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Res. 02357-2023 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 14/12/2023
OutcomeResultado
The First Chamber denies the State's cassation appeal and upholds the judgment that annulled MINAE's resolutions and ordered a new evaluation of the concession application for well AB-2313.La Sala Primera declara sin lugar el recurso de casación del Estado y mantiene firme la sentencia que anuló las resoluciones del MINAE y ordenó una nueva evaluación de la solicitud de concesión del pozo AB-2313.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court, in Resolution No. 02357-2023, rejects the State's cassation appeal against the Contentious-Administrative Court's judgment that annulled MINAE resolutions denying Parque Central S.A. a groundwater concession for well AB-2313 for irrigation, fire protection, and office cooling. The lower court had annulled the decisions because their reasoning was unlawful: they demanded an AyA water-availability certificate under Decree 35271, even though the requested uses (non-potable) did not require it and should have been governed by the Water Law. The First Chamber confirms no substantive-law violation or erroneous evidentiary assessment occurred, noting that the Administration itself accepted the use modification, and the lower court's judgment also rested on unappealed grounds (failure to address arguments in the reconsideration motion and the need for a technical analysis of water-resource conservation). The State's grievances are dismissed, costs are imposed, and the order for MINAE to re-evaluate the concession application within three months is upheld.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución Nº 02357-2023, declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Estado contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló las resoluciones del MINAE que denegaron a Parque Central S.A. la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas del pozo AB-2313 para riego, sistema contra incendios y enfriamiento de oficinas. El Tribunal había anulado dichos actos al considerar ilegítimo su motivo, por exigir una carta de disponibilidad hídrica del AyA con base en los artículos 2 y 4 del Decreto 35271-MINAE, cuando los usos solicitados (no potables) no requerían tal requisito y debían regirse por la Ley de Aguas. La Sala Primera confirma que no hubo violación de normas sustantivas ni errónea valoración probatoria, señalando que la propia Administración admitió el cambio de usos y que el Tribunal basó su decisión en fundamentos adicionales no impugnados (falta de pronunciamiento sobre alegatos de la reposición y necesidad de análisis técnico sobre conservación del recurso hídrico). Rechaza los agravios del Estado, impone costas al recurrente y mantiene firme la orden de que el MINAE resuelva nuevamente la solicitud de concesión en un plazo de tres meses.
Key excerptExtracto clave
III. The Contentious-Administrative Court, Fifth Section, composed of Judges Marianella Álvarez Molina, Ileana Isabel Sánchez Navarro, and Sergio Mena García, issued judgment No. 97-2020-V at 7:45 a.m. on November 25, 2020, ordering: "(...) The absolute nullity of resolutions R-0434-2016-AGUAS-MINAE of 2:35 p.m. on May 16, 2016, and R-252-2017-MINAE of 2:10 p.m. on July 4, 2017, issued by the Minister of Environment and Energy, is declared; (...) The Minister of Environment and Energy is ordered, within three months from the finality of this judgment and based on the legal and technical parameters set out in recital VI of this ruling, to resolve the concession application for the use of well AB-2313 for garden irrigation, internal fire-protection system, and office cooling system in Plaza Roble III Vertical Commercial Condominium, by means of a reasoned administrative act, and must inform the Judge of the Sentence Execution Phase of this Court that it has complied and provide a copy of the ruling." IV. Based on Article 138 of the Contentious-Administrative Procedural Code, [the State] alleges violation of substantive norms due to erroneous evidentiary assessment, improper application of Articles 27, 35, and 37 of the Water Law, failure to apply Articles 1, 2, 3, 4, and 5 of Decree 35271, and direct violation of Article 13 of Law 6227. It argues that the impugned judgment annuls administrative acts R-0434-2016-AGUASMINAE and R-252-2017-MINAE on the grounds that: "... the provisions of Articles 2 and 4 of Executive Decree 35271-MINAE were not applicable to the specific case, since the uses for which the well AB-2313 concession was requested were not for human consumption and therefore do not require the potable water service provided by the Institute of Aqueducts and Sewers." VI. As a corollary, the cassation appeal must be dismissed, with costs to the appellant.III.- El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta, integrado por las Juezas y Juez: Marianella Álvarez Molina, Ileana Isabel Sánchez Navarro y Sergio Mena García dictó su sentencia número 97-2020-V de las 7:45 horas del 25 de noviembre de 2020, por medio de la cual, dispuso: «(...) Se declara la nulidad absoluta de las resoluciones R-0434-2016-AGUAS-MINAE de las 14:35 horas del 16 de mayo del 2016 y R-252-2017-MINAE de las 14:10 horas del 04 de julio del 2017, dictadas por el Ministro de Ambiente y Energía; (...) Se ordena al Ministro de Ambiente y Energía, que en un plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia y con sustento en los parámetros jurídicos y técnicos fijados en el considerando VI de este pronunciamiento, proceda a resolver mediante acto administrativo motivado, la solicitud de concesión para el aprovechamiento del pozo AB-2313, en los usos de riego de jardines, sistema interno contra incendios y sistema de enfriamiento de oficinas en el Condominio Vertical Comercial Plaza Roble III, por lo que, deberá informar a la persona Juzgadora de la Fase de Ejecución de Sentencias de este Tribunal, que ha procedido conforme a lo ordenado en este pronunciamiento, aportando copia de la resolución dictada." IV.