← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 17901-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/06/2025
OutcomeResultado
The amparo is partially granted only regarding the right to a healthy environment due to administrative omission by the respondent entities, ordering closure measures, removal of infrastructure, and inter-institutional oversight; denied as to the right of petition, which was timely addressed.Se declara parcialmente con lugar el amparo solo en cuanto al derecho a un ambiente sano por omisión administrativa de las entidades recurridas, ordenándose medidas de clausura, retiro de infraestructura y fiscalización interinstitucional; sin lugar en cuanto al derecho de petición, que fue atendido oportunamente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber examined an amparo filed by a citizen against the Municipality of Pérez Zeledón and the Ministry of Environment and Energy (MINAE) for the unauthorized construction of tourist infrastructure (platforms and ramps) within the protection zone of the Barucito River and an unnamed stream. The petitioner alleged violations of the right of access to information and the right to a healthy environment. The Chamber partially granted the amparo: it found that the information requests had been attended, so no violation of the right of petition occurred. However, it found a serious and systematic omission by the respondent authorities in effectively protecting the water protection area. Despite the existence of an administrative precautionary measure, inspections and criminal complaints, the illegal works continued and remained in active use. The Chamber ordered the Municipality to take all necessary measures to enforce the closure, and ordered the environmental authorities to coordinate actions to remove the illegal constructions, establishing a permanent inter-institutional oversight mechanism. The ruling reaffirms that the protection under Article 50 of the Constitution requires real and verifiable actions, not merely formal ones.La Sala Constitucional analiza un amparo presentado por un ciudadano contra la Municipalidad de Pérez Zeledón y el MINAE por la construcción no autorizada de infraestructura turística (plataformas y rampas) dentro de la zona de protección del río Barucito y una quebrada sin nombre. El recurrente alegó violación al acceso a la información y al derecho a un ambiente sano. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso: reconoce que las gestiones de acceso a la información fueron atendidas, por lo que no hubo violación al derecho de petición; sin embargo, constata una omisión grave y sistemática de las autoridades recurridas en la protección efectiva de la zona de protección hídrica. A pesar de la existencia de una medida cautelar, inspecciones y denuncias penales, las obras ilegales continuaron y permanecieron en uso activo. La Sala ordena a la Municipalidad adoptar todas las medidas para hacer cumplir la clausura y a las autoridades ambientales coordinar acciones para el retiro de las construcciones ilegales, estableciendo un mecanismo de fiscalización permanente interinstitucional. La sentencia reafirma que la protección del artículo 50 constitucional exige acciones reales y verificables, no meramente formales.
Key excerptExtracto clave
VI.- REGARDING THE PROTECTION ZONE OF THE BARUCITO RIVER AND THE UNNAMED STREAM. From the body of evidence in the record, it is concluded that although both the Municipality of Pérez Zeledón and the Ministry of Environment and Energy (through the Water Directorate and the National System of Conservation Areas – SINAC) have taken some steps to contain the reported harm —such as issuing certificates of nonexistent or partial permits, imposing an administrative precautionary measure (Order No. 0560), opening administrative files, coordinating joint inspections, and filing criminal complaints— the truth is that such actions have been materially insufficient and ineffective to achieve real, immediate, and effective protection of the constitutional right to a healthy environment. Indeed, it has been proven that, despite these actions, as of March 28, 2025, all reported infrastructure (ramps, observation platforms, and trails) built in the protection zone of the Barucito River and the unnamed stream still remained and were in active use by tourists and tourism staff. Moreover, on April 28, 2025, the municipal inspector verified that one of these structures —previously sealed off— was completely finished and open to the public, in apparent defiance of the closure seals previously placed, leading him to reapply the seals at that time. This repetition of violations, together with the continuity of activities and the persistence of the infrastructure, demonstrates a serious and sustained administrative omission by both respondent entities, by failing to adequately ensure the effective fulfillment of their constitutional and legal competencies regarding the protection of water recharge zones and environmental protection areas.VI.- EN CUANTO A LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL RÍO BARUCITO Y DE LA QUEBRADA SIN NOMBRE. Del conjunto de elementos probatorios que obran en el expediente, se concluye que si bien tanto la Municipalidad de Pérez Zeledón como el Ministerio de Ambiente y Energía (por medio de la Dirección de Aguas y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC) han realizado algunas gestiones tendentes a contener la afectación denunciada —tales como la emisión de constancias sobre permisos inexistentes o parciales, la imposición de una medida cautelar administrativa (orden No. 0560), la apertura de expedientes administrativos, la coordinación de inspecciones conjuntas y la denuncia penal de los hechos— lo cierto es que dichas acciones han sido materialmente insuficientes e ineficaces para lograr una protección real, inmediata y efectiva del derecho constitucional al ambiente sano. En efecto, ha quedado acreditado que, pese a dichas actuaciones al 28 de marzo de 2025 seguían presentes y en uso activo por turistas y personal de atención al turismo todas las infraestructuras denunciadas (rampas, plataformas de observación y senderos) construidas en la zona de protección del río Barucito y de la quebrada Sin Nombre. Asimismo, el 28 de abril de 2025, el inspector municipal constató que una de dichas estructuras —previamente clausurada— estaba completamente finalizada y abierta al público, en aparente desacato a los sellos de clausura colocados anteriormente, lo que lo llevó a recolocar los mismos sellos en ese momento. Esta reiteración de hechos violatorios, junto con la continuidad de las actividades y la persistencia de la infraestructura, pone en evidencia una omisión administrativa grave y sostenida por parte de ambas entidades recurridas, al no garantizar de forma idónea el cumplimiento efectivo de sus competencias constitucionales y legales en materia de protección de zonas de recarga hídrica y áreas de protección ambiental.
Pull quotesCitas destacadas
"Tal pasividad administrativa configura una violación del artículo 50 de la Constitución Política que impone al Estado —y a todas sus instituciones— el deber no solo de no dañar el ambiente, sino de protegerlo activamente, restaurarlo y prevenir su deterioro."
"Such administrative passivity constitutes a violation of Article 50 of the Constitution, which imposes on the State —and all its institutions— the duty not only not to harm the environment, but to actively protect it, restore it, and prevent its deterioration."
Considerando VI
"Tal pasividad administrativa configura una violación del artículo 50 de la Constitución Política que impone al Estado —y a todas sus instituciones— el deber no solo de no dañar el ambiente, sino de protegerlo activamente, restaurarlo y prevenir su deterioro."
Considerando VI
"Esta reiteración de hechos violatorios, junto con la continuidad de las actividades y la persistencia de la infraestructura, pone en evidencia una omisión administrativa grave y sostenida por parte de ambas entidades recurridas."
"This repetition of violations, together with the continuity of activities and the persistence of the infrastructure, reveals a serious and sustained administrative omission by both respondent entities."
Considerando VI
"Esta reiteración de hechos violatorios, junto con la continuidad de las actividades y la persistencia de la infraestructura, pone en evidencia una omisión administrativa grave y sostenida por parte de ambas entidades recurridas."
Considerando VI
"El derecho al ambiente sano, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional no es simplemente una cláusula programática, sino que tiene fuerza normativa plena, goza de protección directa e inmediata mediante el recurso de amparo y su respeto impone obligaciones positivas a las autoridades públicas."
"The right to a healthy environment, as the Constitutional Chamber has stated, is not merely a programmatic clause, but has full normative force, enjoys direct and immediate protection through the amparo remedy, and its respect imposes positive obligations on public authorities."
Considerando VI
"El derecho al ambiente sano, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional no es simplemente una cláusula programática, sino que tiene fuerza normativa plena, goza de protección directa e inmediata mediante el recurso de amparo y su respeto impone obligaciones positivas a las autoridades públicas."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
WHEREAS (CONSIDERANDO) VI.- REGARDING THE PROTECTION ZONE OF THE BARUCITO RIVER AND THE UNNAMED STREAM. From the body of evidence in the case file, it is concluded that although both the Municipality of Pérez Zeledón and the Ministry of Environment and Energy (through the Water Directorate and the National System of Conservation Areas – SINAC) have undertaken some efforts aimed at containing the reported impact —such as issuing certificates of non-existent or partial permits, imposing an administrative precautionary measure (Order No. 0560), opening administrative case files, coordinating joint inspections, and filing a criminal complaint regarding the facts— the truth is that these actions have been materially insufficient and ineffective in achieving real, immediate, and effective protection of the constitutional right to a healthy environment.
In fact, it has been proven that, despite these actions, as of March 28, 2025, all the reported infrastructure (ramps, observation platforms, and trails) built in the protection zone of the Barucito River and the Unnamed Stream remained present and in active use by tourists and tourist service personnel. Likewise, on April 28, 2025, the municipal inspector verified that one of these structures —previously closed— was completely finished and open to the public, in apparent disregard of the previously placed closure seals, leading him to replace the same seals at that time.
This repetition of violating acts, together with the continuity of the activities and the persistence of the infrastructure, reveals a serious and sustained administrative omission by both respondent entities, failing to adequately guarantee the effective fulfillment of their constitutional and legal competencies regarding the protection of water recharge zones and environmental protection areas.
Such administrative passivity constitutes a violation of Article 50 of the Political Constitution, which imposes on the State —and all its institutions— the duty not only to avoid damaging the environment but to actively protect it, restore it, and prevent its deterioration. The right to a healthy environment, as the Constitutional Chamber has noted, is not merely a programmatic clause but has full normative force, enjoys direct and immediate protection through the amparo appeal, and its respect imposes positive obligations on public authorities, which must act in a timely, preventive, and effective manner.
