Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 00406-2023 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 22/03/2023

Acquittal due to lack of publicity in instigation at private union meetingAbsolutoria por faltar publicidad en instigación en reunión sindical privada

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The appeals filed by the Public Prosecutor's Office, the Attorney General's Office, and the private complainant were denied, upholding the acquittal of the accused for the crime of public instigation and the dismissal of the civil claim for damages.Se rechazaron los recursos de apelación del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la querella particular, confirmando la absolución del acusado por el delito de instigación pública y el rechazo de la acción civil resarcitoria.

SummaryResumen

The Criminal Appeals Court upheld the acquittal of a union leader accused of public instigation. The court found the events took place at a private meeting of the labor movement at the Episcopal Conference, where the accused proposed a national strike with road closures. The video recording was obtained illicitly without his consent, violating constitutionally and conventionally protected rights to assembly, privacy, and freedom of expression. The audiovisual evidence was unlawful due to improper capture and lack of chain of custody, and the witnesses were not present at the meeting. Regarding the merits, the crime of public instigation under Article 280 of the Penal Code requires the instigation to be carried out publicly and to refer to crimes against public tranquility under Title X of the Penal Code, not others like obstruction of public roads. Since the meeting was private and publicity was not proven, the conduct is atypical. The State's civil claim for damages was also dismissed for lack of causation. The decision emphasizes the protection of fundamental freedoms such as expression, assembly, and unionization within the framework of the democratic rule of law.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal confirmó la absolución de un dirigente sindical acusado de instigación pública. Se determinó que los hechos ocurrieron en una reunión privada del movimiento sindical en la Conferencia Episcopal, donde el acusado propuso un paro nacional con cierre de rutas. La grabación del video se obtuvo ilícitamente sin su consentimiento, violando derechos de reunión e intimidad protegidos constitucional y convencionalmente. Además, la prueba audiovisual era ilícita por captación indebida y falta de cadena de custodia, y los testigos no fueron presenciales. En cuanto al fondo, el delito de instigación pública del artículo 280 del Código Penal requiere que la instigación se realice públicamente y se refiera a delitos contra la tranquilidad pública del Título X del Código Penal, no a otros como obstrucción de vías. Al ser una reunión privada y no probarse la publicidad, la conducta es atípica. También se desestimó la acción civil resarcitoria del Estado por falta de nexo causal. La decisión subraya la protección de libertades fundamentales como expresión, reunión y sindicalización en el marco del Estado democrático de Derecho.

Key excerptExtracto clave

Thus, publicity of the instigation is required for the crime of public instigation, since this element generates the abstract danger that, in turn, allows the elimination of the accessory nature of participation in the strict sense, and the expression '...a specific crime that affects public tranquility...' contained in Article 280 must be interpreted restrictively as limited to the crimes stipulated in Title X: Crimes against public tranquility, i.e., illicit association, support and services for terrorism, public intimidation, and apology of crime, because doing otherwise would create crimes through interpretation. In summary, while this Chamber agrees that the exercise of violence is not a valid or justified form of protest, nor is the affecting of essential services, it cannot help but warn that, in scenarios where discontent cannot be channeled through the means permitted by International Human Rights Law —since these have been closing— sooner or later, violence will erupt. Therefore, prima facie, the fact that a person determines the will of another or others to obstruct public roads does not necessarily constitute a crime, because this will depend on whether the author's action is justified or not (if common instigation is applied) or whether the protest can simply be assumed to be a crime and not a right when determining whether it affects 'public tranquility' or rather tends to strengthen it through the exercise of rights.Así las cosas, sí se requiere la publicidad de la instigación para cometer el delito de instigación pública pues este elemento es el que genera el peligro abstracto que, a su vez, permite suprimir la accesoriedad de la participación en sentido estricto y sí se debe interpretar restrictivamente la expresión “…un delito determinado que afecte la tranquilidad pública…” contenida en el artículo 280 como circunscrita a los delitos estipulados en el Título X: Delitos contra la tranquilidad pública, es decir, los de asociación ilícita, apoyo y servicios para el terrorismo, intimidación pública y apología del delito pues, hacerlo de otro modo, es crear delitos por vía interpretativa. En síntesis, si bien esta cámara concuerda con que el ejercicio de la violencia no es una opción de protesta válida ni justificada, como tampoco lo es la afectación de los servicios esenciales, no puede menos que advertir que, en escenarios en donde el malestar no puede ser ejercido por los canales admitidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos —pues estos se han ido cerrando— la violencia, tarde o temprano, termina estallando. Entonces, prima facie, el que una persona determine la voluntad de otra u otras a obstruir vías públicas no necesariamente constituye un delito, pues ello dependerá de si la acción del autor está justificada o no (si se aplica la instigación común) o si la protesta puede asumirse, sin más, como un delito y no como un derecho para determinar si afecta la “tranquilidad pública” o más bien tiende a fortalecerla mediante el ejercicio de derechos.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Si el video era ilícito, como en efecto lo ha sido (desde que se captó en una reunión privada y el encartado no autorizó la difusión de su imagen y voz), no podía analizarse lo que, respecto de su contenido dijeron Navas y Hernández o cualquier otro testigo, pues se está ante la teoría de los frutos del árbol envenenado que afecta también esas referencias."

    "If the video was illegal, as it indeed was (since it was captured at a private meeting and the defendant did not authorize the dissemination of his image and voice), what Navas and Hernández or any other witness said about its content could not be analyzed, because the fruit of the poisonous tree doctrine also affects those references."

    Considerando II

  • "Si el video era ilícito, como en efecto lo ha sido (desde que se captó en una reunión privada y el encartado no autorizó la difusión de su imagen y voz), no podía analizarse lo que, respecto de su contenido dijeron Navas y Hernández o cualquier otro testigo, pues se está ante la teoría de los frutos del árbol envenenado que afecta también esas referencias."

    Considerando II

  • "Para nuestra ley penal, orden público quiere simplemente decir tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico de la vida civil. No se trata de defender la seguridad social misma, sino más bien la opinión de esa seguridad que, a su vez, en realidad, constituye un factor más de refuerzo de aquella."

    "For our criminal law, public order simply means tranquility and social trust in the safe and peaceful development of civil life. It is not about defending social security itself, but rather the perception of that security, which in turn actually constitutes a factor that reinforces it."

    Considerando III, cita de Soler

  • "Para nuestra ley penal, orden público quiere simplemente decir tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico de la vida civil. No se trata de defender la seguridad social misma, sino más bien la opinión de esa seguridad que, a su vez, en realidad, constituye un factor más de refuerzo de aquella."

    Considerando III, cita de Soler

  • "La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Por tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente."

    "The possibility of public and peaceful protest is one of the most accessible ways to exercise the right to freedom of expression, through which the protection of other rights can be claimed. Therefore, the right to assembly is a fundamental right in a democratic society and must not be interpreted restrictively."

    Considerando III, cita de la Corte IDH

  • "La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Por tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente."

    Considerando III, cita de la Corte IDH

  • "De ninguna forma, la penalización de la protesta social puede convertirse en un instrumento amedrentador en detrimento de una forma de expresión participativa social propia de un sistema democrático. Mientras una manifestación pública se desarrolle dentro de márgenes normales, debe imperar la cordura y la tolerancia."

    "In no way can the criminalization of social protest become an intimidating instrument to the detriment of a form of social participatory expression characteristic of a democratic system. As long as a public demonstration proceeds within normal margins, prudence and tolerance must prevail."

    Considerando III, cita de la Sala Constitucional

  • "De ninguna forma, la penalización de la protesta social puede convertirse en un instrumento amedrentador en detrimento de una forma de expresión participativa social propia de un sistema democrático. Mientras una manifestación pública se desarrolle dentro de márgenes normales, debe imperar la cordura y la tolerancia."

    Considerando III, cita de la Sala Constitucional

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Decision: 2023-406 Case File: 19-000647-0619-PE (7) CRIMINAL JUDGMENT APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at nine hours minutes on March 22, 2023.

APPEALS filed in the present proceedings against [Nombre 001], of legal age, Costa Rican, bearer of identity card number [Valor 001], born in San José on April 3, 1956, son of [Nombre 002] and [Nombre 003], single, labor union organizer, resident of Alajuelita, San José; for the offense of PUBLIC INCITEMENT to the detriment of PUBLIC TRANQUILITY. Judges Rosaura Chinchilla Calderón, Patricia Vargas González, and Kathya Jiménez Fernández participated in deciding the appeals. The following appeared before this Court: Oscar Quirós Soto, LL.M., and attorney Carlos Meléndez Lugo, representatives of the Public Prosecutor’s Office, specifically the San José Deputy Prosecutor’s Office and the Appeals Prosecutor’s Office, respectively; attorney Gloria Navas Montero, attorney-in-fact for the private complainant (parte querellante), “Movimiento Ciudadano Costa Rica,” a name under which dozens of natural-person principals are grouped; attorney Margot Avellán Ruiz, representative of the Procuraduría General de la República, which has acted as private complainant and civil plaintiff (actora civil); and attorneys Rodrigo Rosales Arce and Luis Carlos García Rivera, both privately retained defense counsel for the accused; and, BACKGROUND:

I.By judgment number 980-2021, issued at 15:30 hours on December 9, 2021, the Tribunal Penal de San José ruled: “THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing and Articles 39 and 41 of the Constitución Política; Articles 1 to 6, 1, 13, 16, 72 to 74, 111 to 116, 142, 182, 184, 265 to 267, 270, and 360 to 366 of the Código Procesal Penal; Articles 1, 2, 11, 18, 19, 20, 30, 31, 45, and 280 of the Código Penal; and Articles 16, 27, and 38 of the Arancel de honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado N° 41457-JP, this Court hereby ACQUITS [Nombre 001] OF ALL PUNISHMENT AND LIABILITY for the offense of PUBLIC INCITEMENT to the detriment of PUBLIC TRANQUILITY with which he had been charged. The costs of the criminal proceedings shall be borne by the State, as the proceedings were initiated at the request of the Public Prosecutor’s Office. REGARDING THE CIVIL CLAIM FOR DAMAGES (ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA): The civil claim for damages filed by the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA against civil defendant [Nombre 001] is denied.

REGARDING COSTS: The costs arising from the private complaints (querellas) and the civil action shall be borne by the unsuccessful parties and are set at ONE HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND COLONES for the civil action and FOUR HUNDRED EIGHTY-FOUR THOUSAND COLONES for the private complaints. The amounts awarded must be paid once this judgment becomes final, by a simple bank deposit into the Court’s account. Once the judgment becomes final, the evidence seized in this matter shall be destroyed. NOTICE SHALL BE GIVEN. Lorena Blanco Jiménez. Trial Judge.” (sic, folio 482).

II.Oscar Quirós Soto, LL.M., representative of the Public Prosecutor’s Office, San José Deputy Prosecutor’s Office; attorney Gloria Navas Montero, attorney-in-fact and representative of the persons grouped under the name “Movimiento Ciudadano Costa Rica,” who have acted as private complainants; and attorney Margot Avellán Ruíz, representative of the Procuraduría General de la República in its capacity as private complainant and civil plaintiff, filed appeals against the foregoing ruling.

III.After conducting the corresponding deliberation in accordance with Article 465 of the Código Procesal Penal, the Court considered the issues raised in the appeals.

IV. The applicable legal requirements have been observed throughout the proceedings

Judge Chinchilla Calderón authors the opinion; and,

CONSIDERING:

I.Procedural and jurisdictional matters. (A) By decision of this judicial panel, number 2022-293 at 11:10 hours on 25 de febrero de 2022 (see folio 539), the appeals filed by the Ministerio Público, the Procuraduría General de la República, and the attorney representing the so-called “Movimiento Ciudadano Costa Rica”—the name under which dozens of natural persons have joined together and appeared in their personal capacities as private complainants (querellantes), alleging a diffuse interest (interés difuso) and granting attorney Navas a special judicial power of attorney to act on their behalf—were admitted; procedural steps were ordered for delivery to the latter institution, pursuant to its organic law, of a copy of the appeals so that it could respond if it deemed appropriate; the testimonial evidence offered by the defense was rejected (the testimony of Víctor Rodríguez Rescia, president of the Centro de Derechos Civiles y Políticos, based in Ginebra, and former president of the United Nations Subcommittee on Prevention of Torture, who would address the international implications of a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) that had been filed); and the requested oral hearing was scheduled and held in person on 09 de marzo de 2022 before the present panel.

(B) During that proceeding, defense counsel for the accused raised a claim of defective procedural activity (actividad procesal defectuosa), alleging that attorney Navas Montero, having been elected as a deputy by that date, lacked standing to act as attorney-in-fact for the private complainant and civil plaintiff (actora civil), because she was now the representative of all Costa Rican persons rather than of a specific group. In support, he invoked decisions of the Tribunal Supremo de Elecciones (1847-E-2003) and the Sala Constitucional (551-91), which establish the national character of all legislative seats. That claim was orally denied during the aforementioned proceeding (see the front of folio 546 of the record), on the grounds that, first, attorney Navas Montero would not hold the status of deputy until she formally took office on 01 de mayo de 2022 and, second, even if she hypothetically already held that status (which she does at the time of this decision), it would not prevent her from engaging in her private activities unless she received compensation for exclusivity (prohibición), which must be demonstrated and, to date, has not been.

In this specific case, the record contains a power of attorney granted to her by the persons comprising the entity named as private complainant, and the admissibility of both pleadings had already been discussed and accepted when their initial submissions were filed and at the preliminary hearing; she has participated in the proceedings in that capacity and therefore continues to hold it. In response, defense counsel entered a reservation for cassation review (reserva de casación), which was recorded in the corresponding minutes. No evidence was received at that hearing, and the parties presented their arguments in the manner summarized under each ground. (C) Furthermore, in the decision by which this court scheduled the hearing, the Sala Constitucional was asked to provide the status of the case file concerning constitutional challenge number 21-024578-0007-CO, brought by [Nombre 001] in his capacity as secretary general of the Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (hereinafter ANEP).

Upon receipt of the corresponding official letter, it was confirmed that the challenged provision refers to Article 280 of the Código Penal (that is, the provision underlying the conduct charged here) and that it was challenged on the following grounds: «He considers that the phrases “that affects public tranquility” and “without it being necessary for the act to occur” turn this offense into an open-ended and general criminal offense, such that any action minimally disturbing the community may be prosecuted merely upon a complaint. The provision establishes an endangerment offense (delito de riesgos) which, because it centers on the verb to incite, is carried out through speech and therefore infringes several fundamental rights, including freedom of expression through the right of public or private assembly and demonstrations in public spaces. He states that formal legal criminalization alone is insufficient to restrict rights; accordingly, a provision must not only define a criminal offense, but the conduct must also be unlawful and culpable, with the operative verbs tailored to concrete, specific, and irreducibly ascertainable conduct.

The generality and breadth of this criminal offense allow any conduct to be “fitted” to a verb and an action as broad as “to incite,” thereby permitting various forms of conduct to be punished»; and that, as of the date of the oral hearing, the matter was in the substantive-review stage before the constitutional body, since the challenge had been admitted and the respective notices had been published in Boletines Judiciales numbers 18 through 20, dated 28 de enero al 1 de febrero, respectively, all in 2022. Both those publications and the provision on which they are based, section 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, contain an order suspending issuance of the “final decision” in any matter involving application of the challenged provision and, of course, in the underlying proceeding from which the constitutional challenge arose, as was the case here. This required this court, by decision number 2022-356 at 11:30 hours on 09 de marzo de 2022 (cf. folios 547 to 549), to stay its decision pending the ruling in that forum.

As reported and published in several Boletines Judiciales this year (e.g., No. 19 of 02 de febrero de 2023, p. 9, as also established by the document at folio 556), that challenge has already been decided through decision number 2023-00430 of 11 de enero of the current year, which ordered: «By majority, the constitutional challenge is denied. Justices Castillo Víquez, Salazar Alvarado and Garita Navarro state different reasons. Justice Cruz Castro dissents and considers that this challenge should be granted and that, consequently, in view of its content and effects, Article 280 of the Código Penal is unconstitutional.» Therefore, because the aforementioned constitutional impediment no longer exists and the case file was reactivated by a procedural order (auto de trámite) issued at 10:08 hours on 12 de enero de 2023 (folio 557) (causing the limitation period for the criminal action (prescripción de la acción penal) to resume running), a decision on these appeals is appropriate, particularly because older adults appear as parties, even though, as shown by the preceding certification (folio 565), the content of the full decision remains unknown because it is still being drafted.

Nevertheless, it could not differ from the operative portion already published, which contained neither a declaration of unconstitutionality nor a conforming interpretation (interpretación conforme). (D) In the present matter, the three prosecuting parties (Ministerio Público, Procuraduría General de la República, and the natural persons acting under the name “Movimiento Ciudadano Costa Rica,” an unregistered entity) brought charges based on facts—worded differently, particularly in the case of the latter entity—which they limited to 09 de setiembre de 2019, when [Nombre 001], as secretary of ANEP, allegedly called for a nationwide strike lasting one or two days during a meeting of the Movimiento Encuentro Social Multisectorial held in the auditorium of the Conferencia Episcopal, which would include closing the borders and closing or blocking Routes No. 2 (Alto de Ochomogo), No. 27 (San José-Caldera), and No. 32 (San José-Limón).

However, the private complaint filed by “Movimiento Ciudadano Costa Rica,” as described in the background findings (resultandos) of the judgment (the following recital will show that those findings were also partly silent regarding the facts that, according to the order committing the case for trial (auto de apertura), were to be addressed at trial), includes the following additional factual references, which do not appear in the other charges: «Sixth (…) He specifically employed those tactics in acts already completed in 2018, which are not time-barred. We refer to the shutdown of essential services beginning in June 2018. The entire population suffered, and the leader, supported by the groups under his direction and together with others, sowed chaos in education, hospitals, transportation, and many other public services. Vehicular traffic was interrupted, and the population was affected by fear and confusion.

This occurred in the capital city and in other areas of the country. We reiterate that this is a matter of public and notorious knowledge (…) Eighth: We likewise bring a private complaint regarding the act completed on 3 de setiembre de 2019 outside the Asamblea Legislativa in the afternoon, when La Nación journalist [Nombre 004] was attacked by the mob at the clear instigation of the accused private complainant. Through his intervention, he not only provoked an assault but also obstructed the practice of journalism and denied the public its fundamental right to information. The incident was recorded in the news media and in the interview with the accused private complainant himself on Repretel during the midday edition of 13 de setiembre de 2019» (see the corresponding private-complaint file; folios 511-512; emphasis added). The trial judgment was silent on these matters both in its reasoning (except for one paragraph referring to costs) and in its operative portion.

However, a review of the appeal filed by the representative of “Movimiento Ciudadano Costa Rica” (which will be described below) shows that it refers only to what occurred on 09 de setiembre de 2019 and does not mention, in any part of its arguments, the preceding or subsequent events referenced above. That silence by the private complainant—the only party with standing to raise the issue, since it concerned only facts contained in the private complaint she filed—in both the written brief and the hearing held at her request, cures the judgment’s defect of omission, pursuant to Article 177(b) of the Código Procesal Penal, which provides, insofar as relevant: «…defects shall be cured in the following cases (…) b) When those entitled to challenge the act have expressly or tacitly accepted its effects.» Moreover, pursuant to sections 439 and 446 of that legislation, this chamber’s jurisdiction is confined to the arguments raised; accordingly, it may not conduct a review on its own motion, particularly in a predominantly accusatorial system such as ours and in appeals filed by prosecuting parties, because doing so would entail replacing and encroaching upon those functions.

Consequently, the judgment regarding those matters (from 2018 and 03 de setiembre de 2019) must be deemed final and unassailable. (E) To address the various issues raised in an orderly and logical manner, the analysis will begin with the arguments concerning the lawfulness of the evidence (licitud probatoria), the assessment of the record, the statement of reasons (fundamentación), and the determination of the facts; it will then address the definition of the offense (tipicidad) and the legal argument generally; next, the civil action; and, finally, costs. Accordingly, the order of the grounds raised by the appellants will not necessarily be followed, and in some instances several of their complaints will be considered together. (F) To ensure that the text reads smoothly, without distraction by secondary ideas, while at the same time making this judgment self-contained and facilitating access by those challenging it (and by readers) to the cited materials, references to public legal documents made in this chamber’s adjudicative analysis (but not in its merely descriptive discussion) are inserted as hyperlinks (identified by underlining and a different text color), which may be accessed in the digitized text by clicking on the highlighted portion.

II.Master Oscar Quirós Soto, coordinating prosecutor for the Ministerio Público, appeals the acquittal, setting forth a series of statements that are mostly generic and applicable to any case. In what he titles the “first ground” of his challenge (which is, in fact, the only one), he expresses disagreement with the assessment of the evidence because he believes that the rules of sound judicial reasoning (reglas de la sana crítica) were violated, which, in his view, resulted in improper and contradictory reasoning. He states that the testimony of Rubén Hernández Valle and Gloria Navas Montero was not properly analyzed and that, had this been done and subjective assessments omitted, a different decision would have been reached. He considers the challenged judgment devoid of reasoning, since it mentions only one of the aspects raised by the parties while disregarding essential circumstances (without specifying which ones).

He says it was proven that the accused made a series of statements intended to cause an uprising in the country and that, although he did so at a private venue, the Conferencia Episcopal, this does not prevent the offense from being completed. He criticizes the judge’s position that the act must be committed in a public place. He adds, in a somewhat disorganized presentation, that the video submitted need not be the original, that no one has reported the improper recording of statements, and that the fact that it was edited does not mean it cannot be assessed, since no one, not even the defendant, has stated that it was altered or that the images contained in it are false. He recalls that our system does not have predetermined evidentiary weight (prueba tasada), and that this material was heard by third parties, which would be sufficient. Furthermore, it was seized from a mass media outlet, which, according to the appellant, would establish that the interviewee was making the statements to several people.

He adds that, although the offense appears in the title concerning offenses against public tranquility, this does not mean that the instigation must concern only unlawful acts found in that title, since there are others that affect that legally protected interest (bien jurídico), such as interference with a public service (entorpecimiento de servicio público) and obstruction of a public roadway (obstrucción de vía pública), which are offenses affecting multiple legally protected interests (pluriofensivos) and impact an entire population. He adds that: “It is not true that the statutory definition requires determining the will of the masses because this is an endangerment offense. The judge’s conclusion that what the defendant said was not instigation but a proposal is incorrect; requiring a person, when instigating, to state when and how the act will occur goes beyond what is required by the statutory definition.” (Cf. reverse of folio 490).

He maintains that, although the instigation did not materialize, the statutory definition does not require that it do so. The appellant then adds, somewhat confusingly and in the form of a question: “How can the court expect that, in this type of case, the mere fact that the defendant, at the relevant time and in the relevant manner, did not authorize the recording, exempts him from the offense of Public Instigation, since the analysis conducted determines that there is no Criminal Classification, nothing could be further from reality. In the view of the Ministerio Público, the Court reaches an erroneous conclusion by determining that the evidence fails to conclusively establish the prosecution’s theory and disregards circumstances presented by the witnesses and, because of the foregoing and in accordance with the principle of Consistency between the Charge and the Judgment, the defendant must be acquitted.

In that regard, this office wishes to point out that we are dealing with credible testimony that should have been assessed from the standpoint of coherence and logical consistency; since the Court takes it for granted that their accounts are inconsistent and that the prosecutorial request was incorrect, a highly subjective assessment” (see front and reverse of folio 491; the wording and spelling errors, including the improper use of capitalization, appear in the prosecution’s own text). In generic terms (since he likewise does not specifically describe any), he states that there are serious contradictions between what the witnesses recounted and the court’s interpretation, and that the court merely pointed to certain alleged circumstances described by the witnesses. After making other abstract statements, applicable to any case, concerning the importance of a reasoned decision, he concludes by requesting that the ruling be annulled.

Likewise, Licentiate Gloria Navas Montero, president of “Movimiento Ciudadano C.R.” and attorney-in-fact for the natural persons comprising it and appearing as private prosecutors (querellantes) on the basis of a diffuse interest (interés difuso), states at the outset that the principal relief sought is annulment of the judgment on the merits. As her first argument in support thereof, she cites the lack of reasoning and the erroneous factual assessment that led to the principal proven fact (hecho probado). She says it is true that the defendant is Secretary General of the ANEP, a labor union leader, and that on nueve de setiembre de 2019 he participated in a meeting “which is said to have been private in nature but became known to the public” (an underlined qualification which she complains was not included as a proven fact, even though don [Nombre 001]’s witnesses attended the meeting and know that he addressed those present, where he uttered the statements challenged in the private prosecution, and that these became publicly known).

It is also true, she adds, that the accused expressed proposals to the meeting’s participants and that the original video could not be located, but a video was submitted of the interview that she gave to Repretel because of the incident, which, in her view, would establish that the statements were made before an audience inflamed by the leader’s attitude and that they were conveyed to the affected and intimidated public. She says the charged offense does not distinguish whether the punishable act is committed in public or in private because it is an offense subject to public prosecution (acción pública), and that, for that reason, the proven fact is incomplete, which affects the reasoning and causes prejudice; consequently, the court’s reasoning does not fully comply with the requirements of due process (debido proceso). She adds that an examination of both Rubén Hernández Valle’s testimony and her own establishes that they felt affected by don [Nombre 001]’s statements (which have not been denied by either him or his unions), but that other people were affected as well.

They learned of this through the news media, and therefore the act occurred and was communicated to public opinion, which is what was affected. She maintains that the defendant publicly acknowledged having made the statements. She refers to the account given by Cesar López, a defense witness; denies that what the accused said was an exchange of ideas; and asserts that this witness acknowledged that the video circulated on CRHoy and various television outlets. She summarizes the testimony of Walter Quesada, who described his participation in labor union movements that historically have caused major economic losses to the country and disrupted education. The appellant says that in 2018 there was a strike lasting nearly three months and that “the population has not forgotten this history” (reverse of folio 501), and that this is the accused’s modus operandi, a matter not assessed by the presiding judge.

Accordingly, the threat uttered within the groups that supported those movements harmful to the national community was credible. She complains that the judge rejected an assessment of the evidence as a whole and the principle of experience (principio de experiencia), which affected the assessment of the evidentiary material. She denies that this is a political trial, as the accused claims, and requests that the ruling be annulled. In responding to the appeals, the defendant’s private defense counsel state that the injured parties refer to events from 2018 in which don [Nombre 001] did not even participate; rely on unlawfully obtained evidence (prueba ilegítima)—a copy of a video whose reproduction was unauthorized and whose recording would constitute an offense under Articles 181 through 183 of the Código Penal—and seek artificially to extend public instigation, contrary to legislative intent, to provisions other than those defined as offenses in Title X of the Código “Procesal Penal” (sic), none of which were charged.

They say that the accusers’ interpretation of the elements of this offense is general and expansive and ignores the existence of the generic offense of instigation under Article 46 of the Código Penal; they violate—the defense attorneys continue—Articles 25, 26 and 29 of the Constitución Política concerning the freedoms of demonstration or expression, association, and assembly, as well as the principles of legality and definition of criminal offenses (tipicidad penal), all of which contravenes international standards (in support of which a copy of an action challenging constitutionality (acción de inconstitucionalidad) is submitted). They add that this approach imposes prior restraint and curtails freedom of expression, thereby opening the door to criminal liability, particularly when the person being criminalized is a human-rights defender, as the Relatoría de las Naciones Unidas characterizes labor unionists.

They assert that public instigation cannot occur in a private setting and that the private prosecutor’s assertion that the statutory definition makes no such distinction is legally illogical. They are surprised by the carelessness of the prosecution’s appellate brief and its use of boilerplate assertions, and add that a case file should never have been opened regarding this incident, since “it is embarrassing” (reverse of folio 532) when the judgment states that the submitted video did not meet the minimum requirements for analysis because it was not the original, and yet the Ministerio Público continues with this “judicial parade” (ibid.), which is no minor matter because it costs taxpayers money that should be used for other purposes. They insist that the video is unlawfully obtained evidence and that everything derived from it is likewise unlawful; therefore, private prosecutor Navas cannot revive it by introducing other recordings from media outlets that reproduced it, and it is consequently irrelevant whether the location was public or private.

They add that the statements are based on the video and were not made by eyewitnesses. They maintain that the judgment is well reasoned. At the hearing, Licentiate Carlos Meléndez, a prosecutor with the Ministerio Público, requested that his appeal be granted and the case remanded for retrial (reenvío), reiterating the arguments presented in writing. Licentiate Navas Montero, acting as private prosecutor, expanded upon her appeal, stating that she filed it both personally—as a Costa Rican citizen bringing a popular action (acción popular)—and in her capacity as judicial attorney-in-fact for the persons grouped under the name “Movimiento Ciudadano Costa Rica,” and that she did so on three grounds: a violation of the rules of sound judicial reasoning in assessing the evidence; an erroneous interpretation of Article 280 of the Código Penal in declaring that the act did not satisfy the statutory definition of the offense (típico); and the order requiring her principal to pay costs (an issue on which she bases a separate claim of error).

Regarding the first two issues, she emphasized that this is an endangerment offense rather than a result-based offense (delito de resultado)—a matter relevant to the award of costs—and that the interpretation that the statement was made privately is an initial error, because the context was a strike involving unrest, road obstructions, interference with hospital services and public transportation, all of which caused chaos and implicated the public interest. The criticism regarding the video in which the defendant speaks at the intersectorial is that the original was not submitted, but she testified as a witness for the Ministerio Público and there is freedom of evidence (libertad probatoria). She considers it erroneous to state that this offense cannot apply to criminal offenses protecting the same legally protected interest, even if they appear in other sections of the Código Penal.

Attorney Rodrigo Rosales, defense counsel for the accused, stated that none of the appellants presented arguments capable of undermining the reasoning set forth in the judgment, but instead proceeded from an “offender-based criminal law that would make Günther Jakobs die all over again” (sic). He asserts that the evidence sought to be used is unlawful for two reasons: his client was participating in an activity held in a private venue, and a video of him was leaked without his consent or approval and, as if that were not enough, was edited. Attorney Carlos García stated that the prosecuting parties went from “public incitement” to “ordinary incitement”; that Article 180 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) was violated because the primary evidence was obtained through the commission of an offense involving the violation of correspondence. At the end of the hearing, the accused stated that he is a son and heir to the values of 1949, preceded by the guarantees of the 1940s; that he has spent 30 years engaged in social struggle at the helm of ANEP and has never done so in pursuit of public office, but rather with the endorsement of committees composed of people who considered him important to the social cause; consequently, he did not endanger public peace, but instead this case exposes the growing social inequality generated by the economic policies implemented.

He states that his organization serves as a point of reference for social groups of various kinds that receive no response from political parties. At a private, multisectoral social meeting held to draft proposals and define a strategy of struggle against the government, which has excluded them entirely, many people infiltrate the gathering. He says that he has no ideology, nor does ANEP, but that the aim is to delegitimize them, and that his only banner is human rights, to the point that he now finds himself in the dock for defending them. He refers to Advisory Opinion OC27/21 of the Inter-American Court of Human Rights (Corte IDH), concerning freedom of association, collective bargaining, and the right to strike, which are also human rights. He says that Ms. Gloria is an elected deputy of the Republic and that she offered him a hearing as soon as she took office, but he is already asking her to restore the people’s right to strike, because what is being disregarded is not a mere reference but a judgment of an international court.

He adds that he was at a private event and that a recording was leaked without his consent and distorted because of the hostility that certain news media harbor toward him. He states that the country has been set back 50 years in social development, that at that time there was unrest and social mobilization, and that this will continue with or without [Nombre 001], with or without ANEP, in the face of hunger and high wage-related indebtedness. He says that ANEP is a point of reference for social assistance and the free defense of labor rights, for which corporatist unionization was broken, and that, far from undermining public peace, they sought to consolidate it, while it was the others who endangered that interest. The arguments are interconnected and will be addressed jointly and rejected. As can be seen, the parties intermingle procedural issues with matters pertaining to substantive law and the elements of the criminal offense (tipo penal).

The latter, which are also mentioned in other arguments to be summarized below, will therefore be addressed in other sections (to which the applicants are referred in order to avoid unnecessary repetition), so as to maintain a logical order of presentation, with this first section being confined to issues relating to the validity and assessment of the evidence and the statement of reasons for the decision. Nevertheless, no reference will be made to the principle of congruence between the charges and the judgment (principio de correlación entre acusación y sentencia), mentioned by the challenging prosecutor, because no violation thereof has been established: not only were the facts alleged in the charging instruments not found to have been proven—and that principle, which safeguards the right of defense, seeks to ensure that a conviction is based on the charges brought—but the prosecutor merely makes a passing statement on the subject without giving it any substance, which is more indicative of the use of a pre-established, uncorrected template than of an actual defect in the decision.

It should also be noted from the outset that, in a democratic country that truly respects the rights of all persons, anyone may be brought before the courts for acts that another person considers harmful to their rights or interests, since this forms part of the human right of access to justice; the mere fact of subjecting someone to proceedings—of whatever nature and regardless of their outcome—cannot be regarded as a political trial because, to date, judicial independence (still) exists and, although it has weaknesses and areas for improvement, continues to function and will make it possible to determine whether the allegations are valid and, in either event, to establish the corresponding liabilities. In the strict sense, and in certain political systems, a political trial is one conducted by Parliaments to establish the political—not legal—responsibility of a high-ranking public official, a status the accused does not hold and a procedure that does not exist in this country.

Alternatively, in a broad or latu sensu sense—which appears to be the sense used by the accused—it is a proceeding brought to dismantle opposition by using co-opted judicial channels; however, for that characterization to be valid, it requires not only such a motive on the part of the claimant but also absolute control over the judicial or adjudicative apparatus, which the record does not show to exist here, given that the trial judgment rejected the parties’ claims and this chamber is rigorously fulfilling its independent role. Accordingly, such characterizations are rejected at the outset because, rather than constituting analysis, they are based on subjective impressions or emotions that this court does not endorse. Attorney Rosales must likewise be advised not only that the German scholar Günther Jakobs (1937-…) has not died—and therefore could not die all over again—but also that this academic was, in fact, the one who devised the ideological foundations of “enemy criminal law,” which is the doctrine most closely resembling offender-based criminal law; accordingly, far from being adverse to him, this school of thought is aligned with his views, and thus no criticism of the statements quoted by the accused’s attorneys could be made from the theoretical position he follows.

Having made those clarifications, and in order to establish an express contextual framework for addressing the evidentiary issues and the statement of reasons, it is also appropriate to provide a brief account of what occurred in the proceedings and a summary of the judgment—which was issued in writing by a single judge and consists of 42 pages (located at pages 460 through 482 of the main case file): (A) Summary of the proceedings. i. This matter began with a complaint dated 13 de setiembre de 2019, filed by the subsequent private complainant (querellante), Gloria Navas Montero, on behalf of “Movimiento Ciudadano Costa Rica,” a name under which 82 natural persons are grouped, 81 of whom granted Attorney Navas a special judicial power of attorney; she also acted in her personal capacity. All of them, together with the Public Prosecution Service (Ministerio Público) and the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), brought charges against [Nombre 001]. ii.

The three charging instruments share the allegation that the convicted person committed the offense of public incitement in connection with events occurring on 09 de setiembre de 2019, when [Nombre 001], in his capacity as secretary of ANEP, allegedly called for a nationwide work stoppage lasting one or two days during a meeting of “Movimiento Encuentro Social Multisectorial” held in the auditorium of the Conferencia Episcopal Costarricense; the plan allegedly included closing the borders and blocking Routes No. 2 (Alto de Ochomogo), No. 27 (San José-Caldera), and No. 32 (San José-Limón), although none of this occurred or, at least, was discussed and proven at trial. However, as previously noted, the private complaint (querella) filed by the self-styled “Movimiento Ciudadano Costa Rica” includes the following additional factual allegations, which do not appear in the other charging instruments: “Sixth (…) He specifically employed those tactics in acts already completed in 2018, which are not time-barred.

We refer to the disruption of essential services beginning in June 2018. The entire population suffered, and the leader, supported by the groups under his direction and accompanied by others, sowed chaos in education, hospitals, transportation, and many other public services. Vehicular traffic was interrupted, and the population was affected by fear and bewilderment. This occurred in the capital city and in other areas of the country. We reiterate that these are publicly known and notorious facts (…) Eighth: We likewise file a private complaint regarding the act committed during the afternoon of 3 de setiembre de 2019 outside the Legislative Assembly, when La Nación journalist [Nombre 004] was attacked by the mob at the clear instigation of the person complained against. Through his intervention, he not only incited an assault but also interfered with the practice of journalism and denied the public its fundamental right to information.

The event was placed on record (sic) in the news media and in the interview with the person complained against broadcast by Repretel in its midday edition on 13 de setiembre de 2019.” (Wording as in the original; boldface added). The foregoing formed part of the matters recited in the background section of the judgment under appeal. However, an examination of the private complaint itself—which was admitted in its entirety in the order committing the case for trial (auto de apertura a juicio)—shows that it contained other factual allegations, namely: “3. In recent times, as demonstrated by publicly known and notorious facts, that gentleman has exceeded the bounds of propriety in his speeches, actions, and decisions, to the point that he has not only unlawfully abused his right to express opinions but has also, through his conduct, violated the law and other fundamental guarantees of the public, which chooses to demonstrate not through violence or coercion but through the appropriate instruments of the rule of law. 4.

Through his speeches and actions, that gentleman has sought to destabilize the constitutional order by inciting violence and the activities of groups that intentionally disrupt the free movement of citizens, young students, children traveling to their educational institutions, and many workers who must report punctually to their jobs. Indeed, a few days ago, through his statements, he caused persons guided by his targeted negative remarks and improper actions to physically attack a member of the press who was attempting to perform his work. 5. A few days ago, in connection with a purported strike called by medical and allied-profession unions, he incited the masses to react and deny the provision of essential services such as health care, endangering the lives of many people through the mass cancellation of appointments and scheduled surgeries. Medications were withheld, all in a manifest affront to and violation of fundamental human rights.

This was recorded by the press and other news media. These are publicly known and notorious facts. (…) 7. We formally file this private complaint against that gentleman because, as he stated, he has sought to mobilize his followers and other labor movements toward an extortionate assault on the public and the government by carrying out a nationwide stoppage lasting between 24 and 48 hours, from border to border.” (Points 1 and 2 also appear there but are omitted from the preceding transcription because they identify the accused and describe the duration of his union activity, matters that do not constitute allegations as such but are merely descriptive; boldface added). This latter private charging instrument adds other legal characterizations, such as obstruction of a public roadway and rioting as an instigator (see the corresponding private-complaint file). iii.

The private complaint (querella) filed by attorney Navas and the remaining 81 persons was submitted on 23 de octubre de 2019 and admitted on that same date. After the prosecution’s charging instrument (acusación fiscal) was filed, in agosto de 2020, it was served on the Procuraduría General de la República, which instituted its own private complaint (see the private-complaint file and service of the charging instrument at folio 161 of the main case file). iv. A civil action for damages (acción civil resarcitoria) was also brought solely by the Procuraduría General de la República, which claimed social harm (daño social) in the amount of one million colones, a claim that it maintained throughout the proceedings (see that party’s private-complaint file at folio 2, civil-action file at folio 1, and closing arguments at trial at folio 458). v. Four witnesses testified at trial, the first two being members of “Movimiento Ciudadano Costa Rica” (Rubén Hernández Valle, Gloria Navas Montero), who were not present at the meeting but learned of it through the media, and the other two having been offered by the defense (César López Dávila and Walter Quesada Hernández), who, although they attended the meeting, did not recall the exact terms used by the accused; the statement of the person under investigation (indiciado) was heard (he referred to the context of his speech without admitting that he had uttered those phrases), and the following were admitted as documentary evidence: the complaints and the accompanying documentation at folios 1 to 17, 124 to 129, and 130 to 134; a pleading bearing the signatures of various persons at folios 18 to 119; seizure record number 0064696 and the items described therein at folio 141; the O.I.J. reports, one from the Sección de Inspecciones Oculares, number 1816-DC-SIOERI-2019, at folios 148 and reverse, and another from the Sección de Delitos Varios, number 059-DVDC-2020, at folios 154 and 155; the certification of convictions at folio 251; and, as physical evidence, a gold-colored DVD-R disc bearing the legend 19-647-619-PE; a silver-colored Maxell DVD+R disc bearing the legend “video [Nombre 001]”; a silver-colored Maxell DVD-R disc bearing the legend “citizens’ signatures”; and a white “Transcend” 4GB USB device. vi.

The judgment’s findings of fact (hechos probados) established that the accused was a union leader, that he participated in a private nationwide meeting held on the date and at the location alleged (09 de setiembre de 2019 in the auditorium of the Conferencia Episcopal de San José, within the framework of the “Movimiento de Encuentro Social Multisectorial” group), and that, without his having authorized the recording of his voice or image, he was filmed while presenting his proposals to those in attendance, although the original video could not be located. It was further established that the defendant had no prior convictions. vii. The intellectual and legal assessment of the evidence was set out collectively in Considerando III (pages 30 to 40 of the judgment), which states the following grounds for the accused’s criminal acquittal: a) the conduct alleged does not satisfy the elements of the charged offense (public incitement (instigación pública)) or of any other offense; b) although this is not a political trial, as the accused claims, the parties notably failed to analyze the evidence, including even the documentary evidence, and digressed into matters unrelated to the issue to be proved (thema probandum), such as the 2018 national strike movement, about which they had not questioned witnesses in order to link the accused to it; c) the parties did not analyze how the video was obtained, and the prosecuting authority merely stated that this was an abstract-endangerment offense (delito de peligro abstracto)—a proposition the judge accepted as valid—without identifying the evidentiary basis for establishing it, because there is a police report (059-DVDC-2020) stating that the original video was never seized, making it impossible to determine whether the video published by the media and viewed in the courtroom had been edited; d) at second 18, the video submitted by one private complainant (gold-colored DVR-R bearing the legend 19-647-619-PE) contains a cut and is not, as stated in the charging instruments, the original video, but rather “…a Repretel video in which Ms.

Gloria Navas is interviewed, which shows that the parties came to trial without an adequate command of the evidence” (page 32 of the judgment). Moreover, the silver-colored Maxell DVD-R disc bearing the legend “video [Nombre 001]” was a copy, shows a modification date of 12 de setiembre de 2019, and “...for purposes of analyzing its authenticity, as recorded at folio 147, it was necessary to have the original video, and therefore, by means of a prosecutorial request to the Organismo de Investigación Judicial, as recorded at folio 148, the seizure of the original video containing the accused’s statements was ordered; those steps were carried out through report N° 059-DVDC-2020 of the Sección de Delitos Varios, appearing at folios 154 and 155 and constituting duly admitted evidence, which states regarding the relevant step: ‘CRhoy responded that they were unable to find the original videos of their journalists’ recordings’; consequently, the original video could never be analyzed to determine not only the authenticity of the copy submitted as evidence, but also the conditions under which it was obtained, because identifying the journalist or correspondent who recorded it would have made it possible to interview that person and offer that person as a witness to determine whether the press had unrestricted access to that meeting and/or whether there was consent for those statements to be recorded; only then could both the public nature of the statements and the defendant’s knowledge of that circumstance have been deemed established, but this remains unknown at this time, to the extent that it cannot instead be ruled out that the offense of improper recording of oral statements (captación indebida de manifestaciones verbales) was committed” (Cfr. judgment, pages 37-38); e) the State representative (the judgment does not specify which of the two it means, as both the Ministerio Público and the Procuraduría General de la República participated in that capacity) failed to substantiate the assertion that the event convened was public; f) the showing of a video in the media, without knowing who recorded it and without authorization to do so, does not make the meeting public; g) the accusers bear the burden of proof and failed to establish essential elements of the offense; h) the only attendees of the meeting who testified at trial, as well as the accused himself, said that the event was private (as the prosecutor accepted in his closing arguments, according to page 36 of the judgment), the statements were allegedly made in a private place (the latter being characterized as an undisputed fact on page 36 of the judgment), and that was not disproved, because although Navas stated that farmers from San Carlos told her they had attended and witness López Dávila stated that representatives of civil society were present, that does not make the meeting public, particularly because it was held in private premises and the accused said that it was private and that each union determined how its representatives were invited; i) it is unacceptable to reverse the burden of proof and assert that, because the defense witnesses said they did not know the details of how the meeting was convened, the meeting was therefore not private; j) the representative of “Movimiento Ciudadano Costa Rica” stated that the accused had confessed because he had publicly admitted making the alleged statements and had said that he would not back down, but she did not identify the evidence from which she drew that conclusion; if he had admitted it in that manner during another television interview, that interview was not offered, and arguments concerning that point were presented only in the closing arguments at trial, rather than through the questioning of witnesses or other formally admitted evidence, while at trial the defendant denied the charges; k) “…although the private complainant, in the private complaint she filed on 23 de octubre del 2019, requested as evidence that Repretel provide the noon video from 12 and 13 de setiembre del 2019, containing the respective interviews with Gloria Navas and [Nombre 001], an adequate review of the evidentiary record would have revealed that ultimately the only video seized from Noticias Repretel, pursuant to record N° 64696 at folio 138, was the interview with Ms.

Navas, because in her complaint—see reverse of folio 125—she stated that both interviews had taken place on 12 de setiembre del 2019, and that was therefore what the Ministerio Público requested according to folio 135; if the party believed that this was not the evidence required in accordance with her theory of the prosecution, she could have raised the issue at the appropriate procedural time, which she did not do, to the point that when the submitted videos were played, she stated that the video in question was missing without providing further details…” (cf. judgment, folio 477); l) the prosecution witnesses (Hernández and Navas) did not witness the event but learned of the facts through the media’s dissemination of the video; it cannot be inferred from the information they provided that the event was public; m) the offense of public incitement was not established, the trial court states, because that offense, provided for in section 280 of the Código Penal and punishable by imprisonment from six months to four years, does not refer to just any offense, but to one affecting public peace, which is also where that criminal offense is classified (under Title X, “Offenses against public peace” (“Delitos contra la tranquilidad pública”)), together with others such as unlawful association (asociación ilícita), support and services for terrorism (apoyo y servicios para el terrorismo), public intimidation (intimidación pública), and glorification of crime (apología del delito).

The accusers, however, did not charge the accused with any of those offenses, but rather with interference with public services (entorpecimiento de servicios públicos) and obstruction of a public roadway (obstrucción de la vía pública), which are classified under Title IX, “Offenses against public safety” (“Delitos contra la seguridad común”); n) the fact that an event generates widespread alarm, chaos, or concern (as the accusers argued)—the trial judge continues—does not mean that public peace is affected for purposes of establishing the elements of the offense, because the Código Penal contains a specific title establishing which offenses protect public peace as their legally protected interest (bien jurídico tutelado). To interpret it otherwise would constitute an expansive interpretation and fall into the excesses committed by the representative of the Procuraduría General de la República when she stated that even a robbery affects public peace, which violates article 2 of the Código Penal; ñ) in Costa Rica, the offense of public incitement is narrower than in other legal systems, such as those of Colombia and Argentina (which are reproduced in the challenged judgment), where the offense does not limit the commission of the unlawful act to the impairment of a specific legally protected interest, as it does in our jurisdiction; o) the offenses of obstruction of a public roadway and interference with public services do permit incitement, but through the general form provided for in article 46 of the Código Penal.

However, if [Nombre 001] had been considered to have acted as an instigator of those offenses, the charging instruments would have had to be worded differently: first, because the acts would have had to have been committed; and second, because their perpetrators would have had to be individually identified in order to establish that the accused was the person who induced them to commit the criminal acts. The judge distinguishes between the two forms by explaining that general incitement (instigación genérica) requires the will of a specific person to be influenced, whereas public incitement, because of its public nature, entails influencing the will of a group or unspecified persons. For that reason, she continues (relying on references to Manzini and Quisbert), public dissemination (publicidad), in Costa Rica, is part of criminal intent (dolo).

None of this was proven in the specific case, the judge concluded, because those words were not followed by any acts implementing those closures; p) nor was the seriousness of the incitement (instigación) established, since incitement entails inducing or prompting a person to commit a crime, not merely expressing an idea, making a proposal, or offering advice. Given that he is accused of saying, “I believe that the national-strike theory is correct; we need to propose a major national strike, but a real one, not a charade: close the borders, close Route 27, close Route 32, close Ochomogo...” that would not constitute incitement, but rather a proposal made in the context of social-protest speech, because the manner and timing of the proposals are not specified. Hernández Valle stated that those words went unheeded, which demonstrates their lack of seriousness; q) Citing legal scholarship that, in turn, refers to Argentine case law, the judgment states that similar cases are protected by freedom of thought and expression, both constitutional guarantees. viii.

The civil action for damages (acción civil resarcitoria) brought by the State, represented by the Procuraduría General de la República, was dismissed in recital IV (considerando IV) (one paragraph on page 40 of the judgment) because subjective liability (responsabilidad subjetiva) had been alleged and, since it was not established that the accused committed the acts, there was no causal nexus (nexo causal). ix. The losing parties were ordered to pay costs (costas), in both the criminal and civil proceedings (recital V (considerando V), pages 41-42), because it was found that there was no plausible basis for litigation in view of the evidence submitted and the aforementioned absence of the elements of an offense (atipicidad); the private prosecutions (querellas) were based on evidence different from that offered and admitted, and whether that evidence was relevant or erroneous was not established until trial.

