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Res. 17950-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/11/2017
OutcomeResultado
The Chamber prospectively annulled the transitory provision that relaxed drinking-water pesticide parameters for three years without sufficient technical support because it violated the precautionary principle and the rights to life, health, and the environment.La Sala anuló, con efectos desde la fecha de la sentencia, el transitorio que relajó durante tres años los parámetros de plaguicidas en el agua potable sin respaldo técnico suficiente, por violar el principio precautorio y los derechos a la vida, la salud y el ambiente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber struck down Transitory Provision II of the Drinking Water Quality Regulation, added by Executive Decree No. 39144-S. The provision suspended stricter parameters for three years and replaced them with individual maximum admissible values, some of which were left indeterminate through the designation “ND,” meaning not detectable by the applicable method. The Chamber found no technical studies demonstrating that the changed parameters would avoid harm to human health and characterized the measure as an unjustified regression in the protection of life, health, and the environment. This lack of support violated the precautionary principle because the State must effectively control chemical substances in water intended for human consumption. The Chamber rejected the challenges based on citizen participation, statutory reservation, the autonomy of the Costa Rican Social Security Fund, and the alleged omission of analytical methods. Annulment took effect on the judgment date, without foreclosing possible liability claims for damage caused while the provision remained effective.La Sala Constitucional declaró inconstitucional el transitorio II del Reglamento para la Calidad del Agua Potable, incorporado mediante el Decreto Ejecutivo n.º 39144-S. El transitorio suspendía durante tres años parámetros más rigurosos y los sustituía por valores máximos admisibles individuales, algunos indeterminados mediante la expresión “ND” —no detectable por método—. La Sala concluyó que el cambio carecía de estudios técnicos que demostraran que los nuevos parámetros no perjudicarían la salud humana y advirtió que implicaba una regresión injustificada en la protección de la vida, la salud y el ambiente. Esa falta de fundamento contravenía el principio precautorio, pues correspondía al Estado ejercer un control efectivo sobre las sustancias químicas presentes en el agua de consumo humano. Rechazó, en cambio, los alegatos relativos a participación ciudadana, reserva de ley, autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social y ausencia de métodos analíticos. La anulación produjo efectos desde la fecha de la sentencia, sin excluir eventuales acciones de responsabilidad por daños anteriores.
Key excerptExtracto clave
Transitory Provision II of the Drinking Water Quality Regulation (Executive Decree No. 38924-S), added through Executive Decree No. 39144-S, does not violate the principle of citizen participation, the statutory-reservation principle, or the autonomy of the Costa Rican Social Security Fund. However, because that transitory provision makes no reference whatsoever to technical studies guaranteeing that the change in parameters used to determine the maximum admissible value of pesticides in water will not harm human health; because several chemical components do not even have a maximum permitted value and are instead listed as ND (not detectable by method); and because the rule temporarily shifts from parameters established numerically and globally to individual and even indeterminate values, this Chamber considers that the transitory provision violates the precautionary principle in environmental matters and the fundamental rights to life, health, and the environment in connection with drinking-water consumption. Consequently, this action must be granted and the transitory provision annulled; however, to avoid seriously disrupting legal certainty, that annulment shall take effect on the date of this judgment. This is without prejudice to possible liability actions arising from any damage that the parameters established in Transitory Provision II may have caused during the months in which they were in force. The action is GRANTED; consequently, Transitory Provision II of the Drinking Water Quality Regulation (Executive Decree No. 38924-S), added through Executive Decree No. 39144-S, is declared unconstitutional. The effects of this judgment are adjusted so that annulment of the provision shall take effect on the date of this judgment, without prejudice to possible liability actions arising from any damage that the parameters established in Transitory Provision II may have caused during the months in which they were in force. A summary of this ruling shall be published in the Official Gazette La Gaceta, and the ruling shall be published in full in the Judicial Bulletin. The Executive Branch shall be informed. Notice shall be given.El transitorio II del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S) adicionado mediante el Decreto Ejecutivo No. 39144-S no violenta el principio de participación ciudadana, el principio de reserva legal, ni la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, debido a que dicho transitorio no hace alusión alguna a estudios técnicos que garanticen que el cambio de parámetros para determinar el valor máximo admisible de plaguicidas en el agua no ocasionará daños a la salud de las personas; debido a que varios de los componentes químicos ni siquiera tienen un valor máximo permitido, sino que se consignan como ND (no detectable por método); y debido a que se pasa temporalmente de una norma con parámetros establecidos, número y globalmente, a una norma con valores individuales y hasta indeterminados; considera esta Sala que dicho transitorio es violatorio del Principio precautorio en materia ambiental y de los derechos fundamentales a la Vida, salud y ambiente relacionados con el consumo de agua potable. En consecuencia, procede la estimatoria con lugar de esta acción, procediendo a anularse el transitorio, pero para no causar un grave trastorno a la seguridad jurídica, dicha anulación procede a partir de la fecha de esta resolución. Lo anterior, claro está, sin perjuicio de posibles acciones de responsabilidad que pudieran surgir con ocasión de posibles daños que los parámetros establecidos en el citado transitorio II pudieran haber ocasionado durante los meses en que estuvieron en vigencia. Se declara CON lugar la acción, en consecuencia se declara inconstitucional el transitorio II del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S) adicionado mediante el Decreto Ejecutivo No. 39144-S. Se dimensionan los efectos de esta sentencia para que, la anulatoria de la norma anterior, sea a partir de la fecha de esta resolución, sin perjuicio de posibles acciones de responsabilidad que pudieran surgir con ocasión de posibles daños que los parámetros establecidos en el citado transitorio II pudieran haber ocasionado durante los meses en que estuvieron en vigencia. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Notifíquese.-
Pull quotesCitas destacadas
"Para garantizar el derecho a la salud y a la vida, es esencial la adopción por parte del Estado, de medidas de control efectivo de la calidad del agua potable para consumo humano."
