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Res. 17901-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/06/2025
OutcomeResultado
The Chamber granted relief for the violation of the right to a healthy environment and ordered enforcement of the closure, removal of illegal works, site recovery, and permanent monitoring, but denied the petition and access-to-information claim.La Sala acogió el amparo por la vulneración del derecho a un ambiente sano y ordenó clausurar y retirar las obras ilegales, recuperar el área y fiscalizarla permanentemente, pero rechazó el reclamo sobre petición y acceso a la información.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted the amparo because the Municipality of Pérez Zeledón, SINAC, and the Water Directorate responded ineffectively and without adequate coordination to construction within the protected zones of the Barucito River and the unnamed stream. Although no immediate physical damage to the channel itself was established, the Chamber held that works inside the protected area, without a current authorization for channel-related works, violated the conservation regime governing aquatic ecosystems and the constitutional right to a healthy environment. It ordered enforcement of the municipal closure, implementation of the environmental precautionary measure, removal of platforms, ramps, and other illegal structures, documented reporting, and permanent interagency monitoring. The Chamber rejected the separate claim concerning petition and access to information because the municipality had responded within the legal period and supplied partial copies of the administrative file while withholding sensitive personal data and copyright-protected plans. The State and municipality were ordered to pay costs and resulting damages.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo por la respuesta ineficaz y descoordinada de la Municipalidad de Pérez Zeledón, el SINAC y la Dirección de Agua ante construcciones levantadas en las zonas de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre. Aunque no se acreditó un daño físico inmediato al cauce, la Sala consideró que las obras dentro del área protegida, carentes de autorización vigente para intervenir cauces, vulneraban el régimen de conservación de los ecosistemas hídricos y el derecho constitucional a un ambiente sano. Ordenó hacer efectiva la clausura municipal, ejecutar la medida cautelar ambiental, retirar plataformas, rampas y otras construcciones ilegales, documentar las actuaciones y establecer fiscalización interinstitucional permanente. En cambio, rechazó el reclamo relativo al derecho de petición e información porque la municipalidad respondió oportunamente y entregó copias parciales del expediente, excluyendo datos sensibles y planos protegidos. El Estado y la municipalidad fueron condenados al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
That is, although no immediate physical damage to the channel itself was verified, the presence of structures in the protected area was confirmed. That area is legally defined as a strip of land adjacent to the body of water whose conservation is essential to protect its flow, ecological values, function as a biological corridor, and physical and functional integrity. By express legal provision, this area enjoys the same level of legal protection as the channel itself, and any intervention within it—whether filling, construction, deforestation, earthmoving, or installation of tourist or recreational infrastructure—requires specific permits and the corresponding technical environmental opinion. Additionally, the same report shows that a review of the National Registry of Concessions and Works in Water Channels found no current application or authorization for works at the inspected site, reinforcing the unlawfulness of the observed interventions. This situation demonstrates a clear breach of the environmental legal framework and a substantial failure by both respondent authorities to supervise and effectively implement preventive, corrective, and restorative measures, directly impairing the constitutional right to a healthy environment protected by Article 50 of the Constitution. From this perspective, even if it was technically stated that there was no direct impact on the water itself, there was a concrete violation of the protection regime for aquatic ecosystems and their surrounding conservation zone. Under the precautionary, preventive, and environmental non-regression principles, this required decisive, effective, and coordinated action by the competent authorities. Their continuing omission, despite multiple complaints, technical opinions, inspections, and even ongoing judicial proceedings, constitutes a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.Es decir, aunque no se verificó un daño físico inmediato en el cauce como tal, sí se confirmó la presencia de construcciones en el área de protección, definida legalmente como una franja de terreno adyacente al cuerpo de agua cuya conservación es esencial para proteger su caudal, sus valores ecológicos, su función como corredor biológico y su integridad física y funcional. Dicha área, por disposición normativa expresa goza del mismo nivel de protección jurídica que el cauce mismo y cualquier intervención dentro de ella —sea por relleno, construcción, deforestación, movimiento de tierra, instalación de infraestructura turística o recreativa— requiere de permisos específicos y del dictamen técnico ambiental correspondiente. Adicionalmente, del mismo informe se desprende que, al revisar el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces, no se encontró ninguna solicitud ni autorización vigente para obras en el sitio visitado, lo que refuerza la ilicitud de las intervenciones observadas. Esta situación evidencia una clara transgresión del marco legal ambiental y refleja una omisión sustancial en el deber de fiscalización y ejecución efectiva de las medidas preventivas, correctivas y restaurativas por parte de ambas autoridades recurridas, lo que configura una afectación directa al derecho constitucional al ambiente sano, protegido en el artículo 50 de la Constitución Política. Bajo esta perspectiva, resulta claro que aun cuando se haya afirmado técnicamente que no hay afectación directa al agua como tal, sí existe una violación concreta al régimen de protección de los ecosistemas hídricos y su zona perimetral de conservación, lo cual, conforme al principio de precaución, al de prevención y al de no regresión ambiental, impone una actuación decidida, eficaz y articulada por parte de las autoridades competentes. Su omisión continuada, pese a las múltiples denuncias, dictámenes, inspecciones e incluso procesos judiciales en curso, constituye una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Pull quotesCitas destacadas
"Su omisión continuada, pese a las múltiples denuncias, dictámenes, inspecciones e incluso procesos judiciales en curso, constituye una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
"Their continuing omission, despite multiple complaints, technical opinions, inspections, and even ongoing judicial proceedings, constitutes a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment."
Considerando VI
"Su omisión continuada, pese a las múltiples denuncias, dictámenes, inspecciones e incluso procesos judiciales en curso, constituye una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
Considerando VI
"Ergo, al haberse constatado una ineficacia sistemática, sostenida y jurídicamente injustificada en la actuación de las autoridades públicas recurridas frente a una afectación ambiental concreta, corresponde declarar con lugar el presente recurso de amparo, tanto contra la Municipalidad de Pérez Zeledón como contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Dirección de Agua y el Sistema Nacional de Área de Conservación) y ordenar a las parte recurridas que en el marco de sus respectivas competencias, adopten de forma inmediata, coordinada y efectiva todas las medidas necesarias para asegurar la restauración, protección y garantía del área de protección hídrica afectada, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia."
"Therefore, having established systematic, sustained, and legally unjustified ineffectiveness by the respondent public authorities in addressing a specific environmental impact, this amparo must be granted against both the Municipality of Pérez Zeledón and the Ministry of Environment and Energy (the Water Directorate and the National System of Conservation Areas), ordering them, within their respective powers, to adopt immediately, jointly, and effectively all measures necessary to restore, protect, and safeguard the affected riparian protection area, as provided in the operative part of this judgment."
Considerando VI
"Ergo, al haberse constatado una ineficacia sistemática, sostenida y jurídicamente injustificada en la actuación de las autoridades públicas recurridas frente a una afectación ambiental concreta, corresponde declarar con lugar el presente recurso de amparo, tanto contra la Municipalidad de Pérez Zeledón como contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Dirección de Agua y el Sistema Nacional de Área de Conservación) y ordenar a las parte recurridas que en el marco de sus respectivas competencias, adopten de forma inmediata, coordinada y efectiva todas las medidas necesarias para asegurar la restauración, protección y garantía del área de protección hídrica afectada, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia."
Considerando VI
"Ergo, al haberse atendido material y oportunamente las gestiones formuladas y sin que se evidencie denegación arbitraria o irrazonable de información de carácter público, este Tribunal no constata lesión alguna al derecho invocado."
"Therefore, because the requests were substantively and timely addressed and no arbitrary or unreasonable denial of public information was shown, this Court finds no violation of the asserted right."
Considerando VII
"Ergo, al haberse atendido material y oportunamente las gestiones formuladas y sin que se evidencie denegación arbitraria o irrazonable de información de carácter público, este Tribunal no constata lesión alguna al derecho invocado."
Considerando VII
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
"The amparo is partially granted solely with respect to the right to a healthy and ecologically balanced environment."
Por tanto
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty a.m. on trece de junio de dos mil veinticinco.
