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Res. 00122-2021 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · 22/06/2021
OutcomeResultado
The Cassation Court overturned the lower court's ruling that had declared conciliation unfeasible in a horizontal workplace harassment case, holding that conciliation is in principle admissible, and ordered the lower court to analyze the specific agreement under the applicable principles.El Tribunal de Casación anuló la sentencia de instancia que había declarado inviable la conciliación en un caso de acoso laboral horizontal, estableciendo que la conciliación sí es admisible en principio y ordenó al tribunal inferior analizar el acuerdo concreto a la luz de los principios de la materia.
SummaryResumen
The Contentious-Administrative and Civil Cassation Court reviewed whether, in a disciplinary process for horizontal workplace harassment where the complainant and the alleged harassers had reached a prior conciliation agreement, the Administration could continue the proceedings despite the agreement. The lower court had ruled that workplace harassment is non-conciliable, relying on a non-enacted bill. The Cassation Court overturned this, holding that conciliation is in principle admissible, as the Constitution (Article 43), the Contentious-Administrative Procedure Code (Article 72), and the Alternative Dispute Resolution Law (Article 3) expressly authorize the Administration to resolve disputes through alternative means. Since the harassment was horizontal and the complainant had legal counsel, there was no power imbalance vitiating the agreement. The Court concluded that the lower court should have analyzed the concrete agreement under conciliation principles (non-violence, participation, informed freedom, etc.) to determine if disciplinary investigation was warranted, and failing to do so was an error. The Cassation Court did not perform that analysis itself, as that would constitute a single-instance decision, and remanded the case for the lower court to do so.El Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda examina si en un proceso disciplinario por acoso laboral horizontal, donde la denunciante y las presuntas acosadoras llegaron a un acuerdo conciliatorio previo, la Administración podía continuar el procedimiento pese a dicho acuerdo. El tribunal de instancia había considerado que el acoso laboral no es conciliable, basándose en un proyecto de ley no vigente. La Sala de Casación revoca este criterio, estableciendo que la conciliación sí es admisible en principio, ya que existen normas constitucionales y legales que autorizan a la Administración a resolver controversias mediante medios alternativos, como el artículo 43 de la Constitución Política, el artículo 72 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el artículo 3 de la Ley de RAC. Al ser el acoso de tipo horizontal y contar la denunciante con asistencia legal, no hay desbalance de poder que invalide el acuerdo. La Sala concluye que el tribunal debió analizar el acuerdo concreto bajo los principios de la conciliación (no violencia, participación, libertad informada, etc.) para decidir si procedía o no la investigación disciplinaria, y al no hacerlo, incurrió en un vicio. No obstante, la Sala de Casación no realiza ese examen porque ello implicaría resolver en única instancia, por lo que devuelve el caso para que el tribunal de instancia lo efectúe.
Key excerptExtracto clave
Contrary to what the lower judges stated, this Cassation Body holds that resorting to alternative dispute resolution methods is indeed possible in cases such as the one under study. The Administration is empowered by the legal system to resolve its disputes through alternative dispute resolution methods, which is authorized both by the Political Constitution — Article 43 of the constitutional text — and by various statutory provisions. In that sense, Article 72 of the CPCA provides: “The Public Administration may conciliate on the administrative conduct, its validity, and its effects, regardless of its public or private nature.” This norm is applicable to the proceedings, by remission of Article 229, paragraph 2) of the LGAP. For its part, the Law on Alternative Dispute Resolution and Promotion of Social Peace states in its third article that individuals may resolve their disputes at any time, even when there is a pending judicial process. Even if a judgment has been rendered and is final, the parties may settle their conflicting interests through freely entered agreements. In this regard, as there is no express rule preventing the application of the self-compositive dispute resolution institute, and on the contrary there is express authorization by provisions of statutory and constitutional rank, the proper course was to analyze the agreement reached by the parties in order to consider whether it was applicable to the case, and not, as the judges did, to foreclose the possibility of conciliation from the outset. In conclusion, by declaring conciliation unfeasible, the judges failed to analyze the agreement, which was necessary in order to determine whether or not the disciplinary investigation should have been opened. This Chamber cannot perform such examination because that would entail ruling in a single instance, curtailing the right to challenge that new decision.Contrario a lo manifestado por los juzgadores, es criterio de este Órgano casacional que sí existe la posibilidad de acudir a los medios de resolución alterna de conflictos en casos como el de estudio. La Administración está facultada por el ordenamiento jurídico para resolver sus controversias a través de los medios alternativos de resolución de conflictos, lo cual es autorizado, tanto por la Constitución Política - numeral 43 del texto constitucional-, como por diversa normativa de rango legal. En ese sentido puede observarse el ordinal 72 de CPCA el cual decanta: “La Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta administrativa, su validez y sus efectos, con independencia de su naturaleza pública o privada”-. Dicha norma es de aplicación a los autos, por remisión del canon 229 inciso 2) de la