"To guarantee the rights to health and life, it is essential for the State to adopt measures for effective control of the quality of drinking water intended for human consumption."
Considerando VI
"Para garantizar el derecho a la salud y a la vida, es esencial la adopción por parte del Estado, de medidas de control efectivo de la calidad del agua potable para consumo humano."
Considerando VI
"De forma tal que este Ministerio de Salud tiene la obligación de regular y vigilar la presencia de sustancias químicas, agentes biológicos y físicos en aguas de consumo humano, pues ello puede afectar la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas."
"Accordingly, the Ministry of Health has the obligation to regulate and monitor the presence of chemical substances and biological and physical agents in water for human consumption, because they may affect human health and the balance of ecosystems."
Considerando VI
"De forma tal que este Ministerio de Salud tiene la obligación de regular y vigilar la presencia de sustancias químicas, agentes biológicos y físicos en aguas de consumo humano, pues ello puede afectar la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas."
Considerando VI
"Ello constituyó evidentemente una regresión, que no encuentra justificación alguna en los deberes anteriores de protección a la salud pública mediante la regulación de la calidad del agua para consumo humano, y que es contrario a la aplicación del principio precautorio en materia ambiental."
"This clearly constituted a regression that finds no justification in the foregoing duties to protect public health by regulating the quality of water for human consumption and that is contrary to application of the precautionary principle in environmental matters."
Considerando VI
"Ello constituyó evidentemente una regresión, que no encuentra justificación alguna en los deberes anteriores de protección a la salud pública mediante la regulación de la calidad del agua para consumo humano, y que es contrario a la aplicación del principio precautorio en materia ambiental."
Considerando VI
"Lo único que se menciona es que debe haber gradualidad en el cumplimiento del Reglamento, pero no hay sustento alguno en ello, ni técnico, ni jurídico."
"The only justification mentioned is that compliance with the Regulation should be gradual, but there is no support for that assertion, either technical or legal."
Considerando VI
"Lo único que se menciona es que debe haber gradualidad en el cumplimiento del Reglamento, pero no hay sustento alguno en ello, ni técnico, ni jurídico."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
*160156080007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten thirty-one on ocho de noviembre de dos mil diecisiete.
Action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) brought by RIGOBERTO ODILON GERARDO BLANCO SAENZ, seeking a declaration that Decreto Ejecutivo No. 39144-S, which adds a transitory provision (transitorio) to Decreto Ejecutivo No. 38924-S, del 12 de enero de 2015, -Reglamento para la Calidad del Agua Potable-, is unconstitutional on the grounds that it contravenes Articles 7, 11, 21, 50, 139, subsection 3), 140, subsections 4) and 8), and 191 of the Constitución Política, as well as various international environmental instruments. The representative of the Procuraduría General de la República and the representative of the Ministerio de Salud also participated in the proceedings.
Background:
This means “a degree of protection against interference by the Executive Branch, but also limitations on intervention by the Legislative Branch. Although the CCSS is certainly not exempt from the law, the latter may not ‘modify or alter’ the authority and autonomy constitutionally granted to the CCSS by defining matters that fall within its exclusive purview.” (SALA CONSTITUCIONAL, judgments 15655/2011 and 17736/2012). The alleged violation of the autonomy of the Caja Costarricense del Seguro Social is not deemed well-founded, since Decreto 39144-S does not intrude into that sphere, insofar as it does not dictate how the institution must perform the tasks necessary to fulfill its mandate, nor does it establish purposes, goals, or means for doing so. Nor does it assign the institution the duty of caring for persons who may develop illnesses—an obligation it already has per se under the Constitution and the law—or interfere with the administration of social security, its budget, or the manner in which it must allocate its resources.
The possibility that, in the future, persons may become ill from drinking water contaminated with pesticides is uncertain. Furthermore, as held by that Chamber, the administrative autonomy (autonomía administrativa) established in Article 188 of the Constitution exists for the benefit and protection of each autonomous institution, which are the “only entities with standing to invoke a violation of autonomy.” “Thus, it is that institution or group of institutions that must invoke an infringement of the constitutional text when they understand or suppose that such autonomy has been curtailed or impaired. It should be noted that citizens may not exercise a sort of popular action or invoke de facto interests to ensure the purity of, and conformity with Constitutional Law by, the statutory or subconstitutional legal order (see resolution 2006-04866 of 15:12 hours on 05 de abril del 2006).” (SALA CONSTITUCIONAL, judgment 18484/2007).
Consequently, the alleged infringement is based on an assumption which, if it were to materialize, would require the CCSS to exercise its constitutional and statutory authority, relying on its own autonomy in doing so, without the Decreto in any way authorizing a limitation of that autonomy.