Application for amparo relief (recurso de amparo) processed under expediente number No. 24-027574-0007-CO, filed by Nombre03, identity card CED05, against the MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.
Findings of Fact:
It is true that the Municipalidad de Pérez Zeledón is not itself responsible for initiating and completing the administrative proceeding (procedimiento administrativo) to demolish the works erected over the Barucito River, but, as this Honorable Chamber has stated in its repeated rulings, public institutions and autonomous institutions, such as the Municipalidades, have a legal duty to coordinate with one another to achieve the common objective pursued or the purpose for which they were created. It is also regrettable that it now tells us that the works have been fully completed and opened to the public, yet still fails to coordinate with the MINAE authorities to enforce the law, including reporting the offender to the Ministerio Público, which they have not done to date. According to the report submitted by the official against whom the complaint was filed, they do not intend to enforce the law, considering that the offending company modified the municipal construction permit (permiso Municipal de Construcción), even though one of the penalties for such conduct is the demolition of the works.
Thus, the information provided by that official merely demonstrates the ineffectiveness of the country’s Municipalidades, particularly the respondent Municipalidad, whose officials are fully aware that the offending company modified the construction permit granted to it, encroaching upon the protection zone (Zona de Protección) and extending its construction into that zone. They are also fully aware of this amparo action (acción de amparo) and therefore know the legal consequences should the petition be granted, yet, contrary to all expectations, they have done nothing in view of the harm caused to the environment. The request that the petition be granted is therefore reiterated. REGARDING THE REPORT SUBMITTED BY THE SINAC OFFICE. FIRST. – Rather than submitting the report requested by this Honorable Constitutional Court, the reporting official, DAVID CHAVARRÍA MORALES, proceeds to transcribe the official letter (oficio) prepared by his subordinate.
As may be inferred from that report, the office failed to act as legally required despite the seriousness of the violations. Indeed, may this Honorable Court note the cold manner in which they report that the structures remain on site and in use, even though they, together with the officials of the Dirección de Aguas and the Municipalidad, are the ones who must coordinate institutionally to remedy the problem arising within their jurisdiction. It is regrettable that, despite having firsthand knowledge of the commission of the offenses and their harmful consequences, they failed to act as required, yet still request exemption from the legal consequences of any eventual granting of the petition. The request that the petition be granted, with the legal consequences warranted by the case, is therefore reiterated, given that office’s omission (conducta omisiva) and the seriousness thereof. REGARDING THE INFORMATION PROVIDED BY THE PRESIDENT OF THE CONCEJO MUNICIPAL.
FIRST. - Once again, it is regrettable that the president of the institution responsible for protecting the interests and rights of the inhabitants of the canton she represents passes responsibility to the municipal administration and merely reports that the offending company disregarded the municipal closure order (orden de clausura Municipal) and removed the seals, yet does not order the municipal administration to put an end to that conduct, despite its criminal nature. The request that the petition be granted, with the legal consequences warranted by the case, is therefore reiterated. ON THE MERITS OF THE PETITION. As stated in advance in the pleading filing the petition (libelo de interposición del recurso), the undersigned applied to this Honorable Chamber in defense of the constitutional right to live in a healthy and ecologically balanced environment and for the protection of natural resources, particularly water resources and biodiversity, because the actions of the respondent company and institutions harm and damage those protected interests.
In its repeated rulings, this Chamber has been unequivocal regarding this protection. For example, in the excerpt from the decision transcribed below, it was emphatic and categorical regarding the State’s obligation, through its institutions, to guarantee that right. Article 50 of the Constitución Política III.- On the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Constitución Política establishes that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. The right to a healthy environment has broad content equivalent to the aspiration to improve the surroundings in which human beings live; it therefore extends beyond the criteria of nature conservation to encompass every sphere in which a person develops, whether the family sphere, the workplace, or the environment in which that person lives. Accordingly, it is said to be a cross-cutting right, meaning that it extends throughout the legal system, shaping and reinterpreting its institutions.
The environment is defined by the Real Academia Española de la Lengua as the “set of physical circumstances surrounding living beings,” which further underscores the general nature of the right. By contrast, the right to an ecologically balanced environment is a narrower concept referring to an important part of the surroundings in which human beings develop: the balance that must exist between society’s advancement and the conservation of natural resources. Both rights are expressly recognized in Article 50 of the Constitución Política, which defines the Social State governed by the rule of law (Estado Social de Derecho). The placement of the right to a healthy and ecologically balanced environment within the constitutional provisions governing the Social State governed by the rule of law is the point from which that right must be analyzed. The Social State governed by the rule of law gives rise to the incorporation into the fundamental text of a series of politically defined objectives of great social importance and to the introduction of a substantial number of social rights that ensure the common good and the satisfaction of people’s basic needs.
From this perspective, the Constitución Política emphasizes that protecting natural resources is an appropriate means of safeguarding and improving everyone’s quality of life, making intervention by public authorities necessary with respect to factors that may disrupt the balance of natural resources and, more broadly, prevent a person from developing and thriving in a healthy environment. Just as the principle of the Social State governed by the rule of law is immediately applicable, so too is the right to a healthy and ecologically balanced environment, which has the dual character of an individual right (derecho subjetivo) and an objective or purpose of action by public authorities in general. The effect of the right to a healthy and ecologically balanced environment on State activity is based, first, on the fact that, by definition, rights are not confined to individuals’ private sphere but also have significance for the very structure of the State in its role as guarantor of those rights and, second, on the fact that State activity is directed toward satisfying the interests of the community.
The Constitución Política establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, to guarantee means to secure and protect the right against any risk or need; to defend means to bar, prohibit, and prevent any activity that infringes the right; and to preserve means to take action aimed at protecting the right in advance against potential dangers so that it may endure for future generations. The State must undertake the dual course of acting and refraining from acting: on the one hand, it must refrain from itself infringing the right to a healthy and ecologically balanced environment and, on the other, it must undertake the task of adopting the measures necessary to satisfy constitutional requirements.” (Judgment number 00644–99, issued at eleven twenty-four a.m. on January twenty-nine, nineteen ninety-nine; to the same effect, judgment number 4947-2002, issued at nine twenty-four a.m. on May twenty-four, two thousand two, may be consulted) (…)” VCG07/2020.
In the case under review, we see how the institutions responsible for protecting the environment, natural resources, and biodiversity have maintained an inactive and manifestly passive posture despite the seriousness of the harm caused. This leads me to believe the rumors circulating in Dirección03 that the offending company paid them to remain inactive and silent, since it makes no sense for those officials to risk criminal proceedings (Sede Penal) for the offenses of Breach of Official Duties (incumplimiento de Deberes) and Personal Favoritism (Favorecimiento Personal) for nothing. This silence and omission, whether or not bribery was involved, is reprehensible, since it has continued for several months without positive results. Indeed, it should be noted that, according to the inspection record (acta de inspección) included in the expediente, the respondent institutions confirmed the existence of the violations as early as October 2024.
Despite the harm caused and the additional harm resulting from visitors leaving trash beside the riverbed, they have not adopted the measures warranted by the case and required of them by law. In fact, they did not even seize the equipment used to perpetrate the offense or report the offender to the Ministerio Público, and they subsequently failed to proceed with the resulting demolition after confirming the existence of the reported violations, thereby generating a chain reaction of harm. The undersigned petitioner is exceedingly concerned about the water resources because the river is being polluted by visitors, as well as about the wildlife, whose habitat is being disrupted by those visitors. Moreover, the felling of trees and every kind of forest present at the site affected and continues to affect the wildlife, because many of the birds and mammals living there lost their habitat. Since the process for granting permits in River Protection Zones had been suspended, the reported structures were erected surreptitiously and without any kind of oversight or studies by the Governmental Entities responsible for granting such permits.
