se logra únicamente cuando se inscribe el derecho real, finalizando así la unidad de acción, al haber alcanzado el fin perseguido que abarca todas las acciones delictivas previas. La tesis de la parte querellante obvia que, en el traspaso de un bien, el efecto de publicidad registral y oponibilidad ante terceros se perfecciona únicamente cuando se verifica su inscripción en el Registro Nacional. Para lograr tal fin no sólo se requiere la confección de la escritura, sino la emisión y presentación de su respectivo testimonio ante la autoridad registral, de tal manera que el perjuicio sólo se puede generar cuando el documento es usado o puesto en circulación, precisamente con su presentación y, posterior inscripción por parte del Registro Inmobiliario, inducido a error y engaño. Tómese en cuenta que el protocolo donde consta la escritura matriz donde se otorgó el acto, nunca se exhibe ni mucho menos se presenta en el Registro Inmobiliario para lograr el traslado de dominio procurado, sino queda en custodia del fedatario público, mientras se encuentre en uso, depositándose en el Archivo Nacional hasta que se completen los folios autorizados. Bajo tales consideraciones la emisión del testimonio de escritura, aún días o meses después de emitida la matriz, no puede considerarse como un segundo delito falsario, independiente, ya que “La confección del testimonio falso, no tiene otro fin que el de darle publicidad al negocio jurídico, y hacerlo oponible a terceros, mediante su inscripción. Es precisamente con dicha acción, a saber, la efectiva presentación del testimonio en Registro Público, con la que se completan los elementos exigidos para la configuración de la falsedad ideológica (así recalificada en esta sede), específicamente en cuanto al requisito de que “…pueda resultar perjuicio…” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 2008-0584, de las 10:18 horas, del 23 de mayo de 2008). El acto consignado en la escritura matriz no tiene posibilidad alguna de causar perjuicio por sí mismo, sino hasta tanto se emita el respectivo testimonio para su utilización en el Registro Nacional, de modo que no se está ante dos acciones jurídicas como lo sostiene la parte que, obvia por completo las particularidades del caso antes apuntadas. Distinta situación ocurriría si, el testimonio expedido por el fedatario público cuenta con cualquier modificación, adición o supresión respecto a su matriz, no siendo un documento fiel de aquel, supuesto que no se ha alegado hubiera ocurrido en este caso. Esta cámara de apelaciones no comparte la tesis jurídica del recurrente, avalando la calificación jurídica brindada por el a quo a los hechos probados, desechando así este motivo. B) Inconformidad con la pena impuesta y concesión del beneficio de ejecución condicional de la pena. Una vez que ha sido analizada la sentencia escrita y confrontada contra los argumentos del recurrente, esta Cámara considera que le asiste la razón en cuanto invoca un defecto en la fundamentación de la pena de tres años de prisión que le fue impuesta a la endilgada [Nombre 047], por la comisión de un delito de estafa mayor y falsedad ideológica en concurso ideal. Con respecto a dicho extremo el a quo refirió únicamente lo siguiente: “El delito de estafa mayor está sancionado con pena de seis meses a diez años de prisión y al estar en concurso ideal con un delito falsario la misma puede aumentarse. La imputada no merece la pena mínima, se trata de no una sino de dos fincas las despojadas, las cuales al día de hoy tienen un valor cada una superior a ciento veinte millones de colones, el daño patrimonial es de muy alto valor (ver avalúo de la perito Xinia Monge Rodríguez de folio 1529 del con un estudio especializado en derecho que le permite conocer, claramente, las consecuencias de sus actos y los deberes que su profesión conlleva, pero lejos de cumplir con la función social de su trabajo afecta la fe pública registral generando con ello una defraudación multimillonaria. Aunado a ello, los afectados son extranjeros inversionistas en bienes raíces en el país, por lo que el delito afecta la imagen del país ante estas personas extranjeras. Incluso la testigo [Nombre 107], corredora de bienes raíces, refiere que este tipo de conductas, las cuales en su profesión ha visto en forma reiterada, generan una pérdida de la buena imagen del país y afecta la seguridad jurídica, sobre todo ante estas personas extranjeras que resultan perjudicadas. En virtud de esto se le impone a la sentenciada la pena de dos años de prisión aumentada en un año por el delito falsario que concursa idealmente, para un total de tres años de prisión. No se impone una pena superior tomando en cuenta que la imputada indica estar en un proceso de enmienda, refiriendo que en los últimos años no ha tenido nuevos procesos penales por hechos de esa especie. Pena que deberá descontar en el lugar y forma que indiquen los reglamentos penitenciarios previo abono de la preventiva cumplida.” (cfr. 24 vuelto al 25 frente del legajo de apelación creado al efecto, transcripción literal). Es el criterio de esta cámara que, en cuanto a este extremo, la sentencia carece de una fundamentación adecuada, en consideración a los parámetros previstos en el ordinal 71 del Código Penal. Los jueces reconocen que la sentenciada no es merecedora de la pena mínima, teniendo en cuenta la magnitud de la lesión, a partir del despojo de dos fincas de una valía muy alta, generando un perjuicio patrimonial importante a la víctima, teniéndose en cuenta que se trata de inversionistas en bienes raíces extranjeros, al igual que los hechos ocurridos impactan de forma negativa la imagen del país a nivel internacional, poniendo en entredicho la seguridad jurídica. Asimismo, se consideraron las condiciones personales de la acusada quien, pese a sus estudios universitarios especializados en derecho, comprometió la fe pública, que se tradujo en una defraudación multimillonaria. Los argumentos esbozados por el tribunal permite considerar la existencia de una contradicción axiológica, porque cada una de las razones expuestas se dirigen a poner de manifiesto distintos motivos que, al amparo de lo dispuesto por el artículo 71 del Código Penal, serían suficientes para imponer una pena mayor, que podría ser de hasta diez años de prisión. Pese a reconocer que las acciones materiales realizadas por la imputada afectaron el patrimonio de extranjeros inversionistas, sobre dos fincas de una valía muy alta, afectando la confianza en la seguridad registral del país como su imagen por una fedataria pública, con obligaciones legales y morales mayores, exponen una serie de argumentos que, en conjunto señalan inequívocamente hacia un mayor grado de reproche hacia la acusada por su conducta, pese a lo cual le fijan un monto de tres años que no guarda proporcionalidad ni razonabilidad con el reproche de su comportamiento. Inclusive se asegura que [Nombre 047] ha comenzado un proceso de enmienda, sin que desarrollen los elementos en que afincan esa apreciación, que no pasa de ser subjetiva. La contradicción axiológica respecto de la valoración del reproche que le corresponde, resulta suficiente como para declarar la ineficacia de la pena de tres años de prisión impuesta, debiéndose resaltar que el tribunal siquiera ponderó la afectación que los hechos tuvo en la víctima, que ha debido esperar 13 años para tener una resolución judicial que le restituya sus bienes, de los que no ha podido disponer para su goce, uso, disfrute, explotación y enajenación, generándole una abultada minusvalía financiera, agravada debido a la necesidad de contratar patrocinio letrado en el país para velar por el resguardo de sus derechos en este proceso como los constantes viajes que ha tenido que hacer al país para estar presente en las diferentes audiencias que ha sido llamada, como extremos que el tribunal siquiera ponderó. En criterio de este tribunal existe una fundamentación insuficiente en la fijación del quantum de la sanción, porque, de acuerdo con las condiciones personales del sujeto activo como pasivo, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el ilícito, la calidad de los motivos determinantes, la magnitud del daño causado, como la conducta del acusado con posterioridad al evento, había elementos que requerían ser dimensionados en la graduación del reproche. Pese a lo resuelto es necesario señalar que la pretensión de incremento de la pena debido a que la justiciable decidió no contestar preguntas de la parte querellante y actora civil, como la estrategia de defensa seguida en el juicio –negando su participación dolosa en los hechos y ofreciendo prueba de descargo– no podría considerarse para la fijación de la sanción porque implicaría la vulneración del artículo 36 de la Constitución Política y el 8.2.g de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues de acuerdo con estas normas cualquier persona acusada tiene derecho a guardar silencio sobre los hechos sin alguna consecuencia en su perjuicio. Resulta ilegítimo considerar que la actitud de la imputada, acogiéndose al derecho de abstención o bien, declarando sin contestar preguntas, como la estrategia desarrollada en el contradictorio implica una ausencia de arrepentimiento de su parte, al ser este parte de su derecho de defensa garantizado por la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y nuestra legislación procesal. Incluso la aludida falta de arrepentimiento no constituye un parámetro válido para la dosificación del reproche, ya que ello implicaría el deber de la persona acusada de tener que reconocer su culpabilidad, cuando lo cobija la presunción de inocencia y un derecho a no auto incriminarse, conforme lo ha expuesto la Sala Tercera en otras oportunidades, entre otros, votos 813-05, del 22 de julio de 2005; 81-08, de l8 de febrero de 2008 y 265-08, del 28 de marzo de 2008. De la misma suerte si para la audiencia preliminar no se presentó a la hora señalada, sino lo hizo tarde, solicitando la asistencia de la defensa pública, se trató de un aspecto que en su oportunidad el juez de esa etapa valoró y hasta dispuso una comunicación a la fiscalía del Colegio de Abogados, sin embargo, esta situación per se, no puede ser considerada en detrimento de la condenada, desde que le asiste un derecho a contar con asistencia técnica profesional, aun siendo ella abogada, porque la ley no prevé una excepción de esa índole. En otro orden de ideas, denota esta Cámara que se le concedió a [Nombre 047] el beneficio de ejecución condicional de la pena “Por cumplir con los requisitos para ello y no haber objeción del ente fiscal, se le otorga a la sentenciada el beneficio de ejecución condicional de la pena impuesta por el término de CINCO AÑOS, beneficio que será revocado si durante dicho período de prueba comete nuevo delito doloso sancionado con pena superior a seis meses de prisión. Se imponer el término mayor de prueba tomando en cuenta que la pena impuesta es la más alta que permite el otorgamiento de este beneficio, los graves perjuicios ocasionados” (cfr. 25 frente del legajo de apelación creado al efecto, transcripción literal) omitiéndose fundamentar esa decisión, echándose de menos un examen mínimo acerca del cumplimiento de los requisitos legales previstos en el ordinal 59 y 60 del Código Penal. Lo anterior reviste mayor trascendencia si se toma en consideración el contenido de la certificación de antecedentes penales de la acusada, visible a folios 1772 al 1775 del expediente virtual, determinándose la existencia de tres condenas distintas –sumarias 13-027403-0042-PE, 14-001028-0414-PE y 23-14-384-PE, por hechos del 08 de enero de 2013; entre diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013 y del 9 de setiembre de 2010, respectivamente, con sentencias dictadas el 13 de enero de 2022; 9 de febrero de 2018 y 23 de agosto de 2023– en las que se le concedió en cada una de ellas el citado beneficio por términos distintos, resultando absolutamente necesario se ponderara si la endilgada podía ser considerada delincuente primaria o no, al igual si podría estarse ante un incumplimiento del ordinal 63 del citado cuerpo legal que establece como causal de revocatoria de la ejecución condicional de la pena cuando la persona condenada comete nuevo delito doloso sancionado con prisión mayor de seis meses, durante el período de prueba, ejercicio analítico que el tribunal omitió por completo, generando un defecto en la fundamentación que así debe ser declarado. En consideración a lo indicado, se anula parcialmente el fallo, ordenando el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen para que, con una diferente integración, determine la sanción que corresponda en derecho y con ello la procedencia o no del beneficio de ejecución condicional de la pena respecto a la sindicada [Nombre 047], debiéndose hacer ver que, al haber sido la pena recurrida por la parte querellante no resulta aplicable la no reforma en perjuicio.