The precautionary principle (principio precautorio) applies only if there is such a state of uncertainty resulting from certain scientific information, technical studies, etc., that are available or have been conducted” (SALA CONSTITUCIONAL, judgment 6514/2012). The preventive principle (principio preventivo) seeks to avoid harm through appropriate protective measures. In general, the preventive principle applies “when risks are clearly defined and identified as at least probable” (SALA CONSTITUCIONAL, judgment 6514/2012). The right to health or healthcare “includes the State’s duty to guarantee the prevention and treatment of diseases.” (SALA CONSTITUCIONAL, judgments 9672/2013, 12521/2013, 6175/2015, 15587/2015, 3712/2016, among several others). Disease prevention is an integral part of the right to health, derived from the right to life and to a healthy and ecologically balanced environment, because of its interrelationship with both.
Constitutional case law has stated that Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes “the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health” and the duty of the State and its institutions to “ensure the full realization of this right” (paragraphs 1 and 2), through a series of affirmative actions and the exercise of regulatory, oversight, and public-health policing powers (potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria). “This means, quite simply, the prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions ensuring quality medical care and medical services for everyone in the event of illness.” (SALA CONSTITUCIONAL, decisions 16296, 16411, 16506,16527, 16819, 16839, 16997, 17015, 17016; all from 2016, among many others. Emphasis not in the original).
Although the petitioner’s argument refers to the precautionary principle, relying on various international instruments, the substance of the claim indicates that what is alleged is a violation of the preventive principle, since it is certain that consuming water with high pesticide levels has harmful effects on human health. The preventive principle would be infringed if the amendment to Decreto 38924-S is deemed not to regulate adequately the Maximum Admissible Values (Valores Máximos Admisibles) for pesticides in water intended for drinking, thereby failing to prevent harm to people’s health and lives. 11) The violation of the right to life, human health, and a healthy environment attributed to the challenged Decreto 39144-S lies in “the population’s possible exposure to pesticides known to be toxic and capable of systematically affecting the human body,” rendering the Decreto ineffective for those protective purposes.
The petitioner explains this by asserting that, although the pesticides listed in the Table of Decreto 39144 are highly toxic chemical compounds, reference values are not specified for many of them when defining the Maximum Admissible Value (VMA), which would make it possible to determine whether a water sample complies with the VMA and is therefore potable; instead, an N. D. is specified: not detectable by the method, according to that method’s detection limit, with the result that the Maximum Admissible Value will vary depending on the method and how it is applied. He adds that Decretos 38924-S and 39144-S do not specify the method to be used for water analysis and that, although 39144-S identifies the document Drinking Water Standards and Health Advisories, EPA, USA, 2012 as the source of the new parameters for the Maximum Admissible Value (VMA), the values it contains differ from those in the Table of Decreto 39144.
This is because the EPA document never uses N. D. for the Maximum Admissible Value of pesticides. In this regard, we consider that the transitional provision (transitorio) introduced by Decreto 39144-S could present the alleged constitutional conflicts by diminishing protection of the rights to health, life, and a healthy environment, insofar as it suspends, for a period of three years, the application of Table 5 (Water Quality Parameters—Fourth Level N4) of Decreto 38924-S, which established specific and overall parameters for the Maximum Admissible Value of pesticides in water and defined their types and levels as follows: a, a maximum of 0,10; b, a maximum of 0,03; and c, 0,50. In its place, it immediately brought into force a Table that does not provide an overall maximum admissible value, but rather individual values for certain pesticides. The sum of those individual Maximum Admissible Values could even exceed the Maximum Admissible Value established by the amended Decreto, posing a risk to people’s health and lives.
The Maximum Admissible Value (VMA) is the “Concentration of a substance or density of bacteria above which consumers reject the water or an unacceptable health risk arises. Exceeding the values indicated in the tables contained in Anexo 1 of these regulations entails the immediate implementation of corrective measures.” (Decreto 38924, Article 4°, subsection gg). Likewise, as alleged and as is evident from the content of the Table brought into force, the Maximum Admissible Value for some chemical compounds is not established through a specific number but through “N. D.”: not detectable by the method, a parameter category that does not exist in the amended Decreto or in the EPA document used as the source. The conclusion reached is that there is a temporary shift from a rule with numerically and globally established parameters to one with individual and even indeterminate values. Furthermore, in its recitals (considerandos), Decreto 39144-S makes no reference to technical studies guaranteeing that the change in the parameters used to determine the Maximum Admissible Value of pesticides in water will not harm human health, nor does it cite studies supporting the determination of the VMA in each case.
Although a note at the bottom of the Table states: “Source: World Health Organization (2012 Edition of the Drinking Water Standard and Health Advisories, US EPA,” a comparison between the Table contained in that document (available online) and the Table in the challenged Decreto makes clear that they are not entirely identical, since the former contains no N. D. values. Lastly, the lack of a standard method for conducting pesticide analyses in water to verify its potability could produce varying results, to the detriment of human health. 12) The petitioner asserts that the constitutional principle prohibiting arbitrariness (principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad) is violated. He cites SALA CONSTITUCIONAL ruling 11155-2007 concerning the requirement that the regulatory power (potestad reglamentaria) remain subject to the law it is intended to develop or implement, which is connected to the constitutional principles of legality, statutory reservation (reserva de ley), and hierarchy of norms (jerarquía normativa).
However, we decline to address that allegation because its grounds were not set out clearly and precisely. (Ley de Jurisdicción Constitucional, Article 78). Nevertheless, as with the arguments concerning the principles of legality and statutory reservation, it cannot be inferred that the challenged Decreto is per se arbitrary. CONCLUSION: It follows from the foregoing that Decreto 39144-S does not violate constitutional Articles 9, 11, 33, 46, 73, 121, 139, subsection 4°, 140, subsection 8°, 149, subsection 3°, and 191, or the constitutional principles of good faith and prohibition of arbitrariness. The Decreto infringes the preventive principle, the right to health, the right to life, and the right to a healthy environment because it suspends the parameters used to determine the admissibility of certain pesticides in water and, in other cases, fails to establish such parameters.
