← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00627-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · 23/10/2020
OutcomeResultado
By majority, the court dismissed the Public Prosecutor’s appeal as inadmissible, denied the Attorney General’s appeal, affirmed the acquittal, and referred the matter to the Conservation Area for monitoring and possible administrative restoration of the affected site.Por mayoría, el Tribunal declaró inadmisible el recurso del Ministerio Público, rechazó la apelación de la Procuraduría, confirmó la absolución y dispuso remitir el caso al Área de Conservación para el seguimiento y eventual restauración administrativa de la zona afectada.
SummaryResumen
By majority, the Court of Appeal affirmed the defendant’s acquittal on charges of land-use change, encroachment into a protection area, and opening a track through forest, together with the rejection of the civil damages action and requested restoration. It held the Public Prosecutor’s appeal inadmissible because the prosecution had sought acquittal and, according to the majority, lacked standing to challenge only the judgment’s civil consequences. The court also denied the Attorney General’s appeal: although expert reports showed that the affected site had once constituted forest, neither criminal nor civil responsibility was established against the defendant, so restoration could not be imposed on him. Nevertheless, the court directed that the judgment be sent to the Central Pacific Conservation Area, Los Santos Subregion, so it could monitor the affected site and adopt any necessary environmental protection measures within its authority. Judge Fallas dissented, reasoning that environmental restoration may be ordered sua sponte under strict liability even when the individual author of the damage is not identified.El Tribunal de Apelación, por mayoría, confirmó la absolución del imputado por cambio de uso de suelo, invasión de área de protección y apertura de trocha en bosque, así como el rechazo de la acción civil resarcitoria y de la restitución solicitada. Declaró inadmisible el recurso del Ministerio Público porque este había pedido la absolutoria y, según la mayoría, carecía de legitimación para impugnar únicamente sus consecuencias civiles. También rechazó la apelación de la Procuraduría: aunque los peritajes mostraban que la zona afectada había constituido bosque, no se acreditó la responsabilidad penal ni civil del imputado, por lo que no correspondía imponerle la restauración. No obstante, ordenó comunicar la sentencia al Área de Conservación Pacífico Central, Subregión Los Santos, para dar seguimiento al sitio y adoptar, dentro de sus competencias, las medidas ambientales necesarias. El juez Fallas disintió al considerar que la restauración ambiental puede ordenarse de oficio y bajo responsabilidad objetiva, aun sin individualizar al autor del daño.
Key excerptExtracto clave
That criterion is fully applicable in the present case, in which, as stated, it was not possible to determine the defendant’s responsibility for the acts attributed to him in the criminal proceeding; consequently, no civil liability against him was established either, and the trial court correctly rejected the appellant’s request for restoration or reparation of the alleged damage. Because the record contains expert reports demonstrating that the area where the environmental damage investigated in this proceeding occurred had at one time constituted a forest, this judgment must be communicated to the Central Pacific Conservation Area, Los Santos Subregion, so that it may monitor the affected area and, within its legal authority, adopt, if necessary, the environmental protection measures appropriate to restore the environmental damage caused. Accordingly, this ground of appeal must be denied.Tal criterio es plenamente aplicable en el presente caso, en donde como se indicó, no se logró determinar la responsabilidad del imputado en los hechos que le fueron atribuidos en el proceso penal, por lo que tampoco se logró determinar responsabilidad civil alguna en su contra, resultando correcta la decisión del tribunal de rechazar la solicitud de restitución o reparación del daño alegado por el impugnante. Debido a que en autos constan sendos informes periciales que demuestran que el área en donde se causó el daño ambiental investigado en este proceso en algún momento constituyó un bosque, deberá comunicarse esta sentencia al Área de Conservación Pacífico Central, Subregión Los Santos para que le brinde seguimiento a la zona afectada, y de acuerdo con sus competencias legales disponga, en caso de ser necesario, las medidas protectoras del ambiente que correspondan para restaurar el daño ambiental causado. De conformidad con lo expuesta, procede declarar sin lugar el presente motivo de impugnación.
Pull quotesCitas destacadas
"Cuando se ordena la restitución mediante una sentencia judicial se está realizando una afectación de un derecho constitucional que la Carta Magna en su artículo 45 ha considerado "inviolable", salvo "por interés público legalmente comprobado"."
"When restoration is ordered through a judicial judgment, a constitutional right that Article 45 of the Constitution deems “inviolable” is being affected, except for a “legally proven public interest.”"
Considerando I, posición del juez Fernández Mora
"Cuando se ordena la restitución mediante una sentencia judicial se está realizando una afectación de un derecho constitucional que la Carta Magna en su artículo 45 ha considerado "inviolable", salvo "por interés público legalmente comprobado"."
Considerando I, posición del juez Fernández Mora
"Es por eso que, resulta inadmisible contemplar la restitución sin que se garanticen los derechos constitucionales de audiencia, defensa y contradicción existentes en todo proceso moderno, sin que sea la excepción el procedimiento para la acción civil resarcitoria, pues solo así se garantiza la existencia de un proceso con reglas claras para presentar los reclamos, evitar sorpresas para cualquier interviniente que debiera comparecer al proceso (imputado, terceros adquirentes de buena fe, acreedores de un bien, etc.), quienes necesariamente deberán ser demandados de acuerdo con las reglas del litisconsorcio pasivo necesario, para que ejerzan las acciones que consideren pertinentes en atención a sus derechos."
"For that reason, restoration cannot be contemplated without guaranteeing the constitutional rights to a hearing, defense, and adversarial proceedings that exist in every modern process, including civil damages proceedings; only in this way is there a process with clear rules for presenting claims and avoiding surprises for any participant who should appear."
Considerando I, posición del juez Fernández Mora
"Es por eso que, resulta inadmisible contemplar la restitución sin que se garanticen los derechos constitucionales de audiencia, defensa y contradicción existentes en todo proceso moderno, sin que sea la excepción el procedimiento para la acción civil resarcitoria, pues solo así se garantiza la existencia de un proceso con reglas claras para presentar los reclamos, evitar sorpresas para cualquier interviniente que debiera comparecer al proceso (imputado, terceros adquirentes de buena fe, acreedores de un bien, etc.), quienes necesariamente deberán ser demandados de acuerdo con las reglas del litisconsorcio pasivo necesario, para que ejerzan las acciones que consideren pertinentes en atención a sus derechos."
Considerando I, posición del juez Fernández Mora
"Además, en caso de que se dé daño ambiental, quien lo comete tiene la obligación de repararlo, incluso mediante el restablecimiento las cosas al estado anterior al daño. Y ese deber de reparar existe aunque no medie dolo o culpa (es decir, se trata de un régimen de responsabilidad objetiva)."
"Moreover, when environmental damage occurs, whoever causes it has the obligation to repair it, including by restoring things to their condition before the damage. That duty to repair exists even without intent or fault—that is, under a strict-liability regime."
Voto salvado del juez Fallas Redondo
"Además, en caso de que se dé daño ambiental, quien lo comete tiene la obligación de repararlo, incluso mediante el restablecimiento las cosas al estado anterior al daño. Y ese deber de reparar existe aunque no medie dolo o culpa (es decir, se trata de un régimen de responsabilidad objetiva)."
Voto salvado del juez Fallas Redondo
"Entonces, la determinación de la obligación de restituir no depende de la acreditación de un delito, como erróneamente se indicó en el fallo impugnado, razón suficiente, en mi criterio, para acoger el reclamo que formulan tanto la Procuraduría General de la República como el Ministerio Público."