This duty requires real and verifiable results, as the Inter-American Court of Human Rights has also reiterated, establishing that the right to a healthy environment is an autonomous right, protected by Article 11 of the Protocol of San Salvador and developed in its Advisory Opinion OC-23/17, where it is emphasized that States have the obligation to prevent, regulate, and repair environmental impacts that jeopardize life, health, integrity, or human dignity, even when there is no immediate physical harm, but there is an impact on the ecological and functional integrity of ecosystems.
In this case, the sustained omissions in fulfilling the duties of surveillance, sanction, and enforcement by MINAE and the Municipality of Pérez Zeledón have allowed a situation clearly contrary to constitutional and conventional environmental protection standards to persist over time, affecting not only the protection zone —whose conservation is of national public interest— but also the rights of the protected party as an environmental complainant and the diffuse interests of the community.
Although the case file shows that officials from the Water Directorate of MINAE indicated in the corresponding technical report —official communication DA-UHTPSOZ-0016-2025— that no direct impact was found on the water resource itself —that is, on the active channel (cauce) of the river or stream— it was also reliably recorded that, through official communication DA-UHTPSOZ-0013-2025, the same Directorate confirmed the existence of two public-domain channels (cauces de dominio público), specifically the Barucito River and the Unnamed Stream, both permanent and protected by the Costa Rican legal system, whose protection zones could be affected, as provided in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575.
That is, although no immediate physical damage to the channel (cauce) itself was verified, the presence of constructions in the protection area was confirmed, legally defined as a strip of land adjacent to the body of water whose conservation is essential for protecting its flow, ecological values, function as a biological corridor, and its physical and functional integrity. This area, by express regulatory provision, enjoys the same level of legal protection as the channel (cauce) itself, and any intervention within it —whether by fill, construction, deforestation, earthworks (movimiento de tierra), or installation of tourist or recreational infrastructure— requires specific permits and the corresponding environmental technical assessment (dictamen técnico ambiental).
Additionally, the same report shows that, upon reviewing the National Registry of Concessions and Works in Channels (Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces), no application or current authorization for works at the visited site was found, reinforcing the unlawfulness of the observed interventions. This situation demonstrates a clear transgression of the environmental legal framework and reflects a substantial omission in the duty of oversight and effective enforcement of preventive, corrective, and restorative measures by both respondent authorities, which constitutes a direct impact on the constitutional right to a healthy environment, protected in Article 50 of the Political Constitution.
From this perspective, it is clear that even though it was technically affirmed that there is no direct impact on the water as such, there is a concrete violation of the protection regime for water ecosystems and their perimeter conservation zone, which, in accordance with the principles of precaution, prevention, and non-regression in environmental matters, demands decisive, effective, and coordinated action by the competent authorities. Their continued omission, despite multiple complaints, assessments (dictámenes), inspections, and even ongoing judicial proceedings, constitutes a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Therefore, having verified a systematic, sustained, and legally unjustified ineffectiveness in the actions of the respondent public authorities regarding a specific environmental impact, it is appropriate to grant this amparo appeal, both against the Municipality of Pérez Zeledón and against the Ministry of Environment and Energy (Water Directorate and the National System of Conservation Areas) and to order the respondent parties, within the framework of their respective competencies, to adopt immediately, in a coordinated and effective manner, all necessary measures to ensure the restoration, protection, and guarantee of the affected water protection area, as provided in the operative part of this judgment. Regarding this point, the appeal is granted.
From a comprehensive analysis of the case records and based on the set of proven facts, this Chamber concludes that no violation of the fundamental right to petition and timely response, provided in Article 27 of the Political Constitution, has occurred. Indeed, it is recorded that Mr. Freddy [Name 001] filed a formal request on August 7, 2024, before the Engineering Department of the Municipality of Pérez Zeledón, requesting certification regarding the existence of municipal construction and earthworks (movimientos de tierra) permits granted to the company Finca La Familia S.A. regarding two properties. This request was addressed through official communications CNS-0279-24-ACO and CNS-0280-24-ACO, sent to his email on August 14, 2024, within the legal period. Subsequently, in response to clarifying requests made on August 22, 2024, the administration responded through official communication OFI-0473-24-ACO dated August 23 of the same year, reaffirming the non-existence of permits in one of the consulted properties.
Although the petitioner provides a copy of a document —undated— in which he requests copies of the administrative case file from the respondent local government, there is no record that any official or security guard of the municipality refused to receive this request —as alleged in the filing document (libelo de interposición)—. However, through official communication OFI-0589-24-ACO dated October 16, 2024, partial copies of administrative case file PDC-0531-2024-ACO were sent to the interested party, omitting sensitive personal data and plans protected by copyright, in accordance with current regulations on personal data protection (Law No. 8968) and intellectual property (Law No. 6683).
Therefore, since the requests made were substantively and timely addressed, and without evidence of arbitrary or unreasonable denial of public information, this Court finds no injury to the invoked right. Consequently, regarding this aspect, the amparo appeal is dismissed.
The appeal is partially granted, in accordance with what is indicated in the operative part of this judgment. (...)
On the principles of progressiveness and non-regression of environmental protection. The principle of progressiveness of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration for those which, like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all rights-holders.
From the principle of progressiveness of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in numeral 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply an absolute irreversibility, since all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to natural causes, that negatively impact the achievements reached until then and force a downward reassessment of the new level of protection.
In such cases, the Law of the Constitution and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: “…in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of open access to medicines, it cannot—much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: “The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with the Law of the Constitution, which does not admit a regression to its detriment.” (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).” (The highlighting does not correspond to the original).
(In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745, and 2019-017397).” Thus, in accordance with the principle of progressiveness, the State assumes the obligation to increase, as far as possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, in a given case, the corresponding compensation measures must be weighed.
Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection in these terms:
“Regarding the environment, the object of the fundamental right set forth, our Magna Carta also requires that it be ‘healthy.’ The requirement ‘healthy’ leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘succession capacity’ to guarantee life. From both requirements: ‘healthy’ and ‘balanced,’ the need for sustainable and durable development follows; quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ ‘ecologically balanced,’ the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, in such a way that, under the terms of ordinals 16 of the Ley General de la Administración Pública and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unambiguous rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, a ‘greater well-being for all the inhabitants of the country.’ Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unambiguous rules of science and technique, the Chamber has called it the principle of objectification of environmental protection: ‘The objectification of environmental protection (…) is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or "principle of prudent avoidance"], insofar as, derived from the provisions of articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública, it translates into the need to accredit technical studies for decision-making in this matter, both in relation to acts and provisions of a general nature—both legal and regulatory—from which derives the requirement of linkage to science and technique, thereby conditioning the discretion of the Administration in this matter.
So that, in attention to the results derived from those technical studies—such as environmental impact assessment studies—if an objective technical criterion is evidenced denoting the probability of evident damage to the environment, natural resources, or the health of people, it becomes obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the case of a "reasonable doubt," it becomes obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which can translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (the highlighting was added). (Resolution no. 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012). (…)” VCG06/2025 ... See more SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on June thirteenth, two thousand twenty-five.
Amparo action processed in expediente number No. 24-027574-0007-CO, filed by FREDDY ADOLFO SÁENZ ALTAMIRANO, identity card CED09, against the MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.
Resultando:
According to the received stamp contained in the attached complaint, the undersigned filed the complaint before the Construction Control Department (Departamento de Control Constructivo), but also presented it before the Mayor's Office and Municipal Council of Pérez Zeledón, as it is my style to present such complaints before the Superiors of the Body responsible for processing said complaints, since in a cross-check the three bodies can order the measures necessary to satisfactorily resolve the claims formulated before them by the administered parties, especially when they involve violations against the environment and natural resources."
Added to this, and with the aim of elucidating the present matter, on April 28 of the current year, municipal inspector Emilio López Duarte states that, on the property registered under folio real 1-246334-000 in the name of Finca La Familia S.A., it was confirmed that the ramp is completely finished and open to the public, thus demonstrating disregard for the closure seals previously placed by this Municipality, which is why at that precise moment the closure seals were again placed on the structure, attaching a photographic sequence of what was just described. Due to the foregoing, the Municipality has strictly followed the procedure for this type of complaint, carrying out each of the corresponding steps, in the search for the real truth of the facts and to proceed with the respective final act." It requests that the appeal be dismissed.
The Political Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, to guarantee is to ensure and protect the right against any risk or need; to defend is to forbid, prohibit, and prevent any activity that threatens the right; and to preserve is an action aimed at shielding the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of action and inaction; on one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and, on the other hand, it must undertake the task of issuing measures that allow compliance with constitutional requirements." (Judgment number 00644–99 of eleven hours twenty-four minutes on the twenty-ninth of January of nineteen ninety-nine; in the same sense, see number 4947-2002 of nine hours twenty-four minutes on the twenty-fourth of May of two thousand two) (…)” VCG07/2020.