- Con fundamento en el artículo 138 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), acusa violación de normas sustantivas por indebida valoración de la prueba, e indebida aplicación de los artículos 27, 35 y 37 de la Ley de Aguas, e inaplicación de los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto 35271; asimismo, reprocha la vulneración directa del ordinal 13 de la Ley 6227. Al respecto, señala, la sentencia impugnada anula los actos administrativos R-0434-2016-AGUASMINAE y R-252-2017-MINAE por estimar que: «… no era aplicable al caso concreto, lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Decreto Ejecutivo 35271-MINAE, puesto que los usos para los que se solicitó la concesión de aprovechamiento del pozo AB-2313, no eran para consumo humano y por ende, no requieren del servicio de agua potable que presta el Instituto de Acueductos y Alcantarillados.» VI.- Corolario de lo expuesto, en lo impugnado ha de declararse sin lugar el recurso de casación, con sus costas a cargo de quien lo promovió
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"los usos solicitados -se reitera: riego de jardines, sistema interno de incendios y de enfriamiento de oficinas- no requieren de agua potable, pues no están destinados al consumo humano. En razón de lo anterior, no era necesario presentar una carta de no disponibilidad hídrica extendida por el prestador del servicio -en este caso, el AYA-"
"the requested uses – it is reiterated: garden irrigation, internal fire-protection system, and office cooling – do not require potable water, since they are not intended for human consumption. Consequently, it was not necessary to present a water-availability letter issued by the service provider — in this case, AyA."
Considerando IV (reproducción de la sentencia del Tribunal)
"los usos solicitados -se reitera: riego de jardines, sistema interno de incendios y de enfriamiento de oficinas- no requieren de agua potable, pues no están destinados al consumo humano. En razón de lo anterior, no era necesario presentar una carta de no disponibilidad hídrica extendida por el prestador del servicio -en este caso, el AYA-"
Considerando IV (reproducción de la sentencia del Tribunal)
"No puede considerarse a la Administración en estado de indefensión, por cuanto, según los propios hechos acreditados y consideraciones del Tribunal, fue la propia Administración la que emitió sendas resoluciones administrativas por las cuales conoció lo así solicitado por la parte actora."
"The Administration cannot be considered defenseless, since, according to the facts proven and the Court's considerations, it was the Administration itself that issued the respective administrative resolutions by which it took cognizance of what the plaintiff had requested."
Considerando V
"No puede considerarse a la Administración en estado de indefensión, por cuanto, según los propios hechos acreditados y consideraciones del Tribunal, fue la propia Administración la que emitió sendas resoluciones administrativas por las cuales conoció lo así solicitado por la parte actora."
Considerando V
"se observa de la sentencia impugnada un fundamento de cardinal importancia, sin impugnación por la representación estatal, referidos a la falta de pronunciamiento, en el acto definitivo, de aspectos alegados en el recurso de reposición, lo cual motivó igualmente a la anulación de esos actos."
"it is observed from the impugned judgment a cardinal, unappealed ground raised by the State's representation, concerning the failure to address aspects put forward in the reconsideration motion in the final act, which also motivated the annulment of those acts."
Considerando V
"se observa de la sentencia impugnada un fundamento de cardinal importancia, sin impugnación por la representación estatal, referidos a la falta de pronunciamiento, en el acto definitivo, de aspectos alegados en el recurso de reposición, lo cual motivó igualmente a la anulación de esos actos."
Considerando V
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Sala Primera de la Corte Date of Resolution: 14 December 2023 at 09:15 Case File: 18-005212-1027-CA Res. 002357-F-S1-2023 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on the fourteenth of December, two thousand twenty-three.
In the ordinary proceeding brought by PARQUE CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, through its General Agent without Sum Limit, Mauricio Adolfo Castro Hernández, against the STATE, represented by its Attorney Mariamalia Murillo Kopper, the cassation appeal filed by the State against judgment number 97-2020-V handed down by the Fifth Section of the Administrative Litigation Tribunal at 7:45 a.m. on November 25, 2020, was admitted. The plaintiff party is represented by Special Judicial Power of Attorney held by the following attorneys: Alejandro Batalla Bonilla, Róger Guevara Vega, Raúl Guevara Villalobos, and Raquel Salazar Bejarano.