"Thus, determining the obligation to restore does not depend on proving a crime, as the challenged judgment incorrectly stated; in my view, this is sufficient reason to grant the claim brought by both the Attorney General’s Office and the Public Prosecutor."
Voto salvado del juez Fallas Redondo
"Entonces, la determinación de la obligación de restituir no depende de la acreditación de un delito, como erróneamente se indicó en el fallo impugnado, razón suficiente, en mi criterio, para acoger el reclamo que formulan tanto la Procuraduría General de la República como el Ministerio Público."
Voto salvado del juez Fallas Redondo
Full documentDocumento completo
PJEDITOR Document 1 *160002370567PE* Case file: 16-000237-0567-PE Against: [Nombre1] Offense: Land-use change (cambio de uso de suelo) and others Injured party: Natural Resources Decision: 2020-627 Case file: 16-000237-0567-PE Criminal Judgment Appeals Court of Cartago, First Section. At eleven twenty-four a.m. on October twenty-third, two thousand twenty.
Appeal of a criminal judgment filed in the present case against [Nombre1], of legal age, born on April eighth, nineteen fifty, holder of identity card number CED1 - - , for the offense of land-use change and others, to the detriment of Natural Resources. Judges Christian Fernández Mora and David Fallas Redondo, and Judge Ivette Carranza Cambronero, participated in deciding the appeal. Attorneys Alejandro Alpízar Arrones, representative of the Fiscalía Adjunta Agrario ambiental; Manrique Ruíz Leal, as representative of the Procuraduría General de la República; Allan Coto Gómez, as court-appointed defense counsel for the accused; and Julián Martínez Madriz, representative of the Ministerio Público, entered appearances in the appeal.
Findings:
1. By judgment number 366-2020 issued at seventeen hundred hours on July eighth, two thousand twenty, the Tribunal de Penal de Cartago ruled: “POR TANTO: In accordance with the foregoing, the rules of sound rational judgment (sana crítica racional), and Articles 35, 39, and 41 of the Constitución Política; Articles 3, 19, 61 subsection c, 62, 33, and 58, all of Ley Forestal 7575; Articles 1, 9, and 30 of the Código Penal; and Articles 9, 142, 165, 167, 180 through 184, 265 through 267, 324, and 360 through 366 of the Código Procesal Penal, and applying the Universal Principle of In Dubio Pro Reo and the absence of a statutorily defined offense (atipicidad), this Court acquits [Nombre1] of all punishment and liability for the offenses of Land-Use Change, Encroachment into a Protected Area (invasión en área de protección), and Opening a Track in a Forest (apertura de trocha en bosque), which have been charged against him.
The civil action for damages (Acción Civil Resarcitoria) brought by the Procuraduría General de la República against Mr. [Nombre1] is denied, and the request made by the Ministerio Público and the Procuraduría General de la República that the restoration of matters to the condition in which they stood before the criminal act be ordered is rejected. No special award of costs is entered with respect to the civil action and the private prosecution (querella), because it is deemed that there was a plausible basis for litigation. The expenses of the proceedings shall be borne. Let notice be given. Shirley Moraga Torres. Deciding Judge.” 2. Attorneys Alejandro Alpízar Arrones and Manrique Ruíz Leal filed appeals against the foregoing ruling.
3. After the corresponding deliberation was conducted in accordance with Article 466 of the Código Procesal Penal, as amended by Ley 8837 published on December ninth, two thousand eleven (Creation of an Appeal from the Judgment), the Court considered the issues raised in the appeal.
4. The pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.
Judge Fernández Mora drafts the opinion; and,
Considering:
I.Admissibility of the appeals: Because it meets the legal requirements, the appeal filed by Manrique Ruiz Leal, in his capacity as representative of the Procuraduría General de la República, is admitted for consideration on the merits, since a review of the record shows that the appeal was filed in a timely manner, within the statutory period, and in accordance with the requirements for the proper and correct consideration of the appellant’s objections. For the majority of this court, the same is not true of the appeal filed by the representative of the Ministerio Público, [Nombre2] , for the particular reasons stated by Judge Fernández Mora and Judge Carranza Cambronero, as set forth below. Position of Judge Fernández Mora: In Judge Fernández Mora’s view, the appeal by the Ministerio Público is inadmissible, although it was filed within the statutory time limit for appeal, because that appellant lacks standing to appeal (legitimación subjetiva para recurrir), since, in his capacity as representative of the body responsible for bringing criminal prosecutions, he lacks standing to challenge matters relating to the civil scope of the challenged decision, such as restoration of things to their prior condition (restitución de las cosas a su estado anterior).
In this regard, it should be noted that the challenged judgment is an acquittal that was requested by the representative of the Ministerio Público himself; therefore, pursuant to Article 439 of the Code of Criminal Procedure, the appellant lacks standing to challenge a decision that causes no prejudice whatsoever to the criminal prosecutor, while the claims concerning those matters relate instead to the civil consequences of the punishable act (consecuencias civiles del hecho punible) provided for in Article 103 of the Criminal Code, which will be addressed in accordance with the claim brought by the civil claimant (actor civil) in these proceedings, namely the Procuraduría General de la República, which appears in that capacity as the State’s representative. It should be noted that this judge is aware of the position adopted by the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia in numerous decisions, including numbers 280-2019 at 15:45 hours on March 8, 2019 and 2019-01622 at 14:40 hours on December 13, 2019, in which it states that a civil action need not exist for the courts to rule on restitution.
However, pursuant to the constitutional principle of judicial independence, this judge disagrees with that position because he finds no basis for it in the Costa Rican legal system, given that Article 103 of the Criminal Code very clearly provides: “Every punishable act shall entail civil reparation (reparación civil), which shall be determined in the conviction; the conviction shall order:
As the Sala Tercera rightly states, it could be the case that the owner of property used for drug-trafficking purposes was not even aware that it had been used for that reprehensible activity, whether because the owner leased it or placed it under management; the owner therefore has the right to be heard by the judge regarding his or her participation—if any—before being subjected to a sanction. As a directly interested party, the owner must be permitted to appear in the proceedings and be heard, with the right to submit the relevant lawful evidence in defense of his or her interests, since no one may be deprived of rights without first having been heard and afforded an effective opportunity to defend them.” It is unacceptable that, in a state governed by the rule of law such as ours, it should be deemed that there is no procedure clearly established by law for impairing a constitutional right such as the right to property, merely because the highest courts have interpreted—without any express provision to that effect—that compliance with the procedure established for asserting civil claims within criminal proceedings is unnecessary.
In this judge’s view, it is improper to order restitution of the property constituting the object of the punishable act (restitución de la cosa objeto del hecho punible), as the Courts of Justice have ordinarily interpreted it and as the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia reaffirmed in the judgment cited supra, because under our legislation there must be a civil action for damages (acción civil resarcitoria) requesting such restitution. This requirement arises from the procedural principles of the right to a hearing (audiencia), adversarial proceedings (contradicción), and the right of defense (derecho de defensa), all encompassed by the principle of effective judicial protection (tutela judicial efectiva) under Article 41 of the Constitución Política. If judicial practice has been to deny genuine access to justice to persons whom a criminal proceeding seeks to dispossess of their property rights, that does not mean that we should continue doing so merely because it has always been done that way.