Despite the foregoing, the officials of the respondent offices remain inactive, as though the situation brought to their attention did not fall within their authority. Note how casually they state that, despite the stop-work and closure order (orden de paralización y clausura), the offending company continued its work until it was completed and placed into use, yet they do not say that they are diligently pursuing demolition proceedings and filing complaints with the Prosecuting Authority (Órgano Requirente), as is their duty. This is required by Articles 54 and 57 of the Ley Forestal for the officials who conducted the initial proceedings, followed by the officials who assumed responsibility for the matter, and, finally, the officials whom this Chamber joined to the proceeding on its own motion (de oficio). It is regrettable that, despite the existence of a citizen interested in protecting the environment, who reported the violations and submitted incriminating evidence (prueba de cargo), the officials of the respondent institutions disregarded his actions and even treated him with contempt—and all this despite his being an attorney. I therefore ask myself: what would happen if an ordinary citizen filed the complaint? They probably would not even have gone to conduct the initial inspection.
While this general inertia and pattern of omission continues, the environment, as well as the rights of the country’s inhabitants, is being disregarded, and the water resource is consequently being polluted, which appears to be of no concern to the respondents. The respondent authorities are obligated to protect it because, although I seek relief before this Honorable Chamber to safeguard that right, it is the respondent institutions that are responsible for protecting it on their own initiative. Nevertheless, based on the information provided by the respondents, there is no indication that they have issued any measure aimed at protecting the water resource, which is essential to the development of the communities that benefit from the waters of the río Barucito that this action seeks to protect …”.
Justice Hess Herrera writes the opinion; and,
Considering:
Although Mr. Néstor Morera Víquez, in his capacity as special judicial attorney-in-fact for Finca La Familia S.A., maintains that Mr. Nombre04 was notified on 06 de mayo de 2025 of the ruling issued at 12:06 hours on 24 de abril de 2025, accompanied by a compact disc (CD), and states that, upon examining that digital medium, it contained no file or document, he subsequently obtained access to the case file—as he had requested—and timely responded to the hearing granted by the aforementioned ruling.
The appellant files an amparo appeal (recurso de amparo), alleging a violation of his fundamental right of access to public information (acceso a la información pública) because the Municipalidad de Pérez Zeledón refused to provide him with a copy of the construction permit (permiso de construcción) granted to Finca La Familia S.A., which is carrying out works within the protection zone (zona de protección) of the río Barecito. Although he submitted a duly authenticated formal request, municipal officials refused to provide the document, asserting that it constitutes private information and may be disclosed only pursuant to a court order. The petitioner considers that refusal unjustified because the information is clearly of public interest, given the potential environmental impact resulting from the works. He therefore requests that the appeal be granted, that his right of access to public information be restored, and that the right to a healthy environment (ambiente sano) be protected.
The following facts are deemed duly established and relevant to the disposition of this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as directed in the initial order:
Regarding the Municipalidad de Pérez Zeledón.
Regarding the Sistema Nacional de Área de Conservación and the Dirección de Agua.
During an inspection conducted on 22 de octubre del 2024 jointly with personnel from the entity you represent in Zeledón and the Municipalidad de Pérez Zeledón, at the reported site with coordinates CRTM05 Lat. 1023305 Long 520963, San José, Pérez Zeledón, distrito de Barú, a place known as Platanillo, specifically at the site known as Cataratas Nauyaca, property with real-property folio number PRN02, possible encroachment upon the protection zone (zona de protección) of the río Barucito and the Quebrada Sin Nombre was observed, as described below. Construction of infrastructure within the protection zone: on the southern bank of the río Barucito channel, access ramps and an observation platform were observed under construction within the protection zone (Figure 1) of both the río Barucito and the Quebrada Sin Nombre, as determined through official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025; in some cases, the works were located less than 10 meters from the channels (photographs inserted) …” “…
No works, modifications, or direct impacts on the determined publicly owned channels were observed. A review of this Directorate’s Registro Nacional de Dictámenes, Concesiones y Obras en cauce found no reference to any application for authorization to perform work within a channel (obra en cauce) at the reported site. The water bodies whose protection zones have been encroached upon are the río Barucito, a permanent publicly owned water body according to the 1:50 mil Dominical numero 3443-IV map sheet, and the Quebrada Sin Nombre; both water bodies were determined as such by this Directorate through the attached official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025. This is communicated to you so that you may take the appropriate action.” (see sworn report and attached evidence).
No infrastructure was observed within publicly owned channels. No impact on water resources (recurso hídrico) was found. Two publicly owned channels were identified through official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025, whose protection zones established in Article 33 of Ley Forestal may be affected. A review of the Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces found that no permits for work within a channel exist for the site visited. The inspection report and technical opinions concerning the water bodies found were forwarded to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación for appropriate action through official letter DA-UHTPSOZ-0014-2025, served on 8 de diciembre de 2025. Por tanto, within the jurisdiction of this Directorate, the complaint bearing ID 4615-2024 is deemed addressed.” (see sworn report and attached evidence).
In October 2024, the Dirección de Agua del MINAE Unidad Hidrológica Térraba Pacifico Sur received the complaint (internal control numbers 4615-2024 and 34-2025) filed by Nombre03 against ‘Nombre04 identity card: CED03,’ in which he stated: ‘Approximately one month ago, the accused, Nombre04, under the circumstances described, began constructing enormous semi-suspension bridges and observation platforms within the 50 meters of the River Protection Zone (Zona de Protección de Ríos) on the property.’ The following actions were taken: • An inspection was coordinated jointly with the Sub Regional de SINAC Pérez Zeledón and the Municipalidad de Pérez Zeledón and conducted at the reported site on October 22, 2024. • On the day of the visit, officials from the Sub Regional de SINAC Pérez Zeledón imposed precautionary measure (medida cautelar) number 0560 on the property owner to ‘halt all construction work and/or encroachment upon the protection area (área de protección) of the Barucito River and any other body of water within the public domain (Dominio Público).’ • Based on that inspection, this Directorate determined the following: No infrastructure was observed within public-domain channels. - No direct impact on water resources (recurso hídrico) was found. - By means of official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025 (attached), two public-domain channels—the Barucito River and Quebrada Sin Nombre—were officially determined, and their protection areas established under Article 33 of the Ley Forestal may be affected, as stated in that report. - A review of the Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces found no permits for work within a channel (obra en cauce) at the site visited. - By means of official letter DA-UHTPSOZ-0014-2025, served on January 8, 2025 (attached), the site-visit report and the technical determinations concerning the bodies of water identified were forwarded to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
The following passage from that report should be highlighted: ‘Construction of infrastructure in the protection area: on the southern bank of the Barucito River channel, access ramps and an observation platform can be seen under construction within the protection areas (Figure 1) of both the Barucito River and Quebrada Sin Nombre, as officially determined by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025; in some cases, the structures were found less than 10 meters from the channels.’ Photographs of the infrastructure observed were also attached. - By means of official letter DA-UHTPSOZ-0016-2025, served on January 9, 2025 (attached), Nombre03 was informed of the site-visit report, the technical determinations concerning the bodies of water, and the referral of the complaint to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. • Following the referral of the complaint, and in view of the apparent failure to comply with the administrative order imposed by SINAC, that entity proceeded to file a criminal complaint under case number 25-000038-0219-PE. • As a follow-up to the aforementioned complaint, a field visit was conducted on March 28, 2025, accompanied by Mr.
Allan Cordero Martínez, Environmental Protection Technician for the SUBREGIÓN PÉREZ ZELEDÓN. During the visit, the infrastructure was observed to remain in the protection areas of both the Barucito River and Quebrada Sin Nombre, as officially determined by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025, and to be in active use by tourists and tourism-service personnel (Figure 1). (photographs inserted) …”. “… No infrastructure was observed within public-domain channels. No direct impact on water resources was found. This is reported for such action as may be appropriate.” (see report submitted under oath and attached evidence).
The following fact, which is relevant to the disposition of this matter, is deemed unproven:
SOLE FACT. That the petitioner (recurrente) attempted to submit a request for copies of the administrative record (expediente administrativo) to the Municipalidad de Pérez Zeledón and that any official or security guard of the respondent municipality refused to accept that request.