In the case under review, we see how the Institutions charged with protecting the environment, natural resources, and biodiversity have maintained an omission and clearly passive conduct, despite the seriousness of the damage caused, which makes me think that what is rumored in the streets of San Isidro de Pérez Zeledón is true, that the offending company paid for inaction and silence, because it makes no sense for those officials to risk being sued in Criminal Court for the crime of Breach of Duties and Personal Favoritism, for free. This silence and omission conduct, with or without bribery, is reprehensible, as it has been ongoing for several months without positive results; in fact, note that according to the inspection record in the case file, since October 2024, the respondent institutions corroborated the existence of the infractions, and despite the damage caused and the damage that would be caused by the visit of people who leave trash along the riverbed, they have not adopted the measures that the case warrants and that the law obliges them to; in fact, they did not even seize the equipment with which they perpetrated the crime, nor did they report the offender to the Public Prosecutor's Office, and then they omitted to proceed with the consequent demolition once the existence of the reported infractions was corroborated, generating a chain reaction of damages.
The undersigned appellant is extremely concerned about the water resource, as the river is being contaminated by visitors, likewise the wildlife whose habitat is being disturbed by visitors, besides the fact that the felling of trees and all sorts of existing forest on the site affected and continues to affect wildlife, since many of the birds and mammals that inhabit the site lost their home, because with the permit granting process in River Protection Zones suspended, the reported constructions were erected surreptitiously and without any type of oversight or studies from the Government Entities in charge of granting this type of permits. Despite the foregoing, the officials of the respondent offices remain inert, as if the situation brought to their attention were not the responsibility of their offices; note how nonchalantly they allude to the fact that despite the stop-work and closure order, the offending company continued its works until their completion and commissioning, but they do not say that they are diligently engaged in the demolition process and in filing complaints before the Requiring Body, as is their duty, as required by the Forest Law (Ley Forestal) in its articles 54 and 57, for the officials who carried out the initial proceedings, and after that the officials who took over the matter, and finally, the officials whom this Chamber summoned ex officio.
It is lamentable that, with a citizen interested in protecting the environment, reporting the infractions and providing incriminating evidence, the very officials of the sued Institutions ignore his efforts, even treating him with contempt; all this and being a lawyer, so I ask myself, what would happen if it is an ordinary citizen who reports? Surely they would not have even gone to carry out the initial inspection. While this inertia and omission conduct in general persists, the environment is being overlooked as well as the rights of the country's inhabitants, and incidentally the water resource is being contaminated, which the respondents seem not to care about, its protection being an obligation of the respondent authorities, because, although I come before this Honorable Chamber in protection of that right, it is the respondent Institutions whose responsibility it is to protect it ex officio; however, from what the respondents have reported, it is not noticeable that they have issued any measure aimed at protecting the water resource, which is fundamental for the development of the populations that benefit from the waters of the Barucito River that is sought to be protected …”.
Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,
Considering:
Although Mr. Néstor Morera Víquez, in his capacity as special judicial representative of the company Finca La Familia S.A., maintains that Mr. Nombre02 was notified on May 6, 2025, of the ruling issued at 12:06 p.m. on April 24, 2025, accompanied by a compact disc (CD) and affirms that upon verifying said digital medium it did not contain any file or document; he subsequently had access to the case file -as he requested- and provided a timely response to the hearing granted by said ruling.
The appellant files an amparo appeal alleging the violation of his fundamental right of access to public information, due to the municipality's refusal to provide him with a copy of the construction permit granted to the company Finca La Familia S.A., which is carrying out works within the protection zone of the Barecito River. Although he submitted a duly authenticated formal request, municipal officials refused to provide the document, arguing that it is private information and can only be disclosed by court order. The plaintiff considers said refusal unjustified, as it is information of clear public interest, given the potential environmental impact derived from the works. Therefore, he requests that the appeal be granted, that his right of access to public information be restored, and that the right to a healthy environment be safeguarded.
Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
Regarding the Municipality of Pérez Zeledón.
Regarding the National System of Conservation Areas and the Water Directorate.
By means of an inspection carried out on October 22, 2024, conducted jointly with staff from your represented office Zeledón and the municipality of Pérez Zeledón, at the complaint site with coordinates CRTM05 Lat. 1023305 Long 520963, San José, Pérez Zeledón, Barú district, place known as Platanillo, specifically at the site known as Cataratas Nauyaca, property with folio real number CED07, where the possible invasion of the protection zone of the Barucito River and the Unnamed Stream (Quebrada Sin Nombre) is observed as described below. Construction of infrastructure in the protection zone: on the south bank of the Barucito River channel, the construction of access ramps and an observation platform is observed in the protection zone (figure 1) of both the Barucito River and the Unnamed Stream (Quebrada Sin Nombre) determined by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025; in some cases the works were found less than 10 meters from the channels (photographs are inserted) …”.
“... No works, modifications, or direct impacts to the determined public domain channels are observed. Reviewed the National Registry of Determinations, Concessions, and Works in Channels of this Directorate, no reference was found regarding a request for work in the channel for the complaint site. The water bodies whose protection zones are being invaded are the Barucito River, a public domain water body of a permanent nature according to the 1:50,000 cartographic sheet Dominical number 3443-IV and the Unnamed Stream (quebrada Sin Nombre), both water bodies determined by this directorate by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025 attached. This is communicated for you to proceed as appropriate.” (see report rendered under oath and attached evidence).
No infrastructure was observed within the public domain channels. No impact to the water resource was found. Two public domain channels were determined by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025, whose protection zones established in Article 33 of the Forest Law (ley forestal) are possibly being affected. Reviewed the National Registry of Concessions and Works in Channels, there are no permits for work in the channel for the visited site. The inspection report and determinations of the water bodies found were forwarded to the National System of Conservation Areas for appropriate action by official letter DA-UHTPSOZ-0014-2025 notified on December 8, 2025. Therefore, within the competencies of this Directorate, the complaint with ID CED08 is considered addressed.” (see report rendered under oath and attached evidence).
In October 2024, the complaint is received (internal control 4615-2024 and 34-2025) in the office of the Water Directorate of MINAE, Térraba Pacifico Sur Hydrological Unit, from Mr. Freddy Adolfo Sáenz Altamirano against “Nombre02 identity card: CED02” in which he indicated “Approximately one month ago, the accused Nombre02, in the stated conditions, began to build huge semi-suspension bridges and observation platforms within the 50 meters of the River Protection Zone on the property” the following actions were carried out: • An inspection is coordinated jointly with the Sub Regional Office of SINAC Nombre01 and the Municipality of Pérez Zeledón, carried out on October 22, 2024, at the complaint site. • On the day of the visit, the officials of the Sub Regional Office of SINAC Nombre01 imposed precautionary measure number 0560 on the property owner to “stop all construction work and/or invasion of the protection area of the Barucito River and any other public domain water body”. • Based on said inspection, the following was determined by this Directorate: No infrastructure was observed within the public domain channels. - No direct impact to the water resource was found. - By means of official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025 (attached), two public domain channels were determined, the Barucito River and the Unnamed Stream (Quebrada Sin Nombre), whose protection zones established in Article 33 of the forest law (ley forestal) are possibly being affected, as indicated in said report. - Reviewed the National Registry of Concessions and Works in Channels, there are no permits for work in the channel for the visited site. - By means of official letter DA-UHTPSOZ-0014-2025 notified on January 8, 2025 (attached), the inspection report and determinations of the water bodies found were forwarded to the National System of Conservation Areas, from said report it is worth highlighting: “Construction of infrastructure in the protection zone: on the south bank of the Barucito River channel, the construction of access ramps and an observation platform is observed in the protection zone (figure 1) of both the Barucito River and the Unnamed Stream (Quebrada Sin Nombre) determined by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025; in some cases the works were found less than 10 meters from the channels”, likewise photographs of the observed infrastructure were attached. - By official letter DA-UHTPSOZ-0016-2025 notified on January 9, 2025 (attached), Mr.
Freddy Adolfo Sáenz Altamirano was informed of the inspection report and determinations of the water bodies and the forwarding of the complaint to the National System of Conservation Areas. • Upon forwarding the complaint and the apparent non-compliance with the administrative order imposed by SINAC; this entity proceeded to file criminal complaint with case number 25-000038-0219-PE. • In follow-up to the aforementioned complaint, a field visit was carried out on March 28, 2025, accompanied by Mr. Allan Cordero Martínez, Environmental Protection Technician of the PÉREZ ZELEDÓN SUBREGION, in which the permanence of the infrastructure in the protection zone was observed, both of the Barucito River and the Unnamed Stream (Quebrada Sin Nombre) determined by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025, in full use by tourists and tourism service staff (figure 1). (photographs are inserted) …”. “... No infrastructure was observed within the public domain channels. No direct impact to the water resource was found. This is reported for your appropriate action.” (see report rendered under oath and attached evidence).
During the inspection, the permanence of all the reported infrastructure was verified —in criminal cases Nos. 22-000029-0219-PE and 25-000038-0219-PE— which were in active use by tourists and tourism service personnel, despite the administrative measures adopted and the ongoing criminal proceedings (see report rendered under oath and attached evidence).
Of importance for the decision in this matter, the following fact is deemed not demonstrated:
SOLE. That the petitioner attempted to submit a request for copies of the administrative file before the Municipality of Nombre01 and that any official or security guard of the respondent municipality refused to receive said request.
The right to petition and prompt response, sheltered in articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obligates public officials to resolve the requests of the administered within a period of ten business days from the date of filing of such proceedings, in the absence of another deadline having been set for answering. However, cited article 32 also provides that in deciding the petition, the Chamber will assess the reasons adduced for considering that deadline insufficient, given the circumstances and the nature of the matter, in which case the Administration is always obligated to inform the petitioner of the causes for the delay in issuing a ruling. In any case, the duty to resolve does not imply obtaining a favorable or unfavorable response, but it does imply the necessary congruence between the object of what was requested and that of what was answered.