To quote the celebrated opinion of Judge Oliver Wendell Holmes: “We do not have to content ourselves with empty formulas merely because they have been frequently used and repeated from one end of the country to the other. We must think in terms of things, not words, or at least we must constantly translate our words into the facts they represent, if we wish to adhere to reality and truth” (cited by [Nombre4], . (2007). Legal Language and Reality. Buenos Aires: Editorial Fontamara S.A., p. 16). In view of the foregoing, since it has been determined that these proceedings not only do have a civil claimant (actor civil) seeking the restoration of things to their original condition, but also that the representative of the Ministerio Público lacks standing (legitimación) to bring a claim in similar terms, the appropriate course is to declare the appeal filed by that representative of the State inadmissible.
Note by Judge Carranza Cambronero: Although I concur with the majority’s decision to declare the Fiscalía’s appeal inadmissible, I do so for reasons different from those stated by fellow Judge Fernández Mora because, in my view, the restitution at issue in this case is unrelated to restitution arising from a claim for compensation of a strictly civil nature. Instead, it corresponds to the remedy of restoring things to the condition existing before the commission of the offense (restablecimiento de las cosas al estado anterior a la comisión del delito), whose treatment under the procedural reform was linked to victims’ rights. Thus, Article 140 of the Código Procesal Penal provides: “At any stage of the case and at the request of the injured party, the court may order, as a provisional measure (medida provisional), that things be restored to the condition in which they stood before the act, provided that sufficient grounds exist to decide the matter.” It is true that this concerns the issuance of a provisional measure; however, it is also true that the provision would serve no purpose if the issue could not be the subject of a decision on the merits (pronunciamiento de fondo), particularly since the evident intent is to prevent the criminal conduct under investigation from continuing to produce material effects to the detriment of the injured person.
Consider, for example, offenses of unlawful occupation (usurpación) involving dispossession from a residence, in which the eviction of the perpetrator must necessarily be addressed in the final judgment ultimately issued when that is what the victim seeks through the complaint, without any need for a civil action to have been filed. It would, of course, be different if what were sought in such cases were civil redress or compensation for the criminal act, which entails civil proceedings in which the procedural requirements established in the Código Procesal Civil must necessarily be fulfilled. In reality, the remedy at issue constitutes a procedural consequence arising from the very intervention of the Administration of Justice, consistent with Article 41 of the Constitución Política, so that there is no denial of justice and, instead, effective judicial protection is afforded to the governed person (administrado).
In this regard, the Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas provides: “...Access to justice includes effective judicial protection, understood as the possibility of petitioning judicial bodies to institute proceedings free of procedural obstacles and obtaining a reasoned and legally grounded decision on the merits within a reasonable time, while guaranteeing the enforceability of the judgment.” Accordingly, requiring a civil action for damages in these cases clearly constitutes an unnecessary requirement contrary to the protection of the victim. Nevertheless, in this particular case, I vote to declare the Ministerio Público’s appeal inadmissible precisely because that body does not represent the victim in these proceedings; given the nature of the matter, such representation belongs exclusively to the Procuraduría General de la República. It is therefore for this latter reason that I vote to declare the prosecutorial appeal inadmissible.
III.In the first ground for challenge, the State’s representative alleges a violation of Articles 46 and 50 of the Political Constitution; 1, 2, 98 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente and 52 of the Ley de uso, manejo y conservación de suelos; 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344; 632 of the Civil Code and 8 of the Ley de Biodiversidad. He argues that the challenged judgment contains an error of substantive law because, in ruling out the defendant’s civil liability (responsabilidad civil), it makes such liability contingent upon proof of the criminal offense, thereby rendering meaningless the provisions of the Ley de conservación de uso del suelo, Ley de biodiversidad and Ley Orgánica del Ambiente. The case law has consistently accepted that proof of the accused’s criminal liability (responsabilidad penal) is not an indispensable requirement for a civil judgment against him when there are independent legal grounds for imposing a civil penalty, even if the defendant has been exempted from criminal punishment.
He maintains that this follows from the polluter-pays principle (principio contaminador pagador), established in subsection d) of Article 2 of the Ley Orgánica del Ambiente and supplemented by Articles 98 and 101 of that statute, which provide, respectively, that environmental damage (daño ambiental) may result from an act or omission and that the owners of the businesses or activities producing such damage bear civil liability for damage to the environment. That definition of liability for damage to the environment is closely related to the environmental function of real property (función ambiental de la propiedad inmueble), defined by Article 8 of the Ley de Biodiversidad, to which it is linked by Article 52 of the Ley de uso, manejo y conservación de uso del suelo, which stipulates that anyone who damages or contaminates the soil is liable for the damage caused to the environment, regardless of whether the act was committed negligently or intentionally.
After referring to the definition of environmental damage contained in subsection c) of Article 3 of the Reglamento a la Ley de Biodiversidad, the appellant states that this definition is relevant because it establishes that damage was caused in this case to the forest over which the civil defendant holds a usufruct (usufructo) and that, under the applicable legislation, he must answer for that damage because it is unnecessary to prove intent (dolo) or negligence (culpa) in causing it, as established by Articles 98 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente, 52 of the Ley de uso y manejo de suelos and 8 of the Ley de Biodiversidad, provisions that were not even remotely analyzed in the judgment. After citing voto 1278-2005 of the Tribunal de Casación Penal de San José and 19-2019 of the Tribunal Contencioso Administrativo, which he invokes in support of his position, he requests that the challenged judgment and its ruling concerning the applicable legislation be vacated.
The claim is denied: The appellant confuses the existence of legislation establishing an obligation to remedy environmental damage with the prerequisites for applying that legislation to a case such as this one. Article 52 of the Ley de uso, manejo y conservación de suelos number 7779 of 30 de abril de 1998, invoked by the appellant, provides that anyone who contaminates or degrades soil resources is liable to compensate for and remedy the damage caused to the environment, which entails elements of fault-based liability (responsabilidad subjetiva) that must be proven. That provision expressly states: “ARTICLE 52.- Anyone who contaminates or degrades soil resources, regardless of the existence of negligence or intent or the degree of participation, shall be liable to provide compensation, through the appropriate judicial proceedings, and to remedy the damage caused to the environment and to affected third parties.” From its opening words, the language of that article establishes the existence of those elements of fault-based liability by identifying “anyone who contaminates” as liable, rather than the owner of the property or the person in charge of the agricultural or commercial activity conducted there, which would constitute a form of strict liability (responsabilidad objetiva) established by law.
Moreover, the express reference to the concepts of intent, negligence and degree of participation reinforces the conclusion that the environmental damage must be attributed to a specific person. When that provision states that liability is established “regardless of the existence of negligence or intent,” the legislature means that the obligation to provide remediation exists whether the conduct is negligent or intentional, and not, as the appellant erroneously reads it, that in every case of environmental damage civil liability applies to the owners of the businesses or activities producing that damage. Not even Articles 98 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente, invoked by the appellant, support such a conclusion, because Article 98 expressly states that conduct damaging the environment “…is attributable to the natural or legal persons who engage in it,” which again entails fault-based liability, since the obligated party is the person who engages in the damaging activity, not the owner or a person conducting a particular agricultural or commercial activity merely by virtue of doing so; rather, it must be proven who caused that environmental damage.
Likewise, Article 101 of the Ley Orgánica del Ambiente again establishes an element of fault-based liability for the joint and several civil liability (responsabilidad civil solidaria) referred to therein to apply, because it provides that “…those responsible for violations of this law or of the laws governing the protection of the environment and biological diversity, whether natural or legal persons, shall be civilly liable for the resulting damages and losses.” Accordingly, it is evident that environmental legislation has not established a form of strict civil liability for damage caused to the environment; rather, the legislature has expressly established elements of fault-based attribution that must be satisfied for such liability to apply. It therefore follows that the judicial precedents cited by the appellant have been taken out of their proper context, because it is one thing to state that the State has a duty to guarantee and protect Costa Ricans’ right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution), or to interpret liability for environmental damage as capable of arising from either an omission or an affirmative act, and quite another to maintain that strict civil liability applies in such cases.