The right to petition and receive a prompt response (derecho de petición y pronta respuesta), protected under Articles 27 of the Constitución Política and 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, requires public officials to resolve applications submitted by individuals within ten business days from the date on which such applications are filed, unless another response period has been specified. However, the aforementioned Article 32 also provides that, when deciding the petition, the Chamber shall assess the reasons offered for considering that period insufficient, taking into account the circumstances and nature of the matter; in such a case, the Administration is nevertheless always required to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a decision. In any event, the duty to decide does not entail obtaining either a favorable or unfavorable response, but it does require consistency between the subject matter of the request and that of the response.
Regarding the preventive principle (principio preventivo) and the precautionary principle (principio precautorio), in judgment no. 2021024807 issued at 9:20 on November 5, 2021, this Chamber stated:
“In this regard, specialized legal scholarship has indicated that the preventive principle requires that, when there is certainty of possible environmental harm, the activity causing such harm must be prohibited, restricted, or made conditional upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies where risks are clearly defined and identified as at least probable; likewise, the principle is useful where there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but sufficient grounds exist to foresee potential adverse impacts. The precautionary principle, in turn, provides that, where there is a threat of serious and irreversible harm, the lack of absolute scientific certainty must not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. It follows that the principle is based on reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental harm. In general terms, a relevant distinction between the preventive and precautionary principles lies in the level of knowledge and certainty regarding the risks posed by an activity or project. Whereas such certainty exists under the former, under the latter there is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)” (boldface supplied).
Indeed, the precautionary principle must be understood as set forth in Principle XV of the Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Where there are threats of serious or irreversible harm, the lack of absolute scientific certainty must not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” In other words, this does not mean requiring scientific studies in order to attain “absolute certainty” that an activity is harmless to the environment (in principle, total certainty is hardly attainable); instead, it means that, even if the risk of serious or irreversible environmental harm has not been fully established, such uncertainty can never justify or excuse delaying the implementation of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be noted, on the one hand, that this does not concern just any type of threat—it must plausibly involve a serious danger—and, on the other, that the measure requires the effective and efficient use of the resources employed.
Accordingly, although the precautionary principle is linked to a certain degree of scientific uncertainty, this does not mean that it may be applied without restriction on the grounds that any activity could cause environmental harm—which would undermine its very purpose. Rather, there must be some degree of identification of the risks of serious or irreversible harm that might occur, the determination of which varies according to the particular circumstances of each case. Thus, when faced with a situation requiring application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or allowing any new application or modification that reasonably entails a serious risk; they are even required to suspend activities already under way. At the same time, they must efficiently and effectively adopt all measures required to preserve a healthy and ecologically balanced environment.
The aforementioned principle is likewise enshrined in a source of hard law, given that Principle 3 of the Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático—ratified by Costa Rica through law no. 7414 of June 13, 1994 and by all OEA Member States—provides:
“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent, or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible harm, the lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to address climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To that end, such policies and measures should take into account different socioeconomic contexts, be comprehensive, include all relevant sources, sinks, and reservoirs of greenhouse gases, and encompass all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties” (emphasis added).
The precautionary principle is also provided for in the Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, which has been ratified by 32 OEA Member States, including Costa Rica—see law no. 8538 of August 23, 2006—which states:
“ARTICLE 1 Objective Bearing in mind the precautionary principle (principio de precaución) enshrined in principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (contaminantes orgánicos persistentes) (…)”.
Likewise, this principle is embodied in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, by means of law no. 7416 of 30 de junio de 1994, whose preamble provides: “(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent, and address at source the causes of significant reduction or loss of biological diversity. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of unequivocal scientific evidence should not be invoked as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)”.
Consistent with the aforementioned regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also addressed the precautionary principle in OC 23/17 of 15 de noviembre de 2017:
“180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle in order to protect the rights to life and personal integrity in cases where there are plausible indications that an activity could cause serious and irreversible harm to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent potential harm. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle and must therefore, even in the absence of scientific certainty, adopt measures that are ‘effective’ in preventing serious or irreversible harm” (emphasis added).
Following that decision, and by means of a judgment in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, Corte IDEH ruled on 6 de febrero de 2020 as follows: “the right to a healthy environment ‘must be deemed included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention,’ given the States’ obligation to achieve the ‘integral development’ of their peoples, arising from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter.” Of great significance, it should be emphasized that, in this ruling, Corte IDH refers to advisory opinion no. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of that right, as a result of which the legal considerations contained in the latter have logically acquired the legally binding force of a judgment. In this regard, the international judicial body reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humankind,’ and that, ‘as an autonomous right, [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding risks to individual persons.
This entails protecting nature,’ not only because of its ‘usefulness’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but also because of its importance to the other living organisms with which the planet is shared.’ The foregoing does not preclude, of course, the possibility that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage (daños ambientales).” Specifically, in developing the concept of the right to the environment, Corte IDH sets forth with complete clarity the obligations of States in the face of potential environmental harm, such as the duty of prevention (deber de prevención), the precautionary principle, the obligation to cooperate (obligación de cooperación), and access to information (acceso a la información).
In short, application of the precautionary principle means that, when there are indications that a particular activity could plausibly cause serious and irreversible harm to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in this regard does not relieve the obligation to adopt all efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.
With regard to the preventive principle (principio preventivo), the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of 30 de noviembre de 2018, prepared by its Secretary-General pursuant to the General Assembly resolution of 10 de mayo de 2018 (no. A/72/L.51), conceptualizes it as a normative guideline of customary international law (derecho internacional consuetudinario) “confirmed by relevant practice in many environmental treaties and major codification projects.” Although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm (prevención del daño transfronterizo), this general principle of law (principio general de derecho), as properly stated in the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit‑2018 and by the Corte Plena in Article XIX of session no. 28-2020 of 25 de mayo de 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide (guía hermenéutica), it requires that “the causes and sources of environmental problems be addressed as a priority and in an integrated manner, seeking to prevent the negative effects that may be produced on the environment.
The preventive criterion shall therefore prevail over any other criterion in the public and private management of the environment and natural resources.” The foregoing is entirely logical, as it is consistent with the duty to prevent environmental damage from occurring rather than merely deciding on redress for harmful consequences that have already been verified, including by ordering that the harmful effects be halted.
This legal doctrine (instituto) is reflected, among other provisions, in Article 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through law no. 7291), and Article 5 and Annex II of the United Nations Agreement on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through law no. 8059), as well as in constitutional case law (see judgments nos. 2021024807 at 9:20 on 5 de noviembre de 2021 and 2018016383 at 17:00 on 28 de setiembre de 2018, among many others) and treaty-based case law (jurisprudencia convencional), for example, advisory opinion no. OC-23/17 of 15 de noviembre de 2017, paragraphs 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242, and the judgment of 24 de noviembre de 2022 Nombre02 v. Chile. Specifically, in the latter, Corte IDH expressly states:
“208. Without prejudice to the foregoing, specifically in environmental matters, it should be noted that the principle of prevention of environmental harm forms part of customary international law and entails the obligation of States to implement the measures necessary before environmental harm occurs, bearing in mind that, due to its particular characteristics, it will often be impossible to restore the previously existing situation after such harm has occurred. By virtue of the duty of prevention, the Court has held that ‘States are required to use all means at their disposal to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant harm to the […] environment’200. This obligation must be fulfilled in accordance with a due diligence standard (estándar de debida diligencia) that is appropriate and proportionate to the degree of risk of environmental harm201. Furthermore, although it is not possible to provide a detailed enumeration of all measures that States might adopt to comply with this duty, certain measures relating to potentially harmful activities may be identified: i) regulate; ii) supervise and monitor compliance; iii) require and approve environmental impact studies (estudios de impacto ambiental); iv) establish contingency plans; and v) mitigate when environmental harm occurs202.” For its part, according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Environmental Rule of Law,’ the in dubio pro natura principle (principio in dubio pro natura) means that “in cases of doubt, all proceedings before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. No actions shall be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them” (see principle V).