Magistrate Cruz Castro drafts the decision; and, Whereas (Considerando):
I.Subject matter of the challenge.- The petitioner challenges the transitional provision of the Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S, of 12 de enero de 2015), added by Decreto Ejecutivo No. 39144-S. The challenged decree provides as follows:
“Article 1.- A transitional article is hereby added to Decreto Ejecutivo No. 38924-S of 12 de enero de 2015, "Reglamento para la Calidad del Agua Potable", to read hereafter as follows:
"Transitional Provision II.- The parameters contained in Table 5 (Water Quality Parameters - Fourth Level N 4) of Anexo 1 to this Decreto Ejecutivo shall take effect upon expiration of a period of 3 years from the effective date of this Decreto Ejecutivo.
During said period of 3 (three) years, interested parties must comply with the values established in the following Table 4:
PESTICIDE RESIDUES (N4) OMS PARAMETER (Active ingredient) Maximum admissible value (ug/L) Alachlor N.D(*) Aldicarb N.D Aldrin/dieldrin N.D Atrazine 2 Bentazone 300 Carbofuran N.D Chlordane N.D 2,4 D 30 2,4DB N.D DDTa N.D Dibromochloropropane N.D Dichloropropane 20 Dichlorprop 100 Heptachlor epoxide N.D Isoproturon 9 Lindane N.D Mecroprop 10 Methoxychlor 10 Molinate 6 Pentachlorophenol (PCP) N.D Pendimethalin 20 Permethrin 20 Propanil 20 Pyridate 100 Simazine 2 2,4,5-T N.D Trifluralin 20 EPA Ametryn 60 Bentazon 200 Bromacil N.D Chlorpyrifos 2 Cyanazine 1 Diazinon 1 Dicamba 400 Dinoseb 70 Disulfoton 7 Diuron N.D Fenamiphos 7 Glyphosate N.D Hexazinone 40 Isophorone 10 Malathion 50 Maleic hydrazide 400 MCPA 30 Methomyl 200 Methoxychlor 40 Methyl parathion 1 Metolachlor 70 Metribuzin 7 Paraquat 30 Propazine 10 Terbufos 0,4 Trifluralin 10 Triadimefon N.D Source: World Health Organization (2012 Edition of the Drinking Water Standard and Health Advisories, US EPA N.D(*): Not detectable by the method.
The pesticide residues identified in the table with this designation correspond to pesticides prohibited in the country and to pesticides specified in the decisions of the Sala Constitucional, as well as, pursuant to the precautionary principle, pesticide residues not included in this table. " The Water Quality parameters contained in Table 5 of Decreto 38924, whose application is suspended for three years, are:
TABLE 5. Water Quality Parameters Fourth Level (N4) PESTICIDE RESIDUES PARAMETER Maximum Admissible Value (VMA) μg/L Pesticides (a) 0,10 Organochlorine pesticides (b) 0,03 Total pesticides (c) 0,50 (a) “Pesticides” means: organic insecticides, organic herbicides, organic fungicides, organic nematicides, organic acaricides, organic algaecides, organic rodenticides, organic molluscicides, related products (growth regulators), and their relevant metabolites and degradation and reaction products. Only those pesticides likely to be present in a given supply need to be monitored. If they are present in the supply and the treatment system has been implemented, they must be evaluated monthly.
(b) Substances whose use is prohibited in the country but which, because of their persistence in Costa Rica, could be found in water due to their long half-life in the environment and their extensive use in earlier periods.
(c) “Total pesticides” means the sum of all pesticides detected and quantified during the monitoring procedure.
The petitioner considers that the decree is unconstitutional because it violates:
Consumers’ right to protection of their lives and environment was violated by withholding from them information prior to the issuance of a Decree that affects the sanitary quality of a resource fundamental to life and health: water.
II.Rules on standing in constitutional challenges and standing in this case.- Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional governs the prerequisites determining the admissibility of constitutional challenges (acciones de inconstitucionalidad), requiring the existence of a pending administrative or judicial matter in which unconstitutionality is invoked. This requirement is unnecessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article: when, because of the nature of the provision, there is no individual or direct injury; when the challenge is based on the defense of diffuse interests (intereses difusos) or interests concerning the community as a whole; or when it is filed by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes, in the latter cases within their respective spheres of authority.
Based on the foregoing, it is clear that the petitioner has sufficient standing to seek a declaration that the challenged provisions are unconstitutional, because the challenge arises from amparo proceeding (recurso de amparo) No. 16-014567-0007-CO, in which, by decision No. 2016-015922, at 9:30 hrs on October 28, 2016, the petitioner was granted a period within which to file a constitutional challenge against the challenged Decree. Moreover, the matter is one whose constitutionality may properly be reviewed through this proceeding, and the petitioner complied with the requirements set forth in Sections 78 and 79 of the governing procedural law. In conclusion, this action is admissible, and the subject and merits of the matter must therefore be addressed immediately.
III.Methodology for analyzing the action.- To facilitate examination of the challenged regulations, each of the arguments raised by the petitioner will be analyzed in the recitals (considerandos) that follow, beginning with a recital that provides a general explanation of the Reglamento para la Calidad del Agua Potable.