Even the aforementioned principle that “the polluter pays,” referenced in voto number 1278-2005 of the Tribunal de Casación Penal de San José, itself expresses another element of fault-based liability, because it assigns liability to the person who pollutes rather than to the possessor, the owner or the person operating a particular activity, which would indeed be elements of strict liability supporting the appellant’s arguments. Nor does holding a property right (derecho real) in real property, such as a usufruct, trigger any rule establishing strict environmental liability; it must always be proven that a natural or legal person caused the damage to the environment, unless the case falls within circumstances in which a special law expressly imposes strict civil liability. Legal scholarship has expressed this view, stating: “With respect to the State and any damage it may cause, a system of strict liability applies pursuant to Articles 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública; in the field of private law, however, the Civil Code of Costa Rica must be applied through Articles 1045 (liability based on negligence) and 1048 (strict liability based on created risk, which replaces the concepts of negligence and unlawfulness); these provisions apply by extension to environmental damage. […] Under the Costa Rican legal system, when the perpetrator is at fault, noncontractual liability (responsabilidad extracontractual) applies—that is, liability of a fault-based nature—and there must be a causal relationship between the act and the person.” (Acuña Solórzano, G. (2004).
Responsabilidad civil por daño ambiental: Área centroamericana y de Panamá. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, pp. 286-287). In the present matter, it was not possible to establish the accused [Nombre1]’s responsibility for the acts attributed to him at the criminal level, because no evidence linked him to the acts that caused environmental damage to the forest and the water spring (naciente de agua) located on the properties over which the accused holds the usufruct; consequently, there is no fault-based nexus between the alleged conduct and the damage caused. Therefore, no form of civil liability could be imposed on the accused and civil defendant because, as the challenged judgment correctly states, there is no legal basis for imposing strict civil liability on him, particularly when the civil action for damages (acción civil resarcitoria) does not even remotely allege that type of liability and it was not established that the accused engaged in any hazardous activity that would make him civilly liable for carrying it out. Accordingly, because there was no violation of the substantive legislation applicable to the case, this ground for challenge must be denied.
IV.In the second ground of appeal, the appellant alleges a violation of the principle of irreducibility (principio de irreductibilidad) of forest ecosystems. He bases his position on Articles 1, 2, 3 subsection d), 10, 19, and 20 of the Ley Forestal, in relation to Article 45 of the Ley de Biodiversidad. He considers the grounds for denying restoration (restitución) erroneous because they are based on a nineteenth-century reading of Article 103 subsection 1) of the Código Penal, which is outdated. The trial judge overlooked the systematic protection established by the Ley Forestal with respect to forests, Article 1 of which defines the protection and safeguarding of forests as an “essential and priority function of the State,” by virtue of the public interest served by forests. That protective function is reiterated in Article 10 subsection c) of that body of law, which specifies that protecting forests prevents soil degradation through erosion.
Article 19 of that law establishes that land-use change (cambio de uso) is prohibited on lands with forest cover (cobertura boscosa), and that such lands may be used only under a forest management plan (plan de manejo forestal) intended to mitigate the impact (Article 20). Article 45 of the Ley de Biodiversidad establishes that the State must “prevent, mitigate, or restore environmental damage (daños ambientales),” a conservation and protection duty reiterated in Articles 48, 53, and 54 of the Ley Orgánica del Ambiente. Based on those provisions, the case law has determined that even if the accused is acquitted, where the existence of environmental damage to a forest ecosystem is established, restoration must be ordered by the court on its own motion (de oficio), as held in decisions 0339-2014 and 032-2014 of this Court of Appeals, thereby making clear that the challenged judgment wholly failed to consider the cited provisions.
He also considers erroneous the judgment’s finding that restoration was unavailable because the remaining titleholders had not been joined as co-defendants, since, pursuant to the Ley de Notificaciones, all owners of property CED2 in the San José registry district were summoned to trial at the appropriate procedural stage, specifically to safeguard their rights of defense and property. The remaining owners were not sued because no connection between them and the act charged against Mr. [Nombre1] could be established at the appropriate time. He considers that the denial of the request to restore the environmental damage caused to the forest and the spring (naciente) adversely affects “the rights of the entity he represents, whose fundamental mission at trial is to steadfastly defend the environment and the biodiversity that was harmed in this case.” He requests that the judgment under appeal be vacated and the matter decided in accordance with the applicable law.
For the reasons set forth below, the majority of this Chamber denies the claim: The majority, consisting of Judge Fernández Mora and Judge Carranza Cambronero, elects to deny the claim for the particular reasons set forth below. Position of Judge Fernández Mora: As explained in Considerando I of this judgment, a civil action for damages (acción civil resarcitoria) asserting such a claim is always required in order to request restoration of things to their prior condition, because it is a civil consequence of the criminal act (hecho punible), as established by Article 103 of the Código Penal, and cannot be a consequence imposed on the court’s own motion, as national case law has deemed it to be, because that position lacks statutory support in light of an express provision to the contrary, namely Article 37 of the Código Procesal Penal, which provides: “A civil action to restore the object involved in the criminal act, as well as to obtain compensation for the harm and losses caused, may be brought by the injured party, the injured party’s heirs or legatees, the estate, or, in the case of personal claims, the beneficiary, against the perpetrators of and participants in the criminal act and, where applicable, against the person bearing civil liability.” Article 38 of that same body of law also authorizes the Procuraduría General de la República to bring a civil action in cases involving criminal acts that affect collective or diffuse interests (intereses colectivos o difusos), without stating anywhere that restoration may be sought for this type of criminal act without such a civil action for damages.
This judge cannot agree with the appellant’s assertion that a literal interpretation of Article 103 of the Código Penal is outdated, because it is a provision currently in force within the legal system and is fully applicable to the modern forms of environmental liability mentioned by the appellant. The principle of irreducibility of forest ecosystems is an obligation imposed by the legislature on the State as a course of action in response to conduct that causes environmental harm, such that the State may not relinquish or abandon its efforts to return lands that formerly constituted forest ecosystems to that condition; however, this does not mean that, in a judgment of acquittal in which it was impossible to establish any form of subjective or strict civil liability (responsabilidad civil subjetiva u objetiva) on the part of any person, the court must order acts or omissions that necessarily require a technical determination as to the best course of action in such cases of environmental damage.
In other words, when a judgment acquitting specific persons accused of causing that environmental damage is entered, the State is obligated to exercise its statutory administrative powers in order to comply with Article 45 of the Ley de Biodiversidad, which provides: “The State has the obligation to prevent any risk or danger that threatens the continued existence of ecosystems. It must also prevent, mitigate, or restore environmental damage that threatens life or diminishes its quality,” because the criminal court’s jurisdiction is limited to the civil remedy established by Article 103 of the Código Penal. None of the provisions cited by the appellant grants criminal courts jurisdiction to order the demolition of buildings, removal of structures or roads, or other measures customarily ordered by courts of law; instead, they establish general principles concerning the State’s obligation to restore damage.
By contrast, Article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente establishes a series of administrative sanctions (sanciones administrativas) that may be imposed by the Administración Pública, including those under subsections d), e), g), and h) of that provision, which establish the power to restrict or order the immediate cessation of the acts giving rise to the complaint; the total or partial, temporary or permanent closure of those activities; the imposition of obligations to compensate for or stabilize the environment or biological diversity; and the modification or demolition of buildings or works that harm the environment, among other measures. In light of the foregoing, it is evident that in a case such as this one, in which the alleged criminal act could not be proven, responsibility and jurisdiction for protecting and overseeing the restoration of forest ecosystems following that environmental damage rest solely and exclusively with the Administración Forestal del Estado.