VI.– Como tercer motivo del recurso del recurso del abogado Alfonso Navas Aparicio, en su condición de apoderado especial judicial de la querellante Rodríguez y quinto de la licenciada Aymara Fernández Madrid, en su condición de apoderada especial judicial de los actores civiles, alegan una interpretación parcialmente errada del artículo 140 del Código Procesal Penal. La parte querellante y actora civil solicitó que, en sentencia se dispusiera el restablecimiento de las propiedades sustraídas fraudulentamente al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo, a saber, dos lotes colindantes, sin construcción interna alguna, suelo en tierra con plantas y césped de aparición y crecimiento natural, que se encontraban cercados, con candado y tenían un rótulo que indicaba que estaban en venta por la empresa “[Nombre 078]” y su teléfono. Los jueces consideraron que dicha medida provisional no podía ser aplicada en la fase de juicio ni al dictarse sentencia. Contrario a lo que estima el a quo, dicha norma faculta expresamente la imposición de la medida provisional en cualquier estado de la causa. En el caso concreto concurrían los requisitos para su aplicación. Como consta de la prueba documental (folios 1529 a 1545) y el propio imputado [Nombre 077], representante de Corporación Magno Futuro, S.A. que adquirió las fincas en un segundo y también fraudulento traspaso, pese al conocimiento del presente proceso penal, decidió construir sobre los lotes una base de material sólido (coloquialmente llamado “planché”) que cubrió toda la superficie de los terrenos, instaló una caseta, colocó una malla perimetral e instaló un negocio de venta de vehículos, con bastantes vehículos en su interior, que a la fecha se mantiene, situación no controvertida en el debate, al igual que las escrituras de traspaso de las propiedades eran falsas, aun cuando ambos imputados manifestaron ante el Tribunal que ellos, supuestamente, también habían sido engañados por el imputado fallecido [Nombre 002]. Debido a lo anterior, se dispuso la declaratoria de falsedad instrumental y ordenara a supresión registral de los asientos en los que constan los traspasos de ambos lotes. Es decir, había suficientes elementos para ordenar el restablecimiento de las cosas al estado anterior al hecho, medida que se negó por una interpretación errada, pese al cumplimiento de los dos requisitos fundamentales de cualquier medida precautoria o cautelar, apariencia de buen derecho y un peligro en la demora, que afecta todavía más en el tiempo los legítimos derechos de propiedad de las fincas sustraídas, diez años atrás, donde el ofendido ha tenido que soportar el transcurso del tiempo y realizar un gran esfuerzo psicológico y económico para atender este proceso, viajando entre España y Costa Rica. Se debió ordenar la inmediata posesión de la víctima sobre las fincas que le fueron sustraídas hace más de 10 años, sin esperar a la firmeza del fallo íntegro. Durante este tiempo el imputado y su empresa han obtenido réditos patrimoniales producto de un fraude registral ya debidamente acreditado, con independencia de que el imputado hubiera sido absuelto por duda, extremo recurrido, el ordinal 106.4 del Código Penal obliga al pago de los daños y perjuicios a “los que por título lucrativo participaren de los efectos del hecho punible, en el monto en que se hubieren beneficiado”. Está claro que el imputado y su Corporación Magno Futuro, S.A. son responsables civilmente, aun bajo la mera hipótesis (no compartida) de su posible no participación en el delito. Mantener todavía la posesión del imputado y su empresa en las fincas, quienes se mantienen explotándolas económicamente, supondría legitimar indebidamente una posesión que ya se ha acreditado con certeza es ilegal por parte del imputado [Nombre 077] y su empresa Corporación Magno Futuro, S.A. Por consiguiente, el Tribunal, en una correcta aplicación debió decretar la medida provisional del art. 140 del Código Procesal Penal y disponer, con ayuda de la Fuerza Pública, que incluye la Policía de Tránsito (para la remoción de los vehículos supuestamente en venta existentes en los terrenos) la inmediata puesta en posesión de las fincas en la persona del Sr. [Nombre 084], como representante de la empresa afectada titular de las fincas; el inmediato desalojo de personas, vehículos y otros bienes muebles existentes en los terrenos; la autorización para que el señor [Nombre 084], pueda demoler y eliminar cualquier obra o construcción adherida a los terrenos como son la base de material sólido con el que fueron cubiertos los suelos de ambos terrenos; la malla perimetral y una caseta instalada. Solicitan se declare con lugar el motivo de apelación y se disponga la nulidad parcial del fallo recurrido y, sin necesidad de reenvío, se disponga como medida provisional, el restablecimiento de los inmuebles al estado anterior en el que se encontraban antes de los hechos delictivos, de la siguiente forma: la inmediata puesta en posesión de las fincas folio real 292.315-000 y folio real 292.317-000, ambas del Partido de San José, el inmediato desalojo de personas, vehículos y otros bienes muebles existentes en los citados inmuebles y la autorización para que [Nombre 084] pueda demoler y eliminar cualquier obra o construcción adherida a los terrenos, ejecución que sea inmediata y, de ser necesario, la colaboración de la Fuerza Pública, que incluya la Policía de Tránsito para, con el uso de grúas, la remoción de los vehículos supuestamente en venta existentes en los terrenos. Por encontrarse ambos reclamos vinculados al mismo reproche, se conocen de forma conjunta y se declaran con lugar: Esta cámara de apelación se ha impuesto no solo del fallo dictado sino ha revisado los registros de grabación de las audiencias del juicio, determinando que, en etapa conclusiva la parte querellante solicitó de forma expresa que, conforme al artículo 140 del Código Procesal Penal se impusiera “como medida provisional el restablecimiento de las circunstancias, de la situación al estado anterior al hecho” justificando que aquella procedía en cualquier estado del procedimiento máxime que, en este caso había elementos más que suficientes para ordenarlo, porque la falsedad de la escritura 317 del protocolo de la acusada [Nombre 047] quedó claramente establecido y no fue controvertido por ninguna de las partes. Así las cosas requirió “se ordene la inmediata posesión de la empresa Entrecampos Uno que representa don [Nombre 084], de esas dos fincas y que se ordene con ayuda de la Fuerza Pública, incluso la Policía de Tránsito, porque aquí han indicado que en este momento hay una venta de vehículos, desconocemos quiénes son los propietarios de esos vehículos, que con ayuda de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito se ordene el desalojo de todos esos vehículos y de la infraestructura que hay ahí y que, como parte de ello también se autorice a la empresa que representa don [Nombre 084] a la demolición inmediata de todo aquello que no sea desalojado, entiéndase la demolición de esa cerca que han puesto, una malla, entiéndase la demolición o la destrucción de un planché de cemento y lo que quede en ese momento, que no sea objeto de desalojo, de desocupación por parte de las autoridades policiales” estimando que no debía esperarse hasta una sentencia en firme para ser ordenada la medida provisional, argumentos reiterados por la apoderada especial judicial de la actora civil (contador 14:16 al 18:25 y 2:57:05 al 2:57:24 del archivo de audio y video identificado como 1400038000175PE-19082024014011-2_ Multi.mp4). Respecto a esa solicitud el tribunal resolvió únicamente lo siguiente: “Por último se piden las medidas cautelares de puesta en posesión provisional de los inmuebles en cuestión y las solicitudes de embargo. En relación a la primera como medida provisional y por ende no definitiva, la misma no puede otorgarse en sentencia, sino solamente en etapas previas a ella. (artículo 140 del Código Procesal Penal).” (folio 31 del legajo de apelación confeccionado al efecto). El artículo 140 del Código Procesal Penal estipula que: “En cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el tribunal puede ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo.” disposición que se trata de una facultad de carácter procesal de tipo cautelar, que autoriza al juez para que, en los casos donde se ha demostrado la infracción y resulte procedente, se procure restablecer todas las circunstancias al estado original, a fin de hacer cesar los efectos de la misma no, de forma definitiva, sino provisional, de ahí que su naturaleza es cesar con el dictado de la sentencia. Llevan razón los recurrentes en cuanto aluden a que los juzgadores hicieron una mala lectura del citado numeral porque, efectivamente, la norma no impide su aplicación en sentencia, contrario a ello, permite que se pueda aplicar en cualquier estado de la causa, sin que pueda hacerse una distinción cuando la ley no la ha previsto de forma expresa. Con independencia de lo indicado, advierte esta cámara la existencia de un vicio en lo resuelto, que se traduce en una falta de fundamentación del fallo en cuanto a ese extremo porque, indistintamente del nombre y número de la norma que las partes citaron en sus conclusiones, es claro que su pretensión no se limitaba a la declaratoria de falsedad de los instrumentos públicos 317-3 de la notaria [Nombre 047], como la 47 y 48 de la notaria Karla Vanessa Brenes Siles, sino procuraban se emitiera un pronunciamiento judicial que abarcara la puesta en posesión de las fincas del partido de San José, con folio real número [Valor 005] y [Valor 004] a su propietaria. Lógicamente tal requerimiento contempla el desalojo de las personas y bienes que los inmuebles se encontraran, como la demolición de las obras construidas en ellas, pretensiones que tienden a la consolidación de una situación de forma definitiva, lo que resulta contrario a las reglas de excepcionalidad y provisionalidad de las medidas cautelares. La petición de las partes es propia de la restitución del objeto material del delito, que no constituye una forma de indemnización en sentido estricto. Véase que, el ordinal 103 del Código Penal establece que “todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará: 1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor; 2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros; y 3) El comiso.” aspecto que reitera el artículo 123 del Código Penal de 1941 también en forma imperativa, al disponer que el condenado deberá restituir al ofendido la cosa objeto del hecho punible y si no pudiere hacerlo, estará obligado a satisfacer su valor. Es decir, resulta absolutamente necesario que, en un caso como el presente, donde se declaró la falsedad de instrumentos públicos, ordenando su supresión del Registro Inmobiliario, como la de cualquier traspaso, anotación o gravamen posteriormente confeccionado, se analizara por el tribunal la solicitud que la parte hizo porque, con independencia del fundamento normativo empleado, sus pretensiones son propias de los efectos de la restitución que debe ordenarse como consecuencia de un hecho punible. Sus pretensiones pasan de ser medidas cautelares, ergo, provisionales, a ser una consecuencia necesaria y lógica de una situación declarativa de derecho dispuesta por el a quo, conforme al ordinal 492 del Código Procesal Penal. Véase al respecto que, las partes no solo estaban pidiendo el desalojo de las personas o bienes que se encuentren en ambas fincas, sino la demolición de cualquier obra existente, con la finalidad de que los inmuebles regresaran al estado en que se hallaban antes del fraude, del que fue víctima la parte querellante y actora civil. Resulta contradictorio que los jueces ordenaran la falsedad de los instrumentos públicos indicados, con su supresión del Registro Nacional, pero, dejaran de dimensionar sus efectos, tutelando la efectiva puesta en posesión de los inmuebles a su legítimo propietario máxime que, en este caso, se puso en conocimiento que estaban siendo utilizados por el sindicado [Nombre 077] como un punto comercial para la venta de vehículos. En ese sentido se obvió que el concepto de propiedad previsto en el numeral 264 del Código Civil, que abarca los derechos de: “1º.- De posesión. 2º.- De usufructo. 3º.- De transformación y enajenación. 4º.- De defensa y exclusión; y 5º.- De restitución e indemnización”; los que se tutelan no solo con la inscripción registral, sino incluye la posesión de los inmuebles. De acuerdo con las particularidades de este proceso, resultaba necesario que el tribunal se pronunciara sobre las peticiones de la parte ofendida que, en realidad estaba procurando se tutelara también el derecho de posesión, enajenación y usufructo, mediante el pleno uso y disfrute de las dos fincas, no solo a nivel registral sino en la práctica, sin necesidad de tener que incoar nuevos procesos judiciales, tendientes a la puesta en posesión de aquellos. Llevan razón ambos recurrentes porque a lo largo del fallo el a quo omitió examinar este punto, aludiendo a que el ordinal 140 del Código Procesal Penal no podía aplicarse en sentencia, obviando que por el fondo se debió resolver el tema de la restitución de las cosas a su estado anterior, lo cual no se hizo, obviando que se trataba de peticiones que estaban cubiertas por la restitución, a tenor del ordinal 103 inciso 1 del Código Penal y merecían su examen y pronunciamiento por disposición expresa de ley, sobre un tema que se discutió en la etapa de deliberación y que debió ser incluido en sentencia, a tenor de los artículos 361 y 362 del Código Procesal Penal. Inclusive debe indicarse que la restitución resulta procedente aún y cuando se disponga una sentencia absolutoria y puede ordenarse aún y cuando no se hubiera ejercido una acción civil resarcitoria, como se colige del artículo 366 del Código Procesal Penal. Empero, además, con base en esa decisión no obstaba para que también se procurara una medida precautoria, a efectos de que el delito que se juzgaba no tuviera ulteriores repercusiones en los derechos de la víctima. El anterior proceder vulnera el deber de fundamentación, previsto en el ordinal 142 del Código Procesal Penal, el cual estipula que las sentencias deben contener una fundamentación clara y precisa, expresando los razonamientos de hecho y derecho, base de la decisión del juzgador, con indicación del valor otorgado a los medios de prueba; sancionando con ineficacia la omisión de dicho requisito. Con base en lo expuesto, se acogen los motivos y se anula parcialmente la sentencia venida en alzada, ordenando el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que se pronuncie respecto a las peticiones de la parte querellante y actora civil aquí indicadas, resolviendo lo que corresponda. Valga agregar que no resulta posible resolver este aspecto en esta sede, ya se estaría decidiendo en única instancia e impidiendo a las partes su derecho a discutir el punto con la mayor amplitud ante el a quo, posibilitándole a este último contar con insumos de calidad relativos al estado y condición de los inmuebles, emitiendo una resolución susceptible de ser examinada en apelación.