IV.General overview of the Reglamento para la Calidad del Agua Potable.- Through the issuance of the Reglamento para la Calidad del Agua Potable, the Executive Branch seeks to establish the maximum permissible limits for physical, chemical, and microbiological parameters in potable water in order to ensure its safety and the health of the population (Article 1). Accordingly, every public or private operator of a potable-water system throughout the national territory is subject to the provisions of those regulations (Article 2), including the requirement to hold a Permiso Sanitario de Funcionamiento (Article 7). The Ministerio de Salud is responsible for monitoring water quality (Article 6). The regulations also establish the laboratories and analytical methods (Article 10), as well as the obligation of every entity operating a water-supply system to prepare semiannual potable-water-quality reports using an established format (Article 11) and to maintain a Programa de Control de Calidad del Agua (Article 13).
The Area de Salud is responsible for submitting a semiannual report regarding compliance or noncompliance with potable-water-quality regulations and, in the event of noncompliance, must issue a health order (orden sanitaria) (Article 12) and conduct random sampling (Article 16). The Ministerio de Salud must publish, by decree, the maximum admissible values (valores máximos admisibles, VMA) for any contaminant not covered by Annex I of the regulations (Article 19). The effective date was established as September 01, 2015. However, on that same day, an amendment was made adding Transitory Provision II, which grants a three-year period (a period that would expire on September 01, 2018) for compliance with the parameters contained in Table 5 of Annex I; in the interim, the parameters in the specified table must be met. A comparison of the two tables shows that Table 5 establishes maximum admissible values for pesticides (0.10), prohibited-use substances (0.03), and total pesticides of 0.50 ug/L.
The table in the transitory provision then establishes a maximum admissible value individually for each active ingredient, with the initials ND, meaning “not detectable by the method,” indicated for 16 of them (corresponding to 30% of the total); these are pesticides prohibited in the country and those identified in the decisions of the Sala Constitucional. The remainder have individual values ranging from 2 to 400 ug/L. This demonstrates that the transitory provision is significantly MORE permissive regarding the presence of pesticides in potable water.
V.The petitioner’s arguments in which NO violations of Constitutional Law were found.- Of all the arguments made by the petitioner, no violation of Constitutional Law was found with respect to the following:
VI.Regarding the petitioner’s claims in which violations of constitutional law ARE found.- Of all the claims made by the petitioner, it was found that the Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S) is indeed unconstitutional because it violates the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters and the fundamental rights to life, health, and the environment, to the extent explained below. The petitioner argues that Decree 39144 was issued without scientific certainty regarding the harmful effects of pesticides and the possible harm to the health of the population and the environment. There is a possibility of causing irreparable harm and injury to the population, which will be supplied with water it believes to be potable but which could contain the most toxic pesticides. This is because the pesticides contained in the Decree’s Table are highly toxic chemical compounds, and for a large number of them no reference values are specified, but instead an ND (not detectable) designation is used, compounded by the fact that the maximum admissible value depends on the method, while the decree specifies no method whatsoever.
In this regard, the PGR states in its report that this principle would be violated if the amendment is deemed not to adequately regulate the maximum admissible pesticide levels in water for it to be considered potable. It considers that the transitional provision (transitorio) introduced could conflict with the Constitution as alleged, by reducing protection of the rights to health, life, and the environment, because it suspends the application of Table 5 for a period of three years and instead brought into force a table that does not provide for an overall maximum admissible value, but rather individual values for certain pesticides. Furthermore, the maximum admissible value for some of the compounds is not established through a specific number, but rather as ND: not detectable by the method used. Thus, there is a temporary shift from a rule with established numerical and overall parameters to one with individual and even indeterminate values.
Nor is there any reference to technical studies ensuring that the change in the parameters used to determine the maximum admissible pesticide level in water will not harm people’s health. The lack of a standard method for conducting pesticide tests on water could produce differing results, to the detriment of human health. For its part, the Ministerio de Salud states that Decree n°39144-S incorporated the pesticides regulated by the EPA and the WHO, and designated those not covered by these international agencies as ND, as an analytical application of the precautionary principle. Three aspects were considered in amending Decree n°38924-S: compliance with the Chamber’s order regarding the absence of pesticide residues in water sources (bromacil, diuron, triadimefon); the absence from drinking water of pesticides prohibited in the country and application of the precautionary principle; and the absence of pesticides not regulated by the EPA and WHO.
Decree n°38924-S adheres to the strengthening of sanitary inspection relating to water sources through application of the SERSA Inspection Guide, which identifies and categorizes risk factors when measures are taken to prevent contamination of water supplies. In light of all the foregoing, this Chamber considers that the petitioner and the PGR are correct in their arguments. To guarantee the rights to health and life, the State must adopt measures for effective quality control of drinking water intended for human consumption. Specifically, the Ministerio de Salud has a duty to exercise effective control and oversight in order to ensure the protection and improvement of the population’s health. Accordingly, the Ministerio de Salud is required to regulate and monitor the presence of chemical substances and biological and physical agents in water intended for human consumption, since these may affect human health and the balance of ecosystems.
The issuance of the challenged regulations must be understood in this context. Nevertheless, this Chamber finds neither technical support nor adequate justification for including a transitional provision II that “suspends” the application of more stringent parameters for three years and thereby permits maximum admissible pesticide values at levels higher than those initially regulated. This clearly constituted a regression for which no justification can be found in the aforementioned duties to protect public health by regulating the quality of water intended for human consumption, and it is contrary to the application of the precautionary principle in environmental matters. Indeed, the amendment to the regulations in question makes no reference whatsoever to technical studies ensuring that the change in the parameters used to determine the maximum admissible pesticide level in water will not harm people’s health.