Concerning the preventive and precautionary principles, in judgment no. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber specified:
“In this line of thought, specialized doctrine has indicated that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee potential negative impacts. On the other hand, the precautionary principle indicates that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that this principle starts from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage.
In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work provokes. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)” (the bold has been supplied).
Precisely, the precautionary principle must be understood as contemplated in principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: “When there is danger of serious or irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of cost-effective measures to prevent environmental degradation.” That is, it is not about the requirement of having scientific studies to arrive at the ‘absolute certainty’ of the innocuousness of an activity towards the environment (in principle, total security is hardly attainable), but rather that, even if the danger of serious or irreversible damage to the environment is not entirely assured, such uncertainty will never justify nor excuse the postponement of the execution of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be noted, on the one hand, that this does not involve just any type of threat —it must plausibly involve a serious danger—, and, on the other hand, that the measure demands efficient and effective use of the resources employed.
In the sense expressed, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly with the argument that any activity could generate damage to the environment —which would denaturalize its raison d'être—, but rather it is necessary that there be some degree of identification of the dangers of serious or irreversible damage that could be generated, the determination of which varies in consideration of the particularities of the specific case. Thus, when faced with a situation that demands the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request that reasonably entails a serious risk; they are even obligated to suspend the activities that are being carried out. Simultaneously, they must efficiently and effectively adopt all measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.
The aforementioned principle is likewise gathered in a legal source of hard law, since principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change —ratified by Costa Rica through law no. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states— establishes:
“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To that end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties” (the emphasis has been added).
The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which is ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica —see law no. 8538 of August 23, 2006—, in which one reads:
“ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)”.
Similarly, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through law no. 7416 of June 30, 1994, in whose preamble it is established: “(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)”.
In accordance with the referenced regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC 23/17 of November 15, 2017:
“180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle, for purposes of protecting the right to life and personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could entail serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible damage. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, whereby, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are “effective” to prevent serious or irreversible damage” (the highlighting has been added).
Subsequent to that resolution and by means of a judgment, in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina, the IAC HR Court ruled on February 6, 2020, in this manner: “the right to a healthy environment ‘must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention’, given the obligation of States to achieve the ‘integral development’ of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter.” Of high significance, it must be underlined that, in this ruling, the IAC HR Court refers to advisory opinion no. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of that right, by virtue of which the legal considerations of the latter have logically come to attain the legal bindingness proper to a judgment. In that sense, the international jurisdictional body reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humanity’, and that ‘as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons.
It is about protecting nature’, not only for its ‘utility’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared’. The foregoing does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage.” Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the IAC HR Court clearly details the state obligations in the face of possible damage to the environment, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.
In summary, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in this regard does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.
Concerning the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (no. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law “confirmed by relevant practice in many environmental treaties and major codification projects.” Now, although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary damage, the truth is that this general principle of law, as duly recorded in the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session no. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to “the causes and sources of environmental problems being addressed in a prioritized and integrated manner, trying to prevent the negative effects that may occur on the environment.
The prevention criterion will prevail then, over any other in public and private management of the environment and natural resources.” The foregoing makes complete sense, since it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not merely to decide on the repair of harmful consequences already corroborated, including ordering the cessation of harmful effects.
Such an institute is reflected, among other norms, in articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through law no. 7291) and 5 and Annex II of the United Nations Agreement on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through law no. 8059), as well as in constitutional jurisprudence (see judgments nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021 and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional jurisprudence, for example, in advisory opinion no. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs: 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242 and the judgment of November 24, 2022, Nombre06 vs. Chile. Precisely, in the latter, the IAC HR Court expressly indicates:
“208. Without prejudice to the foregoing, in specific environmental matters, it should be highlighted that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the measures that are necessary ex ante the production of environmental damage, taking into consideration that, due to its particularities, frequently it will not be possible, after such damage has occurred, to restore the pre-existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that ‘States are obliged to use all means at their disposal to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant damage to the […] environment’200. This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage201.
On the other hand, although it is not possible to make a detailed enumeration of all the measures that States could take to fulfill this duty, some may be pointed out, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and monitor; iii) require and approve environmental impact studies; iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of occurrence of environmental damage202.” For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters,’ that “in case of doubt, all processes before courts, administrative bodies and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them” (see principle V).
In this sense, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session no. 28-2020 of May 25, 2020), “Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, according to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over private ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt the interpretation that most broadly protects the environment shall be preferred.” The in dubio pro natura principle, then, does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage —as occurs with the precautionary principle—, but rather implies a “general rule of behavior, for the relationship of the State —and society in general— with the environment, applicable to all areas of decision-making in which there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid opting for those conducts that may cause damage to the environment, when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).
On the other hand, in judgment no. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this way:
“V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under the protection of these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration of those, which like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions from the State for their protection and full enjoyment by all their holders.
From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in article 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, nor approve legal norms that worsen, without reasonable and proportional justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not suppose an absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to acts of nature, that negatively impact the achievements reached up to then and force a downward reconsideration of the new level of protection.
In those cases, the Law of the Constitution and the principles under examination oblige justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, of the reduction in the levels of protection. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: ‘…in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus then, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot —much less through an International Treaty— reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting commerce. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment it said: ‘The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment pursuant to the Law of the Constitution, which does not admit regression to its detriment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).” (The highlighting does not correspond to the original).
(In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397).” Thus, in accordance with the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportional justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, as the case may be, the corresponding compensatory measures must be weighed.
Finally, this Court explained the principle of objectivization of environmental protection in these terms:
“Regarding the environment, the object of the fundamental right exposed, our Magna Carta further demands that it be “healthy.” The requirement “healthy” leads us to “regenerative capacity” and “succession capacity” to guarantee life. From both requirements: “healthy” and “balanced” comes the need for sustainable and supportable development; quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of “environment,” “healthy,” “ecologically balanced,” the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, be they legislative or administrative, in such a way that, in the terms of articles 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment, state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the univocal rules of science and technique in order to achieve full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, additionally, a “greater well-being for all the inhabitants of the country.” Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the univocal rules of science and technique, the Chamber has called it the principle of objectivization of environmental protection: ‘From the objectivization of environmental protection (…) it is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or “principle of prudent avoidance”], as, derived from the provisions of articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to general provisions –both legal and regulatory–, from which derives the requirement of linkage to science and technique, which conditions the Administration’s discretion in this matter.
So that, in attention to the results derived from those technical studies –such as environmental impact studies–, if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident damage to the environment, natural resources or people’s health, it becomes obligatory to reject the proposed project, work or activity; and in case of a “reasonable doubt” it is obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which can translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (the highlighting has been added). (Resolution no. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).
From the set of evidentiary elements contained in the file, it is concluded that although both the Municipality of Nombre01 and the Ministry of Environment and Energy (through the Directorate of Waters and the National System of Conservation Areas – SINAC) have carried out some actions aimed at containing the reported affectation —such as the issuance of certificates regarding non-existent or partial permits, the imposition of an administrative precautionary measure (order No. 0560), the opening of administrative files, the coordination of joint inspections, and the criminal complaint of the facts— the truth is that said actions have been materially insufficient and ineffective to achieve real, immediate, and effective protection of the constitutional right to a healthy environment.
Indeed, it has been proven that, despite said actions, as of March 28, 2025, all reported infrastructure (ramps, observation platforms, and trails) built in the protection zone of the Barucito River and the Unnamed Stream was still present and in active use by tourists and tourism service personnel. Likewise, on April 28, 2025, the municipal inspector verified that one of said structures —previously closed— was completely finished and open to the public, in apparent disregard of the closure seals placed previously, which led him to reapply the same seals at that time.
This reiteration of violative acts, together with the continuity of the activities and the persistence of the infrastructure, reveals a serious and sustained administrative omission by both respondent entities, in failing to ideally guarantee the effective compliance with their constitutional and legal competences regarding the protection of water recharge zones and environmental protection areas.
Such administrative passivity constitutes a violation of article 50 of the Political Constitution, which imposes on the State —and all its institutions— the duty not only not to harm the environment, but to actively protect it, restore it, and prevent its deterioration. The right to a healthy environment, as the Constitutional Chamber has indicated, is not simply a programmatic clause, but rather has full normative force, enjoys direct and immediate protection through the amparo remedy, and its respect imposes positive obligations on public authorities, which must act in a timely, preventive, and effective manner.
This duty requires real and verifiable results, as the Inter-American Court of Human Rights has also reiterated, by establishing that the right to a healthy environment is an autonomous right, protected by article 11 of the Protocol of San Salvador and developed in its Advisory Opinion OC-23/17, where it is emphasized that States have the obligation to prevent, regulate, and repair environmental impacts that put life, health, integrity, or human dignity at risk, even when there is no immediate physical damage, but there is an impact on the ecological and functional integrity of ecosystems.
In this case, the sustained omissions in the fulfillment of duties of surveillance, sanction, and enforcement by MINAE and the Municipality of Nombre01 have allowed a situation clearly contrary to constitutional and conventional standards of environmental protection to persist over time, affecting not only the protection zone—whose conservation is of national public interest—but also the rights of the petitioner as an environmental complainant and the diffuse interests of the community.