This Chamber, sitting in a partially different composition, has so held, stating: “If, in the present matter, the accused were alleged to have altered the existing forest ecosystem by cutting down a significant number of trees in a protection zone (zona de protección) and forested area, but within land lawfully possessed by the accused, it is not appropriate to speak of restoration, because there is no one to whom anything must be returned; rather, the objective is to achieve the natural or assisted regeneration of the ecosystem, not civil restoration in the strict sense. Since this is not a case of civil restoration, it is necessary to determine when measures intended to reverse the environmental damage caused may be imposed. Such measures must necessarily be authorized by statute, because they entail affirmative or negative obligations affecting the rights of persons accused of harming the environment, as well as those of the possessors and owners of the properties on which the environmental harm occurred, including the obligation to refrain from exercising the various rights arising from ownership.
For that reason, various provisions of the legal system provide for the possibility of demolishing works that affect the State’s natural heritage, as established by Article 13 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, or Article 36 of the Ley Forestal, which authorizes eviction from properties subject to the forestry regime or devoted to forestry activities; Article 55 of the Ley de uso y conservación del suelos N° 7779, which expressly provides that the State may ‘take the appropriate measures to prevent damage to the soil or, insofar as possible, restore the prior condition when the damage has already occurred’; or the various environmental protection measures established by Article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente, including the demolition of buildings or works that harm the environment (subsection h) and the imposition of obligations to compensate for or stabilize the environment or biological diversity (subsection g).
Nevertheless, those provisions establish an administrative procedure (procedimiento administrativo) that must be followed before any such protective measures may be ordered, because the authorities of the Ministerio del Ambiente y Energía are responsible for technically supervising each case and recommending the most appropriate measures, and the potentially affected parties must be afforded due process (debido proceso). In the present matter, there is no technical opinion identifying the measures to be adopted, because there are no works to demolish, nor was the criminal liability of the accused for the charged conduct established so as to determine that they must bear the environmental responsibility of complying with those protective measures. Consequently, it is impossible in these proceedings to grant a claim such as that of the Procuraduría General de la República, which requests that the accused, in their capacity as owners of the property, be ordered to refrain from any activity that would prevent regeneration of the affected area.
Accordingly, the majority of this Court considers that this ground of appeal against the judgment must be denied; however, in order to protect the fundamental right enshrined in Article 50 of the Constitución Política and the precautionary principle (principio precautorio) governing environmental matters, it is ordered that this judgment be communicated to the Área de Conservación Amistad Pacífico del Ministerio del Ambiente y Energía so that it may monitor the area affected in this matter and, if necessary, order the corresponding protective measures” (Voto 2018-101 de las 10:47 horas del 28 de febrero de 2018, jueces Fernández Mora, Carranza Cambronero, con voto salvado del juez Mena Artavia). That holding is fully applicable to the present case, in which, as stated, the accused’s responsibility for the acts attributed to him in the criminal proceedings could not be established; consequently, no civil liability on his part could be established either, and the trial court correctly denied the appellant’s request for restoration or reparation of the alleged damage.
Because the record contains expert reports demonstrating that the area where the environmental damage investigated in these proceedings occurred was at one time a forest, this judgment must be communicated to the Área de Conservación Pacífico Central, Subregión Los Santos, so that it may monitor the affected area and, in accordance with its statutory authority, order, if necessary, the appropriate environmental protection measures to restore the environmental damage caused. In accordance with the foregoing, this ground of appeal must be denied. Note by Judge Carranza Cambronero: As I stated in my note in Considerando II of this decision, to which I refer, I do not agree that a civil action for damages (acción civil resarcitoria) must necessarily exist in order to order restitution (restitución) of the property, for the reasons I set forth there. However, once again, I agree with Judge Fernández Mora that, in environmental matters, and because of the particular legal nature of the legally protected interests (bienes jurídicos) at stake, which generally involve individual rights, whether those of the accused or of third parties, the adjudicating judge’s authority is limited by the existence of a statutory provision authorizing it.
Furthermore, ordering restitution in this criminal jurisdiction and referring the matter to the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contenciosa) to determine the circumstances under which restitution should occur would place an unjustified burden on the judicial system, given that administrative proceedings exist for the same intended purpose. I thus state my position on this issue and vote to deny the claim.
V.Dissenting opinion (voto salvado) of Judge Fallas Redondo: Because I disagree with several of the positions expressed by my fellow judges, I depart from their decision for the following reasons:
Por Tanto:
*DWPDWMEABKS61* CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - DECIDING JUDGE *NFN2NXVGOTW61* DAVID FALLAS REDONDO - DECIDING JUDGE *AW21FBH43YWE61* IVETTE CARRANZA CAMBRONERO - DECIDING JUDGE Circuito Judicial de Cartago Telephone numbers: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355. Email: [...]
Documento PJEDITOR 1 *160002370567PE* Contra: [Nombre1] Delito: Cambio de uso de suelo y otros Parte ofendida: Los Recursos Naturales Res: 2020-627 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Primera. A las once horas veinticuatro minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte.
Recurso de apelación de sentencia penal interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, nacido el ocho de abril de mil novecientos cincuenta, con cédula de identidad número CED1 - - , por el delito de Cambio de uso de suelo y otros, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Christian Fernández Mora, David Fallas Redondo y la jueza Ivette Carranza Cambronero. Se apersonaron en apelación los licenciados Alejandro Alpízar Arrones representante de la Fiscalía Adjunta Agrario ambiental; Manrique Ruíz Leal, como representante de la Procuraduría General de la República; Allan Coto Gómez, en calidad de defensor público del imputado, y Julián Martínez Madriz, representante del Ministerio Público.
Resultando:
1. Que mediante sentencia número 366-2020 de las diecisiete horas del ocho de julio de dos mil veinte, el Tribunal de Penal de Cartago, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, las reglas de la sana critica racional y con sustento en los artículos 35, 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 3, 19, 61 inciso c, 62, 33 y 58 todos de la Ley Forestal 7575, artículos 1, 9, 30 del Código Penal, artículos 9, 142, 165, 167, 180 a 184, 265 a 267, 324 y 360 a 366 del Código Procesal Penal, en aplicación del Principio Universal In Dubio Pro Reo y atipicidad, este Tribunal absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre1] , por los delitos de Cambio de Uso de Suelo, Invasión en área de Protección y Apertura de Trocha en Bosque que se le ha venido atribuyendo. Se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República en contra del señor [Nombre1] y se rechaza la solicitud formulada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República en cuanto a que se ordene la restitución de las cosas al estado que mantenían antes del hecho punible.
Sin especial condenatoria en costas por lo que a la acción civil y la querella se refiere por considerarse que existía razón plausible para litigar. Los gastos del proceso son a cargo. Notifíquese. Shirley Moraga Torres. Jueza Decisora." 2. Que contra el anterior pronunciamiento, los licenciados Alejandro Alpízar Arrones y Manrique Ruíz Leal interpusieron los recursos de apelación.
3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.