The only point mentioned is that compliance with the regulations must be gradual, but this has no technical or legal basis whatsoever. This is compounded by the fact that 30% of the chemical components do not even have a maximum permitted value, but are instead listed as ND (not detectable by the method used). Thus, there is a temporary shift from a rule with established numerical and overall parameters to a rule with individual and even indeterminate values. Finally, regarding the alleged unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión) based on the lack of methods, it is true that neither the table nor the transitional provision establishes specific methods. Nevertheless, a reference to the methods appears in Article 10 of the regulations, paragraph b) of which states: “The reference methods for analysis are those indicated in the latest edition of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.” Accordingly, the alleged omission regarding the methods was not established.
VII.Conclusion.- Transitional provision II of the Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S), added by Decreto Ejecutivo No. 39144-S, does not violate the principle of citizen participation, the principle of statutory reservation, or the autonomy of the Caja Costarricense de Seguro Social. Nevertheless, because that transitional provision makes no reference whatsoever to technical studies ensuring that the change in the parameters used to determine the maximum admissible pesticide level in water will not harm people’s health; because several of the chemical components do not even have a maximum permitted value, but are instead listed as ND (not detectable by the method used); and because there is a temporary shift from a rule with established numerical and overall parameters to a rule with individual and even indeterminate values, this Chamber considers that the transitional provision violates the precautionary principle in environmental matters and the fundamental rights to life, health, and the environment in connection with the consumption of drinking water.
Consequently, this action must be granted and the transitional provision annulled; however, to avoid causing serious disruption to legal certainty, that annulment shall take effect as of the date of this decision. The foregoing is, of course, without prejudice to any liability actions that may arise from possible harm caused, during the months in which they were in force, by the parameters established in the aforementioned transitional provision II.
Por tanto:
The action is GRANTED; consequently, transitional provision II of the Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S), added by Decreto Ejecutivo No. 39144-S, is declared unconstitutional. The effects of this judgment are limited such that the annulment of the aforementioned provision shall take effect as of the date of this decision, without prejudice to any liability actions that may arise from possible harm caused, during the months in which they were in force, by the parameters established in the aforementioned transitional provision II. A summary of this ruling shall be published in the Diario Oficial La Gaceta, and the ruling shall be published in full in the Boletín Judicial. The Executive Branch shall be informed. Notice shall be given.- Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
José P. Hernández G Ronald Salazar Murillo L/03
*160156080007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y treinta y uno minutos de ocho de noviembre de dos mil diecisiete.
Acción de inconstitucionalidad promovida por RIGOBERTO ODILON GERARDO BLANCO SAENZ, para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 39144-S que adiciona un transitorio al Decreto Ejecutivo No. 38924-S, del 12 de enero de 2015, -Reglamento para la Calidad del Agua Potable- por estimarlo contrario a los artículos 7, 11, 21, 50, 139, inciso 3), 140, incisos 4) y 8) y 191 de la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales en materia ambiental. Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República y el representante del Ministerio de Salud.
Resultando:
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
I.Objeto de la impugnación.- El accionante impugna el transitorio del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S, del 12 de enero de 2015) adicionado mediante el Decreto Ejecutivo No. 39144-S. El decreto impugnado dispone lo siguiente:
“Artículo 1.- Adiciónese un artículo transitorio al Decreto Ejecutivo No. 38924-S de 12 de enero de 2015 "Reglamento para la Calidad del Agua Potable", para que en lo sucesivo se lea así:
"Transitorio II.- Los parámetros contenidos en el Cuadro 5 (Parámetros de Calidad del Agua - Nivel Cuarto N 4) del Anexo 1 del presente Decreto Ejecutivo, entrarán a regir una vez que transcurra el plazo de 3 años contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo.
Durante dicho plazo de 3 (tres) años los interesados deberán cumplir con los valores establecidos en el siguiente Cuadro 4:
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS (N4) OMS PARÁMETRO (Ingrediente activo) Valor máximo admisible (ug/L) Alachlor N.D(*) Aldicarb N.D Aldrin/dieldrin N.D Atrazine 2 Bentazone 300 Carbofuran N.D Chlordane N.D 2,4 D 30 2,4DB N.D DDTa N.D Dibromocloropropano N.D Dichloropropano 20 DIclorprop 100 Heptachlor-epoxido N.D Isoproturon 9 Lindano N.D Mecroprop 10 Metoxychlor 10 Molinate 6 Pentaclorofenol (PCP) N.D Pendimethaline 20 Permethrin 20 Propanil 20 Pyridate 100 Simazine 2 2,4,5-T N.D Trifluraline 20 EPA Ametrina 60 Bentazon 200 Bromacil N.D Clorpirifos 2 Cyanazine 1 Diazinon 1 Dicamba 400 Dinoceb 70 Disulfuton 7 Diuron N.D Fenamifos 7 Glifosato N.D Hexazinona 40 Isoforona 10 Malation 50 Hidracida maleica 400 MCPA 30 Metomil 200 Metoxiclor 40 Metyl Paration 1 Metolaclor 70 Metribucin 7 Paraquat 30 Propazina 10 Terbufos 0,4 Trifutralina 10 Triadimefon N.D Fuente: Organización Mundial de la Salud (2012 Edition of the Drinking Water Standard and Health Advisories, US EPA N.D(*): No detectable por método.