LGAP. Por su parte, la Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social señala en su artículo tercero que los particulares pueden solucionar sus conflictos en cualquier momento aun cuando haya proceso judicial pendiente. Incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y esta se encuentre firme, los particulares pueden arreglar sus intereses en conflicto por medio de convenios celebrados libremente. En ese sentido al no existir norma expresa que impida la aplicación del instituto autocompositivo de resolución de conflicto, y por el contrario al existir expresa autorización por disposición de rango legal y constitucional, lo procedente era hacer el análisis del acuerdo al que llegaron las partes, a efecto de considerar si era o no aplicable a la especie y no como resolvieron los jueces cerrar de entrada la posibilidad de conciliar. En conclusión, al haberse declarado inviable la conciliación, los jueces dejaron de efectuar el análisis del acuerdo, lo cual era preciso a efecto de determinar la necesidad o no de la apertura de la investigación disciplinaria. Tal examen no lo puede hacer esta Cámara porque ello implicaría resolver en única instancia, cercenando el derecho a combatir ese nuevo pronunciamiento.
Pull quotesCitas destacadas
"La Administración está facultada por el ordenamiento jurídico para resolver sus controversias a través de los medios alternativos de resolución de conflictos, lo cual es autorizado, tanto por la Constitución Política - numeral 43 del texto constitucional-, como por diversa normativa de rango legal."
"The Administration is empowered by the legal system to resolve its disputes through alternative dispute resolution methods, which is authorized both by the Political Constitution — Article 43 of the constitutional text — and by various statutory provisions."
Considerando IV
"La Administración está facultada por el ordenamiento jurídico para resolver sus controversias a través de los medios alternativos de resolución de conflictos, lo cual es autorizado, tanto por la Constitución Política - numeral 43 del texto constitucional-, como por diversa normativa de rango legal."
Considerando IV
"Debe resaltarse, que en el caso de estudio, el acoso laboral es del tipo horizontal donde no hay un desbalance de poder y la denunciante contó con asistencia legal. Esa horizontalidad garantiza el libre despliegue de las habilidades negociadoras de los intervinientes."
"It should be highlighted that in the case under study, the workplace harassment is of the horizontal type where there is no power imbalance and the complainant had legal assistance. This horizontality guarantees the free deployment of the negotiating skills of the parties involved."
Considerando IV
"Debe resaltarse, que en el caso de estudio, el acoso laboral es del tipo horizontal donde no hay un desbalance de poder y la denunciante contó con asistencia legal. Esa horizontalidad garantiza el libre despliegue de las habilidades negociadoras de los intervinientes."
Considerando IV
"Lo procedente era hacer el análisis del acuerdo al que llegaron las partes, a efecto de considerar si era o no aplicable a la especie y no como resolvieron los jueces cerrar de entrada la posibilidad de conciliar."
"The proper course was to analyze the agreement reached by the parties in order to consider whether it was applicable to the case, and not, as the judges did, to foreclose the possibility of conciliation from the outset."
Considerando IV
"Lo procedente era hacer el análisis del acuerdo al que llegaron las partes, a efecto de considerar si era o no aplicable a la especie y no como resolvieron los jueces cerrar de entrada la posibilidad de conciliar."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
IV.- As the cassation appellant claims, when analyzing the issue of conciliation (conciliación), the judges, under the argument that Inciensa lacks express regulation on the matter, relied on the bill called “Ley Contra el Acoso Laboral en el Sector Público y Privado” Legislative File No. 18.136, specifically on article 28, to ground their finding that workplace harassment (acoso laboral) is non-conciliable. The judges stated: “workplace harassment is not conciliable, since it is not a patrimonial matter available to the complainant solely and exclusively. Therefore, if it concerns the determination of the possible liability of the plaintiffs, no validity and even less effectiveness can be recognized in an agreement such as the one they referred to, under penalty of endorsing, as indicated, a convention adopted in clear breach of the legal system on the matter at hand. In any case, note that an agreement of that type would barely achieve the resolution of a conflict between the parties, whereas what occurred involves the exercise of the employer's disciplinary power which cannot be limited as an effect of those agreements of will, hence arrangements between the parties could not affect the eventual disciplinary sanction that must be imposed for the proven misconduct. Additionally, the technical criterion contained in the transcribed citation is clear in pointing out that in such cases there is a cycle of violence that reduces the victim's volitional capacity and free decision-making, a situation that this Court cannot ignore. This translates, in cases such as the one before us, into conflicts involving acts of aggression by a group, directed against an official that clearly describes an asymmetric power relationship, which technically makes conciliation (conciliación) unviable as an alternative dispute resolution method. For the foregoing reasons, it is concluded that the agreement of Inciensa’s Technical Council that ordered the continuation of the disciplinary proceeding against the plaintiffs here, despite the conciliation (conciliación) with the complainant, not only conforms to law but also was an appropriate decision according to the best techniques in alternative dispute resolution.” Contrary to what the judges stated, it is the criterion of this Cassation Body that the possibility of resorting to alternative dispute resolution methods indeed exists in cases like the one under study.