(B) Consideration of the claims. First, the prosecution witnesses (declarantes de cargo) (Navas and Hernández) were indeed not eyewitnesses; they were not present at the meeting where, according to the accusation, the challenged opinions were allegedly expressed. Accordingly, nothing they contributed makes it possible to determine how the audiovisual material was obtained or the nature of the meeting—that is, whether it was public or private—much less the content of what was discussed there, of which they learned through the news media. Now, because this is a criminal proceeding, the obligation to prove all constituent elements of a crime (act, statutory definition, unlawfulness, and culpability (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad)) rests with the accusers, not with the person accused of the offense; to hold otherwise would reverse the burden of proof and violate the constitutionally guaranteed status of innocence (estado de inocencia) (Article 39 of the Constitución Política), which is also guaranteed by international conventions (Articles 8.2 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos—hereinafter CADH—and 14.2 of the Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, among others).

It follows from the status of innocence—formerly and incorrectly called the presumption of innocence—that, where factual circumstances are in doubt, the interpretation most favorable to the accused must prevail (Article 9 of the Código Procesal Penal). For this reason, if the accusing parties did not submit evidence concerning the nature of the meeting—that is, whether it was public or private—but the evidence presented at trial instead showed that it was held in a private venue and was restricted to representatives of various social movements, a matter also addressed by the accused, the appellants are mistaken in contending that the lack of evidence on that point should prejudice him. Rather, the interpretation most favorable to him must prevail—namely, that the meeting was private (because, as discussed below, this implicates constitutional and treaty-based guarantees subject to additional requirements)—an aspect also mentioned by the witness Juan López Dávila (“I remember an event in which I participated in September 2019; yes, I remember it because of everything that happened afterward.

It was a closed-door discussion held in the auditorium of the Conferencia Episcopal on Calle 20. That was a private activity; it was not a demonstration, but a discussion for exchanging ideas, of the type usually held periodically, especially when public policies affect workers. It was a gathering of several labor-union groups and several civil-society groups; it was a multisectoral gathering. That is the auditorium of the Conferencia Episcopal, which rents it out for activities; because it was a private activity, the organizers looked on the market for options meeting the necessary capacity and sound-system requirements. Approximately 18-25 people may have spoken in the first round (...) the news media were not invited; it was a debate in the realm of ideas. We are talking about social positions. No news outlet was invited; it was not a public activity. The purpose was to ensure that no one felt compelled to respond because of what social science calls social desirability.

Neither the filming nor the dissemination of the event was authorized, in order to respect the privacy of the persons present. I heard most of the speeches (...) among the persons who spoke was Mr. [Name 001] (...) Yes, I remember a video that circulated through several news outlets; I remember CRhoy and several television outlets. I remember that the video appeared to have been recorded secretly, from behind, in a corner. It is quite short. [Name 001]’s remarks usually lasted approximately five minutes; the video does not correspond to that. I remember seeing a cut, and I cannot avoid thinking that it does not reflect everything that was said, because of the cut and its length, and often, when participating, one must refer to what people said three or four turns earlier. An excerpt from a person’s remarks does not convey the spirit of what was presented.” (See judgment, folios 467 verso and 468; emphasis supplied)).

Ms. Navas herself concedes the same point in the appeal; consequently, no contradiction or erroneous assessment can be found in the decision to deem the meeting private. Ms. Navas nevertheless objects that the established facts did not state that, although the event was “private in nature (...) it came to the attention of the public” (see folio 500; boldface added). Regarding this specific issue, namely dissemination to the public, the trial judgment could not deem it established because it proceeded from the theory that the audiovisual material constituted unlawfully obtained evidence (prueba ilícita) and that, consequently, everything derived from that tainted source was likewise unlawful. The challenged decision reached that conclusion for two reasons: a) because the accused did not authorize the capture of his image and voice, and the recording, as the aforementioned witness López Dávila stated, appears to have been made surreptitiously from the rear of the room, while the meeting was private; and b) because, although videos were submitted, they had been manipulated—one had been cut and the other edited—thereby casting doubt on the chain of custody (cadena de custodia) of the material and on whether what was captured reflected what the accused intended to say and actually said, since it may have been taken out of context.

Both findings are inferential and were reached in accordance with the rules of sound reasoning, and this Court discerns no errors in the argument. Indeed, if there is no evidence whatsoever establishing that the event was freely accessible and open to the public, it must be deemed private and, within that framework, protected by the right of assembly and by the right to privacy governing the recording of persons’ voices and images, both of which are regulated by the Constitución Política (Articles 24 and 26) and by international treaties (Articles 11.2 and 15 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos and 17 and 21 of the Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). The witness Rubén Hernández Valle himself, in his early legal writings, referred to the importance of that determination: “...a meeting will be private, even if held on public-domain property intended for general use (a street, square, public monument, etc.), when, because of the manner in which it is conducted, only previously identified persons—who generally know one another—may participate (Example: meetings of members of an association [...] a group of tourists [...] meetings of political-party associations [...]).

Thus, in contrast to meetings held in places open to the public, private meetings are defined as those whose participants know one another, or have an effective opportunity to become acquainted before or during the meeting (...) With respect to public meetings, the principal basis for their possible dissolution consists of (...) With respect to private meetings, such powers must be denied, since this type of meeting is instead governed by the rules concerning the protection of the home and the freedom and confidentiality of communications.” (See Hernández Valle, Rubén, 1980. Las libertades públicas en Costa Rica. Editorial Juricentro, pp. 141-142; emphasis added. To the same effect, by the same author and publisher: El derecho de la Constitución. Volume II, 1993, page 521). For its part, the Corte Interamericana de Derechos Humanos (hereinafter Corte IDH), in interpreting the CADH, has stated: “171.

The right to protest or express disagreement with a State action or decision is protected by the right of assembly enshrined in Article 15 of the Convención Americana (...) The possibility of demonstrating publicly and peacefully is one of the most accessible means of exercising the right to freedom of expression, through which the protection of other rights may be demanded. Therefore, the right of assembly is a fundamental right in a democratic society and must not be interpreted restrictively (...) 174. (...) the Court recalls that the right of assembly is not an absolute right and may be subject to restrictions, provided that the interference is neither abusive nor arbitrary; accordingly, such restrictions must be prescribed by law and pursue a legitimate aim...” (Corte IDH. Case of Women Victims of Sexual Torture in Atenco v. Mexico. Judgment of November 28, 2018; emphasis supplied).

Some of the statutory restrictions arise from the possibility of searching homes and private premises (Articles 193 to 197 of the Código Procesal Penal); in this matter, however, there was no judicial search warrant, nor did any of the exceptions permitting a warrantless search apply (there was no threat to the lives or property of those present through fire, flooding, or similar disturbance; no unknown persons were seen entering with manifest indications that they intended to commit unlawful acts; no person pursued for a serious crime entered the premises; and no voices from inside were heard calling for help). Consequently, those present were exercising a constitutional and treaty-based right of assembly, within a framework that also reinforced other rights, such as the right to privacy, which is further developed by statute in the Código Civil (Article 47: “A person’s photograph or image may not be published, reproduced, displayed, or sold in any manner without that person’s consent, unless such reproduction is justified by the person’s notoriety, the public office held by that person, the needs of justice or law enforcement, or when such reproduction relates to facts, events, or ceremonies of public interest or taking place in public.

Stereotypical images and photographs that reinforce discriminatory attitudes toward social sectors may not be published, reproduced, displayed, or sold in any manner”; emphasis added) and in the Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones, sections 1 and 9, which require judicial intervention for such rights to be affected, none of which occurred in the present case. Indeed, the right to privacy (derecho a la intimidad) and to express views in private spaces receives such heightened protection that, as the trial judge correctly reasoned, violation of those provisions is punishable as a criminal offense under section 198 of the Código Penal, which states: “Unlawful interception of verbal statements. Article 198.-Anyone who, without consent, records the words of another person or persons that are not intended for the public, or who, by technical means, listens to private statements not directed to them, except as provided in the Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones, shall be punished by imprisonment for one to three years.

The same penalty shall be imposed on anyone who installs devices, instruments, or parts thereof for the purpose of intercepting or preventing oral or written communications, whether or not they achieve their purpose” (boldface replaced). Although that offense is subject to public prosecution (acción pública) and could have been reported by anyone, not necessarily by the affected person (Articles 16 to 18 of the Código Procesal Penal), had judicial proceedings been initiated earlier, the statute of limitations (prescripción) would already have run by this date unless there were grounds for tolling (the meeting allegedly took place on 09 de setiembre de 2019, and the maximum penalty is three years, meaning that under ordinary circumstances the prosecution would have become time-barred on 09 de setiembre de 2022). Nevertheless, this does not preclude the conclusion that, because the conduct is criminalized, obtaining the material under those circumstances for other purposes is unlawful.

This entire line of reasoning has been supported by the case law (jurisprudencia) of the Sala Constitucional itself (binding erga omnes pursuant to Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). For example, judgment number 1026-94 stated: “Section 24 of the Constitución Política enshrines the fundamental right to privacy. It constitutes a sphere protecting citizens’ private lives. Privacy comprises those phenomena, behaviors, data, and circumstances of a person that are ordinarily withheld from the knowledge of strangers and whose disclosure to them may cause the person moral distress by offending their modesty and sense of reserve, unless that person consents to such disclosure. Although events occurring inside a citizen’s home must necessarily be regarded as part of private life, events occurring in offices, friends’ homes, and other private premises may also fall within that sphere.

Thus, the constitutional rights to the inviolability of the home, private documents, and communications exist to protect this privacy, which is an essential right of every individual…” (boldface added); likewise, in judgment number 6776-94, the constitutional court stated: “The right to privacy has a positive content that manifests itself in multiple forms, such as the right to one’s image, home, and correspondence. For the Sala, the right to private life may be defined as the sphere into which no one may intrude. Freedom in one’s private life is the recognition of an area of activity belonging to each individual, and the right to privacy limits interference by other persons or public authorities in a person’s private life; this limitation may apply both to the observation and capture of images and documents in general and to the listening to or recording of private conversations, as well as to the subsequent dissemination or disclosure of anything captured or obtained without the affected person’s consent…” (emphasis supplied).

If, despite all the foregoing, someone captured the accused’s voice and image at a private meeting without his consent and without any of the statutory exceptions applying, and then disseminated them, the only possible conclusion—if we are speaking in terms of legal reasoning—is that the submitted material was unlawful under the second paragraph of Article 181 of the Código Procesal Penal, which provides: “Information obtained through (…) deception, improper intrusion into the privacy of the home, correspondence, or communications (…) or information obtained by any other means that impairs a person’s will or violates their fundamental rights may not be used” (emphasis added). If the video was unlawful, as it indeed was (because it was captured at a private meeting and the accused did not authorize dissemination of his image and voice), then neither what Navas and Hernández said about its contents nor what any other witness said could be considered, because the fruit-of-the-poisonous-tree doctrine (teoría de los frutos del árbol envenenado) also taints those references.

It should be recalled that, under this doctrine, not only evidentiary references derived directly from a violation of fundamental rights are inadmissible—as the video recording would be in this case—but also all those derived indirectly, such as witnesses’ references to the video’s contents, unless there is an independent source or inevitable discovery (among other exceptions, only these are recognized in our legal system), none of which was even discussed, much less supported by evidence. Any other conclusion would make it very easy to violate people’s fundamental rights, discard the principal document or evidence, and treat as valid the testimony of those who examined its unlawful contents, a practice unquestionably harmful in a State governed by the rule of law (Estado de Derecho). Moreover, even if the audiovisual material were lawful—which, as already stated, it is not, and this is mentioned solely as an analytical hypothetical—the original document was not submitted either, because the police were unable to seize it, and the versions delivered contain obvious cuts and dates different from the date on which the events occurred, which are indications that they were manipulated.

It must be recalled that chain of custody (cadena de custodia) refers to the process used to guarantee that a particular item of physical evidence seized at the scene where the event occurred is the same item subjected to forensic examination or introduced at trial, the purpose being to ensure its integrity and any direct or circumstantial evidentiary value it may possess. This doctrine also applies to digital and video evidence, which is characterized by its volatility and ease of manipulation; hence the need to preserve the identity between what was seized and what was presented at trial, and to ensure that it has not been altered. The steps encompassed by the chain of custody and requiring protection have been addressed both in constitutional case law (binding pursuant to Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional) and in the case law of the Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (also binding pursuant to section 62 of the CADH and references by the Corte IDH itself, including in the decision Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, judgment of 26 de septiembre de 2006).

In the former context, judgment number 5831-96 stated: “II. Compliance with the chain of custody in the collection of evidence may be analyzed from two different perspectives. From a strictly evidentiary standpoint, evidence will be more effective if it is genuinely established that it was handled correctly from its discovery at the crime scene or the place where it was found through its actual introduction into the proceedings. The discovery, recovery, documentation, collection, transportation, and custody of evidence or physical items serving as proof of the criminal act require specialized technical expertise and are therefore often entrusted to qualified judicial police personnel so that the evidence is neither altered nor contaminated by external factors and, where appropriate, its integrity is preserved for the purposes of more detailed chemical, physical, or other analysis. This process is generally documented in multiple ways: through close-up photographs and photographs identifying and showing the general location of objects, videos, official records, and the corresponding packaging or securing of those objects.

Any defect or omission in this procedure may undermine the integrity of the collected evidentiary item, including with respect to its correct location at the scene or how it is linked to the accused’s criminal responsibility. Chain of custody may also refer exclusively to matters concerning the legality of the evidence—that is, whether it was collected by persons authorized to do so; whether the prescribed procedural formalities were observed, such as the existence of a reasoned judicial order in search cases or the preparation of the corresponding official record with attesting witnesses; and whether the appropriate acknowledgments of receipt exist at the various offices to which the physical evidence was transferred, specifying the time and the nature, weight, and quantity of the objects—so that, procedurally speaking, the evidence’s lawful trail may be followed and it may be validly introduced into the proceedings.

III. The first of the aforementioned dimensions of the chain of custody concerns the assessment of evidence. Determining whether minimum security standards were observed when collecting evidence forms an integral part of the rules of sound judicial evaluation (reglas de la sana crítica), and therefore failure to observe or properly assess those standards violates due process (debido proceso). As to the legality of producing and introducing such evidence into the proceedings, due process is impaired because every accused person has the right to be tried on the basis of legally valid evidence. It shall be for the consulting Sala to determine whether, in the specific case, chain-of-custody defects occurred in the two aforementioned spheres and what effect they had on the judgment challenged by the appellant.” (Boldface added). Likewise, decision number 6469-99 of that Sala added: “(…) the significance of defects in the chain of custody depends entirely on the significance of the evidentiary item to which it pertains; accordingly, such a defect will constitute an infringement of the right to due process only when it occurred within the procedure for producing evidentiary items essential to proving the alleged act, in the sense that the absence of that evidence makes it impossible to attribute the act to the accused.

It is therefore for the consulting Sala to determine whether the conditions just described exist in the specific case, since, if they do and the evidence’s chain of custody was indeed violated, due process would have been violated in the underlying case giving rise to this consultation.” (Emphasis added). Finally, the Corte IDH has stated: “193. Furthermore, due diligence in an investigation (…) requires maintaining the chain of custody of every item of forensic evidence. This consists of keeping an accurate written record, supplemented as appropriate by photographs and other graphic materials, to document the history of the evidentiary item as it passes through the hands of the various investigators assigned to the case.” Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Judgment of 19 de mayo de 2014 (emphasis added).

Thus, it is clear that respect for the chain of custody (cadena de custodia) forms part of due process of law (debido proceso legal), and its violation has consequences for the validity of the evidentiary item (elemento probatorio) and whether it may be assessed. If, in this case, it is impossible to determine whether the video submitted was cut, edited, or otherwise manipulated (because the original could not be seized), and there are indications that it was (a crude cut and a date in the file metadata that does not correspond to the events), that material could hardly be assessed, particularly since, as stated, its recording was also unlawful. It was not incumbent upon the defendant (or the union he represents) to allege the unlawfulness of that material, nor was anyone required to do so for the legality of that evidence to be analyzed, because the burden of proof (carga probatoria) rests with the private prosecutors, and both the prosecutorial authority and the court must ensure that evidence received and used to support a decision is lawful (Articles 63, 175, 180 and 181, second paragraph, of the Code of Criminal Procedure); it is therefore surprising that the Public Prosecution Service disregarded its duty of objectivity.

Note that the final article is mandatory: “Information obtained through (…) deception, improper intrusion into the privacy of the home, correspondence, communications (…) or information obtained by any other means that undermines a person’s will or violates the fundamental rights of persons may not be used” (emphasis added). The provision clearly establishes that no complaint whatsoever is necessary (as the prosecutor argues), nor must this be alleged for it to be declared. Accordingly, because neither the original document nor an expert report permitting verification that the submitted recording had not been altered was presented, it could not properly be weighed, particularly in light of the aforementioned manner in which it was obtained. It should be noted that, without prejudice to the more detailed discussion in the following subsection concerning publicity as an element of the criminal offense (elemento del tipo penal), whether the location was public or private is relevant here in determining not only that element of the offense, but also the lawfulness of the recording and of the evidentiary material (an issue overlooked by all appellants).

Because the meeting was held in private premises where no such authorization existed (for public entry or recording by any means), the evidence is unlawful, since the constitutional guarantee protects private spaces and the meetings and expressions occurring therein. Nor is it true that any evidence was introduced at trial from which the defendant’s endorsement, consent, or acceptance of the making or use of that recording could be inferred, or from which it could be concluded that he acknowledged having made the statements, because he denied the charges and, throughout his extensive statements (both at trial and during the oral hearing before this court), referred to the sociopolitical context prevailing in the country and to union struggles (see folios 472 verso to 475). None of the three accusers specifies what evidence would support that assertion, and this omission is explained by the fact that no such evidence was introduced because, if it existed, it was neither offered nor admitted and, according to the legal maxim, what is not in the proceedings does not exist in the world.

A judgment could therefore hardly refer to evidence that had not been admitted, even if it existed (which is also doubtful). Yet even if one were to accept, again hypothetically for analytical purposes, that the submitted videos were lawful and admissible and that the chain of custody had not been violated, it still would not be possible to infer from them, as a matter of evidence, that the defendant made statements by which his conduct fell within the statutory elements of the offense of public incitement (instigación pública). According to the trial judgment (which the appellants do not dispute), in the audiovisual document submitted (already stated to have been obtained unlawfully, but mentioned here hypothetically and in the alternative), the defendant is heard only saying, “I believe that the nationwide strike proposal is correct; we must propose a major nationwide strike, but a real one, not just for show; close the borders, close Route 27, close Route 32, close Ochomogo...” and the video cuts off.

It is therefore unknown whether [Nombre 001] is advocating that position or whether, for example—and this is not the only possibility—he is referring to something someone else said in order subsequently to refute or analyze it. None of this can be inferred because of the abrupt cut in the recording, an edit that reveals the recorder’s aim (unlawful, it should be recalled) of preventing the recipients of the message from knowing the communicative context. It is not without reason that linguistics and communications (and therefore journalism) emphasize the need to understand communicative contexts (historical, cultural, and social; linguistic and situational) in order to make sense of a text, since the text often serves as a pretext for variations in the meaning of its literal wording (Cfr. Johnson Barella, Doris, 2005. Literalness in the Use of Direct Quotations in News Reports of the Navarre Regional Press.

Two Cases: Diario de Noticias and Diario de Navarra. In: Communication and Society Journal, volume XVIII, No. 2, pp. 109-140; and López Pan, Fernando. Did He Really Say That? Certain Ethical Implications of the Use of Direct Quotations in Journalistic Texts. At https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/35259/1/%C2%BFRealmente%20ha%20dicho%20eso%20Algunas%20implicaciones%20%C3%A9ticas%20en%20el%20uso%20de%20citas%20directas%20en%20los%20textos%20period%C3%ADsticos.pdf). The latter author warns: “Linguistic research, particularly research related to discourse analysis, shows how every quotation—including a verbatim one—entails a fictionalization of contexts, an intervention in which the person quoting controls the quoted material and uses it within that person’s own discursive strategy. This does not refer to blatant manipulations in which someone is made to say something they did not say or their statements are intentionally distorted” (p. 108).

Specifically regarding situational context, it is necessary to know the set of data accessible to the participants in a conversation that is drawn from the immediate physical environment. None of this can be achieved through a recording lasting only a few seconds and cut off at both its beginning and its end. Thus, even assuming hypothetically that everything was lawful (the recording, the recordings themselves, their custody, etc.), it cannot be concluded from an excerpt taken in this manner that the accused was inducing others to commit an offense. Moreover, because the prosecution witnesses, Navas and Hernández, merely repeated what they had heard in the media (which, as may initially be inferred from their testimony, had already been edited), their statements likewise add nothing to substantiate the alleged criminal conduct. The decision is not seeking to rely on a system of predetermined evidentiary weight (prueba tasada), as the prosecutor claims, but rather on lawful evidence, as every court is required to do, a quality not possessed by all the evidence submitted.

Private prosecutor Navas has insisted that consideration be given to the harm that she and witness Hernández Valle stated they felt as a result of the events, as well as that expressed by other persons who filed complaints and private prosecutions and granted her authority to bring the action (although they did not testify at trial). This, however, is irrelevant because, even if it were hypothetically assumed (solely for analytical purposes) that such harm occurred and was substantial, that does not cure the failure to establish that the defendant committed the act, given that the evidence identifying him is either unlawful (because of the manner in which it was recorded and the unreliability of what was reproduced) or does not permit that accusation to be made reliably or plausibly, as previously discussed. Finally, although the parties referred to other prior strike movements and to the effects that, in their view, those movements produced as a modus operandi, they submitted no evidentiary material in that regard; their assertions are therefore merely statements lacking evidentiary value. For all the foregoing reasons, these claims must be rejected.

III.For her part, attorney Margot Avellán Ruiz, counsel representing the State, began her appeal (recurso) by setting forth, as background, the facts supporting the civil action for damages (acción civil resarcitoria) and a summary of the decision in the judgment under appeal (sentencia recurrida). She then states, as her first ground for complaint, that the decision lacked a statement of reasons because the rules of sound judicial reasoning (sana crítica) were disregarded with respect to evidence or evidentiary elements of decisive value, and because substantive law (ley sustantiva), particularly Articles 280, 263 and 263 bis of the Criminal Code, was not applied. She says that the defendant (encartado) was acquitted on the grounds that the acts did not constitute a criminal offense and that there was no evidence that he had committed public incitement (instigación pública). She reproduces the content of the article and doctrinal references by the author Carlos Creus (Derecho Penal, parte especial, 1997, pág. 105) and asserts that, based on that author, there is no limitation as to the offenses that may be deemed to have been incited, provided that, for the offense to be established, they qualify as crimes, even if they are not contained in the principal criminal statute itself.

She adds that any restriction regarding the criminal offenses to be considered must be contained in the provision and, if none exists, all criminal offenses established in criminal legislation generally may be applied in the alternative. She considers that another component of the cited criminal offense (tipo penal) relates to its consequences, since the unlawful act is established “without it being necessary for the act to occur”; therefore, this is an endangerment offense (delito de peligro), that is, one in which the legislature, in defining the criminal offense, has taken into account the probability that the protected legal interest (bien jurídico tutelado) may suffer harm as a result of the conduct carried out by the perpetrator, without proof or confirmation that such harm actually occurred being necessary. She cites decision number 2016-0235 of the Criminal Judgment Appeals Court of San José (R.

Badilla, E. Montero and G. Mena) and adds that, according to the aforementioned Argentine author (págs. 106-107), this is an offense of simple conduct (delito de actividad simple), which requires at least one person to have been incited, although, if the means used is suitable, there may be an attempt (tentativa), without it being necessary for the incitement to reach or potentially reach an indeterminate number of people. Accordingly, the appellant adds, it is not necessary for the crime to have occurred, but merely for the protected legal interest to have been exposed to risk: incitement alone establishes the offense. She refers to the subjective element (aspecto subjetivo) of the offense and to Creus’s position (in the cited work, página 106) that something more than the mere intent to incite is required, since there must be an intent that the act incited actually be carried out. From this, she concludes, follows knowledge that the act being incited is a crime, while accidental or indeterminate statements are excluded.

She says that the trial court, in an untenable attempt to acquit the defendant, parses the provision as though its content included the same elements found in similar provisions of other Latin American laws, reproducing offenses from Colombia and Argentina and the doctrine supporting them, according to which publicity is required and incitement within a private venue is therefore impossible. The appellant asserts that the foreign provisions reproduced in the judgment show that they expressly include, as an element of the offense, that the incitement be “public” or carried out “publicly”; although that language appears in the heading of the domestic provision, it is not specifically contained in the offense itself and cannot be supplied through interpretation, since doing so would plainly and improperly usurp the legislative function, which a court has no authority to do. She further asserts that the prohibitory language likewise does not state that the offense incited must be located in Title X of the Criminal Code, as the judgment held, but merely that the conduct incited must be a crime and must disturb public tranquility.

She therefore concludes that the deciding court’s interpretation exceeds what the offense permits, oversteps its function, and encroaches upon the function assigned to the Legislative Assembly. She maintains that the offense seeks to protect the public’s right to order and collective tranquility, regardless of the means used, since the article does not prescribe the means either; it is therefore sufficient that the means be suitable for conveying the message to at least one person whom the perpetrator wishes to incite, without the incited offenses having to be actually committed, since exposure of the protected legal interest to danger is sufficient. In light of all the foregoing, she considers that the proven facts establish the offense of public incitement contained in Article 280 of the Criminal Code, since it was confirmed that [Nombre 001], in his capacity as Secretary of ANEP and while attending a meeting of the “Movimiento de Encuentro Social Multisectorial” on 9 de setiembre de 2019, publicly incited those present, most of whom were union members, through verbal statements to carry out illegal actions that included blocking roads (highway N° 27 between San José and Caldera, N° 32 between San José and Limón, and Route 2 at Alto de Ochomogo in Cartago, where a Recope facility that supplies fuel throughout the country is located), and that he did so with full knowledge that those criminal actions could disrupt public services and obstruct public roads, conduct classified as criminal offenses under Articles 263 and 263 bis of the current Criminal Code, thereby disturbing public tranquility, all for the purpose of forcing the Government to accede to the unions’ demands.

She says that, as evidence of the foregoing, a video recorded while the accused (imputado) was making those statements was played at trial; the public learned of it through news outlets and, without the need for further evidence as the court would require, it may therefore be concluded that the accused committed the offense. She asserts that, irrespective of how the incitement was recorded, it was delivered through a suitable means, in person, before a group of people willing to listen to him. She notes that the defendant did not deny his involvement in the events or retract the words he uttered at the recorded meeting because, in television interviews, he not only displayed an openly self-incriminating and boastful attitude in that regard, but also never denied making those statements or claimed that the recording had been made in violation of any of his rights. She says that the defendant did not display even the slightest annoyance over the video’s broadcast on the news, and that this remains true today; through that attitude—according to the appellant State’s counsel—he ratifies and corroborates the facts alleged in the private criminal complaint (querella).

She adds that none of the matters concerning the video’s publicity or the violation of the defendant’s privacy was raised, disputed, or challenged by defense counsel, and the material is therefore lawful, thereby curing any argument regarding its inadmissibility. Nor has its truthfulness been challenged; it is therefore improper to refer to the “authenticity of the video” (as the judgment does) when no one has disputed that the person appearing in it is [Nombre 001] or that the words heard were spoken by him. She says there is no basis for alleging falsity because a mere visual review—without any expertise in the subject—plainly shows that the person filmed is the defendant, and not the slightest distortion is perceptible in the recording that would support a finding that the images viewed had been manipulated, circumstances that confirm the truthfulness of what was recorded. Nor has the image of the defendant been denied, challenged, or rejected by the defense or the defense witnesses, who, on the contrary, acknowledge that it depicts the union leader accused here.

She maintains that determining how the video was obtained is irrelevant (contrary to the judgment’s position), because its publicity is not an element of the offense. She adds that otherwise, “…all those who seriously incite the commission of crimes could do so with impunity if it occurs within a private venue.” She refers to Article 47 of the Civil Code to establish that, although it prohibits reproducing images without consent, exceptions include the person’s notoriety, the public function performed by that person, the requirements of justice or the police in connection with an investigation, and circumstances in which the recording concerns facts, events, or ceremonies of public interest or taking place in public. She mentions and partially reproduces decisions such as Constitutional Chamber numbers 2014-11715 and 2004-11154 concerning the limits of the right to one’s image (derecho a la imagen), and says that the rights of third parties, freedom of expression, and the public interest of news or information, as provided in Articles 28 and 29 of our Political Constitution, must be added to those considerations.

She concludes that, under those parameters, the validity of the video recording of the accused’s image and voice has a solid legal basis that rules out any notion of illegality, because [Nombre 001] has been regarded for decades as a leader of Costa Rica’s union movement and has continuously and publicly taken a proactive role in strikes and work stoppages, making his national notoriety and significance indisputable. Moreover, he was participating in an event of public interest given its social, political, and labor implications (it was not a family or personal event, but a distinctly union-related event, as the defense witnesses themselves acknowledge); and finally, the person who made the recording was protected by the constitutional guarantee of every citizen’s freedom of expression concerning matters of national relevance, such as that meeting. She describes the video as “entirely authentic, lawful, and valid for evidentiary purposes” and says it shows the defendant inciting a group of union members to block roads, including the road adjacent to the facility of the Refinería Costarricense de Petróleo, from which fuel is distributed to almost the entire country and whose obstruction would entail the paralysis of the country, including public services.

She says that because the allegations concern facts rather than legal characterizations, “…the Court should have analyzed (…) whether the proven conduct constituted the criminal offense charged or any other offense it deemed applicable; had that exercise been carried out, it would not have led to the acquittal now being challenged” (folio 511 vuelto). In addition to the video, she recounts that testimony was received from Rubén Hernández Valle and Gloria Navas Montero (the representative of a group of people who filed a criminal complaint and private criminal complaint in this case), who demonstrated not only the publicity received by the video but also the feelings of fear and helplessness that had gripped the public since the statements made by the defendant [Nombre 001] were published, because those statements foreshadowed a new disruption of public tranquility and consequences like those that affected Costa Rica during the strike movement that occurred in 2018, plunging the Costa Rican population into uncertainty and causing social harm to the community. She insists that the criminal offense as written and the evidence received permitted a conviction.

It reiterates certain prior assertions and considers it untenable to state, as the trial court did, that the statements made constituted an exercise of the constitutional right to freedom of expression and that the offense exists even if the actions said to be forthcoming were not carried out. It requests that the judgment be declared [invalid] and “reversed,” with the case remanded for a new judgment. In a second section of the appeal filed by the private complainant (parte querellante), represented by attorney Navas, reference is made to the classification of the conduct as an offense (tipicidad del hecho) as the basis for the acquittal, and annulment is requested because the criminal offense provision was erroneously interpreted even though it is acknowledged to define an endangerment offense (delito de peligro). It insists that, although the “original” video was not seized, what was broadcast by the mass media constituted a publicly known fact based precisely on that video, from which it was possible to conclude that the incident occurred.

The interview with the appellant conducted by Repretel took place precisely because that video had been made public, and the accused appeared the following day and admitted making the statement; therefore, the question of who recorded it did not negate the commission of the offense. What was reported and known to public opinion—it continues—lent credibility to the existence of the incident and to the legitimacy of what was broadcast and disseminated. The event became known together with the threats it included, and thus the court’s concluding reasoning was marred by illogicality. On the merits, it characterizes as erroneous the interpretation of section 280 of the Código Penal insofar as it holds that the offenses of interference with public services (entorpecimiento de servicios públicos) and the potential obstruction of roads (obstrucción eventual de vías) are excluded from that offense definition; those offenses were mentioned as possible additional consequences of the conduct, without affecting the classification of the principal offense.

It considers that events affecting public tranquility are not limited exclusively to the other criminal offenses contained in Title X of the Código Penal. Public incitement (instigación pública) is one such offense and is independent of the others. It is not necessarily linked to them. It requests annulment of the decision. In their written responses to the appeals, counsel for the accused requested that the challenges be rejected. They reiterate the criticisms made against the Ministerio Público regarding the use of public resources and assert that the appeals fail to overturn “the exclusion of the video or its copies” ordered in the judgment. At the oral hearing, attorney Carlos Meléndez, a prosecutor with the Ministerio Público, stated that it was erroneous to consider that the offense at issue must appear under the title concerning offenses against public tranquility rather than merely affect public tranquility.

He cited ruling number 495-2003 of the Sala Tercera, which does not specify the types of offenses that must be incited for this offense to be established, nor does it preclude its application to interference with services or obstruction of roads. Attorney Margot Avellán, representative of the Procuraduría General de la República, asserted that this is a complete offense, even though it is completed by others, and argued that in Argentina and Colombia public incitement must be carried out in that manner, in public places, whereas in Costa Rica it need not be; instead, that reference (“public incitement”) alludes to the concept of social peace or civic equilibrium, which is affected by the offense, and not to the manner in which it is committed. She adds that these were not mere statements but promises, and that the accused has not denied that the video was genuine; indeed, on one television channel he admitted that it did exist.

The arguments are related and will therefore be addressed jointly; they must be rejected. Once again, the appellants conflate procedural and substantive issues. Regarding evidentiary matters (lawfulness and assessment) and the reasoning of the judgment, reference must be made to the preceding recital (considerando) in order to avoid unnecessary repetition. That is, it has already been explained why the video was obtained unlawfully (a private meeting, a recording not authorized by the accused, no assurance of chain of custody (cadena de custodia), and disregard of the context); why the testimonial references to it were likewise unlawful (the fruit of the poisonous tree doctrine (teoría de los frutos del árbol envenenado), which extends not only to the primary source but also to evidence derived from it, such as the cited statements of persons who merely recounted what they saw on that recording); and why the judgment was adequately reasoned (by requiring lawfully obtained evidence, preventing reversal of the burden of proof (inversión de la carga probatoria), and requiring evidence rather than mere statements as the basis for assertions to be introduced at trial).

Those matters will not be examined further now; it is sufficient to add to what has already been stated that none of the exceptions set forth in section 47 of the Código Civil applies (“A photograph or image of a person may not be published, reproduced, exhibited, or sold in any manner without that person’s consent, unless the reproduction is justified by the person’s public prominence, the public office held by that person, the needs of justice or law enforcement, or when such reproduction relates to facts, events, or ceremonies of public interest or that take place in public. Images and photographs featuring stereotyped roles that reinforce discriminatory attitudes toward social groups may not be published, reproduced, exhibited, or sold in any manner”; emphasis added). It is clear (as follows from the lack of evidence in this case) that [Nombre 001] is not a public official and that no needs of justice or law enforcement existed before his voice and image were captured at that meeting.

The only exception in the provision that could apply to him is public prominence because, as a trade-union leader in the country for several decades, he is a very well-known or readily recognizable or noticeable person, which are meanings of that term. The Procuraduría’s representative, however, interprets the article incorrectly. First, it must be recalled that these are exceptions to a constitutional and human right—that is, a higher-ranking right—and, as such, must be interpreted restrictively: «…under no circumstances may “public order” or the “common good” be invoked as means of suppressing a right guaranteed by the Convention, distorting it, or depriving it of its real substance (see Art. 29 of the Convention). Insofar as those concepts are invoked as grounds for restricting human rights, they must be interpreted in accordance with the “just requirements” of “a democratic society,” taking into account the balance among the various interests at stake and the need to preserve the object and purpose of the Convention» [Cfr.

Corte IDH. Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (Arts. 13 and 19 American Convention on Human Rights). Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 1985, para. 67]. Although the accused is a prominent figure, the cited provision requires that the reproduction be based not only on the type of person involved (as already discussed) but also on the nature of the event, and therefore adds: “…when such reproduction relates to facts, events, or ceremonies of public interest or that take place in public.” It has already been stated above that the events did not occur in a public place (or at least were not proven to have occurred in that manner) and were protected by other constitutional and treaty-based rights (freedom of assembly and freedom of expression). The final phrase is therefore inapplicable, and because it was a private meeting, its contents could not be accessed to determine whether they related to facts or events of public interest, since doing so would have invaded the core of the constitutional right.

That connection could be established only when public acts occurred (if indeed they did), which did not happen. Of course, as the Procuraduría’s representative states, all of this had to be linked to other constitutional and treaty-based rights, such as freedom of expression (but also freedom of association in trade unions and the right to strike, as provided in Article 8 of the Additional Protocol to the ACHR in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, known as Protocolo de San Salvador, ratified by Costa Rica through law No. 7907 of September 03, 1999); however, this involved not only the rights of third parties but also those of the persons participating in the meeting, including the accused, which the appellant curiously overlooks. To understand, as the representative of the State’s legal body troublingly does, that public authorities may intrude upon individuals’ private sphere based on what they say there would be to sweep away all human rights and the historical achievements that constrain power, thereby fostering a fascist state that, depending on what is done or said in private spaces, may disregard every limit.

That is impermissible. It must again be recalled that freedom of assembly forms part of a range of interrelated rights necessary for the full exercise and enjoyment of civil and political rights which, in this particular case, also intersect with social rights such as freedom of association in trade unions. In this regard, it has been observed: «…given that both the Inter-American Court and the Inter-American Commission have on various occasions relied upon decisions issued by other bodies that supervise compliance with international human-rights treaties in order to interpret the content of the rights protected by the Convention, we believe it important on this occasion to make a brief reference to some of the standards developed by ILO doctrine regarding the right of assembly. It should be emphasized in this regard that although the ILO rules concerning freedom of association do not expressly refer to the right to freedom of assembly in any of its conventions concerning freedom of association, its supervisory bodies have extensively developed doctrine relating to the exercise of the right to freedom of assembly in the workplace, treating it as an intrinsic element of freedom of association.

Consistent with the foregoing, for example, the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR) has emphasized that “freedom of assembly constitutes one of the essential elements of trade-union rights.” Likewise, its Committee on Freedom of Association has added that the right of professional organizations to hold meetings on their premises to examine professional matters, without prior authorization and without interference by the authorities, constitutes a fundamental element of freedom of association, and public authorities should refrain from any intervention that could restrict this right or obstruct its lawful exercise, unless such exercise disturbs public order or places its maintenance in serious and imminent danger. The Committee on Freedom of Association has stated that freedom of assembly constitutes “a fundamental condition for the exercise of trade-union rights,” and governments therefore “should refrain from any intervention equivalent to a requirement of prior authorization that restricts the right to hold trade-union meetings or prevents the legitimate exercise of that right.”» [Cfr.: Mujica.

Javier. Article 15. Right of Assembly. Article 16. Freedom of Association. In: Steiner, Christian and Uribe, Patricia (editors). American Convention on Human Rights. Commentary. Konrad Adenauer Stiftung, 2014, p. 363 et seq. Boldface added]. Consequently, it bears reiterating that the privacy of the meeting and the right to privacy (derecho a la intimidad) precluded consideration of evidence unlawfully obtained through surreptitious recordings made in violation of those rights. It might now be considered that those evidentiary issues were sufficient to support the acquittal and that it is therefore unnecessary to address other substantive issues, but that is not so.

On these grounds, in challenging the manner in which the criminal offense (tipo penal) was interpreted, the parties seek to introduce the notion that publicity is not an element of this offense and, therefore, that even if what the accused (endilgado) said consisted of private statements, public incitement (instigación pública) would nevertheless be established, and this could be proven merely through the direct or indirect accounts of those who attended the event. They also seek to apply other criminal offenses (including reference to ordinary incitement to commit certain offenses, as described in attorney Navas’s private criminal complaint (querella particular)), such that what has already been stated is insufficient to rule on the grievances, and it is necessary to address the merits insofar as they relate to the evidence that proves or fails to prove each of their elements. Accordingly, the analysis will first address the charged predicate offense (public incitement), its constitutionality, the manner in which it is established, its constituent elements and, consequently, the evidence required; it will then address other possible legal characterizations.

Before doing so, it is necessary to set out a constitutional standard and both a historical and a legal-systemic context, without which, in this chamber’s view, a complete review cannot be conducted. (A) Constitutionality of the criminal offense. The constitutionality of the offense of public incitement has been challenged on several occasions, although not all such challenges have resulted in a ruling on the merits. Thus, by judgment number 2003-5410 of 25 de junio de 2003, an argument concerning the alleged impairment of the rights to freedom of expression and freedom of movement by this provision was summarily dismissed because the issue of unconstitutionality had not previously been raised in those proceedings. In this matter, the accused proceeded from the same premise and demonstrated the conflict between the constitutional and treaty-based rights at stake, which is why—as indicated in the initial recital (considerando)—he filed constitutional challenge number 21-024578-0007-CO against Article 280 of the Criminal Code.

Although the challenge was admitted and the corresponding notices were published in judicial bulletins numbers 18 through 20, dated 28 de enero al 1 de febrero, respectively, all in 2022, it was decided by judgment number 2023-00430 of 11 de enero del año en curso, which ordered: “By majority vote, the constitutional challenge is denied. Justices Castillo Víquez, Salazar Alvarado and Garita Navarro set forth different grounds. Justice Cruz Castro dissents and considers that this challenge should be granted and that, consequently, in light of its content and effects, Article 280 of the Criminal Code is unconstitutional.” Although the full judgment is not available as of this date (nor is it required in order to issue a ruling, since the operative portion has already been published, lifts the suspension of the provision, and identifies no unconstitutionality or constitutionally conforming interpretation), that constitutional ruling (which was divided, demonstrating the plausibility of the various positions at issue) does not prevent this court, as the ordinary interpreter, from conducting the aforementioned legality review or applying the hierarchy of sources and the rules of legal interpretation applicable to this subject matter.

(B) National historical development of public incitement. The Latin American jurist and former judge of the Corte IDH, Eugenio Raúl Zaffaroni, has been a pioneer in criminal-law doctrine (dogmática penal) in proposing the application of the principle of genealogical cleansing (principio de saneamiento genealógico) as a method for discerning—and consequently understanding and applying—the meaning of criminal-law provisions. According to that author, only by tracing a punitive provision to its origin is it possible to identify the contextual elements that were or were not present when the offense was created and that therefore implicitly condition it. In this manner, the Argentine scholar concludes, the principle of legality (principio de legalidad) and the restrictive interpretation (interpretación restrictiva) characteristic of this field are better applied. The cited author states: “…historical criminal law contains numerous rationalizations contrary to the republican principle, ethics, the rule of law, and Human Rights, sometimes even presenting aberrant arguments.

Particular instances of primary criminalization (criminalizaciones primarias) arise at a given historical moment and are enacted by lawmakers who participate in a particular cultural and power context: the lawmaker who constructs an offense imagines and defines a conflict, conditioned by the collective representations, prejudices, ethical values, scientific knowledge, power factors, and rationalizations of that particular historical and cultural moment. These conditioning factors change rapidly because of cultural dynamism, but criminal offenses remain and, moreover, are copied into other codes in countries that have nothing in common with the original context (…) The criminal offenses contained in them are frequently carried over from one code to another because lawmakers draw upon comparative criminal law. Offenses are not always carried over on the basis of a contextual analysis; on the contrary, this is almost never considered, and they therefore frequently bring with them an original ideological burden that is scarcely compatible with the Rule of Law.

This original ideological burden is the genealogy of the criminal offense, which is investigated through comparison (comparative criminal law) and history (the original power context) (…) The purpose of genealogical research into criminal offenses is to uncover inherited components that are dangerous to the Rule of Law and to facilitate interpretive work cleansed of them. In a criminal-law doctrine pursuing a specific political objective, an exegetical analysis of the text is insufficient as a first step unless accompanied by the necessary tracing of its genealogy, which exposes the police-state components it carries with it and which must be carefully neutralized in its construction” (Cf. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Slokar, Alejandro and Alagia, Alejandro. Derecho Penal: Parte General. 2nd edition, pp. 138-139, boldface added). Costa Rican criminal-law doctrine and legislation always have a specific political objective, which is established by Article 1 of the Constitución Política: “Costa Rica is a democratic, free, independent, multiethnic, and multicultural Republic.” This, therefore, defines the interpretive principles governing the entire legal system.

If a republic is understood as referring to the separation of powers and to the system of checks and balances designed by the constituent authority within a branch of government, it follows that respect for those resulting principles is essential when scrutinizing any provision. Moreover, that republic must be democratic, meaning a system in which decisions are made by a majority of the community entitled to make them, but in which such decisions do not impair the rights and dignity of minorities. It is often forgotten that democracy is not merely a political system and a way of life governed by majorities; equally or even more importantly, it is a system that must be founded on respect for the human dignity of each and every person. Consequently, its connection with respect for human rights—all human rights of all persons at all times—provides axiological criteria for statutory interpretation.

In this country, as defined by the Asamblea Nacional Constituyente of 1949, freedom must be the rule, and punishment or repression may occur only exceptionally and pursuant to a formal statute (ley formal). This is fully consistent with the doctrinal definition of criminal law as a discontinuous system of unlawful acts, respect for the principle of ultima ratio (principio de última ratio), the harm principle (principio de lesividad) in primary criminalization, and strict observance of the principle of legality and restrictive interpretation in punitive matters. That freedom is guaranteed by the Constitución Política and by the international human-rights instruments signed and ratified by the country, and it has many facets: freedom of movement; freedom of expression, opinion, the press, and information; freedom of education and academic freedom; freedom of assembly, demonstration, association, and unionization; and commercial, entrepreneurial, religious, and worship freedoms, among others.

Every instance of primary criminalization impairs those rights and must therefore be established by formal statute and interpreted restrictively. Independence refers to the exercise of sovereignty and of the public powers derived from it (such as the execution and approval of treaties) in accordance with the rules of the Rule of Law. The nation’s multiethnic and multicultural character (the most recent additions to the cited article) begins with recognition of the contribution made to the formation of our nation by all ethnic groups, whether of more remote origin (such as the different Indigenous ethnic groups present in the territory at the time of the conquest; the Afro-descendant and Chinese communities; and European culture, particularly Spanish and Italian culture) or more closely connected to our current circumstances (such as migrant populations from all countries, particularly Central America, Colombia and, more recently, Venezuela).

Within our nation, diverse cultural expressions must coexist, and all must be respected. Therefore, a criminal law committed to Article 1 of the Constitución Política cannot tolerate expansive interpretations (interpretaciones extensivas) that curtail civil liberties, facilitate its use by groups to attack minorities or discredit others’ exercise of human rights, or foster authoritarianism, abuse of power, and so forth. It must be recalled that the statutory definition of the country’s theoretical political model was adopted in 1949 within the framework of the Asamblea Nacional Constituyente, whereas the doctrinal development of criminal law spans centuries. It is therefore understandable that criminal-law provisions predating that year (or arising in other sociopolitical contexts) do not necessarily conform to the political objective to which all persons inhabiting the territory have subscribed through the constitutional oath (Article 194 of the Constitución Política).

Genealogical interpretation (interpretación genealógica) (and restrictive systemic interpretation (interpretación sistemática restringida)) is therefore essential to fulfilling that mandate. Thus, by way of example, a criminal statute enacted in the 1940s or 1950s that refers to the concept of a “key” cannot be interpreted according to the current concept of a key (which encompasses alphanumeric or biometric credentials used to open and enter certain virtual spaces recently developed through the Technological Revolution), because when the statute was enacted, the sociological concept of a key—its genealogical origin—was limited to a physical, metal device, such that a broader interpretation would be expansive and would violate the principle of legality. In the genealogy of that hypothetical criminal offense, the normative-cultural element “key” was much more limited or narrowly defined than it is today.

The importance of discerning the origin of the offense under analysis is therefore clear—in this case, the offense of public incitement contained in Article 280 of the Criminal Code, which provides: “Any person who incites another to commit a specific offense affecting public peace shall be punished by imprisonment for six months to four years, without it being necessary for the act to occur.” It bears emphasizing at the outset that the wording of this article has remained unchanged since the current punitive legislation—the Criminal Code known as the “Código Padilla,” in honor of Dr. Padilla Castro, the chair of its drafting committee—was enacted on 15 de noviembre de 1970 (according to Supplement No. 120 to La Gaceta No. 257, although it did not enter into force until 1973).

That fact is significant because our country has been characterized by the opposite, namely, legislative activism in punitive matters (the Criminal Code has been amended by 70 laws to date, according to the Sistema de Información Jurídica de la Procuraduría General de la República, which have amended multiple sections, some of them several times through different laws). Thus, the historical origin of the offense (which dates back at least to 1970) makes it possible to place the criminal provision in a different historical and regulatory context, as explained below. The original article has indeed been renumbered as a result of subsequent additions and deletions affecting other offenses, since it was formerly section 271. However, although the offense has undergone no changes (either in the conduct or in the penalty) since its enactment in 1970, this does not mean that the statutory offense (tipo penal) “arose spontaneously” on that date.

It is well known that, first, the current code drew its “inspiration” from the Model Criminal Code for Latin America and from the drafts prepared by Luis Jiménez de Asúa and Sebastián Soler, respectively, for Guatemala (as acknowledged on pages 2 and 72 of the explanatory statement for the preliminary draft Criminal Code; folios 129 and 199 of legislative file 3986, held by the Departamento de Archivo, Investigación y trámite de la Asamblea Legislativa and consulted by this chamber. To the same effect: Antillón Montealegre, Walter. Criminal Legislation in Costa Rica. Revista de Ciencias Penales de Costa Rica, p. 26 et seq., and Romero Pérez, Jorge Enrique. Some Notes on the Criminal Code of Costa Rica.). These sources of inspiration, in turn, incorporated provisions that had emerged in various parts of the world. Second, the punitive code under discussion has not been the only one Costa Rica has had, since it was preceded, in reverse chronological order, by the Criminal and Police Codes of 1941 (known as the Códigos Guier), the Criminal Code of Costa Rica of 1924 (Segundo Código Astúa), the Criminal Code of Costa Rica of 1918-1919 (Primer Código Astúa), the Criminal Code of 1880 (or Código Orozco), and the General Code of the State of Costa Rica of 1841 (or Código de Carrillo).