VII.– Recurso de apelación incoado por el licenciado Horacio Mejías Portuguez, en su condición de defensor particular del imputado [Nombre 077] y la codemandada civil Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima. Como primer motivo acusa inconformidad con la determinación de los hechos. El patrocinado fue absuelto por duda, aunque el tribunal le endilgó una alta probabilidad de autoría en la querella por estafa, sin que se explicara en qué consistió esa participación en el iter criminis; en detrimento del deber de fundamentación, previsto en el ordinal 142 del Código Procesal Penal, sea para condenar o absolver. Se muestra inconforme con el quinto hecho probado, en cuanto establece que, su defendido mediante la empresa Corporación Magno Futuro S.A. le compró las fincas [Valor 005] y [Valor 004] a [Nombre 002] como “Acto necesario para alegar una adquisición al amparo del registro (sic)”. De haber sido esa su intención, no cabría una absolutoria en su favor, menos contradecirse al indicar que desconocía el origen fraudulento de los inmuebles, expresiones que no pueden coexistir, sin entrar en grave contradicción, afectando los institutos de cosa juzgada y falsedad instrumental, indebidamente aplicados al caso en concreto, ya que el sindicado no tuvo planes anteriores o connivencia con los otros imputados y la sentencia civil lo convirtió en propietario inamovible de dichos terrenos, usándose un estribillo que irrespeta la parte dispositiva de la sentencia civil, careciéndose de la potestad de re peritar un fallo con cosa juzgada material. Solicita se ordene la ineficacia del fallo y se ordene una nueva sustanciación para poder dar justicia a imputado [Nombre 077]. Se omite pronunciamiento. Por razones de economía procesal y dada la forma en que se ha resuelto el primer motivo del recurso de la parte querellante, como el cuarto de la actora civil, en lo tocante a la absolutoria penal, no se entra a conocer este reclamo. En cuanto se cuestiona los alcances de la declaratoria de falsedad instrumental dictada en autos, debe recordarse aquella obligatoriamente debe ser dictada en sentencia cuando se declare falso un instrumento público, debiéndose ordenar “que el acto sea reconstruido, suprimido o reformado. Si es del caso ordenará las rectificaciones registrales que correspondan. Si el documento ha sido extraído de un archivo, será restituido a él, con nota marginal en cada página, y se agregará copia de la sentencia que hubiera establecido la falsedad total o parcial. Si se trata de un documento protocolizado, la declaración hecha en la sentencia se anotará al margen de la matriz, en los testimonios que se hayan presentado y en el registro respectivo.” conforme a lo dispuesto en el artículo 492 del Código Procesal Penal. En el caso bajo examen, ninguna de las partes discutió que el contenido de la escritura 317-3 del protocolo tercero de la endilgada [Nombre 047] no hubiera sido otorgada por el señor [Nombre 084], en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., vendiendo a [Nombre 002] las fincas del partido de San José, número de folio real [Valor 005] y [Valor 004] por la suma de un millón setecientos mil colones cada una. El tribunal contó con bastos insumos probatorios que corroboraron que la firma plasmada a nombre de ([Nombre 084]) no fue confeccionada por él –dictamen pericial DCF:2017-00376-AED– e incluso, para la fecha de su otorgamiento –junio de 2013– no se encontraba en Costa Rica, quedando absolutamente claro que la escritura indicada es falsa, al igual que el testimonio expedido que se presentó en el Registro Inmobiliario y permitió el traslado de dominio de las fincas a favor de [Nombre 002], que alcanza las disposiciones patrimoniales que hizo este último sobre las citadas fincas, bajo un esquema fraudulento, de ahí que, lo resuelto por el a quo se ajusta a derecho, remitiendo a la parte a lo analizado en el considerando primero como noveno de esta sentencia.
VIII.– Como segundo motivo alega disconformidad con la incorporación y valoración de prueba que divide en dos apartados: A) Prueba indiciaria. Se absolvió a su defendido por duda de la acusación de estafa planteada en la querella señalándose que había una altísima probabilidad de participación en los eventos y tomó el tribunal ocho indicios que enlistó en la página 45. Considera que, al amparo del principio de tutela judicial efectiva, es necesario reclamar que la determinación anterior es calumniosa, siendo este recurso el remedio útil y conducente para “encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona,” en este caso, el de ser señalado como partícipe en alta probabilidad, de un delito de estafa y, por ende, de ser un estafador. Lo resuelto le causa perjuicio, en tanto se le deja como un delincuente absuelto por una duda, cuando lo que corresponde era hacerlo por certeza o inocencia. Como agravio señala que una sentencia penal, pese a ser absolutoria, crea cosa juzgada material en sus fundamentos y quedará así “petrificada por la eternidad”, de no salvarse mediante la enmienda recursiva. Reclama la violación a las reglas de la sana crítica, mediante el principio de identidad, donde “una cosa no puede ser dos cosas distintas a la vez”, como una vulneración en la valoración de la prueba, “al escarbar indicios de carácter intrascendente y no confrontarlos con el resto de prueba trascendente que si fue admitida en el contradictorio y que consiste en dos monolíticos elementos que desvirtúan siquiera se tomaron en cuenta, pese a que se insistió gravemente durante las conclusiones de la defensa”. Detalla que se obvió ponderar el levantamiento del secreto bancario, visible a imagen 1280 del expediente virtual, donde el Scotiabank hace constar que, el cheque 26-1, por ¢49.000.000 de colones, fue cobrado por [Nombre 002], mientras el número 248-2, por la suma de ¢16.000.000 lo fue [Nombre 112], luego de ser endosado por [Nombre 002]. Apunta que la misma situación ocurrió en cuanto a las escrituras de traspasos de los vehículos, hechas por el absuelto [Nombre 077] al sobreseído [Nombre 002], ubicables en el expediente virtual, entre imágenes 2764 a 2784, las que se presentaron e inscribieron en el Registro Nacional, vehículos que después vendió a terceros, disponiendo de ellos. De haber valorado la totalidad de la prueba documental incorporada al debate, se concluiría que los indicios de participación criminal en el delito de estafa, endilgado a [Nombre 077], son inexistentes, y que sólo puede afirmarse, pretiriendo el resto de la prueba, porque es también regla de la experiencia que si se pagó, no puede ser un estafador y que, si entregó unos vehículos en dación de pago del precio, poco importa cómo los escogieron, porque lo realmente importante es que el negocio si ocurrió. Su defendido no es un imputado sino una víctima, por lo que pide se modifique el fallo y se le absuelva por certeza y no por duda; subsidiariamente, ante un vicio de fundamentación de la sentencia, pide se reenvíe el proceso a nueva sustanciación. B) incorporación y valoración del peritaje rendido por Xinia Monge. La presente causa se elevó a juicio con prueba por recabar, entre otras, la realización de un peritaje para determinar el valor de las fincas, el que era necesario para poder establecer la penalidad del delito de estafa querellado. Dicha pericia nunca se rindió y fue hasta el 9 de noviembre del 2021 que la actora civil aportó un avalúo, del que no se les confirió audiencia a las partes ni se les impuso de dicha documentación. Al iniciar el juicio la defensa indicó que no había oposición en la incorporación del documento como tal, en su calidad de prueba documental, siempre que, se entendiera que no era un peritaje. Tales advertencias y quejas no fueron tomadas en cuenta ya que, la utilización de una opinión escrita sobre el valor de una finca requiere analizarse para poder determinar su procedencia como elemento de convicción. Reclama que no se trata de un peritaje porque el tribunal no nombró al perito, no se le juramentó y no se le pudo interrogar durante el debate, en otras palabras, ese documento simplemente es la opinión de una persona sobre el valor de una propiedad. Tal insumo se utilizó para fijar el precio de las fincas y concluir de forma irresponsable que se adquirieron a mitad de precio, lo que crea indefensión, tanto por la “imposibilidad de audiencia y defensa”, como por la ausencia de análisis por parte de los jueces para determinar su valía como insumo probatorio. De haberse percatado de la futilidad de dicho elemento de prueba, a distinta conclusión habría llegado, sea que el precio pagado por [Nombre 077] es razonable y no habría llegado a desafortunadas conclusiones, posibilitando una absolutoria por certeza y no, por duda, que es precisamente la pretensión que se concreta en alzada. Sin lugar. En cuanto se cuestionan los fundamentos para absolver al endilgado por duda y no por certeza, en consideración a la forma en que se ha resuelto el primer motivo del recurso de la parte querellante, como el cuarto de la actora civil, no se entra a conocer ese punto. Respecto al cuestionamiento entablado contra la incorporación del avalúo, por peritaje rendido por Xinia Monge Rodríguez se desestima el reclamo. De la revisión de la acción civil resarcitoria salta a la vista que, la parte actora reiteró su solicitud de dictamen pericial matemático, no solo para la evaluación de los daños materiales y morales, como los perjuicios sufridos, sino para valorar las propiedades del partido de San José, número de folio real [Valor 005] y [Valor 004] (cfr. 702 del escrito del 5 de febrero de 2019 dicha petición (cfr. 755 al 760). Mediante resolución oral de las 14:20 horas, del 5 de febrero de 2019, el juez penal dictó auto de apertura a juicio en contra de [Nombre 077] y, en cuanto a la prueba indicada dispuso lo siguiente: “Siendo que desde el año 2014 la representación del actor civil solicitó el nombramiento de un perito actuarial matemático para precisar la cuantificación del daño estimado y reclamado, y dado que el Ministerio Público omitió cumplir con el acto requerido, se le ordena a la Fiscalía gestionar esa petición, designar un perito actuarial matemático y recabar la pericia solicitada, aportándola posteriormente al Tribunal Penal por resultar esencial para determinar el valor del perjuicio alegado por la parte promovente (en grabación).” (cfr. 793 del expediente virtual). Dado que, la fiscalía dejó de cumplir con lo dispuesto por el juez penal, que al efecto ordenó recabar una pericia actuarial, del estudio del otros, aportó un avalúo de las fincas supra citadas, visible a folios 1484 al 1500. Ciertamente no se advierte que se hubiera puesto en conocimiento de todas las partes, sin embargo, consta que, mediante auto de las 08:05 horas, del 12 de mayo de 2022 se convocó a debate para los días 17 y 18 de agosto de 2023, oportunidad en la que puso a disposición de las partes “todas las actuaciones, autos, así como las evidencias existentes con la investigación” (cfr. 1536 del expediente virtual), lo que también aconteció en cada una de las veces que se convocó a contradictorio. Bajo esa perspectiva es claro que la parte imputada no podía alegar desconocimiento de una probanza que fue debidamente admitida a juicio y estaba pendiente para recabar, la que fue debidamente agregada al cuenta que, en un escrito del 30 de mayo de 2023 dirigido al tribunal penal, el licenciado Mejías Portuguez echó de menos la digitalización de la información contenida en disco compacto, que