Presiding Judge Vargas Vargas Presiding Judge
CONSIDERANDO
I.As deemed of interest for the resolution of this case, the factual platform, as demonstrated and not demonstrated by the lower court, is set forth, summarized as follows: «IIo.- PROVEN FACTS: The following facts, which are relevant to this proceeding, are considered duly accredited:
II.Parque Central, Sociedad Anónima filed its complaint requesting, in essence, the following petitions, adjusted in the preliminary hearing: 1. To declare the absolute nullity of resolutions R-0434-2016-AGUAS-MINAE and R-252-2017-MINAE. 2. To order the Ministry of Environment and Energy to issue the water concession for well AB-2313. In the alternative, should the Tribunal reject the aforementioned request, it is requested that the Ministry of Environment and Energy be ordered to assess its represented party's concession application, taking into account the reasons argued in this complaint to request the nullity of the indicated acts. 3. To order the defendant to pay personal legal costs. The State, for its part, answered the complaint negatively and raised the defenses of: expiration (denied in the preliminary hearing) and lack of right.
III.The Administrative Litigation Tribunal, Fifth Section, comprised of Judges: Marianella Álvarez Molina, Ileana Isabel Sánchez Navarro, and Sergio Mena García, issued its judgment number 97-2020-V at 7:45 a.m. on November 25, 2020, which ordered: «POR TANTO. The documentary evidence offered for a better resolution by the representative of the plaintiff company is rejected. The defense of lack of right is upheld solely regarding ordering the Minister of Environment and Energy to grant the plaintiff company the concession for the use of well AB-2313, or failing that, to proceed to assess the concession application in accordance with the arguments raised in the complaint. Consequently, the defense of lack of right is rejected on the remaining grounds, and the complaint filed by Parque Central, S.A. against the State is partially upheld, in the following terms, it being understood as denied what is not expressly indicated:
Recourse for substantive reasons
IV.Based on Article 138 of the Administrative Litigation Procedure Code (hereinafter CPCA), it alleges violation of substantive norms due to improper assessment of evidence, and improper application of Articles 27, 35, and 37 of the Water Law, and non-application of numerals 1, 2, 3, 4, and 5 of Decree 35271; likewise, it reproaches the direct violation of section 13 of Law 6227. In this regard, it points out, the contested judgment annuls administrative acts R-0434-2016-AGUASMINAE and R-252-2017-MINAE on the grounds that: «... the provisions of Articles 2 and 4 of Executive Decree 35271-MINAE were not applicable to the specific case, since the uses for which the concession for the use of well AB-2313 was requested were not for human consumption and, therefore, do not require the potable water service provided by the Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto de Acueductos y Alcantarillados).» (transcription as recorded in the cassation appeal), and orders the application of the Water Law «... in accordance with the provisions starting from section 176 and following of that normative body.» (transcription as recorded in the cassation appeal).
In its opinion, the lower court, erroneously: assessed the evidence and applied sections 2 and 4 of Decree 35271 in relation to sections 176 and following of the Water Law. In this regard, it notes, the application for a water use concession for wells AB-2313 and AB-2429, dated February 11, 2013, indicated as uses: shopping center number of people 3,500 built area 62,000 m2, office center, irrigation, fire-fighting system to be used on property 1- 51.9045-000 subject to the condominium regime. However, on April 25 of the same year, faced with the administrative warning regarding the water availability letter from AyA, the applicant «... alter[ed]...» its initial application and indicated as water uses for the same well: garden irrigation, internal fire-fighting system, and office cooling system; however, it did not submit a new form for that change. For this reason, it reproaches, the Tribunal's consideration of that brief as a new form leaves the Administration defenseless, given the unilateral and untimely modification of the subject matter of the administrative concession proceeding, thereby failing to comply with the provisions of Articles 178 and following of the Water Law, because the initial form of a concession application has the character of an affidavit.
Added to the above, the noted uses, whether in the original application form or in the modification, are included as ordinary or domestic use, and in its opinion, the resolved matter disregards the technical criterion of AyA issued according to its competencies. In that sense, in official communication GG-2015-01930 of November 18, 2015, the A y A establishes as part of human consumption use the water to supply hydrants, irrigation, green areas, air conditioning systems and, in the specific case, indicated there was water availability to provide said public service; seriously disregarded documentary evidence that fits into subsection a) of Article 138 of the CPCA. Furthermore, it considers the concurrence of the cause established in subsection c) of the cited section, due to improper application of Article 27 of the Water Law, in the following excerpt from the judgment: «C) At this point, it is necessary to highlight that, pursuant to the provisions of Articles 27, 35 and 37 of the Water Law, domestic uses, which include irrigation uses or uses of another nature (as in this case, for the internal fire-fighting system and the office cooling system), do not require a drinking water supply system understood as "...Treated water that complies with the provisions of maximum permissible aesthetic, organoleptic, physical, chemical, biological, microbiological, and radiological values, established in these regulations and that when consumed by the population does not cause health damage..." (Article 4, subsection a of Executive Decree 38924-S -Regulation for the Quality of Drinking Water-).»; the foregoing, as, from articles 27 and 35 of Law 276, it is not evident whether drinking water is required for domestic uses or not.