The Administration is empowered by the legal system to resolve its disputes through alternative dispute resolution methods, which is authorized both by the Political Constitution - article 43 of the constitutional text - and by various legislation at the legal level. In that sense, Article 72 of the CPCA can be observed, which provides: “The Public Administration may conciliate on administrative conduct, its validity, and its effects, regardless of its public or private nature.” Said rule is applicable to the case at hand, by remission of canon 229 subsection 2) of the LGAP. For its part, the Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social states in its third article that individuals may resolve their disputes at any time, even when a judicial process is pending. Even in the event that a judgment has been rendered in the process and it is final, individuals may settle their conflicting interests through freely entered agreements. In that sense, since there is no express rule preventing the application of the self-compositive dispute resolution mechanism (instituto autocompositivo de resolución de conflicto), and on the contrary, since there is express authorization by legal and constitutional provision, the proper course was to analyze the agreement reached by the parties to consider whether or not it was applicable to the specific case, and not, as the judges resolved, to close the door from the outset on the possibility of conciliation (conciliación).
It must be highlighted that, in the case under study, the workplace harassment (acoso laboral) is of the horizontal type where there is no power imbalance and the complainant had legal assistance. That horizontality guarantees the free display of the negotiating skills of the participants. In the present litigation (litis), as is extracted from the case file, it was the complainant herself who proposed reaching that conciliatory agreement, since it was not in her interest to pursue the administrative proceeding, which adds to the consideration that the application of the mechanism should not be categorically closed by using as legal foundation a bill that is not a source of law, as the appellant complained. On the contrary, given that there are regulations that expressly authorize it, the proper course was to perform the rigorous analysis to determine whether said agreement respects the limits established for resorting to conciliation (conciliación) and, in general, to alternative dispute resolution methods (public interest and the principle of legality). The Court should have examined whether the criteria for admissibility and conciliability are met by resorting to the principles that make up the mechanism, which are: non-violence, contextuality, participation, confidentiality, and freedom of the parties, which in turn comprises informed information and decision-making, among others. What occurred was that, prior to the instruction of the disciplinary administrative proceeding, the parties, on their own initiative, submitted a conciliatory agreement to the Administration, which should have been studied in order to attend to the proposal in an agile manner, which, it is reiterated, conforms to the legality framework. In conclusion, having declared conciliation (conciliación) unviable, the judges failed to carry out the analysis of the agreement, which was necessary in order to determine whether or not the opening of the disciplinary investigation was needed. This Chamber cannot perform such an examination because it would imply resolving in a single instance, curtailing the right to challenge that new pronouncement.
In conclusion, since conciliation was declared non-viable, the judges omitted analysis of the agreement, which was necessary in order to determine whether or not to open a disciplinary investigation. This Chamber cannot conduct such an examination because it would mean ruling in a single instance, curtailing the right to challenge that new ruling.