fue entregado en las audiencias del 2 y 9 de diciembre de 2021, luego de haber consultado el expediente virtual (cfr. 1569), lo que denota el pleno conocimiento y manejo del sumario, lo que descarta una supuesta indefensión por vulneración al principio de audiencia. Valga hacer ver que, al abrirse el debate en la primera audiencia del 22 de julio de 2024, el abogado Navas Aparicio nuevamente aportó el avalúo de las fincas, el que se presentó desde el 9 de noviembre de 2021, determinándose que el aquí recurrente expresamente manifestó no oponerse a la incorporación del informe, en el entendido que se trata de prueba documental y no pericial (cfr. 1777 del expediente virtual), resolviendo el tribunal tenerla por presentada, acotando que su carácter se establecería en sentencia. Todo el anterior recuento permite concluir que la parte busca la nulidad por la nulidad misma, obviando que tuvo conocimiento de la prueba indicada, una vez que fue presentada por la parte actora, fijando el valor de las fincas bajo litigio, sin que se observe una sola gestión del recurrente cuestionando ya sea sus alcances, resultados ni metodología, de ahí que no resulte atendible sus reproches. En todo caso, aun suprimiendo hipotéticamente el avalúo de las fincas, de cara a la determinación de si se estaba ante una estafa menor o mayor, partiendo del propio reconocimiento del encartado sobre el valor que pagó por ambas fincas –¢80.000.000– es más que evidente que esa suma excede los diez salarios base fijados para el año 2013, fijado en la suma de ¢379.400.00 (trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos colones exactos), mediante acuerdo del Consejo Superior, tomado en sesión número 107-2012, celebrada el 11 de diciembre del an~o en curso, artículo XXVI, comunicado mediante circular 191-2012. Así las cosas, se declara sin lugar el motivo en todos sus extremos.
IX.– Como tercer motivo Inconformidad con la fundamentación jurídica en cuanto a la forma en que se resolvió la excepción de cosa juzgada material, quebrantando el ordinal 42 de la Constitución Política. Quedó acreditado que la sentencia dictada por el Tribunal Segundo Colegiado Primera Instancia Civil I Circuito Judicial San José, bajo el número de expediente único 19-000062-1624-CI-2, es firme, y en su parte dispositiva ordenó: “1) La sociedad actora Corporación Magno Futuro S.A. es la propietaria con todos los atributos del dominio de las Fincas de Partido de San José matrícula [Valor 005] y [Valor 016] por lo que tiene totalmente el disfrute de estas. 2) Se presume la buena fe en el negocio jurídico que se realiza para la compra de estas. 3) Se rechaza en todo las demás peticiones.” El tribunal consideró que no había cosa juzgada material bajo una mala lectura del fallo, dejando sin efecto lo ahí declarado, a saber, que la Corporación Magno Futuro es la propietaria de los inmuebles y los adquirió de buena fe. Igualmente trastabilla su razonamiento “al indicar por sí y ante sí”, que el imputado no tiene derecho a interponer procesos civiles. Vemos entonces que la visión de la ley y de los procesos implementada por el tribunal no se apega ni a la ley ni a la Constitución. El yerro es trascendente, en tanto al quebrantar la garantía constitucional de respetar la cosa juzgada, al dejar sin valor la sentencia firme dictada en sede civil, declara la falsedad instrumental de las escrituras mediante las cuales la empresa adquirió y pagó por los inmuebles, contradiciéndola y dejándola sin efecto, cuando aquella estaba firme y era anterior. Esto, aparte de ser un vicio y quebranto de una garantía constitucional, pone en jaque la piedra angular de un sistema legal que es la seguridad jurídica. Yerra también gravemente el tribunal sentenciador al aducir que no hay identidad subjetiva de las partes, porque si bien puede leerse en la documentación, la coimputada [Nombre 047] no debía ni podía ser demandada para tales efectos ni era parte de la relación jurídica que se declaró. Pide se anule parcialmente la resolución venida en apelación para, en su lugar, dejar sin efecto la declaratoria de falsedad instrumental dispuesta y, por ende, las fincas se mantengan bajo el dominio de su verdadera titular, Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, por haberse decidido así anteriormente en sentencia firme, con carácter de cosa juzgada material. Recrimina las reflexiones del tribunal que encontró preocupante que los imputados interpusieran procesos civiles y se usaran notarios públicos para notificar en el extranjero, denotando una toma de partido inaceptable. Un tema medular sobre el que gravitó el debate era precisamente que la actora civil y querellante nunca acreditó ser la propietaria de los inmuebles, lo que incluso llevó al a quo a interrogar directamente a [Nombre 084] sobre las sociedades que decía representar, Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro, Entrecampos dos y luego Entrecampos Uno. La respuesta siempre fue que era un grupo familiar, pero, el cómo se trasladaron las fincas de una sociedad a otra, siempre fue un misterio. Esto tiene relevancia por cuanto la calidad de víctima recae sobre la titularidad del objeto del delito, sea las fincas. El tribunal, para salir de paso de esta ausencia de dominio, sacraliza a folio 53 de la sentencia una dación de fe, y eso le es suficiente para tener por acreditada la titularidad de los bienes, cuando lo que requería era la escritura. Para la fecha de la interposición de la denuncia que generó este juicio, Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro, llevaba varios años de haber desaparecido y la razón era una, invisibilizar las fincas al pago de tributos en España, lo que ahora corrobora con documentación que adjunta. Para los años 2004 se dieron maniobras defraudatorias mediante las escisiones de sociedades que, don [Nombre 084] nunca logró explicar al Tribunal. A mayor abundamiento se preguntó al representante de la querellante y acción civil, [Nombre 084] y reconoció que las personerías utilizadas para plantear la denuncia en el año 2014 ya no correspondían a la realidad, que dichas sociedades no existían, y lo peor, es que esto era de conocimiento de los abogados costarricenses que tramitaban la querella. Poco les importó mantener en error y mentira al Ministerio Público y a los tribunales de justicia. Expone que, desde el inicio del debate se informó que los querellantes y actores civiles siempre fueron opacos en mostrar quiénes son, y que sus fines eran defraudatorias al fisco español, coetáneo precisamente con el traspaso 1 de Ciudad Puerta de Hierro a Camporrendodo Puerta de Hierro Cuatro (ya inexistente), con una evasión de impuestos de sesenta y cuatro millones de euros, situación que se logró comprobar con la documental adjunta, de la bolsa de valores de España (BME). En igual sentido expone que, a folio 53 se acredita la titularidad de las fincas en discusión, con una dación de fe de un notario español, que dijo haber visto una escritura que así lo disponía, debiéndose al menos pedir el documento aludido por el notario. Posterior al dictado de la sentencia [Nombre 077] viajó a Madrid a fin de cumplir lo prometido a la Administración Tributaria en España, oportunidad que aprovechó para procurar la escritura original o matriz de la que le presentaron una dación de fe, que sirvió al Tribunal para creer en que ellos son los verdaderos propietarios de las fincas, documentación que fue negada por la notaría de Carlos Prada Guaita y quedaron encomendados abogados en Madrid para su recuperación. Se le explicó al Tribunal en las conclusiones “el cambio de camisa del notario, pero en vez de ponderarlo como le corresponde a la luz de lo dicho por las partes, se decanta a descender a este tipo de comentarios con la intención que el Tribunal de Apelaciones quede sesgado”, estimando prudente se revisen las grabaciones. Por último, refiere que “el linaje de los poderes ostentados por don ([Nombre 084]), se presentó con poderes que no correspondían a la realidad, porque para el momento que se plantea la denuncia en el año 2014, ya Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro no existía, y nunca presentó la certificación de su personería”. Sin lugar. Son varios los temas que alude el recurrente en el motivo, los que entremezcla y vincula como si versaran sobre el mismo eje temático, razón por la cual esta cámara los va a conocer de forma separada y en orden lógico. A) Sobre la excepción de cosa juzgada material. El defensor particular pretende cuestionar la valoración probatoria realizada por el Tribunal de juicio; sin embargo, más allá de acreditar supuestos vicios en la argumentación, lo que hace es plasmar su disconformidad con lo resuelto, además de reinterpretar los alcances de la sentencia número 710-2019, dictada dentro del proceso 19-00062-1624-CI-2 según su particular interés. El a quo expresamente descartó la citada excepción, para lo cual, primero ponderó que la cosa juzgada se presenta cuando existe identidad de sujetos, objeto y causa, adquiriendo lo resuelto inmutabilidad, inimpugnabilidad y coercibilidad, situación que no ocurría en el presente asunto. Expresamente se reconoció la existencia del proceso civil supra indicado, en particular las pretensiones esbozadas en la demanda, que procuraba se declarara a: i) Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima única dueña y propietaria con todos los atributos de las fincas del partido de San José, folios reales número [Valor 005] y [Valor 004]; ii) Que se trataba de una adquirente de buena fe, al amparo de la publicidad registral; iii) Tenía el derecho al disfrute total del dominio de los inmuebles y los codemandados Entrecampos uno S.L. y [Nombre 348] carecían de derecho a enervar, obstaculizar o pretender anular el acto de adquisición y, iv) la condena en ambas costas. Los jueces estudiaron integralmente el contenido de la sentencia 710-2019, de las 10:37 horas, del 4 de octubre de 2019, determinando que la demanda se declaró parcialmente con lugar, estableciendo que la sociedad actora es la propietaria con todos los atributos del dominio de las Fincas de Partido de San José matrícula [Valor 005] y [Valor 016] por lo que tiene totalmente el disfrute de las mismas; presumiendo la buena fe en el negocio jurídico que se realizó para la compra de las mismas, rechazando en todo las demás peticiones y condenando el pago de costas por liquidar en etapa de ejecución de la sentencia. Los jueces ponderaron que, en el considerando quinto, el tribunal civil rechazó la demanda en cuanto pretendía declarar que los demandados carecían de derecho a enervar, obstaculizar o de pretender anular el acto de adquisición de la parte por haber sido adquiridas dichas fincas de buena fe y al amparo de la publicidad Registral, especificándose que si los demandados consideran que se les ha violentado algún derecho podrían acudir a los mecanismos jurídicos que consideraran necesarios. A partir de los anteriores hechos, el a quo atinadamente reconoció que la sentencia citada era de un proceso ordinario, que estaba en firme y, en consecuencia podría crear cosa juzgada material; sin embargo concluyó que no concurría los presupuestos de identidad en cuanto al sujeto y objeto, fundamentando su decisión bajo el siguiente argumento que se transcribe in extenso dada su relevancia e importancia: “La presente acción es interpuesta ([Nombre 084]) en su carácter personal y como representante de Entrecampos Uno. S.L. contra [Nombre 047], [Nombre 002], Corporación Magno Futuro S.A., representada