Next, it accuses the non-application of canons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Regulation for the Drilling Permit and Water Concession for Self-Supply in Condominiums, Decree 35271, whose precepts 4 and 5 prohibit the concession of waters that the Executive Branch would grant when an operator of public service for that resource already exists; thereby, that special norm is not applied, in direct violation of Article 13 of Law 6227, due to the singular derogation of that Regulation to the specific case. «In this proceeding, neither the cited precepts of the Regulation for the Drilling Permit and Water Concession for Self-Supply in Condominiums nor the official communication GG-2015-01930 of November 18, 2015, from AYA were challenged, and they cannot be disregarded as judgment 97-2020-V did.». Therefore, it concludes, the administrative resolutions were issued in accordance with the legal system and have no vices of absolute nullity.
Subsequently, it refutes the following passage from the judgment: «... In the specific case, this Tribunal considers that the contested administrative acts, by which the application for the use of well AB-2313 for garden irrigation, internal fire-fighting, and office cooling uses, filed by the plaintiff company in its capacity as administrator of the Plaza Roble Condominium, was denied -and that decision was confirmed- are contrary to the provisions of Article 133 subsection 1) of the General Public Administration Law, since the motive is illegitimate. This is because, in the specific case, the provisions of sections 1 to 5 of Executive Decree number 35271-MINAE are not applicable, but rather the Water Law in accordance with the provisions starting from section 176 and following of that normative body, given that in view of the modification to the concession application for the use of well AB-2313, filed by the plaintiff company through a brief dated April 25, 2013, the requested uses -it is reiterated: garden irrigation, internal fire-fighting and office cooling system (folios 178 to 184 of dossier 1 of administrative file 16098-P provided on compact disc)- do not require potable water, since they are not intended for human consumption.
For this reason, it was not necessary to provide a letter of water unavailability issued by the service provider -in this case, the AYA-, as the plaintiff company was warned in the admissibility phase on March 18, 2013 (folios 175 and 176 of dossier I of administrative file 16098-P provided on compact disc) and which the plaintiff answered through a brief dated April 25, 2013, in which it specified that the use was only for the purposes indicated above and that they did not require potable water because they are not intended for human consumption (folios 178 to 184 of dossier 1 of administrative file 16098-P provided on compact disc).» (transcription as recorded in the cassation appeal). The foregoing, since, the vices in the contested acts are non-existent in accordance with Article 133 of Law 6227, and the motive of those acts as a substantial element is determined by «... the free and voluntary concession application with the character of an affidavit that Parque Central S.A. filed before the Water Directorate on February 11, 2013.». For this reason, within the framework of its powers of control and oversight of the use of groundwater as a public domain asset, the Water Directorate duly denied the plaintiff's petition.
V.Resolution of the cassation grounds. Regarding the first ground of disagreement cited by the State representation, referring to the modification it qualifies as untimely and causing defenselessness regarding the water uses for the well, thereby harming the administrative concession proceeding and failing to comply with the provisions of Articles 178 and following of the Water Law, because the initial form of a concession application has the character of an affidavit, the Chamber considers this argument to be improper in the way it is formulated. The Administration cannot be considered in a state of defenselessness, since, according to the proven facts and considerations of the Tribunal itself, it was the Administration itself that issued numerous administrative resolutions through which it acknowledged what was thus requested by the plaintiff party. In that sense, note the Tribunal's consideration when it shows: «...
So much so, that the Water Directorate itself not only admitted the concession application on January 9, 2014, assigning it case file number 16098-P (folio 208 of dossier I of administrative file 16098-P provided on compact disc), given that the project even had the environmental feasibility (viabilidad ambiental) from the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) -folios 201 to 206 of dossier I of administrative file 16098-P provided on compact disc-; but also, in the Technical Report on the Groundwater Concession Application number AT-1038-2015 issued on March 27, 2015, by the Water Directorate of MINAE, it was recommended to grant the Plaza Roble Condominium the concession for well AB-2313, for the following uses and flow rates: i) cooling system with an assigned flow rate of 0.01 liters per second; ii) fire-fighting system with an assigned flow rate of 0.01 liters per second, and, iii) irrigation with an assigned flow rate of 0.02 liters per second, for a total of 0.04, with an extraction regime of 18 hours per day throughout the year, for the internal fire-fighting and office cooling systems, and 2 hours per day from December to June, in the case of irrigation...», uses that correspond to those modified in the request of April 25, 2013 (see proven fact number 6).
As such, the alleged thesis of defenselessness and untimely change in those uses against the Administration is unfruitful, since, it is reiterated, the Administration itself had that modification in view and, based on it, issued its respective criteria, as cited above. Next, the alleged disregarding of official communication GG-2015-01930 of November 18, 2015, is improper. First, because the lower court did cite it in its judgment when developing its Recital V, when it set forth that the General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers informed the Water Director about that Institute's availability to supply water for the uses requested by the plaintiff party; and second, because the lower court was extensive in that section and also in Recital VI in citing the legal reasons why the provisions of Articles 1 to 5 of Executive Decree 35271-MINAE are improper, because the uses requested for the use of well AB-2313 do not correspond to human use.