In this regard, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit‑2018 and by the Corte Plena in Article XIX of session no. 28-2020 of 25 de mayo de 2020), “Every person applying environmental rules must always bear in mind the pro natura principle (principio pro naturaleza), according to which risks shall be avoided, general collective interests shall be given priority over private interests, preservation of the environment shall be favored, and, in case of doubt, the interpretation that provides the broadest protection to the environment shall be preferred.” The in dubio pro natura principle, therefore, does not depend on the existence of a risk of serious or irreversible harm—as is the case with the precautionary principle—but rather entails a “general rule of conduct governing the relationship of the State—and society in general—with the environment, applicable to all areas of decision-making in which there is a risk of an adverse impact on the environment, and requiring us to avoid choosing courses of conduct that may cause harm to the environment when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).
Furthermore, in judgment no. 2012013367 at 11:33 on 21 de setiembre de 2012, this Tribunal Constitucional addressed the principles of progressivity and non-regression in environmental matters (principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental) as follows:
“V. On the principles of progressive realization (progresividad) and non-regression (no regresión) in environmental protection. The principle of progressive realization of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is embodied in Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these provisions, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent permitted by its capabilities and development, the levels of human-rights protection, with special consideration for those rights which, like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), require multiple affirmative actions by the State for their protection and full enjoyment by all rights holders.
From the principle of progressive realization of human rights and the principle that laws may not operate retroactively to the detriment of vested rights (derechos adquiridos) and settled legal situations (situaciones jurídicas consolidadas), enshrined in Article 34 of the Constitution, derives the principle of non-regression or the irreversibility of benefits or protection already attained. This principle stands as a substantive guarantee of rights—in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment—by virtue of which the State is required not to adopt measures or policies, or enact legal provisions, that worsen, without reasonable and proportionate justification, the level of rights protection attained up to that time. This principle does not entail absolute irreversibility, since all States experience domestic circumstances of an economic, political, or social nature, or arising from natural events, that negatively affect the achievements attained up to that time and compel them to reconsider and lower the new level of protection.
In such cases, the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) and the principles under examination require any reduction in levels of protection to be justified in light of the constitutional standards of reasonableness and proportionality. In this regard, the Constitutional Chamber has stated in its case law concerning the right to health: ‘…under the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Accordingly, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of opening access to medicines, it cannot—and much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restrictive under the pretext of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber Nº 9469-07).’ With respect to the right to the environment, it stated: ‘The foregoing constitutes an evolutionary interpretation of environmental protection in accordance with the Law of the Constitution, which does not permit regression to its detriment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber Nº 18702-10).” (Emphasis does not appear in the original).
(To the same effect, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397).” Thus, in accordance with the principle of progressive realization, the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of human-rights protection, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, application of the principle of non-regression constitutes a safeguard requiring the State to refrain from adopting measures, policies, or rules that worsen, without reasonable and proportionate justification, the degree of protection already attained for fundamental rights; where appropriate, the corresponding compensatory measures must also be weighed.
Finally, this Court explained the principle of objective grounding of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) in the following terms:
“With respect to the environment, which is the subject of the fundamental right described above, our Constitution further requires that it be ‘healthy.’ The ‘healthy’ requirement leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘successional capacity’ as necessary to sustain life. From both requirements—‘healthy’ and ‘balanced’—arises the need for sustainable development; quality of life and environmental quality depend upon it. Moreover, through the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ and ‘ecologically balanced,’ the constitutional provision introduced science and technology into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, under Articles 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Environmental Law, State actions in environmental matters must be founded upon, and may not contradict, the unequivocal rules of science and technology, in pursuit of the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, in addition, ‘greater well-being for all inhabitants of the country.’ Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technology, the Chamber has termed this the principle of objective grounding of environmental protection: ‘The objective grounding of environmental protection (…) is a principle that cannot under any circumstances be confused with the preceding principle [the precautionary principle (principio precautorio), or “principle of prudent avoidance”], because, as derived from Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it entails the need to support decision-making in this field with technical studies, both in relation to individual acts and provisions of general application—whether statutory or regulatory—thereby giving rise to the requirement that such decisions be bound by science and technology, which constrains the Administration’s discretion in this area.
Accordingly, based on the results of those technical studies—such as environmental impact studies (estudios de impacto ambiental)—where objective technical criteria demonstrate the probability of manifest harm to the environment, natural resources, or human health, the proposed project, work, or activity must be rejected; and where there is “reasonable doubt,” decisions favoring the environment are mandatory under the pro-nature principle (principio pro-natura), which may result in the adoption of both compensatory and precautionary measures to protect the environment adequately.’ (Judgments of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (emphasis added). (Resolution no. 2012-13367 at 11:33 hours on September 21, 2012).
From the body of evidence contained in the case file, it is concluded that, although both the Municipalidad de Pérez Zeledón and the Ministerio de Ambiente y Energía (through the Dirección de Aguas and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC) have taken certain steps aimed at containing the reported impact—such as issuing certifications regarding nonexistent or partial permits, imposing an administrative interim measure (medida cautelar administrativa) (order No. 0560), opening administrative proceedings, coordinating joint inspections, and filing a criminal complaint concerning the events—the fact remains that those actions have been materially insufficient and ineffective in securing genuine, immediate, and effective protection of the constitutional right to a healthy environment.
Indeed, it has been established that, notwithstanding those actions, as of March 28, 2025, all the reported structures (ramps, observation platforms, and trails) built within the protection zone of the río Barucito and the quebrada Sin Nombre remained in place and were being actively used by tourists and tourism-service personnel. Likewise, on April 28, 2025, the municipal inspector found that one of those structures—previously closed by order of the authorities—had been fully completed and opened to the public, in apparent defiance of the closure seals previously affixed, which led him to reaffix the same seals at that time.
This recurrence of violations, together with the continuation of the activities and the persistence of the infrastructure, demonstrates a serious and sustained administrative omission by both respondent entities, which failed to adequately ensure the effective discharge of their constitutional and statutory responsibilities concerning the protection of groundwater recharge zones (zonas de recarga hídrica) and environmental protection areas (áreas de protección ambiental).
Such administrative inaction constitutes a violation of Article 50 of the Political Constitution, which imposes upon the State—and all its institutions—the duty not merely to refrain from harming the environment, but also to actively protect and restore it and prevent its degradation. As the Constitutional Chamber has stated, the right to a healthy environment is not merely a programmatic clause; rather, it has full normative force, enjoys direct and immediate protection through an amparo proceeding (recurso de amparo), and requires public authorities to fulfill affirmative obligations by acting promptly, preventively, and effectively.
This duty requires genuine and verifiable results, as the Inter-American Court of Human Rights has also reiterated in establishing that the right to a healthy environment is an autonomous right protected by Article 11 of the Protocol of San Salvador and developed in its Advisory Opinion OC-23/17, which emphasizes that States have an obligation to prevent, regulate, and remedy environmental impacts that endanger life, health, personal integrity, or human dignity, even where there is no immediate physical harm but the ecological and functional integrity of ecosystems is nevertheless impaired.
In this case, the sustained failures by MINAE and the Municipalidad de Pérez Zeledón to fulfill their duties of oversight, enforcement, and implementation have allowed a situation clearly contrary to constitutional and international standards of environmental protection to persist over time, affecting not only the protection zone—whose conservation is a matter of national public interest—but also the rights of the amparo petitioner as an environmental complainant and the collective diffuse interests (intereses difusos) of the public.
Although the case file shows that officials from the Dirección de Aguas of MINAE stated in the corresponding technical report—official letter DA-UHTPSOZ-0016-2025—that no direct impact on the water resource itself was found—that is, on the active channel (cauce) of the river or stream—it was also conclusively recorded that, through official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025, the same Directorate determined that two publicly owned channels (cauces de dominio público) exist, specifically the río Barucito and the quebrada Sin Nombre, both permanent and protected under the Costa Rican legal system, and that their protection zones may be experiencing impacts, as provided in Article 33 of Ley Forestal No. 7575.