por [Nombre 077] ,y [Nombre 077] en su condición personal. Por su parte la sentencia civil de cita tiene como actor a la Corporación Magno Futuro S.A. representada por el imputado [Nombre 077] y como demandados a Entrecampos Uno. S.L.U y ([Nombre 084]) (como representante de la sociedad y en su carácter personal). Como podemos colegir, de una simple lectura de las mismas se desprende que existe identidad subjetiva únicamente entre el actor civil [Nombre 348] en su carácter personal y como representante de Entrecampos Uno. S.L. y Corporación Magno Futuro S.A., de tal suerte que de existir cosa juzgada material solo lo sería en relación con estos demandados civiles, por lo que entonces no existe tampoco identidad subjetiva. En relación con la causa, también llamada causa petendi, podemos colegir que existe identidad en cuanto a la pretensión únicamente en relación con el reclamo de la titularidad de las fincas en discusión, en el tanto el fundamento de lo pretendido se relaciona con la titularidad, es decir, la razón de hecho enunciada en la demanda como fundamento de la pretensión y la analizada en la sentencia en estudio es idéntica solo que, evidentemente, están yuxtapuestas, en el tanto en el fallo es al aquí demandado al que se le declara el derecho y en esta es la empresa demandada en aquel proceso quien fundamenta la existencia de eventos que afectan su derecho de propiedad sobre dichos bienes. En relación con el objeto entendido como ″el derecho reconocido, declarado o modificado en la sentencia, en relación con una cosa o varias cosas determinadas, relación jurídica declarada, según el caso″, tenemos que no existe identidad entre lo resuelto en aquella sentencia y lo reclamado en este proceso, toda vez que las pretensiones de la actual demanda radican en los siguientes puntos: "I.- La declaratoria de un Daño material directo: Se proceda a la devolución registral de las fincas inscritas en la provincia de San José folio real [Valor 005] y [Valor 004], mediante la declaratoria de nulidad de los títulos adquisitivos, por declaratoria de falsead instrumental. En forma subsidiaria se solicita una indemnización económica a favor de la sociedad actora. Monto que se concreta en la suma de doscientos setenta y nueve millones, ciento treinta y un mil novecientos cincuenta colones por la pérdida patrimonial que originan los hechos delictivos querellados que es el valor de las fincas sustraídas II.- La declaratoria de un perjuicio económico. III.- La declaratoria de un daño moral. IV.- La condena en costas de la parte demandada." Como se puede constatar, todos los daños y perjuicios en este proceso pretendidos por el actor civil lo son en relación con las consecuencias del delito acusado. Es importante acotar que si bien la pretensión principal de declaratoria de daño material directo guarda identidad con la pretensión tercera de la demanda (3.- Que CORPORACIÓN MAGNO FUTURO SOCIEDAD ANÓNIMA, tiene derecho al disfrute total del dominio de sus inmuebles inscritos el Registro Público Inmobiliario, Partido de San José, matrícula DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE, submatrícula CERO CERO CERO, y de la finca matrícula DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE, submatrícula CERO CERO CERO, y que los aquí codemandados carecen de derecho a enervar, obstacular o pretender anular el acto de adquisición de mi mandante por haber sido adquiridos dichas fincas de buena fe y al amparo de la publicidad registral.), resulta claro que la cosa juzgada material no la genera la demanda de aquel proceso sino la parte dispositiva de la sentencia firme (en la especie la N°000710-2019 supracita). Tal resolución rechazó expresamente esta pretensión. […] Así las cosas, no puede existir cosa juzgada material en relación con la pretensión de devolución registral de las fincas inscritas en la provincia de San José, folio real número [Valor 005] y número [Valor 004], mediante la declaratoria de nulidad de los títulos adquisitivos, por declaratoria de falsead instrumental, toda vez que dicha pretensión fue expresamente rechazada en el fallo de merito.” (transcripción fiel al original, folios 8 vuelto al 10 frente del legajo de apelación confeccionado al efecto). No advierte esta cámara defecto alguno en lo resuelto desde que, el tribunal descartó la identidad de sujeto y objeto, para lo cual tuvo en cuenta las pretensiones deducidas en cada demanda, ponderando que pudieran iniciar los procesos que estimaran convenientes para discutir el acto de adquisición de las fincas por parte de Corporación Magno Futuro S.A. Ergo, se validó la posibilidad de que fuera discutida dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento costarricense, sin que sea dable entonces, alegar una cosa juzgada que, desde un punto de vista técnico no resultaba aplicable ni se encontraba dentro de los alcances del fallo dictado por el tribunal civil. El recurrente no logra acreditar un error en la aplicación del derecho, como tampoco de lo resuelto en la instancia civil de ahí que, su reclamo se basa en meras inconformidades, desde una base eminentemente subjetiva, dejando el lado el examen jurídico elaborado por el tribunal al respecto. Valga hacer ver que el proceder del querellado y demandado civil, a título personal, como de representante legal fue apreciado por los juzgadores como una maniobra típica de fraude procesal, instaurando un proceso civil contra los aquí actores civiles, a sabiendas de la existencia de una causa penal en su contra, en la que se le atribuía un comportamiento delictivo que le permitió apoderarse de forma ilegítima y fraudulenta de dos fincas pertenecientes al actor civil, que procuraba entre otras pretensiones la declaratoria de falsedad instrumental de las escrituras otorgadas ante la imputada [Nombre 047], como de la notaria Brenes Siles. En realidad, la parte acudió a la vía civil para obtener una especie de blindaje judicial y evitar la discusión del acto de adquisición de dos inmuebles, pese a que sabía que estaba siendo objeto de un proceso penal donde se discutía justamente el negocio jurídico, debiendo coincidir con la valoración que hizo el cuerpo de jueces sobre dicho particular. Incluso se llamó la atención que la demanda civil que generó el dictado de la sentencia 710-2019 por parte del Tribunal Segundo Colegiado Primera Instancia del Primer Circuito Judicial de San José, se está discutiendo en un proceso de revisión el acto de notificación practicado en España, por parte de un notario público, que se ha reputado como falso e implicó que la parte demandada no se apersonara al proceso para la defensa de sus intereses. Sobre dicho particular los jueces refirieron lo que sigue: “está Cámara no puede pasar por alto la distorsión en la Administración de Justicia que generan las interposiciones de demandas en vía civil por imputados, en particular, como en el presente caso, a aquellos que se les sigue causa penal por delitos de estafas y delitos falsarios y otros. En especial en procesos civiles en los cuales se notifica el traslado de la demanda mediante notario público, toda vez que si es parte de un grupo criminal el cual cuenta con notarios públicos para falsificar escrituras, no está de más que cuenten con dichos profesionales para la falsificación de actas de notificación de traslado de demanda y así obtener sentencias favorables sin oposición. La preocupación es mayor en un momento histórico donde los fraudes registrales constituyen uno de los objetivos del crimen organizado, quienes con este precedente pueden utilizar la vía civil para blanquear sus títulos registrales al amparo de la presunción de buena fe. Consideramos importante aclarar que la posición aquí expuesta en forma alguna significa que nos estemos pronunciando sobre la validez o no de la notificación de la demanda en el proceso civil tramitado bajo el expediente N°19-000062-1624-CI-2, que se conociera ante el Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia, pues pese a que en este debate ambas partes aludieron al tema, e, incluso, produjeron prueba al respecto, es un tópico que compete a la vía civil conocer. Lo anterior sumado a que en este momento es objeto de discusión en proceso de revisión, tramitado bajo el número 22-000030-0004-CI, ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Si embargo, no podemos pasar desapercibido que las fotografías que adjunta la notificación no ilustran el momento exacto del acto de la notificación. Extrañamente la documentación se lleva en un sobre manila y no fotográfica es que sí se notificó la parte demandada. Por otra parte, tampoco se fotografía el acta de notificación, ni antes ni durante, ni después de la supuesta notificación. En las fotografías esquina de un mostrador, pero no sobre el escritorio de la secretaria, con la mano extendida del notario entregando o, al menos, procurando entregar los documentos y, mucho menos, se aprecia tal sobre en manos de la secretaria o del señor [Nombre 084]. Fotografías que distan mucho de acreditar un acto de notificación, por lo que lejos de probar el acto, siembra dudas sobre su efectiva ejecución; sobre todo en virtud de que conforme a las reglas de la sana crítica racional y el sentido común, llama mucho la atención que si se pagaron los gastos y honorarios de un profesional para que, específicamente, se trasladara fuera del país y en España llevara a cabo el acto de notificación descrito de manera válida y si también, conforme lo indicó el licenciado Mejías durante su alegato conclusivo, se cubrieron los gastos de un fotografo que lo acompaña, la gran incógnita que embarga a esta integración es: ¿Por qué no se documentó lo que resultaba de interés para efectos del proceso ordinario incoado en sede civil? Es decir, existen varias fotografías donde se observan con claridad varias personas, en cuenta el señor [Nombre 084], quienes se aprecian próximas pero no consta, en sí, la comunicación de la demanda, sea el momento de la entrega y recepción del señalado sobre.” (transcripción fiel al original, folios 12 frente y vuelto del legajo de apelación confeccionado al efecto). El recurrente recrimina que el tribunal tomara partido, evidenciando un desconocimiento básico de su labor, al pretender que mantuvieran imparcialidad, situación que es notoriamente incompatible con el dictado de una sentencia que, lógicamente demanda se adopte una postura determinada por parte de los jueces, resolviendo así las diferentes peticiones de las partes, sin que exista vicio alguno que así deba ser declarado. B) Sobre la legitimación activa de la parte actora civil. El recurrente sostiene que la parte actora y querellante no acreditó ser la propietaria registral de los inmuebles en discusión y, para el momento en que se planteó la denuncia que dio inicio al presente proceso penal, la sociedad anónima Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro había “desaparecido” para evadir el pago de tributos en España. Este reclamo no puede prosperar porque parte de un argumento falaz, de causa falsa, según el cual las fincas carecían de propietario registral y, en consecuencia, de tutela judicial bajo nuestro ordenamiento jurídico. Revisado el fallo como el expediente en forma integral se colige que, los inmuebles del partido de San José, con folio real número [Valor 005] y [Valor 004] desde el 10 de octubre de 2008 y hasta el 10 de junio de 2013 eran propiedad de la sociedad española Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro, con cédula 3-012-552704, representada por [Nombre 