4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta el Juez Fernández Mora, y;
Considerando:
I.Admisibilidad de los recursos: Por cumplir con los requisitos legales, se admite para su estudio de fondo el recurso incoado por Manrique Ruiz Leal, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, pues del estudio del sumario se colige que dicho recurso se presentó en tiempo, conforme al plazo de ley, y de acuerdo a los presupuestos que se requieren para el adecuado y correcto conocimiento de las inconformidades planteadas por el recurrente. Para la mayoría de este tribunal, no ocurre lo mismo en relación con el recurso incoado por el representante del Ministerio Público, [Nombre2] , por las razones particulares que exponen el juez Fernández Mora y la jueza Carranza Cambronero, como se expone a continuación. Posición del juez Fernández Mora: Para el juez Fernández Mora, el recurso del Ministerio Público es inadmisible, aunque se presentó dentro del término legal para recurrir, ya que dicho impugnante carece de legitimación subjetiva para recurrir, puesto que en su condición de representante del órgano encargado del ejercicio de la acción penal, carece de legitimación para impugnar aspectos relacionados con los alcances civiles de la resolución impugnada, como lo es la restitución de las cosas a su estado anterior.
En ese sentido, debe señalarse que la sentencia impugnada constituye una resolución absolutoria que fue solicitada por el propio representante del Ministerio Público, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 439 del Código Procesal Penal, el recurrente carece de legitimación para impugnar una decisión que no le genera agravio alguno al actor penal, sino que los reclamos en relación con dichos aspectos se encuentran relacionados con las consecuencias civiles del hecho punible dispuestas por el artículo 103 del Código Penal, que serán atendidas de acuerdo con el reclamo realizado por el actor civil en este proceso, que no es otro que la Procuraduría General de la República, quien figura como representante estatal en ese sentido. Cabe señalar que este juzgador conoce la posición sostenida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en múltiples votos, entre ellos los números 280-2019 de las 15:45 horas del 8 de marzo de 2019 y 2019-01622 de las 14:40 horas del 13 de diciembre de 2019, en la que afirma que no resulta necesaria la existencia de una acción civil para que los tribunales se pronuncien sobre la restitución.
Sin embargo, de conformidad con el principio constitucional de independencia judicial, este juzgador discrepa de dicha posición, puesto que no encuentra asidero alguno en el ordenamiento jurídico costarricense, desde que en forma muy clara el artículo 103 del Código Penal establece que: “Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará:
III.En el primer motivo de impugnación, el representante del Estado reclama la violación de los artículos 46 y 50 de la Constitución Política; 1, 2, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente y 52 de la Ley de uso, manejo y conservación de suelos; 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344; 632 del Código Civil y 8 de la Ley de Biodiversidad. Alega que la sentencia impugnada contiene un yerro de índole sustantiva porque para descartar la existencia de responsabilidad civil del demandado supedita su procedencia a que se acredite el delito, lo que vacía de contenido lo dispuesto por la Ley de conservación de uso del suelo, Ley de biodiversidad y la Ley Orgánica del Ambiente. Ha sido pacíficamente aceptado por la jurisprudencia que no es requisito ineludible para la condena civil la demostración de la responsabilidad penal del encartado si existe parámetros legales independientes para imponer una sanción civil, aún cuando el demandado haya sido exonerado de sanción penal.
Sostiene que de conformidad con el principio contaminador pagador, previsto por el inciso d) del artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente, complementado por los numerales 98 y 101 de dicho cuerpo legal, que dispone que el daño ambiental puede producirse por acción u omisión y que la responsabilidad civil por daño al ambiente existe por parte de los titulares de las empresas o actividades que lo produzcan, respectivamente. Dicha definición de responsabilidad por daño al ambiente está estrechamente relacionada con el principio de función ambiental de la propiedad inmueble, definida por el artículo 8 de la Ley de Biodiversidad, al que se vincula por el artículo 52 de la Ley de uso, manejo y conservación de uso del suelo, el cual estipula que quien lesiones o contamine el suelo es responsable de los daños causados al ambiente, independientemente de que exista culpa o dolo en su realización.
Luego de referirse a la definición de daño ambiental contenida por el inciso c) del artículo 3 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, el recurrente manifiesta que esa conceptualización es relevante porque permite establecer que en este caso se produjo un daño al bosque en el que el demandado civil tiene el usufructo y que, de acuerdo con la normativa, debe responder por ese daño, porque no es necesario acreditar el dolo o la culpa en la producción de ese daño, tal como lo estatuyen los numerales 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, 52 de la Ley de uso y manejo de suelos y 8 de la Ley de Biodiversidad, normas que ni por asumo fueron analizadas en la sentencia. Luego de citar el voto 1278-2005 del Tribunal de Casación Penal de San José y 19-2019 del Tribunal Contencioso Administrativo, que aduce en respaldo de su posición, solicita que se anule el fallo impugnado y su resolución con respecto a la normativa aplicable.
El reclamo se declara sin lugar: El recurrente confunde el hecho de la existencia de normativa que establece la obligación de reparar el daño ambiental, con los presupuestos para que la misma resulte aplicable a un caso como el presente. La Ley de uso, manejo y conservación de suelos número 7779 del 30 de abril de 1998 que el recurrente invoca, en su artículo 52 lo que dispone es que existe una responsabilidad de indemnizar y reparar los daños causados al ambiente, a quien contamine o deteriore el recurso del suelo, lo que implica criterios de imputación subjetiva de necesaria demostración. Dicha norma expresamente dispone: “ARTÍCULO 52.- Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar los daños causados al ambiente y a terceros afectados”.
La redacción de dicho artículo, desde que inicia, permite establecer la existencia de dichos criterios de responsabilidad subjetiva, cuando establece como responsable a “quien contamine” y no al dueño del fundo o al encargado de la actividad agrícola o comercial desarrollada, lo que sí constituiría una forma de responsabilidad objetiva establecida por la ley. Por otra parte, la expresa referencia a los conceptos de dolo, culpa y grado de participación reiteran la idea de que resulta necesario imputar ese daño ambiental a una persona determinada. Cuando dicha norma señala que esa responsabilidad se corrobora “independientemente de la existencia de culpa o dolo” lo que quiere decir el legislador es que dicha obligación de reparación existe, tanto cuando la conducta es culposa, como si es dolosa y no como erróneamente lo lee el impugnante, que es en todo caso de daño ambiental que procede la responsabilidad civil contra los titulares de las empresas o las actividades que produzcan ese daño.
Ni siquiera los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente que invoca el recurrente llevan a una conclusión como la señalada, puesto que el artículo 98 expresamente indica que las conductas que dañen al ambiente “…son imputables a las personas físicas o jurídicas que la realicen”, lo que nuevamente conlleva el establecimiento de la responsabilidad subjetiva, pues el obligado es quien realice esa actividad dañina y no el propietario o quien lleve a cabo una acción agrícola o comercial determinada por el hecho de realizarla, sino que es necesario demostrar quien realizó ese daño ambiental. De igual forma, el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente nuevamente establece un criterio de responsabilidad subjetiva para que proceda la responsabilidad civil solidaria a la que ahí se hace referencia, pues establece que “…los causantes de las infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civilmente responsables por los daños y perjuicios causados”.
De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que no es cierto que la legislación en materia ambiental haya establecido una suerte de responsabilidad civil objetiva por los daños causados al ambiente, sino que el legislador expresamente ha establecido criterios de imputación subjetiva para que esta proceda. Es por lo anterior que se concluye que las citas jurisprudenciales que realiza el recurrente se encuentran descontextualizadas de su verdadero contenido, pues una cosa es que se haya indicado que el Estado tiene un deber de garantizar y proteger el derecho de los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 Constitucional), o que se interprete que la responsabilidad por daño ambiental pueda darse por una conducta omisiva o activa, y otra muy distinta es que pueda hablarse de una responsabilidad civil objetiva en dichos casos. Incluso, el mencionado principio de que “el que contamina paga” que se menciona en el voto número 1278-2005 del Tribunal de Casación Penal de San José, precisamente lo que señala es otro criterio de responsabilidad subjetiva, pues señala esa responsabilidad a quien contamina y no al que posee, al propietario o a quien explota una determinada actividad, los cuales sí serían criterios de responsabilidad objetiva que darían razón al recurrente en sus alegatos.