In this sense, the argument as presented must be rejected. Next, the alleged improper application of Articles 27 and 35 of the Water Law in section C) of Recital V of the appealed judgment must be rejected, since the Tribunal makes a comprehensive interpretation of those precepts, added to 37 of the same normative body, in relation to Article 4, subsection a of Executive Decree 38924-S - Regulation for the Quality of Drinking Water, which develops the concept of drinking water, to conclude that the first three cited sections do not impose the obligation to allocate this treated water for domestic uses such as the internal fire-fighting system, as well as irrigation uses. In any case, the cassation argument is limited to pointing out that from the literal wording of Articles 27 and 35 ibidem, it is not evident whether drinking water is required for domestic uses or not, so, when analyzing the claim in this way, there are no further elements that would allow for a deeper analysis of this normative application.
Next, the thesis alleging the non-application of clauses 1 through 5 of Decree 35271 is also not shared, according to which the granting of water concessions is prohibited when a public service operator of that public-domain asset already exists, given that, it is reiterated, the Court was extensive in pointing out the reasons why the intended uses for the exploitation of the well are classified as domestic and do not correspond to the need for potable water, without this claim delving into those jurisdictional grounds so as to analyze them and establish the pertinence of breaking or not what was thus resolved.
Next, the challenge to the Court's reasoning, by which it classifies the purpose of the ultimately annulled administrative acts as illegitimate, is unfounded, insofar as it merely indicates that this purpose is determined by the free and voluntary request of the party currently bringing the action, and the Water Directorate acted in the exercise of its powers. However, it fails to refute, with cassational rigor, the reasons of illegitimacy established by the Court, related to the impropriety of applying articles 1 through 5 of Executive Decree 35271-MINAE, but rather the Water Law, based on the fact that the uses for the exploitation of the well, modified by that party, do not require potable water since they are not intended for human consumption, therefore, the presentation of the water unavailability letter issued by AyA was unnecessary.
Finally, a ground of cardinal importance is observed in the contested judgment, unchallenged by the state representation, referring to the failure to rule, in the final act, on aspects alleged in the motion for reconsideration, which likewise motivated the annulment of those acts. This, in addition to the need evidenced by the Court for MINAE to analyze not only the legal aspects, but also "... the technical extremes related to the conservation, protection, recovery, and sustainable use of the groundwater intended to be exploited..."; all of which motivated the granting of the subsidiary claim of the lawsuit, related to conducting a new analysis of the request in administrative proceedings. These grounds, cardinal in the contested ruling and which by themselves justify granting the lawsuit under the terms indicated therein, are undisputed in the cassation appeal. For that reason, without prejudice to the unfounded nature of the reproaches presented in this venue, the maintenance without challenge of the lastly cited operative points has the virtue of sustaining the annulment decision. This allows reaffirming the unfounded nature of the appeal filed, and even its uselessness.
VI.As a corollary of the foregoing, the cassation appeal must be declared without merit in the contested portion, with its costs to be borne by the party that brought it.
THEREFORE
The cassation appeal is declared without merit. Its costs shall be borne by the party that brought it. JRODRIGUEZBAR Luis Guillermo Rivas Loaiciga Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Ana Isabel Vargas Vargas Yuri Lopez Casal 1 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:37:51.
Sala Primera de la Corte Res. 002357-F-S1-2023 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitres .
En el proceso de conocimiento establecido por PARQUE CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de su Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma, Mauricio Adolfo Castro Hernández, contra el ESTADO, representado por su Procuradora Mariamalia Murillo Kopper, fue admitido el recurso de casación interpuesto por el Estado contra la sentencia número 97-2020-V dictada por la Sección Quinta del Tribunal Contencioso Administrativo a las 7:45 horas del 25 de noviembre de 2020. Representan a la parte actora con Poder Especial Judicial, los abogados y abogada: Alejandro Batalla Bonilla, Róger Guevara Vega, Raúl Guevara Villalobos y Raquel Salazar Bejarano.
Redacta la Magistrada Vargas Vargas
CONSIDERANDO
I.Por considerarse de interés para la solución de este caso, se consigna la plataforma fáctica, demostrada e indemostrada por el A Quo, resumida como a continuación se expone: «IIo.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso:
II.Parque Central, Sociedad Anónima formuló su demanda solicitando, en esencia las siguientes peticiones, ajustadas en audiencia preliminar: 1. Se declare la nulidad absoluta de las resoluciones R-0434-2016-AGUAS-MINAE Y R-252-2017-MINAE. 2. Se ordene al Ministerio de Ambiente y Energía emitir la concesión de aguas para el pozo AB-2313. De forma subsidiaria, en caso de que el Tribunal rechace la solicitud antes indicada, se solicita que se ordene al Ministerio de Ambiente y Energía, valorar la solicitud de concesión de la representada, tomando en cuenta los motivos alegados en esta demanda para pedir la nulidad de los actos señalados. 3. Se condene a la demandada al pago de costas personales. Por su parte, el Estado contestó la demanda en forma negativa, y a su respecto opuso las defensas de: caducidad (denegada en audiencia preliminar) y falta de derecho.