084], como se colige de la certificación notarial de la copia de Escritura 197 del Notario Carlos Fernández Zeledón, de fecha 8 de octubre de 2008, donde se verificó la venta de los inmuebles matricula [Valor 005] y [Valor 004] por parte de la sociedad Inmobiliaria Ciudad Puerta de Hierro S.A. a la sociedad Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L, prueba debidamente admitida e incorporada a juicio. Es decir, lo antes expuesto revela que, la citada sociedad tenía el derecho de presentar una denuncia penal ante el despojo que sufrió de su patrimonio el 10 de junio de 2013, sea por su representante legal o por sus socios. Incluso el tribunal tuvo por demostrado que “desde 10/01/2006, la señora [Nombre 094], como administrador único de dicha sociedad, otorgó poder amplio y suficiente a favor de [Nombre 084] y otros. (70 al 84 y 1032 a 1038 del expediente)” (cfr. 28 vuelto del legajo de apelación confeccionado al efecto) lo que legitimaba su accionar penal como civil. También se tuvo por acreditado que, con posterioridad la “sociedad Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L cambió de denominación social pasando a llamarse Entrecampos Dos, S.L.U. (ver folio 1038). Luego, por escritura otorgada en Madrid el día 16 de febrero de 2011, fue escindida totalmente mediante la división de su patrimonio, siendo que sus bienes especificamente los terrenos ubicados en la cuidad de San José descritos a los folios reales [Valor 005] y [Valor 004] fueron traspasados a la sociedad compareciente Entrecampos Uno S.L. B6/085727, en escritura realizada en Madrid ante el Notario Don Carlos de Prada Guaita con el número 112 de su protocolo. (ver declaración de [Nombre 084], así como los folio 806 y ss. del expediente” (sic, cfr. 28 vuelto al 29 frente del legajo de apelación confeccionado al efecto), por lo que se estimó que” la sociedad española que ostenta la titularidad de las fincas en cuestión lo es la sociedad española Entrecampos Uno, S.L.U. Si bien en nuestro país dichas propiedades aparecen inscritas a nombre de sociedad Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L., esta fue extinguida en España y los bienes adjudicados a la empresa española Entrecampos Uno S.L.U. por lo que esta última tiene legitimación activa para demandar. Aunado a ello, la defensa técnica del imputado [Nombre 077] aportó documentación de los movimientos societarios llevados a cabo en España en relación con la empresa Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. visible del folio 462 al 1407; documentación que corrobora los movimientos societarios y los poderes aludidos al señor ([Nombre 084], [Nombre 084], [Nombre 084]). Igualmente, la defensa de [Nombre 077] alegó que no se sabía si los poderes otorgados y presentados a favor de [Nombre 084] estaban vigente, sobre el punto lo cierto que los poderes fueron presentados y la parte demanda tiene dudas sobre su validez debe demostrarlo en debate, sin embargo, a pesar de haber extraído de las autoridades españolas y apostillado toda la documentación relacionada con las empresa aludidas, no pudo acreditar la carencia de vigencia o validez de los poderes otorgados al ofendido ([Nombre 084]). Además, el defensor Horacio Mejías Portuguéz tiene tan claro que la legitimación activa la tiene la sociedad española Entrecampos Uno, S.L. que cuando demandó en la vía civil a los aquí ofendidos lo hizo en contra de [Nombre 084] y la sociedad Española Entrecampos Uno, S.L. (Ver expediente expediente único 19-000062-1624-CI-2 tramitado en el Tribunal Segundo Colegiado Primera Instancia Civil I Circuito Judicial San José, y en particular la demanda y la sentencia) ” (sic, cfr. 29 vuelto del legajo de apelación confeccionado al efecto) de modo que, la legitimación activa del actor civil se acreditó de forma fehaciente, al igual que su condición de víctima que le permitía presentar una querella particular. La parte acude a un argumento falaz de causa falsa, según el cual al no existir legalmente la sociedad Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. las fincas no tienen propietario y, en consecuencia, tutela por parte del sistema judicial costarricense, planteamiento que resulta incorrecto porque, aún y cuando la sociedad anónima como entidad jurídica no exista más, ello no conlleva la pérdida de su patrimonio, porque los bienes inmuebles continúan existiendo y no desaparecen, salvo algún evento natural, de ahí que su titularidad no queda desprotegida como erradamente se ha querido dar a entender. Finalmente se ha alegado que el cambio de denominación tiene una génesis defraudatoria del fisco español aspecto que no tiene relevancia probatoria alguna con la teoría del caso, porque no se está juzgando un delito de orden fiscal ni mucho menos tiene este país competencia alguna sobre situaciones ocurridas en otro Estado de ahí que, si la parte lo considera pertinente puede ejercer las acciones en España que estime oportunas, sin que la decisión alcanzada deba ser revertida por esta autoridad. De conformidad con lo expuesto y al estar ajustada la decisión a derecho, observándose un adecuado examen de las probanzas como de la normativa aplicada, se declara sin lugar este motivo en todos sus extremos, quedando incólume lo resuelto en el considerando sétimo, denominado “sobre las declaratorias de falsedades instrumentales”.
X.– Recurso de apelación de la licenciada Aymara Fernández Madrid, en su condición de apoderada especial judicial de los actores civiles Entrecampos Uno S.L y [Nombre 327]. Como primer motivo alega inobservancia de la ley e inaplicación del artículo 106.4 del Código Penal, en cuanto a la absolutoria de la sociedad Corporación Magno Futuro S.A. y su representante [Nombre 077] en cuanto a los beneficiarios lucrativos del ilícito. La citada sociedad fue absuelta de toda responsabilidad, sin condenarla solidariamente con los autores del delito a pagar por los efectos de aquel en lo que se hubieran beneficiado, pese a que la ley no requiere ningún tipo de conocimiento de la ilicitud y que en el hecho sétimo acreditado se reconoció el despojo registral supuso uno material, que generó un daño económico, imposibilitando disponer de las fincas desde el 18 de junio de 2013 a la fecha.
inmuebles, como representante de la citada sociedad, por lo que ambos fueron traídos al proceso como beneficiarios lucrativos del fraude, que desde el 19 de julio de 2013 accedieron al disfrute material de los lotes, que fueron usados como punto comercial para la venta de vehículos, como lo reconoció [Nombre 077] y en el avalúo efectuado por Xinia Monge Rodríguez, con fotografías que dieron cuenta de esa explotación comercial. El vínculo jurídico de Corporación Magno Futuro no deviene únicamente de la participación delictiva como erradamente lo afirmó el tribunal, sino de su beneficio ilegítimo del fraude. Se reclamó una indemnización por el perjuicio material directo, ante la imposibilidad de disponer de las fincas en una posible venta, tesis que fue acogida en cuanto a la existencia del daño, pero no se reconoció la liquidación de las sumas, condenando en abstracto. Pese a tenerse clara la vinculación de la sociedad que se benefició del fraude, usando y explotando las fincas, la absuelve de la obligación solidaria de responder, en inobservancia del numeral 106.4 del Código Penal. La citada norma no requiere para su declaratoria siquiera el conocimiento de la existencia del delito, ya que, de ser así, se estaría ante otras delincuencias, como la receptación de bienes de procedencia sospechosa o el favorecimiento real o, como se acusó por estafa y fraude de simulación. Al tratarse de una inobservancia de un precepto legal, puede resolverse en esta instancia y, al haber quedado probada la posición de beneficiaria como el daño, solicita se anule el fallo parcialmente y se condene a la demandada civil Corporación Magno Futuro S.A., que lleva más de diez años beneficiándose ilegítimamente de un fraude, explotando comercialmente las fincas, monto que debe concederse en abstracto. Como segundo motivo alega falta de fundamentación en cuanto a la absolutoria de la demanda civil contra Corporación Magno Futuro S.A. Se ha reclamado un vínculo jurídico de la demandada civil como beneficiaria del delito, conforme al ordinal 106.4 del Código Penal, reclamando que el fallo no valoró tal pretensión ni se dan razones por las que, habiendo tenido por probado que la demandada ostenta la posesión material de las fincas, considerándolo un hecho dañoso, no realiza atribución alguna de responsabilidad civil, en detrimento del ordinal 142 del Código Procesal Penal. Solicita se anule parcialmente el fallo y se remita a las partes a juicio de reenvío para resolver este extremo. Por encontrarse ambos reclamos vinculados al mismo reproche, se conocen de forma conjunta y se declaran con lugar. El tribunal declaró sin lugar la acción civil resarcitoria promovida por la actora civil [Nombre 084], en su condición personal y como apoderado de Entrecampos Uno S.L. bajo la siguiente argumentación: “B.- En relación con el demandado [Nombre 077] en su condición personal y en representación de la Sociedad Corporación Magno Futuro S.A. la actora les ha atribuido responsabilidad civil alegando como única fuente de responsabilidad la comisión del delito, al no haberse acreditado en grado de certeza dicha autoría, corresponde declarar con lugar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva así como la falta de derecho en cuanto a las pretensiones resarcitorias de los daños generados por la comisión del delito.” (cfr. 27 vuelto). El tribunal parte de la tesis que para acoger el reclamo civil debía acreditarse la comisión de un hecho delictivo pese a que, desde muy vieja data la jurisprudencia nacional ha sido uniforme respecto a que, el dictado de una sentencia de sobreseimiento o absolutoria no impide la condena civil ni implica la imposibilidad de pronunciamiento sobre la acción civil o, su rechazo automático, lo cual resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 40 del Código Procesal Penal, en su párrafo tercero, señalando que: “La sentencia absolutoria no impedirá al tribunal pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, cuando proceda”, supuesto que resulta aplicable cuando se dicten sentencias de sobreseimiento definitivo. Véase que, una posición diversa vulnera el principio de tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 41 de la Constitución Política, el cual establece que: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.” Es decir, para acoger un reclamo civil no es necesario que se configure el injusto penal ya que, a diferencia de lo penal, donde debe determinarse que se está ante una acción, típica, antijurídica y culpable, el hecho generador de la responsabilidad civil es el daño ocasionado y no el carácter delictivo de la conducta, debiéndose acreditar la legitimación activa y pasiva, el interés actual, el derecho con la demostración de un daño, una relación de causalidad y un criterio de imputación civil, el que puede ser contractual o extracontractual de índole subjetivo, proveniente del dolo o culpa, previsto en el ordinal 1045 del Código Civil; objetivo, ya sea por un riesgo creado, conforme al artículo 1048.5 del Código Civil, derivado de la protección al consumidor, numeral 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; por responsabilidad de la Administración, a tenor de la Ley General de la Administración Pública en su artículo 190 siguientes y concordantes, entre otras normas. Sobre el particular la Sala Tercera ha sido reiterativa en que: “... es perfectamente viable el que sin un injusto penal, proceda la condena por responsabilidad civil, siempre que se cumpla con la exigencia de que haya otra fuente normativa distinta del ordenamiento penal que permita tal cosa...”, (fallo # 619, de 11:20 horas del 9 de junio de 2000. Ver en igual sentido, # 1130, de 9:18 horas del 23 de noviembre de 2001, ambas de esta Sala Tercera).” De la revisión de la acción civil resarcitoria incoada, visible a folios 135 al 149 y 365 al 378 del expediente virtual, ampliada en fecha 27 de setiembre de 2018, folios 655 al 669 y 689 al 703, todos del expediente virtual se colige que, [Nombre 084] en su condición personal y de apoderado de Entrecampos Uno S.L. en lo que interesa, interpuso demanda civil en contra del sindicado [Nombre 077] y la tercera civilmente responsable Corporación Magno Futuro S.A. en la persona de su representante legal [Nombre 077], bajo la siguiente secuencia fáctica, admitida por el juez de la etapa intermedia en el auto de apertura a juicio (cfr. 792 al 794 del expediente virtual): “PRIMERO.