Tampoco por el hecho de tener un derecho real sobre un inmueble, como el usufructo, existe alguna norma que permita establecer una regla de responsabilidad objetiva ambiental, sino que siempre se requiere demostrar que una persona física o jurídica fue la que causó ese daño al medio ambiente, o que se esté entre los supuestos de responsabilidad civil objetiva dispuesta expresamente por una ley especial. En ese sentido se ha manifestado la doctrina, señalado que: “En lo que respecta al Estado y los daños que éste pueda ocasionar, se aplica un sistema de responsabilidad objetiva derivado de lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública en sus artículos 190 y siguientes; mientras que en el campo del derecho privado existe la necesidad de aplicar el Código Civil de Costa Rica en sus artículos 1045 (responsabilidad por culpa) y 1048 (responsabilidad objetiva por riesgo creado que reemplaza los conceptos de culpa y antijuridicidad); normas que por extensión, se aplican al daño ambiental. […] Según el ordenamiento jurídico costarricense, cuando medie la culpabilidad de su autor, opera la responsabilidad extracontractual, es decir, una responsabilidad de tipo subjetiva, debiendo existir una relación de causalidad entre el hecho y el sujeto”.
(Acuña Solórzano, G. (2004). Responsabilidad civil por daño ambiental: Área centroamericana y de Panamá. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, págs. 286-287). En el presente asunto no fue posible establecer la responsabilidad del imputado [Nombre1] en los hechos que le fueron atribuidos a nivel penal, pues ningún elemento probatorio logró vincularlo con los hechos que produjeron el daño ambiental al bosque y a la naciente de agua que se encuentran en los fundos sobre los que el imputado ejerce el usufructo, razón por la que no existe un nexo de carácter subjetivo entre la conducta atribuida y el daño realizado. Por ello, no podría existir ningún tipo de responsabilidad civil en contra del endilgado y demandado civil, pues como bien lo indica la sentencia impugnada, no existe un fundamento jurídico para establecer responsabilidad civil objetiva en su contra, máxime cuando ni por asomo la acción civil resarcitoria atribuye tal tipo de responsabilidad, ni se acreditó que ejerciera algún tipo de actividad riesgosa por parte del imputado que lo hiciera civilmente responsable por su ejercicio. De acuerdo con lo anterior, al no existir ninguna violación a la normativa sustantiva aplicable al caso, procede declarar sin lugar el presente motivo de impugnación.
IV.En el segundo motivo de apelación, el recurrente alega la violación al principio de irreductibilidad de los ecosistemas boscosos. Fundamenta su posición en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3 inciso d), 10, 19 y 20 de la Ley Forestal, en relación con los artículos 45 de la Ley de Biodiversidad. Considera desacertados los motivos para rechazar la restitución porque se sustentan en una lectura decimonónica del artículo 103 inciso 1) del Código Penal, lo que resulta desfasado. La juzgadora pasó por alto la tutela sistemática que estatuye la Ley Forestal respecto del bosque, que en su artículo 1 define la función “esencial y prioritaria del Estado” en la tutela y protección del bosque, en virtud del interés público que tienen los bosques. Esa labor de protección se reitera en el artículo 10 inciso c) de ese cuerpo normativo, en el que se precisa que con la defensa del bosque se evita la degradación de los suelos por erosión.
El numeral 19 de dicha ley establece que, en los terrenos con cobertura boscosa, está prohibido el cambio de su uso, cuyo aprovechamiento solo puede darse mediante un plan de manejo forestal para mitigar su impacto (artículo 20). El artículo 45 de la Ley de Biodiversidad establece que el Estado debe “prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales”, labor de conservación y protección que se reitera en los artículos 48, 53 y 54 de la Ley Orgánica del Ambiente. Con base en dicha normativa, la jurisprudencia ha determinado que aunque se decrete la absolutoria del imputado, si se logra acreditar la existencia de un daño ambiental en un ecosistema boscoso, la orden de restitución procede de oficio, tal como fue resuelto en los votos 0339-2014 y 032-2014 de este Tribunal de Apelación, lo que hace patente la ausencia de consideración total de la normativa citada en la sentencia impugnada. También considera desacertado que la sentencia indicara que no procedía la restitución porque no fueron codemandados el resto de las titulares, pues de conformidad con la Ley de Notificaciones, la totalidad de los propietarios del fundo CED2 del partido de San José, fueron citados a juicio en el momento procesal oportuno, precisamente, en resguardo de su derecho de defensa y de propiedad.
El resto de propietarios no fueron demandados porque no se logró establecer en su oportunidad un vínculo entre ellos y el hecho acusado al señor [Nombre1] . Considera que el rechazo de la solicitud de restitución del daño ambiental causado al bosque y a la naciente, representa un agravio para “los derechos de su representado, cuya misión primigenia en el juicio es velar por la defensa a ultranza del ambiente y la biodiversidad que en este caso fue afectada”. Solicita la anulación del fallo apelado y su resolución conforme al derecho aplicable. Por las razones que se expondrán, la mayoría de esta Cámara declara el reclamo sin lugar: La posición de mayoría, conformada por el juez Fernández Mora y la jueza Carranza Cambronero optan por declarar sin lugar el reclamo por las razones particulares que se exponen a continuación. Posición del juez Fernández Mora: Como se explicó en el Considerando I de este fallo, para solicitar la restitución de las cosas a su estado anterior siempre resulta necesario que exista una acción civil resarcitoria que realice dicho reclamo, por tratarse de una consecuencia civil del hecho punible, tal como lo establece el artículo 103 del Código Penal y no puede tratarse de una consecuencia oficiosa como lo ha estimado la jurisprudencia nacional, pues tal posición carece de respaldo normativo, al existir una norma que de manera expresa indica lo contrario, como lo es el artículo 37 del Código Procesal Penal, que dispone: “La acción civil para restituir el objeto materia del hecho punible, así como la reparación de los daños y perjuicios causados, podrá ser ejercida por el damnificado, sus herederos, sus legatarios, la sucesión o por el beneficiario en el caso de pretensiones personales, contra los autores del hecho punible y partícipes en él y, en su caso, contra el civilmente responsable”.
También el artículo 38 de ese mismo cuerpo legal, establece la posibilidad a la Procuraduría General de la República de ejercer la acción civil cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos, sin que en ninguna parte se indique que para requerir la restitución en este tipo de hechos punibles no se requiera de la existencia de dicha acción civil resarcitoria. Este juzgador no puede coincidir con el recurrente, en relación con su afirmación de que la interpretación literal del artículo 103 del Código Penal resulte desfasada, puesto que se trata de una norma vigente del ordenamiento jurídico que resulta plenamente aplicable a los supuestos modernos de responsabilidad ambiental que menciona quien impugna. El principio de irreductibilidad de los ecosistemas boscosos corresponde a una obligación que el legislador le ha impuesto al Estado como forma de actuación frente a los comportamientos que impliquen un daño al medio ambiente, de forma tal que aquél no podría renunciar o claudicar en su accionar para que los terrenos que constituían ecosistemas boscosos vuelvan a serlo, pero no significa que en una sentencia absolutoria, en la que no fue posible establecer ningún tipo de responsabilidad civil subjetiva u objetiva de alguna persona, deba la autoridad jurisdiccional ordenar acciones u omisiones que necesariamente conllevan un criterio técnico, respecto de cuál es la mejor manera de proceder en tales casos de daño ambiental.