Los residuos de plaguicidas señalados en el cuadro con esta nomenclatura corresponde a plaguicidas prohibidos en el país, y a plaguicidas indicados en los votos de la Sala Constitucional, además como principio precautorio los residuos de plaguicidas que no están contemplados en el presente cuadro. " Los parámetros de Calidad de Agua contenidos en el Cuadro 5 del Decreto 38924, cuya aplicación se suspende por tres años, son:
CUADRO 5. Parámetros de Calidad del Agua Nivel Cuarto (N4) RESIDUOS DE PLAGUICIDAS PARAMETRO Valor Máximo Admisible (VMA) μg/L Plaguicidas (a) 0,10 Plaguicidas organoclorados (b) 0,03 Total de plaguicidas (c) 0,50 (a) Por "Plaguicidas" se entiende: insecticidas orgánicos, herbicidas orgánicos, fungicidas orgánicos, nematocidas orgánicos, acaricidas orgánicos, alguicidas orgánicos, rodenticidas orgánicos, molusquicidas orgánicos, productos relacionados ( reguladores de crecimiento) y sus pertinentes metabolitos y productos de degradación y reacción. Sólo es preciso controlar aquellos plaguicidas que sea probable que estén presentes en un suministro dado. De estar presentes en el suministro e implementado el sistema de tratamiento; estos deben ser evaluados con una frecuencia mensual.
(b) Sustancias de uso prohibido en el país, pero que debido a su persistencia en Costa Rica podrían encontrarse en aguas dada su larga vida media en el ambiente y su uso extensivo en épocas anteriores.
(c) Por "Total de plaguicidas", se entiende la suma de todos los plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de control.
Estima el accionante que tal decreto es inconstitucional en virtud de que viola:
Se violó el derecho de los consumidores a proteger su vida y su ambiente, al ocultarles información previa a un Decreto que afecta la calidad sanitaria de un bien fundamental para la vida y la salud, como es el agua.
II.Las reglas de legitimación en las acciones de inconstitucionalidad y la legitimación en este caso.- El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales.
A partir de lo dicho en el párrafo anterior, es claro que el actor ostenta legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, pues proviene del recurso de amparo No. 16-014567-0007-CO en el que, por resolución No. 2016-015922, de las 9:30 hrs del 28 de octubre de 2016, donde se confirió plazo al accionante para interponer acción de inconstitucionalidad contra el Decreto impugnado. Además, se trata de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía, y cumplió con los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo del asunto.
III.Sobre la metodología de análisis de la acción.- Para facilitar el estudio de la normativa impugnada, en los considerandos siguientes se analizarán cada uno de los argumentos expuestos por el accionante, iniciando con un considerando que explica de manera general el Reglamento para la Calidad del Agua Potable.
IV.En general sobre el Reglamento para la calidad del agua potable.- Mediante la emisión del Reglamento para la calidad del agua potable el Poder Ejecutivo pretende establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población (artículo 1). Así que, todo operador, público y privado, de un sistema de agua potable en todo el territorio nacional queda sujeto a las regulaciones de dicho reglamento (artículo 2), entre ellas, la necesidad de contar con un Permiso Sanitario de Funcionamiento (artículo 7). Siendo responsabilidad del Ministerio de Salud la vigilancia en la calidad del agua (artículo 6). Se establece además en dicho reglamento, los laboratorios y métodos de análisis (artículo
V.Sobre los alegatos del accionante donde NO se encuentran violaciones al Derecho de la Constitución.- De todos los alegatos que realiza el accionante, no se encontró violación alguna al Derecho de la Constitución en cuanto a los siguientes:
VI.Sobre los alegatos del accionante donde SI se encuentran violaciones al Derecho de la Constitución.- De todos los alegatos que realiza el accionante, se encontró que, en efecto, el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S) resulta inconstitucional por violentar el Principio precautorio en materia ambiental y los derechos fundamentales a la vida, salud y ambiente, con los alcances que se explica a continuación. El accionante argumenta que el Decreto 39144 se dictó con falta de certeza científica de los efectos deletéreos de los plaguicidas y los posibles daños a la salud de la población y el medio ambiente. Ante la posible causación de daños y lesiones irreparables en la población, que se verá proveída con agua que creerá potable, pero que podría contener los plaguicidas más tóxicos. Ello por cuanto los plaguicidas contenidos en la Tabla del decreto son compuestos químicos de alta toxicidad, y para un gran número no se precisan valores de referencia sino un ND (no detectable), con el agravante de que el valor máximo admisible depende del método, siendo que el decreto no especifica método alguno.
Al respecto, la PGR en su informe considera que la transgresión a tal principio se daría si se considera que la reforma no regula adecuadamente los valores máximos admisibles de plaguicidas en el agua, para ser potable. Considera que, el transitorio introducido podría presentar los roces de constitucionalidad que se invocan, al disminuir la protección del derecho a la salud, la vida y el ambiente, por suspender por un plazo de tres años, la aplicación del cuadro 5 y en su lugar puso en vigencia una tabla que no contempla un valor máximo admisible global, sino individual para algunos plaguicidas. Además, el valor máximo admisible de algunos de los compuestos no se establece a través de un número concreto, sino un ND: no detectable por método. Así se pasa temporalmente de una norma con parámetros establecidos, número y globalmente a una con valores individuales y hasta indeterminados. Tampoco se hace referencia a estudios técnicos que garanticen que el cambio de parámetros para determinar el valor máximo admisible de plaguicidas en el agua no ocasionará daños a la salud de las personas.