- La sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L con cédula jurídica costarricense 3-012-552704, era una sociedad española inscrita en Costa Rica y que hoy se encuentra al día en el pago de sus impuestos. Dicha sociedad fue titular registral hasta estos hechos, de las fincas ubicadas en la Provincia de San José según inscripción del Registro Público la primera, bajo el folio real matricula doscientos noventa y dos mil trescientos quince y la segunda, bajo el folio real matricula doscientos noventa y dos mil trescientos diecisiete. La sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. adquirió dichas fincas mediante escritura número 197 otorgada por el Notario Carlos Fernández Zeledón, el día 8 de Octubre de 2008. Dicha escritura fue presentada al Diario del Registro el 14 de Octubre de 2008 bajo el tomo 577 Asiento 063191, quedando inscrita el 27 de octubre de 2008. La sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. en el año 2010 cambió de denominación social pasando a llamarse ENTRECAMPOS DOS, S.L.U, siendo que por escritura otorgada en Madrid el dia 16 de febrero de 2011, fue escindida totalmente mediante la división de su patrimonio, siendo que sus bienes especificamente los terrenos ubicados en la cuidad de San José descritos a los folios reales [Valor 005] y [Valor 004] fueron traspasados a la sociedad compareciente ENTRECAMPOS UNO S.L. en escritura realizada en Madrid ante el Notario Don Carios de Prada Guaita con el número 112 de su protocolo. SEGUNDO.- El querellante [Nombre 084] intervino en la adquisición de las fincas como apoderado generalísimo de la adquirente CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L... es dueño de cuatro millones quinientas mil participaciones de la sociedad ENTRECAMPOS UNO S.L... quien es la actual propietaria legítima de las fincas folios reales [Valor 005] y [Valor 004], y tiene otorgado a su favor apoderamiento suficiente otorgado ante el Notario de Madrid Don Carlos de Prada Guaita de fecha 16 de febrero de 2011. Al momento de la adquisición de las fincas, el pasaporte español del compareciente [Nombre 084] era el número [Valor 017], documento que si bien tenía una vigencia hasta el día 6 de febrero de 2010, fue renovado con fecha 17 de septiembre de 2009, por el que se le asignó a quien suscribe esta querella un nuevo documento de viaje, pasaporte de la Unión Europea España con el número [Valor 018] vigente hasta el 2019. TERCERO.- La sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. y posteriormente ENTRECAMPOS UNO,S.L. como titular dominical de las fincas objeto de este proceso ostentó el dominio total de las mismas, no solo a través e la inscripción registral sino manteniendo de forma exclusiva la posesión de las fincas, ello a través de la Oficina de [Nombre 078], quien se encargaba de pagar los impuestos de los bienes inmuebles así como la limpieza de los lotes, situación que se prolongó en el tiempo hasta que le fue arrebatada la posesión de dichas propiedades por personas desconocidas quien aprovechándose del cambio registral han cambiado los candados de la cerca de los lotes e incluso han realizado algunas obras menores en los mismos. Estas fincas de la provincia de San José tienen el siguiente valor patrimonial; la primera de ellas matricula folio real [Valor 005] que mide cuatrocientos sesenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y tres decimetros cuadrados está valorada en la cantidad de doscientos treinta y cuatro mil doscientos quince dólares ($ 234,215.00) -moneda de curso legal de los Estados Unidos de América utilizada habitualmente en el mercado inmobiliario-. La segunda finca con matricula folio real [Valor 004] que mide cuatrocientos setenta y siete metros cuadrados con setenta y ocho decimetros cuadrados, está valorada en la cantidad de doscientos treinta y ocho mil ochocientos noventa dólares ($238,890.00). CUARTO.- Sin conocer la fecha exacta pero en fechas previas al día diez de junio de 2013 la querellada [Nombre 047] en asocio para delinquir con los querellados [Nombre 002] y [Nombre 077], todos y cada uno de ellas con pleno conocimiento del carácter ilícito de sus actos, planearon como apoderarse ilegitimamente de las fincas de la provincia de San José, matriculas doscientos noventa y dos mil trescientos quince- cero cero cero y doscientos noventa y dos mil trescientos diecisiete-cero cero cero. Plan delictivo que representaba para cada uno de los querellados diversas funciones con el fin de traspasar ilegítimamente las propiedades y separarlas, del patrimonio de la legitima propietaria. De esta forma los querellados mediante introducción de datos falsos en documentos públicos presentandolos al Registro Público inscribieron registralmente a nombre de [Nombre 002] las fincas propiedad de Entrecampos Uno S.L. para luego traspasarlas nuevamente a la sociedad Corporación Magno Futuro S.A., persona juridica controlada por el querellado [Nombre 077] obteniendo así un beneficio patrimonial antijuridico. QUINTO.- De esta forma, en cumplimiento del plan delictivo la coquerellada [Nombre 047] valiéndose de la Fe Pública que le reviste la función notarial -situación conocida y aceptada por los coquerellados [Nombre 002] y [Nombre 077]- procedió a confeccionar el dia 10 de junio de 2013 en forma fraudulenta la escritura número trescientos diecisiete tres visible al folio ciento cincuenta y nueve frente del tomo tres de su protocolo, en la cual inserto falsamente que ante ella comparecieron a las doce horas del día diez de junio de 2013 el encartado [Nombre 002] y el compareciente [Nombre 084] quien supuestamente se identificó con pasaporte [Valor 017] como apoderado generalísimo de la sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L... Dichos querellados consignaron falsamente en dicho documento que la sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. le vendía en ese acto al encartado [Nombre 002] las fincas inscritas en el Registro Público del Partido de San Jose folio real matriculas [Valor 005] y [Valor 004] por el precio irrisorio de un millón setecientos mil colones cada una, insertando falsamente en la escritura matriz que el vendedor recibió el precio a entera satisfacción del comprador. Todo lo que realizaron los querellados lo fue en perjuicio del querellante [Nombre 084] al suplantarse su personalidad en el documento insertándose una firma falsa, supuestamente realizada por él en dicha escritura pública. Lo descrito en la escritura por la querellada [Nombre 047] es totalmente falso por cuanto el que suscribe esta querella [Nombre 084] ni estuvo en Costa Rica en la fecha que indica la escritura, ni a esa fecha se identificaba con dicho pasaporte AA72288. El querellante no conoce a la querellada [Nombre 047], ni tampoco ha mantenido negociación con ella, ni le ha vendido las fincas [Valor 005] y [Valor 004] de la provincia de san José al coquerellado [Nombre 002] al que tampoco conoce el querellante y del que no ha recibido contraprestación alguna ni el querellante, ni la sociedad CAMPORREDONDO PUERTA DE HIERRO CUATRO S.L. ni tampoco su propietaria legitima la sociedad ENTRECAMPOS UNO S.L. por esta fraudulenta venta. SEXTO.- La encartada [Nombre 047] de conformidad con el ilícito plan trazado y una vez realizada la escritura matriz, elaboró testimonio de dicha escritura número 317 en su papel de seguridad folios números 10881-27692763, y le adjuntó la boleta de seguridad número 443442 serie Q al fraudulento testimonio, documento que fue presentado al Diario del Registro Público en su Sede Central el día 19 de junio de 2013, bajo el tomo 2013 asiento 00154808 por el Sr. Joseth Emanuelle Porras Batista, logrando de esta forma inducir a error a los registradores quienes creyendo en la veracidad del documento presentado la inscribieron las fincas [Valor 005] y [Valor 004] a nombre del querellado [Nombre 002] con asiento 154808, haciéndolo figurar como propietario de las mismas, sustrayéndolas de esta forma del patrimonio de la sociedades Camportedondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. y en definitiva de la sociedad dueña ENTRECAMPOS UNO S.L.. Por lo que dichos actos fueron realizados en perjuicio de estas y en el del querellante [Nombre 084]. Es de mencionar que la Notaria [Nombre 047] no ha presentado a la fecha ni los índices, ni el protocolo correspondiente a la escritura trescientos diecisiete-tres al Archivo Nacional, a pesar de que era su obligación. SÉPTIMO.- Siguiendo los coquerellados [Nombre 002] y [Nombre 077] con el plan ilícito y no satisfechos con su actuar, el 19 de julio de 2013 valiéndose del ardid elaborado con el fin de ultimar el despojo de las fincas de su legitima propietaria, solicitaron el traspaso de las fincas para lo cual, indujeron a error a la Notaria Pública Karla Vanessa Brenes Siles con oficina en San José le hicieron creer que [Nombre 002] era el legitimo dueño de las fincas de la Provincia de San José matriculas [Valor 005] y [Valor 004], así, los querellados lograron que esta Notaria confeccionara las escrituras número cuarenta y siete y cuarenta y ocho, visibles a los folios cuarenta y ocho frente y vuelto y cuarenta y nueve frente y vuelto, respetivamente del tomo veintitrés de su protocolo según las cuales el querellado [Nombre 002] le vende a la sociedad Corporación Magno Futuro S.A. representada por [Nombre 077] las propiedades mencionadas por la suma irrisoria de un millón setecientos mil colones cada una, realizando ambos querellados otros actos para simular la legalidad del traspaso. OCTAVO.- Dichas escrituras 47 y 48 de la mencionada Notaria fueron presentadas al Registro Público en la sede central por el Sr. Jorge Zamora Santana el día 22 de Julio de 2013 ante el Diario del Registro nacional para su definitiva inscripción los días 30 y 23 de julio de 2013 respectivamente. Acción con la que se finalmente el querellado [Nombre 077] dispuso ilegitimamente de estas fincas que pertenecen en realidad al patrimonio de la sociedad Entrecampos Uno S.L. NOVENO.