In other words, although no immediate physical damage to the channel itself was verified, the presence of structures within the protected area (área de protección) was confirmed. That area is legally defined as a strip of land adjacent to the body of water whose conservation is essential to protect its flow, ecological values, function as a biological corridor (corredor biológico), and physical and functional integrity. By express statutory provision, that area enjoys the same degree of legal protection as the channel itself, and any intervention within it—whether through filling (relleno), construction, deforestation, earthworks (movimiento de tierra), or the installation of tourism or recreational infrastructure—requires specific permits and the corresponding environmental technical opinion (dictamen técnico ambiental).
Additionally, the same report indicates that, upon reviewing the National Registry of Concessions and Works in Watercourses, no current application or authorization was found for works at the site visited, which further confirms the unlawfulness of the observed interventions. This situation demonstrates a clear violation of the environmental legal framework and reflects a substantial failure by both respondent authorities to fulfill their duty to supervise and effectively implement preventive, corrective, and restorative measures, thereby directly impairing the constitutional right to a healthy environment protected under Article 50 of the Political Constitution.
From this perspective, it is clear that, even though it has been technically asserted that there is no direct impact on the water itself, there is a specific violation of the protection regime governing aquatic ecosystems and their perimeter conservation zone. Under the precautionary principle (principio de precaución), the prevention principle (principio de prevención), and the principle of environmental non-regression (principio de no regresión ambiental), this requires decisive, effective, and coordinated action by the competent authorities. Their continuing failure to act, despite the numerous complaints, expert opinions, inspections, and even ongoing judicial proceedings, constitutes a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Therefore, given the finding of systematic, sustained, and legally unjustified ineffectiveness in the actions of the respondent public authorities in addressing a specific environmental impact, this amparo proceeding (recurso de amparo) must be granted against both the Municipalidad de Pérez Zeledón and the Ministerio de Ambiente y Energía (Dirección de Agua and Sistema Nacional de Área de Conservación), and the respondent parties must be ordered, within the scope of their respective powers, to adopt immediately, in a coordinated and effective manner, all measures necessary to ensure the restoration, protection, and safeguarding of the affected water protection area (área de protección hídrica), as provided in the operative portion of this judgment. With respect to this issue, the petition is granted.
Based on a comprehensive review of the record and the established facts, this Chamber concludes that there has been no violation of the fundamental right to petition and receive a prompt response, as provided in Article 27 of the Political Constitution. The record shows that Mr. Nombre03 submitted a formal request on 07 de agosto de 2024 to the Engineering Department of the Municipalidad de Pérez Zeledón, seeking certification as to the existence of municipal construction and earthworks (movimientos de tierra) permits issued to Finca La Familia S.A. with respect to two properties. That request was addressed through official letters CNS-0279-24-ACO and CNS-0280-24-ACO, which were sent to his email address on 14 de agosto de 2024, within the statutory period. Subsequently, in response to requests for clarification submitted on 22 de agosto de 2024, the administration replied by official letter OFI-0473-24-ACO of 23 de agosto del mismo año, reaffirming that no permits existed for one of the properties in question.
Although the petitioner submitted a copy of an undated filing in which he requested that the respondent local government provide copies of the administrative record (expediente administrativo), there is no evidence that any municipal official or security guard refused to accept that request, as alleged in the petition initiating these proceedings. Nevertheless, through official letter OFI-0589-24-ACO of 16 de octubre de 2024, partial copies of administrative record PDC-0531-2024-ACO were sent to the interested party, with sensitive personal data and plans protected by copyright omitted pursuant to the applicable regulations governing personal-data protection (Ley N.º 8968) and intellectual property (Ley N.º 6683).
Therefore, because the requests submitted were substantively and timely addressed, and because there is no evidence of an arbitrary or unreasonable denial of public information, this Court finds no violation of the asserted right. Consequently, with respect to this issue, the amparo petition is denied.
The petition is partially granted, in accordance with the operative portion of this judgment.
The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on any electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, such materials must be collected from the Court’s offices within a maximum period of 30 business days from notice of this judgment. The parties are warned that any material not collected within that period will be destroyed pursuant to the “Regulations on Electronic Court Records before the Judiciary,” approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of 22 de agosto de 2011, published in Boletín Judicial no. 19 of 26 de enero de 2012, as well as the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
The petition is partially granted solely with respect to the right to a healthy and ecologically balanced environment. Emanuel Ceciliano Alfaro and Andrea Herrera Chaves, respectively Mayor and President of the Council, both of the Municipalidad de Pérez Zeledón, or whoever may hold those offices in their stead, are ordered to undertake the necessary coordination and perform all actions within the scope of their authority so that, within QUINCE DÍAS from notice of this judgment, they: a) implement all measures necessary to ensure effective compliance with the closure order (acta de clausura) and the seals placed on the infrastructure constructed within the protection zone (zona de protección) of the río Barucito and the quebrada Sin Nombre, including periodic inspections, physical closure, visible signage, and effective control of the site; and b) submit to this Chamber, within no more than QUINCE DÍAS adicionales, a detailed, documented report on the actions taken, including copies of the inspection records, photographs of the site, the administrative decision adopted, and any follow-up measure.
David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez, and María Gabriela Páez Vargas, respectively Interim Executive Director of the Sistema Nacional de Área de Conservación, Regional Director of the Área de Conservación la Amistad Pacífico, and Acting Director of the Dirección de Agua, all of the Ministerio de Ambiente y Energía, or whoever may hold those offices in their stead, are likewise ordered, within QUINCE DÍAS from notice of this decision, to: a) coordinate and carry out the actions necessary to enforce administrative interim measure (medida cautelar administrativa) N.º 0560 issued on 22 de octubre de 2024, adopting the technical and legal measures necessary to ensure the removal of platforms, ramps, or other illegal structures located within the protection zones of the río Barucito and the quebrada Sin Nombre; b) within QUINCE DÍAS adicionales, submit to this Chamber a detailed report on all actions taken, including a schedule of actions, technical decisions, inspection reports, and measures carried out or scheduled for the environmental restoration of the affected site; and c) establish a coordinated, interinstitutional mechanism for permanent oversight together with the Municipalidad de Pérez Zeledón in the affected area, in order to prevent any new construction, occupancy, or works within water protection zones without the required permit.
The foregoing is ordered with the warning that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that they are required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be subject to imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State and the Municipalidad de Pérez Zeledón are ordered to pay the costs and the damages caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso administrativo). In all other respects, the petition is denied. - Fernando Cruz C.
Acting President Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F.
Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de junio de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número No. 24-027574-0007-CO, interpuesto por Nombre03, cédula de identidad CED05, contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
Si bien el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial judicial de la sociedad Finca La Familia S.A., sostiene que el señor Nombre04 fue notificado el 06 de mayo de 2025 de la resolución dictada a las 12:06 horas del 24 de abril de 2025, acompañada de un disco compacto (CD) y afirma que al verificarse dicho soporte digital no contenía ningún archivo ni documento; posteriormente tuvo acceso al expediente -conforme lo solicitó- y dio respuesta oportuna a la audiencia conferida mediante la referida resolución.
El recurrente interpone recurso de amparo alegando la vulneración de su derecho fundamental de acceso a la información pública, debido a la negativa de la municipalidad de entregarle copia del permiso de construcción otorgado a la empresa Finca La Familia S.A., la cual ejecuta obras dentro de la zona de protección del río Barecito. Aunque presentó una solicitud formal debidamente autenticada, los funcionarios municipales se negaron a proporcionar el documento, aduciendo que se trata de información de carácter privado y que solo puede ser divulgada mediante orden judicial. El accionante considera dicha negativa injustificada, al tratarse de información de evidente interés público, dada la posible afectación ambiental derivada de las obras. Por ello, solicita que se declare con lugar el recurso, se restituya su derecho de acceso a la información pública y se resguarde el derecho al ambiente sano.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
En cuanto a la Municipalidad de Pérez Zeledón.
En cuanto al Sistema Nacional de Área de Conservación y la Dirección de Agua.