Although it is recorded in the file that officials of the Directorate of Waters of MINAE indicated in the corresponding technical report -official communication DA-UHTPSOZ-0016-2025- that no direct affectation to the water resource itself was found —that is, to the active watercourse of the river or the stream—it was also reliably recorded that through official communication DA-UHTPSOZ-0013-2025 the same Directorate ruled the existence of two public domain watercourses, specifically the Barucito River and the Unnamed Stream, both permanent and protected by the Costa Rican legal system, in which their protection zones could be being affected, in accordance with the provisions of article 33 of Forest Law No. 7575.
That is, although no immediate physical damage was verified in the watercourse as such, the presence of constructions in the protection area was confirmed, legally defined as a strip of land adjacent to the body of water whose conservation is essential to protect its flow, its ecological values, its function as a biological corridor, and its physical and functional integrity. Said area, by express regulatory provision, enjoys the same level of legal protection as the watercourse itself, and any intervention within it —whether by fill, construction, deforestation, earthworks (movimientos de tierra), installation of tourist or recreational infrastructure— requires specific permits and the corresponding environmental technical opinion.
Additionally, from the same report it is apparent that, when reviewing the National Registry of Concessions and Works in Watercourses, no request or valid authorization was found for works at the visited site, which reinforces the illegality of the observed interventions.
This situation reveals a clear violation of the environmental legal framework and reflects a substantial omission in the duty of oversight and effective enforcement of preventive, corrective, and restorative measures on the part of both respondent authorities, which constitutes a direct infringement of the constitutional right to a healthy environment, protected under Article 50 of the Political Constitution.
Under this perspective, it is clear that even though it has been technically affirmed that there is no direct impact on the water as such, there is indeed a concrete violation of the protection regime for water ecosystems and their perimeter conservation zone, which, in accordance with the principles of precaution, prevention, and environmental non-regression, imposes decisive, effective, and coordinated action by the competent authorities. Their continued omission, despite multiple reports, technical opinions, inspections, and even ongoing judicial proceedings, constitutes a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Ergo, having verified a systematic, sustained, and legally unjustified ineffectiveness in the actions of the respondent public authorities in the face of a concrete environmental impact, it is appropriate to grant this amparo petition, both against the Municipality of Nombre01 and against the Ministry of Environment and Energy (MINAE) (the Water Directorate and the National System of Conservation Areas), and to order the respondent parties, within the framework of their respective competences, to immediately, in a coordinated and effective manner, adopt all necessary measures to ensure the restoration, protection, and safeguarding of the affected water protection area, as set forth in the operative part of this judgment. On this point, the amparo petition is granted.
From the comprehensive analysis of the case file and based on the set of proven facts, this Chamber concludes that no violation of the fundamental right to petition and prompt response, established in Article 27 of the Political Constitution, has occurred. Indeed, it is on record that Mr. Freddy Adolfo Sáenz Altamirano filed a formal request on August 7, 2024, with the Engineering Department of the Municipality of Pérez Zeledón, seeking certification regarding the existence of municipal construction and earthworks (movimientos de tierra) permits granted to the company Finca La Familia S.A. concerning two properties. This request was addressed through official letters CNS-0279-24-ACO and CNS-0280-24-ACO, sent to his email on August 14, 2024, within the legal time limit. Subsequently, in response to requests for clarification filed on August 22, 2024, the administration replied through official letter OFI-0473-24-ACO dated August 23 of the same year, reaffirming the non-existence of permits on one of the consulted properties.
Although the petitioner provides a copy of a document—undated—in which he requests from the respondent local government copies of the administrative file, there is no record that any official or security guard of the municipality refused to receive said request—as alleged in the complaint initiating this action. However, through official letter OFI-0589-24-ACO dated October 16, 2024, partial copies of the administrative file PDC-0531-2024-ACO were sent to the interested party, omitting sensitive personal data and plans protected by copyright, in accordance with the provisions of current regulations on personal data protection (Law No. 8968) and intellectual property (Law No. 6683).
Ergo, the requests having been substantively and timely addressed and with no evidence of arbitrary or unreasonable denial of information of a public nature, this Court finds no injury to the invoked right. Consequently, on this point, the amparo petition is denied.
The petition is partially granted, in accordance with what is stated in the operative part of this judgment.
The parties are warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or one produced by new technologies, has been submitted, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Notice is given that any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.
Therefore:
The amparo petition is partially granted, solely regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. Emanuel Ceciliano Alfaro and Andrea Herrera Chaves, in their respective roles as mayor and council president, both of the Municipality of Pérez Zeledón, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their competences so that, within the period of FIFTEEN DAYS from the notification of this judgment, a) they proceed to execute all necessary measures to ensure effective compliance with the closure order (acta de clausura) and the seals placed on the infrastructure built in the protection zone of the Barucito River and the Quebrada Sin Nombre, including periodic inspections, physical closure, visible signage, and effective site control, and b) they send to this Chamber, within an additional period of no more than FIFTEEN DAYS, a detailed and documented report of the executed actions, with copies of the inspection records, photographs of the site, the adopted administrative resolution, and any follow-up measure.
Likewise, David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez, and María Gabriela Páez Vargas, in their respective roles as interim executive director of the National System of Conservation Areas (SINAC), regional director of the La Amistad Pacífico Conservation Area (ACOSA), and interim director of the Water Directorate, all of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), or whoever occupies those positions in their stead, are ordered so that, within the period of FIFTEEN DAYS from the notification of this resolution, a) they proceed to coordinate and execute the necessary actions to enforce Administrative Precautionary Measure No. 0560 issued on October 22, 2024, adopting technical and legal measures to guarantee the removal of platforms, ramps, or other illegal constructions within the protection zones of the Barucito River and the Quebrada Sin Nombre, and b) within an additional period of FIFTEEN DAYS, they send to this Chamber a detailed report of all actions taken, including a schedule of activities, technical resolutions, inspection reports, and measures executed or planned for the environmental recovery of the affected site, and c) they establish a coordinated and inter-institutional permanent oversight mechanism together with the Municipality of Nombre01 in the affected area, in order to prevent new constructions, occupations, or works within water protection zones without the proper permit.
The foregoing is ordered with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed upon those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and who fail to comply with it or fail to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of Nombre01 are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated during the execution of sentence proceedings in the administrative litigation court. In all other respects, the amparo petition is denied. - Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
PERMISOS.
Tema: INFORMACIÓN Subtemas:
DENEGATORIA.
Tema: PETICIÓN Subtemas:
DENEGATORIA.
017901-25. MUNICIPALIDAD. INFORMACIÓN. PETICIÓN. SE ACUSA LA NEGATIVA DE INFORMACIÓN, SOBRE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADOS A UNA EMPRESA, EN UNA ZONA DE PROTECCIÓN, ADUCIENDO QUE ES DE CARÁCTER PRIVADO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN, : A) PROCEDAN A EJECUTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE CLAUSURA Y DE LOS SELLOS COLOCADOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL RÍO BARUCITO Y LA QUEBRADA SIN NOMBRE, INCLUYENDO INSPECCIONES PERIÓDICAS, CIERRE FÍSICO, ROTULACIÓN VISIBLE Y CONTROL EFECTIVO DEL SITIO Y B) REMITIR A ESTA SALA, EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS ADICIONALES, UN INFORME DETALLADO Y DOCUMENTADO DE LAS ACTUACIONES EJECUTADAS, CON COPIA DE LAS DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN, FOTOGRAFÍAS DEL SITIO, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ADOPTADA Y CUALQUIER MEDIDA DE SEGUIMIENTO. A MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA: A) PROCEDAN A COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA HACER CUMPLIR LA MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA N.º 0560 DICTADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2024, ADOPTANDO LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y LEGALES PARA GARANTIZAR EL RETIRO DE LAS PLATAFORMAS, RAMPAS U OTRAS CONSTRUCCIONES ILEGALES DENTRO DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO BARUCITO Y LA QUEBRADA SIN NOMBRE Y B) EN EL PLAZO DE QUINCE DÍAS ADICIONALES, REMITAN A ESTA SALA UN INFORME DETALLADO, DE TODAS LAS GESTIONES REALIZADAS, INCLUYENDO CRONOGRAMA DE ACTUACIONES, RESOLUCIONES TÉCNICAS, INFORMES DE INSPECCIÓN Y MEDIDAS EJECUTADAS O PROGRAMADAS PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SITIO AFECTADO Y C) SE ESTABLEZCAN UN MECANISMO COORDINADO E INTERINSTITUCIONAL DE FISCALIZACIÓN PERMANENTE JUNTO CON LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN EN EL ÁREA AFECTADA, A FIN DE EVITAR NUEVAS CONSTRUCCIONES, OCUPACIONES U OBRAS DENTRO DE ZONAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA SIN EL DEBIDO PERMISO.
VCG06/2025 “(…) VI.- EN CUANTO A LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL RÍO BARUCITO Y DE LA QUEBRADA SIN NOMBRE. Del conjunto de elementos probatorios que obran en el expediente, se concluye que si bien tanto la Municipalidad de Pérez Zeledón como el Ministerio de Ambiente y Energía (por medio de la Dirección de Aguas y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC) han realizado algunas gestiones tendentes a contener la afectación denunciada —tales como la emisión de constancias sobre permisos inexistentes o parciales, la imposición de una medida cautelar administrativa (orden No. 0560), la apertura de expedientes administrativos, la coordinación de inspecciones conjuntas y la denuncia penal de los hechos— lo cierto es que dichas acciones han sido materialmente insuficientes e ineficaces para lograr una protección real, inmediata y efectiva del derecho constitucional al ambiente sano.