The explanatory statement for the preliminary draft of the current Criminal Code, prepared in 1970, states the following regarding the special part: “It may be said that for nearly half a century the special part of the Criminal Code of Costa Rica has remained the same. Very slight changes were made in 1941, but its structure, taken from the Argentine Criminal Code of 1922, criticized ad nauseam by some and defended by very few, remains intact. In the draft, we follow the same organization as the previous code, beginning with offenses against persons and ending with those relating to public faith. In general terms, we follow the Soler Draft for Guatemala” (Cf. legislative file 3986, folio 198). Regarding the section containing the statutory offense under discussion, the explanation of the reform states: “Offenses against public peace. Articles 271 to 274. Many of the offenses included in the 1924 Code in a chapter entitled offenses against public order were transferred to the 1941 Police Code.

The pruning was somewhat drastic, and we therefore restore to its logical place the offense of public intimidation, which, together with glorification of crime, constitutes conduct of the utmost gravity and significance. These two criminal acts, together with public instigation and association to commit offenses, which appear in our Criminal Code, have instead been designated offenses against public peace and constitute the four offenses comprising this Title” (Cf. legislative file 3986, folios 213-214). It is therefore clear that the statutory offense of public instigation introduced in 1970 was taken, without substantial changes, from both earlier domestic and foreign legislation. For its part, the 1941 Criminal Police Code, in Title VII: Offenses against public order (which comprised only this offense and criminal association), provided: “Article 331.—Any person who, through the press or by any other means, publicly instigates the commission of a specific offense against a person or institution shall, for that act alone, incur imprisonment of six months to four years.” (Emphasis supplied).

It should be added that this body of law adopted an expansive concept of perpetration (concepto extensivo de autor) (that is, all contributions made by the persons involved were accorded equal value), since section 43 provided: “The following shall be punished as perpetrators of the punishable act: those who carry it out themselves; those who take part in its commission; those who assist through aid or cooperation without which it could not have been carried out or would have been significantly hindered; and those who instigate, compel, or sufficiently induce another person to commit it.” (Boldface added). A similar situation existed in the Criminal Code of Costa Rica of 1924 (Segundo Código Astúa), since public instigation to commit offenses was established in article 428 (the sole chapter of Title Eight: Offenses against public order) as follows: “Public instigation to commit offenses.

Any person who, through the press or by any other means, publicly instigates the commission of a specific offense shall, for that act alone, incur imprisonment in its first to second degrees, according to the importance of the interests threatened, the motivating purpose and means of the instigation, the circumstances in which it is carried out, and the danger it is capable of creating.// The penalty may be reduced by one degree when, in the court’s judgment, the instigation should not be regarded as serious under any of those criteria.//If the instigation produces its intended effect, the instigator shall be punished as a co-perpetrator of the offense committed, and if it was carried out through the press, the provisions of article 31 shall apply.” (Boldface added). This code likewise proceeded from a unitary or expansive concept of perpetration (concepto único o extensivo de autor), under which the following persons were treated as equivalent to a perpetrator: “…Those who, in a manner sufficient under the circumstances, induce others to commit it, whether by exercising physical violence against them or by means of an order, threat, gift, promise, advice of essential importance, or any other form of persuasion or moral coercion” (article 26).

Why is it important to mention the unitary-perpetrator theory (teoría del concepto único de autor)? First, because it is not the theory followed today, under which forms of participation in the strict sense (participación en sentido estricto), such as complicity and instigation, are distinguished from perpetration (articles 45 to 47 and 74 of the Criminal Code); and second, because, since those provisions did not distinguish among the contributions of the active participants, the stage reached in the criminal act carried out by the perpetrator was likewise irrelevant in determining the culpability of a participant in the strict sense (an accomplice or instigator). Because current legislation does make those distinctions, it is essential to distinguish ordinary instigation (instigación común) (applicable to all offenses: article 46 of the Criminal Code) from public instigation as a special offense (delito especial) (the cited section 280).

As will be seen, ordinary instigation requires that the active participant induce another person to resolve to commit a specific offense (that is, that the incitement be accepted) and that the commission of that particular offense at least begin through acts of execution (actos de ejecución), whereas public instigation does not require either that the instigated act occur or that the incitement be accepted, because the public nature of the provocation itself creates the danger. Within that framework, the publicity surrounding the latter offense is essential to drawing this distinction; absent such publicity, the rule governing ordinary instigation applies, which may occur in private but does require the commencement of acts of execution of the instigated act, as explained below. It follows from the writings of the chairman of the commission that drafted the current Criminal Code (1970) that this offense was based on the draft Criminal Code for Guatemala prepared by Sebastián Soler; it is therefore useful to examine what that author wrote about the offense.

In his classic work Argentine Criminal Law. TEA, volume 4, 9th reprinting, 1983, pages 589-602, the Argentine jurist states: “Offenses against public peace. §130—The various offenses. The reform of the Criminal Code began (…) by correcting the title’s designation, since the former reference to ‘public order’ had caused much misunderstanding [it should be recalled that Padilla states in the explanatory statement that this offense was moved from the chapter on offenses against ‘public order’ to the chapter on offenses against public peace]. Let us examine the reasons that made this change advisable. In few areas of criminal law is there greater confusion and vagueness of opinion than when legal scholarship attempts to define the concept of public order. The fundamental ambiguity arises from the fact that this expression has at least two meanings (…) A cursory examination of the various chapters and offenses included under the title of offenses against public order is sufficient to show that this is not the sense in which the expression must be understood at this point in legal theory.

These offenses are public instigation, unlawful association, public intimidation, and glorification of crime. For our criminal law, public order simply means peace and social confidence in the secure and peaceful course of civil life. The purpose is not to defend social security itself, but rather the perception of that security, which in reality is itself an additional factor reinforcing it. This status as a secondary, indirect legally protected interest (bien jurídico) explains why the sentencing ranges in these chapters are generally low. The matter does not involve the direct protection of primary legally protected interests, such as security, but rather indirect forms of protecting them, since disorder and social disturbance are among the conditions conducive to the commission of serious harms. These offenses therefore serve to prevent greater harms, bringing them closer in nature to a regulatory offense (contravención).

Indeed, if their content is examined, it will be seen that they are all directed toward other harms that they seek to prevent indirectly: behind instigation and unlawful association lies the possibility of every kind of offense, which the law seeks to prevent; behind glorification of crime, one perceives an indirect means of encouraging crime; and behind intimidation lie the harms resulting from disorder. Many of these offenses are true preparatory acts (actos preparatorios) for other offenses that would go unpunished because of their ambiguity (…) II. Instigation to commit offenses. Art. 209 provides: ‘Any person who publicly instigates the commission of a specific offense shall be punished for the instigation alone…’ (…) Generic instigation was an ancillary form of participation. Its punishability therefore depended not only on the instigation being accepted, but also on the act having at least begun to be executed by the person instigated.

It is precisely this aspect that raises a problem resolved in different ways by legislation and legal scholarship, depending on whether the instigation is not accepted or, although accepted, is not carried out by the person instigated. In such a situation, some positivists have unsuccessfully advocated punishing the instigation as an attempt by unsuitable means (…) but the more reasonable and usual solution has been to make that act a separate statutory offense, in the same manner that certain forms of generally unpunished preparatory acts are established as autonomous offenses.

This is, in fact, the origin of the concept under examination, which, for some, is nothing more than an ordinary act of instigation (instigación) that does not succeed (…) the specific difference of this offense lies in the act of instigation being carried out publicly. This is the element that makes an unheeded act of instigation punishable; when committed without the requirement of publicity, it remains unpunished because no act of execution has begun. It is not a condition of punishability (condición de punibilidad), as Manzini states, but rather a true constituent element of the offense. As such, it must be encompassed by the perpetrator’s criminal intent (dolo); that is, in addition to instigating the commission of a particular act, the perpetrator must know that he is doing so publicly. If private instigation is made public, for example, through a microphone unknown to the perpetrator, no offense exists (…) If ten individually identified persons gather in a private place and one of them, behind closed doors, instigates them to commit an offense, there is no public instigation.

(…) Publicity thus arises when there is a possibility that the instigation may be received or heard by someone who was not personally summoned.» (Emphasis added). It is true that the statutory offense (tipo penal) discussed by Soler expressly includes publicity in its description of the conduct, unlike the one existing in Costa Rica, which mentions it only in the name of the offense; nevertheless, this does not mean that such an element must be deemed excluded from the conduct, because not only does the nomen iuris of the offense refer to its legislative meaning—making it contradictory for the offense of “public instigation” to be committed privately—but that necessary publicity also follows from a genealogical-restrictive and historical interpretation, which is valid if and only if it is intended to limit the scope of punishment, never to expand it (Article 2 of the Criminal Code). As shown, throughout the national historical development from which the respective offense was drawn and incorporated, instigation was always public because the statutory definition expressly contained that element, and there was never any discussion of changing it; accordingly, construing it in that manner is the most restrictive approach.

Thus, Article 280 of the Criminal Code, which provides: “Anyone who instigates another person to commit a specific offense affecting public peace, without it being necessary for the act to occur, shall be punished by imprisonment for six months to four years,” requires not only that the instigation be public—which did not occur in this case because the meeting was private—in order to create the danger, but also that the offenses instigated be ones affecting public peace, a concept that must be construed restrictively and cannot be extended to every offense because doing so would also alter the rules governing participation (ordinary instigation) in those other offenses. Once again, the political orientation, in the broad sense, of Costa Rican criminal law—democratic, liberal, and republican, pursuant to the aforementioned opening provision of the Constitution—would be undermined by a broad interpretation, and the reason for this is explained in somewhat greater detail below.

It should be recalled that the emergence of the Modern States in the fifteenth and sixteenth centuries broke with the regulations of the Middle Ages and began to distinguish the State legal order from other orders, such as morality and religions, with which it had initially been amalgamated. This essential distinction means that, whereas morality and religions regulate persons’ inner sphere—their thoughts and feelings, under the notion of “sins” in one of them—State law was to address external acts entailing a material alteration of the world, leaving the inner sphere to the purview of those other normative orders. The entire theory of the course of the offense (iter criminis) rests on this foundation. Without unnecessarily prolonging these historical references, it is sufficient to recall that the line separating unpunishable and punishable acts—or, equivalently, liberty as a democratic principle and punishment, which must be exceptional—is drawn in the external phase of the iter criminis, specifically beginning with acts of execution (actos de ejecución), which give rise to punishment for attempt (tentativa).

For these purposes, it is unnecessary to discuss the development of the theories that, while framing the issue in this manner, emphasize different nuances; it is enough to note that the theory predominantly accepted by modern legal doctrine is the objective-individual theory. The fact that the internal phase—conception, deliberation, and decision—the intermediate phase—manifested decision—and even the preparatory acts (actos preparatorios) of the external phase go unpunished is not the result of a mere doctrinal whim, but of a systematic effort to prevent States from intruding into areas—thoughts, feelings, and private expression of opinions—that are essential not only to the development of personality and human dignity but also to the consolidation of a democratic political system. Accordingly, expression offenses (delitos de expresión)—insult, defamation, slander, hate crimes, glorification of an offense, and obstruction of public roads—and possession offenses (delitos de tenencia)—involving weapons or drugs—should be punished only exceptionally, because they move forward the threshold of protection ordinarily marked by the commencement of acts of execution.

Expression offenses move that threshold forward to the intermediate phase of the iter criminis—the manifested decision—while possession offenses move it forward to preparatory acts. Both situations require not only that the threshold be moved forward as a matter of criminal policy but also that a legally protected interest (bien jurídico) be harmed or endangered, in accordance with the harmfulness principle (lesividad). Once the foregoing is understood, it is easy to see why saying that one is going to kill someone is not—and should not be—an offense, just as it should not be an offense for one person to tell another to kill someone when the latter does not agree to do so—an unaccepted act of instigation. In neither case is the external world altered, and any response to such conduct must come from ethical, moral, or religious normative systems rather than State legal systems; moreover, human freedom means that the “bad thought expressed” may be reversed through “repentance” in the ordinary, nonlegal sense without ever altering the external world.

The situation is different when the person accepts the proposal—criminal intent is brought into being—and that person, having thus been induced, in turn commences acts of execution. At that point, at least a danger to the legally protected interest arises, justifying State intervention. But it should be noted that, although all of the foregoing is required to punish ordinary instigation, it is not sufficient, because more or fewer additional elements will be required depending on the theory of derivative liability (accesoriedad) followed. Under a restrictive theory of perpetration (teoría restringida de autor), as is followed today, perpetration (autoría) is distinguished from participation in the strict sense—instigation and complicity (complicidad)—and punishment for these forms of participation is made dependent on the extent of the perpetrator’s conduct. Thus, the theory of minimal derivative liability punishes participants only if the perpetrator has carried out conduct falling within a statutory offense; the theory of limited derivative liability makes the punishment of accomplices and instigators dependent on the perpetrator’s commission of a criminal wrong (injusto penal); the theory of maximum derivative liability requires the perpetrator to have engaged in conduct that is statutorily defined, unlawful, and culpable before liability may be imposed on the participants; and the theory of hyper-derivative liability requires statutorily defined, unlawful, culpable, and punishable conduct for such punishment.

Current criminal-law doctrine considers limited derivative liability the most appropriate theory, while our substantive law has adopted no position on the matter [Articles 46 and 47 refer to a “punishable act” (hecho punible), from which some authors and authorities in other jurisdictions have derived hyper-derivative liability: see Chinchilla Calderón, Rosaura. El principio de legalidad; ¿muro de contención o límite difuso para la interpretación de la teoría del delito en Costa Rica? Editorial Investigaciones Jurídicas, 2008, p. 89 et seq.; Reform of the German Criminal Code of 29.5.1943 and the legal scholarship and case law interpreting it, cited by Castillo González, Francisco. Autoría y participación en el Derecho Penal. Editorial Jurídica Continental, 1st edition, San José, 2006, pp. 55 and 347-348 (the author does not endorse that position, but merely describes what occurred in Germany, although he ceases to mention it in later editions of his texts)].

It would therefore follow that this approach—broadly construing “public peace” to apply it to any offense affecting it—would effectively abolish the doctrine of ordinary instigation and the theory of derivative liability, whatever form it may take, because this statutory offense, unlike instigation generally, does not require such derivative liability. Moreover, from a systematic perspective, if the offense were interpreted as the appellants contend, instigators—who, under legal doctrine and comparative law, may be considered slightly more blameworthy than the perpetrator because they bring about the perpetrator’s criminal intent—would receive a lesser punishment than the perpetrator, contrary to Article 46 of the Criminal Code, or would receive excessive punishment inconsistent with doctrinal rules and the principles of equality and culpability. Consider two situations: i) if it were accepted, as the appellants contend, that public instigation may broadly concern any offense that disturbs public peace, one would reach the absurd conclusion asserted by the prosecutor: because aggravated burglary of dwellings, for example, disturbs public peace, the offense of publicly instigating such an offense could be committed, with the result that the conduct would no longer carry the punishment applicable to the perpetrator of that offense—5 to 15 years pursuant to Articles 46 and 213 of the Criminal Code—but only the punishment of six months to four years’ imprisonment prescribed for this statutory offense. ii) Another absurd consequence of this position would be the reverse: instigation could carry a greater punishment than the principal offense, even though Costa Rica expressly determined, by virtue of its general rules, that this could not occur.

For example, a person who instigates others to commit thefts on public roads may greatly disturb social peace if those offenses are carried out. Thus, while the perpetrators of the thefts would be punished by one month to three years’ imprisonment, the person who instigated them would be punished for “public instigation,” following the appellants’ position, and would receive a sentence of six months to four years’ imprisonment. This reveals an enormous disproportionality in punishment that is rejected even by the doctrine that justifies a greater increase for the person who brings about the criminal intent, provided that it is proportionate to the offense, which has been understood to mean that it may not exceed one-third. Reductio ad absurdum (‘reduction to absurdity’) is a logical method for demonstrating the validity or invalidity of categorical propositions, and in this case the consequences of the appellants’ proposal could not be more evident. But let us continue to examine the arguments presented in greater depth.

The public prosecutor argues that, while including the word “publicly” in the statutory definition of the offense (tipo penal) would constitute an intrusion into the legislative sphere of authority (thereby disregarding the fact that adjudication, by constitutional mandate, always requires a hermeneutic exercise governed by rules laid down in the legal system itself and that, in criminal matters, genealogical, historical, and systematic interpretation must be used to restrict and never to broaden the statutory definition), she nevertheless considers it possible, without any consequence whatsoever, to include within the statutory definition offenses not contemplated by the legislature or to broaden its concepts in accordance with the view of the author she cites (who comments on legislation different from ours), even though Articles 1 and 2 of substantive criminal law prohibit this. Nevertheless, that position is inadmissible because legal scholarship may indeed help clarify the meaning of a statutory provision, provided that the principle of legality (principio de legalidad) is respected, but not if it expands the prohibition as is sought here; in this case, the limits of the offense are established by a parallel legal concept, namely generic instigation (instigación genérica).

Unlike our legislation, the text cited by the public prosecutor and discussed by Creus contains a broad reference to offenses. Unlike the code discussed by the Argentine jurist, the Costa Rican code added the types of offenses that could be instigated in this manner. Another inconsistency in the public prosecutor’s position is that, while she accepts part of what Argentine legal scholarship says (although it does not correspond to our legislation), she rejects what that scholarship identifies as the distinguishing element between instigation as a doctrine of the general part and public instigation (instigación pública) as an offense under the special part (the latter is introduced because the former cannot be established in the absence of acts of execution giving rise to a criminal wrong (injusto penal), under the theory of limited accessoriness (teoría de accesoriedad limitada); those elements are therefore eliminated, but the offense is constructed as an endangerment offense (delito de peligro), which is achieved precisely through the element of publicity).

In short, the instigation must be public for the offense of public instigation to be committed, because this element creates the abstract danger (peligro abstracto) that, in turn, permits the elimination of the accessoriness of participation in the strict sense; furthermore, the expression “…a specific offense affecting public peace…” contained in Article 280 must be interpreted restrictively as limited to the offenses provided for in Title X: Offenses against Public Peace, namely unlawful association, support and services for terrorism, public intimidation, and glorification of an offense, because interpreting it otherwise would create offenses through interpretation. Consequently, both elements (the public nature of the act and the fact that a person is being induced to commit an offense against public peace) must be known to the perpetrator. If the perpetrator is unaware of the publicity (because the person is being recorded secretly and therefore does not know that the person is inciting a group), there is a mistake of fact as to an element of the offense (error de tipo).

If the offender (sujeto activo) does not know that the person is instigating an offense “against public peace,” there is a mistake concerning normative legal elements (elementos normativos jurídicos), which, because this is the outcome most favorable to the accused person, must also be resolved as a mistake of fact as to an element of the offense, despite sharing certain features with a mistake of law (error de prohibición) (on this subject, see judgment number 2010-641 of the former Tribunal de Casación Penal de San José: R. Chinchilla, U. Zúñiga and I. Estrada). The interpretation advanced by the appellants (by excluding publicity from the statutory definition and removing the reference to certain offenses contained therein) is not only broad in contravention of the mandate in Article 2, but also casts aside the entire doctrine of mistakes and the principle of culpability (principio de culpabilidad), since they seek to punish the person regardless of the person’s internal alignment (knowledge and intent) with the conduct allegedly manifested externally.

This is the same effect produced by abstract-endangerment offenses, and it is no coincidence that they seek to turn every form of instigation into this category, a dangerous trend at a time when respect for the Constitutional, Social, and Democratic State under the Rule of Law is not exactly the prevailing value. The trial judgment understood it in this way and soundly rejected those proposals; no error is apparent in that respect. But beyond what has already been said—which is neither insignificant nor lacking in weight—there is a much more compelling reason why the arguments advanced by the appellants cannot be accepted. Once again, it concerns the political system adopted by the country and the genealogical clarification (saneamiento genealógico) that must be undertaken, which will be explained in the following section. (C) International Human Rights Law and the Criminal Code: systematic integration and application.

It is necessary to return to the idea, already developed on the basis of historical evidence, that there has been no change from the introduction of the offense of “public instigation” in 1970 to the present and that its immediate legislative antecedents refer to the requirement that the instigation be public (indeed, many earlier texts emphasize the use of the press, the only medium that, at the time, guaranteed such publicity). This origin clarifies the statutory context within which the offense is situated. It should be recalled that when the current punitive code was enacted (1970), although the Constitución Política of 1949 formally governed the country, there was no effective review of whether lower-ranking provisions conformed to higher-ranking ones, because centralized constitutional review (control de constitucionalidad concentrado), vested in Corte Plena and governed by the Código de Procedimientos Civiles of 1887, was regarded as existing merely on paper, since a minority could veto a declaration of unconstitutionality (a qualified majority of Corte Plena was required; at that time, it comprised 17 judicial offices because the seven seats of the Sala Constitucional had not yet been added, and thus 12 votes were needed to declare something unconstitutional, a requirement that historically prevented such declarations).

The constitutional reform of 1989 and the creation of constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional) were necessary for such review to become effective, not only with respect to the constitutional hierarchy but also to incorporate human rights treaties as a constitutional standard. Nor, when the current provision on public instigation was enacted, had the Vienna Convention on the Law of Treaties (hereinafter VCLT) entered into force for Costa Rica; although Costa Rica signed it in 1969, the country did not ratify it until 1996 through Law No. 7615. Finally, by 1990, International Human Rights Law (hereinafter IHRL) had not yet emerged with its current force; although it already included certain declarations issued following World War II, it remained under development in nearly all areas that would give rise to the treaties now in force. It was not until 2006 that the concept of conventionality review (control de convencionalidad), derived from that development and articulated by Corte IDH in the judgment in Almonacid Arellano et al. v. Chile of 26 September 2006, emerged as binding law.

These three elements—constitutional review of the hierarchy of laws; the status of treaties as superior to statutes under Article 27 of the VCLT; and the development of IHRL, entailing the domestic force of treaties signed and ratified and conventionality review concerning them—arose after the offense under discussion was introduced in 1970. None of this may be overlooked, because these elements help shape the original statutory definition of the offense, as all are higher-ranking and form part of the political system described in the previously cited Article 1 of the Constitution. International Human Rights Law encompasses individual freedoms such as the rights of assembly, demonstration or expression, association, and thought (Articles 26, 28 and 29 of the Constitución Política; Articles 13, 15 and 16 of the American Convention on Human Rights; and Articles 18 through 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights), as well as social rights such as the rights to unionize, strike, and bargain collectively (Article 8 of the Additional Protocol to the ACHR in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, or Protocol of San Salvador, and Article 8 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).

Both categories form, on an equal footing (contrary to what is commonly believed in our country), part of the human rights framework and are characterized as non-waivable, indivisible, inalienable, universal, not subject to limitation periods, and interdependent. As can be seen, these rights have in many cases been enshrined in multilateral treaties or conventions that our country has signed and ratified. This last point connects with the principle of pacta sunt servanda contained in Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), under which a State may not invoke its domestic law to disregard a treaty it has signed and ratified. Thus, since 1996 (when the VCLT was ratified), International Human Rights Law must be incorporated into the integration and interpretation of all statutory definitions of criminal offenses, including those enacted previously, because the law (in this case, the substantive punitive code) not only may not disregard a higher-ranking provision (treaties: Article 7 of the Constitución Política), but domestic law also may not disregard treaty law.

Similarly, Constitutional Law (Derecho de la Constitución) establishes the precedence of human rights treaties—or the rulings of the bodies that interpret them—over the Constitución Política when the former grant more rights or provide better protection for them (see Article 73(d) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and Sala Constitucional decisions Nos. 3435-92, 2313-95, 1319-97, 4356-98 and 6830-98). At this point, therefore, it is clear that although the offense of public instigation remains in force and is constitutional according to Sala Constitucional decision number 2023-00430 of 11 January 2023 (the full text of which remains unknown as of this date, despite repeated requests for it, including before this matter was decided, as shown by the preceding entries in the record), the ordinary interpreter MUST—not as a matter of discretion but as an obligation—adapt its interpretation to that statutory context.

It is here that the content of those other human rights that substantially limit punitive power (poder punitivo) in a democracy such as that described in Article 1 of the Constitución Política must be examined, because although statutory definitions formally exist that prohibit certain conduct (many of them, like this one, originating before the constitutional or treaty-based framework), their scope of validity is limited by the legal development already described. In the present matter, even assuming—hypothetically and solely for analytical purposes—the prosecution’s contention that public instigation under the aforementioned Article 280 may also be committed when a person is induced to commit offenses such as obstructing public roads, which are not among the offenses against public peace, additional considerations are necessary, beginning with the fact that no road closures actually occurred after the meeting at issue (nor was this alleged in the private criminal complaints (querellas), and no evidence to that effect was received at trial).

The offense of obstruction of a public roadway (obstrucción de la vía pública) is governed by section 263 bis, which provides: “A sentence of ten to thirty days’ imprisonment shall be imposed on anyone who, without authorization from the competent authorities, in any way prevents, obstructs, or hinders vehicular traffic or the movement of pedestrians.” (Emphasis supplied). That provision was elevated to the status of a criminal offense (delito) (thereby enabling coercive measures such as searches, pretrial detention, etc.) and ceased to be a mere petty offense (contravención) by Law No. 8250 of 02 de mayo de 2002; that is, it was enacted shortly after the popular demonstrations that erupted in marzo de 2000 in protest against what was called the “Combo del ICE” (bills intended to achieve the “modernization of ICE and the opening of the energy and telecommunications sectors”). The purpose of discouraging and suppressing that means of protest is evident, and the provision operates alongside Article 263 of the Criminal Code, which states: “Disruption of public services.

Article 263.—Anyone who, without creating a situation of general danger, prevents, obstructs, or disrupts the normal operation of land, water, or air transportation or public communication or energy-supply services shall be punished by imprisonment for six months to two years.” (Emphasis added). Social protest, however, is a human right derived from freedom of expression and freedom of assembly which, to that extent, ranks above statutory law, and the law may not deprive it of substance, without prejudice to the balancing test (ponderación) that must be conducted in each specific case when it conflicts with other rights of comparable or greater importance. Regarding its scope, the ultimate interpreter of the ACHR has stated: “171. The right to protest or express disagreement with any State action or decision is protected by the right of assembly, enshrined in Article 15 of the American Convention (…) The right protected by Article 15 of the American Convention (…) encompasses both private gatherings and gatherings on public roads, whether stationary or moving.

The ability to demonstrate publicly and peacefully is one of the most accessible means of exercising the right to freedom of expression and may be used to demand the protection of other rights. Therefore, the right of assembly is a fundamental right in a democratic society and must not be interpreted restrictively (…) 172. (…) the Court takes note of the statement by the former United Nations Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association that ‘when a violation of the right to freedom of peaceful assembly enables, or even determines, or is a precondition for, the violation of other rights (…) the right to freedom of peaceful assembly is also inevitably affected, and this deserves recognition.’ Furthermore, as with other rights having a social dimension, it bears emphasizing that violations by the authorities of the rights of participants in a gathering or assembly ‘have serious chilling effects on future gatherings or assemblies,’ because people may choose to refrain from participating in order to protect themselves from such abuses; such violations are also contrary to the State’s obligation to facilitate and create an enabling environment in which people can effectively enjoy their right of assembly.” (Inter-American Court of Human Rights.

Case of Women Victims of Sexual Torture in Atenco v. Mexico. Judgment of 28 de noviembre de 2018; emphasis supplied). Commenting on that provision, it has been stated: “Thus, doubts as to whether the right of assembly might adversely affect others are insufficient; restrictions on the right of assembly will be justified only in cases where objective evidence makes it possible to conclude beyond doubt that the demonstration does not conform to the parameters established by the Convention, particularly as regards the need to protect public health and morals and the rights and freedoms of others. For this reason, the grounds invoked to prohibit or restrict the right of assembly must not only be convincing and compelling enough to justify restrictions on that freedom, but must also be proven. In other words, they must not consist of mere suspicions, uncertain dangers, or, still less, insufficient, capricious, or arbitrary arguments, but rather of objective, sufficient, and duly substantiated reasons.

As the Spanish Constitutional Court has stated, ‘the permissibility of a gathering or demonstration will depend on its peaceful nature. Although any gathering or demonstration in a place used for public transit necessarily restricts the right to freedom of movement of citizens who are not demonstrating, that restriction alone cannot justify a prohibition if the requirement of peacefulness is satisfied, meaning the absence of disturbances of public order that endanger persons or property. Moreover, the demonstrators’ ideas or demands may not be subjected to any type of political-expediency review based on the legal or extra-legal principles and values prevailing in society or identified with any kind of ideology or school of thought.’” [See: Mujica, Javier. Article 15. Right of Assembly. Article 16. Freedom of Association. In: Steiner, Christian and Uribe, Patricia (editors). Commentary. Konrad Adenauer Stiftung, 2014, p. 371 et seq.

Boldface added]. And, as has been stated, if anything characterized these proceedings, in the words of the trial judge herself, it was evidentiary inertia: although many assertions were made (in writing, at trial, and during the hearing before this appellate court), none had any evidentiary support. Indeed, allegations contained in Ms. Navas’s private criminal complaint (querella), such as the alleged incitement to assault a journalist or the defendant’s participation in strikes that affected the right to health or education, were merely emotional assertions (the appeal-to-emotion fallacy), entirely unsupported by evidence. Therefore, if there is no objective evidence that the rights of others were restricted (because no physical acts closing roads occurred after the statements made at that meeting), and participation in demonstrations, even on public roads, is a right, this would mean that inciting people to demonstrate on public roads—whether regarded as the special offense of public incitement (instigación pública) or as generic incitement (instigación genérica) to commit the specific offense of obstructing a roadway—could not constitute an offense even if it restricted vehicular traffic.

Although it might constitute conduct satisfying the statutory elements of an offense (conducta típica), it would be justified by the exercise of a right and would therefore become a justification defense (causa de justificación) [Article 25 of the Criminal Code: “A person does not commit an offense when acting in (…) the lawful exercise of a right”]. But even if what has been stated thus far were insufficient, it must be borne in mind that these rights—freedom of expression and freedom of assembly, with the content already delineated under International Human Rights Law—are also connected to the core of the right to unionize. At the request of the IACHR, the Inter-American Court of Human Rights itself extensively developed these issues in Advisory Opinion OC27/21 of 05 de mayo de 2021. Given its binding nature for the country, it is appropriate to transcribe part of the Court’s decision, even though the quotation may be lengthy: “74.

(...) this Court deems it appropriate to make the following additional observations regarding the content of the right to freedom of association for trade-union purposes (libertad sindical). (…) 81. (…) the Court considers that the right of workers to belong to a union logically encompasses the right to engage in union activities. The range of actions encompassed by this right is broad and must be regulated in the bylaws of trade-union organizations, which must be established by their members. Such activities may include, for example, participation in union meetings, the right to express opinions, the right to receive or distribute information, and the right to participate in decisions adopted at meetings or assemblies (…) The State has an obligation to safeguard workers’ proper participation in union affairs by preventing any action by the authorities that would permit restrictions on the exercise of these rights and by adopting the measures necessary for workers and their representatives to conduct their union activities effectively in the companies or institutions where they work (…) 106.

This Court reiterates that freedom of association for trade-union purposes, collective bargaining, and the right to strike are rights incorporated into Article 26 of the Convention, because they derive from Article 45(c) and (g) of the OAS Charter (…) Although they are autonomous rights, this Court emphasizes their interdependence and indivisibility. (…) 111. With regard to the right to strike (…) States must respect and guarantee its effective exercise by all workers, without discrimination (…) the State must ensure that workers can exercise their right to strike without being penalized by a private employer or by the State itself. In this regard, States must repeal criminal provisions that may be used to prosecute the exercise of the right to strike. Moreover, with respect to workers who provide essential services or exercise public authority on behalf of the State, States must ensure that the list of essential services not subject to the exercise of the right to strike is clearly defined under domestic law and complies with the provisions established by the ILO.

Workers who perform such essential functions must also have access to conciliation and arbitration mechanisms that enable them to obtain a response to their claims (…) 121. Article 16.1 of the American Convention recognizes the right of persons to associate freely for ideological, religious, political, economic, labor, social, cultural, sporting, or other purposes. This Court has stated that the right of association is characterized by enabling persons to create or participate in entities or organizations in order to act collectively in pursuit of a wide variety of aims, provided those aims are lawful (…) freedom of association also gives rise to positive obligations to prevent attacks against that freedom, protect those who exercise it, and investigate violations thereof (…) 123. (…) this Court understands that the relationship between freedom of association and freedom of association for trade-union purposes is that of genus and species: the former recognizes the right of persons to create organizations and act collectively in pursuit of lawful aims, pursuant to Article 16 of the American Convention, whereas the latter must be understood in relation to the specific nature of union activity and the importance of the objective pursued through such activity (…) 132.

(…) this Court emphasizes the relationship between freedom of expression, the right of assembly, and the rights to freedom of association for trade-union purposes, collective bargaining, and strike. (…) 134. (…) freedom of expression is indispensable to the formation of public opinion in a democratic society.

In the labor sphere, the Court has held that it is a conditio sine qua non for trade unions and, in general, for those wishing to influence the community to be able to develop fully. Under this rationale, freedom of expression is a necessary condition for workers’ organizations, including trade unions, to operate in order to protect their labor rights and improve their conditions and legitimate interests, since without this right such organizations would lack effectiveness and a reason for being (…) 135. (…) the scope of protection of the right to freedom of thought and expression is particularly applicable in labor contexts (…) a heightened level of protection for freedom of expression is required, especially with respect to those who hold positions representing workers (…) 137. For this Court, the existence of a free flow of information, ideas, and opinions is essential to the exercise of trade-union rights and collective bargaining (negociación colectiva); therefore, the threat by the authorities to initiate criminal proceedings in response to legitimate opinions expressed by representatives of a trade-union organization may have intimidating and harmful effects to the detriment of workers or employers.

For this reason, detention or imprisonment as punishment for the legitimate exercise of the rights to freedom of opinion and expression, freedom of assembly, and freedom of association is arbitrary. (…) 139. With regard to the right of assembly, this Court recalls that Article 15 of the American Convention “recognizes the right of peaceful assembly, without arms.” The Court has held that this right encompasses both private meetings and gatherings on public thoroughfares, whether stationary or involving movement. The ability to demonstrate publicly and peacefully is one of the most accessible ways of exercising the right to freedom of expression and may be used to demand the protection of other rights. Therefore, the right of assembly is a fundamental right in a democratic society and must not be interpreted restrictively (…) Likewise, this Court has stated that the right to protest or express disagreement with any State action or decision is protected by the right of assembly (…) 141.

This Court notes that the rights to freedom of expression, assembly, and association, as related to freedom of association in trade unions, collective bargaining, and the right to strike, are fundamental rights enabling workers and their representatives to organize and voice specific demands concerning their working conditions, thereby effectively representing their interests before the employer and even participating in matters of public interest with a collective voice. States have a duty to respect and guarantee these rights, which help level the unequal relationship between workers and employers and facilitate access to fair wages and safe working conditions. In this regard, the Court recalls that human rights are interdependent and indivisible, such that the effectiveness of the exercise of some rights depends on the effectiveness of the exercise of other rights. Thus, civil and political rights and economic, social, cultural, and environmental rights must be understood comprehensively as human rights, with no hierarchy among them, and enforceable in all cases before the competent authorities» (Emphasis added by this Chamber).

The chronological context of the criminal-law reform that introduced section 263 bis is important because it demonstrates the discouragement that various State agencies have fostered against the broad exercise of social human rights, such as protest as a form in which freedom of expression is manifested, although it is subject to limits, as discussed below. Human rights are not limited to individual rights detached from social rights (which would, to that extent, violate the principle of interconnectedness applicable in this field), and the criminalization of social protest (through the obstruction of public thoroughfares), by itself, says nothing about the unlawfulness (ilicitud) of the conduct, but only about whether it satisfies the statutory elements of an offense (tipicidad). It should be recalled that, although the ordinary courts may not declare rules unconstitutional, and although the Constitutional Chamber has not done so with respect to the provision now before us (see judgment number 2023-00430 of 11 de enero del año en curso, which dismissed the constitutional challenge concerning Article 280; judgment number 2003-5414, which summarily rejected a challenge against current section 263, both of the Criminal Code; and judgment number 2012-17027 at 14:30 hours on 5 de diciembre de 2012, which addressed the obstruction of public thoroughfares in the terms discussed below), this does not preclude the exercise of ordinary jurisdiction, which must verify in each specific case not only the provision’s conformity with the Convention (convencionalidad), but also whether, in addition to satisfying the statutory elements of an offense, the conduct was unlawful (antijuridicidad).

Such unlawfulness is both substantive and formal, and it is here that the analysis of grounds of justification (causas de justificación), such as the legitimate exercise of a right, becomes relevant (Article 25 of the Criminal Code). In a similar case, this was the interpretation adopted in the case law, for example, in the following judgment: «…the offense of public incitement (instigación pública) set forth in Article 280 of the Criminal Code—formerly 273—provides: “Anyone who incites another person to commit a specific offense affecting public peace, without it being necessary for the act to occur, shall be punished by imprisonment for six months to four years.” The complaint filed by attorney V does not establish that Mr. J’s speech exerted such influence over one or more persons as to induce them to commit an unlawful act. It should be added that, even assuming that such incitement of the demonstrators existed, the provisions of Article 25 of the Criminal Code cannot be disregarded, insofar as it states: “A person who acts in compliance with a legal duty or in the legitimate exercise of a right does not commit an offense.” In the present matter, the complaint alleges that Representative J called upon students to demonstrate regarding the issue of photocopying and to demand protection of the right to education.

This is nothing more than the exercise of a right, which must be examined on the basis of the provisions of Title VII of the Political Constitution and section 28 of the Constitution, with the understanding that the call made forms part of the right of expression enjoyed by every citizen of this country, particularly because the demand concerns a fundamental right: education. Accordingly, this Chamber grants the prosecution’s request, finding that Mr. J was fully exercising his freedom of expression, which was directed toward safeguarding the right to education. Under this interpretation, the charged offense could not be established because, even if the alleged conduct fell within a criminal offense definition, the existence of a ground of justification would eliminate the unlawfulness of those acts and, consequently, such conduct would not be deemed criminal either. In cases of this kind, Article 282 of the Code of Criminal Procedure provides that “when the reported act does not constitute an offense or prosecution is impossible, the Public Prosecution Service shall submit a reasoned request to the court responsible for the preliminary proceedings seeking dismissal of the complaint….” Having established that the acts reported by attorney V do not constitute any offense, the request submitted by the Attorney General of the Republic is granted, and the complaint is hereby dismissed.» Third Chamber (Chinchilla, Ramírez, Arroyo, Pereira and López).

Judgment number 2013-495 (boldface supplied). As attorney Navas acknowledges in her own private criminal complaint (querella), both the right to unionize (and its derivative rights, including collective-bargaining mechanisms) and the rights of assembly and demonstration, including the right to social protest as part of freedom of expression, are human rights essential to maintaining democratic balance and reducing social tensions and polarization. It is also clear that none of those rights may be abused, exercised in bad faith, or exercised in an antisocial manner (Articles 20 to 22 of the Civil Code), since every right is limited by the exercise of other rights belonging to other members of the population. Accordingly, it is permissible to punish damage or injury occurring in the context of such protests, just as it is permissible to impose sanctions—from an employment-law standpoint—for actions affecting essential services defined restrictively, rather than broadly, in a previously enacted law, as held by the Inter-American Court of Human Rights in OC27/21 of 05 de mayo de 2021.

In this matter, however, not only was there no evidence that such effects—on life, health, physical integrity, property, or essential services—occurred (because no protest took place after the meeting at issue), but many of the restrictions on the right were introduced by a law enacted after the alleged acts (Law to Provide Legal Certainty Regarding Strikes and Their Procedures No. 9808 of 2020), and no such restrictions existed at the time of those acts (2018 en adelante). Other rights, for their part—such as citizens’ freedom of movement—may be reconciled with these rights of freedom of expression, assembly, and trade-union activity through other measures, by balancing them in each specific case. In short, although this Chamber agrees that the use of violence is neither a valid nor justified form of protest, and that affecting essential services is likewise impermissible, it cannot fail to note that, in circumstances where discontent cannot be expressed through the channels recognized under International Human Rights Law—because those channels have gradually been closed off—violence will sooner or later erupt.

Thus, prima facie, the fact that one person induces another person or persons to obstruct public thoroughfares does not necessarily constitute an offense, because this will depend on whether the perpetrator’s action is justified (if ordinary incitement applies), or on whether protest may simply be treated as an offense rather than as a right, in determining whether it affects “public peace” or instead tends to strengthen it through the exercise of rights. Consequently, hypothetically accepting—for analytical purposes only—that the accused made such a call, with no subsequent action occurring, would not inexorably support a conclusion that his conduct was unlawful; reaching such a conclusion required other elements that not only did not occur in fact—the aforementioned closure did not take place—but were also not proven at trial. Comparative law contains rulings that reveal the tension between these rights and the manner in which it may be resolved.

For example, the Spanish Constitutional Court, in judgment number 42/2000 of 14 de febrero de 2000, held that “...the right of assembly (derecho de reunión), when exercised in places open to public transit, is a collective manifestation of freedom of expression (libertad de expresión), exercised through a temporary association of persons that operates as an instrumental technique serving the exchange or presentation of ideas, the defense of interests, or the publicizing of problems or demands, and therefore constitutes an important channel for the principle of participatory democracy, whose constituent elements are subjective—the gathering of persons—temporal—temporary duration—purposive—the lawfulness of the purpose—and physical or objective—the place where it is held.” (...) This Court has already had occasion to rule on disturbances of public order (alteraciones del orden público) caused by gatherings that affect vehicular traffic on public thoroughfares, noting that the “exercise of this right, by its very nature, requires the use of places open to public transit and, under certain circumstances, permits the occupation, as it were instrumentally, of roadways,” and recognizing that “the holding of this type of assembly usually causes disruptions and restrictions in the movement of persons and, as relevant here, vehicles” (SSTC 59/1990, FJ 6; 66/1995, FJ 3).

Nevertheless, these findings do not lead this Court to conclude that, when the exercise of this fundamental right entails the aforementioned restrictions, it is not constitutionally legitimate; on the contrary, they lead it to understand that “in a democratic society, urban space is not merely an area for circulation but also a space for participation” (STC 66/1995, FJ 3).” Moreover, within the inter-American system, the Inter-American Commission on Human Rights (hereinafter CIDH) has stated that “governments cannot simply invoke one of the legitimate restrictions on freedom of expression, such as the maintenance of ‘public order,’ as a means of suppressing a ‘right guaranteed by the Convention, or of distorting it or depriving it of its real substance.’ If this occurs, a restriction applied in that manner is not legitimate (...) considering the consequences of criminal penalties (sanciones penales) and the inevitably chilling effect they have on freedom of expression, the criminalization of any form of expression may be applied only in exceptional circumstances in which there is a clear and direct threat of lawless violence (...) the Commission understands that the use of such powers to limit the expression of ideas is susceptible to abuse as a means of silencing unpopular ideas and opinions, thereby restricting debate that is fundamental to the effective functioning of democratic institutions.

Laws that criminalize the expression of ideas that do not incite lawless violence are incompatible with the freedom of expression and thought enshrined in Article 13 and with the fundamental purpose of the American Convention to protect and guarantee a pluralistic and democratic way of life” (CIDH, 1994 Annual Report, “Report on the Compatibility of ‘Desacato’ Laws with the American Convention on Human Rights,” Chapter V; emphasis added). As the OAS Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression states: “...within certain limits, States may establish regulations on freedom of expression and freedom of assembly to protect the rights of others. Nevertheless, when balancing the right of transit, for example, against the right of assembly, it must be borne in mind that the right to freedom of expression is not merely one right among others but, in any event, one of the earliest and most important foundations of the entire democratic structure: undermining freedom of expression directly affects the central nerve of the democratic system.” Accordingly, every measure intended to restrict public demonstrations must seek, in its application, to safeguard the essential content (contenido esencial) of the human rights of peaceful assembly and freedom of expression.

Restrictions must not depend on the content of what is to be expressed through a public demonstration; they must serve a public interest and leave open alternative channels of communication. Restrictions must have a legal basis and may be intended only to prevent serious and imminent threats; a potential danger is insufficient.” (emphasis supplied). The Costa Rican Sala Constitucional itself has understood it in this manner, stating: “With regard to the State’s criminal-law power (poder penal del Estado), it must be used as a remedy of last resort (ultima ratio) to ensure social peace, not as a mere mechanism of social control. Hence, Article 256 bis of the Criminal Code, which criminalizes the obstruction of a public roadway (obstrucción de la vía pública), must be interpreted so that its application does not impair the essential content of the constitutional rights to peaceful assembly and freedom of expression.

In this regard, the conduct addressed by that criminal provision, insofar as public demonstrations are concerned, refers solely to demonstrations in which substantial harm to the rights of other persons or to State property is established. For example, a protest in which demonstrators attack security forces or other persons, or commit acts of vandalism against public or private property, exceeds the protective scope of the right to peaceful assembly and freedom of expression and is therefore criminally punishable, justifying action by the police authorities, including the use of force, provided that such force is proportionate to the extent of the harm and the specific characteristics of the demonstration. Under that understanding, police intervention is reasonable when it is evident that the characteristics of the demonstration cause significant harm by blocking access to establishments or facilities having a major impact on national interests or the interests of third parties (such as a port or airport, given the harm that could arise from missed flights or the deterioration of perishable goods intended for import or export, among other things).

The situation is different when the demonstration and resulting blockage of a public roadway do not prevent free passage by alternative routes. In other words, the detention of persons at a public demonstration and the imposition of criminal penalties are justified only when there is a compelling social need (necesidad social imperiosa) to prevent disturbances of the peace and public order, or serious harm to the rights of other persons, provided that police action is proportionate to the legitimate interest pursued and to the particular characteristics of each specific demonstration. Under no circumstances may the criminalization of social protest become an instrument of intimidation to the detriment of a form of participatory social expression characteristic of a democratic system. As long as a public demonstration proceeds within normal bounds, good judgment and tolerance must prevail.

In this way, the means by which social discontent is expressed (which historically have been accepted in democratic regimes but not in dictatorships) are prevented from becoming genuine flashpoints of violence and public disorder—the very result that would occur when the use of police force becomes disproportionate. Nevertheless, this form of expression is subject to the limitation that it must be exercised reasonably and within the framework of the right to peaceful assembly; that is, without aggression against security forces or other persons, acts of vandalism against public or private property, or serious harm to the rights of other persons, all of which must be assessed in the specific case.” Sala Constitucional. Judgment N° 2012-17027 at 14:30 hours on 5 de diciembre de 2012. It was therefore not legally possible, as the appellants contend, for the mere reference to demonstrating on national highways (even if it were hypothetically accepted that this would occur) formally to constitute the offense of obstructing public roadways and, consequently, neither could it constitute public incitement to commit an offense (instigación pública a un delito).

Furthermore, the interpretation MUST also be made, as the trial judgment correctly states, on the basis of other parameters specific to criminal law; that is, with due regard for the principle of legality (principio de legalidad) and the strict construction (interpretación restrictiva) that it requires (Articles 1 and 2 of the Criminal Code), as well as in protection of the pro persona and pro libertatis principles of International Human Rights Law. Thus, contrary to the position taken by the three appellants (namely, that the broadest of three possible interpretations must be selected), the trial court and this appellate panel are required to apply the narrowest interpretation of the statutory definition of the offense (tipo penal), because only that interpretation is restrictive and only that interpretation protects liberty. Therefore, when the current Section 280 of the Criminal Code states: “Public incitement.

Anyone who incites another person to commit a specific offense affecting public tranquility, without the act needing to occur, shall be punished by imprisonment for six months to four years.” (emphasis supplied), the public nature of the conduct must be understood not only as an element of the offense, even though it appears only in the title of the section, but the reference to offenses affecting “public tranquility” must also be limited to those offenses classified as such by the legislature (namely, unlawful association, support and services for terrorism, public intimidation, and advocacy of crime), and not to others that, although they may protect the same legally protected interest (bien jurídico), fall outside the section bearing that title. Both elements emerge with complete clarity from the historical development of the provision set forth above and from the requirements not only of the strict construction mandated by the opening provisions of the national substantive criminal code, but also by the Inter-American Court of Human Rights itself when addressing criminal provisions affecting freedom of expression (the relationship between this offense and that right having already been established above), stating: “76.

The Court has indicated that criminal law is the most restrictive and severe means of establishing liability for unlawful conduct. Broad definitions of the offenses of criminal defamation and insult may be contrary to the principle of minimum intervention (principio de intervención mínima) and to criminal law as a last resort. In a democratic society, punitive power may be exercised only to the extent strictly necessary to protect fundamental legally protected interests against the most serious attacks that harm or endanger them. Any other approach would lead to the abusive exercise of the State’s punitive power. 77. Taking into account the considerations set forth thus far regarding the required protection of freedom of expression, the reasonable reconciliation of the requirements for protecting that right, on the one hand, and honor, on the other, and the principle of minimum criminal-law intervention characteristic of a democratic society, resort to criminal proceedings must correspond to the need to protect fundamental legally protected interests against conduct that causes serious harm to those interests and must bear a relationship to the magnitude of the harm inflicted. The criminal definition of conduct must be clear and precise, as this Court’s case law has determined in its examination of Article 9 of the American Convention. 78.

The Court does not consider every criminal measure concerning the expression of information or opinions to be contrary to the Convention, but this possibility must be analyzed with particular caution, weighing in this regard the extreme seriousness of the conduct engaged in by the person expressing them, the criminal intent (dolo) with which that person acted, the characteristics of the harm unjustly caused, and other factors demonstrating the absolute necessity of resorting, on a truly exceptional basis, to criminal measures. At all times, the burden of proof must rest on the accuser.» Corte IDH. Judgment in Kimel v. Argentina dated 02 de mayo de 2008 (emphasis added). A provision similar to Costa Rica’s has been interpreted as follows elsewhere: «Public incitement to commit a crime is an offense that affects public peace. To instigate means to incite, provoke, or induce someone to do something; it is not merely to propose that an offense be committed, but to promote its commission in a somewhat coercive manner by stirring up the emotions or instincts of the person being instigated; it is an ancillary form of participation, and the general principles established in relation to participation as such apply to it.