Mediante inspección realizada 22 de octubre del 2024 realizada en conjunto con personal de su representada Zeledón y la municipalidad de Pérez Zeledón, en el sitio de denuncia con coordenadas CRTM05 Lat. 1023305 Long 520963, San José, Pérez Zeledón, distrito de Barú, Lugar conocido como Platanillo, específicamente en el sitio conocido como Cataratas Nauyaca, finca con número de folio real PRN02, donde se observa la posible invasión de la zona de protección del río Barucito y la Quebrada Sin Nombre como se escribe a continuación. Construcción de infraestructuras en la zona de protección: en el margen Sur del cauce del río Barucito se observa la construcción de rampas de acceso y plataforma de observación en la zona de protección (figura 1) tanto del río Barucito como de la Quebrada Sin Nombre dictaminada mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025, en algunos casos las obras se encontraron a menos de 10 metros de los cauces (se insertan fotografías) …”.
“… No se observan obras, modificaciones o afectaciones directas a los cauces de dominio público dictaminados. Revisado el Registro Nacional de Dictámenes, Concesiones y Obras en cauce de esta Dirección, no se encontró ninguna referencia sobre solicitud de obra en cauce para el sitio de denuncia. Los cuerpos de agua cuyas zonas de protección se ven invadidas son el río Barucito, cuerpo de agua del dominio público de carácter permanente según la hoja cartográfica 1:50 mil Dominical numero 3443-IV y la quebrada Sin Nombre, ambos cuerpos de agua dictaminados por esta dirección mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 adjunto. Se le comunica para que realice lo que corresponda.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
No se observaron infraestructuras dentro de los cauces de dominio público. No se encontró afectación al recurso hídrico. Se dictaminaron dos cauces de dominio público mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 las cuales posiblemente se están viendo afectadas sus zonas de protección establecidas en el artículo 33 de la ley forestal. Revisado el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces no existen permisos de obra en cauce para el sitio visitado. Se trasladó el informe de visita y dictámenes de los cuerpos de agua encontrados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación para lo que corresponda mediante oficio DA-UHTPSOZ-0014-2025 notificado el 8 de diciembre de 2025. Por tanto, dentro de las competencias de esta Dirección, se da por atendida la denuncia con ID 4615-2024.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
En octubre del 2024 se recibe la denuncia (control interno 4615-2024 y 34-2025) en oficina de Dirección de Agua del MINAE Unidad Hidrológica Térraba Pacifico Sur, por parte del señor Nombre03 contra “Nombre04 cedula de identidad: CED03” en la cual indicaba “Hace aproximadamente un mes, el denunciado Nombre04, en las condiciones dichas, inició a construir unos enormes puentes semi-colgantes y plataformas de observación dentro de los 50 metros dela Zona de Protección de Ríos en la finca” se realizaron las siguientes Gestiones: • Se coordina inspección en conjunto con la Sub Regional de SINAC Pérez Zeledón y la Municipalidad de Pérez Zeledón, realizada 22 de octubre del 2024, al sitio de denuncia. • El día de la visita los funcionarios de la Sub Regional de SINAC Pérez Zeledón interponen medida cautelar numero 0560 al dueño de la finca para “detener toda obra de construcción y/o invasión al área de protección del río Barucito y cualquier otro cuerpo de agua del Dominio Público”. • Con base en dicha inspección se determinó lo siguiente por parte de esta Dirección: No se observaron infraestructuras dentro de los cauces de dominio público. - No se encontró afectación directa al recurso hídrico. - Mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 (adjunto) Se dictaminaron dos cauces de dominio público, río Barucito y Quebrada Sin Nombre, las cuales posiblemente se están viendo afectadas sus zonas de protección establecidas en el artículo 33 de la ley forestal según los indicado en dicho informe. - Revisado el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces no existen permisos de obra en cauce para el sitio visitado. - Mediante oficio DA-UHTPSOZ-0014-2025 notificado el 8 de enero de 2025 (adjunto), se trasladó el informe de visita y dictámenes de los cuerpos de agua encontrados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de dicho informe cabe destacar: “Construcción de infraestructuras en la zona de protección: en el margen Sur del cauce del río Barucito se observa la construcción de rampas de acceso y plataforma de observación en la zona de protección (figura 1) tanto del río Barucito como de la Quebrada Sin Nombre dictaminada mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025, en algunos casos las obras se encontraron a menos de 10 metros de los cauces”, así mismo se adjuntaron fotografías de las infraestructuras observadas. - Mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0016-2025 notificado el 9 de enero de 2025 (adjunto), se le comunicó al señor Nombre03 , el informe de visita y dictámenes de los cuerpos de agua y traslado de la denuncia al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. • Del traslado de la denuncia y en apariencia el incumplimiento de la orden administrativa interpuesta por el SINAC; este ente procedió a interponer la denuncia penal con número de causa 25-000038-0219-PE. • En seguimiento de la denuncia supracitada, se realizó visita de campo el 28 de marzo del 2025, en compañía del Señor Allan Cordero Martínez Técnico Protección Ambiental de la SUBREGIÓN PÉREZ ZELEDÓN, en la cual se observó la permanencia de las de infraestructuras en la zona de protección, tanto del río Barucito como de la Quebrada Sin Nombre dictaminada mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 en pleno uso de turistas y personal de atención al turismo (figura 1).
(se insertan fotografías) …”. “… No se observaron infraestructuras dentro de los cauces de dominio público. No se encontró afectación directa al recurso hídrico. Se le informa para lo que corresponda.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
De importancia para la decisión de este asunto, se tiene como no demostrado el siguiente hecho:
ÚNICO. Que el recurrente intentara presentar una solicitud de copias del expediente administrativo ante la Municipalidad de Pérez Zeledón y que algún funcionario o guarda de seguridad del ayuntamiento accionado se negara a recibir dicha solicitud.
El derecho de petición y pronta respuesta, cobijado en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, a falta de que no se hubiere señalado otro plazo para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que en la decisión de la petición la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto, en cuyo caso la Administración siempre está obligada a comunicarle al petente las causas de la demora en pronunciarse. En todo caso, el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado.
Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:
“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).
Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza ‑plausiblemente debe involucrar un peligro serio‑, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados.
En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente ‑lo que desnaturalizaría su razón de ser‑, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ‑ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:
“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).
El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica ‑véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006‑, en la que se lee:
“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.
Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.
En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:
“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).
Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.
Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.
En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.
Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.
Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.
Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre02 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:
“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.
Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).
En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.
El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).
Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:
“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.
Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.
En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.
De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.
Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:
“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”.
En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).
Del conjunto de elementos probatorios que obran en el expediente, se concluye que si bien tanto la Municipalidad de Pérez Zeledón como el Ministerio de Ambiente y Energía (por medio de la Dirección de Aguas y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC) han realizado algunas gestiones tendentes a contener la afectación denunciada —tales como la emisión de constancias sobre permisos inexistentes o parciales, la imposición de una medida cautelar administrativa (orden No. 0560), la apertura de expedientes administrativos, la coordinación de inspecciones conjuntas y la denuncia penal de los hechos— lo cierto es que dichas acciones han sido materialmente insuficientes e ineficaces para lograr una protección real, inmediata y efectiva del derecho constitucional al ambiente sano.
En efecto, ha quedado acreditado que, pese a dichas actuaciones al 28 de marzo de 2025 seguían presentes y en uso activo por turistas y personal de atención al turismo todas las infraestructuras denunciadas (rampas, plataformas de observación y senderos) construidas en la zona de protección del río Barucito y de la quebrada Sin Nombre. Asimismo, el 28 de abril de 2025, el inspector municipal constató que una de dichas estructuras —previamente clausurada— estaba completamente finalizada y abierta al público, en aparente desacato a los sellos de clausura colocados anteriormente, lo que lo llevó a recolocar los mismos sellos en ese momento.
Esta reiteración de hechos violatorios, junto con la continuidad de las actividades y la persistencia de la infraestructura, pone en evidencia una omisión administrativa grave y sostenida por parte de ambas entidades recurridas, al no garantizar de forma idónea el cumplimiento efectivo de sus competencias constitucionales y legales en materia de protección de zonas de recarga hídrica y áreas de protección ambiental.