En efecto, ha quedado acreditado que, pese a dichas actuaciones al 28 de marzo de 2025 seguían presentes y en uso activo por turistas y personal de atención al turismo todas las infraestructuras denunciadas (rampas, plataformas de observación y senderos) construidas en la zona de protección del río Barucito y de la quebrada Sin Nombre. Asimismo, el 28 de abril de 2025, el inspector municipal constató que una de dichas estructuras —previamente clausurada— estaba completamente finalizada y abierta al público, en aparente desacato a los sellos de clausura colocados anteriormente, lo que lo llevó a recolocar los mismos sellos en ese momento.
Esta reiteración de hechos violatorios, junto con la continuidad de las actividades y la persistencia de la infraestructura, pone en evidencia una omisión administrativa grave y sostenida por parte de ambas entidades recurridas, al no garantizar de forma idónea el cumplimiento efectivo de sus competencias constitucionales y legales en materia de protección de zonas de recarga hídrica y áreas de protección ambiental.
Tal pasividad administrativa configura una violación del artículo 50 de la Constitución Política que impone al Estado —y a todas sus instituciones— el deber no solo de no dañar el ambiente, sino de protegerlo activamente, restaurarlo y prevenir su deterioro. El derecho al ambiente sano, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional no es simplemente una cláusula programática, sino que tiene fuerza normativa plena, goza de protección directa e inmediata mediante el recurso de amparo y su respeto impone obligaciones positivas a las autoridades públicas, las cuales deben actuar de manera oportuna, preventiva y eficaz.
Este deber requiere resultados reales y verificables, conforme lo ha reiterado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo, protegido por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y desarrollado en su Opinión Consultiva OC-23/17, donde se subraya que los Estados tienen la obligación de prevenir, regular y reparar afectaciones ambientales que pongan en riesgo la vida, la salud, la integridad o la dignidad humana, incluso cuando no haya daño físico inmediato, pero sí una afectación a la integridad ecológica y funcional de los ecosistemas.
En este caso, las omisiones sostenidas en el cumplimiento de deberes de vigilancia, sanción y ejecución por parte del MINAE y de la Municipalidad de Pérez Zeledón han permitido que perdure en el tiempo una situación claramente contraria a los estándares constitucionales y convencionales de protección del ambiente, con afectación no solo a la zona de protección—cuya conservación es de interés público nacional— sino también a los derechos del amparado como denunciante ambiental y a los intereses difusos de la colectividad.
Si bien consta en el expediente que funcionarios de la Dirección de Aguas del MINAE indicaron en el informe técnico correspondiente -oficio DA-UHTPSOZ-0016-2025- que no se encontró afectación directa al recurso hídrico en sí —es decir, al cauce activo del río o de la quebrada—también quedó fehacientemente consignado que mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 la misma Dirección dictaminó la existencia de dos cauces de dominio público, específicamente el río Barucito y la quebrada Sin Nombre, ambos permanentes y protegidos por el ordenamiento jurídico costarricense, en los que sus zonas de protección podrían estarse viendo afectadas, conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575.
Es decir, aunque no se verificó un daño físico inmediato en el cauce como tal, sí se confirmó la presencia de construcciones en el área de protección, definida legalmente como una franja de terreno adyacente al cuerpo de agua cuya conservación es esencial para proteger su caudal, sus valores ecológicos, su función como corredor biológico y su integridad física y funcional. Dicha área, por disposición normativa expresa goza del mismo nivel de protección jurídica que el cauce mismo y cualquier intervención dentro de ella —sea por relleno, construcción, deforestación, movimiento de tierra, instalación de infraestructura turística o recreativa— requiere de permisos específicos y del dictamen técnico ambiental correspondiente.
Adicionalmente, del mismo informe se desprende que, al revisar el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces, no se encontró ninguna solicitud ni autorización vigente para obras en el sitio visitado, lo que refuerza la ilicitud de las intervenciones observadas. Esta situación evidencia una clara transgresión del marco legal ambiental y refleja una omisión sustancial en el deber de fiscalización y ejecución efectiva de las medidas preventivas, correctivas y restaurativas por parte de ambas autoridades recurridas, lo que configura una afectación directa al derecho constitucional al ambiente sano, protegido en el artículo 50 de la Constitución Política.
Bajo esta perspectiva, resulta claro que aun cuando se haya afirmado técnicamente que no hay afectación directa al agua como tal, sí existe una violación concreta al régimen de protección de los ecosistemas hídricos y su zona perimetral de conservación, lo cual, conforme al principio de precaución, al de prevención y al de no regresión ambiental, impone una actuación decidida, eficaz y articulada por parte de las autoridades competentes. Su omisión continuada, pese a las múltiples denuncias, dictámenes, inspecciones e incluso procesos judiciales en curso, constituye una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Ergo, al haberse constatado una ineficacia sistemática, sostenida y jurídicamente injustificada en la actuación de las autoridades públicas recurridas frente a una afectación ambiental concreta, corresponde declarar con lugar el presente recurso de amparo, tanto contra la Municipalidad de Pérez Zeledón como contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Dirección de Agua y el Sistema Nacional de Área de Conservación) y ordenar a las parte recurridas que en el marco de sus respectivas competencias, adopten de forma inmediata, coordinada y efectiva todas las medidas necesarias para asegurar la restauración, protección y garantía del área de protección hídrica afectada, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia. En cuanto a este punto se declara con lugar el recurso.
Del análisis integral de los autos y con fundamento en el elenco de hechos probados, esta Sala concluye que no se configura una vulneración al derecho fundamental de petición y pronta respuesta, previsto en el artículo 27 de la Constitución Política. En efecto, consta que el señor Freddy [Nombre 001] presentó el 07 de agosto de 2024 una gestión formal ante el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Pérez Zeledón, solicitando certificación sobre la existencia de permisos municipales de construcción y de movimientos de tierra otorgados a la empresa Finca La Familia S.A. respecto de dos propiedades. Tal solicitud fue atendida mediante los oficios CNS-0279-24-ACO y CNS-0280-24-ACO, remitidos a su correo electrónico el 14 de agosto de 2024, dentro del plazo legal. Posteriormente, ante solicitudes aclaratorias formuladas el 22 de agosto de 2024, la administración respondió mediante el oficio OFI-0473-24-ACO del 23 de agosto del mismo año, reafirmando la inexistencia de permisos en una de las fincas consultadas.
A pesar de que el petente aporta copia de un escrito —sin fecha— en el que solicita al gobierno local recurrido copias del expediente administrativo, no consta que algún funcionario o guarda de seguridad del ayuntamiento se haya negado a recibir dicha gestión -según lo alegado en el libelo de interposición-. No obstante, mediante el oficio OFI-0589-24-ACO del 16 de octubre de 2024, se remitieron al interesado copias parciales del expediente administrativo PDC-0531-2024-ACO, omitiéndose los datos personales sensibles y los planos protegidos por derechos de autor, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley N.º 8968) y propiedad intelectual (Ley N.º 6683).
Ergo, al haberse atendido material y oportunamente las gestiones formuladas y sin que se evidencie denegación arbitraria o irrazonable de información de carácter público, este Tribunal no constata lesión alguna al derecho invocado. En consecuencia, en cuanto a este extremo se declara sin lugar el recurso de amparo.
El recurso se declara parcialmente con lugar, de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la presente sentencia. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 027- Petición Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) V.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. El derecho de petición y pronta respuesta, cobijado en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, a falta de que no se hubiere señalado otro plazo para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que en la decisión de la petición la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto, en cuyo caso la Administración siempre está obligada a comunicarle al petente las causas de la demora en pronunciarse. En todo caso, el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado. (…)” VCG06/2025 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Precautorio Subtemas:
NO APLICA.
PRINCIPIO PREVENTIVO Y PRECAUTORIO “(…) VI.- SOBRE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL.
Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:
“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).
Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza -plausiblemente debe involucrar un peligro serio-, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados.
En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente -lo que desnaturalizaría su razón de ser-, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:
“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).
El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica -véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006-, en la que se lee:
“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.
Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.
En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:
“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).
Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.
Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.
En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.
Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.
Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.
Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Baraona Bray vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:
“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”. (...)" VCG06/2025 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Pro natura Subtemas:
NO APLICA.
PRINCIPIO PRO NATURA “(…) Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).
En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.
El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018). (…)” VCG06/2025 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Progresividad Subtemas:
NO APLICA.
PRINCIPIO PROGRESIVIDAD.
“(...) Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:
“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.
Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.
En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.
De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.
Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:
“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”.
En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado).
(Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). (…)” VCG06/2025 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de junio de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número No. 24-027574-0007-CO, interpuesto por FREDDY ADOLFO SÁENZ ALTAMIRANO, cédula de identidad CED09, contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
Si bien el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial judicial de la sociedad Finca La Familia S.A., sostiene que el señor Nombre02 fue notificado el 06 de mayo de 2025 de la resolución dictada a las 12:06 horas del 24 de abril de 2025, acompañada de un disco compacto (CD) y afirma que al verificarse dicho soporte digital no contenía ningún archivo ni documento; posteriormente tuvo acceso al expediente -conforme lo solicitó- y dio respuesta oportuna a la audiencia conferida mediante la referida resolución.