The instigator intends the act but intends for it to be carried out by another; the instigator seeks to accomplish that act through the mind of the other person by causing that person to resolve to carry it out. The operative verbs are “instigate” or “induce,” and this is a formal statutory offense (tipo penal), because the perpetrator must intend to induce or cause someone to commit or perpetrate a crime. It is an autonomous offense. For public incitement to be established, it must be public—that is, it must constitute defiance of the law, an open and direct challenge, made in the presence of other persons or through a means of communication that allows the message to be disseminated and propagated, rather than clandestinely; the incitement must be directed toward the commission of a specific crime—for example, breaking the law or repudiating the constitutional order—with the aim of destabilizing social peace and tranquility.

(…) The criminalized conduct encompasses incitement carried out publicly, that is, in public and in the presence of several persons. It may be directed at only one of them, provided that it is done publicly. This requirement is met not only when the instigator acts in the presence of several persons, but also when the instigator uses a means of communication that inherently entails publicity and is capable of conveying information simultaneously or successively to a more or less substantial number of persons…» Instituto de Estudios Constitucionales. The Violation of Freedom of Assembly and Expression as a Mechanism of Political Persecution in Venezuela: Special Reference to the Case of Leopoldo López and Others. In: Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional. Nº 1 enero-julio 2016 pp. 60–61, citing the decision of Juzgado 28vo 1ra Inst. Juicio Caracas 10/09/2015, p. 271.

The appellants, particularly the government attorney, state that “…the Court should have analyzed (…) whether the proven conduct met the elements of the offense or of any other offense it deemed applicable; had that analysis been conducted, it would not have resulted in the acquittal now being challenged.” (Cf. reverse of folio 511). However, the trial judgment not only performed that analysis by examining other possible legal classifications, as may be seen on the front of folio 477 et seq. (page 33 onward of the judgment)—something overlooked and rendered invisible in the appeals—but the appellants do not even identify the other possible offenses within which the proven conduct might fall. Although the principle of iura novit curia (the court knows the law) prevails, a party bringing a private prosecution (querella) and filing an appeal must also identify the errors in the ruling adopted with respect to each of its claims, in accordance with the accusatorial principle (principio acusatorio).

In applying the precept of iura novit curia, this Court likewise finds no possibility of classifying the conduct as a statutory offense. It is true that nearly all offenses—except negligent offenses, for example—allow for ordinary instigation (article 46 ibídem), but it is not established in the present case because the conduct consisting of obstructing roads or disrupting services was neither manifested nor carried out; that is, there were no acts of execution in the course of the offense (iter criminis), and therefore no one was caused to commit it even at the level of, at minimum, a criminal wrong, under the limited-accessoriness theory (teoría de la accesoriedad limitada). And even if this offense is considered to protect multiple legal interests and to affect public peace and, through that line of reasoning—based on the broad interpretation already rejected—to fall within the statutory offense established in section 280 of the criminal code, there would still be no offense in this case, because an offense requires not only satisfaction of the statutory elements (tipicidad) but also unlawfulness (antijuridicidad).

As already stated, the latter could hardly exist when a constitutional and conventional right—or several such rights—is being exercised, thereby operating as a justification (causa de justificación). Ultimately, from no perspective does this Chamber find either errors or omissions in the reasoning of the trial judge or the commission of an offense that would permit reversal of the ruling; accordingly, the challenges shall be denied.

IV.In the second argument raised by the Procuraduría General de la República, it alleges a lack of reasoning and a violation of the rules of sound judicial assessment (sana crítica), as well as a failure to apply or observe Articles 1045, 222 et seq. of the rules on liability in force under the 1941 Criminal Code and Article 38 of the Code of Criminal Procedure, in connection with the dismissal of the civil action. It states that the claim for damages (pretensión resarcitoria) was not admitted because the acquittal meant that there was no causal link (nexo de causalidad) and because intent (dolo) was not deemed proven, but that this does not substitute for the required reasoning on those issues, and that there is no factual or legal basis either for the defendant’s acquittal or for the dismissal of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) brought by the party it represents. Citing case law (judgment N° 2020-00332 of the Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón), it insists on the autonomy of the civil claim with respect to the establishment of the offense and states that the claim asserted here was based on the aforementioned provisions, since it sought compensation for social harm (daño social), which the appellant defines.

It adds that such harm affects societal interests and may encompass any type of conduct that harms the well-being of the community, such as the disturbance of public peace resulting from the defendant’s actions; and because it is not possible to bring the entire population before the court, certain witnesses were presented who could reflect the country’s generalized sentiments, such as the movement represented by private prosecutor (querellante) Navas Montero. It adds that the defendant disturbed public peace and generated feelings of fear and bewilderment among the public because the disruption of public services and obstruction of roads prevent free access to workplaces, schools, social services, and timely medical care, and could create situations of public violence that would result in insecurity, compromising social peace and the exercise of civil liberties and infringing the community’s fundamental rights.

It refers to judgments N° 341-2004, 370-2009, 167-2011 and 548-2013 of the Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, in which its claim for social harm was granted in full, and to N° 71-2013, which establishes the “trial judge as the expert of experts” for purposes of estimating its occurrence and amount. It requests that the judgment be declared ineffective as to the civil matters, “reversing it in all respects and ordering remand.” No written responses were submitted. At the oral hearing, Margot Avellán, counsel and representative of the Procuraduría General de la República, emphasized that the civil action was dismissed for lack of a causal link, but that the decision lacks reasoning because it did not analyze whether the harm occurred. She requests that the judgment be vacated in all respects. The claim is rejected. The judgment on the merits resolved this issue in the following terms: «IV-: CONCERNING THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES: Before considering the civil claim, the substantive prerequisites of the claim, also known as substantive defenses, which must be examined by the court on its own motion, must first be verified.

Regarding the existence of the right, this concerns proof of material harm or, as in this case, social harm alleged in the factual basis of the civil action for damages, the causal link, and the criterion for attributing liability, whether on the basis of intent, negligence (culpa), created risk (riesgo creado), etc. In the present matter, given that the alleged harm—of a social nature—is closely causally related to the charged acts (which were intentional in nature), and because the civil defendant’s liability for those acts was not proven, since the criterion for attributing liability in this case is clearly subjective and based on intent, it is established that the civil claimant has no enforceable right. The alleged social harm can in no way be attributed to an intentional act by the civil defendant, as was already explained at length in the recital (considerando) concerning criminal liability; the civil action for damages filed by the Procuraduría General de la República against civil defendant [Name 001] is therefore dismissed.» (See judgment, reverse of folio 480).

As the appellant correctly states, the essence of the dismissal, as may be confirmed, is that because the defendant’s criminal liability had not been established and the liability claimed was subjective civil liability for one’s own act (responsabilidad civil subjetiva por hecho propio), the civil claim could not be granted. That conclusion is indeed correct, without any need for further elaboration, which the complainant appears to find lacking, since all the reasons set forth in the other portions of the judgment to support the acquittal—and whose correctness has already been examined and upheld—are incorporated into this part of the decision. It should be recalled that judgments constitute a unified whole of legal and logical meaning, whose various parts cannot be read in isolation. In matters of civil liability—as the same government attorney was previously advised in another case, see judgment number 2023-349 at 08:15 hours on March 13 last—the legal literature distinguishes two types: contractual and non-contractual liability (responsabilidad civil extracontractual).

The former arises from express agreements or legal relationships. The latter arises from acts or omissions occurring in social life. These may be intentional (that is, deliberate), negligent (that is, lacking the required duty of care), or prescribed by law, regardless of whether there is intent or negligence or whether the acts are lawful or unlawful, because such liability is based on the creation of risks (for example, Article 1048 of the Civil Code) or on obtaining profits whose consequences must be borne by those who generate them (strict liability (responsabilidad objetiva)). Non-contractual civil liability—which is the type claimed when an alleged criminal act such as the one at issue here is committed—may be subjective, based on intent or negligence, and may arise either directly from one’s own act or indirectly from another person’s act (negligence in selection (culpa in eligiendo) or negligence in supervision (culpa in vigilando)).

The latter is provided for in the third paragraph of Article 1048 of the Civil Code, which states: “Anyone who entrusts a person with the performance of one or more acts is required to select a person capable of performing them and to supervise their performance with the diligence of a reasonable head of household; and if that person neglects those duties, that person shall be jointly and severally liable for the harm caused by the person entrusted to a third party through an act infringing another’s rights, committed with wrongful intent or through negligence in the performance of that person’s duties, unless that act could not have been prevented even through proper diligence in supervision.” This differs from the other type of liability, namely strict liability, which, in addition to requiring a specific statutory provision (for example, Article 1048, paragraph 5, of the Civil Code; Article 32 of the Law on the Effective Protection and Defense of Consumers, contained in Article 32; Article 197 of the Road Traffic Law for Public or Land Roads; or Articles 190 et seq. of the General Public Administration Law), entails a criterion for attributing liability that requires an analysis of three elements: a) the use of objects involving danger or risk; b) the causation of pecuniary harm (daño de carácter patrimonial); and c) the cause-and-effect relationship or link between the act and the harm. Such liability, in turn, may be primary or exclusive, or joint and several. Schematically, it is presented as follows:

Because the Procuraduría General de la República asserted that the defendant, through the conduct with which he was charged, had caused harm, its claim fell within subjective non-contractual civil liability for one’s own intentional act. In analyzing the criminal matter, the judgment did not establish that he had engaged in the conduct described in either the public or private accusations; in other words, the factual and legal basis had already been set forth and analyzed, so there was no need to repeat it in support of the civil ruling. Nor was it necessary for the judgment to analyze the other sources of civil liability, since they had not been invoked by the civil claimant and, in this area, the principle of congruence (principio de congruencia) and its resulting prohibitions against granting relief beyond or outside that requested (ultra or extrapetita) apply. It is true that the civil action for damages is ancillary to the criminal proceedings and that there is relative autonomy between the two claims.

However, when the relief sought in the civil matter depends on the defendant having committed the act and this is not proven, it is clear that the criminal determination affects the civil matter insofar as it prevents proof of the causal link, which is one of the elements, in addition to the causative act (hecho generador) and the harm, that must be proven in the civil matter. Regardless of the type of compensation sought—in this case for social harm—that does not alter the fact that the source of liability is subjective rather than strict. Accordingly, the claimant was required to prove that the defendant engaged in the conduct—his own act—that harm occurred, and that such act caused the harm. Because the first element was not proven, neither does the last exist; therefore, the ruling is correct. Furthermore, although some persons may have been affected by the events and two of them testified at trial, this neither permits extrapolation to an “impact on public peace” nor, even if hypothetically such an extrapolation could be made, would it prove the missing causal link, because it would establish only another element—the harm—but not the aforementioned link, which must subjectively connect the civil defendant to the harm and was not established in this case.

The fact that several courts granted civil claims in other cases in which all three elements required for a judgment—causative act, social harm, and causal link—were proven did not require the lower court (a quo) to conduct the specific analysis or grant the amounts claimed when, in this particular case, which is the relevant one, such proof was not provided. Nor does this Chamber understand the reason for alleging that the court is the expert of experts, since that maxim serves to resolve issues involving disputes between expert opinions, none of which are present here. Although, in certain cases in which the law authorizes it, courts may make an equitable estimate (estimación prudencial) of the amount of compensation, that does not mean that the civil claimant is relieved of proving the harm—it is the amount payable that is estimated, not the existence of the harm—which likewise was not deemed proven in this case. Consequently, the claims must be rejected.

V.As the third complaint by the Procuraduría General de la República, the same allegations are raised concerning lack of reasoning, violation of sound judicial reasoning (sana crítica), and improper application of the law, but this time with respect to Articles 16, 38, and 267 of the Code of Criminal Procedure, Article 3 subsection i), and Articles 20 and 21 of the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Article 50 of the Political Constitution, and Article 73.2 subsection 4 of the Code of Civil Procedure currently in force. It states that the State was ordered to pay costs (costas) because it was found to have had no plausible grounds for litigating, since, in the absence of evidence and because the acts did not constitute offenses, the private criminal complaint (querella) was improper and the State’s claim was reckless. However, it maintains that, when the pleadings for the private criminal complaint and civil action were filed, the alleged acts indicated the possible commission of an unlawful act to the detriment of the community and the occurrence of damage of considerable magnitude (although it was prudentially estimated at an extremely low amount).

It adds that there was a prosecutorial indictment and that this constituted plausible grounds for litigating. It reproduces the content of the article concerning an award of costs and states that the Procuraduría General de la República bases its action on extensive legislation that legally obliges it to bring criminal and civil actions against anyone allegedly responsible for the acts reported and charged, in accordance with the investigation conducted by the Ministerio Publico. It refers to the content of its institution’s Ley Orgánica, Articles 20 and 21 of which establish that procurators “...are absolutely prohibited from admitting a claim, settling, conciliating, or withdrawing claims or demands” and from “...failing to file claims or demands in which they are required to participate as plaintiffs...” Accordingly, it continues, the actions taken here were performed in compliance with duties imposed by law, and failing to take them would constitute a serious breach of the express prohibition cited.

It maintains that both the private criminal complaint and the civil action for damages (acción civil resarcitoria) were reviewed by the court at the intermediate stage, which, as guarantor of the parties’ rights, examined the charging documents and deemed it appropriate to commit the matter for trial, thereby passing the screening of the preliminary hearing and confirming a sufficient degree of probability for the proceedings to continue. It considers that it was improper to penalize the State for an action it was compelled to bring. It provides references to numerous decisions by different courts that, in similar situations, refer to its client’s plausible grounds for litigating. It states that there was no bad faith, abuse of rights, or arbitrary or reckless conduct; rather, they acted in accordance with the legal and constitutional requirements compelling them to bring the action. That representation should therefore have been exempted from costs because the aforementioned plausible grounds for litigating existed, yet instead it was ordered to pay them by an unsupported decision.

It requests reversal of this part of the judgment. In a third, although unnumbered, section of the appeal filed by the private complainant represented by Navas, reference is made to the award of costs. She asserts that her client acted in defense of citizens’ rights in light of the objective nature of events that were generally known as matters of public knowledge. Initially, a criminal report (denuncia) was filed, and the private criminal complaint was brought because the Ministerio Publico had filed an indictment and they had been granted a hearing. The matter was committed for trial at a preliminary hearing, so plausible grounds for litigating existed. She requests that the judgment be vacated as to this issue. No written responses were filed. At the oral hearing, attorney Navas Montero, acting as private complainant, expanded upon her appeal, stating that she filed it both personally—as a Costa Rican citizen through a popular action (acción popular)—and in her capacity as attorney-in-fact for the “Asociación Movimiento Ciudadano Costa Rica.” She argues that they acted in good faith, to such an extent that there was a prosecutorial indictment, and therefore an award of costs was improper.

Attorney Margot Avellán, representative of the Procuraduría General de la República, challenges the order requiring her client to pay costs, which, in her view, likewise lacks reasoning, because they acted in accordance with the law. Indeed, failing to bring an action when diffuse or collective interests are involved constitutes a serious breach of duty, and the entity she represents waited until the prosecutorial indictment had been filed before deciding what to do. She states that they neither initiated the proceedings nor filed the first indictment; that the action passed the review of a judge at the preliminary stage; and that it is unclear where the amount of costs set by the judge came from, because no reasons were provided. Attorney Carlos García stated that the award of costs against the State was proper because a citizen was being stigmatized even though he had no involvement whatsoever in the 2018 strike, no prior offense had been investigated, unlawful evidence was used, and the matter did not involve an offense of passage (delito de pasaje).

The complaints are considered jointly because they concern the same issue, and they will be rejected. To examine this matter, it is appropriate to set out both the trial court’s reasoning and this Chamber’s interpretation of the rules governing costs in criminal litigation—an issue concerning which, as will be seen, some controversy has existed—and then, lastly, apply them to the specific case. (A) Description of what occurred. In this matter, the criminal action (acción penal) was brought both by the Ministerio Público and by two private complainants: “Movimiento Ciudadano Costa Rica” and the Procuraduría General de la República. The latter entity also brought a civil action for damages. The judgment decided the matter of costs as follows: «V.- COSTS: Pursuant to Articles 266, 267, 270, and 367 of the Code of Criminal Procedure, it is necessary to determine the costs arising from this action.

As a rule, these must be borne by the unsuccessful party, and only exceptionally may that party be exempted from payment when it is found that plausible grounds for litigating existed. This is based on the principle that anyone who brings an action seeking relief to which that person believes they are entitled must also assume responsibility for unsupported actions. In the case now before us, costs in both the criminal and civil matters must be borne by the unsuccessful party because it cannot in any way be found that plausible grounds for litigating existed, considering that, based on the evidence submitted, the reported acts do not even constitute an offense. In the case before us, the threshold of statutory offense classification (tipicidad) was not even met, and the private criminal complaints were also based on evidence containing elements entirely different from those proffered or evidence that, once proffered, was not even verified as having actually been incorporated into the proceedings.

The Procuraduría’s private criminal complaint proffers evidence almost identical to that of the Ministerio Público, without the State’s representation even taking the trouble to verify that the evidence being proffered was relevant and, most importantly, that it actually contained what the proffer stated. Instead, as established in the record in the recital concerning the evidentiary analysis, it was assumed that the DVD evidence seized by the Organismo de Investigación Judicial contained the defendant’s statements when, in reality, it contained the interview given by the private complainant to a television channel several days later. Furthermore, Movimiento Ciudadano’s private criminal complaint proffered an item of evidence that was never actually seized and therefore never incorporated into the proceedings. This was not verified beforehand, but only when the physical evidence was being introduced at trial, during the first hearing on 08 de diciembre, when, after minute 23 of the recording and after the Court provided information concerning the videos that had been admitted into evidence, the private complainant acknowledged that it had not been admitted and that they had identified it, yet nevertheless briefly referred to it when presenting closing arguments.

Moreover, they filed a private criminal complaint regarding an act—the eighth—from which it is not even apparent what offense the private defendant could have instigated others to commit, because the person allegedly assaulted did not even wish to file a report. Despite this, the private complainants continued pursuing the complaint as to that act—as shown by the reverse side of folio 216 of the case file, where the order committing the matter for trial (auto de apertura a juicio) states that the complaint admitted on behalf of Movimiento Ciudadano CR is the one appearing at folios 1 through 20 of the respective ancillary file, which sets forth eight acts. The Court also cannot disregard that the private criminal complaints—which, as already stated, do not constitute either the charged offense or any other offense—were filed with the assistance of counsel. Finally, as regards the civil action, apart from the fact that Article 270 of the Code of Criminal Procedure is very clear as to who must bear the costs, the Court likewise does not find that the litigation was pursued in good faith.

The objections regarding the evidence proffered would be the same as those made with respect to the private criminal complaint filed by that party, with the additional fact that it did not even take care to submit the evidence that it had offered to obtain at its own expense, namely, the assessment of damages and costs associated with expenditures on possible preventive measures to safeguard public peace. That evidence formed part of the body of evidence intended to establish the social harm sustained, as stated in section VII of the pleading bringing the civil action for damages. Accordingly, because the absence of plausible grounds for litigating has been established as set forth above, the costs arising from the private criminal complaints and the civil action shall be borne by the unsuccessful parties. These are set at CIENTO VEINTIÚN MIL COLONES for the civil action and CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL COLONES for each of the private criminal complaints.

The amounts awarded must be paid once this judgment becomes final, by simple bank deposit into the Court’s account.» (See judgment, front and reverse of folio 481). (B) Rules governing costs in criminal proceedings. Before proceeding to analyze the issue, it is necessary to be clear about the rules currently governing costs in criminal proceedings. Decision number 2012-1052 (R. Chinchilla, L. García, and E. Salinas), adopted, reaffirmed, and expanded upon in decision number 2015-909 (R. Chinchilla, L. García, and R. Obando) and decision number 2017-291 (R. Chinchilla, A.I. Solís, and J. Campos), whose approach is shared by the current panel, addressed the statutory rules governing costs. The general rule is that costs are awarded against the unsuccessful party, subject to exceptions based on evident good faith (evidente buena fe), although other provisions appeared to contain supposedly special rules differing from that general rule.

Although those decisions focused on civil actions, their arguments are, by parity of reasoning, applicable in many instances to private criminal complaints. It was thus stated then—and is reiterated now—that even when a civil action for damages is brought within criminal proceedings, because it is ancillary, it is governed by the rules established in this Code (Article 41 of the Code of Criminal Procedure). Accordingly, Article 267 of the Code of Criminal Procedure, although requiring as a general rule that costs be borne by the unsuccessful party, also provides that the party may be exempted from them, in whole or in part, “when there are plausible grounds for litigating.” This is nothing other than the same rule that exists in civil matters under the concept of “evident good faith” (Article 222 of repealed Code of Civil Procedure No. 7130 and Article 73.2 of the Code of Civil Procedure currently in force).

It is true that this Chamber, with panels partially similar to the current one and under the name Criminal Cassation Court (Tribunal de Casación Penal), stated on various occasions: “The first point to be made is that, as a counterpart to the right of action (derecho de acción), or access to justice (acceso a la justicia), there is an obligation to finance the expenses generated by the proceedings. As a general rule, that obligation falls upon the unsuccessful party (parte vencida), since, by failing to recognize the successful party’s claim (pretensión) out of court, it compelled that party to resort to the judicial system. This rule, under which the unsuccessful party bears the expenses arising from the proceedings, is virtually universal. It is thus explained in traditional procedural-law scholarship (...) {CHIOVENDA, José. La condena en costas. Traducción de Juan de la Puente y Quijano.

Madrid, 1928, p. 220 (...) CHIOVENDA, José. Derecho procesal civil: principios. Tomo II. Cárdenas editor y distribuidor, México, edición 1990 (...) CARNELUTTI, Francesco. Derecho procesal civil y penal. Traducción de Enrique Figueroa Alfonzo. Colección de clásicos del derecho, México, 1994, p. 80.} However, the costs of the proceedings, or court costs (costas del proceso o judiciales), as may be inferred from the foregoing, must not be confused with procedural costs (costas procesales). The former is the general category comprising two components: personal costs (costas personales), which include attorneys’ fees, and procedural costs, which encompass all other expenses arising from the proceedings (...) In Costa Rican law, the various procedural codes in force for different subject matters establish the obligation that the ruling on costs must be made, mandatorily and even sua sponte (de oficio), in the decision terminating the proceedings, and that such costs must be borne by the unsuccessful party.

That general rule—which precludes a ruling on costs from becoming incongruent (falta de congruencia) because it grants relief beyond or outside that requested (ultra o extrapetitio) (...)—is nevertheless subject to exceptions under certain provisions that allow other guidelines to be applied at the court’s discretion: (...) Now, this approach to the issue—questioned in modern general procedural theory on the basis of principles such as free access to justice, although such criticism has had little practical impact on legislation worldwide—was challenged long ago in criminal procedural law, given the public or collective nature of the dispute adjudicated there and the existence of international human-rights instruments requiring the States that have signed them to provide, mandatorily, free defense counsel to a defendant (encartado) who is brought into the proceedings against his or her will but is protected by a constitutional presumption of innocence (estado constitucional de inocencia), as well as the State’s duty to provide its population with suitable mechanisms for resolving its most important disputes (cf.: Article 8.2.a and 8.2.e of the American Convention on Human Rights and 14.2.d and 14.2.f of the International Covenant on Civil and Political Rights, which establish the accused’s right to be assisted free of charge by a translator or interpreter and to have counsel provided by the State).

Although this differentiated treatment of the issue maintains the same principles, it incorporates additional ones and is evident in the evolution of how such matters have been addressed in the successive criminal-procedure statutes enacted in Costa Rica (...) ¬Code of Criminal Procedure (1996): ‘Article 265. Costs of the accused. In all proceedings, the State shall cover expenses relating to the accused and to the other parties entitled to litigate without being charged those expenses. When the accused has sufficient financial means, he or she shall reimburse the Judiciary for the services of the public defender or any other service received. For this purpose, the procedure established in the Organic Law of the Judiciary with respect to public defenders shall be followed. Payment for an official translator or interpreter is exempted from that obligation.’ ‘Article 266. Required ruling. When issuing the decision terminating the case, the criminal court shall provide reasons for its ruling on the payment of procedural and personal costs.’ ‘Article 267.

Assessment of costs. Costs shall be borne by the unsuccessful party, but the court may exempt that party, in whole or in part, when there was plausible reason to litigate (razón plausible para litigar). When several persons are ordered to pay costs, the court shall determine the proportional share corresponding to each, without prejudice to any joint and several liability (solidaridad) established by law.’ (...) ‘Article 270. Civil action. If the civil claim is upheld in the judgment, the accused and the third-party civil defendant (tercero civilmente demandado) shall bear the costs jointly and severally; if the claim is denied, they shall be borne by the civil claimant (actor civil). If the action cannot proceed, each participant shall bear his or her own costs, unless the parties have agreed otherwise or the court, in light of the circumstances of the case, apportions them differently.’ (...) Thus, in Costa Rican criminal procedure, certain exceptions arise to the manner in which this issue is treated in other branches of law, whether public or private.

Therefore, although the rule is that costs are borne by the unsuccessful party, if that party is the criminally accused person, a distinction must be drawn with respect to procedural costs or expenses. The latter—that is, expenses including payment for a translator or interpreter—shall always be borne by the State, as provided in section 265 of the aforementioned Code of Criminal Procedure; as regards attorneys’ fees, the defendant may be exempted from payment if and only if two circumstances coincide: (a) his or her defense counsel is a public defender; and (b) he or she lacks the resources to reimburse the State for payment of those fees (...) Although the constitutionality of this latter position has been questioned by scholars when the defendant is acquitted (cf.: LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental, 4a. edición, 2009, p. 416...’), the fact remains that it has not yet been challenged through the proper procedural channels, and therefore remains in force (...) But if the accused person’s attorney is privately retained, or if, despite being paid by the State, the defendant has the resources to pay for that attorney (a matter that, as indicated, may be determined during the enforcement stage (etapa de ejecución) in accordance with the judgment’s ruling on the issue), an award of personal costs means that the defendant or convicted person must pay his or her attorney’s fees; it does not mean that the attorney may demand such payment from the State, as would occur if the cited rule were interpreted or applied incorrectly and, through lack of understanding, the defendant were always exempted from paying both categories of costs or the State were always ordered to pay them (...) The same applies when the unsuccessful party is the Public Prosecution Service (Ministerio Público), which is also legally exempt from being charged either category of costs pursuant to section 268 of the Code of Criminal Procedure (...) This same Court, sitting in different panels, has addressed the issue in different ways, although the trend appears to be toward always requiring reasons and even accepting exemption as an exception in all cases (...) Nevertheless, those rules apply to ordinary criminal proceedings, since it must be borne in mind that other types of special criminal proceedings (such as private prosecutions) and civil claims are governed by special provisions that supersede those general rules.

There, the general rule is that the losing party must always bear both categories of costs and that exemption is unavailable because the special provision does not allow it. This is established by Articles 78 (express withdrawal of a public-prosecution complaint (querella de acción pública), which mandatorily orders the withdrawing party to pay costs unless the parties agree otherwise), 118, second paragraph (withdrawal of the civil action), 384 (withdrawal of a private-prosecution complaint (querella de acción privada), which mandatorily orders the withdrawing party to pay costs unless the parties agree otherwise), and 270 of the Code of Criminal Procedure (costs awarded against the unsuccessful civil party) (see, to that effect, the decision of this Court, sitting in a panel partially different from the current one, number 851-2005 of 01 de setiembre de 2005 -U. Zúñiga, Llobet y Salazar-, and the note in decision number 2010-0085 of 17 de enero de 2010 -Camacho, García y U. Zúñiga-.

To the contrary—that is, accepting plausible reason to litigate as an exception in all cases—see the decisions of this Chamber, sitting in different panels, numbers 2006-1035 of 29 de setiembre de 2006 -García, Porras y Morales- and 2000-119 of 11 de febrero de 2000 -López, Sanabria y Arroyo-, which address the issue, although applying criteria different from those set forth here). Furthermore, the Code of Civil Procedure may not be applied on a supplementary basis (aplicación supletoria), because there is an express provision to the contrary. (...)” Emphasis added. See decisions of the Criminal Cassation Court number 2010-0305 at 14:40 hours on 19 de marzo de 2010 (L. García, R. Chinchilla y U. Zúñiga) and number 2010-0366 at 15:20 hours on 08 de abril de 2010 (R. Chinchilla, U. Zúñiga y R. Gullock). Under similar circumstances and adopting the foregoing criterion, cf.: decision number 2011-1296 of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia).

That position was generally endorsed or maintained in the precedents reviewed above, except with respect to the mandatory award of costs against the unsuccessful party to a civil claim, an issue that was reconsidered on the basis of constitutional principles ranking above statutory law (such as equality before the law: constitutional Article 34), and that criterion was expressly modified. To that end, it was stated—in the aforementioned decisions number 2015-909 and number 2017-291—that although criminal-procedure legislation contains a special provision relating to civil claims that mandatorily requires an award of costs against the unsuccessful civil party, that treatment differs from the treatment afforded to the same party had the party resorted to ordinary civil proceedings. Moreover, on many occasions a civil claim cannot succeed because, although the factual basis on which it rests was established as probable, it was not proven with the certainty required for a criminal conviction; this, together with conceptual errors by parties who have not incorporated different standards for attribution of damages (imputación del daño) into their arguments, often results in the denial of civil claims.

Finally, although the rule—the final sentence of the first paragraph of Article 270 of the Code of Criminal Procedure—is mandatory, section 267 is likewise mandatory and, in the same Book and Title and immediately thereafter, provides for exemption (Article 267, first paragraph, ab initio, of the Code of Criminal Procedure). In other words, exemption is provided precisely to temper the strictness of the mandatory rules referred to there, both provisions having the same status as general rules. Considering all of the foregoing together, it may be concluded that a mandatory award of costs against the unsuccessful civil party, coupled with the court’s discretionary and reasoned authority to exempt that party, constitutes the rules currently governing the matter. These rules are thus harmonized with those of ordinary civil proceedings and, consistent with the origin of both provisions, permit the particular case to be resolved more justly in order to restore social harmony (Article 7 of the Code of Criminal Procedure), a position that this Chamber ultimately considers correct.

(C) The specific case. From the passage transcribed at the beginning of this recital (considerando), it may be concluded that the judgment on the merits (sentencia de mérito) did expressly and extensively state the grounds for the award in question; accordingly, the defect of failure to state reasons (falta de fundamentación) set forth in section 142 of the Code of Criminal Procedure is not present.

On the other hand, the factual assertions on which the decision was based (charges were brought without verifying or submitting evidence; conclusions were reached without support in the evidence presented at trial; facts alleged in the private criminal complaint (querella privada) were not corrected even though no evidence whatsoever was submitted regarding them; it was not until trial that the lack of evidence was noticed, etc.) have not been disputed by the parties, and this Chamber has confirmed that they are true—that is, they derive from what actually occurred in the proceedings—so there are no errors in this regard either. What remains to be determined is whether discretion (discrecionalidad) (as to whether or not to award costs (costas)) was properly exercised by the trial court or whether there was abuse or arbitrariness in that respect; in undertaking that analysis, this Chamber concludes that there is likewise no defect to declare.

Although the parties appealing this issue maintain that they filed their private criminal complaints once the Public Prosecutor’s Office filed charges and that they participated in the proceedings under the authority of an order committing the case for trial (auto de apertura a juicio) issued by a judicial authority that consequently reviewed the pleadings and determined that the requirements for reaching this procedural stage had been met, what they fail to mention is that the intermediate-stage court’s decision is based on probability, not certainty, and that such probability, in turn, derives from the circumstances that the applicants themselves presented to the judicial body in their filings. That court does not take the evidence to determine whether it establishes what the applicants claim it will establish, but instead assumes this in good faith; hence, the fact that the court ordered the case to proceed to trial does not validate the conduct of the persons who provided the information—for example, the private complainant’s inclusion of facts (such as fact 8) for which she submitted no evidence whatsoever, or the failure of the State entities to review the proffered material to determine whether it contained what they stated in their filing.

State representatives, who bear even greater responsibility than private individuals, have a duty of objectivity (Article 63 of the Código Procesal Penal and Article 10(l) of the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República); it is therefore even more reprehensible for them to bring charges without adequate evidentiary support or to make legal interpretations that exceed the framework of the democratic rule of law, which they are obligated to respect. Furthermore, although the Procuraduría General de la República is legally prohibited from acquiescing, settling, withdrawing, or conc iliating, it is not obligated to charge persons whom others determine should be charged; rather, it has its own judgment and functional independence for that purpose. Indeed, what Section 15 of the Ley Orgánica states is: “Article 15°.-Officials of the Procuraduría General de la República (…) Without the aforementioned prior authorization, they are also prohibited from: failing to file claims or actions in which they are required to intervene as plaintiffs; failing to respond to notices or hearings afforded to them; failing to submit the legally admissible evidence that they are responsible for producing; abandoning evidence they have proposed; and failing to file, in a timely manner, the legal remedies available against acts performed or rulings issued contrary to the claims or petitions they have filed or detrimental to the interests whose defense has been entrusted to them” (boldface supplied).

In other words, the prohibition concerns doing so without authorization, while determining when intervention is required is a matter entrusted to the evaluative judgment of the head of the institution; accordingly, there is no absolute obligation from which departure is impossible, as the State Attorney contends. Moreover, none of the foregoing excuses her from the obligation to review the evidentiary material—particularly when it consists of documents—to verify that the purported content is accurate. She plainly failed to do so in this case, since the parties did not realize that the alleged video supposedly containing the statements of the private defendant was not an original, had been edited, and was never submitted. As regards the private complainants, their good faith is likewise not evident, not only because of the errors and omissions already mentioned, but also because they included events for which they cited no evidence and failed to take care to assess some of their assertions in light of other constitutional rights, including those arising from freedom of expression (of which social protest is a part) and labor-union rights, which are also human rights.

When these conflict with the fundamental rights of other persons, there is an obligation to conduct a balancing analysis (juicio de ponderación), which was entirely omitted in this case. Furthermore, no one may claim as their own the rights of others or the exercise of national sovereignty (Article 2 of the Constitución Política), and the fact that certain persons feel affected by particular actions does not mean that “public tranquility” is thereby disturbed within the meaning of the criminal offense invoked as the basis for the compensation sought, which was the argument the parties attempted to make. Accepting that argument would lead to unacceptable abuses which, in times of profound crises of various kinds and intense social polarization, could produce regrettable abuses. Accordingly, this Chamber finds no defect or omission in the reasoning expressed by the trial court on this issue, and the claims must therefore be rejected.

Regarding the amount, it is true that the challenged decision did not explain the procedure used to arrive at it, but merely referred to the award and the respective sums: “These are the costs arising from the private criminal complaints and the civil action, payable by the losing parties, which are set at the sum of ONE HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND COLONES for the civil action and FOUR HUNDRED EIGHTY-FOUR THOUSAND COLONES for the private criminal complaints.” (Boldface supplied; capitalization in the original). Nevertheless, a simple arithmetic calculation based on the decree applicable to this matter shows that no prejudice occurred. As initially explained (recital II.A), this matter began in September 2019, when Executive Decree N° 41457-JP of October 17, 2018, “Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado,” was in force. That decree took effect on February 01, 2019 and establishes the minimum professional fees in those fields.

In Title III, concerning judicial matters, Chapter I (general fee schedule for adjudicatory proceedings), Article 19, as in force on the date of the judgment (which was issued in December 2021, a date that is important because the decree was amended in September 2022, and those amendments do not apply here because they postdate the decision under review), provided: “Article 19.- Fees in proceedings of indeterminate monetary value. The minimum fees for proceedings of this kind may not be less than two hundred forty-two thousand colones.” Chapter VIII (Criminal proceedings) established the following special rules: “Article 38.- Single-judge court: In criminal cases falling within the jurisdiction of a Single-Judge Court, the minimum fees for criminal defense shall be four hundred eighty-four thousand colones. Unless otherwise agreed in writing, the fees shall be paid as follows: a) One-third for the investigation stage. b) One-third for conducting the preliminary hearing. c) One-third for conducting the oral trial.

In cases where the proceedings conclude through application of the abbreviated procedure (procedimiento abreviado) or an alternative measure, the fees shall be seventy-five percent (75%) of the total fees for the proceedings. Fees relating to the civil action for damages (acción civil resarcitoria) shall be governed by the rules established for that matter in this Fee Schedule. The same rules shall apply to counsel prosecuting a private criminal complaint in a publicly prosecutable offense.” (Boldface added). As may be seen, this minimum fee was the amount set as attorneys’ fees (costas personales) for each private criminal complaint, so the lack of a statement of reasons caused no prejudice. Regarding the civil action, Section 42 of the cited decree provided: “Article 42.- Civil Action: Fees for the civil action for damages are separate from those applicable to the conduct of the criminal case.

Counsel for the civil plaintiff shall charge fees for this action in accordance with the General Fee Schedule, unless otherwise agreed in writing. The fees shall be paid in three equal installments as follows: a) Upon its filing. b) Upon the holding of the preliminary hearing. c) Upon the holding of the oral trial. Counsel representing the civil defendant shall earn the same fees.” (Boldface added). Section 16(a) of the Fee Schedule governs that rate and establishes, among other parameters, a fee of 20% of the amount in controversy if that amount does not exceed 16 million colones. Because one million colones was sought in this case, 20% amounts to two hundred thousand colones, an amount greater than the amount awarded (121 thousand colones, which is consequently also below the minimum rate provided for in Section 19). The appealing party therefore actually benefited, and this cannot be reversed because the party prejudiced by that determination did not appeal it (principle prohibiting an adverse modification on appeal (principio de prohibición de reforma en perjuicio)). In short, there is no prejudice to declare, and this claim must therefore also be rejected.

VI.Note by Judge Vargas González: I concur with the decision in all respects except as follows: i) regarding the statement that publicity is one of the constituent elements of the offense of public incitement (instigación pública), a view I do not share. In my opinion, the objective elements of the statutory definition of the offense (tipo penal) are those expressly set forth therein, not those implicitly derived or inferred from its title or from a historical or systematic interpretation. Therefore, because publicity is not included in that statutory definition, it is not part of the offense in question and did not have to be encompassed by the perpetrator’s criminal intent (dolo). However, this does not affect the decision to deny the appeals concerning the criminal matter, since that decision is supported by the remaining unanimous arguments (unlawfully obtained evidence (prueba ilícita), lack of evidence, reversal of the burden of proof (inversión de la carga probatoria), and the restrictive interpretation of “offenses against public peace” (delitos contra la tranquilidad pública) as encompassing only those included in the section of the Criminal Code bearing that name, rather than all offenses affecting that legally protected interest (bien jurídico)). ii) Regarding the proposition that, in our country, the right to protest could justify obstructing the main public roads.

Although the analysis conducted in section (C) of this decision, entitled “International Human Rights Law and the Criminal Code: Systematic Integration and Application,” is supplementary [because ordinary incitement (instigación común) was ruled out in this matter since no acts in furtherance of the offenses of interference with public services (art. 263 of the Criminal Code) or obstruction of a public road (art. 263 bis of the same code) occurred, and so-called “public incitement” was also excluded (article 280 C.P.), insofar as the aforementioned offenses are not included in Title X of the Criminal Code, entitled “Offenses against Public Peace”], after weighing the fact that Costa Rica’s road infrastructure is chaotic and alternative routes are virtually nonexistent (unlike in other regions), I conclude that closing the country’s main highways indisputably affects the fundamental rights of other citizens, at the very least their freedom of movement.

Consequently, in our current context, the exercise of the rights identified above (for example, social protest, freedom of association, the right to strike, and freedom of expression) cannot be invoked as a valid justification (causa de justificación) for the conduct already mentioned (had such conduct occurred, which it did not). Furthermore, for the reasons I have just stated, I do not agree with one of the arguments advanced by my fellow judges in concluding that the award of costs (condena en costas) entered against the private complainants (querellantes particulares) is appropriate, namely: “[…] because they failed to take care to assess some of their statements in light of other constitutional rights, including those arising from freedom of expression (of which social protest is a part) and labor-union rights, which are also human rights held by individuals; and when these conflict with the fundamental rights of other persons, there is an obligation to conduct balancing analyses (juicios de ponderación), which were entirely omitted in this case.” That said, subject to this qualification, I agree with the disposition of the claims raised regarding civil matters and costs, because the judgment on the merits contains other reasoning supporting the decision adopted by the court below (a quo) (for example, that the alleged conduct does not constitute an offense (atipicidad)), and no further discussion of those grounds is necessary.

POR TANTO:

The appeals filed by prosecutor Oscar Quirós Soto, Master’s Degree; attorney Margot Avellán Ruíz, representative of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), acting as complainant and civil plaintiff; and attorney Gloria Navas Montero, legal representative of the persons acting as complainants under the name “Movimiento Ciudadano Costa Rica,” are denied. Judge Vargas González files a separate note. LET NOTICE BE GIVEN.

Rosaura Chinchilla Calderón Patricia Vargas González Kathya Jiménez Fernández Judges of the Criminal Judgment Appeals Court Case file: 19-000647-0619-PE (7) Defendant: [Name 001] Injured party: Public peace Offense: Public incitement DDURANC Case file: 19-000647-0619-PE (7) - p.: 1

Secciones

Marcadores

Resolución: 2023-406 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas minutos del veintidós de marzo de dos mil veintitrés.

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre 001], quien es mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad número [Valor 001], nacido en San José, el 3 de abril de 1956, hijo de [Nombre 002] y de [Nombre 003], soltero, promotor sindical, vecino de Alajuelita, San José; por el delito de INSTIGACIÓN PÚBLICA en perjuicio de LA TRANQUILIDAD PÚBLICA. Intervienen en la decisión de los recursos, las juezas Rosaura Chinchilla Calderón, Patricia Vargas González y Kathya Jiménez Fernández. Se apersonaron en esta sede el máster Oscar Quirós Soto y el licenciado Carlos Meléndez Lugo, representantes del Ministerio Público, fiscalías Adjunta de San José y de Impugnaciones, respectivamente; la licenciada Gloria Navas Montero, apoderada de la parte querellante “Movimiento Ciudadano Costa Rica” bajo cuyo nombre se agrupan decenas de personas físicas poderdantes; la licenciada Margot Avellán Ruiz, representante de la Procuraduría General de la República quien ha fungido como querellante y actora civil; y los licenciados Rodrigo Rosales Arce y Luis Carlos García Rivera, ambos defensores particulares del encartado y,

RESULTANDO:

I.Que mediante sentencia número 980-2021, de las 15:30 horas del 9 de diciembre de 2021, el Tribunal Penal de San José, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1 a 6, 1, 13, 16, 72 a 74, 111 a 116, 142, 182, 184, 265 a 267, 270, 360 a 366, del Código Procesal Penal y 1, 2, 11, 18, 19, 20, 30, 31, 45 y 280 del Código Penal, 16, 27 y 38 del Arancel de honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado N° 41457-JP este Tribunal dispone ABSOLVER DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD a [Nombre 001], por el delito de INSTIGACIÓN PÚBLICA que en perjuicio de LA TRANQUILIDAD PÚBLICA se le venía acusando. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado a haberse procedido a instancia del Ministerio Público. SOBRE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA: Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria presentada por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA contra el demandado civil [Nombre 001].

SOBRE COSTAS: Son las costas derivadas de las querellas y acción civil a cargo de las partes perdidosas, las cuales se fijan en la suma de CIENTO VEINTIÚN MIL COLONES correspondientes a la acción civil y CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL COLONES correspondientes a las querellas. Las sumas acordadas deberán ser canceladas al adquirir firmeza este fallo y por simple depósito bancario en la cuenta del Tribunal. Una vez firme el fallo se ordena destruir la evidencia decomisada en este asunto. NOTIFÍQUESE. Lorena Blanco Jiménez. Jueza de juicio." (sic, folio 482).

II.Que, contra el anterior pronunciamiento, interpusieron recursos de apelación el máster Oscar Quirós Soto, representante del Ministerio Público, Fiscalía Adjunta de San José; la licenciada Gloria Navas Montero, apoderada y representante de personas agrupadas bajo el nombre “Movimiento Ciudadano Costa Rica”, quienes han sido querellantes y la licenciada Margot Avellán Ruíz, representante de la Procuraduría General de la República como querellante y actora civil.

III.Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en los recursos de apelación.

IV. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes

Redacta la jueza Chinchilla Calderón; y,

CONSIDERANDO:

I.Cuestiones de trámite y competencia. (A) Mediante voto de este colegio jurisdiccional, número 2022-293 de las 11:10 horas del 25 de febrero de 2022 (ver folio 539), se admitieron los recursos del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República y de la abogada representante del denominado “Movimiento Ciudadano Costa Rica”, nombre bajo el cual se han agrupado decenas de personas físicas que han figurado, a título personal, como querellantes alegando un interés difuso y otorgando poder especial judicial para actuar en su nombre a la licenciada Navas; se enderezaron procedimientos respecto a la entrega, a esta última entidad y conforme a su ley orgánica, de una copia de los recursos para que, si lo tenía a bien, se pronunciara; se rechazó la prueba testimonial ofrecida por la defensa (la declaración de Víctor Rodríguez Rescia, presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos con sede en Ginebra y expresidente del Subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas, quien se referiría a las implicaciones internacionales de una acción de inconstitucionalidad interpuesta) y se señaló la audiencia oral solicitada, la cual se celebró en forma presencial el 09 de marzo de 2022 con la presente integración.

(B) En esta diligencia el defensor del encartado planteó una actividad procesal defectuosa alegando que la licenciada Navas Montero, al ser diputada electa a esa fecha, carecía de legitimación para intervenir como apoderada de la parte querellante y actora civil pues ahora era representante de todas las personas costarricenses y no de un grupo específico, para lo cual invocó resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones (1847-E-2003) y de la Sala Constitucional (551-91) que establecen el carácter nacional de todas las diputaciones. Dicha actividad procesal defectuosa le fue rechazada oralmente en la citada diligencia (ver acta de folio 546 frente) bajo los argumentos de que, en primer lugar, aún la licenciada Navas Montero no ostentaba la condición de diputada sino hasta que asumiera formalmente el cargo el 01 de mayo de 2022 y, en segundo lugar, que, aunque hipotéticamente ya tuviera tal condición (que sí la tiene al momento de esta decisión) eso no le impide ejercer sus actividades privadas salvo que obtenga algún rubro por prohibición, lo que debe ser demostrado y, hasta la fecha, no lo ha sido.

En el caso específico consta un poder de ella dado por las personas integrantes bajo el nombre de la entidad querellante y el tema de admisibilidad de ambas piezas ya fue discutido y aceptado al plantear sus escritos iniciales y en la audiencia preliminar y ella ha intervenido en el proceso en tal condición, de manera que la sigue ostentando. Frente a lo anterior, el citado defensor hizo reserva de casación que le quedó consignada en el acta respectiva. En la referida audiencia no se recibió prueba y las partes expusieron sus argumentos de la forma que se resumirá en cada motivo. (C) Asimismo, en la resolución de este tribunal que señaló a ‘vista’ se solicitó a la Sala Constitucional aportar el estado del expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad número 21-024578-0007-CO que promueve [Nombre 001], en su condición de secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (en adelante ANEP).

Recibido el oficio respectivo se constató que la norma impugnada alude al artículo 280 del Código Penal (es decir, la que sirve de base al hecho aquí acusado) y que esta se cuestionó en cuanto «Considera que las frases “que afecte a la tranquilidad pública” y “sin que sea necesarios que el hecho se produzca” convierten este delito en un tipo penal abierto y general, de manera que cualquier acción en que se altere mínimamente el colectivo pueda ser perseguida con solo la denuncia. La norma configura un delito de riesgos que, al estar centrado en el verbo instigar, se materializa a través de la palabra, por lo que lesiona varios derechos fundamentales, entre los cuales está la libertad de expresión, por medio del derecho de reunión pública o privada y las manifestaciones en espacios públicos. Señala que la sola punitividad legal formal no es suficiente para restringir derechos; por ello, una norma no solo debe ser típica, sino también, antijurídica y culpable, ajustando los verbos rectores a conductas concretas, específicas e irreductiblemente determinables.

La generalidad y amplitud de este tipo penal permite “adecuar” cualquier conducta a un verbo y una acción tan amplia como “instigar”, permite sancionar diversas conductas» y que, para la fecha de celebración de la audiencia oral, el asunto estaba en fase de estudio de fondo por el órgano constitucional, pues la acción fue admitida y se publicaron los edictos respectivos en los Boletines Judiciales número 18 a 20 de fechas 28 de enero al 1 de febrero, respectivamente, todos de 2022. Tanto de dichas publicaciones como en la norma que les sirve de base, el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se desprende la orden de suspender el dictado de la “resolución final” del asunto en que se discuta la aplicación de lo cuestionado y, por supuesto, en la causa base de la acción de inconstitucionalidad, como era este caso. Eso obligó a que este tribunal, mediante voto número 2022-356 de las 11:30 horas del 09 de marzo de 2022 (cfr. folios 547 a 549), suspendiera la decisión en esta sede a la espera de lo resuelto en aquella instancia.