III.El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta, integrado por las Juezas y Juez: Marianella Álvarez Molina, Ileana Isabel Sánchez Navarro y Sergio Mena García dictó su sentencia número 97-2020-V de las 7:45 horas del 25 de noviembre de 2020, por medio de la cual, dispuso: «POR TANTO. Se rechaza la prueba documental ofrecida para mejor resolver por el representante de la empresa actora. Se acoge la excepción de falta de derecho únicamente en cuanto a ordenar al Ministro de Ambiente y Energía, que otorgue a la empresa actora, la concesión de aprovechamiento del pozo AB-2313, o que en su defecto, proceda a valorar la solicitud de concesión conforme a los alegatos que se plantearon en la demanda. En consecuencia, se rechaza la excepción de falta de derecho en los extremos restantes y se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Parque Central, S.A. contra el Estado, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa:
Recurso por razones sustantivas
IV.Con fundamento en el artículo 138 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), acusa violación de normas sustantivas por indebida valoración de la prueba, e indebida aplicación de los artículos 27, 35 y 37 de la Ley de Aguas, e inaplicación de los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto 35271; asimismo, reprocha la vulneración directa del ordinal 13 de la Ley 6227. Al respecto, señala, la sentencia impugnada anula los actos administrativos R-0434-2016-AGUASMINAE y R-252-2017-MINAE por estimar que: «… no era aplicable al caso concreto, lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Decreto Ejecutivo 35271-MINAE, puesto que los usos para los que se solicitó la concesión de aprovechamiento del pozo AB-2313, no eran para consumo humano y por ende, no requieren del servicio de agua potable que presta el Instituto de Acueductos y Alcantarillados.» (transcripción así consignada en el recurso de casación), y dispone la aplicación de la Ley de Aguas «… conforme a lo dispuesto a partir del numeral 176 y siguientes de ese cuerpo normativo.» (transcripción así consignada en el recurso de casación).
En su criterio, el A Quo, de manera errónea: valoró la prueba y aplicó los numerales 2 y 4 del Decreto 35271 en relación con los numerales 176 y siguientes de la Ley de Aguas. Al respecto, señala, la solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas para los pozos AB-2313 y AB-2429, de fecha 11 de febrero de 2013, refirió como usos: centro comercial número de personas 3.500 área construida 62.000 m2, oficentro, riego, sistema contra incendios para ser utilizados en el inmueble 1- 51.9045-000 sometido al régimen de condominio. Sin embargo, el 25 de abril del mismo año, ante la prevención administrativa de la carta de disponibilidad hídrica del AyA, el gestionante «… alter [ó]…» su solicitud inicial e indicó como usos del agua para el mismo pozo: riego de jardines, sistema interno contra incendios y sistema de enfriamiento de oficinas, no obstante, para ese cambio no presentó un nuevo formulario.
De esa cuenta, reprocha, la consideración del Tribunal sobre ese memorial como nuevo formulario deja a la Administración indefensa, dada la modificación unilateral e intempestiva del objeto del procedimiento administrativo de concesión, incumpliendo así lo previsto en los artículos 178 y siguientes de la Ley de Aguas, porque el formulario inicial de una solicitud de concesión tiene carácter de declaración jurada. Sumado a lo anterior, los usos anotados, bien en el formulario de solicitud original o en la modificación están comprendidos como uso ordinario o domiciliar, y en su criterio, lo resuelto desatiende el criterio técnico del AyA emitido según sus competencias. En ese sentido, en el oficio el oficio GG-2015-01930 de 18 de noviembre del 2015, el A y A establece como parte del uso de consumo humano el agua abastecer hidrantes, riego, zonas verdes, aires acondicionados y en el caso concreto indicó haber disponibilidad de agua para dar dicho servicio público; prueba documental preterida gravemente que encuadra en el inciso a) del artículo 138 del CPCA.
Además, considera la concurrencia de la causal establecida en el inciso c) del numeral de cita, por indebida aplicación del artículo 27 de la Ley de Aguas, en el siguiente extracto del fallo: «C) En este punto es menester resaltar, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, 35 y 37 de la Ley de Aguas, los usos domésticos, entre los que se incluyen los usos de riego o de otra naturaleza (como en este caso, para el sistema interno contra incendios y el sistema de enfriamiento de las oficinas), no requieren de un sistema de suministro de agua potable entendida como "...Agua tratada que cumple con las disposiciones de valores máximos admisibles estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos, microbiológicos y radiológicos, establecidos en el presente reglamento y que al ser consumida por la población no causa daño a la salud..." (artículo 4 inciso a del Decreto Ejecutivo 38924-S -Reglamento para la Calidad del Agua Potable-).»; lo anterior, en tanto, de los artículos 27 y 35 de la Ley 276 no se desprende si para usos domésticos se requiere el agua potable o no. Seguidamente, acusa la inaplicación de los cánones 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento para el Permiso de Perforación y Concesión de Agua para el Autoabastecimiento en Condominios, Decreto 35271, cuyos preceptos 4 y 5, vedan la concesión de aguas que otorgaría el Poder Ejecutivo, cuando ya existe un operador de servicio público de ese bien; con ello, se desaplica esa norma especial con violación directa al artículo 13 de la Ley 6227, por derogatoria singular de ese Reglamento al caso específico. «En este proceso, ni los citados preceptos del Reglamento para el Permiso de Perforación y Concesión de Agua para el Autoabastecimiento en Condominios consta ni el oficio GG-2015-01930 de 18 de noviembre del 2015 del AYA fueron objeto de impugnación, y no cabe preterirlos como hizo la sentencia 97-2020-V.».