El recurrente interpone recurso de amparo alegando la vulneración de su derecho fundamental de acceso a la información pública, debido a la negativa de la municipalidad de entregarle copia del permiso de construcción otorgado a la empresa Finca La Familia S.A., la cual ejecuta obras dentro de la zona de protección del río Barecito. Aunque presentó una solicitud formal debidamente autenticada, los funcionarios municipales se negaron a proporcionar el documento, aduciendo que se trata de información de carácter privado y que solo puede ser divulgada mediante orden judicial. El accionante considera dicha negativa injustificada, al tratarse de información de evidente interés público, dada la posible afectación ambiental derivada de las obras. Por ello, solicita que se declare con lugar el recurso, se restituya su derecho de acceso a la información pública y se resguarde el derecho al ambiente sano.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
En cuanto a la Municipalidad de Pérez Zeledón.
m)Ese mismo 28 de abril de 2025, el inspector municipal procedió nuevamente a colocar los sellos de clausura en la estructura observada, adjuntando documentación fotográfica del incumplimiento constatado (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
En cuanto al Sistema Nacional de Área de Conservación y la Dirección de Agua.
Mediante inspección realizada 22 de octubre del 2024 realizada en conjunto con personal de su representada Zeledón y la municipalidad de Pérez Zeledón, en el sitio de denuncia con coordenadas CRTM05 Lat. 1023305 Long 520963, San José, Pérez Zeledón, distrito de Barú, Lugar conocido como Platanillo, específicamente en el sitio conocido como Cataratas Nauyaca, finca con número de folio real CED07, donde se observa la posible invasión de la zona de protección del río Barucito y la Quebrada Sin Nombre como se escribe a continuación. Construcción de infraestructuras en la zona de protección: en el margen Sur del cauce del río Barucito se observa la construcción de rampas de acceso y plataforma de observación en la zona de protección (figura 1) tanto del río Barucito como de la Quebrada Sin Nombre dictaminada mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025, en algunos casos las obras se encontraron a menos de 10 metros de los cauces (se insertan fotografías) …”.
“… No se observan obras, modificaciones o afectaciones directas a los cauces de dominio público dictaminados. Revisado el Registro Nacional de Dictámenes, Concesiones y Obras en cauce de esta Dirección, no se encontró ninguna referencia sobre solicitud de obra en cauce para el sitio de denuncia. Los cuerpos de agua cuyas zonas de protección se ven invadidas son el río Barucito, cuerpo de agua del dominio público de carácter permanente según la hoja cartográfica 1:50 mil Dominical numero 3443-IV y la quebrada Sin Nombre, ambos cuerpos de agua dictaminados por esta dirección mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 adjunto. Se le comunica para que realice lo que corresponda.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
m)El 08 de enero de 2025, mediante oficio DA-UHTPSOZ-0016-2025 suscrito por el Lic. Jairo David Gómez Céspedes del Área Técnica Coordinador Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Sur y el Ing. Francisco Vargas Salazar, ambos de la Dirección de Agua-MINAE, dirigido al amparado señalaron lo siguiente: “… En atención a la denuncia recibida en oficina de Dirección de Agua del MINAE Unidad Hidrológica Térraba Pacifico Sur, con números de control interno 4615-2024 y 34-2025, por parte de su persona contra “Nombre02 cédula de identidad: CED02” en la cual indica “Hace aproximadamente un mes, el denunciado Nombre02, en las condiciones dichas, inició a construir unos enormes puentes semi-colgantes y plataformas de observación dentro de los 50 metros dela Zona de Protección de Ríos en la finca” me permito indicarle acerca de las gestiones realizadas: • Recibida la denuncia se coordina inspección en conjunto con la Sub Regional de SINAC Nombre01 y la Municipalidad de Pérez Zeledón, realizada 22 de octubre del 2024, al sitio de denuncia. • El día de la visita los funcionarios de la Sub Regional de SINAC Nombre01 interponen medida cautelar numero 0560 al dueño de la finca para “detener toda obra de construcción y/o invasión al área de protección del río Barucito y cualquier otro cuerpo de agua del Dominio Público”. • En base a la inspección se determinó lo siguiente.
No se observaron infraestructuras dentro de los cauces de dominio público. No se encontró afectación al recurso hídrico. Se dictaminaron dos cauces de dominio público mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 las cuales posiblemente se están viendo afectadas sus zonas de protección establecidas en el artículo 33 de la ley forestal. Revisado el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces no existen permisos de obra en cauce para el sitio visitado. Se trasladó el informe de visita y dictámenes de los cuerpos de agua encontrados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación para lo que corresponda mediante oficio DA-UHTPSOZ-0014-2025 notificado el 8 de diciembre de 2025. Por tanto, dentro de las competencias de esta Dirección, se da por atendida la denuncia con ID CED08.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
En octubre del 2024 se recibe la denuncia (control interno 4615-2024 y 34-2025) en oficina de Dirección de Agua del MINAE Unidad Hidrológica Térraba Pacifico Sur, por parte del señor Freddy Adolfo Sáenz Altamirano contra “Nombre02 cedula de identidad: CED02” en la cual indicaba “Hace aproximadamente un mes, el denunciado Nombre02, en las condiciones dichas, inició a construir unos enormes puentes semi-colgantes y plataformas de observación dentro de los 50 metros dela Zona de Protección de Ríos en la finca” se realizaron las siguientes Gestiones: • Se coordina inspección en conjunto con la Sub Regional de SINAC Nombre01 y la Municipalidad de Pérez Zeledón, realizada 22 de octubre del 2024, al sitio de denuncia. • El día de la visita los funcionarios de la Sub Regional de SINAC Nombre01 interponen medida cautelar numero 0560 al dueño de la finca para “detener toda obra de construcción y/o invasión al área de protección del río Barucito y cualquier otro cuerpo de agua del Dominio Público”. • Con base en dicha inspección se determinó lo siguiente por parte de esta Dirección: No se observaron infraestructuras dentro de los cauces de dominio público. - No se encontró afectación directa al recurso hídrico. - Mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 (adjunto) Se dictaminaron dos cauces de dominio público, río Barucito y Quebrada Sin Nombre, las cuales posiblemente se están viendo afectadas sus zonas de protección establecidas en el artículo 33 de la ley forestal según los indicado en dicho informe. - Revisado el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces no existen permisos de obra en cauce para el sitio visitado. - Mediante oficio DA-UHTPSOZ-0014-2025 notificado el 8 de enero de 2025 (adjunto), se trasladó el informe de visita y dictámenes de los cuerpos de agua encontrados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de dicho informe cabe destacar: “Construcción de infraestructuras en la zona de protección: en el margen Sur del cauce del río Barucito se observa la construcción de rampas de acceso y plataforma de observación en la zona de protección (figura 1) tanto del río Barucito como de la Quebrada Sin Nombre dictaminada mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025, en algunos casos las obras se encontraron a menos de 10 metros de los cauces”, así mismo se adjuntaron fotografías de las infraestructuras observadas. - Mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0016-2025 notificado el 9 de enero de 2025 (adjunto), se le comunicó al señor Freddy Adolfo Sáenz Altamirano, el informe de visita y dictámenes de los cuerpos de agua y traslado de la denuncia al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. • Del traslado de la denuncia y en apariencia el incumplimiento de la orden administrativa interpuesta por el SINAC; este ente procedió a interponer la denuncia penal con número de causa 25-000038-0219-PE. • En seguimiento de la denuncia supracitada, se realizó visita de campo el 28 de marzo del 2025, en compañía del Señor Allan Cordero Martínez Técnico Protección Ambiental de la SUBREGIÓN PÉREZ ZELEDÓN, en la cual se observó la permanencia de las de infraestructuras en la zona de protección, tanto del río Barucito como de la Quebrada Sin Nombre dictaminada mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 en pleno uso de turistas y personal de atención al turismo (figura 1).
(se insertan fotografías) …”. “… No se observaron infraestructuras dentro de los cauces de dominio público. No se encontró afectación directa al recurso hídrico. Se le informa para lo que corresponda.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
De importancia para la decisión de este asunto, se tiene como no demostrado el siguiente hecho:
ÚNICO. Que el recurrente intentara presentar una solicitud de copias del expediente administrativo ante la Municipalidad de Nombre01 y que algún funcionario o guarda de seguridad del ayuntamiento accionado se negara a recibir dicha solicitud.
El derecho de petición y pronta respuesta, cobijado en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, a falta de que no se hubiere señalado otro plazo para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que en la decisión de la petición la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto, en cuyo caso la Administración siempre está obligada a comunicarle al petente las causas de la demora en pronunciarse. En todo caso, el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado.
Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:
“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).
Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza ‑plausiblemente debe involucrar un peligro serio‑, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados.
En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente ‑lo que desnaturalizaría su razón de ser‑, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ‑ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:
“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).
El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica ‑véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006‑, en la que se lee:
“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.
Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.
En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:
“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).
Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.
Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.
En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.
Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.
Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.
Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre06 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:
“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.
Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).
En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.
El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).
Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:
“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.
Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.
En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.
De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.
Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:
“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”.
En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).
Del conjunto de elementos probatorios que obran en el expediente, se concluye que si bien tanto la Municipalidad de Nombre01 como el Ministerio de Ambiente y Energía (por medio de la Dirección de Aguas y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC) han realizado algunas gestiones tendentes a contener la afectación denunciada —tales como la emisión de constancias sobre permisos inexistentes o parciales, la imposición de una medida cautelar administrativa (orden No. 0560), la apertura de expedientes administrativos, la coordinación de inspecciones conjuntas y la denuncia penal de los hechos— lo cierto es que dichas acciones han sido materialmente insuficientes e ineficaces para lograr una protección real, inmediata y efectiva del derecho constitucional al ambiente sano.