Según se informó y se encuentra publicado en diversos Boletines Judiciales del presente año (vgr. el No. 19 del 02 de febrero de 2023, pág. 9 y también se acredita con el documento de folio 556), dicha acción ya fue resuelta a través del voto número 2023-00430 del 11 de enero del año en curso, en que se dispuso: «Por mayoría se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Garita Navarro dan razones diferentes. El magistrado Cruz Castro salva el voto y considera que esta acción debe ser declarada con lugar y en consecuencia, por su contenido y sus efectos, el artículo 280 del Código Penal, resulta inconstitucional.» Por ello, al no existir el obstáculo constitucional referido y haberse reactivado el expediente por auto de trámite de las 10:08 horas del 12 de enero de 2023 (folio 557) (lo que hace que la prescripción de la acción penal siga su curso), procede emitir la decisión en estos recursos máxime por estar involucradas en él personas adultas mayores que figuran como partes, pese a que, como se desprende de la constancia que antecede (folio 565), aún se desconoce el contenido del voto integral por estar en redacción.

Sin embargo, este no podría ser diferente a la parte dispositiva ya publicada y en la que no hubo ninguna declaratoria de inconstitucionalidad ni ninguna interpretación conforme. (D) En el presente asunto las tres partes acusadoras (Ministerio Público, Procuraduría General de la República y las personas físicas que actúan bajo el nombre de “Movimiento Ciudadano Costa Rica”, entidad no inscrita) plantearon imputación por hechos (redactados de forma diversa sobre todo en el caso de la última entidad) que circunscribieron al 09 de setiembre de 2019, cuando [Nombre 001], como secretario de la ANEP, en una reunión del Movimiento Encuentro Social Multisectorial realizado en el auditorio de la Conferencia Episcopal, habría hecho un llamado a un paro nacional con una duración de uno o dos días que incluiría el cierre de fronteras, el cierre o bloqueo de las rutas No. 2 (Alto de Ochomogo), No. 27 (San José-Caldera) y No. 32 (San José-Limón).

Sin embargo, la querella del “Movimiento Ciudadano Costa Rica” descrita en los resultandos de la sentencia (ya se verá en el considerando siguiente que también esos resultandos fueron omisos, en parte, respecto a los hechos sobre los que versaría el juicio según el auto de apertura) incluye estas otras referencias fácticas que no se encuentran en aquellas otras acusaciones: «Sexto (…) Dichas tácticas las utilizó específicamente en hechos ya consumados en el año 2018, acciones que no han prescrito. Nos referimos a la paralización de servicios esenciales a partir del mes de junio de 2018. Toda la población sufrió y el dirigente apoyado en los grupos dirigidos y en compañía de otros, sembró el caos en educación, en los hospitales, en el transporte y en muchos otros servicios públicos. El tránsito vehicular fue interrumpido y la población afectada por el temor y el desconcierto. Ello ocurrió en la ciudad capital y en otras zonas del país.

Reiteramos, es hecho público y notorio (…) Octavo: Querellamos igualmente el hecho consumado el día 3 de setiembre de 2019 en las afueras de la Asamblea Legislativa en horas de la tarde, cuando el periodista de La Nación [Nombre 004] fue atacado por la turba a instancias claras del querellado. No solo provocó agresión con su intervención, sino que interrumpió el ejercicio del periodismo y negó derecho de información a la ciudadanía, derecho fundamental. El hecho quedó constancia en los medios de información y en la misma entrevista hecha al querellado en Repretel en la edición del mediodía del día 13 de setiembre de 2019» (ver legajo de querella respectivo; folios 511-512, se suplen los destacados). Sobre estos tópicos, la sentencia de instancia fue omisa tanto en su parte considerativa (salvo un párrafo alusivo a las costas) como en la dispositiva. Sin embargo, si se observa el recurso de la representante del “Movimiento Ciudadano Costa Rica” (que se describirá más adelante) solo alude a lo acaecido el 09 de setiembre de 2019 y no menciona, en ningún segmento de su planteamiento, los hechos previos o posteriores supra referenciados.

Ese silencio de la querellante particular (única parte legitimada para alegarlo desde que solo aludía a hechos contenidos en una querella por ella planteada), tanto en el memorial escrito como en la audiencia celebrada a su petición, convalida el vicio (omisivo) de la sentencia, al tenor de lo estipulado en el artículo 177 inciso b) del Código Procesal Penal que refiere, en lo que interesa: «…los vicios quedarán convalidados en los siguientes casos (…) b) Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto.» Además, conforme lo estatuyen los numerales 439 y 446 de dicha normativa, la competencia de esta cámara está circunscrita a los alegatos planteados, por lo que tampoco es dable efectuar el análisis de oficio, máxime en sistemas predominantemente acusatorios como el nuestro y ante recursos de quienes acusan, pues ello implicaría sustituir e invadir dichas funciones.

Así las cosas, la sentencia en esos temas (de 2018 y del 03 de setiembre de 2019) ha de entenderse firme e inexpugnable. (E) A fin de abordar los diferentes tópicos planteados de un modo ordenado y lógico se iniciará con el análisis de los alegatos referentes a la licitud probatoria, la valoración del material, la fundamentación y la determinación de los hechos; luego lo relativo a la tipicidad y la argumentación jurídica en general; enseguida lo referente a la acción civil y, por último, las costas. Por ello no necesariamente se seguirá el orden de agravios planteado por quienes apelan y, en algunos casos, se abordarán en conjunto algunas de sus quejas. (F) Para garantizar una lectura fluida del texto, sin distracciones a ideas secundarias, pero, a la vez, darle autosuficiencia de esta sentencia y facilitar el acceso de quienes impugnan (y leen) a los materiales citados, las referencias a documentos jurídicos públicos que se hagan en la posición resolutiva de esta cámara (no en la meramente descriptiva) se insertan mediante hipervínculo (destacado mediante subrayado y otro color de texto) al cual se accede, en el texto digitalizado, haciendo clic sobre la parte destacada.

II.El máster Oscar Quirós Soto, fiscal coordinador del Ministerio Público, apela la sentencia absolutoria exponiendo una serie de frases en su mayoría genéricas y aplicables a cualquier asunto. En lo que titula “primer motivo” de su impugnación (que, en realidad, es el único) muestra su inconformidad con la valoración de la prueba porque estima que hubo quebranto a las reglas de la sana crítica lo que, en su criterio, genera una indebida y contradictoria fundamentación. Refiere que no se analizó correctamente la prueba testimonial de Rubén Hernández Valle y de Gloria Navas Montero y que, si se hubiera hecho eso y se hubiesen omitido apreciaciones subjetivas, se habría llegado a otra decisión. Considera que la recurrida es ayuna de motivación pues se hace mención solo a uno de los aspectos a los que aludieron las partes, dejando de lado circunstancias esenciales (sin expresar cuáles). Dice que quedó demostrado que el acusado efectuó una serie de manifestaciones para causar una revuelta en el país y si bien lo hizo en un centro privado, la Conferencia Episcopal, eso no obsta para que el tipo penal se consume.

Critica la posición de la juzgadora de que el hecho debe realizarse en un sitio público. Agrega, en una exposición un tanto desordenada, que no es requisito que el video a aportar sea el original, que nadie ha denunciado la captación indebida de manifestaciones y que el que este se haya editado no significa que no pueda ser valorado, pues nadie, ni siquiera el encartado, ha indicado que hubiese sido adulterado o las imágenes allí contenidas sean falsas. Recuerda que en nuestro sistema no hay prueba tasada y este material fue escuchado por terceros lo que sería suficiente. Además, fue secuestrado en un medio de comunicación colectiva lo que acreditaría, según el impugnante, que el entrevistado estaba haciendo las manifestaciones a varias personas. Añade que, si bien el delito se encuentra en el título de los delitos contra la tranquilidad pública, eso no significa que la instigación solo debe ser de ilícitos que estén en ese título, ya que hay otros que afectan aquel bien jurídico (como el entorpecimiento de servicio público y la obstrucción de vía pública) los cuales son pluriofensivos e inciden en toda una población.

Añade que “No es cierto que el tipo requiere determinar la voluntad de masa porque el delito es de peligro. No es correcta la conclusión de la jueza de que lo dicho por el encartado, no es una instigación sino una propuesta, pretender que una persona al instigar tenga que decir cuándo y cómo va a suceder el hecho va más allá de lo requerido por el tipo”. (Cfr. folio 490 vuelto). Sostiene que, si bien la instigación no se materializó, el tipo penal no requiere que eso suceda. Enseguida el apelante, de modo un tanto confuso y como interrogante añade: “Como pretende el tribunal que, en este tipo de casos, el solo elemento de que el encartado en momento y forma, no autorizó que se le grabara, y lo exime del delito de Instigación Pública, por cuanto del análisis que se hace, se determina que no existe Tipicidad, nada más alejado de la realidad. A consideración del Ministerio Público, arriba el Tribunal a una conclusión errónea al determinar que la prueba no logra acreditar certeramente la tesis fiscal y deja de lado circunstancias que fueron expuestas por los testigos y por lo anterior y de acuerdo del principio de Correlación entre Acusación y Sentencia, debe se absolverse al encartado.

En ese sentido, desea hacer ver esta representación que estamos ante testimonios creíbles que debieron ser valorados desde la perspectiva de la coherencia y la logicidad; ya que el Tribunal da por sentado que no hay coherencia en sus relatos y el requerimiento fiscal no fue el correcto, apreciación muy subjetiva” (ver folio 491 frente y vuelto; la redacción y las faltas de ortografía, incluido el uso inadecuado de mayúsculas, son del propio texto fiscal). En forma genérica (pues tampoco describe, en concreto, alguna) indica que hay serias contradicciones entre lo narrado por los testigos y lo interpretado por el tribunal y que este se limitó a señalar algunas supuestas circunstancias expresadas por los testigos. Luego de otras manifestaciones abstractas, válidas para cualquier causa, sobre la importancia de la motivación termina pidiendo la nulidad de lo resuelto. Asimismo, la licenciada Gloria Navas Montero, presidenta del “Movimiento Ciudadano C.R.” y apoderada de las personas físicas que lo componen y figuran como querellantes alegando un interés difuso, adelanta que la petitoria esencial es la anulación del fallo de mérito.

Como primer argumento para ello alude a la ayuna fundamentación y a la valoración fáctica errada que condujo al hecho probado principal. Dice que es cierto que el encartado es el Secretario General de la ANEP, dirigente sindical y el nueve de setiembre de 2019 participó de una reunión “que dícese de carácter privado pero que trascendió a la opinión pública” (condición subrayada que reclama no fuera incluida como hecho probado, pese a que los testigos de don [Nombre 001] estuvieron en la reunión y les consta que él se dirigió al público presente donde profirió las expresiones que se querellaron y estas llegaron a conocimiento público). También es verdad, agrega, que el procesado externó planteamientos ante los participantes de la reunión y el video original no pudo ser localizado, pero se aportó uno de la entrevista que, con motivo de eso, ella dio a Repretel donde, a su juicio, se acreditaría que se dieron las expresiones ante un público exacerbado por la actitud del líder y que se informaron al público afectado y amedrentado.

Dice que el delito imputado no distingue si el hecho punible se comete en público o en privado pues la delincuencia es de acción pública y que, por eso, el hecho probado resulta incompleto y eso afecta la fundamentación y genera el gravamen, por lo que el razonamiento del tribunal no cumple a cabalidad con los límites del debido proceso. Añade que al examinar la declaración de Rubén Hernández Valle tanto como la que ella misma dio se establece que se sintieron afectados por las declaraciones de don [Nombre 001] (las cuales no han sido negadas ni por él ni por sus sindicatos) pero que también lo fueron otras personas. De eso se enteraron por los medios de prensa, por lo que el hecho se dio y se pasó a información de la opinión pública, que es la que resulta afectada. Sostiene que el encartado públicamente indicó que sí las había hecho. Alude a lo que narró Cesar López, testigo de la defensa; niega que lo que el procesado dijera fuese un intercambio de ideas y afirma que este testigo reconoció que el video circuló en CRHoy y en varios medios televisivos.

Resume el dicho de Walter Quesada quien señaló su participación en movimientos sindicales que históricamente han producido grandes pérdidas económicas al país y generado el entorpecimiento de la educación. Dice la apelante que en el 2018 hubo casi tres meses de huelga y que “esta historia no ha producido amnesia en la población” (folio 501 vuelto) y que ese es el modus operandi del acusado, tema no valorado por la jueza interviniente. Por ello, se hacía creíble la amenaza proferida en los grupos que han apoyado esos movimientos lesivos para la comunidad nacional. Se queja de que la jueza desechara la interpretación de conjunto y el principio de experiencia, lo que afectó la valoración del material probatorio. Niega que se esté ante un juicio político, como dice el acusado, y pide la nulidad de lo resuelto. Al contestar los recursos, los defensores privados del imputado indican que los ofendidos hacen referencia a hechos de 2018 en los que don [Nombre 001] ni siquiera participó; usan prueba ilegítima (copia de un video no autorizado en su reproducción y cuya captación configuraría un delito previsto en los artículos 181 a 183 del Código Penal) y pretenden extender artificiosamente la instigación pública, en detrimento de la voluntad legislativa, a artículos distintos de los contemplados como delitos en el Título X del Código “Procesal Penal” (sic) los cuales no fueron atribuidos.

Dicen que la interpretación de los acusadores respecto de los elementos de este tipo es general y extensiva y se olvidan que existe la figura genérica de la instigación del artículo 46 del Código Penal; violentan —siguen argumentando los defensores— los artículos 25, 26 y 29 de la Constitución Política referente a las libertades de manifestación o expresión, asociación y reunión, así como los principios de legalidad y tipicidad penal, todo lo cual transgrede estándares internacionales (para lo cual se aporta copia de una acción de inconstitucionalidad). Añaden que, por esta vía, se ejerce censura previa y se cercena la libertad de expresión lo cual abre una ventana al riesgo penal, máxime cuando a quien se criminaliza es a un defensor de derechos humanos como califica la Relatoría de las Naciones Unidas a las personas sindicalistas. Afirman que la instigación pública no puede realizarse en el ámbito privado y la afirmación de la querellante, de que no se distingue en el tipo penal tal cosa, es un pensamiento jurídico ilógico.

Les sorprende la ligereza del escrito de apelación fiscal y el uso “machotero” de afirmaciones y agregan que nunca se debió abrir una carpeta para este hecho pues “da pena ajena” (folio 532 vuelto) cuando en la sentencia se dice que el video aportado no cumplía los requisitos mínimos para ser analizado porque no era original y que, pese a eso, el Ministerio Público continúe con esta “pasarela judicial” (ibídem), lo que no es algo menor pues cuesta dinero de las personas contribuyentes el cual debería usarse en otras cosas. Insisten en que el video es prueba ilícita y también lo es todo lo que derive de este, por lo que la querellante Navas no puede revivirlo incorporando otros de medios de comunicación que lo reproducen y, por tanto, es irrelevante si el sitio es público o privado. Añaden que las declaraciones lo que hacen es basarse en el video, y no son de testigos presenciales. Sostienen que la sentencia está bien fundamentada.

En la audiencia celebrada, el licenciado Carlos Meléndez, fiscal del Ministerio Público pidió acoger su recurso y ordenar el reenvío, reiterando los argumentos expuestos por escrito. La licenciada Navas Montero, como querellante amplió su recurso indicando que lo interponía tanto personalmente —como ciudadana costarricense por acción popular— como en su condición de apoderada judicial de las personas agrupadas bajo el nombre “Movimiento Ciudadano Costa Rica” y que lo hacía por tres factores: por una ruptura en las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba; por una errónea interpretación del artículo 280 del Código Penal al declararse que el hecho no era típico y en cuanto se condenó a su representada al pago de las costas (aspecto en el que centra otro agravio independiente). En cuanto a los dos primeros aspectos resaltó que se está ante un delito de peligro y no de resultado (tema relevante para asociar a la condena en costas) y que la interpretación de que la frase se emitió en privado es un primer yerro, porque se estaba en el contexto de una huelga, con escándalo, obstrucción de vías, entorpecimiento de servicios hospitalarios y de transporte público, todo lo cual generaba caos y estaba en juego el interés público.

El video en que el encartado se pronuncia en la intersectorial se reprocha que no se aportó en su original, pero ella intervino como testigo del Ministerio Público y hay libertad probatoria. Considera erróneo que se indique que no se pueda aplicar este delito a tipos penales que tutelan el mismo bien jurídico, aunque se encuentren en otras secciones del Código Penal. El licenciado Rodrigo Rosales, defensor penal del encartado, manifestó que ninguno de los apelantes aportó argumentos para desbaratar lo expuesto en la sentencia, sino que se parte de un “derecho penal de autor que haría que Günther Jakobs se volviera a morir” (sic). Señala que se pretende usar prueba ilícita por una doble razón: su representado estaba en una actividad y en un recinto privado y se filtró un video suyo sin su consentimiento ni aprobación el cual, como si fuera poco, se editó. El licenciado Carlos García indicó que las partes acusadoras pasaron de una “instigación pública” a una “instigación común”; que se violó el artículo 180 del Código Procesal Penal pues la prueba madre se obtiene mediante un delito referido a la violación de correspondencia.

El encartado, al finalizar la audiencia, indicó que es hijo y heredero de los valores de 1949 con la antesala de las garantías de los años 40, tiene 30 años en la lucha social al frente de ANEP y nunca lo ha hecho por aspirar a cargos públicos sino que ha contado con la venia de comités de personas que han considerado que él es importante para la causa social, de modo que no hizo peligrar la tranquilidad pública sino que esto pone en evidencia la desigualdad social creciente generada por las políticas económicas desplegadas. Indica que su organización es referente de grupos sociales de distinta naturaleza que no reciben respuesta de los partidos políticos. En un encuentro social multisectorial, privado, para redactar planteamientos y deslindar una estrategia de lucha frente al gobierno, que los ha excluido en forma total, mucha gente se infiltra. Dice que no tiene ideología, ni tampoco la posee ANEP, sino que se busca deslegitimar y que su única bandera son los derechos humanos al punto que se encuentra en el banquillo de los acusados por defenderlos.

Alude a la OC27/21 de la Corte IDH relativa a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, que son también derechos humanos. Dice que doña Gloria es diputada electa de la República y que le ofreció una audiencia apenas asumiera, pero desde ya le pide que le devuelva al pueblo el derecho de huelga, pues no se trata de un simple referente sino de una sentencia de un tribunal internacional lo que se incumple. Añade que estaba en un evento privado y se dio una filtración sin su consentimiento que fue tergiversada por la molestia que tienen algunos medios de comunicación en su contra. Señala que el país se devolvió 50 años en desarrollo social, que en ese momento había agitación y movimientos sociales y eso seguirá con o sin [Nombre 001], con o sin ANEP, ante el hambre y el alto endeudamiento salarial. Dice que ANEP es un referente de ayuda social, de defensa laboral de derechos en forma gratuita para lo que se rompió la agremiación corporativista, de donde más que afectar la tranquilidad pública buscar consolidarla y que son ellos los que pusieron en peligro dicho valor.

Los planteamientos son conexos y se abordarán conjuntamente, rechazándolos. Como puede verse, las partes entremezclan temas procesales con cuestiones propias del derecho sustantivo y de la configuración del tipo penal. Estas últimas, que también se mencionan en otros alegatos que se resumirán más adelante, se abordarán, entonces, en otros apartados (a los que se remite a las personas gestionantes con el fin de evitar reiteraciones innecesarias), para mantener un orden lógico de exposición, circunscribiéndose este primer acápite a temas relacionados con la validez y valoración de la prueba y la fundamentación de la resolución. No obstante, no se hará referencia alguna al principio de correlación entre acusación y sentencia, mencionado por el fiscal impugnante, desde que no se verifica su afectación, en tanto no solo los hechos de las acusaciones no se tuvieron por demostrados (y aquel principio, que tutela el derecho de defensa, busca preservar que la condena se base en lo acusado), sino que el citado fiscal solo lanza una frase sobre ese tema al aire, sin darle contenido alguno, lo que evidencia más el uso de un formulario preestablecido y no corregido que un vicio real de la decisión.

También conviene advertir, desde ya, que en un país democrático y realmente respetuoso de los derechos de todas las personas, cualquiera puede ser llevado a los tribunales por actos que una persona considere lesivos a sus derechos o intereses pues esto es parte del derecho humano de acceso a la justicia, sin que el hecho de someterlo a un proceso (de cualquier naturaleza y sea cual sea su resultado) pueda considerarse como un juicio político pues, a la fecha, (aún) existe una independencia judicial que, aunque con debilidades y puntos de oportunidad para su mejora, sigue funcionando y que permitirá determinar si lo atribuido es aceptable o no y, en uno u otro caso, fijar las responsabilidades que correspondan. Un juicio político es, en sentido estricto y en algunos sistemas políticos, uno desplegado por los Parlamentos para fijar responsabilidades políticas (no jurídicas) de un alto funcionario público (condición que no tiene el acusado y proceso que no se tiene en el país) o bien, en sentido amplio o latu sensu (que es el que parece usar el encartado), es el planteado para desarticular una oposición usando canales judiciales cooptados pero para que esta calificación sea válida se requiere no solo la motivación de la parte actora sino el dominio absoluto del aparato judicial o jurisdiccional, lo que, en la especie, no consta que exista desde que la sentencia de instancia rechazó las pretensiones de las partes y esta cámara asume, con todo rigor, su rol independiente.

Por ello, de entrada, se rechazan tales calificativos que, más que efectuar análisis parten de subjetivismos o emociones que este tribunal no valida. Asimismo, es preciso advertirle al licenciado Rosales no solo que el autor alemán Günther Jakobs (1937-…) no ha fallecido (por lo que no podría volverse a morir) sino que este académico ha sido, más bien, quien ha ideado las bases ideológicas del “derecho penal del enemigo” que es lo más cercano al derecho penal de autor, de donde esta corriente, lejos de serle adversa, le es afín, por lo que ninguna crítica podría hacerse desde la posición teórica que él sigue a las expresiones citadas por los abogados del imputado. Hechas esas precisiones, a fin de tener un marco contextual expreso para aludir al tema probatorio y de fundamentación, conviene, además, efectuar un rápido recuento de lo sucedido en el proceso, así como elaborar un resumen de la sentencia —emitida por escrito por una jueza unipersonal— la cual consta de 42 páginas (las que se localizan en los folios 460 a 482 del expediente principal): (A) Resumen de lo sucedido en el proceso. i. Este asunto inició por denuncia de fecha 13 de setiembre de 2019 planteada por la posterior querellante Gloria Navas Montero, en representación del “Movimiento Ciudadano Costa Rica” bajo cuyo nombre se agrupan 82 personas físicas, 81 de las cuales otorgaron poder especial judicial a la licenciada Navas quien también actuó a título personal.

Todas ellas, junto con el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, plantearon acusación contra [Nombre 001]. ii. Las tres acusaciones tienen en común el imputarle al sentenciado el delito de instigación pública por hechos sucedidos el 09 de setiembre de 2019 cuando [Nombre 001], como secretario de la ANEP, en una reunión del “Movimiento Encuentro Social Multisectorial” realizada en el auditorio de la Conferencia Episcopal Costarricense, habría hecho un llamado a un paro nacional, con una duración de uno o dos días, en el cual se haría cierre de fronteras y el bloqueo de las rutas No. 2 (Alto de Ochomogo), No. 27 (San José-Caldera) y No. 32 (San José-Limón) sin que nada de eso se diera o, al menos, así se discutiera y probara en el juicio. Sin embargo, la querella del autodenominado “Movimiento Ciudadano Costa Rica incluye, como ya se adelantó, estas otras referencias fácticas que no están comprendidas en las otras acusaciones, a saber: «Sexto (…) Dichas tácticas las utilizó específicamente en hechos ya consumados en el año 2018, acciones que no han prescrito.

Nos referimos a la paralización de servicios esenciales a partir del mes de junio de 2018. Toda la población sufrió y el dirigente apoyado en los grupos dirigidos y en compañía de otros, sembró el caos en educación, en los hospitales, en el transporte y en muchos otros servicios públicos. El tránsito vehicular fue interrumpido y la población afectada por el temor y el desconcierto. Ello ocurrió en la ciudad capital y en otras zonas del país. Reiteramos, es hecho público y notorio (…) Octavo: Querellamos igualmente el hecho consumado el día 3 de setiembre de 2019 en las afueras de la Asamblea Legislativa en horas de la tarde, cuando el periodista de La Nación [Nombre 004] fue atacado por la turba a instancias claras del querellado. No solo provocó agresión con su intervención, sino que interrumpió el ejercicio del periodismo y negó derecho de información a la ciudadanía, derecho fundamental.

El hecho quedó constancia (sic) en los medios de información y en la misma entrevista hecha al querellado en Repretel en la edición del mediodía del día 13 de setiembre de 2019.» (La redacción es del original, se suplen las negritas). Lo anterior fue parte de lo que se reseñó en los resultandos de la sentencia apelada. Sin embargo, si se observa el escrito de querella propiamente (el cual se admitió íntegramente en el auto de apertura a juicio) este contenía otros hechos, a saber: «3. En los últimos tiempos, conforme lo acreditan hechos públicos y notorios, dicho señor se ha excedido en sus discursos acciones y decisiones al punto que no solo ha abusado ilegítimamente de su derecho de opinión, sino que su conducta transgrede la ley y otras garantías fundamentales de la ciudadanía, la que escoge manifestarse no con violencia ni con coacción sino con los instrumentos adecuados del Estado de Derecho. 4.

Dicho señor con sus discursos y acciones ha pretendido desestabilizar el orden constitucional incitando a la violencia y el ejercicio de grupos que perturban dolosamente el libre tránsito de los ciudadanos, de jóvenes estudiantes, niños que se dirigen a sus centros de educación y muchos trabajadores que deben presentarse puntualmente a sus labores. Incluso, hace pocos días con su dicho logró que personas dirigidas con sus expresiones negativas dirigidas y acciones indebidas atacaran físicamente a un miembro de la prensa que trataba de ejercer su labor. 5. Hace pocos días ante una presunta huelga convocada por sindicatos médicos y de profesiones afines incitaba a las masas a reaccionar y negar la prestación de servicios esenciales como la salud, poniendo en peligro la vida de muchos ante la masiva cancelación de citas y de cirugías programadas. Se negó la entrega de medicamentos, todo ello en evidente afrenta y quebranto de derechos humanos fundamentales.

Ello ha quedado registrado por la prensa y otros medios de información. Se trata de hechos públicos y notorios. (…) 7. A dicho señor lo querellamos formalmente por cuanto ha pretendido mover a sus seguidores y a otros movimientos sindicales como lo afirmó, hacia la ofensa ciudadana y gubernamental extorsiva con la consumación de un paro en la nación entre 24 a 48 horas de frontera a frontera.» (También figuran allí los puntos descritos como 1 y 2 que se omiten en la anterior transcripción pues contienen la identificación del encartado y el tiempo relativo a su actividad sindical, temas que no son de imputación propiamente tal sino meramente descriptivos; se agregan las negritas). En este último escrito de acusación particular se agregan otras calificaciones jurídicas como obstrucción en la vía pública y motín en condición de instigador (ver legajo de querella respectivo). iii. La querella de la licenciada Navas y de las 81 personas restantes se presentó el 23 de octubre de 2019 y se admitió en esa misma fecha.

Luego de planteada la acusación fiscal, en agosto de 2020, esta se comunicó a la Procuraduría General de la República quien incoó su querella (ver legajo de querella y traslado de la acusación en folio 161 del principal). iv. También se planteó acción civil resarcitoria únicamente por parte de la Procuraduría General de la República quien reclamó el daño social en la suma de un millón de colones, pretensión que mantuvo en todo el proceso (ver legajo de querella de esta parte procesal en folio 2, legajo de acción civil folio 1 y conclusiones del debate en folio 458). v. En el debate se recibieron cuatro testigos, los primeros dos integrantes del “Movimiento Ciudadano Costa Rica” (Rubén Hernández Valle, Gloria Navas Montero) que no estuvieron presentes en la reunión sino que se enteraron de ella por medios de comunicación y los otros aportados por la defensa (César López Dávila y Walter Quesada Hernández) que, aunque asistieron a la reunión, no recordaron los términos exactos en que se expresó el encartado; se evacuó la declaración del indiciado (quien aludió al contexto de su discurso sin aceptar que hubiese dicho aquellas frases) y se incorporó, como prueba documental, las denuncias y su documentación adjunta de folios 1 al 17, 124 al 129 y 130 al 134; libelo con firmas de diferentes personas de folios 18 al 119; el acta de decomiso y lo descrito en ella número 0064696 de folio 141; los informes del O.I.J., uno de la Sección de Inspecciones Oculares número 1816-DC-SIOERI-2019 en folios 148 y vuelto y otro de la Sección de Delitos Varios número 059-DVDC-2020 de folios 154 y 155; la certificación de juzgamientos de folio 251 y, como prueba material, un disco DVD-R de color dorado con la leyenda 19-647-619-PE; un disco marca Maxell DVD+R de color plateado con la leyenda “video [Nombre 001]”; un disco marca Maxell DVD-R de color plateado con la leyenda "firmas de los ciudadanos” y un dispositivo USB color blanco "Transcend" 4GB; vi.

En los hechos probados de la sentencia se tuvo por acreditada la condición de dirigente sindical del encartado, la participación de este en una reunión privada a nivel nacional celebrada el día y en el lugar acusados (09 de setiembre de 2019 en el auditorio de la Conferencia Episcopal de San José en el marco del grupo “Movimiento de Encuentro Social Multisectorial”) y el que, sin él autorizar la captación de su voz o imagen, fue filmado mientras hacía sus planteamientos a las personas asistentes, sin que se pudiera localizar el video original. Se tuvo por demostrado, además, que el sindicado no cuenta con antecedentes. vii. El análisis probatorio intelectivo y jurídico se plasmó, en conjunto, en el considerando III (páginas 30 a 40 de la sentencia) en donde se esgrimen, como motivos de la absolutoria penal del encartado, los siguientes: a) los hechos acusados no son típicos del delito atribuido (instigación pública) ni de ningún otro; b) si bien no se está ante un juicio político, como dice el acusado, se echa de menos que las partes no hicieron un análisis de las pruebas, ni siquiera de las documentales, y divagaron por hechos que no tenían relación con el thema probandum como el movimiento de huelga nacional de 2018 sobre el que no habían interrogado para ligar al encartado con eso; c) las partes no analizaron la forma en que se obtuvo el video sino que el ente fiscal se contentó con mencionar que se estaba ante un delito de peligro abstracto (lo que la jueza acepta como válido) pero sin aludir al asidero probatorio para su acreditación, pues hay un informe policial (059-DVDC-2020) que refiere que el video original nunca fue decomisado, por lo que no es posible determinar si el publicado por medios de comunicación y visto en la sala de debates había sido editado o no; d) el video aportado por una querellante (DVR-R color dorado con la leyenda 19-647-619-PE), en el segundo 18, presenta un corte y no es, como se dijera en las acusaciones, el video original sino “…un video de Repretel donde se entrevista a la señora Gloria Navas, lo cual denota que las partes llegaron a debate sin tener un adecuado manejo de la prueba” (página 32 de la sentencia).

Por otro lado, el disco marca Maxell DVD-R color plateado con la leyenda "video [Nombre 001]” era una copia, presenta fecha de modificación el 12 de setiembre de 2019 y «…a efectos de analizar la autenticidad del mismo conforme consta a folio 147 se hacía necesario contar con el video original y por ello se dispuso mediante requerimiento fiscal al Organismo de Investigación Judicial según consta a folio 148, el secuestro del video original donde constaban las manifestaciones del encartado, diligencias llevadas a cabo mediante el informe de la Sección de Delitos Varios N° 059-DVDC-2020, el cual consta a folios 154 y 155, que es prueba debidamente admitida, el cual sobre la diligencia que interesa indica: "CRhoy respondió que no lograron encontrar videos originales de las grabaciones de sus periodistas", ante lo cual el video original nunca pudo ser analizado para determinar no solo la veracidad de la copia aportada como prueba, sino también las condiciones en que el mismo fue obtenido, pues determinando quien había sido el periodista o corresponsal que lo grabó, bien podía entrevistársele y ofrecerse como testigo para determinar si existió libre acceso a la prensa a esa reunión y/o consentimiento para que esas manifestaciones fuesen captadas y en ese sentido entonces sí se tendría por acreditada no solo la publicidad de las manifestaciones sino también el conocimiento del imputado de tal circunstancia, pero que a este momento se desconoce al punto que más bien no puede descartarse que se haya cometido el delito de captación indebida de manifestaciones verbales» (Cfr. sentencia, páginas 37-38); e) el representante estatal (la sentencia no especifica a cuál de los dos se refiere e intervienen en esa condición el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República) no acredita su aseveración de que el evento convocado fuera público; f) el que se exhibiera un video en los medios de comunicación, sin que se sepa quién lo grabó y sin contar con autorización para ello, no le imprime publicidad a la reunión; g) los acusadores tienen la carga de la prueba y no demostraron elementos esenciales del tipo penal; h) las únicas personas, de los asistentes a la reunión, que declararon en juicio y el propio encartado dijeron que el evento era privado (así lo aceptó el fiscal en sus conclusiones según página 36 de la sentencia), las manifestaciones habrían sido emitidas en un lugar privado (esto último calificado como hecho incontrovertido en página 36 de la sentencia) y eso no fue desvirtuado, pues aunque Navas indicó que agricultores de San Carlos le dijeron que asistieron y el testigo López Dávila afirmó que había representantes de la sociedad civil, eso no le imprime la condición de pública a la reunión, máxime que esta se efectuaba en un recinto privado y el encartado dijo que tenía ese carácter y era cada sindicato quien determinaba la forma de convocatoria de sus representantes; i) no es aceptable que se invierta la carga de la prueba y se afirme que, como los testigos de descargo dijeron que no conocían los detalles de la convocatoria de la reunión, entonces esta no era privada; j) la representante del “Movimiento Ciudadano Costa Rica” refirió que el encartado era confeso porque había aceptado públicamente haber dicho las expresiones acusadas y que no se echaba para atrás, pero no refirió los elementos probatorios de donde derivaba eso pues si él lo aceptó así en alguna otra entrevista televisiva, esta no fue ofrecida y sobre tal extremo solo se expusieron planteamientos en las conclusiones del juicio y no mediante los interrogatorios a los testigos u otra prueba formalmente admitida y, en el juicio, el procesado rechazó los cargos; k) “…si bien la querellante, en la querella que interpuso el 23 de octubre del 2019, indicó que como prueba se solicite a Repretel el video del medio día de los días 12 y 13 de setiembre del 2019, donde constan respectivamente las entrevistas a Gloria Navas y [Nombre 001], de una adecuada revisión del acervo probatorio se habría percatado que finalmente el único video que fue decomisado en Noticias Repretel conforme el acta N° 64696 de folio 138, fue el de la entrevista a la señora Navas, ello porque en su denuncia -ver folio 125 vuelto- indicó que ambas entrevistas se habían dado el día 12 de setiembre del 2019 y por ello eso fue lo requerido por el Ministerio Público según folio 135, siendo que si la parte estimaba que esa no era la prueba requerida acorde a su tesis acusatoria bien pudo advertirlo en el momento procesal oportuno, lo cual no sucedió al punto que al momento de reproducirse los videos aportados indicó que echaba de menos el video en cuestión sin aportar mayores detalles…” (cfr. sentencia, folio 477); l) los testigos de cargo (Hernández y Navas) no fueron presenciales del evento sino que se enteraron de los hechos por la divulgación del video por medios de comunicación; de la información que ellos aportan no puede derivarse que el evento fuera público; m) no se configura el delito de instigación pública, dice el tribunal de mérito, pues este, previsto en el numeral 280 del Código Penal y sancionado con prisión de seis meses a cuatro años, no alude a cualquier delito sino a uno que afecte la tranquilidad pública, ubicación que también tiene ese tipo penal (en el título X “Delitos contra la tranquilidad pública”) junto con otros como la asociación ilícita, el apoyo y servicios para el terrorismo, la intimidación pública y la apología del delito.

Sin embargo, los acusadores no le atribuyeron ninguno de estos al encartado, sino los de entorpecimiento de servicios públicos y obstrucción de la vía pública, los cuales se ubican en el Título IX “Delitos contra la seguridad común”; n) el que un suceso genere alarma colectiva, caos o preocupación (como lo alegaron los acusadores) —sigue diciendo la juzgadora de instancia— no significa que se afecte la tranquilidad pública a los fines de configuración del tipo penal, pues hay un título específico en el Código Penal que establece cuáles delitos tienen como bien jurídico tutelado la tranquilidad pública. No interpretarlo así sería hacer una interpretación extensiva y caer en los excesos en que incurrió la procuradora al decir que hasta un robo afecta la tranquilidad pública, lo que violenta el artículo 2 del Código Penal; ñ) en Costa Rica el tipo penal de instigación pública es más restringido que en otras legislaciones, como las de Colombia y Argentina (que se transcriben en la sentencia impugnada), en donde el tipo penal no limita la comisión del ilícito a la afectación de un bien jurídico específico, como sí sucede en nuestro medio; o) los delitos de obstrucción de la vía pública y entorpecimiento de servicios públicos sí admiten instigación, pero mediante la figura genérica del artículo 46 del Código Penal.

Sin embargo, de haberse considerado que [Nombre 001] intervino como instigador de esos delitos, la redacción de las acusaciones debió ser distinta, primero porque los hechos tenían que haberse perpetrado; segundo porque era preciso individualizar a sus autores a fin de establecer que fue el encartado quien los determinó a cometer los hechos punibles. La jueza establece la diferencia entre ambas figuras en que la instigación genérica requiere la determinación de la voluntad de alguien concreto, en tanto que la instigación pública, por su característica de publicidad, alude a determinar la voluntad de una masa o sujetos indeterminados. Por eso, sigue diciendo (con apoyo en referencias a Manzini y Quisbert), la publicidad, en Costa Rica, es parte del dolo. Nada de esto se probó en el caso concreto, concluye la juzgadora, pues no hubo actos posteriores a esas palabras de materialización de esos cierres; p) tampoco se acreditó la seriedad de la instigación, pues esta implica inducir o mover el ánimo al delito, no simplemente manifestar una idea, proponer o aconsejar.

Partiendo de que se le acusa que dijo "creo que la tesis de paro nacional es correcta, hay que proponer un gran paro nacional, pero de verdad, no de pasarela, cerrar las fronteras, cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar Ochomogo..." eso no sería instigación sino una propuesta en el marco de un discurso de protesta social pues no se indica el cómo y el cuándo de las propuestas. Hernández Valle aludió a que no se les hizo caso a esas palabras, lo que denota la falta de seriedad; q) Con citas doctrinales que, a su vez, aluden a jurisprudencia argentina, se hace mención de que, casos similares, están amparados a la libertad de pensamiento y expresión, garantías constitucionales. viii. La acción civil resarcitoria planteada por el Estado, representado por la Procuraduría General de la República, se rechazó en el considerando IV (un párrafo en página 40 de la sentencia) porque se atribuyó una responsabilidad subjetiva y, como no se acreditó que el encartado cometiera los hechos, no había nexo causal. ix.

Se resolvió con condena en costas a las partes vencidas, tanto en lo penal como en lo civil (considerando V, páginas 41-42), pues se estimó que no había razón plausible para litigar dada la prueba aportada y la atipicidad dicha; las querellas se basan en prueba distinta a la ofrecida y admitida y esta no se constató si era pertinente o errónea sino hasta llegar al juicio. (B) Abordaje de las quejas. En primer término, los declarantes de cargo (Navas y Hernández), en efecto, no fueron testigos presenciales, no estuvieron en la reunión en donde se habrían expresado las opiniones cuestionadas, según se acusa, y, por ello, nada de lo que aportan permite desentrañar la forma en que se obtuvo el material audiovisual ni la característica de la reunión, es decir, si era pública o privada y mucho menos el contenido de lo allí tratado, del que ellos supieron por los medios de comunicación. Ahora bien, tratándose de un proceso penal, la obligación de demostrar todos los elementos constitutivos de un delito (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) le compete a quienes acusan y no a la persona señalada de la infracción pues, considerarlo de otro modo, sería revertir la carga de la prueba y violentar el estado de inocencia garantizado constitucional (artículo 39 de la Constitución Política) y convencionalmente (artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —en lo sucesivo CADH— y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros).

Del estado de inocencia (antes mal llamada presunción) deriva que, en caso de duda sobre circunstancias de hecho, debe estarse a lo que sea más favorable para la persona acusada (artículo 9 del Código Procesal Penal). Por esta razón, si las partes acusadoras no aportaron elementos probatorios relativos a la naturaleza de la reunión, es decir si era pública o privada, sino que la prueba evacuada en el debate daba cuenta, más bien, que se efectuó en un recinto privado y que era de carácter restringido para representantes de diversos movimientos sociales, tema que también refirió el encartado, mal hacen los apelantes en considerar que la ausencia de prueba sobre tal extremo debe afectar al sindicado pues, más bien, ha de estarse a lo que le es más favorable, es decir, que la reunión era privada (pues, como se desarrollará más adelante, esto involucra garantías constitucionales y convencionales con requerimientos adicionales), aspecto que también mencionó el testigo Juan López Dávila (“Recuerdo un evento en el que había participado en setiembre del 2019, sí lo recuerdo a propósito de todo lo que pasó luego, fue un conversatorio a puerta cerrada que se hizo en el auditorio de la Conferencia Episcopal en calle 20, eso es una actividad privada, no era una manifestación, un conversatorio de intercambio de ideas, que se suele hacer cada cierto tiempo sobre todo en momento en que hay políticas públicas que afectan las y los trabajadores, fue un encuentro de varios grupos sindicales y varios grupos de la sociedad civil, fue un encuentro multisectorial.

Ese es el auditorio de la Conferencia Episcopal que lo renta para actividades, al ser una actividad privada se busca en el mercado opciones que cumplan con aforo y sonido para hacerlas. Podrían haber hecho uso de la palabra alrededor de 18-25 personas en primera ronda (…) no se invitó a medios de la prensa, es un debate en el mundo de las ideas, estamos hablando de posiciones sociales, no fue invitado ningún medio de comunicación, no era una actividad pública, no se quiere que nadie se sienta interpelado a responder por lo que se llama en ciencia social deseabilidad social, no se autorizó la filmación ni la difusión del evento para respetar la privacidad de las personas que ahí se encontraban, escuché la mayor parte de los discursos (…) dentro de las personas que intervienen al señor [Nombre 001] (…) Sí recuerdo un video que circuló en varios medios de comunicación, recuerdo CRhoy y varios medios televisivos, del video recuerdo que estaba grabado como a escondidas, como desde atrás en un rincón, es bastante corto, la intervención de [Nombre 001] solía ser de aproximadamente cinco minutos, el video no corresponde a eso, recuerdo haber visto un corte, no puedo evitar pensar que no corresponde a la totalidad de lo que se dijo, por el corte y su duración y muchas veces a la hora de participar hay que hacer alusión a lo que dijeron personas tres o cuatro turnos atrás, un extracto de una intervención no revela el espíritu de lo expuesto.» (Cfr. sentencia, folios 467 vuelto y 468, se suplen los destacados).

Eso mismo lo acepta la licenciada Navas en el propio recurso, por lo que ninguna contradicción o errónea valoración se observa en la decisión de tener la reunión como privada. La licenciada Navas, sin embargo, reprocha que no se dijera en los hechos probados que, aunque el acto fuera “de carácter privado (…) trascendió a la opinión pública” (cfr. folio 500, se agregan las negrillas). Ahora bien, sobre este tema en particular, es decir, sobre la difusión a la opinión pública, la sentencia de instancia no podía tenerla por acreditada pues partió de la tesis de que el material audiovisual era prueba ilícita y, por ende, también lo era, todo lo que de esa fuente espuria derivara. La resolución recurrida asume esa conclusión por dos razones: a) porque el encartado no autorizó la captura de su imagen y voz y la grabación, como dijo el testigo López Dávila supra referido, se ve que fue realizada en forma subrepticia, desde atrás del salón y la reunión era privada y b) porque si bien se aportaron unos videos, estos fueron manipulados (uno cortado y otro editado) de donde se dudaba de la cadena de custodia del material y de que lo allí captado respondiera a lo que el encartado quería decir y efectivamente manifestase, pues pudo ser descontextualizado.

Ambos posicionamientos son derivados y a ellos se llegó respetando las reglas del correcto entendimiento humano, sin que este tribunal visualice errores en la argumentación. En efecto, si no hay prueba alguna que determine que el evento era de acceso libre y abierto al público, entonces ha de tenerse como privado y, en este marco, protegido por el derecho de reunión y la captación de voz e imagen de las personas que recoge el derecho a la intimidad, ambos regulados tanto en la Constitución Política (artículos 24 y 26) de como en los tratados internacionales (artículos 11.2 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). El mismo testigo Rubén Hernández Valle, en sus primeros textos jurídicos, aludió a la importancia de esa determinación: «…la reunión será privada, aunque se realice en un bien demanial de uso general (calle, plaza, monumento público, etc.) cuando, por la modalidad con que se desarrolla, puedan participar en ella solo las personas previamente determinadas y que, por lo general, se conocen entre sí (Ejemplo: reuniones de miembros de una asociación […] grupo de turistas […] reuniones de asociaciones de partidos políticos […]) Luego, en contraposición a las reuniones en lugar abierto al público, se definen como privadas las reuniones cuyos participantes sean recíprocamente conocidos entre ellos, o estén en posibilidad efectiva de conocerse antes o durante el curso de la reunión (…) Respecto de las reuniones públicas el motivo principal para su eventual disolución lo constituye (…) Respecto de las reuniones privadas tales potestades deben ser negadas, ya que este tipo de reuniones se encuentra disciplinado más bien por las normas relativas a la tutela del domicilio y la libertad y secreto de las comunicaciones.» (Cfr.

Hernández Valle, Rubén, 1980. Las libertades públicas en Costa Rica. Editorial Juricentro, págs. 141-142; se agrega el destacado. En igual sentido y del mismo autor y editorial: El derecho de la Constitución. Volumen II, 1993, página 521). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo Corte IDH), al interpretar la CADH ha indicado que «171. El derecho a protestar o manifestar inconformidad contra alguna acción o decisión estatal está protegido por el derecho de reunión, consagrado en el artículo 15 de la Convención Americana (…) La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Por tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente (…) 174.

(…) la Corte recuerda que el derecho de reunión no es un derecho absoluto y puede estar sujetos a restricciones, siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias, por ello, deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo…» (Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Sentencia de 28 de noviembre de 2018; se suplen los destacados). Parte de las restricciones legales están dadas por la posibilidad de allanar los domicilios y recintos privados (artículos 193 a 197 del Código Procesal Penal) pero, en este asunto, no hubo ninguna orden jurisdiccional de allanamiento ni tampoco se estaba en presencia de las excepciones para practicarlo sin orden (no había amenaza a la vida o la propiedad de los asistentes mediante incendio, inundación o conmoción semejante; no se vio a personas extrañas ingresar con indicios manifiestos de cometer ilícitos, no había nadie perseguido por delito grave que entrara al sitio ni hubo voces dentro del lugar pidiendo auxilio).

En consecuencia, las personas asistentes ejercían un derecho constitucional y convencional de reunión, marco en el cual también se potenciaban otros derechos como el de intimidad que también está desarrollado por la ley en el Código Civil (artículo 47: “La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna”; destacados agregados) y en la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones, numerales 1 y 9, los cuales requieren intervención judicial para su afectación, nada de lo cual se dio en el presente caso.

Inclusive, tan es de resguardo superior el derecho a la intimidad y a la expresión de manifestaciones en espacios privados que, como bien argumentó la jueza de mérito, la transgresión de esas disposiciones está sancionada como delito en el numeral 198 del Código Penal que señala: «Captación indebida de manifestaciones verbales. Artículo 198.-Será reprimido, con prisión de uno a tres años, quien grabe sin su consentimiento, las palabras de otro u otros, no destinadas al público o que, mediante procedimientos técnicos, escuche manifestaciones privadas que no le estén dirigidas, excepto lo previsto en la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones. La misma pena se impondrá a quien instale aparatos, instrumentos, o sus partes, con el fin de interceptar o impedir las comunicaciones orales o escritas, logren o no su propósito» (las negritas son sustituidas).

Ese delito, aunque es de acción pública y podía denunciarlo cualquiera y no necesariamente la persona afectada (artículos 16 a 18 del Código Procesal Penal), de haberse judicializado antes, ya a esta fecha estaría prescrito salvo que existiera alguna causa de suspensión (la reunión habría sucedido el 09 de setiembre de 2019 y el máximo de la pena son tres años, de donde en situaciones comunes habría fenecido la acción el 09 de setiembre de 2022). Empero, eso no obsta para considerar que, al penalizarse la conducta, la captación en esas circunstancias del material para otros fines es ilícito. Todo ese razonamiento ha encontrado respaldo en la misma jurisprudencia (vinculante erga omnes según el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) de la Sala Constitucional. Por ejemplo, en la sentencia número 1026-94 se indicó que: "El numeral 24 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a la intimidad.

Se trata de un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos. La intimidad está formada por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento. Si bien, no puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano es vida privada, también puede ser que lo que suceda en oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados, esté en ese ámbito. De esta manera los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados y de las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad, que es un derecho esencial de todo individuo…" (se agregan las negrillas) y también en la número 6776-94, donde el tribunal constitucional indicó lo siguiente: “El derecho a la intimidad tiene un contenido positivo que se manifiesta de múltiples formas, como por ejemplo: el derecho a la imagen, al domicilio y a la correspondencia.