Por ello, colige, las resoluciones administrativas están dictadas de conformidad con el ordenamiento jurídico y no poseen vicios de nulidad absoluta. Seguidamente, refuta el siguiente pasaje de la sentencia: «… En la especie, considera este Tribunal que los actos administrativos impugnados, mediante los cuales se denegó -y se confirmó esa decisión la solicitud de aprovechamiento del pozo AB-2313, para usos de riego de jardines, sistema interno contra incendios y de enfriamiento de oficinas planteada por la empresa actora en su condición de administradora del Condominio Plaza Roble, resultan contrarios a lo dispuesto en el artículo 133 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, toda vez que el motivo resulta ilegítimo. Ello por cuanto, en la especie no resulta aplicable lo dispuesto en los numerales 1 a 5 del Decreto Ejecutivo número 35271-MINAE, sino la Ley de Aguas conforme a lo dispuesto a partir del numeral 176 y siguientes de ese cuerpo normativo, toda vez que con vista en la modificación a la solicitud de concesión para aprovechamiento del pozo AB-2313, planteada por la empresa actora mediante escrito del 25 de abril del 2013, los usos solicitados -se reitera: riego de jardines, sistema interno de incendios y de enfriamiento de oficinas (folios 178 a 184 del legajo 1 del expediente administrativo 16098-P aportado en disco compacto)- no requieren de agua potable, pues no están destinados al consumo humano.
En razón de lo anterior, no era necesario presentar una carta de no disponibilidad hídrica extendida por el prestador del servicio -en este caso, el AYA-, como se le previno en fase de admisibilidad a la empresa demandante el 18 de marzo del 2013 (folios 175 y 176 del legajo I del expediente administrativo 16098-P aportado en disco compacto) y que la accionante contestó mediante escrito fechado 25 de abril del 2013, en el cual, precisó que el aprovechamiento era únicamente para los usos antes indicados y que no requerían agua potable porque no están destinados al consumo humano (folios 178 a 184 del legajo 1 del expediente administrativo 16098-P aportado en disco compacto).» (transcripción así consignada en el recurso de casación). Lo anterior, por cuanto, los vicios en los actos impugnados son inexistentes de conformidad con el artículo 133 de la Ley 6227, y el motivo de esos actos como elemento sustancial se determina por «… la libre y voluntaria solicitud de concesión con carácter de declaración jurada que presentó Parque Central S.A. ante la Dirección de Aguas el 11 de febrero del 2013.».
De esa cuenta, en el marco de sus competencias de control y fiscalización del aprovechamiento de las aguas subterráneas como bien de dominio público, la Dirección de Aguas denegó fundadamente la petición de la actora.
V.Resolución del planteamiento recursivo. En cuanto al primer motivo de inconformidad citado por la representación estatal, referido a la modificación que califica de intempestiva y causante de indefensión sobre los usos de agua para el pozo, con lo que se agravia el procedimiento administrativo de concesión y se incumple lo previsto en los artículos 178 y siguientes de la Ley de Aguas, porque el formulario inicial de una solicitud de concesión tiene carácter de declaración jurada, considera la Sala, resulta un argumento improcedente en la forma planteada. No puede considerarse a la Administración en estado de indefensión, por cuanto, según los propios hechos acreditados y consideraciones del Tribunal, fue la propia Administración la que emitió sendas resoluciones administrativas por las cuales conoció lo así solicitado por la parte actora. En ese sentido, nótese la consideración del Tribunal, cuando evidencia: «…
Tan es así, que la propia Dirección de Aguas no sólo admitió el 09 de enero del 2014, la solicitud de concesión asignándole el número de expediente 16098-P (folio 208 del legajo I del expediente administrativo 16098-P aportado en disco compacto), dado que el proyecto incluso contaba con la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) -folios 201 a 206 del legajo I del expediente administrativo 16098-P aportado en disco compacto-; sino que además, en el Informe Técnico sobre Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas número AT-1038-2015 emitido el 27 de marzo del 2015 por la Dirección de Agua del MINAE, se recomendó otorgar al Condominio Plaza Roble, la concesión del pozo AB-2313, para los siguientes usos y caudales: i) sistema de enfriamiento con un caudal asignado de 0.01 litros por segundo; ii) sistema contra incendio con un caudal asignado de 0.01 litros por segundo y, iii) riego con un caudal asignado de 0.02 litros por segundo, para un total de 0.04, con un régimen de extracción de 18 horas al día durante todo el año, en el caso de los sistemas internos contra incendios y enfriamiento de oficinas, y de 2 horas al día de diciembre a junio, en el caso de riesgo…», usos que se corresponden con los modificados en la solicitud del 25 de abril de 2013 (ver hecho probado número 6).