Tal pasividad administrativa configura una violación del artículo 50 de la Constitución Política que impone al Estado —y a todas sus instituciones— el deber no solo de no dañar el ambiente, sino de protegerlo activamente, restaurarlo y prevenir su deterioro. El derecho al ambiente sano, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional no es simplemente una cláusula programática, sino que tiene fuerza normativa plena, goza de protección directa e inmediata mediante el recurso de amparo y su respeto impone obligaciones positivas a las autoridades públicas, las cuales deben actuar de manera oportuna, preventiva y eficaz.
Este deber requiere resultados reales y verificables, conforme lo ha reiterado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo, protegido por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y desarrollado en su Opinión Consultiva OC-23/17, donde se subraya que los Estados tienen la obligación de prevenir, regular y reparar afectaciones ambientales que pongan en riesgo la vida, la salud, la integridad o la dignidad humana, incluso cuando no haya daño físico inmediato, pero sí una afectación a la integridad ecológica y funcional de los ecosistemas.
En este caso, las omisiones sostenidas en el cumplimiento de deberes de vigilancia, sanción y ejecución por parte del MINAE y de la Municipalidad de Pérez Zeledón han permitido que perdure en el tiempo una situación claramente contraria a los estándares constitucionales y convencionales de protección del ambiente, con afectación no solo a la zona de protección—cuya conservación es de interés público nacional— sino también a los derechos del amparado como denunciante ambiental y a los intereses difusos de la colectividad.
Si bien consta en el expediente que funcionarios de la Dirección de Aguas del MINAE indicaron en el informe técnico correspondiente -oficio DA-UHTPSOZ-0016-2025- que no se encontró afectación directa al recurso hídrico en sí —es decir, al cauce activo del río o de la quebrada—también quedó fehacientemente consignado que mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 la misma Dirección dictaminó la existencia de dos cauces de dominio público, específicamente el río Barucito y la quebrada Sin Nombre, ambos permanentes y protegidos por el ordenamiento jurídico costarricense, en los que sus zonas de protección podrían estarse viendo afectadas, conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575.
Es decir, aunque no se verificó un daño físico inmediato en el cauce como tal, sí se confirmó la presencia de construcciones en el área de protección, definida legalmente como una franja de terreno adyacente al cuerpo de agua cuya conservación es esencial para proteger su caudal, sus valores ecológicos, su función como corredor biológico y su integridad física y funcional. Dicha área, por disposición normativa expresa goza del mismo nivel de protección jurídica que el cauce mismo y cualquier intervención dentro de ella —sea por relleno, construcción, deforestación, movimiento de tierra, instalación de infraestructura turística o recreativa— requiere de permisos específicos y del dictamen técnico ambiental correspondiente.
Adicionalmente, del mismo informe se desprende que, al revisar el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces, no se encontró ninguna solicitud ni autorización vigente para obras en el sitio visitado, lo que refuerza la ilicitud de las intervenciones observadas. Esta situación evidencia una clara transgresión del marco legal ambiental y refleja una omisión sustancial en el deber de fiscalización y ejecución efectiva de las medidas preventivas, correctivas y restaurativas por parte de ambas autoridades recurridas, lo que configura una afectación directa al derecho constitucional al ambiente sano, protegido en el artículo 50 de la Constitución Política.
Bajo esta perspectiva, resulta claro que aun cuando se haya afirmado técnicamente que no hay afectación directa al agua como tal, sí existe una violación concreta al régimen de protección de los ecosistemas hídricos y su zona perimetral de conservación, lo cual, conforme al principio de precaución, al de prevención y al de no regresión ambiental, impone una actuación decidida, eficaz y articulada por parte de las autoridades competentes. Su omisión continuada, pese a las múltiples denuncias, dictámenes, inspecciones e incluso procesos judiciales en curso, constituye una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Ergo, al haberse constatado una ineficacia sistemática, sostenida y jurídicamente injustificada en la actuación de las autoridades públicas recurridas frente a una afectación ambiental concreta, corresponde declarar con lugar el presente recurso de amparo, tanto contra la Municipalidad de Pérez Zeledón como contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Dirección de Agua y el Sistema Nacional de Área de Conservación) y ordenar a las parte recurridas que en el marco de sus respectivas competencias, adopten de forma inmediata, coordinada y efectiva todas las medidas necesarias para asegurar la restauración, protección y garantía del área de protección hídrica afectada, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia. En cuanto a este punto se declara con lugar el recurso.
Del análisis integral de los autos y con fundamento en el elenco de hechos probados, esta Sala concluye que no se configura una vulneración al derecho fundamental de petición y pronta respuesta, previsto en el artículo 27 de la Constitución Política. En efecto, consta que el señor Nombre03 presentó el 07 de agosto de 2024 una gestión formal ante el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Pérez Zeledón, solicitando certificación sobre la existencia de permisos municipales de construcción y de movimientos de tierra otorgados a la empresa Finca La Familia S.A. respecto de dos propiedades. Tal solicitud fue atendida mediante los oficios CNS-0279-24-ACO y CNS-0280-24-ACO, remitidos a su correo electrónico el 14 de agosto de 2024, dentro del plazo legal. Posteriormente, ante solicitudes aclaratorias formuladas el 22 de agosto de 2024, la administración respondió mediante el oficio OFI-0473-24-ACO del 23 de agosto del mismo año, reafirmando la inexistencia de permisos en una de las fincas consultadas.
A pesar de que el petente aporta copia de un escrito —sin fecha— en el que solicita al gobierno local recurrido copias del expediente administrativo, no consta que algún funcionario o guarda de seguridad del ayuntamiento se haya negado a recibir dicha gestión -según lo alegado en el libelo de interposición-. No obstante, mediante el oficio OFI-0589-24-ACO del 16 de octubre de 2024, se remitieron al interesado copias parciales del expediente administrativo PDC-0531-2024-ACO, omitiéndose los datos personales sensibles y los planos protegidos por derechos de autor, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley N.º 8968) y propiedad intelectual (Ley N.º 6683).
Ergo, al haberse atendido material y oportunamente las gestiones formuladas y sin que se evidencie denegación arbitraria o irrazonable de información de carácter público, este Tribunal no constata lesión alguna al derecho invocado. En consecuencia, en cuanto a este extremo se declara sin lugar el recurso de amparo.
El recurso se declara parcialmente con lugar, de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la presente sentencia.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se ordena a Emanuel Ceciliano Alfaro y Andrea Herrera Chaves, por su orden alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que en el plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la notificación de esta sentencia, a) procedan a ejecutar todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del acta de clausura y de los sellos colocados en las infraestructuras construidas en la zona de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre, incluyendo inspecciones periódicas, cierre físico, rotulación visible y control efectivo del sitio y b) remitir a esta Sala, en un plazo no mayor a QUINCE DÍAS adicionales, un informe detallado y documentado de las actuaciones ejecutadas, con copia de las diligencias de inspección, fotografías del sitio, resolución administrativa adoptada y cualquier medida de seguimiento.
Asimismo, se ordena a David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez y María Gabriela Páez Vargas, por su orden director ejecutivo interino del Sistema Nacional de Área de Conservación, director regional del Área de Conservación la Amistad Pacífico y directora a.i. de la Dirección de Agua, todos del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, para que en el plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la notificación de esta resolución, a) procedan a coordinar y ejecutar las acciones necesarias para hacer cumplir la medida cautelar administrativa N.º 0560 dictada el 22 de octubre de 2024, adoptando las medidas técnicas y legales para garantizar el retiro de las plataformas, rampas u otras construcciones ilegales dentro de las zonas de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre y b) en el plazo de QUINCE DÍAS adicionales, remitan a esta Sala un informe detallado, de todas las gestiones realizadas, incluyendo cronograma de actuaciones, resoluciones técnicas, informes de inspección y medidas ejecutadas o programadas para la recuperación ambiental del sitio afectado y c) Se establezcan un mecanismo coordinado e interinstitucional de fiscalización permanente junto con la Municipalidad de Pérez Zeledón en el área afectada, a fin de evitar nuevas construcciones, ocupaciones u obras dentro de zonas de protección hídrica sin el debido permiso.
Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Pérez Zeledón al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. - Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F.
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