Para la Sala el derecho a la vida privada se puede definir como la esfera en la cual nadie puede inmiscuirse. La libertad de la vida privada es el reconocimiento de una zona de actividad que es propia de cada uno y el derecho a la intimidad limita la intervención de otras personas o de los poderes públicos en la vida privada de la persona; esta limitación puede manifestarse tanto en la observación y captación de la imagen y documentos en general, como en las escuchas o grabaciones de las conversaciones privadas y en la difusión o divulgación posterior de lo captado u obtenido sin el consentimiento de la persona afectada…” (el destacado se suple). Si, a pesar de todo lo anterior, alguien captó la voz y la imagen del encartado en una reunión privada, sin su consentimiento y sin que se den las excepciones legales, y luego de hacerlo las difundió, la única conclusión a la que podía llegarse (si es que de razonamiento jurídico hablamos) es que el material aportado resultaba ilícito, al tenor de lo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal, párrafo segundo, que dispone: “No podrá utilizarse información obtenida mediante (…) engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, de la correspondencia, las comunicaciones (…) ni información obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole derechos fundamentales de las personas” (se agregan los destacados).

Si el video era ilícito, como en efecto lo ha sido (desde que se captó en una reunión privada y el encartado no autorizó la difusión de su imagen y voz), no podía analizarse lo que, respecto de su contenido dijeron Navas y Hernández o cualquier otro testigo, pues se está ante la teoría de los frutos del árbol envenenado que afecta también esas referencias. Recuérdese que, conforme a dicha posición teórica, son nulas no solo las referencias probatorias derivadas directamente de la violación de derechos fundamentales (como sería, en este supuesto, la grabación del video) sino todas aquellas indirectas (como la referencia de testigos a lo contenido en el video), salvo que haya una fuente independiente o un hallazgo inevitable (entre otras excepciones, solo estas son las aceptadas en nuestro ordenamiento) nada de lo cual ni siquiera se ha discutido y, mucho menos, tuvo respaldo probatorio. Caso contrario sería muy fácil violentar los derechos fundamentales de las personas, desechar el documento o evidencia principal y darle validez a los testimonios que hayan examinado su contenido ilícito, práctica sin duda alguna nociva en un Estado de Derecho.

Por otra parte, aunque el material audiovisual fuese lícito —que ya se dijo que no lo es y a esto se alude solo a modo analítico-hipotético—, tampoco se aportó el documento original pues la policía no lo pudo decomisar y los entregados tienen cortes evidentes y fechas distintas a aquella en que se dieron los hechos, los que son indicios de su manipulación. Ha de recordarse que la cadena de custodia alude al proceso mediante el cual se garantiza que un determinado elemento material decomisado en el escenario donde aconteció el hecho sea el mismo que es valorado pericialmente o que llega al juicio, lo cual tiene como fin el garantizar la pureza y el eventual valor probatorio, directo o indiciario, que pueda tener. Este instituto también aplica a la evidencia digital y videográfica caracterizada por su volatilidad y facilidad de maniobra, de allí la necesidad de preservar que haya identidad entre lo decomisado y exhibido en debate y que esto no se haya modificado.

Los pasos que comprende la cadena de custodia y que requieren resguardarse han sido abordados tanto por la jurisprudencia constitucional (vinculante al tenor del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (también vinculante por así disponerse en el numeral 62 de la CADH y por referencias de la misma Corte IDH, entre otras, en el voto Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006). En el primer supuesto, en la sentencia número 5831-96, se indicó que: "II. El respeto a la cadena de custodia en la recolección de la prueba puede analizarse desde dos dimensiones diferentes. Desde el punto de vista estrictamente probatorio, la prueba tendrá mayor eficacia si se comprueba realmente que ha sido manipulada en forma correcta desde su descubrimiento en la escena del delito o en el sitio en el que haya sido encontrada hasta su introducción efectiva al proceso.

El descubrimiento, el levantamiento, la fijación, la recolección, el traslado y la custodia de las evidencias o elementos materiales que sirvan como prueba del hecho delictivo, requieren de una especial capacidad técnica, por lo que a menudo se encomiendan a personal calificado de la policía judicial, con el objeto de no alterar ni contaminar con factores externos la evidencia, y si es del caso, mantener su pureza a los fines de un análisis más profundo, sea químico, físico o de cualquier naturaleza. Esta operación generalmente se respalda de múltiples maneras: mediante fotografías de acercamiento, identificación y ubicación general de los objetos, videos, actas y el respectivo embalaje o aseguramiento de los mismos. Cualquier defecto u omisión en este procedimiento, debilita eventualmente la pureza del elemento probatorio recopilado, incluso en lo que respecta a su correcta ubicación en la escena o a la forma en que el mismo se vincule con la responsabilidad penal del imputado.

A su vez, la cadena de custodia puede referirse a aspectos atinentes en exclusiva a la legalidad de la prueba, es decir, si fue recopilada por sujetos con competencia para ello, si se cumplieron las formalidades procesales previstas para ello -existencia de resolución fundada de juez, por ejemplo, en los casos de allanamientos; confección del acta respectiva con la asistencia de testigos instrumentales, etc.-, si existen las respectivas razones de recibido en las distintas dependencias en que la prueba o evidencia material ha sido trasladada, con indicación de la hora, naturaleza, peso y cantidad de los objetos, de modo tal que pueda seguirse -procesalmente hablando- el rastro legal de la prueba para ser válidamente incorporada al proceso. III. La primera de las dimensiones señalada de la cadena de custodia, se refiere a la valoración de la prueba. La apreciación del respeto a las normas mínimas de seguridad en la recolección de la prueba, es parte integrante de las reglas de la sana crítica, y por ello su inobservancia o errónea apreciación, lesiona el debido proceso.

En cuanto a la legalidad de la producción e introducción de esa prueba al proceso, se afecta el debido proceso, desde que todo imputado tiene derecho a ser juzgado con fundamento en prueba legalmente válida. Corresponderá a la Sala consultante determinar si en el caso concreto, los defectos de la cadena de custodia en las dos esferas señaladas se dieron, y su incidencia en la sentencia impugnada por el recurrente." (Se agregan las negrillas). Asimismo, en el voto número 6469-99 de dicha sala se agregó: "(…) la relevancia de los vicios en la cadena de custodia depende absolutamente de la que tenga el elemento probatorio de la que ella forma parte, de manera que sólo (sic) se constituirá en infracción al derecho al debido proceso, cuando haya ocurrido dentro del procedimiento para la producción de elementos probatorios esenciales para la demostración del hecho atribuido, en el sentido de que la ausencia de esa prueba torne imposible la atribución del hecho al imputado.

Corresponde entonces a la Sala consultante establecer si existen las condiciones recién expuestas en el caso concreto, pues si así fuera y realmente se hubiera violado la cadena de custodia de la evidencia, se habría violado el debido proceso en el caso base de la consulta que se evacua." (Los destacados son agregados). Por último, la Corte IDH ha indicado: “193. Además, la debida diligencia en una investigación (…) exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense. Ello consiste en llevar un registro escrito preciso, complementado, según corresponda, por fotografías y demás elementos gráficos para documentar la historia del elemento de prueba a medida que pasa por las manos de diversos investigadores encargados del caso.” Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Sentencia del 19 de mayo de 2014 (el destacado se agrega). Entonces, es claro que el respeto a la cadena de custodia forma parte de un debido proceso legal y su violación tiene consecuencias sobre la validez del elemento probatorio y su posibilidad de valoración.

Si en este caso no es posible determinar si el video aportado se cortó, editó o de diversa forma se manipuló (pues no se pudo decomisar el original) y hay indicios de que sí lo fue (un corte burdo y una fecha que no corresponde a los hechos en la base del archivo) mal podría valorarse dicho material, máxime que, como se dijo, tampoco en la captación hubo licitud. No competía al encartado (o al sindicato que este representa) aducir la ilicitud de ese material ni nadie debía hacerlo para que la legalidad de las probanzas esta fuera analizada, pues la carga probatoria la tienen los querellantes y tanto el ente fiscal como el tribunal deben velar porque la prueba recibida y que sea soporte de una decisión sea lícita (artículos 63, 175, 180 y 181 párrafo segundo del Código Procesal Penal) de donde extraña que el Ministerio Público haya dejado de lado su deber de objetividad. Nótese que el último artículo es imperativo: “No podrá utilizarse información obtenida mediante (…) engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, de la correspondencia, las comunicaciones (…) ni información obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole derechos fundamentales de las personas” (se agregan los destacados).

La disposición es clara en que no es necesaria denuncia alguna (como argumenta el fiscal) ni se requiere que eso se alegue para declararse. Por ello, al no presentarse el documento original o bien uno pericial que permitiera verificar la no alteración de la cinta entregada, no procedía su ponderación, máxime por la forma de obtención ya indicada. Véase que, sin perjuicio de lo que se ahondará en el siguiente acápite sobre la publicidad como elemento del tipo penal, aquí el sitio público o privado es relevante para determinar no solo el elemento del tipo sino la licitud o de la captación y del material probatorio (aspecto que todos los apelantes pasan por alto) y al tratarse la reunión de una celebrada en lugares privados, en donde no estaba habilitada tal autorización (de ingreso de público o grabación por medios), la prueba deviene en ilícita pues la garantía constitucional es la protección de los espacios privados y de las reuniones y expresiones que allí se den.

Tampoco es cierto que en el debate se incorporara algún elemento del que pueda desprenderse que hubo un aval, consentimiento o aceptación del imputado respecto a la elaboración o uso de dicha grabación o del que se desprenda que él reconociera haber efectuado las manifestaciones, pues él rechazó los cargos y, en lo extenso de sus manifestaciones (tanto en juicio como en la audiencia oral en esta sede) aludió al contexto sociopolítico imperante en el país y a las luchas sindicales (ver folios 472 vuelto a 475). Ninguno de los tres acusadores específica cuál es esa prueba de la que esa manifestación derivaría y esa omisión se explica en que no se incorporó ninguno pues, si lo hubo, no se ofreció ni admitido y, conforme al aforismo jurídico, lo que no está en el proceso no está en el mundo. Por ello, mal podría aludir una sentencia a prueba no aceptada, aunque existiera (de lo que también hay dudas).

Pero es que, si aún se aceptara, nuevamente en forma hipotética para efectos analíticos, que los videos aportados fuesen lícitos y admisibles y que en ellos no se violentó la cadena de custodia, aún así tampoco sería posible derivar de ellos, probatoriamente, que el encartado expresara manifestaciones con las cuales adaptara su conducta a las previsiones típicas del ilícito de instigación pública. Del documento audiovisual aportado (ya se dijo que lo fue en forma ilegal, pero mencionado aquí de forma hipotética y subsidiaria) según la sentencia de instancia (lo que no es controvertido por los recurrentes) solo se escucha al encartado decir “creo que la tesis de paro nacional es correcta, hay que proponer un gran paro nacional, pero de verdad, no de pasarela, cerrar las fronteras, cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar Ochomogo..." y el video queda cortado. Entonces, se desconoce si [Nombre 001] está proponiendo esa posición o bien, por ejemplo y sin que esta sea la única posibilidad, si él se está refiriendo a lo que alguien dijo, sea para luego refutarlo o para analizarlo.

Nada de eso se puede colegir por el corte abrupto de la grabación, edición que permite desprender el objetivo de quien lo graba (ilícitamente recuérdese) de que las personas receptoras del mensaje desconocieran el contexto comunicativo. No en vano en lingüística y comunicación (y, por ende, en periodismo) se hace énfasis en la necesidad de conocer los contextos comunicativos (históricos, cultural y sociales; lingüísticos, situacionales) para darle sentido al texto pues este suele ser un pretexto para las variaciones de sentido de la literalidad (Cfr. Johnson Barella, Doris, 2005. La literalidad en el uso de las citas directas en las noticias de la prensa regional navarra. Dos casos: Diario de Noticias y Diario de Navarra. En: Revista Comunicación y sociedad, volumen XVIII, No. 2, págs 109-140 y López Pan, Fernando. ¿Realmente ha dicho eso? Algunas implicaciones éticas en el uso de citas directas en los textos periodísticos.

En https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/35259/1/%C2%BFRealmente%20ha%20dicho%20eso%20Algunas%20implicaciones%20%C3%A9ticas%20en%20el%20uso%20de%20las%20citas%20directas%20en%20los%20textos%20period%C3%ADsticos.pdf). El último autor advierte: “Las investigaciones lingüísticas, especialmente las relacionadas con el análisis del discurso, muestran cómo toda cita —también la literal— supone una ficción de los contextos, una intervención en la que el que cita controla lo citado y lo utiliza dentro de su propia estrategia discursiva. Y no se alude a manipulaciones descaradas en las que se hace decir a alguien algo que no dijo o se traicionan intencionalmente sus frases” (pág. 108). Específicamente respecto al contexto situacional es necesario conocer el conjunto de datos accesibles a los participantes de una conversación que se extraen del entorno físico inmediato. Nada de esto se logra con la captación de una grabación de escasos segundos, cortada en su inicio y en su fin.

Entonces, ni siquiera partiendo hipotéticamente de que todo fue legal (la captación, las grabaciones, la custodia, etc.) se puede concluir que, de ese extracto así tomado, el acusado esté determinando a otros a cometer un delito y como los testigos de cargo, Navas y Hernández, se limitaron a reproducir lo que escucharon en medios de comunicación (que, en principio según se infiere de sus deposiciones, ya tenía el corte efectuado), tampoco sus declaraciones aportan nada para sustentar la comisión delictiva que se acusa. No es que la decisión pretenda basarse en prueba tasada, como dice el fiscal, sino que lo hace en prueba lícita, como es la obligación de todo tribunal, carácter que no tiene toda la aportada. La querellante Navas ha insistido en que se analice la afectación que ella y el testigo Hernández Valle manifestaron haber sentido por los hechos, tanto como la expresada por otras personas que denunciaron y querellaron y le dieron poder a ella para accionar (aunque no declararon en debate).

Sin embargo, tal cosa resulta irrelevante porque, aunque se asumiera hipotéticamente (solo para efectos analíticos) que se dio dicha afectación y que la misma fuera de gran envergadura, ello no subsana el que no se hubiese demostrado que fuera el encartado quien cometiera el hecho desde que la prueba que lo señala o es ilícita (por su forma de captación y por la no fidedignidad de lo reproducido) o no permite hacer esa imputación en forma confiable o verosímil, como se ha referido con antelación. Por último, aunque las partes aludieron a otros movimientos huelguísticos previos y a los efectos que, en su criterio, estos generaron como modus operandi, no aportaron ningún material probatorio al respecto, de donde las suyas son simples manifestaciones sin valor probatorio. Por todo lo expuesto, estas quejas deben rechazarse.

III.Por su parte, la licenciada Margot Avellán Ruiz, procuradora en representación del Estado, en su recurso, inició exponiendo, como antecedentes, los hechos en que sustentó la acción civil resarcitoria y un resumen de lo decidido en la sentencia recurrida. Luego de ello estipula, como primer motivo de queja, la falta de fundamentación de lo resuelto por inobservancia de las reglas de la sana crítica con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo y la falta de aplicación de la ley sustantiva, en particular de los artículos 280, 263 y 263 bis del Código Penal. Dice que se absolvió al encartado por considerar que los hechos son atípicos y que no hay prueba de que él cometiera una instigación pública. Copia el contenido del artículo y referencias doctrinales del autor Carlos Creus (Derecho Penal, parte especial, 1997, pág. 105) y afirma que, partiendo de tal autor, no existe limitación en cuanto a los delitos que se pueden tener por instigados, siempre que, para su configuración, ostenten esa condición, sea de delitos, aun cuando no estén contenidos en el cuerpo represivo principal propiamente.

Añade que, para establecer una restricción en cuanto a los tipos penales a considerar, esta debe estar contenida en la norma, y de no existir, procede la aplicación alternativa de todos los tipos penales existentes en la normativa penal en general. Considera que otro componente del citado tipo penal tiene relación con sus consecuencias, pues el ilícito se configura ‘sin que sea necesario que el hecho se produzca’ por lo que se está en presencia de un delito de peligro, es decir, aquellos en los que quien legisla ha tomado en cuenta, para definir el tipo penal, la probabilidad de que el bien jurídico tutelado pueda sufrir daño derivado de la conducta llevada a cabo por el autor, sin que sea necesario prueba o confirmación de su existencia. Cita el voto del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José (R. Badilla, E. Montero y G. Mena), número 2016-0235 y añade que, conforme al autor argentino supra referido (págs. 106-107), se trata de un delito de actividad simple, que requiere, al menos, que haya un instigado, aunque, si el medio es idóneo, puede haber tentativa, sin que sea requisito la trascendencia o posibilidad de esta a una pluralidad indeterminada de personas.

Por ello, añade la apelante, no es necesario que el delito se haya suscitado, sino simplemente que se dé la exposición al riesgo del bien jurídico: se configura el tipo con la sola incitación. Alude al aspecto subjetivo del delito y a que Creus sostiene (en la obra citada, página 106) que se requiere algo más que la simple voluntad de instigar, pues debe darse la voluntad de que el hecho instigado se realice efectivamente. De allí, concluye, se deriva el conocimiento de que lo instigado es un delito y quedan excluidas manifestaciones accidentales o indeterminadas. Dice que el tribunal de juicio, en un intento insostenible por absolver al encartado, desgrana la norma como si el contenido acogiera los mismos elementos que subsisten en disposiciones similares de otras legislaciones latinoamericanas, transcribiendo tipos de Colombia y Argentina y la doctrina que los soporta, según la cual es requisito la publicidad, por lo que no es posible una instigación en recinto privado.

Afirma la recurrente que si se observa la transcripción realizada en la sentencia de las normas extranjeras se evidencia que textualmente introducen, como parte del tipo, que la instigación sea "pública" o realizada "públicamente"; indicación que si bien está descrita en el epígrafe del numeral nacional, no está contenida específicamente dentro del tipo y no puede ser suplida por interpretación, ya que sería una evidente e improcedente suplantación de la labor legislativa, para lo cual no está legitimado un tribunal. Por otra parte, afirma que tampoco se indica, en el contenido prohibitivo, que el delito instigado deba estar ubicado en el Título X del Código Penal, como lo sostuvo la sentencia, sino simplemente que la conducta incitada sea delito y que perturbe la tranquilidad pública. Por ello, concluye, la interpretación del tribunal decisor excede lo permitido por el tipo, transgrediendo su labor y afectando la que le compete a la Asamblea Legislativa.

Sostiene que lo que se busca con el delito es proteger el derecho de la ciudadanía al orden y a la tranquilidad colectiva, sin importar el medio, ya que tampoco el artículo lo dispone, por lo que basta con que este sea idóneo para transmitir el mensaje a, por lo menos, una persona que se desee instigar, sin ser indispensable la ejecución efectiva de los ilícitos instigados sino solo la exposición a peligro del bien jurídico protegido. A la luz de todo lo expuesto considera que los hechos demostrados configuran el delito de instigación pública contenido en el numeral 280 del Código Penal, ya que se confirmó que [Nombre 001], en su carácter de Secretario de la ANEP y encontrándose el día 9 de setiembre de 2019 en una reunión del “Movimiento de Encuentro Social Multisectorial” instigó públicamente, mediante manifestaciones verbales, a las personas presentes (en su mayoría integrantes de sindicatos) a realizar acciones ilegales que incluían el cierre de vías (carretera N° 27 entre San José y Caldera, N° 32 entre San José y Limón y ruta 2 sobre el Alto de Ochomogo en Cartago, lugar donde se encuentra un plantel de Recope que suministra combustible a todo el país) y que eso lo hizo con pleno conocimiento de que dichas acciones delictivas podrían generar el entorpecimiento de servicios públicos y obstrucción de la vías públicas, conductas tipificadas como delitos según los artículos 263 y 263 bis del Código Penal vigente, perturbándose así la tranquilidad pública, todo lo cual tenía el propósito de obligar al Gobierno a acceder a las demandas sindicales.

Dice que, en el debate, como prueba de lo anterior, se reprodujo un video captado mientras el imputado realizaba esas manifestaciones, el cual fue conocido por la colectividad a través de medios noticiosos y así, sin necesidad de mayor prueba como lo pretende el tribunal, puede considerarse que el imputado cometió el delito. Afirma que, con independencia de la forma en que se captó la incitación, se trató de un medio idóneo, en forma presencial, ante un grupo de personas dispuestas a escucharlo. Señala que el encartado no negó su participación en los hechos ni se retractó de las palabras conferidas en la reunión grabada pues, en entrevistas realizadas a él por medios televisivos, no solo tuvo una actitud confesa y jactanciosa al respecto, sino que jamás rechazó que las hubiera emitido ni manifestó que dicha grabación se haya hecho en transgresión alguna de sus derechos. Dice que ni la más mínima molestia se evidenció, por parte del encartado, por la publicación del video en los noticieros, lo que persiste hoy en día, actitud con la que ratifica y corrobora —sigue diciendo la procuradora apelante— los hechos querellados.

Agrega que ninguno de los temas referentes a la publicidad del video o a la violación a la privacidad del encartado fue expuesto, objeto de controversia o cuestionamiento por parte los defensores del encartado, por lo que el material es legítimo y así se subsanaría cualquier argumento en cuanto a su improcedencia. Tampoco se ha cuestionado su veracidad por lo que no es procedente aludir a la "autenticidad del video” (como lo hace la sentencia) si no se ha refutado que la persona que se observa en él o las palabras que se escuchan no hayan sido emitidas por [Nombre 001]. Dice que no hay forma de acusar falsedad, ya que con solo su revisión visual —sin experticia alguna en el tema— es notorio que el sujeto filmado es el encartado y no se percibe un ápice de distorsión en la grabación que permita señalar que existió manipulación de las imágenes observadas, circunstancias estas que confirman la veracidad de lo captado.

Tampoco esa imagen del encartado ha sido desmentida, atacada o rechazada por la defensa ni por los testigos de descargo, quienes, por el contrario, aceptan que se trata del dirigente sindical aquí acusado. Sostiene que es irrelevante determinar la forma en que se obtuvo el video (como lo sostiene la sentencia) pues la publicidad de este no forma parte del tipo. Añade que, de lo contrario “…todos aquellos que hagan graves incitaciones a cometer delitos, lo puedan realizar impunemente si ocurre dentro de un recinto privado.” Alude al numeral 47 del Código Civil para establecer que, si bien allí se establece la prohibición de reproducir imágenes sin consentimiento, son excepciones a ello la notoriedad de la persona, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía a propósito de una investigación, y que la grabación se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público.

Menciona y transcribe parcialmente votos como los de la Sala Constitucional número 2014-11715 y 2004-11154 sobre los límites al derecho a la imagen y dice que a esos hay que agregar los derechos de terceros, la libertad de expresión y el interés público de una noticia o información, así dispuestos en los artículos 28 y 29 de nuestra Constitución Política. Concluye que, bajo esos parámetros, la validez de la captación de la imagen y la voz del imputado hecha mediante video, encuentra sólido fundamento normativo que descarta cualquier noción de ilegalidad pues [Nombre 001] ha sido considerado líder del movimiento sindical de Costa Rica durante décadas, ha intervenido proactivamente en huelgas y paros en forma continua y pública, por lo que su notoriedad y trascendencia a nivel nacional es indiscutible. Además, se encontraba participando en un acto de interés público, dadas sus implicaciones a nivel social, político y laboral (no era un evento de carácter familiar o personal sino marcadamente sindical, según lo admiten los propios testigos de descargo); y finalmente, quien realizó la grabación se encontraba amparado bajo el precepto constitucional de la libertad de expresión que tiene todo ciudadano con respecto a temas de relevancia nacional, como era esa reunión.

Califica de “absolutamente auténtico, legítimo y válido para los efectos probatorios” el video y de este se extrae, sigue diciendo, la incitación del encartado hacia un grupo de personas sindicalistas para realizar cierre de vías incluyendo la aledaña al plantel de la Refinería Costarricense de Petróleo, del que se distribuye el combustible a casi todo el territorio y cuyo obstáculo implicarla la paralización del país, incluyendo los servicios públicos. Dice que como se acusan hechos y no calificaciones “…debió el Tribunal analizar (…) si correspondía la configuración de la conducta demostrada en el tipo penal o cualquier otro que si estimase procedente; ejercicio que de haberse realizado no hubiese desencadenado en la absolutoria que hoy se impugna” (folio 511 vuelto) Adicional al video, narra que se contó con el dicho de Rubén Hernández Valle y Gloria Navas Montero (representante de un grupo de personas que interpusieron denuncia y querella en esta causa) quienes pusieron en evidencia no solo la publicidad del video sino los sentimientos de temor e impotencia que embargaban a la ciudadanía desde que se publicó lo manifestado por el encartado [Nombre 001], pues proyectaron un nuevo quebranto de la tranquilidad pública y la generación de consecuencias como las que afectaron a Costa Rica con el movimiento de huelga ocurrido en el 2018, sumiendo en incerteza a la población costarricense y generando un daño social en perjuicio de la colectividad.

Insiste en que el tipo penal, tal y como está, y la prueba recibida, permitían la condena. Reitera algunas manifestaciones previas y considera que no es viable señalar, como lo hizo el tribunal, que lo manifestado responde al uso del derecho constitucional a la libre expresión y que el delito existe aun cuando no se ejecutaran las acciones que se dijeron que iban a hacerse. Pide que se declare y “se revoque” la sentencia, ordenando el reenvío para una nueva. En un segundo apartado del recurso de la parte querellante representada por la licenciada Navas se hace referencia a la tipicidad del hecho como fundamento de la absolutoria y se pide su anulación por cuanto el tipo penal fue erradamente interpretado a pesar de que se reconoce que es un delito de peligro. Insiste en que, aunque el video "original'' no fue decomisado, lo transmitido por los medios de información colectiva constituyó un hecho público basado precisamente en ese video, de donde era posible concluir que el hecho se dio.

La entrevista a la apelante, efectuada por Repretel, se dio precisamente a causa de ese video que se había hecho público y el acusado compareció al día siguiente y admitió su dicho, de modo que el tema de quién lo grabó no eliminaba la comisión del hecho. Lo informado y conocido por la opinión pública —sigue apuntando— daba credibilidad a la existencia del hecho y la legitimidad de lo transmitido y divulgado. El evento fue conocido con las amenazas incluidas, de aquí que el razonamiento conclusivo haya incurrido en vicio de ilogicidad. En cuanto al fondo, califica de errada la interpretación del numeral 280 del Código Penal cuando sostiene como excluidos de integrar ese tipo a los delitos de entorpecimiento de servicios públicos y la obstrucción eventual de vías, los que se mencionaron como la posibilidad de resultados que podrían adicionarse a los hechos, sin afectar la tipicidad del delito principal.

Considera que los eventos que afectan la tranquilidad pública no son exclusivamente las otras figuras delictivas que contiene el Título X del Código Penal. La instigación pública es uno de ellos e independiente de los demás. No está vinculado necesariamente con los otros. Pide la nulidad de lo resuelto. Al contestar los recursos, por escrito, los defensores del encartado pidieron el rechazo de la impugnación. Reiteran las críticas esbozadas contra el Ministerio Público sobre el uso de recursos públicos y afirman que no se logra revertir “el desechamiento del video o de las copias” que se hizo en sentencia. En la audiencia oral celebrada el licenciado Carlos Meléndez, fiscal del Ministerio Público dice que es un error considerar que el ilícito en comentario debe estar en el título de delitos contra la tranquilidad en vez de simplemente afectar la tranquilidad pública. Menciona el voto número 495-2003 de la Sala Tercera en donde no se especifican tipos de delitos que deban ser instigados para que este tipo se configure ni se impide su aplicación al entorpecimiento de servicios u obstrucción de vías.

La licenciada Margot Avellán, representante de la Procuraduría General de la República, afirmó que se está ante un delito completo, aunque se completa por otros y argumenta que, en Argentina y Colombia la instigación pública debe ser realizada de ese modo, en lugares públicos, pero en Costa Rica no, sino que esa referencia (“instigación pública”) alude al concepto de paz social o equilibrio de la ciudadanía, afectados con el ilícito y no al modo de comisión. Añade que aquí no se trató de simples manifestaciones, sino de promesas y que el encartado no ha descartado que el video fuera falso, inclusive en un canal admitió que sí existía. Los alegatos son conexos, por lo que se conocerán en conjunto y deben rechazarse. Nuevamente los recurrentes mezclan aspectos procesales y de fondo. En lo correspondiente a los temas probatorios (de licitud y valoración) y motivación de la sentencia, deben estarse a lo indicado en el considerando precedente a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

Es decir, ya se explicó por qué la obtención del video era ilícita (reunión privada, grabación no autorizada por el encartado; no garantía de cadena de custodia e inobservancia del contexto); por qué lo eran, también, las referencias testimoniales a este (teoría de los frutos del árbol envenenado que se extiende no solo a la fuente primaria sino a las derivadas de esta como las citadas declaraciones de personas quienes solo refieren lo que vieron en tal cinta) y por qué la sentencia estaba bien motivada (al exigir licitud probatoria, impedir la inversión de la carga probatoria y requerir prueba y no simples manifestaciones para derivar afirmaciones a introducir en un debate). Sobre tales aspectos no se profundizará ahora, sino que baste agregar, a lo ya referido, que no se dan las excepciones contempladas en el numeral 47 del Código Civil (“La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público.

Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna”; destacados agregados). Es claro (pues así deriva de la falta de prueba en este asunto) que [Nombre 001] no es funcionario público ni había necesidades de justicia o policía previas al evento de la captación de su voz e imagen en esa reunión, por lo que la única alusión, de las excepciones de la norma, que calzaría con él es el ser notorio pues, en tanto dirigente sindical del país por varias décadas, es una persona muy conocida o fácilmente percibida o notada, que son las acepciones de esa palabra. Sin embargo, la señora procuradora realiza una lectura errónea del artículo. Primero recuérdese que son excepciones a un derecho constitucional y humano, es decir, de mayor rango y, como tales, deben interpretarse restrictivamente: «…de ninguna manera podrían invocarse el “orden público” o el “bien común” como medios para suprimir un derecho garantizado en la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29 de la Convención).

Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación ceñida a las “justas exigencias” de “una sociedad democrática” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención» [Cfr. Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 19 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 67]. Aunque el acusado es una figura notoria, el numeral citado exige que la reproducción no sea solo en función del tipo de persona (lo ya dicho) sino también en atención al evento y por eso agrega: “…cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público.” Ya se dijo atrás que los hechos no se dieron en un lugar público (o al menos no se probó de esa manera) y estaban cubiertos por otros derechos constitucionales y convencionales (de reunión, de expresión), con lo que queda descartada la frase final y, al ser una cita privada, su contenido no podía ser accedido para verificar si se relacionaba con hechos o acontecimientos de interés público, pues ello hubiera sido una invasión al núcleo duro del derecho constitucional.

Ese ligamen solo podía hacerse cuando se dieran (si es que se daban) actos públicos, lo que no sucedió. Por supuesto que todo ello, como dice la procuradora, había que ligarlo a otros derechos constitucionales y convencionales como la libertad de expresión (pero también con la libertad de sindicalización y el derecho de huelga estipulados en el artículo 8 del Protocolo adicional a la CADH en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador ratificado por Costa Rica mediante ley No. 7907 del 03 de setiembre de 1999), pero no solo la de terceros sino de las mismas personas intervinientes en la reunión, incluyendo el encartado, lo que la apelante curiosamente pasa por alto. Entender, como preocupantemente lo hace la señora representante del órgano jurídico del Estado, que el aparato público puede invadir la esfera de privacidad de las personas en función de lo que estas manifiesten allí sería arrasar todos los derechos humanos y las conquistas históricas para contener el poder y propiciar un estado fascista que, según sea lo que se haga o diga en los espacios privados, puede irrespetar cualquier límite, lo que no es admisible.

Nuevamente recuérdese que la libertad de reunión forma parte de un abanico de derechos interrelacionados para el pleno goce y disfrute de derechos civiles y políticos que, en el caso particular, tocan también con derechos sociales como la libertad de sindicalización. En este sentido se apunta: «…dado que tanto la Corte como la Comisión Interamericanas han apelado en diversas ocasiones a las decisiones proferidas por otros órganos de supervisión del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos para interpretar el contenido de los derechos protegidos por la Convención, creemos importante hacer en esta ocasión una sucinta referencia a algunos de los estándares que, respecto al derecho de reunión, ha ido conformando la doctrina elaborada al respecto por la OIT. Destacando al respecto que, aunque la normativa de la OIT referida a la libertad sindical no hace referencia expresa al derecho a la libertad de reunión en ninguno de sus convenios relativos a la libertad sindical, sus órganos de control se han encargado de generar un amplio desarrollo de la doctrina relativa al ejercicio del derecho a la libertad de reunión en el ámbito laboral, asumiéndola como un elemento intrínseco de la libertad sindical.

En el sentido señalado, por ejemplo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT ha puesto de relieve que “la libertad de reunión constituye uno de los elementos esenciales de los derechos sindicales”. Así como su Comité de Libertad Sindical ha agregado que el derecho de las organizaciones profesionales a celebrar reuniones en sus locales para examinar cuestiones profesionales, sin autorización previa y sin injerencia de las autoridades constituye un elemento fundamental de la libertad de asociación y las autoridades públicas deberían abstenerse de toda intervención que pueda limitar este derecho u obstaculizar su ejercicio legal, salvo que tal ejercicio altere el orden público o ponga en peligro grave e inminente el mantenimiento del mismo. El Comité de Libertad Sindical ha señalado que la libertad de reunión constituye “una condición fundamental para el ejercicio de los derechos sindicales”, por lo que los gobiernos “deberían abstenerse de toda intervención equivalente a un requisito de autorización previa, que limite el derecho a celebrar reuniones sindicales, o que impida el legítimo ejercicio de este derecho”.» [Cfr.: Mujica.

Javier. Artículo 15. Derecho de reunión. Artículo 16. Libertad de asociación. En: Steiner, Christian y Uribe, Patricia (editores). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Konrad Adenauer Stiftung, 2014, pág. 363 y ss. Las negritas son agregadas]. En consecuencia, valga reiterar que la privacidad de la reunión y el derecho a la intimidad impedían el valorar la prueba ilícitamente obtenida mediante grabaciones subrepticias y en contravención a tales derechos. Ahora bien, podría considerarse que aquellos temas probatorios eran suficientes para sustentar la absolutoria y que, por ello, no es necesario descender a otros temas de fondo, pero no es así. En estos motivos, las partes, al cuestionar la forma de interpretación del tipo penal, pretenden introducir el elemento de que la publicidad no es un elemento de este delito y, por ende, que, aunque se aludiera a lo que el endilgado emitió fueran manifestaciones privadas, aún así se configuraría la instigación pública y eso podía acreditarse con la sola referencia, directa o indirecta, de quienes estuvieron en la actividad.

También aspiran a aplicar otros tipos penales (incluyendo la referencia a una instigación común a ciertos delitos, según se describió en la querella particular de la licenciada Navas), de modo, entonces, que no basta con lo ya dicho para pronunciarse sobre las quejas y debe descenderse al tema de fondo, en tanto ligado con los elementos probatorios que acreditan o no cada uno de sus contenidos. Por ello, se efectuará el análisis aludiendo, primero, al delito base acusado (instigación pública), su constitucionalidad, forma de configuración, sus elementos constitutivos y, por ende, la prueba requerida y luego se aludirá a otras posibles calificaciones. De previo, es necesario exponer un parámetro constitucional y un contexto tanto histórico como jurídico-sistemático, sin el cual, a criterio de esta cámara, no es posible hacer un escrutinio completo. (A) Constitucionalidad del tipo penal. La constitucionalidad de la figura de instigación pública ha sido cuestionada en varias oportunidades, aunque no en todas ellas ha habido pronunciamiento de fondo.

Así, mediante voto número 2003-5410 de 25 de junio de 2003 se rechazó de plano un argumento relativo a la afectación que esta disposición tendría respecto a los derechos de libertad de expresión y tránsito pues no se había alegado el asunto previamente la inconstitucionalidad en dichos procesos. En este asunto, el acusado partió del mismo panorama y evidenció el conflicto de derechos constitucionales y convencionales en juego, razón por la que —como se indicó en el considerando inicial— planteó la acción de inconstitucionalidad número 21-024578-0007-CO contra el numeral 280 del Código Penal. Aunque la acción fue admitida y se publicaron los edictos respectivos en los boletines judiciales número 18 a 20 de fechas 28 de enero al 1 de febrero, respectivamente, todos de 2022, fue resuelta a través del voto número 2023-00430 del 11 de enero del año en curso, en que se dispuso: «Por mayoría se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad.

Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Garita Navarro dan razones diferentes. El magistrado Cruz Castro salva el voto y considera que esta acción debe ser declarada con lugar y en consecuencia, por su contenido y sus efectos, el artículo 280 del Código Penal, resulta inconstitucional.» Pese a que en esta fecha no se tiene el voto integral (ni se requiere para emitir pronunciamiento pues la parte dispositiva ya fue publicada, levanta la suspensión de la norma y no evidencia ninguna inconstitucionalidad o interpretación conforme) tal pronunciamiento constitucional (que fue dividido lo que denota las verosimilitud de diversas tesis en juego) no impide que este tribunal, como intérprete ordinario, haga el ejercicio de legalidad referido ni aplique la jerarquía de fuentes y las reglas hermenéuticas propias de esta materia. (B) Evolución histórica nacional de la instigación pública.

El jurista latinoamericano y ex juez de la Corte IDH, Eugenio Raúl Zaffaroni, ha sido pionero, en la dogmática penal, en proponer la aplicación del principio de saneamiento genealógico como método para desentrañar (y, en consecuencia, entender y aplicar) el sentido de las normas penales. Según dicho autor solo yendo al origen de una disposición punitiva es posible observar los elementos contextuales que estaban o no presentes al crearse el tipo penal y que, por tanto, lo condicionan implícitamente. De esta manera, concluye el dogmático argentino, se aplica mejor el principio de legalidad y la interpretación restrictiva propios de esta materia. Señala el citado autor: «…en el derecho penal histórico se hallan múltiples racionalizaciones contrarias al principio republicano, a la ética, al estado de derecho y a los Derechos Humanos, cuando no presentan argumentos aberrantes. Las particulares criminalizaciones primarias surgen en cierto momento histórico y son consagradas por legisladores que participan en determinado contexto cultural y de poder: el legislador que construye un tipo, imagina un conflicto y lo define, condicionando por las representaciones colectivas, los prejuicios, las valoraciones éticas, los conocimientos científicos, los factores de poder y las racionalizaciones de su particular momento histórico y cultural.

Estos condicionantes mutan rápidamente por efecto del dinamismo cultural, pero los tipos penales quedan y además, son copiados por otros códigos en países que nada tienen en común con el contexto originario (…) Los tipos penales en ellos contenidos, con frecuencia se arrastran de un código a otro, pues los autores de la ley se nutren del derecho penal comparado. Los arrastres de los tipos no siempre responden a un análisis contextual de éstos, sino que, por el contrario, casi nunca se repara en ello, por lo cual con frecuencia traen consigo una carga ideológica originaria poco compatible con el Estado de Derecho. Esta carga ideológica originaria es la genealogía del tipo penal, que se investiga a través de la comparación (derecho penal comparado) y de la historia (contexto de poder originario) (…) El objetivo de la investigación genealógica de los tipos penales es descubrir los componentes de arrastre peligrosos para el Estado de Derecho y facilitar la labor interpretativa depurada de los mismos.

En una dogmática penal que persigue un objetivo político preciso, no basta como primer paso un análisis exegético del texto si no va a acompañado del necesario rastreo de su genealogía, que ponga al descubierto los componentes del estado de policía que arrastra y que deben ser cuidadosamente neutralizados en la construcción» (Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Slokar, Alejandro y Alagia, Alejandro. Derecho Penal: Parte General. 2ª edición, págs. 138-139, se suplen negrillas). La dogmática penal y la normativa costarricense tienen, siempre, un objetivo político preciso el cual está dado por el artículo 1 de la Constitución Política que establece: “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural.” Allí, entonces, se definen las líneas interpretativas de todo el ordenamiento jurídico. Si se entiende que, cuando se habla de una república se alude a la división de poderes y al sistema de pesos y contrapesos diseñado por el constituyente a lo interno de un poder del Estado, se deducirá que el respeto a esos derivados es esencial al escrutar cualquier norma.

Además, esa república ha de ser democrática, es decir, un sistema en donde se tomen decisiones por la mayoría de la colectividad con derecho a hacerlo pero que tales decisiones no afecten los derechos y la dignidad de las minorías. Con frecuencia se olvida que la democracia no solo es un sistema político y de vida de mayorías, sino que, tanto o más importante que eso, es un sistema que debe partir del respeto a la dignidad humana de todos y cada uno de los seres humanos, de donde el entronque con el respeto a los derechos humanos (todos los derechos humanos de todas las personas en todo momento) son criterios axiológicos para la exégesis normativa. En este país, tal y como fue definido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, la regla ha de ser la libertad y solo por excepción y mediante la existencia de una ley formal ha de darse la penalización o represión. Esto enlaza plenamente con la definición dogmática del derecho penal como orden discontinuo de ilicitudes, con el respeto del principio de última ratio, con el principio de lesividad en la criminalización primaria y con la estricta observancia del principio de legalidad e interpretación restrictiva en materia punitiva.

Esa libertad la garantizan la Constitución Política y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el país y tiene muchas facetas: la libertad de tránsito, de expresión, opinión, imprenta e información, de enseñanza, de cátedra, de reunión, de manifestación, de asociación, sindicalización, de comercio, la empresarial, religiosa y de cultos, entre otras. Cada criminalización primaria que se haga es un menoscabo a esos derechos y, por tanto, ha de hacerse por ley formal e interpretarse restrictivamente. La independencia alude al ejercicio de la soberanía y de las potestades públicas que de ella deriven (como la suscripción y aprobación de tratados) conforme a las reglas del Estado de Derecho. El que la nación sea multiétnica y pluricultural (las últimas adiciones al citado numeral) parte de reconocer el aporte que todos los grupos étnicos [de origen más remoto (como las diferentes etnias indígenas existentes en el territorio al momento de la conquista; la comunidad afrodescendiente y china y la cultura europea, en particular la española e italiana) o más cercanos a nuestra realidad (como las poblaciones migrantes de todos los países, en particular de Centroamérica, Colombia y, más recientemente, Venezuela] dan a la conformación de nuestra nación, en donde han de convivir diversas manifestaciones culturales, todas las cuales deben ser respetadas y deben coexistir.

Entonces, un derecho penal comprometido con el numeral 1 de la Constitución Política no puede tolerar interpretaciones extensivas para menoscabar libertades públicas ni propiciar su uso por grupos para atacar a minorías o desautorizar el ejercicio de derechos humanos de otros o fomentar el autoritarismo, el abuso del poder, etc. Ha de recordarse que la definición normativa del modelo teórico político del país se hizo en 1949 en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, pero el desarrollo dogmático del derecho penal tiene siglos, por lo que es comprensible que normas penales anteriores a esa fecha (o que surgen en otros contextos socio-políticos) no necesariamente se ajusten al objetivo político al que todas las personas habitantes del territorio nos hemos adscrito mediante el juramento constitucional (artículo 194 de la Constitución Política). De allí que la interpretación genealógica (y sistemática restringida) sean esenciales para cumplir con ese mandato.

Así, a modo de ejemplo, una ley penal emitida en los años 40 o 50 del siglo anterior que aluda al concepto de “llave” no puede ser interpretada bajo el concepto actual de llave (que involucra claves alfanuméricas o biométricas para abrir e ingresar a ciertos espacios virtuales que se desarrollaron recientemente gracias a la Revolución Tecnológica) pues, para la fecha de emisión de la ley, el concepto sociológico de llave (su origen genealógico) se circunscribía a un dispositivo físico, metálico, de modo que una interpretación más amplia sería extensiva y violatoria del principio de legalidad. En la genealogía de ese hipotético tipo penal el elemento normativo-cultural “llave” estaba mucho más circunscrito o acotado que en la actualidad. Se comprende, entonces, la relevancia de desentrañar el origen de la figura objeto de análisis, en este caso, del delito de instigación pública contenido en el numeral 280 del Código Penal que estatuye: “Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca.” Valga empezar recalcando que este numeral no ha variado su redacción desde que fuera sancionado en la legislación represiva vigente —el Código Penal conocido como “Código Padilla” en honor al presidente de su comisión redactora el Dr. Padilla Castro— el 15 de noviembre de 1970 (según Alcance No. 120 a La Gaceta No. 257, aunque estuviera vigente hasta 1973).

Ese dato no es menor pues nuestro país se ha caracterizado por lo contrario, es decir por el activismo legislativo en materia punitiva (el Código Penal ha sido reformado por 70 leyes a esta fecha, según el Sistema de Información Jurídica de la Procuraduría General de la República, las cuales han modificado múltiples numerales y algunos de estos han sido modificados varias veces por diferentes leyes). Entonces el origen histórico de la figura (que se remonta, al menos, al año 1970) permite ubicar el dispositivo penal en un contexto histórico y normativo distinto, según se indicará más adelante. El artículo original sí ha cambiado su numeración producto de los agregados y supresiones posteriores a otros delitos, pues antes ocupaba el numeral 271. Sin embargo, aunque el delito no ha sufrido variaciones (ni en la conducta ni en el monto punitivo) desde su emisión en 1970, no significa que el tipo penal “surgiera espontáneamente” en esa fecha, pues es sabido que, en primer lugar, el código vigente tiene su fuente de “inspiración” en el Código Penal Tipo para América Latina y en los proyectos redactados, respectivamente por Luis Jiménez de Asúa y por Sebastián Soler para Guatemala (así se reconoce en las páginas 2 y 72 de la exposición de motivos del anteproyecto de Código Penal; folios 129 y 199 expediente legislativo 3986 custodiado por el Departamento de Archivo, Investigación y trámite de la Asamblea Legislativa y consultado por esta cámara.

En igual sentido: Antillón Montealegre, Walter. La legislación penal en Costa Rica. Revista de Ciencias Penales de Costa Rica, pág. 26 y ss y Romero Pérez, Jorge Enrique. Algunas notas acerca del Código Penal de Costa Rica.). Estas fuentes de inspiración, a su vez, recogieron disposiciones emergidas en diversas partes del mundo. En segundo término, el compendio punitivo en comentario no ha sido el único que ha tenido Costa Rica, pues estuvo precedido, en orden retrospectivo, por los Códigos Penal y de Policía de 1941 (conocidos como Códigos Guier), el Código Penal de Costa Rica de 1924 (Segundo Código Astúa), el Código Penal de Costa Rica de 1918-1919 (Primer Código Astúa), el Código Penal de 1880 (o Código Orozco) y el Código General del Estado de Costa Rica de 1841 (o Código de Carrillo). En la exposición de motivos del anteproyecto del Código Penal vigente efectuada en 1970, respecto de la parte especial se lee: “Puede afirmarse que desde hace casi medio siglo la parte especial del Código Penal de Cota Rica ha sido la misma.

Muy ligeras variantes se operaron en 1941, pero la estructura, tomada del Código Penal Argentino de 1922, criticado hasta la saciedad por unos y defendido por muy pocos, se mantiene intacta. En el proyecto seguimos el mismo ordenamiento del anterior, comenzando con los delitos contras las personas y terminando con los relativos a la fe pública. En líneas generales seguimos el Proyecto Soler para Guatemala” (Cfr. expediente legislativo 3986, folio 198) y para la sección en que se inserta el tipo penal en comentario se lee en la explicación de la reforma: “Delitos contra la tranquilidad pública. Artículos 271 a 274. Gran parte de los delitos que en el Código de 1924 se incluyeron en un capítulo llamado contra el orden público, pasaron al Código de Policía de 1941. La poda fue un poco drástica, y por lo mismo restablecemos a su sitio lógico el delito de intimidación pública, que junto con la apología del delito constituyen hechos de suma gravedad y trascendencia.

Estos dos hechos delictuosos conjuntamente con los de instigación pública y la asociación para cometer delitos, que figuran en nuestro Código Penal, los hemos denominado más bien delitos contra la tranquilidad pública y forman los cuatro de que se compone este Título” (Cfr. expediente legislativo 3986, folios 213-214). Entonces, es claro que el tipo penal de instigación pública introducido en 1970 se recogió sin modificaciones sustanciales de legislaciones precedentes tanto internas como extranjeras. Por su parte, el Código Penal de Policía de 1941 en su Título VII: Delitos contra el orden público (que solo comprendía este delito y el de asociación delictiva) estatuía: “Artículo 331.- El que por la prensa o de otro modo instigare públicamente a cometer un determinado delito contra una persona o institución, incurrirá por ese solo hecho en prisión de seis meses a cuatro años.” (Se suplen los destacados).

Cabe agregar que en este cuerpo normativo se asumía un concepto extensivo de autor (es decir, que todos los aportes de los sujetos tenían igual valor) pues el numeral 43 establecía: “Serán sancionados como autores del hecho punible los que lo realizaren por sí mismos; los que tomaren parte en la ejecución; los que coadyuvaren con auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido ejecutarse o se habría dificultado notablemente, o los que instigaren, forzaren o determinaren a otro de modo bastante a cometerlo.” (Las negritas son agregadas). Similar situación se encontraba en el Código Penal de Costa Rica de 1924 (Segundo Código Astúa) ya que la instigación pública a cometer delitos estaba prevista en el artículo 428 (Capítulo único del Título Octavo: Delitos contra el orden público) del siguiente modo: «Instigación pública a cometer delitos. El que por la prensa o de otro modo instigare públicamente a cometer un determinado delito, incurrirá por ese solo hecho en prisión en sus grados primero a segundo, según la importancia de los bienes amenazados, el móvil determinante y medios de la instigación, las circunstancias en que se ejerza y el peligro que sea capaz de hacer surgir.// La pena se podrá aplicar con descenso de un grado, cuando la instigación en ninguno de esos conceptos deba estimarse grave, a juicio del tribunal.//Si la instigación surtiere efecto, será penado el instigador como coautor del delito cometido, y si se hubiere hecho por medio de la prensa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 31.» (Las negritas son agregadas).