La falta de un método estándar para realizar los estudios de plaguicidas en el agua podría generar la obtención de valores diversos, en perjuicio para la salud humana. Por su parte, el Ministerio de Salud indica que, el Decreto n°39144-S incorporó los plaguicidas que regula la EPA y la OMS y los no contemplados por estas agencias internacionales en cuanto al ND como resultado analítico del principio precautorio. Se consideraron tres aspectos para la modificación al Decreto n°38924-S, respetar el mandato de la Sala ausencia de residuos de plaguicidas en cuentes de agua (bromacil, diurón, triadimefón) plaguicidas prohibidos en el país, ausencia en agua potable y principio precautorio, ausencia de plaguicidas que no están regulados por EPA y OMS. El Decreto n°38924-S se apega al fortalecimiento y la inspección sanitaria relacionada a las fuentes aplicando la Guía de Inspección SERSA que determina y categoriza los factores de riesgo en la toma de medidas para evitar la contaminación de los abastos.
De todo lo cual, esta Sala considera que el accionante y la PGR llevan razón en sus argumentaciones. Para garantizar el derecho a la salud y a la vida, es esencial la adopción por parte del Estado, de medidas de control efectivo de la calidad del agua potable para consumo humano. Concretamente, el Ministerio de Salud tiene el deber de ejercer el control efectivo y vigilancia, a fin de garantizar la protección y mejoramiento del estado de salud de la población. De forma tal que este Ministerio de Salud tiene la obligación de regular y vigilar la presencia de sustancias químicas, agentes biológicos y físicos en aguas de consumo humano, pues ello puede afectar la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas. En este sentido se entiende la emisión del reglamento cuestionado. Sin embargo, no encuentra esta Sala respaldo técnico ni la debida fundamentación, para haber incluido un transitorio II que “suspenda” por tres años la aplicación de parámetros más rigurosos y permita, entonces, valores máximos admisibles de plaguicidas, con niveles mayores a los inicialmente regulados.
Ello constituyó evidentemente una regresión, que no encuentra justificación alguna en los deberes anteriores de protección a la salud pública mediante la regulación de la calidad del agua para consumo humano, y que es contrario a la aplicación del principio precautorio en materia ambiental. Ciertamente la reforma al reglamento en cuestión, no hace alusión alguna a estudios técnicos que garanticen que el cambio de parámetros para determinar el valor máximo admisible de plaguicidas en el agua no ocasionará daños a la salud de las personas. Lo único que se menciona es que debe haber gradualidad en el cumplimiento del Reglamento, pero no hay sustento alguno en ello, ni técnico, ni jurídico. Con el agravante de que, un porcentaje de 30% de los componentes químicos, ni siquiera tienen un valor máximo permitido, sino que se consignan como ND (no detectable por método). Así se pasa temporalmente de una norma con parámetros establecidos, número y globalmente, a una norma con valores individuales y hasta indeterminados.
Finalmente, en cuanto a la inconstitucionalidad por omisión alegada, sobre la falta de métodos, ciertamente ni el cuadro ni el transitorio establecen métodos específicos. Sin embargo, la referencia a los métodos la encontramos en el artículo 10 del Reglamento cuando en su inciso b) se indica “Los métodos de referencia para análisis, son los indicados en la última edición de los Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”. Así entonces, no se evidenció la omisión alegada en cuanto a los métodos.
VII.Conclusión.- El transitorio II del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S) adicionado mediante el Decreto Ejecutivo No. 39144-S no violenta el principio de participación ciudadana, el principio de reserva legal, ni la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, debido a que dicho transitorio no hace alusión alguna a estudios técnicos que garanticen que el cambio de parámetros para determinar el valor máximo admisible de plaguicidas en el agua no ocasionará daños a la salud de las personas; debido a que varios de los componentes químicos ni siquiera tienen un valor máximo permitido, sino que se consignan como ND (no detectable por método); y debido a que se pasa temporalmente de una norma con parámetros establecidos, número y globalmente, a una norma con valores individuales y hasta indeterminados; considera esta Sala que dicho transitorio es violatorio del Principio precautorio en materia ambiental y de los derechos fundamentales a la Vida, salud y ambiente relacionados con el consumo de agua potable.
En consecuencia, procede la estimatoria con lugar de esta acción, procediendo a anularse el transitorio, pero para no causar un grave trastorno a la seguridad jurídica, dicha anulación procede a partir de la fecha de esta resolución. Lo anterior, claro está, sin perjuicio de posibles acciones de responsabilidad que pudieran surgir con ocasión de posibles daños que los parámetros establecidos en el citado transitorio II pudieran haber ocasionado durante los meses en que estuvieron en vigencia.
Por tanto:
Se declara CON lugar la acción, en consecuencia se declara inconstitucional el transitorio II del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38924-S) adicionado mediante el Decreto Ejecutivo No. 39144-S. Se dimensionan los efectos de esta sentencia para que, la anulatoria de la norma anterior, sea a partir de la fecha de esta resolución, sin perjuicio de posibles acciones de responsabilidad que pudieran surgir con ocasión de posibles daños que los parámetros establecidos en el citado transitorio II pudieran haber ocasionado durante los meses en que estuvieron en vigencia. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Notifíquese.- Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
José P. Hernández G Ronald Salazar Murillo L/03
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