"IV.- Tal y como acusa la parte casacionista, al analizar el tema de la conciliación, los jueces bajo el argumento de Inciensa carece de regulación expresa al respecto, se apoyaron en el proyecto de ley denominado “Ley Contra el Acoso Laboral en el Sector Público y Privado” Expediente Legislativo Nº 18.136 concretamente en el artículo 28 para fundamentar que el acoso laboral es no conciliable. Expresaron los jueces: (el) “acoso laboral no es conciliable, ya que no se trata de un extremo patrimonial y disponible por la parte denunciante de forma única y exclusiva. Por ende, si de la determinación de una posible responsabilidad de las actoras se trata, ninguna validez y menos eficacia se le puede reconocer a un acuerdo como aquel al que hicieron referencia, so pena de amparar como se indicó, una convención adoptada en franco quebranto al ordenamiento jurídico en la materia que nos ocupa. Véase en todo caso, que un acuerdo de ese tipo apenas alcanzaría a la resolución de un conflicto entre las partes, mientras que lo ocurrido que se involucra el ejercicio de la potestad disciplinaria del empleador que no se puede limitar como efecto de esos acuerdos de voluntades, de ahí que los arreglos entre las partes no podrían incidir sobre la eventual sanción disciplinaria que deba imponerse para las faltas acreditadas. Adicionalmente, el criterio técnico contenido en la cita transcrita, es claro en señalar que en tales casos existe un ciclo de violencia que reduce la capacidad volutiva y de libre decisión de la víctima, situación que no puede ser desconocida por este Tribunal. Lo que se traduce en casos como el que nos ocupa, de conflictos que involucran actos de agresión de un grupo, dirigidos en contra de una funcionaria que con claridad, describe una relación asimétrica de poder, lo que técnicamente hace inviable la conciliación como modo alternativo de solución del conflicto. Por lo expuesto, se concluye que el acuerdo del Consejo Técnico del Inciensa que dispuso continuar el procedimiento disciplinario contra las aquí actoras, pese a la conciliación con la denunciante, no solo se ajusta a derecho, sino que además resultó una decisión adecuada a las mejores técnicas en materia de resolución alternativa de conflictos.”. Contrario a lo manifestado por los juzgadores, es criterio de este Órgano casacional que sí existe la posibilidad de acudir a los medios de resolución alterna de conflictos en casos como el de estudio. La Administración está facultada por el ordenamiento jurídico para resolver sus controversias a través de los medios alternativos de resolución de conflictos, lo cual es autorizado, tanto por la Constitución Política - numeral 43 del texto constitucional-, como por diversa normativa de rango legal. En ese sentido puede observarse el ordinal 72 de CPCA el cual decanta: “La Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta administrativa, su validez y sus efectos, con independencia de su naturaleza pública o privada”-. Dicha norma es de aplicación a los autos, por remisión del canon 229 inciso 2) de la LGAP. Por su parte, la Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social señala en su artículo tercero que los particulares pueden solucionar sus conflictos en cualquier momento aun cuando haya proceso judicial pendiente. Incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y esta se encuentre firme, los particulares pueden arreglar sus intereses en conflicto por medio de convenios celebrados libremente. En ese sentido al no existir norma expresa que impida la aplicación del instituto autocompositivo de resolución de conflicto, y por el contrario al existir expresa autorización por disposición de rango legal y constitucional, lo procedente era hacer el análisis del acuerdo al que llegaron las partes, a efecto de considerar si era o no aplicable a la especie y no como resolvieron los jueces cerrar de entrada la posibilidad de conciliar. Debe resaltarse, que en el caso de estudio, el acoso laboral es del tipo horizontal donde no hay un desbalance de poder y la denunciante contó con asistencia legal. Esa horizontalidad garantiza el libre despliegue de las habilidades negociadoras de los intervinientes. En la presente litis tal y como se extrae de los autos, fue la propia denunciante quien propuso llegar a ese acuerdo conciliatorio, pues no era de su interés impulsar el procedimiento administrativo, lo que se suma a la consideración de que no debía cerrarse la aplicación del instituto de manera tajante poniendo como fundamento jurídico un proyecto de ley que no es fuente de derecho, tal y como acusó la parte recurrente. Por el contrario, existiendo normativa que expresamente lo autoriza, lo procedente era hacer el análisis de rigor a efecto de determinar si dicho acuerdo es respetuoso de los limites establecidos para acudir a la conciliación y, en general, a los medios alternos de solución de conflictos (interés público y el principio de legalidad). Debió el Tribunal examinar si se cumplen los criterios de admisibilidad y conciliabilidad acudiendo a los principios que componen el instituto, que son: no violencia, contextualidad, participación, confidencialidad y libertad de las partes que compone a su vez el de información y decisión informada, entre otros. Lo ocurrido fue que de manera previa a la instrucción del procedimiento administrativo disciplinario, las partes por iniciativa propia presentaron a la Administración un acuerdo conciliatorio, que debió estudiarse, a efecto de atender en forma ágil la propuesta, lo cual se reitera, se ajusta al bloque de legalidad. En conclusión, al haberse declarado inviable la conciliación, los jueces dejaron de efectuar el análisis del acuerdo, lo cual era preciso a efecto de determinar la necesidad o no de la apertura de la investigación disciplinaria. Tal examen no lo puede hacer esta Cámara porque ello implicaría resolver en única instancia, cercenando el derecho a combatir ese nuevo pronunciamiento".
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