Este código también partía de un concepto único o extensivo de autor en que se equiparaba a este “…A los que por modo bastante, según las circunstancias, determinaren a otros a cometerlo, ya ejerciendo en ellos violencia física, ya en virtud de orden, amenaza, dádiva, promesa, consejo de esencial importancia u otro modo de sugestión o fuerza moral” (artículo 26). ¿Por qué es importante mencionar la teoría del concepto único de autor? Primero, porque no es la que se sigue en la actualidad en donde sí se distinguen de la autoría las formas de participación en sentido estricto como complicidad e instigación (artículos 45 a 47 y 74 del Código Penal) y, segundo, porque al no distinguirse en aquellas normas los aportes de los sujetos activos, tampoco interesaba el nivel de desarrollo del hecho delictivo efectuado por el autor para poder fijar el reproche del partícipe en sentido estricto (cómplice e instigador).

Como la legislación vigente sí hace esas diferencias, resulta esencial diferenciar las figuras de la instigación común (válida para todos los delitos: artículo 46 del Código Penal) de la instigación pública como delito especial (numeral 280 citado) pues para la instigación común, según se verá, se requiere que el sujeto activo determine la voluntad de alguien a cometer un delito específico (es decir que haya aceptación de la incitación) y este delito determinado al menos inicie con actos de ejecución, en tanto que para la instigación pública no es necesario que este hecho instigado se dé ni que haya aceptación pues, por la publicidad de la provocación, se da el peligro. En ese marco, es esencial para trazar esa diferencia la publicidad con que se rodea la última figura y, a falta de esta, rige la regla de la instigación común que puede darse en privado, pero sí necesita el inicio de actos de ejecución del hecho instigado, conforme se verá.

Ahora bien, de la pluma del propio presidente de la comisión redactora del Código Penal vigente (1970) se desprende, entonces, que la base de este delito se tomó del proyecto de Código Penal para Guatemala elaborado por Sebastián Soler por lo cual conviene volver la mirada a lo que este autor refería sobre este delito. En su clásica obra Derecho Penal argentino. TEA, tomo 4, 9ª reimpresión, 1983, páginas 589-602, dice el jurista argentino: “Delitos contra la tranquilidad pública. §130- Las distintas figuras. La reforma del C. penal ha comenzado (…) por corregir la designación del título, pues han sido muchos los equívocos traídos por la anterior referencia al ‘orden público’ [recuérdese que Padilla, en la exposición de motivos, señala que este delito pasa del capítulo de los del ‘orden público’ a los cometidos contra la tranquilidad pública]. Veamos las razones que hacían aconsejable ese cambio.

En pocos temas del derecho penal se puede verificar una mayor confusión y vaguedad de opiniones que la que se manifiesta cuando la doctrina trata de fijar el concepto de orden público. El equívoco fundamental proviene de que esa expresión tiene, por lo menos, dos sentidos (…) Basta un somero examen de los distintos capítulos y figuras contenidas bajo el título de delitos contra el orden público para advertir que no es ese el sentido en que la expresión debe ser tomada en este punto de la teoría jurídica. Estos delitos son: la instigación pública, la asociación ilícita, la intimidación pública y la apología del crimen. Para nuestra ley penal, orden público quiere simplemente decir tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico de la vida civil. No se trata de defender la seguridad social misma, sino más bien la opinión de esa seguridad que, a su vez, en realidad, constituye un factor más de refuerzo de aquella.

Esas características de bien secundario, mediato, explica la razón por la cual las escalas penales de estos capítulos son, en general, bajas. No se trata de protección directa de bienes jurídicos primarios, como la seguridad, sino de formas de protección mediatas de aquéllos, pues una de las condiciones favorables para la comisión de graves daños es el desorden y la perturbación social. Tienen, pues, estas figuras un aspecto de prevención de daños mayores, que las aproxima a lo que es una contravención. Si se observa, en efecto, el contenido de ellas, se verá que están todas orientadas en el sentido de otros daños a cuya evitación tienden de manera mediata: detrás de la instigación y de la asociación ilícita está la posibilidad de toda clase de delitos, que se quiere evitar; detrás de la apología del crimen, se percibe una forma indirecta de aconsejar el crimen; detrás de la intimidación, están los daños derivados del desorden.

Muchas de las figuras son verdaderos actos preparatorios de otros delitos, que serían impunes por su equivocidad (…) II. Instigación a cometer delitos. El art. 209 establece: ‘El que públicamente instigare a cometer un delito determinado será reprimido, por la sola instigación…’ (…) la instigación genérica era una forma accesoria de participación. Su punibilidad dependía, pues, no solamente de que la instigación fuese aceptada, sino, además, de que el hecho tuviese, cuando menos, un principio de ejecución por parte del instigado. Este aspecto es precisamente el que plantea un problema, diversamente resuelto por la legislación y la doctrina, según que la instigación no sea aceptada o, siéndolo, no sea cumplida por el instigado. En tal situación, algunos positivistas, con poca fortuna, han postulado la punibilidad de la instigación a título de tentativa con medio inidóneo (…) pero la solución más razonable y corriente ha consistido en hacer de ese hecho una figura especial de delito, de la misma manera en que se erigen en figuras autónomas ciertas formas de actos preparatorios, generalmente impunes.

Este es, en realidad, el origen de la figura que examinamos, la cual, para algunos, no es más que un acto común de instigación que no tiene éxito (…) la diferencia específica de este delito consiste en que el acto de instigación se realice públicamente. Este es el elemento que torna punible un acto de instigación no acogida, que hecha sin el requisito de la publicidad queda impune, por fata de principio de ejecución. No es una condición de punibilidad, como dice Manzini, sino un verdadero elemento constitutivo de la figura. Como tal debe estar comprendido dentro del dolo del autor, es decir, que éste, además de instigar a la comisión de un hecho determinado, ha de saber que lo hace públicamente. Si una instigación privada se hace pública, supongamos, por medio de un micrófono ignorado por el autor, no existe delito (…) Si en un lugar privado se reúnen diez personas individualmente determinadas y una de ellas, a puertas cerradas, las instiga a cometer un delito, no hay instigación pública.

(…) La publicidad surge así cuando existe la posibilidad de que la instigación sea recibida u oída por alguien no personalmente convocado.» (Los destacados son agregados). Es cierto que el tipo penal que comenta Soler expresamente contempla en la descripción de la conducta el tema de la publicidad, a diferencia del que existe en Costa Rica que solo lo menciona en el nombre de la figura, sin embargo no por ello tal elemento ha de considerarse excluido de la conducta pues no solo lo menciona el nomen iuris de la figura remite al sentido legislativo (por lo que sería un contrasentido que el delito de “instigación pública” pueda hacerse en privado) sino que esa necesaria publicidad se extrae en virtud de la interpretación genealógica-restrictiva e histórica, que son válidas si y solo si pretenden limitar los alcances punitivos, nunca para ampliarlos (artículo 2 del Código Penal). Como se vio, en el acontecer histórico nacional desde el que se extrajo e insertó el tipo respectivo, la instigación siempre fue pública al contener expresamente ese elemento el tipo y nunca hubo ninguna discusión para modificar tal cosa, de donde entenderlo así es lo más restrictivo.

Entonces en el numeral 280 del Código Penal que estatuye: “Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca” no solo requiere la publicidad de la instigación (que en este supuesto no se dio porque la reunión era privada) para generar el peligro sino que necesita que esos delitos que se instigan sean unos que afecten la tranquilidad pública, concepto que hay que interpretar restrictivamente y que no puede considerarse extensivo a cualquier delito porque, entenderlo así, además, modificaría las reglas de participación (instigación común) de esos otros delitos. Nuevamente la adscripción política (en sentido amplio) del derecho penal costarricense (democrática, liberal y republicana según el numeral inicial de la Carta Magna referido) sufriría desmedro si la interpretación fuese amplia y enseguida se explica un poco más ampliamente el por qué.

Recuérdese que con el surgimiento de los Estados Modernos (siglos XV y XVI) se rompe con las regulaciones de la Edad Media y se empieza a diferenciar el orden jurídico estatal de otros (como la moral y las religiones) que, inicialmente, estaban amalgamados. Esta diferencia esencial se traduce en que, mientras la moral y las religiones regulan el ámbito interno de las personas (sus pensamientos y sentimientos bajo la noción de “pecados” en una de ella), el derecho estatal se iba a ocupar de actos exteriores que implicaran una modificación material del mundo, dejando lo interno a la injerencia de aquellos otros órdenes normativos. Toda la teoría del iter criminis (o camino del delito) parte de esta base. Para no alargar innecesariamente las referencias históricas, valga recordar que la separación entre actos impunes y punibles (o, lo que es lo mismo, entre la libertad como principio democrático y la represión que debe ser excepcional) está dada en la fase externa del iter criminis, propiamente a partir de los actos de ejecución que hacen emerger la sanción de la tentativa (sin que sea necesario, a estos efectos, referirse a la evolución de las teorías que, refiriéndolo así, ponen énfasis en diversos matices y bastando aludir a que la mayoritariamente aceptada por la dogmática moderna es la individual objetiva).

El que la fase intermedia (ideación, deliberación y resolución), intermedia (resolución manifestada) y hasta los actos preparatorios de la fase externa sean impunes no surge por un simple capricho dogmático, sino que es producto del intento sistemático de que los Estados no penetren en zonas (pensamientos, sentimientos, manifestación privada de opiniones) que son esenciales no solo para el desarrollo de la personalidad y la dignidad humana sino, también, para la consolidación de un sistema político democrático. Por ello, solo por excepción los delitos de expresión (injurias, calumnias, difamación, delitos de odio, apología de un delito, obstaculización de las vías públicas) y los delitos de tenencia (de armas, de drogas) deben ser castigados, pues implican adelantos de la barrera de protección que está dada por el inicio de los actos de ejecución. Los delitos de expresión adelantan la barrera a la fase intermedia del iter criminis (resolución manifestada) y los de tenencia a los actos preparatorios.

En ambas situaciones se precisa no solo el adelanto de la barrera por mera política criminal sino la afectación de un bien jurídico (lesividad). Si se comprende lo anterior se entenderá, fácilmente, por qué el decir que se va a matar a alguien no es (y no debe ser) delito, como no debe serlo, tampoco, el que un sujeto le diga a otro que mate a una persona y esta persona no acepte (acto de instigación no aceptada). En ninguno de los casos hay una modificación del mundo exterior y si alguna reacción ha de haber a eso debe provenir de sistemas normativos éticos, morales o religiosos, no de los jurídico-estatales pues, además, la libertad humana hace que ese “mal pensamiento expresado” pueda ser revertido por el “arrepentimiento” (en sentido común, no jurídico), sin llegar a modificar el mundo externo. Distinto es cuando el sujeto acepta la propuesta (se hace nacer el dolo) y este sujeto así determinado, a su vez, inicia actos de ejecución.

Ahí ya surge, al menos, un peligro para el bien jurídico y eso justifica la intervención estatal. Pero nótese que, aunque se requiere todo lo anterior para sancionar una instigación simple, eso no es suficiente pues, según sea la teoría de la accesoriedad que se siga, se requerirán más o menos elementos adicionales. Para una teoría restringida de autor (como la que se sigue modernamente) no solo se diferencia la autoría de la participación en sentido estricto (instigación y complicidad) sino que se hace depender el castigo de estas formas de participación de la intervención que llegue a tener el autor. Así la teoría de la accesoriedad mínima sanciona a partícipes solo si el autor ha desplegado un tipo penal; la de accesoriedad limitada hace depender la sanción de cómplices e instigadores de que el autor despliegue un injusto penal; la de la accesoriedad máxima requiere en el autor una conducta típica, antijurídica y culpable para poder fijar la responsabilidad de los partícipes y la de la hiperaccesoriedad requiere una conducta típica, antijurídica, culpable y punible para esa represión.

La dogmática penal actual considera que la teoría más adecuada es la de la accesoriedad limitada y nuestra normativa sustancial carece de posicionamiento al respecto [los artículos 46 y 47 aluden a “hecho punible” y de esto algunos autores y en otras latitudes se ha derivado la hiperaccesoriedad: ver: Chinchilla Calderón, Rosaura. El principio de legalidad; ¿muro de contención o límite difuso para la interpretación de la teoría del delito en Costa Rica? Editorial Investigaciones Jurídicas, 2008, pág. 89 y ss.; Reforma al Código Penal alemán de 29.5.1943 y la doctrina y jurisprudencia que la interpretó citados por Castillo González, Francisco. Autoría y participación en el Derecho Penal. Editorial Jurídica Continental, 1ª edición, San José, 2006, pp. 55 y 347-348 (el autor no se adscribe a esa tesis, solo describe lo sucedido en Alemania, aunque deja de mencionarlo en ediciones posteriores de sus textos)].

Entonces se tendría que, por esta vía (de interpretar en sentido amplio ‘tranquilidad pública’ para aplicarlo a cualquier delito que la afecte) se llegaría prácticamente a derogar el instituto de la instigación común y la teoría de la accesoriedad (cualquiera que sea esta) pues este tipo penal, a diferencia de la instigación general, no requiere tal accesoriedad. Pero, además, desde un punto de vista sistemático, si se interpretara como lo pretenden las partes apelantes, las figuras de instigación (que en dogmática y en derecho comparado pueden tener un ligero mayor reproche que el autor pues hacen nacer en este el dolo) tendrían menos sanción que la autoría, en detrimento de lo que indica el numeral 46 del Código Penal o una represión excesiva, ajeno a las regulaciones doctrinales y a los principios de igualdad y culpabilidad. Veamos dos situaciones: i) si se aceptara que la instigación pública puede darse contra cualquier delito, en forma amplia, que violente la tranquilidad pública, como pretenden los apelantes, se llegaría al absurdo de sostener, como lo hizo la procuradora, que como el robo agravado en las viviendas, por ejemplo, afecta la tranquilidad, podría cometerse delito de instigación pública de tal delito y, de esa manera, la conducta ya no tendría la pena del autor de ese delito (de 5 a 15 años según los numerales 46 y 213 del Código Penal) sino solo una de seis meses a cuatro años de prisión que es la contemplada en este tipo penal. ii) Otra consecuencia absurda de esta posición sería la contraria, es decir, que la instigación pueda tener una mayor pena que el delito principal, aunque en Costa Rica expresamente se asumió que no pudiera ser así en virtud de las reglas generales.

Por ejemplo, una persona que instigue a otras a cometer hurtos en la vía pública puede afectar, y mucho, la tranquilidad social si esos delitos se despliegan. Y así, mientras los autores de los hurtos serían reprimidos con prisión de un mes a tres años, quien los instigó, sería castigado bajo la figura de la “instigación pública” (siguiendo el criterio de las personas apelantes) y recibiría una sanción de seis meses a cuatro años de prisión, lo que evidencia una desproporción enorme de la pena que no es aceptada ni siquiera por la dogmática que solo justifica el mayor incremento en quien hace nacer el dolor siempre que sea proporcional al delito y eso se ha entendido mientras no supere un tercio. La reductio ad absurdum (‘reducción al absurdo') es un método lógico de demostración de la validez (o invalidez) de proposiciones categóricas y en este caso los resultados de la propuesta de las apelantes no pueden ser más evidentes.

Pero sigamos profundizando en las líneas argumentativas que se plantean. La procuradora sostiene que mientras incluir la voz “públicamente” en el tipo sería una invasión a la competencia legislativa (con lo cual desconoce que la labor jurisdiccional, por mandato constitucional, exige siempre una labor hermenéutica que sigue reglas dadas en el propio ordenamiento y que, en el caso penal, debe recurrirse a la interpretación genealógica, histórica y sistemática para restringir y nunca para ampliar el tipo) sí estima posible, sin consecuencia alguna, incluir delitos no contemplados por quien legisla en el tipo penal examinado o ampliar los conceptos de este conforme al criterio del autor que cita (quien comenta una legislación distinta a la nuestra) pese a que lo prohíben los artículos 1 y 2 de la legislación penal sustantiva. No obstante, tal posición no es admisible pues la doctrina sí puede contribuir a precisar el sentido de una disposición normativa siempre que se respete el principio de legalidad, no si extiende la prohibición como aquí se busca y en este caso el límite de la figura está dado por una figura jurídica paralela que es la instigación genérica.

El texto que cita la procuradora y comenta Creus contiene, a diferencia de nuestra legislación, una referencia amplia a delitos. El código costarricense, de manera diferenciada al comentado por el jurista argentino, agregó el tipo de delitos que podían instigarse de esta manera. Otra incoherencia de la procuradora es que, mientras acepta parte de lo que dice la doctrina argentina (aunque esto no responda a nuestra legislación) rechaza lo que esta estipula el elemento diferenciador de la instigación como instituto de la parte general respecto de la instigación pública como delito de la parte especial (este se introduce porque aquella no se puede configurar a falta de actos de ejecución que generen un injusto penal, según la teoría de accesoriedad limitada, de modo que se suprimen tales elementos pero se construye el tipo como de peligro y esto se logra, justamente con el tema de la publicidad).

En síntesis, sí se requiere la publicidad de la instigación para cometer el delito de instigación pública pues este elemento es el que genera el peligro abstracto que, a su vez, permite suprimir la accesoriedad de la participación en sentido estricto y sí se debe interpretar restrictivamente la expresión “…un delito determinado que afecte la tranquilidad pública…” contenida en el artículo 280 como circunscrita a los delitos estipulados en el Título X: Delitos contra la tranquilidad pública, es decir, los de asociación ilícita, apoyo y servicios para el terrorismo, intimidación pública y apología del delito pues, hacerlo de otro modo, es crear delitos por vía interpretativa. Ello conduce, en consecuencia, a que ambos elementos (la publicidad del acto y que se está haciendo una determinación a afectar un delito contra la tranquilidad pública) deban ser conocidos por el autor. Si la publicidad no es sabida por el autor (por estar siendo grabado a escondidas y, por ende, ignorar que está incitando a una colectividad) se está ante un error de tipo.

Si el sujeto activo desconoce que está instigando a un delito “contra la tranquilidad pública” se produce un error sobre elementos normativos jurídicos que, por ser lo más beneficioso para la persona acusada, también debe resolverse como error de tipo a pesar de tener elementos comunes con el error de prohibición (sobre este tópico véase la sentencia del antiguo Tribunal de Casación Penal de San José, número 2010-641: R. Chinchilla, U. Zúñiga e I. Estrada). La interpretación de las partes apelantes (al excluir la publicidad del tipo y al suprimir la referencia a ciertos delitos allí contenida) no solo es amplia en contra del mandato del numeral 2 sino que tira por la borda todo el tema de los errores y el principio de culpabilidad pues pretenden una sanción de la persona al margen de su consonancia interna (conocimiento y voluntad) con la conducta presuntamente exteriorizada. Es el mismo efecto que generan los delitos de peligro abstracto y no en vano pretenden convertir a esta categoría todas las formas de instigación lo cual es una tendencia peligrosa en tiempos en que el respeto al Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho no es, precisamente, el valor dominante.

Así lo entendió la sentencia de instancia que, con solvencia, rechazó tales propuestas y, en eso, no se observa yerro alguno. Pero, adicional a lo que ya se ha dicho, que no es poco ni de peso ligero, hay un motivo muchísimo más fuerte por el cual las tesis ensayadas por las partes apelantes no puedan ser acogidas. Nuevamente tiene relación con el sistema político al que se adscribió el país y al saneamiento genealógico que debe seguirse y eso se expondrá en el siguiente apartado. (C) El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Código Penal: integración y aplicación sistemática. Debe retomarse la idea, ya desarrollada a partir de evidencia histórica, que no ha habido ninguna variación entre la introducción de la figura de la “instigación pública” en 1970 a la fecha y que esta presenta, en los antecedentes normativos inmediatos, referencia a que la instigación sea pública (inclusive, en muchos de los textos anteriores se hace énfasis al uso de la prensa, único medio que, para esas fechas, garantizaba esa publicidad).

Este origen permite tener claridad en cuanto al contexto normativo en que la figura se inserta. Recuérdese que, para cuando el actual cuerpo represivo se aprueba (1970), aunque en el país regía formalmente la Constitución Política de 1949, no existía un control efectivo sobre el acople de las nomas inferiores a las de superior rango, pues el control de constitucionalidad concentrado, en manos de Corte Plena y regido por el Código de Procedimientos Civiles de 1887, se consideraba meramente de papel, desde que una minoría podía vetar una declaración de inconstitucionalidad (se requería mayoría calificada de Corte Plena, integrada entonces por 17 magistraturas al no haberse incorporado las siete de la Sala Constitucional, por lo que se necesitaban 12 votos para declarar algo inconstitucional, lo que históricamente impidió que ello se diera). Fue necesaria la reforma constitucional de 1989 y la creación de la jurisdicción constitucional para que tal control fuese efectivo y ya no solo frente a la jerarquía constitucional sino también para incorporar a los tratados de derechos humanos como parámetro constitucional.

Tampoco cuando se aprobó el actual artículo de instigación pública se había hecho efectiva la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en lo sucesivo CVDT) la cual, si bien fue firmada por Costa Rica en 1969, no fue ratificada por el país sino hasta 1996 mediante ley No. 7615. Finalmente, para 1990 no había emergido, con la fuerza actual, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante DIDDHH) que, si bien ya contaba a su haber con algunas declaraciones emergidas luego de la II Guerra Mundial, estaba en desarrollo en casi todas sus áreas para hacer nacer los tratados vigentes. No fue sino hasta 2006 en que, derivado de allí (y plasmado por la Corte IDH en la sentencia del caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile de 26 de septiembre de 2006), surge el concepto de control de convencionalidad, con carácter vinculante. Estos tres elementos (control de constitucionalidad sobre la jerarquía de las normas, valor de los tratados superior a la ley según el artículo 27 de la CVDT y desarrollo del DIDDHH que implica el valor interno de los tratados suscritos y ratificados y el control de convencionalidad sobre ellos) se dieron con posterioridad al surgimiento, en 1970, del tipo penal en comentario.

Nada de eso puede perderse de vista porque son elementos que contribuyen a moldear el tipo penal original, por tener todos mayor rango e integrar el sistema político descrito en el numeral 1 constitucional ya referido. Como parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ubican libertades individuales como el derecho de reunión, de manifestación o expresión, de asociación y de pensamiento (artículos 26, 28 y 29 Constitución Política; 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 a 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) pero también derechos sociales como el derecho de sindicalización, huelga, de negociación colectiva (artículo 8 Protocolo a la Convención adicional a la CADH en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de El Salvador y numeral 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Unos y otros integran, en igualdad de condiciones (a diferencia de lo que suele pensarse en nuestro país) el marco de derechos humanos que se caracterizan por ser irrenunciables, indivisibles, inalienables, universales, imprescriptibles e interdependientes. Como puede verse, estos derechos se han recogido, en muchos casos, en tratados o convenios multilaterales que nuestro país ha suscrito y ratificado. Y esto último conecta con el principio pacta sunt servanda contenido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT) según el cual un Estado no puede alegar su derecho interno para desconocer un tratado que ha firmado y ratificado. Entonces, desde 1996 (en que se ratificó la CVDT, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos debe insertarse en la integración e interpretación de todos los tipos penales, incluyendo en aquellos que se emitieron con anterioridad, pues la ley (en este caso el cuerpo represivo sustantivo) no solo no puede desconocer una norma de rango superior (los tratados: artículo 7 de la Constitución Política) sino que el derecho interno no puede desconocer el derecho convencional.

En el mismo sentido, el Derecho de la Constitución establece el predominio de los tratados de derechos humanos (o de los pronunciamientos de los órganos que los interpretan) por sobre la Constitución Política si aquellos otorgan más derechos o los protegen de mejor manera (ver artículo 73 inciso d de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y los votos de la Sala Constitucional números No. 3435-92, No. 2313-95, No. 1319-97, No. 4356-98 y No. 6830-98). Entonces, llegados a este punto, es claro que, aunque el delito de instigación pública está vigente y es constitucional según el voto de la Sala Constitucional número 2023-00430 del 11 de enero de 2023 (cuyo contenido integral a esta fecha se desconoce pese a haberse solicitado constantemente, incluso antes de votar este asunto como se desprende de las constancias precedentes) el intérprete ordinario DEBE (no es potestativo sino una obligación) adaptarlo, en su interpretación, a aquel contexto normativo.

Y es aquí en donde es necesario examinar el contenido de aquellos otros derechos humanos que limitan sustancialmente el poder punitivo en una democracia como la descrita por el numeral 1 de la Constitución Política pues, aunque formalmente existan tipos penales que prohíban ciertas conductas (muchos de ellos, como este, de origen preconstitucional o preconvencional) sus ámbitos de validez quedan limitados por la evolución normativa ya referida. En el presente asunto, aún partiendo (hipotéticamente, solo para efectos analíticos) del dicho de la parte acusadora —de que también puede cometerse instigación pública del numeral 280 ibídem cuando se determina a cometer delitos como la obstrucción de vías públicas que no son parte de aquellos contra la tranquilidad pública— es necesario otras consideraciones iniciando por el hecho de que, luego de la reunión acusada, no hubo ninguna materialización de cierres de vías (ni esto se estipuló en las querellas ni hay prueba en tal sentido recibida en debate).

El delito de obstrucción de la vía pública se encuentra regulado en el numeral 263 bis y señala: “Se impondrá pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes.” (Se suplen los destacados). Dicha disposición fue elevada a la categoría delictual (lo que habilita acciones represivas como allanamientos, prisión preventiva, etc.) y dejó de ser simple contravención por ley No. 8250 del 02 de mayo de 2002, es decir, aprobada poco tiempo después de que se dieran las manifestaciones populares que estallaron en marzo de 2000 como protesta a lo que se denominó “Combo del ICE” (proyectos de ley que pretendían la ‘modernización del ICE, la apertura en energía y en telecomunicaciones’). Es evidente el propósito de desestimular y reprimir ese mecanismo de manifestación y se une al artículo 263 del Código Penal que refiere: «Entorpecimiento de servicios públicos.

Artículo 263.-Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que sin crear situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua y aire a los servicios públicos de comunicación o de sustancias energéticas.» (Se agrega el destacado). Empero la protesta social es un derecho humano derivado de la libertad de expresión y manifestación que, en esa medida, tiene un rango superior a la ley y esta no puede dejarlo sin contenido, sin perjuicio del ejercicio de ponderación en caso de choque con otros derechos de similar o mayor magnitud que debe efectuarse en cada caso concreto. Sobre sus alcances ha dicho el intérprete supremo de la CADH «171. El derecho a protestar o manifestar inconformidad contra alguna acción o decisión estatal está protegido por el derecho de reunión, consagrado en el artículo 15 de la Convención Americana (…) El derecho protegido por el artículo 15 de la Convención Americana (…) abarca tanto reuniones privadas como reuniones en la vía pública, ya sean estáticas o con desplazamientos.

La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Por tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente (…) 172 (…) la Corte toma nota de lo indicado por el ex Relator de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión y asociación, según el cual “cuando la violación del derecho a la libertad de reunión pacífica es un factor habilitante e incluso determinante o una pre condición para la violación de otros derechos (…) también inevitablemente se ve afectado el derecho a la libertad de reunión pacífica y ello merece ser reconocido”. Además, como sucede con otros derechos con una dimensión social, se resalta que la violación de los derechos de los participantes en una reunión o asamblea por parte de las autoridades, “tienen graves efectos inhibitorios [chilling effect] sobre futuras reuniones o asambleas”, en tanto las personas pueden optar por abstenerse para protegerse de estos abusos, además de ser contrario a la obligación del Estado de facilitar y crear entornos propicios para que las personas pueden disfrutar efectivamente de su derecho de reunión.» (Corte IDH.

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Sentencia de 28 de noviembre de 2018; se suplen los destacados). Comentando tal disposición se ha dicho: «Así pues, no siendo suficiente con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos en perjuicio de otros, las restricciones al derecho de reunión sólo (sic) encontrarán apoyo en aquellos casos en los que existan datos objetivos que permitan deducir de forma indubitable que la manifestación no se ajusta a los parámetros convencionales, y especialmente en relación con la necesidad de proteger la salud y moral públicas, así como los derechos y libertades de los demás. Por esta razón, los motivos que se aleguen para prohibir o restringir el derecho de reunión no solo deben ser convincentes e imperativos de modo que puedan justificar las restricciones a esa libertad, sino que deben ser probados.

Esto es, que no deben tratarse de simples sospechas, peligros inciertos, ni menos aún de argumentos insuficientes, antojadizos o arbitrarios; sino de razones objetivas, suficientes y debidamente fundadas. Como ha señalado el Tribunal Constitucional español, “la reunión o manifestación va a depender de su carácter pacífico. Aunque, ciertamente, toda reunión en lugar de tránsito público o manifestación provoca una restricción al derecho de libre circulación de los ciudadanos no manifestantes, dicha restricción no puede dar lugar por sí sola a una prohibición si se cumple el requisito del carácter pacífico, entendiendo por tal la ausencia de alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. No cabe, por lo demás, someter las ideas o reivindicaciones de los manifestantes a ningún tipo de controles de oportunidad política basados en los principios y valores, tanto jurídicos como metajurídicos, dominantes en la sociedad o que se identifiquen con cualquier género de ideología o pensamiento”.» [Cfr.: Mujica.

Javier. Artículo 15. Derecho de reunión. Artículo 16. Libertad de asociación. En: Steiner, Christian y Uribe, Patricia (editores). Comentario. Konrad Adenauer Stiftung, 2014, pág. 371 y ss. Las negritas son agregadas]. Y, como se ha venido diciendo, si por algo se caracterizó este proceso, en palabras de la propia jueza de instancia, fue en la inercia probatoria pues aunque se hicieron muchas afirmaciones (tanto por escrito como en el juicio y en la audiencia ante esta cámara) estas carecieron de sustento probatorio alguno, al punto que extremos contenidos en la querella de la licenciada Navas, como la supuesta instigación a agredir a un periodista o la intervención del imputado en huelgas que afectaron el derecho a la salud o la educación, solo fueron expresiones emocionales (falacia de apelación emocional), sin ningún asidero probatorio. Entonces, si no hay prueba objetiva de las limitaciones a los derechos de los demás (porque no hubo actos materiales de cierres de vías luego de lo dicho en tal reunión) y el intervenir en manifestaciones, aún en vía pública, es un derecho, esto implicaría que instigar a manifestarse en las vías públicas (ya sea que se considere por la vía del delito especial de instigación pública o bien por medio de una instigación genérica a un delito específico de obstrucción de vía), no podría ser delito aunque esto limite el tránsito vehicular pues, aunque puede configurar una conducta típica esta se encontraría justificada por el ejercicio de un derecho y, en ese tanto, se convierte en una causa de justificación [artículo 25 del Código Penal: “No delinque quien obrare en (…) ejercicio legítimo de un derecho”].

Pero si lo dicho hasta aquí no fuera suficiente, hay que tener en cuenta que estos derechos, de expresión y reunión con los contenidos ya perfilados desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también se relacionan con el núcleo-duro del derecho a la sindicalización. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de la CIDH, en la opinión consultiva OC27/21 del 05 de mayo de 2021 desarrolló estos aspectos de forma profusa y, dado su carácter vinculante para el país, conviene trascribir parte de lo decidido, aun cuando la cita pueda resultar extensa: «74. (...) este Tribunal considera pertinente realizar las siguientes consideraciones adicionales respecto del contenido del derecho a la libertad sindical. (…) 81. (…) el Tribunal considera que el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de pertenecer a un sindicato comprende, lógicamente, el derecho de desarrollar actividades sindicales.

El espectro de acciones comprendidas en este derecho tiene un contenido amplio, y debe estar regulado en el estatuto de las organizaciones sindicales, las cuales deben ser determinadas por sus miembros. Estas actividades pueden comprender, por ejemplo, la participación en las reuniones sindicales, el derecho a emitir opiniones, el derecho de recibir o distribuir información, el derecho a participar en las decisiones que se adopten en las reuniones o asambleas (…) El Estado tiene la obligación de tutelar el adecuado ejercicio de las actividades de los trabajadores y las trabajadoras en la vida sindical, evitando cualquier acción por parte de las autoridades que permita la limitación en el ejercicio de estos derechos, así como adoptando las medidas necesarias para que los trabajadores y las trabajadoras, y sus representantes, pueda realizar sus actividades sindicales de manera eficaz en las empresas u organismos en que laboren (…) 106.

Este Tribunal reitera que la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son derechos incorporados en el artículo 26 de la Convención, pues éstos se derivan del artículo 45 incisos c) y g) de la Carta de la OEA (…) Si bien se trata de derechos autónomos, este Tribunal destaca su interdependencia e indivisibilidad. (…) 111. En relación con el derecho de huelga (…) los Estados deben respetar y garantizar que éste pueda ser ejercido de manera efectiva por todos los trabajadores y las trabajadoras, sin discriminación (…) el Estado debe garantizar que los trabajadores y las trabajadoras puedan ejercer su derecho a huelga sin ser objeto de penalización por parte del empleador particular, o del propio Estado. En ese sentido, los Estados deben suprimir aquellas normas penales que puedan ser utilizadas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Por otro lado, en lo que respecta a los trabajadores y las trabajadoras que brinden servicios esenciales, o que ejerzan funciones de autoridad a nombre del Estado, se debe garantizar que la lista de servicios esenciales que no son sujetos del ejercicio del derecho de huelga se encuentre claramente definida en el ámbito interno, y de conformidad con las disposiciones establecidas por la OIT.

Asimismo, los trabajadores y las trabajadoras que realicen dichas funciones esenciales deben contar con mecanismos de conciliación y arbitraje que les permitan obtener respuesta a sus reclamos (…) 121. El artículo 16.1 de la Convención Americana reconoce el derecho de las personas de asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Este Tribunal ha señalado que el derecho de asociación se caracteriza por habilitar a las personas para crear o participar en entidades u organizaciones con el objeto de actuar colectivamente en la consecución de los más diversos fines, siempre y cuando estos sean legítimos (…) de la libertad de asociación también se derivan obligaciones positivas de prevenir los atentados contra la misma, proteger a quienes la ejercen e investigar las violaciones a dicha libertad (…) 123.

(…) este Tribunal entiende que la relación entre la libertad de asociación y la libertad sindical es una relación de género y especie, pues el primero reconoce el derecho de las personas de crear organizaciones y actuar colectivamente en la persecución de fines legítimos, sobre la base del artículo 16 de la Convención Americana, mientras que el segundo debe ser entendido en relación con la especificidad de la actividad y la importancia de la finalidad perseguida por la actividad sindical (…) 132. (…) este Tribunal destaca la relación que existe entre la libertad de expresión, el derecho de reunión y los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. (…) 134 (…) la libertad de expresión es indispensable para la formación de la opinión pública en una sociedad democrática. En el ámbito laboral, la Corte ha señalado que es conditio sine qua non para que los sindicatos y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.

En esta lógica, la libertad de expresión resulta una condición necesaria para el ejercicio de organizaciones de trabajadores y trabajadoras, incluidos los sindicatos, a fin de proteger sus derechos laborales y mejorar sus condiciones e intereses legítimos, puesto que sin este derecho dichas organizaciones carecerían de eficacia y razón de ser (…) 135. (…) el ámbito de protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión resulta particularmente aplicable en contextos laborales (…) se requiere de un nivel reforzado de protección de la libertad de expresión, y especialmente respecto de quienes ejercen un cargo de representación de los trabajadores y las trabajadoras (…) 137. Para este Tribunal la existencia de una corriente libre de información, ideas y opiniones es fundamental para el ejercicio de los derechos sindicales y de la negociación colectiva, por lo que la amenaza de iniciar acciones penales por parte de las autoridades en respuesta a opiniones legítimas de los representantes de una organización sindical puede tener efectos intimidatorios y perjudiciales en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras o los empleadores y las empleadoras.

Por esta razón, es arbitraria la detención o la reclusión como castigo por el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación. (…) 139. Respecto del derecho de reunión, este Tribunal recuerda que el artículo 15 de la Convención Americana “reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas”. La Corte ha señalado que este derecho abarca tanto reuniones privadas como reuniones en la vía pública, ya sean estáticas o con desplazamientos. La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Por tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente (…) Asimismo, este Tribunal ha expresado que el derecho a protestar o manifestar inconformidad contra alguna acción o decisión estatal está protegido por el derecho de reunión (…) 141.

Este Tribunal advierte que los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, en su relación con la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, constituyen derechos fundamentales para que los trabajadores y las trabajadoras, y sus representantes, se organicen y expresen las reivindicaciones específicas acerca de sus condiciones laborales, para poder así representar efectivamente sus intereses ante el empleador, e incluso participar en cuestiones de interés público con una voz colectiva. Los Estados tienen el deber de respetar y garantizar estos derechos, los cuales permiten nivelar la relación desigual que existe entre trabajadores y trabajadoras, y empleadores y empleadoras, y el acceso a salarios justos, y condiciones de trabajo seguras. En este sentido, la Corte recuerda que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, de forma que la efectividad del ejercicio de los derechos depende de la efectividad del ejercicio de otros derechos.

De esta forma, los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos sociales, culturales y ambientales deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes» (Los destacados son agregaos por esta cámara). La contextualización cronológica de la reforma penal que introdujo el numeral 263 bis es importante porque evidencia el desestímulo que, desde diversas agencias estatales, se ha propiciado contra el amplio ejercicio de derechos humanos sociales como la protesta en tanto forma en que se manifiesta la libertad de expresión, aunque tenga límites, como en adelante se dirá. Los derechos humanos no son solo los individuales, desvinculados de derechos sociales (y, en esa medida violatorios del principio de interconexión de esta materia) y la penalización de la protesta social (por la vía de la obstrucción de las vías públicas), por sí sola, no dice nada de la ilicitud de la conducta, sino solo de su tipicidad.

Recuérdese que, si bien los tribunales comunes no pueden decretar la inconstitucionalidad de normas y, para la que ahora nos ocupa la Sala Constitucional no lo ha hecho (ver voto número 2023-00430 del 11 de enero del año en curso en que declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad respecto al artículo 280; el voto número 2003-5414 que rechazó de plano una acción contra el actual numeral 263 ambos del Código Penal y el voto número 2012-17027 de las 14:30 horas del 5 de diciembre de 2012 que se pronunció sobre la obstrucción de la vía pública en los términos que más adelante se referirán), eso no impide el ejercicio de la jurisdicción ordinaria que debe verificar, en cada caso concreto, no solo la convencionalidad de la disposición sino, también, si hubo, además de tipicidad, antijuridicidad y esta es tanto material como formal y es aquí donde se involucra el análisis de causas de justificación como el ejercicio legítimo de un derecho (artículo 25 del Código Penal).

En un caso similar, así se entendió jurisprudencialmente, por ejemplo, en este voto: «…el delito de instigación pública contenido en el artículo 280 del Código Penal –antiguo 273-, señala: “Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca.” Con la denuncia del licenciado V, no se puede tener por demostrado que el discurso del señor J haya tenido tal fuerza sobre una persona o personas, que provocara una determinación en la realización de un hecho ilícito. Debe agregarse que, aún en el supuesto que existiera tal instigación sobre los manifestantes, no puede obviarse lo indicado por el artículo 25 del Código Penal, en el tanto señala: “No delinque quien obrare en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de un derecho”.

En el presente asunto, la denuncia reclama que el diputado J llama a los estudiantes a manifestarse sobre el tema del fotocopiado y a exigir la protección del derecho a la educación. Esto no es otra cosa más que el ejercicio de un derecho, lo que debe examinarse con base en lo dispuesto por el Título VII de la Constitución Política y el numeral 28 de la Carta Magna, en el entendido que el llamado que se hace es parte del derecho de expresión que tiene todo ciudadano en este país, máxime que lo pedido tiene que ver con un derecho fundamental: la educación. Es por ello que, esta Cámara avala la petición fiscal, considerando que el señor J se encontraba en el pleno ejercicio de su libertad de expresión, el cual iba dirigido a salvaguardar el derecho a la educación. A partir de esta interpretación, no podría configurarse el delito acusado, pues aunque la conducta imputada estuviera comprendida en un tipo penal, la existencia de una causa de justificación eliminaría la antijuridicidad de dichos actos, y, por consiguiente, tampoco se tendría por delictivo tal despliegue.

En este tipo de casos, el artículo 282 del Código Procesal Penal señala que “cuando el hecho denunciado no constituya delito o sea imposible proceder, el Ministerio Público solicitará al tribunal de procedimiento preparatorio, mediante requerimiento fundado, la desestimación de la denuncia…”. Habiéndose constatado que los hechos denunciados por el licenciado V no configuran delito alguno, se acoge la solicitud formulada por el Fiscal General de la República, decretándose la desestimación.» Sala Tercera (Chinchilla, Ramírez, Arroyo, Pereira y López). Voto número 2013-495 (se suplen las negrillas). Como lo reconoce la licenciada Navas en su propio libelo de querella, tanto el derecho a la sindicalización (y sus derivados incluyendo los mecanismos de negociación colectiva), como los derechos de reunión y manifestación, incluido el derecho a la protesta social como parte de la libertad de expresión, son derechos humanos, esenciales para mantener el equilibrio democrático y reducir las tensiones y polarizaciones sociales.

Es claro que tampoco es dable abusar de ninguno de esos derechos, ni ejercitarlos de mala fe, ni efectuar un ejercicio antisocial de ellos (artículos 20 a 22 del Código Civil) pues todo derecho tiene por límite el ejercicio de otros derechos que conciernen a otras personas de la población. Por ello, es posible reprimir los daños o las lesiones que se den en aquellos marcos de protesta, como también es posible sancionar (desde el punto de vista laboral) la ejecución de movimientos que afecten servicios esenciales definidos, en forma restrictiva y no amplia, en una ley previa, según la Corte IDH en la OC27/21 del 05 de mayo de 2021. Sin embargo, en este asunto no solo no hubo prueba de que esas afectaciones (a la vida, la salud, la integridad, la propiedad o los servicios esenciales) se dieran (pues luego de la reunión acusada no se materializó protesta alguna), sino que muchas de las regulaciones al derecho se introdujeron por ley posterior a los hechos acusados (ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos No. 9808 de 2020) y no las había para la data de estos (2018 en adelante).

Por su parte, otros derechos (como la libertad de tránsito de la ciudadanía) pueden conciliarse con estos (de libertad de expresión, reunión y sindicales) a través de otras medidas, gracias a ejercicios de ponderación en cada caso específico. En suma, si bien esta cámara concuerda con que el ejercicio de la violencia no es una opción de protesta válida ni justificada, como tampoco lo es la afectación de los servicios esenciales, no puede menos que advertir que, en escenarios en donde el malestar no puede ser ejercido por los canales admitidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos —pues estos se han ido cerrando— la violencia, tarde o temprano, termina estallando. Entonces, prima facie, el que una persona determine la voluntad de otra u otras a obstruir vías públicas no necesariamente constituye un delito, pues ello dependerá de si la acción del autor está justificada o no (si se aplica la instigación común) o si la protesta puede asumirse, sin más, como un delito y no como un derecho para determinar si afecta la “tranquilidad pública” o más bien tiende a fortalecerla mediante el ejercicio de derechos.

En consecuencia, el que se aceptara hipotéticamente (para efectos analíticos únicamente) que el encartado hizo un llamado de ese tipo (sin materialización alguna posterior) no permitiría inexorablemente arribar a una conclusión sobre la ilicitud de su proceder pues, para esto, era necesario precisar otros elementos que no solo no se dieron en la realidad (no hubo el citado cierre) sino que tampoco se probaron en juicio. En el derecho comparado se encuentran pronunciamientos que revelan la tensión de derechos y la forma de resolverla. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español, en sentencia número 42/2000 de 14 de febrero de 2000, estableció que «…el derecho de reunión cuando se ejercita en lugares de tránsito público es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, de la defensa de intereses o de la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por tanto, un cauce relevante del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son el subjetivo -agrupación de personas-, el temporal -duración transitoria--, el finalista -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -lugar de celebración”.

(…) Este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las alteraciones del orden público que ocasionan las concentraciones que afectan a la circulación de vehículos por vías de tránsito público señalando que el "ejercicio de este derecho, por su propia naturaleza, requiere la utilización de los lugares de tránsito público y, dadas determinadas circunstancias, permite la ocupación, por así decir instrumental de las calzadas", reconociendo que "la celebración de este tipo de reuniones suele producir trastornos y restricciones en la circulación de personas y, por lo que aquí interesa, de vehículos" (SSTC 59/1990, FJ 6; 66/1995, FJ 3). No obstante, tales constataciones no conducen a este Tribunal a considerar que cuando el ejercicio de este derecho fundamental conlleve las señaladas restricciones, el mismo no sea constitucionalmente legítimo, sino, al contrario, a entender que "en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación" (STC 66/1995, FJ 3).» Por otra parte, en el sistema interamericano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) ha manifestado que “los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del “orden público”, como medio para suprimir un “derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real”.

Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima (…) si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica (…) la Comisión entiende que el uso de tales poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con la libertad de expresión y pensamiento consagrada en el artículo 13 y con el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida” (CIDH, Informe Anual 1994, “Informe sobre la compatibilidad entre leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Capítulo V; las negritas son agregadas).

Como indica la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA: “…dentro de ciertos límites, los Estados pueden establecer regulaciones a la libertad de expresión y a la libertad de reunión para proteger los derechos de otros. No obstante, al momento de hacer un balance entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático”. Así las cosas, toda medida tendente a limitar las manifestaciones públicas debe procurar que en su aplicación se resguarde el contenido esencial de los derechos humanos de reunión pacífica y libertad de expresión. Las limitaciones no deben depender del contenido de lo que se vaya a expresar a través de una manifestación pública, deben servir a un interés público y dejar otras vías alternativas de comunicación.

Las limitaciones deben tener sustento legal y solo pueden tener por objeto evitar amenazas serias e inminentes, no bastando un peligro eventual.” (el destacado es suplido). Así lo ha entendido la propia Sala Constitucional costarricense al referir: «En cuanto al poder penal del Estado, debe ser usado como recurso de ultima ratio para el aseguramiento de la paz social, no como un mero mecanismo de control social. De ahí que el artículo 256 bis del Código Penal, mediante el cual se penaliza la obstrucción de la vía pública, deba interpretarse de modo que su aplicación no suponga una afectación al contenido esencial de los derechos constitucionales de reunión pacífica y libertad de expresión. En tal sentido, las conductas a que se refiere esa norma penal, en lo atinente a manifestaciones públicas, están referidas únicamente a aquellas en que comprueben lesiones considerables a los derechos de otras personas o a los bienes del Estado.

Verbigracia, una protesta en que los manifestantes agredan a las fuerzas de seguridad u otras personas, o bien, realicen actos vandálicos contra bienes públicos o privados, excede el contenido protector del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión, por lo que resulta penalmente punible y justifica la actuación de las autoridades policiales, incluso con el uso de la fuerza, siempre que esta sea proporcionada a la magnitud del daño y las características concretas de la manifestación. Bajo esa inteligencia, deviene razonable la intervención policial cuando resulta evidente que las características de la manifestación producen daños importantes al bloquear el acceso a establecimientos o instalaciones de gran impacto para los intereses nacionales o de terceros (como un puerto o aeropuerto en virtud de los daños que podrían darse por la pérdida de vuelos o el deterioro de bienes perecederos destinados a la importación o exportación, entre otros).

Distinta es la situación cuando la manifestación y consecuente bloqueo de vía pública, no impide el libre tránsito a través de vías alternas. En otras palabras, la detención de personas en una manifestación pública y la aplicación de sanciones penales solo se justifican cuando existe la necesidad social imperiosa de evitar disturbios a la paz y el orden público, o serios daños a los derechos de otras personas, condicionado ello a que la actuación policial sea proporcionada al interés legítimo perseguido y a las características propias de cada manifestación en concreto. De ninguna forma, la penalización de la protesta social puede convertirse en un instrumento amedrentador en detrimento de una forma de expresión participativa social propia de un sistema democrático. Mientras una manifestación pública se desarrolle dentro de márgenes normales, debe imperar la cordura y la tolerancia. De este modo, se evita que los medios de expresión de la disconformidad social (los cuales históricamente han sido aceptados en los regímenes democráticos mas no en las dictaduras) lleguen a convertirse en verdaderos focos de violencia y desorden público, a lo que precisamente se llegaría cuando el uso de la fuerza policial deviene desproporcionado.

Sin embargo, esta forma de expresión encuentra sus límites en que se ejercite de manera razonable y dentro del marco del derecho de reunión pacífica, esto es sin que haya agresión a las fuerzas de seguridad u otras personas, ni se den actos vandálicos contra bienes públicos o privados, ni tampoco se infrinjan daños serios a los derechos de otras personas, todo lo cual debe valorarse en el caso concreto.» Sala Constitucional. Sentencia N° 2012-17027 de las 14:30 horas del 5 de diciembre de 2012. Entonces no era factible, como lo plantean las partes apelantes, que con la sola referencia a manifestarse en carreteras nacionales (de aceptarse hipotéticamente que así sucediera) formalmente se configurara un delito de obstrucción de vías públicas y, por ende, tampoco de instigación pública a un delito. Pero es que, además de lo anterior, la interpretación también DEBE hacerse, como bien expresa la sentencia de instancia, partiendo de otros parámetros propios de la materia penal, es decir, respetando el principio de legalidad y la interpretación restrictiva que este impone (artículos 1 y 2 del Código Penal) pero también en resguardo de los principios pro persona y pro libertatis propios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Así, a diferencia de lo que plantean los tres apelantes (en el sentido de que, frente a tres posibilidades hermenéuticas debe escogerse la más amplia) el tribunal de instancia y este colegio jurisdiccional estamos obligados a usar la interpretación más acotada del tipo penal, pues solo esta es la restrictiva y solo esta es la que tutela la libertad. Ergo, cuando el actual numeral 280 del Código Penal dice: “Instigación pública. Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca.” (Se suplen los destacados) no solo debe entenderse la publicidad como propia del tipo, aunque solo esté en el título del artículo, sino que la referencia a los delitos afectados “contra la tranquilidad pública” debe hacerse circunscrita a aquellos tipos penales así ubicados por quien legisla (es decir la asociación ilícita, el apoyo y servicios para el terrorismo, la intimidación pública y la apología del delito) y no a otros que, aunque pueden tutelar el mismo bien jurídico, quedan fuera de la sección así denominada.