En otras palabras, cuando exista una sentencia absolutoria contra determinadas personas acusadas de ese daño ambiental, el Estado tendrá la obligación de poner en marcha las potestades legales administrativas para cumplir con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Biodiversidad que establece que: “El estado tiene la obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad”, pues el juez penal tiene limitadas sus competencias a la reparación civil establecida por el artículo 103 del Código Penal. Ninguna de las normas señaladas por el recurrente permiten establecer una competencia de los tribunales penales para ordenar derribos de edificaciones, remoción de estructuras, caminos u otras disposiciones que habitualmente ordenan los tribunales de justicia, sino que establecen postulados generales de obligación del Estado de restaurar los daños.
Por el contrario, el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente establece una serie de sanciones administrativas que puede realizar la Administración Pública, entre las que se encuentran los incisos d), e) g) y h) de dicha norma en donde se estatuye la posibilidad de restringir u ordenar la paralización inmediata de los actos que originaron la denuncia; la clausura total o parcial, temporal o definitiva de dichos actos; la imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica; y la modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente, entre otras. De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que en un caso como el presente, en el que no fue posible demostrar el hecho punible atribuido, la responsabilidad y competencia para proteger y tutelar la restauración de los ecosistemas boscosos por ese daño ambiental es única y exclusivamente de la Administración Forestal del Estado.
Así lo ha resuelto esta Cámara en una integración parcialmente distinta, al señalar: “Si en el presente asunto, lo que se le atribuyó a los encartados fue el haber alterado el ecosistema forestal existente al haber talado una importante cantidad de árboles en zona de protección y boscosa, pero dentro de un terreno que legítimamente es poseído por los encartados, no resulta acertado hablar de una restitución, puesto que no hay a nadie a quien devolverle nada, sino que lo que se pretende es conseguir la regeneración natural o inducida del ecosistema, pero no una restitución civil propiamente dicha. , Al no encontrarnos ante un supuesto de restitución civil, cabe analizar cuando es posible sostener que procede establecer medidas tendientes a revertir el daño ambiental producido, lo cual necesariamente debe ser objeto de reserva legal puesto que dichas medidas implican obligaciones de hacer o de no hacer para los derechos de las personas acusadas de dañar el medio ambiente, pero también para los poseedores y propietarios de los fundos en los que se haya cometido dichos perjuicios ambientales, como lo es la obligación de no ejercer los distintos derechos derivados del dominio.
Es por eso que, distintas normas del ordenamiento jurídico contemplan la posibilidad de que se realicen derribos de obras que afecten el patrimonio natural del Estado, como lo estable el artículo 13 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, o el artículo 36 de la Ley Forestal, que autoriza el desalojo de inmuebles sometidos a régimen forestal o dedicados a la actividad forestal, el artículo 55 de la Ley de uso y conservación del suelos N° 7779, que expresamente dispone que el Estado puede “tomar las medidas pertinentes a fin de evitar daños al suelo o restablecer, en lo posible, la situación anterior, cuando el daño ya se haya producido”, o las diferentes medidas protectoras del ambiente que establece el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, entre las que se incluyen la demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente (inciso h) y la imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica (inciso g).
No obstante, en dichas normas se establece un procedimiento administrativo que debe ser cumplido antes de poder disponerse alguna de dichas medidas protectoras, pues son las autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía las encargadas de supervisar técnicamente cada caso y recomendar cuáles son las medidas más adecuadas, a lo que debe concederse el debido proceso a los posibles afectados. En el presente asunto, no se cuenta con un criterio técnico que señale cuáles son las medidas que deben adoptarse pues no existen obras que demoler, ni tampoco se logró determinar la responsabilidad penal de los imputados en la conducta acusada, como para establecer que son ellos quienes deben correr con la responsabilidad ambiental de cumplir con dichas medidas protectoras, por lo que resulta imposible en esta sede acceder a una pretensión como la de la Procuraduría General de la República, en la que solicita que se le ordene a los imputados, en su condición de propietarios del fundo, no realizar actividad alguna que impida la regeneración de la zona afectada.
Por lo anterior, es criterio de la mayoría de este Tribunal que lo que corresponde es declarar sin lugar el presente motivo de apelación de sentencia, pero en aras de proteger el derecho fundamental consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política y el principio precautorio que rige en materia ambiental, se ordena comunicar esta sentencia al Área de Conservación Amistad Pacífico del Ministerio del Ambiente y Energía, para que le brinde seguimiento a la zona afectada en este asunto y disponga, en caso de ser necesario, las medidas protectoras que correspondan” (Voto 2018-101 de las 10:47 horas del 28 de febrero de 2018, jueces Fernández Mora, Carranza Cambronero, con voto salvado del juez Mena Artavia). Tal criterio es plenamente aplicable en el presente caso, en donde como se indicó, no se logró determinar la responsabilidad del imputado en los hechos que le fueron atribuidos en el proceso penal, por lo que tampoco se logró determinar responsabilidad civil alguna en su contra, resultando correcta la decisión del tribunal de rechazar la solicitud de restitución o reparación del daño alegado por el impugnante.
Debido a que en autos constan sendos informes periciales que demuestran que el área en donde se causó el daño ambiental investigado en este proceso en algún momento constituyó un bosque, deberá comunicarse esta sentencia al Área de Conservación Pacífico Central, Subregión Los Santos para que le brinde seguimiento a la zona afectada, y de acuerdo con sus competencias legales disponga, en caso de ser necesario, las medidas protectoras del ambiente que correspondan para restaurar el daño ambiental causado. De conformidad con lo expuesta, procede declarar sin lugar el presente motivo de impugnación. Nota de la jueza Carranza Cambronero: Tal y como lo referí en mi nota en el Considerando II de esta resolución, a la que remito, no coincido con afirmar el que necesariamente deba existir una acción civil resarcitoria para ordenar la restitución de las cosas, en los términos que expongo. Sin embargo, de nueva cuenta, coincido con el juez Fernández Mora en que, en materia ambiental y por la propia naturaleza jurídica de los bienes jurídicos en juego que involucra generalmente derechos individuales, sea del imputado, sea de terceros, la potestad del juzgador se encuentra limitada a la existencia a una previsión legal que la autorice.
Además, ordenarlo en esta jurisdicción penal y remitir el asunto a la jurisdicción contenciosa, para la determinación de las circunstancias en que la restitución deba darse, implicaría una sobrecarga injustificada del aparato judicial, habida cuenta que existen procedimientos administrativos dirigidos al mismo fin que se pretende. Dejo así expuesta mi posición en torno al punto y voto por declarar sin lugar el reclamo.
V.Voto salvado del juez Fallas Redondo: En virtud de que discrepo de varios de los planteamientos expuestos por mi compañera y mi compañero, me separo de su decisión, con base en las siguientes razones:
Por Tanto:
*DWPDWMEABKS61* CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ/A DECISOR/A *NFN2NXVGOTW61* DAVID FALLAS REDONDO - JUEZ/A DECISOR/A *AW21FBH43YWE61* IVETTE CARRANZA CAMBRONERO - JUEZ/A DECISOR/A Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [...]
Document not found. Documento no encontrado.