Así las cosas, la alegada tesis sobre la indefensión y cambio intempestivo en esos usos en contra de la Administración, es infructuosa, en tanto, se reitera, la propia Administración tuvo a la vista esa modificación y con base en ella emitió sus respectivos criterios, según lo supra citado. Seguidamente, la alegada preterición del oficio GG-2015-01930 de 18 de noviembre del 2015, es improcedente. Primero, porque el A Quo sí lo citó en su fallo al desarrollar su considerando Vo., cuando expuso el Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados refirió al Director de Agua la disponibilidad de aquel Instituto de suministrar el agua para los usos solicitados por la parte accionante; y segundo, por cuanto, el Órgano de la instancia precedente fue amplio en ese inciso y también en el VIo. al citar las razones jurídicas por las cuales resulta improcedente lo dispuesto en los artículos 1 al 5 del Decreto Ejecutivo 35271-MINAE, debido a que, los usos solicitados para el aprovechamiento del pozo AB-2313 no corresponden a uso humano.
En ese sentido, lo así planteado debe rechazarse. A continuación, la alegada aplicación indebida de los artículos 27 y 35 de la Ley de Aguas en el inciso C) del considerando Vo. del fallo recurrido, debe rechazarse, toda vez que, el Tribunal hace una interpretación integral de esos preceptos, sumado al 37 del mismo cuerpo normativo, en relación con el artículo 4 inciso a del Decreto Ejecutivo 38924-S -Reglamento para la Calidad del Agua Potable que desarrolla el concepto de agua potable, para colegir que, los tres primeros numerales citados no imponen la obligación de destinar esta agua tratada para usos domésticos tales como el sistema interno contra incendios, así como los usos de riego. En todo caso, el argumento casacional se agota en señalar que de la literalidad de los artículos 27 y 35 ibidem no se desprende si para usos domésticos se requiere o no de agua potable, por lo que, así analizado el reclamo, no se cuenta con más elementos que permitan profundizar el análisis de esta aplicación normativa.
A continuación, tampoco se comparte la tesis que acusa inaplicación de los ordinales 1 al 5 del Decreto 35271, según los cuales, se veda la concesión de aguas cuando ya existe un operador de servicio público de ese bien demanial, toda vez que, se reitera, el Tribunal fue amplio en señalar las razones por las cuales, los usos pretendidos para el aprovechamiento del pozo son clasificados como domésticos y no corresponden a la necesidad de agua potable, sin que este reclamo profundice en esos fundamentos jurisdiccionales como para analizarlos y establecer la pertinencia de quebrar o no lo así resuelto. Acto seguido, el cuestionamiento hacia la fundamentación del Tribunal, por la cual, califica de ilegítimo el motivo de los actos administrativos finalmente anulados, es improcedente, en tanto, se limita a indicar que, ese motivo está determinado por la libre y voluntaria solicitud de la parte hoy accionante, y la Dirección de Aguas actuó en el ejercicio de sus competencias.
No obstante, omite refutar, con rigor casacional, las razones de ilegitimidad establecidas por el Tribunal, relacionadas con la improcedencia de aplicar los artículos 1 al 5 del Decreto Ejecutivo 35271-MINAE, sino la Ley de Aguas, con fundamento en que, los usos para el aprovechamiento del pozo, modificados por dicha parte, no requieren de agua potable pues no están destinados al consumo humano, por lo cual, era innecesaria la presentación de la carta de no disponibilidad hídrica extendida por el AyA. Finalmente, se observa de la sentencia impugnada un fundamento de cardinal importancia, sin impugnación por la representación estatal, referidos a la falta de pronunciamiento, en el acto definitivo, de aspectos alegados en el recurso de reposición, lo cual motivó igualmente a la anulación de esos actos. Lo anterior, sumado a la necesidad evidenciada por el Tribunal de analizar, por parte del MINAE los aspectos no solamente jurídicos, sino «… los extremos técnicos relacionados con la conservación, protección, recuperación y uso sostenible de las aguas subterráneas que se pretenden aprovechar…»; todo lo cual, motivó al otorgamiento de la pretensión subsidiaria de la demanda, relativa a hacer un nuevo análisis de la solicitud en sede administrativa.
Esos fundamentos, cardinales en el fallo impugnado y que por sí justifican el otorgamiento de la demanda en los términos allí indicados, son indiscutidos en el recurso de casación. De esa cuenta, sin perjuicio de la improcedencia de los reproches presentados en esta sede, el mantenimiento sin impugnación de los puntos resolutivos últimamente citados tiene la virtud de sostener la decisión anulatoria. Ello permite reafirmar la improcedencia del recurso planteado, e incluso, su inutilidad.
VI.Corolario de lo expuesto, en lo impugnado ha de declararse sin lugar el recurso de casación, con sus costas a cargo de quien lo promovió
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso de casación. Son sus costas a cargo de quien lo promovió. JRODRIGUEZBAR Luis Guillermo Rivas Loaiciga Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Ana Isabel Vargas Vargas Yuri Lopez Casal 1
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