Ambos elementos surgen, con toda claridad, del desarrollo histórico de la norma que se hiciera atrás y de las exigencias no solo de la interpretación restrictiva estipula por las disposiciones iniciales de la codificación sustantiva nacional sino, también, por la misma Corte IDH al aludir a normas penales que afectan la libertad de expresión (y ya antes se estableció la relación entre este delito y ducho derecho) al indicar: «76. La Corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. La tipificación amplia de delitos de calumnia e injurias puede resultar contraria al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal. En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro.

Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. 77. Tomando en cuenta las consideraciones formuladas hasta ahora sobre la protección debida de la libertad de expresión, la razonable conciliación de las exigencias de tutela de aquel derecho, por una parte, y de la honra por la otra, y el principio de mínima intervención penal característico de una sociedad democrática, el empleo de la vía penal debe corresponder a la necesidad de tutelar bienes jurídicos fundamentales frente a conductas que impliquen graves lesiones a dichos bienes, y guarden relación con la magnitud del daño inferido. La tipificación penal de una conducta debe ser clara y precisa, como lo ha determinado la jurisprudencia de este Tribunal en el examen del artículo 9 de la Convención Americana. 78. La Corte no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales.

En todo momento la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación.» Corte IDH. Sentencia del caso Kimel Vs. Argentina del 02 de mayo de 2008 (el destacado es suplido). Con una norma similar a la costarricense así se ha entendido en otras latitudes: «La instigación pública a delinquir es un delito que afecta la tranquilidad pública. Instigar, es incitar, provocar o inducir a uno a que haga una cosa; no es meramente proponer que se cometa, sino promover en cierta forma coactiva a ello, valiéndose de la excitación de las personas o de los instintos de la persona a quien se instiga; es una forma accesoria de participación y a ella son aplicables los principios generales enunciados con relación a la participación propiamente dicha. El instigador quiere el hecho, pero lo quiere producido por otro, quiere alcanzar ese hecho a través de la psiquiatría del otro, determinando en éste la resolución de ejecutarlo.

Los verbos rectores son instigar o inducir, siendo un tipo penal de carácter formal, en virtud que es necesaria la voluntad del sujeto activo para inducir o determinar a alguien a la comisión o perpetración de un delito. Es un delito de carácter autónomo. Para acreditarse la instigación pública, debe ser pública, es decir, de desafío a la ley, de reto abierto, directo, y en presencia de otras personas, o a través de algún medio de comunicación, que permita la divulgación y propagación del mensaje, no de manera clandestina; la instigación debe ser dirigida a la comisión de un delito determinado; verbigracia, a quebrantar la ley, o a desconocer el orden constitucional, con el objeto de desestabilizar la paz y tranquilidad social. (…) La conducta incriminada, comprende una instigación hecha públicamente, es decir, en público, en presencia de varias personas. Puede ser dirigida a una sola de éstas, siempre que se haga públicamente.

Y este requisito se cumple, no sólo cuando el instigador actúa en presencia de varias personas, sino también cuando se vale de algún medio de comunicación que lleve implícita la publicidad, capaz de establecer información simultánea o sucesiva con un número más o menos apreciable de personas…» Instituto de Estudios Constitucionales. La infracción de la libertad de reunión y de expresión como mecanismo de persecución política en Venezuela. Especial referencia al caso de Leopoldo López y otros. En: Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional. Nº 1 enero-julio 2016 págs. 60-61 citando resolución del Juzgado 28vo 1ra Inst. Juicio Caracas 10/09/2015, pág. 271. Las apelantes, en particular la procuradora, indican que “…debió el Tribunal analizar (…) si correspondía la configuración de la conducta demostrada en el tipo penal o cualquier otro que si estimase procedente; ejercicio que de haberse realizado no hubiese desencadenado en la absolutoria que hoy se impugna.” (Cfr. folio 511 vuelto).

Sin embargo, la sentencia de instancia no solo hizo ese ejercicio de escrutar otras posibles calificaciones según se puede constatar en los folios 477 frente y siguientes (página 33 en adelante de la sentencia), lo cual se pasa por alto e invisibiliza en los recursos sino que las recurrentes ni siquiera mencionan los otros posibles tipos penales en que encajaría la conducta acreditada y si bien prima el principio iura novit curia (el tribunal conoce el derecho) también quien querella y apela debe hacer ver los yerros de la decisión adoptada sobre cada a sus pretensiones (principio acusatorio). Este tribunal, en ejercicio del precepto iura novit curia, tampoco observa esa posibilidad de adecuación típica. Es cierto que casi todos los tipos penales (salvo los culposos, por ejemplo) admiten la instigación común (artículo 46 ibídem) pero esta no se configura en el presente caso porque la conducta de obstaculización de vías o entorpecimiento de servicios no se exteriorizó ni materializó, es decir, no hay actos de ejecución en el iter criminis y, por ende, tampoco se determinó a alguien para que la hubiese cometido a nivel, al menos, de injusto penal (teoría de la accesoriedad limitada).

Y si se considera que este delito es pluriofensivo y afecta la tranquilidad pública y que, por esa vía (de interpretación amplia ya descartada) integra el tipo penal del numeral 280 del código represivo, aún así tampoco habría, en este caso, delito alguno pues para que haya delito se requiere que, además de la tipicidad, opere la antijuridicidad y como ya se ha dicho, esto último difícilmente podría darse cuando se ejerce un derecho constitucional y convencional (o varios) que actúan como causa de justificación. En definitiva, desde ninguna óptica encuentra esta cámara ni yerros u omisiones en el razonamiento de la juzgadora de instancia ni la configuración de un delito que permita revertir lo resuelto, razón por la que se rechazarán las quejas.

IV.En el segundo alegato de la Procuraduría General de la República se reprocha falta de fundamentación y violación a las reglas de la sana crítica, así como inaplicación o inobservancia de los artículos 1045, 222 y siguientes de las reglas vigentes de responsabilidad del Código Penal de 1941 y en el numeral 38 del Código Procesal Penal en relación con el rechazo de la acción civil. Dice que la pretensión resarcitoria no se admitió porque la absolutoria implicó que no haya nexo de causalidad y porque no se tuvo por demostrado el dolo, pero que eso no sustituye la debida fundamentación sobre tales extremos y no hay sustento fáctico ni jurídico ni para la absolutoria del encartado ni para el rechazo de la acción civil resarcitoria incoada por su representada. Con referencias jurisprudenciales (voto N° 2020-00332 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón) insiste en la autonomía de la pretensión civil respecto a la configuración del delito y que la aquí ejercida se amparaba en los numerales supra referidos pues se buscaba el resarcimiento del daño social el cual la apelante define.

Añade que, con este, se afectan intereses sociales y puede comprender todo tipo de hechos que causen un daño al bienestar de la colectividad, como la perturbación a la tranquilidad pública derivada de la actuación del imputado y, como no es posible traer a toda la población, se aportaron algunos testigos que lograsen reflejar los sentimientos generalizados nacionales, como el movimiento representado por la querellante Navas Montero. Agrega que el imputado afectó la tranquilidad pública, generó en la ciudadanía sentimientos de temor y desconcierto derivado del hecho de que, con el entorpecimiento de servicios públicos y la obstrucción de vías, se impide el libre acceso a lugares de trabajo, a las escuelas, a los servicios sociales y a la atención médica oportuna, se podían crear situaciones de violencia pública que redundarían en inseguridad, comprometiendo la paz social, el ejercicio de las libertades civiles y lesionando los derechos fundamentales de la colectividad.

Alude a las sentencias N° 341-2004, 370-2009, 167-2011 y 548-2013 del Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José en que se ha acogido la totalidad de su pretensión por el daño social y a la N° 71-2013 en que establece al “juez de juicio como perito de peritos" para estimar su causación y cuantía). Pide que se declarare ineficaz la sentencia en lo civil, “revocándola en todos sus extremos y ordenando su reenvío”. No hubo respuestas escritas. En la audiencia oral celebrada la licenciada Margot Avellán, representante de la Procuraduría General de la República, enfatizó que se rechazó la acción civil por falta de nexo causal, pero allí la decisión carece de fundamentación pues no se analizó si el daño se causó. Pide que se anule la sentencia en todos sus extremos. Se rechaza la queja. La sentencia de mérito resolvió este tema en los siguientes términos: «IV-: SOBRE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA: Para entrar al conocimiento del reclamo civil, deben verificarse en primer lugar los presupuestos materiales del reclame o lo que también se conoce corno excepciones sustantivas, la cuales precede examinar de oficio.

En cuanto a la existencia del derecho, este tiene que ver con la demostración de los daños de índole material o como en este caso social que fue alegado en el fundamento factico de la acción civil resarcitoria, el nexo causal y el criterio de imputación de este, sea a título de dolo, culpa, riesgo creado, etc. En el presente asunto, dado que los daños pretendidos -de índole social-, guardan estrecha relación causal con los hechos acusados (de índole dolosa) y no habiéndose demostrado la responsabilidad del demandado civil en los mismos, dado que el criterio de imputación en este caso es evidentemente subjetivo a título de dolo, se verifica que no le asiste derecho alguno a la parte actora civil. En modo alguno el daño social invocado puede atribuirse a una acción dolosa del demandado civil, como ya quedo ampliamente expuesto en el considerando atinente a la responsabilidad penal, así las declara sin lugar la acción civil resarcitoria presentada por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA contra el demandado civil [Nombre 001].» (Cfr. sentencia, folio 480 vuelto).

Como bien dice la apelante, la esencia del rechazo, según se constata, es que, al no haberse establecido la responsabilidad penal del encartado y ser la reclamada una responsabilidad civil subjetiva por hecho propio, no era posible la acogida de la demanda civil, conclusión que, en efecto, es correcta, sin que sea necesario una mayor elucubración, como parece echarla de menos la quejosa, desde que todas las razones esgrimidas en las otras partes de la sentencia para sustentar la absolutoria (y cuya corrección ya fue examinada y avalada) se integran a esta parte de la decisión. Recuérdese que las sentencias son una unidad de sentido lógico jurídico en donde sus distintas partes que no pueden leerse en forma aislada. En materia de responsabilidad civil —como ya se le indicara a la misma procuradora en otro asunto, ver voto número 2023-349 de las 08:15 horas del 13 de marzo pasado— la doctrina distingue dos tipos: la contractual y la extracontractual.

La primera surge de convenios o relaciones jurídicas expresas. La segunda, de actos u omisiones de la vida social. Estos pueden ser dolosos (es decir queridos), culposos (o sea, carentes del deber de cuidado) o estipulados en la ley, con independencia de si hay dolo o culpa o de si se trata de hechos lícitos o ilícitos pues esta se basa en la generación de riesgos (por ejemplo, artículo 1048 del Código Civil) o en la obtención de lucros que deben soportar quienes los propicien (responsabilidad objetiva). La responsabilidad civil extracontractual (que es la que se reclama ante la comisión de un hecho delictivo como el que aquí se discute) puede ser subjetiva (por dolo o culpa) y tanto por hecho propio o directa como por hecho ajeno o indirecta (culpa in eligiendo o culpa in vigilando). La última se encuentra prevista en el numeral 1048 del Código Civil, tercer párrafo, que dice: “El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos actos, está obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de familia; y si descuidare esos deberes, será responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado causare a un tercero con una acción violatoria del derecho ajeno, cometida con mala intención o por negligencia en el desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción no se hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia en vigilar.” Esa es diferente del otro tipo de responsabilidad, es decir, la objetiva, que, además de la necesidad de previsión legal específica (por ejemplo, en el artículo 1048 párrafo 5 del Código Civil; en el artículo 32 de la Ley de protección y defensa efectiva del consumidor, contenida en el artículo 32; el numeral 197 de la Ley de Tránsito por vías públicas o terrestres o en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública) el criterio de imputación implica analizar tres requisitos: a) el empleo de objetos que conllevan peligro o riesgo; b) la causación de un daño de carácter patrimonial; c) la relación o nexo de causa efectos entre el hecho y el daño. Esta, a su vez, puede ser principal o única o solidaria. Esquemáticamente se plantea así:

Como la Procuraduría General de la República estableció que el encartado, con el actuar que se le acusó había generado un daño, su pretensión se enmarcó en una responsabilidad civil extracontractual subjetiva por hecho propio mediante dolo. En la sentencia, al analizar el tema penal, no se estableció que él efectuara la conducta descrita en las acusaciones tanto pública como privadas, es decir, el fundamento fáctico y jurídico ya se había expuesto y analizado, de donde no era necesario repetirlo para sustentar la decisión civil y tampoco era necesario que la sentencia analizara las otras fuentes de responsabilidad civil pues no fueron las invocadas por la parte actora civil y en esta materia rige el principio de congruencia y sus prohibiciones derivadas de ultra o extrapetita. Es cierto que la acción civil resarcitoria es accesoria a lo penal y hay una relativa autonomía entre ambas pretensiones, pero, cuando lo pedido en lo civil depende de que el encartado haya cometido el hecho y esto no se acredita, es claro que lo penal incide en lo civil en tanto impide acreditar el nexo de causalidad que es uno de los elementos, además del hecho generador y del daño, que han de demostrarse en lo civil.

Con independencia del tipo de resarcimiento buscado (en este caso por daño social) eso no cambia que la fuente de responsabilidad es subjetiva y no objetiva y, al ser así, la parte actora debía acreditar que el encartado ejecutó la conducta (hecho propio), que hubo un daño y que fue aquella acción la generadora del daño (nexo de causalidad). Al no probarse lo primero tampoco existe lo último y, por ende, lo decidido es correcto. Por otro lado, si bien pudo ser que algunas personas se vieran afectadas por los hechos y dos de ellas declararon en debate, ni esto permite hacer una extrapolación a la “afectación de la tranquilidad pública” ni, aunque hipotéticamente, de poderse, se hiciera, eso tampoco permite acreditar el nexo causal que se echa de menos, pues aquello solo diría de otro elemento (el daño) pero no del nexo referido en que ha de involucrarse subjetivamente al demandado civil, sin que en este caso se hiciera.

El que varios tribunales hayan aceptado una pretensión civil, en otros casos en que sí se demostraron los tres elementos para la condena (hecho generador, daño social y nexo causal) no obligaba al a quo para hacer el análisis específico ni obligaba a conceder las partidas si, en el caso concreto, que es el que interesa, aquella acreditación no se hizo. Tampoco comprende esta cámara la razón para alegar que el tribunal es perito de perito cuando tal aforismo permite dilucidar temas relacionados con controversias entre criterios periciales, nada de lo cual consta aquí y si bien, en algunos casos en que la ley lo autorice, los tribunales pueden hacer una estimación prudencial del monto del resarcimiento, eso no significa que la parte actora civil no deba demostrar el daño (lo que se estima es el monto a pagar, no la existencia del daño), lo que tampoco se tuvo por acreditado en este supuesto. Por ende, deben rechazarse las quejas.

V.Como tercera queja de la Procuraduría General de la República se plantean los mismos alegatos de falta de fundamentación, violación de la sana crítica e indebida aplicación de la ley, pero esta vez artículos 16, 38 y 267 del Código Procesal Penal, 3 inciso i), 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 50 de la Constitución Política y 73.2 inciso 4 del Código Procesal Civil vigente. Dice que se condena en costas al Estado por considerar que no tenía razón plausible para litigar pues, al no haber prueba y no ser los hechos delitos, la querella fue indebida y la pretensión estatal es temeraria. Sin embargo, sostiene que para el momento en que los libelos de querella y acción civil se presentaron, los hechos acusados revelaban la eventual comisión de un ilícito en perjuicio de la colectividad y la producción de un daño de considerables proporciones (pese a lo cual se estimó prudencialmente en un monto sumamente bajo).

Agrega que hubo una acusación fiscal y esa es la razón plausible para litigar. Copia el contenido del artículo referente a la condena en costas y dice que la Procuraduría General de la República funda su acción en amplia normativa que la obliga jurídicamente a ejercer las acciones penales y civiles contra quien presuntamente sea el responsable de los hechos denunciados y acusados conforme a la investigación llevada a cabo por el Ministerio Publico. Alude al contenido de la Ley Orgánica de su institución que, en sus numerales 20 y 21, establecen que a los procuradores "...les está absolutamente prohibido allanarse, transar, conciliar o desistir de las demandas o reclamaciones” y "...dejar de establecer las demandas o reclamaciones en las que deban intervenir como actores..." Por ello, lo aquí actuado, sigue diciendo, responde a los deberes impuestos por la ley y no hacerlo implica un grave incumplimiento de la prohibición expresa citada.

Sostiene que tanto la querella como la acción civil resarcitoria fueron sujetas a análisis por parte del tribunal de la etapa intermedia quien, en calidad de garante de los derechos de las partes, examinó las piezas acusatorias y consideró oportuno elevar a juicio, con lo que se superó el tamiz de la audiencia preliminar y se afirmó el grado de probabilidad suficiente para la continuación del proceso. Considera que no era procedente castigar al Estado por una acción que se vio compelido a entablar. Da las referencias de múltiples votos de diferentes tribunales que aluden, en situaciones semejantes, a la razón plausible para litigar de su representada. Menciona que no existe mala fe alguna, ni abuso del derecho ni se procedió en forma arbitraria o temeraria, sino que actuaron en concordancia con las exigencias de carácter legal y constitucional que los obligan a accionar y, por ello, se debió eximir a esa representación de las costas por existir la citada razón plausible para litigar y, en su lugar, se les condena mediante una decisión infundada.

Pide la revocatoria de este extremo. En un tercer apartado, aunque sin enumerar, del recurso de la parte querellante representada por Navas, alude a la condenatoria en costas. Afirma que su representada ha actuado en la defensa de derechos ciudadanos ante la objetividad de los hechos que fueron del conocimiento general como hechos públicos. Inicialmente se presentó una denuncia y la querella se formuló por cuanto existió acusación del Ministerio Publico y se les dio audiencia. El hecho se elevó a juicio en audiencia preliminar de tal forma que ha existido razón plausible para litigar. Pide anular el fallo en este extremo. No hubo respuestas escritas. En la audiencia oral celebrada la licenciada Navas Montero, como querellante amplió su recurso indicando que lo interponía tanto personalmente —como ciudadana costarricense por acción popular— como en su condición de apoderada de la “Asociación Movimiento Ciudadano Costa Rica”.

Aduce que actuaron de buena fe, al punto que hubo una acusación fiscal, por lo que no procedía la condena en costas. La licenciada Margot Avellán, representante de la Procuraduría General de la República, se queja de la condena a su representada al pago de costas lo que, a su juicio, también carece de fundamentación, pues actuaron conforme a la ley, al punto que es un grave incumplimiento el no interponer una acción si hay intereses difusos o colectivos involucrados y la entidad que representa esperó a que estuviera la acusación fiscal para decidir qué hacer. Indica que no iniciaron el proceso ni acusaron primero; que la acción pasó el filtro de una persona juzgadora de la etapa preliminar y que no se sabe de dónde salió el monto por costas que fija la jueza, pues no hay motivación. El licenciado Carlos García indicó que la condena en costas al Estado es procedente porque se está estigmatizando a un ciudadano, desde que no tuvo ninguna participación en la huelga de 2018, no se investigó ningún delito anterior, se usó prueba ilegal y no se estaba ante un delito de pasaje.

Las quejas se conocen en conjunto por aludir al mismo tema y se rechazarán. Para examinar este tópico es conveniente exponer tanto el razonamiento del tribunal como la interpretación que esta cámara hace de las reglas imperantes sobre costas cuando se litiga en materia penal (aspecto en el que, como se verá, alguna controversia ha existido) para, por último, descender al caso concreto. (A) Descripción de lo sucedido. En este asunto se ejerció la acción penal tanto por el Ministerio Público como por dos querellantes: el “Movimiento Ciudadano Costa Rica” y la Procuraduría General de la República. Esta última entidad planteó, además, una acción civil resarcitoria. En la sentencia se resolvió el tema de costas de la siguiente forma: «V.- COSTAS: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 266, 267, 270 y 367 del Código Procesal Penal corresponde determinar lo relativo a las costas derivadas de la presente acción, las cuales por regla deben correr a cargo de la parte vencida y solo de manera excepcional precede eximir a esta de su pago cuando se considere que existió razón plausible para litigar y esto tiene su fundamento en que si se acciona en reclamo de pretensiones a las que se cree tener derecho, también se debe asumir la responsabilidad por acciones infundadas.

En el caso que ahora nos ocupa, tanto las costas en el aspecto penal como en el civil deben correr a cargo de la parte vencida, esto porque en modo alguno se considera que existió razón plausible para litigar si se toma en cuenta que los hechos denunciados, conforme a la prueba que fue aportada ni siquiera constituyen delito, al considerarse que en el caso que nos ocupa ni siquiera se superó el estrato de la tipicidad e incluso las querellas estuvieron basadas en pruebas que contenían elementos completamente distintos a los ofrecidos o que una vez que se ofrecieron ni siquiera se constató que efectivamente fueron incorporados al proceso. La querella de la Procuraduría hace un ofrecimiento de prueba casi idéntico al del Ministerio Público sin que la representación estatal se tomara siquiera la molestia de constatar que la prueba que se ofrecía era pertinente y lo más importante, que efectivamente contenía lo indicado en al ofrecimiento, y no como quedó acreditado en autos, en el considerando atinente al análisis probatorio, donde se partió que la prueba del DVD que había sido decomisado por el Organismo de Investigación Judicial contenía las manifestaciones del imputado cuando en realidad contenía la entrevista que rindiera la querellante días después ante un canal de televisión.

Y por otro lado, la querella del Movimiento Ciudadano ofreció un elemento probatorio que nunca fue efectivamente decomisado y por ende incorporado al proceso, sin que ello fuese constatado de previo sino hasta el momento en que se estaba incorporado la prueba material al debate, en la primera audiencia del día 08 de diciembre, donde la querellante luego del minuto 23 de la grabación y previa información del Tribunal sobre los videos que habían sido admitidos como prueba reconoce que no fue admitido y que fijaron y pese a ello se hizo alusión breve al momento de emitir conclusiones. Aunado a que, querellaron un hecho -el octavo- respecto del cual no se desprende siquiera que delito pudo haber el querellado instigado a cometer, por cuanto la persona presuntamente agredida ni siquiera quiso denunciar y pese a ello los querellantes continuaron con la querella en cuanto a este hecho -esto conforme se desprende del folio 216 vuelto del expediente, donde indica el auto de apertura a juicio que la querella admitida al Movimiento Ciudadano CR es la de folios 1 a 20 del respectivo legajo, la cual consta de ocho hechos-.

Además no puede dejar de considerar el Tribunal que las querellas, que como ya se dijo no son constitutivas del delito acusado ni de delito alguno, contaron con patrocinio letrado para su interposición y finalmente en cuanto a la acción civil, amén de que el artículo 270 del Código Procesal Penal es muy claro en quien debe soportar las costas, tampoco se considera que se litigó con buena fe pues en cuanto a la prueba ofrecida los cuestionamientos serían los mismos hechos a la querella por esa parte interpuesta, agregando que ni siquiera se preocupó por aportar la prueba que ofreció por recabar a su cargo, a saber la valoración de daños y costos por gastos por eventuales medidas preventivas para resguardar la paz pública, que era parte del elenco con que se pretendía acreditar el daño social sufrido conforme se consigna en el punto VII del escrito de interposición de la acción civil resarcitoria.

Así, al determinarse la inexistencia de razón plausible para litigar conforme a lo expuesto, son las costas derivadas de las querellas y acción civil a cargo de las partes perdidosas, las cuales se fijan en la suma de CIENTO VEINTIÚN MIL COLONES correspondientes a la acción civil y CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL COLONES correspondientes a cada una de las querellas. Las sumas acordadas deberán ser canceladas al adquirir firmeza este fallo y por simple depósito bancario en la cuenta del Tribunal.» (Cfr. sentencia, folio 481 frente y vuelto). (B) Reglas en materia de costas en el proceso penal. De previo a descender al análisis del tema es menester tener claridad sobre las reglas vigentes en materia de costas dentro del proceso penal. En el voto número 2012-1052 (R. Chinchilla, L. García y E. Salinas) asumido, retomado y ampliado en el voto número 2015-909 (R. Chinchilla, L. García y R. Obando) y en el voto número 2017-291 (R.

Chinchilla, A.I. Solís y J. Campos) y cuyo criterio se comparte con la actual integración, se aludió a la regulación normativa en materia de costas cuya regla general es la condena a la parte perdidosa con excepciones basadas en la evidente buena fe, aunque otras disposiciones parecían tener disposiciones presuntamente especiales y distintas a aquella regla general. Aunque el énfasis de esos pronunciamientos estaba dado en materia de acción civil, los argumentos, por paridad de razón en muchos casos, son extensibles a la querella. Así se dijo entonces —y se reitera ahora— que aun y cuando la acción civil resarcitoria se ejerza dentro del proceso penal, por ser accesoria, se hace conforme a las reglas establecidas por este Código (artículo 41 del Código Procesal Penal). Es así que el numeral 267 del Código Procesal Penal, aunque obliga, como regla de principio, a que las costas estén a cargo de la parte vencida, también señala que se le podrá eximir, total o parcialmente de estas, "cuando haya razón plausible para litigar", lo que no es otra cosa, que la misma regulación que existe en materia civil bajo el concepto de "evidente buena fe" (artículo 222 del Código Procesal Civil No. 7130 derogado y numeral 73.2 del Código Procesal Civil vigente).

Es cierto que esta cámara, con integraciones parcialmente similares a la actual y bajo el nombre de Tribunal de Casación Penal, en diferentes oportunidades refirió: «Lo primero que ha de indicarse es que, como una contrapartida del derecho de acción o de acceso a la justicia, existe la obligación de financiar los gastos que el proceso genere. Esa obligación recae, por regla general, en la parte que ha sido vencida desde que, al no haber reconocido extrajudicialmente la pretensión de la parte vencedora obligó a ésta a hacer uso del aparato jurisdiccional. Esta regla, de que la parte vencida soporta los gastos que se originen en el proceso, es prácticamente universal. Así la expone la doctrina procesal tradicional (...) {CHIOVENDA, José. La condena en costas. Traducción de Juan de la Puente y Quijano. Madrid, 1928, p. 220 (...) CHIOVENDA, José. Derecho procesal civil: principios. Tomo II. Cárdenas editor y distribuidor, México, edición 1990 (...) CARNELUTTI, Francesco.

Derecho procesal civil y penal. Traducción de Enrique Figueroa Alfonzo. Colección de clásicos del derecho, México, 1994, p. 80.} Ahora bien, las costas del proceso o judiciales, como se infiere de lo anterior, no pueden confundirse con las costas procesales. La primera es la categoría genérica que tiene dos componentes: las costas personales que comprenden los honorarios de abogado y las costas procesales que son todos los restantes gastos que se originen con el proceso (...) En el derecho costarricense, los diversos cuerpos procesales vigentes en las distintas materias recogen la obligación de que el pronunciamiento sobre el extremo de costas se haga, imperativamente y aún de oficio, en la resolución que pone fin al proceso y que éste pese sobre la parte vencida. Esa norma general, que excluye que el tema de costas haga incurrir al pronunciamiento en falta de congruencia por ultra o extrapetitio (...) es excepcionado, sin embargo, en algunas normas que prevén la posibilidad de que, facultativamente, sean otras las pautas a aplicar: (...) Ahora bien, el tema así enfocado -cuestionado en la moderna teoría general del proceso a partir de principios como la gratuidad en el acceso a la justicia, pero sin que tal crítica haya tenido mayores repercusiones prácticas en las legislaciones mundiales- fue puesto en jaque, desde mucho tiempo atrás, en el derecho procesal penal, habida cuenta de la naturaleza (pública o colectiva) del conflicto que allí se decide y de la existencia de instrumentos internacionales sobre derechos humanos que obligan a los estados que los han suscrito a proporcionar, obligatoriamente, una defensa gratuita para el encartado que, contra su voluntad, es traído al proceso pero se encuentra amparado por un estado constitucional de inocencia, así como por el deber estatal de suministrar a su población mecanismos idóneos para resolver sus conflictos más importantes (cfr.: artículo 8.2.a y 8.2.e de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2.d y 14.2.f del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos que establecen el derecho del imputado de ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete y de que el Estado le suministre abogado).

Ese trato diferenciado del tema, si bien mantiene los mismos principios, incorpora otros adicionales y se pone de manifiesto en la evolución con que tales tópicos se han abordado en las diferentes legislaciones procesales penales que se han sucedido en Costa Rica (...) ¬Código Procesal Penal (1996): "Artículo 265. Costas del imputado. En todo proceso, el Estado cubrirá los gastos en relación con el imputado y las demás partes que gocen del beneficio de litigar sin el cobro de ellos. Cuando el imputado tenga solvencia económica, deberá pagar al Poder Judicial los servicios del defensor público o cualquier otro que haya recibido. Para ello, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto del defensor público. Se exceptúa de ese deber el pago del traductor o del intérprete oficiales" "Artículo 266. Resolución necesaria. El tribunal penal deberá pronunciarse en forma motivada sobre el pago de las costas procesales y personales al dictar la resolución que ponga término a la causa." "Artículo 267.

Fijación de las costas. Las costas estarán a cargo de la parte vencida , pero el tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando haya razón plausible para litigar. Cuando sean varios los condenados al pago de las costas, el tribunal fijará la parte proporcional que corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad que establezca la ley" (...) "Artículo 270. Acción civil. Si es admitida la pretensión civil en la sentencia, el imputado y el tercero civilmente demandado soportarán solidariamente las costas; si se rechaza la pretensión, las soportará el actor civil. Si la acción no puede proseguir, cada uno de los intervinientes soportará sus propias costas, salvo que las partes hayan convenido otra medida o el tribunal, por las circunstancias del caso, las distribuya de otra manera" (...) Es así como, en materia procesal penal costarricense, surgen algunas excepciones al tratamiento que de este tópico se hace en otras ramas del derecho, sea público o privado.

Entonces, aunque la regla es que las costas corren por cuenta de la parte vencida, si ésta es el acusado penal, cabe hacer la diferenciación entre las costas procesales o gastos. Estos últimos, es decir los gastos que incorporan el pago del traductor o intérprete- siempre quedarán a cargo del Estado, por así disponerlo el numeral 265 del Código Procesal Penal citado y, en lo referente a los honorarios de abogado, el encartado puede estar eximido del pago, si y solo si converjan dos situaciones: a)- que su defensor sea público; y b)- que carezca de recursos para devolver el pago de sus honorarios al Estado (...) Aunque esta última posición ha sido académicamente cuestionada en su constitucionalidad cuando el encartado es absuelto (cfr.: LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Proceso penal comentado. Editorial Jurídica Continental, 4a. edición, 2009, p. 416..."), lo cierto es que no lo ha sido aún por los canales procesales de rigor, lo que hace que permanezca vigente (...) Pero si el o la profesional en derecho de la persona acusada es particular o si, siendo pagado/a por el Estado, el encartado/a posee recursos para pagarlo (aspecto que, como ha quedado indicado, puede dilucidarse en la etapa de ejecución según lo que al respecto haya decidido la sentencia) la condena en costas personales implicará que sea el encartado o sentenciado quien pague los honorarios de su abogado y no que éste pueda exigirle al Estado dicha retribución, como sucedería si se interpretara o aplicara erróneamente la regla citada y, por desconocimiento, se eximiera siempre al encartado del pago de ambas costas o se condenara en ellas, siempre, al Estado (...) Igual ocurre, si la parte vencida es el Ministerio Público, respecto de quien, también, hay exención legal para el cobro de ambas costas, esto por lo dispuesto en el numeral 268 del Código Procesal Penal (...) El tema ha sido tratado de diversa manera por este mismo Tribunal, con diversas integraciones, pareciendo que la tendencia es a exigir siempre la fundamentación y hasta a aceptar la exención como excepción para todos los casos (...) .

No obstante, esas reglas son para el proceso ordinario y en materia penal, pues hay que tener en cuenta que en otros tipos de procesos penales especiales (de acción privada por ejemplo) y en materia de demandas civiles existen normas especiales que desplazan a esas disposiciones generales. Allí la regla general es que el perdidoso siempre afronta ambas costas y que la posibilidad de hacer exención no cabe desde que la norma especial no lo posibilita. Así se pronuncian los artículos 78 (desistimiento expreso de la querella de acción pública en que imperativamente se dispone la condena al que desiste salvo acuerdo de partes en contrario), 118 párrafo segundo (desistimiento de la acción civil), 384 (desistimiento de la querella de acción privada en que imperativamente se dispone la condena al que desiste salvo acuerdo de partes en contrario) y 270 del Código Procesal Penal (condena a la parte civil vencida) (ver en tal sentido el voto de este Tribunal, con una integración parcialmente diferente a la actual, número 851-2005 del 01 de setiembre de 2005 -U.

Zúñiga, Llobet y Salazar- y la nota en el voto número 2010-0085 del 17 de enero de 2010 -Camacho, García y U. Zúñiga-. En sentido contrario, esto es, aceptando la razón plausible para litigar como excepción en todos los casos, los votos de esta Cámara, con diferente integración, números 2006-1035 del 29 de setiembre de 2006 -García, Porras y Morales- y 2000-119 del 11 de febrero de 2000 -López, Sanabria y Arroyo-, en donde se aborda el tema aunque con diversos criterios al aquí expuesto). Por otra parte, tampoco cabe hacer aplicación supletoria del Código Procesal Civil, desde que hay norma expresa en contrario. (...)» Los destacados se suplen. Ver votos del Tribunal de Casación Penal número 2010-0305 de las 14:40 horas del 19 de marzo de 2010 (L. García, R. Chinchilla y U. Zúñiga) y número 2010-0366 de las 15:20 horas del 08 de abril de 2010 (R. Chinchilla, U. Zúñiga y R. Gullock). En similares condiciones y asumiendo el anterior criterio cfr.: voto número 2011-1296 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Esa posición, en términos generales, se avaló o mantuvo en los antecedentes supra reseñados excepto en lo referente a la condena imperativa en costas de la demanda civil para la parte perdidosa, tema sobre el que hubo un replanteamiento de la cuestión a partir de principios constitucionales de mayor jerarquía que la ley (como el de igualdad ante la ley: artículo 34 constitucional) y se modificó expresamente ese criterio. Para ello se dijo —en los citados votos número 2015-909 y número 2017-291— que si bien la legislación procesal penal contiene una norma especial (relativa a la demanda civil) que, imperativamente, establece la condena en costas a la parte civil perdidosa, ese trato es diferente al que se le brinda a la misma parte si hubiera recurrido a la vía civil ordinaria. Por otro lado, en no pocas ocasiones la demanda civil no puede prosperar porque la base fáctica sobre la que descansa, si bien se estableció como probable, no llegó a acreditarse con la certeza requerida para condenar penalmente y eso, sumado a errores conceptuales de las partes que no han incorporado a sus planteamientos criterios distintos de imputación del daño, suele generar el rechazo de las pretensiones civiles.

Finalmente, aunque la norma (frase final del primer párrafo del artículo 270 del Código Procesal Penal) es imperativa, también lo es el numeral 267 y, en el mismo Libro y Título e inmediatamente después, se inserta la previsión de exención (artículo 267 párrafo primero, ab initio, del Código Procesal Penal). Es decir, la exención se prevé justamente, para flexibilizar el rigor de las normas imperativas allí referidas, estando ambas disposiciones en el mismo nivel de normas generales. Conjugando todo ello, se puede concluir que la condena en costas imperativa a la parte perdidosa civil, con la posibilidad de exención facultativa (fundamentada) a dicha parte que haga el tribunal son las reglas vigentes en la materia que, así se uniforman con las del proceso civil ordinario y que, como es el origen de ambas disposiciones, permite resolver, con mayor justicia, el caso concreto, a fin de restaurar la armonía social (artículo 7 del Código Procesal Penal), posición esta que, en definitiva, estima correcta esta cámara.

(C) El caso concreto. De la transcripción que se hiciera al iniciar este considerando es posible concluir que la sentencia de mérito sí fundamentó, en forma expresa y amplia, la condena dicha, de donde no se configura el vicio de falta de fundamentación contenido en el numeral 142 del Código Procesal Penal. Por otra parte, las afirmaciones fácticas de las que se partió (se acusó sin verificar o aportar la prueba; se hicieron conclusiones sin tener apoyo en el material evacuado en juicio; no se rectificaron hechos de la querella privada pese a que, respecto de ellos, ningún aporte de material se hizo; no fue sino hasta en debate cuando se percatan de la falta de prueba, etc.) no han sido controvertidas por las partes y esta cámara ha constatado que son ciertas, es decir, derivan de lo que realmente sucedió en el proceso, por lo que tampoco hay yerros en esta materia. Ahora bien, lo que resta por determinar es si la discrecionalidad (para condenar o no en costas) fue aplicada en forma correcta por el tribunal de mérito o si hubo abuso o arbitrariedad al respecto y, en tal ejercicio, esta cámara concluye que tampoco hay vicio alguno que declarar.

Véase que si bien las partes apelantes de este tema sostienen que querellaron una vez que el Ministerio Público presentó acusación y se desenvolvieron en el proceso al amparo de un auto de apertura a juicio dictado por una autoridad jurisdiccional que, en consecuencia, revisó los libelos y determinó el cumplimiento de requisitos para llegar a esta fase procesal, lo que no dicen es que tal decisión del tribunal de la etapa intermedia se basa en una probabilidad, no en una certeza, y tal probabilidad a su vez deriva del panorama que las mismas gestionantes le exhiben al ente jurisdiccional en sus escritos. Dicho tribunal no evacúa la prueba para determinar si esta establece lo que ellas le afirman que aportará sino que lo asume de buena fe, de donde el que tal tribunal haya ordenado la apertura a juicio no avala el proceder de los sujetos que dieron la información, por ejemplo de la querellante privada de introducir hechos (como el 8) respecto de los que no aporta ninguna prueba o de las entidades estatales de no revisar el material ofrecido para determinar que este tenga el contenido de lo que ellas estipulan en su escrito.

Las representaciones estatales, con más responsabilidad aún que un particular, tienen el deber de objetividad (artículo 63 del Código Procesal Penal y 10 inciso l) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) por lo que es más censurable aún que promuevan acusaciones sin el sustento probatorio adecuado o que efectúen interpretaciones jurídicas que excedan el marco del estado Democrático de Derecho que están obligadas a respetar. Por otra parte, si bien la Procuraduría General de la República tiene prohibiciones legales de allanarse, transar, desistir o conciliar, no tiene obligación de acusar a quienes otros determinen que debe acusar, sino que para ello cuenta con criterio propio e independencia funcional. Inclusive lo que el numeral 15 de la Ley Orgánica señala es que: “Artículo 15°.-Los funcionarios de la Procuraduría General de la República (…) También les está prohibido, sin la previa autorización referida: dejar de establecer demandas o reclamaciones en que deban intervenir como actores, omitir la contestación de los traslados o audiencias que se les haya dado, dejar de presentar las pruebas legales que les corresponda rendir, abandonar las que hayan propuesto, no interponer oportunamente los recursos legales contra actos ejecutados o resoluciones dictadas en contra de las demandas o pedimentos que hayan presentado o en perjuicio de los intereses cuya defensa les está confiada” (se suplen las negritas).

Es decir, la prohibición radica en que se haga sin autorización y la determinación de cuándo se debe intervenir responde a un criterio valorativo del jerarca, de donde no existe la obligatoriedad sin posibilidades de apartarse del mandato que esgrime la procuradora. Además, nada de lo anterior le excusa de su obligación de revisar el material probatorio, máxime cuando este es de tipo documental, para constatar que el contenido de lo que se ofrece sea fidedigno, sin que evidentemente lo hiciera en este caso al no darse cuenta las partes que el supuesto video en que estarían las intervenciones del querellado no era un original, estaba editado y nunca se aportó. En lo tocante a las querellantes particulares tampoco se evidencia su buena fe no solo por los yerros y omisiones ya dichas sino por incluir eventos sobre los que ninguna prueba esgrimió y por no preocuparse por tamizar algunas de sus manifestaciones a la luz de otros derechos constitucionales, incluyendo los derivados de la libertad de expresión (de los que la protesta social es parte) y los derechos sindicales, que también son derechos humanos de las personas y ante el choque de estos con otros derechos fundamentales de otras personas existe la obligación de hacer juicios de ponderación que en la especie se omitieron por completo.

Por otra parte, nadie puede arrogarse como suyos los derechos de los demás ni el ejercicio de la soberanía nacional (artículo 2 de la Constitución Política), y el que unas personas se sientan afectadas por algunas acciones no implica que, con ello, se afecte la “tranquilidad pública” en los términos del tipo penal invocado como base de la indemnización que fue el ejercicio que pretendió hacerse, pues aceptarlo así conduciría a abusos inaceptables que, en tiempos de profundas crisis de diverso orden y gran polarización social, pueden generar abusos lamentables. Así las cosas, no estima esta cámara que exista ningún vicio u omisión en el razonamiento externado por el tribunal de mérito sobre este tema y ello conduce al rechazo de las quejas. En lo referente al monto, es cierto que en la resolución recurrida no se explicó el procedimiento para llegar a este, sino que únicamente se hizo referencia a la condena y las sumas de ella: «Son las costas derivadas de las querellas y acción civil a cargo de las partes perdidosas, las cuales se fijan en la suma de CIENTO VEINTIÚN MIL COLONES correspondientes a la acción civil y CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL COLONES correspondientes a las querellas.» (Se suplen las negritas, las mayúsculas son del original).

Empero, si se hace un simple ejercicio aritmético respecto a lo contenido en el decreto aplicable a este asunto se notará que no hay agravio alguno. Este asunto inició, como se expuso inicialmente (considerando II.A), en setiembre de 2019 fecha en que estaba vigente el decreto ejecutivo N° 41457-JP del 17 de octubre de 2018, "Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado" que empezó a regir desde el 01 de febrero de 2019 y establece los montos mínimos de honorarios profesionales en esas áreas. En el Título III relativo a los asuntos judiciales, Capítulo I (tarifa general para procesos de conocimiento) el artículo 19 a la fecha de la sentencia (que se dictó en diciembre de 2021 data que es importante porque el decreto tuvo reformas en setiembre de 2022 que no aplican a este supuesto por ser posteriores a la decisión que se pide revisar) establecía: “Artículo 19.- Honorarios en procesos de cuantía inestimable.

Los honorarios mínimos por este tipo de procesos no podrán ser inferiores a doscientos cuarenta y dos mil colones.” Por su parte, ya en el capítulo VIII (Proceso penal) se establecieron las siguientes reglas especiales: «Artículo 38.- Tribunal unipersonal: En las causas penales cuya competencia sea de un Tribunal Unipersonal, los honorarios mínimos por la defensa penal serán de cuatrocientos ochenta y cuatro mil colones. Salvo pacto escrito en contrario, los honorarios se pagarán de la siguiente forma: a) Una tercera parte por la etapa de investigación. b) Una tercera parte por la celebración de la audiencia preliminar. c) Una tercera parte por la celebración del juicio oral. En aquellos casos en que el proceso concluya por la aplicación del procedimiento abreviado o alguna medida alternativa, los honorarios serán un setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad de los honorarios del proceso.

Los honorarios correspondientes a la acción civil resarcitoria se regirán por las reglas establecidas para dicha materia en el presente Arancel. Las mismas reglas se aplicarán para el abogado que ejerza la querella en delitos de acción pública.» (Las negritas son agregadas). Como puede notarse, ese honorario mínimo fue el que se fijó como costas personales para cada querella, de donde no hay perjuicio alguno en la falta de motivación. En lo que atañe a la acción civil el numeral 42 del citado decreto estatuía: «Artículo 42.- Acción Civil: Los honorarios por la acción civil resarcitoria son independientes de los que correspondan al trámite de la causa penal. El Abogado(a) del actor civil cobrará honorarios por esta acción de acuerdo con la Tarifa General, salvo pacto escrito en contrario. Los honorarios se pagarán en tres partes iguales de la siguiente forma: a) Por su presentación. b) Por la celebración de la audiencia preliminar. c) Por la celebración del juicio oral.

Iguales honorarios devengará el abogado que represente al demandado civil.» (Las negritas son agregadas). Dicha tarifa la regula el numeral 16.a del arancel estableciendo, entre otros parámetros, un 20% de la cuantía si el monto de esta no supera los 16 millones de colones. Como en este caso se pretendió un millón de colones, el 20% llega a doscientos mil colones, monto este que correspondía superior al fijado (de 121 mil colones que, en consecuencia, también es inferior a la tarifa mínima contemplada en el numeral 19), por lo que más bien la parte apelante resultó favorecida y sin que tal cosa se pueda revertir al no haber recurso sobre tal extremo de quien resultó perjudicado (principio de prohibición de reforma en perjuicio). En definitiva, no hay agravio alguno que declarar y por ello también este extremo debe rechazarse.

VI.Nota de la jueza Vargas González: Concurro con lo resuelto en todos los aspectos salvo en lo siguiente: i) en cuanto se indica que el delito de instigación pública tiene, como uno de sus elementos constitutivos el de la publicidad, aspecto que no comparto. En mi criterio los elementos objetivos del tipo son aquellos que se exponen literalmente en este y no los que derivan implícitamente o se extraen de su título o de interpretación histórica o sistemática, de modo que, al no estar la publicidad comprendida en el tipo penal dicho, no forma parte del delito en cuestión ni requería ser abarcada por el dolo del sujeto. Sin embargo, eso no afecta la decisión adoptada de rechazar los recursos en el tema penal, pues esta se sustenta en el resto de las argumentaciones unánimes (prueba ilícita, carencia de prueba, inversión de la carga probatoria, así como el interpretar restrictivamente “delitos contra la tranquilidad pública” para solo entender los comprendidos en la sección así denominada del Código Penal y no todos los que incidan en dicho bien jurídico). ii) En cuanto se plantea que en nuestro país el derecho a protestar podría justificar la obstrucción de las principales vías públicas.

Si bien el análisis efectuado en el punto (C) de esta decisión, denominado “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Código Penal: integración y aplicación sistemática” es a mayor abundamiento [pues en este asunto se descartó la instigación común dado que no se materializaron actos de ejecución de los delitos de entorpecimiento de servicios públicos (art. 263 del Código Penal) o de obstrucción de la vía pública (art. 263 bis del mismo código) y también se excluyó la denominada “instigación pública” (artículo 280 C.P.) en la medida en que los delitos recién mencionados no están contemplados dentro del Título X del Código Penal, denominado “Delitos contra la tranquilidad pública”] tras ponderar que en Costa Rica la infraestructura vial es caótica y las rutas alternas prácticamente no existen (a diferencia de lo que sucede en otras latitudes) concluyo que el cierre de las principales carreteras nacionales afecta indiscutiblemente los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, cuando menos el de su libre tránsito.

En consecuencia, en nuestro contexto actual el ejercicio de los derechos apuntados (por ejemplo, protesta social, libertad sindical, derecho de huelga y libertad de expresión) no puede invocarse como una causa de justificación válida para las conductas ya mencionadas (de haberse dado estas, que no es el caso). También, por lo que acabo de exponer, no comparto uno de los argumentos dados por mis compañeras para concluir que la condena en costas decretada contra las querellantes particulares sea adecuada, a saber: “[…] por no preocuparse por tamizar algunas de sus manifestaciones a la luz de otros derechos constitucionales, incluyendo los derivados de la libertad de expresión (de los que la protesta social es parte) y los derechos sindicales, que también son derechos humanos de las personas y ante el choque de estos con otros derechos fundamentales de otras personas existe la obligación de hacer juicios de ponderación que en la especie se omitieron por completo”.

Ahora, hecha esta salvedad, estoy acuerdo con la resolución de los reclamos formulados en materia civil y costas, pues hay otros razonamientos en la sentencia de mérito que sustentan la decisión adoptada por el a quo (por ejemplo, la atipicidad de la conducta imputada) y sobre los cuales es innecesario hacer mayores consideraciones.

POR TANTO:

Se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el fiscal, máster Oscar Quirós Soto; por la licenciada Margot Avellán Ruíz, representante de la Procuraduría General de la República querellante y actora civil y por la licenciada Gloria Navas Montero, apoderada de las personas que actúan como querellantes bajo el nombre de “Movimiento Ciudadano Costa Rica”. La jueza Vargas González pone nota. NOTIFÍQUESE.

Rosaura Chinchilla Calderón Patricia Vargas González Kathya Jiménez Fernández Juezas de apelación de sentencia penal Imputado: [Nombre 001] Ofendido: La tranquilidad pública Delito: Instigación pública DDURANC

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental
    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7130 Code of Civil Procedure
      • Ley 7425 Law on Registry, Seizure and Examination of Private Documents and Interception of Communications
      • Ley 7472 Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Protection
      • Ley 7615 Law Approving the Vienna Convention on the Law of Treaties
      • Ley 9078 Land Traffic and Road Safety Law

      Este documento cita

      • Ley 7130 Código Procesal Civil
      • Ley 7425 Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención
      • Ley 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor
      • Ley 7615 Ley de Aprobación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
      • Ley 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial

      News & Updates Noticias y Actualizaciones

      All articles → Todos los artículos →

      Weekly Dispatch Boletín Semanal

      Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

      ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

      One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

      Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
      Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

      Stay Informed Mantente Informado

      Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

      Email Updates Actualizaciones por Correo

      Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

      Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

      WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

      Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

      Join Channel Unirse al Canal
      Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
      🙏