- Con este actuar ilícito de los imputados [Nombre 047], [Nombre 002] y [Nombre 077] se le ha generado al querellante [Nombre 084] en lo personal un grave perjuicio, tanto material como moral al suplantar su personalidad en actos notariales por los cuales figuro falsamente vendiendo activos de la sociedad Camporredondo Puerta de Hierro Cuatro S.L. lo que no es cierto y me ha generado un grave desasosiego y falta de seguridad en la Fe Pública y en los sistemas del Registro Público de Costa Rica.” (transcripción fiel a su original). De acuerdo con los términos de la demanda civil, el tribunal estaba obligado a pronunciarse en cuanto a la pretensión de condena del demandado civil [Nombre 077] y de la tercera demandada Corporación Magno Futuro, el primero bajo un criterio de imputación de responsabilidad civil subjetiva, derivado de su participación como autor de los delitos querellados y, en el caso de la segunda “deviene de ser la beneficiaria ilegítima de las acciones delictivas al ser, en este momento, la titular registral de las fincas objeto de la falsedad y del fraude, sociedad que debe ser llamada al proceso a fin de que conozca sobre la nulidad de la escritura de la que su derecho trae causa, siendo que su representante legal es además demandado en el presente procedimiento, al conocer el origen ilícito del derecho del Sr. [Nombre 002] y ser la venta por un monto evidentemente irrisorio. Todo ello conforme establecen los artículos 103 y 106 del Código Penal, artículos 122, 123, 1335, 136 y 137 del Código Penal del 1941 que permanecen vigentes como Reglas de Responsabilidad Civil.” (sic, cfr. 695 del expediente virtual). Basta dar lectura al ordinal 106 para advertir que, dicha norma está referida no solo a una solidaridad de la acción de los participes de un hecho punible, en cuanto a la reparación civil, sino también la prevé ante varios supuestos: “[…] 2) Las personas jurídicas cuyos gerentes, administradores o personeros legales, resulten responsables de los hechos punibles; […] Los que por título lucrativo participaren de los efectos del hecho punible, en el monto en que se hubieren beneficiado; y 5) Los que señalen leyes especiales.” La solidaridad acusada por la parte actora fue un extremo que el tribunal omitió resolver en el fallo recurrido, obviando el deber de brindar respuesta motivada a todos los planteamientos de las partes y, en particular al de la aquí recurrente. Estaban, además, los juzgadores obligados a examinar si en los hechos bajo examen, concurrían los elementos de responsabilidad civil, en lugar de rechazarla al no haberse demostrado la autoría penal del encartado, motivación que resulta no solo omisa como errada y obvia el necesario análisis de si, en los hechos bajo juzgamiento había o no otra fuente normativa, diversa al delito, que permitiera sustentar el deber de indemnizar ya que tan siquiera se analizó el contenido de la demanda civil, cuyos hechos siquiera fueron reseñados, denotándose así un defecto en la fundamentación de la decisión que provoca su ineficacia. En virtud de lo indicado, se acogen ambos motivos y se dispone la nulidad parcial del fallo, en cuanto declaró sin lugar la acción civil formulada, decisión que lógicamente alcanza el pronunciamiento dictado en cuanto a las costas procesales y personales, ordenándose la celebración de un juicio de reenvío para una nueva sustanciación respecto a los extremos civiles reclamados a Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima.
XI.– Como tercer motivo alega inobservancia e inaplicación de la ley procesal en cuanto a la medida cautelar de embargo. Señala que los jueces rechazaron la petición, alegando que no se hizo el depósito de garantía previsto en el artículo 86.2 del Código Procesal Civil, como si lo requerido hubiera sido un embargo preventivo. Señala que la petición se hizo conforme al numeral 263 del Código Procesal Penal, en relación con el 152 del Código Procesal Civil, para ser decretado en sentencia condenatoria, que no requiere una garantía. Reclama que, pese a que en conclusiones se hizo tal petición los jueces obviaron su resolución bajo un argumento distinto al planteado, rechazándolo sin mayor sustento pese a haber condenado al pago de quince millones de colones por daño moral y otros en abstracto, extremos que quedaron sin garantizarse, cuya ampliación se solicita respecto a los demandados [Nombre 077] y Corporación Magno Futuro S.A. Cita en apoyo de su reclamo el voto 623-2003 de la Sala Tercera, que se sustenta en el 7884-1999 de la Sala Constitucional. Requiere se disponga la nulidad parcial del fallo y se ordene el reenvío para una nueva sustanciación, con miras al decreto del embargo simple de los bienes de los demandados civiles condenados. Con lugar. Se ha podido constatar que en etapa de conclusiones la representación de la parte actora civil solicitó se decretara el embargo simple “basado en los artículos 152 del Código Procesal Civil, artículos 263 del Código Procesal Penal, voto 623-2008 de la Sala Tercera” acotando que dicho voto es importante porque “nos dice que la medida cautelar que establece el Código Procesal Penal se permite al actor civil presentarla, ya sea en, en, en el momento de la, en el escrito de constitución o en cualquier otro momento procesal. Nosotros estamos pidiendo en este momento y que se declare así en sentencia y este derecho del embargo no contradice ningún derecho constitucional y el fin es garantizar resultas. Como vemos aquí, no ha habido como ni en ningún momento una intención como de reparar ni devolver, porque en realidad el fin no era ese, el fin no era qué torta, compré algo que no era del dueño, no es que lo sabíamos y nos lo queríamos dejar, entonces no esperaríamos menos que de pronto la Corporación Magno Futuro deje de tener lo que sí tiene hoy y ya no haya siquiera con qué cobrar el daño que han causado y pido que se decrete embargo sobre cinco fincas, las cinco del partido de San José, la 78716, la 112456, la 308246, la 388079 y la 388080, las tres son de San José sus matrículas 000, y al día que hicimos el estudio aparecían a nombre de Corporación Magno Futuro” (contador 2:57:25 al 3:00:04 del archivo de audio y video identificado como 1400038000175PE-19082024014011-2_ Multi.mp4). La anterior gestión fue resuelta por el a quo del siguiente modo: “Por su parte, la medida cautelar de embargo (embargo preventivo) requiere el depósito de garantía correspondiente (86.2 del Código Procesal Civil), diligencia que no se ha llevado a cabo para poder ejecutar un eventual embargo preventivo, por lo que ambas medidas cautelares deben rechazarse de plano.” (folio 31 del legajo de apelación confeccionado al efecto). Lleva razón la parte en cuanto recrimina el indebido rechazo de su solicitud bajo la premisa que lo requerido fue un embargo de orden preventivo, echando de menos una garantía de dinero o en títulos valores para su procedencia, obviando por completo que ello no fue lo requerido por la parte actora civil, mermando el derecho de la parte a obtener una respuesta expresa a su solicitud, incurriendo de ese modo en un defecto en lo resuelto, relacionado con la fundamentación para descartar la solicitud de decreto de un embargo simple sobre cinco fincas de la demandada civil Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, pese a la obligación de los jueces de motivar adecuadamente su decisión, a fin de dar cumplimiento al artículo 142 del Código Procesal Penal. Ciertamente se dejó de lado un examen de la procedencia o no del decreto de un embargo simple sobre bienes inmuebles, sin garantía de por medio, partiendo de lo estipulado en las normas civiles, sustantivas como procesales, al igual que los alcances de lo resuelto en el voto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento que la parte aludió en sus conclusiones y se transcribe de seguido: “El Código Procesal Civil —como se indicó, norma supletoria al Código Procesal Penal— contempla, por un lado, el embargo preventivo en tanto medida cautelar, que se anota provisionalmente en el Registro Público de la Propiedad, exigente de una garantía, a cargo del actor, que afiance los daños y perjuicios que se originen de ese embargo en caso de que la demanda se declare sin lugar, conforme a sus artículos 272 a 281, en relación con el artículo 468, inciso 4 del Código Civil. Por otro lado, se prevé el embargo simple, cuya anotación registral es definitiva y no requiere afianzamiento por parte del acreedor, producto de la sentencia declarativa de una obligación de pagar una cantidad de dinero y del reconocimiento del respectivo derecho crediticio, o de un proceso de ejecución de sentencia conforme a los artículos 99, 155, 445, 469, 692 y 700 del Código Procesal Civil. También debe tomarse en consideración que cualquier decreto de embargo exige, por imperativo legal, que el órgano jurisdiccional comunique por mandamiento al Registro Nacional los específicos datos de los bienes muebles e inmuebles sobre los que recae el decreto de embargo, según lo solicitado por la parte actora, conforme al principio dispositivo que rige en materia procesal civil, según los artículos 274, 633 y 635 de la citada ley procesal civil.” (voto 2008-00623, de las 15:50 horas, del 2 de junio de 2008). En virtud de lo anterior se acoge este motivo y se anula parcialmente la sentencia venida en alzada, respecto a la solicitud de embargo simple, ordenando el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen para que, con una diferente integración resuelva lo que en derecho corresponda.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso de apelación incoado por la licenciada Désirée Rodríguez Becerra, en su condición de defensora pública de la acusada [Nombre 047]. Se declara sin lugar el recurso de apelación incoado por el licenciado Horacio Mejías Portuguez, en su condición de defensor particular del imputado [Nombre 077] y la codemandada civil Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima. Se declara parcialmente con lugar el primer y segundo motivo y con lugar el tercero del recurso del abogado Alfonso Navas Aparicio, en su condición de apoderado especial judicial del querellante [Nombre 084], en su condición personal y como apoderado de Entrecampos Uno S.L. Se declara con lugar el recurso de la licenciada Aymara Fernández Madrid, en su condición de apoderada especial judicial de los actores civiles [Nombre 084], en su condición personal y como apoderado de Entrecampos Uno S.L. En consecuencia, se dispone la nulidad parcial de la sentencia venida en alzada, ordenando el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen para que, con una diferente integración, conozca los siguientes extremos: i) Los hechos de la querella numerados del sétimo al noveno respecto de la querellada [Nombre 047]; ii) Fije la sanción penal a imponer por los delitos de estafa mayor y falsedad ideológica en concurso ideal, respecto a la sentenciada [Nombre 047] y con ello la procedencia o no del beneficio de ejecución condicional de la pena; iii) La totalidad de los hechos de la querella y la acción civil resarcitoria entablada en contra del imputado y demandado civil [Nombre 077], así como la codemandada civil Corporación Magno Futuro Sociedad Anónima, abarcando el pronunciamiento necesario sobre las costas procesales y personales de ambas acciones; iv) Se pronuncie sobre la solicitud de puesta en posesión, desalojo y demolición respecto de las fincas del partido de San José, folio real [Valor 005] y [Valor 004], como la solicitud de embargo simple, resolviendo en todos los supuestos lo que corresponda en derecho. En lo demás permanece incólume el fallo. NOTIFÍQUESE. – Alejandra Valenciano Chinchilla Rafael Mayid González González Edwin Esteban Jiménez González Jueza y jueces de apelación de sentencia penal Imputado: [Nombre 047] y Otro Ofendido: [Nombre 084] y Otros Delito: Estafa y otros SLEPIZM
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