En efecto, ha quedado acreditado que, pese a dichas actuaciones al 28 de marzo de 2025 seguían presentes y en uso activo por turistas y personal de atención al turismo todas las infraestructuras denunciadas (rampas, plataformas de observación y senderos) construidas en la zona de protección del río Barucito y de la quebrada Sin Nombre. Asimismo, el 28 de abril de 2025, el inspector municipal constató que una de dichas estructuras —previamente clausurada— estaba completamente finalizada y abierta al público, en aparente desacato a los sellos de clausura colocados anteriormente, lo que lo llevó a recolocar los mismos sellos en ese momento.
Esta reiteración de hechos violatorios, junto con la continuidad de las actividades y la persistencia de la infraestructura, pone en evidencia una omisión administrativa grave y sostenida por parte de ambas entidades recurridas, al no garantizar de forma idónea el cumplimiento efectivo de sus competencias constitucionales y legales en materia de protección de zonas de recarga hídrica y áreas de protección ambiental.
Tal pasividad administrativa configura una violación del artículo 50 de la Constitución Política que impone al Estado —y a todas sus instituciones— el deber no solo de no dañar el ambiente, sino de protegerlo activamente, restaurarlo y prevenir su deterioro. El derecho al ambiente sano, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional no es simplemente una cláusula programática, sino que tiene fuerza normativa plena, goza de protección directa e inmediata mediante el recurso de amparo y su respeto impone obligaciones positivas a las autoridades públicas, las cuales deben actuar de manera oportuna, preventiva y eficaz.
Este deber requiere resultados reales y verificables, conforme lo ha reiterado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo, protegido por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y desarrollado en su Opinión Consultiva OC-23/17, donde se subraya que los Estados tienen la obligación de prevenir, regular y reparar afectaciones ambientales que pongan en riesgo la vida, la salud, la integridad o la dignidad humana, incluso cuando no haya daño físico inmediato, pero sí una afectación a la integridad ecológica y funcional de los ecosistemas.
En este caso, las omisiones sostenidas en el cumplimiento de deberes de vigilancia, sanción y ejecución por parte del MINAE y de la Municipalidad de Nombre01 han permitido que perdure en el tiempo una situación claramente contraria a los estándares constitucionales y convencionales de protección del ambiente, con afectación no solo a la zona de protección—cuya conservación es de interés público nacional— sino también a los derechos del amparado como denunciante ambiental y a los intereses difusos de la colectividad.
Si bien consta en el expediente que funcionarios de la Dirección de Aguas del MINAE indicaron en el informe técnico correspondiente -oficio DA-UHTPSOZ-0016-2025- que no se encontró afectación directa al recurso hídrico en sí —es decir, al cauce activo del río o de la quebrada—también quedó fehacientemente consignado que mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 la misma Dirección dictaminó la existencia de dos cauces de dominio público, específicamente el río Barucito y la quebrada Sin Nombre, ambos permanentes y protegidos por el ordenamiento jurídico costarricense, en los que sus zonas de protección podrían estarse viendo afectadas, conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575.
Es decir, aunque no se verificó un daño físico inmediato en el cauce como tal, sí se confirmó la presencia de construcciones en el área de protección, definida legalmente como una franja de terreno adyacente al cuerpo de agua cuya conservación es esencial para proteger su caudal, sus valores ecológicos, su función como corredor biológico y su integridad física y funcional. Dicha área, por disposición normativa expresa goza del mismo nivel de protección jurídica que el cauce mismo y cualquier intervención dentro de ella —sea por relleno, construcción, deforestación, movimiento de tierra, instalación de infraestructura turística o recreativa— requiere de permisos específicos y del dictamen técnico ambiental correspondiente.
Adicionalmente, del mismo informe se desprende que, al revisar el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces, no se encontró ninguna solicitud ni autorización vigente para obras en el sitio visitado, lo que refuerza la ilicitud de las intervenciones observadas. Esta situación evidencia una clara transgresión del marco legal ambiental y refleja una omisión sustancial en el deber de fiscalización y ejecución efectiva de las medidas preventivas, correctivas y restaurativas por parte de ambas autoridades recurridas, lo que configura una afectación directa al derecho constitucional al ambiente sano, protegido en el artículo 50 de la Constitución Política.
Bajo esta perspectiva, resulta claro que aun cuando se haya afirmado técnicamente que no hay afectación directa al agua como tal, sí existe una violación concreta al régimen de protección de los ecosistemas hídricos y su zona perimetral de conservación, lo cual, conforme al principio de precaución, al de prevención y al de no regresión ambiental, impone una actuación decidida, eficaz y articulada por parte de las autoridades competentes. Su omisión continuada, pese a las múltiples denuncias, dictámenes, inspecciones e incluso procesos judiciales en curso, constituye una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Ergo, al haberse constatado una ineficacia sistemática, sostenida y jurídicamente injustificada en la actuación de las autoridades públicas recurridas frente a una afectación ambiental concreta, corresponde declarar con lugar el presente recurso de amparo, tanto contra la Municipalidad de Nombre01 como contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Dirección de Agua y el Sistema Nacional de Área de Conservación) y ordenar a las parte recurridas que en el marco de sus respectivas competencias, adopten de forma inmediata, coordinada y efectiva todas las medidas necesarias para asegurar la restauración, protección y garantía del área de protección hídrica afectada, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia. En cuanto a este punto se declara con lugar el recurso.
Del análisis integral de los autos y con fundamento en el elenco de hechos probados, esta Sala concluye que no se configura una vulneración al derecho fundamental de petición y pronta respuesta, previsto en el artículo 27 de la Constitución Política. En efecto, consta que el señor Freddy Adolfo Sáenz Altamirano presentó el 07 de agosto de 2024 una gestión formal ante el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Pérez Zeledón, solicitando certificación sobre la existencia de permisos municipales de construcción y de movimientos de tierra otorgados a la empresa Finca La Familia S.A. respecto de dos propiedades. Tal solicitud fue atendida mediante los oficios CNS-0279-24-ACO y CNS-0280-24-ACO, remitidos a su correo electrónico el 14 de agosto de 2024, dentro del plazo legal. Posteriormente, ante solicitudes aclaratorias formuladas el 22 de agosto de 2024, la administración respondió mediante el oficio OFI-0473-24-ACO del 23 de agosto del mismo año, reafirmando la inexistencia de permisos en una de las fincas consultadas.
A pesar de que el petente aporta copia de un escrito —sin fecha— en el que solicita al gobierno local recurrido copias del expediente administrativo, no consta que algún funcionario o guarda de seguridad del ayuntamiento se haya negado a recibir dicha gestión -según lo alegado en el libelo de interposición-. No obstante, mediante el oficio OFI-0589-24-ACO del 16 de octubre de 2024, se remitieron al interesado copias parciales del expediente administrativo PDC-0531-2024-ACO, omitiéndose los datos personales sensibles y los planos protegidos por derechos de autor, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley N.º 8968) y propiedad intelectual (Ley N.º 6683).
Ergo, al haberse atendido material y oportunamente las gestiones formuladas y sin que se evidencie denegación arbitraria o irrazonable de información de carácter público, este Tribunal no constata lesión alguna al derecho invocado. En consecuencia, en cuanto a este extremo se declara sin lugar el recurso de amparo.
El recurso se declara parcialmente con lugar, de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la presente sentencia.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se ordena a Emanuel Ceciliano Alfaro y Andrea Herrera Chaves, por su orden alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que en el plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la notificación de esta sentencia, a) procedan a ejecutar todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del acta de clausura y de los sellos colocados en las infraestructuras construidas en la zona de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre, incluyendo inspecciones periódicas, cierre físico, rotulación visible y control efectivo del sitio y b) remitir a esta Sala, en un plazo no mayor a QUINCE DÍAS adicionales, un informe detallado y documentado de las actuaciones ejecutadas, con copia de las diligencias de inspección, fotografías del sitio, resolución administrativa adoptada y cualquier medida de seguimiento.
Asimismo, se ordena a David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez y María Gabriela Páez Vargas, por su orden director ejecutivo interino del Sistema Nacional de Área de Conservación, director regional del Área de Conservación la Amistad Pacífico y directora a.i. de la Dirección de Agua, todos del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, para que en el plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la notificación de esta resolución, a) procedan a coordinar y ejecutar las acciones necesarias para hacer cumplir la medida cautelar administrativa N.º 0560 dictada el 22 de octubre de 2024, adoptando las medidas técnicas y legales para garantizar el retiro de las plataformas, rampas u otras construcciones ilegales dentro de las zonas de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre y b) en el plazo de QUINCE DÍAS adicionales, remitan a esta Sala un informe detallado, de todas las gestiones realizadas, incluyendo cronograma de actuaciones, resoluciones técnicas, informes de inspección y medidas ejecutadas o programadas para la recuperación ambiental del sitio afectado y c) Se establezcan un mecanismo coordinado e interinstitucional de fiscalización permanente junto con la Municipalidad de Nombre01 en el área afectada, a fin de evitar nuevas construcciones, ocupaciones u obras dentro de zonas de protección hídrica sin el debido permiso.
Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Nombre01 al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. - Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.